Los españoles todavía no tenemos una posición clara sobre el cambio climático. Esto significa que una gran parte de los ciudadanos (alrededor del 60 %) somos inconsistentes en nuestras actitudes sobre este tema: nos declaramos, por ejemplo, preocupados por el fenómeno del calentamiento global, pero al mismo tiempo otorgamos un bajo nivel de apoyo a las políticas destinadas a combatirlo. Alternativamente, un 40 % de la población sí tiene posiciones coherentes (aproximadamente un 20 % de los españoles muestra una opinión consistentemente favorable y otro 20 % consistentemente hostil). Esto significa que el cambio climático es todavía un asunto moldeable, no cristalizado en la opinión pública española.

La tendencia general en la evolución de las actitudes, sin embargo, no es positiva: durante los últimos dos años son más los españoles que han empeorado su opinión sobre el cambio climático que quienes han desarrollado actitudes más positivas. A ese grupo de ciudadanos cuya opinión sobre el cambio climático se ha vuelto más negativa los hemos denominado backlashers en un estudio financiado por y diseñado en colaboración con la European Climate Foundation. Tras realizar una encuesta panel de 4 olas (entre noviembre de 2022 y octubre de 2024), identificamos a un total de 698 backlashers en España, es decir, ciudadanos que a lo largo del periodo de estudio habían empeorado de manera consistente sus percepciones sobre el cambio climático (este grupo representaba un 22 % del total de la muestra).

¿A qué podía deberse el empeoramiento de las actitudes climáticas de los denominados backlashers? Para indagar sobre esta cuestión, hemos realizado recientemente una encuesta en la que conseguimos recontactar con los backlashers identificados previamente. Nuestro objetivo era analizar con mayor profundidad las características de este grupo y los motivos que les habían llevado a tener una visión más negativa sobre el cambio climático.

Los resultados muestran que el empeoramiento de las actitudes climáticas de los backlashers está relacionado con un mayor rechazo a las políticas que supongan un cambio en su estilo de vida (en su renta, en la utilización del coche o en su consumo). El rechazo emerge sobre todo en las políticas para combatir el cambio climático basadas en impuestos verdes, en prohibiciones en el consumo de carne o en limitaciones en la utilización del coche privado (ver Gráficos 1 y 2). Los backlashers son particularmente sensibles a las políticas que limiten la utilización del coche (como las Zonas de Bajas Emisiones), porque utilizan más el transporte privado que el resto de la población para ir al trabajo, realizar actividades de ocio o llevar a los niños al colegio.

Que la opinión sobre la cuestión climática de algunos ciudadanos haya empeorado en los últimos dos años no tiene que ver con que esta cuestión les provoque mayor alarma o preocupación. Al contrario, cuando se pregunta a los backlashers sobre las sensaciones que les provoca el cambio climático, a diferencia de la población en general, el tema no les provoca miedo ni rabia, sino sobre todo hartazgo (ver Gráfico 3). Esta sensación de hastío de los backlashers resulta también comparativamente más intensa respecto a las políticas de género y el conflicto palestino-israelí. Para los backlashers, el cambio climático es un tema asimilable a otras cuestiones ideologizadas, especialmente las de tipo cultural (como el feminismo). Así, el backlash climático está conectado al backlash cultural, que también representa una reacción negativa, en este caso frente a cambios sociales o culturales percibidos como demasiado rápidos en cuestiones como el feminismo, los derechos LGTBI o las políticas de diversidad.

Por último, los backlashers no son hostiles climáticos (cuyas posiciones son consistentes y estables en su rechazo radical a la cuestión climática), sino ciudadanos cuyas actitudes son hoy menos favorables que hace dos años. A diferencia de los hostiles, los backlashers son un grupo más ecléctico ideológicamente. Sin embargo, sí comparten elementos de desafección política: los backlashers se muestran comparativamente más hostiles hacia la política y los políticos (prefieren a los expertos) y son más favorables hacia los mensajes de corte populista.

En conclusión, la raíz del backlash climático en España no es económica, sino cultural. El hecho de que una parte de la población tenga hoy una visión más negativa sobre el cambio climático que hace dos años no se debe a un empeoramiento de su situación laboral ni a su mayor vulnerabilidad económica respecto al resto. El distanciamiento de los backlashers respecto al apoyo climático se relaciona con un rechazo hacia la clase política y hacia las restricciones que las políticas contra el cambio climático suponen para su modo de vida, así como con un hartazgo comparable al que sienten ante otros temas marcadamente divisivos en el plano ideológico.

Todo ello sugiere que la cuestión climática en España se está integrando, de forma progresiva, en la llamada división cultural y que, a pesar de que la mayoría de los ciudadanos españoles se muestra preocupada por el cambio climático, es muy probable que esta preocupación quede finalmente enterrada en los bloques ideológicos.

A medida que los efectos del cambio climático resultan más evidentes, la naturaleza de este fenómeno va cambiando a ojos de los ciudadanos. El cambio climático ha pasado de ser un desafío difuso y global a manifestarse de manera concreta a través de episodios meteorológicos extremos (olas de calor, sequía, inundaciones) cuyas consecuencias son equiparables a los desastres naturales. Que el desafío climático se esté revelando más intensamente en forma de crisis podría, paradójicamente, acabar socavando el impulso global que se requiere para combatirlo. Dicho de otra manera: atender las consecuencias del cambio climático podría detraer esfuerzos orientados a combatir sus causas. Veamos de qué manera.

En primer lugar, la persistencia de las sequías o de las olas de calor pueden reorientar las demandas de la opinión pública del largo al corto plazo. A medida que los ciudadanos experimentan el cambio climático a través de eventos extremos, es posible que sus demandas hacia las administraciones públicas se centren más en la respuesta a la crisis (reparación de daños) y la minimización del impacto inmediato (mediante la adaptación de infraestructuras o el establecimiento de protocolos sanitarios, por ejemplo) en detrimento de una mayor exigencia de coordinación, financiación y liderazgo global en el largo plazo.   

Dicho de otro modo, las demandas de acción política de la población podrían orientarse desde lo global hacia lo local. Esto es así porque mientras que para combatir las causas del cambio climático es necesaria una coordinación global en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, las decisiones sobre cómo reparar y minimizar los efectos de los fenómenos extremos suelen ser más locales o regionales. Esto puede acabar generando un dilema para los responsables públicos sobre cómo distribuir los esfuerzos y recursos entre acciones con beneficios más inmediatos y locales frente a acciones cuyos beneficios son más difusos y de largo plazo.

En segundo lugar, si los fenómenos extremos derivados del cambio climático se extienden con efectos geográficos asimétricos, será más difícil establecer acuerdos globales para combatir sus causas. Cuanto más desigual sea el impacto del cambio climático, mayor heterogeneidad existirá en la respuesta preferida por los gobiernos nacionales para mitigar sus causas. Los políticos que crean que las soluciones comunes están crecientemente alejadas (ya sea por demasiado suaves o demasiado exigentes) del nivel óptimo de respuesta en su propio país, tendrán la tentación de retroceder en acuerdos globales. La coordinación global se resquebrajará. Ello podría resultar en una coordinación reducida a “clubes de naciones” con intereses parecidos, como propuso William Nordhaus como fórmula para superar las limitaciones de los tratados internacionales.

