La vivienda es el principal problema para la opinión pública y una de las vertientes en las que se expresa este problema es en el fuerte encarecimiento de los alquileres. Sin embargo, la forma en que la subida de los alquileres se traslada a las estadísticas y después al debate público es un fenómeno complejo. Como botón de muestra, el gráfico adjunto muestra tres perspectivas sobre el crecimiento acumulado de los alquileres desde 2018 hasta la actualidad. A primera vista parecen hablar de tres países distintos. Si nos fijamos en el indicador sintético que produce un gran portal inmobiliario como Idealista, los precios del alquiler han subido un escalofriante 47% desde 2018. La situación opuesta se produce si tomamos el componente del alquiler que se integra en el IPC, que apunta a una moderada subida de los alquileres (casi un 12%) y que es inferior al incremento general de los precios (22,5%). Un tercer indicador lo ofrece la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que, en su última edición permite cifrar el incremento del alquiler medio en un 28%.

Si estamos asistiendo a una crisis sin precedentes con el encarecimiento de los alquileres, ¿qué indicador deberíamos tomar como referencia? Lo cierto es que las tres métricas presentadas apuntan a distintos segmentos del mercado y, por tanto, sirven para fines diferentes. Como argumentaremos, los precios de Idealista son solo una aproximación parcial a las subidas de precios que se producen con el pequeño segmento de contratos que se renuevan cada año. Se podrá tomar como un indicador anticipado de la futura inflación de los alquileres, pero sería equivocado ver estos precios como representativos de los hogares en alquiler de mercado. El alquiler medio que refleja una encuesta como la ECV se aproxima a la media ponderada que pagan los hogares, es una medida por tanto de stock. Esta cifra, sin embargo, se ve influida por el cambio en la composición de las viviendas alquiladas. Por último, el IPC trata de medir el incremento de precios de viviendas con unas características homogéneas y, como argumentaremos, potencialmente está dejando sin recoger la mayor parte de las subidas provocadas por los nuevos contratos.

Los alquileres de contratos nuevos vs contratos existentes

Los precios medios de los portales inmobiliarios —como los publicados por Idealista, Fotocasa u otros— son los que reciben mayor atención de los medios y en los debates públicos. A menudo se citan como si reflejaran directamente los precios de mercado actuales y es frecuente compararlos con la renta (o salarios) del momento. No obstante, conviene recordar que las cifras de Idealista son precios de oferta y los que se mantienen en el portal son precisamente los más caros, los que no encuentra fácil demanda. Los datos realmente útiles serían los de los contratos recién firmados, ya que permitirían medir el incremento de los nuevos alquileres respecto a los ya existentes. Además, tienen otros problemas. Estos precios deberían ponderarse, bien por el volumen y el número de contratos firmados, o ponerse en relación al stock de los ya existentes.

En suma, Idealista lo que ofrece es un producto relacionado con su servicio inmobiliario, es decir, un precio como mediana de los anuncios y que, por tanto, resulta sensible a cambios en la tipología de las viviendas ofertadas. Por último, y no por ello menos importante, la información es privada y el acceso es de pago. Sin que los investigadores y la opinión pública pueden verificar y hacer los ajustes antes mencionados, estos precios no dejan de ser una señal parcial y algo distorsionada.

La mejor alternativa sería elaborar una estadística pública que mida directamente los precios de los nuevos contratos de alquiler. Hasta la fecha, lo más parecido es el nuevo Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA), que el INE elabora con registros de la Agencia Tributaria procedentes de las declaraciones de la renta de los propietarios de viviendas. Esta estadística distingue entre la evolución de los contratos existentes y los nuevos, e incluso indica el peso relativo de cada tipo en cada año.

En el último periodo, los contratos nuevos han representado aproximadamente un 15% de los vigentes cada año. Se confirma también la intuición de que los alquileres de los nuevos contratos crecen más rápido, con tasas dos o tres puntos superiores a los existentes. Sin embargo, estos datos requieren tiempo para procesarse y, por ahora, solo están disponibles hasta 2023. Además, y esto es de gran importancia, no ofrecen información sobre el nivel de los precios. Sólo informa de su variación.

Una estadística muy similar y con la misma base informativa es el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda (SERPAVI), utilizado como indicador del alquiler en las zonas tensionadas y que recoge información de los contratos existentes para cada año. El sistema está pensado para servir como referencia para los nuevos contratos a partir de lo que sucede con los precios del alquiler de todas las viviendas alquiladas en un año y con un nivel muy detallado (la sección censal). El hecho de que no solo se ofrezcan datos medios, sino también intervalos alrededor de esa media, refuerza esa función de orientación sobre los precios de los nuevos contratos. Sin embargo, el SERPAVI no sirve para saber lo que está ocurriendo con los nuevos alquileres.

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que elabora cada año el INE ofrece una perspectiva distinta. Como señalábamos antes, la ECV sitúa el incremento del alquiler medio en torno al 28% durante estos 7 años, o incluso el 32% si se atiende a la mediana. Se trata también de los precios del alquiler del stock de viviendas arrendadas, no de los nuevos contratos firmado. Pero, a cambio, ofrece ventajas adicionales al relacionar el alquiler con la renta disponible de los hogares, estimada principalmente a partir de registros administrativos. De este modo puede estimarse el esfuerzo que representa el alquiler para los hogares inquilinos y aparece entonces un resultado, en apariencia, sorprendente: la ratio ha descendido ligeramente. En 2018 el alquiler suponía casi el 26% de la renta disponible y en 2025 había bajado hasta el 24%.

Aunque pueda parecer contradictorio, la explicación es sencilla: en promedio, la renta de los hogares inquilinos ha crecido más rápido (casi un 36%) que los alquileres. Parte de esta mejora puede atribuirse a factores señalados por otros analistas y también por nosotros, como es el aumento de los salarios, la mayor intensidad del empleo o la expansión de nuevas prestaciones sociales, y que habrían beneficiado al colectivo de inquilinos. También ocurre que, durante este periodo, la proporción de hogares en alquiler ha aumentado, en parte debido al encarecimiento aún mayor de la vivienda en propiedad. Así, los nuevos arrendatarios pueden pagar alquileres más altos que los existentes, pero también cuentan con rentas superiores, lo que mantiene relativamente estable el esfuerzo agregado.

En todo caso, la mejora en la ratio del esfuerzo no debería obviar que sigue habiendo muchos hogares que dedican una proporción muy elevada de sus ingresos al pago de los alquileres, como se documentaba en elDiario.es hace un año. Utilizando el indicador de sobreesfuerzo que publica Eurostat, puede cifrarse en torno al millón de hogares en España (el 26,8% de los 3,3 millones que pagan alquiler de mercado) los que dedican más del 40% de su renta a pagar la vivienda. La buena noticia es, también aquí, que este porcentaje de hogares sobrecargado por el alquiler se cifraba en un 38% en 2018. Se ha producido una convergencia con la media de la Unión Europea (19% en el último año disponible), aunque todavía queda mucho recorrido por delante.

El alquiler de vivienda en el IPC

Si la ECV recoge los alquileres que en promedio pagan los hogares, y las incipientes estadísticas públicas tratan de recoger la diferencia entre contratos nuevos y los ya existentes, ¿cómo se mide la vivienda en el IPC? ¿Por qué la tasa de crecimiento de los alquileres es tan baja en este indicador de síntesis? La explicación es que el INE, al elaborar el IPC, no busca establecer los niveles de los precios en España. Más bien busca medir los cambios en el precio de los bienes y servicios (el alquiler de viviendas en este caso) manteniendo constantes sus características. Por analogía con la ECV, en el IPC no sería correcto recoger simplemente el incremento que se observa en España entre el alquiler medio en un año y el siguiente. Este cambio es el producto de una modificación en el mercado de alquiler: cada año entran y salen viviendas del mercado de alquiler.

Este cambio en la composición debe excluirse del IPC y ello obliga a aislar el cambio de precios manteniendo constante la tipología de las viviendas. En la práctica, como se explica en la última guía metodológica, o en unas recientes jornadas sobre estadísticas del sector inmobiliario, el INE utiliza una muestra de viviendas correspondientes a hogares entrevistados para la EPA, a los cuales se les continúa preguntando sobre el precio del alquiler cada tres meses. De este modo, el IPC recoge los cambios en el precio de todos los contratos de la muestra, pero solo una parte de ellos son nuevos contratos. Además, no se recogen bien las viviendas que hayan empezado a alquilarse.

La lógica de este sistema puede aproximarse de forma sencilla. Como también la ECV vuelve a entrevistar a parte de los mismos hogares de un año a otro, los microdatos permiten calcular la variación del alquiler entre quienes mantienen el mismo contrato. El gráfico adjunto muestra una evolución parecida con la recogida en el IPC, lo cual incide en que este indicador aproxima la situación de los hogares de inquilinos que prorrogan sus contratos. No es una perspectiva sin valor, pues la ECV confirma que buena parte de la reducción del esfuerzo que representa el pago del alquiler se produce por esta vía. Utilizando la muestra longitudinal se confirma que muchos de los hogares que en el año de partida empiezan en una situación de sobre esfuerzo, se reduce de forma notable al año siguiente al aumentar más rápido sus ingresos.

Sin embargo, también puede argumentarse que al optar por este procedimiento el IPC está potencialmente dejando fuera la subida de los alquileres asociada a los nuevos contratos. Una explotación más sistemática de los registros administrativos, que dotara de un marco muestral al IPC, permitiría abordar esta laguna y medir la contribución real que supone la crisis de la vivienda al incremento del coste de la vida.

Entonces, ¿en qué nos fijamos?

El gobierno central y algunas autonomías (Catalunya es un caso paradigmático) han buscado contener las subidas de los alquileres. Estas medidas han tenido un primer ámbito de actuación sobre los contratos ya firmados, por la vía de la extensión de su duración y contención de las subidas anuales. Por sí solas, estas políticas acrecientan la diferencia entre los precios medios de los alquileres en vigor y los precios de oferta (vía portales inmobiliarios) o de los que se firman cada año. Esta brecha hace compatible que los nuevos alquileres hayan subido con fuerza y con que se reduzca el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar el alquiler.

La fuerte diferencia entre alquileres en vigor y contratos nuevos tiene, sin embargo, una lógica que puede terminar siendo perjudicial. En la actualidad, muchos inquilinos no dejan de contar los años que faltan para que termine su contrato y, mientras tanto, miran de reojo los precios en Idealista. Solo este hecho explica una importante diferencia en las perspectivas sobre el bienestar actual y las expectativas futuras. Además, como en España estamos viviendo un notable crecimiento demográfico y un encarecimiento del precio de compra de la vivienda, más personas tienen que enfrentarse por primera vez al pago de alquileres más elevados.

Pensando en este escenario, diversas administraciones han puesto en marcha medidas para reducir la presión al alza de los precios, que van desde la contención del alquiler turístico y la ampliación del parque de vivienda pública hasta la declaración de zonas tensionadas. El propósito de este artículo no era valorar estas políticas, pues ya habrá tiempo y espacio para que muchas voces se sumen al análisis. Lo que sí invitamos es a pensar la forma en que se mide el éxito o fracaso de estas políticas. Como mínimo, se debe completar el marco estadístico para medir los precios de los alquileres, tanto de los viejos como de los nuevos. Además, se debe analizar el peso que representan los alquileres sobre la renta disponible de los inquilinos y abordar el coste implícito que incurre los hogares con su vivienda en propiedad, como señalaba un reciente estudio del departamento de la Generalitat de Catalunya.

Se puede hacer, están los elementos para hacerlo. Solo así se podrá hacer un análisis de las políticas de vivienda sobre el bienestar de las personas.

El nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social (SS) de los trabajadores autónomos que introduce el Real Decreto-ley 13/2022 vincula las cotizaciones con los ingresos reales. El objetivo es evitar la infracotización y los desequilibrios e injusticias que eso genera en el sistema público de pensiones y conseguir en 2032 una cotización similar en asalariados y autónomos. La solución adoptada es utilizar la información declarada a Hacienda para determinar los ingresos. Pero, ¿es esa renta declarada una buena medida de la renta de los autónomos?

Los primeros efectos del nuevo sistema se manifiestan en 2023 con una cuota media por autónomo de 3.588€ anuales, que representa un incremento del 3,6% respecto al año anterior. La subida más importante de los últimos diez años si se excluye la anomalía de 2021 provocada por la pandemia.  Pero el horizonte de igualación de cuotas queda todavía muy lejos e incluso se aleja, como ilustra la figura adjunta. En 2023, la cotización media de un asalariado era ya 2,4 veces la del autónomo y el crecimiento prácticamente el doble.

Con el nuevo sistema, los autónomos se distribuyen en 15 categorías según sus rendimientos netos mensuales y cada autónomo puede elegir su base de cotización entre la mínima y la máxima establecidas para cada tramo. La cuota es el 31,4% de la base de cotización. El rendimiento neto anual de cada autónomo se calcula con las normas del IRPF que pueden consultarse en la web de la AEAT, que está obligada a transmitir a la SS la información necesaria para el cálculo del rendimiento neto computable de cada autónomo.

Para responder a la cuestión de la veracidad de la renta declarada por los autónomos es preciso asomarse a las estadísticas de la AEAT para estudiar el rendimiento neto medio declarado por sus actividades económicas y su renta media total. Y aquí nos encontramos con un problema o una laguna informativa importante.

Como se sabe por la estadística de personas trabajadoras por cuenta propia afiliadas a la SS, hay, en 2025, 3,4 millones de autónomos, un 7% de los cuales cotizan también en el régimen general como trabajadores por cuenta ajena (ver AEL Tabla AFI-5). Este número de autónomos es muy cercano a los 3,2 millones de empresarios personas físicas que declararon en IRPF en 2023 y cuyos rendimientos se estudian con detalle en la estadística del Rendimiento de Actividades Económicas (RAE) de la AEAT.  Pero esta proximidad es engañosa. 

Los 3,4 millones de autónomos de la estadística de la SS se desglosan en dos grandes categorías: dos millones de autónomos personas físicas, que sí pueden equipararse a los empresarios personas físicas de la estadística de la AEAT, y 1,4 millones de autónomos societarios y familiares. 

Los autónomos societarios son personas que han constituido una sociedad, generalmente de responsabilidad limitada, de la que poseen el 33% o más del capital social o más del 25% si al mismo tiempo son los directores o gerentes. Su rendimiento neto computable a efectos de la cotización social se obtiene sumando el rendimiento de su actividad económica a título individual, su participación en beneficios (rendimientos del capital mobiliario) y sus rendimientos del trabajo, ya sea como asalariado o como administrador de la sociedad de la que son propietarios. Sobre este colectivo de autónomos societarios no existe información en las estadísticas de la AEAT y se desconoce, salvo por lo que se expone más adelante, su rendimiento computable a efectos de cotización y su renta media declarada en IRPF.  

Los autónomos personas físicas

Sobre los rendimientos de la actividad económica de los empresarios personas físicas y sobre su renta media total declarada en IRPF, la fuente principal es la estadística antes mencionada de actividades económicas (RAE), que se publica desde 2007 y cuya edición de 2023 acaba de publicarse.

Pero antes de entrar en la RAE conviene fijarse en los datos sobre el rendimiento empresarial que aparece en la más conocida Estadística de los declarantes de IRPF, ya que estos datos se utilizan a menudo como demostración de una fuerte ocultación de rentas por los autónomos. Usando la estadística de 2023, última publicada, y estudiando el Resumen del Impuesto, puede verse que el rendimiento medio del trabajo (asalariados, pensionistas y desempleados) es de 24.342€ mientras que el rendimiento medio en actividades económicas es de 14.826€. Esta desproporción entre los rendimientos medios declarados por trabajadores y empresarios, reflejada en el siguiente cuadro, se observa en cada edición de la Estadística del IRPF y se suele interpretar como reflejo de una baja tributación de los empresarios asociada a una superior ocultación de rentas.

La preocupación es pertinente porque es un hecho bien establecido que en las rentas sujetas a retención e información por los pagadores (salarios, pensiones, rentas del capital mobiliario) la posibilidad de ocultación es nula o muy reducida. Pero en el caso de los empresarios personas físicas solo los profesionales que sirven a empresas, los agricultores y una parte de las ventas en estimación objetiva no agraria (clave H), están sujetos a retención. En conjunto, aproximadamente un 30% de los ingresos de los empresarios.

Sin embargo, han de tenerse en cuenta tres circunstancias:

La primera es que todos los empresarios están obligados a declarar en IRPF mientras que los declarantes con rendimientos del trabajo solo declaran si superan el umbral establecido, lo que deja fuera a unos 8 millones de perceptores de rentas del trabajo. (Hay 29,8 millones de personas con salarios, pensiones o desempleo según MTPFT de 2023 y 21,8 declarantes con ingresos por esos conceptos). Si todos los perceptores de rendimientos del trabajo declararan en IRPF, el rendimiento neto reducido (RNR) se reduciría a unos 20.500€. 

La segunda es que un millón de empresarios se benefician de un régimen muy beneficioso de determinación del rendimiento: la estimación objetiva o por módulos.  No son incumplidores, pero no pueden compararse con los asalariados, pensionistas y parados, que declaran todas sus retribuciones del trabajo. Así que deberíamos restringir la comparación a los casi dos millones de empresarios en Estimación Directa (ED) que declaran sus cuentas de pérdidas y ganancias, lo mismo que las sociedades, según el Plan General Contable.  Este núcleo duro de las empresas del IRPF, que representaba en 2010 menos del 50% de los empresarios, supera ya el 63% y su RNR se cifra en 20 mil euros.

La tercera es que los empresarios arriesgan y pueden incurrir en pérdidas. Esto ocurre principalmente en las empresas en ED, ya que en la estimación objetiva, por la naturaleza del procedimiento de cálculo del rendimiento, la presencia de un RNR negativo es marginal.  Y en las empresas personas físicas en ED solo un 15% declara pérdidas, lo que contrasta con el 33% en las PYMES societarias. La comparación de los empresarios personas físicas con las PYMES societarias es el objetivo de la Estadística de PYMES societarias y no societarias que comenzó a publicarse en 2017 y cuya última edición, con datos provisionales de 2023, ya se ha publicado.

En resumen, si limitamos la comparación a los 1,6 millones de empresarios en ED con beneficios, únicos que pueden compararse razonablemente, su rendimiento declarado en IRPF iguala o supera al rendimiento neto de los asalariados y pensionistas declarantes. No obstante, en el proceso de igualación de asalariados y autónomos que inaugura el nuevo sistema habría que reducir al mínimo o eliminar la estimación objetiva y mejorar el control de los ingresos de los empresarios y profesionales que sirven mayoritariamente a las familias. Estos autónomos pueden ocultar, con la complicidad del cliente, ingresos a efectos de IRPF e IVA. La deducibilidad en IRPF de un porcentaje de los gastos en obras en viviendas o los que permiten algunas comunidades en los gastos médicos o deportivos, siempre documentados con el NIF del empresario y la factura correspondiente, son un paso en la buena dirección.

La estadística RAE proporciona una información extraordinariamente rica sobre la empresa personal cuyo mayor activo son las cuentas de pérdida y ganancias (CPYG) de los dos millones de empresas en estimación directa. Además, como saben los lectores de este diario, la RAE es una fuente muy detallada, una auténtica radiografía de los autónomos personas físicas que muestra para cada colectivo, desde los registradores a los letristas de canciones, su número, el porcentaje que declara pérdidas, su rendimiento medio y el tipo de tributación.

Pero para la cuestión de la renta total de los autónomos, su gran aportación es que presenta la declaración de IRPF agregada de los empresarios comparada con la del resto de los declarantes. En el Módulo de Integración IRPF-RAE de la estadística se encuentra la Presentación de los colectivos declarantes, en la que se establece esta comparación. 

La estadística RAE estudia específicamente a los empresarios individuales, pero, como es sabido, las comunidades de bienes, sociedades civiles de personas y otras sociedades sin personalidad jurídica, tributan también en IRPF en régimen de atribución de rentas a los socios o comuneros. Y los 160 mil declarantes en atribución de rentas (EAR) pueden considerarse la élite de las empresas personales, aunque estén, como veremos, un escalón por debajo de los autónomos societarios, los que han decidido dar el salto a la forma societaria y tributan por beneficios en el impuesto de sociedades.

Usando la base liquidable en el IRPF como medida de la renta podemos concluir con claridad que los 3,1 millones de empresarios individuales declaran más que los declarantes no empresarios: 28 mil euros anuales o un 12,7% más que los no empresarios. Además, el tipo efectivo de IRPF supera en 4,4 puntos al de los no empresarios. Una diferencia que se acrecienta en el tiempo (3 puntos en 2017) y que cabe atribuir a la mayor concentración o desigualdad de la renta empresarial.

Pero no siempre la renta de los empresarios ha superado a la de los no empresarios. Otra ventaja de la RAE es que ya tiene unos años y permite estudiar la relación de rentas con un horizonte temporal amplio.

En 2007, cuando se inició la publicación de la RAE, estábamos en el máximo cíclico asociado al boom de la construcción y la renta de los empresarios superaba en un 7% a la de los no empresarios. Desde 2009 a 2017 la renta media empresarial ha estado por debajo y en 2019 volvió a estar por encima. El gráfico muestra que la renta de los empresarios es más sensible al ciclo, y a shocks puntuales como el de la pandemia, que la renta de los no empresarios. En los últimos dos años la renta de los empresarios supera holgadamente la de los no empresarios, lo que dibuja una coyuntura favorable para el cambio del sistema de cotización que impone el Decreto-Ley 13/2022.

En los últimos ocho años cubiertos por la RAE la renta de los declarantes no empresarios ha crecido un 23,1%, lo que representa un crecimiento real del 3%, ya que el IPC ha crecido un 20,1% en ese periodo. Sin embargo, la renta de los empresarios individuales ha crecido más del doble, un 50%, lo que significa un crecimiento real del 30%. El caso de las EAR merecería un estudio específico porque su renta media ha crecido un 75% en el mismo periodo.

¿Cómo es posible que la renta declarada de los empresarios sea superior a la de los no empresarios si hemos visto (en el Cuadro 1) que el rendimiento medio declarado por actividades económicas es inferior al rendimiento medio del trabajo?

La clave se encuentra al estudiar el detalle de las declaraciones de ambos colectivos que proporciona la RAE. Y el dato más relevante, que nos invita a pensar en estos empresarios individuales desde otra perspectiva, es que el 45% perciben en el mismo año rentas del trabajo que aportan el 34% de su renta. Casi la mitad de los empresarios individuales trabajan también por cuenta ajena. Y en el Resumen de la declaración de IRPF según el carácter principal o secundaria de la actividad económica como fuente de renta se establece que solo en el 54% de los empresarios la actividad económica es la principal fuente de renta. Y hay otras circunstancias que explican la mayor renta de los empresarios. El 47% declaran rentas por inmuebles, con un valor medio de 2.230€ anuales, frente al 37% de los no empresarios que declaran además, un importe medio inferior. Y lo mismo ocurre con las rentas del capital mobiliario como intereses y dividendos.

Una consecuencia de lo expuesto es que puede aventurarse que solo un 60% de los 3,2 millones de empresarios individuales o en EAR cotizan como autónomos a la SS. La RAE no indica el número de empresarios que cotizan por RETA, pero sí publica el importe total de las cotizaciones sociales a cargo del titular (4.230 millones de euros) para los dos millones de empresarios en ED. Usando una cuota media de 3.500€ anuales, solo 1,2 millones de empresarios en ED estarían en el RETA. Por otro lado, la SS contabiliza solo 270 mil autónomos en el sector agrario mientras que la RAE cifra en 840 mil los empresarios agrarios, el 95% en estimación objetiva. Aquí las ayudas de la PAC, que en su mayor parte deben declararse en IRPF, podrían explicar en parte la diferencia.  

Autónomos societarios

Sobre el rendimiento neto computable de los autónomos societarios no tenemos ninguna información oficial, pero utilizando la distribución del total de autónomos por tramos de ingresos netos publicada el 22 de octubre en eldiario.es, en la que se cita como fuente a la Seguridad Social, estimamos que el rendimiento neto medio computable (RNC) en 2023 (último año para el que se dispone de información del IRPF) para los 3,27 millones de autónomos declarantes se sitúa en torno a los 2.200 € mensuales o 26.400 € anuales.

Y puede calcularse con la RAE que los empresarios personas físicas con rendimiento positivo (el RNC no puede ser negativo) tienen un rendimiento medio de actividades económicas de 16.900€ que se elevaría a unos 19.000€ si se aplican las normas para el cálculo del rendimiento neto computable a efectos de la cotización social. En los empresarios en ED, por ejemplo, esto significa sumar al rendimiento neto las cuotas sociales del titular de la actividad.

