He dejado, temporalmente, el ajedrez. Solía, al acabar de trabajar, jugar una partida. La concentración que requiere me ayuda a pensar. La política sería un lugar mucho mejor si hubiera más personas que jugasen al ajedrez y menos al póker. Personas capaces de pensar a medio y largo plazo, que no confiasen en el azar sino en la dedicación y con altos niveles de concentración en su tarea.  Cuando la política se parece al póker, aparecen los tahúres. Cualquiera que crea que me refiero a Mazón, acierta.

El ajedrez no es el juego que supone un mayor desafío mental. El Go, tan popular en Asia, es más complejo: si Deep Blue, un ordenador con un programa ad hoc, derrotó a Gary Kaspárov, el mejor ajedrecista de la historia, en 1997, no fue hasta 2016 cuando otro ordenador consiguió ganar al campeón mundial de Go.

Tanto el Go como el ajedrez son juegos complejos inventados por humanos, en los que las máquinas han conseguido alcanzar niveles superiores. Fueron hitos importantes en computación pero que, comparados con lo que ya ha supuesto la generalización del acceso a la IA, hoy son logros menores. La IA ha cambiado ya nuestras vidas – nos hayamos dado cuenta o no - en particular las de quienes vivimos en sociedades conectadas.

Para intentar hacerme una idea de la transformación que supone la inteligencia artificial hoy disponible, he sustituido mis partidas online de ajedrez, por debates con aplicaciones basadas en la IA. El juego consiste en que yo pregunto por una cuestión, preferentemente medioambiental y controvertida, en la que tengo un conocimiento elevado. Por ejemplo, por las consecuencias sobre el Parque Natural de l’Albufera de la ampliación del Puerto de València o por cómo condicionan las centrales nucleares el mix energético estatal.

Con aplomo, las aplicaciones, me “mienten”. Bueno, mentir, será un verbo para aplicar cuando exista la IA Generativa que se anuncia tendrá la capacidad de “pensar”. Ahora, aun contando con que en algunas aplicaciones está reconocido su sesgo ideológico - no solo en Grok - me queda una pregunta, ¿por qué coinciden sus respuestas en la ausencia de información veraz ante las mismas cuestiones?

La respuesta proviene de cómo se conforma qué es lo veraz. En el siglo XVII, la veracidad, aún era establecida por la doctrina de la Iglesia y discutida por la Ciencia emergente; en el siglo XX, venía dada por la Ciencia y discutida por las ideologías. En el siglo XXI, ya no hay veracidad: es el siglo, hasta el momento, de la posverdad. Veamos que conlleva en el terreno de la divulgación del conocimiento.

Las IAs utilizadas por la mayoría de la población conectada, incluso aceptando que no todas tengan un algoritmo con instrucciones interesadas, sí tienen un parecido sesgo ideológico de “derechas”. La veracidad se establece a peso. En el ámbito científico, no es igual publicar un estudio en Nature o Science que en una publicación de menor reputación. El algoritmo de las IA no hace esa discriminación cualitativa: funciona cuantitativamente.

Esta perspectiva da un nuevo sentido a la proliferación de los cientos de publicaciones digitales de ultraderecha. No hay aumento de población y de lectores que lo explique. Así que debe haber otras causas.

Horas antes de que se votara en el Congreso de los diputados y las diputadas la propuesta del PP de derogación del calendario de cierre de las nucleares, pregunté a varias IAs sobre esta cuestión. Sus primeras respuestas fueron favorables a la derogación del calendario de cierre y a la prórroga de la vida de las centrales nucleares. Como es una materia que conozco bien – fui portavoz y coordinador de Tanquem Cofrents – las rebatía e iba incorporando datos que las contradecían. Al final, aceptaron que es cierto que la energía nuclear tiene, entre otros, un grave problema con la falta de flexibilidad en la generación de electricidad que hace que no puedan ser una fuente de respaldo de las renovables. Las centrales nucleares impiden la implantación de las renovables. La transición energética justa no puede hacerse sin el cierre calendarizado de las nucleares.

Si yo no hubiera sido conocedor de la materia, las IAs me hubieran “vendido” las opiniones que pretenden convertir en doctrina el lobby energético estatal. Cómo se hace posible que esas opiniones prevalezcan sobre informes técnico-científicos, bien avalados, en el proceso de conformación de las respuestas, está relacionado con la proliferación de los digitales ultras. Se convierten en una infección cuya reproducción oculta el conocimiento científico. Las IAs al guiarse sobre todo por lo cuantitativo y no discriminar la calidad del contenido (casi vale igual la opinión de Inda que la de un Nobel en Física) no son fiables.

El acceso a información veraz y de calidad por parte de la mayoría de la población, reduciendo el riesgo de ser manipulados, es un problema “técnico-político” que debemos resolver. El tiempo en democracia se ve limitado por los avances que se están produciendo en el campo de las técnicas de contaminación informativa. 

Hay soluciones, sí. Pasan por contar con medios públicos de calidad y su evaluación; por recuperar la capacidad crítica fomentando el pensamiento y la reflexión. Y por necesariamente establecer de qué, cómo y a qué edad se tiene acceso a ciertas tecnologías. Más aún, recuperar la presencialidad: recuerdo los debates después de ver películas, los clubs de lectura…hay que volver a hacer comunidad y pedagogía, algo en lo que nos llevan décadas de ventaja las derechas, sobre todo, las confesionales.

Tres de los problemas centrales de esta época en la UE - que ponen en jaque la continuidad de la democracia si no damos respuestas con rapidez- como son la Vivienda, la Sanidad y las consecuencias de la Emergencia Climática tienen mucho que ver con la contaminación informativa. Hubieran requerido de acciones preventivas y no reactivas. El ruido interesado ocultó su dimensión hasta ser nuestros mayores déficits sociales. No haber actuado en su momento, obliga a actuar drásticamente sin perder más tiempo. A ser radicales en las propuestas y acciones. A actuar con la misma determinación que lo hacen las derechas. 

En 2010, un gran historiador, Tony Judt publicó un libro premonitorio, “Algo va mal”. Recuerdo haberlo valorado con amigos que compartían con él la filiación socialdemócrata: adjudicaron lo que denominaron pesimismo (no lo era, era lucidez) a su situación médica. Judt denunciaba como la ideología neoliberal había sido asumida por gran parte de la izquierda. Y advertía de las consecuencias.

La IA es una fuente de ruido tal que si no es reglada desde las instituciones democráticas será capaz de romper sociedades que no estén muy vertebradas

La IA es una fuente de ruido tal que si no es reglada desde las instituciones democráticas será capaz de romper sociedades que no estén muy vertebradas. La posmodernidad -queda pendiente para próximos artículos su deconstrucción - para las izquierdas supuso la normalización del neoliberalismo. Se asumió por la socialdemocracia incluso que “bajar los impuestos también es de izquierdas”. No lo es.

Hoy la ultraderecha está en máximos de arrogancia desde los años 80. Lo está como consecuencia de la hegemonía que alcanzó la ideología neoliberal. Nunca se debió dejar en la mano invisible de los mercados el derecho al acceso a la Vivienda. El resultado ha sido la desaparición paulatina de la vivienda pública.  La consecuencia, la denegación del acceso a la vivienda a toda una generación.

Recuerdo como, en 1984, los sábados, absortos, los adolescentes nos reuníamos ante las televisiones para ver un programa “infantil” de reciente aparición: La Bola de Cristal. Hoy ese programa, como los debates tras película conducidos por Balbín o la Edad de Oro, serían imposibles, porque hemos cedido el campo de batalla, sin disputarlo lo suficiente. Hay que recuperar viejos lemas y adaptarlos a las nuevas luchas.

Menos atención se le ha prestado a la posibilidad de que esté aplicando un plan, su versión de la destrucción creativa, concepto económico de actualidad —el premio Nobel de Economía del pasado año 2025 fue otorgado a dos economistas herederos de Schumpeter, creador de esta teoría—. Veamos si hay bases para considerar la existencia de un proyecto elaborado y de largo plazo.

El plan

El 20 de enero de 2025, día de su toma de posesión, Trump firmó 26 órdenes ejecutivas. Fue el inicio de las deportaciones masivas, de la congelación de las contrataciones federales, de la aplicación de aranceles y de la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático. Procesos que en su primera legislatura le requirieron más de tres años, en la segunda los ejecutó en poco más de tres horas. Había tenido cuatro años para evaluar lo que haría en su segundo mandato.

Empieza por culpabilizar de la invasión rusa de Ucrania y de la consolidación del espacio de Cooperación y Desarrollo de Shanghái a su predecesor, Biden. La ampliación en 2024 del número de estados que conforma los BRICS+ asegura que no se habría producido bajo su presidencia.

Su consigna es acelerar el tiempo histórico. El objetivo, romper las inercias que conducían a la pérdida de hegemonía de EE. UU. El método es doble: destruir las organizaciones multilaterales con capacidad de establecer monedas alternativas al dólar en el mercado de los hidrocarburos; controlar el mayor porcentaje global de recursos energéticos fósiles. Lo consigue en Venezuela. Está perdiendo, temporalmente, esa batalla ante Irán.

Tres tipos de caos: estructural, estratégico y táctico

La acción más disruptiva de Trump, hasta el momento de escribir estas líneas, ha sido iniciar una guerra de agresión contra Irán. La desestabilización global derivada es enorme. La reducción del tráfico de hidrocarburos en el Golfo Pérsico, si fracasan las negociaciones, provocará racionamientos de derivados del petróleo, inflación en todo el planeta, el alargamiento de las guerras actuales…

Asimismo, la respuesta de Irán bombardeando a los países del Golfo, ha cuestionado la cohesión entre los BRICS+. Los espacios multilaterales —incluidos aquellos que tienen o pueden tener una moneda alternativa al dólar— otean crisis sistémicas: en Alemania se teme un horizonte de estanflación que arrastraría a la UE. En un mundo fragmentado, el hegemón es más grande.

Trump y sus asesores —destacando The Heritage Foundation y su proyecto 20¬¬25—han examinado, sin duda, el caos estructural, derivado del cambio climático, la crisis energética y la redistribución del poder global. También el estratégico: la ruptura de todas las normas del derecho internacional, incluidas las leyes sobre la guerra (lo que evidencia que eran un oxímoron). Pero la posverdad muestra tener efectos incontrolables cuando sustituye por completo a los hechos. Las limitaciones de Trump no son solo de temperamento: son epistemológicas. Quien niega la realidad acaba por confundirla. Es el caos táctico.

El negacionismo climático como ejemplo pionero de posverdad

Las amenazas de Trump de abandonar la OTAN nos señalan que no ha dicho su última palabra sobre Groenlandia. Este punto ilustra una constante en su praxis política: la subordinación de cualquier medio al objetivo estratégico. Trump despide a 1.300 trabajadores de la agencia de previsión meteorológica de Estados Unidos; al perder capacidad de diagnóstico, es menor la presión para actuar. Y la posverdad negacionista resulta más eficaz. Al mismo tiempo, explica que debe ocupar Groenlandia para controlar las nuevas rutas náuticas resultado del deshielo provocado por el aumento de las temperaturas. La contradicción le resulta irrelevante. Los hechos son menos importantes que el relato: la realidad se configura desde la narrativa, no desde las acciones.

Europa como contramodelo estratégico

Sabemos, no ha dejado de recordarlo, que Trump detesta la existencia de la Unión Europea. La clave es si la UE será capaz de convertir esa hostilidad en la palanca que la mueva a avanzar con urgencia. Pese a las carencias, el espacio común europeo ha demostrado una resiliencia excepcional. Y puede volver a hacerlo: la negativa a participar en una guerra injusta de los estados con mayor peso es el punto de partida necesario. Pero la ventana de oportunidad para construir sólidamente la arquitectura necesaria será breve. La oportunidad es única.

La Unión Europea tenía —y tiene— una de las mejores defensas posibles: el Pacto Verde. Su potencial eficacia es uno de los motivos principales por el que quienes orbitan alrededor de Trump, como Abascal y Orbán, lo demonizan. No desean una Unión Europea con soberanía alimentaria, energética, tecnológica. Poco importa lo que sea útil para sus países si entra en conflicto con los intereses de su líder global.

La transición ecológica justa es una de las mejores garantías de seguridad colectiva. La transición energética —la eficiencia, la erradicación de la obsolescencia programada e inducida—, democratizar el acceso a la energía y reducir su coste —con una implantación racional de las energías renovables junto a impedir que los oligopolios pacten acuerdos de cartel—, es seguridad y es justicia social. Y, hoy más que nunca, un mundo más seguro solo será posible si es también un mundo más justo. La Unión Europea debe asumir —no hay otra opción para que la ciudadanía europea tenga un futuro digno y no de vasallaje —que es necesario confrontar, como espacio conjunto que comparte valores democráticos y sociales, con el tirano.

Quién se beneficia del caos

La palabra caos en griego antiguo significa “vasto vacío” o “abismo”. Fue lo primero en existir en la mitología griega. No era desorden, sino vacío primordial, el abismo. Conviene recordarlo: ayuda a tener presente que nadie, ni siquiera quien lo genera, se beneficia permanentemente del caos.

Los bestiarios medievales no distinguían entre lo real y lo fabuloso. Catalogaban animales mitológicos como el unicornio, el grifo o el basilisco junto al león o el elefante, no porque ignorasen la diferencia, sino porque lo relevante era la potencia simbólica y moral. Detengámonos en el basilisco: una serpiente gigante que alberga veneno en tales cantidades que puede matar solo con la mirada. El europeo del siglo XIV no dudaba de su existencia. En cambio, el ornitorrinco, animal que no es conocido en Europa hasta finales del siglo XVIII, fue considerado por los científicos británicos, al ver los primeros dibujos, como un hoax. Un engaño. Un mamífero que ponía huevos se consideró imposible. El basilisco, como el ornitorrinco, nacía de un huevo, a condición de que lo empollara un sapo. El mal no surge, se incuba.

El bestiario del neofascismo

El fascismo primigenio, que encarnó en Mussolini, situó entre sus primeros objetivos la instrumentalización de la ciencia. Giovanni Gentile, filósofo oficial del régimen, priorizaba el pensamiento idealista y marginaba el positivismo científico. Se creaba una ciencia oficial cuyo fin era legitimar una narrativa. Un automóvil de carreras es más bello que la Victoria de Samotracia, dejó escrito Marinetti en 1909 en el manifiesto futurista. El bestiario del fascismo se nutría del ideal clásico romano (Romanità), combinado con los avances técnicos. Artistas futuristas, como Boccioni, mostraban un mundo en constante aceleración e incluían en sus cuadros aviones de combate, trenes blindados y maquinaria industrial, como exhibición de poder.

La democracia ha sido durante los últimos cuarenta años una tecnología de contención del poder —así la interpreto—con aceptable éxito hasta la pandemia. En el año I pos-COVID se observó cómo el presente devino en el único tiempo contemplado, desapareciendo el espacio para la preocupación más allá de lo inmediato. Carentes de horizontes, las personas somos más manipulables. Los autócratas proliferan cuando falta la esperanza.

No es la pandemia lo que más nos acercó a la renuncia al futuro; fue solo un catalizador. Más determinantes han sido las redes sociales, con su intercambio en tiempo real de imágenes y comentarios — en pocas horas caducan—, que anula por saturación la misma idea de futuro. Los principales riesgos para la humanidad —la IA fuera de control, las consecuencias del cambio climático antrópico, el riesgo de utilización de armas nucleares— han dejado de preocupar a una parte de la población al situarse en un tiempo inaccesible.

Think tanks como la Heritage Foundation, financiados generosamente por billonarios, han desarrollado una mitología que actualiza los bestiarios y el fascismo. El mito vertebrador hoy es la delirante teoría del Gran Reemplazo. Mil veces repetida por los telepredicadores políticos estadounidenses —Tucker y otros muchos—, cala. Goebbels hoy tendría un pódcast y emitiría por YouTube.

Un ejemplo de intento de gestación de un mito es el eco recibido por el artículo de Carlos Hernández Quero, Toldos verdes (mayo de 2025), donde romantiza las vidas en los barrios obreros durante la Dictadura. Olvida la dureza de realidades como la de València con un centro abandonado, tras la riada del 57. También que, en los barrios de su periferia, carentes de servicios, y con viviendas muchas de ínfima calidad, se generaron fuertes redes sociales y asociaciones vecinales potentes y combativas que luchaban contra su discriminación.

El malestar de la época, entre la juventud de los barrios con mayores carencias, se tradujo también en la aparición de pandillas. En el Carme estaban los Smoks; en Velluters, la Banda del Huevo; en Burjassot, los Rebordes; en Paterna, los Capone; en Orriols, los Barona; en Marxalenes, los Kansas; en Aiora, la Banda del Cros. En las ciudades había una evidente segregación del espacio. Las personas que migraban desde la España interior acababan en barrios muy diferentes y alejados de los ensanches burgueses, en los que no había pandillas. El Levante feliz es una patraña.

El bestiario de las izquierdas

Primero, acotemos el espacio y las especies. La socialdemocracia no se explica compartiendo espacios mitológicos con las izquierdas, pues los deforma. El bipartidismo tiene su mitología en la dialéctica del turnismo. Una de las debilidades de la izquierda ha sido flexibilizarse hasta aceptar frases como “bajar impuestos también es de izquierdas”. Esta quimera es de 2007, el año previo al estallido de la burbuja inmobiliaria y al austericidio. Una legislación en la que las personas jurídicas pagaban menos impuestos que las físicas fue determinante. Como demuestra Piketty (2014): “cuando las rentas del capital son mayores que las del trabajo, aumenta la desigualdad”.

La ideología neoliberal aceptaba el incremento de la desigualdad como un coste del crecimiento económico. El pensamiento posmoderno operó como el mecanismo que permitió que el neoliberalismo permeara a la socialdemocracia y a ciertas izquierdas. Se asumió como inevitable la teoría económica del adversario. Y, también, se evitó el conflicto ya que se creía que la correlación de fuerzas conduciría a la derrota. Se impuso la gestión del problema a la búsqueda de soluciones.

Las consecuencias de la represión policial ordenada por Berlusconi en Génova en 2001, durante la cumbre del G-8, debilitaron al movimiento altermundista. El frente contra la globalización neoliberal impulsada por la Organización Mundial del Comercio colapsó. El resultado fue un repliegue hacia lo simbólico —en lugar de lo material—. Se perdió conexión internacional en las luchas sociales. Se creyó que sería posible crear y mantener aldeas galas como espacios de resistencia. Se olvidó el asedio de Alesia. Diez años después, con el 15M, Occupy Wall Street, Nuit Debout, Aganaktismenoi, se recobró temporalmente alguna conexión internacional. No se han mantenido. Es necesario recuperar el internacionalismo. Este es el Grifo del bestiario para la transformación social en 2026.

En el bestiario medieval, el animal que ordenaba el mundo era el León, el modelo moral y de justicia. El Estado redistribuidor sería su mejor equivalente contemporáneo. Ante el riesgo de su desaparición, el pensamiento mítico apela a un ser fabuloso, el Unicornio —que otorga la felicidad—. La derrota de la empresa conjunta de neofascistas y ultraliberales vendrá por la unidad de la izquierda. Una invocación que nos debilita si no se alcanza. Una unidad caracterizada por la uniformidad alimenta un marco que ya no nos pertenece. La invocación a la figura providencial hoy lleva a Trump, el más acabado ejemplar de basilisco que habita el bestiario.

Qué hacer

Debemos dejar de buscar el unicornio (la unidad orgánica perfecta, el “sujeto” homogéneo) y aceptar que hay belleza en el ornitorrinco. Un ser que parece feo, pero que es un prodigio de adaptación a la naturaleza. Umberto Eco, en Kant y el ornitorrinco (1997), nos lo descubre como la representación de una larga negociación, en la que las dificultades vienen de las resistencias por la necesidad de ubicarse en un sistema anterior de referencias. Hay que trascender ese marco. De lo que se trata es de conseguir acuerdos funcionales para alcanzar el objetivo común: la mayor representación y poner en primer plano las necesidades materiales sin las cuales no hay una vida digna. El futuro se construye luchando. Siempre ha sido así.

En 1929, Gramsci, encarcelado tres años antes, tras la aprobación de las leyes fascistísimas, dejó escrito en sus Quaderni del carcere: pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà. Después hubo décadas de retrocesos, pero, sobre todo, ha habido avances. No debemos olvidarlo. Tampoco que la condición de posibilidad para hacer frente a las ultraderechas— ya no hay otra derecha— es trabajar en común desde lo que ya está fuertemente arraigado. Y coordinarlo.

No se trata de inventar la rueda cada cinco años. Se trata de fortalecer los derechos laborales, recuperar los servicios públicos, dar soluciones al problema de la vivienda y proteger el medioambiente, y construir estructuras democráticas que permitan establecer políticas públicas populares desde la soberanía personal. Y hacerlo permanentemente. Pero teniendo presente que el Elefante, el animal más justo y fuerte del bestiario, no puede levantarse solo cuando se cae. Requiere de la ayuda de otros, de una comunidad. Solo así se cuida la democracia en peligro. La imaginación política debe dejar de ser bestiario y pasar a ser una herramienta de transformación y justicia social.

Contribuir a que el mayor número de personas vivamos en sociedades donde el Estado del Bienestar, la solidaridad y la justicia social sean irrenunciables es mi objetivo personal para este 2026

Trump, en el quinto año de su mandato, ha iniciado el gran repliegue. Al mismo tiempo, ordena el secuestro del presidente de una nación soberana. ¿Contradictorio? No, si lo leemos como que, de dominar todos los océanos y mares del planeta con sus once portaviones nucleares, ha pasado a anunciar, el 5 de diciembre,en su nueva doctrina de seguridad nacional que se concentrará en el control del continente americano y, si puede, de Groenlandia. 2025 quedará para la historia como el año en el que EE.UU. asumió la pérdida de su condición de hegemón: China ya le había superado como la mayor economía del planeta; el bloque formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica - que cuenta con un banco propio, el Banco Nuevo de Desarrollo - fue ampliado, a partir de 2024, con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (BRICS +) con lo que está en condiciones de poner fin a la hegemonía del dólar.

