Los discursos del odio comienzan a instaurarse en las instituciones. La llegada al poder de Trump ha desenmascarado sin pudor la construcción de una legalidad al servicio de la persecución y criminalización del otro. No es que otros dirigentes políticos no lo hubieran hecho de alguna manera antes –la construcción de muros y vallas, la expulsión de personas en nuestras fronteras o las detenciones arbitrarias son norma en muchos de nuestros países–. Lo que ha hecho Trump es inaugurar un nuevo ciclo mundial en el que un relato ultra pretende erigirse.

Ciertos medios de comunicación no son ajenos a ello. Asistimos a una enorme profusión de noticias e informaciones tendenciosas que explican el mundo desde ópticas tan simplistas como peligrosas. De la simplificación del mundo a la exclusión y criminalización de los otros hay un paso; una línea muy fina que lleva a lo que Hannah Arendt denominaba la “banalización del mal”.

En la época de la posverdad –o de las mentiras vendidas como verdades– se confunde la ficción con la realidad; se moldean informaciones con el fin de justificar lo injustificable. Y así el diablo nace en lo cotidiano. Las falsas interpretaciones van calando, cual lluvia fina que empapa hasta los huesos, engordando a la bestia de la xenofobia y el racismo sin que apenas se perciba. Y, como quien no quiere la cosa, terminamos banalizando hasta lo más terrible e inhumano.

Se banaliza también cuando se otorgan premios a quienes, de una u otra forma, alientan, disculpan o alimentan actitudes xenófobas. Recientemente, la Agencia Efe y la Agencia de Cooperación para el Desarrollo han galardonado a Arturo Pérez Reverte por un texto en el que habla a la población refugiada como “la vanguardia de los modernos bárbaros –en el sentido histórico de la palabra”. Hay artículos que no merecen ningún reconocimiento por muy bien escritos que estén. Mucho menos si ese galardón proviene de una Agencia pública que trabaja por el Desarrollo, en un contexto como el actual, en el que los discursos del odio aumentan preocupantemente.

Pérez-Reverte, que publicó el artículo hace más de un año, echó mano de su oficio para envolver narrativamente un pensamiento apocalíptico cuando no agresivo, como su idea del vigor. El académico caía en el determinismo, y mostraba una visión idealizada de Europa, con sesgo elitista y tintes demagógicos. Al hacerlo, cometía indirectamente un error que él mismo había criticado hace una década: “Juzgar el pasado con ojos del presente”, y obviaba la influencia de Estados Unidos en el devenir cultural de nuestro continente.

Como tantos otros, Pérez-Reverte desenfocaba el marco. No se trata de una cuestión de compasión ante las personas que buscan refugio, alteridad que Pérez-Reverte encuentra además excesiva. Ni de reconocimiento a que quienes huyen están en “su derecho” de hacerlo, como sí admite el articulista. Es algo más profundo, y por ello universal. Les ampara, nos ampara, el derecho al refugio. En primera persona del plural.

“No hay forma de parar la Historia”

Pérez-Reverte se acogía a la existencia de un bienestar limitado que tocaría distribuir. Lo que no denunciaba es que ya está mal repartido, ni hacía mención alguna al neocolonialismo existente y heredado, aunque sí a la idea de imperio, cuyas dinámicas históricas, por cierto, han tendido a la expansión y apropiación de riquezas ajenas. En cambio acertaba al afirmar que “no hay forma de parar la Historia”. Porque esa historia es también la del avance de los derechos humanos, que exigimos y construimos a diario desde muchos rincones del planeta. Una cultura democrática que, lejos de llevarnos a la decadencia, nos conecta con lo mejor de nuestra Historia, al poner coto a espirales endiabladas de egoísmo, odio y brutalidad. Un camino constante que requiere más que mansedumbre mucho valor y perseverancia.

Decía Camus que hay épocas en la que cualquier indiferencia es criminal. Esta es una de ellas. En el seno de la sociedad de la posverdad, en la que la deriva del fascismo va calando y hasta imponiéndose, la palabra es más poderosa que nunca. Nombrar a las cosas por su nombre hoy puede ser revolucionario. Las personas que huyen de la guerra y la miseria lo hacen porque no tienen otra opción. El viaje que emprenden, casi a ciegas, “empieza el día que no pueden ejercer ningún control sobre sus condiciones de vida porque alguien está tomando las decisiones en su nombre”. Contar su historia parcial y tendenciosamente nos hace cómplices con las medidas que, en lugar de garantizar sus derechos, los criminalizan. Contar su historia desde su inicio es determinante para comprender y, por tanto, actuar desde el humanismo.