Pues bien, si a los 2 millones de autónomos personas físicas les asignamos un RNC medio de 19.000€, los 1,2 millones de autónomos societarios y familiares deberían tener un RNC medio situado en torno a los 39 mil euros anuales. Más del doble del RNC de los autónomos individuales. Y su renta media total debe ser superior. La élite estaría formada por los 486 mil autónomos con ingresos netos superiores a 4.050€ mensuales, que tendrían un rendimiento neto medio mensual de unos 6.600€ o casi 80.000€ anuales. El 15% de los autónomos con el 45% de los rendimientos. Una élite que puede cotizar entre 544 y 605€ mensuales, “casi lo mismo que abona un asalariado con un salario bruto de 1.500€ mensuales”.

Concluimos que para el éxito del nuevo sistema la sociedad debe conocer mejor la renta y la tributación de los autónomos, lo que exige un esfuerzo estadístico de la AEAT y la SS en esta dirección. Es preciso que la RAE incluya, en las siguientes ediciones, el detalle de los empresarios que cotizan como autónomos, pero, sobre todo, necesitamos una estadística conjunta SS-AEAT dedicada a los autónomos societarios, con la declaración de IRPF agregada de cada colectivo y con el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias agregadas de las sociedades de las que son propietarios.

Hace unas semanas adelantamos que la revisión del PIB realizado por el INE despejaba una importante incógnita que pesaba sobre la economía española. En lugar de una recuperación anémica de la inversión, las nuevas series indican un mayor dinamismo en los últimos años. El grueso del cambio se explica por la revisión al alza en la inversión en activos que mayoritariamente adquieren las empresas privadas, como los inmuebles no residenciales, construcciones y los intangibles. Esta revisión nos sirve de excusa para abordar otro misterio que permanece en las cuentas macroeconómicas: el notable descenso en el peso de las rentas del capital.

El PIB puede ser descompuesto de una forma sencilla entre las rentas brutas que perciben los trabajadores y los propietarios del capital. Desde esta lógica, los salarios y las cotizaciones sociales constituyen la retribución del trabajo, mientras que el excedente que permanece como residuo es la remuneración del capital. Como más adelante veremos, esta división es más fácil de aplicar cuando se tratan las cuentas de las empresas que en otros sectores, como ocurre en la administración pública o con las rentas generadas por los autónomos. La forma de abordar estas cuestiones técnicas –que apenas varían las tendencias, aunque sí los niveles– se detallan en la nota al final de este artículo.

El indicador más sencillo de interpretar es el peso de las rentas del trabajo, como aparece en el siguiente gráfico.

A primera vista, se aprecia una reducción continuada del peso de las rentas de los trabajadores entre 2007 y 2018. La fuerte crisis económica que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria dio lugar a inédita reducción del empleo y un deterioro de las condiciones laborales. Años más tarde, la recuperación de la actividad económica iniciada en 2014 se hizo sobre la base de una posición de relativa debilidad de los trabajadores. Este proceso, que los economistas Nacho Álvarez, Jorge Uxó y Eladio Febrero han denominado como una devaluación interna, indica que ese ciclo de crisis y recuperación tuvo como resultado un estancamiento de los salarios y un incremento relativo de las rentas del capital.

Por el contrario, parece que el ciclo económico más reciente ha dado lugar a un proceso opuesto, caracterizado por una subida en el peso de las rentas del trabajo. El aumento fulgurante en 2020 y 2021 se explica en buena medida por las medidas asociadas al sostenimiento del empleo y de las rentas del trabajo a través de los ERTEs, en un contexto en el que el PIB se desplomaba por momentos. Pero también es notable que, en la actualidad, con la economía creciendo a un ritmo sostenido, el peso de las rentas del trabajo sigue por encima de los niveles observados en la década de 2010. Esta noticia podría ser vista como un cambio favorable para los trabajadores y una vindicación de los cambios operados en el mercado de trabajo. La creación de empleo ha ido acompañada de la subida del salario mínimo y una reforma laboral que aumenta la permanencia de los trabajadores en plantilla y reduce el empleo temporal. Este nuevo marco normativo no es neutral y favorece un distinto reparto de la tarta.

Sin embargo, la cuestión se antoja algo más compleja cuando se desciende al detalle. Si se analizan el peso de las rentas del capital (en el siguiente gráfico), se obtiene no solo la perspectiva opuesta, sino también un mayor detalle sobre su composición.

En términos agregados, los beneficios brutos de las sociedades no financieras y los ingresos del capital de los autónomos constituyen la parte principal, mostrando además una evolución estrechamente vinculada al ciclo económico. Además, se contabilizan como rentas del capital el margen bruto de las entidades financieras y los alquileres imputados sobre las viviendas en propiedad.

Esta última partida viene incrementándose en las últimas décadas como resultado de los aumentos continuados en los alquileres y apunta a la principal contradicción de los tiempos actuales: que los salarios pueden crecer por encima de la inflación, pero no alcanzan a compensar el encarecimiento de la vivienda.

Otro fenómeno notable es la fuerte subida del margen bruto de las entidades financieras, que en 2024 se situó en máximos históricos (un 4,1% del total de la renta) como resultado de las condiciones ventajosas con las que operan los bancos en la actualidad.

En todo caso, el hecho fundamental es que, en apariencia, los beneficios de las sociedades no financieras se han reducido a mínimos históricos, situándose en 2024 en apenas un 13,7% de la renta total. Para entender esta tendencia conviene situar la lupa sobre las cuentas de las empresas. Para este caso, la contabilidad nacional permite también distinguir el reparto del valor añadido generado en las empresas entre capital y trabajo, de forma que los procesos en otros sectores (los alquileres, los beneficios de los bancos, etc.) no juegan ningún papel. Asimismo, esta perspectiva tiene la ventaja de facilitar la comparación con las cuentas de las empresas, que también identifican el valor añadido, la retribución de los asalariados y la renta bruta empresarial.

En este ámbito se disponen de dos grandes bases de datos públicas: la Central de Balances del Banco de España (CBI) y el Observatorio de Márgenes Empresariales (OME) de la Agencia Tributaria. El peso de las excedentes empresariales en el valor añadido, según estas fuentes, queda reflejado en el tercer gráfico.

Como una primera aproximación, lo más útil es fijarse en las tendencias que marca cada serie, más que en las diferencias de nivel entre unas estadísticas y otras. Desde esta perspectiva, el balance de las dos crisis más recientes resulta muy distinto. Según la Central de Balances y la Agencia Tributaria, el margen empresarial se redujo con fuerza durante el pinchazo de la burbuja inmobiliaria (2008-2013), mientras que en la crisis del COVID y la recuperación más reciente (2019-2024), los márgenes se han incrementado. La contabilidad nacional del INE, en cambio, apunta en un sentido opuesto. La participación del excedente empresarial en el valor añadido se incrementó en los primeros compases de la crisis de 2008, pero viene descendiendo de forma continuada desde 2018.

Las diferencias entre registros durante la crisis inmobiliaria (2008-2013) pueden tal vez explicarse por diferencias metodológicas, como es el hecho de que las empresas de la construcción estaban registrando en aquel momento un fuerte descenso en su facturación y en su margen bruto. Por el contrario, la contabilidad nacional tiende a hacer una periodificación distinta de los grandes proyectos de construcción, lo cual hace que los excedentes empresariales en este sector fueran menos volátiles que en las cuentas de las sociedades. Una pequeña diferencia que permite ilustrar que el estallido de la burbuja inmobiliaria trajo la destrucción de una parte considerable del tejido empresarial y, según como se contabilice este fenómeno, ello da lugar a una perspectiva distinta en uno y otro caso.

En cambio, las diferencias en el periodo más reciente siguen siendo mucho más difíciles de explicar. Francisco Melis y yo llevamos tiempo insistiendo en este diario que desde 2021 existe una brecha en el crecimiento nominal de los excedentes empresariales.

Como muestra el último gráfico, si nos atenemos a la contabilidad empresarial, los excedentes se recuperaron de la crisis del COVID y continuaron aumentando con la inflación de 2022. En las cuentas nacionales, la trayectoria es mucho más discreta y, si se ajusta por el crecimiento de los precios, podría argumentarse que los beneficios en términos reales están estancados desde 2019.

Mucho me temo que esta diferencia no va a resolverse pronto, pues los responsables de las cuentas nacionales han anunciado que la próxima gran revisión no tendrá lugar hasta 2030. Hasta entonces, cada cual podrá hacer un análisis distinto. Aquellos que sigan al pie de la letra las series del PIB podrán concluir que las empresas en nuestro país continúan presionadas por el nuevo marco de relaciones laborales y sin posibilidades de aumentar sus beneficios. En cambio, si uno aterriza en una junta de accionistas o en la mesa de negociación de un convenio colectivo, es más que probable que encuentre a empresas cuyos márgenes se sitúan en niveles holgados y pueden subir los salarios por encima del IPC.

Como es habitual en estas fechas, el INE acaba de publicar la revisión de las cuentas nacionales. En los dos últimos años los cambios en las series macroeconómicas han sido importantes, de forma que han dado lugar a un mayor crecimiento del PIB tras la crisis de la pandemia. En esta ocasión, la revisión del PIB ha sido menor, incrementándose los niveles en un 0,2 por ciento. También se ha modificado ligeramente las tasas de crecimiento en los últimos años. La serie revisada ahora indica que el crecimiento en 2022 y 2024 fue, respectivamente, dos décimas y tres décimas superior a lo estimado antes, mientras que el incremento en 2023 se reduce en dos décimas.

Lo relevante no ocurre, sin embargo, en las cifras agregadas del PIB, sino en uno de los componentes más importantes como es la inversión en capital fijo. Esta partida ha experimentado una notable revisión, como se observa en el gráfico adjunto. En la serie anterior, la inversión se derrumbó en 2020 y, aunque posteriormente inició una lenta recuperación, en 2024 apenas había logrado alcanzar los niveles registrados en 2019. Visto de otra manera, la inversión había evolucionado peor que el PIB y que otras partidas del gasto como son el consumo de los hogares y del sector público. En cambio, con la nueva serie publicada ahora, la inversión real –es decir, descontando el efecto de la inflación– se revisa de forma notable para todos los años y termina situándose más de 6,5 puntos por encima de la estimación anterior.

Este cambio no es un tema menor y de alguna manera resuelve un misterio que habían destacado distintos analistas y medios. La debilidad de la inversión resultaba paradójica en un contexto de fuerte crecimiento económico y, más aún, si se tiene en cuenta la llegada de los fondos europeos NextGeneration. El Banco de España y la AIREF analizaron esta cuestión y apuntaban a que la incertidumbre política, el incremento de los tipos de interés y el cambio estructural podían estar desincentivando la inversión. En términos similares se expresaba Rafael Domenech, de BBVA Research, que interpretaba la “inversión insuficiente” como un reto que requiere de “un marco institucional y regulatorio más estable, eficiente y favorable a la inversión”. Los datos publicados hoy revelan un panorama menos pesimista y sugieren que ni la incertidumbre ha tenido un impacto tan pronunciado ni las políticas públicas han estado tan mal orientadas.

Las razones de este aumento en la inversión responden a dos factores. Por un lado, el INE ha revisado a la baja el valor de determinadas partidas —como el aumento de los inventarios— y ha incrementado el gasto en infraestructuras y en activos intangibles (que incluye la adquisición de software, bases de datos y gasto en I+D). Por otro lado, un cambio en los índices de precios de los activos adquiridos indica que, en términos reales, el mismo flujo de inversión se traduce en un mayor incremento de la actividad inversora real. El efecto se deja notar en estas dos partidas, como se indica en el gráfico.

El incremento de la inversión en activos intangibles resulta especialmente significativo, ya que tradicionalmente se ha señalado en este ámbito el atraso relativo de España respecto a las economías más avanzadas. Con las nuevas cifras, en 2024 se ha alcanzado un hito relevante: la inversión en intangibles representa ya el 4 % del PIB y se sitúa en la media de los países de la zona euro, si bien persiste una brecha considerable respecto a otras economías, como los países nórdicos, Estados Unidos o Corea del Sur.

Los datos publicados este viernes confirman la buena marcha de la economía española en los últimos años y, de hecho, bien se puede argumentar que el crecimiento ha estado más equilibrado entre las diversas partidas del gasto. Sin embargo, quedan otras muchas incógnitas por resolver referidas al reparto de la renta entre el trabajo y el capital, o sobre la evolución de la productividad. En una próxima entrega analizaremos los retos pendientes de las cuentas nacionales.

La reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas es una realidad cada vez más cercana. En febrero de este año, el gobierno aprobó el anteproyecto de Ley que fijaba los mecanismos para caminar en esta dirección, pero todavía queda pendiente la tramitación parlamentaria de esta norma. La reducción de la jornada máxima legal tiene múltiples implicaciones en diversos ámbitos. El primero y más obvio es que reducir el máximo de horas trabajadas constituye un refuerzo muy significativo de los derechos laborales de las personas asalariadas en nuestro país y permite dar un nuevo equilibrio a nuestras vidas para que dediquemos menos tiempo al trabajo y más al ocio, a nuestros amigos o al descanso. Que se establezca este cambio en una norma general para todos los asalariados es de vital importancia, pues permite extender este derecho a trabajadores que de otra manera no podrían acceder a través de su convenio colectivo. En ese sentido, cabe recordar que ya disfrutan de una jornada efectiva inferior a las 37,5 horas todos los empleados públicos y, aproximadamente, 1,5 millones de asalariados de los casi 12 millones cubiertos en convenios colectivos. Para los otros diez millones de asalariados, este cambio va a suponer trabajar entre una y dos horas y media menos a la semana, en promedio.

Otro ámbito en donde la reducción de la jornada tiene una influencia decisiva es en la política económica. Hasta la fecha, muchos economistas se han inclinado por pensar que la lógica dictaría que la reducción en la jornada de trabajo debería ir precedida de un incremento en la productividad. Así, se ha argumentado que las sociedades que son más productivas dedican “voluntariamente” menos horas al trabajo. La secuencia a largo plazo parece acompañar esta lógica, pero también omite que frecuentemente la reducción de la jornada legal se ha producido en base a cambios legales repentinos, como en 1919, en 1976 o en 1983. En todo caso, si se quiere analizar la productividad seriamente también se debe reconocer la dificultad para establecer una tendencia clara en épocas recientes. Cualquier diagnóstico se ve influido no solo por el marco legal vigente, sino por la posibilidad de medir el tiempo efectivamente trabajado por los asalariados. Las horas pactadas (o la jornada máxima anual, legal o recogida en un convenio) y las horas efectivas se diferencian porque los trabajadores pueden estar empleados y no trabajando. Así, aunque un trabajador tenga un contrato de 40 horas semanales, no trabaja todas esas horas ni con la misma frecuencia todo el año. Las horas de trabajo se reparten de manera desigual a lo largo del año, no solo por la existencia de períodos de vacaciones y días festivos, sino también porque hay horas que se pagan y no se trabajan por motivos como las bajas por enfermedad, los permisos por cuidado de hijos o los ERTE.

La Encuesta de Población Activa (EPA), que es una fuente de referencia de todos los analistas y de los agentes sociales, ofrece una curiosa divergencia. Como se muestra en el gráfico, las horas habituales (que conceptualmente se aproximan a las horas pactadas) de los asalariados a tiempo completo han descendido muy ligeramente, pasando de 40 horas a la semana en 2017 a 39,2 horas en 2024. Por el contrario, la jornada efectiva ha experimentado un descenso mucho más pronunciado, pasando de un umbral en torno a las 35,5 horas antes de la pandemia, a posicionarse en 33 horas a la semana en la actualidad. El descenso tan pronunciado en la jornada efectiva en 2020 o incluso en 2021 no resulta un hecho especialmente extraño, pues las restricciones a la actividad económica y los ERTE propiciaron en aquel momento que muchas personas trabajaran muchas menos horas. El hecho sorprendente es que una vez la economía española se recuperó de la pandemia, la jornada media efectiva no haya vuelto a los niveles previos. En este contexto, no han faltado quienes han argumentado que estas cifras corroboran una subida vertiginosa del absentismo laboral, entendiendo este absentismo como un concepto genérico que no diferencia entre los motivos que explican las ausencias del puesto de trabajo. Tampoco han faltado quienes han argumentado que el débil crecimiento en las horas trabajadas apunta a una aparente debilidad del mercado de trabajo: se crean muchos empleos, pero la gente trabaja menos. Todo ello explicaría que la productividad por trabajador no haya recuperado los niveles previos a la pandemia. Reducir la jornada legal supondría, siguiendo esta lógica, una temeridad.

Durante los últimos años, Francisco Melis y yo hemos argumentado que había razones para dudar de este diagnóstico. La razón principal que esgrimimos apunta a la infraestimación del PIB y por extensión de la productividad. Pero también hemos señalado que la reducción en la jornada efectiva que apunta la EPA no se ve corroborada por los resultados de otra encuesta dirigida a las empresas, la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (ETCL). En este artículo aportaré un argumento adicional igual de importante: los resultados de la EPA antes y después de la pandemia no se pueden comparar. La EPA cambió en 2021 su cuestionario y esta modificación afecta directamente a sus resultados y provoca que el grueso de la caída, tal como se evidenciaba en el gráfico anterior, sea un puro efecto estadístico.

Este asunto tiene una cierta complejidad y requiere ser explicado en detalle. La EPA es una encuesta que, sobre la base de preguntar a una amplia muestra de hogares, busca retratar el complejo mercado laboral que se vertebra en nuestro país. Para elaborar la EPA, el INE conduce las entrevistas siguiendo un modelo único de preguntas que es, además, común a todos los países de la Unión Europea. La formulación de estas preguntas es decisiva, pues pequeñas modificaciones pueden hacer que las personas respondan de forma distinta y, por extensión, afectar a nuestra percepción sobre cuestiones básicas como el nivel de empleo o la tasa de paro. Pues bien, en 2021, en todos los países de la Unión Europea se cambió el cuestionario de la EPA y uno de los cambios decisivos se refería a las preguntas dirigidas a medir la jornada efectiva de trabajo.

De 2005 a 2020 la EPA preguntaba a las personas por su jornada de trabajo a través de sucesivas preguntas. Primero, se preguntaba por la jornada habitual de todos los trabajadores, es decir, las que se dedican en una semana típica. En segundo lugar, se preguntaba si las personas con un empleo se habían ausentado por diversos motivos (vacaciones, enfermedad, ERTE, etc.) y no habían trabajado en ningún momento de la semana. Por último, se pedía a los trabajadores que detallaran el tiempo efectivo en esa misma semana, incluyendo en dicho cómputo las horas extraordinarias. A partir de 2021 la secuencia de preguntas se modifica en varios puntos decisivos. La EPA mantiene las mismas preguntas sobre la relación con el empleo, la jornada habitual y la ausencia en una semana completa del puesto de trabajo. Sin embargo, la novedad estriba en que se pregunta de forma específica a todas las personas si estuvieron ausentes, aunque solo fuese por unas horas, por vacaciones, por enfermedad o por otros motivos. En esencia, la introducción de estas preguntas adicionales busca hacer conscientes a los entrevistados que pudieron estar ausentes durante un día porque estuvieron enfermos o porque había un festivo local. Sin esta pregunta específica, es muy probable que estas mismas personas hubieran considerado que en esa semana trabajaron el tiempo asociado a la jornada típica.

Como botón de muestra de este cambio, el siguiente gráfico refleja el porcentaje de asalariados que, aun habiendo trabajado en la semana, lo hicieron menos de lo habitual por estar de vacaciones o por enfermedad. Como se observa, estos representaban en torno al 7% de personas asalariadas hasta 2020, pero a partir de 2021 y con el nuevo cuestionario, este porcentaje incrementa de forma repentina hasta alcanzar 12 o 13% del total. Un incremento en cinco puntos en el nivel de trabajadores en ausencia parcial puede parecer un hecho secundario, pero en la práctica explica un 40% de la reducción en la jornada efectiva de acuerdo con los datos de la EPA. El resto se explica por el incremento paralelo de los asalariados en ausencia completa.

Este cambio metodológico no es una mala noticia, al contrario, es una mejora sustancial que aporta una perspectiva más nítida sobre el tiempo de trabajo. La razón estriba en que con la vieja metodología se sobreestimaba la jornada efectiva de los trabajadores, mientras que ahora se aproxima a un nivel más real. Este hecho se corrobora en el siguiente gráfico, que refleja la jornada media efectiva de los asalariados a tiempo completo en la EPA y en la Estadística Estructural de Empresas (EEE). Además, se ha añadido el umbral máximo de la jornada efectiva según el Estatuto de los Trabajadores (40 horas a la semana equivalen a 1826 horas al año). Como se puede observar, antes de 2020 la EPA registraba una jornada media efectiva que se situaba por encima del máximo legal. En cambio, a partir de dicha fecha ha tendido a situarse en torno a 1780 horas al año, un nivel muy cercano al que proporciona la EEE y la ETCL. Los niveles antes de 2020 son difícil de creer, porque supondría que los trabajadores estaban disfrutando de menos vacaciones de las que tienen derecho según la ley.

Este cambio metodológico tiene varias conclusiones relevantes. La primera es que desmiente que existe una reducción significativa en el tiempo de trabajo tras la pandemia. Básicamente, trabajamos lo mismo que antes de la pandemia, solo que la EPA lo mide ahora con más precisión. En segundo lugar, que cualquier análisis sobre la productividad por hora trabajada y que se inspire principalmente en la EPA estará sesgado si no corrige por este cambio. Este es el caso, por ejemplo, de las series de la Contabilidad Nacional del INE, que estima un total de horas trabajadas que prácticamente calcan las tendencias de la EPA. Por ello la revisión de las cuentas nacionales vuelve a cobrar toda su vigencia. El gobierno, los analistas y el conjunto de la opinión pública jamás tendrán una visión adecuada sobre la productividad hasta que no se corrija este cambio y la infraestimación del crecimiento registrado en el PIB durante el año 2021.

Nota metodológica

Los resultados de este artículo constituyen una versión resumida del documento de trabajo “La EPA se va de vacaciones: el tiempo de trabajo tras la ruptura metodológica de 2021”

Las infraestructuras informativas de un país no tienen la visibilidad de las autopistas o los puentes, pero pueden tener igual o mayor impacto sobre el bienestar de los ciudadanos. De las existentes en España, las bases de datos de Hacienda (AEAT y Catastro) son probablemente las de mayor extensión y profundidad, ya que abarcan no solo la información económica de todos los contribuyentes, personas físicas y empresas, sino también las relaciones entre ellos a través de los modelos informativos de clientes y proveedores y de retenciones.

Esta ingente infraestructura informativa, bien gestionada por la Agencia Tributaria (AEAT), revierte en beneficio de la sociedad española de múltiples formas. Genera primero un alto cumplimiento fiscal en España, como demuestran desde hace muchos años los informes de la Comisión Europea sobre el cumplimiento en IVA. La información también apuntala la resistencia y capacidad de recuperación de los ingresos tributarios, que se han convertido en un pilar fundamental de la economía en estos años de pandemias, guerras y desastres naturales. El valor de los datos de Hacienda, y en particular del Suministro Inmediato de Información (SII) y del modelo 347 de operaciones con terceros, se ha convertido también en una herramienta única de los tribunales españoles en la lucha contra la corrupción, vital para la calidad de la democracia española. Por último, la estadística tributaria constituye un aporte al esfuerzo estadístico del país, bien a través de las propias estadísticas de la AEAT o de las que realiza el INE con información de Hacienda.

El artículo de hoy se centra en la aportación de la información de Hacienda a las estadísticas del INE y, en particular, a uno de los más espectaculares por su extraordinario detalle territorial: el Atlas de Renta. El Atlas, basado en la renta declarada a Hacienda, que acaba de publicar el INE con los resultados de 2022, presenta datos de renta, desigualdad y pobreza para las 19 comunidades y ciudades autónomas, las 52 provincias, los 8.000 municipios, los 10.000 distritos y las 36.500 secciones censales en que se divide el territorio español a efectos estadísticos y de organización electoral. Una sección censal es la unidad administrativa más pequeña que cabe imaginar, pues tiene de media 1.300 habitantes o 510 hogares. Los productos del Atlas de Renta son bien conocidos por los lectores del elDiario.es gracias a las presentaciones que realiza cada año cuando el INE publica, a finales de octubre, el Atlas de Renta del último año disponible. En el mapa que presentan Victòria Oliveres y Raúl Sanchez puede verse para cada municipio y para cada calle, entre otras informaciones, la renta media en 2022, la posición relativa y el crecimiento desde 2019 a 2022.

