España lleva semanas discutiendo quién tiene derecho a votar. La llamada ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022, ha permitido que cientos de miles de descendientes de españoles obtengan la nacionalidad: 544.722 solicitudes aprobadas a 31 de marzo de 2026, la gran mayoría en América Latina. Con ellas, el censo de españoles residentes en el extranjero rozará los tres millones de electores en las próximas generales, unos 600.000 más que en 2023. En la oposición han saltado las alarmas. Feijóo habló de una operación de “ingeniería electoral” para “fabricar votantes”, Ayuso avisó de que “Argentina será la tercera provincia de España” y Vox ha pedido directamente suspender el voto por correo desde el exterior. El Gobierno defiende la medida como una reparación histórica y acusa a la oposición de sembrar sospechas sin pruebas.

El argumento no es nuevo. Es la versión más reciente de un miedo que acompaña a cada ampliación del electorado: que los nuevos votantes decidirán las elecciones y que quien los “trae” lo hace por interés. Detrás hay una misma predicción: incorporar nuevos votantes beneficia a unos partidos a costa de otros.

Esa predicción puede ponerse a prueba. En un artículo reciente con Simon Hix la contrastamos con dos experimentos naturales: reformas que, por cómo y dónde ocurrieron, permiten estudiarlas casi como si fueran un experimento. Son las dos ampliaciones del derecho a voto municipal para residentes extranjeros que España puso en marcha en 2007 y 2011. No es exactamente el caso de la ley de nietos, que crea ciudadanos con derecho a voto en todas las elecciones; nuestro estudio se centra en residentes extranjeros que votan en las municipales. Pero el miedo de fondo es el mismo en ambas polémicas: que los nuevos votantes cambian quién gana. Sobre la gestión administrativa del censo, nuestros datos no dicen nada; sobre esa predicción de fondo, sí.

El derecho a voto y la integración

Hay buenos motivos para dar el voto a los inmigrantes, y poco tienen que ver con el interés electoral de ningún partido. Lo que sabemos hasta ahora indica que los derechos políticos aceleran la integración. Un estudio encuentra que el derecho al voto local aumentó la participación política de los inmigrantes. Otro apunta en la misma dirección por otra vía: los inmigrantes que ganaron voz en la democracia local tomaron después decisiones distintas sobre si nacionalizarse. La evidencia sobre el estatus legal completa el cuadro: obtener la nacionalidad mejora los salarios a largo plazo, y regularizar la situación administrativa reduce la delincuencia. Conviene, eso sí, no mezclar categorías que el debate confunde a menudo: la regularización da papeles, no papeletas. Un extranjero regularizado no puede votar; solo votan en las municipales los residentes de la UE y de los países con acuerdo que se registran y, en todas las elecciones, quienes llegan a nacionalizarse.

La objeción es igual de persistente: que dar el voto a los inmigrantes cambiaría los resultados electorales. Y no es una intuición descabellada: cada gran ampliación del sufragio, a la clase trabajadora, a las mujeres, movió al votante decisivo, y las políticas se movieron con él. ¿Pasaría lo mismo con los inmigrantes? La teoría puede argumentar en ambos sentidos: podrían inclinarse a la izquierda por interés de grupo o por su posición en la distribución de la renta, o podrían votar como los nativos comparables; al fin y al cabo, provienen de países muy distintos y tiran en direcciones diferentes. La pregunta hay que resolverla con datos. Y apenas había evidencia causal disponible.

Dos experimentos naturales en España

Los dos casos nos permiten distinguir entre causa y coincidencia. En enero de 2007, Rumanía y Bulgaria entraron en la UE, lo que otorgó automáticamente a sus ciudadanos el derecho a votar en las elecciones municipales españolas; los rumanos ya eran entonces el mayor grupo inmigrante no occidental en España. Después, en 2010 y 2011, España firmó acuerdos recíprocos que ampliaron el derecho al voto municipal a los inmigrantes de seis países latinoamericanos. Dos mecanismos distintos y dos poblaciones inmigrantes que no se parecen en nada.

El diseño se apoya en algo que se observa en cualquier ciudad española: los inmigrantes no se distribuyen de manera uniforme entre los barrios. Con datos a nivel de sección censal (la unidad electoral más pequeña de España, un vecindario de entre 500 y 2.000 residentes), comparamos secciones que recibieron nuevos votantes con secciones que no, dentro del mismo municipio y en la misma elección. Esa comparación elimina todo lo que ocurre a nivel municipal: candidatos, escándalos, vaivenes. Lo que queda es el efecto de tener vecinos con un nuevo derecho al voto calle abajo.

No encontramos ningún efecto

En los dos experimentos, dar el voto a los inmigrantes no movió el porcentaje de ningún partido: ni el centroderecha (PP), ni el centroizquierda (PSOE), ni la izquierda radical. Y no son ceros ruidosos que puedan ocultar algo. El cero decepciona a ambos lados: ni se confirma el temor de la derecha ni, en la izquierda, la esperanza de un rédito electoral, si alguien la tenía. Los intervalos de confianza, el margen de error de nuestras estimaciones, son estrechos alrededor del cero, y el resultado sobrevive a todas las pruebas de robustez que le lanzamos: comparar cada barrio consigo mismo a lo largo del tiempo, dar más peso a los barrios de control más parecidos a los tratados y, para el experimento de 2007, apoyarnos en la geografía previa del asentamiento rumano.

Cada panel corresponde a un partido en un experimento. La línea representa la diferencia estimada en votos entre el barrio tratado típico y sus vecinos sin nuevos votantes, y la banda representa el intervalo de confianza del 95%. Dos cosas merecen atención: la línea sigue plana al cruzar la reforma (línea discontinua), y ya lo era antes, lo que indica que la comparación es limpia.

Después nos hicimos una pregunta más exigente: aunque los efectos verdaderos estuvieran en el borde de nuestros intervalos de confianza, ¿serían lo bastante grandes como para importar? Los ayuntamientos españoles reparten los concejales mediante el método de D’Hondt. Calculamos, para cada municipio, el cambio exacto de votos que movería un solo concejal y contrastamos nuestras estimaciones con dicho umbral. Todas las estimaciones, en todas las especificaciones, quedan estadísticamente por debajo. En el municipio mediano, mover a un concejal exige un vuelco de 3,8 puntos porcentuales en el voto. El mayor efecto que nuestros datos pueden sustentar es de 0,23 puntos.

Cada histograma muestra el efecto asociado a cada uno de los 24.424 barrios tratados en España: el efecto estimado de cada partido, multiplicado por los nuevos votantes de esa sección. La línea discontinua de la derecha representa el vuelco que un concejal en un municipio mediano movería. Ningún barrio, para ningún partido, se acerca: la sección más tratada del país llega a 2,1 puntos.

Qué significa esto para el debate

Nuestros resultados tienen límites claros: estudiamos electorados inmigrantes pequeños y diversos, en parte sujetos a barreras de registro, condiciones típicas de estas reformas. No podemos decir qué pasaría con un electorado nuevo mucho mayor, ni si los partidos empezaran a movilizarlo activamente.

Pero dentro de esos límites, la evidencia apunta en una sola dirección. Hay motivos razonables para pensar que el voto ayuda a los inmigrantes a integrarse; el miedo a los resultados electorales, allí donde podemos medirlo, no se materializa. La conclusión reparte deberes a ambos lados: quien se oponga a estas reformas tendrá que apoyarse en otros argumentos, porque el electoral no encuentra respaldo en los datos; y quien las defienda no debería prometer, ni temer, réditos partidistas. Buena parte del debate sobre el voto inmigrante, ayer con las municipales y hoy con la ley de nietos, descansa en una predicción sobre quién ganaría. En España, a lo largo de dos reformas y cuatro ciclos electorales, la respuesta es: nadie en particular.

Durante décadas, comprar una vivienda fue una expectativa razonable para amplios sectores de la sociedad. La casa o el piso era una forma de seguridad, acumulación patrimonial y estabilidad familiar. Hoy, en cambio, el aumento sostenido de los precios, el encarecimiento de las hipotecas, la presión sobre los alquileres y la creciente dificultad para ahorrar han convertido el acceso a la vivienda en una fuente central de desigualdad económica. La vivienda es uno de los grandes problemas de nuestras sociedades.

Australia permite observar con especial claridad esta transformación. Su evolución resulta familiar a la española: una sociedad tradicionalmente organizada alrededor de la propiedad; un fuerte apego cultural a la casa propia; una expansión del alquiler entre las generaciones más jóvenes; y una creciente politización de la vivienda. No es solo cuánto cuesta comprar o alquilar. Los problemas son quién puede acumular patrimonio inmobiliario, quién queda atrapado en el alquiler y cómo esas posiciones empiezan a moldear las preferencias políticas. En otras palabras, la vivienda ha dejado de ser solo un mercado. Se ha convertido en una división social.

Durante buena parte del siglo XX, la propiedad de la vivienda ocupó un lugar central en el llamado “sueño australiano”. La idea de una sociedad de propietarios formaba parte del imaginario nacional y también del discurso conservador. El Primer Ministro Robert Menzies lo expresó con claridad en 1942: ahorrar para comprar una casa propia no era solo una decisión económica, sino una muestra de frugalidad, responsabilidad y arraigo. Su ideal era el de una familia con “un pequeño pedazo de tierra con una casa y un jardín” propios. Era una imagen política potente: vivienda, familia, estabilidad y respetabilidad de clase media conformaban el horizonte moral. Y también cumplía una función ideológica: una forma de reducir cualquier tentación revolucionaria y contener las demandas más radicales que podían asociarse, en el imaginario conservador de la época, con algunas de las nuevas olas de inmigración europea. Como escribía un refugiado en un artículo conmemorativo del cincuentenario del país: “una persona que tiene una casa, un jardín, un coche y un empleo estable rara vez es un extremista o revolucionario”*.

El mensaje funcionó. La coalición de centro-derecha formada por liberales y nacionales -el LNP- dominó la política australiana de posguerra y gobernó casi ininterrumpidamente entre 1949 y 1983. Décadas después, los siguientes líderes conservadores John Howard, Tony Abbott, Malcolm Turnbull o Scott Morrison, mantuvieron una visión similar: la propiedad de la vivienda como pilar de una sociedad próspera, responsable y ordenada.

Pero el sueño australiano no solo se sostenía en discursos. Las decisiones políticas iban de la mano. El sistema fiscal australiano ha favorecido históricamente tanto la propiedad de la vivienda como la inversión inmobiliaria. Dos mecanismos han sido especialmente relevantes: el tratamiento fiscal de las ganancias de capital y el llamado negative gearing.

El primero consiste en gravar los beneficios obtenidos cuando se vende una vivienda por un precio superior al de compra. Desde 1999, quienes venden una casa mantenida durante más de un año pueden aplicar un descuento del 50% en los impuestos sobre la ganancia de capital. Esto reduce la carga fiscal sobre las plusvalías inmobiliarias y hace más atractiva la inversión inmobiliaria.

El segundo, el negative gearing, permite que los propietarios que alquilan una vivienda deduzcan de su renta imponible las pérdidas derivadas de esa inversión cuando los ingresos del alquiler no cubren todos los costes, incluida la hipoteca, el mantenimiento y otros gastos asociados. Dicho de forma sencilla: si una vivienda alquilada genera pérdidas, esas pérdidas pueden utilizarse para reducir el impuesto sobre la renta. En conjunto, ambos mecanismos han incentivado que muchos hogares con capacidad económica compren segundas o terceras viviendas como inversión.

La magnitud del fenómeno es notable. Según datos de la Oficina Tributaria Australiana, el número de personas que utilizaban negative gearing pasó de 890.000 en 2000 a 1,62 millones en 2022. Del mismo modo, el número de personas con una o más viviendas de inversión aumentó de 1,16 millones a 2,27 millones durante el mismo periodo. Así, la vivienda se convierte cada vez más en un activo financiero.

Durante mucho tiempo, las tasas de propiedad parecieron confirmar el éxito del modelo. Entre 1947 y 1961, la proporción de hogares propietarios pasó del 53% al 70%, una de las más altas del mundo. Pero el modelo empezó a mostrar signos de agotamiento. En 2020, la tasa de propiedad había caído al 66%, mientras que el porcentaje de hogares en alquiler aumentó del 18% en 1995 al 33% en 2023.

La vivienda también se ha encarecido. Entre 2000 y 2020, los costes aumentaron un 40% para los hogares con hipoteca y un 50% para los inquilinos, superando ampliamente el crecimiento medio de los salarios. En 2022, un hogar australiano con ingresos medianos podía permitirse el 43% de las viviendas disponibles. A finales de 2024, esa proporción había caído al 14%. El discurso también cambió: lo que se describía como un problema de “asequibilidad” pasó a formularse cada vez más como una “crisis de vivienda”.

Hasta mediados de la década de 2010, los dos grandes partidos australianos -el LNP y el Partido Laborista Australiano, ALP- coincidían en una premisa básica: facilitar el acceso al mercado inmobiliario mediante la expansión del crédito. La diferencia era retórica. Para la derecha, la propiedad protegía la riqueza privada y premiaba el esfuerzo. Para el laborismo, permitía avanzar en equidad, seguridad y oportunidades.

En 2016, por primera vez, los grandes partidos ofrecen visiones claramente distintas sobre el tratamiento de la vivienda. El ALP propone restringir el negative gearing a las viviendas nuevas y reducir el descuento fiscal sobre ganancias de capital. En 2019, esta propuesta ocupa un lugar más visible en la campaña. Pero al cuestionar ventajas fiscales asociadas a la inversión inmobiliaria, el partido no solo hablaba de vivienda asequible, sino también del valor de los activos de millones de propietarios e inversores. El LNP presentó la reforma como una amenaza al patrimonio de las familias. Contra todo pronóstico, el LNP vuelve a ganar las elecciones de 2019. Aún hoy, se atribuyen a dichas propuestas como uno de los principales factores que no permitieron al ALP ganar aquella elección.

En 2022, el contexto era muy distinto. Australia acude a las urnas tras años con bajos tipos de interés, la vivienda en el centro del debate y el Banco Central subiendo los tipos apenas dos semanas antes de las elecciones. La vivienda fue uno de los temas de campaña. El ALP presentó una visión reparadora: más intervención pública y políticas distributivas (pero abandonando la propuesta de 2019). El LNP defendió una estrategia de contención: préstamos, rebajas fiscales, incentivos a largo plazo y desregulación.

El avance de Los Verdes es el tercer factor clave para entender el cambio. Frente a los dos grandes partidos, Los Verdes se dirigieron directamente a los inquilinos como grupo político con intereses propios y no solo como personas temporalmente excluidas de la propiedad. Los Verdes proponían más intervención y más protección al alquiler. En 2022 consiguieron su mejor resultado hasta la fecha: cuatro escaños en la Cámara de Representantes. Su principal logro no fue solo parlamentario: también contribuyeron a convertir a los inquilinos en un sujeto visible del debate político.

Propietarios sin hipoteca, hipotecados, inversores e inquilinos no experimentan la economía del mismo modo. Para unos, la subida del precio de la vivienda aumenta su riqueza. Para otros, encarece su vida, retrasa su emancipación o bloquea su acceso a la propiedad. La misma evolución del mercado produce ganadores y perdedores dentro de la clase media. Esa es la nueva realidad electoral que empieza a dibujarse: la vivienda ya no separa solo a ricos y pobres, sino también a propietarios, hipotecados, inversores, herederos e inquilinos.

El gobierno laborista parece haber entendido que la vivienda es una cuestión central. Su respuesta es ambiciosa, pero también arriesgada: promete intervenir en uno de los mercados más sensibles para los votantes, precisamente porque afecta tanto a quienes no pueden acceder a una vivienda como a quienes ya han construido su seguridad económica alrededor de ella. Parte de su éxito dependerá de si logra aliviar la presión sobre los primeros sin activar una reacción defensiva entre los segundos.

España debería mirar este proceso con atención. Ha sido una sociedad de propietarios, donde la propiedad se asocia con seguridad, estabilidad y éxito. Pero esa promesa convive hoy con un mercado del alquiler en expansión, una oferta insuficiente, el peso del alquiler turístico, un parque limitado de vivienda social y crecientes dificultades de emancipación juvenil. La cuestión española, como la australiana, ya no es solo cuánto suben los alquileres o quién puede comprar una casa. Es también qué ocurre políticamente cuando una parte creciente de la población deja de creer que la propiedad está a su alcance.

Australia no es un espejo de España, pero muestra una tensión muy similar: cuando la vivienda deja de ser una promesa compartida y se convierte en una frontera patrimonial, la política cambia.

*La cita es de Stuart Macintyre A Concise History of Australia 5ª edición. Cambridge University Press, p. 234.

Este viernes se cumplen 29 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco. Es una de esas fechas en las que todos recordamos dónde estábamos y qué estábamos haciendo. Es por ello que no es una fecha cualquiera en nuestras vidas. El secuestro y posterior asesinato del joven concejal de Ermua marcó un antes y un después en la historia de la lucha cívica contra el terrorismo. Pero, ¿qué recordamos de todo aquello? ¿Qué parte de nuestra memoria ocupa hoy ETA?

En el año 2020, GAD3 hizo una encuesta para una plataforma digital donde preguntaba por el grado de conocimiento de algunas víctimas de ETA: un 60 por ciento de los jóvenes decía desconocer a Miguel Ángel Blanco o un 80 por ciento de estos mismos jóvenes tampoco conocían a Ernest Lluch. Recientemente, Metroscopia ha preguntado por esta misma cuestión y las cifras, unos años después, no parecen mejorar: aunque un 65 por ciento de la población dice que conoce mucho o bastante la historia de ETA, un 56 por ciento de los menores de 35 años reconoce su profundo desconocimiento. Estamos, por lo tanto, ante la primera generación que admite abiertamente ignorar qué era ETA.