Si queremos derrumbar leyes que violan derechos humanos, hemos de apostar por discursos que desenmascaren a las narrativas dominantes y acabar con los reconocimientos públicos de quienes azuzan el miedo y el odio a las otras personas. Decía Einstein –refugiado judío en Estados Unidos–, que “el mundo es un lugar peligroso, no por causa de quienes hacen el mal, sino por quienes que no hacen nada por evitarlo”. Tengámoslo presente.

Muy a menudo siento que los medios de comunicación toman a la ciudadanía por tonta. La Casa Real vende la visita de la reina a Mozambique como un viaje de cooperación y van ellos y lo compran. Y no sólo lo compran, sino que además lo hacen bajo esa conceptualización del buen salvaje intelectualmente menor que necesita de nuestro apoyo para salir adelante. Fíjense que aún en tiempos de crisis somos solidarios y lo demostramos enviando a la reina como adalid de nuestras buenas intenciones con “los negritos”.

Para alimentar este discurso no pueden faltar las historias de niños y niñas, a ser posible huérfanos y si son fruto de una violación y abandonados aún mejor. Pobres, necesitan nuestra ayuda. Por supuesto, no puede faltar un toque de folklorización tan necesario en estos casos: la música, imprescindible, porque ¡mira que baila bien la gente africana!; y por supuesto la artesanía (nada de arte, como diría Galeano, que son pobres). Y así, las imágenes que nos llegan son protagonizadas por una reina dadivosa que visita orfanatos, baila danzas junto a las mujeres y compra en los mercados tallas de madera.

Lástima que sólo de refilón se mencionaran las “nuevas formas de cooperación con Mozambique” que comienzan a realizarse. Tal vez esas nuevas formas tengan mucho que ver con el petróleo y el gas que se han descubierto en el país. Hubiera sido interesante y periodísticamente responsable indagar sobre este asunto. Curiosamente, esos mismos días, la ONG Justiça Ambiental acusaba al gobierno y a las compañías extranjeras de violar sistemáticamente los derechos de la población. También la Asociación Académica para el Desarrollo de las Comunidades Rurales denunciaba que el G8 “convierte África en una plataforma comercial para las grandes multinacionales del negocio agrario y la industria alimentaria”.

Lástima que también se perdiera la oportunidad de explicar los datos que unos días antes había publicado el CAD y que situaban a España como campeona europea de recortes en cooperación. Una pena que no se explicaran las graves consecuencias que tales recortes tendrán sobre el trabajo que se viene realizando y sobre la vida de miles de personas.

Los artículos mencionados en los enlaces anteriores pertenecen a esa prensa que se autodefine como seria. Resulta cuanto menos sorprendente que al compararlos con los publicados por Hola -revista caracterizada por la superficialidad de sus contenidos que no dejan de ser meras anécdotas- la diferencia entre unos y otros sea casi inexistente. Tal semejanza deja clara evidencia del carácter vasallo de un periodismo supuestamente independiente y profesional.

La historia de Mia Couto del inicio sirve para ilustrar el neocolonialismo maquiavélico que impera. Los relatos predominantes que sitúan a los países africanos en inferioridad con respecto a occidente se construyen precisamente para justificar intervenciones externas en asuntos que les son propios. El periodismo no puede convertirse en vocero de esos discursos del poder. La responsabilidad ética y profesional obliga a ir mucho más allá de la realidad oficial, a contrastar fuentes, a indagar. Y, por supuesto, obliga a hablar con las personas de la calle, esas que no salen en los grandes titulares pero que son quienes mejor pueden describir la realidad del país, sus necesidades y sus propuestas. Ellas, y no otras, son las verdaderas protagonistas; nadie puede hablar en su nombre.