El tercer mecanismo es la cristalización del tema del cambio climático en el ámbito político nacional. Por un lado, la existencia de eventos climáticos extremos ha intensificado la presencia del cambio climático en el debate público. Por otro lado, las iniciativas políticas lanzadas a nivel supranacional, como el Pacto Verde Europeo, han establecido líneas específicas de acción política que los estados miembros nacionales (y las autoridades regionales y locales) deben desarrollar. Estas líneas, como la implementación de políticas específicas para mitigar el cambio climático (por ejemplo, Zonas de Bajas Emisiones), generan grupos de ganadores y perdedores que presionan a las autoridades políticas nacionales en direcciones opuestas. Por último, la expansión del tema del cambio climático en el ámbito político irá acompañada de una progresiva cristalización de las posiciones de los partidos políticos, lo que contribuirá a profundizar las líneas de división sobre esta cuestión entre los votantes.

Como resultado, niveles relativamente altos de preocupación de la opinión pública sobre el cambio climático pueden coexistir con desacuerdos importantes sobre las medidas específicas implementadas para mitigar o adaptarse al calentamiento global (como impuestos o restricciones). En este escenario, los líderes nacionales tendrán más dificultades para conformar mayorías amplias con las que cumplir los acuerdos supranacionales sobre políticas preventivas o adaptativas que combatan el cambio climático. En definitiva, el consenso político necesario para sostener la acción colectiva global sobre el cambio climático será más difícil.

En definitiva, los tres argumentos presentados confluyen en una paradoja: mientras que el cambio climático, como desafío global, necesita de estructuras institucionales que permitan una coordinación global, su manifestación en forma de crisis periódicas puede socavar dicho esfuerzo, fortaleciendo el papel de lo nacional y lo local. Una mayor demanda de actuaciones orientadas a combatir en el corto plazo los efectos que provocan los fenómenos meteorológicos extremos desencadenados por el calentamiento global puede acabar debilitando los esfuerzos de largo plazo basados en la coordinación, la financiación y el liderazgo global.  

En España la mayoría de la población reconoce la existencia del cambio climático y está preocupada por él, por lo que las posiciones negacionistas son minoritarias. Sin embargo, la división política alrededor de esta cuestión aflora más claramente en el grado de apoyo a las políticas destinadas a prevenir las causas del cambio climático o a combatir sus efectos. Esta división puede explicarse por dos motivos: porque las políticas no son neutrales, al tener efectos distributivos (generan ganadores y perdedores tanto en la población como en distintos sectores económicos). Y, en segundo lugar, porque el apoyo a las políticas puede estar condicionado por el grado de confianza o apoyo hacia los actores políticos que deben impulsarlas.

La división alrededor de la cuestión climática en la sociedad española es fundamentalmente ideológica, pues los electores de izquierda se muestran generalmente más preocupados por el cambio climático y apoyan en mayor medida las políticas que los de derecha. En este último bloque, los votantes de VOX aparecen con posiciones claramente diferenciada respecto a los votantes del PP, PSOE y SUMAR. Aunque el grado de división ideológica en estas cuestiones parece menor que en otras políticas (León y Miller 2023), el mayor protagonismo del calentamiento global en la agenda política es relativamente nuevo, y solo recientemente los partidos han comenzado a tomar posiciones sobre esta problemática y las políticas que se impulsan para combatirla. Esto implica que todavía existe margen, tanto en los partidos como en la opinión pública, para cambios en sus posicionamientos sobre la cuestión climática.

En este sentido, los electores del Partido Popular operan como una especie de grupo bisagra entre las posiciones más favorables a la lucha contra el cambio climático de la izquierda y las actitudes más radicalizadas de los electores de VOX. Si el votante del Partido Popular se radicaliza hacia posiciones cercanas a las de VOX, manteniendo constante la posición del resto, el consenso actual en la preocupación y reconocimiento del cambio climático entre los votantes de izquierda y los del PP se debilitará. Si, por el contrario, los votantes populares siguen manteniendo posiciones generalmente favorables a las medidas para luchar contra el cambio climático, los avances en la agenda política de transición verde impulsada por Europa serán menos conflictivos. En definitiva, el grado de consenso sobre el que operen las políticas públicas relacionadas con el cambio climático dependerá en gran medida de cómo evolucionen las actitudes y predisposiciones de los votantes del Partido Popular.

¿Cuál es entonces la posición actual de los votantes populares en relación con el cambio climático? Los datos de una encuesta panel de tres olas financiada por European Climate Foundation y diseñada por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid muestran que los electores del Partido Popular están menos preocupados sobre este problema y son más críticos con las políticas para combatirlo que los votantes del PSOE o de SUMAR. Sin embargo, sus actitudes son generalmente más cercanas a las de los electores de izquierda que a los de VOX, aunque con matices.

El gráfico 1 muestra las actitudes de los cuatro grupos de votantes (midiéndolos con el recuerdo de voto en las elecciones del 23 de julio de 2023) hacia distintas cuestiones relacionadas con el cambio climático. Como puede observarse, el grado de desacuerdo de los votantes populares respecto a la mayoría de afirmaciones es más próximo al que manifiestan los votantes de izquierda que al de los votantes de VOX, con algunas excepciones. Una es la afirmación de si nos estamos preocupando demasiado por el cambio climático y poco por el empleo y los precios (menor grado de desacuerdo); la segunda es sobre si se está exagerando mucho el cambio climático (menor grado de desacuerdo) y la tercera es un mayor desacuerdo sobre la posibilidad de transgredir normas para llamar la atención sobre el cambio climático. Además, los datos de las dos primeras olas del estudio muestran que las actitudes de los populares apenas han cambiado durante el último año (datos no mostrados).

Gráfico 1. Porcentaje de personas que están poco o nada de acuerdo con las siguientes afirmaciones

En el Gráfico 2 se muestran los resultados respecto al apoyo a las políticas para combatir el cambio climático. Estas políticas se han agrupado en tres categorías: subvenciones, prohibiciones/limitaciones e impuestos. Como puede observarse, la brecha entre bloques ideológicos es mayor en el ámbito de los impuestos y en la limitación del consumo de carne, mientras que en el resto de cuestiones las posiciones de los votantes del PP están más próximas a los votantes del PSOE y SUMAR que a los de VOX. En el ámbito de las políticas basadas en subvenciones, las diferencias son mínimas porque el general el grado de apoyo a estas políticas es alto. Los datos de las dos primeras olas del estudio muestran de nuevo que el grado de apoyo de los populares a estas políticas apenas han cambiado durante el último año (datos no mostrados).

Gráfico 2. Porcentaje de personas que rechazan (más bien en contra y en contra) las siguientes políticas contra el cambio climático

En conclusión, aunque los votantes del partido popular muestran actitudes algo más críticas hacia el cambio climático que los votantes de SUMAR o del PSOE, en una gran mayoría de cuestiones relacionadas con el cambio climático sus posiciones están más cerca de los votantes de izquierda que de los de VOX. Existe una excepción: las medidas para combatir el cambio climático basadas en el aumento de impuestos sí generan una profundización de la división entre bloques ideológicos. Las medidas fundamentadas en prohibiciones también generan menos consenso.

Sabemos que las campañas electorales son hoy más decisivas que hace varias décadas porque hay cada vez un mayor número de ciudadanos que decide su voto durante las dos semanas previas a las elecciones. Si en los años 90 casi todo el mundo tenía claro a quién votar antes de la campaña electoral y solo un 10% decidía durante los últimos días, en el momento actual el porcentaje de quienes decidirán durante la campaña, en el día de reflexión o el mismo día de las elecciones asciende al 37%. Esto significa que en los próximos días habrá casi 14 millones de ciudadanos decidiendo qué hacer el próximo 23 de julio.

