Si nos fiamos de los sondeos de las últimas semanas, la conclusión es clara: Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno. La victoria de la derecha se estima además holgada, muy por encima de esos 176 escaños que marcan la mayoría absoluta. En los anteriores comicios, los de 2023, la derecha ya estuvo a punto de lograrlo. Su derrota fue muy ajustada: se quedó a apenas 5 escaños. Bastaba con que algo menos de 300.000 votos se pasaran de la izquierda a la derecha (1,2 puntos) para que a Feijóo le dieran los números.

Si en 2023 la derecha se quedó a las puertas de gobernar, hoy parece que las tiene abiertas de par en par. ¿Por qué los expertos estiman que esto es así? Detrás de estos augurios existen tres grandes explicaciones: los costes de la desunión de la izquierda, las fugas de votantes entre los bloques y la mayor desmovilización del votante progresista.

Déjenme que desmenuce los fundamentos de cada una de ellas.

Primero. Los costes de la desunión de la izquierda. Si en las elecciones de 2023 Sumar y Podemos hubieran ido por separado, hoy seguramente ya estaría gobernando la derecha. La división habría dejado fácilmente a la izquierda sin cinco escaños (los de Córdoba, Girona, Murcia, Pontevedra y uno de Sevilla) que habrían pasado a manos de la derecha. Con ello, PP y Vox (junto con UPN) ya habrían alcanzado los 176 diputados que necesitaba Feijóo para ser presidente.

Así son las reglas de juego de nuestro sistema electoral. La mayoría de las provincias reparten pocos escaños, por lo que para poder optar a un escaño hay que tener un tamaño considerable, de media alrededor del 13% del voto. Se trata de cotas ciertamente difíciles de alcanzar si la izquierda decide ir por separado. Y aun con ello, han decidido la desunión en una porción importante del territorio.

¿Costará la división de la izquierda escaños a la izquierda? Muy probablemente. ¿Cuántos? Depende de hasta qué punto los votantes de izquierda sean capaces de coordinarse. Cuanto más se reparta el voto entre las distintas formaciones de izquierdas, mayor será ese coste. La pregunta, por lo tanto, es hasta qué punto tienen claro los españoles progresistas qué formación es la más viable: ¿Frente Amplio o Podemos? ¿O incluso solo el PSOE? La respuesta, imagino que no será evidente para muchos votantes y menos tras el acuerdo entre Rufián y Podemos que ha dado visibilidad a la formación que, a priori, partía en una posición más débil.

Segundo. Existen fugas de izquierda a derecha. En las elecciones de 2023, el PP se quedó a las puertas de la mayoría absoluta con Vox. Como comenté antes, le faltó arrebatar a la izquierda apenas 1,2 puntos (unos 300.000 votos) para lograrlo. Es una cifra que los sondeos indican que hoy superaría con holgura. Si nos centramos en los barómetros del CIS, de media un 6% de quienes votaron a partidos de izquierda en 2023 se pasarían ahora al PP, Vox u otras fuerzas de derecha. Sin embargo, apenas hay votantes de la derecha que hagan el camino contrario. Como la izquierda pesaba casi la mitad del voto, ese 6% equivaldría a unos 3 puntos del voto total y, descontado lo que entra desde la derecha, el saldo neto es claramente favorable a la derecha. ¿Cuánto? En el gráfico 1 estimo las transferencias netas, en puntos porcentuales de voto de 2023, que recibiría la derecha a costa de la izquierda según los microdatos del CIS (intención de voto directa, ponderada para corregir el sesgo del recuerdo de voto): han oscilado a lo largo de 2026 sin tendencia clara. En el último barómetro se sitúan en 2,2 puntos, el valor más bajo de la serie, pero muy por encima de ese 1,2 que necesitaba en 2023.

En definitiva: hace tres años la derecha necesitaba algo más de un punto para alcanzar la mayoría. Las encuestas del CIS apuntan desde enero a unas fugas netas de casi el doble de esa cifra. Las encuestas pueden calibrar mal estas fugas, pero para que la derecha no le dieran los números tendrían que estar realmente sobreestimadas, en torno a la mitad. El margen es lo bastante holgado como para que muchos sostengan la expectativa de que la derecha parte como gran favorita.

Y tercero. La izquierda parece más desmovilizada. Este argumento es quizás el más comentado en el debate público últimamente, y probablemente sea el más endeble de todos. Quienes afirman que la izquierda está desanimada no lo hacen sin fundamento: basta observar cómo los votantes de izquierda tienen hoy una mayor propensión a expresar que bien están indecisos, o han optado por la abstención o el voto en blanco o nulo.

Según la serie de barómetros del CIS, el diferencial de desmovilización e indecisión entre izquierda y derecha a lo largo de este año ha sido de unos cinco puntos (un 18% frente a un 13%), aunque oscila mucho de un mes a otro y -¡atención!- se reduce a la mitad en el barómetro más reciente, no tanto porque la izquierda se activa sino porque la indecisión sube en la derecha.

Existen, pues, indicios de que la izquierda se encuentra más desanimada. Si esto se mantiene, puede ser un factor añadido a los anteriores (que ya eran suficientes para explicar el vuelco electoral). Sin embargo, de todos los motivos quizás este es el más moldeable. Una campaña electoral eléctrica y polarizada, con la sensación de que hay mucho en juego puede animar a la gente a votar al final. El factor movilizador puede ser el miedo a un Vox que parece imparable. Si finalmente lograra situarse cómodamente por encima del 20% del voto podría incluso provocar que 4 de cada 10 sillas de un eventual Consejo de Ministros estuvieran en manos de la derecha radical.

La izquierda parte con un mayor desánimo. Pero esta campaña le podría funcionar tan bien al PSOE. Así fue en 2023. Otra cuestión es que esto pueda compensar los dos efectos anteriores. Para neutralizar solo las fugas, la izquierda tendría que movilizarse bastante más que la derecha: con una participación de por ejemplo 75%, 7 de cada 10 de los nuevos votantes tendrían que ser de izquierdas. Y si además hubiera que compensar la división de la izquierda, ni siquiera eso bastaría. ¿Posible? Sí, pero sería una gesta muy destacable.

En suma: estos son los motivos por los que se considera que el PP lo tiene a tocar. Hace tres años a la derecha le faltaron 300.000 votos. Hoy, las encuestas auguran fugas netas a favor del PP y Vox que casi doblan esa cifra. A ello se suman los posibles costes de la división de la izquierda y un electorado progresista que parte de mayores cotas de indecisión. Pero es importante recordar que las encuestas son solo herramientas imperfectas para pulsar el estado de ánimo. La belleza de la democracia es precisamente que los resultados no pueden saberse de antemano.

A lo largo de la historia económica moderna, determinadas oleadas de inversión han reconfigurado de manera radical los paradigmas tecnoeconómicos que definen la lógica de la producción y comercialización de bienes y servicios. Hoy, la inversión en digitalización rivaliza tanto con los grandes proyectos del pasado, desde el tendido de la red ferroviaria hasta la exploración espacial, como con la transición energética; que constituye el otro gran vector de transformación económica contemporánea.

Dada la magnitud de recursos dedicados al desarrollo de software (como los modelos estadísticos detrás de la inteligencia artificial), y de hardware (p. ej. microchips, tarjetas gráficas o centros de datos), es de esperar que se redefina los procesos de trabajo en la mayoría de las ocupaciones. En este sentido, la literatura especializada en los efectos sobre el mercado laboral del cambio tecnológico sostiene dos grandes tesis: (a) el aumento de la productividad (unidades de producto por unidad de trabajo) es inferior al aumento del producto y, por lo tanto, no se destruye empleo en términos generales; (b) las ocupaciones cuyas tareas son más fácilmente automatizables (o “rutinarias”) se verán desplazadas en la estructura ocupacional del empleo y, por lo tanto, se perderán y/o dejarán de crear estos puestos de trabajo. El efecto combinado de ambas tesis implica que las transiciones laborales en las ocupaciones con mayor grado de automatización se verán afectadas por dos vías: por un lado, habrá personas que cambiarán de ocupación (mayor flujo de salida hacia el resto) y, por otro lado, se reducirán las nuevas incorporaciones (menor flujo de entrada). Por ello, las implicaciones para las trayectorias laborales individuales son de una gravedad que no debe ser subestimada.

La evidencia sobre estos fenómenos en las últimas décadas es bastante clara, particularmente si se toman los datos de EE. UU., dado que ofrecen una mayor calidad y homogeneidad. Allí, estudios previos han hallado un patrón de polarización o, al menos, de creación de empleo sesgado. En el primer cuarto del siglo XXI, se observa una caída intensa en categorías “cognitivas rutinarias” como trabajadores de apoyo administrativo y de oficina (-4 millones) y ventas (-1,5 millones). Los primeros se encargan principalmente de registrar y controlar información y documento o atender y comunicarse con el público, mientras que los segundos incluyen ventas minoristas, mayoristas y sector inmobiliario; tareas que pudieron automatizarse mediante la informática. En el otro extremo se sitúan los puestos de dirección y profesionales, científicos y técnicos; juntos suponen aproximadamente 25 de los 26 millones de puestos que se han creado desde el año 2000. Este colectivo engloba, lógicamente, actividades muy diferentes que abarcan desde finanzas, hasta informática, arquitectura, ingeniería, distintas ramas científicas (ciencias de la vida, físicas, naturales y sociales), el ámbito jurídico, junto con las artes y la comunicación.

La pregunta que surge ante la nueva ola de digitalización es si algunas de estas ocupaciones “cognitivas no rutinarias”, que han liderado la creación de empleo en las últimas décadas, mostrarán el mismo declive que hemos observado en las ocupaciones “cognitivas rutinarias” y, con ello, generarán nuevos procesos de polarización ocupacional.

Ante esta cuestión, no conviene olvidar que los mercados de trabajo no son simples mecanismos de asignación eficiente de habilidades, sino estructuras segmentadas en las que el acceso a empleos estables, bien remunerados y con posibilidades de ascenso (segmento primario) está condicionado por un conjunto de factores institucionales de relaciones laborales que la digitalización no disuelve, sino que frecuentemente refuerza. Esto se debe a que la incorporación de una nueva tecnología al entorno laboral es un proceso de construcción social en el que distintos grupos luchan por definir los límites e implicaciones de su uso.

La experiencia del trabajo en plataformas digitales muestra precisamente que mediante la externalización se puede profundizar la brecha entre el segmento primario (trabajadores con autonomía y capacidad de adaptación, que pueden decidir su relación con la tecnología) y un segmento secundario (trabajadores sometidos a vigilancia algorítmica, estandarización de tareas y pérdida de control sobre su ritmo y condiciones). La tecnología, en este sentido, actúa como un mecanismo que naturaliza la segmentación: convierte una división social del trabajo en una necesidad técnica.

En consecuencia, la regulación de los efectos laborales de la digitalización, tanto a nivel general por ley o como a nivel especifico mediante la negociación colectiva, puede entenderse como un mecanismo que impide que el marco tecnológico empresarial se imponga sin contrapeso, permitiendo que otros grupos tengan capacidad de redefinir el problema y de exigir que la tecnología se adapte a sus necesidades y derechos. Es en este contexto donde cobran especial relevancia la participación de los trabajadores en la organización del trabajo para canalizar los efectos del cambio tecnológico.

Los convenios colectivos deberían incorporar la obligación de la compañía de comunicar de forma previa a los trabajadores y sus representantes los proyectos de introducción de nuevas tecnologías que suponga una modificación sustancial de las condiciones laborales o que exija un periodo de formación y adaptación técnica. Deben analizarse específicamente los efectos en los salarios, en el empleo, con cláusulas de salvaguarda, la salud laboral, especialmente en términos de desconexión, la formación, con cursos de adaptación específicos, y en la organización del tiempo de trabajo.

En síntesis, la envergadura de la inversión en digitalización obliga a tomar en serio sus implicaciones económicas y sociales. Ello exige examinar quién controla la adopción de las tecnologías, quién se apropia de sus beneficios, sobre qué estructuras laborales preexistentes se despliegan y qué mecanismos de regulación, representación colectiva y redistribución serían necesarios para que su impacto resulte socialmente legítimo. La historia de las grandes transformaciones técnicas enseña que la forma concreta que adopte esta reorganización del trabajo, junto con sus efectos distributivos, está determinada por las decisiones institucionales y los equilibrios de poder que enmarcan su adopción. La digitalización no es una excepción.

España, como otros países de nuestro entorno, vive una crisis de vivienda que ya ha llevado a mucha gente a la calle. Desde 2015, el alquiler medio ha subido un 40% y uno de cada cuatro inquilinos (casi tres millones de personas) dedica más del 30% de sus ingresos a pagarlo. Pero hay otro obstáculo menos visible que determina el riesgo de que el propietario no te responda o que lo haga con interés. Para medirlo, enviamos a lo largo de varios meses de 2025-2026 más de 3.500 solicitudes a anuncios de alquiler, idénticas salvo por el nombre del candidato. Quien firmaba con un nombre español recibió una respuesta positiva en el 54% de los casos. Quien lo hacía con un nombre MENAP (países del norte de África, Oriente medio y Pakistán), en el 37%. En pocas palabras, por cada 10 respuestas positivas que recibía el primero, el segundo recibía 7.

