Sin embargo, el problema no es tanto considerar si se ha “engañado” o no a alguien sino cuales son las necesidades reales del sistema educativo canario y cuáles son los retos que nos trazamos al respecto como sociedad.

En este sentido, no hay que olvidar que Canarias, de forma estructural y obviando al profesorado contratado durante el curso actual por las razones conocidas, cuenta con un brutal déficit de docentes en relación al resto del estado lo cual, a su vez, genera una de las ratios más elevadas (número de alumnos por docente) en el marco del contexto español. Ello, como no podría ser de otra forma, explica en gran medida que Canarias, informe tras informe y estudio tras estudio, indefectiblemente figure siempre en el “furgón de cola” en cuanto a tasas de fracaso y abandono escolar temprano se refiere.

A la luz de las declaraciones de la Sra. consejera, resulta palmario que el incremento de plantilla producido este curso escolar no ha venido derivado de un compromiso real del Gobierno autonómico con el sistema educativo canario y sus necesidades, sino que ha sido una medida forzada por el contexto de pandemia en el que estamos inmersos. Aclarado lo anterior, no es menos cierto que una vez realizado dicho esfuerzo, sería inconcebible contemplar ningún paso atrás al respecto dado que ello volvería a colocar a la educación canaria en una situación insostenible. Por otro lado, tampoco se puede obviar que el mantenimiento de la actual plantilla docente colocaría a Canarias, por fin, en la senda del cumplimiento de lo establecido en la Ley Canaria de Educación, es decir, alcanzar el 5% de inversión educativa en relación al PIB en 2022.

El incremento de docentes acontecido el presente curso, con independencia de las motivaciones que lo generaran, ha permitido reducir las ratios en la Educación Secundaria al tiempo que mejorar sustancialmente la atención educativa y los resultados escolares en el conjunto de la enseñanza obligatoria. La posibilidad de desarrollar una atención educativa más individualizada, atendiendo mejor a la diversidad de nuestro alumnado y, especialmente, a aquellos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, ha supuesto un paso adelante necesario sobre el cual no cabe retroceso de tipo alguno.

Por ello y con independencia de cómo evolucione la pandemia, resulta imprescindible que el número de docentes del sistema público en Canarias se mantenga el curso próximo, como mínimo, en los niveles actuales, reconvirtiendo los actuales nombramientos de refuerzo COVID en plantilla estable del sistema educativo y realizando las oportunas contrataciones atendiendo al correspondiente orden actual de las Listas de Empleo para interinidades y sustituciones.

Caso contrario, lo único que se vendría a demostrar es la falta de compromiso del Gobierno de Canarias y de su Consejera de Educación respecto a las necesidades del sistema educativo y, por ende, de la sociedad canaria. Eso podría quizás no considerarse un “engaño” pero, desde luego, se le acercaría bastante.

La salida de la Administración educativa de la Sra. Guerra Palmero y su sustitución, previsiblemente de forma transitoria, por D. José Antonio Valbuena era, como ya he indicado reiteradamente, la “crónica de una dimisión anunciada” (o de una “una solicitud de cese aceptada” que tanto monta, monta tanto) que vino precedida, además, por la dimisión, durante el pasado fin de semana, del Director General de Innovación, Ordenación y Calidad, D. Gregorio Cabrera Déniz, aduciendo, y ahí es nada, “la falta de unidad de criterio en el proceso de desescalada educativa”.

El desencuentro, uno más dentro de la larga lista de crisis y enfrentamientos internos que ha caracterizado la cotidianeidad de la Consejería de Educación estos últimos meses, se produjo ante la inexplicable decisión de intentar descargar toda la responsabilidad de la desescalada educativa en los equipos directivos de los centros, sin previas instrucciones y protocolos claros respecto a cómo proceder, así como a la insistencia por reincorporar “deprisa y corriendo” a parte del alumnado a la actividad educativa presencial. De hecho, el viernes 22 de mayo a partir de las 15:00 horas (¡viva el derecho a la desconexión digital!) se remitieron a todos los centros educativos de Canarias una serie de deslavazados documentos, con indicaciones de comenzar la actividad presencial el ¡lunes 25 de mayo! Desde Innovación partidarios, al igual que el conjunto de las organizaciones sindicales, de reforzar durante lo que resta del curso la actividad educativa a distancia y centrar los esfuerzos en la preparación del difícil curso 2020-2021, se había aceptado a regañadientes la posibilidad de una vuelta parcial a las aulas. Sin embargo, la chapucera decisión adoptada sin consenso interno el viernes pasado, poniendo en la picota a toda la Comunidad Educativa, precipitó los acontecimientos. A partir de ahí, la historia es conocida, dimisión del mencionado Director General, rebelión generalizada de los equipos directivos, estupefacción de familias y de las organizaciones sindicales y comparecencia pública del presidente del Gobierno para, “sin querer queriendo” desautorizar a la Sra. Guerra Palmero y anunciar unas instrucciones a publicar el pasado domingo y que aún, para no romper la tradición, seguimos esperando. En definitiva, un “guirigay” monumental que amargó el fin de semana a más de uno y que culminó, momentáneamente, con el consabido anuncio de dimisión de la consejera de Educación el pasado lunes por la mañana.