Los dos principales partidos han llegado a este momento con distintas fortalezas y debilidades. Al PP, tal y como ocurrió en las últimas elecciones autonómicas, solo le puede ir bien, pues todo indica que va a mejorar significativamente su porcentaje de voto y el número de escaños. Así, el partido de Feijóo se enfrenta a las próximas elecciones con cierta comodidad. Es percibido como vencedor más probable por tres de cada cuatro ciudadanos, un porcentaje similar a quienes creían que Sánchez ganaría en las últimas elecciones generales. Tampoco le va mal en el resto de indicadores, pues cuenta con una alta fidelidad de voto, pocos indecisos, arranca más voto entre abstencionistas y nuevos votantes que el PSOE (según la preelectoral del CIS, aunque encuestas más recientes indican una mayor capacidad de movilización de los socialistas durante los últimos días), y su electorado está altamente motivado: prueba de ello es que los votantes populares se muestran mucho más convencidos de su victoria de lo que lo estaban los socialistas del triunfo de Sánchez en el 2019.

El problema principal del PP no es alejarse de la primera posición que todas las encuestas le otorgan. Sería raro que, dados los pronósticos electorales, no quedara primero en número de escaños. El riesgo para el PP es alejarse de una mayoría absoluta en la suma con Vox y tener que depender de unos aliados parlamentarios que, a día de hoy, son escasos. Feijóo es muy bien valorado entre los suyos pero, con la excepción de los votantes de Vox, Ciudadanos, Navarra Suma y Coalición Canarias, los del resto de partidos le otorgan un suspenso en su valoración. Para evitar llegar a un escenario donde los populares se quedan a las puertas de la mayoría absoluta Feijóo no necesita tanto animar a los suyos, como desmovilizar a la izquierda y cortocircuitar el aumento de apoyos a Sumar y al PSOE registrado durante los primeros días de la campaña electoral.

Para los partidos en el Gobierno, lo que pase durante los próximos días es más importante que para el PP, pues los votantes de izquierda están más indecisos y son los que en mayor medida decidirán su voto durante la campaña electoral. En este escenario, la ventaja para Sánchez es que el PSOE es percibido por la opinión pública como el partido más capaz en la gran mayoría de políticas, exceptuando la de seguridad, la economía y las infraestructuras, en las que el PP es favorito. Además, a pesar de que el presidente del Gobierno no tiene una valoración tan alta entre los suyos como el líder de la oposición, Sánchez es menos impopular que Feijóo entre el resto de votantes. Esto también tiene su reflejo en que el PSOE cuenta potencialmente con más aliados parlamentarios que el PP.

El desafío para el PSOE es que llega a estas elecciones con un votante más indeciso y menos movilizado, y con una opinión pública que es algo menos de izquierdas que hace cuatro años (la media ideológica ha subido ligeramente de 4,5 a 4,79). Además, sus apoyos en el centro-izquierda se han debilitado, mientras el PP ha conseguido hacer una incursión modesta pero significativa en este grupo, que cuenta con uno de los porcentajes más altos de indecisos. Por otro lado, el votante de centro (que se caracteriza por situarse en el 5 de la escala ideológica y representa uno de cada cinco electores) ha virado definitivamente hacia el PP en estos últimos cuatro años (en el 2019 el PSOE era el primer partido en intención de voto en el electorado de centro, ahora el PP le supera en más de 10 puntos).

Las razones del alejamiento del votante de centro de los socialistas y la incapacidad de Sánchez de aumentar sus apoyos entre este sector del electorado puede explicarse con los datos mostrados más abajo. El gráfico 1 mide el grado de afecto que sienten tres grupos de votantes (votantes del PSOE, del PP y votantes de centro) hacia los electores de distintos partidos. La escala de afecto se mide del 0 al 100, donde 0 significa que quien responde tiene sentimientos muy desfavorables hacia los votantes de un partido y 100 significa que tiene sentimientos muy favorables. Una valoración de 50 puntos significa que sus sentimientos no son ni favorables ni desfavorables.

Gráfico 1. Grado de afecto (0-10) hacia votantes de distintos partidos según ideología y partido

Como puede observarse, el grado de desafecto del votante de centro hacia los electores de Vox es menor que el que sienten hacia los de partidos nacionalistas. El votante socialista coincide con el votante de centro en su baja simpatía hacia quienes apoyan a EH Bildu, Junts per Catalunya o PDeCat, pero su desagrado hacia los votantes de ERC no es tan intenso. Este dato explica por qué el discurso del PSOE sobre el peligro que Vox representa no llega a un sector del electorado, el de centro, que es más sensible al discurso sobre la amenaza de los nacionalismos que el PP enarbola. Para convencer a ese electorado el PSOE no debe contraponer a Vox, sino la sanidad, la igualdad, las política sociales o las de medio ambiente, porque en esas políticas el votante de centro sí percibe al PSOE como el partido más capaz.

La polarización está de moda. Con ello no me refiero a la repetida crispación con la que se gestiona el desacuerdo y el intercambio político en España, sino a los estudios académicos que tratan de analizar este fenómeno político. Una de las últimas contribuciones en este sentido es el libro “De votantes a hooligans” del profesor de la Pompeu Fabra Mariano Torcal, quien presenta seguramente el estudio longitudinal más completo hasta la fecha sobre esta cuestión para el caso español[1].

El libro arranca aportando claridad sobre el tan manido concepto de polarización y situando a España en perspectiva comparada. La polarización de los afectos (polarización afectiva), que es de lo que trata este libro, mide la distancia entre los sentimientos positivos que nos generan los votantes del partido con el que nos identificamos y el desafecto que sentimos hacia los votantes de otros partidos. Esta polarización es distinta de la polarización ideológica (la percepción de los ciudadanos sobre cómo de distantes son ideológicamente los principales partidos políticos) y del extremismo ideológico (cómo de distantes son los ciudadanos en sus preferencias políticas sobre distintos temas como el modelo territorial, la homosexualidad, la inmigración o los impuestos), aunque pueden estar relacionadas.

De la revisión del debate y del escrupuloso análisis de datos que aporta el libro, me gustaría destacar cuatro aspectos relevantes sobre la naturaleza y el cambio en el comportamiento político de los ciudadanos, sus causas y sus consecuencias. La primera es la transformación de los votantes en hooligans partidistas que participan en política de manera distinta. Ya no se trata tanto de votar al partido más cercano a las políticas públicas que preferimos, sino de participar como una expresión de lo que somos, de nuestra identidad. Esta afirmación, que guía el principal argumento del libro, suscita la pregunta de si somos ahora más hooligans que antes, aunque la confirmación de este proceso se tope con las dificultades de un análisis longitudinal más amplio. En todo caso, la consecuencia de este proceso es que la política se convierte en un juego de suma cero donde lo importante es ganar al otro. Así, en menos de una década hemos pasado de una situación donde la principal crítica al sistema era que no te jugaras nada en las elecciones porque, a ojos de los ciudadanos, daba igual quién estuviera en el poder (la llamada crisis de la democracia representativa), a la situación contraria: que los votantes sientan que se juegan demasiado en las elecciones.

La segunda es que el comportamiento político de los ciudadanos está guiado por los sentimientos negativos (más que los positivos), pues lo que más importa para entender la relación entre polarización afectiva y sus efectos sobre la confianza hacia otros ciudadanos o hacia las instituciones es el desafecto que se siente hacia los que políticamente no consideramos de “los nuestros”. Este resultado se corresponde con lo que ya sabemos sobre nuestra forma de votar: que lo hacemos más “en contra de” y no tanto “a favor de”, lo que algunos autores llaman “partidismo negativo”. A ello ha contribuido el hecho de que la crítica o el desafecto hacia los rivales políticos esté socialmente más tolerada o se considere, como dicen algunos autores, “juego limpio” (Klein 2021).[2] Dicho de otra manera, mientras que las reglas sociales limitan la ridiculización o crítica feroz a ciertos colectivos (raza, etnia, religión…) esas limitaciones no se encuentran en la crítica a los grupos políticos, donde parece que todo vale.  

