El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado dos contundentes sentencias anteriores por medio de las cuales se condena al periódico La Opinión de Tenerife de Editorial Prensa Ibérica (EPI) a pagar 60.000 euros más intereses (lo que puede sumar cerca de 75.000 euros) a un guardia civil que estaba de baja por depresión. El TS también obliga a publicar el contenido de la sentencia con el mismo tratamiento que tuvieron las noticias en su día.

Los fallos judiciales consideran que se cometió una intromisión ilegítima en el honor a raíz de unas informaciones publicadas a finales del año 2010 sobre la detención del demandante por presuntos abusos sexuales a menores, bajo titulares especialmente sensacionalistas.

Aunque realmente la detención se llevó a cabo, poco tiempo después el guardia civil fue puesto en libertad dado que no había prueba alguna en su contra. Pese a ello, el rotativo optó por primar “el afán” de primicia informativa sobre el cumplimiento del requisito de veracidad. Y ello es así en cuanto que en la noticia se aseguraba que habían consultado a padres presuntamente afectados y a la Guardia Civil. Pero lo cierto es que nunca se llegó a identificar la identidad de estas fuentes, “con un mínima precisión como requería la gravedad de los hechos imputados”. Y todo ello, pese a que estas acusaciones dan lugar a una repulsa especialmente intensa entre la sociedad, aumentada en este caso por la condición de guardia civil.

La Sala dice que aunque es cierto que el periodista no está obligado a revelar sus fuentes, en caso de que la noticia no sea cierta debe asumir su responsabilidad por vulnerar los derechos fundamentales. Lo contrario daría lugar a “una absoluta indefensión” de los afectados, tal y como ocurrió en esta ocasión. El Supremo considera probado que este tipo de información “entraña necesariamente un grandísimo descrédito en la consideración de la persona a la que se refiere”, por lo que haberla contrastado era “de máxima intensidad”.

El Ministerio Fiscal tachó de “inveraz y no comprobada” la información que supuso “un grave descrédito” para el exguardia civil, que quedó identificado mediante fotografías de su domicilio y con referencias a su situación laboral y estado de salud. Entre las falsedades de la noticia estaba, por ejemplo, que se habían encontrado un millar de archivos de contenido pedófilo.

La cuantía de la sanción quedó fijada ya en primera instancia teniendo en cuenta las circunstancias personales del demandante, la divulgación de sus datos personales, profesionales y de salud, la reiteración en la publicación de la noticia sin hechos nuevos que la justificaran o la gravedad de la lesión efectivamente producida teniendo en cuenta la difusión del digital y del periódico.

También se valoró el lugar de residencia, tratamiento tipográfico de la noticia que salió publicada siempre en gran tamaño y con llamativos titulares y la incidencia del padecimiento previo del demandante. No obstante, igualmente se tuvo en cuenta la pequeña tirada del periódico y la ausencia de incremento de ventas o de publicidad tras la publicación.

Por ello, el Supremo considera que la cifra de 60.000 euros es “minuciosa y ajustada a los parámetros legales” y adecuada para reparar el daño moral infligido al demandante que en aquel momento estaba atravesando una depresión. No menos importante es que se imputaran unos hechos que se le atribuían en el entorno de sus propios vecinos y de los compañeros de colegio de sus hijos.

Lo cierto es que las otras dos sentencias anteriores no fueron menos contundentes. A su paso por la Audiencia Provincial los jueces acusaron al rotativo de haber hecho suya la noticia, “relatando hechos que se han revelado objetivamente inciertos” y de incurrir en atribuciones falsas “sin contrastar” y que debían proceder de rumores oídos en el vecindario.

Todo ello resulta “grave”, por cuanto se intentó hacer creer al lector que los hechos eran ciertos, incluso en el uso del tiempo verbal. También se consideró que los redactores hicieron escarnio del estado depresivo en el que se encontraba el guardia civil, por medio de datos que son “absolutamente innecesarios para dar una noticia neutral y son añadidos para aumentar el interés morboso y denigrar al sujeto de la noticia”.

Coalición Canaria (CC) se ha querido desmarcar del empresario Pedro Cobiella, tras darse a conocer este jueves su aparición en los conocidos como papeles de Panamá. Desde la formación política se indica que la única relación que existe con el propietario de Hospiten es “la simpatía que nos dice tener. No obstante, al parecer también tiene simpatías por el PSOE y el PP”, indican.

Por otro lado, la vicesecretaria de Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias, Victoria Francisco, considera que “al igual que piensa la mayoría de los ciudadanos no se puede entender que todavía no se explique si se va a seguir dando dinero público a ciertos señores para que se lo lleven a paraísos fiscales y no se genere ningún beneficio para las islas. Eso creemos que se llama amiguismo”.

Desde UGT, se sostiene que noticias como éstas son consecuencia de haber dejado al Gobierno central del Partido Popular (PP), “hacer lo que quiera en sanidad” y cargarse el sistema público a favor del privado. “El dinero evadido podía muy bien haberse dedicado a construir nuevos hospitales o dotar mejor a los existentes”.

Por último, la vicesecretaria indica que la diferencia entre la sanidad pública y la privada es precisamente que la primera vela por la salud de los ciudadanos, mientras que la segunda sólo está pendiente de los beneficios.

Por su parte, desde el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) se limitan a señalar que se debe esperar a ver si son ciertas las acusaciones y en ese caso, “sólo se puede pedir que se cumpla la ley”.

Ángela Gil Rodríguez ejerció como secretaria del alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, desde el 13 de junio de 2015 hasta el pasado 8 de enero. Ese día presentó ante el Registro Municipal una carta por medio de la cual renunciaba al cargo de confianza alegando haber recibido un trato “hostil y denigrante” hacia su persona, “sin motivo alguno, afectando incluso a mi salud”.

En la misiva, la exsecretaria señala que “el diálogo y la comunicación en un puesto de trabajo es fundamental, y a raíz de este trato ya no existe ningún tipo de comunicación, más allá de lo estrictamente necesario”, con el alcalde. Pero además subraya que se produjeron injerencias en su vida privada por parte de personas “muy allegadas” al primer edil, “mediante mensajes” de whatsapp o incluso en su propio despacho. “Injerencias que no voy a seguir permitiendo y mucho menos en un puesto de trabajo”.

Motivos todos ellos que asegura haber comunicado tanto al alcalde como al primer teniente de alcalde, Jacinto José Correa, cuando decidió su renuncia, momento en el que también entregó las llaves de la Alcaldía.

La exsecretaria asegura que, en su momento, asumió esta responsabilidad “con mucha ilusión y ganas de trabajar al lado de una persona a la que admiraba y respetaba, y apoyé para que hoy en día ostente el cargo de alcalde de nuestro muncipio”.

La oposición considera que el escrito “tiene su relevancia” ya que en su día se intentó camuflar esta dimisión como un período de vacaciones y luego como una renuncia. De hecho, fuentes municipales aseguran que la carta fue bloqueada en el registro del Ayuntamiento, por lo que fue imposible acceder a su contenido hasta hace pocas fechas.

La razón de que no se haya querido hacerla pública es, según estas fuentes, “porque viene a poner a las claras el talante autoritario e intransigente de nuestro alcalde, que lejos de tener un cambio de actitud con respecto al anterior, Macario Benítez, no ha hecho más que seguir los mismos pasos”.