Valoraciones aparte, la renuncia, sorprendentemente en solitario, de la Sra. Guerra abre un nuevo escenario donde, a todas luces, resulta imprescindible recomponer a la mayor urgencia el organigrama de mando de la Administración educativa. Y decimos en solitario porque en ningún caso se ha producido el esperado cese de los cuadros intermedios de la Consejería que, como si con ellas/os no fuera el problema, pareciera que albergan la pretensión de mantenerse en sus puestos contra viento y marea. Más que llamativo fue comprobar cómo mientras la consejera cesante se esmeraba la mañana del lunes en explicar, a diestro y siniestro, las razones de su renuncia ante los medios de comunicación, su mano derecha y, para muchos, consejera en la sombra, Dña. Marisol Collado Mirabal, a la sazón aún Directora General de Personal, experimentaba por primera vez con un “Live” en Facebook para intentar explicar a cientos de docentes las “enigmáticas” razones de la eterna parálisis de todos y cada uno de los procedimientos abiertos precisamente en el ámbito de su área de gestión (listas de empleo, funcionariado en prácticas, Comisiones de Servicio, Adjudicación Provisional de destinos, nueva normativa de Licencias y Permisos…) para terminar, incluso, anunciando un nuevo “Live” en un futuro próximo. Loable iniciativa aunque curiosa, cuanto menos, dado que es de presuponer que los días de sillón de la referida Directora General de Personal así como del resto de cargos intermedios de la Administración educativa están contados. Pareciera que la Sra. Collado, con amplia y dilatada experiencia política y persona de reconocida confianza de Ángel Víctor Torres, estuviera apostando por aferrarse al cargo o, incluso, escalar posiciones en el escalafón, como si la vida le fuera en ello. Sorprendente o no tanto.

Quizás haya que considerar que el presidente del Gobierno apuesta por cerrar este nefasto curso de la “mejor manera posible”, cambiando el timonel de la nave pero manteniendo, al menos de momento, al resto de la oficialidad. Si así fuera, podría incluso considerarse una estrategia válida puesto que no parece recomendable introducir grandes modificaciones en el organigrama a un mes vista de la finalización del curso escolar. Sea como fuere, esta actitud prudente en ningún caso puede obviar la ineludible necesidad de acicalar en profundidad la casa, poner orden en el caos reinante y apostar por un nuevo equipo de gobierno, ahora sí, cohesionado y que –abandonando las miserables rencillas políticas y luchas de poder- se ponga a trabajar, con responsabilidad y desde el diálogo con todos los sectores de la Comunidad Educativa, en la extremadamente compleja organización del próximo curso y, en definitiva, del futuro de la Educación Canaria. Nos va mucho en ello.

Porque, Sr. presidente Ángel Víctor Torres, al menos en este caso, de ninguna manera quienes han sido parte activa del problema pueden pretender ahora ser la solución. El crédito ya se agotó.

Urge debatir colectivamente y buscar alternativas en todos los ámbitos para evitar, como históricamente ha ocurrido, que sean casi exclusivamente los sectores sociales más desfavorecidos los que paguen la factura de la inevitable crisis que se avecina

La actual situación de suspensión de la actividad educativa presencial ha traído a la palestra el término “brecha digital” para señalar la desigualdad existente entre la ciudadanía respecto a su acceso a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Según cálculos de Oxfam Intermon, 4.000 millones de personas en el mundo viven sin acceso a la red lo cual, en la era de la conectividad, condiciona notablemente sus posibilidades de progreso socioeconómico y cultural.

Además del acceso a la red propiamente, la brecha tecnológica también se manifiesta en la falta de “habilidades digitales” en gran parte de la población, casi imprescindibles en la actualidad para relacionarse con las administraciones, para el acceso a servicios y recursos culturales y educativos de todo tipo y, por extensión, para lograr una mejora de la cualificación laboral o, sin ir tan lejos, para algo tan doméstico como consultar la factura de la electricidad.