En tercer lugar, las élites políticas juegan un papel importante en la moderación de la polarización afectiva, pues cuanta más división perciben los ciudadanos entre sus representantes políticos (más polarización ideológica), más intensa es la polarización afectiva. Los datos de Torcal muestran que el aumento de la polarización afectiva no está relacionado con el hecho de que los ciudadanos piensen cada vez de manera más distinta sobre la inmigración, la descentralización o la corrupción (pues, como muestran algunos estudios, en muchas políticas públicas la polarización es relativamente baja), sino que es el resultado de que perciben que la oferta política (la posición política de los partidos) está más polarizada.

Por último, sobre las consecuencias específicas de la polarización afectiva, el libro aporta una mala noticia y una no tan mala. La mala noticia es que la polarización sobrepasa los contornos del debate público para impregnar de desconfianza las actitudes hacia las instituciones y hacia el prójimo. Quienes sienten un mayor desafecto hacia los votantes de otros partidos tienden a confiar menos en las instituciones y también en la gente, incluso en sus más allegados (vecinos). Lo primero representa potencialmente un problema de legitimidad y lo segundo un problema de convivencia. La medio-buena noticia es que el apoyo a la democracia de manera incondicional es alto y no parece condicionado por el grado de polarización afectiva. No obstante, se observan algunas grietas preocupantes, como que los votantes más polarizados de ciertos partidos - Vox y, en menor medida, del PP – caigan en la “hipocresía democrática”:  un apoyo general a la democracia como mejor sistema (significativamente más bajo entre los votantes de Abascal) pero una menor tolerancia social hacia ciertos grupos (musulmanes, homosexuales, catalanes, vascos…) y un menor rechazo a medidas anticonstitucionalistas.

[1] Dos contribuciones muy recientes en la misma línea son “Democracia de Trincheras” (Península), de Lluís Orriols y “Polarizados. La política que nos divide” de Luis Miller (Deusto).

[2] Ezra Klein. (2021). ¿Por qué estamos polarizados? Madrid, Capitán Swing.

El conflicto territorial en España ha tenido distintos protagonistas a lo largo del tiempo. Durante las dos primeras décadas de la democracia, el terrorismo de ETA situó la principal fractura en el País Vasco. Sin embargo, con la llegada del nuevo milenio, las tensiones fueron trasladándose gradualmente desde el País Vasco a Cataluña. Mientras el fracaso de la reforma del Estatuto vasco (el llamado Plan Ibarretxe) en el año 2005 acabó imponiendo la vía pragmática en el PNV, la aprobación en Cataluña del nuevo Estatuto y la sentencia del Tribunal Constitucional cuatro años después desencadenó el viraje de los principales actores políticos en Cataluña hacia posiciones más radicales. En otoño del 2012, un año después de la disolución de la banda terrorista ETA, Artur Mas abría la vía soberanista en Cataluña, un proceso que culminó en la declaración unilateral de independencia un lustro después.

El lastre del conflicto territorial en la opinión pública vasca y catalana es distinto. Como mostraré a lo largo de los siguientes análisis, la principal huella del conflicto en la opinión pública vasca es el silencio. En Cataluña es la división. Los votantes vascos están menos separados en la manera en la que abordan socialmente o perciben el debate sobre la independencia. Sin embargo, una parte de su población no habla o no quiere hablar de ese tema. En Cataluña esto último ocurre menos, pero las divisiones políticas sobre la cuestión de la independencia son más profundas. Veamos el análisis con los datos de la encuesta de EsadeEcPol e ICIP sobre “Polarización y Convivencia en España”.

En primer lugar, como cabría esperar, el apoyo a la independencia en Cataluña es mayor que en el País Vasco. Mientras un 13% de los vascos se declara “Totalmente a favor” de la independencia, esa cifra aumenta hasta el 31% en Cataluña. El número de “indiferentes” sobre esta cuestión es algo mayor entre los vascos (15%) que entre los catalanes (11%). Además, entre los primeros también es mayor el porcentaje de quienes “prefieren no contestar” a esa pregunta (un 10% de los vascos, frente a un 5% de los catalanes). Esto puede indicar que una parte de la sociedad vasca sigue siendo reticente a expresar su opinión sobre este tema. El sentimiento de falta de libertad para hablar de política ha sido un rasgo característico de la opinión pública vasca (ver Llera et al 2022).

 Gráfico 1. Apoyo a la independencia

En segundo lugar, a primera vista, el estatus del debate independentista en ambos territorios no es muy distinto. Como puede observarse en el Gráfico 2, cuando se pregunta a los ciudadanos si estarían dispuestos a unirse a una conversación sobre el tema de la independencia en el trabajo o entre familiares, tanto en el País Vasco como en Cataluña la mayoría de ellos evitaría el tema en su entorno profesional y también la mayoría se uniría si fuera una conversación entre familiares (los mismos resultados aplican si se tratara de un grupo de amigos), aunque la predisposición a hablar sobre el tema es en ambos escenarios (trabajo y familia) más alta en Cataluña.  El porcentaje de personas que prefiere no contestar sigue siendo algo mayor en el País Vasco que en Cataluña.

Gráfico 2. Disposición a unirse a una conversación sobre la independencia en el trabajo y en la familia.

Sin embargo, aunque los porcentajes generales mostrados en el Gráfico 2 no sean radicalmente distintos, en Cataluña existe una mayor división respecto a cómo los votantes abordan socialmente, en privado y en público, la cuestión sobre la independencia. Como puede apreciarse en los Gráficos 3 y 4, en Cataluña los electorales más favorables a la independencia - Junts y CUP - son también los que más predispuestos están a entrar en el debate si surge el tema de la independencia en una conversación de trabajo o en la familia. En cambio, la mayor parte de los votantes no independentistas prefieren evadir una conversación sobre el tema. En el caso del País Vasco, las diferencias entre votantes no son tan intensas, aunque un porcentaje mucho más alto de quienes no declaran su intención de voto prefieren no contestar a la pregunta (un 60% en el País Vasco frente a un 30% en Cataluña, datos no mostrados).

Gráfico 3. Disposición a unirse a una conversación sobre la independencia en el trabajo, según intención de voto en País Vasco y en Cataluña.

Gráfico 4. Disposición a unirse a una conversación sobre la independencia en la familia, según intención de voto en País Vasco y en Cataluña.

En tercer lugar, existen diferencias importantes entre Cataluña y País Vasco en cómo los ciudadanos perciben la división sobre la cuestión territorial en sus entornos más cercanos. Cuando se les pregunta qué opinan sus parejas, familiares, vecinos, amigos o compañeros de trabajo sobre el tema de la independencia, en Cataluña hay más ciudadanos que creen que sus opiniones son compartidas mayoritariamente en sus círculos profesionales o familiares (Gráfico 5). En el País Vasco, hay más ciudadanos que piensan que su entorno personal o profesional no tienen su misma opinión respecto a la independencia. Sin embargo, un mayor porcentaje de vascos dicen no saber lo que piensan sobre la independencia sus compañeros de trabajo o sus familiares (lo mismo ocurre cuando se les pregunta por sus vecinos, amigos o parejas).