Pero hay algunos aspectos del Atlas que conviene destacar para valorar adecuadamente su valor informativo. En primer lugar, el Atlas abarca a la totalidad de los 18,8 millones de hogares españoles. No solo los 12,8 millones de hogares que presentan declaración por IRPF, sino también los seis millones de hogares que no presentan declaración por no estar obligados, pero cuya renta se declara a hacienda por los empleadores y entidades que retienen un porcentaje de sus salarios, pensiones, prestaciones o intereses de cuentas. Todos los que hacemos la declaración de renta en la web de la Agencia Tributaria nos quedamos asombrados al ver la cuantiosa información de rentas e inmuebles que contiene nuestro borrador de renta. Pero no somos conscientes de que esos datos fiscales están disponibles para la totalidad de los perceptores de rentas, con independencia de si presentan o no la declaración de IRPF. El Atlas de Renta del INE es una magnífica ilustración de la utilidad o la otra vida de los datos fiscales, más allá del servicio a la gestión del IRPF y el control del cumplimiento.

En segundo lugar, el Atlas de Renta abarca, desde la edición anterior de 2021, la totalidad del territorio español. No sólo el territorio de régimen fiscal común cubierto por la AEAT sino también los territorios de régimen foral, cubiertos por las tres diputaciones vascas y Navarra. Esta capacidad de integración del INE es tanto más relevante cuanto que las diputaciones de Euskadi no tienen un programa de estadísticas tributarias tan completo como el de la AEAT. De hecho, de algunas diputaciones como la de Álava sólo se conocen los datos de IRPF gracias a la labor de coordinación y difusión del Informe anual integrado de la Hacienda Vasca (IAIHV) elaborado por el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE).

Esta labor del INE de integración de la información tributaria de todas las haciendas del Estado cobra especial relevancia en momentos, como el actual, en que existe el riesgo del desgajamiento de la información de Cataluña del ámbito de la AEAT. Y sería muy encomiable que esta labor integradora del INE en el campo de la renta personal y el IRPF se extendiera al patrimonio de las personas físicas, a la renta de las sociedades y al gasto sujeto al IVA.

En tercer lugar, la aportación del INE al patrimonio informativo español con el Atlas de Renta cobra mayor valor cuando se constata la escasez de estadísticas de renta con la misma resolución territorial en otros países. Las Income estimates for small areas: England and Wales del Reino Unido ilustran las dificultades con que se encuentran los Institutos de Estadística para obtener medidas de renta con alto detalle territorial incluso en países con una larga tradición de estadísticas fiscales. En EEUU, la hacienda federal (el IRS) publica desde 1998 los Individual Income Tax ZIP Code Data que sería comparable a la Estadística de los declarantes de IRPF de grandes municipios por código postal y a la Estadística de los declarantes de IRPF por municipios, pero no puede compararse al Atlas de Renta al no incluir a las personas que no presentan declaración por IRPF. En Francia, donde todos los mayores de 18 años están obligados a declarar, sería comparable el conjunto de indicadores de Revenus localisés sociaux et fiscaux. También en los países nórdicos, con sistemas estadísticos basados casi enteramente en registros públicos incluidos los de Hacienda y la Seguridad Social, pueden encontrarse datos de renta personal y su distribución con alto detalle territorial.

Todo este avance informativo abre múltiples vertientes para los investigadores y para la acción de la administración, pero como botón de muestra indagaremos en dos ideas fundamentales: el crecimiento de la renta personal en los últimos años y el valor que tiene disponer de varios indicadores sobre renta y pobreza según la escala del territorio.

El Atlas confirma el importante crecimiento de la renta personal

El Atlas de Renta es una fuente que demuestra una gran consistencia y complementariedad con la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que es la fuente de información oficial, en España y en la Unión Europea, sobre la desigualdad y la pobreza. La ECV de 2023 tiene un tamaño de muestra de 30 mil hogares y, por tanto, el mayor detalle territorial que puede proporcionar es a nivel de comunidad autónoma. En este sentido, el Atlas puede verse como una versión censal de la ECV, proporcionando indicadores de pobreza y desigualdad para comunidades, provincias e islas, municipios, distritos y secciones censales.

Un resultado notable es que el Atlas y la ECV coinciden en 2022 en la magnitud de la renta disponible (RD) de los hogares: 667.000 millones de euros.  

Un resultado notable es que el Atlas y la ECV coinciden en 2022 en la magnitud de la renta disponible (RD) de los hogares: 667.000 millones de euros. En el gráfico adjunto, que presenta este agregado para varios años, destacan dos circunstancias. La primera es que ambas fuentes coinciden en que la renta de los hogares resistió en 2020 el embate de la pandemia. Este extraordinario resultado debe atribuirse casi enteramente a los ERTE, cuyo impacto en el mercado de trabajo está bien documentado en las ediciones de 2020 y 2021 de Mercado de Trabajo y pensiones en las fuentes tributarias. No sólo se mantuvieron vivas las empresas y los puestos de trabajo, sino que la reducción de la masa salarial pagada por los empleadores se compensó con las prestaciones de desempleo por ERTE que inyectaron más de 13.000 millones de euros a las familias. La segunda circunstancia notable es el mayor dinamismo de la ECV en 2021 y 2022. Como ya se advirtió en nuestro artículo del 5 de octubre, la ECV captura la información de rentas no sólo de los registros de Hacienda y la Seguridad Social sino también de las respuestas de las familias lo que permite captar rentas de la economía informal e ilegal que no se declaran a Hacienda. En este capítulo de rentas no declaradas están las de los 500.000 extranjeros no comunitarios que trabajan en la economía informal, pero también algunas percibidas por jubilados europeos que residen en España y han sido retenidas en los países de procedencia.

Al comparar las rentas del Atlas y la ECV debe notarse que en la ECV de un año se consignan los ingresos del año anterior de modo que la renta media por hogar de la ECV23, por ejemplo, se obtiene dividiendo los ingresos de 2022 por el número de hogares de 2023. En 2023 la renta disponible de los hogares en la ECV se divide entre 19,15 millones de hogares que arroja una renta por hogar de 34.821 euros. En el Atlas de Renta la misma renta de 0,67 billones de euros se divide por 18,75 millones de hogares arrojando una renta por hogar de 35.585 euros. Por eso, al comparar ECV con el Atlas es preferible usar las magnitudes agregadas en lugar de las rentas por persona o por hogar.

Finalmente nos preguntamos si la evolución de la renta de los hogares entre 2019 y 2022 que arroja el Atlas es consistente con la que proporciona la Contabilidad nacional tras la revisión de septiembre de 2024. El gráfico adjunto contesta a la pregunta.

La revisión de la Contabilidad Nacional de septiembre de 2024 eleva ligeramente el crecimiento de la renta neta disponible de los hogares en 2021 y algo más en 2022 de forma que el crecimiento entre 2019 y 2022, antes estimado en un 5,4% se eleva al 7,2%. Pero la revisión ha sido incapaz de reconocer el verdadero impacto de los ERTE y el dinamismo de las rentas de los autónomos, que avalan el Atlas de Renta, la ECV y las estadísticas de renta de País Vasco (Eustat) y Navarra (Nastat). El Atlas de Renta cifra además el crecimiento de la renta de los hogares entre 2019 y 2022 en un 12,7%, superando el crecimiento del 11,1% registrado por el IPC en el mismo periodo.

La renta y la pobreza por Comunidades Autónomas

El Atlas proporciona también una perspectiva inédita sobre los niveles de renta, la desigualdad y la pobreza en nuestro país. El instrumento predilecto hasta el momento, la ECV, proporcionaba resultados para todo el país y también para las Comunidades Autónomas, si bien en este último caso los resultados podían verse aquejados por pequeños sesgos debido a la falta de tamaño de la encuesta (que tradicionalmente incluía a 1.000 hogares por CC.AA.). Esta limitación se había buscado superar en los últimos años ampliando el tamaño de la muestra. El nuevo Atlas, al depender directamente de los registros administrativos, no se ve impedido por esta cuestión.

¿En qué aspecto puede ser relevante este mayor detalle? En el siguiente gráfico se representan la renta media, la mediana y el umbral de pobreza para todas las Comunidades y en el total nacional. Todas estas cifras han sido estandarizadas en términos de unidad de consumo o, dicho en otras palabras, para tener en cuenta las diferencias en la composición de los hogares entre adultos y menores de edad. Como el Atlas no proporciona las cifras de renta para el total nacional, tomamos el de la ECV bajo el supuesto, ya demostrado, de que las cifras son prácticamente idénticas.

A primera vista, los resultados no deben sorprender a los lectores que conozcan los patrones de desigualdad regional en nuestro país. El Atlas confirma que País Vasco, Navarra, Madrid, Baleares y Cataluña presentan los mayores niveles de renta, tanto en la media como en la mediana. En este grupo, sin embargo, destaca la situación de Madrid, en donde se producen las mayores diferencias entre renta media (26.141 euros) y mediana (21.350 euros). En otras palabras, el fuerte crecimiento económico de esta comunidad es compatible con los mayores niveles de desigualdad en nuestro país. Y, por aclarar un aspecto clave, esta desigualdad no se explica fundamentalmente por la competencia fiscal a la baja que ejerce la Comunidad de Madrid, sino por la mayor concentración de trabajadores con salarios elevados, autónomos con mayor renta y grandes patrimonios en la región.

El segundo resultado a destacar es que en el gráfico los umbrales de pobreza han sido calculados en relación a la mediana de cada región para así enfatizar dos vertientes inherentes de las políticas públicas. El umbral nacional, que se sitúa en aproximadamente 11.000 euros en 2022, es una referente obligatorio para la política del Estado y de la Seguridad Social que busca aliviar la pobreza en todo el país. Esta acción naturalmente tenderá a beneficiar proporcionalmente a más habitantes de comunidades con niveles de renta (y umbrales de pobreza) más bajos. Así, por ejemplo, basta destacar que la renta mediana de Extremadura (14.350 euros) no dista excesivamente del umbral de pobreza en el País Vasco (13.650 euros). Pero, por otra parte, en nuestro país las autonomías y las administraciones locales (como las Diputaciones o los Ayuntamientos) tienen un protagonismo especial en el diseño de múltiples políticas sociales, como las rentas mínimas complementarias, las becas, la política de vivienda o los servicios sociales. En estos casos, es normal que se tome como referencia los umbrales del territorio en cuestión, sea la comunidad autónoma (como hace Navarra (Nastat) o Cataluña (Idescat)), la provincia, el municipio o el barrio. El Atlas se convertirá así en un instrumento idóneo para las administraciones que busquen guiar su acción con indicadores solventes y detallados.

Primero con motivo del mantenimiento de rentas durante la pandemia y posteriormente con distintas medidas que van desde la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la actualización automática de las pensiones y las subidas del salario mínimo, han sido numerosas las actuaciones de política económica desde 2019. ¿Qué efecto han tenido estas medidas en la renta de las familias? Si se atiende a la descripción de la situación que hace la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, cuya última edición se publicó a finales de febrero, la respuesta es que las medidas han sido un éxito. De 2019 a 2022 la renta media por persona creció un 14,6% y casi un 3% si se ajusta por la inflación, el número de hogares creció un 2%, disminuyó la desigualdad y la población en riesgo de pobreza se redujo a pesar del extraordinario crecimiento (14,2%) del umbral de pobreza. Sin embargo, cuando el análisis se hace utilizando las Cuentas de los Hogares de la Contabilidad Nacional, del mismo INE, el resultado es un sombrío escenario con un crecimiento de sólo un 5,9% de la renta media por persona en ese periodo y una caída del 4,9% a precios constantes. Una diferencia de 9 puntos. ¿Con qué España debemos quedarnos?

Como saben los lectores de nuestros artículos, creemos que la Contabilidad Nacional (CN) ha subestimado seriamente el crecimiento de la economía española entre 2019 y 2022. Y la reciente revisión de septiembre de 2024 sólo ha paliado levemente el problema. Una consecuencia de este bajo y anómalo crecimiento del PIB entre 2019 y 2022 es la imposibilidad de apreciar, en el marco de la CN, los avances que se observan en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) tanto en la renta de las familias como en la reducción de la desigualdad y de la pobreza.

Como ilustra el gráfico adjunto, hasta 2019 la renta disponible por persona de la ECV y la de la CN se movían en paralelo, pero a partir de la pandemia la sintonía se pierde: en la CN la renta disponible por persona crece un 5,9% (antes de la última revisión, un 4,1%) mientras que según la ECV crece un 14,6%.

 ¿Por qué utilizar la ECV? El objetivo principal de la ECV es el conocimiento de la desigualdad y la pobreza en España y las Comunidades Autónomas, pero para ese análisis precisa de información sobre la renta de los hogares, además de otras variables personales de interés como la edad, el sexo, la relación con la actividad, el nivel de formación, la nacionalidad o el tipo de hogar.

Aparte de la riqueza informativa, hay varias razones para confiar en los resultados de la ECV. Destacaremos tres. La primera se encuentra en el origen de la información que captura la ECV. Desde 2013 la encuesta combina la información declarada por las personas y hogares entrevistados con la información aportada por la Agencia Tributaria, las Haciendas Forales y por el Registro de Prestaciones Sociales Públicas que gestiona la Seguridad Social. Esto quiere decir que no debemos considerar a la ECV solo como una encuesta a los hogares más, sino como un instrumento de integración, monitorizado por el INE, de la información de Hacienda y de la Seguridad Social combinada con la aportada directamente por las familias. La segunda razón es la transparencia sobre el origen de la información, sin parangón en la CN anual (que, recordemos, no publica sus fuentes ni sus métodos de estimación). Cada dato de renta en la muestra de la ECV se acompaña de una variable que indica su origen (cuestionario, registro o imputación). Y la tercera es que se puede disponer, para cada componente de la renta, no solo el importe agregado, sino también su distribución por persona o por hogar, elemento imprescindible para el análisis, pero también como instrumento de calibración de su fiabilidad al poderse comparar con otros registros disponibles (por ejemplo, con las distribuciones salariales que proporciona la Agencia Tributaria).

Los principales resultados que ofrece la ECV sobre la evolución de los hogares españoles desde 2019 a 2022, resumidos en el cuadro adjunto, son los siguientes:

La renta disponible media por persona crece un 14,6% y un 13,5% la renta por hogar. Para valorar adecuadamente estas tasas debe recordarse que el IPC crece un 11,4% en este periodo, así que estamos ante una mejora real en la renta de las familias, una ganancia en el poder adquisitivo de la renta. La renta por persona a precios constantes crece un 2,9% y la renta por hogar un 1,9%. La diferencia entre el crecimiento por persona y por hogar se debe a que la población crece un 1% en este periodo mientras que el número de hogares crece un 2% y este dinamismo en la creación de hogares puede verse como un reflejo de la mejoría de las condiciones económicas de las personas.

La desigualdad en la distribución de la renta, medida por la ratio S80/S20 (renta media del quintil superior sobre la del quintil inferior) o por el Índice de Gini, se reduce en este periodo. El porcentaje de población en riesgo de pobreza, con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana, se reduce desde el 21% al 20,2%. Además, el porcentaje de población (de 0 a 65 años) viviendo en hogares de baja intensidad en el empleo se reduce del 10% al 8,4%. Para entender este resultado hay que tener presente que la propia ECV permite aproximar la ocupación con el número de personas que en cada año perciben retribuciones por cuenta propia o/y ajena. Esta población crece un 4,2% entre 2019 y 2022, en sintonía con el crecimiento del 3,9% en la ocupación que arroja la EPA. Esta es otra gran diferencia entre la ECV y la CN ya que, incluso tras la reciente revisión, el número de personas ocupadas crece en la CN sólo un 1,5% en el periodo (0,6% antes). En conjunto, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) se reduce del 27% al 26,5%: unas 100 mil personas. Sólo el porcentaje de población con carencia material severa, estudiado con detalle en FUNCAS, crece en este periodo. Pero debe recordarse el carácter subjetivo de este componente de la tasa AROPE, y también el desfase entre el crecimiento de los precios (mayor en 2022) y de la renta personal (superior en 2023).

Como se ha dicho, la ECV no tiene como objetivo principal publicar estimaciones de renta, aunque esta variable es fundamental para sus fines. Por ello, en los resultados publicados solo se dan algunos datos sobre la renta (renta disponible por hogar, por persona y por unidad de consumo). Sin embargo, es posible conocer el importe y la composición de la renta de los hogares gracias a los microdatos de hogares y personas que el INE pone en su página web a disposición de los interesados. Esto es lo que permite comparar los datos de la ECV con los publicados por la CN (Cuentas anuales no financieras de los sectores institucionales, sector Hogares) que acaban de revisarse. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro.

 Los resultados indican que, en todos los componentes de la renta, salvo en las prestaciones sociales, los crecimientos entre 2019 y 2022 de la ECV superan ampliamente los estimados por la CN. Y no solo eso: en la CN el componente más dinámico entre 2019 y 2022 son las prestaciones sociales, mientras que en la ECV son las rentas ligadas a la actividad económica (salarios y renta de la empresa y el arrendamiento). De hecho, la diferencia en estas rentas es abrumadora: según la ECV crecen un 21% entre 2019 y 2022 y según la CN un 10,2%. Dos datos de un mismo organismo que describen Españas completamente distintas, una en la que las políticas se traducen en una mejora de la actividad y de las condiciones económicas de los hogares, y otra en la que solo funciona la transferencia de rentas. ¿Con cuál nos tenemos que quedar?

Una última reflexión se puede hacer a partir del último gráfico, que recoge el crecimiento nominal de la renta bruta entre 2019 y 2022, incluyendo la contribución de las principales partidas (salarios, prestaciones sociales, etc.). Además, se incluyen las diferencias entre los hogares en función de su nivel de renta, agrupándolos por deciles. Ya habrá espacio en otro artículo para desmenuzar esta información, pero por el momento basta incidir en una idea fundamental. Para el decil más pobre, la creación del IMV ha sido el motor fundamental para aumentar su bienestar. Sin embargo, para el 90% restante la contribución decisiva ha venido de la mano del aumento de los ingresos salariales, de las pensiones y de las rentas de los autónomos. Crecimiento y redistribución han ido de la mano durante estos tres años.  

Esta semana se produjo otro hito en la revisión de las series del PIB en nuestro país a raíz de la nueva publicación de las cuentas nacionales. Se trata de una doble revisión: una extraordinaria, que se produce en toda la Unión Europea cada cuatro años, y, además, una ordinaria referida a los últimos tres años (2021, 2022 y 2023). Las revisiones extraordinarias constituyen una suerte de reinicio de las cuentas económicas, por la que los técnicos hacen un análisis exhaustivo de los procedimientos, fuentes y técnicas que subyacen a sus cálculos. Ello conduce a que las series del PIB se pueden ver alteradas para un periodo relativamente largo.

En términos agregados la revisión es relevante, aunque a priori podría parecer que tampoco es de una magnitud inusual. Para el periodo de 1995-2019 el crecimiento acumulado sigue siendo más o menos el mismo, pero a partir de 2020 se incrementan las tasas de crecimiento, entre dos y cuatro décimas en cada año. Para entender su alcance, esta revisión debe por tanto ponerse en relación con la producida el año pasado, que también aumentó el crecimiento de 2021 y 2022. De esta forma, la recuperación económica tras la pandemia se adelanta hasta el inicio de 2022, es decir, casi 18 meses antes de lo que inicialmente indicaba el INE.

Las revisiones tienen el propósito fundamental de mejorar nuestro conocimiento de la economía, pero de paso sirven también para comprobar la precisión de los profesionales estadísticos –el INE en este caso– cuando presentan sus primeras estimaciones. El siguiente gráfico recoge el cambio en la tasa de crecimiento uno, dos y tres años más tarde de que se registrara el crecimiento original en cada año. El resultado no deja de ser llamativo para algunos casos, por ejemplo, el año 2021. Entre la tasa de crecimiento (5,1%) estimada inicialmente y la que conocemos hoy (6,7%) se produce una diferencia de 1,6 puntos. No es una magnitud pequeña, al contrario, es la mayor desviación que conocemos desde que existen registros homogéneos en la página web del INE. Ya habrá tiempo en futuras ocasiones de hacer un ejercicio más fino, pero por el momento este análisis invalida una afirmación un tanto extraña del último comunicado de prensa de la dirección de cuentas nacionales, que sin rubor afirman:

Estas revisiones extraordinarias reglamentadas no deben interpretarse como una corrección o error en las estimaciones, sino como la necesidad de incorporar al marco contable las nuevas fuentes y técnicas estadísticas.

Yo sugeriría una perspectiva algo distinta. Es normal corregir las cuentas nacionales, pero la calidad de las mismas debe valorarse en función de la precisión original y de lo detallada que sea la metodología. Pensar lo contrario es creer en que el INE goza de la infalibilidad del Papa.

La revisión extraordinaria arroja otro cambio relevante. Los niveles del PIB nominal se elevan de manera sustancial para todos los años, de forma que ahora nuestro país es algo más rico de lo que pensábamos hasta ahora. Esto tiene importantes implicaciones al realizar comparaciones internacionales del PIB per cápita o al valorar la salud de las cuentas públicas (al dividir la deuda o el déficit público por el PIB nominal). El INE detalla en su nota de prensa el sentido de estas revisiones para el año 2021 y recomiendo la lectura de la nota técnica por parte de los lectores interesados. Una forma sencilla de visualizar el cambio se ve en el siguiente gráfico, que recoge el incremento del PIB nominal desde la perspectiva de la producción. Claramente se pueden observar dos procesos muy distintos. Desde 2010 a 2021 se incrementa el PIB nominal en un 0,5% y este aumento se concentra en tres sectores: la construcción, los servicios inmobiliarios y los servicios tradicionales (comercio, transporte y hostelería). En cambio, en los años 2022 y 2023 se produce un mayor incremento (2% y 2,5%) gracias al aumento en los servicios de mayor valor añadido (servicios profesionales, educación y sanidad privada).

Aunque el cambio en estos dos últimos años (2022 y 2023) es clave para entender la reciente infraestimación, el primer cambio es si cabe más importante. En este caso, destaca el aumento de la actividad en la construcción y en los servicios inmobiliarios. En el primer caso es razonable pensar que el INE haya corregido sus series ante las múltiples evidencias de que la actividad en la construcción estaba infraestimada. A este asunto ya le dedicamos dos artículos en su momento, en enero y junio de 2023, para señalar entre otras cuestiones la debilidad de la estadística de coyuntura que hasta ahora era la referencia para las estimaciones trimestrales. Los servicios inmobiliarios incluyen fundamentalmente los alquileres, sean los efectivamente pagados o los que se imputan a los propietarios de su vivienda. La nueva serie de Contabilidad Nacional sintoniza con una percepción bastante extendida de que estas rentas vienen creciendo en importancia desde hace décadas y que algunas estadísticas (por ejemplo, la Encuesta de Presupuestos Familiares) no terminan de medir correctamente. De nuevo, es algo que apuntamos en enero de 2023.

Este análisis sirve, por tanto, para introducir un importante elemento de cautela. Por ejemplo, cuando se analiza el PIB desde la óptica del gasto las nuevas series muestran un mayor crecimiento de la inversión y del consumo de las familias. Sin embargo, mucho me temo que a medida que se conozcan los detalles y se descienda al análisis más fino se verá que el grueso del incremento se explicará por dos partidas: la mayor inversión en construcciones y que las familias dedican más dinero al pago de alquileres. Eso conducirá a que seguirá habiendo una atonía en muchas otras partidas del consumo de los hogares. También que se deba analizar con detalle la inversión en maquinaria y bienes de equipo, que sigue sin recuperar los niveles previos a la pandemia.

Una situación parecida se perfila en el PIB por la vía de las rentas. El INE ha revisado la magnitud de los salarios para todos los años, lo cual permite agrandar la diferencia que cabe esperar entre los salarios declarados a Hacienda y los registrados en la Contabilidad Nacional (CN). Como resultado, afortunadamente se termina con el sinsentido del fraude negativo que se producía porque hubiera más salarios declarados en el IRPF que en la CN. Ahora resulta claro que el crecimiento del empleo ha ido de la mano de un importante incremento de las rentas salariales. Sin embargo, el aumento en las rentas del capital (el excedente bruto de explotación) ha sido relativamente menor y, seguramente, esté influido por el aumento en los alquileres. Por ello, no será de extrañar que cuando dentro de unos días conozcamos las cuentas de las sociedades y de los hogares se siga recogiendo una evolución muy distinta de los beneficios empresariales según la Contabilidad Nacional y los registros de la Agencia Tributaria en los años de 2019 a 2022.