El 47º presidente de EE.UU., sabedor de que la pérdida de la hegemonía monetaria abocaría al colapso como superpotencia de su país, ha actuado como Gorbachov hace 35 años o Teodosiano hace dieciséis siglos: ha reducido su imperio para ejercer un mayor dominio en lo que conserva del mismo. Reorienta su política internacional para conseguir un objetivo vital: debilitar el eje Moscú-Beijing y dañar la cohesión de los BRICS +. Para conseguirlo rompe con la Unión Europea. Mantiene las bases militares, pero no la alianza con los estados hospedadores.

Nixon hizo concesiones a China, entonces más débil que la URSS. Combinadas con la hegemonía del modelo económico neoliberal, el resultado ha sido un enorme crecimiento de la capacidad industrial de China en detrimento de la de EE.UU. Pretender que, por ejemplo, Detroit recupere su posición de referente mundial del automóvil, sustituyendo el neoliberalismo por el mercantilismo en las relaciones comerciales entre los estados es delirante.

El acuerdo propuesto por EE.UU. a Japón, China, Rusia e India, para sustituir al G7, tampoco prosperará. Las iniciativas que favorezcan la preservación del dólar como principal divisa y, en consecuencia, la obligación de terceros a financiar el déficit comercial estadounidense, fracasarán. Los acuerdos de Trump recuerdan al pacto Ribbentrop-Molotov entre la Unión Soviética y la Alemania nazi en 1939. Hoy ha sido Venezuela; mañana, cualquier otra nación que considere una colonia.

Hay dos elefantes en la habitación

La complejidad de las relaciones internacionales se ha incrementado exponencialmente ante la evidencia de los efectos de la Emergencia Climática y con la competición en torno a la Inteligencia Artificial. Ambas tienen la capacidad de cambiar radicalmente los escenarios geopolíticos. China está más expuesta a los efectos del Cambio Climático antrópico de lo que lo están, en el corto plazo, EE.UU. o Rusia, lo que contribuye a que su impulso a la transición energética sea incomparable. También la carrera por la computación cuántica, dadas sus aplicaciones militares, es causa de tensión irresoluble entre China y EE.UU.

El negacionismo climático es la mayor amenaza actual del turbocapitalismo demente que ahora, además, amenaza con invadir Canadá, Groenlandia o Venezuela: lo que sea con tal de obtener hidrocarburos con los que seguir cociendo el planeta. El negocio les importa más que millones de vidas. Trágicamente, ya lo hemos sufrido.

La UE y la última oportunidad

En este contexto, la urgente revitalización de las erosionadas democracias europeas es clave para el destino del planeta en su conjunto. Los ataques continuos del gobierno estadounidense a la Unión Europea son descriptivos del temor que produce que el euro, que ya representa el 23% de las transacciones comerciales globales, sobreviva y se consolide como moneda de reserva mundial.

Nuestros sistemas de salud, de pensiones, educativos, de transporte, infraestructuras…son más eficientes y ofrecen mejores resultados con menores costes que los de donde dominan los mercados. Los estadounidenses gastan más porcentualmente en Sanidad que cualquier país de la UE, con resultados mucho peores. También Canadá y Japón son focos a los que Trump dirige sus mayores ataques. Todos aquellos lugares donde existe el Estado del Bienestar son un recordatorio de que los lobbies que cotizan en Wall Street expolian al planeta y a sus habitantes. El modelo social europeo, japones o canadiense es una amenaza existencial para los billonarios que juegan al golf en Mar-A-Lago.

Europa, si consigue hablar con una voz coordinada, está aún en condiciones de preservar su independencia y su estado social sin ser rehén de potencias o lobbies. No se ha conseguido en décadas, cierto, pero, solo bajo una presión extrema el carbono se transforma en diamantes. Es el momento. Si alguna vez ha sido posible, es ahora.

Es ahora o nunca. En Europa el ejército ruso masacra a civiles en Kiev. Y, un estado que pretendió ser parte de la UE, Israel, está perpetrando un genocidio contra la población gazatí con impunidad y publicidad. Las sanciones de la UE, de existir una federación de estados, podrían haber sido muy eficaces. En su forma actual, no están sirviendo de nada.

España o la diversidad como garantía democrática

El hecho de ser un estado formado por naciones ha generado aritméticas que han impedido la llegada de los ultras reaccionarios a las instituciones.

La situación periférica, no solo geográfica, dentro de Europa ha penalizado a España durante siglos. En este momento histórico, en cambio, es un factor que otorga oportunidades. Ser el puente entre las democracias de Latinoamérica y las del continente europeo. En un mundo dividido en bloques, establecer acuerdos de colaboración y apoyo entre las democracias es una necesidad como condición de supervivencia ante la declarada hostilidad imperial.

El Gobierno de España tiene, además, dos deudas con la ciudadanía: conseguir que los salarios recuperen capacidad de compra y destinar los fondos necesarios a un plan de choque de acceso a la vivienda. Sobre esto, que se dejen de milongas: este año las cuentas públicas han presentado superávit primario; la financiación por parte del estado de la promoción de vivienda pública hoy es posible. Al mismo tiempo, debe legislar para que Blakcstone y compañía saquen de su lista de saqueos a las ciudades donde expolian tensionando precios y desalojando inquilinas.

Hace falta valor. Y el valor no son los desplantes de oratoria; el valor es enfrentarse a los oligopolios. El valor es subir los impuestos a las grandes fortunas y a las empresas con beneficios millonarios de tres, cuatro y más dígitos.

El País Valencià. La dignidad de las víctimas

El peor gobierno de nuestra historia democrática es el que, desde el verano de 2023, seguimos sufriendo la ciudadanía valenciana. Integrado por frívolos, estúpidos y criminales negacionistas climáticos. Pero, también, ha sido ejemplar y motivadora la reacción de la ciudadanía que obligó a Mazón a dimitir, pese a la miserable y aparentemente inexplicable protección que le han dado el PP y VOX, y en especial sus líderes Feijóo y Abascal.

La Sanidad pública, la Educación, el transporte público…es increíble como en solo dos años el gobierno más incapaz de la historia, el primer gobierno de coalición de extrema derecha y ultraderecha, ha destruido los servicios públicos.

Es urgente, imprescindible, otro gobierno que tenga como prioridad recuperar la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, adaptarnos y protegernos de la Emergencia Climática, y potenciar una transición justa hacia un modelo socioeconómico que se adelante a los inevitables cambios. La soberanía energética basada en renovables hace más asequible “el recibo de la luz”, y la soberanía alimentaria crea canales cortos de distribución y reduce precios; son dos ejemplos de lo que aporta la transición ecológica justa. Trabajar, en resumen, por las personas y no por los lobbies.

Corolario:

Si observamos los estados donde ya ha gobernado la ultra-extrema derecha, solo podemos observar una colección de rotundos fracasos: no hay ninguna autocracia que figure entre los 30 estados con mejor Índice de Desarrollo Humano e Índice Gini. Por cierto, lo del éxito neoliberal de Singapur es un cuento: tiene una deuda pública que se ha incrementado en los últimos 10 años hasta el 177% y puede quebrar en cualquier momento.

Contribuir a que el mayor número de personas vivamos en sociedades donde el Estado del Bienestar, la solidaridad y la justicia social sean irrenunciables es mi objetivo personal para este 2026. Y, estoy seguro de que es el de millones de personas en todo el planeta. Una enorme red de esperanza global.

La impunidad con la que Trump lanza mensajes contradictorios, su mayor innovación en la comunicación política es, en gran parte, el resultado de lo que aprendió en sus once años como protagonista de un programa de telerrealidad: la imprevisibilidad consigue que el espectador siga atento a la pantalla. Los giros de guion son imprescindibles. El jefe no tiene que justificar nada. Quien le vota no lo hace engañado -es difícil olvidar que impulsó el asalto al Capitolio- sino que ha decidido pegarle una patada al mundo.

Tampoco el proteccionismo es un invento de Trump, lo es la forma e intensidad con la que lo utiliza. Puede sorprender en estos tiempos de escasa memoria, pero el economista de referencia de la socialdemocracia, Keynes, fue partidario del uso de aranceles. Defensor del libre comercio a finales de los años 20 del pasado siglo, el gran economista inglés se convirtió al proteccionismo en los años 30, defendiendo los aranceles.

En marzo de 1931, Keynes publica un artículo “mitigación por medio del arancel”, donde recoge “derechos de importación del 15% sobre todos los bienes manufacturados y semifacturados, sin excepción, y del 5% en todos los artículos alimentarios ”¿les suenan algunas cifras?

El Imperio Británico representaba, aproximadamente, el 20% del comercio mundial. Hoy, EE. UU. representa el 13%. Keynes, como británico, respondía al declive del Reino Unido, que intentó frenar. Cuando las medidas que propuso se generalizaron en las principales naciones, rectifica al ver las consecuencias. Ya era tarde para cambiar las inercias que se habían generado y que contribuyeron al inicio de la II Guerra Mundial.

Las que han sido durante cincuenta años las referencias económicas de las derechas globales - Hayek, Friedman, Mises…la escuela austriaca y la de Chicago – no han quedado en el olvido. En el ámbito interno, en su política fiscal, Trump, lleva a sus máximos las propuestas desregulatorias de los ideólogos neoliberales. Combina ambas doctrinas, neoliberalismo y neomercantilismo, y se queda con lo peor de cada una: injusticia social dentro de cada estado; diplomacia de los portaviones entre estados.

Las políticas impulsadas desde Washington, muy especialmente con el actual presidente, pero no solo, parecen tener un doble objetivo: conseguir romper la Unión Europea y a los países de los BRICS +, únicos actores económicos que podrían limitar la discrecionalidad del hoy hegemón global, como paso previo a su enfrentamiento con China. Detrás reside la determinación de ser quien define en cada momento las variables reglas del juego de las relaciones internacionales, en un escenario de caos climático, al que tanto está contribuyendo.

Numerosos autores consideran que hemos entrado en una era definida por el neorrealismo político. Si así lo entendemos, las acciones de Trump responden a razones estructurales. No habría, en ese caso, variaciones radicales cuando cambie el signo político en Washington. ¿Creemos que el rumbo emprendido por EE.UU. es reversible al 100%? Ni Obama ni Biden impidieron la continua acumulación de poder en la figura presidencial. Como ocurrió en Roma, su referencia histórica, hace décadas que USA se encamina hacia su transformación de República en Imperio. Y todos los imperios expolian a sus colonias.

Puede haber sido su primer gran error: la independencia de las trece colonias -embrión de los actuales EEUU- respecto al Reino Unido nace bajo el lema “No taxation without representation”. Quienes vamos camino del expolio debemos tenerlo presente. Quienes cuestionábamos la alianza incondicional con EE. UU, hemos sido acusados de radicales, como poco. Cuando empiecen a sentirse, realmente, las consecuencias del expolio que ha aceptado Ursula von der Leyen, ¿reaccionarán las sociedades europeas? ¿Las élites partidarias de Trump qué harán? ¿Aún no se han dado cuenta que no están invitadas a subir a su arca de Noé?

Los autócratas de facto o aspirantes a serlo, empezando por Trump, siguiendo por Milei, pasando por Orbán- en el caso valenciano Mazón actúa como portavoz de VOX y del PPCV – han decidido fingir que el cambio climático no existe y mantener modelos económicos peligrosos. Las olas de calor, como las de estos días, comprometen la salud de las personas y la soberanía alimentaria. La crisis climática y ecosistémica es el resultado de una economía depredadora. EE UU abandonó el Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque “perjudicaba a su economía” lo que es cierto, sólo, si hablamos de la economía de la familia Trump y sus múltiples inversiones en energías fósiles causantes del cambio climático. Aquí Mazón y los suyos, buscan su petróleo en el suelo no urbanizable, ya sea común o de especial protección: todo les vale.

El ecologismo político, hoy, se enmarca en dos conceptos: transición ecológica justa y decrecimiento de lo prescindible. Ambos son posibles y son la única garantía de una vida digna para todas las personas. La Emergencia Climática afecta ya, y afectará cada año con más virulencia, a todas las personas y seres vivos que habitamos el planeta. El Cambio Climático nos lleva, inevitablemente, a recuperar la lucha de clases, pero en una escala diferente. Ahora es el 1% más rico del planeta, y sus mercenarios, contra todos los demás. Lo que está en juego es la vida de la inmensa mayoría de las personas.

P.S. Escribo este artículo después de una noche en que la sensación térmica no ha bajado de los 30ºC. Se conoce como noches ecuatoriales, o tórridas, aquellas en las que la temperatura del aire no baja de los 25ºC. Cuando, además, la humedad relativa supera el 50% la sensación de calor se multiplica. En València en la década de los años 70 del siglo pasado no hubo ninguna noche ecuatorial; en la de los 80 hubo cuatro; en la de los 90 doce. En la actual década ya son 80 noches tórridas y aún estamos en la mitad.

El de Mazón es el gobierno más negacionista de la Unión Europea. Veamos los hechos:

El 15 de junio de 2023, el PPCV y VOX, anuncian un pacto para gobernar conjuntamente. En las siete páginas y cincuenta puntos del acuerdo de gobierno no hay mención alguna al Cambio Climático.

El 17 de julio de 2023, Mazón toma posesión como presidente de la Generalitat Valenciana. Ni una sola mención al cambio climático en su discurso. Promete desempeñar su cargo con “absoluta dedicación”.

El 20 de julio de 2023, Salomé Pradas toma posesión como consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. Empieza su mandato eliminando la Dirección General de Cambio Climático. Antes, Mazón y Barrera, han sustituido la Conselleria de Transición Ecológica por un contenedor donde lo importante son el hormigón y el ladrillo.

En noviembre de 2023 se presentan los primeros presupuestos del gobierno de Mazón y Barrera. La Conselleria de Medio Ambiente es la más perjudicada en el reparto del presupuesto, con un 33% menos respecto a 2023. Las partidas relacionadas específicamente con el Cambio Climático se reducen en ese mismo porcentaje.

En febrero de 2024, con Salomé Pradas aún como consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, se modifica la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) en la que inserta los denominados como Proyectos de Interés Autonómico. Atención a Puerto Mediterráneo, en Paterna: pretenden incrustar el que sería el mayor centro comercial del Sur de Europa en uno de los escasos pulmones forestales del área metropolitana de València.

El 12 de julio de 2024, Mazón da a conocer su nuevo Consell, tras anunciar Abascal el día anterior que su partido abandona los gobiernos autonómicos. La Conselleria con las competencias de medio ambiente es nuevamente la que más pierde: la Dirección General de Agua pasa a la Conselleria de Agricultura.

El 16 de julio de 2024, Martínez Mus toma posesión como conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Como director general de Costas y Puertos de la GVA, había sido un firme defensor de la ampliación del Puerto de València - una de las dos principales amenazas al ecosistema del Parque Natural de l’Albufera - y de la desprotección de la costa.

En julio de 2024 se inicia la tramitación del Plan Simplifica, un decreto que da la medida de la voracidad de Mazón y Barrera. La forma en que fue finalmente abordado - pasó a les Corts como ley cuando Vox abandonó el Consell - evidencia quien manda. Elimina la obligatoriedad de informes para definir el crecimiento de los municipios establecida en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.

El 29 de octubre de 2024, por la mañana y en la Comisión de Justicia de Les Corts, en el marco del proyecto de ley de simplificación administrativa de la Generalitat, PP y VOX acuerdan permitir construir hoteles a 200 metros de la costa, rebajando los 500 metros que establecía el Plan de Acción Territorial de la infraestructura verde litoral (PATIVEL) del Botànic.

El 29 de octubre de 2024, a las 12.00.h, Mazón anunció: “Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la Serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18.00 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana.” Se fue a comer y estuvo ilocalizable en horas claves. Su única llamada conocida a un alcalde fue a las 18.00.h, al de la ciudad en la que se pretende construir el proyecto urbanístico conocido como el Manhattan de Cullera, consistente en 35 torres de hasta 25 pisos.

No sabemos, como tantas otras preguntas que Mazón no ha respondido, quién le asesoró en su toma de decisiones. Pero seguro que no fue un experto en tormentas convectivas, modelización y dinámica atmosférica, como es González Alemán que cinco días antes alertaba de que nos enfrentábamos a una DANA “de alto impacto, de las que puede, serán recordadas en la vertiente mediterránea”.

En abril de 2025, el conseller Miguel Barrachina presenta los presupuestos de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca sin hacer una sola referencia al Cambio Climático. En cambio, ataca a uno de los mayores expertos estatales en economía agraria, el catedrático García Álvarez-Coque, por su defensa de la Llei de l’Horta. El conseller del PP actuó como lo hacía la Inquisición: persiguiendo a quienes aportan conocimiento.

La proliferación de extremas derechas en Occidente se caracteriza por su capacidad adaptativa. Son muy diferentes en cada país, y eso explica en buena parte su ascenso: en cada estado, se mimetizan. Pero, entre los elementos que comparten se encuentra la negación visceral del Cambio Climático antrópico.

Mazón, en su intervención inicial del 18 de septiembre de 2024, en el Debate de Política General, dijo “miren al futuro con libertad” y también dijo “Señor Baldoví, ha vuelto la alegría y la música a la Comunitat Valenciana ¡Sonría, sonría! ¿Quiere que le cante?”.

No, de un presidente de la Generalitat no queremos frivolidades en el Debate de Política General que abre el curso legislativo. Ni desapariciones en días y horas críticas de máxima responsabilidad.

Queremos responsables públicos sensatos, eficaces, comprometidos. Que no desprecien cuanto ignoran. Con más capacidad de análisis y menos intuiciones. Que respeten a la Ciencia y a las personas que se dedican a ella. Si Mazón, y su Consell, hubieran sabido algo de cambio climático, o se hubieran informado por personas expertas, no habrían desaparecido en mitad de una DANA. Ahora, lo que debería hacer el Consell es dimitir en pleno: ni una sola persona de las que lo integran reaccionó el 29 de octubre de 2024 con la responsabilidad y capacidad que se espera de quienes deciden el destino de más de cinco millones de personas. Lo que sigue, lo fijará una sentencia.

En su primer mandato Trump tardó tres años en concretar la salida de EE UU. del Acuerdo de París.  Lo anunció en 2017 y lo hizo en 2020. Fue revertido cuatro meses después por Biden en 2021. En su segundo mandato ha tardado menos de un día. El pasado 20 de enero se convertía en el 47º presidente de EE.UU. y cuatro horas después firmaba la orden ejecutiva para retirarse del Acuerdo climático de París. En una persona tan histriónica todo acto es un símbolo: sus primeras acciones son una declaración sobre cuáles son las prioridades de su agenda del Shock. Que las otras ordenes ejecutivas más significativas de ese primer día fueran sobre migración e igualdad, deja claro que ha acentuado, aún más, su carácter ultraderechista.

Recordemos que el Acuerdo de Paris sobre el Clima fue adoptado el 12 de diciembre de 2015 durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP21). Reunió a 195 estados con el objetivo común de limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2ºC. Para conseguirlo, cada país establece sus propios objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. Estos objetivos se revisan y actualizan de acuerdo con los avances hechos y el consenso científico recogido por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).

Indonesia es uno de los principales emisores de carbono en valores absolutos, pero en emisiones per cápita emite menos de una cuarta parte que los EE.UU.: tres toneladas de CO2 frente a trece. Durante la COP27, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático llevada a cabo en 2022 en Egipto, desde la delegación oficial del mayor país del Sudeste asiático plantearon lo siguiente: “Si Estados Unidos no quiere cumplir con el acuerdo internacional, ¿Por qué debería hacerlo un país como Indonesia?” ¿Dónde está el sentido de la justicia aquí?“. Argentina, el pasado noviembre de 2024, retiró a su delegación de la COP29 y anunció su abandono del Acuerdo de París. Para el gobierno argentino ”el ambientalismo es parte de la agenda woke“.

Buena parte del éxito electoral de Trump se basa en su dominio en el uso disruptivo de las redes sociales. Ha conseguido que no se esté hablando lo suficiente de la que es la principal amenaza para la vida humana en el planeta, la Emergencia Climática, pese a que nos lleva a escenarios de vértigo, por el incremento de las temperaturas medias del planeta fuera de escala. Ha logrado desviar la atención utilizando otra amenaza, en la misma forma recurrente del ministro ruso de exteriores Lavrov, la de desencadenar la III Guerra Mundial. Como Macguffin, hay que reconocer que no es cualquier cosa.

Otra clave radica en esta afirmación: “exportaremos energía estadounidense a todo el mundo”. India, Japón y Corea del Sur ya han aceptado. Después de inundar los mercados con su gas de esquisto, beneficiándose del contexto energético creado por la invasión de Ucrania ordenada por Putin, y las restricciones al gas ruso, el nuevo gobierno estadounidense quiere alcanzar mayores cuotas de mercado. Ha nombrado, para ello, como secretario de Energía a Chris Wright, fundador de Liberty Energy y otras empresas dedicadas al fracking, técnica altamente contaminante prohibida en estados como España, pero que se permitirá en las reservas naturales de Alaska. Los compromisos asumidos por Estados Unidos en el marco del Acuerdo de París eran reducir para 2035 sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 60% y un 66% con respecto a los niveles de 2005. Con un secretario de Energía que afirma que “no hay crisis climática y no estamos en medio de una transición energética”, no se cumplirán.

Mientras escribía este artículo, la CNN informaba de al menos 35 personas muertas y casi medio millón sin electricidad en el sur de EE.UU. por varios tornados. Hay estudios científicos que correlacionan el cambio climático antrópico y el incremento de la severidad de los tornados. En 2016 el estudio “More tornadoes in the most extreje U; S; tornado outbreaks”, publicado en Science, identificó que en los últimos cincuenta años se han duplicado los “brotes extremos” de tornados. En 1965 se contabilizaron cuarenta tornados de estas características. En 2015 el número había aumentado hasta cerca de los ochenta.

La respuesta del negacionista con más poder del planeta ha sido recortar el personal: en total, 1.300 despidos entre el Servicio Meteorológico Nacional y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Menos capacidad de predicción conllevará mayor mortalidad. Un detalle, tal vez no menor, es que, desde el pasado febrero, se exige a los científicos de la NOAA solicitar autorización previa para comunicarse con sus equivalentes canadienses.