Esto divide el mercado del alquiler entre insiders, que pueden entrar más fácilmente y solo compiten por el precio, y outsiders, que antes tienen que conseguir que alguien les deje alquilar. Es una frontera poco visible en un debate centrado en cuánto cuesta alquilar y no en quién puede hacerlo. Para explorarla, desde el Instituto de Demografía del CSIC (IEGD) y con fondos europeos del proyecto europeo www.EqualStrength.eu, variamos aleatoriamente el origen étnico percibido de los candidatos mediante sus nombres. Usamos una selección de nombres comunes entre los inmigrantes procedentes de África Subsahariana y de los países MENAP que están en España, además de nombres autóctonos (castellano o catalán, según la región desde la que se publicaba el anuncio), distinguiendo entre los más prevalentes en la población mayoritaria y los de los gitanos españoles[1].

Tras recibir respuestas a nuestra solicitud ficticia de información sobre los pisos que aparecían en alquiler en una plataforma inmobiliaria, clasificamos las respuestas según fuesen positivas (invitaciones para ver la propiedad, peticiones de información, propuestas para hablar por teléfono…) o negativas (rechazo del candidato o ausencia de respuesta). A continuación, analizamos, mediante modelos lineales de probabilidad, si existían diferencias significativas en las respuestas de los propietarios según el origen étnico de los solicitantes. Mostramos los resultados descriptivos en el siguiente gráfico.

Frente a ese 54% de la mayoría (candidatos con nombres y apellidos autóctonos), los solicitantes de África Subsahariana tenían 9 puntos porcentuales menos de probabilidades de recibir una respuesta positiva, los gitanos 5 puntos menos y los del grupo MENAP 18 puntos menos.

La brecha entre los autóctonos no gitanos y gitanos parece pequeña. No obstante, nuestro trabajo puede infraestimar la discriminación contra los segundos por la dificultad que representa señalar esta identidad étnica a través de los nombres. Para seleccionar aquellos que pudieran enviar esta señal, contactamos con la Fundación Secretariado Gitano para validar una preselección, que posteriormente se sometió a una encuesta y a grupos de discusión. Aun así, los nombres no siempre permiten distinguir con claridad entre personas gitanas y no gitanas, lo que puede reducir la diferencia observada en las respuestas.

La mayor discriminación en el acceso al mercado de la vivienda parece concentrarse en los nombres que envían la señal de ser musulmanes. Aquí, la distancia con los autóctonos no gitanos es de 18 puntos porcentuales. Esta jerarquía en la brecha de acceso parece replicar la que emerge de muchos los estudios clásicos en España sobre la preferencia hacia ciertos grupos de inmigrantes.

Estas cifras reflejan las diferencias promedio estimadas para el conjunto de España, teniendo en cuenta la provincia en la que se encuentra cada vivienda. Tampoco observamos diferencias significativas en la magnitud de la discriminación según el grado de tensión del mercado del alquiler, distinguiendo, por ejemplo grandes ciudades versus zonas menos pobladas.

Por último, llevamos a cabo experimentos similares en el mercado laboral y en el acceso a la educación infantil, dos mercados que junto con el de la vivienda son cruciales para la formación de hogares y familias. No detectamos casi ninguna diferencia por origen étnico al solicitar plazas de educación infantil. En el mercado laboral, en cambio, si observamos una cierta discriminación, aunque menor de lo que cabría esperar. En concreto, los solicitantes de África Subsahariana tenían un 8% menos de probabilidades de recibir una respuesta positiva y los MENAP, un 6% menos (comparado con la mayoría, cuya tasa de respuesta positiva era de un 15%). Esto sugiere que la discriminación se manifiesta con más fuerza en los mercados más tensionados, como el de la vivienda, que en los que lo están menos, como el de la educación infantil.

El proyecto en el que se produjeron estos experimentos de campo se llevó a cabo de manera simultánea en otros siete países europeos (Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Hungría, la República Checa y Suiza). España se sitúa en términos relativos en el grupo de los países que menos discriminan. No obstante, estas sencillas cifras transmiten una información fundamental para entender las dificultades para la incorporación de los inmigrantes en España.

Volviendo a la vivienda y para cerrar esta nota, conviene declararse prudentes con la interpretación de estos resultados. A la hora de atribuir una causa a las diferencias en la reacción de caseros a los nombres de sus potenciales inquilinos, hay una importante brecha generacional entre nosotros que opera en la dirección que muchos lectores podrán fácilmente anticipar. Puede ser una expresión de prejuicios hacia determinados grupos. También podría ser una reacción defensiva de algunos propietarios ante las medidas de protección de los inquilinos vulnerables: las dificultades que anticipan para recuperar un piso si algo sale mal podrían llevarlos a filtrar más, utilizando el nombre como señal de un supuesto riesgo económico. Otra explicación pondría el foco en las dinámicas de un mercado marcado por la escasez y la especulación, donde la búsqueda de rentabilidad podría reforzar la exclusión de quienes son percibidos como inquilinos menos deseables.

Estas explicaciones pueden coexistir, y nuestro experimento no permite determinar qué peso tiene cada una. Esclarecerlas resulta fundamental para diseñar respuestas eficaces. Mientras tanto, los resultados muestran que las dificultades para acceder a una vivienda comienzan antes de pagar el alquiler: para algunos candidatos, la primera barrera es conseguir que alguien les responda.

[1] El origen étnico se indicó a través del nombre. Los nombres se seleccionaron a través de una encuesta de nombres, en la que se estudió qué nombres eran percibidos con más frecuencia, por parte de la sociedad española, como característicos de los colectivos de interés: https://www.nature.com/articles/s41597-025-06153-8

La Unión Europea y España están invirtiendo fuertemente en robótica e inteligencia artificial (IA) para no quedarse atrás frente a Estados Unidos (EE. UU.) y China. Pero ¿qué consecuencias tiene ello para la organización colectiva de los trabajadores? A lo largo de nuestra historia reciente, los sindicatos han sido una herramienta clave para repartir los frutos del crecimiento económico, un contrapeso frente a las élites económicas y un baluarte contra la dictadura. El número de robots en las fábricas de todo el mundo se ha duplicado en la última década. La irrupción de la IA ha ampliado el uso potencial de los robots más allá de las fábricas, por ejemplo, en almacenes, residencias de mayores, explotaciones agrícolas o el sector del transporte.

Los robots impulsan el crecimiento económico. Aumentan la productividad de los trabajadores y pueden contribuir a crear nuevos empleos. Realizan tareas arduas y peligrosas. Al mismo tiempo, la investigación del premio Nobel de economía Daron Acemoglu muestra con datos de EE. UU. que la robotización ha provocado un descenso del empleo industrial, base histórica de una prosperidad compartida. Muchos trabajadores temen que los robots puedan desplazar empleos sindicalizados. La mera amenaza de una automatización puede socavar la negociación colectiva entre sindicatos y empresas. De hecho, algunos estudios muestran que la robotización tiende a reducir la afiliación sindical en Europa y EE. UU. Pero ¿es esto inevitable?

Más allá de los efectos promedio

En un estudio reciente, analizamos el efecto de la robotización sobre los sindicatos en EE. UU. A diferencia de la literatura existente, nuestro objetivo no es ofrecer una única estimación promedio del impacto de la robotización. Queremos conocer la distribución de los efectos en las distintas regiones del país.

Trabajamos con base de datos desagregados en 667 mercados laborales regionales de Estados Unidos entre 2000 y 2007, antes el auge de la IA. Nuestra muestra incluye indicadores de afiliación sindical, el crecimiento en el uso de robots industriales y muchas otras características, como educación, composición étnica, inmigración, estructura industrial o exposición al comercio internacional. A partir de estos datos, estimamos un modelo estadístico para establecer cómo afecta el crecimiento de los robots al declive o al aumento de la afiliación sindical, permitiendo que el efecto varíe entre mercados laborales.

Estudiar el efecto causal de los robots sobre los sindicatos no es sencillo: los mismos factores que atraen robots a una región pueden debilitar de forma independiente a los sindicatos de esa misma región. Para separar causa y efecto, utilizamos una técnica conocida como variables instrumentales. La idea básica es centrarse únicamente en aquel crecimiento de robots que se ve impulsado por innovaciones tecnológicas en la industria robótica que son comunes a varios países —por ejemplo, avances en brazos robóticos que abaratan su uso en la industria del automóvil en todo el mundo— y no por las condiciones específicas de cada mercado laboral local. Además, empleamos técnicas estadísticas recientes que nos permiten estimar no solo el efecto promedio, sino también cómo varía a lo largo del rango de regiones.

Los efectos de la robotización varían entre regiones

Nuestros resultados indican que la robotización no tiene un efecto uniforme sobre la fuerza de los sindicatos. El gráfico, que sigue a continuación, resume nuestros resultados. La línea de puntos fina en el panel grande muestra el efecto promedio estimado mediante variables instrumentales. El efecto estimado es negativo, en línea con investigaciones anteriores, e implica que un aumento sustancial de la exposición a la robotización reduce la afiliación sindical en aproximadamente 3,6 puntos porcentuales.

Pero el efecto promedio oculta una variación considerable. La gruesa línea azul muestra la distribución de los efectos. Cada punto de la línea azul representa el efecto estimado para un tipo distinto de región. Las regiones están ordenadas según su potencial de crecimiento sindical, para un nivel dado de exposición a la robotización. En la parte izquierda del gráfico, el efecto de la exposición a robots sobre la afiliación sindical regional es positivo. En el percentil 10, un aumento de la exposición a la robotización incrementa la afiliación sindical en unos 2,6 puntos porcentuales. Este resultado se obtiene comparando regiones con la misma trayectoria de crecimiento sindical pero diferente exposición a la robotización. En el centro de la distribución, el efecto es negativo y cercano al promedio antes mencionado. A la derecha, en el percentil 90, el efecto negativo es casi el doble de fuerte. El segundo panel muestra que los resultados no cambian al excluir el sector automovilístico, líder en la adopción de robots. El tercer panel controla por perturbaciones económicas asociadas a la globalización. En el estudio presentamos varias pruebas adicionales. Todas arrojan las mismas conclusiones.

Nuestros resultados ponen de manifiesto que el impacto de la robotización sobre los sindicatos no está escrito de antemano. Aunque a menudo reduce la afiliación sindical, también puede impulsarla. Creemos que la teoría de la negociación permite entender mejor estos resultados. Los robots industriales son inversiones costosas. En determinadas condiciones, reducen el poder de negociación de la empresa frente a los sindicatos. Una razón directa es que trasladar robots industriales conlleva un coste. Otra menos evidente es que las ganancias de productividad derivadas de los robots y de otra maquinaria automatizada dependen a menudo de trabajadores cualificados y servicios proporcionados por otras empresas locales. En consecuencia, cuando a las empresas les resulta más difícil trasladarse, los trabajadores tienen más poder de negociación.

¿Qué lecciones sacamos de cara al debate sobre la automatización?

Nuestro estudio se basa en datos de EE. UU. y en métodos observacionales, no experimentales, por lo que es necesaria cierta cautela. Y EE. UU. no es España, donde la cobertura de la negociación colectiva es más amplia y los convenios sectoriales desempeñan un mayor papel. Pero la idea fundamental se aplica también aquí: la automatización reconfigura el poder de negociación. Si los robots hacen difícil que las empresas amenacen de forma creíble con deslocalizar la producción, los trabajadores pueden encontrarse en una posición negociadora más fuerte. El debate sobre la automatización tiende a asumir una única dirección: las máquinas sustituyen a los trabajadores, los sindicatos pierden peso, la desigualdad aumenta. Nuestros resultados sugieren un escenario más complejo. La pregunta clave es en qué condiciones las inversiones en tecnología se traducen en una mayor voz de los trabajadores y en una menor desigualdad de poder de negociación laboral. En EE. UU., la respuesta varía drásticamente entre regiones. En España y Europa, donde las instituciones de negociación colectiva son más fuertes y la ola de IA industrial apenas está comenzando, esa pregunta sigue abierta.

Las imágenes de la llegada masiva de personas migrantes desde Marruecos a Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026 se han asociado a la palabra “crisis.” La tragedia de los fallecimientos en el mar, las tensiones por la permanencia en la ciudad de los recién llegados y la percepción de inmovilismo estatal proyectaron un marco de aparente incapacidad y falta de preparación. Al examinar la situación, emergen preguntas sobre la construcción de este suceso como una crisis: ¿hablamos de una crisis migratoria por el volumen de llegadas, de acogida por la respuesta institucional, o del modelo de gestión de las fronteras? ¿De una crisis geopolítica que aviva la pugna partidista española? ¿O de la incapacidad de coordinar una respuesta cuyo propio contenido y modelo están en disputa?