Si la memoria, poco a poco, se va debilitando y nuestros recuerdos parecen difuminarse, especialmente entre los más jóvenes, sobre lo que sí que hay un profundo consenso es sobre lo injustificable de la violencia terrorista. En la misma encuesta de Metroscopia, un 83 por ciento de la ciudadanía dice que la violencia de ETA estaba totalmente injustificada o simplemente injustificada, mientras que solo el 3 por ciento encuentra una justificación. ¿Y qué papel jugó la sociedad vasca en todo ello? Aquí aparece la primera controversia: el 67 por ciento de la población considera que, en cierta medida, ETA contó con el apoyo de la sociedad vasca. Pero no es solo una cuestión de los votantes de derechas. El 72 por ciento de los votantes del PSOE y el 60 por ciento del electorado de Sumar comparten esta percepción. En cambio, sobre lo que no hay consenso, es sobre la desvinculación de los herederos de ETA respecto de lo que supuso la violencia: el 53 por ciento de la ciudadanía, según Metroscopia, cree que los partidos herederos de ETA no se han desvinculado lo suficiente de lo que supusieron seis décadas de violencia y asesinatos. Esta idea está ampliamente extendida entre los votantes de PP y VOX. En cambio, solo un 26 por ciento de los votantes del PSOE y un 14 por ciento del electorado de Sumar consideran que los herederos de ETA no se han desvinculado del pasado violento.

No obstante, la lucha antiterrorista también es otra de las grandes desconocidas: menos del 20 por ciento de la ciudadanía dice conocer adecuadamente todo lo que supuso la lucha contra el terrorismo. Incluso en la encuesta antes citada de GAD3, más de la mitad de los españoles y un 73 por ciento de los jóvenes dijeron en 2020 que no tenían ningún tipo de conocimiento sobre el episodio de Lasa y Zabala.

Todas estas cifras empiezan a señalar que estamos construyendo el futuro sobre una cierta desmemoria, algo que nos debería hacer reflexionar. No podemos olvidar que ETA dejó 853 víctimas mortales entre 1968 y 2010. Aunque no hay una cifra exacta, el Ministerio del Interior calcula que a estos muertos, habría que sumar unos 2.600 heridos. Las personas secuestradas fueron 86 y se estima que en torno a 10.000 personas sufrieron la extorsión económica, especialmente empresarios vascos y navarros. Diferentes instituciones como el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación Fernando Buesa Blanco han estimado en 900 el número de huérfanos. Baste recordar, por ejemplo, que solo el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza dejó cinco niñas entre tres y 17 años huérfanas.

La democracia española ha sido tan generosa, que ha permitido a los herederos políticos de esta violencia, participar de la vida política sin que hayan reconocido sus errores, ni hayan deslegitimado la violencia de ETA. Tuvieron que pasar 10 años desde el fin de ETA para que el portavoz de la izquierda abertzale reconociera por primera vez el sufrimiento causado a las víctimas. Pero el riesgo al que se enfrenta nuestra democracia es la desmemoria. Si tan necesaria fue la Ley de Memoria Histórica para que las víctimas de la represión franquista no cayeran en el olvido, es igual de necesario recordar que hay miles de familias que vieron sus vidas destrozadas por una violencia que nunca debió existir. Y lo que dicen los datos de las encuestas es que esa memoria cada vez es más débil.

La inteligencia artificial (IA) está adquiriendo un papel cada vez más relevante en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos y en la prestación de servicios públicos en distintos ámbitos como la seguridad, la educación o los servicios de cuidados. Aunque estas tecnologías tienen un potencial importante para mejorar la eficiencia de los servicios, estudios empíricos también han mostrado diversos riesgos, como los relacionados con la privacidad de las personas, la (falta de) transparencia y rendición de cuentas de los sistemas algorítmicos, así como el riesgo de generar o reforzar prácticas discriminatorias hacia determinados grupos sociales. Por estudios previos también sabemos que la inteligencia artificial y la digitalización no afectan por igual a toda la población, sino que generan ganadores y perdedores. Los individuos -y organizaciones- con mayores capacidades para adoptar e integrar estas tecnologías pueden beneficiarse de sus ventajas, mientras que otros colectivos -especialmente los más vulnerables- corren el riesgo de quedar excluidos o de verse desproporcionadamente afectados por sus posibles sesgos y limitaciones.

En este contexto, el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial ha adquirido una creciente relevancia. Mientras algunas empresas tecnológicas, muy cercanas a las élites políticas, defienden marcos regulatorios más flexibles bajo la premisa de favorecer la innovación, diversos actores sociales reclaman mecanismos de supervisión y control más estrictos que garanticen la protección de los derechos de la ciudadanía. Aunque el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial ocupa un lugar cada vez más destacado en la agenda política y académica, todavía sabemos poco sobre las preferencias de la ciudadanía. ¿Quién debería regular la IA?, ¿Qué principios deberían guiar esa regulación?, ¿Y hasta qué punto debería intervenir el Estado para minimizar sus riesgos?

Para responder a estas preguntas, en el marco de nuestra investigación hemos realizado una encuesta a 1.200 personas residentes en España durante el mes de julio de 2025. La muestra se diseñó mediante cuotas representativas de la población residente en España en términos de las principales variables sociodemográficas.

Los ciudadanos quieren que el Gobierno de España y la Unión Europea regulen la IA

Una de las primeras cuestiones que analizamos fue hasta qué punto los ciudadanos consideran necesario regular algunos de los principales riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial en los servicios públicos, como la discriminación algorítmica, la protección de la privacidad o la transparencia en la toma de decisiones automatizadas. Además, preguntamos qué papel debe tener el gobierno de España y la Unión Europea.

Los resultados muestran un amplio consenso a favor de la intervención pública. El 78 % de los encuestados considera que el gobierno de España debería desempeñar un papel muy importante en la regulación de la privacidad de la información personal, mientras que alrededor del 75 % opina lo mismo respecto a la regulación de la discriminación algorítmica y de la transparencia en el uso de la IA. Asimismo, existe un amplio consenso en que dicha regulación debe sustentarse en principios éticos y orientarse a la protección de los ciudadanos en general. Los porcentajes son prácticamente idénticos cuando se pregunta por el papel de la Unión Europea, lo que indica que la ciudadanía percibe ambos niveles de gobierno como instituciones complementarias en la regulación de estas tecnologías.

¿Quién pide una mayor regulación? Edad, ingresos e ideología marcan la diferencia

Aunque el respaldo a la regulación de la inteligencia artificial es elevado entre prácticamente toda la población, encontramos algunas diferencias interesantes. Para comprender mejor estas diferencias, analizamos cómo varía el apoyo a la regulación según distintas características sociodemográficas, como el género, la edad, el nivel educativo, los ingresos del hogar y la ideología política.

En términos generales, tanto mujeres como hombres comparten las mismas preferencias. En cuanto al nivel educativo, se observa un matiz importante con respecto a las personas con estudios superiores: estas muestran un mayor apoyo a que el gobierno incorpore principios éticos y los intereses de los ciudadanos en la regulación de la IA. En este grupo, el porcentaje de apoyo es aproximadamente 12 puntos porcentuales superior al de quienes tienen un nivel educativo inferior.

Las personas mayores son quienes más reclaman la regulación

La edad constituye el principal factor diferenciador. Las personas de mayor edad (mayores de 60 años) muestran un apoyo significativamente mayor a la intervención pública que los jóvenes. En promedio, la diferencia alcanza los 18,5 puntos porcentuales entre quienes consideran que el gobierno debería regular, “en gran o bastante medida”, el uso de la IA en los servicios públicos.

Las personas con mayores ingresos también muestran un mayor apoyo

El nivel de ingresos también presenta diferencias. El mayor contraste se observa entre quienes viven en hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros y aquellos cuyos hogares superan los 3.500 euros al mes. Estos últimos muestran un apoyo a la regulación aproximadamente 11 puntos porcentuales superior al del grupo con menores ingresos.

La ideología también importa

Las preferencias regulatorias también tienen un componente ideológico. En términos generales, las personas que se identifican con posiciones de izquierda atribuyen una mayor importancia a la regulación de la IA que quienes se sitúan en el centro o en la derecha del espectro político. A su vez, los ciudadanos de centro muestran un apoyo superior al de quienes se identifican con posiciones de derecha.

En conclusión, los resultados de esta encuesta muestran una clara preferencia ciudadana por una fuerte regulación de la IA, tanto por parte del Gobierno de España como de la Unión Europea. Frente a la narrativa según la cual la regulación puede obstaculizar la innovación tecnológica, nuestros resultados muestran que la ciudadanía considera que la innovación debe ir acompañada de mecanismos de supervisión capaces de proteger derechos fundamentales como la privacidad, la no discriminación y la transparencia. Por investigaciones previas sabemos que para que una regulación genere confianza, no basta con responder a las demandas de los mercados, sino también las de la ciudadanía.

En nuestra actual investigación estamos identificando un interesante punto de convergencia. Por un lado, las personas mayores muestran un apoyo significativamente mayor a la regulación de la IA, ya que son uno de los colectivos más vulnerables a los riesgos derivados de estas tecnologías. Por otro lado, aunque suele identificarse a las rentas más altas con unas preferencias por una mayor liberalización y una menor intervención del Estado, nuestra investigación muestra que las personas con mayores ingresos también apoyan en mayor medida la regulación.

Esta convergencia resulta especialmente relevante desde el punto de vista del diseño de políticas públicas. A diferencia de otros ámbitos en los que las preferencias sociales aparecen fuertemente polarizadas, nuestra investigación apunta a que la regulación de la IA parece generar consensos entre grupos sociales muy distintos. Tanto sectores potencialmente más vulnerables frente a la digitalización como colectivos con mayores recursos coinciden en reclamar una mayor intervención pública. Esto es una oportunidad para que el gobierno de España y la Unión Europea diseñen marcos regulatorios que no solo busquen reducir los riesgos tecnológicos, sino también fortalecer la confianza ciudadana en la transformación digital de los servicios públicos.

Cuando España aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005, el debate público giraba alrededor de la cuestión fundamental de la igualdad de derechos. Dos décadas después, esa conquista forma parte de la normalidad democrática. Sin embargo, los cambios más profundos no siempre son los que aparecen en las leyes.

Durante décadas, la homofobia no solo limitó derechos, sino que también limitó biografías. Formar una pareja estable, vivir abiertamente la propia orientación sexual o construir un proyecto familiar eran opciones difíciles o directamente inaccesibles para muchos homosexuales. Quienes decidían hacerlo solían concentrarse en espacios relativamente reducidos donde encontraban protección, reconocimiento y un cierto sentido de comunidad. Aquellos entornos fueron una primera conquista de libertad. Pero también reflejaban una realidad menos amable, ya que las trayectorias vitales posibles eran mucho más estrechas de lo que son hoy.

Una de las transformaciones más importantes de la España contemporánea ha sido precisamente la ampliación de esas opciones. La población homosexual, como la que no lo es, ha diversificado sus cursos de vida. Aunque poco a poco, hoy encontramos parejas del mismo sexo con hijos, parejas sin hijos, personas que viven solas, hogares reconstituidos y proyectos familiares muy distintos entre sí. La diversidad que observamos en el conjunto de la sociedad también se observa entre gais y lesbianas. Por eso, veinte años después del matrimonio igualitario, la pregunta ya no es únicamente si existen derechos formales, sino también si los homosexuales pueden desarrollar los proyectos de vida que libremente elijan en condiciones de igualdad. Dicho de otra forma, si las parejas del mismo sexo pueden acceder con normalidad a los mercados y las instituciones que hacen posible la vida cotidiana.

Desde la demografía, las familias homoparentales representan uno de los ejemplos más interesantes de este cambio histórico. Durante mucho tiempo fueron una realidad estadísticamente poco visible. Hoy forman parte del paisaje familiar de algunas sociedades occidentales. Cada vez más parejas del mismo sexo tienen hijos, y cada vez más investigadores intentan comprender cuáles son las condiciones sociales que favorecen o dificultan esa transición.

Con financiación de la Unión Europea, dentro del proyecto EqualStrength, hemos estudiado esta cuestión mediante varios experimentos de campo realizados en España. El objetivo era observar cómo responden algunas instituciones fundamentales cuando quienes llaman a su puerta son parejas del mismo sexo o parejas heterosexuales. Para ello enviamos más de 10.000 solicitudes ficticias a escuelas infantiles, viviendas de alquiler y ofertas de empleo reales utilizando perfiles equivalentes que únicamente variaban en algunos rasgos familiares como, por ejemplo, su orientación sexual.

En el mercado laboral es donde detectamos el único patrón consistente de discriminación. Los hombres gais sin hijos fueron el único grupo que, en media, recibió menos respuestas positivas (invitación a una entrevista, petición de más información respecto al currículum…) cuando solicitan empleo, pero solo en ocupaciones tradicionalmente masculinizadas (electricista, desarrollador de software y carretillero). Pero incluso esta diferencia desaparece cuando el candidato señala que es padre. No encontramos resultados equivalentes entre mujeres lesbianas, ni tampoco entre parejas del mismo sexo con hijos.

El segundo ámbito que analizamos fue el acceso al mercado de viviendas de alquiler. Los resultados desafiaron algunas ideas preconcebidas. No encontramos una penalización sistemática asociada a la orientación sexual. En un mercado tan tensionado como el español, donde millones de hogares compiten por una oferta insuficiente de viviendas, las parejas del mismo sexo recibieron respuestas muy similares a las del resto de solicitantes. La principal fuente de desigualdad observada no estaba relacionada con la orientación sexual sino con otros factores vinculados a la composición familiar.

Por último, estudiamos el acceso a las escuelas infantiles privadas. Tampoco aquí encontramos discriminación. Las familias formadas por parejas del mismo sexo recibían respuestas prácticamente idénticas a las obtenidas por las familias heterosexuales. En uno de los servicios más importantes para la conciliación y el bienestar infantil, la orientación sexual de los progenitores apenas parecía influir en el comportamiento de los centros.

Si durante décadas el reto fue reconocer derechos, el desafío actual es que las distintas formas de construir una vida adulta sean percibidas como igualmente legítimas. Tener hijos o no tenerlos, vivir solo o en pareja, formar una familia homoparental o heterosexual. También en este ámbito la experiencia española parece notablemente positiva. Nuestro esfuerzo empírico apunta precisamente en esa dirección. Lejos de la imagen de una sociedad dividida o reticente a la diversidad sexual, los resultados sugieren que las parejas del mismo sexo están alcanzando un elevado grado de integración en el acceso a mercados fundamentales para poder gestionar vida cotidiana. Las familias homoparentales no constituyen hoy el principal objetivo de la discriminación en los mercados que hemos estudiado. Allí donde persisten diferencias, estas parecen concentrarse en perfiles mucho más específicos. Más que un rechazo generalizado hacia las parejas del mismo sexo o hacia quienes forman familias homoparentales, los resultados apuntan a la persistencia de determinados estereotipos sobre la masculinidad y sobre cómo debería desarrollarse la vida de un hombre adulto.

La verdadera normalización consiste en que las diferencias dejen de determinar el destino de las personas y que una pareja del mismo sexo pueda decidir tener hijos o no tenerlos, vivir en una gran ciudad o en una pequeña localidad, construir una familia o desarrollar otro proyecto vital, sin encontrar barreras institucionales sistemáticas por ello. Vista desde esta perspectiva, la historia de las últimas décadas no es únicamente la historia de una ampliación de derechos. Es también la historia de una ampliación de posibilidades. Y quizá el mejor indicador de ese cambio sea precisamente que la población homosexual se parece cada vez más al resto de la sociedad española en algo fundamental, la libertad para construir vidas diversas.

La inteligencia artificial está empezando a transformar el mercado de trabajo. La automatización y los modelos de lenguaje ya reconfiguran sectores como la traducción profesional, el periodismo o el desarrollo de software, mientras gobiernos, empresas y organismos internacionales discuten cómo regularla, aprovechar sus beneficios y limitar sus riesgos.

En este contexto, importa saber quién consigue visibilidad pública. Los medios no solo informan sobre debates políticos y tecnológicos: también contribuyen a definir qué actores son percibidos como legítimos y qué intereses llegan a la ciudadanía. Estudiar quién aparece en las noticias sobre IA permite entender cómo se construye el debate sobre una tecnología de gran alcance económico y social.

Nuestro trabajo parte de una pregunta sencilla: ¿qué actores aparecen cuando los periódicos hablan de inteligencia artificial? Para responderla analizamos 37.954 piezas periodísticas sobre IA publicadas entre 2018 y 2024 en ocho diarios de cuatro países. Identificamos las organizaciones mencionadas, las clasificamos en cuatro grupos (actores económicos, instituciones académicas, organizaciones sociales y sindicatos) y analizamos el tono de su aparición.

El resultado más contundente es que los actores económicos (empresas y patronales) dominan la conversación: aparecen en cerca del 90% de los artículos y concentran alrededor del 85% de las menciones a organizaciones. Las instituciones académicas aparecen aproximadamente en la mitad de las noticias; las organizaciones sociales (ONGs y asociaciones de consumidores) en una de cada tres; y los sindicatos en menos del 4%.

La desigualdad no afecta solo a cuántas menciones recibe cada actor, sino también a cómo entra en la conversación. Las organizaciones no empresariales suelen aparecer junto a empresas: ocurre en el 90% de las noticias que mencionan a una organización social y en el 95% de las que mencionan a un sindicato. En cambio, solo una pequeña fracción de las noticias centradas en empresas incorpora voces sindicales, sociales o académicas.

Podría pensarse que este patrón es inevitable en un ámbito tan dependiente de la innovación tecnológica y la inversión privada. Sin embargo, nuestros resultados muestran que la representación de intereses (qué grupos consiguen visibilidad) no depende solo de la tecnología, sino también de cómo funcionan los sistemas mediáticos. Los medios británicos y estadounidenses ofrecen una mayor diversidad de voces que los españoles e italianos: incorporan con más frecuencia organizaciones sociales, académicos o sindicatos junto a las empresas. En España e Italia, por el contrario, la conversación aparece más concentrada alrededor de estas últimas.