A Trump se le pueden adjudicar muchos adjetivos denigrantes, pero no el de estúpido. Toma decisiones que perjudican a muchas personas en todo el planeta, pero su conducta tiene una lógica reconocible: la aplicación de la doctrina del Shock desde el exceso de poder presidencial que le confiere una constitución que ha envejecido mal y no se ha adaptado a las sociedades tan complejas como las que integran su país. Golpea con medidas injustas, que causan un enorme daño a millones de personas, de forma tan continua, abrumadora, que se asemeja a un brote de tornados que arrasan por donde pasan. Aturdida, la ciudadanía aún no ha reaccionado.

Los anuncios de incorporación forzosa de Canadá y Groenlandia, con escasa probabilidad de materializarse el primero no así el segundo, evidencian la contradicción de quien dice no creer en el cambio climático antrópico, pero actúa con un absoluto convencimiento de lo real de sus efectos. Entre estos destaca por sus consecuencias geopolíticas el deshielo del Ártico, que dará lugar a nuevas rutas marítimas por el norte para comunicar Asia y Norteamérica, “la ruta del noroeste” y “la ruta del norte”, que acortarán ese trayecto en una semana.

La minería en Groenlandia, posibilitada por el deshielo, es algo más probable que la minería en Marte promovida por el director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk. El alto coste de ambas propuestas, además de una baja Tasa de Retorno Energético, hace improbable que se concreten en próximas décadas. Sin embargo, solo con su formulación, han contribuido a destruir el orden internacional establecido a finales de la II Guerra Mundial. Queda por conocer si tras estas amenazas hay una voluntad real de materializarlas o son un farol extremo.

En el póker prima la agresividad y la observación a diferencia, por ejemplo, del ajedrez, basado en la concentración y serenidad. El dueño durante veintiocho años del casino Taj Mahajl de Atlantic City, parece entender las relaciones internacionales como una partida donde él tiene la banca. En la economía mundial, el equivalente a la banca de un casino sería el control de la moneda en la que se compra y se vende la mayoría del petróleo y el gas.

La encuesta sobre la composición de las reservas oficiales de divisas del Fondo Monetario Internacional en 2022 fijaba para el dólar una participación en las mismas del 59%, el euro suponía el 21%, el yen el 5,8% y la libra esterlina el 4,8%. Antes de la aparición del euro, el dólar en el año 2000 alcanzaba el 70%. Los mercados indican una bajada progresiva del dólar como moneda de reserva.

Una causa fundamental del ataque de Trump a la Unión Europea radica en la competencia que supone el euro tras superar la crisis financiera global de 2008 y la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, la mayor amenaza a la hegemonía del dólar no es el euro. En el verano de 2023 en la cumbre de Johannesburgo del grupo de los países que forman los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), se planteó la desdolarización de sus economías y la emisión de una nueva moneda. Con la incorporación el 1 de enero de 2024 de Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos, los que pasaron a denominarse BRICS + están en condiciones de dejar de alinear sus monedas con el dólar.

La imposición de su moneda es básica para que una potencia se convierta en hegemónica. La conversión en potencia hegemónica de EE.UU. desplazando al Reino Unido tiene una fecha: el acuerdo de Bretton Woods, de 1944. Después de dos años de negociaciones, los británicos debieron ceder y su negociador principal, Keynes, un economista mítico, aceptó que el dólar fuera la nueva moneda de referencia en lugar de la libra esterlina. El dólar pasó a ser la moneda dominante en los intercambios internacionales de acuerdo con el nuevo rol de hegemón global de los EE. UU. Se estableció que su valor vendría respaldado por una convertibilidad fija en oro. Así fue hasta el llamado “Nixón Shock”.

El déficit comercial al que se refiere, obsesivamente, el actual presidente norteamericano, no es novedad. Ocurrió por primera vez en mayo de 1971, con Nixon como presidente. Erosionado, además, por los costes de la Guerra de Vietnam, el sistema económico del “American way of life” había llegado a sus límites. Pese a la crisis, la inflación crecía. La respuesta de Nixon fue aranceles, congelación de salarios y precios, y el abandono del patrón oro. Estas medidas que afectaban gravemente a Europa y Japón se justificaban por “el trato injusto hacia el dólar”. Nixon forzó un acuerdo entre las principales economías que aceptaban la devaluación del dólar para hacer más competitivos a los productos estadounidenses. En 1973 colapsó el acuerdo. Las principales monedas pasaban a flotar libremente.

La ruptura del patrón oro en 1971 perjudicó también a los países productores de petróleo, ya que el valor de sus exportaciones pasaba a depender de la situación internacional. Fue por poco tiempo. La guerra árabe-israelí de 1973 cohesionó a los países árabes que integraban la OPEP y los precios se multiplicaron. El sistema del patrón oro había sido sustituido por el sistema del petrodólar cuya solidez era bidireccional: al cotizarse el petróleo en dólares, conservaba su papel de principal divisa; mientras, los países productores, en especial Arabia Saudita, obtenían las garantías de seguridad estadounidenses.

Medio siglo después, por primera vez una moneda podría desplazar al dólar. Como he descrito en párrafos anteriores, los llamados BRICS + tras la incorporación del principal exportador mundial de petróleo, Arabia Saudita, y respaldados por el enorme excedente comercial de China, están en condiciones de representar un reto a EE.UU. que no podría afrontar su déficit comercial si perdiera su moneda la condición de principal divisa de cambios. Las acciones de Trump se pueden entender como un intento de respuesta al conjunto de las situaciones antes descritas. Si hiciéramos una analogía histórica, las probabilidades de fracaso, como le ocurrió a Nixon, cotizarían al alza.

Hay formas de conseguir que el reordenamiento del sistema de relaciones internacionales- el antiguo sistema de bloques está definitivamente roto – pueda tener a medio plazo consecuencias más positivas que negativas. La Transición Energética Justa, basada en la implantación racional de las energías renovables, la eficiencia energética, la eliminación de la obsolescencia programada e inducida, la reducción de la contaminación, la movilidad sostenible, el modelo de ciudad 15 minutos, los canales cortos de distribución y el uso racional de los recursos, es la más realista de las alternativas para reducir nuestra dependencia exterior en situaciones geopolíticas inestables con altos costes en la competición por recursos escasos.

La Transición Ecológica Justa, en la que es fundamental la transición energética, es la mejor oportunidad para conseguir sociedades cohesionadas, donde la igualdad sea cada vez mayor. Sólo el reparto equitativo de los recursos y de las cargas, permitirá conservar, o recuperar, formas democráticas de regirnos y organizarnos. La lucha contra la desigualdad es tan determinante e imprescindible como la mitigación de emisiones de CO2 o la adaptación a los efectos del Cambio Climático.

Es ilusorio pensar que más armas van a garantizar la seguridad de las sociedades democráticas, frente a agresiones externas. La seguridad que proporciona una ciudadanía cohesionada y comprometida en la defensa de unos valores que ofrecen una vida digna para todos y para todas, más la que otorga la soberanía energética, alimentaria, y una economía diversificada, sin monocultivos económicos que la fragilizan, es mucho mayor que la de cualquier programa de armas. En tiempos complejos y difíciles, y estos lo son, la apuesta por la Ecología no es una opción, es la única forma de garantizarnos un futuro.

No hay más realpolitik, no hay mayor realismo político que afrontar la situación de crisis ecológica en la que nos encontramos, resultado de décadas de negacionismo, y tomar medidas urgentes y suficientes. No son tiempos para más greenwhasing; es tiempo de políticas y compromisos reales. De reforzar la democracia representativa combinándola con formas de participación directa. ¿Por qué no, por ejemplo, estudiar la conversión del Senado en una asamblea ciudadana con sus integrantes elegidos por sorteo? ¿Arriesgado? Puede. Pero no más que seguir con el inmovilismo: si las sociedades, las tecnologías, evolucionan, existe el riesgo de que las formas de representación dejen de serlo sin una evolución paralela.

Quienes vivimos en el País Valenciano, y más si es en las comarcas afectadas por la DANA del 29 de octubre, hemos visto lo que nos deparará el futuro, si los gobiernos están en manos de neoliberales, neofascistas o neoconservadores. Viejas políticas, mil veces fracasadas, que solo la ignorancia del pasado explica que vuelvan a tener apoyos en las urnas. Debemos ofrecer alternativas ilusionantes para que la elección no tenga que ser como la de las presidenciales estadounidenses, donde entre lo malo y la nada, se eligió lo malo.

Trump va a fracasar, pero no cambiaremos el futuro si mientras eso ocurre no construimos espacios y propuestas que actúen como profilaxis de los próximos Trump, que sin duda aparecerán. Espacios que generen esperanza en los pueblos de todo el planeta y que muestren que es posible alcanzar sociedades justas y equitativas. La Unión Europea solo garantizará su continuidad si se transforma en uno de esos espacios. Como sociedades que nos hemos beneficiado durante siglos de los recursos extraídos en otras partes del planeta y que hoy aún contamos con mayores medios económicos, tenemos la obligación de ser vanguardia y de contribuir al bien global. Debemos ofrecer un modelo alternativo. Desde la Ecología Política, creemos que la transición ecológica justa, lo es.

El informe de Fiscalización de la cuenta general de la Generalitat, elaborado por la Sindicatura de Comptes, y presentado este pasado lunes 23 de diciembre por su Síndic Major,  Vicent Cucarella, honra a la institución que dirige y al pueblo valenciano. Es realista y valiente, todo lo que no es la referencia que Felipe VI hizo a la DANA del 29 de octubre en su habitual discurso navideño.

Es evidente que el primero se conoce el territorio y de lo que habla y que el segundo es un visitante accidental que se ha implicado al máximo en la operación para salvar a Mazón. Queda por ver si, quienes participan en el rescate, entienden lo elevado del coste. Si son conscientes que son colaboradores en una de las mayores contribuciones al desgaste de la democracia en nuestro país desde 1982.

La continuidad de Mazón al frente del Consell de la Generalitat Valenciana supone mantener abierta una herida que nunca cicatrizará mientras quien estuvo ausente el 29 de octubre esté presente en la institución que abandonó al pueblo valenciano en las horas más determinantes en medio siglo. Nadie ha erosionado tanto como él la credibilidad de la democracia valenciana. Cada vez que decenas de miles de valencianos y valencianas salgan a las calles pidiendo su dimisión, y continue obcecándose en seguir en un puesto para el que la mayoría no le considera apto - dos encuestas de este mismo mes coinciden en el rechazo a la permanencia de Mazón por la mayoría de la ciudadanía- ahondará en esa erosión. Las consecuencias serán extremadamente graves.

El Centro de Investigaciones Sociológicas recogía a principios de 2024, que uno de cada cuatro jóvenes en el rango de edad de 18 a 34 años, no considera que la democracia sea preferible a cualquier otra forma de gobierno. Es un porcentaje que debería alarmar, en especial a quienes con su mala gestión incrementan la desafección. Entre los mayores responsables de su debilitamiento destacan quienes la corrompen, frivolizan y gestionan con negligencia. La juventud que cuestiona la democracia lo hace poniendo en duda su capacidad y eficacia para resolver “los problemas reales” que más les afectan.

Quienes hablan de “estado fallido” para describir la dramática situación de centenares de miles de personas los días 29 y 30 de octubre en l’Horta Sud, la Ribera, Hoya de Buñol, Camp del Turia, los Serranos, Utiel-Requena y Pedanies i pobles del sud de València, y también la pésima gestión posterior, lo hacen porque han vivido situaciones terribles de abandono. Ese abandono tiene unos responsables: quienes tenían las competencias y no las ejercieron porque estaban a otras cosas que seguimos sin conocer.

No sólo hay un fracaso gigantesco del Consell. Tampoco la administración estatal está sabiendo compensar la desaparición de la administración autonómica: a 23 de diciembre el Consorcio de Seguros tenía pendientes de respuesta a 187.000 expedientes. El 95,5% corresponden a la provincia de Valencia.

Si la dejación, ausencia, incompetencia e incapacidad de Mazón quedaran sin consecuencias (la calificación como negligencia y sus consecuencias civiles o penales, deberán establecerse en los juzgados), ocurrirá que una manzana pudrirá el cesto. La parte, Mazón, contaminará el todo, las instituciones democráticas. Cuando hasta Felipe VI, en su alocución del 24 de diciembre, actúa como un negacionista climático y diluye responsabilidades, es evidente que la confusión está bien alimentada y la amenaza es real.

No tendría por qué ser así. Lo cierto es que las formas de gobierno democráticas proporcionan muchas más probabilidades para ser el marco de una vida digna que las autocracias: los hombres y mujeres del nuevo autoritarismo hablan mucho, pero sus resultados son muy pobres. Veamos los datos.

El Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDHD) es un indicador creado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el objetivo de conseguir una mejor referencia sobre la situación real de las personas de la que aporta el producto interior bruto per cápita. Para ello integra la esperanza de vida al nacer, el nivel educativo, el ingreso promedio y también la pobreza, la desigualdad y las brechas de género.

En su clasificación de 2022, última disponible, el IDHD de Naciones Unidas tiene en sus treinta primeros puestos a veintisiete democracias. Solo dos autocracias se cuentan entre las primeras posiciones: Emiratos Árabes Unidos en el decimoquinto puesto y Singapur en el lugar número veintiséis. Dos muy pequeños estados con situaciones excepcionales no reproducibles en ningún otro lugar del planeta. Queda la cuestión de como considerar a Hong Kong, que ocupa el puesto veintiuno, y que este pasado mes de marzo ha dejado de ser, de facto, una democracia.

Estos resultados, estadísticamente, no serían los más probables. En 2022, solo el 29% de la población del mundo vivía en democracias. El porcentaje ha ido en retroceso desde 2019, cuando casi el 50% de los habitantes del planeta vivían en estados democráticos. Uno de los factores que explica que las democracias presenten mejores indicadores de Desarrollo Humano, radica en que tienen menores índices de corrupción que las autocracias. Cuestiones como el acceso al flujo de la información, contar con medios de comunicación no oficiales, la existencia de organizaciones de la sociedad civil que denuncian la corrupción, o la de partidos que compiten en procesos electorales homologables, explican la menor corrupción y, también, el mayor desarrollo humano. De hecho, en el Ranking de la Corrupción de 2022, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, entre los treinta estados menos corruptos, hay veintisiete democracias. Las excepciones coinciden con las de la lista de IDHD: Singapur, Hong Kong y los EAU.

La denuncia de la corrupción existente en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana – hasta 185 condenas por corrupción han sido acumuladas por sus cargos públicos – fue determinante para su derrota electoral en 2015. La ciudadanía decidió que la imprescindible regeneración no podían llevarla a cabo quienes habían creado una trama organizada de corrupción sistémica. Los problemas estructurales no pueden ser resueltos por quiénes los han causado, pues no harán un reconocimiento real de sus errores y complicidades. La posibilidad que tienen las democracias para poder regenerarse mediante la derrota electoral de los partidos causantes de graves crisis sociales es determinante frente a las autocracias para garantizar una vida digna a su ciudadanía y la protección de los Derechos Humanos.

Han pasado casi dos meses desde el trágico 29 de octubre que determinará el futuro del pueblo valenciano durante todo este siglo. 223 víctimas y tres personas desaparecidas estarán presentes en nuestra memoria y en la de las generaciones que nos sucederán, como ocurre con el recuerdo de la riada del 57 que sigue presente en nuestro imaginario colectivo. El 29 de octubre de 2024 dejará una huella aún más profunda e imborrable, por la tragedia indescriptible de tantas personas, y por la enorme dureza del día a día, desde entonces, para centenares de miles de valencianos y valencianas. En las casas de muchísimas familias valencianas este año no habrá fiestas. Y no habrá reparación del daño que han sufrido hasta que Mazón sea apartado de la política institucional.

La reflexión que se hizo desde la Ilustración sobre el terremoto y tsunami de Lisboa de 1755, cambió la historia de Europa. De Voltarie a Kant, se cuestionó que fuera posible una explicación compatible con la existencia de una Divina Providencia. Sólo la ciencia podía explicar lo ocurrido y así fue entendido en todo el continente.

Las consecuencias de las catastróficas inundaciones del 29 de octubre, deberían, al menos a los valencianos y valencianas, llevarnos a cambios determinantes y decisivos como pueblo. Lo ocurrido no fue el resultado de un fatum. Faltan a la verdad quienes afirman que las víctimas hubieran sido las mismas si se hubiera alertado con antelación. ¿Cómo lo saben? ¿En qué basan tan atrevida afirmación? ¿Dónde está el informe técnico o los precedentes que les permiten pronunciarse en una línea en la que ninguna persona experta lo ha hecho? ¿Es la afinidad ideológica entre el poder económico valenciano y el PPCV la explicación del capote que le echa el presidente del lobby más poderoso al presidente del Consell?

Que la gestión de la emergencia el día 29 debió ser mejor, se puede afirmar sin que lo certifique tribunal de justicia alguno. Lo han afirmado quienes tienen una mayor credibilidad, como son las personas expertas y las científicas en áreas de investigación concernidas. Sólo hay que recordar que la Universitat de València, el día 28, decidió suspender su actividad, y cerrar sus instalaciones, durante todo el día 29.

También se debe recurrir a los precedentes y recordar cómo fue la gestión ante la DANA que en 2019 afectó al Sur de Alicante: dos días antes se decretó la emergencia. Los daños, en consecuencia - sin olvidar que las escalas de los fenómenos meteorológicos fueron diferentes – no admiten comparación. El gobierno del Botànic se arriesgó para proteger a las personas; el de Mazón con su no actuación ¿qué quería proteger? Esta vez, además, los modelos meteorológicos, por ejemplo, el modelo francés de predicción AROME, indicaban, días antes de la DANA, la existencia de un tren convectivo que podía dejar más de 350 litros por metro cuadrado en 24 horas en una zona de extensión tan amplia como para generar grandes escorrentías. Juan Bordera, diputado por Compromís en les Corts Valencianes, llevaba alertando mucho tiempo sobre las nuevas dimensiones de los fenómenos meteorológicos extremos que nos podían afectar. Debido a la enorme cantidad de vapor de agua acumulado en la atmosfera, resultado, a su vez, del incremento de la temperatura del agua en el Mediterráneo, consecuencia de los años más cálidos jamás registrados en nuestro territorio, era conocido que se podían generar precipitaciones y avenidas de una escala sin precedentes.

Tenía razón. Como la tenía la comunidad científica que investiga el Cambio Climático antrópico, que había sido clara en sus advertencias. Es evidente que pesa mucho más el negocionismo climático. El Plan de Acción Territorial sobre Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) tuvo sus inicios hace casi tres décadas. Incluso ahora, después de la DANA, el PP en la ley de simplificación administrativa elimina los informes de los técnicos de la Generalitat, en materia de riesgo de inundación, para la emisión de licencias urbanísticas en suelo no urbanizable afectado por dicho riesgo, dejando sólo a los técnicos municipales como únicos responsables. ¿No sería necesario justo lo contrario, incrementar los controles e informes? ¿Tan firme es la determinación de Mazón de protagonizar, como ya lo hizo Zaplana, una nueva burbuja inmobiliaria, que rememore la de 1997-2007?

En esa misma línea parece ir también la reciente modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), la de eliminar la obligatoriedad de los informes que fijan el crecimiento de los municipios, según la fórmula establecida en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Informes que son vinculantes desde 2016 y en los que se fija la cifra máxima que podía crecer la población de cada municipio y el suelo que se podía urbanizar. Es decir, el Consell de Mazón abre, como hace casi treinta años, la barra libre del sellado de suelo. Es una enorme irresponsabilidad cuando el desorden territorial tanto ha contribuido a que las consecuencias de la DANA hayan sido tan catastróficas.

Tampoco debe olvidarse la responsabilidad que el Austericidio decretado, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, por Angela Merkel, y aplicado con complacencia por los defensores de minimizar el papel del Estado y de las administraciones públicas - como fue el gobierno de M. Rajoy -  tuvo en la paralización de los planes de prevención de inundaciones en la cuenca de la rambla del Poyo.

Financial Times es un periódico publicado en inglés y editado en Londres, que es una referencia para todos los neoliberales europeos. Para todos, menos para los valencianos. En su número de este pasado 22 de diciembre, en un extenso reportaje titulado “Inundaciones en Valencia: el escándalo de un desastre anunciado” aporta las valoraciones de un amplio panel de personas expertas, donde se recoge desde que “los sistemas de alerta deben basarse en las predicciones de las precipitaciones” hasta que “la densidad de urbanización de las llanuras costeras era un factor de especial vulnerabilidad”, pasando por la necesidad de restaurar bosques, para mejorar la capacidad de absorción de agua por los suelos, y compensar el efecto que causa el exceso de suelo sellado. Mazón no debe leer prensa en inglés, de lo contrario sabría que la publicación de referencia económica para el Partido Popular europeo, además también le señala por su desaparición “At around 2.45pm, Mazón would disappear into three-hour with journalist Maribel Vilaplana at a restaurant in the city of Valencia”

Por la justicia que merecen las víctimas y las afectadas, por la recuperación de las vidas de centenares de miles de personas que han sufrido enormes dramas y pérdidas, por la incapacidad demostrada para liderar la recuperación y la previa y necesaria reflexión, para prevenir que no vuelva a ocurrir nada semejante, por higiene democrática y para no desgastar la confianza en la democracia como la mejor forma de gobernarnos, Mazón debe dimitir.

Posiblemente, eso mismo es lo que pensó Aznar en 2004, en los días previos a la votación, respecto de las probabilidades con las que contaba M. Rajoy para ganar las elecciones generales. Aznar fue el primer líder político, no sólo en España, que apostó el resultado de unas elecciones a la utilización de la posverdad. Sólo la información difundida por algunos  medios de comunicación, que en aquellos terribles días de marzo de 2004 desmentían al gobierno y  aportaban datos que señalaban como responsables del mayor atentado de la historia de España a yihadistas de Al Qaeda, y la reacción de la ciudadanía en forma de multitudinarias manifestaciones en las calles exigiendo información veraz, impidieron que lograra su objetivo.