Una crisis es, por definición, la construcción social de una amenaza que genera un sentido de urgencia respecto a su resolución. En este contexto, la ciudadanía mira especialmente al Estado y a sus representantes como los gestores de la solución. En el ámbito de la migración, la crisis ha estado presente casi de forma permanente. Basta con revisar la hemeroteca para encontrar la “Crisis Europea de los Refugiados de 2015”, la “Crisis de la Valla de Melilla” o la “Crisis de los Cayucos”, entre otras. Gestionar este escenario sitúa la migración en lo que estudiosos de la política pública denominan una controversia política intratable: un problema cuya definición y solución generan un intenso conflicto que dificulta la cooperación entre actores gubernamentales, políticos, y sociales.

Hablar de la crisis de Ceuta conlleva un componente de intratabilidad. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿puede una ciudad como Ceuta estar preparada ante un escenario de esta magnitud? La respuesta abarca cuatro ejes: la definición de la crisis, la construcción y movilización de capacidades, la coordinación vertebradora y la delimitación entre la arena política y la operativa.

En primer lugar, ¿de qué tipo de crisis hablamos? Pese a su naturaleza multicausal, la realidad para Ceuta es que este episodio desencadenó una crisis humanitaria de grandes proporciones. Más allá del ruido político y mediático, calificar el suceso así obliga a definir con claridad la amenaza ante la que debíamos prepararnos: no la constituyen las personas que llegan —tras trayectorias de alto riesgo vital—, sino la incapacidad institucional para responder con agilidad a una llegada masiva. Es esta falta de respuesta la que tensiona la capacidad local para acoger, proteger, prestar servicios y garantizar tanto el debido proceso como el derecho de asilo. A esto se suma una dimensión temporal ineludible: sabemos cuándo inicia una crisis, pero no cuándo concluye.

En segundo lugar, es imposible estar completamente preparado ante una crisis difícil de predecir en magnitud y momento. Esto plantea un interrogante clave: ¿qué significa estar preparado ante futuros episodios? El estudio del proyecto MunMigra —financiado por el Plan Nacional de R+D+i— analizó las respuestas municipales hacia la población migrante durante la COVID-19. Los hallazgos mostraron que contar con infraestructuras asistenciales previas (planes, programas y presupuestos), experiencia acumulada y redes consolidadas en el territorio facilitó respuestas más proactivas y cercanas a la población migrante. En definitiva, la preparación no exige disponer de un sinnúmero de recursos en espera; implica contar con capacidades latentes que puedan activarse, reorganizarse y escalarse con rapidez cuando la situación lo exija.

En tercer lugar, la preparación exige coordinación: la capacidad de actores centrales, como las administraciones públicas, para articular acciones conjuntas, complementarias y diferenciadas. Esto implica movilizar recursos, intercambiar información y crear espacios de cooperación que gestionen conflictos. En definitiva, coordinar responde a dos preguntas: ¿quién hace qué y cómo? En Ceuta, responderlas es complejo por el reparto competencial: el Gobierno central gestiona fronteras, extranjería y asilo, mientras que la Ciudad Autónoma asume servicios sociales y protección de menores. Las primeras semanas de la crisis evidenciaron la necesidad de articulación multinivel: Ceuta reclamó mayor presencia estatal, mientras el Estado desplegó recursos de diversos ministerios. Si bien el 25 de agosto el Gobierno creó un “mando único” para coordinar las actuaciones, este se hizo principalmente bajo una lógica de control y contención fronteriza al declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional.

La experiencia de la COVID-19 ilustra los retos que plantea la coordinación. El proyecto MunMigra mostró que, durante los dos primeros años de la pandemia, los ayuntamientos percibieron que la cooperación con los gobiernos autonómicos y, especialmente, con el Gobierno central para atender a personas migrantes fue moderada. En cambio, destacaron una alta colaboración con la sociedad civil local producto de un papel complementario en momentos de crisis. La lección es clara: no basta con conocer formalmente quién tiene cada competencia; prepararse implica disponer de relaciones de colaboración que permitan saber quién hace qué sobre el terreno, qué recursos se movilizan y con quién colaborar.

Por último, la preparación debe considerar el entorno político en el que la respuesta se desarrolla. Estudios sobre la denominada “crisis de los refugiados” de 2015 ya nos indicaban que, en el caso de la Unión Europea, la capacidad de implementar respuestas sobre el terreno dependía del espacio político existente para desarrollarlas. Prepararse implica asumir que la migración suele sufrir una intensa politización e instrumentalización. Esto no significa pretender eliminar el conflicto, sino distinguir entre la discusión política y los espacios técnicos de coordinación, los cuales necesitan protección institucional para funcionar. La preparación no elimina la discrepancia política, pero debe tenerla en cuenta para construir un nivel operativo que permita desplegar la respuesta cuando sea necesario.

En conclusión, este episodio nos enseña que los distintos actores –estatales y no estatales – de la gobernanza migratoria no tienen por qué predecir la próxima crisis. Sin embargo, sí deben construir capacidades locales que permitan responder de forma ágil y humanitaria cuando las previsiones fallen: un proceso gradual y acumulativo que requiere tiempo y continuidad institucional.

^{[1] Nota: Este texto forma parte de las actividades de difusión de los proyectos de investigación MUNMIGRA (PID2021-129092OA-I00/MICIU/AEI/10.13039/501100011033/FEDER,UE) y GLOCALMIC (CNS2024-154755), financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER,UE).}

En crisis recientes, como la DANA de Valencia o la crisis migratoria en Ceuta, Vox ha ganado protagonismo a través de las redes sociales y los medios digitales. No es algo nuevo: algunos estudios ya habían señalado la importancia de estos canales en las primeras etapas del partido (aquí y aquí). Pero su crecimiento electoral plantea una pregunta: ¿hasta qué punto se informan sus votantes de manera distinta a los de otros partidos?

Para responder a esta pregunta contamos con datos especialmente útiles. El CIS realizó dos macroencuestas sobre audiencias de medios de comunicación social en 2023 y 2025. En la primera entrevistó a más de 27.000 personas; en la segunda, a 15.000. Estas muestras nos permiten comparar con bastante precisión la «dieta mediática» de los votantes de Vox, PP y PSOE: el conjunto de medios y fuentes, tradicionales y digitales, que utilizan habitualmente para informarse. La expresión evoca una dieta alimentaria: podemos combinar fuentes diversas o concentrar nuestro consumo en unas pocas.

Los votantes de los dos grandes partidos siguen habitando, en lo esencial, el mismo ecosistema mediático. Confían en la prensa escrita en proporciones muy similares —un 66% de los del PP y un 64% de los del PSOE dicen tener mucha o bastante confianza— y lo mismo ocurre con la radio, donde ambos porcentajes superan el 70%. Sus lecturas también se cruzan: El País es el segundo periódico más citado entre los votantes del PP, y El Mundo ocupa ese mismo lugar entre los del PSOE. En televisión sucede algo parecido: La 1 tiene más tirón entre el electorado socialista, pero llega también a buena parte del popular, mientras que Telecinco atrae a votantes de ambos partidos.

Entre los votantes de Vox, el patrón cambia, como muestra el gráfico 1. Su confianza en la televisión no llega a la mitad de la que expresan los votantes de PP y PSOE: un 23%, frente al 55-58%. En las redes sociales ocurre lo inverso: un 41% de los votantes de Vox expresa mucha o bastante confianza, frente al 16% de los del PSOE y el 17% de los del PP. La proporción supera, por tanto, el doble y ha crecido diez puntos desde 2023, cuando se situaba en el 31%. El contraste es claro: en prensa, televisión y radio, los votantes de PSOE y PP muestran niveles de confianza similares, mientras que los de Vox quedan sistemáticamente por debajo. En las redes sociales, la relación se invierte. Esto no significa que los votantes de Vox confíen más en las redes que en cualquier medio tradicional: la radio sigue por delante, con un 48%. Lo distintivo es la distancia respecto a los otros dos electorados.

Una explicación tentadora es atribuir estas diferencias a una brecha generacional: si los votantes de Vox son más jóvenes, su mayor familiaridad con las redes podría explicar su relación con estos medios. Pero las diferencias persisten cuando distinguimos entre menores de 55 años y personas de 55 años o más. Los datos sobre el uso de redes para informarse, recogidos en el gráfico 2, lo muestran. Entre los votantes del PP y del PSOE, ese uso cae del 64-70% entre los menores de 55 años al 31-35% entre quienes tienen 55 años o más: prácticamente a la mitad. Entre los votantes de Vox también disminuye, pero menos: pasa del 82% al 63%. Es decir, los votantes de Vox de más edad recurren a las redes casi el doble que sus coetáneos de PP y PSOE. Su uso prácticamente iguala, además, el de los menores de 55 años del PP, situado en el 64%, y se acerca al 70% de los del PSOE. Estos grupos de edad son amplios, pero la diferencia aparece dentro de ambos.

Las diferencias se extienden a las plataformas que utilizan. Entre quienes se informan a través de redes sociales, el uso de YouTube ronda el doble entre los votantes de Vox (24%) que entre los de PSOE y PP (entre el 12% y el 13%), un patrón que ya se apreciaba en la oleada de 2023. Esta plataforma permite, además, consumir contenido político en formatos largos, como monólogos y entrevistas extensas. Queda por saber qué contenidos concretos elige cada electorado: compartir plataforma no implica compartir una misma dieta mediática.

El panorama mediático español, visto así, es más complejo que la división entre medios progresistas que apoyan al Gobierno y medios conservadores que se oponen a él. Las diferencias entre los votantes de Vox y los de PP y PSOE van más allá de las cabeceras que prefieren: afectan a cómo se informan y a las fuentes en las que confían. Comparados con los votantes de PP y PSOE, los de Vox confían menos en los medios tradicionales y más en las redes sociales. Su mayor uso de estas últimas para informarse aparece tanto entre los menores de 55 años como entre quienes superan ese umbral.

Esto plantea un reto para el debate democrático. En las redes conviven contenidos periodísticos sujetos a controles editoriales con mensajes que circulan sin verificación. Si la desconfianza hacia los medios tradicionales lleva a una parte del electorado a depender de fuentes que no comparten esos controles, puede resultar más difícil mantener una base común de hechos sobre la que discutir. Las encuestas no demuestran que los votantes de cada partido vivan en mundos informativos separados, pero sí muestran importantes diferencias a las que debemos prestar atención. El riesgo es que cada crisis nos encuentre discrepando no solo sobre lo que debería hacerse, sino también sobre lo que ha ocurrido.

Cuando alguien afirma que la tokenización de activos y, en particular, las criptomonedas, favorecen la “democratización” de las finanzas, está usando el término en un sentido muy concreto: lo equipara a la falta de un control centralizado, y a la imposibilidad de que nadie excluya o censure. Identifica, así, la democracia con la ausencia de poder coercitivo.

Pero cuando el mismo término se emplea para describir la organización de una sociedad dotada de mecanismos de representación, se apunta casi siempre a algo muy diferente: a que sea el conjunto de los individuos quien decida colectivamente, según la voluntad de la mayoría. Y el Estado, en las sociedades democráticas contemporáneas, aparece como la institución que canaliza esa voluntad colectiva, bajo mecanismos de rendición de cuentas. Sin embargo, parte de la narrativa construida alrededor de las finanzas descentralizadas lo presenta como una amenaza para la libertad. ¿Se trata de un mero juego de palabras o subyace una contradicción de fondo? Probablemente, existe un equívoco semántico deliberado, pero detrás de él se esconde una tensión muy antigua: la que enfrenta la libertad del individuo con la soberanía de la comunidad. Esta tensión no la ha creado la tecnología: sólo le ha proporcionado un nuevo vestuario.

Tras el entusiasmo cripto hacia las ventajas de los mercados descentralizados existe una sólida tradición intelectual, cuyo autor de referencia es probablemente Friedrich Hayek. En “The Use of Knowledge in Society” (1945), el pensador austríaco sostiene que el conocimiento económico relevante no está al alcande de un individuo o un reducido número de personas, sino disperso entre millones de ellas, y que los mecanismos de fijación de precios son capaces de agregar y gestionar esos enormes volúmenes de información heterogénea y diseminada mejor que una autoridad central. De acuerdo con esta lectura, el mercado, por su carácter descentralizado, es preferible como procesador de datos. La conexión con el relato cripto es inmediata: el conocimiento disperso se puede coordinar mejor en un sistema monetario descentralizado que en uno gestionado por un banco central.