Esa mayor diversidad no se debe a que cada noticia incluya una distribución más equilibrada de voces, sino a que los medios británicos y estadounidenses publican más artículos con varios tipos de actores en una misma información.

El tercer resultado matiza una expectativa habitual: que periódicos ideológicamente distintos ofrecieran perspectivas diferentes sobre la IA. Sin embargo, en España e Italia observamos una notable convergencia. El País y El Mundo, o La Repubblica y Corriere della Sera, recurren a perfiles de actores muy similares cuando informan sobre IA. En cambio, las diferencias son mayores entre The Guardian y The Times o entre The Washington Post y The New York Times. En este ámbito, la diferenciación editorial parece depender más de la competencia y el posicionamiento de cada periódico que de la polarización ideológica clásica.

La desigualdad también aparece en el tono. Academia y organizaciones sociales reciben, en general, un tratamiento positivo; las empresas, uno neutro o ligeramente positivo. Los sindicatos son la excepción: son el único tipo de actor que llega a recibir un tono netamente negativo en algunos diarios. Resulta paradójico que precisamente las organizaciones que representan a los trabajadores tengan esta cobertura en un debate que afecta directamente al futuro del empleo.

Esto no significa que las empresas no deban ocupar un lugar central en la conversación sobre esta tecnología, ni que los medios determinen por sí solos las actitudes ciudadanas. Lo que observamos es que el debate público se construye a partir de una distribución desigual de la atención, variable según el sistema mediático. Nuestros resultados no permiten determinar a qué se debe dicha escasa presencia sindical. Sí muestran, en cambio, que la ciudadanía recibe una conversación pública donde las empresas ocupan una posición claramente dominante.

La IA no solo plantea un debate sobre innovación o productividad, sino también sobre desigualdad, derechos laborales, privacidad o discriminación. Si algunas de estas perspectivas apenas acceden a la conversación pública, la ciudadanía recibe una imagen parcial de los problemas en juego. En un momento en que la IA empieza a redefinir el empleo y las relaciones laborales, los actores del trabajo deberían ocupar más espacio en esa conversación.

Este post resume los resultados del artículo “Echoes of influence: Media Systems and the Representation of Interest Groups in Artificial Intelligence Policy Debates”, publicado recientemente en el Journal of Public Policy.

Hace unas semanas, los científicos sociales Per Engzell y Nathan Wilmers decidieron automatizar completamente el proceso de producción de artículos científicos en su campo de especialización, usando Large Language Models (LLM) de principio a fin. Para hacerlo, diseñaron un flujo de trabajo completo y agentes especializados en las diversas tareas, un pequeño ejército de minions investigadores en una cadena de montaje. A partir de una instrucción inicial sencilla para cada artículo, la máquina diseñó y ejecutó 33 trabajos a lo largo de una semana. Literalmente una fábrica de papers. Los resultados del ejercicio se difundieron en un documento de gran profundidad y que ha generado mucho debate entre los colegas del área. En esta entrada, hago referencia a algunas de sus principales conclusiones y a otras evidencias recientes sobre cómo el uso de la IA está transformando la calidad de la producción científica. Dejo para otra ocasión otras consideraciones de tipo medioambiental, ético o político que el uso generalizado de la IA, en la ciencia y fuera, pueda tener.

¿Cómo de buenos son los artículos que produce la fábrica?

La fábrica produjo código limpio y bien anotado, lo que aumenta la transparencia y la reproducibilidad, sin duda buenas prácticas hacia las que la ciencia lleva ya años gravitando. El código, no obstante, tenía errores, pero estos se iban corrigiendo gracias a las múltiples comprobaciones cruzadas de varios agentes, incluidas en el flujo de trabajo diseñado por los autores. Los errores no eran muy distintos de aquellos en los que puede incurrir un investigador humano. Los minions tomaron decisiones analíticas que probablemente difieren de las que hubiera tomado un científico humano que conozca los matices de la literatura y de los datos que se usan, pero que llevaron a caminos en general valiosos. Los artículos generados por la fábrica consiguieron hacer una contribución, aunque fuera pequeña, al conocimiento acumulado sobre el tema y dieron lugar a unos análisis, unas explicaciones de los resultados y una narrativa en general coherentes.

Ahora los problemas. Los agentes que trabajaron en la fábrica elegían de manera sistemática las versiones más conservadoras, con menos riesgo, también más débiles, de cada posible paper. Se aferraban a menudo a ciertas especificaciones e interpretaciones, incluso cuando las alternativas eran igualmente razonables y sustantivamente más interesantes. Además, tuvieron dificultades para hacer conexiones entre literaturas o enfoques diferentes. A los trabajos les faltaba ambición y vuelo científico, según Engzell y Wilmers.

Mediocridad a gran escala

Los autores de The paper factory son científicos sociales excepcionales y valoran la calidad de las contribuciones, humanas o no, con sus gafas excepcionales. Aunque por suerte en algunas convocatorias se valoran y premian los proyectos de alto riesgo pero que puedan dar lugar a ciencia ambiciosa, que pueda hacer contribuciones rupturistas, los incentivos para el científico social mediano, el común de los mortales en el ecosistema científico, al menos en ciencias sociales, son otros. Sabemos que se publica más y con mucha más facilidad si se hacen contribuciones pequeñas, marginales, a temas de investigación sobre los que ya hay teorías asentadas y consensos empíricos bien establecidos. La misma hipótesis de siempre con nuevos datos, una pequeña sofisticación técnica que matiza poco los resultados ya conocidos, un caso de estudio adicional que confirma los resultados ya sabidos... Microcontribuciones de interés, pero con poco valor añadido real. La hiperespecialización en un ámbito muy reducido y bien trillado es mucho más rentable, a efectos curriculares, que la exploración de ideas nuevas, incluyendo las que surgen en diálogo con otras disciplinas.

El uso de los LLM reduce los costes asociados a explorar nuevos temas, a adoptar enfoques alternativos, a generar hipótesis arriesgadas y a desarrollar programas de investigación ambiciosos. Permite tirar de hilos a priori poco rentables que, en su versión humana, consumirían muchos recursos de un equipo investigador y podrían llevar a callejones sin salida, resultados nulos (que tienen menor probabilidad de publicarse) o contribuciones “excéntricas”, que sabemos que se penalizan en los procesos de evaluación.

En principio es muy positivo para la ciencia que no esté castigado explorar caminos poco transitados y la IA permite hacerlo con muy poco esfuerzo. Pero una pregunta pertinente es si estamos dando a los LLM ese uso y fin –que nuestras contribuciones superen nuestras propias limitaciones de tiempo, recursos o capacidad cognitiva y nos ayuden a producir ciencia arriesgada, con potencial para hacer descubrimientos cruciales o inesperados. La sensación, a la vista de las primeras valoraciones que estamos leyendo sobre esta nueva oleada de producción es más bien la contraria, que tal vez esté fomentando producir en masa contribuciones poco ambiciosas, lo que Engzell y Wilmers llaman “mediocridad a gran escala”. Tal vez esta medianidad es un simple reflejo de lo infrecuente y extraordinario que es hacer contribuciones revolucionarias en las ciencias sociales, o tal vez de un sistema de incentivos en ciencia que necesita ajustes adaptados a esta nueva época.

Consecuencias de la inflación de papers para el sistema de evaluación

Los artículos que produjo la fábrica son suficientemente sólidos y convincentes como para que un equipo editorial de una revista internacional de nivel medio o medio-alto decida que pasen el filtro previo y se active la maquinaria de la evaluación por pares. Se han disparado, en general, los envíos a revistas científicas, generando tapones y otras disfuncionalidades, como la cada vez mayor dificultad para encontrar evaluadores comprometidos con la tarea. En otros estudios muy recientes (por ejemplo, aquí o aquí) se ha mostrado que, efectivamente, además, cada vez son más los artículos que están escritos (posiblemente producidos) casi en su totalidad por inteligencia artificial. Aunque no tengo datos al respecto, sospecho que la proporción de evaluaciones que se producen ya con mucha ayuda de la IA está aumentando considerablemente.

Preocupa también en las revistas –y en la comunidad científica en general– el deterioro de la calidad de los datos de encuesta (en el que se basan un gran número de contribuciones en las ciencias sociales) al haberse identificado prácticas fraudulentas (respuestas a encuestas asistidas o directamente generadas por IA o bots que suplantan completamente la identidad de la persona encuestada). También hay evidencia del aumento disparatado del número de referencias inventadas en algunas áreas, con contenidos ficticios que en ocasiones afectan a cuestiones sustantivamente cruciales, como guías clínicas. Nada es indetectable, claro, pero identificar estas prácticas requiere controles cada vez más exigentes técnicamente, que consumen más recursos y que además pueden alimentar cierta sensación de desconfianza generalizada en el sistema.

Por último, se ha señalado la facilidad con la que los LLM optan por resultados que tengan más opciones de ser publicados, por ejemplo porque confirman una hipótesis preferida, o que directamente implementan múltiples especificaciones y seleccionan las más significativas, ajustando las hipótesis y la narrativa teórica ex post. Por supuesto estas prácticas las hemos visto innumerables veces en trabajo netamente humano –y el registro previo de objetivos e hipótesis puede ser un remedio parcial–, pero la capacidad de computación de la IA y sus propios procesos de toma de decisión hace más probable ir tomando caminos que conduzcan a ellas. Recientemente se ha mostrado (aquí) que delegar las decisiones a la IA promueve el comportamiento deshonesto y que los individuos somos más propensos a inducir comportamientos de este tipo en la IA que a acometerlos nosotros mismos.

En un contexto saturado de trabajos técnicamente correctos, al menos en apariencia, y aseados estilísticamente, los evaluadores y editores de revistas pueden empezar a desconfiar de las tradicionales señales del mérito de una contribución, de su calidad objetiva, y empezar a confiar cada vez más en señales de estatus. No es que antes no recurrieran, explícita o implícitamente, a indicadores indirectos (e imperfectos) de mérito, como la institución de procedencia o la reputación de los autores, pero con la masificación y estandarización de la producción este riesgo se vuelve más acuciante.

¿Deben las contribuciones a partir de ahora aportar algo que no pueda hacer un LLM que use datos y métodos estándar? ¿Cómo se debe tratar la coautoría de la inteligencia artificial? ¿Cómo deben las revistas –y los organismos que financian ciencia y evalúan propuestas de investigación, cada vez también más producidas por LLM– actuar cuando identifiquen el uso (sobre todo no declarado) de IA? La calidad de la producción científica en el futuro inmediato dependerá de cómo se regule el uso de estas herramientas y de cómo redefinamos qué es una contribución y qué valor real tiene. En definitiva, de si queremos mediocridad a gran escala o ambición a gran escala.

* Nota: El flujo de trabajo diseñado por Engzell y Wilmers (The paper factory, por Per Engzell y Nathan Wilmers, https://osf.io/preprints/socarxiv/24xfq_v2) está basado en sus propias prácticas científicas y en el tipo de artículos empíricos que suelen producir. Refleja, por tanto, sus criterios sobre lo que es buena ciencia social e invitan a otros académicos a hacer una reflexión crítica sobre qué es una buena contribución científica en su campo y mediante qué caminos se llega a ella, algo que a menudo no se hace explícito en el trabajo empírico.

En pocos días los peruanos volverán a las urnas para resolver, una vez más en segunda vuelta, quién ocupará la Casa de Pizarro. La contienda enfrenta a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), los dos candidatos que encabezaron una primera vuelta tan fragmentada como las anteriores. Fujimori afronta su cuarto intento por la presidencia luego de tres derrotas consecutivas en balotaje, aunque con resultados cada vez más ajustados. Es la heredera natural del fujimorismo, no solo por ser hija del último gobernante autoritario del siglo XX peruano (1990-2000) sino porque reivindica abiertamente ese legado.[1] Sánchez, a su vez, pretende ser el heredero de Pedro Castillo (2021-2022),[2] el expresidente encarcelado tras su intento de cerrar el Congreso, pero percibido por amplios sectores de la población como alguien que debió hacerlo.[3]

La elección guarda reminiscencias del 2021, cuando Castillo y Fujimori alcanzaron los primeros lugares en la primera vuelta con menos del 20% de votos cada uno y el resto de votos se desperdigó entre casi una veintena de candidaturas aún más ínfimas. Sin embargo, también hay diferencias que invitan a esperar un escenario distinto al de hace cinco años. A partir del desempeño histórico del fujimorismo y de sus principales contendientes, en esta nota describimos las continuidades y las rupturas del mapa electoral peruano e identificamos los votos que aún permanecen en disputa.

La pregunta que ordena nuestro análisis es la siguiente: ¿qué clivaje prevalecerá el 7 de junio, el de izquierda/derecha o el de fujimorismo/antifujimorismo? Sostenemos que si predomina el primero, la balanza tendería a inclinarse hacia Fujimori; si predomina el segundo, el beneficiado será Sánchez.

Comportamiento electoral peruano

En las últimas cuatro elecciones presidenciales (2011, 2016, 2021 y 2026) una enorme variedad de sellos partidarios y de nombres compitieron entre sí con una única certeza: la principal aspirante a un balotaje sería Keiko Fujimori. Por eso el naranja de Fuerza Popular es el único color constante en los cuatro mapas del gráfico siguiente.

Estos colores distribuidos a lo largo del territorio se entienden mejor si dividimos el país en cuatro grandes zonas: la costa, el sur, el oriente y el centro. Así, puede verse que hay áreas más estables que otras. La costa, que abarca gran parte del litoral, apostó en los últimos quince años por el fujimorismo, fuerza identificada con la defensa del modelo económico neoliberal consagrado en la Constitución de 1993. El sur, en cambio, respaldó de manera consistente a candidaturas de izquierda que se opusieron a ese mismo modelo: Gana Perú (2011), el Frente Amplio (2016), Perú Libre (2021) y Juntos por el Perú (2026) son expresiones de esa tendencia.

El oriente y el centro, por el contrario, muestran patrones más volátiles. El oriente (que agrupa regiones como Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios y alberga a la mayoría de los pueblos amazónicos, como los shipibo-conibo y los awajún) se inclinó en general por Fuerza Popular, aunque con intensidades variables. Tras un 2011 repartido entre Perú Posible, Gana Perú y Fuerza Popular, Fujimori se fortaleció en 2016 y tiñó de naranja casi toda la región. En 2021 y 2026 retuvo una parte importante de esos votos, aunque ya no en todos los distritos. El centro, salvo en las exitosas elecciones de Keiko en 2016, fue siempre una región disputada e incluso inclinada hacia sus contrincantes.

Lima Metropolitana, el bastión y el talón de Aquiles

Para entender la competitividad de Fujimori conviene poner el foco en Lima Metropolitana, que reúne a cerca de un tercio de la población peruana (más de diez millones de habitantes) en un área algo mayor que el Gran Ducado de Luxemburgo.

Como muestra el siguiente conjunto de mapas, el electorado limeño es fundamentalmente de derecha. Al tratarse del área que concentra la mayor parte de la riqueza del país, resulta previsible que sus electores defiendan el modelo vigente. Pero Lima es, además, una ciudad profundamente desigual que se refleja en los distintos “tipos” de derecha que conviven en ella. Los distritos menos acaudalados han respaldado históricamente al fujimorismo, mientras que los más ricos (situados en el centro de la ciudad) optaron por candidaturas de derecha liberal que tomaron distancia, al menos en el discurso, del autoritarismo fujimorista. Esta lógica se confirma en 2026: Renovación Popular, de Rafael López-Aliaga, fue la fuerza más votada en Lima Metropolitana (20,68%) por delante de la propia Fuerza Popular (17,41%).

Ese bastión de la derecha es, al mismo tiempo, el talón de Aquiles de la izquierda. La siguiente tabla lo pone en evidencia: Sánchez fue, por amplio margen, el candidato menos votado entre las fuerzas relevantes de Lima Metropolitana (2,83%) y Castillo también tuvo allí un desempeño pobre en el 2021 (7,29%). Del mismo modo, vale la pena reparar en lo ocurrido en el balotaje de 2021: aunque Castillo trepó del 7,29% al 34,32%, un crecimiento del 27%, quedó bastante lejos del incremento de 52% (del 14% al 66%) que obtuvo Fujimori.

El voto en el extranjero muestra patrones similares a los de Lima Metropolitana. Los candidatos más atractivos en las primeras vueltas del 2021 y del 2026 fueron López-Aliaga y Fujimori, mientras que los candidatos de izquierda no pasaban del 8%. Y, de igual manera, la capacidad de ganar más votos en la segunda vuelta fue más alta para Keiko Fujimori. En el 2021, Fujimori pasó del 14% al 66% en segunda vuelta, mientras que Perú Libre pasó de un 7% a un 34%. La brecha en la primera vuelta se incrementó en 2026: Fujimori obtuvo un 17%, mientras que Sánchez no alcanzó el 3%.

La segunda vuelta: votos en disputa

Las tendencias muestran una gran división territorial que se mantiene estable a lo largo de los años y que mantiene bastante parejos a los contendientes de la segunda vuelta. En ese sentido, la clave está en atraer a todos aquellos votantes que en primera vuelta no apoyaron a ninguna de las dos fuerzas que protagonizarán la próxima contienda.

En primer lugar, la participación electoral introduce una incógnita considerable. Luego de las elecciones de 2016, se inaugura un período de fuerte inestabilidad institucional y la participación se ha visto reducida año tras año (pese a que en el Perú el voto es obligatorio bajo pena de multa económica). Como se muestra en la tabla siguiente, esta se ha reducido en más del 10% en los últimos 15 años.

De modo similar, los votos nulos y en blanco se mantienen alrededor del 15% aunque estos suelen reducirse considerablemente para la segunda vuelta. Por ejemplo, en el 2021 más de 2 millones de electores se decidieron por alguna de las dos opciones. Cabría esperar el mismo comportamiento este fin de semana.