En conclusión, bienvenido sea el esfuerzo realizado por el INE. La nueva estimación confirma la mayoría de los puntos que ya se sabían en su momento con los indicadores disponibles para todos los usuarios mínimamente interesados. Ya se conocían los salarios, los precios, la evolución de la construcción, de la inversión y de las exportaciones. Esto debe hacer reflexionar al INE en dos sentidos. El primero es si está aprovechando adecuadamente toda la información de la que se dispone en el aparato estadístico actual. La respuesta es no y esta revisión lo demuestra. El segundo es preguntarse qué utilidad tiene tener una contabilidad trimestral que no da una señal adecuada y se debe esperar varios años para saber qué es realmente lo que ha pasado en la economía española. Cuando cada vez las políticas económicas necesarias resultan más urgentes, debemos esperar años para que la Contabilidad Nacional nos diga algo razonable. No es una cuestión menor. Es fácil pensar en las ratios de déficit y de deuda pública, que constituyen señales indudables para los mercados. Más importante resulta que la ciudadanía conozca realmente la situación económica de nuestro país.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha vuelto a revisar al alza el dato de crecimiento de la economía española en 2021. Este miércoles, publicó un avance de los resultados de la Revisión Estadística 2024 sobre las Cuentas Nacionales en el que se comunicó el impacto que este nuevo cálculo tendrá sobre el PIB nominal en 2021, el año de referencia de las nuevas series que se publicarán próximamente. Aunque esta revisión tiene características distintas de las realizadas hasta le fecha, no deja de sorprender que de nuevo haya una subida sustancial del PIB, modificando una vez más la interpretación que de la salida de la pandemia se había hecho hasta el momento.

En una inesperada y escueta nota de prensa, el INE ha anunciado otra revisión al alza de las estimaciones del PIB. El cambio se limita por el momento al PIB de 2021, cuya magnitud ahora se cifra en un 1,1% superior hasta alcanzar el nivel de 1.235 mil millones de euros. Puede parecer una pequeña magnitud, pero ésta es la tercera revisión al alza. Para valorar correctamente este cambio debe ponerse en relación al crecimiento originalmente estimado y al efecto de las revisiones posteriores. En el gráfico adjunto se recoge este proceso.

En su primera estimación, a inicios de 2022, el INE cifraba el crecimiento nominal en un 7,2%. Las siguientes revisiones han aumentado esta tasa, primero de forma tímida (una subida del 0,7% en septiembre de 2022) y en los siguientes dos años, añadiendo un 1,3% en septiembre de 2023 y un 1,1% ahora. En total, 3,2 puntos más del PIB en 2021: equivalen a 32.480 millones de euros que, hasta ahora, el INE no había medido correctamente.

Aunque esta última revisión obedece a otras razones distintas de la mera disponibilidad de nueva información, como se ve, el INE ha seguido un camino largo y tortuoso para finalmente cifrar en un 10,4% el crecimiento nominal de la economía en un año tan decisivo como 2021. Conviene recordar que en aquel momento nuestro país estaba saliendo de los efectos del confinamiento provocado por la crisis del COVID y estaba en el aire saber si España iba a ser capaz de recuperarse rápidamente de una caída inédita en la actividad. Con las cifras publicadas entonces era difícil no caer en el pesimismo. Un crecimiento 3,2 puntos superior recoge ya un panorama bien distinto. Y eso de momento. porque aún habrá que ver la serie completa que se publicará el día 18 de septiembre. Es posible que la subida sea aún mayor.

La revisión constituye, por tanto, una confirmación de nuestras tesis, tal como hemos venido señalando en innumerables artículos en elDiario.es. Como se refleja también en el gráfico, desde enero de 2022 uno de nosotros ya adelantó que las cifras del INE eran imposibles de casar con el cuadro macroeconómico que se obtenía con otras fuentes, principalmente las relacionadas con las bases imponibles de los principales impuestos. Al lector interesado en revisar las hemerotecas le recomendamos leer lo publicado en aquel momento: estimábamos en un 11,8% el crecimiento nominal, lo cual parecía totalmente descabellado frente al 7,2% que proporcionaba el INE en esos momentos. En aquel momento, ningún otro medio de comunicación cuestionaba el cuadro económico que ofrecía la Contabilidad Nacional del INE y a lo sumo solo había algunos analistas que apuntaban a determinadas incongruencias. Las instituciones públicas independientes que han estado tradicionalmente encargadas del análisis económico (el Banco de España y la Airef) no realizaron entonces, ni tampoco durante estos dos años, objeción alguna. 

Desde entonces, el procedimiento de revisión ha estado lejos de seguir un cauce transparente y a la altura de las circunstancias. En un primer momento sus responsables se excusaron en razones técnicas de dudoso valor para no utilizar los registros tributarios referidos a salarios, beneficios empresariales o ventas. Después, la revisión se ha acometido dando una de cal y otra de arena: se negaba cualquier razón de quienes cuestionaban sus cifras, pero después se introducían los cambios sin autocrítica. Incluso en fecha tan reciente como abril de este año, la responsable de cuentas nacionales anunciaba en el Congreso de los Diputados ante un auditorio de casi 100 personas que “no habría una revisión significativa” en septiembre. Las cifras de hoy desmienten esta afirmación y confirman el mal camino emprendido por el INE durante estos años. 

Todo este asunto no pasaría de ser una pequeña disputa académica si no fuera por la enorme trascendencia política y social que tienen las cifras del PIB. Todavía en vísperas de las elecciones de julio de 2023, la opinión pública de nuestro país era sometida al martilleo de que España era el último país en haberse recuperado de la crisis del COVID, el peor de toda Europa. El mayor crecimiento en la recaudación fiscal era interpretado en el mejor de los casos como un extraño afloramiento de la economía sumergida y, en el peor, como una prueba del “infierno fiscal” impuesto por las autoridades. Hoy todas esas interpretaciones quedan en gran medida cuestionadas o invalidadas por los datos, pero las percepciones económicas de la ciudadanía tardarán más tiempo en actualizarse. 

Aunque el ciclo económico es ahora notablemente mejor, lo ocurrido constituye un importante aviso sobre la salud de las cuentas nacionales de nuestro país. En unas semanas conoceremos las cifras definitivas del crecimiento real (es decir, descontando el efecto del aumento de los precios), pero hoy podemos adelantar una primera idea importante: la revisión de 2021 es la mayor que, para un año en particular, ha realizado el INE en su historia más reciente. Esta conclusión podemos afirmarla con los registros disponibles en su web para los últimos veinte años, pero posiblemente haya que remontarse hasta principios de la década de 1980 para encontrar un cambio de igual magnitud.

Ante un escenario inédito, la transparencia del INE ha estado siempre por debajo de las expectativas. A modo de ejemplo, en la revisión publicada este miércoles, el INE despacha la revisión del 1,1% en un par de líneas, señalando que son el resultado de una revisión por partida doble. La incorporación de nuevas fuentes estadísticas, como los datos del Censo de 2021, aumenta los niveles en un 0,7%. Por otro lado, el nuevo procedimiento de clasificación de determinadas partidas del gasto contribuye a un incremento del 0,4%. Este mutismo palidece con la revisión mucho más detallada y transparente que proporcionó hace unos meses la Encuesta de Población Activa (EPA) también provocada por la revisión del Censo. Mucho nos tememos que el próximo 18 de septiembre, cuando se publiquen las series completas, el INE continuará con la senda habitual de publicar un escueto comunicado de prensa y seguirá sin rendir cuentas ante la opinión pública. 

Como conclusión, cabría recomendar a la Contabilidad Nacional del INE que se mantenga siempre atenta a la marcha de las bases imponibles de los impuestos que publica trimestralmente la Agencia Tributaria. Es un magnífico ejemplo del incalculable valor de la información que todos los contribuyentes, familias y empresas, declaramos a Hacienda. La base imponible agregada de los impuestos es una síntesis casi censal de la actividad económica española y el crecimiento que la AEAT publica al final de cada trimestre registra revisiones de magnitud muy reducida. A modo de ejemplo, en el informe mensual de octubre de 2021 las bases imponibles de los nueve primeros meses de ese año crecían un 12,4%, no muy lejos del 13,3% en que se cifra hoy el crecimiento de las bases en 2021. Si a principios de 2022 la Contabilidad Nacional del INE hubiera usado esta información, el PIB de 2021 casi habría recuperado el nivel de 2019 y todo el discurso económico postpandemia habría sido distinto, inyectando a la ciudadanía un merecido optimismo que entonces se le hurtó.

Lo que no se mide rápidamente se vuelve invisible. Lo invisible se pierde. Y sobre lo que se pierde no se puede actuar ni remediar (Naciones Unidas).

El acuerdo de investidura entre el PSC y ERC incluye modificaciones importantes en materia fiscal. El principal cambio apunta a una revisión general del sistema de financiación, por el cual la Generalitat recaudaría la totalidad de los impuestos y después haría dos aportaciones al Estado: una para compensar por los servicios que este le presta y otro para contribuir a la solidaridad territorial.

Como muchos han adelantado, de desarrollarse esta propuesta se operaría un cambio sustancial en el sistema de financiación autonómica. Sin embargo, a pesar de su trascendencia, este no es el asunto principal que tratar en este artículo, y pido al lector que simplemente se imagine que el equilibrio financiero entre Catalunya y el resto de España sigue igual. Ello permite centrar la atención en el otro gran reto planteado en el acuerdo: la plena descentralización de la gestión de los impuestos y sus efectos sobre la información disponible. 

Para entender la importancia de este cambio, conviene por un momento recordar los equilibrios actuales entre Estado y Comunidades Autónomas en materia de recaudación y gestión. El cuadro adjunto recoge siete de los principales impuestos de nuestro país, detallando la recaudación, la gestión y la capacidad normativa, entendiendo esta última en el sentido más básico de establecer el nivel de carga fiscal.

Como puede verse, hay dos tendencias claras. Por un lado, si nos atenemos a las magnitudes, el sistema fiscal actual otorga una preeminencia indiscutible a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) como gestor de los impuestos. En total, la recaudación que gestiona el organismo supone aproximadamente un 20,5% del PIB, frente aproximadamente un 1,2% gestionado directamente por las comunidades autónomas. La ya existente Agencia Tributaria de Cataluña administra estos impuestos más los tributos propios, como cualquier otra región. Las haciendas forales vascas y de Navarra asumen plenas competencias en sus territorios. 

Gestionar conlleva un gran poder. El más evidente es el control de la recaudación, por cuanto en cualquier ulterior negociación quien tiene “la llave de la caja” parte de una posición de mayor fuerza. Como todo el mundo es consciente de las implicaciones que tiene esta condición, no hace falta reiterar tampoco este argumento.

Pero gestionar también es conocer de primera mano cómo operan los impuestos (quién paga y cuánto) y potencialmente dar a conocer esta información en un ejercicio de transparencia. En nuestro país se da por sentado que Hacienda dispone de los mejores datos sobre los particulares y las empresas. Ello permite que investigadores y periodistas se apoyen en esta información para su trabajo, o también que los partidos políticos utilicen estos registros para atajar viejos y nuevos problemas.

A modo de ejemplo, se puede citar la mejora en la gestión del Ingreso Mínimo Vital gracias al recurso a la información de Hacienda. También la reciente aparición de una base de datos con los precios de alquiler de la vivienda recabados por la Agencia Tributaria y que ha permitido al Instituto Nacional de Estadística (INE) elaborar un índice de precios de la vivienda en alquiler. La ley de vivienda prevé, además, que un nuevo índice se convertirá en 2025 en la referencia para la renovación anual de los contratos. 

Norma no escrita

Las ventajas de una Hacienda moderna no deben, sin embargo, darse por sentadas. Más bien al contrario, es el resultado de una norma no escrita del sistema actual una vez comenzó a producirse su modernización en la transición a la democracia.

Desde 1977, Hacienda ha buscado poner en valor la corriente informativa de los principales impuestos como una contrapartida al mayor esfuerzo fiscal que requiere de los ciudadanos. Ello se hizo patente primero en las estadísticas de IRPF, cuya periodicidad llegó a ponerse por escrito en el primer Reglamento del impuesto. La misma lógica se aplicó después al Impuesto sobre Sociedades y, finalmente, al IVA.

Sin esa información, que determina no solo la recaudación devengada, sino también la base imponible (la renta de las personas en el IRPF o el beneficio empresarial en Sociedades), nunca se sabría de verdad cuál es el potencial recaudatorio de un impuesto. La transparencia y el detalle en la recaudación de los tributos es un aspecto decisivo, porque permite asimismo cuantificar el impacto de las deducciones y exenciones, que muy a menudo tiene un efecto igual de importante que la elección del tipo impositivo.

Finalmente, si se manejan con el debido cuidado, las estadísticas fiscales junto con otros agregados macroeconómicos proporcionan una buena aproximación a la magnitud del fraude fiscal. Por estas razones, el Estado y todos los agentes sociales deben poner en valor el aparato estadístico actual. 

El reverso a esta situación también se puede ver en nuestro país con dos experiencias de descentralización en la gestión de los impuestos. La primera y más obvia se produce con los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP-AJD) y Sucesiones (ISD) que las comunidades autónomas gestionan en sus respectivos territorios.

La forma en que se realizó el trasvase de estos impuestos en 1997 solo obliga a las regiones a publicitar la magnitud de la recaudación y poco más. En la práctica, algunas administraciones, como la Junta de Andalucía, tienen el mérito de proporcionar información más detallada, pero muchas otras viven casi en una era pre-estadística.

Eso produce situaciones clamorosas, como por ejemplo en el caso del Impuesto de Sucesiones, en el que se desconoce cuánta gente lo paga, el valor de las herencias (o donaciones) y su distribución. En consecuencia, todos los cálculos sobre la pérdida de recaudación debido a las múltiples exenciones concedidas en las últimas décadas tienen una base muy endeble. Esta laguna informativa sorprende aún más porque hace más de un siglo, en 1900, el Ministerio de Hacienda era capaz de publicar una estadística más completa sobre este impuesto a pesar de disponer de medios técnicos ínfimos en comparación con los actuales. No es por tanto una cuestión de medios, sino de voluntad política. 

El lector posiblemente tenga entonces dos preguntas. La primera y más obvia, ¿por qué no se publican más y mejores datos? Principalmente porque la opinión pública de cada comunidad autónoma desconoce el valor de esta información, lo cual me lleva a recalcar la cita que iniciaba este artículo: Lo que no se mide, rápidamente se vuelve invisible. El sistema fiscal se hace más difícil de juzgar para los ciudadanos de forma que a un contribuyente le resulta casi imposible saber si paga mucho o poco en comparación con el resto de los ciudadanos de otras CCAA.

Una segunda pregunta derivada de esta situación es: ¿y por qué el Estado no facilita una coordinación o una recuperación parcial de la información? La respuesta es que ello obligaría a poner de acuerdo a todas las CCAA, misión imposible o muy cara para cualquier gobierno. 

El otro caso paradigmático de descentralización se produce en los territorios forales, País Vasco y Navarra, que tienen una plena independencia para establecer la normativa y recaudar los impuestos en sus respectivos territorios. Históricamente, al menos hasta 1978, el concierto económico se fundamentaba en la búsqueda deliberada de opacidad por parte de las haciendas forales, ya que sus responsables creían que, cuanto menor fuera la información disponible, más fácil resultaría negociar la renovación del cupo con el Estado.

Esta situación solo ha comenzado a cambiar en las últimas décadas, en parte porque la fórmula para calcular el cupo ha quedado establecida sobre principios fijos desde 2002, y en parte por transparencia hacia sus propios ciudadanos. Pero incluso hoy en día sigue habiendo una brecha estadística abismal entre las haciendas forales y la AEAT. Esto se puede comprobar viendo la parquedad de las memorias anuales, los resúmenes estadísticos y también la ausencia de microdatos en las haciendas forales. Este oscurantismo no facilita, sino que dificulta medir correctamente los flujos del cupo y, en última instancia, anula la posibilidad de comprobar el alcance de las políticas públicas.

¿Hacia una Hacienda federal?

Si volvemos al texto literal del acuerdo ERC-PSC cabría pensar que la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) terminará con un poder de gestión similar al de las haciendas forales vascas y navarra. El acuerdo, no obstante, aporta una perspectiva gradual que daría a la ATC la posibilidad de gestionar primero el IRPF y el IVA de las pequeñas empresas durante el ejercicio de 2025.

Si de verdad se va a ir en esa dirección podemos estar seguros de que empieza un largo proceso de negociación en el que participarán todos los partidos con representación en las Cortes. De hecho, en una hipotética reforma de la ley de financiación autonómica no es descabellado pensar que otras comunidades también reclamen para sí la gestión de los impuestos, con independencia de las fórmulas de financiación. De avanzarse en esta línea, se iría hacia el fortalecimiento de las Haciendas autonómicas y el debilitamiento de la Hacienda del Estado. 

El punto fundamental de este artículo no es el de rechazar este escenario, pues si uno se compara con otros países existen tantos modelos de gestión como se pueda imaginar. El énfasis debe situarse en la necesidad de preservar, como mínimo, el caudal de información actual como garantía de una Hacienda moderna y transparente con sus ciudadanos.

Ello obligaría a que, si efectivamente se avanza en esta senda, sería necesario que existiese un organismo coordinador que, en el espíritu de unión federal, asegurara la continuación de este caudal informativo y, adicionalmente, publicitara los supuestos que subyacen a la transferencia entre haciendas autonómicas y Estado.

No habría obstáculo alguno para la integración de las haciendas vascas y navarra en este sistema, por cuanto el concierto económico vigente no excluye esta posibilidad. El escenario contrario equivaldría a una voladura descontrolada del sistema actual que, sin duda, acrecentaría la sensación de agravio entre ciudadanos.

La semana pasada se produjo una excelente noticia que, desafortunadamente, pasó desapercibida en el fragor de los titulares. La Encuesta de Población Activa (EPA), una de las principales fuentes de información sobre la evolución del empleo en España, publicó una revisión que eleva el número de trabajadores ocupados en 177.000 personas en el año 2023 (una subida del 0.8%). Como indica la nota de prensa publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este cambio es el resultado de que “La EPA ha incorporado a sus estimaciones de 2021 a 2023 las cifras del Censo de Población y Viviendas de 2021".

En 2023 los nuevos datos censales elevan en 415.000 personas (un 0,9%) la población residente en viviendas familiares. El principal incremento (el 68% del total) se localiza en los extranjeros no comunitarios, cuyo número se eleva en 284.000 personas o un 6,5%. Esto hace que dos terceras partes del incremento de los trabajadores ocupados tiene como protagonistas a los trabajadores no comunitarios, cuyo número se eleva en 120.000 personas o un 5,8%.

Esta noticia tiene dos importantes consecuencias. Primero, confirma la buena marcha de la economía española y refuerza las tesis de aquellos que venimos sosteniendo que el crecimiento registrado en 2021 y 2022 fue más intenso que el estimado por la Contabilidad Nacional. En segundo lugar, este aumento del número de trabajadores extranjeros no comunitarios indica, como veremos, que no se ha producido una reducción del trabajo irregular. Este extremo también lo apuntábamos en otro artículo hace poco más de un año. La nueva perspectiva sobre el mercado laboral indica un mayor protagonismo del sector privado de la economía, especialmente de los asalariados y los autónomos que trabajan por si solos.

El gráfico adjunto muestra la magnitud de la revisión: el incremento en el número de ocupados alcanza las 200.000 personas en el tercer trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2023. Asimismo, el aumento supera ampliamente las 200.000 personas en el sector privado de la economía entre esas dos fechas. Por el contrario, el número de asalariados del sector público se revisa a la baja en unas 25.000 personas.

La revisión al alza de la ocupación no resta protagonismo al sector público en la recuperación tras la pandemia, pero reduce algo su importancia y, sobre todo, enfatiza la vigorosa recuperación del empleo privado. Entre 2019 y 2022 el número de trabajadores independientes no se redujo, sino que creció un 1%. El número de empresarios que emplean trabajadores creció más de un 4% y los asalariados del sector privado crecieron un 3,4%, más de un punto por encima de la tasa antes estimada. Estas cifras corroboran la buena salud del tejido empresarial en nuestro país.

El empleo equivalente a tiempo completo

Cuando se considera la aportación del empleo al crecimiento de la economía interesa atender no sólo al número de personas sino también la proporción que trabaja a tiempo parcial. Una de las evidencias que aportaba las anteriores series de la EPA era, precisamente, que el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial se reducía significativamente desde 2019 a 2022. La revisión de la EPA no altera estos resultados. Si se mira en particular el empleo asalariado cabe destacar que la proporción de empleo a tiempo parcial se reduce desde el 15,8% del total en 2019 a un 14,4% en 2022, como ocurría antes. El número de personas asalariadas crece ahora un 4,2% entre 2019 y 2022 frente al 3,5% anterior y los asalariados a tiempo completo crecen un 5,8% frente al 5,2% anterior.

Para medir la intensidad del empleo se recurre frecuentemente al concepto de empleo equivalente a tiempo completo, que combina las horas de trabajo para expresarlas en términos del empleo a jornada completa. Esta estimación puede hacerse de dos maneras. La más sencilla, utilizada por la Encuesta Estructural de Empresa (EEE) del INE, es sumar los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial, ponderando estos últimos por la fracción de jornada semanal que trabajan respecto a la jornada completa. Si las horas semanales trabajadas por los asalariados a jornada completa es de 32,5 horas y las de los trabajadores a tiempo parcial es de 17 horas la ponderación de estos trabajadores será 0,52. Con este procedimiento obtenemos que el empleo asalariado a tiempo completo ha crecido un 5,2% entre 2019 y 2022, un punto más que el número de asalariados.

Otra manera de medir el empleo equivalente a tiempo completo, recomendada por el Sistema Europeo de Cuentas (SEC), consiste en dividir las horas totales trabajadas de los empleados por la jornada a tiempo completo. Con las nuevas series de la EPA el número total de horas semanales trabajadas en 2023 por los asalariados es de 525 millones. Dividiendo por 30,2 horas, que es la jornada semanal efectiva media de los asalariados en 2023, obtenemos la misma cifra que con el procedimiento anterior: 16,18 millones de asalariados a tiempo completo, con un crecimiento del 5,2% sobre 2019.

Una perspectiva que completa estos resultados es que, con la revisión de la EPA, las horas efectivas totales trabajadas por los asalariados no caen un 0,6% entre 2019 y 2022, sino que crecen un 0,1%. No obstante, la jornada semanal efectiva media sigue cayendo, a pesar de la revisión, un 4% entre 2019 y 2022. Esta diferencia constata una flagrante contradicción con el práctico mantenimiento de las horas mensuales trabajadas que arroja la Encuesta Trimestral de Costes Laborales (ETCL) del propio INE, consistente con la Estadística Trimestral de Horas Cotizadas (ETHC) del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Esta anomalía en la medida de las horas trabajadas es, a nuestro juicio, la asignatura pendiente de la EPA.

El empleo irregular: EPA y Seguridad Social

La EPA no es la única fuente sobre el empleo en España y suele ser habitual acudir a los datos de afiliación a la Seguridad Social –el mejor registro administrativo– y la Contabilidad Nacional, la estadística de síntesis.

La comparación entre la EPA y la afiliación no es sencilla dado que la serie de afiliados que publica la Seguridad Social no se refiere a personas afiliadas sino a situaciones de afiliación. Una persona puede estar afiliada en diversos regímenes y contada más de una vez. Además, los funcionarios de mutualidades (MUFACE y otras) no están afiliados a la Seguridad Social. Pero existe una metodología establecida por el INE que calcula una afiliación ajustada usando precisamente el número de personas afiliadas y sumando los funcionarios de mutualidades. Con esta misma metodología calculamos una afiliación ajustada usando las series de plurafiliación, publicadas en el Anuario de Estadísticas Laborales, y las medidas del colectivo de funcionarios en Clases Pasivas (MUFACE, MUJEJU e ISFAS) en 2018 y finales de 2020, publicadas por el INE. 

La tabla muestra estos resultados. La afiliación ajustada del empleo asalariado se mueve entre 2019 y 2022 en estrecha sintonía con la ocupación asalariada de la EPA revisada, de manera que podemos estar razonablemente seguros de que en 2021 se recuperó el nivel anterior a la pandemia. En cambio, las estimaciones de la Contabilidad Nacional (CN) lo sitúan un 2,3% por debajo. Otra diferencia se registra entre 2019 y 2020: el empleo asalariado creció más de un 4% entre 2019 y 2022 según las dos fuentes, frente al 0,7% estimado por la Contabilidad Nacional. Por último, entre 2019 y 2023 el crecimiento del empleo asalariado es el doble del que estima la Contabilidad Nacional.