A Hayek se sumaron otros destacados intelectuales, como Ludwig von Mises, Robert Nozick y otros, que insistieron, desde perspectivas diferentes, en la idea de que sólo un Estado mínimo, limitado a proteger a la ciudadanía frente a la fuerza, el robo o el fraude, puede puede justificar la violación de los derechos individuales. Mucho antes de que se escribiera la primera línea de código de Bitcoin, ya existía la arquitectura conceptual que le daría soporte. De hecho, Milton Friedman ya especulaba a finales de los noventa con un dinero electrónico ajeno a la voluntad de quienes gestionan la oferta monetaria.

El nacimiento de las criptomonedas se benefició también de un catalizador cultural, cuyo origen analizó Fred Turner en “From Counterculture to Cyberculture” (2006), situándolo en la fusión entre el comunalismo de la bahía de San Francisco y la cultura informática. De esa coincidencia surgió una mezcla de antiautoritarismo, individualismo radical y utopismo tecnológico, donde la emancipación personal se presentaba como alternativa a las instituciones tradicionales. En 1988, Timothy May ya había alumbrado un incipiente “ciberlibertarismo” en su “Crypto Anarchist Manifesto”, secundado por James Dale Davidson y William Rees-Mogg en “The Sovereign Individual” (1997), donde se profetizaba el debilitamiento del Estado del bienestar ante una cibermoneda capaz de sustraer a los gobiernos el control sobre el dinero.

Cuando Bitcoin fue presentado en 2008, recogió implícitamente esta herencia intelectual: Wei Dai, cuyo ensayo sobre el “b-money” aparece citado al comienzo del whitepaper de Satoshi Nakamoto (el anónimo desarrollador de la criptomoneda), había declarado su fascinación por la criptoanarquía de May. La fecha de su aparición resulta significativa: el “bloque génesis” de Bitcoin fue minado tras el colapso de Lehman Brothers, y en medio de la polémica sobre el coste de los rescates bancarios (en su código está incrustado el titular de la portada de The Times del 3 de enero de 2009: “Chancellor on brink of second bailout for banks”). El mensaje subyacente era muy claro: Bitcoin nacía para refundar la confianza monetaria, sin la mediación de ninguna institución.

Conviene, con todo, introducir aquí una nota crítica, porque, como señaló David Golumbia en “The Politics of Bitcoin” (2016), esta genealogía no es intelectualmente neutral. A su juicio, tales ideas arrastran, a menudo sin que sus divulgadores lo perciban, premisas coincidentes con los planteamientos de algunos grupos extremistas de la política estadounidense: la inflación como un expolio premeditado, orquestado por las élites políticas; la caracterización de la Reserva Federal como una institución manipuladora; o la asimilación de cualquier tipo de impuesto a un atraco. Estas opiniones han generado intensas polémicas: por ejemplo, William J. Luther, de la Universidad de Florida, acusó a Golumbia de simplificar excesivamente lo que no es más que teoría monetaria convencional (aunque también ha señalado que los defensores de las criptomonedas pecan de lo mismo). En cualquier caso, la controversia evidencia que la afirmación de que la descentralización es “democrática” no cae del cielo, hunde sus raíces en una tradición intelectual que lleva décadas asociando la autonomía individual con la reducción del poder estatal.

Frente a esa tradición, se han alzado las ideas de quienes han defendido que no se debe confundir libertad con ausencia de poder, como Jean-Jacques Rousseau, para quien la libertad exige que cada individuo cumpla la ley que, como parte del cuerpo soberano, se ha dado a sí mismo (configurando la llamada “voluntad general”). Pero Rousseau llevó esta idea hasta el extremo de afirmar —en “El contrato social” (1762)— que quien se niegue a obedecer la voluntad general debe ser obligado a ello por todos, “lo que no significa otra cosa sino que se le forzará a ser libre”. En esa frase late ya la tensión que el discurso cripto aprovecha: ¿qué ocurre con el individuo cuya voluntad particular discrepa de la colectiva? ¿Dónde termina la autodeterminación democrática y empieza la coacción estatal?

John Stuart Mill ofreció en “On Liberty” (1859) una respuesta liberal a Rousseau, apoyándose en la preocupación por la “tiranía de la mayoría”, que había adquirido especial relevancia en el pensamiento de Alexis de Tocqueville. Mill defiende que el poder solo puede ejercerse legítimamente sobre un miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, para evitar que dañe a otro. Locke, antes que ambos, había fundado la legitimidad del gobierno en el consentimiento y la protección de los derechos naturales, asentando la idea de que el poder político es un fideicomiso revocable, no un dominio irreversible. El discurso cripto no inventa esta tensión: se adentra en una disputa centenaria, apostando por la descentralización como una “forma superior de democracia”.  

Sus promesas llegaron a concretarse en metas muy concretas: facilitar el acceso al sistema financiero, proporcionando servicios bancarios a los 1.400 millones de adultos que, según el Banco Mundial, carecen de los mismos; eliminar a los intermediarios que se limitan a cobrar un margen; y colocar el poder de decisión manos de los usuarios.

Al menos, en lo que se refiere al reparto del poder, la evidencia acumulada no es muy favorable. El estudio de referencia sobre la concentración de la propiedad en Bitcoin es el desarrollado por los economistas Igor Makarov y Antoinette Schoar para el National Bureau of Economic Research en 2021, aplicando algoritmos de agrupación de datos (clustering) sobre la totalidad del registro de transacciones para aislar las cuentas individuales. Sus hallazgos revelaron que, al cierre de 2020, la propiedad se encontraba altamente concentrada: los mil mayores inversores individuales disponían de aproximadamente 3 millones de bitcoins (BTC), mientras que los diez mil principales controlaban cerca de 5 millones. Asimismo, los intermediarios acumulaban unos 5,5 millones de BTC, equivalentes a un tercio del circulante de la época. Los autores concluyeron que el ecosistema operaba bajo una dinámica asimétrica donde los grandes mineros, los principales tenedores (whales) y las plataformas de intercambio (exchanges) absorbían la mayor parte de los flujos de la red, acumulando los retornos de la adopción en una franja minoritaria de participantes.

Este diagnóstico exige una actualización, impulsada por la maduración institucional y el viraje del activo hacia las finanzas tradicionales. El análisis de los datos suministrados por las firmas de análisis on-chain, como Glassnode, muestran que la concentración continúa siendo elevada, aunque su composición ha cambiado. La preeminencia de los grandes exchanges minoristas ha sido mitigada por la irrupción de grandes vehículos institucionales (como, por ejemplo, los ETF de Bitcoin al contado). Este fenómeno matiza, pero no invalida, la tesis implícita en el estudio del NBER: la concentración en la custodia ya no equivale a una acumulación de la riqueza patrimonial en unos pocos individuos criptonativos, sino a una delegación institucional donde millones de inversores minoristas provenientes de las finanzas tradicionales acceden de forma indirecta a los rendimientos de la red a través de instrumentos convencionales. En 2021, una dirección con 50.000 BTC podía representar a una sola “ballena” o a un “exchange”; en 2026 puede pertenecer a un custodio de ETF tras el que pueden estar cientos de miles de minoristas. La conclusión no es que la concentración se haya disuelto, sino que se ha institucionalizado: continúa siendo asimétrica, pero se ha fragmentado a través de vehículos colectivos.

La ironía es la colonización de Bitcoin por el mismo establishment financiero que venía a combatir. En enero de 2024, la SEC aprobó los ETF de Bitcoin al contado, y el iShares Bitcoin Trust de BlackRock protagonizó lo que Bloomberg calificó como el mayor lanzamiento de la historia de los fondos cotizados: alcanzó los 50.000 millones de dólares en activos en apenas once meses, convirtiéndose en el ETF con un crecimiento más rápido hasta entonces. El dinero que iba a liberar al individuo del “cártel” de las finanzas tradicionales es ahora custodiado, empaquetado y vendido por Wall Street. La paradoja difícilmente podría ser mayor: la desintermediación prometida ha dado lugar a una nueva intermediación institucional.

Las finanzas descentralizadas ofrecen un ejemplo aún más nítido de lo que el Banco Internacional de Pagos ha llamado “ilusión de descentralización”. Su análisis constató que algunas entidades de capital riesgo, como la firma Andreessen Horowitz, disponían de una capacidad de voto y de veto fáctico sobre las propuestas sometidas a votación en Uniswap, uno de los principales protocolos de intercambio descentralizado, donde la participación efectiva de los usuarios en las votaciones es muy reducida, lo que permite que los grandes poseedores de tokens ejerzan una influencia desproporcionada sobre las decisiones del protocolo. La descentralización, por tanto, no elimina el poder: puede limitar su concentración en una institución formal y, al mismo tiempo, trasladarlo hacia quienes controlan los activos que permiten ejercerlo.

Uno de los reproches centrales del pensamiento criptolibertario es que el Estado no representa a todos por igual, sino que suele ser capturado por élites organizadas, y en este argumento tiene a su favor aportaciones académicas muy sólidas, como las desarrolladas a partir de los trabajos de George Stigler sobre “captura regulatoria” (1971). Desde entonces, diversos trabajos han mostrado que, incluso en las democracias avanzadas, la traducción de las preferencias mayoritarias en políticas públicas puede verse condicionada por la capacidad de influencia de las élites económicas.

Ahora bien: si el problema del Estado es que puede ser capturado, la pregunta decisiva es: ¿qué ocurre en los sistemas descentralizados? Y la respuesta empírica, como se ha comprobado con Bitcoin, resulta muy clarificadora: pueden ser capturados por los mismos actores, a menudo de forma más opaca y con menos mecanismos de corrección. La diferencia crucial entre ambos casos no es técnica sino institucional: un Estado democrático capturado dispone, al menos, de mecanismos de corrección (elecciones, tribunales constitucionales, prensa libre, reglas sobre financiación de partidos, transparencia presupuestaria), mientras que un protocolo descentralizado capturado por fondos de capital riesgo o ETF carece de mecanismos de control equivalentes. La descentralización no democratiza el poder: lo vuelve invisible.

La narrativa cripto descansa, por tanto, sobre un equívoco en torno a la palabra “democrático” y, una vez desmontado, se aprecia con claridad que tras ella opera fundamentalmente una respuesta individualista al problema de la decisión colectiva, no una forma superior de resolverlo. Calificar como democrático un sistema en el que una fracción reducida de los participantes concentra una parte sustancial del poder computacional, mientras grandes tenedores e inversores pueden ejercer una influencia desproporcionada sobre las votaciones de gobernanza, constituye, en el mejor de los casos, un abuso del lenguaje. Pero, al mismo tiempo, existe una paradoja real, porque bajo ese equívoco late una realidad que los defensores de los principios democráticos no han de ignorar: la desconfianza hacia el Estado no brota de la nada, sino de su captura recurrente por intereses particulares que traicionan su promesa de representación universal. El debate entre Rousseau y Mill sobre dónde termina la libertad individual y empieza la coacción colectiva sigue abierto, y la tokenización no parece capaz de cerrarlo. Ninguna tecnología puede hacerlo, porque la democracia no es una arquitectura técnica, sino un conjunto de reglas y prácticas institucionales, siempre imperfectas, que requieren un permanente proceso de mejora y mantenimiento.

Tras la victoria de España en el Mundial, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, apareció en rueda de prensa con la camiseta de la selección. Subrayó que Trump había tenido que entregar el trofeo a uno de los países más comprometidos con Palestina y elogió a la selección como un equipo “diverso, multirracial, integrador y unido”.

La escena resume bien una pauta recurrente: una parte de la izquierda española a menudo siente la necesidad de explicar qué idea de España está celebrando y por qué, cuando anima a la selección. La derecha, en cambio, rara vez siente esa necesidad. ¿A qué se debe esta diferencia?

La explicación más habitual remite a la historia. Como ha señalado Xosé M. Núñez Seixas (2010), la identificación de la bandera, el himno y la idea de España por parte del franquismo dejó una huella profunda en la izquierda democrática. Tras la dictadura, la izquierda tuvo dificultades para articular un nacionalismo español propio, claramente diferenciado del nacionalismo conservador. Esa herencia ayudaría a entender por qué una parte de la izquierda sigue relacionándose con los símbolos españoles de forma más cautelosa.

Pero ¿hasta qué punto esta herencia continúa pesando hoy? Para explorarlo, analizamos varias encuestas del CIS sobre orgullo nacional, que si bien es cierto que quedan un poco atrás las últimas veces que se ha preguntado al respecto, precisamente por ello puede resultarnos útil. Animar a la selección no equivale exactamente a expresar orgullo nacional, pero ambos fenómenos están estrechamente relacionados. Si la hipótesis es correcta, deberíamos encontrar un patrón similar en las actitudes hacia España.

El primer resultado es poco sorprendente. La asociación entre orgullo nacional y preferencia partidista se mantiene durante décadas: los votantes del PP se concentran sistemáticamente más en la categoría de máximo orgullo, mientras que entre los del PSOE predomina una expresión más moderada de ese orgullo, a pesar de ser mayoritaria la opción del máximo orgullo.