Gráfico 5. Grado de acuerdo con lo que opinas sobre la independencia de tu entorno de trabajo/familiar

Por último, las diferencias entre grupos de electores son, de nuevo, más intensas en Cataluña (Gráficos 6 y 7). Los catalanes más nacionalistas viven —o así lo perciben— en entornos que les dan mayoritariamente la razón sobre la cuestión independentista: quienes votan a Junts o a la CUP creen en mayor medida que el resto (votantes de ERC incluidos) que sus círculos profesionales o familiares piensan mayoritariamente como ellos. No ocurre lo mismo en el País Vasco, donde tanto la percepción general sobre el grado de acuerdo del entorno como las diferencias entre votantes sobre estas percepciones son menores que en Cataluña.

Gráfico 6. En qué medida las personas de tu entorno laboral están en desacuerdo con lo que opinas sobre la independencia.

Gráfico 7. En qué medida las personas de tu entorno familiar están en desacuerdo con lo que opinas sobre la independencia.

En definitiva, los datos indican que en el País Vasco existe menos división en torno al debate independentista, aunque una parte de la población sea más reticente a hablar de ese tema. En Cataluña, en cambio, la fractura entre los ciudadanos es política, y se refleja tanto en la manera en la que abordan socialmente el debate de la independencia como en su percepción del grado de desacuerdo sobre este tema con las personas con quienes conviven. 

A menudo se utiliza el término “izquierda jacobina” para referirnos a las formaciones políticas que se ubican en posiciones de izquierda en el eje ideológico y en la cuestión territorial prefieren un modelo centralizado. A este grupo se contrapone la izquierda que asocia la descentralización del poder a un mayor reconocimiento de la pluralidad cultural y a un fortalecimiento de las decisiones a nivel local. Por otro lado, en los partidos de derecha también existen distintas posiciones en el eje centro-periferia. Como explican Toubeau y Wagner (2015) en un estudio para varios países, los partidos en la derecha económica son favorables a la descentralización porque la asocian a la eficiencia económica en la producción de los bienes públicos. En cambio, los partidos conservadores tienden a mostrarse menos favorables, al considerar que un modelo descentralizado o federal puede erosionar la unidad nacional y la integridad territorial.

En España, desde la Transición a la democracia los partidos de derecha y de izquierda de ámbito estatal han experimentado cambios y contradicciones a lo largo del tiempo en su posición sobre la cuestión territorial, tal y como mostramos Amuitz Garmendia y yo en este Informe sobre la Democracia en España de la Fundación Alternativas. Mientras que dentro de la derecha las tensiones internas entre las visiones más o menos descentralizadoras fueron más intensas durante los años ochenta, en la izquierda se intensificaron posteriormente, sobre todo a partir de la tercera ola de reformas estatutarias que se inicia a principios de la década de los 2000. Además, la relación entre ideología y modelo territorial en España se hace menos unívoca cuando pasamos del ámbito nacional (donde la izquierda se asocia a una visión más federal y autonomista y la derecha a la unidad y la centralización del poder) al ámbito autonómico, donde tradicionalmente han existido poderosos partidos nacionalistas (como PNV y CiU) situados en posiciones de derecha moderada.

Sin embargo, y a pesar de ello, la correlación entre ideología y preferencias por el modelo territorial en la opinión pública se ha hecho más intensa a lo largo del tiempo. Dicho de otra manera, se ha producido un proceso de alineamiento entre la ideología de los individuos y lo que piensan sobre la cuestión territorial, lo que significa que ahora es mucho más fácil predecir lo que piensa un ciudadano sobre el modelo territorial a partir de su ideología (y al revés) que hace unos años. Una relación más intensa entre ideología y centralismo también contribuye a la polarización entre electorados.

 En el gráfico 1 se expone la relación entre ideología y grado de centralismo en la opinión pública española en el año 2010 y en el año 2022. La ideología se mide en una escala del 0 al 10 donde 0 es “extrema izquierda” y 10 es “extrema derecha” y el centralismo se mide en una escala del 0 al 10 donde 0 significa “máxima descentralización, incluyendo la posibilidad de independencia” y 10 significa “máximo centralismo”. Los datos pertenecen al barómetro autonómico II del CIS (para el 2010) y al barómetro de julio de 40dB (para el 2022).

Gráfico 1. Nivel medio de centralismo por ideología

Como cabría esperar, la relación que muestra el gráfico 1 es positiva: cuanto mayor es la identificación ideológica con la derecha mayor es la preferencia por un modelo territorial centralizado. La pendiente de la curva refleja la intensidad de la relación y aquélla es más pronunciada en el 2022 que en el 2010, lo que significa que la relación entre ideología y centralismo es más fuerte en el presente que hace algo más de una década. Además, la relación se hace más intensa porque el centralismo aumenta significativamente en la derecha a lo largo del tiempo, mientras la preferencia por el centralismo de los ciudadanos de izquierdas se mantiene sin grandes cambios (o ligeramente a la baja).

 Cuando repetimos el análisis por partidos, los resultados son distintos para las formaciones a uno y otro lado del espectro ideológico. El gráfico 2 muestra el porcentaje de votantes socialistas que se ubican a lo largo de la escala de centralismo. Como puede observarse al comparar los resultados del 2010 con los del 2022, el votante socialista ha virado hacia posiciones menos descentralizadoras y, en promedio, su grado de centralismo ha pasado del 4,8 al 5,2. En la actualidad, un 8% de votantes del PSOE se sitúan en la posición de máximo centralismo. En cambio, en el caso de los votantes de Izquierda Unida/Unidas Podemos (gráfico 3), el promedio en centralismo se ha mantenido constante (3,9 en 2010 y 3,88 en 2022) y la muestra actual muestra oscilaciones importantes (amplio aumento de las posiciones favorables a la autodeterminación, pero disminución del apoyo a posiciones descentralizadoras menos extremas).

Gráfico 2. Porcentaje de votantes del PSOE según nivel de centralismo

Gráfico 3. Porcentaje de votantes de IU/UP según nivel de centralismo

Finalmente, podría pensarse que el mayor centralismo en la derecha tiene sobre todo que ver con la aparición de un partido político, VOX, que en algunos de sus programas ha defendido la abolición del Estado Autonómico. Si esto fuera así, no deberíamos observar gran variación en el grado de apoyo al centralismo de los votantes del PP, pues los “radicalizados” en esta cuestión habrían sido absorbidos, en su mayor parte, por el partido de Abascal. Sin embargo, el gráfico 4 muestra que el centralismo del votante del PP ha aumentado significativamente, a pesar de que una parte de su electorado más radical en la cuestión territorial haya cambiado su voto a VOX. El auge del centralismo en la derecha seguramente explica en gran parte el auge del partido de Abascal.

 En definitiva, la relación entre ideología y modelo territorial se ha intensificado a lo largo del tiempo fundamentalmente porque la derecha en España se ha vuelto más centralista mientras que la izquierda ha mantenido una posición similar sobre la cuestión territorial. Dentro de la izquierda, las preferencias evolucionan de manera divergente: los votantes socialistas de hoy son menos favorables a la descentralización que en el pasado, mientras que los de la izquierda a la izquierda del PSOE mantienen, en promedio, el mismo (bajo) grado de centralismo. La derecha, en cambio, rema en una misma dirección y hacia un mayor centralismo. Este alineamiento de las preferencias territoriales con las ideológicas puede ayudar a explicar, al menos en parte, por qué tenemos una sensación de mayor polarización en España.