La combinación de fuentes arroja también otra perspectiva relevante. Tradicionalmente se ha interpretado la diferencia entre la EPA, que es una encuesta dirigida a las familias, y la afiliación ajustada, que recoge el empleo que cotiza a la Seguridad Social o Mutualidades, como un indicador del empleo irregular relacionado con la economía sumergida. En las anteriores series de la EPA podía existir algún pequeño indicio de una reducción de este tipo de situaciones, pero con las nuevas series podemos concluir que no ha existido un proceso de afloración de trabajo sumergido tras la pandemia. El número de trabajadores por cuenta ajena en situación irregular se mantenía en 2022 en el nivel de 2019, sumando más de medio millón de personas. Y en 2023 se incrementaron en 100.000 personas hasta las 630.000. Dado que cabe suponer que la gran mayoría son personas extranjeras en situación irregular, principalmente no comunitarios, resulta cabal pensar que los posibles beneficiarios de la futura regularización son más que las 550.000 personas inicialmente estimadas.

El tiempo de trabajo es un tema de creciente relevancia. El gobierno está dando los primeros pasos para aprobar una reducción gradual de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales y ya han comenzado las negociaciones con empresarios y sindicatos. Por otro lado, un número creciente de economistas están interesados por la evolución de la jornada efectiva de trabajo, es decir, considerando no solo el máximo legal, sino también el empleo a tiempo parcial y los periodos en que los trabajadores no están trabajando por diversos motivos (vacaciones, bajas, permisos, ERTEs, etc.). El FMI y la OCDE han destacado que, en las últimas décadas, las horas efectivas de trabajo han descendido de forma gradual y que la pandemia de 2020 ha podido acentuar este proceso. En España, el Banco de España y Fedea también han llegado a conclusiones similares dado que, en apariencia, la jornada efectiva de trabajo se sitúa todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Ambas cuestiones tratan sobre aspectos ligeramente distintos –en un caso es el máximo legal, en otro la jornada efectiva– pero existe una evidente relación. Si las horas efectivas vienen descendiendo, es legítimo preguntarse por el impacto que tendría la reducción de la jornada legal en el desempeño de la economía. La mayoría de las veces este interrogante se resuelve argumentando en términos de una posible mejora de la productividad. El sentido de este artículo es bien distinto. En realidad, buscamos poner de manifiesto que, en España, la reducción en la jornada efectiva producida desde 2019 está lejos de ser un proceso claro. Esta caída solo se refleja en una encuesta –la EPA– pero no en otras fuentes, entre ellas, una encuesta dirigida a las empresas (la Encuesta Trimestral de Coste Laboral o ETCL), la nueva estadística de horas de la Seguridad Social y la estadística de convenios de trabajo. Como argumentaremos, tras un examen en detalle, hay razones para dudar de que realmente se hayan reducido las horas efectivas de trabajo lo que sitúa, por tanto, el debate sobre el cambio en la jornada legal en términos sustancialmente distintos. Además, como veremos en un próximo artículo, el análisis de las horas de trabajo proporciona una imagen más completa sobre la recuperación económica experimentada en nuestro país a partir de 2021.

Antes de entrar en detalles, conviene situar las tendencias generales a partir de los registros disponibles. En España contábamos hasta hace poco con dos fuentes de información sobre el tiempo de trabajo, ambas del INE: la Encuesta de Población Activa (EPA), dirigida a las familias, y la ETCL, dirigida a las empresas. En fechas muy recientes –noviembre de 2023– ha aparecido la Estadística Trimestral de Horas Cotizadas (ETHC) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) que presenta la información de todos los cotizantes al régimen general de la Seguridad Social. En el gráfico adjunto se compara la jornada efectiva de trabajo de los asalariados según estos tres registros. A primera vista se comprueba que existen pequeñas diferencias en niveles. Estas son el resultado de utilizar distintas perspectivas sobre el empleo, principalmente sobre el pluriempleo, tal como detallamos en la nota metodológica. Sin embargo, el hecho relevante está en la gran similitud en las tendencias registradas en la EPA y la ETCL durante casi veinte años. Ambos registros señalan un descenso gradual en la jornada efectiva entre el 2000 y el 2014, de forma que en este periodo la jornada semanal efectiva se redujo en cerca de dos horas. Ambas estadísticas constatan que el tiempo de trabajo se mantuvo prácticamente sin cambios de 2014 a 2019 y también la fuerte caída en 2020, fruto de la paralización de muchas actividades a raíz del estallido de la pandemia. La gran diferencia se manifiesta en el periodo más reciente. Según la EPA, en los años 2021 a 2023 la jornada efectiva se sitúa todavía por debajo de los valores previos a la pandemia. La ETCL y la estadística de horas de la Seguridad Social, por el contrario, indican que las horas efectivas sí han recuperado los niveles de 2019. Explicar estas diferencias obliga a entender las diversas definiciones del tiempo de trabajo y las diferencias en las metodologías.

¿Cómo se miden las horas de trabajo?

Medir las horas de trabajo es un procedimiento complejo y, en ocasiones, los agregados pueden ser difíciles de interpretar. La ETCL constituye el mejor punto de partida debido a que proporciona el mayor detalle sobre el tiempo de trabajo y el coste laboral por hora trabajada en España. El siguiente cuadro expresa la jornada en horas semanales, que es la referencia más habitual para muchas personas. La variable protagonista son las horas efectivas trabajadas que se definen como las horas pactadas entre trabajador y empresa (incluyendo lo acordado por vacaciones y fiestas) más las horas extraordinarias y/o complementarias, menos las horas no trabajadas por vacaciones y fiestas, incapacidad temporal (I.T.), permisos, motivos económicos y otras causas. Las evidencias muestran que el tiempo de trabajo efectivo se mantuvo en 2022 en los niveles de 2019: 29,6 horas semanales, 128 mensuales y 1.540 horas anuales. Estos niveles pueden parecer bajos con respecto al máximo legal de 40 horas a la semana, pero reflejan las importantes diferencias en el tiempo efectivo según el tipo de jornada, que también recoge la ETCL. En 2022, los trabajadores a tiempo completo tuvieron una jornada efectiva de 1.705 horas al año frente a las 962 horas de aquellos en jornada parcial.

Una perspectiva muy parecida se obtiene en la nueva estadística trimestral de horas cotizadas de la Seguridad Social (ETHC). Este registro proporciona las horas cotizadas y las trabajadas a partir de los datos de las cotizaciones abonadas por las empresas. Las horas cotizadas proceden de los registros de la SS para los trabajadores a tiempo parcial y los fijos discontinuos, mientras que para el resto de trabajadores se utilizan las pactadas en los convenios. A grandes rasgos, pueden asimilarse a las pactadas de la ETCL. En 2022, según la ETHC las horas cotizadas anuales por trabajador -incluyendo tanto a tiempo completo como parcial– se cifran en 1.737. Son niveles similares a la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo que, en 2022, registra una media de 1.743 horas al año pactadas para los trabajadores a tiempo completo. De hecho, esta última estadística añade un punto relevante. Al transformar las horas anuales en una media semanal es habitual tomar como referencia 52 semanas, pero es más preciso dividir por 45,6 semanas para descontar los periodos de vacaciones y festivos. Una vez hecho este ajuste se obtiene la jornada semanal pactada que, en los últimos años, se sitúa en torno a las 38 horas.

Estos registros son muy distintos de la EPA, la fuente habitualmente más citada por los economistas para estudiar la evolución de las horas trabajadas. Es una gran encuesta (recoge a 60.000 hogares al trimestre) en donde primero se pregunta a las personas si tienen un empleo y, además, si estuvieron trabajando en la semana de referencia. Los asalariados se considera que están ocupados cuando tienen un empleo, aunque en esa semana no hayan trabajado por causas económicas, por disfrutar de las vacaciones, por estar de baja (enfermedad, accidente), o con permiso para el cuidado de niños o familiares. Finalmente, a los ocupados se les pregunta también por sus horas de trabajo, tanto de las habituales, como de las que efectivamente han desempeñado –incluyendo las horas extra– en la semana de referencia.

¿Qué ha pasado en los últimos años?

El primer punto de comparación debe hacerse entre las horas habituales o pactadas. Como se ve en el gráfico, la EPA, la ETCL y la nueva estadística de horas muestran una gran coincidencia en las tendencias durante los últimos quince años. De esta forma, en 2023, los asalariados trabajaron habitualmente 37 horas en su empleo principal, según la EPA, mientras que de acuerdo con la ETCL las horas pactadas alcanzaban las 35 horas a la semana. No hay indicio alguno de que se produzca una caída de las horas pactadas a partir de la pandemia. Al contrario, según la ETCL, las horas acordadas han subido un 1,4% desde 2019, o lo que equivaldría aproximadamente a media hora más a la semana. La tendencia creciente en los años más recientes se aprecia también en las horas cotizadas en promedio a la Seguridad Social.

No obstante, el indicador económico más relevante es el de las horas efectivamente trabajadas y, tal como se mostraba en el primer gráfico de este artículo, en años recientes se registran una brecha creciente entre la EPA, por un lado, y la ETCL y ETHC, por otro. Resulta lógico que, si se coincide en cuantificar las horas habituales o pactadas, pero no en las efectivas, la discrepancia está en el cómputo de los periodos en que los asalariados no están trabajando. Sin embargo, la comparación plantea el problema de que la EPA no proporciona las horas semanales no trabajadas (por vacaciones, enfermedad u otros motivos), pero sí el número de asalariados que no han trabajado en la semana desglosados por el motivo de la ausencia. Lo más útil, por tanto, es analizar los principales motivos por los que habrían podido aumentar las horas no trabajadas.

La primera causa que pudo afectar a la jornada efectiva ha sido la suspensión de la actividad fruto de los ERTEs. Las dos encuestas –EPA y ETCL– coinciden en constatar la enorme caída (un 8%) en las horas trabajadas en 2020, lo cual es un gran mérito teniendo en cuenta los enormes problemas derivados del volumen inédito de horas pérdidas y los asociados a la recogida de datos en medio de una pandemia. La nueva estadística de horas coincide en la intensidad de la caída y arroja, además, un dato hasta ahora poco conocido: en 2020 los ERTE ascendieron a un total de 2.156 millones de horas (o el 8% de las pactadas ese año). Desde una óptica distinta, la EPA registró en ese año a un 6% de los asalariados en ERTE o suspensión de empleo. La pandemia fue un hecho inédito en nuestra economía y, sin embargo, todos los registros constatan que el shock no ha tenido efectos perdurables después de 2021.

La segunda causa potencialmente más importante son las bajas por enfermedad y permisos para el cuidado de los hijos. Como se puede ver el siguiente gráfico, todos los registros indican un fuerte incremento del tiempo no trabajado debido a estos motivos. Sin embargo, también se debe poner en contexto estas cifras. Aunque las horas no trabajadas por enfermedad, accidente o incapacidad temporal han subido bastante en tres años (entre el 30-37%), su peso sobre el total de horas pactadas sigue siendo pequeño, en torno a un 5%. La ausencia de discrepancias entre la EPA, la ETCL y los registros de la Seguridad Social permite además descartar que esta sea el foco de la diferencia.

La brecha más importante se debe a un tema que en apariencia debería ser tan fácil de medir como son las vacaciones. La EPA es el único registro que señala un extraordinario crecimiento de los asalariados con vacaciones. De hecho, como se observa en el gráfico, antes de la pandemia un 5% de los asalariados en nómina declaraban estar de vacaciones, mientras que en los dos últimos años este porcentaje ha subido hasta cerca del 7%. Una subida de esta magnitud eclipsa todas las otras causas. Además, es un patrón extraordinario que no tiene reflejo en otros registros. La ETCL apunta en un sentido contrario: las horas correspondientes a vacaciones se han mantenido estables (o ligeramente reducido).

Conclusión

Este artículo no puede resolver este enigma, pero sí proponer alguna forma de aclararlo. La pandemia de 2020 no parece que haya alterado el ritmo de desarrollo de la economía española, pero sí ha supuesto un reto sin precedentes para las estadísticas económicas en nuestro país. Este reto no es único y muchas otras economías desarrolladas también han visto perturbaciones en sus indicadores de referencia, fruto de diversos procesos como es el aumento del teletrabajo o el breve pero intenso periodo de inflación. En este contexto, la solvencia de los principales indicadores sobre el empleo –la EPA y los registros de la Seguridad Social– están fuera de toda duda. Sin embargo, en un aspecto clave como son las horas efectivas de trabajo, la EPA, dirigida a las familias, y la ETCL, dirigida a las empresas, muestran la mayor discrepancia desde que existe un marco comparable de análisis. Esta diferencia no es un mero detalle y, dado que es previsible un intenso debate sobre las posibilidades y oportunidades que ofrece la reducción de la jornada legal, es más importante que nunca tener un diagnóstico certero. Hoy es más urgente que nunca que las autoridades estadísticas aclaren las discrepancias entre las fuentes y establezcan un marco informativo sólido sobre el tiempo de trabajo en España.

A corto plazo, sería factible explorar tres vías para solucionar esta paradoja. Primero, se debería retomar el ejercicio de conciliar las cifras de empleo en la EPA y los registros administrativos para así convertirlo en una práctica regular. Como señalamos hace tiempo, los últimos estudios al respecto datan del año 2018 y, en este caso, podrían ampliarse para analizar las diferencias en horas pactadas y, también, en las efectivamente trabajadas. Otro avance importante se obtendría si la ETCL publicara, además de las ratios por trabajador (costes salariales y horas), la cifra de asalariados y los datos de horas totales trabajadas. La principal limitación de la ETCL en la actualidad es esta ausencia de “elevación a población” de sus registros. Este rasgo resulta particularmente sorprendente porque la ETCL es también la fuente de referencia sobre el número total de puestos de trabajo vacantes por sectores y por comunidades autónomas. Por último, sería idóneo que el INE recuperase, como un módulo de su Encuesta anual de Coste Laboral, la Encuesta sobre el tiempo de trabajo en España, que dejó de publicarse en el año 2000. El salto informativo sería mayor si pudiéramos conocer la jornada pactada y la efectiva en función de variables tan relevantes como el sexo, la edad, la nacionalidad, la ocupación, el nivel de estudios, la antigüedad en la empresa o el tipo de contrato. Para ello sería preciso investigar no sólo los centros de cotización sino una muestra de trabajadores de esos centros como hace el INE para los salarios por persona en su magnífica Encuesta de Estructura Salarial.

El IVA representa el 26% de los ingresos por impuestos en los países de la Unión Europea y un 28% en España. Es también un importante recurso propio de la Unión, dado que los países transfieren una parte de la recaudación para financiar el presupuesto común. Debido a su importancia, la Comisión Europea publica todos los años un informe que compara la brecha del IVA en los países de la Unión, siguiendo una metodología común. En el último informe, publicado este último mes de octubre, España aparece con una brecha prácticamente nula en 2021. Ya avisamos en un artículo del 2 de enero de 2023 que este escándalo iba a producirse, razón que motiva que en este artículo repasemos todos los ingredientes que dan lugar a un titular tan sorprendente como anómalo.

Al igual que en otros impuestos, con el IVA se puede aproximar el grado de cumplimiento utilizando agregados macroeconómicos (en una metodología top-down). Básicamente, existen dos métodos para estimar el fraude en el IVA. El primero, que es el utilizado en el Informe de la Comisión Europea que acaba de publicarse, usa los datos de la Contabilidad Nacional y otras fuentes estadísticas para estimar el gasto final sujeto a IVA, aplica a cada producto el tipo impositivo vigente y obtiene así un tipo medio ponderado. Con estas cifras, se estima la recaudación teórica, es decir, si todo el sistema funcionara a la perfección, y, después, se compara con el IVA efectivamente recaudado. La diferencia es la brecha del IVA (VAT gap, en inglés), un concepto que aproxima las pérdidas “debido a fraude fiscal, evasión fiscal, prácticas de optimización y elusión fiscal, quiebras, insolvencias financieras, así como errores de cálculo y administrativos”.

El otro método es el declarativo. En este procedimiento se compara directamente el gasto final sujeto a IVA de la Contabilidad Nacional (también llamado gasto contable), con el procedente de las declaraciones de los contribuyentes (o gasto declarado). La diferencia recoge la infradeclaración en las bases imponibles por las mismas razones antes aducidas. Este procedimiento es el más robusto, ya que no requiere estimaciones del tipo impositivo de cada actividad (o producto) para obtener como resultado un tipo medio de IVA. El método declarativo exige, sin embargo, que los países cuenten con estadísticas detalladas en las que los contribuyentes reflejen sus compras y ventas. España es uno de los pocos países que mantiene este tipo de registros y, por ello, fue este el procedimiento usado por nosotros en artículos anteriores.

En aras de la transparencia y el debate, en este artículo presentamos los resultados obtenidos con ambos métodos. Pero la primera conclusión relevante es que, en el caso español, los resultados no cambian en lo fundamental si se opta por uno u otro. Como muestra el gráfico, ambos coinciden en señalar una reducción inédita en la brecha del IVA entre 2019 y 2021. En el resto del artículo analizamos, punto a punto, los factores que podrían estar motivando este cambio para terminar señalando los déficits en las cifras actuales del PIB.

La brecha en la recaudación

El último informe de la Comisión Europea recoge el fraude en la recaudación del IVA para España en los últimos años. En el periodo de 2017 a 2019 se estimaba en torno al 7,5%, en 2020 la brecha se reduce al 5,5% y desaparece prácticamente en 2021 (un 0,8%). En cifras absolutas el cambio resulta impresionante: en 2019 el fraude en IVA se estimaba en 6.800 millones de euros y en 2021 sólo en 662 millones. ¡Una prodigiosa reducción del 90%!

Los resultados del caso español son más relevantes si se ponen en relación con los otros países de la Unión. En el siguiente gráfico se muestra el tamaño de la brecha en IVA en 2021. Según esta comparación, España se situaría, junto con Finlandia y los Países Bajos, entre los países con mayor grado de cumplimiento. Por el contrario, economías más parecidas a la española por su marco institucional y nivel de desarrollo, como son Portugal o Italia, muestran niveles muy superiores de fraude. Incluso las dos grandes economías de la eurozona –Francia y Alemania– saldrían con una brecha superior en la recaudación de IVA.

En la Europa de los 27, la brecha del IVA también se ha reducido de forma notable durante estos años. Para toda la Unión, se ha pasado del 10,7% en 2019 al 5,3% en 2021. Las reducciones, en términos porcentuales, han sido muy importantes en España, Holanda, Alemania, Italia, Polonia, y Chequia. Parte de este fenómeno puede deberse a la infraestimación del PIB. De hecho, los datos utilizados en el informe no recogen la última revisión realizada para el caso español, ni tampoco modificaciones importantes para otros países (Italia, Chequia, Chipre, etc.). A fecha actual, sabemos que la revisión del PIB en España fue bastante tímida y puede afirmarse que con los nuevos datos el IVA teórico se elevaría dos puntos aproximadamente. La brecha del IVA en nuestro país seguiría siendo increíblemente baja: 2.100 millones de euros, o un 2,5% de la recaudación teórica.

Otra razón sería la mejora en los niveles de cumplimiento. En este caso, cabe destacar que si España figura, desde hace tiempo, entre los países de reducida brecha del IVA es debido a la existencia de las declaraciones de operaciones con terceros. Desde 2017, además, con la implantación del sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) que obliga a las grandes empresas al envío diario de las facturas de compras y ventas, este control es más eficaz. Pero estas mejoras no eliminaron el fraude antes de 2019 y, resulta muy dudoso, que aumentaran su eficacia en estos años. Las autoridades también han señalado que el fraude podría haberse reducido por un mayor uso de tarjetas de crédito en los últimos años. El problema de este argumento es que obvia que no todas las compras (sea con tarjeta o en efectivo) se registran por igual a efectos del IVA. Todavía en la actualidad ocurre que importantes colectivos de contribuyentes (empresarios en módulos y los pequeños comercios regentados por personas físicas) tienen unas ventas declaradas en el IVA determinadas por sus compras (u otros indicadores), y no por sus ingresos reales. Como señalamos en la nota metodológica, la importancia relativa de estos grupos no se ha reducido. Además, el fraude puro y simple sigue ahí. De acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Fiscales, casi una tercera parte de las personas reconoce que le han ofrecido no incluir el IVA al pagar algún producto o servicio.

La extraordinaria caída de la brecha del IVA en 2020 y su práctica desaparición en 2021 debe atribuirse, sin ninguna duda, a la subestimación, por parte de la Contabilidad Nacional del gasto final sujeto a IVA en 2020 y 2021. Para entender el alcance de este fenómeno, resulta más útil analizar los puntos clave desde la perspectiva de las bases imponibles.

Gasto declarado y gasto contable

La comparación del gasto sujeto a IVA requiere establecer una referencia homologable entre las bases imponibles declaradas y la base teórica que se desprende de las cuentas nacionales. En España, el cálculo de la base imponible teórica lo realiza el propio INE para obtener la base uniforme del IVA que exige la Unión Europea y para la construcción del indicador para el reparto de la recaudación del IVA entre las Comunidades Autónomas. Desgraciadamente, la breve nota metodológica que publica el INE solo recoge el reparto territorial, pero no la base imponible teórica que elabora. Como alternativa, hemos calculado una base teórica con los últimos datos de la Contabilidad Nacional, según se detalla en la nota metodológica. Este indicador puede después compararse con el gasto final sujeto recogido en las estadísticas de la Agencia Tributaria si se tienen en cuentas las diferencias territoriales (es decir, entre el territorio nacional y el administrado por la AEAT que excluye País Vasco, Navarra y Canarias). Los datos que subyacen a estas estimaciones están asimismo disponibles para los lectores interesados.

El hecho más importante se reproduce en el siguiente gráfico, que compara esta base teórica sujeta a IVA y las bases imponibles declaradas a Hacienda. Entre 1995 y 1997 la diferencia entre el gasto contable y el declarado rondaba el 18%, en línea con los índices de fraude superiores al 20% que estimaba el Instituto de Estudios Fiscales en la primera parte de esa década. Pero desde 1998 a 2016 se ha mantenido en torno al 10% del gasto contable y en el trienio 2017-2019 anterior a la pandemia se cifra en un 8,5% o unos 50.000 millones de euros anuales. En 2020 se reduce a un 3% y en 2021 y 2022 se hace negativo, de manera que el gasto declarado a Hacienda supera el estimado por la Contabilidad Nacional, lo que es imposible. El fraude negativo no puede darse porque el PIB recoge actividades informales e ilegales que, por definición, no aparecen en las estadísticas tributarias (aunque sea ocioso señalarlo, los narcotraficantes no presentan declaraciones de impuestos). El tratamiento generoso que se hace en términos fiscales de determinadas ventas (como señalábamos antes sobre empresarios en módulos y pequeños comercios) empujarían de forma adicional a que esta diferencia fuese positiva. En suma, para corregir esta anomalía, la Contabilidad Nacional debería elevar el gasto sujeto a IVA en 2020 en unos 30.000 millones de euros y en 2021 y 2022 en unos 60.000 millones de euros. De lo contrario, España seguirá apareciendo como un imposible fraude negativo en 2021 y 2022 como se observa en el gráfico.

¿Suben o bajan los impuestos?

La discusión sobre las cuentas nacionales y el gasto en el IVA debe continuarse, pero también es cierto que para muchos ciudadanos este tema siempre resultará lejano y complejo. Sin embargo, los datos que se utilicen también deben responder a preguntas relativamente sencillas como, por ejemplo, si los impuestos han subido o bajado en los últimos años. Con las cifras anteriores (ver la nota metodológica para más detalles) se puede calcular un tipo medio de gravamen en el IVA de acuerdo con la Contabilidad Nacional y con los registros de la Agencia Tributaria. Los resultados aparecen en el gráfico adjunto.