Pero hay un segundo resultado menos evidente. Entre los votantes socialistas, cuanto mejor valoran al presidente del Gobierno, más probable es que se declaren muy orgullosos de ser españoles. Para analizar este fenómeno hemos analizado tres CIS situados entre el 2008 y el 2015. Esto efecto se produce cuando el PSOE gobierna, pero también cuando está en la oposición, aunque la relación es más clara durante el Gobierno de Zapatero. Entre los votantes del PP, en cambio, no se observa este patrón, tanto cuando están en el gobierno como en la oposición.

El tercer resultado, ampliando a diez encuestas equiponderadas, muestra que el partido votado no lo explica todo. Controlando por diferentes factores entre los cuales están recuerdo de voto, quiénes se sitúan más a la derecha tienen una mayor probabilidad de expresar un mayor orgullo nacional.

Naturalmente, esto no demuestra que un Gobierno convierta en más patriotas a sus votantes. La relación podría deberse a otros factores y las encuestas no permiten resolver esta cuestión. Pero el patrón sí apunta a algo relevante: entre los votantes de izquierdas, el orgullo nacional declarado parece más sensible al contexto político y al proyecto político que se identifica con España en cada momento.

Tal vez, por tanto, la diferencia entre izquierda y derecha no sea únicamente de intensidad, sino también de condiciones de expresión. Para una parte de la izquierda, la españolidad no desaparece, pero resulta más fácil hacerla pública cuando puede asociarse a una España democrática, plural, moderna o inclusiva. Lo que cambia no es el sentimiento de pertenencia sino la comodidad con la que este se declara y se exhibe.

Tampoco es algo nuevo. Ya ocurrió durante los éxitos de la selección española entre 2008 y 2012. Alejandro Quiroga (2014) ha mostrado cómo los éxitos de la selección permitieron sustituir la antigua narrativa de la “furia y el fracaso” por otra asociada al éxito, la modernidad, el trabajo en equipo y el orgullo colectivo. En una línea similar, Pablo Batalla (2021) sostiene que contribuyeron a renovar el repertorio simbólico del nacionalismo español y a popularizar una imagen más desacomplejada del país.

Volvemos así al problema señalado por Núñez Seixas. La dificultad histórica de una parte de la izquierda no ha sido necesariamente sentirse española, sino construir y reconocer como propia una forma de españolidad distinta de la heredada del franquismo y posteriormente asociada a la derecha. Cuando Pablo Fernández celebra a la selección como un equipo “diverso, multirracial, integrador y unido”, no solo explica por qué esa España puede ser la suya. Al celebrarla, también contribuye a construirla.

Referencias

Batalla Cueto, Pablo. 2021. Los nuevos odres del nacionalismo español. Gijón: Trea.

Quiroga Fernández de Soto, Alejandro. 2014. Goles y banderas: fútbol e identidades nacionales en España. Madrid: Marcial Pons Historia.

Núñez Seixas, Xosé M. 2010. Patriotas y demócratas. El discurso nacionalista español después de Franco. Madrid: Los Libros de la Catarata.

La IA generativa y los agentes de IA han ampliado enormemente el número de ocupaciones expuestas a la transformación por la introducción de nuevas tecnologías. Sin embargo, exposición no equivale necesariamente a sustitución. En algunos casos, la IA reemplazará tareas realizadas por trabajadores; en otros, los complementará y aumentará su productividad. La cuestión decisiva es qué combinación acaba predominando y cómo se distribuyen los beneficios del incremento de productividad que se genere.

Los primeros estudios empíricos encuentran aumentos de productividad después de que las empresas adoptan sistemas de IA. En el desarrollo de software, por ejemplo, se reducen los tiempos necesarios para completar algunas tareas. En otros ámbitos, la IA permite producir un primer borrador, detectar errores o procesar información con mayor rapidez.

Sin embargo, más productividad no implica automáticamente más empleo. Los datos recientes apuntan a una dinámica dual. En empresas estadounidenses y británicas más expuestas a los grandes modelos de lenguaje ha aumentado la remuneración media, mientras que se ha reducido la publicación de nuevas vacantes. Los trabajadores que conservan su puesto pueden ser más productivos y recibir mejores salarios, al tiempo que las empresas necesitan contratar a menos nuevos trabajadores.

Esta combinación perjudica especialmente a quienes intentan entrar en el mercado laboral. Los trabajadores con experiencia tienen conocimientos sobre la empresa, el sector y los clientes que la IA todavía no puede reproducir fácilmente. En cambio, muchas de las tareas asignadas tradicionalmente a los jóvenes —buscar información, preparar documentos, realizar análisis preliminares o escribir código sencillo— son precisamente las que estos sistemas pueden ejecutar mejor.

Datos de Estados Unidos muestran que el empleo de los trabajadores de entre 22 y 25 años ha evolucionado peor en las ocupaciones más expuestas. Según el Stanford Digital Economy Lab, su tasa de empleo sería aproximadamente un 16% en 2025 y ha pasado al 19% en 2026. Otros estudios confirman una creciente divergencia entre la contratación de perfiles sénior y júnior y una reducción de los salarios ofrecidos para nuevas posiciones en las ocupaciones más expuestas.

Todavía es pronto para saber si estos efectos serán permanentes y si serán iguales en todos los países. No obstante, señalan un riesgo concreto: la desaparición de una parte de la escalera laboral que permite adquirir experiencia. Si las empresas automatizan las tareas de entrada, ¿cómo se formarán los profesionales que dentro de diez años deberían ocupar las posiciones sénior?

Esta transformación tiene otra consecuencia menos visible: puede erosionar la base fiscal de los estados. Una parte importante de los ingresos públicos procede del trabajo, mediante el impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales. Si la IA reduce el número de trabajadores necesarios para producir la misma cantidad de bienes y servicios, las administraciones pueden recaudar menos. Al mismo tiempo, podría aumentar el gasto en prestaciones, formación y garantías de ingresos.

El resultado dependerá de quién reciba las rentas generadas por la IA. Si el aumento de productividad se traduce en mejores salarios y beneficios empresariales declarados dentro del país, parte de la pérdida fiscal puede compensarse. Pero si las ganancias se concentran en pocas empresas tecnológicas o se desplazan hacia jurisdicciones con impuestos bajos, la recaudación disminuirá incluso aunque la economía produzca más.

En escenarios de desplazamiento laboral elevado y baja captura doméstica del valor, la caída de la recaudación podría ser considerable. La advertencia es clara: un sistema fiscal construido alrededor del empleo asalariado puede tener dificultades para financiar el Estado del bienestar en una economía donde una parte creciente del valor procede del capital tecnológico.

¿Cómo gobernar esta transición? Una primera medida sería dar a los trabajadores capacidad real para participar en las decisiones de automatización. Las empresas podrían tener que negociar con los comités de empresa antes de introducir sistemas que afecten significativamente al empleo, la supervisión o la evaluación del rendimiento. Los despliegues más importantes podrían requerir evaluaciones de impacto laboral de la IA con participación sindical.

También convendría orientar la innovación hacia la complementariedad. La contratación pública puede utilizarse para exigir que los sistemas adquiridos mejoren el trabajo humano, en vez de limitarse a reducir plantillas. En sectores con alto riesgo de sustitución podrían exigirse planes de transición; en ámbitos como la sanidad o la educación, la adopción podría facilitarse siempre que se mantengan la supervisión y la responsabilidad humanas.

La educación, por su parte, deberá convertirse realmente en una política para toda la vida. Los cursos breves y las microcredenciales pueden ayudar, pero algunas personas necesitarán más tiempo y apoyo. Los permisos o “sabáticos de transición”, acompañados de ingresos suficientes, ofrecerían una respuesta más realista para quienes deban aprender una nueva profesión.

Finalmente, será necesario adaptar la fiscalidad. Una posibilidad es gravar los tokens o unidades computacionales procesadas por los sistemas de IA y destinar los ingresos a formación, protección social e infraestructura pública. Otra opción sería crear un fondo de soberanía tecnológica financiado por las grandes empresas del sector, de modo que la ciudadanía participe en la propiedad y los dividendos del capital tecnológico.

La IA puede producir más riqueza con menos trabajo. Esto podría permitir reducir las jornadas y mejorar los servicios públicos, pero también podría concentrar la propiedad, cerrar las puertas de entrada al empleo y debilitar la financiación del Estado del bienestar. Como en otras oleadas de innovación, los ganadores y perdedores no los decidirán únicamente los algoritmos, sino también las instituciones laborales, el sistema fiscal y las políticas que adoptemos para repartir los beneficios de la nueva economía.

España lleva semanas discutiendo quién tiene derecho a votar. La llamada ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022, ha permitido que cientos de miles de descendientes de españoles obtengan la nacionalidad: 544.722 solicitudes aprobadas a 31 de marzo de 2026, la gran mayoría en América Latina. Con ellas, el censo de españoles residentes en el extranjero rozará los tres millones de electores en las próximas generales, unos 600.000 más que en 2023. En la oposición han saltado las alarmas. Feijóo habló de una operación de “ingeniería electoral” para “fabricar votantes”, Ayuso avisó de que “Argentina será la tercera provincia de España” y Vox ha pedido directamente suspender el voto por correo desde el exterior. El Gobierno defiende la medida como una reparación histórica y acusa a la oposición de sembrar sospechas sin pruebas.

El argumento no es nuevo. Es la versión más reciente de un miedo que acompaña a cada ampliación del electorado: que los nuevos votantes decidirán las elecciones y que quien los “trae” lo hace por interés. Detrás hay una misma predicción: incorporar nuevos votantes beneficia a unos partidos a costa de otros.

Esa predicción puede ponerse a prueba. En un artículo reciente con Simon Hix la contrastamos con dos experimentos naturales: reformas que, por cómo y dónde ocurrieron, permiten estudiarlas casi como si fueran un experimento. Son las dos ampliaciones del derecho a voto municipal para residentes extranjeros que España puso en marcha en 2007 y 2011. No es exactamente el caso de la ley de nietos, que crea ciudadanos con derecho a voto en todas las elecciones; nuestro estudio se centra en residentes extranjeros que votan en las municipales. Pero el miedo de fondo es el mismo en ambas polémicas: que los nuevos votantes cambian quién gana. Sobre la gestión administrativa del censo, nuestros datos no dicen nada; sobre esa predicción de fondo, sí.

El derecho a voto y la integración

Hay buenos motivos para dar el voto a los inmigrantes, y poco tienen que ver con el interés electoral de ningún partido. Lo que sabemos hasta ahora indica que los derechos políticos aceleran la integración. Un estudio encuentra que el derecho al voto local aumentó la participación política de los inmigrantes. Otro apunta en la misma dirección por otra vía: los inmigrantes que ganaron voz en la democracia local tomaron después decisiones distintas sobre si nacionalizarse. La evidencia sobre el estatus legal completa el cuadro: obtener la nacionalidad mejora los salarios a largo plazo, y regularizar la situación administrativa reduce la delincuencia. Conviene, eso sí, no mezclar categorías que el debate confunde a menudo: la regularización da papeles, no papeletas. Un extranjero regularizado no puede votar; solo votan en las municipales los residentes de la UE y de los países con acuerdo que se registran y, en todas las elecciones, quienes llegan a nacionalizarse.

La objeción es igual de persistente: que dar el voto a los inmigrantes cambiaría los resultados electorales. Y no es una intuición descabellada: cada gran ampliación del sufragio, a la clase trabajadora, a las mujeres, movió al votante decisivo, y las políticas se movieron con él. ¿Pasaría lo mismo con los inmigrantes? La teoría puede argumentar en ambos sentidos: podrían inclinarse a la izquierda por interés de grupo o por su posición en la distribución de la renta, o podrían votar como los nativos comparables; al fin y al cabo, provienen de países muy distintos y tiran en direcciones diferentes. La pregunta hay que resolverla con datos. Y apenas había evidencia causal disponible.

Dos experimentos naturales en España

Los dos casos nos permiten distinguir entre causa y coincidencia. En enero de 2007, Rumanía y Bulgaria entraron en la UE, lo que otorgó automáticamente a sus ciudadanos el derecho a votar en las elecciones municipales españolas; los rumanos ya eran entonces el mayor grupo inmigrante no occidental en España. Después, en 2010 y 2011, España firmó acuerdos recíprocos que ampliaron el derecho al voto municipal a los inmigrantes de seis países latinoamericanos. Dos mecanismos distintos y dos poblaciones inmigrantes que no se parecen en nada.

El diseño se apoya en algo que se observa en cualquier ciudad española: los inmigrantes no se distribuyen de manera uniforme entre los barrios. Con datos a nivel de sección censal (la unidad electoral más pequeña de España, un vecindario de entre 500 y 2.000 residentes), comparamos secciones que recibieron nuevos votantes con secciones que no, dentro del mismo municipio y en la misma elección. Esa comparación elimina todo lo que ocurre a nivel municipal: candidatos, escándalos, vaivenes. Lo que queda es el efecto de tener vecinos con un nuevo derecho al voto calle abajo.