Las teorías de la conspiración, que siempre han existido, con la irrupción de la posverdad, adquieren un alcance y frecuencia de uso extraordinario. Al no ser necesario fundamentar lo que se afirma, junto a la facilidad para multiplicar su alcance que ofrecen las redes sociales, el resultado es que la velocidad de su replicado alcanza la condición de viral. Una de estas teorías es clave para explicar el avance de la ultraderecha en casi toda la Unión Europea - empiezo estas líneas en el mismo momento en que se han dado a conocer los resultados de las elecciones generales en Austria, que ha ganado el FPÖ, un partido de corte neonazi, con el 29% de los votos -. Me refiero a la teoría del Gran Reemplazo que sostiene la existencia de un complot para sustituir a la población “blanca y cristiana” en todo Occidente. Según los resultados del barómetro de LaSexta, correspondientes al pasado mes de septiembre y publicados el 4 de octubre 2024, un 34,6% de la población en España cree que hay un plan de sustitución migratoria.

¿Cómo teorías tan burdas consiguen tanto eco social como para explicar parte del avance de la ultraderecha en todo un continente? La banalización de la mentira hace que creer en algo que parece descabellado ya no produzca pérdida de crédito social. No es necesario fundamentar sólidamente nada, basta con creer firmemente en ello. El sentimiento sustituye como criterio de veracidad a la razón.

Así, también el conocimiento científico se convierte en materia de opinión. Que el 99% de los y las científicas que investigan en el campo del cambio climático coincidan en afirmar que estamos viviendo una modificación extraordinariamente acelerada de las condiciones físicas que determinan el clima global, hoy lo puede cuestionar cualquier cuñado. Tendrá su coro que le escuche y le secunde cuando niegue la existencia del cambio climático o del incremento de la concentración de gases de efecto invernadero debido a la acción antrópica. Le jalearán incluso cuando diga que la agenda 2030 de las Naciones Unidas (un plan de acción a favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la justicia) es un plan diabólico. Da igual que no conozcan de qué están hablando. Lo importante son las sensaciones.

Quienes sí saben de qué están hablando son los líderes de opinión, y de los partidos, que emiten esas mismas afirmaciones sin base científica. Hablan pensando en sus cuentas corrientes y en los incrementos logarítmicos de éstas (dígase el eurodiputado ultra español que cobró 100.000 euros por hacer de lobista…y eso solo en su primer mes). La banalización del mal hoy consiste en negar lo evidente sin importar las consecuencias, por graves que éstas sean. Trump, sus imitadores, y quienes les siguen, niegan el genocidio del pueblo palestino; niegan la Emergencia Climática; niegan que el neoliberalismo esté arruinando la posibilidad de tener una vida digna a toda una generación y, en su lugar, señalan como chivo expiatorio a las personas migrantes.

No es casual que los mismos que apoyan a quiénes cometen el genocidio del pueblo palestino y criminalizan a las personas migrantes, nieguen la Emergencia Climática y la necesidad de tomar medidas que eviten dramas humanitarios de alcance continental. Detrás hay un mismo patrón de comportamiento: la absoluta desconexión con el dolor que no sea el de uno mismo. Se basan en la delirante suposición de que uno solo puede salvarse y, por tanto, es innecesaria toda forma de solidaridad. Los ultras, hoy, incluso cuando forman masas, lo hacen como agregación de individualidades. Es el resultado de la enorme influencia que ha logrado el neoliberalismo, cuyo elemento central es el egoísmo desmedido, que ha permeado a las ultraderechas hasta generar partidos que incorporan el turbocapitalismo al ideario estatalista propio del neofascismo.

El neoliberalismo a escala planeta, como el que impulsaba la Organización Mundial del Comercio a principios de este siglo, puede que esté en retroceso. Pero, el dogma neoliberal, dentro de los diferentes bloques económicos regionales y de cada país, en la mayoría de los estados de Occidente, sigue plenamente vigente, influyendo en un abanico ideológico tan amplio, desde la socialdemocracia a los ultras, que ha devenido en hegemónico. Trump considera comunista la idea de que los servicios sanitarios, de calidad y gratuitos, lleguen a toda la población. Lo mismo piensan Abascal, Le Pen, Orban…autócratas aparentemente muy diferentes entre ellos coinciden en sus fobias. Posiblemente, porque no son tan diferentes. En consecuencia, no es extraño que se haya constituido una poderosa internacional de la extrema derecha con casi todos ellos.

Frente a la cada vez mayor conexión y organización internacional de las extremas derechas, por el contrario, las democracias más avanzadas están, cada día un poco más, retrocediendo en su acción conjunta en la defensa de los valores en los que se basan los Derechos Humanos Universales. Lo vemos desde hace una década en cómo se ha endurecido el acogimiento de las personas migrantes. Es un sálvese quien pueda, aplicado a los estados, que no acabará bien. Los problemas decisivos a los que hay que hacer frente no son resolubles en el marco, solo, de cada estado. Ni la Emergencia Climática, ni el acogimiento de las personas migrantes, ni la seguridad, la justicia y la paz global pueden ser abordadas con buenos resultados por ningún estado en solitario.

El ecologismo político, al tener como punto de partida - desde Georgescu-Roegen a Donella Meadows – la concepción del planeta como un único todo interrelacionado, es una respuesta global basada en la justicia social y el equilibrio con el conjunto de los ecosistemas, con el objetivo de garantizar una vida digna en el presente donde el bienestar de unas personas no se consiga a costa unas de otras ni de las siguientes generaciones.

Las generaciones más jóvenes se encuentran con que sus vidas han sido hipotecadas por las decisiones que han tomado, y siguen tomando, otros. Las élites económicas, en todo el planeta, están actuando como sociópatas instalados en un carpe diem terminal antes de coger el cohete de SpaceX camino de una estación espacial como aquella de la notable película de Christopher Nolan, Interstellar. Olvidan que eso pasaba en una película.

Propuestas culturales aparentemente sensibilizadas con la emergencia medioambiental, como Interstellar, tienen, en realidad, efectos paralizantes dado que se insertan en un contexto de nihilismo creciente. No podemos conocer con que intención escribió su película Christopher Nolan, pero si concibió el resultado como esperanzador en alguna medida, no lo es en absoluto. Más bien la podemos interpretar como una consecuencia de la pérdida de confianza en lo sistémico - la película es de 2014 - que nos envuelve tras el estallido de la burbuja inmobiliaria global en 2008, que desveló la tramoya tras la que se esconden los trucos que maquillan un sistema económico, el turbocapitalismo, lleno de trampas, que ya no se sostiene.

Ni el pesimismo, ni tampoco el optimismo mueven hoy a la acción. Como bien describe en su último libro Byung-Chul Han, el optimista es cortoplacista y con facilidad se siente defraudado. Además, desde Voltaire, el optimismo tiene poco prestigio en la Europa construida a partir de la Ilustración. La alternativa, nos recuerda Han, pasa por recuperar la esperanza. Añadiría que la esperanza requiere de un propósito. Y que tener un propósito es el antídoto más eficaz ante el nihilismo inducido como forma de conducirnos al abatimiento. Un pueblo desmoralizado no lucha.

La cosmogonía aún hoy dominante tiene en Hayek a su profeta neoliberal más influyente – referente de la escuela económica austriaca y de las políticas de Thatcher -  que defendía que la ideología era lo más importante en la economía. Qué Hayek sea continuamente reivindicado por personajes como Milei, que decide la política económica de Argentina en conversaciones con su perro muerto, tiene su lógica en alguien que practica el necrocapitalismo, ¿qué nombre sino debe aplicarse a modelos económicos que retiran los tratamientos a las personas enfermas de cáncer?

La llegada al poder de propuestas e individuos que merecen la aplicación del código penal es, en parte, el resultado de presentar la realidad y los problemas que la atraviesan como inabordables. El siguiente paso es vender que solo quedan las salidas desesperadas o directamente, criminales. La posverdad crea monstruos.

Los problemas de Argentina no son inabordables, casi nada lo es. Los problemas complejos, si se quieren resolver, se abordan desagregándolos. Un problema de gran complejidad se subdivide en muchos pequeños. Éstos, al ser de menor escala, pueden ser más fácilmente resueltos. Una vez resueltos, se integran y así se obtiene la respuesta al problema mayor que parecía imposible resolver.

Veamos un ejemplo. El principal problema que afecta a la juventud del País Valenciano es la vivienda. Si hacemos extrapolación de los datos del último CIS, hasta un 85%  ve comprometida la posibilidad de alcanzar una vida digna debido al coste de alquilar, o comprar, un lugar donde poder emanciparse. Si escuchamos a la ministra de vivienda, el problema parece de dimensiones imposibles de abordar, tanto que fía parte de la solución al buen corazón de los arrendadores. Otra sobredosis de pensamiento mágico.

La ministra debería dimitir al igual que los responsables autonómicos en vivienda, si no tienen un conjunto eficaz de medidas que proponer. Es un problema irresoluble sólo si no se tiene el valor de hacer un diagnóstico claro y actuar en consecuencia. Con un bien de primera necesidad no se debe especular ni legislar amparando la especulación. La propiedad privada no debería ser un derecho por encima del de todas las personas a tener una vida digna. En España, además, tampoco se puede señalar como responsables del alza de los precios a quienes tienen dos viviendas en propiedad.

Veamos los datos: 737 empresas y holdings privados acumulan al menos 50 viviendas alquiladas y suman más de 178.000 alquileres. Es el 10% de los 1,8 millones de hogares en régimen de alquiler en España. Los propietarios de 3 o más viviendas representan el 2,4% de la población española. La valenciana es la segunda autonomía con mayor número de propietarios de 5 o más viviendas, un 0,5% de la población. Esas 25.000 personas poseen más de 125.000 viviendas.

Las administraciones públicas sumaban, en todo el estado, en 2023, tan solo 117.800 viviendas alquiladas. La inversión en vivienda pública es la única partida presupuestaria que ha descendido en cifras absolutas en las dos últimas décadas. En 2006 se construyeron casi 100.000 viviendas protegidas en España. En 2018, la cifra había caído hasta poco más de 10.000. Entre los años 2017 y 2023, en total se produjeron 56.243 viviendas protegidas: pocas más de las que en un solo año, 2012, se construyeron, que fueron 53.000.

Hay soluciones. Una de ellas, fundamental, está en la política fiscal. Tiene por objetivo la redistribución y la justicia social. El precio de la vivienda en compra viene determinado por el precio de los alquileres. Si, en el País Valencià, las más de 60.000 viviendas (contando solo las legalizadas) dedicadas a uso turísticos se destinaran a alquiler de larga duración, los precios bajarían en su conjunto (alquiler y compra). Si, al mismo tiempo, se ponen en marcha planes de construcción de vivienda social, y se acota la especulación que mantiene solares y viviendas sin rehabilitar en nuestras ciudades, los precios bajarían más.

Y si recordamos el programa de la ecología política, rehabilitar viviendas es, también, una forma de luchar contra la pobreza energética. Recuperar la vida de barrio legislando a favor del pequeño comercio no franquiciado que ha sido desalojado por grandes cadenas y multinacionales y para que haya viviendas donde ahora hay bajos turísticos, es reducir desplazamientos y, por tanto, menos costes personales y ambientales; mejorar el transporte público para que fuera real la València metropolitana es multiplicar las opciones donde vivir. Son demasiados beneficios sociales cruzados como para que no sean una prioridad en los presupuestos públicos. Y sí es posible: mediante políticas fiscales haremos que las multinacionales de la especulación inmobiliaria busquen otro lugar donde extraer rentas expoliadoras.

Igualmente, si sacamos la enorme componente de especulación financiera que hay en el necesario proceso de transición energética, sería mucho más fácil conciliar territorio y renovables. Solo se resentirían los beneficios del oligopolio energético, que alcanzan cifras indecentes. ¿Por qué no se hace? Solo hay que mirar el número de exministros y exministras que integran los consejos de administración de las energéticas españolas para pensar en posibles explicaciones.

Hay que abordar de forma inmediata, y sin abandonar (todo lo contrario) las políticas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, que gran parte de las inversiones públicas deben ir dirigidas a la inevitable adaptación a los cambios que se van a producir en el territorio y en nuestras vidas al modificarse el clima. Debe prevalecer la justicia social, no debemos permitir que los impactos se concentren en quienes menos pueden defenderse. No habrá estado que pueda sustraerse a las consecuencias del malestar social si no hay equidad a la hora de afrontar los costes y su reparación. El ecologismo hoy, ante todo, es justicia social. Prever los efectos del cambio climático en nuestras vidas, y hacerles frente equitativamente, es uno de los mayores y más necesarios actos de justicia social que se deben llevar a cabo desde hoy mismo.

No existen los problemas inabordables. Todos se pueden encarar, y minimizar sus efectos cuando no se puedan corregir. Lo que sí existen son los intereses creados. Y el esfuerzo de los poderes económicos por desanimarnos y no emprender luchas. La forma más eficaz de derrotar a la extrema derecha será enfrentar con decisión los problemas y poner límite a los poderes económicos. No es cierto que las autocracias sean más eficaces que las democracias: hay cuestiones clave como los flujos de información o la evaluación crítica de los procesos, que son más opacos en las sociedades no democráticas. Los problemas complejos requieren, para ser encarados, de una coherente planificación a largo plazo. Conseguir esos acuerdos de largo recorrido es posible: pero sólo si hay una total transparencia y se implica y se trata a la ciudadanía como a personas adultas. Menos paternalismo, menos personas providenciales y mucha más ciudadanía consciente e implicada es la forma en que podemos, y vamos a conseguir, derrotar a los monstruos de la posverdad.

Fueron años perdidos para la modernización de la economía valenciana y para su incorporación al nuevo entorno digital. Y también para su transformación hacia un modelo de mayor resiliencia ante los efectos derivados del cambio climático antropogénico. No es casual que aquellas Comunidades Autónomas que en mayor medida han retrocedido en la convergencia estatal sean las que tienen un sector turístico de mayor peso porcentual. Sector, además, que genera puestos de trabajo precarios y mal retribuidos y de muy duras condiciones laborales.

También debemos recordar que el pib es un indicador que, aunque sigue siendo la referencia para instituciones oficiales y entidades privadas, está ampliamente cuestionado - desde ongs como Oxfam hasta por premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz - pues no incluye en su contabilidad las externalidades negativas. Un ejemplo: en el año 2007, de los más de 160 territorios que integran la Unión Europea, el valenciano era uno de los cinco que más incumplía los acuerdos derivados del Protocolo de Kyoto que limitaban las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Ese año en nuestro territorio habían alcanzado el 110%, (informe quinquenal sobre la situación del País Valencià de CCOOPV) con respecto al año base que era 1990. Muy por encima de lo que debía ser el objetivo de la GVA para cumplir con los acuerdos suscritos. Era, también, consecuencia de la apuesta por una economía basada en el cemento y el ladrillo. Por supuesto, la estadística eso no lo contempla en el dato oficial de 2007 de crecimiento del pib, que fue del 3,7%

Hubo más externalidades negativas. Se selló tanto suelo en esa etapa cómo en toda la historia anterior del País Valencià que liderò la artificialización de suelos entre 1992 y 2006 a nivel estatal (“Perfil Ambiental de España 2006” elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente con Cristina Narbona). El mismo informe recoge que esta ocupación se produjo ignorando el valor agrológico de  los suelos más valiosos para la vegetación natural o para la agricultura. Como pasó con l’Horta de València, los suelos clasificados en los tipos I-IV por la FAO fueron especialmente amenazados. La soberanía alimentaria de todas en juego para beneficio de unas pocas personas.

Los gobiernos del PP en la Generalitat Valenciana crearon el conjunto legislativo idóneo para depredar el territorio y convertirlo en una máquinaria de generar beneficios para el lobi del ladrillo, el cemento y el suelo urbanizable.

No es casual, que estos fueron los años de la corrupción sistémica del Partido Popular valenciano en todas las instituciones donde gobernó. Ni tampoco que las “donantes” a la caja B del PP de València fuesen todas – lo ha publicado recientemente el diariocv.es -, salvo Sepcosa y SAV, empresas del sector de la construcción, inmobiliarias o de la gran obra pública. Difícil saber si fue antes, el huevo o la gallina.

Es también obligado recordar que el último gobierno socialista valenciano del siglo pasado dejó una legislación (la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, que incluía la innovación, a nivel estatal, de la figura del agente urbanizador no propietario) que facilitó, en las peores manos, la privatización de la ordenación del territorio a través de los Planes de Actuación Integrada (PAIs). Fue el mejor negocio para los privilegiados que podían jugar al juego de la lotería recalificadora. Una de las consecuencias del protagonismo que adquirió el sector de la construcción fue la modificación de la estructura económica valenciana.

En consecuencia, con el impulso de las administraciones públicas, en 2008 la economía valenciana gravitaba sobre dos sectores: el turístico y la construcción. En realidad, en los años finales de la burbuja inmobiliaria valenciana, ambos sectores estaban conectados. Algunas propuestas, como los PAIs con golf, formados por unifamiliares con piscina y alejados de los núcleos urbanos consolidados, estaban orientados al comprador foráneo. El llamado turismo residencial (un oxímoron según uno de los grandes expertos en turismo como fue el sociólogo José Miguel Íribas) reunía todas las externalidades negativas del turismo y la construcción. Un pésimo negocio para la ciudadanía valenciana, pero muy rentable para las cajas B del Partido Popular y sus beneficiarios.

Tal y como habíamos advertido las organizaciones ecologistas y un número considerable de expertos, la burbuja inmobiliaria explotó a finales de 2008. La Comunitat Valenciana fue la segunda autonomía con mayor retroceso de su PIB en 2009 ( cayó un 4,3%). La debacle de la economía valenciana recayó sobre la ciudadanía que fue quién pago los costes. Una vez más, se había cumplido la que es la auténtica máxima neoliberal: privatización de los beneficios, socialización de las perdidas. Las consecuencias, incremento acelerado del paro, pérdidas de poder adquisitivo de los salarios de quienes conservaron el empleo, deterioro del conjunto del sistema de bienestar valenciano, paralización de inversiones básicas como las del transporte público…perduraron más de un lustro.

También supuso la desaparición de casi todo el sector público bancario valenciano. Solo Caixa Rural sobrevivió. A nivel estatal, se destinaron más de 60.000 millones de euros al rescate de las entidades bancarias quebradas. Para la ciudadanía, no hubo rescate alguno: se dispararon los desahucios. Debió ser la sociedad civil quien se organizará para hacer frente desde espacios como la Plataforma de Afectadas por la Hipotecas que evitó miles de desahucios de las personas más vulnerables. Aún así, decenas de miles de familias fueron expulsadas de sus hogares y quedaron en la mayor vulnerabilidad.

La pésima gestión de la crisis por parte de los gobiernos del PP y del PSOE, conllevo la pérdida de confianza en el sistema basado en el turnismo. La absoluta decepción de toda una generación con las políticas del bipartidismo tuvo como consecuencia, en 2011, la aparición del 15M que en pocas semanas se consolidó con enorme fortaleza. El cambio de ciclo producido en 2015, es, en parte, consecuencia del poso que dejó la impugnación del bipartidismo que movilizó a millones de personas en las plazas y calles en 2011. Pero también lo fue, en el País Valencià, de las movilizaciones llevadas a cabo desde 2007  por Compromís pel Territori para denunciar y detener la destrucción del patrimonio natural valenciano, o por los numerosos Salvem, como el que se constituyó en el Cabanyal o entorno al Jardí Botànic. Sin olvidarnos de la denuncia continúa de la corrupción del PP en la Comunitat Valenciana que había alcanzado una escala sistémica y que encontró en Mónica Oltra la voz que sí representa a la indignación ciudadana.

Los gobiernos del Botànic I y II tenían como tarea urgente recuperar la higiene democrática. Y como tareas prioritarias crear el sistema valenciano de bienestar dotándolo de unos servicios sociales dignos. También sentar las bases del cambio de modelo socieconómico: del depredador, poco eficiente y fallido heredado del PP, hacia otro resiliente, eficaz y sostenible medioambientalmente. Los obstáculos fueron infinitos. Los gobiernos estatales de M. Rajoy y Pedro Sánchez, como sus predecesores, continuaron dejando a los valencianos y valencianas sin los recursos suficientes para financiar el Welfare State valenciano. Los pilares del estado del bienestar - educación, sanidad, servicios sociales – se prestan desde la Generalitat Valenciana. Solo las pensiones son competencia estatal. Luego, la insuficiente financiación es una agresión contra quienes más necesitan de la función distributiva que debe desempeñar un gobierno.

Si ya en 2009 se aprobó un sistema de financiación de las CCAA del régimen común que era muy dañino para la ciudadanía valenciana, cuando caducó en 2014 su no revisión y la prolongación de este durante otros diez años, condujo a un mayor endeudamiento a la GVA. Pese a ese lastre, las políticas llevadas a cabo en el periodo 2015-2023 por los gobiernos del Botànic, revertieron la tendencia de pérdida de convergencia. Con datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2023, el pib per cápita valenciano había ascendido dos puntos, hasta el 89,7%, con respecto a 2015.

La complacencia de las delegaciones valencianas del PP y del PSOE, hacia sus lideres estatales, su nula reivindicación interna y externa - no vaya a ser que los jefes en Madrid se les enfadarán - explican la situación vivida desde 2009. En realidad, desde mucho antes. La solución no está en las cifras coyunturales a las que alude estas semanas la ministra de Hacienda.  Si este año las transferencias son mayores es porque lo son para todos como resultado de los mayores ingresos por recaudación de impuestos, pero seguimos siendo la autonomía peor financiada junto a la Región de Murcia. La solución debe ser estructural. Los parches, como las burbujas, acaban estallando.

Un apunte sobre recaudación de impuestos: no era, ni es cierto, que la presión impositiva sea en España de las más altas de la UE. Con datos de Eurostat de 2022, la media de la presión fiscal de la UE es del 40,2%, mientras que en España se sitúa en el 37,7%. El desafortunado, por incierto, “bajar impuestos también es de izquierdas” expresado por Zapatero, era innecesario.

Es cierto que, como en casi todo, hay grados. Y, el espectáculo de Camps conduciendo un Ferrari descapotable, acompañado de Rita, por el circuito urbano de Formula 1 de València, es de otra escala. Es tan descriptiva la imagen que, cuando la vuelvo a ver, me entra la duda de si será un meme generado por Inteligencia Artificial. Lamentablemente, no lo es. Nos decían que éramos ricos, cuando cada día estábamos un poco más empobrecidos y alejados de la media española. Y coló.  A cambio, los jefes madrileños de los gobernantes valencianos estaban muy satisfechos: un territorio “pobre” que aportaba a la caja común como si fuera rico. ¿Cómo era aquello del conde-duque de Olivares?

