En un artículo titulado “Mi trabajo me pone enfermo” publicado por Gorka R. Pérez el pasado domingo 15 de junio de 2025 en el periódico El País, se pone de manifiesto la preocupación creciente que existe sobre como afecta el trabajo a la salud, hasta el extremo que en la actualidad se alcanzan cifras alarmantes en incapacidad temporal. Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, ha calificado como “enfermedad económica” el gasto necesario para cubrir este riesgo, que según sus cálculos el pasado año superó a nivel nacional los 30.000 millones de euros. En la década de 2014 a 2024, la duración media de los procesos de incapacidad temporal ha pasado de 37,51 a 39,09 días y el número de personas que cada día están de baja ha crecido de 24,27 a 53,18 por cada mil trabajadores.

Francisco José Sáez, responsable del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) cree que después de la pandemia mucha gente acude al médico a solicitar la baja cada vez que se siente mal física o mentalmente. Además, las mutuas rechazan el reconocimiento de las bajas que son de su competencia, ya sea por accidente de trabajo o por enfermedad profesional, lo que obliga a los servicios de salud a considerarlas como enfermedad común o accidente no laboral y así sobrecargar el sistema. Las bajas más frecuentes son las traumatológicas, las cardiológicas y aquellas con características psiquiátricas y que por el retraso que tienen en su atención, se alarga tanto su número como su duración. Hay otra razón que contribuye a estrechar el cuello de botella administrativo y es que no puede ser que los médicos de familia, tanto del sector público como del privado, sean los únicos que puedan expedir las bajas porque en muchos casos no sabemos si la afección padecida impide desempeñar el trabajo.

Luis Enrique Alonso, catedrático de sociología en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, considera que el grado de intensidad que ha experimentado el trabajo hoy es una realidad. Los ritmos y las presiones en las empresas se han ido acelerando. La precariedad laboral y el hecho de que mucha gente trabaje con mucha menos seguridad afecta a la salud. También, la pérdida de las relaciones humanas condiciona el buen ambiente de trabajo que tanto efecto positivo tiene sobre la salud.

En un reciente estudio epidemiológico realizado por nosotros, titulado “Incidencia de la enfermedad común y del accidente no laboral, y costes económicos generados por la incapacidad temporal. Canarias (2018-2021)”, en el que se ha incluido la totalidad de la población en alta en la Seguridad Social en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias, población que asciende a una media anual de 805.450 afiliados, y que se acaba de publicar en la revista Medicina y Seguridad del Trabajo, del Instituto de Salud Carlos III, hemos podido constatar efectivamente esta tendencia al alza del número de procesos de I.T. que alcanza la cifra media anual de los 237.586 en el cuatrienio estudiado, dato que sitúa a su tasa de incidencia en el 29,5% (29,5 procesos por cada 100 trabajadores en alta en la S.S. anuales) y, sin embargo, la duración media ha disminuido desde el año 2019 que se situaba entonces en los 52 días hasta el año 2021, año en el que vuelve a aumentar ligeramente a los 33,9 días desde los 32,9 del año 2020.

Hemos observado que las enfermedades más frecuentes que producen incapacidad temporal en Canarias son las traumatológicas (lumbago y ciática), las colitis y gastroenteritis y las infecciones respiratorias agudas. Con la presentación de la pandemia de la Covid-19, la enfermedad por coronavirus Covid-19 comienza aparecer en el año 2020 ocupando la sexta posición entre los 10 primeros diagnósticos, y se coloca en la primera posición en el año 2021. Nos ha llamado la atención el aumento destacado de las enfermedades mentales, aumento que se viene produciendo desde 2018 y ha llevado a que en 2021 la patología denominada estado de ansiedad se haya triplicado.

Siguiendo la teoría del capital humano que sostiene que el salario es equivalente a la productividad del trabajador, hemos podido conocer que los costes derivados de la incapacidad temporal por enfermedad y accidente no laboral en Canarias han oscilado entre los 568 millones de euros en 2018, 663 millones en 2019, 412 millones en 2020 y 589 millones en 2021. La suma total del gasto supera los 2.200 millones de euros en los cuatro años de estudio.

Según la clasificación nacional de ocupaciones (CNO-11), el grupo que ha exigido el mayor gasto en la Comunidad Canaria es el representado por los trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, en segundo lugar los técnicos y profesionales científicos e intelectuales y en tercer lugar las ocupaciones elementales.

La incapacidad temporal por enfermedad común y accidente no laboral es un riesgo que tiene sus causas en factores personales, ambientales, económicos y sociales. Son causas también los factores derivados del trabajo que no solo pueden producir enfermedades profesionales o accidentes laborales, sino que además pueden originar enfermedades relacionadas con el trabajo, que son aquellas no específicas del ámbito laboral, pero que el trabajo y sus condiciones pueden favorecer su desarrollo o de manera indirecta a través del estilo de vida que exige la profesión del trabajador.

Con nuestro trabajo se confirma que en Canarias las enfermedades osteomusculares, las del aparato respiratorio y los trastornos mentales son productoras de un importante número de casos de incapacidad temporal, por lo que sería recomendable que las empresas pudieran diseñar programas de ergonomía, evaluación y rediseño de los espacios de trabajo, actividad física programada, alimentación saludable en el lugar de trabajo, pausas activas durante la jornada laboral con el fin de reducir el estrés y la fatiga, programas de promoción y formación en higiene y salud general y laboral, atención a los riesgos psicosociales, como el estrés, el mobbing y el síndrome del quemado o burnout, y que estos programas sean, a ser posible, participativos e incentivados al cumplimiento de objetivos, pudiendo ser evaluados posteriormente sus resultados en la incidencia de la incapacidad temporal.