El hecho decisivo está en las tendencias relativas. Si nos atenemos a los datos del PIB del INE, en España se ha producido un aumento muy considerable del tipo implícito en el IVA. Este habría pasado de estar en torno al 13,5% entre 2015 y 2019 al 15,2% en 2021. Una subida de 1,8 puntos en apenas dos años en los que no se han producido cambios normativos relevantes resulta un misterio se mire como se mire, ya que es casi tan fuerte como la que se produjo a partir del incremento de tipos de septiembre de 2012, cuando el tipo general pasó del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10%. Por el contrario, los informes de recaudación de la Agencia Tributaria indican que en 2020 el tipo medio de IVA no varía y en 2021 se registra un descenso de una décima de punto fruto de una primera bajada del tipo de la electricidad de los hogares (desde el 21% al 10%), que compensa sobradamente la subida en el tipo de las bebidas azucaradas. La tendencia descendente se acentúa en 2022 al añadirse la bajada adicional del tipo de la electricidad, junto con otras en el gas natural, la madera y los pellets.

¿Es la brecha fiscal una brecha estadística?

Esta breve nota sobre la situación del IVA y el alcance del fraude ponen de nuevo de manifiesto el desajuste entre las cuentas nacionales y las estadísticas tributarias en nuestro país. La razón última de esta diferencia se debe a un problema latente y no resuelto en sistema europeo de cuentas nacionales. En la Unión Europea, el cálculo del PIB y del resto de las magnitudes macroeconómicas debe hacerse según una serie de reglas comunes. Estas reglas vienen acompañadas de unas recomendaciones en las que se hace explícito el uso de los registros fiscales (referidos al valor añadido, salarios o beneficios) como una posible fuente de información. Sin embargo, lo cierto es que los institutos estadísticos de cada país gozan de un considerable grado de autonomía para operar con las fuentes que convengan. También existe un margen considerable para detallar con mayor (o menor precisión) el sentido de sus estimaciones.

En el caso español, el INE dispone desde la década de los 90 de información fiscal para realizar sus estimaciones, pero no se conoce cómo se emplean estos registros. El documento metodológico clave de las cuentas nacionales (la llamada guía-inventario) no es público y en su lugar solo disponemos de referencias parciales en donde sí se menciona al uso de fuentes fiscales como, por ejemplo, las ventas declaradas a Hacienda. No es cierto, como algunos han querido señalar durante el último año, que las bases imponibles declaradas a Hacienda sigan una lógica propia que les hace inservibles para tomar el pulso a la economía. Lo que sí ha sucedido es que, en España, nadie se ha preocupado de hacer un ajuste adecuado entre ambos registros que explique las diferencias y la evolución de estas en el tiempo. El gran shock económico de 2020 hizo saltar por los aires las pequeñas diferencias que existían hasta entonces y todavía tres años más tarde estamos preguntándonos por cuestiones básicas sobre la salud de nuestra economía y el verdadero alcance de la presión fiscal.

La experiencia de estos años ha puesto de manifiesto los errores que se producen cuando no se utilizan las estadísticas tributarias que proporcionan en España, con razonable rapidez, las magnitudes de salarios, rentas y gastos que declaramos la totalidad de los contribuyentes. Hace ya casi treinta años, Begoña Sanz, una experta en Contabilidad Nacional que trabajaba en el Instituto de Estudios Fiscales recordaba en un artículo titulado “Acerca de la exactitud de la Contabilidad Nacional” que las estadísticas tributarias constituyen, por su naturaleza, un suelo, una cuantificación mínima. En ese momento, el comentario venía motivado porque los salarios declarados a Hacienda en 1992 y 1993 superaban en un 7% los salarios publicados por la Contabilidad Nacional. El asunto llegó a ser publicado en El País, pero tuvieron que pasar varios años, con sucesivas rondas de revisión, para que el INE terminara por realizar el ajuste necesario.

¿Les suena este problema? Nuestros lectores habituales recordarán que durante los dos últimos años hemos puesto de manifiesto este mismo asunto con los salarios y que solo ha sido resuelto con la última revisión del PIB. Pero en el caso del gasto sujeto a IVA, que está estrechamente relacionado con el consumo de los hogares, la necesaria revisión está todavía pendiente. Un paso en la buena dirección sería que el INE publicara, como apéndice a sus estimaciones, la medida del gasto final sujeto a IVA que ya realiza para el reparto territorial de la recaudación. Otra medida, sin coste alguno, sería la publicación de la guía-inventario en donde los responsables de las cuentas nacionales detallan el sentido de sus estimaciones. Estas dos sugerencias van acordes a las recomendaciones de la AIReF en 2019 y las realizadas por una comisión de expertos en 2022. Esta mejora en la transparencia serviría para encauzar un debate sin tener que esperar a la próxima revisión de septiembre de 2024.

Desde el estallido de la pandemia, la opinión pública ha tenido que afrontar un relato particularmente pesimista sobre la evolución económica de nuestro país. España habría sufrido una recesión especialmente dura en 2020 y, después, solo se habría recuperado de forma muy parcial y a una considerable distancia del resto de economías de la Unión Europea. Hoy hemos conocido una enmienda a las series estadísticas que sustentaban este relato. Los nuevos datos del PIB publicados por el Instituto Nacional de Estadística arrojan una sustancial revisión del crecimiento registrado en 2021 (6,4 por ciento frente al 5,5 anterior). Este cambio, junto con el mayor crecimiento registrado al año siguiente, adelanta la recuperación del PIB previo a la pandemia al 2022 (y no en 2023, como hasta ahora se pensaba). Según la nueva perspectiva, España habría seguido una trayectoria más cercana a las tres grandes economías de la eurozona (Italia, Alemania y Francia).

Sin embargo, quienes hayan leído nuestros artículos durante estos últimos meses podrán fácilmente comprobar que este cambio es sustancialmente inferior al que apuntábamos. En nuestro análisis focalizábamos la atención en el PIB nominal del año 2021 y dábamos como rango posible de revisión entre el 3% y el 4,2%. La cifra publicada hoy revisa al alza el crecimiento nominal en ese año en el 1,3%. Es un cambio importante, pero la diferencia con nuestro trabajo sigue siendo considerable. Afortunadamente, con los datos publicados pueden apuntarse los puntos en común y, también, las diferencias. Este análisis tiene importantes conclusiones, pues con las revisiones incorporadas por el INE, el comportamiento de la economía española sigue arrojando muchos claroscuros. Analizar los datos del PIB no es un mero debate de cifras, sino que tiene derivaciones para las autoridades, los agentes sociales y la opinión pública.

Al igual que en otras ocasiones, conviene analizar el PIB desde tres ópticas distintas: las rentas, la producción y el gasto. En nuestros trabajos, focalizábamos las anomalías de las anteriores series de la contabilidad nacional en una o dos grandes partidas de cada perspectiva. Así, en el PIB por la vía de las rentas destacábamos la necesidad de revaluar los salarios y los excedentes empresariales. Al abordar el gasto, apostábamos por la necesidad de examinar y aumentar el consumo de los hogares y, también, la inversión en vivienda y otras construcciones. Por último, al analizar la economía por la vía de la producción, apuntábamos a la infraestimación en el valor añadido generado en diversas ramas, principalmente en la construcción y en los servicios de mercado. A grandes rasgos, los datos publicados hoy incorporan un cambio sustancial en algunos casos, mientras que en otras apenas se dan modificaciones.

Las rentas: más salarios, sin cambios en los excedentes empresariales

Si se analiza el PIB por la vía de las rentas, se comprueba un importante aumento de los salarios en los últimos cuatro años (2019-2022). El cambio es especialmente significativo en el caso de 2021, un año en el que se producía la incongruencia de que los salarios de la Contabilidad Nacional eran inferiores que los declarados a la Agencia Tributaria una vez se hacen los ajustes necesarios por los territorios forales (País Vasco y Navarra) y por aquellos percibidos por los empleados domésticos. Esta situación era un sinsentido que, afortunadamente, hoy se ha corregido. De hecho, la revisión al alza que hace el INE de la masa salarial en 2021 (un crecimiento anual del 7,5%) es prácticamente idéntica (un 7,7 %) a la que deducíamos de la estadística tributaria. Esta subida en la masa salarial en casi 15.000 millones sería el único cambio relevante en el PIB por la vía de las rentas. El INE también ha modificado al alza sus estimaciones de las horas trabajadas y aproxima las tendencias a los registros de la EPA. Ambos cambios son muy relevantes porque inciden en el buen el comportamiento del mercado de trabajo.

La sorpresa viene porque el excedente bruto de explotación de la economía nacional apenas se modifica. Dentro de esta gran partida se incluyen dos componentes fundamentales para conocer la salud del sector empresarial de nuestro país: la renta mixta de los autónomos y el excedente bruto de las sociedades no financieras. Aunque no será hasta la próxima semana que conozcamos el detalle suficiente de estas dos magnitudes, todo apunta a que apenas ha habido una modificación relevante. Este hecho sigue siendo sorprendente teniendo en cuenta la buena evolución de la variable más homologable –la renta bruta de explotación– según se recoge en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades.

El gasto: más inversión, sin cambios en el consumo privado

En el PIB por la vía del gasto se ha registrado una fuerte revisión al alza de la inversión, que se ve a su vez influida por un importante aumento en la inversión en viviendas y otras construcciones. De hecho, la inversión en estos dos activos ha pasado de crecer en términos nominales un 2,1% en tasa anual, a aumentar en 2021 en un 7,1%. Este cambio va en sintonía con la fuerte recuperación en la inversión inmobiliaria que apuntábamos en artículos anteriores (un incremento nominal del 9.3%) y permite disipar la imagen de que el sector de la construcción había vivido una recaída en 2021. El comunicado publicado hoy por el INE destaca la mejora en las fuentes de información en este sector, lo cual implícitamente señala las carencias de los registros anteriormente utilizados. En las cuentas publicadas también se registra una fuerte subida en la inversión en stocks e inventarios, un ámbito sobre el que no contemplábamos cambios. Aunque por definición esta es una partida muy volátil, sería útil conocer las razones de este cambio.

Por el contrario, apenas se han registrado modificaciones en el consumo de los hogares y la perspectiva que prevalece sigue siendo extraordinariamente pesimista. Esta situación contrasta con la más favorable evolución del gasto final sujeto declarado en el IVA que, como hemos argumentado en anteriores ocasiones, indica un mayor dinamismo del consumo de las familias. En unas semanas conoceremos estimaciones más detalladas para afinar la comparación entre ambas magnitudes.

El valor añadido: tímidas subidas en casi todas las ramas

En el estudio del PIB por la vía del valor añadido se constatan cambios en prácticamente todos los sectores, aunque también la intensidad de la revisión es menor de la que apuntábamos entonces. Conviene recordar que, en este caso, utilizamos exclusivamente la Estadística Estructural de Empresas que publica el INE y que en el comunicado elaborado hoy también se cita esta estadística como una fuente de información de la Contabilidad Nacional. Las discrepancias entre ambos registros deberían ser objeto de análisis si se quiere entender la adaptación de la economía española al mundo posterior a la pandemia. De nuevo, en unas semanas tendremos de información más completa.

Conclusión

Hace casi 600 días, en enero de 2022, Francisco Melis publicó un artículo con un simple título: “¿Subestima el INE el crecimiento del PIB en 2021?”. Salvo desconocimiento por mi parte, durante todo el año pasado, esta posibilidad ni siquiera era tomada en serio por la mayoría de los analistas y medios de comunicación. En muchos casos era más fácil seguir insistiendo en la anomalía española que en preguntarse por la consistencia de los datos del PIB. Es una buena noticia que esta nueva publicación de las cuentas nacionales permita zanjar el debate de “por qué no nos hemos recuperado de la pandemia” y que daba como resultado explicaciones de dudoso valor. Las series actuales del PIB proporcionan un mejor cuadro macroeconómico, pero siguen indicando importantes claroscuros. La tarea es entender ahora cuáles son las fortalezas y debilidades de la economía y para ello, resulta vital que todos los implicados tomen las cuentas nacionales como un primer punto de su análisis, y no como el final. La experiencia de estos años, y no solo en este país, demuestra que lo publicado inicialmente no tiene porque ser un balance muy preciso.

Los seguidores de la coyuntura en España tenemos la posibilidad, única en Europa, de analizar trimestralmente la evolución económica de las empresas con un grado de detalle inédito. Los nuevos registros del Observatorio de Márgenes Empresariales (OME) proporcionan una panorámica coyuntural muy completa sobre la salud del sector empresarial de nuestro país en lo referente a las ventas, compras, empleo, salarios y beneficios.

Estos mismos registros, una vez realizados los ajustes necesarios, deberían mejorar también la información de coyuntura de la economía, tal como se mide a través de la Contabilidad Nacional Trimestral de España. Este artículo proporciona un repaso de estas variables en la coyuntura actual y también indica algunas sugerencias con vistas a la mejora en el futuro.

Durante años, las ventas han sido el principal indicador que ofrecía la Agencia Tributaria para conocer la marcha de las empresas. Y también para el INE que, como principales indicadores mensuales de coyuntura, publica el Índice de Cifra de Negocios, el Índice de comercio Minorista o el Índice de Producción Industrial. Las ventas proporcionan lo que comúnmente se llama la facturación, es decir, el valor de los bienes y servicios que las empresas suministran a sus clientes.

Estudiar las ventas constituye el mejor punto de partida para conocer el negocio empresarial y es una buena aproximación en contextos de normalidad, en los que las ventas y las compras tienen evoluciones paralelas. Ahora bien, cuando esto no sucede, como ha sido el caso de los dos últimos años, la imagen que proporcionan las ventas puede llevar a equívocos.

Es en estos casos cuando cobra mayor importancia el valor añadido, la diferencia entre las ventas y las compras realizadas por estas mismas empresas de bienes y servicios para el normal funcionamiento de la producción. En una empresa es una de las variables más relevantes, como también lo es para analizar la economía de un país (el PIB no es otra cosa que el valor añadido).

Hace algo menos de un año, en otoño de 2022, la estadística tributaria de Ventas de Grandes Empresas y Pymes societarias (VESGEP) añadió las compras a la serie de ventas ya publicadas, ambas con el mismo detalle sectorial. Este verano de 2023 se ha dado un paso trascendental con la aparición del OME que desarrollan conjuntamente el Ministerio de Asuntos Económicos, el Banco de España y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El Observatorio proporciona una información mucho más sistemática de la cuenta de resultados de las empresas, al combinar tanto las declaraciones trimestrales de IVA y salarios con la información –mucho más completa, aunque se conoce con mucho retraso– del Impuesto sobre Sociedades.

Las dos estadísticas –VESGEP y el Observatorio– permiten ilustrar este contraste entre ventas y valor añadido. En el último trimestre disponible, el crecimiento interanual de las ventas se cifraba en un 1,1% según la primera estadística (VESGEP), mientras que el Observatorio indica que las ventas caen un 3,3% en el mismo periodo. La diferencia se debe, entre otras cosas, a la inclusión en este último del sector eléctrico, ausente en VESGEP.

Estos indicadores invitarían a pensar que el sector empresarial de nuestro país se encuentra en una situación de débil crecimiento o estancamiento. Sin embargo, la atonía de las ventas se acompaña de una atonía superior de las compras, arrastradas por las caídas en el refino del petróleo y la generación de electricidad, de manera que la diferencia entre ventas y compras, que aproxima el valor añadido generado por las empresas, registra un crecimiento nominal del 7%.

Esta magnitud es similar a la estimada por el INE en la Contabilidad Trimestral para el valor añadido del sector mercantil no financiero. Nótese también en el gráfico, que refleja la evolución de las ventas menos compras, que el 7% es el menor crecimiento de los 9 últimos trimestres, pero es también el crecimiento medio del año 2019, antes de la pandemia.

Con esta información se puede calcular una primera ratio; el margen de ventas que expresa el valor añadido en porcentaje de las ventas. Este margen estaba situado en el segundo trimestre de 2022 en torno al 22% y se ha elevado al 23-24% en el segundo trimestre de 2023, como puede verse en la tabla adjunta. Puede parecer una pequeña diferencia, pero este cambio indica una mejora en el uso de los recursos, es decir, que las empresas generan un mayor valor añadido sobre su facturación. El crecimiento del margen de ventas en 2023 es una de las características más relevantes de la coyuntura reciente.

El margen de ventas varía notablemente según la actividad productiva. Con los datos trimestrales del Observatorio puede estudiarse hasta para 73 actividades, aunque con vistas a simplificar el análisis, el cuadro adjunto presenta su valor en 2022 para 13 grandes sectores. El margen ronda el 16% en la industria manufacturera y el comercio, pero supera el 30% en las restantes actividades de servicios alcanzando el 40% en las actividades de transporte y almacenamiento. El segundo bloque del cuadro, que presenta las tasas de variación anual de las ventas, las compras y de la diferencia, ilustra ampliamente las limitaciones de las ventas como señal de la coyuntura de los sectores. La industria es la principal beneficiaria de las caídas de compras en el segundo trimestre de 2023: las ventas caen casi un 4% en la industria manufacturera, pero crece un 34% la diferencia entre ventas y compras.

A modo de conclusión, no debe causar alarma que las ventas estén registrando tasas de crecimiento negativas en los últimos meses. Este indicador, bien como lo publica la Agencia Tributaria o en los Índices de Cifra de Negocio que elabora el INE, se ve afectado por el mismo fenómeno que señalábamos: la fuerte caída en las compras. La atonía en las ventas no indica necesariamente el enfriamiento de la economía española, sino más bien la normalización en la escalada de los costes de producción.

Los márgenes empresariales

El Observatorio de Márgenes Empresariales pone el foco en el Resultado Económico Bruto de Explotación (RBE) que obtienen las empresas al restar de la producción los consumos intermedios y los gastos de personal (salarios y cotizaciones sociales). Expresándolo de otro modo, podríamos decir que el valor añadido bruto generado por la empresa como diferencia entre la producción y los consumos intermedios se distribuye entre los gastos de personal (que retribuyen el factor trabajo) y el RBE (que retribuye al capital). 

El Observatorio define los márgenes empresariales como una ratio entre el RBE y las ventas (o la producción) o entre el RBE y el valor añadido bruto (producción - consumos intermedios). En el primer caso, se habla de margen empresarial sobre ventas (o sobre producción), y en el segundo, de margen empresarial sobre valor añadido.

La información sobre el RBE y los gastos de personal que proporciona el Impuesto de Sociedades es la más fiable por su exhaustividad y el rigor contable, dada la relación de la declaración anual de Sociedades con el Plan General Contable. Sin embargo, como las cuentas completas tardan tiempo en presentarse, resulta necesario disponer de información más actualizada sobre los últimos trimestres.

El Observatorio de Márgenes ha optado por una solución ingeniosa para conocer los costes laborales y los excedentes empresariales de las empresas en los trimestres más recientes. Con la información de las declaraciones mensuales y trimestrales de IVA y Retenciones, el RBE se aproxima con un Indicador de Resultado Bruto de Explotación (IRB) que se obtiene al restar de las ventas las compras y los salarios. En este escenario, el valor añadido bruto se aproxima con la diferencia entre ventas y compras. El primer margen empresarial se obtiene como ratio entre el IRB y las ventas, y el segundo, como ratio entre el IRB y la diferencia entre ventas y compras.

El último gráfico permite comprobar la fuerte subida en el margen empresarial sobre las ventas, desde 2021 hasta la actualidad. En 2021 y, sobre todo, en 2022 y el primer trimestre de 2023, este margen empresarial creció por la contención de los salarios; en el segundo trimestre de 2023 la subida se debe al crecimiento del margen de ventas que se ha comentado en la primera parte del artículo. 

La principal limitación de la información trimestral que aporta el Observatorio de Márgenes Empresariales se encuentra en la ausencia de las cotizaciones sociales satisfechas por los empleadores que forman parte, junto a los salarios, de los gastos de personal. Esta limitación podría subsanarse con la incorporación de la Seguridad Social al Observatorio. De este modo, se obtendría una estimación coyuntural mucho más precisa tanto de los gastos de personal como del Resultado Bruto de Explotación.

En estos meses previos a las elecciones del 23 de julio se sigue citando, a menudo como demérito de la labor del Gobierno, el retraso de la economía española en superar el nivel del PIB previo a la pandemia. Aquellos que presentan una imagen más positiva insisten, en cambio, en que la legislatura ha dejado más empresas, más empleo, menos temporalidad y mayor protección social. Sin embargo, este balance se hace antes de que el INE presente la revisión que hará en septiembre de los datos del PIB referidos a estos últimos años. Dentro de un margen de razonable seguridad, se puede avanzar que este cambio será muy sustancial y, para el año 2021, esperamos que se sitúe en una horquilla de entre el 3 y el 4,2%. Si es así, la fuerte recuperación era ya un hecho incontestable en aquel momento y el indicador coyuntural de referencia –la Contabilidad Nacional Trimestral del INE– habría cometido un error histórico, ocultando a la sociedad española el verdadero vigor de la recuperación económica tras la crisis del COVID. Solo entonces, con la revisión de septiembre, se podrá constatar la fortaleza del tejido productivo de nuestro país (es decir, de los trabajadores y de las empresas) y el éxito de las políticas públicas que buscaron sostener el empleo y las rentas.

Nuestra convicción de que el año 2021 y, en general, todo este ciclo ha sido mucho más positivo se debe a una atenta lectura de las estadísticas. Para sostener nuestro razonamiento, en este artículo presentamos dos tipos de estimaciones sobre el PIB para este año decisivo. Una está basada por completo en estadísticas producidas por el INE (o bajo su dirección, como es en el caso de la construcción), la otra utiliza los datos de la Agencia Tributaria referidos a los salarios, ventas y compras declaradas por los contribuyentes. Aunque pueda parecer que los dos enfoques son muy distintos, en realidad tienen muchos puntos en común y se complementan en gran medida. Como veremos, esta similitud permite descartar algunas explicaciones que han venido barajándose hasta la fecha, entre ellas, la excesiva dependencia de España con respecto al turismo o el supuesto afloramiento de la economía sumergida. Al mismo tiempo, permiten señalar que en estos años se ha consolidado un pequeño cambio en nuestra economía, con el avance de actividades que generan mayor valor añadido.

La primera estimación tiene como fuente principal la Estadística Estructural de Empresas que el INE realiza sobre la industria, el comercio y los servicios no financieros del sector privado. Como su nombre indica, esta estadística busca proporcionar la imagen más completa de la economía preguntando directamente a las empresas –sociedades o autónomos– sobre las variables básicas de su negocio (compras, ventas, costes laborales, personal ocupado, etc.). Estos resultados se extrapolan después a escala nacional haciendo uso de los registros administrativos (Hacienda y Seguridad Social), de forma que son representativos de la actividad que desarrollan 2,5 millones de empresas y unos 12 millones de trabajadores. Gracias a este diseño tan exhaustivo, la estadística estructural del INE proporciona una de las radiografías más completas de la economía española.

La estadística estructural indica que en 2021 se produjo una recuperación mucho más fuerte que la estimada por el PIB. Si se mira el indicador económico por excelencia –el valor añadido bruto–, se comprueba que las tasas de crecimiento fueron sustancialmente superiores a las que había apuntado la Contabilidad Nacional, pues en el total de actividades sujetas a comparación la diferencia es de casi 4,5 puntos (14,9% frente a 10,5%). El lector interesado puede comprobar en los gráficos que estas diferencias son generalizables a un buen número de sectores, desde la industria hasta los servicios. Las divergencias son especialmente remarcables en la hostelería, el sector inmobiliario, las actividades administrativas, las artísticas y los servicios personales. Este balance proporciona una imagen mucho más ajustada y permite avanzar una importante conclusión: la crisis se superó gracias al dinamismo y la heterogeneidad del sector servicios. Así, aunque en 2021 algunas actividades más ligadas al turismo (la hostelería, las agencias de viaje o el transporte aéreo) seguían por debajo de su potencial, otras en cambio han mostrado una notable pujanza (como, por ejemplo, el comercio, el sector de la información o los servicios profesionales). Solo así se entiende que la economía española ya se hubiera recuperado, aun cuando en 2021 el nivel de visitas (y gasto) de los turistas extranjeros estaba lejos de la situación previa a la pandemia. España no es solo un país de bares, hoteles y comercios para el disfrute de nuestros visitantes.

Esta imagen sobre el sector privado no sería completa si no se incorpora la actividad en la construcción, que está excluida de la encuesta estructural. En este caso se debe acudir a dos estadísticas distintas de Ministerio de Transportes (el MITMA): una de coyuntura que aproxima la actividad mes a mes y otra de carácter estructural que proporciona un balance anual más detallado. Hace unos meses apareció la estadística estructural de la construcción para 2021 y sus resultados arrojan un vuelco sustancial en este sector. En 2021 no hubo un tímido avance (2%) en la producción, como indicaba la estadística coyuntural, sino un fuerte repunte (un 9%) que permitió recuperar los niveles previos a la pandemia. Este asunto no pasaría de la anécdota si no fuera porque la Contabilidad Nacional del INE ha venido realizando estimaciones muy similares a la errónea estadística de coyuntura del MITMA, dando así una imagen totalmente distorsionada del sector. Todavía hoy en día, si tomamos las cifras oficiales del PIB, la construcción sigue sin haber recuperado los niveles de 2019 y, además, indican una caída inaudita en la productividad dado que el empleo sí se ha mantenido. Este hecho, desafortunadamente, no es más que un error colosal e indica las carencias de algunos de los indicadores de coyuntura manejados.