La Audiencia Provincial considera sólidos los indicios de que el dinero pagado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la adquisición de las once parcelas del frente de Las Teresitas, “era muy superior al valor real de las fincas, por lo que la compra supuso una merma innecesaria en los caudales de la entidad pública”.

La Sala se pronuncia de esta manera al rechazar un recurso de apelación presentado por los propietarios de Inversiones Las Teresitas (ILT), Ignacio González y Antonio Plasencia, vendedores de los terrenos, por medio del cual intentaban que se archivara la causa conocida como caso Las Teresitas y por lo tanto evitar sentarse en el banquillo de los acusados. Muy al contrario, la Audiencia considera que para cerrar la operación de compra, “se adoptaron y dictaron resoluciones administrativas contrarias a derecho”.

Elementos todos ellos que se creen suficientes para ver “probable” estar ante la presencia de un delito de prevaricación y malversación en el que también estarían involucrados representantes públicos y funcionarios. Y ello en la medida en que “pudo haber concierto previo, entre todos para llegar al fin, que era la compraventa”. Por tanto se estaría aún muy lejos de la “completa” falta de indicios precisa para proceder al archivo de la causa penal.

Uno por uno la Audiencia rechaza los argumentos esgrimidos por la defensa de los empresarios, y sin embargo, se ratifican pruebas realizadas como un análisis caligráfico sobre diversos documentos suscritos por los dueños de ILT, tras los cuales la juez que tramita esta causa consideró preciso acceder a los originales.

La Audiencia sostiene que la defensa de González y Plasencia tenían que haber presentado argumentos “reales y efectivos” y no “potenciales y abstractos”. Admite que aunque es cierto que los “cómplices”, papel que en este caso ocuparían los funcionarios y políticos, no pueden ser acusados de cometer un delito especial de forma directa, como serían los de malversación y prevaricación, si pueden incurrir en “inducción y cooperación necesaria”.

Por lo tanto, ya nada impide que los empresarios se siente en el banquillo a partir del próximo 12 de septiembre y hasta el 28 de octubre, junto con otros once acusados más. A todos ellos se les atribuye haber incurrido en el presunto “pelotazo” por el que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña compró por 52 millones de euros terrenos en la playa que el propio Consistorio había valorado en la mitad.

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de cárcel para los trece procesados, entre los que figura el exalcalde de la ciudad cuando se cerró esa operación urbanística, Miguel Zerolo, exsenador de Coalición Canaria para quien solicita 8 años, igual que el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo. También se piden cuatro años a los exediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP), así como para los empresarios y para sus hijos Carlos Plasencia y Pedro González.

La Fiscalía pide cuatro años para el exsecretario general municipal, Eugenio de Zárate, y para el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, así como a los funcionarios Antonio Messia, Víctor Reyes y José Luis Roca. La Fiscalía imputa a los funcionarios y cargos públicos presuntos delitos de prevaricación, por lo que pide inhabilitación especial, y de malversación de caudales públicos, que conllevan las penas de prisión.

A los empresarios el Ministerio Fiscal les atribuye presuntos delitos de malversación de caudales públicos. En su escrito de cargos, la acusación pública relata el proceso presuntamente urdido por los procesados para que en 2001 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comprara por 52 millones de euros terrenos situados en primera fila de la playa de Las Teresitas a la sociedad Inversiones Las Teresitas SL, propiedad de Plasencia y González, a pesar de que la arquitecta municipal del Consistorio los había valorado en 19,2 millones de euros.

El Ministerio Fiscal acusa a los imputados de “comportamiento arbitrario y postura antieconómica e irracional en la fijación del precio pagado a los empresarios”, que obtuvieron un lucro final de 39,4 millones de euros a costa de “las arcas municipales y en definitiva, al pueblo de Santa Cruz”.

La Fiscalía afirma que el alcalde Miguel Zerolo y el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, dieron instrucciones para que se acomodara “la actuación completa de la administración municipal” para llevar a efecto lo que estaba pactado previamente con los empresarios, aunque se beneficiaba “única y exclusivamente a la parte privada a costa de un grave perjuicio a las arcas municipales”.

Agrega que de los 109.420 metros cuadrados de los terrenos que pensaba adquirir el Ayuntamiento, 63,700 ya habían sido cedidos gratuitamente al municipio en 1986, mientras que 9.076 estaban dentro de la línea de deslinde marítimo-terrestre, lo que, según las conclusiones de la Fiscalía, ya había sido advertido por la arquitecta municipal. La operación de compra de esos terrenos fue anulada años más tarde por el Tribunal Supremo.

Las obras de vallado de la Zona Franca de Tenerife (ZFT) del puerto de Santa Cruz, situada en la Dársena Pesquera, han sido criticadas por un grupo de vecinos que suele utilizar este espacio como lugar de paseo, para hacer deporte o para pasear a su perro.Y es que en estos momentos se interrumpe el paso en prácticamente toda el área. “Al parecer están protegidos los lugares donde ha aparecido el rabo de gato”, indica con ironía una vecina que suele acudir todos los días a este lugar para pasear a su perro.

Hace poco esta era una de las zonas más utilizadas por los chicharreros para caminar con tranquilidad. Sin embargo, desde hace unas fechas estos vecinos ven como se están cerrando todas y cada una de las parcelas y se impide el paso por las aceras.

Y es que la Autoridad Portuaria está llevando a cabo las obras de vallado de la Zona Franca. Desde el pasado 1 de mayo la Unión Europea (UE) ha impuesto esta obligación dentro de lo que se denomina Nuevo Código Aduanero. Fuentes del organismo estatal confirmaron que se trata de delimitar cada una de las parcelas en las que irán ubicadas y operarán la distintas empresas.

En este momento, la Autoridad Portuaria intenta acceder a la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA), lo que convertiría a la ZFT en una de las primeras zonas francas que obtienen esta denominación en el marco de la UE.

En este sentido a principios de este mes firmó un convenio por medio del cual se apuesta por introducir en el recinto de la ZFT todas las medidas que resulten necesarias para cumplir con los altos estándares de seguridad que se exigen internacionalmente para garantizar la cadena de suministro a través del OEA.

Precisamente, uno de los ejes del proyecto del Corredor Atlántico consiste en asegurar que los intercambios comerciales que se produzcan entre las zonas francas de tres continentes se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles. Por ello, la obtención de la certificación como OEA por parte de las empresas y zonas francas que participan en él resulta esencial para el éxito del proyecto.

Este auge de la figura del OEA como garantía de operador fiable, encuentra su máximo exponente en el Nuevo Código Aduanero de la Unión Europea, cuya normativa los sitúa como la piedra angular para agilizar cualquier tipo de trámite.

Los cinco concejales del Partido Socialista de Canarias-PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna firmaron el 12 de diciembre pasado un escrito por medio del cual renunciaban a sus responsabilidades y a seguir formando parte del pacto suscrito con Coalición Canaria (CC).

El día 11 de diciembre, cuando el alcalde, José Alberto Díaz, cesó al portavoz socialista, Javier Abreu al frente de sus responsabilidades como concejal delegado de Aguas y de Teidagua, el PSOE dio un plazo de 24 horas para que fuera restituido en sus cargos. Dado que no ocurrió así, los cinco concejales firmaron un escrito en el que anunciaban su pase a la oposición, al considerar que se había producido “un grave incumplimiento” del acuerdo firmado.