El pasado 7 de abril, nos llegó la invitación de la Sociedad Canaria de Salud Pública para asistir a la presentación del primer Informe de Salud Pública de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria realizado por la investigadora Beatriz González Valcárcel y su equipo. La verdad es que fue una muy buena presentación, exhaustiva, profunda y detallada de la situación de los diferentes barrios de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en materia de salud pública, llegando a pormenorizar los problemas más prevalentes no solo por su patología de cronicidad, sino también por destacar la importancia de las condiciones de vida existentes en esos barrios y sus gentes. Lo más llamativo fue observar la relación entre causas médicas-orgánicas con factores socio-económicos, como pobreza, etcétera.

Nos gratifica y alegra que otro ayuntamiento, nada menos que el primer ayuntamiento de Canarias, se involucre decididamente en el campo de la salud pública en nuestros barrios y complemente la concepción de la salud, hoy por hoy orgánica, con dimensiones y variables sociales determinantes desde una visión integral de la misma. 

Sin embargo, parece pertinente recordar un precedente de estudios de esta naturaleza en Canarias. Entre los años 1987 y 1991 ejercieron como concejal de Sanidad de la ciudad de Telde (Gran Canaria), el licenciado en Farmacia, Francisco Artíles Betancor (PP), y Marcelino Galindo (Iniciativa Canaria (ICAN), como alcalde de dicha ciudad. Tremenda responsabilidad para las numerosas competencias que se tenían que abordar desde posiciones ideológicas, en principio, diferenciadas. Se planteó con el buen equipo disponible, encabezado por el médico del municipio, funcionario en aquella época de dicho ayuntamiento, José Buenaventura Suárez Rivero, acometer dichas competencias en materia sanitaria. Los servicios públicos de Salud se organizaron de tal manera que fuera posible la participación comunitaria a través de las corporaciones locales recogidas en su artículo 2. 

Las actuaciones según la Ley (BOE 14/1986-10499) estaban orientadas a la “promoción de la salud, la educación sanitaria de la población, a la prevención de las enfermedades y no solo la curación de estas, garantizando la asistencia sanitaria a todas las personas que la perdieran y a la rehabilitación funcional y reinserción social del paciente”. Se consideraba como actividad fundamental del sistema sanitario la realización de estudios epidemiológicos necesarios para orientar con mayor eficacia la prevención de riesgos para la salud.

La preocupación por la problemática sanitaria era el principal referente compartido por la población en aquel momento, por los usuarios, agentes sanitarios y los representantes de los bienes y servicios públicos. Este contexto y la conciencia social compartida alimentó la necesidad de un estudio, un Diagnóstico de Salud que reflejase lo más ampliamente posible la situación sanitaria real del municipio incluyendo todos los barrios.

Se estableció como objetivo global y genérico del estudio “conocer y medir el estado de salud de la población desde los barrios”. Con esta orientación y bajo la dirección y coordinación de los firmantes de este artículo, quedaría garantizado no solo el enfoque individual y concreto sino también la perspectiva general y comunitaria de la salud de la población de Telde.

La información de los datos obtenida se realizó mediante entrevista personal con cuestionario en el domicilio del encuestado, además, de entrevistas semiestructuradas con arreglo a la información demandada (médicos, farmacéuticos, maestros, trabajadores sociales y personas con representación y responsabilidad política. Se obtuvo información de 2.626 personas de 32 barrios (626 familias), destacando la muestra (26,7%) del barrio de Jinámar. El ambicioso trabajo de campo fue coordinado por la trabajadora social Menchu Calero Pérez. Se obtuvo información de la población adulta (>16 años), no solo sanitaria sino también educativa, empleo e ingresos anuales familiares. De la información sanitaria se recabó información de la morbilidad percibida (últimos 15 días y en el último año) y de la mortalidad del municipio. Se obtuvieron informaciones muy interesantes, destacando el 40.7% de procesos crónicos en mujeres y el 33.7% en hombres. Resaltar, sobre todo, la hipertensión arterial en Jinámar, la depresión en las Huesas o la diabetes en San José de las Longueras, entre otros procesos crónicos. 

También se analizaron los accidentes domésticos, de tráfico, laborales, y otros; asimismo, la utilización de los 20 servicios de sanidad públicos en los últimos 15 días y 12 meses, tanto en primaria como las hospitalizaciones y sus motivos, el consumo de medicamentos, gastos económicos, la mortalidad (REM) y sus causas por barrios agrupados por zonas. Se estudiaron los factores de riesgo más frecuentes, como el consumo de tabaco y alcohol. Se estudió el medio ambiente con la colaboración del Centro Tecnológico Pesquero y la Dirección Territorial de Salud sobre la situación de las aguas de abasto, aguas fecales, servicios de basuras y la presencia de insectos (cucarachas, ratas, moscas y mosquitos), y por último, un capítulo sobre la mujer, con conclusiones muy relevantes sobre sus problemas de salud, tanto en procesos agudos como crónicos, el consumo de medicamentos, las causas de fallecimientos y su situación laboral.

Una vez concluida la investigación del Diagnóstico de Salud de Telde en el año 1993, y con Francisco Santiago Castellano (Asamblea de Vecinos) como alcalde del municipio, se pone en marcha el programa de promoción de la Salud “Gente Sana, Telde 2000”. La base del programa fueron las conclusiones recogidas en el Diagnostico de Salud de Telde. Se sugirieron diversas estrategias para mejorar el estado de salud de toda la población del municipio. Se detectó que muchas de las patologías o enfermedades podrían estar relacionadas con hábitos de vida poco saludables. Se acordó iniciar un programa de intervención comunitaria para promocionar los estilos de vida saludables en aquellos barrios donde se habían detectado mayores problemas de salud con el fin de fomentar la participación y articulación social y comunitaria dentro de cada barrio utilizando la Promoción de la Salud como herramienta fundamental. La intervención se basaba en talleres de cocina saludable con monitores previamente formados, talleres de técnicas corporales, y tertulias de salud, organizándose a su vez la Escuela Municipal de Salud Pública. Dicho programa se mantuvo en un espacio aproximado de 10 años.