Nunca fuimos ricos, pero nos hicieron creer que sí lo éramos porque los que iban en ferraris descapotables lo eran. Exhibiendo sus lujos quisieron hacernos sentir que eran nuestros. Fue un espejismo que se prolongó gracias a las múltiples complicidades de todos los beneficiarios del entramado expoliador.  Se privatizaba y degradaba todo el sistema de bienestar valenciano y solo unos pocos elevaron la voz para reclamar una mejor financiación para los valencianos y las valencianas, porque otros sabían que su bienestar particular dependía del que mandaba en sedes madrileñas.

En Compromís, desde el primer momento, hemos dejado muy claro que la financiación justa – incluida la quita de la deuda injusta causada por esa misma infrafinanciación - es irrenunciable. Y lo digo como uno de los negociadores de los sucesivos acuerdos.

Ha llegado el momento en que cada diputado y diputada de esta tierra va a tener que elegir ente defraudar a los valencianos y valencianas para agradar a sus jefes en Madrid o responder a las necesidades de la ciudadanía valenciana con valentía. Veremos.

Sagan decía que, si el avance tecnológico de la humanidad hubiera sido lineal desde la civilización micénica, hace más de mil años que hubiéramos llegado a la Luna. Extrapolando, podríamos inferir que, si el progreso social hubiera sido lineal desde la civilización helénica, hace más de mil años que hubiéramos llegado al Welfare State. Deberíamos recordarlo cuando nos ronda la tentación del adanismo y nos flaquea la memoria. El fascismo se basa en la ignorancia, en la falsificación del pasado y de la historia: una forma de combatirlo es no olvidarlo.

Stefan Zweig fue un escritor y activista austríaco, uno de los más reconocidos intelectuales europeos del periodo de entreguerras. Se suicidó junto a su compañera el 22 de febrero de 1942, en Brasil, convencidos de que el triunfo de los ejércitos de Hitler era inminente y que todo el planeta caería bajo el nazismo. Justo un año después, la Wehrmacht era aniquilada en Staligrando y el nazismo estaba ya derrotado (aunque no vencido hasta 1944 y la batalla de las Ardenas).

Zweig conocía profundamente el nazismo, había sufrido su persecución, y es comprensible su desesperación. Pero el mundo lo transforman las personas que nunca se rinden. Lo cambian Albert Camus que colabora con la resistencia francesa contra los nazis, Antonio Gramsci con sus Quaderni del carcere o Petra Kelly dando carta de naturaleza al ecofeminismo. Lo cambian, parafraseando a Brecht, los imprescindibles  que luchan todos y cada uno de los días de su vida. No nos demos, ninguno y ninguna, por vencidos, porque no lo estamos. 

Hace décadas ya, fue en 1990, que escuché en una película de Patrice Leconte, cineasta progresista, una frase que creo resume cómo hemos llegado hasta aquí: “el fracaso es la evidencia de que el deseo no era lo bastante fuerte”.  La narrativa audiovisual ha consagrado tanto al deseo como el motor que todo lo puede, y debe conseguir, que el pensamiento mágico se ha adueñado de Occidente. Lo neoliberal caló: no es sorprendente que sea en la Francia avanzadilla de la posmodernidad donde surgió primero una ultraderecha con posibilidades de ganar elecciones en Europa.

La ultraderecha prospera, aparte de por razones tecnológicas - la red ha cambiado tanto nuestro mundo como lo hizo la imprenta en el siglo XV, pero en lugar del conocimiento ahora lo que más se multiplica, viraliza, son los bulos - porque vivimos, de nuevo, en un mundo de recetas mágicas. Ante los problemas más complejos, cada vez es mayor el número de personas que “compran” como solución un conjuro: mundo Harry Potter. La Razón ha retrocedido, por primera vez desde los inicios de la Ilustración, como la mejor explicación para comprender todo aquello que nos rodea. 

El pronóstico de Nietzsche de un siglo de nihilismo no se ha cumplido. Muchas personas prefieren lo que intuyen que es una mala solución a la nada: Trump, Milei, Alvise se nutren desde la abstención. Y esta es la gran pregunta: ¿por qué hay tantas personas que creen que desde lo sistémico no se les ofrece ninguna solución a sus necesidades, y, por tanto, compran las recetas milagrosas al vendedor de crecepelo que más vocea? ¿Y, por qué, aunque saben que es un fake, le votan?

Posiblemente, la respuesta esté en que hackear al sistema, el creer que lo están haciendo, les da a quiénes votan a los ultras la sensación de control de su destino, algo que nunca antes han tenido participando en política. No es ninguna novedad: Take back control es la frase con la que Dominic Cummings forjó en 2016 buena parte del resultado electoral que llevó al Brexit. El truco del vendedor de ungüentos es hacer creer a su cliente que, comprándole a él, no solo a su mercancía, adquiere una suerte de control. No hay argumento, solo emoción. Y la emoción no solo desplaza y anula a la razón, también ahoga al sentimiento.

Hay que librar la batalla cultural desde lo emocional, también, no solo desde la teoría. El anarcocapitalista Milei, debe mucho menos al economista Ludwig von Mises y a su tratado de economía La Acción Humana, que a la escritora Ayn Rand y sus novelas La Rebelión de Atlas o El Manantial. La narrativa ha determinado más el mundo occidental que cualquier ensayo desde el final de la IIGM.

Por eso, el adanismo, el reinventar la rueda cada poco tiempo, no solo es ineficiente y hace perder un tiempo que no tenemos: sobre todo es rechazable por que conduce a la derrota. Es más eficiente, más ecológico, utilizar lo que ya existe y funciona, y pensar en qué se puede mejorar.  Pongamos que hablo del sistema de partidos estatal y del valenciano.

Resultados de Sumar en todo el Estado:

Galicia: 2.1%; Extremadura: 2.5%: CyL: 2.9%: CLM: 3.0%; Euskadi: 3.3% Región de Murcia: 3.3%; Navarra: 3.8%; Catalunya; 4,3%; Illes Balears: 4.3%; Aragón: 5,1% Comunidad de Madrid: 5.8%; Asturias: 6.0%; País Valencià: 7.6%

La fórmula Compromís, funciona. En estas elecciones, ninguna formación política con la que alguna vez hayamos ido coaligados a unas elecciones nos ha superado en ningún territorio. Es obvio que no nos debemos conformar.  Ahora vamos a mejorarla. Pero, no deberíamos olvidar nunca como hemos llegado hasta aquí. Ni parálisis ni saltos en el vacío. 

Es el momento de generar planes de acción de medio y largo plazo, con procesos e hitos evaluables y realistas, pero sin ansiedades. Paso a paso, pero sin pausa. Debemos seguir siendo quienes ofrezcamos las mejores alternativas a la ciudadanía que sufre la emergencia habitacional y la precariedad laboral y social. También debemos ser propositivos ante la Emergencia Climática: la transición ecológica justa es la única oportunidad que tenemos de ser un país viable, no uno dependiente solo del turismo a modo de monocultivo. Y, por supuesto, seguir siendo una fuerza que es solidaria con otros territorios, pero siempre desde una obediencia valenciana. Nuestra fuerza depende de ser más inteligentes, ya que tenemos menos recursos. La inteligencia es resolver problemas, si no es útil no merece ese nombre. Lo meramente especulativo, hoy, llega tarde.

Carl Sagan, nunca debe olvidarse, fue pareja de Lynn Margulis, una de las principales biólogas evolutivas y creadora de la teoría de la simbiogénesis. Margulis defiende la cooperación entre organismos distintos como base del proceso evolutivo. Cuestiona la descripción del darwinismo como lucha y competencia, que cree interesada. En sus propias palabras explica que “quizás la resistencia a la teoría de la simbiogénesis tiene que ver con la necesidad de un cambio de vocabulario” que “desplazará de los textos de secundaria la interpretación de la competición entre individuos y especies como la base del avance evolutivo.”

Compromís es autoritas y no potestas, es decir, una forma de cooperación simbiótica que evoluciona desde la diversidad, pues la entiende como un valor. Y a los resultados me remito. Nuestra fuerza es la coralidad. El trabajo en equipo: lo hemos demostrado, por ejemplo, en las sucesivas negociaciones para conformar listas electorales de ámbito estatal o europeo. 

En las elecciones de ámbito estatal a corto y medio plazo, será necesario conformar coaliciones con otras fuerzas. Añadiré a los argumentos ya conocidos, que acabamos de ver en Francia como se acaba de anunciar una muy amplia coalición de izquierdas, inmediatamente después de la convocatoria de elecciones parlamentarias por los resultados obtenidos este domingo por la ultraderecha. Un escenario parecido no es descartable que tengamos que afrontarlo. Es sensato tener una hoja de ruta prevista.

P.s: una nota final para el optimismo. Países Bajos era uno de los cuatro estados de la UE en los que todas las encuestas y analistas situaban como ganadora a la ultraderecha. El primer ministro Geert Wilders había ganado las elecciones generales neerlandesas, hace un año, con el 23,5% de los votos. Menos de doce meses después ha sido derrotado por el líder Verde Bas Eickhout, que encabeza una coalición junto a los Laboristas. El xenófobo PPV de Wilders ha bajado hasta el 17,7%. Eickhout le ha superado llegando al 21,6%.  Es significativo. Y extrapolable si trabajamos bien y con las ideas claras.

Las personas que han decidido, por acción u omisión, la continuidad de la ampliación Norte del Puerto de València, aquellas que no van a obtener un beneficio personal, ¿cómo se considerarán a sí mismas después de conocer los planes de Maersk, la segunda naviera del mundo, para el Puerto de Tanger Med? ¿Se sitúan dentro de alguna de las clasificaciones anteriores?

El ETS (Emissions Trading System) es un sistema de pagos que las navieras que desembarcan en la Unión Europea deben abonar en función de las millas que han navegado emitiendo Gases de Efecto Invernadero. Para evitarlo, la segunda naviera del planeta desembarcará en un puerto de Marruecos, el de Tanger Med. De allí, pasarán las mercaderías a Europa por tres modos de transporte: caminos, ferrocarril y cabotaje.

Curiosamente, los mismos que apostaban por que el Puerto de València creciese hasta el infinito, argumentando que la Globalización neoliberal lo exigía y posibilitaba, ahora reniegan del libre comercio sin reglas que han defendido desde hace décadas, y piden igualdad de costes y normas a terceros países. A buenas horas se acuerdan de que la desregularización se les podía volver en contra. Olvidan que hace más de 20 años que existe una zona de libre comercio entre la UE y Marruecos. No es cualquier olvido. Es un error de cálculo enorme. ¿Estupidez? En mi opinión, sí lo es: una como he visto pocas. El resultado será mayor contaminación, mayor número de camiones en las carreteras haciendo un mayor kilometraje y menos incentivos para las navieras para reducir sus emisiones. Difícilmente podría haberse dado un peor resultado.

Uno de los pocos criterios de veracidad es el paso de tiempo combinado con una buena memoria. Como llevamos denunciando algunas personas, desde antes de 2007, de no revertirse la ampliación norte del Puerto de València se habrá sacrificado el Parque Natural de l’ Albufera, agravado los problemas de contaminación atmosférica y sus efectos sobre la salud de personas y ecosistemas. Y, aunque ningún rédito puede compensar por esas pérdidas, además se habrá incurrido en un pésimo coste de oportunidad (aquellos recursos que dejamos de percibir o que representan un coste por el hecho de no haber elegido la mejor alternativa posible, cuando se tienen unos recursos limitados). Como el dinero y el tiempo son recursos escasos, debe optimizarse su uso, y más por las administraciones públicas.

Y no olvidemos lo que han denunciado reiteradamente los sindicatos de los trabajadores portuarios: se destruirán un mínimo de 500 empleos por la mayor automatización que permitiría la ampliación. Y, para redondear el conjunto de datos que desaconsejan mantener la apuesta por la ampliación, según el último boletín estadístico publicado por la Autoridad Portuaria de València (APV), en 2023 hubo un movimiento de 4,7 millones de contenedores (TEU), un descenso del 14,5% con respecto a 2021, y el más bajo en los últimos seis años como se ha publicado en estas páginas.

Y, llegado aquí, es cuando me vuelvo a preguntar cuánto hay de estupidez en tan enorme error.

Franco era todo en uno, como el Espíritu Santo. Todos los poderes del estado convergían en él. Recuerdo que en la catequesis se nos explicaba que el misterio de la Santísima Trinidad era tan complicado que los niños no eran capaces de entenderlo. Se nos pedía que creyéramos sin pretender entender el porqué. Eso es, y no otra cosa, la fe.

El misterio de por qué Franco iba bajo palio no era tan complejo de explicar. Lo hacía porque podía, quería y le convenía. Consolidaba su poder: había ganado una guerra de exterminio del enemigo. Era el Dictador responsable del mayor número de desaparecidos a nivel mundial, solo la Camboya de los Khmer tenía más ejecuciones sumarias y asesinados sin localizar en fosas comunes. Necesitaba elementos que le blanquearan.

No me es ajeno el hecho religioso. Algunas personas claves en mi vida, empezando por mi propia madre, eran creyentes católicas. Y eran buenas personas. También, eran lo bastante inteligentes para saber que todo tiene un límite. Y que un Dios misericordioso no podía desear el dolor. La filosofía de la transcendencia de Jaspers define bien como el lugar donde me sitúo en el hecho religioso.

Lo inconcebible, pasados los años, lo realmente inexplicable, es como la Iglesia concedía honores, reservados al Papa, a un genocida. Ponía de manifiesto una simbiosis absoluta, en esa época, con un poder antidemocrático. De esa etapa abyecta ya han pasado 50 años. Y la situación es muy diferente. Hoy, España es uno de los estados más respetuosos del planeta con la libertad para elegir de cada persona cómo vivir su propia vida. No hay apenas países más libres en el mundo que la España de 2023.

En España no hubo, a diferencia de otros estados europeos que salieron de dictaduras igualmente atroces, una ruptura con el pasado. Incluso Ayuso, cuando habla de la libertad en Madrid para vivir y opina sobre el aborto, y lo considera un derecho de las mujeres, sabe que su principal antagonista y adversario está en su propio partido: nadie está más capacitado que Feijóo para arruinar la ambición de Ayuso. En cualquier otro país, Ayuso y Feijoo liderarían partidos diferentes y enfrentados. La anomalía española, el hecho de que el neoliberalismo y el neonacionalcatolicismo estén bajo un mismo paraguas, o palio, solo se explica por la herencia de la dictadura franquista. Una herencia que nunca ha sido negada por sus herederos directos.

Ayuso se mira en Macron, Thatcher, Reagan, Aznar. En el neoliberalismo que provocó la mayor crisis económica en un siglo. Feijoo lo hace en Orbán, Erdogan, Meloni o Morawiecki, los responsables del mayor retroceso en los Derechos Humanos en Europa desde 1945. Y en Zemmour. Parémonos en este último. Zemmour es un político francés que se presentó a las pasadas elecciones presidenciales francesas, sobre todo, porque sin la religión determinando la ideología, cualquier proyecto político era, es, para él, una herejía.

Las religiones con mayor influencia en las decisiones políticas en los estados europeos tienen incorporada históricamente la persecución del hereje; la intolerancia. Si la discrepancia, el debate y la aceptación del cambio son esenciales en una Democracia, al mismo tiempo, también son los peores enemigos para un orden confesional. La ultraderecha confesional no admite la libertad de elección. Lo condiciona todo a su fe. Es excluyente. No puede admitir que nadie piense por sí mismo. Solo se admite un pensamiento: el que profesan los que mandan en la derecha confesional. Así, se niega el derecho al aborto, se impone la tortura vital, que es obligar a una persona a vivir una vida que no desea. Y, a partir de esa negación de derechos fundamentales, la democracia, de facto, desaparece.

La España de Feijóo se mira en Hungría, Polonia, Turquía. Feijoo ha decidido que va a acabar con Abascal por la vía de hacerlo superfluo: vaciando de contenido el programa electoral de VOX: el PP ha decidido ser VOX. Ahora, las personas que añoran el nacionalcatolicismo tienen dos partidos idénticos a los que votar. En estas elecciones, los votantes de Ayuso se han quedado sin partido al que apoyar.

En la Comunitat Valenciana es especialmente evidente que el PP ha desaparecido como partido autónomo en las elecciones del próximo 23 de Julio. Sólo una persona con poder en el PP ha protestado por esa desaparición. La líder del PP de Extremadura, María Guardiola, se negó a pactar con Vox, precisamente, por no querer aplicar un programa, que entendía, vulneraba su programa electoral. Entre los populares valencianos, silencio. ¿Dónde se ha quedado González Pons? ¿En Bruselas? ¿O teme a Vox? Al final, María Guardiola cedió. Negó sus propias palabras y ha acabado corrigiéndose a sí misma: los hombres de Feijóo no le han dejado ninguna otra opción. La han dejado sola ante el partido que niega la violencia machista convirtiéndose en lo mismo.

El PP, una vez más, ha decidido sacrificar a la ciudadanía valenciana para conseguir sus objetivos en España. Volvemos a ser moneda de cambio. El primer lugar, de las nueve comunidades autónomas que gobernará el PP, donde ha habido un pacto de gobierno entre PP y VOX es aquí. Un pacto, además, de mucho mayor alcance que el anunciado hoy en Extremadura. No es casual. Es la reaparición del expolio continuado a los valencianos y las valencianas. Es el resultado de la falta de respeto y de aprecio: se sacrifica más lo que menos se valora y se aprecia. El PP, por una silla en la Moncloa, desprecia a una sociedad entera. No es novedad. Pero deberíamos hacer que fuera la última vez.

Entre esas escenas desoladoras se incluyen las secuencias en las que se nos muestra como un hospital de emergencias, que nos recuerda al hospital para pandemias Isabel Zendal que la comunidad de Madrid construyó, está completamente vacío mientras vemos como agonizan en las residencias o en sus propios domicilios - atendidas por enfermeros, médicos y personal de las residencias sin recursos suficientes - las personas mayores que se decidió no debían ingresar en un hospital. Al mismo tiempo, la narración recoge todos los medios y esfuerzos de la misma sanidad pública británica por salvar la vida del primer ministro, Boris Johnson, cuando este enfermó gravemente por el COVID.

Dos días después de haber visto el último episodio de This England, aún sigo bajo el impacto de su crudeza. Y pienso cómo hubiera sido la misma serie si, en lugar de Londres, describiera la situación en Madrid durante esos mismos meses. El recuerdo del cinismo de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso esos días me sigue provocando tanta indignación, que el histriónico Boris Johnson encarnado por Branagh, en la comparación, queda como un malvado menor. Díaz Ayuso llevó su ideología ultraliberal donde ni los herederos de Thatcher alcanzaron. La sobremortalidad en la Comunidad de Madrid fue en 2020 la mayor de toda la Unión Europea, según el barómetro anual del Comité Europeo de las Regiones publicado en octubre de 2021, mientras que Londres no se encuentra entre las regiones de mayor exceso de mortalidad en Europa en ese mismo año. La esperanza de vida en Madrid cayó el doble que la media de España: 3,6 años menos que antes de la pandemia, según el informe anual sobre “Esperanzas de vida en España” publicado por el Ministerio de Sanidad este pasado mes de noviembre. Sin embargo, este aumento de la mortalidad no afectó a todas las personas por igual: en el barrio de Salamanca, el refugio urbano de los ricos madrileños, el descenso de la esperanza de vida fue 20 veces menor que en los distritos del sur de Madrid, los de menor renta. Lo recoge el informe “Caída de la esperanza de vida en distritos de Madrid 2020: relación con determinantes sociales” publicado en Gaceta Sanitaria.

En ese mismo periodo, en la Comunitat Valenciana, la caída de la esperanza de vida fue cuatro veces menor (0,84 años) que en la Comunidad de Madrid. Y sin diferencias notables según el nivel de renta, a diferencia de lo ocurrido donde gobiernan los ultraliberales. Las diferencias en las prioridades del gobierno valenciano y las del madrileño, se materializan, también, en cuántos años vamos a vivir y en cómo los vivimos. El establecimiento de esas prioridades no ha tenido nada de casual. Desde que en 2011 el presidente Zapatero aceptó la cirugía impuesta a las cuentas públicas españolas, lo que se conoció como el “austericidio”, por la canciller alemana Merkel y que elevó a niveles antes impensables de crueldad social el presidente Rajoy durante sus mandatos, Compromís decidió responder con un programa político con medidas concretas en las que el esfuerzo iba dirigido a rescatar a las personas y no a los bancos, como fue la prioridad del bipartidismo.

Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero pactaron el 23 de agosto de 2011 la reforma de la Constitución que limitaba la capacidad del Estado para hacer frente a las necesidades sociales, que es lo que fue el acuerdo para establecer el límite del déficit público. Entre las causas de dicho déficit, destacaba la escasa capacidad fiscal del Estado: en mayo 2003, José Luis Rodríguez Zapatero, todavía entonces candidato a la presidencia del gobierno, afirmaba en una entrevista que “bajar los impuestos es de izquierdas”. Un año después, llegó al gobierno y bajó los impuestos. En 2009, los ingresos fiscales en España eran del 32,8%. Ese mismo año, la media de la Unión Europea era seis puntos mayor, un 38,4%. En España se había eliminado el Impuesto sobre el Patrimonio y reducido el de Sociedades: los impuestos se habían modificado beneficiando a los deciles de la población con mayor renta. El Estado reducía sus recursos mientras las grandes empresas y las rentas más altas salían beneficiadas. Luego vino lo de siempre: privatización de beneficios (para unos pocos), socialización de las pérdidas (para la mayoría). El rescate a los bancos lo pagamos entre todos: nos subieron los impuestos. Pero más a unos que a otros. En este siglo, como regla general, cuando la socialdemocracia o los liberales y conservadores bajan los impuestos, lo hacen a las rentas más altas (véase ahora la rebaja que se pretende en nuestro territorio para las grandes empresas familiares); cuando los suben, es incrementando la presión a las rentas del trabajo. Es decir, a todos nosotros. Y, cómo sabemos desde que Thomas Piketty lo evidenciará con sus trabajos y bases de datos sobre la desigualdad, cuando las rentas del capital suben más que las del trabajo, se incrementan las diferencias sociales.