Sin menoscabo de los problemas de “conectividad”, se destaca la falta de “habilidades digitales”, según informes del Instituto Canario de Estadística (Istac), como el principal déficit que encontramos en nuestro archipiélago en este ámbito y que, de forma palpable, se está poniendo de manifiesto en el terreno educativo una vez ha entrado en juego la obligada y urgente necesidad de desarrollar alternativas formativas online. Actividad online, dicho sea de paso, que se está desarrollando gracias fundamentalmente a que el profesorado ha puesto desinteresadamente sus recursos personales de acceso a la red y dispositivos al servicio de su actividad laboral y, por tanto, del bien común, como no cabría esperar otra cosa en la actual situación.

Podríamos reforzar el análisis matizando, y esto lo afirmo yo, que una cosa es que una buena parte de los hogares canarios dispongan de acceso a la red y diversos equipamientos tecnológicos como televisiones, videoconsolas o móviles, más o menos de última generación, y otra muy diferente es que, además, se disponga de un ordenador o tableta en condiciones y, lo que es aún más complejo, de las habilidades necesarias para utilizar los mismos para actividades que vayan más allá del mero ocio. En este contexto, no podemos menos que considerar que la brecha tecnológica no es más que una expresión de la desigualdad y la pobreza en la sociedad de la era digital.

Nada de esto nos debe sorprender a poco que hagamos un mínimo ejercicio de contextualización. Así por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivos, según el IX Informe “El Estado de la Pobreza” elaborado y presentado en octubre de 2019 por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN-Canarias), el 36% de la población del archipiélago está en riesgo de pobreza y exclusión social mientras que la Tasa de Pobreza Severa en Canarias se sitúa en el 9,2% señalando, además, un incremento de 40.000 personas en riesgo de exclusión social respecto a informes anteriores. En palabras de la propia Viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y pese a la mejoría en algunos parámetros, “los datos de este informe ponen de manifiesto la cronificación de la pobreza en nuestra región (…) por lo que requiere de políticas concretas y realistas”. Si a lo anterior le sumamos, por solo aportar un dato más, una tasa cercana al 19 % de desempleados declarados, de las más elevadas del estado, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al último trimestre de 2019, creo resulta sencillo hacerse una idea del actual estado de la cuestión en nuestro archipiélago.

Los datos apuntados se refieren al periodo previo a la alerta sanitaria originada por el COVID-19 por lo que no contemplan, obviamente, las gravísimas consecuencias que sobre la actividad productiva está ya teniendo la actual situación, en un territorio como el nuestro, supeditado al binomio económico del turismo y los servicios. Aunque tiempo habrá, desgraciadamente, para comprobarlo, algunas proyecciones indican que el desempleo en Canarias podría alcanzar cotas inéditas, superiores al 40%, como consecuencia del desastre económico que se avecina.

Ante este amargo panorama, la anunciada distribución de 10.000 tabletas con conectividad a Internet, sufragadas por la Consejería de Educación y, en menor proporción, por el Ministerio de Educación y por muy loable y necesaria que sea la iniciativa, solo viene a suponer un parche ante la profunda hemorragia de desigualdad social que sufrimos en el archipiélago. Aún estando más que justificada la iniciativa, es evidente que no solucionará el problema de fondo, además de porque solo alcanzará una porción relativamente pequeña de los hogares canarios con necesidades al respecto porque, a la luz de lo expuesto, no afronta el problema esencial desde su raíz. Solo será posible, como decíamos apuntaba la propia Viceconsejera de Derechos Sociales, avanzar en la lucha contra la desigualdad social con “políticas concretas y realistas” que, añado, aborden el problema globalmente y desde su origen. En todo caso “andando se hace camino”.

Sería demagógico afirmar que los gobiernos actuales, centrales o autonómicos, tengan la exclusiva responsabilidad de esta situación pero no resultaría tan desacertado sostener que la gestión de los progresivos gobiernos en materia social y económica durante las últimas décadas no ha estado orientada a compensar las desigualdades sociales como objetivo prioritario. Por solo dar una muestra, las más de 20.000 solicitudes de ayuda a la dependencia paralizadas en algún despacho del Gobierno de Canarias -según datos del Imserso y la propia Administración-, la casi inexistente política de ayudas a la vivienda, los recortes y privatizaciones en materia sanitaria y la escasa inversión en el ámbito educativo, incumpliéndose sistemáticamente la Ley Canaria de Educación, por no hablar de la nula visión respecto a la urgente necesidad de diversificación de la economía canaria, dan buena cuenta de ello.

En definitiva, es necesario que los gobiernos hagan suyo, realmente y no solo como mantra publicitario, el lema tan en auge “De esta salimos juntos” y se apliquen denodadamente para afrontar la crisis socioeconómica que se avecina y cuyos efectos ya estamos comenzando a notar, desde una perspectiva eminentemente social para no repetir experiencias de anteriores crisis donde los recortes se cebaron, dramáticamente y casi de forma exclusiva, en la población más vulnerable socialmente.