Hace años que venimos afirmando que la promoción de la salud es una asignatura pendiente en los programas de intervención de los ayuntamientos canarios. Esperemos que las conclusiones del Informe reseñado de Las Palmas de Gran Canaria promuevan programas y líneas de actuación en Salud Pública como produjo el pionero “Diagnóstico de Salud”, realizado en el municipio de Telde, hace más de tres décadas.

Se alineará entonces el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con las políticas públicas que, en materia de Salud, se implementan ya en municipios importantes del Estado Español desde hace años, de los que Barcelona y Sevilla entre otros tantos, son una muestra significativa.

Luis M Bello Luján es médico epidemiólogo, y Miguel Guerra García de Celis, sociólogo. 

Aportan información sobre la situación sociodemográfica, sobre hábitos y estilos de vida, redes y apoyos sociales, condiciones de trabajo y ambientales.  

Su repetición a lo largo del tiempo y el análisis de los resultados posibilitan constatar tendencias en el ámbito sanitario y detectar necesidades específicas o desigualdades en los diversos sectores. Estas desigualdades pueden estar relacionadas con variables socioeconómicas como la renta, además el género, la etnia o el lugar de origen o inequidades en el acceso a los servicios sanitarios, incluyendo los preventivos. 

Para diseñar la política sanitaria de una región, comarca o un país, se precisa disponer de datos fiables sobre la salud, sus determinantes y el uso de los servicios sanitarios públicos. 

Las encuestas de salud facilitan la comparación de los resultados con los principales indicadores entre zonas, regiones o países, la elaboración de indicadores, elementos primordiales para la planificación y adopción de medidas de salud pública.  Asimismo, constituyen un instrumento fundamental en la evaluación de las políticas sanitarias, contribuyendo al diseño de las políticas de salud. Las Encuestas (regionales, nacionales, o supranacionales) Nacionales de Salud (ENS) son actualmente herramientas consideradas indispensables para apoyar los procesos de decisión en salud pública y elementos fundamentales para la elaboración de políticas públicas adecuadas a las necesidades sociosanitarias.

En Canarias se han desarrollado cinco encuestas de salud. La Encuesta de Salud de Canarias (ESC) () se inició en el año 1997, con sucesivas oleadas en 2004, 2008, 2015 y 2021. Estas encuestas han sido editadas por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) de común acuerdo con el Servicio Canario de la Salud (Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias). Se han entrevistado un total de 21.312 personas entre niños/as, hombres/mujeres, a lo largo de estos 25 años. 

Encuestas de salud se realizan en casi todo el mundo. En la Unión Europea, la Encuesta Europea de Salud, desarrollada por Eurostat, Oficina Estadística de la Unión Europea, representa una buena muestra de lo que acontece en materia sanitaria y en diferentes poblaciones. Posibilitan comparar el impacto de las diferentes enfermedades crónicas, hábitos o usos de los servicios sanitarios públicos entre países y/o zonas de interés.

El contenido de estas encuestas conecta con los cambios ocasionados a lo largo de estos años en materias de población, del trabajo reproductivo, hábitos de vida, actividades preventivas, morbilidad (enfermedad crónica), y el rol de los servicios sanitarios. La información es pública y es susceptible de ser aprovechada para averiguar también la evolución de la situación sanitaria en Canarias. Cada encuesta ha tenido un valor aproximado entre 115.000 euros y 120.000 euros, lo que suma un total de casi 600.000 euros destinados a las cinco encuestas.

En el análisis de dichas encuestas () se comprobó que la curva de las principales morbilidades crónicas había aumentado de forma similar en hombres y mujeres en todos los grupos de edad; de forma significativa en las mujeres mayores de 60 años y en los hombres mayores de 45. El envejecimiento explicaba una parte sustancial del incremento de la prevalencia de las principales morbilidades crónicas. Además, se manifestaron cambios en determinados hábitos: factores de riesgo como mayor consumo de tabaco, de alcohol, del consumo de medicamentos, así como una acentuación del sedentarismo. En morbilidad cabría destacar una intensificación del dolor de cuello y espalda, del dolor articular, de estados de ansiedad y depresión, en la mujer, y una subida de la tensión arterial en el hombre.  

La carga asistencial de las personas mayores irá en ascenso y la morbilidad se irá expandiendo en todos los grupos de edad. Un número creciente de personas demandará asistencia sanitaria a una edad más temprana. 

Los medios de comunicación y la opinión pública se hacen eco reiteradamente del deterioro de la sanidad pública: problemas en los servicios de urgencias de hospitales y centros de salud, interminables listas de espera, aplazamientos de intervenciones quirúrgicas, consultas en las distintas especialidades, y un largo etcétera. 

Las encuestas de salud tienen que ponerse al alcance y a disposición de las distintas instituciones sanitarias: Hospitales, Centros de Salud, Unidades de Salud Mental, Colegios de Médicos y de Enfermería, de Psicólogos, de Sociología y Economía, zonas de salud, áreas de salud y del Consejo de Salud. 

Esta herramienta podría contribuir a propiciar un debate encaminado a introducir mejoras, a trazar políticas de cada zona o área de salud y observar las tendencias y prioridades de los problemas de salud más acuciantes. 

A pesar de los planes que se han llevado a cabo desde diferentes épocas para el control de la obesidad, tanto por instituciones públicas como privadas, no se logra controlar la situación encontrándonos hoy en día que Canarias está entre las comunidades de mayores tasas de obesidad en los adultos, del estado español.

Las cifras de obesidad Canarias (), se situaron en 2004, en 16.6%, y en 2021, en 19.0%. En hombres, esta cifra fue de 16,5% (2004) y en 19,4% (2021); en la mujer, 16,6% y 20.2%, respectivamente (). Si desglosáramos estos datos por las diferentes comarcas canarias de los años 2004 y 2021, observaremos (tabla 1):

En primer lugar, debe destacarse que la obesidad alcanzó a 375.000 personas en las Islas Canarias (19.6% de la población adulta del año 2021). Se puede observar cómo casi todas las comarcas aumentan el porcentaje de obesidad en el periodo 2004-2021, exceptuando las comarcas de Gran Canaria-Sur y Tenerife Metropolitana, aunque en algunas de ellas, se alcanzan cifras por encima del 20% en la población adulta. Entre ellas la más destacable la comarca de la Gomera y la de La Palma. No obstante, hay que tener en cuenta que en la ejecución de la encuesta de salud 2021, existía una pandemia de Coranovirus (Covid-19) en todas las islas que impidió a muchas familias una movilidad relativamente normal.