En el País Valenciano, además, bajo los gobiernos del Partido Popular ocurrió un hecho inédito desde el inicio de la Transición: nos convertimos en pobres con respecto al resto del Estado. Con los gobiernos de Zaplana, Olivas, Camps y Fabra en la Comunitat Valenciana la pérdida de convergencia con España - que en ese periodo estuvo la mayor parte del tiempo también gobernada por el PP con Aznar y Rajoy - fue enorme. Pasamos de estar en la media española en Producto Interior Bruto per cápita, 99,8% en 1995, a quedar claramente por debajo de la misma, 87,3% en 2015 (datos FUNCAS e INE). Son doce puntos de empobrecimiento real con el PP en la Generalitat Valenciana mientras adormecían a la ciudadanía valenciana con cuentos y espejismos: de la Formula 1 y las infraestructuras inútiles al maquillaje de la realidad económica. El PP nos hizo más pobres mientras nos contaba cuentos en los que éramos ricos.

Ricos, más aún, se hicieron los beneficiarios de las privatizaciones llevadas a cabo por los gobiernos populares. Sobre sus consecuencias, una sola reflexión: existen plataformas ciudadanas en todas las áreas de salud privatizadas que han exigido su reversión a lo público; sin embargo, no existe ninguna plataforma ciudadana que exija la privatización de la Sanidad pública: lo que sí que existen son lobbys y grandes capitales que buscan donde hacer negocio. Más negocio. Al coste que sea. Aunque sea a costa de la salud. El negocio de los hospitales y los seguros de salud privados crece al mismo tiempo que la atención en los departamentos de salud mengua. En el mío, área de salud de Manises, privatizada por el Partido Popular, mi médico de atención primaria, con suerte, te atenderá presencialmente en tres semanas. Y, eso, con suerte. Una situación que ha llevado a la ciudadanía de Quart de Poblet a integrarse en la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Estoy seguro de que seremos capaces de revertir esta privatización, como ya ha hemos hecho en Alzira y Torrevieja, cuando finalice en 2024 el contrato actual que otorgó la concesión a la empresa Sanitas. El informe de Desigualdades en Salud de 2018, previo a la pandemia, del Observatorio Valenciano de Salud, recoge una menor esperanza de vida en mi comarca que en la media del territorio valenciano: un mayor motivo para contar con la mejor atención sanitaria. La salud no puede ser un negocio más.

La recuperación y el mantenimiento del mejor servicio público en Sanidad, como en las otras áreas del conjunto del sistema de servicios públicos valencianos, solo será posible si hay continuidad de los gobiernos del Botànic. Es decir, si hay una presencia fuerte de Compromís. Se avecinan tiempos en los que habrá que volver a elegir. En 2022, el canciller socialdemócrata alemán, Olaf Scholz ha planteado retomar reglas fiscales más rígidas en el conjunto de la Unión Europea. Mientras, las economías más ricas e insolidarias de la UE (Dinamarca, Suecia, Austria y los Países Bajos) fueron más allá pidiendo recuperar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), lo que nos recuerda a la canciller Merkel y a su política de austeridad que tanto dolor generó tras la Gran Recesión de 2008. Afortunadamente, Scholz no gobierna solo: lo hace en un gobierno de coalición donde están Bündis 90/Die Grünen (Los Verdes alemanes). El Partido Verde Europeo es internacionalista, europeísta, defensor de la justicia social y opuesto a las medidas antisociales en cualquier lugar. En la Comunitat Valenciana, lo representamos VerdsEquo del PV uno de los tres partidos que fundamos y conformamos Compromís.

La presión para llevar a cabo un ajuste fiscal y presupuestario seguirá ahí. Y vistos los precedentes apuntados en las cumbres económicas de la UE de este año que acaba, todo apunta a que se incrementará en 2023. Es una presión que ya conocemos: en otoño de 2019 conseguimos que en la Comunitat Valenciana tuviéramos unos presupuestos suficientes para proteger a la ciudadanía valenciana. No fue fácil: recuerdo un intenso debate económico en aquellas fechas, en la Comisión de Seguimiento del Pacte del Botànic II, en el que los representantes de Compromís defendimos una política presupuestaria solidaria, de acuerdo con nuestro programa “Rescatem Persones”. Unos meses después, una pandemia inesperada, pero no imprevisible - como nos recuerda Fernando Valladares, Premio Jaume I en la categoría de Protección del Medio Ambiente 2021, la presión sobre los ecosistemas, si no le ponemos freno, hará que las zoonosis sean cada vez más frecuentes – evidenció una vez más la importancia de tener unos servicios públicos de las dimensiones y calidad a las necesidades de la ciudadanía. No podemos permitir que la Sanidad se convierta en un negocio más.

No es lo mismo que un día te atienda una médico, que dará prioridad a tu salud y a la Salud Pública, que un gerente, que no podrá evitar pensar en la cuenta de resultados de su empresa cuando te escuche hablar de tus dolencias. Algunas personas, esa experiencia, como resultado de las privatizaciones del Partido Popular, ya la hemos experimentado. Para ponerle fin y que no vuelva a ocurrir es necesario que quiénes defendemos los servicios públicos dignos y de calidad sigamos con nuestra tarea. Del resultado de las próximas elecciones dependerá.

La complejidad de la respuesta aumenta conforme crece la escala de los problemas sobre los que te preguntan. Ante preguntas como qué debemos hacer tras una Cumbre del Clima, la COP26 celebrada en Glasgow, otra vez finalizada con acuerdos insuficientes para evitar escenarios dramáticos (y ya son veintiséis las que acaban así), la respuesta aún puede ser concreta, aunque no única. Hay diversos ámbitos en los que actuar. Uno, como ciudadanía, es incrementar las movilizaciones ante los centros de poder económico y los gobiernos negacionistas del Cambio Climático. Otro, como personas con responsabilidades en organizaciones sociales y políticas, seguir trabajando y recabar los apoyos suficientes para poder aplicar nuestros programas.

En los últimos días, hay nuevas preguntas. A raíz de una película estrenada las últimas semanas, No mires arriba (Don't Look Up), me han planteado esta: ¿Crees que se puede hacer algo para evitar que el poder económico pese (mucho) más que el poder político? Esta pregunta, en el fondo, inquiere sobre si la democracia sigue siendo posible en un mundo donde la innovación está creando abismos entre quienes tienen el poder económico y el conjunto de la ciudadanía. Hay una nueva oligarquía tan poderosa como fue la del acero y el petróleo: la de los dueños de las grandes corporaciones tecnológicas. La pregunta se sumaba, eran las mismas personas quienes la hacían, a una anterior, no sabría decir si capciosa o resultado de la intoxicación neoliberal: “¿Por qué vamos a ser nosotros los más esforzados en la lucha ante el Cambio Climático si los que tienen en su mano paliarlo, los grandes emisores de CO2, China, Rusia, USA…no hacen los esfuerzos que deberían?”. Aquí caben dos respuestas. Una, la apelación al egoísmo: porque las zonas del Sur del conjunto de los países del Norte serán las que sufran el mayor declive económico entre los países más desarrollados, como sabemos desde el Informe Stern publicado en 2006. Otra de mayor alcance: porque una niña ha sido capaz de convertirse en un símbolo, que llama a personas de todo el planeta a actuar, precisamente, porque no tenía miedo a ser la primera ni a actuar ante la pasividad general, ¿por qué no dar nosotros un paso más que los demás?

Hace ya casi dos décadas, en 2003, era yo quien preguntaba. Y lo hice a una de las personas que mejor conoce la realidad ecológica del territorio valenciano, Ricardo Almenar, sobre qué pensaba él de la evolución del cambio climático antrópico. Su respuesta fue “descarbonizar la economía es el fin del capitalismo, así que el capitalismo no lo va a permitir”. Es esta, también, la tesis más poderosa que se desprende del guion de No mires arriba. Lo sintomático es que las hipótesis que hace dos décadas se barajaban solo entre las personas más informadas, en este momento han llegado hasta la cultura popular en forma de una película en la que participan algunas de las actrices y actores más conocidos, y en algunos casos más valoradas, de este siglo.

Para entender mejor dónde estamos es útil recordar algunos conceptos económicos. Uno de ellos es el de coste de oportunidad. En economía se aplica a aquellos recursos que dejamos de percibir o que representan un coste por el hecho de no haber elegido la mejor alternativa posible, cuando se tienen unos recursos limitados. En economía ecológica debe vincularse al de externalidades negativas, que es el perjuicio experimentado por los individuos o las empresas a causa de las acciones ejecutadas por otras personas o entidades y que, en el mundo real, consiste en traspasar a un tercero, comúnmente la sociedad en su conjunto, los costos de las acciones que benefician a unas pocas personas. 

Hoy, las externalidades negativas más graves son las ambientales y afectan al conjunto de la población: la contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud de los seres vivos, divulgados desde la publicación del libro de Rachel Carson, Primavera Silenciosa. La pérdida continua de biodiversidad: incluso sin el cambio climático, estaríamos igualmente ante la Sexta Extinción de la diversidad biológica por la presión antrópica sobre los ecosistemas. La reducción de los recursos naturales disponibles no renovables - medidos en el tiempo de la vida de las personas -, como son los suelos de los tipos I a IV en la clasificación de la FAO, por efecto de la desertización, básicos en un futuro en el que se van a reducir los abonos de síntesis… Y, sobre todo, las consecuencias de la Emergencia Climática resultado de un modelo socioeconómico basado en el despilfarro de los hidrocarburos, que permitieron el sueño convertido en pesadilla del crecimiento infinito. Incluso los “padres fundadores” del capitalismo, de Smith a Ricardo, sabían que era imposible y teorizaron sobre el “estado estacionario” entendido como el estado en que una economía no crece en el tiempo.

Entonces ¿vamos a acabar inexorablemente “mal” como describen tantos relatos distópicos actuales? Estoy convencido de que, si nos movilizamos, no. No es un fatum inexorable. Pero, tampoco hay una mínima escapatoria en la evasión que proponen relatos como Interstellar, de Nolan. Mucho menos en las fantasías alimentadas por imaginarios derivados de marcos como Star Trek o Star Wars. Las propuestas como las de Elon Musk son una entelequia. Quienes depositaron sus esperanzas, desde Sagan a Hawking, en la expansión humana más allá de este planeta contaban con saltos tecnológicos que no se han dado. Tenemos un único planeta, no hay otro ni lo habrá. No hay energía ni materiales para huir del destino compartido con sus ecosistemas, que es el mismo que el nuestro. No son de usar y tirar. Durante 50 años hemos vivido de espaldas a esa realidad. Ha sido una pseudofiesta de la que salimos con una enorme resaca y en la que casi hemos quemado la casa entera. 

Es el momento de la acción. El escaso número de territorios a los que referirnos como ejemplos en la práctica es uno de los principales problemas con los que nos encontramos quienes proponemos alternativas. Entre los que primero nos vienen a la memoria, cuando buscamos referentes sobre qué hacer, algunos tienen un número de habitantes parecido al nuestro, como Nueva Zelanda. Pero, también es indicativo de debilidad tener que mirar tan lejos. Es imprescindible tener referentes más cercanos. Y, si no los hay, decidirse a convertirnos en uno. Además, tenemos, como territorios, muchas diferencias como para que las propuestas de un lugar sean de aplicación inmediata en otro. Ahora, más cerca, se abre una ventana de esperanza con la entrada de Los Verdes en el gobierno alemán…pero, sabemos bien qué pasa en los gobiernos de coalición.

Si somos uno de los territorios europeos que se verán más afectados, lideremos para ser ese ejemplo motivador para otras personas y lugares. Sabido es que los seres humanos actuamos por imitación: lo que más cuesta es ser la primera persona, la primera institución, el primer lugar en reaccionar. El cambio opera a través de símbolos, como Greta, y de referencias a las que dirigir la mirada: un fuerte deseo de emulación es lo podemos tratar de generar. También, sabemos que, en la mayoría de las ocasiones, sólo necesitamos para movilizarnos ver que no vamos a estar solos, que nos uniremos a otros. Son muchas las personas dispuestas a comprometerse, sin tener la certeza de conseguir los resultados, si saben que van a estar acompañadas en el intento.

El País Valenciano tiene muchos motivos para ser un referente. Unos, directamente, son por propio interés. Nos irá especialmente mal, en comparación con otros territorios de la Unión Europea, de cumplirse los escenarios más críticos descritos en los modelos climáticos. Si el incremento de temperatura es de 2 ºC, o superior, será muy difícil, o directamente imposible, evitar sumarnos a la lista de civilizaciones que, como recoge Jared Diamond en su libro Colapso, sucumbieron a crisis ecológicas. Nos interesa especialmente que todo el planeta haga los deberes ambientales.

También, aunque no en la misma medida que las grandes metrópolis que alimentaron la I y II Revolución Industrial, tenemos una mayor responsabilidad que muchos de los territorios situados al Sur de nuestra latitud. Nuestra contribución a la actual situación de estar a las puertas del caos climático es mayor, como lo es de Occidente en su conjunto, con respecto a la mayoría del resto de los estados.

Pero, incluso haciendo un esfuerzo de imaginación y soñando que no existiera el Cambio Climático, un ejercicio de prospectiva sobre nuestro futuro nos obligaría igualmente a aceptar que ya no podemos estirar más este modelo. Hoy empieza a asumirse que existe una crisis global de la energía, pero también la hay de los materiales, de la presencia generalizada de contaminantes, de pérdida y reducción de recursos naturales no renovables. A lo que habría que sumar la probable recurrencia de crisis sanitarias por presión sobre los ecosistemas. Y, sobrevolando todo, la realidad de la emergencia climática sigue ahí. No hay tiempo que perder, el coste de oportunidad es mayor de lo que podemos pagar como especie.

Hoy, la única alternativa que ofrece el statu quo es que consumamos. Incluso, y sobre todo, a nosotros mismos. La versión turbo capitalista del Carpe Diem. La fiesta final. No tiene por qué ser así. No está escrita la última palabra sobre nuestro futuro. Sí hay alternativas. Y, en este momento, hay oportunidades. Y son lo suficientemente poderosas como para que nadie tenga excusas para no intentarlo. La globalización, impulsada desde la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha provocado tal nivel de caos que incluso algunos de los estados que más la impulsaron apuestan ahora por revertirla. Hay un nuevo contexto geopolítico que apunta a la caducidad de la globalización y al acortamiento de las cadenas de valor. Es una oportunidad para diversificar nuestras actividades económicas y no depender de sectores tan vulnerables por insostenibles, lo hemos podido ver en esta pandemia, como es el turismo o el inmobiliario, causa de la anterior crisis global y origen de la década perdida que ha sido la de 2008-2018 en España. 

También tenemos fortalezas, no solo oportunidades. Una de ellas, aún, pese a todo, pese al uso que hicieron los gobiernos del PP de la barra libre que fue la Ley 6/1994, reguladora de la actividad urbanística valenciana, es la distribución de la población sobre el territorio, que aún estamos a tiempo de impedir deje de ser fortaleza y se convierta en debilidad: la tarea más urgente es incrementar la resiliencia de nuestras sociedades con medidas concretas y que recogía en este artículo anterior El sexo de los ángeles o como nos venden la moto junto a nuestro potencial para llevar a cabo una transición ecológica justa. Es ahora el momento oportuno. A impulsar una transición real, y no a más de lo mismo, es a donde que deben ir dirigidos los fondos NextGenerationEU. No habrá otra oportunidad mejor de financiar los cambios necesarios para adaptarnos a la emergencia climática y al escenario de disminución de los recursos disponibles. 

Soy de los que piensan que un mundo más austero, si los recursos se distribuyen con mayor justicia social, puede ser un mundo mejor. A fin de cuentas, la época del despilfarro de los recursos ha proporcionado una vida fácil a muy pocos. La mayoría de las personas seguimos viviendo sometidas al estrés diario y a la incertidumbre en el medio plazo, y eso para quienes vivimos en el primer mundo. Hay una gran parte de la población del planeta para la que sobrevivir sigue siendo una lucha diaria. Mientras, hemos de asumir, inevitablemente, las externalidades negativas que han causado quienes han tomado las decisiones que nos han llevado a que No mires arriba sea la película de estas Navidades. Eso sí, es tan recomendable verla como necesario se hace recordar que, a diferencia del cine, en la vida real, los finales no los escribe un equipo de guionistas, los escribimos entre todas las personas implicadas y somos millones las que estamos decididas a no dejar que nos lo escriban sino a escribir nuestra propia historia.

Casi coincidiendo en el tiempo, se han producido las temperaturas más altas registradas nunca en Canadá, 49,6° C, que han causado centenares de muertes por calor en una latitud tan septentrional. Mientras tanto, en Siberia son ya 1,4 millones las hectáreas calcinadas esta temporada de incendios, continuando la tendencia de los años 2019 y 2020. Es también relevante observar una importante diferencia con respecto a años pasados, que radica en el tratamiento que se da a estos sucesos: ahora, estas noticias, mayoritariamente, aparecen asociadas al cambio climático. Ya no podía ser de otra forma. En este mes de Julio, el pasado día 5, se ha hecho pública la encuesta del Eurobarómetro donde un 78% ciudadanía de la Unión Europa considera que el cambio climático es un problema muy grave, siendo también percibido como el principal reto al que se enfrenta el mundo.

El pasado 23 de junio, la agencia de noticias AFP dio a conocer el primer borrador - obtenido a través de una filtración - elaborado por el Grupo de Trabajo II para el Sexto Informe de Evaluación (IE6) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Los informes de evaluación recogen, actualizado, el conocimiento disponible en torno al cambio climático, estructurado en tres áreas principales: el grupo II corresponde a “Impactos, adaptación y vulnerabilidad”. Los otros dos, son el I, que trabaja las bases físicas y el III, la mitigación del cambio climático. El informe “filtrado” está previsto sea aprobado el próximo mes de febrero de 2022 durante la quincuagésima quinta próxima sesión del IPCC.

El objetivo de una filtración como ésta es dar a conocer la versión íntegra elaborada por los científicos. Como el borrador del informe debe ser aprobado por los 195 estados miembros del IPCC, las filtraciones antes de la fase de revisión por los estados tienen como objetivo dificultar que se matice la crudeza del diagnóstico. Con la tendencia actual, los expertos estiman que el alza será de 3° C, mientras que rebajan el incremento de la temperatura a partir del cual se producirán “progresivamente consecuencias graves durante siglos e irreversibles en algunos casos de los 2° C estimados en informes anteriores a 1,5° C en este último informe. Y concluyen con un mensaje nada ambiguo: ”debemos reconducir nuestro modelo de vida y de consumo“.

Los 3.000 millones de árboles que la UE quiere plantar hasta el 2030, no serán suficientes para detener significativamente el incremento de la temperatura del planeta. Tampoco bastará con que sólo en algunos de los países desarrollados se avance rápidamente en la electrificación de la economía, aunque sea imprescindible hacerlo. Pero, sin ser suficientes, son medidas adecuadas si no son las únicas. Lo que sí es prescindible es introducir ruido en un asunto tan determinante para el futuro de la vida en el planeta como zanjar el debate necesario sobre la industria agroalimentaria y su participación en las emisiones de gases de efecto invernadero, hablando de banalidades como el punto en que le gusta hecha la carne, precisamente, a quien más capacidad tiene de impulsar cambios en España.

Al mismo tiempo, podemos observar cómo se multiplican los casos de greenwashing. El ecoblanqueamiento, o lavado de imagen verde, es una forma de propaganda engañosa para crear la percepción de que los productos, objetivos o políticas de una organización protegen el medio ambiente con el fin de aumentar sus beneficios o mejorar su valoración. En nuestro territorio incluso hay quien afirma, sin rubor y sin base científica alguna, que la ampliación del Puerto de València es un ejemplo de conciliación de crecimiento y “lo verde”. Afortunadamente, ya no cuela; sólo define a quien afirma algo tan alejado de la realidad. No es un caso aislado. Como lo que está en juego es la toma de decisiones claves a la velocidad necesaria para ser eficaces, maquillar la realidad es especialmente dañino.

Lo que permitió el sueño del crecimiento infinito fue la combinación de la capacidad narcótica de la publicidad –descrita por el publicista y escritor Frédéric Beigbeder en su libro 13,99- con el cortoplacismo de la mayoría de los gobiernos, la fe cuasi religiosa en la tecnología, así como el poder de los lobbies construidos en torno a los hidrocarburos, desde las petroleras a la industria del automóvil, pasando por la química. Es sorprendente cómo pudo creerse que no tendría consecuencias quemar, en sólo dos siglos, los resultados de un proceso de acumulación de millones de años. En realidad, no fue ignorancia. Hoy sabemos que las grandes multinacionales del sector de los hidrocarburos eran conocedoras del cambio climático desde los años 60. Lo escondieron de forma que recuerda a las tácticas de la industria del tabaco para prolongar su negocio. La existencia de civilizaciones complejas con alto grado de tecnología, que han concebido la naturaleza como un fungible más, ha hecho que hayamos comprometido los mecanismos que permiten la viabilidad de esas mismas civilizaciones y de la mayoría de las especies que habitan el planeta.

Los efectos de la ruptura del equilibrio de las actividades humanas con la capacidad biológica a escala local son conocidos y están descritos. Jared Damond, profesor de geografía en UCLA y premio Pulitzer por su ensayo Armas, gérmenes y acero, recoge en su libro Colapso precedentes de civilizaciones que colapsaron por sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas en que estaban asentadas, con consecuencias devastadoras. Hay información suficiente para que seamos capaces de extraer conclusiones y aprendizajes (deberíamos revisar de manera crítica nuestra propia historia e incorporar esta información en todos los currículos). También en la Península Ibérica, las actividades económicas han condicionado de forma determinante el estado de la biosfera antes de la Revolución Industrial. Una parte del paisaje que se observa es el resultado de poner el territorio al servicio de un monocultivo, la exportación de la lana, durante siglos. Las consecuencias no fueron solo en el paisaje: modificó la propiedad de la tierra y empeoró las condiciones de vida de los agricultores.