En segundo lugar, están los casi 12 millones de votos que en primera vuelta quedaron en manos de las otras 33 candidaturas presidenciales. Si nos guiáramos por las orientaciones ideológicas, Keiko Fujimori tendría mayor ventaja pues el electorado peruano, en su mayoría, se identifica a sí mismo como de derecha.[1] Así, los votantes de Rafael López-Aliaga (11.9%) y de Carlos Álvarez (7.9%) deberían orientarse “naturalmente” hacia Keiko; mientras que los de Ricardo Belmont (10.2%) y López-Chau (7.3%) hacia Sánchez. Sin embargo, el alineamiento no surge de forma natural porque muchos electores no se sienten representados por dichas candidaturas y el surgimiento de campañas por el voto en blanco por parte de algunos ex-candidatos[2] dejan más grande la incógnita de qué agrupación será capaz de atraer a más votantes.

Por otro lado, la lectura ideológica para el Perú es insuficiente, pues lo que ha decidido los resultados de los últimos años ha sido el “antifujimorismo”, una anti-identidad basada en la oposición a lo que representa el gobierno autoritario de Alberto Fujimori. A ello se debe, en buena medida, que Keiko no ganara las últimas contiendas electorales. El antifujimorismo se suele organizar en momentos clave de las competencias electorales. De hecho, en los últimos días al ver que Fujimori lidera las encuestas, se han organizado manifestaciones en la capital.[3]

Como último ejercicio, entonces, nos queda observar la capacidad de los competidores para mantener bastiones electorales que nos ayuden a pensar posibles desenlaces. Los siguientes dos gráficos muestran los espacios geográficos en los que la izquierda y el fujimorismo, respectivamente, han tenido apoyos concentrados. Utilizando el índice LISA de autocorrelación espacial podemos ver dónde se concentran los bastiones de cada candidatura. Esta técnica estadística muestra las áreas geográficas donde distritos contiguos tienen altos apoyos electorales hacia una candidatura (zonas rojas) que sugieren bastiones electorales y donde, por el contrario, los votos son sistemáticamente bajos (zonas azules) sugiriendo la presencia de oposición.

Así, al comparar el voto a Castillo (2021) en ambas elecciones con el de Sánchez (2026) se revela un dato sugerente: Sánchez no ha logrado retener el voto del sur que había cosechado Perú Libre (desvanecimiento de áreas rojas), pero lo compensó con regiones del norte como Cajamarca y Amazonas. Esto sugiere que si Roberto Sánchez logra articular tanto el voto de izquierda como el antifujimorismo en el sur, podría obtener incluso mayor apoyo que Castillo el 2021 si es que logra mantener Cajamarca y Amazonas al mismo tiempo.

El siguiente gráfico, en cambio, compara la autocorrelación espacial del voto a Fujimori en 2021 y 2026 y muestra una estructura territorial estable de su apoyo en las últimas tres elecciones. Loreto y Ucayali en la frontera amazónica fueron regiones que Fujimori consolidó respecto a la primera vuelta de 2021. Además, mantuvo Lima y la costa del Pacífico en el norte. Así, el apoyo electoral de Fujimori no parece haber cambiado mucho en estos últimos cinco años por lo que no parece que tuviese bolsones electorales que recuperar de cara a la segunda vuelta. Su estrategia, por tanto, parece enfocarse en evitar que Sánchez recupere el sur y poder atraer algunos votos de allí.

Comentarios finales

El escenario del 7 de junio permanece eminentemente abierto. Por su trayectoria, Fujimori llega como favorita y mejor posicionada que en ocasiones anteriores, aunque con varios flancos descubiertos: el centro y, sobre todo, el sur. Sánchez, por su parte, reúne características que lo emparentan con Castillo, pero con intensidades menores: parte de pisos más bajos en el sur, en Lima Metropolitana y en el exterior, y solo se muestra competitivo en el centro del país.

A esa fotografía de base se suman tres fuentes de incertidumbre que pueden alterar el resultado: la dirección que tome la participación, la reasignación de los votos nulos y en blanco que tienden a definirse en el balotaje, y la ambigüedad ideológica de buena parte de las candidaturas derrotadas. En definitiva, la elección parece reducirse a dos preguntas espejo. La medida en que Sánchez logre trascender a la izquierda para erigirse en candidato del antifujimorismo y la medida en que Fujimori consiga trascender su apellido para presentarse como una candidata de la derecha serán, muy probablemente, el terreno donde se dirima la presidencia del Perú.

[1] Véase los datos del Latin American Public Opinion Project (LAPOP) para Perú (2006–2023).

[2] https://www.infobae.com/peru/2026/05/14/tercer-candidato-de-la-segunda-vuelta-promueven-voto-viciado-para-anular-elecciones-y-frenar-a-keiko-fujimori-o-roberto-sanchez/

[3] https://www.infobae.com/america/agencias/2026/05/31/marcha-contra-la-candidata-presidencial-keiko-fujimori-toma-las-calles-del-centro-de-lima/

[1] Keiko Fujimori: “QUIERO SER PRESIDENTA PARA GOBERNAR, como lo hizo mi padre” https://youtube.com/shorts/eTkjwQFct8Y?si=XiIToMGdwZS_sI4w

[2]https://www.infobae.com/peru/2026/03/25/roberto-sanchez-explica-por-que-usa-el-mismo-sombrero-de-pedro-castillo-durante-su-campana/

[3] https://estudiosdeopinion.iep.org.pe/informe/diciembre-2022/

Las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo han dejado varios resultados relevantes. El obvio, y más comentado estos días, es la pérdida de la mayoría absoluta del PP y el escalabro electoral del PSOE a pesar de una participación casi nueve puntos porcentuales superior al observado en las elecciones de 2022. Además, de generar estos perdedores, la alta participación ha dejado también a dos claros ganadores. En primer lugar, el partido de izquierda regional “Adelante Andalucía” ha multiplicado por 4 su presencia en el Parlamento y ha aumentado sus apoyos electorales por casi 2,4. En segundo lugar, el partido de ultraderecha Vox ha aumentado su apoyo parlamentario en 1 escaño, aumentando su base electoral en 80.000 nuevos votantes.

En este post, me quiero centrar en algunos factores que explican la popularidad de Vox en Andalucía. La pregunta es relevante precisamente porque, como mencionaba antes, Vox es uno de los dos partidos que tiene un balance positivo tanto en número de votos como de escaños. El mapa de más abajo muestra la distribución de las ganancias electorales de Vox en todos los municipios de Andalucía. Como se puede apreciar, la diferencia de votos entre los resultados obtenidos en 2022 y los del domingo 17 de mayo es positiva de manera generalizada en todas las provincias. Vox aumentó su apoyo electoral en el 54% de los municipios, que equivale a un número ligeramente por encima de los 400. La provincia donde Vox lo hizo mejor fue Almería. Allí el partido de extrema derecha incrementó sus apoyos en el 70% de los municipios. La provincia donde lo hizo peor fue en Sevilla: solo aumentó sus votos en el 36% de las poblaciones.

¿Qué factores explican estas variaciones? En un artículo reciente analizo la importancia de los contextos socio-económicos en el apoyo a los partidos de extrema derecha. Uno de los estudios empíricos que uso en el artículo se centra, precisamente, en el apoyo a Vox. 

Lo que la investigación muestra es que el apoyo a la extrema derecha se magnifica en municipios donde las economías están dominadas por industrias de economía intensiva: aquellas industrias que necesitan mucha mano de obra, normalmente poco cualificada, para producir un bien. En estos contextos el apoyo a la extrema derecha se explica con dos mecanismos.

En primer lugar, los mercados laborales típicos de estas economías se caracterizan por tener un alto grado de vulnerabilidad laboral. En estos escenarios, las ocupaciones manuales y rutinarias están expuestas a los procesos de automatización y robotización. Y los trabajadores expuestos a estos riesgos tienen incentivos para apoyar agendas proteccionistas que se alinean con los discursos de la extrema derecha. 

Este mecanismo, sin embargo, no es suficiente para explicar el apoyo a partidos como Vox. Municipios con economías intensivas no solo se caracterizan por tener ocupaciones vulnerables sino también por dos rasgos muy particulares. En primer lugar, son lugares con una alta concentración de mano de obra inmigrante que se siente atraída por la demanda de trabajo poco cualificado propia de estas economías. En segundo lugar, estos municipios concentran una población local con bajos niveles educativos. 

Cuando se concentran estos elementos en un mismo lugar, la extrema derecha encuentra condiciones muy favorables para su expansión: por un lado, los conflictos culturales en comunidades tan heterogéneas favorecen el desarrollo de actitudes nativistas; por otro, la concentración de individuos con bajos niveles educativos favorece la formación y, sobre todo, expresión de actitudes antinmigrantes. 

Un ejemplo de economía intensiva es el empleo de grandes invernaderos para la producción de frutas y verduras que luego se venden en los mercados interior y exterior. Cuando se cruzan el apoyo electoral a Vox con el porcentaje de terreno agrícola destinado a esta actividad económica, aparece una relación muy estrecha entre los dos. En las elecciones de 2026, los cinco municipios donde Vox obtuvo los mejores resultados con Vícar (32,2%), La Mojonera (32,1%), Adra (31,8%), El Ejido (31,4%) y Rioja (30.5%). Todos estos municipios son Almerienses y su extensión de invernaderos es del 73%, 78,%, 34%, 76% y 6% respectivamente. Fuera de Almería destaca Lucena del Puerto en Huelva (28,7% apoyo a Vox y 29% invernaderos) o Albuñol en Granada (27,8% de votos a VOX y 23% de invernaderos).

Más allá de estos datos anecdóticos, la relación entre apoyo electoral a Vox y terreno dedicado a invernaderos se observa de manera generalizada. En mi segundo mapa muestro las variaciones en los apoyos a Vox junto con el porcentaje de terreno agrícola destinado a invernaderos. Como se puede observar, Vox obtuvo ventajas electorales allí donde el predominio de economías intensivas fue mayor. De hecho, el coeficiente de regresión entre las dos variables es de 0,06 que, además, tiene una alta significatividad estadística (p<0.001).

Por supuesto, el incremento de voto a Vox se observa también en municipios donde no hay una alta exposición a la industria de los invernaderos. Vox obtuvo el mayor porcentaje de votos (30,5%) en Rioja, una población almeriense donde apenas el 6% del terreno está destinado al uso de invernaderos. Rioja, sin embargo, es una localidad predominantemente agrícola donde se pueden observar dinámicas muy parecidas a las observadas en el poniente almeriense. De hecho, Rioja está muy próxima a esa zona por lo que no es descartable que los efectos que se observan en el llamado “Mar de plástico” se trasladen también a ese municipio. Un segundo factor, analizado también en mi artículo es la exposición a otras formas de economía intensiva como los servicios turísticos, sobre todo los hoteleros y restauración. Esta explicación tiene confirmación visual en el primer mapa que mencionaba más arriba: Vox aumenta su voto en la mayoría de provincias costeras, excepto en Cádiz.

Vox ha sabido movilizar a su electorado y ha conseguido convencer a nuevos votantes. Sus llamadas a la “prioridad nacional” han servido de refuerzo a electorados convencidos pero también a nuevos electores, sobre todo en contextos con economías intensivas, fuerte presencia de mano de obra extranjera y bajos niveles educativos.

Con las elecciones andaluzas, no solo cerramos un ciclo electoral, sino que arrancamos el que nos llevará hasta las próximas elecciones generales. Si no hay adelantos, tenemos por delante un año de campaña constante: en mayo de 2027 habrá elecciones autonómicas en diez regiones y locales en toda España, y las generales vendrán inmediatamente después.

Merece la pena, pues, repasar cuál es el balance de este ciclo electoral que comenzamos en Extremadura hace cinco meses y ha pasado por Aragón y Castilla y León para llegar a Andalucía. El PP forzó este período de urnas con el objetivo de erosionar al gobierno y visualizar con claridad que la alternativa.

Si atendemos únicamente a las encuestas de las generales, no parece que el PP haya subido en intención de voto en los últimos cinco meses. La tendencia es prácticamente plana, tanto para el PP como el PSOE y, si acaso, observamos que ha habido un ligerísimo retroceso de los populares. No obstante, creo que eso sería una conclusión demasiado miope.

En primer lugar, creo que al final de este período el PP ha conseguido proyectar una sensación de cambio de ciclo con cuatro elecciones seguidas siendo la fuerza más votada. Es cierto que los objetivos mayores no se han conseguido. No ha habido mayoría absoluta ni en Extremadura ni en Andalucía, pero en las cuatro ha sido el claro ganador. Ha rondado o superado el 40% de los votos (salvo en Aragón) y ha mantenido al menos diez puntos de ventaja frente al PSOE (salvo en Castilla y León). En todas ellas, además, el bloque de la derecha ha superado claramente el 50% de los votos.

Más allá de esto, una de las consecuencias de este ciclo electoral que nos arroja luz sobre lo que viene es que ha servido para aclarar el espacio de la derecha. Y aquí nuestras conclusiones hoy son distintas de las que extraíamos en febrero, con las elecciones aragonesas. Entonces parecía que forzando elecciones el PP había abierto la puerta a un ascenso de Vox que, además, pretendía disputarle la primera posición en la derecha. Esa volatilidad estaba imposibilitando cualquier acuerdo entre ambos partidos y dejando las investiduras autonómicas en el aire. Hoy entramos en la recta final hacia las generales con ese espacio más despejado. Vox se ha frenado en las encuestas y las aspiraciones de ser primera fuerza parecen olvidadas. El ciclo deja claro que, de momento, el rol del PP es el de fuerza que lidera el espacio y el de Vox el de socio minoritario.

Esto ya se ha traducido en un cambio de estrategia. Por un lado, entramos en el nuevo ciclo con Vox permitiendo investiduras y formación de gobiernos. La lógica es clara: Vox no tiene incentivos para mantener una postura insurreccional que le impide superar su techo del 20%. Para crecer, necesita mostrarse como fuerza de gobierno. Por otro lado, que se despeje este espacio tiene consecuencias. Por si a alguien le quedaban dudas, los gobiernos del PP pasan por Vox. Ambos están atados el uno al otro. Y un Vox dispuesto a gobernar se centra en exigir pocas medidas, pero muy claras. Entre ellas, destaca la inmigración como prioridad central. Podemos anticipar que un gobierno de la derecha que saliera de las próximas elecciones llevaría a Vox dentro, con la política migratoria como elemento vertebrador del acuerdo.

La izquierda entra en la carrera hacia las generales en una posición mucho peor, agravada esta semana con la imputación de Zapatero. Este ciclo electoral nos ha servido para comprobar no solo la debilidad del PSOE, sino también la escasa capacidad de movilización de Sumar y Podemos. En el último barómetro del CIS, el PSOE tiene una fidelidad de voto del 67,5% y Sumar, incluso incluyendo a Podemos, la tiene por debajo del 50%.

Según el barómetro de Ipsos para La Vanguardia de abril, la derecha superaría en estos momentos los 12 millones de votos, el récord histórico solo alcanzado antes en 2011, mientras que la izquierda se quedaría en torno a 8,5 millones, una cifra que solo se había registrado en los dos momentos en que la derecha obtuvo mayoría absoluta: en 2000 y en 2011. Dicho de otro modo: si las generales fueran hoy, la izquierda movilizaría el mismo volumen de voto que cuando perdió por mayoría absoluta. Y lo haría no porque sus votantes se hayan ido a la derecha en masa, sino porque no logra compensar sus pérdidas con nuevas incorporaciones. La fuga también va hacia la abstención y otras fuerzas más pequeñas. La izquierda necesita, por tanto, un acicate de ilusión para tener opciones en las próximas generales.

Y en estas, una de las mayores novedades de este ciclo electoral ha sido la fuerza que han mostrado la Chunta y Adelante Andalucía. En ambos casos, las encuestas nos muestran que su ascenso se ha asentado en parte en votos que vienen tanto del PSOE como del espacio Sumar/Podemos. Esta tendencia apunta a que puede repetirse en unas elecciones generales, donde la fragmentación y el debilitamiento del voto de izquierda puede beneficiar a las opciones regionalistas o soberanistas de izquierdas.

Con ello se da una de las conclusiones más paradójicas de este ciclo. La estrategia seguida por la izquierda en el Parlamento durante esta legislatura también siembra las semillas de su propio problema electoral. Sánchez ha conseguido algo inédito: forjar una coalición parlamentaria resistente con prácticamente todas las fuerzas de ámbito autonómico, desde el PNV hasta Bildu, pasando por ERC o Junts. Ese acuerdo ha sido su principal activo de gobernabilidad. Pero al hacerlo, ha contribuido a consolidar en el imaginario de una parte del electorado la idea de que para parar a la derecha radical no es necesario votar al PSOE ni a Sumar. Votar a la Chunta, a Adelante Andalucía o a Bildu puede tener el mismo efecto de bloqueo.

Entramos pues, en este último año de legislatura con una izquierda con dudas acumuladas tras un ciclo adverso, una fidelidad de voto en mínimos, un flanco regional cada vez más poroso y, ahora, el peso de la imputación de Zapatero como ruido de fondo. Y, sin embargo, un año es mucho tiempo en política.

El acceso al aborto es una de las cuestiones más debatidas en política sanitaria y de género. Pero más allá del debate sobre si debe estar permitido o no, hay una pregunta muy relevante: ¿qué ocurre cuando el acceso existe formalmente, pero en la práctica no es igual para todas?

La modificación en la ley del aborto exigía que las adolescentes de 16 y 17 años obtuvieran el consentimiento de sus progenitores para poder interrumpir un embarazo. La reforma de 2015 redujo la autonomía para las menores de 18. (Esta modificación fue derogada en 2023, aunque el debate sobre el acceso al aborto para adolescentes sigue abierto.)

Utilizando datos administrativos sobre todos los abortos y nacimientos registrados en España entre 2012 y 2019, se compara lo que ocurrió con las adolescentes de 16 y 17 años – a quienes afectó la reforma – respecto a las de 18 y 19 años. De este modo, sese aíslal efecto de la ley frente a otros factores que pueden estar cambiando al mismo tiempo.