La segunda estimación toma como pieza fundamental las estadísticas tributarias, principalmente del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el IVA. En artículos anteriores ya hemos detallado cómo las estadísticas relacionadas con estos impuestos permiten hacer una aproximación razonable al PIB por la vía del gasto y de las rentas. En este artículo hemos actualizado simplemente la información disponible que permite confirmar las ideas fundamentales que expusimos en su momento. La ventaja de estas estadísticas es que se actualizan con mucha más frecuencia, de forma que los datos provisionales de 2022 están ya disponibles y confirman la buena marcha de la economía.

Si nos fijamos en 2021 desde la óptica del gasto, se constata una diferencia inédita entre el consumo de los hogares sujeto al IVA y sus conceptos equivalentes en la Contabilidad Nacional. El gasto sujeto a IVA medido por las estadísticas de la Agencia Tributaria aumentó en más de un 20%, mientras que el PIB lo cifra en algo menos de un 13%. Esta divergencia tiene implicaciones muy importantes, pues la recaudación por IVA supera con creces el que teóricamente se podría obtener en España si uno creyera en los datos del PIB. Teniendo en cuenta que la Comisión Europea vigila de cerca la recaudación de este impuesto podemos adelantar que, si no cambian las cifras, España aparecerá con fraude negativo en el próximo informe sobre la brecha en la recaudación del IVA (el VAT gap). Esto sería un hecho estadístico inédito tan absurdo que de producirse, causará vergüenza de propios y extraños. En la misma óptica del gasto se registra también una anomalía importante en la inversión en viviendas, infraestructuras y otros activos inmobiliarios como resultado de la infraestimación en la actividad de la construcción que comentábamos antes.

Por la vía de las rentas la discrepancia se produce cuando se comparan las rentas de mercado sujetas al IRPF y al Impuesto sobre Sociedades. Ya se ha destacado en anteriores artículos que los salarios declarados a la Agencia Tributaria superan a los estimados por la Contabilidad Nacional cuando se ajustan por territorios forales y empleados del hogar. Teorizar sobre el afloramiento de la economía sumergida da lugar a múltiples conjeturas, pero en los salarios asistimos a otro caso más de supuesto fraude negativo. Las discrepancias en el PIB también se producen en las rentas empresariales, tanto de aquellas que reciben los autónomos como de los beneficios brutos de las sociedades. En ambos casos se produjo una fuerte recuperación en 2021 cuya magnitud fue muy superior a la registrada en la Contabilidad Nacional del INE. Esta valoración se ve reforzada por una tercera fuente como es la Central de Balances del Banco de España, que también constata la recuperación de los excedentes empresariales en las 500.000 sociedades que investiga. El lector interesado en comprobar las diferencias en cada tipo de renta, según cada estadística, puede consultar la base de datos adjunta.

Según estas distintas estimaciones, cuando se publique en septiembre la revisión de la Contabilidad Nacional, el crecimiento nominal del PIB en 2021 se cifrará entre el 11% y el 12,2%, superando con creces el 7,9% que arrojan las series actuales del INE. La divergencia con respecto a la estadística oficial se refleja en el gráfico adjunto. El hecho incontestable es que, incluso en el escenario más conservador, el crecimiento en 2021 fue 3,1 puntos superior al estimado hasta ahora. Ello equivale a un incremento en el PIB de 35.000 millones de euros al año. La nueva estimación apunta además que la recuperación era una realidad en la primera mitad de 2022. El hecho realmente sorprendente es que esta noticia se va a certificar, como muy pronto, ¡casi un año y medio después! La nueva perspectiva implica también que toda la diferencia en la evolución económica de España frente a otros países europeos, la famosa brecha que a menudo se cita, prácticamente desaparece a día de hoy. La recuperación de España habría seguido, por citar un ejemplo cercano, una pauta similar a la observada en Portugal.

Después de que se confirme este escenario, seguirán quedando por explicar muchas cuestiones. En el plano macroeconómico, es muy significativo que el empleo y el número de empresas en activo siga marcando máximos. Desde la perspectiva fiscal, el aumento relativo en la presión impositiva y en el gasto público se verá como un hecho más atenuado al cambiar el denominador del PIB. Algo parecido ocurrirá con respecto al peso de la deuda pública. Por último, también queda por explicar por qué las estadísticas tributarias siguen dando un mayor crecimiento que otros indicadores económicos. Una revisión sistemática de la Contabilidad Nacional, lo que en la jerga se llama un “cambio de base”, sería un paso en la buena dirección, tal como apuntaba José Manuel Naredo. Una mayor claridad en los escuetos comunicados de prensa del INE sería también otro paso en la buena dirección. En todo caso, todas estas cuestiones no deberían hacernos perder de vista que la economía española se encuentra en una situación mucho mejor de la que se ha ofrecido hasta ahora.

En las últimas semanas se han publicado diversos indicadores sobre la situación económica de los hogares que han servido para construir una narrativa particularmente sombría. Las cuentas macroeconómicas que elabora el INE mostrarían que, en 2022, se produjo una caída importante de la renta disponible de los hogares una vez descontado el efecto de la inflación. Por otro lado, la publicación de las estadísticas tributarias solo ha interesado para certificar que el tipo medio de gravamen ha subido a su máximo histórico, hasta alcanzar el 14% de la renta antes de impuestos. Si de verdad la situación es esta, las cosas van de mal en peor desde el inicio de la pandemia: los españoles ganan cada vez menos y pagan más impuestos.

En un plano muy distinto, la reciente publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), del INE presentó una imagen que estaba lejos de ser tan catastrófica. Los datos de renta, referidos al 2021, muestran que en promedio la renta por persona creció un 6% (mientras que según la contabilidad nacional el aumento es de solo un 3,1%) y la valoración media de la satisfacción respecto a la situación económica se situaba al mismo nivel (6,3 sobre 10) que en 2018. Pues como han señalado otros autores, se ha producido una importante caída en la pobreza y en la desigualdad. Y esta tendencia parecida continuarse en el momento actual, pues el Eurobarómetro del invierno 2022-2023 el 70% de los entrevistados en España consideraba buena la situación financiera de su hogar. 

Como analizaremos en este artículo, la situación efectivamente es mucho mejor de la que presentan las cuentas macroeconómicas. En 2022, la materialización de una elevada inflación amenazó el bienestar de los hogares. Sin embargo, la inflación tiene un efecto desigual entre las personas, dependiendo del tipo y nivel de ingresos. En líneas generales, si se toman las mismas estadísticas tributarias se observa que las rentas de las economías domésticas crecieron a un ritmo muy superior de las que registra el INE. De esta forma, los problemas de subestimación del PIB que vienen produciéndose en los tres últimos años (y que hemos detallado en artículos anteriores referidos a producción, gasto y rentas) se manifiestan en este ámbito con igual o mayor crudeza. Incluso después de la fuerte subida del IPC, las fuentes tributarias indican que los hogares habrían mantenido el poder adquisitivo de 2019, mientras que las cifras del INE presentan un dramático escenario por el cual la renta real en 2022 era un 6% inferior al año anterior a la pandemia.

Analizar las rentas antes de impuestos es decisivo, pues solo así se entiende que el tipo medio del IRPF haya subido hasta alcanzar el máximo antes señalado. Esta subida no se puede explicar en exclusiva debido al efecto de la progresividad en frio, es decir, a que los tramos de imposición en el IRPF no se han actualizado de acuerdo con la inflación. El crecimiento real de las rentas de los hogares desde 2019 que muestra las estadísticas tributarias, en oposición a la caída que indica el INE, es un factor más relevante. El mejor comportamiento de las rentas altas sometidas a la escala progresiva (básicamente, los asalariados y autónomos con ingresos elevados) y la pequeña subida en 2021 en los tipos marginales explican también este aumento.

Este balance debe por tanto empezar por las rentas, restar después la carga fiscal (impuestos y cotizaciones sociales) para así llegar a la renta disponible. Con estos recursos las personas deciden sus gastos, bien sea en el consumo de bienes y servicios, o destinándolo a la inversión (como supone la compra de vivienda). Por simplificar el análisis, todas las variables las expresamos en términos constantes y utilizando el IPC como deflactor. Como el Índice de Precios de Consumo puede enmascarar diferencias entre grupos sociales (no todas las personas tienen la misma cesta de la compra) y además no recoge el incremento en los precios de los activos (por ejemplo, del coste de compra de una vivienda), proporcionamos en un apéndice los resultados en términos nominales para aquellos interesados en utilizar parámetros más precisos.

Nuestro punto de partida son las cuentas nacionales que elabora el INE y que incluyen toda esta información. Comparamos, además, determinadas partidas decisivas con las estadísticas tributarias para así ilustrar la fuerte divergencia entre unos y otros registros. Cotejamos cuatro grandes partidas de la renta antes de impuestos: los salarios, las prestaciones monetarias (como pensiones, prestaciones por desempleo y rentas mínimas), los ingresos procedentes de los negocios de los autónomos y del alquiler inmobiliario, y, por último, las rentas de activos financieros (intereses y dividendos). En este análisis contabilizamos por separado algunas partidas que el INE registra, pero de las cuales la Agencia Tributaria carece de información al no estar sujetas al IRPF (por ejemplo, los alquileres imputados a las personas que habitan viviendas en propiedad). Asimismo, analizamos por separado las ganancias patrimoniales obtenidas por la venta de acciones o inmuebles. Estas rentas sí son declaradas a Hacienda, pero, en cambio, no se incluyen en el marco conceptual de las cuentas nacionales elaboradas por el INE. Su estudio siempre es relevante dado su extraordinario grado de concentración entre los grupos más ricos. Sin embargo, las diferencias en uno y otro caso no explican la creciente divergencia y, de nuevo, en aras de la transparencia ponemos a disposición del lector interesado todas las variables utilizadas.

Los gráficos adjuntos muestran esta comparación desde 1999. A grandes rasgos se observa una notable coincidencia en algunos casos y en otros una inusual divergencia desde 2019. Las mayores similitudes ocurren en las prestaciones sociales tales como las pensiones contributivas, las prestaciones por desempleo y los programas de rentas mínimas (como las pensiones no contributivas, el IMV, etc.). Ello se debe a que las administraciones públicas son las responsables de la inmensa mayoría de estos pagos y, aunque hay pequeñas diferencias conceptuales entre los registros del INE y de la Agencia Tributaria, la divergencia es mínima. Ambas señalan un notable crecimiento en 2020 asociado a los ERTE y de las que se beneficiaron casi cuatro millones de asalariados. Después, su magnitud total se ha reducido en la medida en que la economía española ha protagonizado una notable recuperación y hoy en día hay menos personas dependiendo de prestaciones sociales.

En las rentas de los activos financieros –los intereses y dividendos– también se produce una notable coincidencia en las tendencias, tanto antes como después de la pandemia. Los dividendos son muy sensibles al ciclo económico, por lo que cayeron con fuerza en 2020 y solo ahora están a punto de recuperar sus niveles previos. Más importante es el hecho de que los intereses que perciben los particulares por sus depósitos bancarios han seguido en 2022 en mínimos históricos.

Las divergencias se concentran en los salarios, en las rentas de los autónomos y en el alquiler inmobiliario. Los salarios tienen una importancia decisiva, pues son la principal fuente de renta hasta el punto de representar el 50% de los ingresos antes de impuestos de los hogares. Como ya hemos señalado en diversas ocasiones, la contabilidad nacional del INE mantiene desde la pandemia una persistente tendencia a su subestimación, un hecho que luego solo corrigen de forma parcial en las revisiones. Hace más de un año, el 27 de febrero de 2022, sosteníamos que la caída del 7,2% de los salarios en 2020 que estimaba entonces el INE era exagerada. Y en septiembre de 2022 la contabilidad nacional revisó los salarios de 2020 y 2021 en un total de 12 mil millones de euros. Incluso después de esta revisión, como habrá ocasión de ver en un próximo artículo, la comparación detallada sugiere que la caída de 2020 estimada por el INE sigue siendo exagerada y que el débil crecimiento de los salarios en 2021 y 2022 registrado es también inferior al ocurrido realmente. No es una cuestión menor porque, si se realizan los ajustes necesarios (contabilizando por separado los salarios de los empleados del hogar y los pagados en País Vasco y Navarra), la Agencia Tributaria termina registrando más salarios que la contabilidad nacional. Ello equivaldría a suponer que vivimos en un país con fraude negativo, un absurdo que nadie se ha atrevido a teorizar.

Un caso relativamente parecido ocurre con las rentas declaradas por los autónomos y los arrendadores de inmuebles (viviendas, oficinas, locales). Según las estadísticas tributaria, estas rentas cayeron un 11,4% en 2020, pero después registran una recuperación tan intensa en 2021 y 2022 que han superan con creces los niveles de 2019, después de descontar la inflación. Estas cifras provienen, por cierto, de las declaraciones anuales que presentan millones de empresarios y arrendadores, pero también de los modelos que muchos de ellos presentan con frecuencia trimestral. Las declaraciones suelen ir acompañadas de pagos a cuenta del IRPF, por lo que de nuevo la estadística tributaria tiene un especial valor porque los interesados (Hacienda y los contribuyentes) cuidan al máximo sus intereses. La relativa buena salud de este sector decisivo de la economía española se explica tanto porque su número sigue creciendo (hoy hay más empresas personales que en ningún otro momento) como por el dinamismo y diversificación de su actividad (medida en términos de su facturación, valor añadido o empleo generado).

Las rentas de los autónomos y del alquiler según la contabilidad nacional (i.e. la renta mixta bruta) registraron en 2020 una caída de mayor intensidad que la observada por Hacienda y la recuperación posterior, descontada la inflación, ha sido muy débil. Así, según el INE, la crisis para este sector de empresarios estaría lejos de haber finalizado. Obsérvese que estas diferencias tan notables podrían haberse explicado en el pasado porque en la estadística tributaria se recogían un amplio número de actividades en el llamado sistema de módulos, una modalidad en donde los aumentos (y caídas) de renta se minimizaban con respecto a las fluctuaciones reales. Pero esta peculiaridad ya no puede ser una razón de peso, teniendo en cuenta que, entre 2007 y 2020, se ha reducido en aproximadamente 500.000 el número de empresarios en módulos de forma que su peso sobre el total es mínimo en la actualidad.

Si se suman estas cuatro fuentes de ingresos se obtiene una razonable aproximación a la renta antes de impuestos. En el gráfico adjunto se observan su evolución en términos reales, según Hacienda y el INE, durante el mismo periodo. El lector podrá rápidamente observar que nunca en veinte años se había producido una divergencia en las tendencias como las que se están manifestando desde 2019. Antes de esta fecha, entre 1999 y 2019, la contabilidad nacional y las estadísticas tributarias coincidían en las tendencias y solo había pequeñas diferencias en las tasas de crecimiento anual. Desde el inicio de la pandemia, una y otra parece que se refieren a sociedades distintas. De acuerdo con la Agencia Tributaria, en 2022 la renta real, antes de impuestos, se situó un 3% por encima de la registrada en 2019. La contabilidad nacional afirma lo contrario, hasta el punto de que la caída acumulada alcanza, en términos reales, casi el 4%. ¿De qué país hablamos?

A partir de este punto, el resto de las tendencias son fáciles de interpretar. El pago de impuestos y cotizaciones que recoge el INE es prácticamente idéntico al que refleja la Agencia Tributaria y las pocas diferencias se refieren a diferencias en los criterios contables (por ejemplo, de caja frente a devengo). Al medir la presión fiscal relacionada con el IRPF, las estimaciones que subyacían a las series del INE indicaban hasta 2019 una menor presión fiscal que en el caso de la Agencia Tributaria, pues siempre ha existido un margen de rentas procedentes de la economía sumergida que ni se declaran ni tributan. Desde la pandemia, la presión fiscal asociada al IRPF de acuerdo con las cifras del INE habría aumentado a un ritmo sin precedentes, incrementándose en casi dos puntos (del 12,25% en 2019 al 14,25% en 2022). Con los registros de Hacienda no solo no se produce una subida tan llamativa, sino que, además, se termina, por primera vez desde 1999, con un tipo medio inferior al del INE (14,07%).

Además, cabría recordar que los análisis que se preocupan en exclusiva por el peso de la carga fiscal obvian el crecimiento sostenido de las transferencias en especie que realizan las administraciones públicas para mejorar el bienestar de los ciudadanos. El aumento en la presión fiscal tiene como reverso un récord histórico en prestaciones en especie (como es el pago del gasto farmacéutico, los conciertos educativos, etc.) y del consumo público en servicios colectivos, como la educación y la sanidad. Solo midiendo el efecto neto de los impuestos y transferencias se puede tener una visión completa sobre el bienestar de los hogares, tal como argumentaron hace unos años algunos de los economistas más reputados.

Los interesados en conocer la salud de las economías domésticas, entre ellos las propias autoridades, tienen que convivir con estas anomalías estadísticas. La incertidumbre se irá disipando y, probablemente, desaparecerá por completo si la nueva revisión de la contabilidad nacional que se realizará en septiembre de este año aproxima las estimaciones contables a los agregados procedentes de la estadística tributaria, pero también a la información de otras fuentes tan solventes como la Encuesta de Población Activa o la Central de Balances del Banco de España. La sociedad española podrá entonces reconocer el efectivo vigor que ha mostrado la economía española en su respuesta a la pandemia y a las consecuencias negativas de la guerra de Ucrania.

2022 fue un buen año para la economía española: el PIB registró un crecimiento anual del 5.5%. Sin embargo, las mismas series indican que la economía española no se habría recuperado del shock ocurrido por la pandemia del COVID-19, de forma que sería el único de los 27 países de la Unión Europea que no habría pasado página de esta crisis. En artículos anteriores, ya señalábamos que la razón de esta anomalía está en la infraestimación del crecimiento económico ocurrido en 2021. Este error se pone de manifiesto cuando se constata el incremento mucho más vigoroso de las bases imponibles (en rentas, producción y gasto) en los principales impuestos.

En este artículo no volveremos a incidir en los mismos argumentos, pero sí queremos rebatir una idea que se ha convertido en un lugar común entre muchos analistas: el afloramiento de la economía sumergida y, en particular, del empleo irregular. Según este razonamiento, el incremento en las bases imponibles y la recaudación se debe a que una parte muy considerable de la economía sumergida habría aflorado por muy diversas razones (el aumento de los pagos electrónicos, mayor control de las autoridades o como efecto indirecto de los nuevos esquemas de protección al empleo). El PIB, que mide tanto la economía legal como la sumergida, no habría seguido la misma trayectoria y ello explicaría la divergencia. Sin embargo, como argumentaremos, este supuesto afloramiento de la economía sumergida apenas puede encontrase con las fuentes disponibles. En el mejor de los casos es más un deseo que una realidad y, en el peor, un error de interpretación bastante fácil de rebatir.

Hasta la fecha, el esfuerzo más elaborado por presentar este argumento ha venido, curiosamente, de una dependencia del propio gobierno. Los autores del Plan Presupuestario de 2023 se lanzaron en octubre de 2022 a afirmar que “las medidas adoptadas durante la crisis del COVID habrían facilitado el afloramiento de unos 285.000 afiliados a la Seguridad Social”. Esta conclusión vendría del estudio de la relación histórica entre la ocupación de la Encuesta de la Población Activa “que recoge parte del empleo en la economía sumergida a través de su encuesta” en relación con la afiliación a la Seguridad Social, en particular, con el régimen general. El afloramiento del empleo sumergido habría permitido, según los redactores, aumentar los ingresos por cotizaciones sociales en 0,2 puntos de PIB, es decir, unos 2.400 millones de euros. La noticia saltó a varios medios (entre ellos periódicos de amplio prestigio como Cinco Días o Financial Times) e, incluso hoy en día, se sigue citando como prueba del pretendido fin de la economía sumergida.

Estas conjeturas quizá sean algo apresuradas, como podremos ver. El empleo en nuestro país tradicionalmente se mide a través de dos registros: la EPA y la afiliación. Sin embargo, la comparación entre ambos no se puede hacer tomando simplemente las cifras publicadas por los respectivos organismos. La comparación es algo más compleja y, en un ejemplo de buena práctica estadística, el INE ofrece de forma periódica una manera de contrastar ambas fuentes.

El último informe, referido a 2018 y resumido en el cuadro adjunto, concluye que, en el segundo trimestre de ese año, la ocupación EPA superaba en unas 400.000 personas a la afiliación ajustada.

Para la realización del Informe, la Seguridad Social proporciona al INE el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en el trimestre de referencia en un informe con un gran detalle. Esto implica que las cifras de afiliados a la Seguridad Social que se publican no pueden utilizarse sin depurar el efecto del pluriempleo que resulta cuando una misma persona está dada de alta en varios regímenes. En otras palabras, los afiliados no se corresponden necesariamente con las personas ocupadas, pues un individuo se contabiliza tantas veces como situaciones de cotización tenga por tener varias actividades laborales (por ejemplo, si es asalariado y autónomo). En 2018, de los 18,8 millones de afiliados, casi 700.000 estaban en pluriactividad. El segundo ajuste tiene el efecto contrario y busca incorporar a los trabajadores que no están afiliados a la Seguridad Social sino a mutualidades. Incluyen principalmente a los funcionarios en el régimen de clases pasivas y que sumaban en ese año un total de 860.000 personas. Finalmente, hay un tercer ajuste muy pequeño que consiste en restar a los trabajadores que viven en viviendas colectivas (como los religiosos en conventos o penados que realizan trabajos) al no estar recogidos en la EPA. Tras estos ajustes, la afiliación ajustada alcanzaba a 18,9 millones de trabajadores frente a los 19,3 millones de ocupados en la EPA. La diferencia de 400.000 trabajadores puede interpretarse como un razonable indicador de la economía sumergida en 2018.

No existen informes oficiales que comparen ambos registros a partir de 2019, por lo que hemos elaborado nosotros mismos las estimaciones con la información disponible. El lector interesado puede consultar los detalles en la nota final. El gráfico (grafico 1) muestra los tres indicadores obtenidos: la afiliación a la Seguridad Social (sin ajustar), la afiliación ajustada y el empleo de acuerdo con la EPA. A primera vista se comprueba que la Seguridad Social ha registrado una mayor creación de empleo (1,3 millones) que la afiliación corregida (1,1 millones). La diferencia se debe fundamentalmente a la jubilación de funcionarios en el régimen de clases pasivas y su reemplazo por empleados públicos que cotizan a la Seguridad Social. Esta tendencia seguirá ocurriendo en las próximas décadas y debería tenerse en cuenta para cualquier análisis futuro.

Para medir el cambio en el empleo irregular, lo óptimo es medir las diferencias entre la EPA y la afiliación corregida. Desde esta perspectiva, los cambios no son tan llamativos. En 2018 había, en media anual, 370.000 trabajadores no recogidos en ningún sistema de cotización, en 2021 eran casi los mismos (368.000) y en 2022 eran 284.000. Si se toma la media de los dos últimos años, 2021 y 2022, se produce un descenso de unas 50.000 personas. Como porcentaje de la población ocupada de la EPA es una caída ínfima: un 0,25% del total. El famoso afloramiento de la economía sumergida se reduciría a este pequeño cambio.

Incluso esta última cifra debería tomarse con muchas cautelas. La EPA, como su nombre indica, es una encuesta. Su diseño radica en una extensa entrevista a unos 65.000 hogares cuyos resultados después se extrapolan al total de la población (18,8 millones de hogares en España). Esta cifra final de la población tiene una importancia decisiva, pues tal como señalan los propios responsables de la encuesta: “son la base para calcular los pesos o ponderaciones de la muestra que permiten elevar los resultados muestrales a estimaciones que representan el total de la población”. Uno de los grandes retos en los tiempos actuales es establecer con precisión estas cifras de población y, en particular, de los trabajadores extranjeros que residen en nuestro país.