Gráfico 4. Porcentaje de votantes del PP según nivel de centralismo

La convocatoria anticipada de elecciones en Castilla y León pilló a muchos por sorpresa. Para algunos, como las asociaciones y partidos vinculados a la España vaciada, el reto fue organizativo, como improvisar mecanismos internos para decidir sobre la presentación de candidaturas en la provincia o la configuración de la lista de candidatos. Para otros, como Vox, el desafío era diseñar un programa electoral para esos comicios, pues en el 2019 se presentaron en Castilla y León con un programa de gobierno idéntico al del resto de comunidades autónomas.

La decisión de Vox de utilizar en el 2019 el mismo programa electoral en todos los territorios respondía seguramente a carencias organizativas y a motivaciones ideológicas. Por un lado, a principios del año 2019 Vox solo contaba con 12 diputados en el parlamento andaluz y su articulación en el resto de territorios todavía era débil, lo que seguramente complicaba la elaboración de programas diferenciados para cada región. Por otro lado, teniendo en cuenta que una de sus principales demandas era que el Estado de las Autonomías fuera sustituido “por un Estado unitario descentralizado con un solo Gobierno y un solo Parlamento”, no debería sorprender que su apuesta por la unidad comenzase por la de los propios principios programáticos.  

Pero hete aquí que llegan unas elecciones anticipadas en Castilla y León y Vox debe elaborar su programa para aspirar a gobernar unas instituciones que, paradójicamente, se propone eliminar. El dilema no es nuevo, pues a estas elecciones le precedieron las de Galicia y País Vasco en el 2020 y las catalanas y madrileñas en el 2021. Por entonces Vox ya se había olvidado de mencionar la supresión del Estado Autonómico, que sí había llevado en su programa en las elecciones andaluzas del 2018, y había optado por medidas en el marco del modelo territorial actual, como pedir la centralización de algunas competencias en Cataluña o demandar una mayor presencia del Estado en el País Vasco.

En las elecciones del pasado domingo, Vox presentó un programa con una aproximación a la cuestión territorial adaptada a las particularidades de la opinión pública castellanoleonesa. Teniendo en cuenta que el 38% de sus ciudadanos prefieren un modelo territorial centralizado y sin comunidades autónomas (la cifra más alta según la encuesta postelectoral del CIS de 2019), no es sorprendente que la crítica al modelo autonómico en el programa electoral de las elecciones del domingo haya estado más presente. En este caso, los dirigentes optaron por aprovecharse del impulso localista y provincial en el debate público para ponerlo al servicio de su crítica al modelo autonómico. Así, el partido pasó de la defensa del Estado unitario a la crítica del “centralismo” del sistema autonómico y de la homogenización que ese modelo “impone” sobre la riqueza y “pluralidad provincial”.

Vox va resolviendo pragmáticamente y sobre la marcha los dilemas programáticos que se derivan de tener que competir en elecciones regionales con un ideario que pretende suprimir el Estado Autonómico, un modelo que, por otro lado, hasta ahora no ha hecho más que darle alegrías, brindándole una expansión institucional continuada. El dilema de Vox es común a otros partidos de derecha radical europeos que compiten electoralmente en Estados descentralizados como el nuestro: si quieren ser competitivos deben diseñar estrategias electorales diferenciadas en cada territorio, adaptándolas a las singularidades y demandas de cada región; pero a su vez deben hacerlo bajo liderazgos y estructuras organizativas centralizadas y hacerlo compatible con la defensa de la nación monocultural como uno de los principios fundamentales de su ideario.

El ascenso electoral en los Estados alemanes de Alternativa por Alemania (AfD) permite, por ejemplo, analizar la manera en la que este partido ha sorteado dicho dilema en las elecciones en los Länder. En un estudio realizado junto con el investigador Matthias Scantamburlo en el que codificamos los programas de AfD según la metodología del Regional Manifestos Project, observamos que los programas electorales de este partido están lejos de replicar la uniformidad u homogeneidad que se esperaría de un partido que centra su discurso en la identidad y la soberanía nacional. Como puede observarse el en Gráfico 1, los programas electorales que AfD presenta a las elecciones regionales son heterogéneos, especialmente respecto a las cuestiones territoriales (el llamado eje centro-periferia), con una marcada diferencia entre los Estados del Este y los del Oeste.

Gráfico 1. Posiciones en el eje izquierda derecha y centro-periferia en los programas electorales de Alternativa por Alemania en elecciones regionales (datos preliminares del Regional Manifestos Project).

Vox ha competido en pocas elecciones autonómicas con programas diferenciados, lo que a día de hoy impide un análisis cuantitativo comparado de la heterogeneidad de sus programas. Sin embargo, tanto la evidencia comparada sobre el comportamiento de partidos similares en Europa, como un repaso a las propuestas presentadas en las elecciones autonómicas en las que ha competido hasta ahora sugiere que seguramente acabarán declinando sus propuestas programáticas en clave regional, mostrando cierta adaptación a las singularidades y demandas de cada comunidad autónoma. La supresión del Estado Autonómico que proponían inicialmente quedará relegada por estrategias regionales diferenciadas con las que puedan maximizar su capacidad de obtener apoyos en todo el territorio.

Vox irrumpió en la política proponiendo la eliminación del modelo autonómico, pero lo más probable es que sus estrategias acaben adaptándose a dicho modelo, pues el poder competencial acumulado en las administraciones regionales y los beneficios asociados a la presencia institucional en los parlamentos autonómicos son demasiado significativos como para relegarlos bajo el principio de “un solo gobierno, un solo parlamento (nacional)”. 

Aprendí hace unos años que en cualquier rincón de Inglaterra puedes mencionar “El clásico”, así, en español y sin añadir nada más, y todo el mundo sabrá que te estás refiriendo a un partido de fútbol entre el F.C. Barcelona y el Real Madrid. La familiaridad con esta rivalidad no solo se explica por la acreditada afición de los ingleses al balompié, sino también porque la competición entre esos dos equipos sobrepasa los confines del deporte.  

La rivalidad entre equipos locales o regionales con frecuencia refleja y alimenta a su vez las tensiones entre comunidades por causas menos relacionadas con la competición deportiva que con cuestiones económicas, políticas o con ambas a la vez, pues en el desacuerdo territorial se entremezclan los elementos políticos e identitarios con la pugna económica y sobre financiación. Estas tensiones acaban penetrando en el debate público cuando los políticos transforman la desventaja que surge de la comparación de su propia región con otros territorios en un agravio comparativo.

Además de condicionar el discurso de los políticos, la comparación entre territorios es un factor importante cuando se teoriza sobre cómo los ciudadanos evalúan el éxito o el fracaso de sus gobernantes. Por ejemplo, en las investigaciones sobre el federalismo fiscal, el mecanismo teórico que disciplina el comportamiento fiscal de los gobernantes es que los ciudadanos puedan comparar la oferta de impuestos y servicios entre distintas regiones y trasladarse a aquellas que les proporcionen una combinación de bienes públicos e impuestos más adecuada. 

Sin embargo, aunque tenemos evidencia de que la comparación entre regiones o países importa en la evaluación de los ciudadanos de sus gobernantes, sabemos poco sobre cómo los sentimientos de los individuos hacia los distintos territorios condicionan el efecto que pueda tener esa comparación. Dicho de otra manera, es posible que en la evaluación de los gobiernos no solo importe cómo comparan sus resultados con otros, sino también con quién (con qué territorios) se comparan. Esta cuestión sobre la relación entre los efectos del benchmarking (o la comparación) regional y los sentimientos hacia los territorios que se comparan es la que precisamente guía un trabajo de investigación que estoy desarrollando en colaboración Amuitz Garmendia en la Universidad Carlos III.