Los concejales socialistas estimaban que la decisión tomada por el alcalde había generado “un clima de inestabilidad que perjudica a la gestión municipal en el momento en el que se debaten los presupuestos de la Corporación y otras cuestiones de especial relevancia para el municipio”.

Pese al contundente tono utilizado en las dos cartas y a que en una de ellas la dimisión se daba por hecha, lo cierto es que al final todos los concejales continuaron en sus puestos como si nada hubiera pasado. No sería hasta hace escasas fechas y tras consumarse el cese de Abreu como primer teniente de alcalde, cuando dos concejales socialistas, Yeray Rodríguez y Zebensuí González, decidieron abandonar el grupo de gobierno. Finalmente, sólo Rodríguez ha decidido mantener su renuncia.

En el escrito en el que se da por hecha la dimisión en bloque se habla de un incumplimiento “flagante” del acuerdo suscrito entre las dos fuerzas políticas y de una ruptura “unilateral” del mismo por parte de CC. La decisión de romper el pacto, además, no fue adoptada por los concejales, sino que se trataba de un acuerdo tomado por la Comisión ejecutiva municipal.

La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a pagar 420.500 euros a la empresa constructora del edificio de los juzgados de Aguere situados en la plaza del Adelantado. El ejecutivo autónomo pretendió aplicar con carácter retroactivo una tasa por dirección e inspección de obras.

Hacienda apeló a los recortes del Gobierno central y el consiguiente desequilibrio financiero que había traído consigo, lo que bajo su punto de vista obligaba a que la empresa participara en “una distribución más equitativa en el reparto de la carga tributaria”.

Tanto el TSJC a través de esta sentencia firme, como la constructora, consideraron que la tasa no debía ser aplicada ya que entró en vigor después de la firma del contrato. El TSJC también recordó que varios técnicos de la Consejería emitieron informes discrepantes, que no se tomaron en cuenta. La constructora defendió que durante todo el tiempo que duraron las obras jamás se planteó aplicar la tasa, de manera que su cobro suponía “la ruptura del equilibrio económico” por una decisión “arbitraria” del ejecutivo.

Lo cierto es que con esta sentencia el edificio ha costado ya casi seis millones más de lo previsto inicialmente. En concreto, las obras se adjudicaron en 2005 por 21,6 millones y al final han acabado costando 27,4 millones. Sin embargo, desde el ejecutivo se defiende que muy al contrario su puesta en funcionamiento implica un ahorro anual de casi 300.000 euros, cantidad que se pagaba anteriormente en alquileres.

Nuevos afiliados que domicilian sus cuotas en cuentas de miembros de la Comisión ejecutiva municipal, personas que vuelven a pedir inscribirse antes de que tengan lugar procesos precongresuales y que se han dado de baja inmediatamente después o que tienen la residencia habitual en otro municipio que no es La Laguna o que aspiran a tener carnet sin contar con un documento de identificación válido.

Esta es parte de la lista de irregularidades que la secretaria de Organización del Partido Socialista Canario-PSOE de La Laguna, Silvia Maestre, remitió a finales del pasado mes de febrero al Departamento Federal de Afiliación y Censo (DFAC). El resultado es la Dirección nacional del PSOE efectivamente les ha dado la razón en 17 de los 83 casos denunciados, con lo cual se confirman las sospechas de pucherazo en el seno del PSOE lagunero.

Lo curioso del caso es que esas irregularidades han sido esgrimidas por la Secretaría de Organización del PSOE canario como uno de los motivos para disolver la Agrupación Local y pedir a Ferraz que autorizase la creación de una gestora. Unas irregularidades que se hicieron “en todos lo casos en la sede autonómica del partido” y además “al mismo tiempo”, es decir, supuestamente con la necesaria participación del departamento que dirige Julio Cruz.

Como igual de sorprendente es que, como ha certificado la dirección federal (como consta en el documento al que ha tenido acceso Canarias Ahora), “varias de las fichas tengan como titular del número de cuenta para la domiciliación de las cuotas a miembros de la Comisión Ejecutiva Municipal” y que los mismos sean las concejalas María José Castañeda y Mónica Martín, que se negaron a abandonar este cargo tras la renuncia del ex secretario local, Javier Abreu, así como María Margarita Coello Hernández (persona de confianza de Martín) y el marido de ésta, Edgar De la Hera Martínez.

También resulta llamativo que las afiliaciones denunciadas correspondan a personas que trabajan en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) en donde el ex presidente local, Pedro Ramos, ejerce como máximo responsable de Personal y Contrataciones, y que suene como futuro presidente de la gestora Carlos González Segura, actual director general de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud (SCS) y ex delegado del Gobierno en Tenerife.

Maestre ponía en evidencia lo que denominó en tono diplomático, “una forma inusual de formalizar las solicitudes de afiliación” a muy pocas fechas del Congreso Federal y del resto de procesos congresuales, lo que hacía temer “una burda manipulación de dichos procedimientos”.

Es decir, y según han asegurado fuentes consultadas lo ocurrido, que según aseguran resulta inédito en la historia de la agrupación local lagunera, “beneficiaría al sector que encabeza Patricia Hernández”, toda vez que los damnificados en esta operación han sido del sector afín a Abreu, que se ha enfrentado tanto a la actual dirección regional como a la propia vicepresidenta del Gobierno y aspirante a dirigir el PSC tras el próximo Congreso Regional.

El exsecretario del Ayuntamiento de Arona, Cristián Marcelino Represas, ha sido llamado a declarar en calidad de investigado el próximo 11 de mayo, dentro de la causa penal conocida como Arona-2 que aborda todo lo relacionado con la aprobación en 2010 del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio.

Los hechos que se le atribuyen son supuestamente no haber advertido al pleno de que en el documento que se aprobaba no sólo se había incluido la respuesta a los reparos que impuso la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), sino también presuntamente otras modificaciones.

El Juzgado de Primera instancia número 4 de Arona dividió esta trama en dos partes, de los cuales el Arona-2 estudia la comisión de una posible prevaricación por parte de 15 investigados. Las comparecencias se están llevando a cabo entre los días 20 de abril y 11 de mayo. En la primera fecha fueron llamados a declarar en calidad de imputados o investigados, según la reforma de la Ley Penal, el exconcejal de Urbanismo y teniente de alcalde, Antonio Sosa, la exconcejal de Recursos Humanos y Hacienda, María Candelaria Padrón, y el exconcejal de Cultura, Miguel Ángel Méndez, todos ellos de Coalición Canaria (CC), y el abogado Jesús Ramón García.

Fueron citados para comparecer también como imputados, justo una semana más tarde, Antonio Miguel García Marichal, actual consejero insular y portavoz de CC en el Cabildo, el exconcejal de Deportes, Francisco Enrique Toledo, y la exedil Martina Melo Melo, ambos de CC. También está llamado a declarar Manuel Reverón González, familiar del anterior alcalde, José Antonio Reverón.

La actual concejal de CC en Arona, Clara María Pérez, el exconcejal de Turismo, Ángel David Herrera, y la exconcejal Dácil María García, ambos también de CC, y Pedro Antonio González, quien fue miembro de la Corporación local por el Centro de Arona (CAN), prestaron declaración como investigados ayer, 4 de mayo. Finalmente, en esta misma situación procesal comparecerán el día 11 de mayo los exconcejales José Agustín Sierra Fumero y José Esteban Alayón, ambos del Partido Popular (PP), y el secretario que en pricipio había sido llamado a declarar como testigo.