Qué encontré: menos abortos, pero no más nacimientos

El primer resultado es claro: la tasa de aborto entre las menores de 18 años cayó aproximadamente un 11% tras la entrada en vigor de la ley, en comparación con las adolescentes de mayor edad. Sin embargo, lo más llamativo es que ese descenso no vino acompañado de un aumento equivalente en los nacimientos. Esto sugiere que la ley cambió el comportamiento de las adolescentes antes de que hubiera un embarazo que interrumpir. Cuando abortar se vuelve más difícil, algunas jóvenes no esperan a estar embarazadas para reaccionar: se anticipan.

El efecto de la ley, por tanto, opera en dos momentos distintos: en la decisión de abortar una vez embarazada, pero también en la decisión de prevenir el embarazo.

El papel de la distancia: la geografía como barrera

Obtener un aborto en España requiere acudir a un centro autorizado. Estos centros no están distribuidos uniformemente por el territorio. Hay provincias con varios; otras, con uno solo, generalmente en la capital; y otras, sin ninguno. Como muestra el mapa de accesibilidad geográfica en 2015, muchos municipios españoles se encontraban a más de 50 o incluso 100 kilómetros del centro más cercano.

Esta variación geográfica importa, y mucho. Cuando una adolescente vive lejos de un centro, obtener un aborto ya requería, en la práctica, algún tipo de ayuda de un adulto: para desplazarse, por ejemplo. La ley de consentimiento parental formalizó algo que, para muchas jóvenes en zonas rurales o semirrurales, ya ocurría.

La predicción teórica es clara: si antes de la ley las jóvenes que vivían lejos ya necesitaban involucrar a sus padres para abortar, la nueva exigencia legal no añadió nada sustancial para ellas. En cambio, para quienes vivían cerca de un centro y, por tanto, tenían más autonomía, la ley sí introdujo una barrera nueva y real.

Los datos confirman exactamente esto. Las adolescentes que residían en municipios más próximos a un centro de aborto redujeron sus tasas de aborto de forma notable tras la reforma. En cambio, las que vivían más lejos prácticamente no cambiaron su comportamiento.

El papel del entorno: no solo importa si puedes, sino qué piensan tus padres

Además de la distancia, el entorno cultural y religioso del municipio donde vive una adolescente afecta cómo reacciona ante la ley. Para medirlo, se utiliza el porcentaje de bodas católicas en cada municipio como indicador de arraigo religioso local.

El patrón descriptivo es claro: en los municipios más religiosos, las tasas de aborto son menores. Esto sugiere que el entorno puede desempeñar un papel importante en la decisión de abortar.

¿Pero cómo interactúa con la ley de consentimiento? En los municipios más laicos, el efecto de la ley se traduce de nuevo en una reducción de los embarazos: menos abortos, pero no más nacimientos. En los municipios más religiosos, en cambio, el patrón es distinto: los embarazos no caen, pero más de ellos acaban en nacimiento en lugar de en aborto.

La interpretación es coherente con la idea de que, en entornos más tradicionales, el valor atribuido a la maternidad es mayor. Cuando la ley eleva el coste de abortar y además implica la participación de los padres, el resultado es que más embarazos llegan a término.

Un efecto no deseado: indicios de abortos no seguros

Uno de los resultados más preocupantes del análisis tiene que ver con lo que ocurre cuando el acceso formal al aborto se restringe, pero la demanda no desaparece. Todos los datos usados en el análisis proceden de registros administrativos. Por lo tanto, puede haber respuestas en el comportamiento de las adolescentes que no estén capturadas en los datos. Usando datos de altas hospitalarias, se construye una medida de complicaciones relacionadas con interrupciones del embarazo — un indicador que pretende reflejar, entre otras cosas, el uso de métodos no seguros.

Los datos muestran un aumento de estas complicaciones entre las adolescentes de 16 y 17 años tras la reforma, en comparación con las de 18 y 19 años. La prensa ya recogía casos de jóvenes que buscaban píldoras abortivas en internet, y los datos sugieren que algunas adolescentes, ante la barrera que supuso la ley, optaron por vías alternativas con mayores riesgos para su salud. Las cifras absolutas son bajas, ya que es un fenómeno poco frecuente, pero la señal es preocupante.

Qué nos dice todo esto

Esta investigación ilustra algo que a veces se pierde en los debates sobre política de salud reproductiva: las leyes no operan en el vacío. Su efecto real depende del contexto en el que se aplican, en este caso, la geografía o las normas sociales.

Una ley que exige consentimiento parental afecta de forma muy distinta a una adolescente que vive a cinco minutos de una clínica y a otra que vive a 100 kilómetros. Del mismo modo, el entorno religioso y cultural en el que vive una joven juega un papel importante en la forma en la que ella y su familia reaccionan ante la nueva situación. Las respuestas no son uniformes, sino que dependen de qué margen de decisión tienen y de qué valores guían esa decisión.

Esto tiene implicaciones directas para el diseño de políticas. Cuando se evalúa una reforma sobre el aborto, es necesario considerar las condiciones de partida: quiénes tienen acceso efectivo y quiénes no, qué barreras ya existen antes de que entre en vigor la nueva norma, y cómo distribuirá sus efectos entre distintos grupos de mujeres. Esta reforma fue derogada en 2023, pero el acceso al aborto en España sigue siendo desigual.

Campaña electoral en marcha. Cuenta atrás para las elecciones al Parlamento andaluz. En poco más de una semana, el domingo 17 de mayo, se celebrarán las cuartas elecciones regionales en España en apenas cinco meses. La de Andalucía será la última parada electoral prevista este año dentro de un ciclo que iniciaron los populares, a finales del pasado año, con la convocatoria anticipada de comicios regionales. El PP nacional respaldó la opción de apretar el botón electoral convencido de que, apelando al voto útil y al argumento de los gobiernos estables, sus barones territoriales podrían lograr la mayoría absoluta en unas elecciones anticipadas en Extremadura (21 de diciembre) y Aragón (8 de febrero), y después en las que tocaba celebrar en Castilla y León (15 de marzo).

 A la vuelta del pasado verano, en Génova y en las sedes regionales del PP, las alarmas se encendieron por los buenos augurios demoscópicos de la extrema derecha a costa, principalmente, de sus votantes. Ya no parecía imposible que Vox pudiera superar su techo electoral del 15% (logrado en las elecciones generales de noviembre de 2019, con cerca de 3,7 millones de votos). Tras las alarmas, el PP pasó a la acción y se marcó como objetivo inmediato reafirmar su base electoral para evitar que la formación liderada por Abascal siguiera pescando en su caladero de votos y, sobre todo, fidelizara a sus antiguos electores. Además, el contexto político les resultaba, a priori, propicio a los populares, puesto que el PSOE estaba en horas bajas por el impacto del caso Koldo-Ábalos-Cerdán, y los partidos a la izquierda del PSOE tampoco parecían estar en su mejor momento (por la imagen de desunión y enfrentamiento).

Los cálculos de los populares eran claros: la primera victoria electoral les reforzaría de cara a las segundas elecciones regionales, y con la segunda victoria electoral estarían mejor posicionados para conseguir la siguiente. En sólo tres meses podrían exhibir grandes triunfos electorales y políticos. Dejarían de depender de Vox en tres regiones. Proyectarían al PP como la nueva marca electoral de moda. Y teniendo en cuenta los malos resultados potenciales del PSOE en todas ellas, y en Aragón con una exministra, Pilar Alegría, como cabeza de cartel electoral, calaría el mensaje de que Sánchez y su gobierno habrían sufrido, elección tras elección, un incontestable voto de castigo.

Siguiendo los cálculos del PP, en los comicios andaluces, que tocaba celebrar antes de este verano, se daba por hecho que Juanma Moreno Bonilla revalidaría la mayoría absoluta alcanzada en 2022, siendo capaz de superar el “bache” del escándalo por los cribados de cáncer de mama. La aplastante victoria final sería el trampolín para que, en la misma noche electoral en la región más poblada de España, un exultante PP, sin ataduras con Vox, se viera legitimado para exigir la convocatoria anticipada de elecciones generales. ¿Cómo podría evitar el gobierno de Sánchez que no se interpretaran en clave nacional cuatro apabullantes victorias seguidas del PP en elecciones regionales, frente a cuatro contundentes derrotas del PSOE en las que Sánchez, además, había sometido a examen a dos exministras (Pilar Alegría y María Jesús Montero) de su propio gobierno?

Sobre el papel, los hitos del camino electoral estaban claros. Pero el plan no salió exactamente como el PP esperaba. La falta de mayorías absolutas con las que se saldaron las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, así como, sobre todo, la reciente asunción por parte del PP de la agenda ultra de Vox para seguir gobernando en ellas, no han proyectado la pretendida imagen de un partido exitoso.

Paradójicamente, los dirigentes regionales del PP que adelantaron las elecciones para no depender de Vox, ahora se ven obligados a desdecirse y a aceptar sus imposiciones desde una posición de mayor debilidad. Además, por unas razones u otras, no todos los dirigentes de peso del PP, como Isabel Díaz Ayuso, están de acuerdo en cerrar filas frente a las concesiones realizadas a la formación ultra, lo que supone un foco potencial de fricciones internas en ese partido y de cuestionamiento del liderazgo de Feijóo. Por otra parte, el mejor resultado de lo esperado que consiguió el PSOE en las elecciones regionales de Castilla y León, así como la ligera recuperación demoscópica a nivel nacional de Sánchez y del PSOE en los últimos meses, ha restado credibilidad a la línea discursiva del PP sobre el inexorable hundimiento socialista y, por ende, de la falta de apoyo social del “sanchismo” para seguir gobernando hasta el final (natural) de la legislatura.

Todo ello hace que el PP no se encuentre ahora, en la antesala de las elecciones andaluzas, en la situación inicialmente planeada. Frente al objetivo de poner el foco en los (esperados y quizás por ello descontados) malos resultados del PSOE, parece generar un mayor interés ahora cómo quedará el pulso en el bloque de la derecha, entre el PP y Vox, así como en las consecuencias que pueden tener los resultados andaluces en las estrategias de los partidos de cara al superelectoral 2027 (regionales, locales y generales). ¿Serán las del 17 de mayo las cuartas elecciones regionales seguidas en las que la formación de ultraderecha será clave en la gobernabilidad?; ¿Conseguirá Moreno Bonilla, al menos, los 55 escaños necesarios en el Parlamento andaluz para no tener que depender de Vox para formar gobierno?

Los sondeos apuntan a que la mayoría absoluta está al alcance del PP, pero no la tiene garantizada. Y Vox va a disputarle hasta el último voto para impedirlo. Fue, además, en Andalucía donde la formación ultra consiguió, en las elecciones regionales de 2018, por primera vez representación parlamentaria y ser clave en la formación de un gobierno (entonces de coalición entre PP y Ciudadanos, liderado por Moreno Bonilla).

La formación de Abascal también se juega mucho el 17 de mayo por su necesidad de recuperar parte del “lustre” perdido en los últimos meses, especialmente porque la aureola de éxito es lo que también le da votos, desde la exaltación de un discurso que apela a los valores tradicionales asociados a la fortaleza. Vox no consiguió, en marzo, los resultados esperados en las elecciones de Castilla y León, al contrario de lo que ocurrió en los comicios anteriores de Extremadura y Aragón. Desde abril, las encuestas con estimación de voto en elecciones generales apuntan a que este partido ha dejado de cotizar al alza. Parece que la simpatía y el respaldo (cada vez menos cacareados) de Abascal a Trump, así como los sonados episodios de crisis interna que ha protagonizado esta formación en los últimos meses le han podido pasar factura. Por eso, no es de extrañar que Vox haya optado ahora por monopolizar el debate público español y tener una importante “carta” que jugar en la campaña electoral andaluza con la propuesta de “prioridad nacional” o, lo que es lo mismo, priorizar a los españoles (los nacidos en España de padre y madre españoles, se entiende) por el mero hecho de serlo, frente a la población inmigrante en el acceso a los servicios públicos y la concesión de ayudas sociales.

El verano pasado, aprovechando un incidente, Vox ya consiguió marcar el debate público, alentando el miedo sobre el reemplazo de los españoles por los inmigrantes y proponiendo, a bombo y platillo, expulsiones masivas de inmigrantes y de sus hijos, así como la revisión de las concesiones de nacionalidad. En esta ocasión, la propuesta de la prioridad nacional ha tenido mayor repercusión dado que ya no es solo una “idea”, sino una medida que Vox ha conseguido colar en los acuerdos que ha alcanzado ya con el PP en Extremadura y Aragón para formar gobierno. También ha conseguido Vox que cale el mensaje de que esa medida será una exigencia que los populares tendrán que aceptar si quieren llegar a futuros acuerdos de gobierno, ya sea a nivel regional, local o nacional. Las elecciones andaluzas les servirán a los estrategas de Vox como laboratorio para “testar” si esta propuesta xenófoba les aporta muchos o pocos réditos electorales.

Más allá de si gana más o menos escaños respecto a las elecciones andaluzas anteriores, a Vox solo le vale un resultado en Andalucía: que el PP no consiga la mayoría absoluta. Y por mucho que el PP pueda esgrimir, en el mejor de los supuestos, una debacle de la lista del PSOE encabezada por María Jesús Montero, lo que necesita es retener, al menos, 55 escaños (de los 58 que tiene ahora). Para conseguirlo, la fórmula de Moreno Bonilla pasa por seguir explotando su imagen de líder moderado, tranquilo y conciliador que pone el acento en la gestión y que, visto lo ocurrido en otras regiones, no quiere que en Andalucía haya “líos” a la hora de formar gobierno. A su favor, cuenta con que el PP es, según la encuesta preelectoral andaluza del CIS, el partido político que tiene un mayor porcentaje de votantes fieles y menos indecisos, al tiempo que, en el espacio de la derecha, resulta más atractivo para los votantes (63,4%) que optaron en 2022 por el hoy extinto Ciudadanos y también seduce potencialmente a casi un 30% de los que optaron por Vox. Aunque no se espera que Se Acabó La Fiesta consiga representación en el Parlamento andaluz, su candidatura parece perjudicar más a Vox que al PP.

Asimismo, Moreno Bonilla es el candidato mejor valorado (8,3 sobre 10) por su electorado, mientras recibe buenas puntuaciones entre los antiguos votantes declarados de Ciudadanos (6,9) y de Vox (6,6). Por otro lado, tampoco suscita un fuerte rechazo en el electorado de izquierda y está por ver en qué medida Moreno Bonilla podrá capitalizar, especialmente entre el electorado más centrista del PSOE, el voto útil por el miedo a Vox. Entre los jóvenes (18-24 años), y a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, el PP aventaja en Andalucía en intención de voto a Vox. Igualmente, en el ámbito rural, donde Vox pisa fuerte, los vientos demoscópicos son en Andalucía más favorables al PP.

En todo caso, no se puede descartar que la formación de Abascal consiga un mayor impulso en la recta final de la campaña electoral agitando, desde un discurso que apela a las emociones más primarias y a la “lógica del sentido común”, su (actual) propuesta estrella de “prioridad nacional” en una región en la que hay un segmento significativo de la población que siente preocupación a la vez por el paro, la inmigración, la vivienda y el funcionamiento del sistema sanitario.

Si el próximo 17 de mayo Moreno Bonilla consigue revalidar la mayoría absoluta, será también interesante seguir las repercusiones que esa victoria pueda tener, y no solo en el PP y Vox. Ahí lo dejamos, a la espera de conocer el desenlace.

El debate sobre las denuncias falsas en violencia de género no es tan sencillo porque mezcla dos definiciones distintas: la persecución penal del denunciante (en torno al 0,001% en España) y la denuncia sobre hechos no ocurridos, que en España no se mide. La literatura internacional sobre agresiones sexuales sitúa esta segunda en una franja del 3% al 8%, una proporción minoritaria pero no inexistente. La discusión gana cuando se distingue entre conceptualizar, medir e inferir, en vez de confundir el indicador más restrictivo con la incidencia real del fenómeno.

Si definimos una “denuncia falsa” como aquella en la que la persona denunciante es acusada y procesada por haber denunciado de mala fe hechos falsos, es razonable esperar que su incidencia sea una fracción muy pequeña del total. En materia de violencia de género, en España las autoridades utilizan un criterio operativo muy restrictivo: la Fiscalía retira la acusación por propia iniciativa durante el juicio oral, solicita al juez que deduzca testimonio y persigue de oficio a la denunciante. Con esta definición —y con algunas restricciones adicionales de registro— la medición resultante arroja en torno al 0,001% de todas las denuncias interpuestas desde la aprobación de la ley vigente. Algunos años el valor registrado es cero, y de ahí que a veces se afirme que no existen.

Si, en cambio, definimos “denuncia falsa” como una denuncia interpuesta por hechos que no han ocurrido, con independencia de que exista o no posterior persecución penal de la denunciante, entonces debemos reconocer que en España no sabemos cuántas hay. No existen criterios operativos públicos para medir ese fenómeno. La investigación comparada en otros países sugiere que una medición basada en este segundo concepto podría situarse en torno a varios puntos porcentuales, con estimaciones que a menudo parten del 5%. Seguiría tratándose de una fracción minoritaria del total de denuncias, pero claramente distinta de la anterior. Bajo esta definición más amplia no es correcto afirmar que no existen, y sí lo es afirmar que no están bien medidas.

Parte de la discusión pública nace de mezclar ambos conceptos. Como escribió un fiscal en un blog en este diario (Teniente Kaffee), desde un punto de vista nominal, cuando se debate sobre esto “ambas partes no discuten, ya que no hablan de lo mismo”. Más que una cuestión de nombres, es una cuestión de conceptos y de niveles de definición. En ciencias sociales es habitual distinguir entre el concepto general que se quiere estudiar y la definición operacional que permite medirlo. No es lo mismo definir casos para perseguirlos penalmente que definirlos para estimar la incidencia de un fenómeno o evaluar posibles efectos no deseados de una política pública.