Volviendo al caso español y a nuestro “clásico” territorial, el primer paso para indagar sobre este tema ha sido explorar los sentimientos de los ciudadanos en Cataluña y en Madrid hacia los ciudadanos madrileños y catalanes, respectivamente, y también hacia los de otras comunidades autónomas. Más concretamente, en una encuesta que realizamos en noviembre de 2020 en Madrid y Cataluña (con una muestra de 1.600 entrevistados en cada una) aplicábamos el llamado “termómetro de sentimientos”, un indicador que normalmente mide el grado de afecto de los ciudadanos hacia los partidos políticos y sus votantes, para medir los sentimientos de los ciudadanos hacia los habitantes de otras comunidades autónomas. El termómetro oscila entre el 0 y el 100 y un valor bajo indica sentimientos negativos o de desafecto y un valor alto indica sentimientos positivos o de afecto.

Tres son los principales resultados de un análisis descriptivo sobre el grado de afecto entre territorios. El primero se muestra en el gráfico 1, que resume los sentimientos de los ciudadanos de Cataluña y de Madrid hacia los habitantes de todas las comunidades autónomas (incluida la suya). En general, vemos que en promedio los sentimientos son positivos, pues el grado de afecto se sitúa en valores por encima de 50. Además, como era de esperar, existe un sesgo positivo hacia la región de residencia, pues los valores más altos en Cataluña y en Madrid se dan hacia catalanes y madrileños respectivamente (destaca el sesgo positivo en Cataluña respecto al resto de regiones). Por último, en Madrid existe un sentimiento más negativo hacia los catalanes que al revés, pues Cataluña es, con diferencia, la región que suscita el menor nivel de afecto entre los madrileños.

Gráfico 1. Promedio del termómetro de sentimientos (0-100) hacia los habitantes de las comunidades autónomas en Cataluña y en Madrid

En segundo lugar, el gráfico 2 muestra la distancia entre el afecto hacia la región propia y la ajena según la auto-ubicación ideológica. Como puede observarse, la distancia correlaciona más intensamente con la ideología en Madrid que en Cataluña. En Madrid, cuanto más a la derecha más positiva es la valoración de los madrileños respecto a la valoración de los catalanes. En Cataluña la división ideológica se cruza con la división territorial, lo que puede explicar que la correlación entre ideología y afecto territorial sea más baja.

Gráfico 2. Auto-ubicación ideológia y distancia relativa entre el afecto hacia Cataluña y hacia Madrid

En tercer lugar, el partido al que apoyan los ciudadanos está altamente relacionado con el grado de afecto hacia el otro territorio (gráfico 3). Como decía más arriba, en Cataluña las percepciones sobre los madrileños son en promedio algo más favorables que las de los madrileños hacia los catalanes (ver gráfico 1 más arriba). Sin embargo, como muestra el gráfico 3, cuando se tiene en cuenta la identificación partidista de los individuos vemos que las diferencias entre grupos dentro de Cataluña son mayores que en Madrid (el diagrama de caja muestra la distribución de los valores)[1]. Aquellos que se identifican con los partidos independentistas en el gobierno catalán muestran percepciones más homogéneas (siendo relativamente más positivas hacia Cataluña y más negativas hacia Madrid). Esto hace que las diferencias entre los que apoyan al gobierno y los que apoyan a la oposición sean mayores en Cataluña que en la Comunidad de Madrid.

Gráfico 3. Distribución de la distancia entre el afecto hacia Cataluña y hacia Madrid

¿Cómo moderan estos sentimientos el efecto de la comparación entre territorios? Si los ciudadanos comparan los resultados económicos de una comunidad con otra, ¿condiciona con quién se esté comparando el efecto de dicha comparación sobre el apoyo a los gobiernos regionales? Contestaré a esta pregunta en próximo post de Piedras de Papel, en el que hablaré de esta cuestión a partir de los resultados de una reciente encuesta que hemos diseñado y puesto en marcha en 7 comunidades autónomas en el marco de un proyecto de colaboración con el “Institut Català Internacional per la Pau” sobre convivencia y polarización. Continuará.

[1]La parte inferior de la caja es el primer cuartil (Q1), la barra del medio de la caja es la mediana o segundo cuartil (Q2), la parte superior de la caja es el tercer cuartil (Q3), el rango intercuartílico sería la altura de la caja, es decir, la diferencia entre Q3 y Q1.

Pongamos que hablo de Madrid, aunque en las últimas semanas no hayamos dejado de hablar de la capital y de lo que significa vivir allí. Lo hemos hecho con motivo de las recientes elecciones autonómicas y de las alusiones a un estilo de vida madrileño que la candidata del Partido Popular identificaba vagamente con unos usos y costumbres más liberales. Esa singularidad que Isabel Ayuso atribuía a los ciudadanos que viven en Madrid bien puede aplicarse a su forma de gobernar pues, en comparación con otros presidentes autonómicos de su mismo partido, su manera de enfrentarse al gobierno de Sánchez durante la pandemia ha dado forma a una peculiar forma de oposición “a la madrileña”.

 Una manera de aproximarse empíricamente a las singularidades de Madrid es estudiar si sus ciudadanos muestran actitudes respecto a la gestión de la pandemia distintas a las de quienes residen en otros territorios. En concreto, en las próximas líneas analizaré si quienes residen en Madrid han sido más o menos favorables a algunas de las medidas implementadas para disminuir el número de contagios por Covid-19. ¿Hay un nivel de apoyo o rechazo significativamente distinto y “madrileño”? Para contestar a esta pregunta utilizo una encuesta realizada en noviembre de 2020 en tres Comunidades Autónomas de similar peso poblacional y económico: Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Veamos, por ejemplo cómo responden los ciudadanos de cada comunidad autónoma a la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo con algunas de las medidas que se han aprobado para controlar el número de contagios por coronavirus?”. Las medidas son las siguientes: uso obligatorio de mascarilla, cierre de colegios, cierre de parques, confinamientos perimetrales (región, barrio, zona de salud, municipio...), limitar el aforo en restaurantes, bares y salas de ocio, limitar el número de personas que pueden reunirse y toque de queda (restricción de movimiento durante unas horas al día). El gráfico 1 muestra el porcentaje de personas que se muestran “Muy de acuerdo” o “bastante de acuerdo” respecto a cada una de ellas (el porcentaje restante hasta llegar a 100% es la suma de quienes están nada o poco de acuerdo).

Gráfico 1. Porcentaje de apoyo a las medidas frente a la pandemia (% bastante o muy de acuerdo con la medida)

Como puede observarse en el gráfico 1, en las tres comunidades autónomas el apoyo en la mayoría de medidas es alto, excepto respecto al cierre de colegios y el cierre de parques, donde el grado de desacuerdo supera el cincuenta por ciento. ¿Son las preferencias de los ciudadanos de Madrid significativamente distintas a las del resto de territorios? No lo parece. Los residentes en Madrid se muestran menos favorables al cierre perimetral y al cierre de parques y de colegios, pero más favorables que el resto al uso de las mascarillas, las limitaciones de aforo o del número de personas que pueden reunirse.

¿Dónde existe un comportamiento propiamente singular de los madrileños? La peculiaridad reside en la intensidad de los sesgos partidistas a la hora de valorar las medidas. Para mostrarlo dividimos la muestra en tres grupos. Al grupo de control le preguntamos por las medidas sin especificar quién las aprueba (T1). Al segundo grupo (T2) le realizamos la misma pregunta añadiendo que las medidas las aprueba el gobierno central (T3). Y al tercer grupo le decimos que quien promueve las medidas es el gobierno autonómico.