En esta causa también permanecen como imputados la diputada nacional en funciones y concejal del PP en Arona, Águeda Fumero, el exalcalde y los exconcejales José Luis González, del Centro Canario Nacionalista (CCN), Manuel Barrios Rodríguez, del CAN, el exresponsable de Hacienda de CC, Sebastián Martín Martín, el exconcejal del PP, Félix Sierra, Daniel Martín Navarro (CAN), y Juan José Alayón Beltrán y Alfonso Barroso Armas también de CC. Todos ellos, menos Fumero y Sebastián Martín, se sentaron en el banquillo de los acusados durante varios meses por la vista oral del caso Arona 1.

Dado que según la nueva ley podría correrse el riesgo de que la causa quedara archivada por sobrepasar los plazos estipulados, la juez decreta que se cumplen los requisitos para considerarla compleja. O lo que es lo mismo, que se analizan diversos hechos punibles, se involucra a gran cantidad de investigados o víctimas y se requiere el análisis de abundante documentación. Por ello, se otorga un plazo de un año y medio, prorrogable, para concluir la instrucción, período que se podrá interrumpir en caso de decretarse el secreto de sumario o el sobreseimiento.

El PGO de Arona ha quedado ya anulado en la vía contencioso administrativa por cuatro sentencias firmes del Tribunal Supremo (TS), debido a que en su momento no se incluyó la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Pero además, en esta causa penal se ha imputado a todos los miembros del pleno de la Corporación que en 2008 votaron a favor (CC-PP-CAN) a pesar de la existencia de informes jurídicos que advertían de que el documento se había modificado y de que no se llevaron a cabo las subsanaciones exigidas.

Uno de los dictámenes correspondía a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento y en el mismo se contemplaba que los cambios hechos “se han excedido de lo permitido, constituyendo una verdadera modificación del plan”. Y todo ello después de que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) ordenase una serie de correcciones al planeamiento en 2006. Finalmente, en 2010 se llevó a cabo una aprobación parcial que luego ha sido repetidamente anulada por los tribunales.

A esta presunta irregularidad se suman las 131 licencias urbanísticas concedidas entre 2006 y 2011, “sin respetar los trámites establecidos adoptando decisiones contrarias a las que en derecho procedían”. Finalmente se acordó separar dentro del caso Arona 2 por un lado la aprobación del PGO y por otro la concesión de permisos, con el fin de agilizar la causa.

La consejera de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, Josefa María Mesa Mora, asegura que La Laguna es el único municipio de la isla con un Plan Especial aprobado que incumple con la obligación de solicitar la conformidad de la Institución insular a la hora de ejecutar obras. La situación sería aún más grave cuando se da la circunstancia de que el casco de Aguere ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La consejera se ha posicionado de esta manera después de que la formación política Podemos presentara al Pleno una pregunta sobre el enfrentamiento que actualmente existe entre el Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo por esta cuestión.

La formación política Unid@s Se Puede está trabajando ya en la presentación de un recurso administrativo, una vez que tiene en su poder los distintos informes emitidos que apuntan a que, efectivamente, se ha incumplido la legislación canaria en materia de Patrimonio. El portavoz de Unid@s Se Puede en La Laguna, Rubens Ascanio, considera que “estamos obligados a clarificar todo lo que ha ocurrido, primero en la vía administrativa, y luego si se dan las circunstancias, en la judicial”.

Esta formación política sostiene que el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, podría ser responsable, primero como concejal de Urbanismo desde 2007 a 2009, y a partir de entonces como alcalde. Ascanio señala que en el contenido anteproyecto de Ley del Suelo, impulsado por Clavijo se percibe “un alto grado de relación” con lo que ha tenido lugar en La Laguna. Y especialmente con el intento de que los ayuntamientos no tengan que pedir la conformidad al Cabildo para gestionar sus cascos históricos.

Ascanio mantiene que a estas alturas del debate ya ha quedado claro que, durante una década, La Laguna ha incumplido la normativa, y además lo ha hecho de forma reiterada y consciente. El resultado va más allá de un simple error burocrático y tiene consecuencias directas sobre el patrimonio, alguna de cuyas piezas se han visto seriamente modificadas.

Pone como ejemplo las obras en la conocida como Casa de Franco Castilla, cuyo interior ha sido vaciado, con lo que se han perdido gran parte de los valores patrimoniales que la habían hecho acreedora de la máxima protección dentro del Plan Especial de Protección (PEP). “Tal vez si se le hubiese permitido intervenir al Cabildo el resultado hubiese sido muy diferente”, indica.

Es el caso de la remodelación de la plaza de la Catedral, donde al final se impuso el criterio de la institución insular, más conservacionista que el proyecto defendido por Arquitectura, Urbanismo y Cooperación (AUC), empresa que hasta 2014 gestionaba el casco histórico.

En un reciente reunión de la Comisión municipal de Patrimonio Histórico, se abordó este asunto, pero Ascanio critica que no se les facilitara a la oposición ni a los colectivos allí presentes informe alguno que avale la posición defendida por el grupo de gobierno. “Poco menos que nos han pedido un acto ciego de fe para que nos creamos lo que ellos dicen”, indica.

Por lo pronto, el punto de vista de la oposición es radicalmente distinto y sostienen que estamos ante “un grave problema y una irregularidad total”. Para el alcalde, José Alberto Díaz Domínguez, la discusión se limita a un problema burocrático, pero Ascanio responde que el proceso administrativo precisamente ha sido creado para garantizar la conservación de los bienes protegidos.

Por último el concejal se lamenta de que los medios de comunicación “tradicionales” han empleado más espacio a informar sobre la posición de la Gerencia de Urbanismo que sobre el fondo del asunto. Lo que achaca al reparto “discrecional y caprichoso” de publicidad institucional. “De ahí se deriva que muchos periodistas tienen miedo a informar no sea que les vayan a retirar la ayuda”.

La negativa a que la oficina del Plan Especial de Protección (PEP) de La Laguna continuara abierta al público para asesorar y atender directamente a los vecinos, fue la causa por la que en 2014 la anterior directora del PEP, María Luisa Cerrillos, decidió renunciar a seguir gestionando el Centro Histórico. Por aquellas fechas, su empresa, Arquitectura, Urbanismo y Cooperación (AUC), acababa de ganar por segunda vez el concurso para desarrollar el PEP, pero sorpresivamente, Cerrillos dio el portazo y abandonó de forma definitiva cualquier responsabilidad en Aguere.

En aquel entonces la adjudicataria presentó un recurso administrativo que parece más bien una carta llena de reproches hacia el entonces alcalde, Fernando Clavijo, hoy presidente del Gobierno canario y al concejal de Urbanismo, Juan Manuel Bethencourt, en la actualidad responsable de prensa del Ejecutivo. En el escrito, Cerrillos se confiesa traicionada y culpa a ambos de haber cambiado de forma unilateral las condiciones del concurso. Y además, de haberlo hecho pese a que personalmente le aseguraron que harían justo lo contrario.

A grandes rasgos la función de AUC durante los siguientes dos años sería la misma que la desarrollada desde 2003: ejercer el asesoramiento técnico y emitir informes a la Gerencia de Urbanismo. En el pliego de la convocatoria se establecía que la gestión de la oficina del conjunto histórico no iba a cambiar y que se situaría en las dependencias de la Concejalía de Patrimonio Histórico y Servicio de Gestión del Casco en la plaza de la Junta Suprema.