No encontramos ningún efecto

En los dos experimentos, dar el voto a los inmigrantes no movió el porcentaje de ningún partido: ni el centroderecha (PP), ni el centroizquierda (PSOE), ni la izquierda radical. Y no son ceros ruidosos que puedan ocultar algo. El cero decepciona a ambos lados: ni se confirma el temor de la derecha ni, en la izquierda, la esperanza de un rédito electoral, si alguien la tenía. Los intervalos de confianza, el margen de error de nuestras estimaciones, son estrechos alrededor del cero, y el resultado sobrevive a todas las pruebas de robustez que le lanzamos: comparar cada barrio consigo mismo a lo largo del tiempo, dar más peso a los barrios de control más parecidos a los tratados y, para el experimento de 2007, apoyarnos en la geografía previa del asentamiento rumano.

Cada panel corresponde a un partido en un experimento. La línea representa la diferencia estimada en votos entre el barrio tratado típico y sus vecinos sin nuevos votantes, y la banda representa el intervalo de confianza del 95%. Dos cosas merecen atención: la línea sigue plana al cruzar la reforma (línea discontinua), y ya lo era antes, lo que indica que la comparación es limpia.

Después nos hicimos una pregunta más exigente: aunque los efectos verdaderos estuvieran en el borde de nuestros intervalos de confianza, ¿serían lo bastante grandes como para importar? Los ayuntamientos españoles reparten los concejales mediante el método de D’Hondt. Calculamos, para cada municipio, el cambio exacto de votos que movería un solo concejal y contrastamos nuestras estimaciones con dicho umbral. Todas las estimaciones, en todas las especificaciones, quedan estadísticamente por debajo. En el municipio mediano, mover a un concejal exige un vuelco de 3,8 puntos porcentuales en el voto. El mayor efecto que nuestros datos pueden sustentar es de 0,23 puntos.

Cada histograma muestra el efecto asociado a cada uno de los 24.424 barrios tratados en España: el efecto estimado de cada partido, multiplicado por los nuevos votantes de esa sección. La línea discontinua de la derecha representa el vuelco que un concejal en un municipio mediano movería. Ningún barrio, para ningún partido, se acerca: la sección más tratada del país llega a 2,1 puntos.

Qué significa esto para el debate

Nuestros resultados tienen límites claros: estudiamos electorados inmigrantes pequeños y diversos, en parte sujetos a barreras de registro, condiciones típicas de estas reformas. No podemos decir qué pasaría con un electorado nuevo mucho mayor, ni si los partidos empezaran a movilizarlo activamente.

Pero dentro de esos límites, la evidencia apunta en una sola dirección. Hay motivos razonables para pensar que el voto ayuda a los inmigrantes a integrarse; el miedo a los resultados electorales, allí donde podemos medirlo, no se materializa. La conclusión reparte deberes a ambos lados: quien se oponga a estas reformas tendrá que apoyarse en otros argumentos, porque el electoral no encuentra respaldo en los datos; y quien las defienda no debería prometer, ni temer, réditos partidistas. Buena parte del debate sobre el voto inmigrante, ayer con las municipales y hoy con la ley de nietos, descansa en una predicción sobre quién ganaría. En España, a lo largo de dos reformas y cuatro ciclos electorales, la respuesta es: nadie en particular.

Durante décadas, comprar una vivienda fue una expectativa razonable para amplios sectores de la sociedad. La casa o el piso era una forma de seguridad, acumulación patrimonial y estabilidad familiar. Hoy, en cambio, el aumento sostenido de los precios, el encarecimiento de las hipotecas, la presión sobre los alquileres y la creciente dificultad para ahorrar han convertido el acceso a la vivienda en una fuente central de desigualdad económica. La vivienda es uno de los grandes problemas de nuestras sociedades.

Australia permite observar con especial claridad esta transformación. Su evolución resulta familiar a la española: una sociedad tradicionalmente organizada alrededor de la propiedad; un fuerte apego cultural a la casa propia; una expansión del alquiler entre las generaciones más jóvenes; y una creciente politización de la vivienda. No es solo cuánto cuesta comprar o alquilar. Los problemas son quién puede acumular patrimonio inmobiliario, quién queda atrapado en el alquiler y cómo esas posiciones empiezan a moldear las preferencias políticas. En otras palabras, la vivienda ha dejado de ser solo un mercado. Se ha convertido en una división social.

Durante buena parte del siglo XX, la propiedad de la vivienda ocupó un lugar central en el llamado “sueño australiano”. La idea de una sociedad de propietarios formaba parte del imaginario nacional y también del discurso conservador. El Primer Ministro Robert Menzies lo expresó con claridad en 1942: ahorrar para comprar una casa propia no era solo una decisión económica, sino una muestra de frugalidad, responsabilidad y arraigo. Su ideal era el de una familia con “un pequeño pedazo de tierra con una casa y un jardín” propios. Era una imagen política potente: vivienda, familia, estabilidad y respetabilidad de clase media conformaban el horizonte moral. Y también cumplía una función ideológica: una forma de reducir cualquier tentación revolucionaria y contener las demandas más radicales que podían asociarse, en el imaginario conservador de la época, con algunas de las nuevas olas de inmigración europea. Como escribía un refugiado en un artículo conmemorativo del cincuentenario del país: “una persona que tiene una casa, un jardín, un coche y un empleo estable rara vez es un extremista o revolucionario”*.

El mensaje funcionó. La coalición de centro-derecha formada por liberales y nacionales -el LNP- dominó la política australiana de posguerra y gobernó casi ininterrumpidamente entre 1949 y 1983. Décadas después, los siguientes líderes conservadores John Howard, Tony Abbott, Malcolm Turnbull o Scott Morrison, mantuvieron una visión similar: la propiedad de la vivienda como pilar de una sociedad próspera, responsable y ordenada.

Pero el sueño australiano no solo se sostenía en discursos. Las decisiones políticas iban de la mano. El sistema fiscal australiano ha favorecido históricamente tanto la propiedad de la vivienda como la inversión inmobiliaria. Dos mecanismos han sido especialmente relevantes: el tratamiento fiscal de las ganancias de capital y el llamado negative gearing.

El primero consiste en gravar los beneficios obtenidos cuando se vende una vivienda por un precio superior al de compra. Desde 1999, quienes venden una casa mantenida durante más de un año pueden aplicar un descuento del 50% en los impuestos sobre la ganancia de capital. Esto reduce la carga fiscal sobre las plusvalías inmobiliarias y hace más atractiva la inversión inmobiliaria.

El segundo, el negative gearing, permite que los propietarios que alquilan una vivienda deduzcan de su renta imponible las pérdidas derivadas de esa inversión cuando los ingresos del alquiler no cubren todos los costes, incluida la hipoteca, el mantenimiento y otros gastos asociados. Dicho de forma sencilla: si una vivienda alquilada genera pérdidas, esas pérdidas pueden utilizarse para reducir el impuesto sobre la renta. En conjunto, ambos mecanismos han incentivado que muchos hogares con capacidad económica compren segundas o terceras viviendas como inversión.

La magnitud del fenómeno es notable. Según datos de la Oficina Tributaria Australiana, el número de personas que utilizaban negative gearing pasó de 890.000 en 2000 a 1,62 millones en 2022. Del mismo modo, el número de personas con una o más viviendas de inversión aumentó de 1,16 millones a 2,27 millones durante el mismo periodo. Así, la vivienda se convierte cada vez más en un activo financiero.

Durante mucho tiempo, las tasas de propiedad parecieron confirmar el éxito del modelo. Entre 1947 y 1961, la proporción de hogares propietarios pasó del 53% al 70%, una de las más altas del mundo. Pero el modelo empezó a mostrar signos de agotamiento. En 2020, la tasa de propiedad había caído al 66%, mientras que el porcentaje de hogares en alquiler aumentó del 18% en 1995 al 33% en 2023.

La vivienda también se ha encarecido. Entre 2000 y 2020, los costes aumentaron un 40% para los hogares con hipoteca y un 50% para los inquilinos, superando ampliamente el crecimiento medio de los salarios. En 2022, un hogar australiano con ingresos medianos podía permitirse el 43% de las viviendas disponibles. A finales de 2024, esa proporción había caído al 14%. El discurso también cambió: lo que se describía como un problema de “asequibilidad” pasó a formularse cada vez más como una “crisis de vivienda”.

Hasta mediados de la década de 2010, los dos grandes partidos australianos -el LNP y el Partido Laborista Australiano, ALP- coincidían en una premisa básica: facilitar el acceso al mercado inmobiliario mediante la expansión del crédito. La diferencia era retórica. Para la derecha, la propiedad protegía la riqueza privada y premiaba el esfuerzo. Para el laborismo, permitía avanzar en equidad, seguridad y oportunidades.

En 2016, por primera vez, los grandes partidos ofrecen visiones claramente distintas sobre el tratamiento de la vivienda. El ALP propone restringir el negative gearing a las viviendas nuevas y reducir el descuento fiscal sobre ganancias de capital. En 2019, esta propuesta ocupa un lugar más visible en la campaña. Pero al cuestionar ventajas fiscales asociadas a la inversión inmobiliaria, el partido no solo hablaba de vivienda asequible, sino también del valor de los activos de millones de propietarios e inversores. El LNP presentó la reforma como una amenaza al patrimonio de las familias. Contra todo pronóstico, el LNP vuelve a ganar las elecciones de 2019. Aún hoy, se atribuyen a dichas propuestas como uno de los principales factores que no permitieron al ALP ganar aquella elección.

En 2022, el contexto era muy distinto. Australia acude a las urnas tras años con bajos tipos de interés, la vivienda en el centro del debate y el Banco Central subiendo los tipos apenas dos semanas antes de las elecciones. La vivienda fue uno de los temas de campaña. El ALP presentó una visión reparadora: más intervención pública y políticas distributivas (pero abandonando la propuesta de 2019). El LNP defendió una estrategia de contención: préstamos, rebajas fiscales, incentivos a largo plazo y desregulación.

El avance de Los Verdes es el tercer factor clave para entender el cambio. Frente a los dos grandes partidos, Los Verdes se dirigieron directamente a los inquilinos como grupo político con intereses propios y no solo como personas temporalmente excluidas de la propiedad. Los Verdes proponían más intervención y más protección al alquiler. En 2022 consiguieron su mejor resultado hasta la fecha: cuatro escaños en la Cámara de Representantes. Su principal logro no fue solo parlamentario: también contribuyeron a convertir a los inquilinos en un sujeto visible del debate político.

Propietarios sin hipoteca, hipotecados, inversores e inquilinos no experimentan la economía del mismo modo. Para unos, la subida del precio de la vivienda aumenta su riqueza. Para otros, encarece su vida, retrasa su emancipación o bloquea su acceso a la propiedad. La misma evolución del mercado produce ganadores y perdedores dentro de la clase media. Esa es la nueva realidad electoral que empieza a dibujarse: la vivienda ya no separa solo a ricos y pobres, sino también a propietarios, hipotecados, inversores, herederos e inquilinos.

El gobierno laborista parece haber entendido que la vivienda es una cuestión central. Su respuesta es ambiciosa, pero también arriesgada: promete intervenir en uno de los mercados más sensibles para los votantes, precisamente porque afecta tanto a quienes no pueden acceder a una vivienda como a quienes ya han construido su seguridad económica alrededor de ella. Parte de su éxito dependerá de si logra aliviar la presión sobre los primeros sin activar una reacción defensiva entre los segundos.

España debería mirar este proceso con atención. Ha sido una sociedad de propietarios, donde la propiedad se asocia con seguridad, estabilidad y éxito. Pero esa promesa convive hoy con un mercado del alquiler en expansión, una oferta insuficiente, el peso del alquiler turístico, un parque limitado de vivienda social y crecientes dificultades de emancipación juvenil. La cuestión española, como la australiana, ya no es solo cuánto suben los alquileres o quién puede comprar una casa. Es también qué ocurre políticamente cuando una parte creciente de la población deja de creer que la propiedad está a su alcance.

Australia no es un espejo de España, pero muestra una tensión muy similar: cuando la vivienda deja de ser una promesa compartida y se convierte en una frontera patrimonial, la política cambia.

*La cita es de Stuart Macintyre A Concise History of Australia 5ª edición. Cambridge University Press, p. 234.

Este viernes se cumplen 29 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco. Es una de esas fechas en las que todos recordamos dónde estábamos y qué estábamos haciendo. Es por ello que no es una fecha cualquiera en nuestras vidas. El secuestro y posterior asesinato del joven concejal de Ermua marcó un antes y un después en la historia de la lucha cívica contra el terrorismo. Pero, ¿qué recordamos de todo aquello? ¿Qué parte de nuestra memoria ocupa hoy ETA?