Para controlar la obesidad se han puesto en marcha diversas aportaciones desde el sistema sanitario como control del peso y/o ingesta alimentaria individual y quirúrgicas con reducción de estómago, además de medidas más colectivas desde la actividad física a otras con resultados eficaces, aunque poco evaluados. Sin embargo, el problema de la obesidad en Canarias no termina de controlarse. Según datos de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad el 80% de los intentos de dieta fracasan (El País 16/09/2023). En este sentido, deberían implementarse programas de salud alimentaria, de concientización y formación, destinados a la población general. Mas aún, las propias empresas comercializadoras de alimentos deberían responsabilizarse en mayor medida de los productos que se ponen a la venta, con especial atención a los que provocan mayor obesidad, y sus derivaciones patológicas. Debido al enorme coste social de estas enfermedades, muchos países occidentales y corporaciones privadas alimentarias controlan y limitan el consumo de alimentos insanos.

Algunos investigadores de Reino Unido (Pickett & Wilkinson, 2005) o en EEUU, han integrado otro criterio de inclusión, de carácter más social, para abordar el control de la obesidad. Se ha demostrado que existe relación entre los niveles de desigualdad económica y el aumento de peso abdominal en hombres y mayor índice de masa corporal, tanto en hombres como en mujeres. A modo de información complementaria se ha incorporado en la última columna de la tabla, el porcentaje de personas de bajos ingresos (menos de 750 euros al mes) para cada comarca. Hay una influencia considerable entre la proporción de obesos y la proporción de personas de bajos ingresos en Canarias. Así lo expresa el coeficiente de correlación entre ambas variables, y no solo eso, otras señales nos indican que la obesidad es un problema social en Canarias: el colectivo de mujeres, de por sí más empobrecidas que los hombres, muestran mayores cifras de obesidad; las personas con menor nivel de estudio también tienen más probabilidad de ser obesas; y los pensionistas alcanzan índices de obesidad muy altos. En definitiva, las tendencias futuras de control de la obesidad deberían incluir estas estrategias básicas para disminuir la obesidad en Canarias.

Hace algunos días leímos una información en un diario local sobre las actividades que desarrolla el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito de la “promoción de la salud”. Además comentaba dicha información que “el buen estado de salud está determinado por variables que contemplan desde el diseño urbano hasta la atención social, el medioambiente, la socialización, la actividad física o las condiciones económicas.”

Nos llamó la atención que una institución que no tiene competencias directas en este ámbito, emprenda un viaje para activar la promoción de la salud, cuestión ésta que, siendo rigurosos, correspondería a los equipos de atención primaria de los centros de salud. Es ahí donde deberían desarrollarse entre otras funciones la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la reinserción social y laboral. Asimismo, la asistencia sanitaria a la población adscrita (1). 

La Ley General de Sanidad de 1986 (2) asigna algunas competencias sanitarias a las corporaciones locales, como las dedicadas al medio ambiente, pero no contempla la “promoción de la salud”. Igual sucede en la Ley de Bases Régimen Local (3).

Sin embargo, es una buena decisión que las propias corporaciones locales, o sea, los Ayuntamientos canarios, asuman actividades de promoción de la salud que son vitales para la mejora de la salud y la prolongación de la vida de forma saludable. Son las Comunidades Autónomas aquellas instituciones que deben decidir si permiten ejercer a los Ayuntamientos competencias sanitarias y sociales, y no el Gobierno Central (4).

(1) Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud. BOE 27, de 01/02/1984.

(2) Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. BOE 102, de 29/04/1986.

(3) Ley 7/85 de 2 de abril, Ley de Bases del Régimen Local.

(4) Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

En la actualidad, los centros de salud puestos en marcha son los competentes y capacitados para llevar a cabo tales menesteres. La pregunta que surge inmediatamente es si podrían asumir todas las competencias y funciones que se recogen en el Real Decreto 137/184, de creación de estructuras básicas de salud (5), en la situación actual. 

Existe un importante malestar entre los usuarios de los centros de salud por la respuesta que reciben cuando acuden en busca de ser atendidos en sus demandas sanitarias, pero también existe malestar entre los equipos de salud por causas que ya han aparecido en los medios de comunicación, como masificación de la demanda, recursos escasos, desmoralización de los equipos, etc. La situación no permite proveer una calidad adecuada y suficiente en la atención “médica o asistencial”.

En la actualidad se está produciendo un envejecimiento progresivo de la población canaria, con mayor prevalencia de enfermedades crónicas que requieren más tiempo y dedicación, además de nuevas técnicas diagnósticas que sólo están disponibles en los hospitales. Si aspiramos a unos centros de salud de calidad, hay que dotarles de recursos técnicos suficientes, además del personal sanitario y no sanitario formado adecuadamente.

Comenzamos a observar la presencia positiva de otros profesionales como psicólogos, fisioterapeutas y equipos de salud en las escuelas con el fin de darle un sentido de integralidad a la salud tal como emana de la concepción propia de la salud de la Organización Mundial de la Salud. En caso contrario, retrocederemos a los antiguos ambulatorios de dos horas y media para atender la demanda asistencial, como existían en los años 60 y 70.

Nos parece muy oportuna la activación de la promoción de la salud por parte de los Ayuntamientos, como complemento de las funciones que realizan en este ámbito los equipos de atención primaria. Es más, diríamos que es imprescindible su actividad dirigida a unificar objetivos con medidas complementarias, como la actividad física, la alimentación/nutrición, técnicas de relajación, etc. Todas ellas, actividades básicas para mantener un aceptable nivel de salud y que constituyen “barreras” para todas aquellas enfermedades crónicas que padecen las personas que acuden a los centros de salud.