La intención era seguir ofreciendo una atención directa, rápida, personalizada y eficaz a los vecinos con el fin de superar rigideces, un aspecto que la empresa de Cerrillos consideraba esencial y estratégico y que se negó a modificar. Sin embargo, la decisión del exalcalde pasaba por eliminar esta oficina, pese a que según sus responsables los resultados habían superado las expectativas más optimistas obteniendo logros efectivos y tangibles. Especialmente en lo que se refiere al establecimiento de un relación ágil, fluida y eficaz con los vecinos.

La propuesta de Clavijo implicó la desaparición del concepto de ventanilla única y la ruptura de la relación directa con los usuarios. Este aspecto iba en contra de la propuesta presentada por AUC, que había resultado ganadora y determinó su posterior renuncia a gestionar el casco histórico. Ya en 2003, la empresa había hecho del contacto con los vecinos su principal sistema de trabajo y así lo quería seguir haciendo.

En el recurso se hacía mención a una reunión celebrada a principios de 2014 en el despacho de la Alcaldía en la que Clavijo asumió diversos compromisos que a continuación resultaron ser radicalmente distintos a los que se reflejaron en el acuerdo de adjudicación. Por ello, la arquitecta se mostró decepcionada por la falta de palabra del exalcalde y decidió su renuncia, pese a que en aquel momento ya había depositado el aval y la documentación correspondiente.

Cerrillos consideraba innegociable que las funciones de la oficina abarcaran mucho más que la simple redacción de informes y quería añadir a esta tarea otras actuaciones que complementaran la atención a los ciudadanos y usuarios y lograr la complicidad con éstos. Por ello, su postura era calificada por la propia directora como transparente y coherente con la propuesta presentada y ganadora y con su forma de trabajar durante más de una década. De esta manera, se dio la inédita circunstancia de que los ganadores del concurso presentaron un recurso contra el acuerdo que los convertía en adjudicatarios.

AUC resultó concesionaria del concurso en 2003 y en 2005 logró que se aprobara el PEP después de hacer frente a problemas surgidos con Icomos. Esta entidad que asesora a la Unesco llegó a alertar de que Aguere podría perder el título de Patrimonio de la Humanidad si aprobaba un documento que, según aseguraban, ponía en peligro los valores que le hicieron acreedora de este reconocimiento.

Cerrillos también tuvo que enfrentarse a las críticas de asociaciones vecinales, empresarios y el propio Cabildo. Desde 2005 y hasta 2014, AUC asumió las riendas de la oficina del PEP y tras las desaveneciencias surgidas con el exalcalde y exconcejal de Urbanismo optó por renunciar al concurso que acababa de ganar. Ahora se ha entrado en un nuevo capítulo, en la siempre ajetreada gestión del Centro Histórico lagunero, al trascender que las licencias otorgadas desde 2005 podrían ser ilegales ya que nunca se solicitó la conformidad del Cabildo, tal y como determina la legislación canaria.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife está cuadrando las fechas para que a lo largo del próximo mes de octubre los exdirectivos de la Junta de Compensación de Las Teresitas se sienten en el banquillo de los acusados. La Fiscalía Anticorrupción acusa al asesor legal, Mauricio Hayek, al expresidente, Jerónimo Delgado, al extesorero, Clemente Martín y al exsecretario, Álvaro Fernaud de los presuntos delitos de apropiación indebida y falsificación de documentos públicos y privados. El Ministerio Público solicita penas de cárcel que suman 23 años y ocho meses y la devolución de alrededor de 2,5 millones de euros.

Esta pieza separada del caso Las Teresitas investiga las irregularidades cometidas tras la venta por parte de la Junta de los terrenos de la playa a Inversiones Las Teresitas (ILT), propiedad de Ignacio González y Antonio Plasencia en el año 1998 por 33 millones de euros. Las penas solicitadas por el Ministerio Público abarcan entre los ocho años para el asesor jurídico y la exigencia de dos millones de euros, cinco años y medio para Delgado así como para el extesorero y cuatro años y medio para Fernaud, además de multas de diez meses para todo ellos, excepto para el último, para el que sería de quince. Para los acusados, la Fiscalía Anticorrupción exige la asunción de responsabilidad civil que para Martín Rodríguez y Delgado suman 126.212,46 euros para cada uno.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que existen pruebas sólidas de que se dejaron de pagar a los propietarios de los terrenos del frente y la trasera de la playa alrededor de cinco millones de euros en cantidades que oscilan entre los 883.500 euros del Ministerio de Defensa, los 487.000 del Club Deportivo San Andrés o los 421.000 que no se le pagaron a particulares.

Además, existe un grupo de alrededor de un centenar de pequeños propietarios de Las Huertas cuyos terrenos fueron vendidos sin que recibieran nada a cambio y medio centenar de Montaña Morera cuyas casas han desaparecido del Registro de la Propiedad en el que los terrenos aparecen aún a nombre de ILT.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que Hayek se aprovechó de su ventajosa condición para obtener un “ilícito beneficio económico” hasta el punto de conseguir que el secretario emitiera un certificado en el que se reflejaba que era propietario de más terrenos que los reales. La presunta falsificación de estos documentos implicaría que años después se anularía el proyecto de reparcelación en el que se recoge el índice de participación de cada uno de los propietarios.

De esta manera, según el escrito, se habría justificado el cobro de las cantidades indebidas que el abogado había recibido ya de la Junta, lo que posibilitó que hiciera suyos esos dos millones de euros a través de distintas operaciones. En el año 2008, el Juzgado procedió a la retención de cerca de seis millones de euros que estaban en su poder.

Igualmente, se mantiene que el abogado convenció al resto de los directivos de la Junta para que se le permitiera ingresar en su propia cuenta un cheque por valor de 851.000 euros. Un dinero que iba a servir para cumplir con la reclamación de Defensa sobre la batería militar pero que se empleó en crear un fondo de inversión.

El abogado también es acusado de hacerse con casi 300.000 euros mediante el cobro de talones al portador y para evitar ser identificado por medio de una serie de cheques de importe que, en un caso, sumó 43.200 euros. Pero, en general, estos documentos no pasaron de los 3.000 euros con el fin de impedir el rastro y seguimiento, tal y como permitía la legislación bancaria en aquel momento. Además, siguiendo esta misma técnica, también cobró 216.000 euros por un lado y 36.000 por otro.

Por todo ello, no es raro que ya en 2007 las cuentas de la Junta apenas registraran un saldo de 5.122 euros a través de una técnica de cuyo diseño se responsabiliza directamente a Hayek. “Y todo ello a pesar de que un abundante número de propietarios cuyos derechos aparecían ya recogidos en 1989 dejaron de percibir el importe de sus respectivos derechos, o bien los recibieron en cantidad inferior a la que les correspondía. No existiendo por lo tanto capital a favor de la Junta con el que atender a los derechos económicos de los mismos”.

La Fiscalía apunta que, tras cobrar de ILT, se registraron intereses en las cuentas de la entidad de casi 800.000 euros que tampoco fueron repartidos entre todos sus miembros “y desconociéndose el destino de los mismos”. Por todo ello, el Ministerio Público señala que los ahora acusados “guiados por el ánimo de obtener un ilícito beneficio económico, lejos de cumplir con el cometido de las obligaciones inherentes a los cargos que ocupaban, se aprovecharon de su situación”.