Para valorar el efecto del sesgo ideológico analizo el comportamiento de los votantes que se identifican con los partidos que forman parte del gobierno autonómico (o de los partidos que los apoyan en el parlamento) en las tres comunidades autónomas. El gráfico 2 muestra la diferencia entre la valoración de las medidas de dichos votantes (porcentaje de quienes están bastante o muy de acuerdo) cuando creen que el responsable es el gobierno autonómico (T3) y cuando creen que el responsable es el gobierno central (T2). Los valores positivos indican que el apoyo a las medidas es más alto en el grupo donde la responsabilidad es autonómica que en el grupo donde el responsable es el gobierno central. Los valores negativos indican lo contrario.

Gráfico 2. Diferencia en el apoyo a las medidas entre grupo T3 (el responsable es gobierno autonómico) y el grupo T2 (el responsable es el gobierno central). Solo votantes de los partidos en el gobierno autonómico.

Como puede observarse, el impacto de la identificación partidista sobre la valoración de las medidas para contener la pandemia es más intenso en la Comunidad de Madrid que en Cataluña o en la Comunidad Valenciana. El apoyo a algunas de las medidas entre los partidarios del PP, Ciudadanos o VOX en la Comunidad de Madrid cuando aquéllas son responsabilidad del gobierno autonómico rondan o superan los veinte puntos porcentuales respecto al grado de acuerdo con las mismas cuando la responsabilidad es del gobierno central [1]. Que el efecto sea más intenso en Madrid que en la Comunidad Valenciana es esperable, dado que  en esta última región el partido que lidera el ejecutivo coincide con el que lidera el gobierno central. En Cataluña, como en Madrid, gobiernan partidos distintos al del ejecutivo central. Sin embargo, el efecto es más intenso en la región gobernada por el Partido Popular que en la que gobiernan los independentistas.

En definitiva, la opinión pública madrileña no muestra unos niveles de apoyo a las medidas para frenar la pandemia muy distintos a otras regiones como la Comunidad Valenciana o Cataluña. La singularidad del electorado en Madrid se encuentra en el mayor impacto que tiene la identificación partidista a la hora de explicar el apoyo a las medidas frente a la covid-19. Dicho de otra manera, el comportamiento político “a la madrileña” es observar la acción de los gobernantes con unas lentes políticas algo más gruesas que en otros territorios.

[1] Un análisis de regresión logística muestra que las diferencias son significativas para la medidas de cierre de colegios, parques, cierres perimetrales y limitación de reuniones con otras personas.

En España los ciudadanos han ido a votar dos veces durante la pandemia: en las elecciones vascas y en las elecciones gallegas, ambas celebradas el 12 de julio de 2020. Estas elecciones deberían haberse celebrado en abril del año pasado, pero los dirigentes de dichas regiones decidieron posponerlas hasta que acabase el estado de alarma y cesara la emergencia sanitaria. Como la pandemia vuelve a ser una vez más el motivo para un aplazamiento electoral, en este caso el de las elecciones en Cataluña, resulta interesante analizar qué efectos pudo tener el coronavirus en la participación electoral de los ciudadanos en Galicia y en el País Vasco.

 El impacto de la pandemia sobre la abstención podría ser de dos tipos. Uno, que hubiera disminuido la participación por el miedo al contagio y que ese descenso fuera de la misma intensidad entre los votantes. Sabemos que la particular incidencia del virus en ciertas zonas sí tuvo un impacto en la participación. Hace unas semanas publicábamos en este mismo blog un estudio sobre el impacto de la pandemia en las elecciones vascas que mostraba que el porcentaje de participación era menor en los municipios donde había habido casos de coronavirus que en aquellos donde no hubo fallecidos ni contagiados.

El segundo efecto posible de la pandemia, sobre el que me centraré en este post, es que el miedo al contagio afecte en mayor medida a algunos colectivos que a otros y que, por lo tanto, la participación caiga más en unos grupos de votantes. Si esto ocurre, entonces la pandemia estaría limitando el derecho al voto de unos grupos más que de otros. Y también podría tener implicaciones en los resultados de los partidos políticos. Si en las bases de apoyo de las formaciones políticas suelen pesar más unos colectivos que otros (por edad o género, por ejemplo) una abstención más intensa en alguno de esos grupos debido al coronavirus podría acabar perjudicando a los partidos a los que normalmente dan apoyo.

En principio, resulta plausible pensar que la pandemia pudo tener un efecto más intenso en las personas mayores que, temerosas de contagiarse durante el ejercicio del voto, decidieran quedarse en casa. Ello podría compensar el tradicional desequilibrio en participación entre jóvenes y mayores, pues los primeros son más propensos a abstenerse. Es lo que ocurrió en las elecciones autonómicas vascas del 2016, en las que los mayores se abstuvieron menos que los jóvenes, como muestra la figura de la izquierda del Gráfico 1 (la abstención mide quienes declaran no haber querido ir a votar). Sin embargo, aunque en las elecciones del pasado mes de julio de 2020 los electores de mayor edad se abstuvieron algo más que en las del 2016, dicha abstención también creció en otros grupos de edad, y lo hizo además en mayor medida que en el grupo de los de mayor edad.

Gráfico 1. Abstención por grupos de edad en las elecciones autonómicas del País Vasco 2016-2020

Para el caso de Galicia, el gráfico 2 muestra que en las elecciones gallegas de 2016 la abstención siguió el mismo patrón que en el País Vasco: los jóvenes acudieron menos a las urnas que los más mayores (de ahí la pendiente negativa de la figura de la izquierda). No obstante, en las elecciones de 2020, y a pesar de la pandemia, la abstención entre los más mayores se mantuvo en niveles similares a los del 2016.  

Gráfico 2. Abstención por grupos de edad en las elecciones autonómicas de Galicia 2016-2020

En resumen, tanto en el País Vasco como en Galicia la celebración de unas elecciones durante la pandemia no generó una mayor desmovilización entre los votantes de más edad. En el País Vasco la abstención creció en casi todos los grupos de edad, mientras que en Galicia la de los más mayores se mantuvo a niveles similares que en el 2016.

Veamos ahora cuáles eran las motivaciones de aquellos que decidieron abstenerse en los comicios del pasado 20 de julio en Galicia y en el País Vasco. La Tabla 1 presenta las respuestas de quienes declararon que no quisieron ir a las urnas. Las categorías más frecuentes de respuesta tienen que ver con la insatisfacción con la política, como la desconfianza, el hartazgo y la percepción de que no hay alternativas satisfactorias entre los partidos. El miedo al contagio solo explica el 13% de las abstenciones en Galicia y el 15% en el País Vasco. Además, si analizamos las características de quienes justificaron su abstención por el miedo al coronavirus no aparece un perfil claro de edad, ni ideológico, ni de otro tipo. Sabemos, eso sí, que quienes declararon tener miedo al virus  no eran abstencionistas habituales (pues participaron más en las elecciones del 2016 que quienes justificaron su abstención por otros motivos).

Tabla 1. Razones de quienes no quisieron ir a votar el 12J 2020 en País Vasco y Galicia

En definitiva, un primer análisis de las encuestas postelectorales muestra que votar durante la pandemia en Galicia y el País Vasco el pasado 12 de julio no desmovilizó en mayor medida a los votantes de más edad que al resto. Además, el miedo al contagio explica solo una parte de las abstenciones, siendo la insatisfacción por la política la motivación más frecuente entre quienes decidieron no acudir a las urnas.