Los Ayuntamientos y los centros de salud están, por lo tanto, condenados a entenderse.

(5) Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud. BOE-A-1984-2574.

En general, se presentan cifras del periodo de 1981 a la actualidad 2022, sobre el aumento de población (+ 57,2%), el aumento de la esperanza de vida (+ 9 años), aumento de la tasa de desempleo juvenil entre 20 y 24 años (37,1% a 56,4%) y, sobre todo, se refleja un indicador como fue la tasa de natalidad (17,4*1000 hab. a 5,87 * 1000 hab.) ([1]). Este indicador nos indica el porcentaje de niños que nacen cada año entre la población total de Canarias. Hay que tener en cuenta que la tasa de natalidad nacional se encuentra en la actualidad (2020) en (7,19) por mil/población total; en Alemania, (9,30); Reino Unido, (10,20); Francia (10,90); Italia, (6,80); Estado Unidos (10,90); Angola, (39,64); Australia (11,5); Bolivia (21,19); México (17,01); Suecia (10,90) ([2])([3]) observándose que a medida que los países alcanzan un nivel de desarrollo mayor, disminuyen su natalidad.

¿Pero qué ha pasado con la fecundidad? La fecundidad es otro parámetro muy importante para medir la natalidad entre la población total. La fecundidad es el número de hijos que nacen por mujer y se refiere, exclusivamente, a la mujer entre 15-44 años (edad fértil).

Canarias, hasta los años 1975, había tenido las tasas más elevadas de fecundidad en el Estado español, entre (3,5-4,0) ([4]). Antaño eran muy conocidos los premios de fecundidad que se daban a Canarias. A partir de esa fecha, comienzan a evidenciarse descensos, alcanzando cifras como en la actualidad de (0,88) (2000) ([5]); o sea, que se ha pasado a tener una de las tasas más bajas del país reduciéndose a la mitad en apenas medio siglo.

Se muestra lo siguiente, en otros países europeos, para ese mismo año: entre ellos España (1,19), Alemania (1,53), Reino Unido (1,56), Francia (1,83), Portugal (1,40) y otros países latinoamericanos como Argentina (2,23), Brasil (1,71), Costa Rica (1,72) ([6]).

¿Qué es lo que ha sucedido en Canarias desde el año 1975 a la actualidad para que haya bajado tanto el nivel de fecundidad? Existen un cúmulo de factores que han podido influir en esta disminución de la fecundidad.  

La situación de baja fecundidad en Canarias tendrá consecuencias como la existencia de insuficientes niños/niñas para mantener el tamaño de la población con inexistencia de reemplazo generacional.

Esta situación se atribuye a diversos factores claves, pero fundamentalmente a varios de ellos:

-      Menor mortalidad infantil. En Canarias, más del 90% de las comarcas canarias entre (2004-2016), hubo un descenso significativo de dicha mortalidad del 36,7 (IC:30,7-42,3). Una mortalidad baja da como resultado un aceleramiento del envejecimiento de la población.

-      Mayor acceso y consumo de anticonceptivos en las mujeres y la interrupción voluntaria del embarazo.

-      Mayor número de mujeres con formación educativa y más puestos de trabajo. Ha crecido la demanda de mujeres para los servicios en alojamientos turísticos.

¿Ante esa situación casi insuperable que se podría hacer? Está claro que sería introducir políticas para alentar a las familias y a las mujeres a tener un mayor número de hijos/as. No nos encontramos en una situación nueva, ni en estas islas ni en España.

En lugar de implantar un enfoque coercitivo para aumentar las tasas de fecundidad, los gobiernos deberían entender que existe una estrecha relación entre el contexto social y dichas tasas de fecundidad. Las tasas de desempleo elevadas, o el empleo inestable, la inadecuación de la vivienda, la falta de acceso a la atención infantil, una atención sanitaria de mala calidad y las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, inducen a las personas a tener menos descendencia de lo que les gustaría. Por ello, la inversión de los gobiernos en servicios sociales, podría ser una forma más efectiva de incrementar las tasas de fecundidad.

Algunos países europeos toman como base en sus políticas del aumento de la fecundidad otro tipo de medidas Por ejemplo, entre los países donde existe una política de mejora de la fecundación, es Francia. Allí se incluye, entre otras medidas, ayudas económicas, bastantes cuantiosas para las familias, exención temporal en el pago de impuestos y otros incentivos.

Las políticas demasiado centradas en el incremento de las tasas de natalidad no tienen posibilidad de triunfar; en su lugar, el cambio demográfico necesita abordarse mediante políticas de población integrales (véase, las que tocan todos los procesos subyacentes y no sólo la fecundidad), que, de hecho, necesitan ser parte integral de las políticas sociales. Elementos de estas políticas deben centrarse en programas de integración social de la juventud, especialmente, a través del empleo y mediante una mejor conciliación de la vida familiar y laboral.

La consistencia y la continuidad deben estar entre las características principales de estas políticas. La mayoría de las personas expertas coinciden en destacar el éxito de las políticas en Francia debido a su aplicación de manera consistente a lo largo de varias décadas.

Será necesario reconocer la descendencia como un bien social, y no solamente como una satisfacción personal opcional. Así, debería también reconocerse que los beneficios familiares, tales como la baja por maternidad y paternidad, no son sólo beneficios para las familias que los disfrutan, sino para el conjunto de la sociedad.

En Francia, esta paga aumenta cuando se trata de familias con tres hijos o hijas. Además, las madres, y a veces también los padres, pueden optar a bajas por maternidad y paternidad pagadas. En España, la baja dura hasta 16 semanas para las madres mientras en Noruega llega hasta los 10 meses, financiada completamente por el Estado. Cuando las mujeres se reincorporan al trabajo, reciben además un dinero mensual del Estado para el cuidado de la descendencia. Francia, además, proporciona el pago de las guarderías para los/as niños/as más pequeñas durante el día, mientras Italia cuenta con guarderías gratuitas.