En el territorio valenciano una de las principales fortalezas era la forma en la que se había asentado la población, en una red de pequeñas poblaciones, ciudades intermedias y ciudades grandes bien repartida, que minimizaba la necesidad de desplazamientos. Teníamos una ordenación del espacio inteligente y resiliente, en cuanto a la distribución de la población. En un país amenazado por la desertización y la desertificación, era una fortaleza valiosa. Nuestro territorio se desordenó en dos etapas: el desarrollismo franquista y los gobiernos del PP. En ambos casos, se hizo con una legislación ad hoc que lo amparaba y con innumerables casos de corrupción ligados a los cambios en la clasificación del suelo. Por otra parte, una serie de malas decisiones estratégicas, éstas a nivel estatal, están detrás de otra clave: la negociación para la entrada en la UE y la Política Agraria Común no tuvo como objetivo posibilitar el mantenimiento de la población rural, a diferencia de lo ocurrido en Francia y Alemania. Al contrario, se sacrificó la agricultura mediterránea como moneda de cambio en las negociaciones .

En todos estos procesos, el incremento de la disponibilidad de energía “barata” contribuyó a la desestructuración del territorio. Del crecimiento de las poblaciones en capas de cebolla se pasó a los desarrollos inconexos, fiando al vehículo privado la conectividad; y de la ciudad compacta mediterránea se pasó a la urbanización difusa. La ilusión generada de que era posible que el despilfarro energético no tuviera fin ni consecuencias, explica la aparición de formas insólitas de ocupación del espacio en nuestro país, que imitaban el sprawl norteamericano y las redes de autopistas que lo soportan. Ya deberíamos saber que no es la decisión más inteligente construir nuevas carreteras, ni en l’horta de València ni en la de la Safor, ni sobre ningún otro suelo tan fértil. Es al revés, hay que recuperar todo el suelo sellado que se pueda.

El bajo coste del transporte a gran distancia reprodujo ese desorden en la escala global, pues volcó la decisión de la ubicación de la fabricación o del cultivo en los costes de producción y se convirtió en elemento impulsor del dumping laboral y medioambiental. Recuperar nuestro equilibrio territorial en un contexto de emergencia climática requiere de cuatro condiciones: plantear con crudeza la cuestión clave de la crisis energética, que exige relocalizaciones; redimensionar actividades económicas y reducir la intensidad energética de la economía; apostar por un urbanismo y políticas de movilidad que permitan prescindir del uso de vehículos privados en la mayor medida posible; la adopción de estrategias territoriales de adaptación a los nuevos riesgos asociados a la emergencia climática. En ese sentido el mundo rural debe contar con: un servicio regular de transporte suficiente, prestado por una red de autobuses impulsados por energías renovables, y lanzaderas para garantizar la conectividad con los nodos de transporte ferroviario electrificado; dotación de infraestructuras sociosanitarias y educativas de proximidad; canales cortos de distribución para el sector agroalimentario local dirigidos a las áreas metropolitanas más cercanas. También, reubicar actividades: favorecer, por ejemplo, que los servicios puedan ser prestados desde entornos rurales, aprovechando las oportunidades que ofrece el nomadismo digital. Hay que reorganizar las ciudades, como ya se está haciendo en la Unión Europea en aquellas donde el ecologismo político estamos presentes. Y revisar su relación con otras poblaciones para que las grandes urbes no operen como entes extractivistas en su área de influencia. No han de exportar los usos más incomodos e importar los bienes y las personas que, por no ofrecerles alternativas, se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen.

Estaba (¿está?) en la cultura popular que, mientras los ejércitos del sultán Mehmed II sitiaban Constantinopla, los bizantinos se enredaban en discusiones eternas sobre asuntos anecdóticos, ignorando una realidad amenazante e inmediata. Todo lo que no sea aceptar lo que incluso los primeros teóricos del capitalismo clásico - como Adam Smith y David Ricardo asumieron, que el crecimiento infinito no es posible, es huir de la realidad e ignorar la amenaza que nos envuelve como a una ciudad sitiada. Y no es el único reto la emergencia climática. Debemos asumir que hay que gestionar la escasez de materiales, incluidos los recursos naturales, como ya apuntó Nicholas Georgescu-Roegen, economista y profesor en Vanderbilt, que publicó en 1971 “La ley de la entropía y el proceso económico”, uno de los puntos de partida de la economía ecológica y donde escribe que “es muy probable que el problema de la escasez aparezca más por parte de los materiales que por el ámbito de la energía, pues siempre nos quedará la opción de apelar al flujo de radiación solar. ”Tengo la sensación de que, como sociedades, seguimos hablando del sexo de los ángeles, porque nos inducen a hacerlo con las poderosas maquinarias de propaganda –la publicidad contemporánea es, al mismo tiempo, más sutil y burda que nunca- al servicio de élites a las que nadie elige, desde los propietarios de las grandes corporaciones multinacionales a un número creciente de líderes en estados cada vez más autocráticos. Los profesionales en distraer la atención pública de lo fundamental hacia lo anecdótico están entre los mejor retribuidos por su trabajo en nuestras sociedades. Podemos comprobarlo al encender la pantalla digital del dispositivo que prefiramos.

Como conservo una buena memoria no idealizo el pasado. No hay un modelo ni un mundo idílico al que retornar. Debemos inventarnos nuestro futuro. Pero, recuerdo cómo era la vida con los límites materiales que teníamos en 1985, último año que estuvimos en equilibrio con el planeta: era una buena vida. Se viajaba menos, eso sí. Pero también creo que la actual necesidad del viaje anual no es más que una moda inducida: como nuestra vida diaria es navegar en un mar de estrés, nos ofrecen, para quien puede pagarlo, rupturas breves de la cotidianidad. Una moto más que nos venden. Debemos conseguir que estén en primer lugar nuestras prioridades conjuntas como ciudadanía, una vida digna y merecedora de ser vivida, justicia social para el conjunto de los habitantes del planeta y un medioambiente sano donde estas sean posibles y donde el conjunto de los seres vivos no esté amenazado. Ahora el mundo lo mueve el deseo de acumulación de riquezas y de poder de muy pocas personas. Y ese deseo, que ha demostrado ser infinito, no tiene cabida en un mundo finito sin destruirlo.

Lynn Margulis no es tan conocida como quien fue su pareja, Carl Sagan. En cambio, hizo una de las contribuciones básicas en el siglo XX en el campo de la Biología, impulsando la Endosimbiosis o Simbiogénesis, que hace de la cooperación entre organismos un elemento tan fundamental como la competencia para la evolución de las especies. El hecho de que pocas personas de mi generación en Occidente sepan quien fue Margulis y, sin embargo, la mayoría sí conozcan a Sagan, y que, al mismo tiempo, esas mismas personas conozcan la teoría de Darwin y no la de Margulis, describe dónde y en quiénes radicaba -y radica- el poder en Occidente.

Ayuso no sabemos si conoce a Sagan. Desde luego, ignora a Margulis. Sí sabemos que comparte la visión neoliberal de la competición entre individuos. Y que llama libertad a la lucha pura y dura y a que gane el más fuerte, que suele ser el más rico. Un ejemplo de cómo entiende la libertad el “ultraneoliberalismo” es como se ha llegado al precio de la electricidad que hoy se ha anunciado será modificado, por vía rebaja del IVA a particulares con una potencia contratada de hasta 6kw o PYMEs con hasta 15kw. Como el coste de la factura no es homogéneo en la UE, veamos los elementos diferenciales que se dan en España.

El Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones monetarias entre los hogares españoles, en su cuarto informe, recoge como, para los hogares españoles en 2017, los impuestos directos representaban un 62,62% del total, y los indirectos, el 37,38%. Sin embargo, advertía que en los dos primeros quintiles el peso relativo de los impuestos indirectos era mayor que el de los directos. Es decir, el 40% de la población con menos ingreso es penalizada por el carácter regresivo los tipos más altos del IVA cuando éste es aplicado a los bienes y servicios de primera necesidad. El carácter progresivo y redistribuidor que debe tener un sistema impositivo no solo no se cumple, sino que se carga el esfuerzo sobre las personas más vulnerables. Eso ocurre mientras la presión fiscal en España se situó en 2019 en el 35,4%, seis puntos por debajo de la media del 41,1% de la UE y del 41,6% de la zona euro, de acuerdo con lo publicado por Eurostat. España fue el séptimo país con menor presión fiscal de la eurozona en 2019, pero tiene aún, cuando escribo estas líneas, el tipo de IVA más alto de la UE aplicado a la factura eléctrica.

Mientras, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, en un informe del pasado 2020, cuantificó en 4.100 millones el importe de las bonificaciones y exenciones fiscales que aplica la Comunidad de Madrid. Mucho más que el ahorro de unos 1.700 millones de euros que según los cálculos de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, supondrá la anunciada bajada del IVA para los pequeños consumidores. No es casual, pues, que 400 de las 600 personas más ricas del Estado tengan su residencia en la comunidad madrileña. Ayuso puede continuar con el dumping fiscal porque ella puede pagárselo (y le sobra para unas cañas). Su barra libre para el 1% más rico le sale gratis porque, directa o indirectamente, la pagamos todos los demás. Desde la perspectiva de quienes hemos seguido con atención la vida política y económica valenciana durante los gobiernos del PP, el perfil de Ayuso recuerda a otros descritos en la novela de Ferran Torrent, “Societat Limitada”, donde quedó bien reflejado qué es y qué significa el neoliberalismo en la política. En ese sentido, con Ayuso, no hay nada nuevo bajo el sol. Es más de lo mismo. Y no es este el peor de los tiempos. Recuerdo el impacto que, hace casi tres décadas, en 1992, me causó leer loas a Gary S. Becker, a la Escuela de Chicago (principal think tank del neoliberalismo), y a todos sus premios nobel en alguna biblia del progresismo. Y al valor del Banco de Suecia por premiarles. Ciertamente, ahora sería más difícil. Algo hemos avanzado, porque el dominio del pensamiento económico de los discípulos de Hayek, hasta hace una década, era abrumador.

Un documento de la OCDE de 25 abril de 2018 (Prag, A., D. Röttgers e I. Scherrer (2018), “State-Property Enterprises and the Low-Carbon Transition”, OECD Environment Working Papers) recogía que España era el segundo estado, de los treinta y ocho que conforman la organización que reúne de los países más desarrollados, con menor peso público en la generación de electricidad. Y no era el último sólo porque la Troika (CE, FMI, BCE) impuso a Portugal draconianas condiciones para su rescate en 2011, durante la crisis financiera global que empezó en 2008, que conllevaron la venta de la participación estatal en la empresa pública Energías de Portugal. En el entorno más próximo, en la UE, solo España y Portugal son los únicos estados que no tienen una gran empresa de propiedad pública en el ámbito de la generación de electricidad estatal o autonómico. Ese mismo año 2011, el expresidente Aznar fue contratado para labores de asesoramiento por Endesa con unas retribuciones de 200.000 euros anuales. Unos pocos meses antes, en 2010, el expresidente González había sido contratado por Gas Natural Fenosa por 127.000 euros anuales.

El proceso privatizador, iniciado en los gobiernos de González y culminado en los de Aznar, fue especialmente intenso. El peso del sector público en el mercado bursátil al inicio del proceso privatizador era del 16,64% en 1992. Siete años después, había bajado al 0,34% en 1999, estando hoy en los tres últimos lugares en la UE. El cumplimiento de los acuerdos de Maastricht fue la coartada. La excusa era el incremento de la competencia y el fin de los monopolios y oligopolios y la mejora de servicios y precios. La realidad es que, tras el camuflaje léxico, mediante la entonces atractiva etiqueta de liberalización, estamos sufriendo las consecuencias de que los monopolios u oligopolios públicos se hayan convertido en privados.

Lo que cabe preguntarse es qué aporta un cargo público no experto en el mercado eléctrico o en la generación de energía para ser contratado por el sector. Es difícil no pensar en que la explicación de los precios de la electricidad en España reside en un conjunto de factores en los que son determinantes las decisiones tomadas desde el gobierno central: el sistema de fijación de precios marginalista que genera beneficios indebidos para las eléctricas españolas; la carga impositiva, la insuficiente penetración de las energías de menores costes, las renovables limpias. Y la situación de oligopolio que se mantuvo tras los procesos de privatización. El resultado, en todo caso, es que los beneficios de Iberdrola y Endesa sumaron 5.004 millones de euros en 2020, con un incremento del 36% respecto a 2019, en un año que la mayoría de los sectores económicos vieron reducidos sus beneficios o entraron en pérdidas.

Según los datos de Eurostat, España fue durante el 2º semestre de 2020 el séptimo país con el precio de la electricidad más barato para las electrointensivas (las industrias altamente dependientes de la electricidad). En cambio, para los pequeños consumidores, tanto como pymes, el precio es el quinto más alto de la UE, tras Dinamarca, Alemania, Bélgica e Irlanda. Los pequeños consumidores en España pagan la electricidad más cara que en el resto de UE, mientras los grandes consumidores pagan precios de la electricidad más baratos que en nuestro entorno.

Hay mucho trabajo que hacer para revertir esta situación. Existen alternativas. Eso sí, requieren determinación y valentía. Por una parte, hay pendiente desde 1978 una reforma fiscal que nos dote de un sistema impositivo realmente progresivo y homologable con el entorno de la UE. Los ingresos, claramente insuficientes aún, para sostener nuestros servicios públicos se ven aún más deteriorados por el dumping (como el que practica la Comunidad de Madrid) y el elevado fraude fiscal lo que influye, también, en que el recibo de la luz sea más caro. Por otra, hay que modificar la metodología actual de fijación de precios, tanto para evitar el exceso de retribución que reciben las compañías energéticas por costes que no tienen, como porque está pensada para una estructura de generación eléctrica distinta a la actual y futura, donde las renovables tienen un peso cada vez mayor y ayudan a reducir costes. Reducir el IVA del 21% al 10% es corregir una injusticia, pero sólo en parte: al no actuar sobre los beneficios de las propias empresas energéticas, al final, los costes de la medida los acabaremos sufragando el conjunto de la ciudadanía de acuerdo con un sistema fiscal que, como explico en párrafos anteriores no es suficientemente progresivo y equitativo. Es pues una medida de choque, pero claramente insuficiente.

Pero, sobre todo, hay que hacer cambios estructurales en el sistema energético, no sólo en el mercado eléctrico o en la generación de electricidad. No es una elección llevar a cabo la transición energética y hay que hacerla sin perder más tiempo. No habrá un futuro digno si no la hacemos. La fiscalidad verde es imprescindible para descarbonizar la economía. Es posible abandonar los combustibles fósiles, ofreciendo alternativas reales basadas en la mejora del transporte público, el acortamiento de las cadenas de suministros y la electrificación del transporte de mercancías. La descentralización de la generación eléctrica debe ser otro objetivo irrenunciable: ya hemos visto sobradamente donde nos llevan los lobbies y los oligopolios. Es fundamental actuar sobre la demanda, no sólo sobre la oferta. No hay otra posibilidad que abordar una reducción intensa del consumo energético basada en mejoras en la eficiencia, rehabilitación energética de edificios, impulso al transporte colectivo, legislar contra la obsolescencia programada y combatir la inducida, acortar cadenas de suministros, incluida la soberanía alimentaria, replantearse el urbanismo y el modo de ocupación del territorio y reducir desplazamientos, incluido el transporte de la propia energía. Y, por si a alguien le quedan dudas de que sólo podemos apostar por las renovables limpias, hemos de recordar el invierno de 2017, donde los problemas de suministro en Francia por el parón de la mitad de su parque nuclear y su necesidad de importar electricidad llevaron el precio en el mercado mayorista español hasta los 100 euros/MWh.

La hegemonía que en las últimas cuatro décadas han tenido las políticas neoliberales es el resultado de una campaña de propaganda global que la presentaba como la “única propuesta económica realista”. La Emergencia Climática y la crisis financiera neoliberal de 2008, han puesto en evidencia cómo, en realidad, supone un riesgo para la vida en el planeta. Al mismo tiempo, se ha puesto de manifiesto la solidez y el acierto de los diagnósticos y las propuestas que se presentan desde la Ecología Política. Posiblemente, no tendríamos la respuesta en forma de los fondos NextGenerationUE, completamente diferente al austericidio impuesto hace una década, sin el peso del Partido Verde Europeo, y, en especial el mayor peso de Die Grünen en la política alemana. La ciudadanía, en toda la UE, sabe que sí hay una alternativa y creo que nuestro territorio ha sido de los pioneros en el estado en sumarse a esa corriente verde: estoy convencido de que los resultados electorales de Compromís desde 2015 tienen mucho que ver con que dimos respuesta a las demandas de la ciudadanía valenciana de encontrar una fuerza política que diera prioridad a la justicia social, la regeneración democrática y a la sostenibilidad medioambiental.  

El 15M fue un último intento por crear comunidad. Antes de que se convirtiera en inapelable la hegemonía de las redes sociales, como espacio principal donde transcurre nuestra necesidad de mantener relaciones sociales, una generación se movilizó y recuperó y defendió el espacio público como el lugar donde es posible una democracia real y un intercambio en condiciones de igualdad. Y, en el espacio público recuperado, esa generación se empoderó y construyó un modelo a escala de cómo podrían ser otras formas de organización social. La recuperación de las plazas no tuvo sólo un valor simbólico y mediático, fue también un espacio efectivo para el diálogo, el debate y las propuestas. Porque sí hubo propuestas concretas y eso también explica la conexión con la ciudadanía. Se hablaba de banca pública, desahucios, derecho a la vivienda, reparto del trabajo y rentas básicas, transformación del sistema energético, de sanidad pública, de ecología, de soberanía alimentaria, de revocatorios y de lucha contra la corrupción que amenazaba con convertirse en sistémica…Y se actuaba. Y, al hacerlo en el espacio público, se llevó a cabo una primera reivindicación poderosa y masiva por revertir la expropiación del espacio de la ciudadanía que había sido ocupado, entre otros, por el vehículo privado como técnica para confinar la sociabilidad hacia donde está controlada y mercantilizada. Nos encaminábamos hacia el modelo de no-ciudad estadounidense donde lo colectivo transcurre en centros comerciales. El espacio digital es, también, un sucedáneo de los megacentros comerciales donde se nos permite transitar en la medida que consumimos o somos consumidos. La ruptura de la hegemonía del discurso neoliberal privatizador es uno de los legados más transformadores del 15M. Recuperar lo público en todos los ámbitos de la vida. El avance ideológico de la privatización de la vida frente a lo público se logró que fuera cuestionado, por una gran parte de la ciudadanía, por primera vez en décadas.

La plaza, como lugar elegido para presentar la reivindicación, respondía, y conectaba, con la demanda de democracia directa, pues la intermediación era percibida como otro principal problema: el rechazo al bipartidismo expresado en el “no nos representan” también incide en la cuestión fundamental de la privatización de todas las esferas de la vida pública. El bipartidismo era percibido como portavoz de las demandas no de la ciudadanía sino de los propietarios de todo aquello que había sido privatizado. La alternancia política del bipartidismo era percibida como combate entre lobbies por los millones de personas que salieron a las calles en aquellos meses.

Mi recuerdo del 15M, aun así, y aunque hayan pasado ya diez años, es sobre todo un sentimiento vivo y sentido como presente. Uniendo causas y luchas hubo una continuidad durante, en mi caso, 13 meses. Un año largo que ha sido determinante en mi vida y del que conservo, como principal legado, un buen número de personas amigas que nos apreciamos por el reconocimiento mutuo generado. Todos los días nos poníamos a prueba en nuestra capacidad de dar respuestas comunicativas, organizativas, propositivas. Y podíamos comprobar que había un enorme potencial de talento social no utilizado. Porque, precisamente, reconocimiento era lo que no encontraban en la sociedad a la que querían contribuir a transformar una generación de jóvenes con capacidades que percibían que no tendrían ocasión de emplear. Axel Honneth, filósofo y sociólogo y una de las referencias de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, muy poco antes del 15M, en 2010 publicó “Reconocimiento y menosprecio” (Sobre la fundamentación normativa de una teoría social) donde escribía como “un número creciente de personas a causa de un desempleo estructural, carecen de la posibilidad de obtener aquel tipo de reconocimiento que he llamado apreciación social”. Una de las causas fundamentales del malestar, pero no la única, estaba ya descrita.

Michael J. Sandel, filósofo y catedrático de Ciencias políticas en Harvard, una década después, en su libro de 2020 “La tiranía del mérito” recoge acertadamente los mecanismos que operan para que se produzca esa ausencia de reconocimiento. Por una parte, describe como la meritocracia ya no funciona como ascensor social sino como perpetuación de privilegios de clase: las mejores oportunidades formativas y de empleo, así como los entornos más propicios para poder aprovecharlas, van ligadas a la renta y entorno familiar. Por otra parte, recuerda que la meritocracia no puede ser la excusa para eludir la cuestión clave, que es la igualdad. La pseudoigualdad de oportunidades formativas, que no es tal, se ha utilizado para obviar la justicia social. Lo que subyace es el abandono del bien común como premisa para construir sociedades justas.

El 15M lo interpreto como una respuesta colectiva ante la constatación de que el bien común, en nuestras sociedades hiperindividualizadas, en las que la fragmentación genera frustración continua, ha sido expoliado por élites extractivas. La competición entre individuos sólo genera unos ganadores claros: quienes pueden fijar las reglas del juego. Contra eso iba también el rechazo. Y la respuesta se materializa en la asamblea, recuperando la ceremonia fundacional de la democracia. Siguiendo a Byung-Chul Han, filósofo surcoreano en lengua alemana radicado en Berlín, la desaparición de los rituales es la desaparición de la comunidad; se sustituye la repetición por la hegemonía de “dispositivos neoliberales tales como la autenticidad, la innovación o la creatividad que nos fuerzan permanente a lo nuevo”. Quiero creer, mi optimismo es autoimpuesto como obligación moral que, pese a la deriva que las redes sociales han tomado en este último lustro, hoy aún sería posible volver a vernos reunidos miles de personas realizando asambleas de forma pacífica y serena en el espacio público recuperado de las plazas de cada población y barrio, aquellas donde transcurría la vida durante siglos hasta la individualización extrema actual resultado de la combinación de nuevas tecnologías y la sociedad del trabajo infinito (para aquellos que lo tienen). La asamblea es un ritual que nos conecta con los inicios de nuestra civilización y que crea comunidad. Es, también, un lugar de expresión de sentimientos compartidos, el de formar parte de un nosotros. No es casual que eso ocurriera en las puertas de la transformación tecnológica más determinante desde la generalización de las tecnologías audiovisuales. En redes, hoy no se debate -Twitter ya nos ha confirmado que el ruido tapa la reflexión inteligente y toda posibilidad de consenso-, sino que se combate. La emoción desplaza y anula a la razón, pero también al sentimiento. Como reflexiona Han “el régimen neoliberal impone la comunicación sin comunidad, aislando a cada persona y convirtiéndola en productora de sí misma”. Frente a eso, la asamblea sigue siendo necesaria.