Un ejemplo ayuda a ver la diferencia de usos. En 2020 varios medios informaron sobre una trama organizada de denuncias falsas de violencia de género en Almería vinculada a la obtención fraudulenta de permisos de residencia. Ese mismo año aparecieron titulares institucionales afirmando que no hubo ninguna denuncia falsa. Se referían a que no hubo ninguna denuncia falsa registrada. No hay necesariamente contradicción, pero sí confusión (además de un lenguaje fuerte, pues a veces se habla de bulos): se estaba usando el término con definiciones distintas. En el lenguaje ordinario y periodístico suele emplearse el concepto amplio (hechos no ocurridos); en el registro penal-estadístico se usa el concepto estrecho (casos perseguidos y acreditados judicialmente). Distinguir ambos planos evita confusiones innecesarias.

DENUNCIAS FALSAS DE AGRESIONES SEXUALES: DATOS INTERNACIONALES

No existen datos estrictamente comparables entre países sobre violencia de género, entre otras razones por las diferencias legales y de registro. Sí existen, en cambio, más estudios comparables sobre denuncias falsas de agresiones sexuales. Aunque no son fenómenos idénticos, tienen en común que la credibilidad de la víctima es muy importante como elemento de prueba y que se suscitan movimientos de opinión en torno a la frecuencia de supuestas denuncias falsas. Estos estudios permiten establecer órdenes de magnitud y métodos de medición.

No parece haber evidencia de que las diferencias entre países occidentales en este punto sean extremas. Tampoco hay evidencia clara de que la tasa de denuncias falsas deba ser sistemáticamente menor en violencia de género que en agresiones sexuales. Por prudencia, puede considerarse que las estimaciones en agresiones sexuales ofrecen al menos una referencia mínima para pensar el problema. La forma de discutir estas estimaciones no es remitirse solo al número de denunciantes perseguidos penalmente, sino proponer mediciones alternativas con métodos explícitos y evaluables.

Para resumir la literatura, puede utilizarse la revisión realizada en 2017 por la profesora Dana A. Weiser sobre estudios de falsas denuncias de agresión sexual. Su objetivo era examinar críticamente la evidencia disponible y descartar trabajos metodológicamente débiles, a fin de reforzar la posición que ella describe como feminista en un debate en el que son frecuentes las cifras infladas y especulativas. De los estudios revisados, recomienda tres por su calidad (ver las referencias en la nota final de esta entrada):

Un estudio sobre todas las denuncias de violación registradas en una gran ciudad estadounidense durante un año, con análisis cuantitativo y cualitativo de expedientes y entrevistas policiales, estimó un 4,5% de denuncias falsas.

Un estudio de diez años en una gran universidad de EEUU (136 casos) identificó un 5,9% de denuncias falsas y situó sus resultados dentro de un intervalo coherente con otros trabajos solventes, entre el 2% y el 10%.

Una investigación con datos principalmente del Reino Unido situó la estimación europea en un rango aproximado del 3% al 8%, revisando a la baja cifras anteriores más altas.

A estos trabajos se añaden informes institucionales. Un estudio del Ministerio del Interior británico sobre la tramitación de denuncias de violación clasificó como falsas el 8% de los casos analizados por la policía, aunque las propias autoras advierten de posibles errores de clasificación y discuten que una parte podría corresponder a denuncias verdaderas mal evaluadas. Es relevante que solo una pequeña fracción de esos casos terminó en acusaciones contra denunciantes, lo que muestra de nuevo la diferencia entre la posible clasificación y la persecución penal.

Los datos canadienses ofrecen otra referencia útil. En la Encuesta uniforme de delitos, las agresiones sexuales clasificadas como “infundadas” en 2024 se situaron en torno al 6–7% en los casos menos graves y por debajo de ese valor en los más graves. Canadá dispone de sistemas estadísticos detallados; en comparación, los datos públicos españoles son más limitados.

En conjunto, la literatura internacional revisada con criterios metodológicos tiende a situar la proporción de denuncias falsas o infundadas de agresión sexual en un recorrido aproximado del 3% al 8%, con variaciones según método y definición. No es un fenómeno mayoritario, pero tampoco inexistente.

MUCHAS O POCAS

En debates públicos de otros países es habitual que autores comprometidos con la defensa de las víctimas acepten rangos bajos —por ejemplo, entre el 2% y el 6%— para refutar cifras infladas. El argumento suele ser que se trata de una proporción reducida y comparable a la de otros delitos, y que el problema principal sigue siendo la violencia real. Reconocer la existencia de un fenómeno minoritario no implica restar gravedad al fenómeno mayoritario.

Desde el punto de vista de la evaluación de políticas públicas, incluso porcentajes pequeños pueden ser relevantes dependiendo de las consecuencias asociadas. Las decisiones normativas —por ejemplo, sobre medidas cautelares automáticas— no se resuelven solo con datos descriptivos, pero sí requieren datos claros sobre costes y beneficios. Esa discusión es legítima y no debería bloquearse por ambigüedades conceptuales.

CONCEPTO, MEDICIÓN Y DEBATE PÚBLICO

Conviene distinguir tres niveles: conceptualizar, medir e inferir. Primero se define con claridad qué fenómeno se quiere estudiar. Después se establecen reglas observables para medirlo. Por último, si los datos lo permiten, se formulan inferencias y explicaciones. Confundir el indicador más restrictivo disponible con la incidencia real del fenómeno conduce a conclusiones débiles.

Los indicadores penales estrictos son adecuados para la persecución judicial, pero no necesariamente para estimar la presencia en la sociedad. Algo parecido ocurriría si se intentara medir una enfermedad solo con los casos confirmados por una prueba muy específica, ignorando otros métodos diagnósticos y estimaciones epidemiológicas. El dato sería útil para ciertos fines clínicos, pero insuficiente para describir la incidencia total.

En cuestiones controvertidas, la contribución específica de la ciencia social no es cerrar debates, sino clarificar conceptos, hacer explícitos los métodos de medición y señalar los márgenes de incertidumbre. Sabemos algunas cosas con bastante respaldo empírico; otras no las sabemos bien; y otras probablemente no puedan conocerse con precisión. Distinguir estos niveles mejora la calidad de la conversación pública.

Conceptos claros, indicadores transparentes y métodos discutibles abiertamente no eliminan el desacuerdo, pero permiten que el desacuerdo sea más informado. Ese es, al menos, el estándar al que debería aspirar la discusión basada en datos.

POSTSCRIPTUM SOBRE ESTO NO EXISTE, DE JUAN SOTO IVARS

Este texto está motivado por el debate suscitado en torno al libro de Juan Soto Ivars Esto no existe: las denuncias falsas en violencia de género (Debate, 2025), que he leído con interés. De él tomo la cita del Teniente Kaffee y el ejemplo de la noticia sobre una red de denuncias falsas en 2020, que se repite en años posteriores. La valoración general del libro y del debate que ha generado quedan fuera del alcance de esta entrada.

En mi opinión, la política pública sobre violencia de género en España produce beneficios sustanciales, aunque, como es natural, también plantea costes y cuestiones que merecen evaluación. El libro contribuye a señalar, a través de la polémica, algunos ámbitos en los que la información pública disponible es limitada. Pero estos ámbitos son diversos, por ejemplo, tampoco tenemos estimaciones adecuadas de cuántas verdaderas agresiones no son denunciadas. Su enfoque se centra en los costes, mientras que la evaluación de cualquier política requiere considerar conjuntamente la magnitud del problema que aborda, sus efectos y sus posibles consecuencias no deseadas.

La polémica puede motivar el análisis, pero no lo sustituye. Esta entrada pretende contribuir modestamente a clarificar uno de los aspectos implicados, aunque queda mucho por investigar para alcanzar una comprensión completa del fenómeno.

USO RESPONSABLE DE LA IA

Si esta entrada mejor que otras parece —o, como a mí, lavada con lejía—, fue que quise raspar lo que recrece y confieso que ayudome la IA.

REFERENCIAS (en orden de aparición)

Weiser, D.A. (2017) Confronting Myths About Sexual Assault: A Feminist Analysis of the False Report Literature Family Relations, Vol. 66, No. 1, Special Issue on Feminist Framings of Sexual Violence in College Campuses https://doi.org/10.1111/fare.12235

Spohn, C., White, C., & Tellis, K. (2014). Unfounding sexual assault: Examining the decision to unfound and identifying false reports. Law & Society Review, 48, 161 - 192. https://doi.org/10. 1111/lasr. 12060

Lisak, D., Gardinier, L., Nicksa, S. C., & Cote, A. M. (2010). False allegations of sexual assault: An analysis of ten years of reported cases. Violence Against Women, 16, 1318-1334.https://doi.org/10.1177/10778012103877475,9%

Kelly, L. (2010). The (in)credible words of women: False allegations in European rape research. Violence Against Women, 16, 1345-1355. https://doi.org/10.1 177/1077801210387748

Kelly, L., Lovett, J., & Regan, L. (2005). A Gap or a Chasm? Attrition in Reported Rape Cases. Home Office Research Study 293. Home Office Research, Development and Statistics Directorate.

Statistics Canada/ Statistique Canada Uniform Crime Reporting Survey. https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=3302

Es de sobra conocido que las dictaduras atacan a la sociedad civil. Al ser potenciales espacios de resistencia, los dictadores procuran anular cualquier organización cívica, sea política o no. En principio, una vez termina el régimen, la sociedad civil debería volver a florecer: las barreras legales desaparecen y el miedo a la represión deja de ser un factor determinante. Sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias de una dictadura a largo plazo? Es posible que el autoritarismo deje un poso de desafección que persista mucho después de la caída del dictador. Al fin y al cabo, los hábitos cívicos no se recuperan de la noche a la mañana; un músculo asociativo atrofiado puede tardar décadas en volver a funcionar. Si la apatía social está arraigada, el cambio de instituciones no garantiza, por sí solo, un cambio en la cultura cívica de los ciudadanos.

España es un buen caso de estudio para intentar responder a esta pregunta. El país atravesó una dictadura que se prolongó desde el final de la Guerra Civil en 1939 hasta la muerte de Francisco Franco en 1975. Si bien el proceso de democratización posterior trajo consigo un crecimiento notable de la participación política y cívica, la huella del régimen no desapareció. Cabe preguntarse si quienes vivieron la dictadura como adultos mantuvieron comportamientos distintos a los de las generaciones más jóvenes, es decir, aquellas que vivieron el franquismo siendo niños o que, directamente, ya nacieron en democracia.

En un estudio reciente publicado en la revista European Journal of Political Research, analizamos precisamente estas dinámicas. Para ello, recopilamos todas las encuestas del CIS que incluían preguntas sobre la participación de los españoles en asociaciones de todo tipo, desde las políticas (como sindicatos) hasta las estrictamente civiles (como asociaciones de vecinos o deportivas). Nuestra base de datos cuenta con unas 140.000 respuestas recogidas entre 1989 y 2017, lo que nos permite abarcar un espectro generacional inmenso: desde nacidos durante la Primera Guerra Mundial hasta la generación de los 80. Gracias a este volumen de datos, podemos aplicar modelos estadísticos para distinguir los efectos de generación, nuestra variable de interés, de los efectos de edad y de periodo. Es decir, podemos aislar el peso de haber nacido en un año concreto, independientemente de la edad que tuviera el encuestado al responder o del contexto político de ese momento.

Nuestros resultados indican que las generaciones socializadas como adultos durante el franquismo participan menos que las más jóvenes, especialmente en organizaciones de carácter político. El Gráfico 1 muestra la tasa de asociacionismo por década de nacimiento, tras controlar por otros factores como el género, el nivel educativo, el entorno (rural o urbano) o la ideología. Observamos que, si bien no existen brechas generacionales drásticas en el asociacionismo general, la diferencia es notable en el ámbito político. Resulta particularmente interesante el “gran salto” que se produce en la cohorte nacida en torno a 1950, tendencia que se estabiliza a partir de entonces. En definitiva: el aumento de la participación se consolida precisamente entre quienes ya no vivieron el régimen franquista como adultos.

¿Cómo asegurar que estos resultados no se deben a efectos de periodo o de edad? En primer lugar, podemos comprobar si este efecto se mantiene a lo largo de todos los años para los que tenemos encuestas. El Gráfico 2 ilustra precisamente este punto. Para simplificar el análisis, dividimos a la población en dos grupos: aquellos nacidos antes de 1958 (quienes ya eran adultos a la muerte de Franco) y los nacidos después. Al compararlos año tras año, el gráfico revela que, en el ámbito de las asociaciones políticas, las generaciones más antiguas participan sistemáticamente menos, independientemente del momento en que se realice la encuesta.

Por último, para descartar que se trate de un simple efecto de edad (es decir, el hecho de que nuestra ventana de observación para las cohortes más antiguas se limite a sus años de vejez, al no disponer de encuestas de cuando eran jóvenes), realizamos una reconstrucción de la trayectoria de cada generación. En este análisis, comparamos la participación de cohortes específicas (por ejemplo, los nacidos en 1945) con la de cohortes más jóvenes cuando ambas tenían la misma edad. El Gráfico 3 ilustra este ejercicio y los resultados son claros: independientemente de la edad que tomemos como referencia, las generaciones más antiguas siempre participan menos que las jóvenes a esa misma edad. Esta brecha es especialmente profunda en las que denominamos “generaciones de Franco” (nacidas antes de 1955), representadas en el gráfico con colores fríos.

 En resumen, los dictadores no solamente asfixian la participación cívica mientras están en el poder. Nuestro estudio indica que la experiencia del autoritarismo genera una desafección que puede durar toda la vida. Aunque nuestro estudio está centrado en el caso de España, es muy posible que esto también ocurra en otros países que emergen de dictaduras. Investigaciones previas han mostrado el impacto a largo plazo de haber vivido bajo el régimen soviético o cómo, de forma general, socializarse como adulto en contextos autoritarios reduce la probabilidad de participar electoralmente durante el resto de la vida.

Muchos de los que hoy superamos los 30 años recordamos a nuestros abuelos decir aquello de: “mejor no te metas en política, que solo trae dolores de cabeza”. Nunca sabremos qué habría pasado en España si la dictadura franquista hubiera durado menos, pero es muy probable que su longevidad fuera clave para dinamitar el espíritu cívico de toda una generación de la forma en que lo hizo.

En los años ochenta del siglo pasado, nueve de cada diez españoles se declaraban católicos; hoy, apenas lo hace la mitad de la población. Detrás de esta caída está lo que los sociólogos denominan secularización: un proceso por el cual el pensamiento, las prácticas y las instituciones religiosas pierden relevancia social. Esto se traduce en una menor asistencia a la iglesia, una mayor separación entre Iglesia y Estado y un papel cada vez más reducido de la religión en la política, la educación y la vida cotidiana.

La secularización, además, sigue un mecanismo bastante sencillo: desde hace décadas, cada generación es menos religiosa que la anterior. Así, la sociedad española pierde creyentes a medida que las generaciones mayoritariamente católicas —nacidas a mediados del siglo XX— se retiran y son sustituidas por cohortes mucho menos religiosas, especialmente las nacidas en este siglo.

Este proceso se aprecia con claridad en el gráfico 1, donde utilizo más de un millón de observaciones del fichero integrado de datos del CIS para mostrar la secularización en España. Se incluyen todos los barómetros que preguntan por la religiosidad, desde 1985 hasta marzo de 2020. A partir de ese momento, el CIS cambia su metodología —de encuestas presenciales a telefónicas—, por lo que las tendencias deben analizarse de forma distinta, como hago en el gráfico 2. En el gráfico 1, cada punto corresponde a un año e incluyo también líneas de tendencia en el porcentaje de personas que se declaran católicas.

Durante los años ochenta y noventa, la secularización avanzaba despacio: apenas un punto menos de católicos cada cuatro años. Pero con la llegada del nuevo siglo, el ritmo cambia por completo y se acelera hasta rozar un punto porcentual menos cada año. Entre los jóvenes, como cabría esperar, la tendencia es aún más intensa: en lo que va de siglo, cada año ha habido entre uno y dos puntos menos de jóvenes que se declaran católicos. El resultado es un cambio generacional muy claro: mientras en el conjunto de la población todavía persiste una ajustada mayoría de católicos, entre los menores de 30 esa mayoría desapareció hace ya más de una década.

A pesar de lo nítido de este proceso, en los últimos años hay una pregunta que reaparece una y otra vez: ¿está volviendo la religión entre los jóvenes? Algunos retratos impresionistas y ciertos datos cualitativos invitan a pensarlo. Pero cuando uno acude a las cifras, la respuesta exige bastante más prudencia.

El problema es que, como comentaba antes, el CIS cambia su metodología justo al inicio de la pandemia. Desde entonces, seguir la evolución de sus series ya no es tan sencillo. Sin entrar en demasiados detalles, desde abril de 2020 las encuestas pasan a ser telefónicas, lo que altera la composición de la muestra: hay más personas con estudios superiores (generalmente menos religiosas) y menos con estudios primarios (generalmente más religiosas). Estos sesgos deben corregirse, y no es una tarea trivial.

Aun así, con una base de datos tan amplia merece la pena intentarlo. El gráfico 2 recoge esa estimación y muestra la evolución de la religiosidad en los últimos cinco años, excluyendo 2020, que resulta especialmente problemático en la serie del CIS.

El gráfico 2 es bastante claro: la secularización en la población general no solo no se ha detenido, sino que ha seguido avanzando con fuerza tras la pandemia. La estimación más reciente sitúa en torno al 50% el porcentaje de personas que se declaran católicas en España.

Y, salvo cambios profundos, esta tendencia no parece que vaya a frenarse. El motivo es el mismo mecanismo de reemplazo generacional que comentaba antes: como muestra la línea roja, el porcentaje de jóvenes que se declaran católicos es sensiblemente menor que el observado en el conjunto de la población. Eso implica que, año tras año, a medida que unas cohortes sustituyen a otras, el peso del catolicismo seguirá disminuyendo en España.