Cualquiera que haya visitado recientemente Mozambique y haya hablado con sus gentes sabe que existe un gran malestar social con ese tipo de desarrollo que hemos exportado desde aquí y que está generando enormes desigualdades. La soc

iedad civil mozambiqueña está denunciándolo. No contarlo como periodista no sólo es irresponsable, sino que además es cómplice de delitos presentes y futuros.

Viví en Mozambique en 2003 y 2004. Entonces era el tercer país más pobre del mundo, según el Informe de Desarrollo Humano. Regresé allá hace un par de años cuando todos los indicadores internacionales hablaban de una economía que crecía un 7,2% anual. Encontré un país en el que el modelo capitalista se había instaurado de manera impúdica en la capital: centros comerciales, hoteles de lujo y enormes coches convivían con barrios enteros en los que la situación apenas había cambiado. La desigualdad era enorme. El maldesarrollo se había instalado en la ciudad y con él, sus malas prácticas: horarios laborales interminables, enorme subida de los precios de productos básicos, salarios minúsculos. El interior del país continuaba igual que décadas atrás, incluso peor porque el acaparamiento de tierras por parte de capital extranjero afectaba ya al 21% del terreno. El descubrimiento de petróleo y gas en el país había atraído a las empresas extranjeras en una suerte de tonto el último en busca del beneficio. China pisaba con fuerza y construía infraestructuras con sus propios trabajadores a cambio de saciar su imparable sed de materias primas… Flávia, una buena amiga de Maputo, me dijo entonces “¿sabes?, me gustaba más el Mozambique de antes”.

Quien quiera informarse sobre lo que ocurre en Mozambique basta con leer alguno de los brillantes artículos de Mia Couto o Paulina Chiziane, consultar alguna de las ONG mencionadas en este artículo, leer periódico Verdade o tan sólo escuchar la música del rapero Azagaia.

Señor ministro, tengo 38 años, soy soltera, no soy madre y, de momento, sin necesidad de serlo; soy feminista y económicamente independiente desde hace más de 15 años, tiempo en el que he ejercido mi profesión con honestidad, responsabilidad y mucha satisfacción. Disfruto sana y gustosamente de mi cuerpo cuando, como y con quien me apetece. Apuesto a diario por un mundo en el que la justicia social prime por encima de cualquier otra cosa y me sumo activamente a las propuestas que contribuyen a la dignificación de la vida de las personas y del planeta en el que vivimos. Supongo que estas no son las características de una “mujer libre” y como Dios manda, pero fíjese que yo me siento muy libre, muy mujer y muy orgullosa de ello.

Permítame que le diga que muchas mujeres no sentimos ese supuesto instinto maternal al que ustedes hacen referencia de manera obsesiva. Reconozco, eso sí, que tengo muy bien desarrollado (como no podría ser de otra forma en el sistema patriarcal en el que nos hacemos mujeres) mi sentido del cuidado a los y las otras. Tal vez haya sido ese sentimiento y mi conciencia de ciudadana del mundo los que me han llevado a trabajar en distintos continentes por más de 10 años. more

En mis viajes he observado violaciones de derechos humanos que, de la mano del Consenso de Washington, se presentaban torticeramente como un compromiso por la mejora de la vida de las poblaciones. Tal vez soy muy ingenua, pero nunca pensé, señor Gallardón, que un día vería en mi país el mismo atropello --sistemático e impúdico-- del bien público, de los derechos ciudadanos conseguidos tras largos años de luchas sociales. Me temo que, de aquí a diez años, será tristemente interesante conocer nuestro Índice de Gini. Este tema daría para muchas cartas que dejaré para otro momento no sin antes sugerirle que tal vez, como ministro de Justicia, debería decir algo sobre el mayor recorte en derechos que se haya producido en nuestra historia reciente. Ahí lo dejo, por si acaso decide asumir plenamente la responsabilidad que le corresponde.

Dicho esto, vayamos al tema que nos ocupa. Antes de nada, me gustaría pedirle que deje de tratarme, a mí y a todas las mujeres, como si fuéramos incapaces; aunque usted no lo crea, somos inteligentes y tenemos una enorme capacidad de raciocinio. No decida por nosotras; no somos Doris Days, amas de casa sumisas, de cabellos repeinados y mandiles impolutos que cocinan, planchan y hasta cantan el Qué será, será, con una sonrisa permanente mientras atienden a su maridito. Tal vez a su colega Arenas no le guste, pero, mire usted, no lo somos. Más bien somos Cármenes Maura que a diario sacan adelante su vida y la de otras muchas personas preguntándonos qué hacemos en un sitio como este.