Para ello dispusieron “fraudulentamente” del patrimonio de la Junta “en evidente detrimento de los integrantes de la misma. Todas las cantidades obtenidas por los acusados se hicieron efectivas a pesar de que eran plenamente conscientes de la existencia de numerosos propietarios cuyos derechos económicos no habían sido satisfechos y de estar en los coeficientes de repartos que manejaban los órganos directivos”.

Con respecto al tesorero, se le acusa de haber actuado “con clara connivencia” con los demás encausados, “prevaliéndose de su condición, siendo plenamente conocedor de la situación económica de la Junta, haciendo uso de un acuerdo de delegados y sin someterlo a posterior valoración de la asamblea como ordenan los estatutos”.

De esta manera “absolutamente fraudulenta” y usurpando las funciones de la voluntad mayoritaria consiguió obtener la cantidad de 135.000 euros que también cobró a base de diversos cheques, uno por 74.000 euros y los demás por cantidades menores a los 3.000. Por su parte, el presidente utilizó la misma técnica para hacerse con una cantidad idéntica. En cuanto a Fernaud, se considera que en su condición de secretario y haciendo uso de las facultades expresamente conferidas por la legislación emitió un certificado por el que permitió que Hayek cobrara más de lo que realmente le correspondía.

Las investigaciones de esta pieza separada el caso de Las Teresitas fueron desde un principio asumidas por Lucía Machado, titular del Juzgado de Instrucción número 5 durante los últimos diez años. En este tiempo han sido llamados a declarar como testigos la práctica totalidad de los antiguos propietarios de la playa y de la trasera conocida como Las Huertas y Montaña Morera.

Además, hay otra pieza que analiza las cuentas del Centro Canario Nacionalista (CCN) cuyo presidente Ignacio González, es hijo del empresario del mismo nombre que compró y vendió estos terrenos. A finales de año está previsto que tenga lugar el juicio que sentará en el banquillo al exalcalde, Miguel Zerolo y otros doce acusados, entre los que figuran políticos, empresarios y funcionarios por presunta malversación y prevaricación en lo que supone el núcleo central del caso de Las Teresitas. Hace algunas fechas tuvo lugar el juicio civil que da cumplimiento a la anulación de la compraventa de los terrenos, aunque la sentencia no será emitida hasta que se conozca el resultado de la causa penal.

El exgerente de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi), Víctor García Díaz, ha sido llamado a declarar a las diez de la mañana del próximo día 17 de marzo en calidad de imputado, en relación con la supuesta malversación de fondos públicos. Este caso está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife, a cuyo frente está la magistrada Eva Esther Juárez.

García Díaz y el anterior director financiero de Sinpromi, Andrés Hernández Pedreira, son los dos únicos imputados que actualmente existen en esta causa en la que se investiga si ambos pudieron haberse hecho con grandes cantidades de dinero para uso particular. Las sospechas apuntan a que el montante del supuesto desfalco en esta sociedad dependiente del Cabildo de Tenerife podría sumar 1,7 millones, el doble de lo inicialmente calculado. A García Díaz y a la exconsejera Carmen Rosa García Montenegro se les acusa de no haber ejercido control sobre las cuentas de la entidad.

A principios del pasado mes de diciembre, prestó declaración como imputado en el juzgado Hernández Pedreira, quien supuestamente aprovechó su cargo de gerente de Sinpromi para hacerse con estos fondos.

En aquella ocasión también declararon en calidad de testigos la exconsejera delegada de la empresa pública insular Sinpromi, Carmen Rosa García Montenegro, y el exgerente de esa entidad y actual gerente de Aspronte (Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual), Víctor García, como imputado, en este último caso. En calidad de testigos lo hicieron el personal de administración y responsables de tres parkings dependientes de Sinpromi de los que supuestamente se habría sustraído la mayor parte del dinero público malversado.

Las sospechas apuntan a que los hechos podrían haberse extendido a lo largo de siete años. Las dificultades para investigarlos se concentran en la falta de control en las cuentas de los aparcamientos. Otra forma de conseguir fondos era a través de la venta de bonos de la compañía insular de transportes Titsa.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado el carpetazo al proyecto del puerto deportivo de Tacoronte al rechazar el recurso presentado por el empresario José Ana Pérez Labajos, por el que solicitaba que se le indemnizara con un millón de euros. A través de su empresa, Parque Marítimo Guayonge, el promotor pedía que la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario resolviera sobre la concesión del dominio público o si no que se le compensara.

El TSJC recuerda que no sólo el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Tacoronte se pronunciaron en contra del proyecto, sino que además se produjo una amplia oposición popular, por lo que finalmente el Ejecutivo autónomo se posicionó en contra de la iniciativa. El TSJC ratifica que el proyecto se sitúa en el Paisaje Protegido de la Costa de Acentejo, tal y como viene determinado en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).

El Ayuntamiento informó negativamente a la ejecución de la prevista red de infraestructuras viarias en cuanto que afectaría a la conservación de la Playa de la Arena y a la ejecución del refugio pesquero del Pris, actuación considerada prioritaria. La Corporación local estima que el nuevo trazado no está contemplado en el Plan General de Ordenación (PGO). El TSJC coincide con el empresario en que aunque los informes no son vinculantes, “tampoco existe ninguna obligación por parte de la administración de efectuar la concesión frente a informes disconformes de las demás administraciones implicadas”.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) a finales de 2006 publicó un anuncio de la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias donde se informó del inicio del periodo de exposición pública del proyecto y estudio de impacto ambiental de la concesión administrativa para la construcción y explotación del puerto deportivo y parque marítimo. Durante este período se llegaron a recibir más de dos mil alegaciones en contra de la iniciativa.

En aquel entonces el promotor aseguró que la playa de La Arena no se iba a ver afectada ya que toda la infraestructura se situaría en unos 60.000 metros cuadrados ganados al mar. También descartó que el puerto privado se planteara como un club para millonarios, sino que sería una instalación dirigida a la clase media.

Labajos planteó luego en los tribunales la quiebra de la confianza legítima, lo que dio lugar a que tuviera que hacer frente a numerosos y cuantiosos gastos. La negativa se basó en la campaña de oposición al puerto, lo que produjo un giro “diametral e inesperado” sobre la decisión de conceder la concesión. El TSJC, no obstante, a través de un fallo recurrible ante el Supremo, plantea que nunca existieron derechos consolidados y que tan sólo se dieron los pasos sucesivos.

Por lo tanto, los gastos se produjeron “a cuenta y riesgo” del promotor sin que el procedimiento garantizara el éxito. “Resulta imposible predecir desde el principio el éxito o el fracaso de la solicitud concesionada, con un estudio previo de todas las posibilidades de instrucción, que en cualquier caso le corresponderían también explorar al solicitante, pues estaban igualmente a su alcance”.

Los informes favorables sólo eran parciales y se descarta el argumento del empresario de que las administraciones ya conocían la ausencia de planeamiento territorial y que por lo tanto no se tendría que haber permitido la redacción del estudio de impacto ambiental en 2006. “La administración obró conforme a derecho, en tanto fue pidiendo a la actora todos los documentos ordenados como requisitos necesarios según el Reglamento y valoró finalmente en orden a todos los elementos en juego dentro de un marco de cierta potestad discrecional, sin infringir el ordenamiento jurídico”.