Como se ha descrito anteriormente, los países europeos, que se están esforzando por solucionar el problema del cambio demográfico, tienen tres tipos de medidas a su disposición: políticas pro-natalistas, aumento de la inmigración y fomento de la prolongación de la vida laboral y del ahorro. En el Estado español, ninguna de las medidas señaladas se incluyen en los programas electorales. Parece como si todos los partidos asumieran esta situación como algo normal.

Pero una cosa está clara: La fecundidad en Canarias está bajo mínimos.

[1] Tasa por 1000 habitantes

[2] Año 2020 para todos los países.

[3] Fuente: Expansión /Datosmacro.com.

[4] Por cada 1000 mujeres en edad fértil (15-49 años).

[5] Por cada 1000 mujeres en edad fértil (15-49 años).

[6] Fuente: Expansión /Datosmacro.com

 Sabemos que la salud, según la OMS, es el más completo estado de bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades, pero es verdad que los problemas sociales que afectan a la salud sobresalen como problemas médicos. Se convierten en enfermedades procesos naturales como la menopausia, el envejecimiento, la muerte, soledad, etc., obligando a prescripciones indiscriminadas de medicamentos (tranquilizantes, analgésicos, antiinflamatorios, somníferos, etc.) agudizándose en la actualidad por la pandemia de coronavirus existente.

El saber médico, muchas veces reduce la enfermedad a signos y diagnósticos construidos a través de indicadores casi exclusivamente biológicos, lo cual posibilita que tanto el enfermo como su enfermedad sean separados de su medio y de sus relaciones sociales concretas. Se orienta a trabajar casi exclusivamente con la enfermedad y no con la salud. 

Con la nueva Ley General de Sanidad de 1986 los servicios de salud pública (vacunas, control de la vigilancia epidemiológica, contaminación atmosférica, manipulación de alimentos, guarderías, piscinas, etc.) quedan difuminados al pasar a depender de los ayuntamientos buena parte de ellos. Dichos servicios han sufrido muchos cambios, algunos legislativos, consecuencia de la llegada del nuevo marco autonómico y de leyes como la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (7/1985, de 2 de abril), la Ley General de Sanidad (14/1986, de 25 de abril), y la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias (11/1994, de 26 de julio), que tenían que ver con la salud publica o sanidad de las diferentes instituciones (Cabildos, Ayuntamientos, etc.).

A partir de la aplicación de la ley de Ordenación Sanitaria de Canarias (1994), los recursos humanos de Salud Pública (médicos, enfermeras y matronas de Asistencia Pública Domiciliaria) se transfieren a los servicios de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud. La Dirección General de Salud Pública reduce los servicios centrales (Las Palmas) en gran parte de su personal, que pasa de 140 personas en 1990 a 40 en 2018, con un presupuesto que desciende desde el 1,9% en 1995 al 0,81% en 2018 (). 

Al suprimirse de los Ayuntamientos las competencias en Salud Pública y centralizarse en el Servicio Canario de Salud, los problemas de la sanidad municipal se agudizan más de lo que estaban, a pesar de la puesta en marcha de la Áreas de Salud que tratan de sustituirlas con recursos económicos de la Consejería de Sanidad. De hecho, muchos Ayuntamientos medianos y grandes han contratado personal para atender asuntos como mercados, aguas, animales, playas, etc. 

Se suponía que Atención Primaria era una institución encargada de dar una atención integral, y que asumiría los servicios de Salud Pública. Se quedó solo en un intento, pasando a ser en la practica centros de “atención asistencial” de seis horas con un poco de educación sanitaria, y ahora la vacuna por motivos obvios. Lo que se llamaba “Sanidad” quedó convertido en algo testimonial, ajeno y no asimilado por los profesionales de Atención Primaria.

Fueron muchos los médicos, enfermeros, veterinarios y farmacéuticos afectados. Hay que tener en cuenta que los profesionales de salud pública, escasos en nuestro país, requieren formación y años de experiencia. La necesidad de este tipo de profesionales es vital. 

Hemos visto desaparecer unas enfermedades y emerger otras nuevas, determinadas por los cambios sociales y económicos, aparecer nuevas tecnologías que han modificado nuestra forma de trabajar y de comunicarnos, y desaparecer instituciones sanitarias que han sido sustituidas por otras que integraban nuevos paradigmas. Bien es verdad que ha habido un cambio en la frecuencia y mortalidad de enfermedades agudas transmisibles e infecciosas, a crónicas no transmisibles explicándose por la “transición epidemiológica”.  En el pasado reciente el mundo era azotado con cierta periodicidad por epidemias de viruela, cólera, peste, fiebre amarilla, malaria, entre otras, que han ido desapareciendo. Algunas de ellas como la influenza, dengue o ébola continúan apareciendo como epidemias cada cierto tiempo. En 2020 fallecieron en Canarias 734 personas (4,4%) por enfermedades parasitarias e infecciosas, (septicemia, enfermedades infecciosas intestinales, sida, hepatitis vírica, etc.). De ellas, 396 (53,2%) fueron causadas por coronavirus, constituyendo la causa principal (). Hemos sido una generación que ha vivido un proceso de transformación social y científica. 

Un ejemplo de la estrategia de “desarme” de la Salud Pública fue la sustitución del edificio de la calle Alfonso XII por la Casa de África en el año 2006 (). Los funcionarios fueron trasladados al antiguo dispensario de Enfermedades del Tórax, edificio no adaptado y de escasas dimensiones para las nuevas necesidades, situación que permanece en la actualidad.