Si volvemos a las estimaciones de empleo sumergido en 2018, del total de ocupados que recoge la EPA y que no aparecen como afiliados a la Seguridad Social (u otra mutua), un 95% son personas de nacionalidad extranjera (gráfico 2). En 2022 no se conocen todavía a este nivel de detalle. Cuando se publiquen, habrá que ver si, además, se produce una revisión del número de trabajadores extranjeros residiendo en España con respecto a los registros oficiales del padrón. De ser así, la EPA tendría que revisar sus estimaciones al alza. La reducción en 50 mil personas que se ha producido entre la afiliación ajustada y los ocupados en la EPA dejaría de existir y volveríamos a un margen similar de economía sumergida al que existía en 2018.

Este escenario no es en absoluto descabellado, si tenemos en cuenta que los resultados del censo nacional de 2021 están empezando a ser publicados en estos momentos. Como precedente, ya ocurrió hace una década que la revisión procedente del censo de 2011 derivó en un cambio importante en la magnitud estimada de la economía sumergida. En aquel momento, cuando se analizaba las diferencias para el año 2012 entre la ocupación según la EPA (17,417 millones de trabajadores) y la afiliación ajustada (17,408 millones) se constaba que la discrepancia era de solo 9.000 personas. Un margen tan escaso podía interpretarse como la práctica desaparición del empleo informal. Pero en 2014, al incorporarse las nuevas cifras del censo, se constató un aumento en casi 400.000 ocupados en la EPA. El siguiente informe revisado, para el mismo periodo de 2012, elevaba entonces la diferencia con la afiliación ajustada en 352.000 personas.

No hay nada anómalo en que las magnitudes económicas, incluso aquellas referidas a personas, estén sujetas a procesos de revisión cada cierto tiempo y, de hecho, en otros países también ocurre un fenómeno similar. Hace unas semanas, en EEUU, el Bureau of Labor Statistics revisó la cifra de trabajadores ocupados, aumentándola en casi un millón (un incremento del 0.5%). En suma, antes de asegurar la reducción del empleo informal entre 2018 y 2022 convendrá esperar al informe del INE correspondiente a 2022 y con los datos de población del censo de 2021.

Mientras tanto, debe recordarse que sí se llegan a producir cambios en el empleo irregular, deberá establecerse cuál es su impacto en las bases imponibles y en la recaudación por tipo de impuesto. A modo de ejemplo, basta con traer a colación de nuevo el trasvase de trabajadores entre sistemas de cotización para indicar cuán fácil es caer en errores de interpretación. El incremento extraordinario de los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social en estos años podría interpretarse como el resultado del afloramiento de empleo sumergido cuando responde, en realidad, a la entrada de los nuevos empleados públicos en el régimen general.

La experiencia histórica, tanto en España como en otros países, indica que los trabajadores con empleos irregulares suelen tener ingresos inferiores a la media. Este rasgo debe tenerse en cuenta si se analiza el aumento tan notable de los salarios y las rentas de los autónomos en el IRPF, de los beneficios empresariales en el Impuestos sobre Sociedades y del gasto en el IVA durante los últimos años (2020-2022). En algunos casos muy llamativos, los ingresos (o gastos) declarados superan los registrados en las cuentas del PIB. ¿De verdad pueden achacarse todos estos cambios al comportamiento de unos trabajadores que se encuentran en los márgenes del mercado de trabajo? Mucho nos tememos que a la economía sumergida le puede ocurrir como a Mark Twain y que las noticias sobre su muerte hayan sido tremendamente exageradas.

En artículos anteriores analizábamos cómo el PIB por la vía de la producción y de las rentas ha sido infraestimado en estos últimos años. Lo mismo se observa desde la perspectiva del gasto y, en particular, en el consumo e inversión de los hogares. Mostraremos cómo la débil recuperación en la compra de bienes y servicios para uso personal que apuntan las series del INE no guarda relación con uno de los mejores indicadores que existen en este ámbito: el IVA. De esta forma, argumentaremos que la economía española protagonizó una recuperación más intensa en 2021 impulsada por el gasto de las familias. Es una conclusión relevante porque descarta la idea de que la plena recuperación del turismo extranjero fuese decisiva para el sostenimiento de la economía española.

El PIB por la vía del gasto mide la suma del consumo, la inversión y las exportaciones netas. En el primer ámbito, lo más importante son los bienes y servicios que compran los hogares, como los alimentos, el alquiler de la vivienda, la ropa o el ocio. A ello se añade el consumo que provee directamente el Estado en servicios como sanidad, educación o seguridad. En la inversión se contabiliza la adquisición de activos destinados a la producción (la vivienda, infraestructuras o maquinaria). Por último, las exportaciones netas son la parte más pequeña del PIB y registran las ventas (exportaciones) al resto del mundo menos las compras (importaciones). Desde esta perspectiva, el turismo forma parte de las exportaciones netas. El gasto de los turistas extranjeros en nuestro país se considera como una exportación y, por analogía, cuando vamos de vacaciones al extranjero realizamos una importación.

El gráfico representa el PIB (sin ajustar por la inflación) en estos últimos años. A primera vista se comprueba cómo la crisis más reciente ha producido una situación muy distinta a la vivida en España en los años de 2008 a 2013. En aquel momento, la fuerte caída en la inversión, especialmente en vivienda e infraestructuras, marcó la dura recesión que se vivió. En cambio, el grueso de la caída en 2020 se debe al descalabro en el consumo de los hogares y del turismo. El gasto de ambos grupos –que podemos llamar consumo interior por analogía con el PIB– se redujo en más de un 15% y después solo se recuperó de forma parcial en 2021.

Para entender mejor esta situación, el INE detalla el consumo interior de forma similar a las cuentas que cualquier hogar hace a final de mes. Desde esta óptica, grosso modo, el consumo personal se divide en dos grandes bloques: las partidas con una demanda casi invariable (alimentación, vivienda, salud y educación) y el gasto más influido por el ciclo económico (ocio, viajes, compra de electrodomésticos o coches). Curiosamente, en los años anteriores a la pandemia ambas partidas tenían un peso parecido (es decir, se repartían casi al 50%). En 2020, el segundo tipo de gasto protagonizó un desplome sin precedentes debido a las medidas de confinamiento y a la incertidumbre que existía sobre el futuro económico. En la recuperación de 2021, las series oficiales del INE apuntan a un aumento muy tenue de estas formas de gasto. Estaríamos en teoría muy lejos de los niveles previos a la pandemia.

Al igual que hacíamos en el anterior artículo, estas estimaciones también se pueden contrastar con los datos del IVA. Al estimar el PIB por la vía de la producción, argumentábamos que el valor añadido (medido como diferencia entre ventas menos compras) era una buena forma de aproximar la actividad económica en sectores como la industria, la construcción o los servicios de ocio. En el gasto, seguimos una lógica ligeramente distinta. Como el IVA es un impuesto que busca gravar el consumo final de los hogares, el valor añadido en términos agregados es también un excelente indicador del consumo personal.

En la práctica, la comparación solo se puede hacer después de practicar una serie de pequeños ajustes que detallamos en la nota metodológica al final de este artículo. Estos cálculos buscan reflejar fundamentalmente que no todas las formas de consumo personal están sujetas a IVA. Asimismo, ajustamos los datos de la Agencia Tributaria para tener en cuenta la inversión en vivienda y las diferencias en la cobertura del territorio nacional (i.e. la estadística fiscal no recoge País Vasco, Navarra y Canarias). En cada paso hemos seguido un criterio conservador, de forma que cualquier cambio difícilmente altera el resultado final.

El gráfico adjunto refleja estos dos indicadores sobre el consumo sujeto a IVA, uno aproximado con las series del PIB y el otro de acuerdo con la Agencia Tributaria. La comparación la hacemos desde que empiezan los registros en 1995, para así ilustrar la enorme similitud en los niveles y tendencias. Hasta el año 2019, el consumo sujeto a IVA, según Hacienda, era de una magnitud muy próxima al estimado por el INE. La diferencia, como reflejo del fraude fiscal, era aproximadamente un 12% del volumen y decrecía de forma progresiva desde 2015. Esta reducción, que puede explicarse por diversas causas, no afecta a que las tasas de variación anual fuesen muy parecidas y apenas se desviaran por un margen muy estrecho (entre un 1% y un 2%). En pocas palabras, si uno quiere saber qué hace el consumidor en España, el IVA aporta una perspectiva muy completa.

La sorpresa viene entonces en 2021, cuando el consumo declarado a la Agencia Tributaria sobrepasa al recogido por el INE. La diferencia no es pequeña se mire en términos absolutos (45 mil millones) o relativos (un 10% más en nivel). Es una anomalía tan grande como la que señalábamos sobre los salarios en otro artículo. ¡Los consumidores en España están adquiriendo más bienes y servicios de los que registra la estadística oficial! Este cálculo no es una mera anomalía estadística, sino que está respaldado por millones de transacciones que generan el pago final de este impuesto.

Solo así se entiende que en 2021 (y también 2022) se hayan registrado máximos históricos en la recaudación del IVA cuando el consumo, según el INE, no ha recuperado los niveles de 2019.

Esta anomalía, más pronto que tarde, va a terminar generando muchas preguntas más allá de nuestras fronteras. La razón estriba en que el IVA es una pieza clave en la Unión Europea dado que, indirectamente, financia parte del presupuesto común. La Comisión Europea elabora por ello un informe anual sobre el fraude en el IVA en cada país siguiendo unos cálculos parecidos a la que hemos presentado antes. En su caso, no miden el gasto sujeto a IVA, sino la diferencia entre una hipotética recaudación perfecta (es decir, sin fraude alguno) y la efectiva. El informe más reciente, referido a 2020, indica que España tiene uno de los niveles más bajos de fraude en el IVA (un 4,7%). Solo Holanda, Finlandia, Suecia, Estonia y Letonia tienen una menor brecha. Lo más curioso vendrá cuando se hagan las estimaciones de 2021. Si el INE no cambia sus cifras sobre el consumo, estamos seguros de que España saldrá como un país con brecha negativa, es decir, que recauda más IVA del que teóricamente podría. Sería una distinción única, jamás alcanzada por ningún país de la Unión.

La deficiente medición del consumo por parte del INE es un misterio que no podemos resolver, aunque sí podemos aportar una pista. Sabemos que el INE calcula primero, cada trimestre, el consumo en base a diversos indicadores. Tiempo después, corrige estas cifras cuando elabora la contabilidad anual con registros más completos y detallados. En un ámbito tan importante como el consumo personal, el INE ha utilizado tradicionalmente la Encuesta de Presupuestos Familiares para refinar sus estimaciones. Este procedimiento descansa sobre la presunción de que no hay mejor alternativa que preguntar directamente a una amplia muestra de hogares cuáles fueron sus gastos. Este método ha podido ser efectivo en el pasado, pero claramente no está pensado para una situación anómala como la pandemia, cuando la Encuesta de Presupuestos Familiares no pudo realizarse de forma presencial. A cambio, el INE tuvo que recabar la información por teléfono y, además, hizo una serie de ajustes por “métodos estadísticos”. El problema fundamental estriba en que si la encuesta de estos dos años está sesgada (porque la muestra elegida no es representativa, o por las dificultades para obtener respuesta de los entrevistados), el PIB también lo va a estar.

Nuestra sospecha es que aquí está la principal base del error del INE, probablemente porque no está recabando la información de los hogares con mayor renta. Para ilustrarlo basta comprobar un gasto cada vez más importante: los alquileres. En las cifras del PIB se recogen el total de pagos por alquileres, es decir, el efecto combinado del número de casas alquiladas por su precio. Los alquileres según esta serie han descendido un 7% entre 2019 y 2021, una magnitud sorprendente, pero que curiosamente es parecida a la recogida en la Encuesta de Presupuestos Familiares (un descenso del 5,2%). El problema es que esto es imposible de cuadrar con la variación en los precios del alquiler que el propio INE calcula en el IPC (un incremento del 1,7% en estos años). Por si se lo estaban preguntando, Hacienda también tiene un registro muy completo. Los alquileres declarados por los propietarios de viviendas a efectos del IRPF no han caído, sino que han crecido ligeramente (un 0,4%). Como se ve, tener un PIB fiable es decisivo por sus implicaciones para millones de inquilinos y para determinar el sentido de las políticas públicas.

El problema de los alquileres nos conecta al último aspecto a revisar en el PIB: la inversión inmobiliaria. Como apuntábamos antes, la inversión durante estos años se ha sostenido en mejores términos que en la crisis de 2008. Sin embargo, si se indaga en las cifras del INE, se comprueba que la compra de vivienda nueva y otros activos inmobiliarios (oficinas, infraestructuras, etc.) ha tenido, según el INE, un mal comportamiento durante estos años, acumulando en total una caída de casi el 7%. La razón de esta mala evolución se debe de nuevo, probablemente, al error del INE al estimar la actividad en la construcción usando la estadística del Ministerio de Transportes. Según sus series, el sector ha pasado dos años de caída ininterrumpida. Por el contrario, si acudimos a los datos declarados (a Hacienda o a la Central de Balances del Banco de España) sobre ventas, empleo y beneficios por parte de las empresas constructoras, la conclusión es la opuesta. Con vistas a aportar una prueba adicional de esta enorme brecha, en el gráfico final comparamos dos indicadores de la inversión en vivienda: la serie oficial del INE y las ventas de vivienda nueva según el IVA. Las diferencias hablan de nuevo por sí solas. Los datos fiscales indican que solo hubo una pequeña caída en 2020 y desde entonces la compra de viviendas nuevas continúa una marcha ascendente. Por el contrario, según el INE, la inversión en vivienda entró en barrena en 2021 y todavía no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. Paradójicamente, la propia estadística del INE sobre transmisiones de propiedad indica que las compras de vivienda nueva experimentaron un boom en 2021, superando en un 22% los niveles registrados en 2019.

Nuestra propuesta final de revisión del PIB obliga por tanto a revaluar varias partidas: el gasto de los hogares sujeto al IVA, los alquileres y la inversión inmobiliaria. Por el contrario, en las otras partidas del PIB (el consumo público, la inversión en otros activos, las exportaciones netas) no cuestionamos la fiabilidad de las series oficiales. El resultado queda resumido en la tabla final. En relación con las anteriores estimaciones, hay una diferencia ligeramente superior con respecto al PIB oficial del INE (un 7% más, en lugar de un 5% estimados en los otros artículos). Pero incluso si se tomase este último escenario, la conclusión fundamental sigue siendo la misma. La economía española se habría recuperado en 2021 del shock sufrido en el año anterior con una sorprendente rapidez y sin que hubiese sido necesario recuperar los niveles de gasto de los turistas extranjeros (que en 2021 se situaron a menos de la mitad que en 2019). La recuperación del consumo de los hogares ha sido el motor fundamental que permitió a España superar la crisis de la pandemia.

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En el anterior artículo señalábamos cómo el PIB por la vía de las rentas está siendo mal estimado. Unas inconsistencias parecidas se pueden observar en el PIB por el lado de la producción. Un análisis detallado de estos registros muestra que las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) no siguen una lógica consistente con el efecto económico que cabría esperar de la pandemia de la COVID-19. En este artículo analizaremos con más detalle los defectos más visibles en las cifras del PIB y, en particular, cómo la lenta recuperación de la economía española en 2021 se debe a claras anomalías en sectores poco sospechosos de haber quedado afectados por las restricciones. El caso de la construcción es el más paradigmático.

El PIB por el lado de la producción mide la actividad generada en los distintos sectores de la economía de nuestro país. Separar el PIB por actividades es útil porque cuando ocurre una crisis económica es fácil identificar aquellas que más sufren los efectos de la recesión, pero también cómo otras pueden compensar este shock negativo. En marzo de 2020, con la crisis de la COVID-19, vivimos uno de los episodios con mayores diferencias en el comportamiento entre sectores. Con un confinamiento muy restrictivo, algunas actividades quedaron paralizadas durante semanas, entre ellas la hostelería, el comercio, la industria y la construcción. Por el contrario, los servicios esenciales (sanidad, seguridad, agricultura, etc.) y aquellos que podían desarrollarse con normalidad a través del teletrabajo (finanzas, educación, comunicaciones, etc.) apenas notaron la crisis. Esta lógica tan sencilla era fácil de observar en aquel momento y las cifras posteriores del INE lo confirman en gran medida. Como se puede observar en el gráfico, las actividades afectadas por las restricciones experimentaron durante el primer estado de alarma una gran caída (entre un 10% y un 45%), mientras que el resto pudieron operar a plena actividad durante ese año. En términos agregados, como las industrias afectadas por la COVID representaban cerca de un 80% de la economía en tiempos normales, era de esperar una fuerte contracción en el PIB.

El hecho sorprendente que se desprende de las cifras del INE no está, sin embargo, en los meses de confinamiento estricto, sino en los trimestres posteriores. En un momento en que cabría esperar una recuperación de los sectores afectados, uno encuentra entonces diferencias cada vez mayores entre sectores. Como se observa, la construcción y los servicios personales se recuperaron solo de forma puntual en la segunda mitad del 2020 y, después, experimentaron una fuerte caída durante 2021. Si nos atenemos a las estimaciones oficiales, ambos sectores terminaron el año con un nivel de actividad un 16% inferior al registrado antes de la pandemia. En otros casos (servicios profesionales, comercio, transporte y hostelería), sí se observa una recuperación, pero sin que se alcancen los niveles previos a la pandemia. Ambas tendencias son sorprendentes porque el empleo en casi todos estos sectores sí que ha recuperado la situación de 2019, generando así el famoso misterio de la productividad al que nos referíamos en otro artículo.

Las estimaciones del INE se pueden cotejar con otra pieza decisiva del sistema fiscal español: el IVA. Como su nombre indica, el Impuesto sobre el Valor Añadido mide la diferencia entre las ventas y las compras (mercancías, suministros, bienes de inversión) realizadas por los empresarios. La base del impuesto coincide en lo fundamental con el valor añadido bruto que mide el INE cuando estima el PIB por la vía de la producción. El IVA tiene la ventaja de ser un impuesto aparentemente sencillo, pero que descansa sobre un sistema de control muy efectivo. La norma general es que una empresa solo puede descontarse compras si hay otra que declara estas como ventas suyas. La información relativa al IVA es de hecho bien conocida por los analistas de la economía española. A modo de ejemplo, la AIReF incorpora en sus modelos de proyección del PIB las ventas diarias sujetas al IVA realizadas por las grandes empresas.

En este artículo ampliamos el foco de análisis para recoger a todos los empresarios en la estadística anual del IVA. En 2021, por cierto, se registró un máximo histórico de declarantes (3.5 millones), superando con creces el anterior récord de 2007. Su uso plantea solo dos limitaciones. Primero, que no incluye información referente a País Vasco, Navarra, Canarias, Ceuta y Melilla debido a las particularidades o exenciones que afectan a estos territorios. Segundo, que algunos sectores (bancos y seguros, la sanidad, la educación, los servicios sociales y el alquiler de vivienda) están exentos del IVA. La comparación entre las cifras del PIB y las del IVA debe por tanto hacerse solo para el resto de ramas de actividad. En este caso, esto no es un gran problema pues buena parte de las anomalías del PIB estimado por el INE se producen en actividades sujetas al IVA.

Los gráficos siguientes recogen las estimaciones antes de ajustar por la inflación. El primero muestra la comparación incluyendo todos los sectores sujetos a IVA, según el INE y la Agencia Tributaria. La tendencia es similar a la que ya señalábamos en múltiples ocasiones. De acuerdo con el INE, en 2021 todavía se estaba lejos (-5.9%) de haber recuperado los niveles de actividad previos a la pandemia, mientras que los registros fiscales indican lo contrario (+ 3.3%). Además, esta diferencia no se produce en 2020, el año de mayores restricciones en la actividad, sino con la recuperación de 2021. Los otros gráficos detallan esta comparación para los sectores que concentran el peor comportamiento en estos dos años de crisis: la construcción y los servicios inmobiliarios de mercado, los servicios a las empresas (consultoría y asesoría legal, investigación, etc.) y el ocio (incluyendo la hostelería). En total, estas actividades representaban un 30% del PIB de España en 2019.

La comparación ilustra una serie de pautas comunes. Por un lado, las estimaciones por sectores elaboradas por el INE y las que pueden establecerse a partir del IVA muestran una similitud considerable en los cinco años previos a la pandemia. Esto indica que los datos fiscales han sido tradicionalmente un buen indicador de la actividad económica. El segundo punto más importante es que, de nuevo, la diferencia no surge tanto en el año de confinamiento como en la recuperación de 2021. En otras palabras, da la sensación de que los indicadores que el INE utiliza para aproximar la actividad económica están dando señales cada vez más equivocadas en este contexto. 

Para entender esta divergencia tan fuerte, conviene por un momento entrar en los detalles de cómo calcula el INE el PIB para una actividad en particular, por ejemplo, la construcción. Según el manual del INE, el valor añadido es este caso se calcula sintetizando tres indicadores: 1) las ventas reportadas por las sociedades a la Agencia Tributaria 2) el índice de producción elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre la base de una encuesta 3) el consumo de materiales (cemento y ladrillos). Como podrá imaginar el lector, los dos primeros indicadores son más complejos y refinados, mientras que el tercero es algo más simple.

Por ilustrar las discrepancias, en el gráfico adjunto mostramos la evolución de acuerdo con la Agencia Tributaria, el Ministerio y la estimación final del PIB. Los resultados hablan por sí solos. De 2014 a 2019 las tendencias marcadas por la Agencia Tributaria eran casi idénticas con las que establecía la contabilidad nacional en su resultado final. Ello significa que, de forma implícita, los estadísticos del INE daban una menor importancia (o incluso prescindían en la práctica) de la encuesta sobre la construcción elaborada por el Ministerio. En cambio, desde el inicio de la pandemia, la situación es la contraria. Las series del INE coinciden casi a la perfección con las estimaciones del Ministerio y se distancian cada vez más de los resultados proporcionados por Hacienda. Las implicaciones de este cambio metodológico son enormes. Según el INE, la construcción no levanta cabeza desde la pandemia, mientras que de acuerdo con la Agencia Tributaria la actividad (sin ajustar por la inflación) es un 20% superior a 2019. Por si se lo estaban preguntando, el consumo de cemento también ha recuperado los niveles previos a la pandemia.

Las diferencias en la actividad de la construcción son aún más clamorosas cuando se ven en relación con el empleo. Si acudimos de nuevo al manual oficial del PIB, se comprueba que los trabajadores ocupados se miden a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) después de realizar algunos pequeños ajustes. Sin embargo, por fortuna para los investigadores, tanto la Agencia Tributaria como el Ministerio también informan del número de trabajadores en sus respectivas estadísticas. La comparación en el gráfico muestra que los datos de la Agencia Tributaria, la EPA y el PIB coinciden en mayor medida que con los Ministerio en todo el periodo y sin que la pandemia marque una diferencia. De forma inevitable surgen entonces múltiples interrogantes que nadie ha respondido hasta la fecha. ¿Por qué razón el INE hace depender sus resultados de una encuesta que claramente no concuerda con los indicadores que utilizaban hasta 2019? ¿Acaso no es un sinsentido que la actividad decrezca y el empleo se recupere? Incluso si hubiera razones fundadas para no utilizar los registros fiscales a partir de 2020, ¿por qué no se explica esta divergencia?

Aunque la construcción es un caso extremo de las anomalías del PIB, no es en absoluto una situación única. Una comparación detallada para cada industria puede establecerse con otros indicadores externos como, por ejemplo, las estadísticas de cifra de negocios que publica el INE o los resultados reportados a la Central de Balances. No obstante, por mantener en este artículo una comparación restringida a las fuentes fiscales, la tabla final recoge el efecto que resultaría de revaluar el valor añadido en cada caso de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria.

El balance final que puede establecerse es similar a la estimación a través de las rentas: el PIB en 2021 es un 5% superior al que estima el INE. En este caso la divergencia se explica porque en las actividades sujetas al IVA, que en total representan algo más del 60% del PIB, la recuperación ha sido mucho más intensa que lo que apuntan las series oficiales. Además, estas pautas siguen el orden lógico que cabría suponer en este contexto de crisis y recuperación. Las actividades industriales y la construcción se habrían recuperado de un shock puntual ocurrido durante el primer confinamiento de 2020. Pero lo más importante se observa en el sector servicios, el verdadero motor de nuestra economía. El empuje de los servicios a las empresas, junto con el sostenimiento de la actividad en los servicios públicos, la educación y la sanidad habrían sido más que suficientes para contrarrestar la dura caída experimentada en los servicios de ocio. Pero incluso en este último caso es evidente que la hostelería y otros servicios personales estaban ya participando de una importancia recuperación en la segunda mitad de 2021. España habría así superado el duro bache que ha supuesto dos años de pandemia.