No voy a entrar a analizar al detalle sus propuestas a la ley y sus nefastas consecuencias porque ya lo hace muy bien Merche Negro y no quisiera repetir lo ya dicho. Me gustaría, eso sí, ahondar en un algunas cuestiones que se derivan de sus declaraciones. En primer lugar, aunque nunca he estado embarazada, le aseguro puedo imaginar el torrente de interrogantes y vaivenes que una siente cuando es consciente de ello. Como también puedo imaginar el tsunami de otro tipo, desasosegante y complejo, que te atrapa cuando te planteas abortar. Eso, señor Gallardón, los hombres nunca podrán saberlo.

El cuerpo de las mujeres siempre ha sido utilizado como campo de batalla, como objeto de dominación y control por los sistemas patriarcales y machistas. El cuerpo femenino es constantemente sometido a normas estrictas de control cuyo cumplimiento o incumplimiento hace que seamos calificadas como santas o putas. Su propuesta parte de esa concepción profundamente injusta que (de nuevo mi ingenuidad) me sorprende siendo usted, como es, ministro de Justicia. ¿Se ha llegado a preguntar por qué esa normativa no es aplicable a los hombres; no le parece profundamente injusto que otros decidan sobre nuestro propio cuerpo?

Dice usted proteger a los más débiles; se autodefine como provida. Me pregunto quiénes son los más débiles, de qué vida habla. ¿De la de las mujeres que su Gobierno ha dejado sin la ayuda a la dependencia, a las más de 400.000 personas a quienes los bancos rescatados con dinero público han expulsado de sus propias casas, a las familias a las que se les niega un salario digno o el acceso a la salud si es que no tienen una tarjetita de su sistema privatizado y regido por sus amigos Rato y demás, a cuyos hijos e hijas se les restringe la educación gratuita o el acceso a la universidad? ¿De la vida de criaturas y familias enteras sometidas a un cruel sufrimiento, como magistralmente describe el neurocirujano infantil Javier Esparza? ¿Se refiere a esas personas? Explíqueme, por favor, cómo garantizar una vida digna cuando el Estado, que debiera protegerte, recorta sistemáticamente tus derechos y te empobrece. Esa doble moral es inaceptable; no criminalice a las víctimas.

La pobreza y quienes la producen y mantienen son tan ruines y rastreros que cercenan hasta el derecho a la libre elección. Las mujeres que tengan dinero para pagarlo viajarán a Londres, como lo hacían en tiempos pasados, y quienes no lo tengan se verán obligadas a abortar de manera clandestina poniendo en riesgo su vida. A la escandalosa cifra de 3.000 muertes, de la que hablaba Merche en su carta, hay que añadir las mujeres que sufren problemas de salud de por vida y que no salen en las estadísticas. Eso sí que es moralmente indecente y contrario a la justicia social. Por cierto, ¿se ha parado analizar las consecuencias que este tipo de políticas tienen desde el punto de vista de salud pública?

Es lamentable que ignore que el aborto es un problema de salud pública que va más allá de consideraciones políticas, religiosas o éticas. Las Católicas por el Derecho a Decidir lo tienen muy claro, como también lo tienen las asociaciones de jueces conservadores. Quizá pueda aprender algo de ellas.

No me extiendo más, señor Gallardón. Tan sólo un pequeño recordatorio de una cuestión que, sin duda, como ministro de Justicia, conocerá. La Conferencia de El Cairo, de 1993, a la que España se adhirió, insta a los gobiernos a considerar que los abortos en condiciones de riesgo son una causa importante de mortalidad materna y “una importante cuestión de salud pública”. Además, en aplicación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos obligar a una mujer a tener una criatura podría ser considerado tortura. Ahí queda por si quiere informarse; si no lo hace, probablemente sean las mujeres –esas que considera incapaces– y los hombres –comprometidos con la igualdad de género– quienes se encarguen de ir a Estrasburgo para que no lo olvide.