En el año 2020, GAD3 hizo una encuesta para una plataforma digital donde preguntaba por el grado de conocimiento de algunas víctimas de ETA: un 60 por ciento de los jóvenes decía desconocer a Miguel Ángel Blanco o un 80 por ciento de estos mismos jóvenes tampoco conocían a Ernest Lluch. Recientemente, Metroscopia ha preguntado por esta misma cuestión y las cifras, unos años después, no parecen mejorar: aunque un 65 por ciento de la población dice que conoce mucho o bastante la historia de ETA, un 56 por ciento de los menores de 35 años reconoce su profundo desconocimiento. Estamos, por lo tanto, ante la primera generación que admite abiertamente ignorar qué era ETA.

Si la memoria, poco a poco, se va debilitando y nuestros recuerdos parecen difuminarse, especialmente entre los más jóvenes, sobre lo que sí que hay un profundo consenso es sobre lo injustificable de la violencia terrorista. En la misma encuesta de Metroscopia, un 83 por ciento de la ciudadanía dice que la violencia de ETA estaba totalmente injustificada o simplemente injustificada, mientras que solo el 3 por ciento encuentra una justificación. ¿Y qué papel jugó la sociedad vasca en todo ello? Aquí aparece la primera controversia: el 67 por ciento de la población considera que, en cierta medida, ETA contó con el apoyo de la sociedad vasca. Pero no es solo una cuestión de los votantes de derechas. El 72 por ciento de los votantes del PSOE y el 60 por ciento del electorado de Sumar comparten esta percepción. En cambio, sobre lo que no hay consenso, es sobre la desvinculación de los herederos de ETA respecto de lo que supuso la violencia: el 53 por ciento de la ciudadanía, según Metroscopia, cree que los partidos herederos de ETA no se han desvinculado lo suficiente de lo que supusieron seis décadas de violencia y asesinatos. Esta idea está ampliamente extendida entre los votantes de PP y VOX. En cambio, solo un 26 por ciento de los votantes del PSOE y un 14 por ciento del electorado de Sumar consideran que los herederos de ETA no se han desvinculado del pasado violento.

No obstante, la lucha antiterrorista también es otra de las grandes desconocidas: menos del 20 por ciento de la ciudadanía dice conocer adecuadamente todo lo que supuso la lucha contra el terrorismo. Incluso en la encuesta antes citada de GAD3, más de la mitad de los españoles y un 73 por ciento de los jóvenes dijeron en 2020 que no tenían ningún tipo de conocimiento sobre el episodio de Lasa y Zabala.

Todas estas cifras empiezan a señalar que estamos construyendo el futuro sobre una cierta desmemoria, algo que nos debería hacer reflexionar. No podemos olvidar que ETA dejó 853 víctimas mortales entre 1968 y 2010. Aunque no hay una cifra exacta, el Ministerio del Interior calcula que a estos muertos, habría que sumar unos 2.600 heridos. Las personas secuestradas fueron 86 y se estima que en torno a 10.000 personas sufrieron la extorsión económica, especialmente empresarios vascos y navarros. Diferentes instituciones como el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación Fernando Buesa Blanco han estimado en 900 el número de huérfanos. Baste recordar, por ejemplo, que solo el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza dejó cinco niñas entre tres y 17 años huérfanas.

La democracia española ha sido tan generosa, que ha permitido a los herederos políticos de esta violencia, participar de la vida política sin que hayan reconocido sus errores, ni hayan deslegitimado la violencia de ETA. Tuvieron que pasar 10 años desde el fin de ETA para que el portavoz de la izquierda abertzale reconociera por primera vez el sufrimiento causado a las víctimas. Pero el riesgo al que se enfrenta nuestra democracia es la desmemoria. Si tan necesaria fue la Ley de Memoria Histórica para que las víctimas de la represión franquista no cayeran en el olvido, es igual de necesario recordar que hay miles de familias que vieron sus vidas destrozadas por una violencia que nunca debió existir. Y lo que dicen los datos de las encuestas es que esa memoria cada vez es más débil.

La inteligencia artificial (IA) está adquiriendo un papel cada vez más relevante en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos y en la prestación de servicios públicos en distintos ámbitos como la seguridad, la educación o los servicios de cuidados. Aunque estas tecnologías tienen un potencial importante para mejorar la eficiencia de los servicios, estudios empíricos también han mostrado diversos riesgos, como los relacionados con la privacidad de las personas, la (falta de) transparencia y rendición de cuentas de los sistemas algorítmicos, así como el riesgo de generar o reforzar prácticas discriminatorias hacia determinados grupos sociales. Por estudios previos también sabemos que la inteligencia artificial y la digitalización no afectan por igual a toda la población, sino que generan ganadores y perdedores. Los individuos -y organizaciones- con mayores capacidades para adoptar e integrar estas tecnologías pueden beneficiarse de sus ventajas, mientras que otros colectivos -especialmente los más vulnerables- corren el riesgo de quedar excluidos o de verse desproporcionadamente afectados por sus posibles sesgos y limitaciones.

En este contexto, el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial ha adquirido una creciente relevancia. Mientras algunas empresas tecnológicas, muy cercanas a las élites políticas, defienden marcos regulatorios más flexibles bajo la premisa de favorecer la innovación, diversos actores sociales reclaman mecanismos de supervisión y control más estrictos que garanticen la protección de los derechos de la ciudadanía. Aunque el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial ocupa un lugar cada vez más destacado en la agenda política y académica, todavía sabemos poco sobre las preferencias de la ciudadanía. ¿Quién debería regular la IA?, ¿Qué principios deberían guiar esa regulación?, ¿Y hasta qué punto debería intervenir el Estado para minimizar sus riesgos?

Para responder a estas preguntas, en el marco de nuestra investigación hemos realizado una encuesta a 1.200 personas residentes en España durante el mes de julio de 2025. La muestra se diseñó mediante cuotas representativas de la población residente en España en términos de las principales variables sociodemográficas.

Los ciudadanos quieren que el Gobierno de España y la Unión Europea regulen la IA

Una de las primeras cuestiones que analizamos fue hasta qué punto los ciudadanos consideran necesario regular algunos de los principales riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial en los servicios públicos, como la discriminación algorítmica, la protección de la privacidad o la transparencia en la toma de decisiones automatizadas. Además, preguntamos qué papel debe tener el gobierno de España y la Unión Europea.

Los resultados muestran un amplio consenso a favor de la intervención pública. El 78 % de los encuestados considera que el gobierno de España debería desempeñar un papel muy importante en la regulación de la privacidad de la información personal, mientras que alrededor del 75 % opina lo mismo respecto a la regulación de la discriminación algorítmica y de la transparencia en el uso de la IA. Asimismo, existe un amplio consenso en que dicha regulación debe sustentarse en principios éticos y orientarse a la protección de los ciudadanos en general. Los porcentajes son prácticamente idénticos cuando se pregunta por el papel de la Unión Europea, lo que indica que la ciudadanía percibe ambos niveles de gobierno como instituciones complementarias en la regulación de estas tecnologías.

¿Quién pide una mayor regulación? Edad, ingresos e ideología marcan la diferencia

Aunque el respaldo a la regulación de la inteligencia artificial es elevado entre prácticamente toda la población, encontramos algunas diferencias interesantes. Para comprender mejor estas diferencias, analizamos cómo varía el apoyo a la regulación según distintas características sociodemográficas, como el género, la edad, el nivel educativo, los ingresos del hogar y la ideología política.

En términos generales, tanto mujeres como hombres comparten las mismas preferencias. En cuanto al nivel educativo, se observa un matiz importante con respecto a las personas con estudios superiores: estas muestran un mayor apoyo a que el gobierno incorpore principios éticos y los intereses de los ciudadanos en la regulación de la IA. En este grupo, el porcentaje de apoyo es aproximadamente 12 puntos porcentuales superior al de quienes tienen un nivel educativo inferior.

Las personas mayores son quienes más reclaman la regulación

La edad constituye el principal factor diferenciador. Las personas de mayor edad (mayores de 60 años) muestran un apoyo significativamente mayor a la intervención pública que los jóvenes. En promedio, la diferencia alcanza los 18,5 puntos porcentuales entre quienes consideran que el gobierno debería regular, “en gran o bastante medida”, el uso de la IA en los servicios públicos.

Las personas con mayores ingresos también muestran un mayor apoyo

El nivel de ingresos también presenta diferencias. El mayor contraste se observa entre quienes viven en hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros y aquellos cuyos hogares superan los 3.500 euros al mes. Estos últimos muestran un apoyo a la regulación aproximadamente 11 puntos porcentuales superior al del grupo con menores ingresos.

La ideología también importa

Las preferencias regulatorias también tienen un componente ideológico. En términos generales, las personas que se identifican con posiciones de izquierda atribuyen una mayor importancia a la regulación de la IA que quienes se sitúan en el centro o en la derecha del espectro político. A su vez, los ciudadanos de centro muestran un apoyo superior al de quienes se identifican con posiciones de derecha.

En conclusión, los resultados de esta encuesta muestran una clara preferencia ciudadana por una fuerte regulación de la IA, tanto por parte del Gobierno de España como de la Unión Europea. Frente a la narrativa según la cual la regulación puede obstaculizar la innovación tecnológica, nuestros resultados muestran que la ciudadanía considera que la innovación debe ir acompañada de mecanismos de supervisión capaces de proteger derechos fundamentales como la privacidad, la no discriminación y la transparencia. Por investigaciones previas sabemos que para que una regulación genere confianza, no basta con responder a las demandas de los mercados, sino también las de la ciudadanía.

En nuestra actual investigación estamos identificando un interesante punto de convergencia. Por un lado, las personas mayores muestran un apoyo significativamente mayor a la regulación de la IA, ya que son uno de los colectivos más vulnerables a los riesgos derivados de estas tecnologías. Por otro lado, aunque suele identificarse a las rentas más altas con unas preferencias por una mayor liberalización y una menor intervención del Estado, nuestra investigación muestra que las personas con mayores ingresos también apoyan en mayor medida la regulación.

Esta convergencia resulta especialmente relevante desde el punto de vista del diseño de políticas públicas. A diferencia de otros ámbitos en los que las preferencias sociales aparecen fuertemente polarizadas, nuestra investigación apunta a que la regulación de la IA parece generar consensos entre grupos sociales muy distintos. Tanto sectores potencialmente más vulnerables frente a la digitalización como colectivos con mayores recursos coinciden en reclamar una mayor intervención pública. Esto es una oportunidad para que el gobierno de España y la Unión Europea diseñen marcos regulatorios que no solo busquen reducir los riesgos tecnológicos, sino también fortalecer la confianza ciudadana en la transformación digital de los servicios públicos.

Cuando España aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005, el debate público giraba alrededor de la cuestión fundamental de la igualdad de derechos. Dos décadas después, esa conquista forma parte de la normalidad democrática. Sin embargo, los cambios más profundos no siempre son los que aparecen en las leyes.

Durante décadas, la homofobia no solo limitó derechos, sino que también limitó biografías. Formar una pareja estable, vivir abiertamente la propia orientación sexual o construir un proyecto familiar eran opciones difíciles o directamente inaccesibles para muchos homosexuales. Quienes decidían hacerlo solían concentrarse en espacios relativamente reducidos donde encontraban protección, reconocimiento y un cierto sentido de comunidad. Aquellos entornos fueron una primera conquista de libertad. Pero también reflejaban una realidad menos amable, ya que las trayectorias vitales posibles eran mucho más estrechas de lo que son hoy.

Una de las transformaciones más importantes de la España contemporánea ha sido precisamente la ampliación de esas opciones. La población homosexual, como la que no lo es, ha diversificado sus cursos de vida. Aunque poco a poco, hoy encontramos parejas del mismo sexo con hijos, parejas sin hijos, personas que viven solas, hogares reconstituidos y proyectos familiares muy distintos entre sí. La diversidad que observamos en el conjunto de la sociedad también se observa entre gais y lesbianas. Por eso, veinte años después del matrimonio igualitario, la pregunta ya no es únicamente si existen derechos formales, sino también si los homosexuales pueden desarrollar los proyectos de vida que libremente elijan en condiciones de igualdad. Dicho de otra forma, si las parejas del mismo sexo pueden acceder con normalidad a los mercados y las instituciones que hacen posible la vida cotidiana.

Desde la demografía, las familias homoparentales representan uno de los ejemplos más interesantes de este cambio histórico. Durante mucho tiempo fueron una realidad estadísticamente poco visible. Hoy forman parte del paisaje familiar de algunas sociedades occidentales. Cada vez más parejas del mismo sexo tienen hijos, y cada vez más investigadores intentan comprender cuáles son las condiciones sociales que favorecen o dificultan esa transición.