La construcción del puerto deportivo surgió hace ya casi una década y desde un principio se dio de frente con la oposición ciudadana, que se organizó a través del colectivo Tacorontesemueve, y las instituciones, aunque en este último caso en un primer momento apoyaron el proyecto. El Parque Marítimo en la Playa de El Camello, cerca de Mesa del Mar y Playa La Arena, fue presentado ante la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias en el año 2006 con el fin de conseguir una concesión.

El proyecto consistía en una instalación con capacidad para 500 atraques de embarcaciones deportivas, un parque marítimo con balneario, club náutico, piscina natural de 30.000 metros cuadrados y diversas modificaciones en los accesos a la zona, como la excavación de un túnel en el acantilado que forma parte del Paisaje Protegido Costa de Tacoronte y Barranco de Guayonge.

La movilización ciudadana realizó una campaña de recogida de firmas y logró presentar más de 5.000 alegaciones en las que se pedía al Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de Tacoronte y al Gobierno de Canarias que no se aprobara dicho proyecto por el grave impacto que supondría en la costa de Tacoronte, en un tramo protegido por sus valores ambientales. También otros colectivos como ATAN o Ben Magec y algunos partidos políticos, presentaron alegaciones. En 2008 finalmente se rechazó la solicitud de forma definitiva y cuando parecía que había sido descartada del todo el empresario retomó su intención de construir el puerto o en caso contrario recibir una indemnización.

De hecho, los colectivos ecologistas de Tacoronte sospechan que en un primer momento existió connivencia entre las instituciones públicas y el empresario para sacar adelante este macro proyecto. Sin embargo, luego el promotor se quedaría solo una vez que surgió la oposición ciudadana.

El Tribunal Superior de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso presentado por la empresa concesionaria del servicio de aguas de Santa Cruz de Tenerife, Emmasa, para que sea obligatoria la instalación de contadores de control en todos los inmuebles que dispongan de este tipo de elementos individuales. Unos elementos cuyo coste para las comunidades de vecinos es de 200 euros por recibo bimestral. Sacyr Vallehermoso como socia mayoritaria de Emmasa, presentó en su momento alegaciones a la ordenanza de instalaciones de abastecimiento y saneamiento de edificios y urbanizaciones aprobada a finales de 2013, que habían sido rechazadas.

Una vez interpuesto el recurso por parte de Valoriza, propietaria del grupo, ante el TSJC, el Ayuntamiento mostró su oposición, al señalar que la actual legislación no contempla la obligatoriedad de contar con el dispositivo. Además, tampoco existe norma alguna que obligue a los vecinos a afrontar este desembolso. El Ayuntamiento indica que, en todo caso, la inversión y mantenimiento tiene que ser asumida por Emmasa.

La Corporación local defendió que no le constaba que Valoriza estuviera legitimada ni participara en la gestión de estos servicios y se recuerda que no es posible la subcontratación de los mismos.

Emmasa considera que la existencia del contador de control es “imprescindible”, ya que es la única manera de constatar las posibles diferencias entre la cantidad global de agua suministrada al edificio y la suma de las mediciones de cada contador individual, independientemente de la existencia de un depósito de reserva común. Por lo tanto, Emmasa planteaba que esta petición no sólo era útil a la concesionaria, sino también a los ciudadanos.

El TSJC, por su parte, concluyó que efectivamente no le constaba que a Valoriza se le pueda reconocer legitimación activa para plantear esta cuestión ante los tribunales. Por lo tanto, deberá presentar otro recurso en el que acredite cuál es su vinculación con Emmasa y con la prestación de este servicio.

El Ayuntamiento de Tegueste ha sido condenado a pagar alrededor de 100.000 euros a la concesionaria del servicio de aguas del municipio, Aqualia, para compensar el déficit derivado de la negativa a aprobar un incremento de las tarifas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) considera que está justificado un incremento de las tarifas del 19,32% correspondiente al año 2011. A finales de 2010 la concesionaria presentó ante la Corporación municipal un estudio económico que respaldaba este aumento, pese a lo cual el Ayuntamiento se posicionó en contra.

Ante esta negativa y a continuación, en 2013, con el fin de mantener el equilibrio económico, Aqualia solicitó el abono por parte de la Corporación local de casi 100.000 euros, que se corresponde a la diferencia entre ingresos y gastos. El concesionario apeló a las condiciones fijadas en el contrato en las que se refleja la obligación del Ayuntamiento de compensar el déficit entre el costo del servicio y las tarifas vigentes.

Desde hace años hay abierta una guerra entre la Corporación local y Aqualia por los intentos de incrementar las tarifas, a lo que se ha negado el grupo de gobierno con el fin de que estos aumentos no repercutan en el bolsillo de los ciudadanos. Sin embargo, por lo pronto, ya se ha fijado un desembolso de 100.000 euros por las tarifas de 2011, a las que se podrían sumar la de los ejercicios siguientes, en caso de que los tribunales se pronuncien de idéntica manera.

En primera instancia el Juzgado de lo contencioso administrativo se puso del lado de la empresa, un fallo judicial que fue ratificado a finales del pasado año por el TSJC y que es firme. Los tribunales creen que se ha acreditado por medio de un informe pericial el desequilibrio económico, ya que existe una diferencia del 50% en las tarifas con respecto a otros municipios. Este déficit, además, sería consecuencia directa de la negativa municipal a incrementar las tarifas.

Los tribunales consideraron que la defensa del Ayuntamiento se basó “en meras alegaciones no sustentadas en prueba alguna”. La sentencia considera que no se está ante una revisión de precios, sino del cálculo del déficit del servicio que ha de ser cubierto por el Ayuntamiento con el fin de “procurar la adecuada gestión del servicio”. Y es que el TSJC cree que no se pueden producir pérdidas de ninguna manera porque “se pondría en riesgo la adecuada prestación del servicio si no se garantiza al contratista que no se romperá el equilibrio económico del contrato por causas ajenas a su responsabilidad”.

Un cambio legislativo promovido por un nuevo Real Decreto ha dado lugar a un hecho inusual en la Universidad de La Laguna (ULL): entre principios de año y hasta el 11 de febrero próximo, alrededor de 400 estudiantes están defendiendo contrareloj sus tesis doctorales. Un procedimiento enormemente complejo que ha obligado a la ULL a poner en marcha un dispositivo especial.

La nueva normativa impone que si las investigaciones no eran presentadas entre el 1 de octubre de 2015 y el 15 de enero de este año, los aspirantes a conseguir el Doctorado tendrían que someterse a un nuevo procedimiento que les sitúa prácticamente en la casilla cero. Y es que el Real Decreto impone una nueva metodología en cuanto a actividades investigadoras, entre otros requisitos.

De ahí la avalancha de trabajos registrados y de su defensa, en tan escaso período de tiempo, lo que ha puesto a prueba la maquinaria administrativa de la Universidad lagunera como habrá ocurrido en muy pocas ocasiones anteriores pese a sus más de trescientos años de vida.

Uno de los aspectos más complicados ha sido organizar los viajes de los profesores que deben participar en cada uno de los jurados que estudian las diferentes cuatrocientas tesis y que está formado por ocho docentes. Un auténtico embrollo en cuanto a reservas de billetes y alojamientos, más complejo aún cuando resulta que también los profesores de la ULL tienen que viajar fuera de la isla a realizar idénticas labores en otras universidades españolas.