Estoy convencido que el cambio de ciclo político vivido en el País Valenciano en 2015 también tiene que ver con el empoderamiento de la ciudadanía y la recuperación de la esperanza a la que contribuyeron los centenares de miles de personas que participaron en 15M. La voluntad de contribuir en cada momento desde dónde creo que puedo ser más útil me llevó, a finales de 2012, a la militancia política en el espacio donde comparto como prioridad la transición ecológica justa y la necesidad de conservar siempre la confianza en nuestra capacidad de mejorar la vida de las personas.

Lo que aprendí del 15M es, sobre todo, que nunca hay que ceder a la pérdida de esperanza. En 2011 ya era un veterano de los movimientos sociales valencianos, en especial del ecologismo, pero no sólo y, como tal, había vivido, como una erosión personal, la consolidación de la hegemonía del neoliberalismo, los continuos episodios de corrupción, la falta de reacción suficiente y nuestras limitaciones a la hora de articular una respuesta social conjunta más allá de las luchas concretas de cada persona. Por eso, aquella tarde-noche del día 17 de mayo del 2011, en la que descubrí que había una generación que estaba dispuesta a alzar su voz con inteligencia y serenidad pero con convicción, se ha quedado entre mis recuerdos imborrables. Diez años después entre mis más cercanos amigos están media docena de aquellas personas y una ausencia que no olvidaremos. Y, con otras muchas personas más, permanecen lazos que, después de una década y tantas cosas vividas, sabemos que nos acompañarán siempre y que hacen que, cuando nos encontramos en esas calles que luchamos por recuperar, sea como si no hubieran pasado esos diez años, y el reconocimiento y el aprecio mutuo siga intacto porque, si algo conseguimos, fue crear comunidad y que todas las diferencias, todo lo heterogéneo, convergieran en una inquebrantable voluntad de contribuir al bien común.  

También siguiendo a Stiglitz podemos considerar que la principal externalidad negativa que afecta a los procesos económicos es la emisión de gases de efecto invernadero.  El Informe Stern sobre la economía del cambio climático, que también describe el cambio climático como una externalidad, publicado en 2006 y elaborado por encargo del gobierno británico, cifraba en hasta un 20% la reducción del PIB global en caso de no mitigarse las emisiones de CO2 de forma drástica. Y concluía que, también económicamente, la mejor opción era disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es necesario recordar que en dicho informe se recoge, respecto al impacto en los países desarrollados, que “los de latitudes más alejadas de los polos serán los más vulnerables”. Es el caso de España.

La pandemia causada por la Covid-19 debe ser considerada una externalidad negativa resultado de la presión sobre los ecosistemas, buscando beneficios a corto plazo a costa de destruir espacios naturales que deberían ser considerados, nuevamente siguiendo a Stiglitz, como bienes públicos globales. Su preservación interesa a todas las personas que habitamos el planeta, ya que protegen la salud del conjunto de la humanidad y son el hábitat de especies en riesgo de extinción. La maximización de la privatización de beneficios y socialización de los costes ha sido la forma hegemónica de entender las actividades económicas durante décadas. Parte de esos beneficios privados se han obtenido a cambio de someter al conjunto de la sociedad a unos costes sociales, sanitarios y ambientales inasumibles e injustificables. Una reflexión recurrente que produce observar la evolución en estos 13 meses de pandemia y sus consecuencias es ¿cómo, con todo el conocimiento disponible, hemos llegado hasta aquí? Sabíamos, al menos desde la gripe aviaria de los años 2004-2006, que el riesgo de una pandemia era real, que se incrementaba por la presión humana sobre los ecosistemas naturales y que era necesario fortalecer los sistemas públicos de salud para poder hacer frente a ese riesgo. Y que era necesaria investigación básica para prevenirlo o mitigarlo.

Más específicamente, en este siglo XXI se habían dado ya dos brotes importantes causados por los coronavirus SARS-CoV-1 (2003) y MERS- CoV (2012). Era pensamiento mágico, o un perjuicio eurocéntrico, creer que, en la era de los vuelos transoceánicos, las pandemias se iban a limitar a unas fronteras invisibles definidas por supuestos hábitos culturales.  Por otra parte, como resultado de los acuerdos amparados por la Organización Mundial del Comercio (OMC) las cadenas de suministros básicos se habían deslocalizado, incrementándose la complejidad y los riesgos de desabastecimiento. Se había dejado a la mano de los mercados la prestación de servicios básicos y la provisión de bienes indispensables. Los mercados, cada vez más autónomos como resultado de los sucesivos acuerdos internacionales, que han impuesto la desregularización en muchos sectores de la actividad económica tanto a los estados como a la propia UE, han demostrado que son incapaces de asegurar la disponibilidad “justo a tiempo” de los bienes y servicios que las personas necesitamos. Un caso paradigmático es la pésima gestión que la UE ha hecho de su apuesta por la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19. La mano invisible que acuñó Adam Smith sólo reparte los recursos movida por el interés y los beneficios; la justicia social no entra en el balance de resultados. Esa era la tarea de los gobiernos, de la que abdicaron como resultado de un continuo proceso de erosión del papel de lo público, promovido desde think-tanks a la estela de la Escuela de Chicago y  de Milton y Rose Friedman.

A veces, un único libro describe una época. Pasó con “El fin de la historia y el último hombre” de Francis Fukuyama, publicado en 1992, un compendio del nivel de impunidad - muy significativo el machismo que desprende el título-  en que se instalaron ciertas élites económicas, académicas y políticas. La tesis del ensayo era que, finalizada la Guerra Fría con la victoria de la democracia liberal, la ideología dejaba de ser necesaria y era el momento de la economía.  Sólo de la economía. Y así fue. Así nos ha ido. La Ronda de Uruguay, la octava de negociaciones comerciales multilaterales llevada a cabo en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio e iniciada en 1986, finalmente desembocó en la creación el 1 de enero de 1995 de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entidad clave en la globalización del comercio de bienes y servicios y en el impulso a la privatización de los servicios públicos en todo el planeta. La globalización neoliberal ya tenía su herramienta desregulatoria. 

Coincidiendo en el tiempo, otro gran acuerdo internacional daba sus primeros pasos.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entraba en vigor el 21 de marzo de 1994. Habían pasado seis años desde que en 1988 la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) establecieran, para ayudar a la toma de decisiones por los gobiernos y compilar el estado del conocimiento científico, técnico y socioeconómico sobre el cambio climático, el Grupo de Expertos Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).  En 1990 el IPCC hizo público su primer informe de evaluación y después de su primera reunión, concluyó que, de seguir con el mismo ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, cabría esperar un aumento de 0,3 °C por decenio durante el próximo siglo. Dos años después, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en 1992, se abrió a la firma la Convención Marco sobre el Cambio Climático, reconociendo la existencia del problema del cambio climático, en la que se establecía el objetivo de evitar que la intervención del ser humano generase interferencias peligrosas en el sistema climático.

La Convención Marco sobre el Cambio Climático entra en vigor el 21 de marzo de 1994. La Organización Mundial del Comercio, lo hizo el 1 de enero de 1995. Una debe contribuir, y aún no lo hace en la medida suficiente, a garantizar la vida humana en el planeta y evitar la Sexta Extinción de la biodiversidad; otra ha sido una herramienta creadora de desigualdad, pérdida de soberanía de los estados y sus ciudadanías y ha contribuido a que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no haya avanzado a la suficiente velocidad. La emergencia climática es el resultado de los sistemas económicos productivistas basados en las fuentes de energía fósiles y, en parte, de la falta de controles regulatorios suficientes desde que se conoce su existencia. 

Hay, pues, que elegir. No se puede luchar por mitigar las emisiones de CO2 y adaptarse al cambio climático para que los daños sean los menores y, al mismo tiempo, apostar por desarrollar las políticas e infraestructuras que no reducen nuestra huella de carbono. La huella de carbono de producto es la cantidad total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se generan en cada una de las fases del ciclo de vida del producto (desde la extracción de las materias primas que lo componen hasta el destino final del producto). Se debe aplicar a cualquier bien o servicio. No será posible reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, en la proporción y a la velocidad suficiente, sólo con la sustitución de unas fuentes de energía sucias y generadoras de residuos por otras limpias y renovables. Sin modificar el modelo de consumo, sabemos que es imposible. El resultado es que hace una semana, el 3 de abril, se detectó que la concentración de CO2 en la atmósfera ha alcanzado un nuevo record histórico: 421 partes por millón.

 Los megapuertos, como el de València, son parte del modelo socioeconómico que nos ha llevado hasta las puertas de la pandemia y de la emergencia climática. Precisamente, por tener los puertos más grandes, en la UE, no teníamos las mascarillas básicas para protegernos. No habíamos aprendido nada de la crisis financiero-inmobiliaria de 2008. Estamos sufriendo, aún, las consecuencias de la dependencia de un monocultivo, la construcción, que hemos sustituido, en parte, por el auge de otro, el turismo, tan afectado por este largo año pandemia. Ahora, se quiere incrementar la apuesta por un tercero, que, además, incrementa la hipoteca territorial y resta posibilidades a otras alternativas. No tiene lógica recrecer, sobrepasando aún más los límites de lo razonable, el Puerto de València. La proliferación de los megapuertos es una consecuencia del impulso dado a la deslocalización de la producción de bienes, que hemos visto que  nos deja inermes, ya no sólo ante pandemias, sino que basta con que un barco portacontenderores se atasque en el Canal de Suez para tener, de nuevo, problemas en las cadenas de suministros.

En este mismo diario leía, el 10 de diciembre de 2019, pocos meses antes del inicio de la pandemia, una noticia en la que se recogía como “el transporte marítimo europeo es una gran fuente de emisiones de gases de efecto invernadero  y contaminación del aire. El sector emitió alrededor de 139 millones de toneladas de CO2 en 2018 y un análisis reciente ha demostrado que su contribución a la contaminación del aire puede ser más grande que la de todos los vehículos de pasajeros en Europa”, citando un informe de la federación Transport & Environment en el que se recoge también que “MSC, la segunda compañía de transporte de contenedores más grande del mundo, emitió más de 11 millones de toneladas de CO2 en 2018, que la ubica en la octava posición del ranking de las empresas más contaminantes de Europa, junto a algunas de las plantas de carbón más intensivas en CO2”. MSC es, a través de su filial, Terminal Investment Limited, la futura concesionaria de la ampliación norte del Puerto de València. El transporte marítimo es el único sector que no contribuye a los objetivos de mitigación emisiones de la UE. No será posible evitar los escenarios climáticos más adversos descritos en los informes del IPCC sin relocalizar las actividades económicas, reducir drásticamente las distancias y la complejidad de las cadenas de suministros, potenciar la proximidad, recuperar la estacionalidad, combatir la obsolescencia programada y los bienes de usar y tirar. Todas estas medidas, tienen en común, que hacen innecesarios los megapuertos y los grandes buques portacontenedores. Lo que algunos nos dicen que es el futuro, resulta que no es más que el pasado.

En el caso específico del Puerto de València se suma que está ubicado donde nunca debería haber un puerto de esas dimensiones (sin más ampliaciones) dado que había alternativas mejores y cercanas como Sagunt. Los costes ambientales causados son enormes. Hablamos de l’horta de la Punta; de una Zona de Actividades Logística (ZAL) que no debe ejecutarse, sino recuperarse como valioso espacio con función medioambiental; la desaparición de la playa de Nazaret; la erosión causada en toda la costa del Parque Natural de l’Albufera y el incremento del riesgo de salinización del lago; el basculamiento de las playas de la Malvarrosa y la Patacona; los niveles de óxidos de nitrógeno y otros contaminantes atmosféricos con efectos en la salud de las personas y de los ecosistemas, y todo ello a causa de la actividad portuaria. Ya han pagado, tanto el área metropolitana, el conjunto del territorio valenciano como su ciudadanía, un precio muy alto por las externalidades negativas que genera tener un puerto enorme en una ciudad que, en la escala europea, es, afortunadamente, de tamaño medio. Es mucho más que el precio que puede aceptar una sociedad responsable sin hipotecar su futuro. El proyecto de ampliación del Puerto de València debe ser revisado. Hay que repensar la escala que debe tener dentro de un replanteamiento de nuestro modelo económico, apostan por una economía mas diversificada, de mayor valor añadido y, sobre todo, que genere menos externalidades negativas. Es decir, que no paguemos  todas las personas por los beneficios - a corto plazo de unas pocas, en un contexto de emergencia climática.

Mientras acabo este artículo, me llega la noticia de que Puertos del Estado afirma que la declaración de impacto ambiental no está caducada y deja en manos de la Autoridad Portuaria de València la continuidad del proyecto de ampliación de la terminal norte de contenedores. Es incoherente e inaceptable que la misma semana en que la Ministra de Transición Ecológica lleva para su aprobación al Congreso la muy mejorable ley de Cambio Climático, haga dejación de responsabilidad política ante la ampliación del Puerto de València. Una más.

No es algo nuevo. Lo extraordinario es cómo, durante tantos años, tantas personas inteligentes han creído que la igualdad de oportunidades era igualdad real. Probablemente, una posible explicación es que apostaban por tranquilizar sus conciencias para no tener que asumir un mayor compromiso, una mayor toma de partido. Si la igualdad de oportunidades era “suficiente” ya no era necesario reclamar ninguna “revolución” para alcanzar la justicia social, con un reformismo de continuos pasitos cortos se podría llegar a una situación aceptable para la gran mayoría de la población. Ahora sabemos que el continuo proceso de pequeños y medianos pasos que permite avances reales es reversible en muy poco tiempo, sin el consenso de la mayoría, como explica Naomi Klein en La doctrina del shock, si se utilizan momentos de impacto en la psicología social para aplicar políticas impopulares por regresivas. Y pocos hay más impactantes que una pandemia en sociedades tan complejas como las contemporáneas. Estamos ante un riesgo cierto de involución democrática: la lista de estados donde gobierna o se han afianzado en la última década proyectos políticos que no respetan los derechos humanos y las bases fundamentales de la democracia, es creciente y conocida. Porque ésta es otra posible explicación: el shock restaba capacidad de reacción.

Buscando las causas con las que explicar la emergencia democrática que se está viviendo en gran parte del planeta, posiblemente la timidez con la que se ha planteado la cuestión central de la igualdad sea una de ellas. La igualdad de oportunidades se ha presentado como una cuestión de cuotas, que son legítimas y necesarias, pero no son suficientes ya que son una respuesta al síntoma y no a la raíz de las causas de la desigualdad. La ultraderecha ha ejercitado la demagogia más ruin al enfrentar a los perdedores entre sí, desviando la atención de los poderosos. No hubiera sido tan fácil si la igualdad de oportunidades no hubiera sustituido al objetivo de conseguir sociedades equitativas y solidarias. La mítica frase “en qué momento se jodió el Perú”, con la que se inicia Conversaciones en la Catedral - obra de un Vargas Llosa que ejemplifica la seducción que se ofrece a los que más ascienden en la escala social y los cambios en su visión del mundo -, siempre me ha hecho pensar en aplicarla a “en qué momento se jodió lo de Libertad, Igualdad, Fraternidad”. Posiblemente, en el momento en que permitimos que nos arrebataran el significado real de las palabras y nos lo cambiaron por sucedáneos. Y aceptamos esos cambios como algo natural tras décadas de escucharlos como una letanía. Algo parecido puede ocurrir con la transición ecológica justa a escala global. Se trata de llevar a cabo una transformación que contemple el conjunto de necesidades e interacciones entre todos los seres vivos y de éstos con el planeta. De no volver a asumir inconscientemente sucedáneos. En esta ocasión aún estamos a tiempo de evitar el sucedáneo pero la batalla por el significado de las palabras vuelve a estar ahí.

A veces un autor tiene el don de la oportunidad y escribe el libro adecuado en el momento justo. Naomi Klein lo tuvo cuando publicó La doctrina del shock en 2007, el mismo año en que la crisis financiera global mostró sus primeras evidencias con las quiebras en agosto de ese año de varios bancos de inversión estadounidenses, previas a la bancarrota de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008. Me parece una analogía valiosa compararlo con los anuncios de la emergencia climática en forma de fenómenos meteorológicos extremos, de momento, recurrentes pero no continuos, pero que anuncian algo mucho más grande de no adoptar las medidas necesarias a tiempo.

Si en 2008 fue la crisis financiera global la que permitió el austericidio, las nuevas situaciones de choque pandémico y climático puede llevarnos no ya a un escenario de recortes económicos y de libertades, sino a la sustitución de la democracia y el estado de derecho, en un número cada vez mayor de países. El paso del capitalismo financiero al capitalismo de vigilancia no es una distopía lejana. Será una realidad, y cercana en el tiempo, si no actuamos. La pandemia es un impacto mayor que el que supuso la crisis financiera global y, por tanto, el riesgo de que se implanten políticas aún más lesivas es real. Pero el impacto de la emergencia climática aún sería mayor y, por tanto, también el shock potencial y el riesgo asociado de imposición de respuestas no democráticas.

¿Qué podemos hacer? Reforzar los sistemas democráticos, ante todo. En ese sentido, es inexplicable que aún se mantenga la conocida como ley mordaza. Al mismo tiempo, establecer legalmente medidas de justicia social efectivas: un buen ejemplo de medida eficaz es la Renta Valenciana de Inclusión. También lo son medidas que permiten avanzar en el reparto del trabajo y la conciliación, como es la jornada de 32 horas. Pero, para hacer frente a la emergencia climática y que no se convierta en una emergencia democrática es necesario más. Hay que actuar en tres frentes. Primero, la mitigación, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero con medidas radicales en todo el conjunto del sistema socioeconómico y que ya están descritas. Segundo, la adaptación, anticipándonos, por una vez, a los cambios (reducción de recursos hídricos disponibles, cambios en la línea de costa, adecuación del territorio ante los fenómenos meteorológicos extremos, modificación del modelo socioeconómico ante los efectos del cambio climático sobre sectores como el turismo y el inmobiliario, adaptación del sector primario…). Tercero, y determinante, la justicia social, como el austericidio, la pandemia va a dejar una mayoría de damnificados, pero las mayores empresas y sus propietarios están saliendo beneficiados, una vez más, de una gran crisis.

Si sigue ignorándose que lo que se ha dado en llamar igualdad de oportunidades es, sobre todo, un mecanismo para evitar que los que más condiciones innatas tienen lideren el malestar de los excluidos, cuyo número no para de crecer desde 2009, será muy difícil impedir la deriva no democrática de nuestras sociedades ante discursos que se nutran del malestar social y de la ausencia de respuestas en el corto plazo. La igualdad necesaria pasa porque las condiciones de vida sean dignas para todas las personas. El malestar no sólo surge porque el ascensor social se haya averiado para quienes más opciones tenían de mejorar su calidad de vida, el malestar surge porque se ha averiado para el conjunto de la ciudadanía. El mito de que casi cualquiera puede ser Jeff Bezos ya no cuela. No es verdad, nunca lo ha sido. Ahora, además, es bien conocido que la prosperidad de Bezos es la ruina de cientos de miles de pequeños comerciantes, empresarios y empleados. El capitalismo de destrucción creativa que describió Schumpeter tiene costes sociales inaceptables

La justicia social es, también, que la diferencia entre los que más y los que menos ganan no sea inmoral. Hoy en día, lo es; es inmoral que una persona que trabaja en la limpieza tenga un salario que sea una diezmilésima parte de las retribuciones que obtiene el CEO de su empresa. No será tolerable mucho más tiempo esa inmoralidad. A fin de cuentas, las personas que más dinero ganan lo hacen porque tienen a su disposición infinitos recursos que pagamos entre todos, con costes externalizados, como los ambientales, y que despilfarran para su propio beneficio. En un mundo condicionado absolutamente por las consecuencias de la emergencia climática, mantener esta situación es una invitación al suicidio como sociedad: sólo con una reducción de la huella ecológica de todas y cada una de las personas, hecha de una forma justa y solidaria, se podrán volver a cohesionar sociedades cada vez más fragmentadas y, por tanto, cada vez más vulnerables

Debemos ser más exigentes. Lo dejamos de ser durante las últimas cuatro décadas, posiblemente por la aplicación de mecanismos como los descritos por Klein en sus libros. Ahora hemos comprobado, de forma dramática, que el crecimiento infinito es imposible en un mundo finito, que el incremento del PIB no trae mayor calidad de vida para la mayoría de las personas, que la riqueza cada vez está más concentrada en un menor número de individuos, que los recortes en los servicios públicos suponen muertes. Y que la mano invisible de los mercados nos ha llevado a la dirección de choque frontal con la realidad, con los límites del planeta.

El choque no es inevitable. Se puede cambiar de dirección. Eso sí, para ello son imprescindibles cambios reales que no pueden esperar. Y no, no será posible sin todas las personas afectadas. Esto va de participar, de tomar partido, de votar cada cuatro años y de hacerlo todos los días. Esto va de exigir coherencia, responsabilidad e igualdad. Tenemos que recuperar la capacidad de decisión de la mayoría, a través de sus representantes elegidos democráticamente, frente a poderes que no son elegidos por la ciudadanía pero que han condicionado la vida más que las personas a quienes hemos votado. Hay que cambiar a quienes realmente han dirigido la nave. A fin de cuentas, ya lo dijo El Perich, nos querían antes torpes y ahora como individuos aislados e insolidarios. Es el momento de, sin perder la Libertad, volver a la Igualdad y Fraternidad e incorporar la Sororidad. Originales, no sucedáneos.