Al mismo tiempo, los datos parecen dar cierto respaldo a esos retratos recientes que apuntan a que algunos grupos de jóvenes están siendo, por primera vez en medio siglo, algo más religiosos con el paso del tiempo.

El repunte de los jóvenes actuales es compatible con la secularización general por dos razones.

En primer lugar, porque parte de niveles ya muy bajos. Las cohortes jóvenes de hace veinte años comenzaban en torno al 60–65% de católicos y luego descendían. Las actuales parten de aproximadamente un 35% y, en el mejor de los casos, se estabilizan o repuntan ligeramente. El resultado es que el reemplazo generacional sigue siendo secularizador en términos netos: incluso con ese pequeño repunte, los jóvenes continúan siendo mucho menos religiosos que las generaciones a las que sustituyen.

En segundo lugar, hay una interpretación plausible del propio repunte. A medida que la religión deja de ser la norma social, quienes se siguen declarando católicos tienden a tener una adscripción más intensa y menos nominal. La base se reduce, pero se consolida entre quienes permanecen: lo que en sociología se describe como el modelo de la “iglesia pequeña” pero comprometida.

Existe también una interpretación alternativa, más especulativa: que entre los jóvenes actuales esté emergiendo cierta reacción cultural frente al secularismo predominante, una especie de revival identitario. Sin embargo, el período 2021–2026 es todavía demasiado corto como para distinguir con claridad entre estas explicaciones.

Lo que sí permiten afirmar los datos es que la secularización agregada no se ha detenido. El reemplazo generacional garantiza que continuará, incluso si los niveles entre los jóvenes se estabilizan, salvo que las nuevas cohortes converjan con la edad hacia niveles de religiosidad similares a los de sus mayores. Y eso es, precisamente, lo que habrá que observar en los próximos años.

El premio AENA de narrativa hispanoamericana, cuya primera edición se falla hoy, está dotado con un millón de euros para el ganador, 30.000 para los otros cuatro finalistas, y un considerable apoyo para las editoriales de los premiados, tres grandes grupos multinacionales, en forma de compra de los libros. Por su enfoque y dotación económica esta distinción solo es parangonable con el Premio Gran Libro (Bolshaya Kniga) que otorga un consorcio de magnates rusos y con el Premio Katara a la novela árabe que se entrega en Qatar. Los supera, como un Bernabéu de los premios.

Creo que es bueno poner las cosas en su lugar, y luego ya veremos. Poco o nada se parece a otros premios, como en seguida me ocupo de enseñar.

Las palabras más utilizadas entre sus promotores y partidarios -que tienen motivos genuinos, honestos y comprensibles- a la hora de justificar el premio son “fomentar la lectura”, “encontrar nuevos lectores”, “visibilidad” e incluso “espacio”. Uno esperaría más de los especialistas en el lenguaje.

Por suerte no estamos tan mal en lectura como en viajes espaciales. Los hábitos de lectura son difíciles de medir bien y de forma comparable, pero hay dos hechos claros. El primero es que en esto los españoles han mejorado entre mucho y bastante, en una tendencia creciente observable (con datos irregulares) durante medio siglo. La incidencia de un hábito mínimo de lectura regular y como forma de ocio converge hoy con los datos conocidos de Europa (datos de Eurostat en 2024). Supera el 60% (hace no tanto no llegaba al 50%). El segundo es que ese tercio o así de españoles que no toca un libro debe frecuentar los aeropuertos más o menos como las bibliotecas. Se lee menos cuanto menos se tiene, algo que sucede con la educación en general. Dejando de lado la épica de los amantes de los libros, que la hay, la lectura es más fácil cuanto más arriba se está en la escalera. La política cultural tiene mucho de “efecto Mateo”, tened y se os dará.

Se comprende que los gremios den premios, incluso que lo haga el Estado, por el bien de los autores mismos o de lo intangible que tiene la cultura, pero se puede pensar que para ciertos fines otras políticas son posibles. El problema es que, como sabemos, premiar es mucho más barato que hacer cosas. Desde AENA (empresa con un 51% de capital estatal) dicen que lo que se van a gastar en este premio no es mucho comparado con su presupuesto, no nos vayamos a creer que es un regalo exagerado. No sé. Lo seguro es que no es mucho comparado con el gasto público en educación (71.348,8 millones de euros en 2024 según el INE) pero luce bastante.

Como servicio a nuestros lectores traigo una lista con 46 grandes premios literarios del mundo para poder comparar algunas de sus características. La tabla dice mucho por sí sola, abajo la tienen. He escogido los más conocidos de la mayoría de las literaturas de gran tradición, con un sesgo evidente hacia lo occidental y, dentro de ello, hacia la lengua española. Esto sirve para contextualizar el premio de marras. Con todo, creo que son una muestra bastante representativa de los grandes premios, obtenida usando Google y Wikipedia (no es IA). Los que premian a obras concretas se refieren a novelas siempre que es posible, aunque en algunos casos premian “prosa” o alguna otra denominación más general. He dejado fuera las distinciones a escritores dentro de un tipo (género -sexo, no literario-, origen étnico u otros).

Hay dos tipos principales de premios, con variantes: a un autor o a una obra específica. En la lista hay 30 premios a obra nueva, como el de AENA, más tres a obra inédita y uno a obra traducida; además de 11 premios al autor o autora por el conjunto de su obra. Merecen mención los premios a una obra inédita sobre todo porque el premio más dotado del mundo, el Planeta, es de este género: unos juegos florales a lo bestia. Pero no son frecuentes entre los premios ricos y/o prestigiosos. AENA dice que lo ha empleado de referencia, y lo ha empatado. La comparación no tiene sentido. Como ya he dicho, lo que hace es superar a todos los premios de su clase, en una liga en la que los advenedizos llegan con bolsillos profundos, pero cuyos clásicos son mucho más discretos.

De los 30 premios a una obra publicada, la mediana en cuanto a dotación económica la ocupan el Pulitzer y el Penn/Faulkner, ambos de EEUU, ambos de 15.000 dólares (unos 13.000 euros). La mitad paga eso o más, la mitad paga eso o menos. El mínimo es nada o casi nada; el máximo, el millón de AENA. El AENA son 77 Pulitzer juntos, que, insistamos, es mediano, no pequeño. Solo un 20% de los premios a un libro pagan más que el Booker (Reino Unido), el mejor pagado de la literatura en inglés (50.000 libras, 57.000 euros), y dos suceden en España (el AENA y, más modestamente, el Sant Jordi). El resto de los premios muy altos se ofrecen en Qatar, Rusia, Irlanda y China. Si añadimos premios a un autor (no universal, como el Nobel), el elenco de premios por encima del presupuesto del Booker incluye también a México (dos) y a Portugal/Brasil (Camões). Además de otro en Rusia (Yasnaya Polyana) y el Cervantes. Por si la lista de países les dice algo.

Sobre el efecto parvenu. El Goncourt no actualiza su premio desde su fundación en 1903: sigue pagando 50 francos en valor nominal (que en su día cambió por 10 euros). Cincuenta francos de 1903 hoy serían 22.400 euros. De haberse lanzado cien años después, estaría entre el Premio del Libro de Alemania y el Premio de Novela de Colombia. Les deseamos igual suerte. En general, hay premios prestigiosísimos con dotaciones de diez mil euros o menos, incluyendo algunos otros premios simbólicos. Sobre todo, antiguos; sobre todo, en Francia e Italia (pero también el Naoki, el National Book Award…). Decía Manuel Vicent en su biografía del Duque de Alba que sabes que estás en casa distinguida cuando los canapés están rancios. 

La tradición también puede ser rebelde. El laurel más antiguo de Rusia, el Andrei Bely, es un premio independiente que se asocia con la oposición a la censura. Se entregó por vez primera en 1978. El premio sigue siendo un rublo, una manzana y una botella de vodka.

Solo dos premios de la tabla son completamente internacionales, universales: el Nobel y el Neustadt (que a menudo premia a gente que luego se lleva el Nobel). Ambos son premios al autor. El Princesa de Asturias es universal desde 1999, antes era hispano. Fuera de estos, los premios restringen su dominio a una lengua o grupo de lenguas o, a veces, a la producción editorial de un país o grupo de países. El Nobel lo tiene todo en sus valores máximos: universalidad, antigüedad, dinero y sinergia con otros premios de la misma marca. Además del efecto Suecia. Es inimitable e incomparable.

Un premio moderno es difícil que sea muy modesto (entre treinta y cincuenta mil euros, tal vez). Pero el prestigio depende de algunas cosas que cuestan algo más que dinero: jurados independientes, internacionalizados, alejados de la sombra de los intereses creados, que se arriesguen en el buen sentido (no en el de hacer esas extravagancias que siempre son celebradas). Es ahí y no en el bolsillo donde deberíamos pedir mucho esfuerzo. Los malpensados podrían creer que hay una relación de intercambio entre los dos esfuerzos.

La televisión de Abu Dabi transmite un reality en el que poetas y aspirantes a poetas de todo el mundo árabe compiten en sucesivas eliminatorias hasta alcanzar el premio final de un millón de dirames de UAE (236.000 euros). El programa se conoció como “El poeta del millón” entre 1992 y 2006, después ha sido sustituido por el “Príncipe de los poetas”. Desde el respeto, ojalá un OT de literatura, eso sería visibilidad. De momento, AENA. Algunos temen que la alternativa sea un dandi con boina (lo veo dandi gracias a Montano). Evolucionamos. A estas horas no sé quién ganará. Secretamente, yo tifo por Los ilusionistas y Marcos Giralt como príncipe de los poetas.Suerte.

46 premios literarios: país, dotación y primer año de entrega. En euros salvo que se indique otra cosa.

Premios a una obra literaria (novela)

Obra traducida:

Obra inédita:

Premios al autor o autora:

Premios a un autor universal

Apéndice: quién entrega los premios

Premio Planeta Editorial Planeta

Premio AENA: AENA

Nobel de literatura: Fundación Nobel

Katara Prize for Arabic Novel: Katara Cultural Village, Doha (Qatar)

Premio Gran Libro (Bolshaya Kniga): Centro para el apoyo de la literatura nacional (fundado por empresarios)

Premio Yasnaya Polyana : Museo Tolstoi y Samsung Electronics

Premio Carlos Fuentes: CONACULTA (Gobierno de México)

Premio Cervantes: Ministerio de Cultura/Asociación de academias de la lengua española

Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances: Universidad de Guadalajara/FCE/CONACULTA

Premio Camões:Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas de Portugal, Fundación Biblioteca Nacional de Brasil

Dublin Literary Award: Dublin City Public Libraries and Archive

Premio de Literatura Mao Dun: Asociación de escritores de China

Premi Sant Jordi de novel·la (Joanot Martorell hasta 1959): Enciclopedia catalana/Omnium cultural/Edicions Proa

Booker: Man Group (Inversores)

Booker Internacioonal: Man Group (Inversores)

Premio Nacional de las Letras Españolas: Ministerio de Cultura

Premio Princesa de Asturias de las letras: Fundación Príncipe de Asturias

Georg-Büchner-Preis: Academia alemana de la lengua

Premio Oceanos: Fundación Itaú

Prémio LeYa : Grupo editorial LeYa (PT)

The Neustadt International Prize for Literature: Universidad de Oklahoma

Kirkus Prize (fiction): Kirkus Reviews

Premio de literatura del Consejo Nórdico: Consejo Nórdico (Organización interpalamentaria para la cooperación)

The Writers' Prize: The Folio Society

Premio Nadal: Destino/Planeta

Premio Nacional de Narrativa (España): Ministerio de Cultura

Deutscher Buchpreis: Asociación editores y libreros

Premio Nacional de Novela (Colombia) : Ministerio cultura

Pullitzer (fiction): Universidad de Columbia en NY

PEN/Faulkner Award for Fiction: PEN/Faulkner Foundation

Premio Bagutta:Restaurante Bagutta de Milán y escritores tertulianos

Jnanpith Award: Bharatiya Jnanpith, literary and research organisation

Premio August Asociación editores suecos

Premio Dobloug: Academia sueca (escritores suecos o noruegos)

National Book Award (fiction) :National Book Foundation (librerias, bibliotecas, editores)

Premio Naoki : Sociedad para la Promoción de la Literatura Japonesa

Premio Clarín de Novela: Clarín/Alfaguara

Costa Book Award: Costa Café

Premio Strega : Fundación Bellonci

Premio Campiello: Patronal del Veneto

The National Book Critics Circle Award: National Book Critics Circle

Goncourt : Academia Goncourt (Diez escritores no remunerados que se reúnen en el restaurante Drouant una vez al mes)

Prix Médicis : Donaciones de fundaciones privadas

Prix Renaudot : Periodistas, replican el Goncourt para “reparar sus injusticias”

British Book Awards (the “Nibbies”) : The Bookseller (Magazine)

Premio Andrei Bely : Revista Hours

Las elecciones estatales en Australia Meridional del 21 de marzo han marcado un punto de inflexión, con una victoria histórica para los laboristas, que aumentan sus escaños. A pesar de su escaso número de representantes, el partido populista de derechas One Nation se destaca al obtener un 22% de los votos, evidenciando que la derecha populista también llega a nuestras antípodas. Además, en estas elecciones, la situación se complica para los liberales, que enfrentan problemas internos y una creciente fragmentación.

El pasado sábado 21 de marzo se celebraron elecciones estatales en Australia Meridional, o del Sur (SA por sus siglas en inglés). En circunstancias normales, no escribiría sobre unas elecciones estatales de un estado que casi duplica la extensión de España, pero en el que viven, aproximadamente, 2 millones de personas, la gran mayoría en los alrededores de Adelaida, su capital.

Y sin embargo, esta vez es diferente. Primero, los resultados. A falta de finalizar el recuento -sobre esto, más abajo-, los laboristas han conseguido una victoria histórica. Han pasado de 29 a 32 escaños en una cámara baja de 47, a pesar de perder 2,3 puntos porcentuales respecto a la elección anterior (con 40 puntos). Los liberales[1] se han despeñado y, de momento, han obtenido 4 escaños (venían de 16), con un 19 por ciento de los votos en primeras preferencias -perdiendo algo más de 16 puntos. Los verdes se han mantenido con 10 por ciento de los votos, pero cero escaños (como estaban). Y los independientes se quedan con dos escaños, pierden dos y llegan casi al 5 por ciento de los votos. El éxito, quien esta acaparando los principales titulares y comentarios es el del partido One Nation que es populista de derechas, y que, de momento, ha conseguido un escaño.

¿Cómo puedo afirmar que con solo un escaño de 47 en liza, One Nation ha tenido éxito? Porque ha conseguido un 22 por ciento de los votos. Las cifras son correctas: los liberales han conseguido más escaños con menor porcentaje de voto que One Nation. ¿Cómo es eso posible? Por el voto preferencial. En SA, como en otros estados y en las elecciones federales, hay 47 distritos uninominales, en el que solo se obtiene un representante. Los ciudadanos deben distribuir sus preferencias entre los candidatos, esto es, ranquear a los candidatos.

Para ganar, un candidato debe obtener la mayoría absoluta de los votos, después de repartir las preferencias. Si ningún candidato alcanza el umbral -esto es que alguien consiga la mitad más una de las preferencias- en el primer recuento, se elimina al candidato con menos votos y estos votos pasan al candidato siguiente. Y así se sigue hasta que un candidato llega a la mayoría. Por ejemplo, en un distrito tiene 38 votos ponen a los laboristas como primera preferencia, 34 para los liberales, 16 para los verdes y 12 para un independiente. Nadie consigue superar el 50, así que el independiente se elimina. Si, por ejemplo, las preferencias de los 12 votos del independente se distribuyen en 7 para los liberales, 3 para los laboristas y 3 para los verdes, los resultados pasan a 41 votos tanto para los laboristas y los liberales y 18 para los verdes. Como aún no se consigue superar el 50, los verdes se eliminan. Supongamos que los 18 de los verdes se distribuyen de manera que14 pasan a los laboristas y 4 a los liberales. El resultado final seria 55 para laboristas y 45 para liberales.

Una de las características que choca a muchos europeos es lo que tarda en saberse los resultados de las elecciones en Australia. Mientras que en España el resultado se conoce en la noche por muy ajustado que sea, en Australia, si el resultado es ajustado, puede tardar días. Por ejemplo, en 2025 en el distrito de Ryan se tardó más de dos semanas en conocer el resultado. Es lo que tiene un distrito en el que se presentaron 8 candidatos.

Una de las grandes ventajas de este sistema de votación es que un candidato que no conecte con el electorado difícilmente puede ganar. En un sistema mayoritario puro, como en el Reino Unido, si hay tres candidatos con 34, 33 y 33 por ciento de los votos respectivamente, gana el que obtiene el 34. El 34 no es la mayoría. En SA y en el resto de Australia esto no es posible porque hay que conseguir el 50% obligatoriamente. Esto implica que los candidatos deben también apelar a más votantes o, al menos, no generar rechazo.

Tal vez el rechazo explique el número limitado de escaños de One Nation. Pero su éxito en porcentaje de voto es considerable y el rechazo puede irse limando. Primero, las encuestas así lo indican y One Nation está aumentando su intención de voto también a nivel federal. Segundo, el Partido Liberal tiene problemas internos serios tanto a nivel estatal[2] como federal[3]; además de problemas con sus socios de coalición (los Nacionales); como de conexión con sectores fundamentales como mujeres y núcleos urbanos. La fragmentación de la Coalición -unión de Liberales y Nacionales- ha dejado mucho espacio para One Nation. Tercero, no solo es un problema del partido liberal: como en una entrevista reciente declaraba un ciudadano “siempre he votado laborista pero esta vez lo he hecho por One Nation” o como el mismo premier de SA, el re-elegido Peter Malinauskas, ha declarado “Si todavía crees que existe algo así como un escaño seguro, te estás engañando.” Y no anda equivocado. Tan solo el 66% de los votantes dieron su primera preferencia a los laboristas o los liberales en las elecciones de 2025. Cuarto, la líder de One Nation es la veterana de la política australiana, Pauline Hanson. A pesar de los resultados desiguales durante los 30 años de presencia pública, es eficaz convirtiendo el descontento en activo político. Apela a la inmigración, al coste de la vida, y una ansiedad cultural ofreciendo soluciones simples y populistas. Obviamente, en dicha cosmovisión, la culpa es de las elites y los extranjeros. Por último, ha fichado una figura muy conocida de los Nacionales (que forman coalición con los liberales) que fue el equivalente a vicepresidente y tiene un dominio del medio -especialmente el rural- evidente.