El 30 de enero de 2020 la OMS declara la emergencia de salud pública de importancia internacional por un nuevo coronavirus () que afectaba a Canarias y resto de España. Se pone de manifiesto el planteamiento equivocado de la salud pública, en el que se creía que ya habíamos pasado la “transición epidemiológica” y nos teníamos que olvidar de virus, bacterias y parásitos, así como de las enfermedades que estos generan, sin tener en cuenta que entre el 60 y el 80% de las nuevas infecciones humanas, tienen su origen en virus y bacterias de origen animal. Es obvio que esto se explicaría en parte por la globalización. En países donde el consumo de estos animales es muy frecuente, con la gran movilidad existente, es lógico pensar que una infección de esta naturaleza en el extremo asiático es una infección segura en otro lado del mundo al día siguiente.

Salud Publica tenía pocos recursos porque se estaba convencido de que ya habíamos llegado a la superación de aquellos modelos donde la supremacía de las enfermedades infecciosas era lo importante, porque habíamos alcanzado finalmente la transición epidemiológica y ya no volveríamos a tener ninguna epidemia, o pandemia nueva, pero se equivocaron. Tendríamos que modificar las políticas de salud pública teniendo en cuenta que estamos en otros tiempos con problemas y riesgos diferentes.

La salud pública es entendida como la ciencia para prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud, mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las enfermedades infecciosas y no infecciosas, educar al individuo en los principios de higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, así como desarrollar una organización social que asegure a cada miembro de la comunidad un nivel adecuado para el mantenimiento de la salud (M Terris,1992).  

La OMS y las autoridades sanitarias europeas consideran imprescindible el derecho de todos a una salud pública de alto nivel y que se invierta esa tendencia histórica que ha estado desarticulando competencias y recursos.

*Colaboradores: 

José Luis Alonso Bilbao (Médico); Miguel Guerra García de Celis (Sociólogo); Cristóbal del Rosario (Médico); José Luis López Hernández (Médico); Maria Dolores González López (Médico); Manuel Herrera Artiles. (Farmacéutico). Nayra Bello O’Shanahan (Economista). Olga Suarez Janariz (Médico). Oscar González Morera (Médico). Mª Jesús Fernández  Rodríguez  (Farmacéutica).

El 25 de febrero se presentaron los primeros casos en Tenerife y días después en la Gomera. Fueron los primeros datos de alarma ante una supuesta epidemia, considerada posteriormente como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las medidas como el cierre de los colegios al igual que los cines, el comercio o los lugares de culto, no se llevaron a cabo hasta la segunda semana de marzo. El Ejecutivo no decretó el confinamiento hasta el 14 de marzo, cuando declaró el estado de alarma y con dos semanas como mínimo de retraso respecto a lo previsto en el plan nacional de pandemias. A esto hay que añadir la existencia de un sistema de salud pública muy debilitado tras los recortes de gasto público, y una coordinación deficiente entre la unidad de emergencia central y las Comunidades Autónomas. Es importante recordar que el Gobierno del Sr. Zapatero aprobó la Ley de Salud Pública de 2011 que ya preveía la creación de estos centros o unidades de control de epidemias, pero nunca se priorizó. Específicamente esa Ley General de Salud Pública del 4 de octubre -Ley 33/2011- recogida en el BOE núm. 240, de 05/10/2011, estableció en el capítulo I de “vigilancia en salud pública”, en su artículo 12, de vigilancia en salud pública, la necesidad de contar con unos sistemas de alerta precoz y respuesta rápida para la detección y evaluación de incidentes, riesgos, síndromes, enfermedades y otras situaciones que puedan suponer una amenaza para la salud de la población y las Comunidades Autónomas. Resalta además que las Comunidades Autónomas “aseguraran en el ámbito de sus competencias que los respectivos sistemas de vigilancia en salud pública cumplan en todo momento con las previsiones de esta ley. Asimismo, habrán de proporcionar la información que establezca la normativa nacional e internacional, con la periodicidad y desagregación que en cada caso se determine”. A pesar de la existencia de esa Ley, ninguna CCAA actualizó ni creó esas unidades de alerta y epidemiología. 

Impacto sanitario y económico de la pandemia

El impacto sanitario del covid-19 ha sido hasta ahora importante. A fecha de hoy se han producido en Canarias: Casos: 2294; Fallecidos: 153; Recuperados; 1537. Además, ha habido 403 sanitarios contagiados, lo que supone el 1% de los sanitarios y las sanitarias públicas. Los casos por isla son: Tenerife 1456 casos; Gran Canaria: 568 casos; La Palma, 95 casos; Fuerteventura: 45 casos; Lanzarote: 84 casos; La Gomera: 8 casos; y el Hierro: 3 casos. 

El Gobierno canario ha calculado que el gasto en la Sanidad Pública puede alcanzar la cifra de 13.000 millones de euros para este año.

Por otro lado, aparte del impacto en vidas humanas, la pandemia del Covid19 en nuestra sociedad se está viendo reflejado en daños sociales y en parálisis económica.

Una de las principales necesidades de la población canaria, en este momento, es la necesidad de preservar el empleo y de procurar que la estructura social no se rompa, ya que Canarias tiene tasas de paro y pobreza por encima de la media estatal.

Además, el PIB sufrirá potencialmente una caída del 26,3% y no nos recuperaremos ni con un millón de turistas en lo que queda de año. Según previsiones, un “cero turístico” supondría una caída del PIB próxima al 35%. 

Según el ISTAC, el primer impacto de las crisis del covid-19 se traduce en la pérdida de 59.156 afiliaciones respecto al cuarto trimestre de 2019, concentradas en su mayoría en empleos asalariados, 57.480 pérdidas de empleos por cuenta ajena, frente al ligero descenso de los empleos autónomos (1.676 empleos por cuenta propia). 

El turismo es uno de los sectores más afectado y sufrirá un severo impacto económico aún imposible de evaluar. La gran dependencia económica de Canarias del turismo está revelando la especial vulnerabilidad de esta comunidad ultraperiférica a los efectos de la pandemia del covid-19. 

La importancia de un sistema de vigilancia y alerta temprana en la salud y la economía

Según la UNESCO/OMS, el Sistemas de Alerta Temprana es uno de los elementos principales que contribuyen, efectivamente, a evitar la pérdida de vidas y disminuir el impacto económico y material en las poblaciones vulnerables y afectadas por eventos destructivos. 