Durante varios días de finales del pasado año y principios de éste, las dependencias de la ULL han permanecido abiertas, incluso hasta las nueve de la noche, para poder registrar el significativo número de tesis doctorales, que en algunas jornadas ha superado el medio centenar. Pocos estudiantes están dispuestos a volver a recorrer el camino iniciado en sus investigaciones, algunas ya de por sí muy complicadas.

El Real Decreto que regula las enseñanzas de Doctorado entró en vigor en febrero de 2011 y establece una disposición transitoria en virtud de la cual todas las personas que estuvieran haciendo su tesis en ese momento tenían un plazo máximo de cinco años para terminarla.

Por lo tanto, el límite temporal se sitúa precisamente en el próximo 11 de febrero, lo que está provocando un auténtico aluvión de solicitudes, por un lado. Y por otro también requiere de un esfuerzo organizativo sin precedentes para acoger a los miembros de los diferentes jurados formados por ocho profesores que deben atender a cada una de las investigaciones.

El Tribunal Supremo (TS) ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la reclamación de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias para que el Cabildo de Tenerife devuelva alrededor de un millón de euros por las obras en la avenida Rafael Puig en los municipios de Adeje y Arona, incluidas en el Plan de Excelencia del Sur. En concreto, el Ejecutivo canario exige el pago de 663.000 euros, más 226.000 euros, en concepto de intereses de demora. Los tribunales han detectado que existe un incremento del 40% en las obras que no se justificó, y por ello el Supremo emplaza al TSJC para que se pronuncie dado que se pudo haber infringido la legislación canaria.

El Gobierno canario concedió, en el año 2000, una subvención global de 1,8 millones de euros para la ejecución de este Plan que contaba con la participación del Cabildo, ayuntamientos de Arona y Adeje, la Unión Europea (UE) y la Asociación de Empresarios. La Consejería denunció en los tribunales que se habrían infringido diversos artículos de la Ley de Contratación.

Entre ellos que algunos proyectos redujeron su ámbito de actuación y en otros se incorporaron unidades de obras no definidas inicialmente por valor de 3,3 millones, lo que supuso una variación del 40% sobre el presupuesto inicial, frente al 20% que permite la UE. La respuesta del Cabildo es que no era de aplicación esta última legislación y que desconocía que las obras contaron con apoyo europeo. Al respecto, los tribunales recuerdan que la propia institución insular instaló unos carteles en los que se reflejaba la financiación a través de los fondos Feder.

A finales del pasado año el Supremo se pronunció el mismo día en dos ocasiones sobre esta cuestión, en una por un recurso presentado por el Gobierno canario y en otro por el Cabildo. La decisión fue que sea el TSJC el que ahora tenga la última palabra. Pero lo cierto es que de los cuatro pronunciamientos existentes hasta ahora tres se han puesto del lado de la Consejería de Turismo.

Las obras del Plan de Excelencia Turística para los municipios de Adeje y Arona comenzaron a finales del año 2002. Básicamente consistieron en la mejora y acondicionamiento de la Avenida Rafael Puig de Costa Adeje y Las Américas, con la finalidad de limitar notablemente la circulación de vehículos y dar absoluta prioridad a los peatones. El proyecto contemplaba que la avenida sólo tenga un carril de circulación y disponga de zonas reservadas para carga y descarga, taxis y guaguas

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) ha tomado conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula el Plan General de Ordenación (PGO) de Arona y la sesión de este organismo que en el año 2011 procedió a su aprobación definitiva y parcial.

El fallo judicial ha sido notificado al Ayuntamiento, Viceconsejería de Asuntos Judiciales del Gobierno canario y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que en primera instancia también dejó sin efecto al planeamiento. El Boletín Oficial de Canarias (BOC), en su edición de este lunes, publica la resolución por medio de la cual se informa del contenido del fallo. El recurso contra el PGO fue presentado por una empresa que defendía que se otorgara a sus parcelas la calificación de suelo urbano consolidado.

A finales del pasado mes de octubre el TS emitía una nueva sentencia que anulaba este planeamiento. El argumento utilizado por la empresa recurrente fue que en su momento no se incluyó la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), al igual que había ocurrido con otras tres sentencias anteriores.

En aquel entonces, el Supremo reiteró que a partir de 1995 esta técnica, en la que se incluye la elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental, es obligatoria. La Sala no creía convincentes las razones que adujo el Gobierno canario y el Ayuntamiento para no cumplir con este requisito. El Ejecutivo autónomo argumentó que en ciertos supuestos la ley permite la declaración de inviabilidad de la evaluación ambiental estratégica, si la Administración competente decide, caso a caso y de forma motivada, que es inviable.

Sin embargo, la Sala añade que aceptar la interpretación que hace el Gobierno canario sobre los términos de tal exención, “equivaldría en la práctica a dejar en manos de la Administración la posibilidad de eludir por su propia voluntad, o sujeta a explicaciones, el cumplimiento de un estricto deber jurídico”. También se afectaría a la necesaria protección ambiental y se burlaría, de forma “sistemática un indeclinable mecanismo de control medioambiental de origen comunitario europeo, trasladado a una ley estatal”.

La empresa concesionaria del servicio de aguas en Santa Cruz de Tenerife, Emmasa, ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a pagar 340.000 euros a la Autoridad Portuaria por el suelo que ocupa la desaladora en Cueva Bermeja. Desde hace años permanece abierto un contencioso entre Emmasa, Ayuntamiento y Puertos por el abono de este canon, hasta el punto de que el organismo estatal había ordenado el desalojo de las instalaciones.

La concesión fue otorgada a principios de 1998 y posteriomente llegó a quedar revocada, pese a lo cual la desaladora siguió funcionando en su actual emplazamiento. Por ello, el TSJC estima que el pago de este canon servirá para regularizar la situación de Emmasa.

Desde hace años, Puertos reclama a la compañía el abono de la tasa de ocupación de dominio público, en una cantidad cifrada en 340.000 euros al año. La empresa, por su parte, consideraba que era el Ayuntamiento de Santa Cruz el que debía hacer frente al pago. Este incumplimiento daba lugar a que las instalaciones carezcan de autorización.

Cuando Emmasa pretendió ampliar la desaladora por medio de una inversión de 31 millones, Puertos no sólo mostró su oposición, sino que llegó a amenazar a la compañía con desalojarla por impago. El objetivo de esta ampliación es elevar del 33% al 90% el abastecimiento de agua a los vecinos de la capital por medio de la desalación. La medida supondrá un significativo ahorro para los usuarios dado que ya no será necesario comprar el agua a las galerías, que siempre resulta más caro.

La ampliación de la desladora es la principal inversión que ha comprometido Sacyr-Vallehermoso desde que asumió la gestión del servicio de aguas en la capital.

Hace un año se llegó al acuerdo de pagar la tasa correspondiente a 2015, mientras que los requerimientos de otros ejercicios se discuten en los tribunales, que en un primer pronunciamiento se han puesto del lado del organismo estatal. La primera fase de las obras de ampliación se desarrollarán hasta 2017 y contarán con una inversión de casi 9 millones de euros. La segunda se llevará a cabo entre 2018 y 2021 y contará con 22 millones. Una vez culminadas las obras se podrá pasar de una producción anual de 21.000 metros cúbicos diarios a los 48.000.