Después de la gran derrota de 2025, los liberales, 80 años después de su formación, nombraron a Sussan Ley como líder del partido.  Ha durado 9 meses en el cargo después de, a mi juicio, varios intentos de moderar y modernizar el partido. Ley ha fracasado y el partido liberal ha mandado una señal terrible a una gran parte del electorado. En consecuencia, Ley se ha retirado y ha abandonado su escaño de Farrer, provocando una elección en dicho distrito. Las encuestas más recientes apuntan a un 29 por ciento del voto para One Nation, seguido de un 23,3 para un independiente. Se espera que la distribución de preferencias juegue un papel clave. El 9 de mayo se vota. Veremos como fluyen las preferencias.

[1] Nota: a nivel federal, el Partido Liberal suele ir en coalición con los Nacionales. Es lo que se conoce como la Coalition. En SA, los Nacionales tienen una presencia testimonial.

[2] En SA, en los últimos cuatro años, llevaba cuatro lideres y el tercero tuvo que dimitir porque se filtró un video en el que aparecía esnifando (supuestamente) droga.

[3] Desde la derrota de mayo de 2025, van por el segundo líder.

A estas alturas casi nadie duda de que la crisis climática exige transformaciones profundas con inversiones iniciales importantes. Dos artículos recientes en la revista Annual Review of Political Science recuerdan que la transición ecológica es, sobre todo, un problema político: No faltan ideas ni tecnología para llevarla a cabo, sino instituciones capaces de sostener compromisos, repartir costes y beneficios, y resistir la presión de quienes tienen mucho que perder con el cambio.

El primer artículo, de Kathryn Baragwanath y Saad Gulzar, revisa la evidencia comparada sobre la hipótesis que las democracias deberían producir también mejores políticas medioambientales. Aunque existe cierta relación entre democracia y protección ambiental, esta es débil e irregular. Los autores encuentran que más que la democracia en sí, lo que propicia buenas políticas medioambientales es la existencia de algún tipo de control sobre los gobernantes (que también puede darse en sistemas autocráticos), los incentivos de las burocracias para desarrollar estas políticas, el margen de maniobra de las autoridades locales, y hasta qué punto la ciudadanía puede vigilar y sancionar. Visto así, la política ambiental se parece mucho a otros problemas clásicos de gobierno: hay fallos de información, intereses cruzados, tentaciones de corto plazo y riesgos de captura. Las elecciones pueden mejorar la rendición de cuentas, sí, pero también empujar a decisiones populares a corto plazo y dañinas a largo plazo. La descentralización puede acercar la gestión a la ciudadanía, aunque también abra la puerta a la captura por parte de élites locales. La conclusión es menos rotunda de lo que quizá querríamos, pero también más útil: no hay un efecto automático de la democracia; pero sí diseños institucionales que funcionan mejor que otros.

El segundo artículo, de Alexander Gazmararian y Dustin Tingley, se mueve en una dirección parecida. Durante mucho tiempo, la literatura sobre cambio climático se centró en el dilema de cooperación internacional: aunque todos los países se beneficiarían de reducir emisiones, nadie quiere asumir solo los costes. Ese enfoque sigue siendo importante, pero los autores sostienen que para entender por qué unos países avanzan en políticas ambientales y otros no, también hay que mirar dentro de cada Estado: qué actores ganan, cuáles pierden y, sobre todo, si las promesas de la transición resultan creíbles. Ahí entra el concepto central del artículo: la credibilidad. Una transición energética no sale adelante solo porque exista una mayoría abstracta a favor del clima. Sale adelante cuando empresas, trabajadores, inversores y territorios creen que las reglas serán estables, que las compensaciones llegarán de verdad y que los costes no recaerán siempre sobre los mismos. Si nadie confía en que el Estado cumplirá, la resistencia aumenta y la inversión se frena. Y si los beneficios potenciales de la transición tardan demasiado en llegar o aparecen de forma muy desigual, las coaliciones favorables al cambio se debilitan.

Leídos juntos, los dos textos sugieren que la democracia garantiza por sí sola no genera una buena gobernanza ambiental, y que la urgencia climática tampoco crea automáticamente las condiciones para una transición energética justa y eficaz. Entre los objetivos y los resultados se interponen instituciones imperfectas, intereses organizados y problemas de credibilidad. Hacen falta estados capaces de implementar políticas, coordinar actores, garantizar cierta estabilidad regulatoria y generar beneficios visibles. Estas capacidades pueden darse tanto en entornos democráticos como autocráticos. 

Desastres naturales cada vez más frecuentes y dañinos

Los desastres naturales —como inundaciones, olas de calor, sequías o incendios— son cada vez más frecuentes e intensos. Las generaciones actuales están expuestas a una mayor acumulación de eventos extremos a lo largo de su vida, especialmente los grupos socioeconómicamente más vulnerables. Aunque España no ha sido históricamente un país muy expuesto a fenómenos meteorológicos extremos, en los últimos años han aumentado de forma evidente las olas de calor continuadas, los incendios forestales con grandes superficies afectadas y las lluvias torrenciales. Un ejemplo reciente de especial relevancia por su virulencia fue la DANA del 29 de octubre de 2024, que provocó graves inundaciones en el sureste del país, con 238 víctimas mortales, a la espera del cómputo y daños superiores a 17.000 millones de euros, según algunas estimaciones. La DANA y la inundación a la que dio lugar fue, sin duda, uno de los desastres naturales más devastadores en Europa en el siglo XXI.

La DANA de Valencia (2024) permite analizar los efectos del estrés durante el embarazo en la salud de los bebés

En una investigación reciente consideramos este episodio como un shock exógeno que afectó de forma generalizada a una zona relativamente pequeña y homogénea del país desde el punto de vista sociodemográfico y que permite realizar un “experimento natural”. Gracias a la disponibilidad de microdatos que recogen todos los nacimientos en España registrados cada año, podemos analizar si los bebés expuestos a la DANA nacieron con peor salud que el resto. La salud en el momento del nacimiento está estrechamente relacionada con el desarrollo cognitivo y socioemocional, el logro educativo, la salud e incluso la posición socioeconómica en etapas posteriores de la vida. Constituye un indicador crucial sobre la posición de partida de las personas y de las desigualdades tempranas entre ellas, pero también es una buena aproximación, un buen atajo para predecir trayectorias vitales con mayores o menores ventajas.

Para llevar a cabo el análisis, combinamos los microdatos administrativos relativos a la salud de todos los bebés nacidos en 2023 y 2024 —disponibles en el INE— con datos objetivos sobre daños materiales causados por la DANA en el nivel municipal. Para evitar “ruido” relacionado con las diferentes características de la población, de la economía, de las instituciones o de las respuestas de gestión proporcionadas, únicamente analizamos los nacimientos registrados en la Comunidad Valenciana y no en otras Comunidades Autónomas también afectadas. Seleccionamos un único indicador de salud en el momento del nacimiento, el riesgo de prematuridad. La prematuridad es el correlato más evidente de la morbilidad y mortalidad neonatal y sabemos que el riesgo de nacer antes de término es especialmente sensible al estés prenatal, también el inducido por catástrofes naturales.

Municipios afectados e intensidad de los daños materiales 

En el Gráfico 1 se muestran, para toda la Comunidad Valenciana y en color azul, todos los municipios afectados por las inundaciones (en total, 75); en gris aparecen aquellos que, de acuerdo con las clasificaciones oficiales, no se vieron directamente afectados.

En el Gráfico 2 mostramos los diferentes niveles de daño material que se produjeron durante el episodio, de acuerdo con los datos oficiales recogidos por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en su página web. En concreto, seleccionamos los datos relativos al daño en infraestructuras afectadas (en euros), los ajustamos al tamaño de la población del municipio y los dividimos en tres categorías: ningún daño, daños moderados y daños elevados. Los resultados que mostraremos a lo largo de esta entrada son similares si se utilizan indicadores alternativos de daño material.

Los embarazos expuestos a la DANA experimentaron un riesgo mayor de prematuridad

A partir de un diseño en el que comparamos embarazos expuestos y no expuestos a la DANA y analizamos su riesgo relativo de nacer prematuros, aportamos evidencia inédita hasta la fecha de los efectos de la DANA sobre la salud infantil a nivel poblacional y del estrés prenatal como posible mecanismo de explicación del daño.

Para identificar los embarazos expuestos a fecha 29 de octubre de 2024, seleccionamos todos los nacimientos de noviembre y diciembre de 2024 que tuvieron lugar en la Comunidad Valenciana. Dado que los datos de nacimientos registrados en el año 2025 no están disponibles aún, observamos únicamente una ventana de exposición a la DANA en el último tramo de la gestación, un tramo especialmente relevante de acuerdo con la literatura especializada por la alta susceptibilidad al estrés materno. Dividimos después estos nacimientos en dos grupos según residiera la madre gestante en un municipio que resultó afectado por la DANA o en uno que no.

Comparamos la salud de estos dos grupos de bebés post-DANA con otros dos grupos equiparables, nacidos justo un año antes, en noviembre y diciembre de 2023, en los mismos municipios. Medimos específicamente la probabilidad de nacer antes de término (es decir, prematuramente) de los bebés directamente afectados por la DANA en comparación con los no directamente expuestos. En el Panel A del Gráfico 3 mostramos tal efecto: los bebés afectados experimentaron un mayor riesgo de nacer prematuros.

A continuación, analizamos si haber vivido los efectos de la DANA con una intensidad mayor redunda en un mayor daño en términos de salud neonatal. Para ello comparamos los tres niveles de exposición directa a la DANA ya explicados —ninguno, moderado y elevado—, que aproximamos a través del nivel de daños en infraestructuras registrados en el nivel municipal. En el Panel B del Gráfico 3 mostramos que, en efecto, una mayor intensidad se traduce en un perjuicio superior: los bebés residentes en municipios que sufrieron daños más elevados experimentaron más riesgo de prematuridad que el resto. Aunque pequeños en magnitud, los dos efectos que mostramos son relevantes en términos sustantivos. Si tomamos como referencia factores de riesgo de consenso en la literatura especializada, el incremento en el riesgo que encontramos es mayor que el de la edad avanzada de la madre, pero menor que el del tabaquismo durante la gestación.

El embarazo es un periodo especialmente sensible. El estrés que experimenta la gestante como consecuencia de acontecimientos extremos, como las lluvias torrenciales de octubre de 2024 y las inundaciones y otros daños que éstas generaron, puede afectar a procesos biológicos, tanto en la propia a la madre como en el desarrollo del feto. De manera general, el estrés altera el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, aumentando los niveles de cortisol que llegan al feto y causando alteraciones relevantes en su desarrollo neurológico, inmunológico y en la salud general del recién nacido. Los desastres naturales generan picos bruscos de estrés (estrés agudo) que intensifican estos mecanismos biológicos. Además, pueden producir cambios epigenéticos —como el acortamiento de los telómeros, marcador de envejecimiento biológico— que alteran la expresión génica y pueden tener efectos duraderos en la salud y el metabolismo de los bebés.

Diversos estudios sobre la exposición a estos picos de estrés prenatal agudo provocados por catástrofes naturales han corroborado cambios en la regulación del estrés, mayor riesgo metabólico y otros efectos adversos relevantes para la salud a lo largo de todo el ciclo vital. Aunque en nuestros análisis no podemos medir de manera directa los niveles de estrés que experimentaron las madres durante su embarazo, los resultados son coherentes con que es, de hecho, uno de los principales mecanismos que explican la peor salud de los recién nacidos afectados por la DANA. Es muy posible que, incluso en las zonas no directamente afectadas —no inundadas— las mujeres embarazadas también sufrieran estrés, por lo que nuestros resultados serían una versión relativamente conservadora, en la parte inferior del rango posible de efectos. En futuras entradas explicaremos cómo los efectos difieren para madres con niveles socioeconómicos diversos, lo que nos dará pistas importantes sobre la interacción entre fuentes de estrés agudo, como el que se observa durante un desastre natural, y fuentes de estrés crónico, como el que supone contar con recursos limitados para mitigar los efectos dañinos de la exposición a este tipo de amenaza ambiental.

Nota: Esta entrada forma parte de los resultados de los proyectos PID2019-111564RB-I00/AEI/10.13039/501100011033, PRE2020-094473 y PID2023-151383OA-100.

Mientras avanza la investigación penal iniciada por la jueza Nuria Ruiz sobre la gestión de la tragedia de la DANA en la Comunidad Valenciana, cabe preguntarse por el estado de la opinión pública en las zonas más afectadas por las inundaciones. ¿Cómo de afectados mental y físicamente siguen sintiéndose los ciudadanos?¿Ha mejorado su opinión sobre las administraciones y los actores que participaron en la gestión del desastre? ¿Y hasta qué punto ha cambiado su percepción sobre qué nivel de gobierno fue el principal responsable de lo sucedido?

Una encuesta realizada en diciembre de 2024 en la provincia de Valencia, como parte de una investigación sobre los efectos de los desastres naturales, y repetida un año después permite responder a estas preguntas. El valor de esta encuesta es que contiene una muestra de ciudadanos de las zonas más afectadas por la DANA[1] y permite estudiar cómo evoluciona la opinión pública un año después. Del análisis de los datos merece la pena destacar tres resultados.

La primera es que los efectos físicos y psicológicos de la tragedia han remitido, pero la salud mental de los ciudadanos no se ha recuperado del todo. Tras el desastre, una gran proporción de ciudadanos se sintió físicamente muy o bastante afectada por lo ocurrido (77%), aunque ese porcentaje descendió drásticamente (hasta el 14%) un año después. En el caso de la salud mental, un porcentaje menor de encuestados se sentía muy o bastante afectado psicológicamente por el desastre en 2024 (49%), pero más de un año después una de cada tres personas seguía sintiéndose igual (37%).

La segunda es que el hundimiento de la confianza política se ha recuperado ligeramente, pero el gobierno central y, muy especialmente, el gobierno autonómico siguen siendo los actores más desprestigiados en la opinión pública. El Gráfico 1 muestra que la confianza de los ciudadanos de las zonas más afectadas por el desastre ha aumentado hacia la Unión Europea, hacia el gobierno central y, en menor medida, hacia el gobierno de la Generalitat, aunque estos dos últimos siguen sin superar el suspenso. Los actores sociales (voluntarios) o institucionales no políticos (Ejército y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) son los que más confianza suscitan.

Lo que llama la atención de los datos de confianza tras la DANA no es el suspenso a los gobiernos, sino la intensidad del mismo. El suspenso suele ser la norma cuando se mide el grado de confianza ciudadana en España hacia las instituciones representativas (parlamentos, gobiernos). Por ejemplo, en una encuesta en la Comunidad Valenciana realizada en 2021[1], la confianza media hacia el gobierno central y el gobierno autonómico era, en promedio, de 3.6 y 4.6, respectivamente. Así, los datos de 2024 y 2025 en las zonas más afectadas por la DANA muestran cierta regresión a la media en el caso de la confianza en el gobierno central, mientras que el gobierno autonómico no acaba de recuperarse de la caída en el nivel de confianza ocurrida tras la DANA.

La tercera es la estabilidad en la atribución de responsabilidades sobre la gestión del desastre. No parece que lo ocurrido durante el último año haya cambiado la visión de la opinión pública sobre cómo se gestionó la emergencia y las lentes partidistas siguen siendo el principal filtro. La Tabla 2 muestra que los ciudadanos de las zonas más afectadas por el desastre en Valencia mantienen a finales de 2025 una valoración parecida a la del momento posterior a la tragedia, con ligeros cambios que son desfavorables para el gobierno de la Generalitat. En 2025 un 14% cree que el gobierno central es el principal responsable, un 46.7% cree que es el gobierno autonómico (una subida de 1.5 puntos porcentuales) y un 38.7% cree que fueron ambos gobiernos (una ligera caída de 1.5 puntos respecto al año anterior).

Cuando cruzamos la atribución de responsabilidad con el recuerdo de voto (ver Gráfico 2), lo primero que se observa es la fuerte mediación de la identidad partidista. Todos los electorados culpan o disculpan según el color político del nivel de gobierno: los votantes de izquierdas culpan mayoritariamente al gobierno de Mazón, mientras que el electorado del PP está más dividido y diluye la responsabilidad entre el gobierno central y ambos niveles de gobierno. Aunque los votantes del PP se han vuelto más críticos durante el último año con la actuación del gobierno de la Generalitat (en 2024 un 7% culpaba al gobierno de Mazón y ahora esa cifra ha aumentado hasta el 15%), todavía son muy pocos, si lo comparamos con el resto de votantes, los que señalan en exclusiva a la Generalitat.

En conjunto, aunque los efectos físicos de la tragedia han remitido de forma notable, sus consecuencias psicológicas y los sesgos políticos sobre lo ocurrido siguen presentes. Un año después, una parte importante de la población continúa mostrando signos de afectación emocional y la confianza en las administraciones sigue siendo muy baja. Al mismo tiempo, la atribución de responsabilidades se mantiene notablemente estable y sigue estando muy mediada por identidades partidistas, lo que sugiere que el paso del tiempo ha cambiado poco la forma en que los ciudadanos interpretan lo ocurrido.

[1] Garmendia y León (2022). “Polarización y Convivencia en España 2021. El papel de lo territorial”.

[1] Selección de la muestra en municipios registrados como afectados por las inundaciones según el Decreto-ley 11/2024, de 12 de noviembre, del gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana. Proyecto de investigación 2022/00522/001Agencia Estatalal de Investigación.