La aparición de pandemias y/o epidemias debido, entre otras causas a la globalización que implica rápidos y masivos movimientos de la población humana, a las crisis climáticas por el deterioro progresivo del ecosistema y a los riesgos de salud cada vez mas potentes, significa que tendremos que estar en alerta cada vez más, y contar con un sistema de respuesta rápido ante esas situaciones.

El primer objetivo de un sistema de vigilancia y alerta temprana es detectar tempranamente los eventos que sucedan en nuestras islas y responder antes de que se conviertan en una amenaza para la salud. El segundo objetivo sería coordinar la gestión de la información sanitaria de todas las instituciones que tengan que ver con la respuesta ante la situación de alerta o emergencia sanitaria canaria, nacional o internacional, y que suponga amenazas para la salud de la población. 

Las funciones de una unidad como la que aquí se propone se agrupa en tres grandes bloques: Vigilancia epidemiológica para detectar rápidamente los eventos de riesgo, informar sobre la alerta sanitaria y coordinar la respuesta entre el sector sanitario y los demás sistemas de protección (p.ej. protección civil), y responder a la emergencia.

Esta crisis ha evidenciado la importancia de establecer dicha unidad y retomar lo que ya nuestro marco legal planteaba en el 2011. Es de gran urgencia asumir esta responsabilidad como Comunidad Autónoma ya, con el fin de contar con un sistema que nos ayude, ya no sólo a prevenir y responder a estos eventos, sino a desarrollar un modo de vida más sano y que genere otro tipo de economía.

Opinión de Luis M. Bello Luján (epidemiólogo. Doctor en Medicina) y Nayra Bello O´Shanahan (Economista. Máster en Políticas Sociales). 

La Organización Mundial de la Salud puso en marcha este día precisamente como recordatorio para que la población mundial no olvidara y, por tanto, tomara en consideración los valores y las implicaciones de la salud, no solo a nivel de la población, sino también de las instituciones y de los Gobiernos del Mundo. En estos momentos se hace más necesario recordar este Día sobre la práctica de la Salud, ya que nos sirve como guía y referente mundial del quehacer en cada esfera del ser humano.

Aunque la definición de la OMS sobre la salud se ha ido modificando, en la actualidad, la salud es un “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad”. La OMS presta atención a los problemas sanitarios mas importantes, sobre todo en los países en desarrollo y en contextos de crisis. 

Lo que pareciera claro es que hace falta algo más del sistema sanitario que “cure las enfermedades” para alcanzar ese estado de salud del que habla la OMS (Organización Mundial de la Salud). Pero, ese sistema sanitario debiera ser universal, integral y participativo. El actual Sistema Nacional de Salud de España, de larga evolución histórica, se inició documentalmente con Alfonso X, “El Sabio” hasta la aprobación de la Ley General de Sanidad (1986) con la creación del Sistema Nacional de Salud. Fue definido desde hace 34 años como “el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas convenientemente coordinados bajo los principios de universalidad, financiación pública, integralidad, equidad en el acceso y descentralización”.

Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud ¿aguantará estas epidemias/pandemias? Muchos científicos e investigadores y sanitarios, así como muchos ciudadanos comentan día a día las bondades, no siempre reconocidas, de tener este sistema público que presta atención sanitaria gratuita y de calidad a toda la población. Tener este sistema es una garantía y bienestar en este país, y en muchos otros, en su mayoría europeos, pero siempre deberá tener en cuenta las posibles pandemias que nos llegarán en un futuro, no muy lejano. La OMS calcula que las pérdidas anuales esperadas del riesgo de pandemia son de unos 500.000 millones de dólares estadounidenses, o el 0,6 % de los ingresos mundiales, por año.

¿Son los sistemas de salud tan perfectos como dicen? Si tomamos en consideración esta primera pandemia que hemos tenido en este siglo, observamos que a pesar de que comenzó en China, en el mes de diciembre-2019, en muy poco tiempo se propagó a Italia y España, lo cual nos está reflejando que cualquier otra pandemia o epidemia en cualquier país la podemos tener aquí en cuestión de días, con una velocidad vertiginosa debido a la gran movilidad entre las personas. No fuimos capaces de detectarla previamente o no dio tiempo a implementar unas acciones que la frenaran. En definitiva, reflejamos muy poca planificación y organización con escasos recursos en el campo de la Salud Pública, que asimismo algunos gobiernos y gestores han cuestionado –el carácter público- procediendo a desmantelar y privatizarla y he aquí el resultado. Esta pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de potenciar el sistema público sanitario devolviéndole las competencias que en su día tuvo, la financiación necesaria y adecuada para poder ejercer un papel determinante dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud.

En Canarias desde 1954 la mortalidad por “enfermedades infecciosas o parasitarias” acumulaba en la provincia de Las Palmas el (26.1%) de su mortalidad y en S/C Tenerife (21.2%). La organización de los recursos en esos años se orientó a la denominada “Lucha contra las enfermedades infecciosas”. Se pudo disminuir la mortalidad con cambios progresivos en nuestras condiciones y estilos de vida. 

Después de 64 años, ya en 2018, la mortalidad descendió hasta alcanzar valores, en la provincia de Las Palmas (5,2%) o en S/C Tenerife (5,9%) 

La gran conexión y la movilidad poblacional existente hoy en día entre países con intercambios comerciales, turísticos, culturales, etc., nos han ido generando esos cambios que se traducen en un sin fin de comportamientos relacionados con el proceso salud-enfermedad. Esos procesos favorecen la disminución de esa mortalidad por enfermedades infecciosas-parasitarias. 

Sería muy importante que estuviéramos preparados para las nuevas pandemias con el fortalecimiento y la mejora de la Salud Pública (vigilancia epidemiológica, intervenciones preventivas en las personas, etc.), porque como dice la OMS en su definición, “la salud no es solo la ausencia de enfermedad sino además, el estado de completo bienestar físico, mental y social”.