Con financiación de la Unión Europea, dentro del proyecto EqualStrength, hemos estudiado esta cuestión mediante varios experimentos de campo realizados en España. El objetivo era observar cómo responden algunas instituciones fundamentales cuando quienes llaman a su puerta son parejas del mismo sexo o parejas heterosexuales. Para ello enviamos más de 10.000 solicitudes ficticias a escuelas infantiles, viviendas de alquiler y ofertas de empleo reales utilizando perfiles equivalentes que únicamente variaban en algunos rasgos familiares como, por ejemplo, su orientación sexual.

En el mercado laboral es donde detectamos el único patrón consistente de discriminación. Los hombres gais sin hijos fueron el único grupo que, en media, recibió menos respuestas positivas (invitación a una entrevista, petición de más información respecto al currículum…) cuando solicitan empleo, pero solo en ocupaciones tradicionalmente masculinizadas (electricista, desarrollador de software y carretillero). Pero incluso esta diferencia desaparece cuando el candidato señala que es padre. No encontramos resultados equivalentes entre mujeres lesbianas, ni tampoco entre parejas del mismo sexo con hijos.

El segundo ámbito que analizamos fue el acceso al mercado de viviendas de alquiler. Los resultados desafiaron algunas ideas preconcebidas. No encontramos una penalización sistemática asociada a la orientación sexual. En un mercado tan tensionado como el español, donde millones de hogares compiten por una oferta insuficiente de viviendas, las parejas del mismo sexo recibieron respuestas muy similares a las del resto de solicitantes. La principal fuente de desigualdad observada no estaba relacionada con la orientación sexual sino con otros factores vinculados a la composición familiar.

Por último, estudiamos el acceso a las escuelas infantiles privadas. Tampoco aquí encontramos discriminación. Las familias formadas por parejas del mismo sexo recibían respuestas prácticamente idénticas a las obtenidas por las familias heterosexuales. En uno de los servicios más importantes para la conciliación y el bienestar infantil, la orientación sexual de los progenitores apenas parecía influir en el comportamiento de los centros.

Si durante décadas el reto fue reconocer derechos, el desafío actual es que las distintas formas de construir una vida adulta sean percibidas como igualmente legítimas. Tener hijos o no tenerlos, vivir solo o en pareja, formar una familia homoparental o heterosexual. También en este ámbito la experiencia española parece notablemente positiva. Nuestro esfuerzo empírico apunta precisamente en esa dirección. Lejos de la imagen de una sociedad dividida o reticente a la diversidad sexual, los resultados sugieren que las parejas del mismo sexo están alcanzando un elevado grado de integración en el acceso a mercados fundamentales para poder gestionar vida cotidiana. Las familias homoparentales no constituyen hoy el principal objetivo de la discriminación en los mercados que hemos estudiado. Allí donde persisten diferencias, estas parecen concentrarse en perfiles mucho más específicos. Más que un rechazo generalizado hacia las parejas del mismo sexo o hacia quienes forman familias homoparentales, los resultados apuntan a la persistencia de determinados estereotipos sobre la masculinidad y sobre cómo debería desarrollarse la vida de un hombre adulto.

La verdadera normalización consiste en que las diferencias dejen de determinar el destino de las personas y que una pareja del mismo sexo pueda decidir tener hijos o no tenerlos, vivir en una gran ciudad o en una pequeña localidad, construir una familia o desarrollar otro proyecto vital, sin encontrar barreras institucionales sistemáticas por ello. Vista desde esta perspectiva, la historia de las últimas décadas no es únicamente la historia de una ampliación de derechos. Es también la historia de una ampliación de posibilidades. Y quizá el mejor indicador de ese cambio sea precisamente que la población homosexual se parece cada vez más al resto de la sociedad española en algo fundamental, la libertad para construir vidas diversas.

La inteligencia artificial está empezando a transformar el mercado de trabajo. La automatización y los modelos de lenguaje ya reconfiguran sectores como la traducción profesional, el periodismo o el desarrollo de software, mientras gobiernos, empresas y organismos internacionales discuten cómo regularla, aprovechar sus beneficios y limitar sus riesgos.

En este contexto, importa saber quién consigue visibilidad pública. Los medios no solo informan sobre debates políticos y tecnológicos: también contribuyen a definir qué actores son percibidos como legítimos y qué intereses llegan a la ciudadanía. Estudiar quién aparece en las noticias sobre IA permite entender cómo se construye el debate sobre una tecnología de gran alcance económico y social.

Nuestro trabajo parte de una pregunta sencilla: ¿qué actores aparecen cuando los periódicos hablan de inteligencia artificial? Para responderla analizamos 37.954 piezas periodísticas sobre IA publicadas entre 2018 y 2024 en ocho diarios de cuatro países. Identificamos las organizaciones mencionadas, las clasificamos en cuatro grupos (actores económicos, instituciones académicas, organizaciones sociales y sindicatos) y analizamos el tono de su aparición.

El resultado más contundente es que los actores económicos (empresas y patronales) dominan la conversación: aparecen en cerca del 90% de los artículos y concentran alrededor del 85% de las menciones a organizaciones. Las instituciones académicas aparecen aproximadamente en la mitad de las noticias; las organizaciones sociales (ONGs y asociaciones de consumidores) en una de cada tres; y los sindicatos en menos del 4%.

La desigualdad no afecta solo a cuántas menciones recibe cada actor, sino también a cómo entra en la conversación. Las organizaciones no empresariales suelen aparecer junto a empresas: ocurre en el 90% de las noticias que mencionan a una organización social y en el 95% de las que mencionan a un sindicato. En cambio, solo una pequeña fracción de las noticias centradas en empresas incorpora voces sindicales, sociales o académicas.

Podría pensarse que este patrón es inevitable en un ámbito tan dependiente de la innovación tecnológica y la inversión privada. Sin embargo, nuestros resultados muestran que la representación de intereses (qué grupos consiguen visibilidad) no depende solo de la tecnología, sino también de cómo funcionan los sistemas mediáticos. Los medios británicos y estadounidenses ofrecen una mayor diversidad de voces que los españoles e italianos: incorporan con más frecuencia organizaciones sociales, académicos o sindicatos junto a las empresas. En España e Italia, por el contrario, la conversación aparece más concentrada alrededor de estas últimas.

Esa mayor diversidad no se debe a que cada noticia incluya una distribución más equilibrada de voces, sino a que los medios británicos y estadounidenses publican más artículos con varios tipos de actores en una misma información.

El tercer resultado matiza una expectativa habitual: que periódicos ideológicamente distintos ofrecieran perspectivas diferentes sobre la IA. Sin embargo, en España e Italia observamos una notable convergencia. El País y El Mundo, o La Repubblica y Corriere della Sera, recurren a perfiles de actores muy similares cuando informan sobre IA. En cambio, las diferencias son mayores entre The Guardian y The Times o entre The Washington Post y The New York Times. En este ámbito, la diferenciación editorial parece depender más de la competencia y el posicionamiento de cada periódico que de la polarización ideológica clásica.

La desigualdad también aparece en el tono. Academia y organizaciones sociales reciben, en general, un tratamiento positivo; las empresas, uno neutro o ligeramente positivo. Los sindicatos son la excepción: son el único tipo de actor que llega a recibir un tono netamente negativo en algunos diarios. Resulta paradójico que precisamente las organizaciones que representan a los trabajadores tengan esta cobertura en un debate que afecta directamente al futuro del empleo.

Esto no significa que las empresas no deban ocupar un lugar central en la conversación sobre esta tecnología, ni que los medios determinen por sí solos las actitudes ciudadanas. Lo que observamos es que el debate público se construye a partir de una distribución desigual de la atención, variable según el sistema mediático. Nuestros resultados no permiten determinar a qué se debe dicha escasa presencia sindical. Sí muestran, en cambio, que la ciudadanía recibe una conversación pública donde las empresas ocupan una posición claramente dominante.

La IA no solo plantea un debate sobre innovación o productividad, sino también sobre desigualdad, derechos laborales, privacidad o discriminación. Si algunas de estas perspectivas apenas acceden a la conversación pública, la ciudadanía recibe una imagen parcial de los problemas en juego. En un momento en que la IA empieza a redefinir el empleo y las relaciones laborales, los actores del trabajo deberían ocupar más espacio en esa conversación.

Este post resume los resultados del artículo “Echoes of influence: Media Systems and the Representation of Interest Groups in Artificial Intelligence Policy Debates”, publicado recientemente en el Journal of Public Policy.

Hace unas semanas, los científicos sociales Per Engzell y Nathan Wilmers decidieron automatizar completamente el proceso de producción de artículos científicos en su campo de especialización, usando Large Language Models (LLM) de principio a fin. Para hacerlo, diseñaron un flujo de trabajo completo y agentes especializados en las diversas tareas, un pequeño ejército de minions investigadores en una cadena de montaje. A partir de una instrucción inicial sencilla para cada artículo, la máquina diseñó y ejecutó 33 trabajos a lo largo de una semana. Literalmente una fábrica de papers. Los resultados del ejercicio se difundieron en un documento de gran profundidad y que ha generado mucho debate entre los colegas del área. En esta entrada, hago referencia a algunas de sus principales conclusiones y a otras evidencias recientes sobre cómo el uso de la IA está transformando la calidad de la producción científica. Dejo para otra ocasión otras consideraciones de tipo medioambiental, ético o político que el uso generalizado de la IA, en la ciencia y fuera, pueda tener.

¿Cómo de buenos son los artículos que produce la fábrica?

La fábrica produjo código limpio y bien anotado, lo que aumenta la transparencia y la reproducibilidad, sin duda buenas prácticas hacia las que la ciencia lleva ya años gravitando. El código, no obstante, tenía errores, pero estos se iban corrigiendo gracias a las múltiples comprobaciones cruzadas de varios agentes, incluidas en el flujo de trabajo diseñado por los autores. Los errores no eran muy distintos de aquellos en los que puede incurrir un investigador humano. Los minions tomaron decisiones analíticas que probablemente difieren de las que hubiera tomado un científico humano que conozca los matices de la literatura y de los datos que se usan, pero que llevaron a caminos en general valiosos. Los artículos generados por la fábrica consiguieron hacer una contribución, aunque fuera pequeña, al conocimiento acumulado sobre el tema y dieron lugar a unos análisis, unas explicaciones de los resultados y una narrativa en general coherentes.

Ahora los problemas. Los agentes que trabajaron en la fábrica elegían de manera sistemática las versiones más conservadoras, con menos riesgo, también más débiles, de cada posible paper. Se aferraban a menudo a ciertas especificaciones e interpretaciones, incluso cuando las alternativas eran igualmente razonables y sustantivamente más interesantes. Además, tuvieron dificultades para hacer conexiones entre literaturas o enfoques diferentes. A los trabajos les faltaba ambición y vuelo científico, según Engzell y Wilmers.

Mediocridad a gran escala

Los autores de The paper factory son científicos sociales excepcionales y valoran la calidad de las contribuciones, humanas o no, con sus gafas excepcionales. Aunque por suerte en algunas convocatorias se valoran y premian los proyectos de alto riesgo pero que puedan dar lugar a ciencia ambiciosa, que pueda hacer contribuciones rupturistas, los incentivos para el científico social mediano, el común de los mortales en el ecosistema científico, al menos en ciencias sociales, son otros. Sabemos que se publica más y con mucha más facilidad si se hacen contribuciones pequeñas, marginales, a temas de investigación sobre los que ya hay teorías asentadas y consensos empíricos bien establecidos. La misma hipótesis de siempre con nuevos datos, una pequeña sofisticación técnica que matiza poco los resultados ya conocidos, un caso de estudio adicional que confirma los resultados ya sabidos... Microcontribuciones de interés, pero con poco valor añadido real. La hiperespecialización en un ámbito muy reducido y bien trillado es mucho más rentable, a efectos curriculares, que la exploración de ideas nuevas, incluyendo las que surgen en diálogo con otras disciplinas.

El uso de los LLM reduce los costes asociados a explorar nuevos temas, a adoptar enfoques alternativos, a generar hipótesis arriesgadas y a desarrollar programas de investigación ambiciosos. Permite tirar de hilos a priori poco rentables que, en su versión humana, consumirían muchos recursos de un equipo investigador y podrían llevar a callejones sin salida, resultados nulos (que tienen menor probabilidad de publicarse) o contribuciones “excéntricas”, que sabemos que se penalizan en los procesos de evaluación.

En principio es muy positivo para la ciencia que no esté castigado explorar caminos poco transitados y la IA permite hacerlo con muy poco esfuerzo. Pero una pregunta pertinente es si estamos dando a los LLM ese uso y fin –que nuestras contribuciones superen nuestras propias limitaciones de tiempo, recursos o capacidad cognitiva y nos ayuden a producir ciencia arriesgada, con potencial para hacer descubrimientos cruciales o inesperados. La sensación, a la vista de las primeras valoraciones que estamos leyendo sobre esta nueva oleada de producción es más bien la contraria, que tal vez esté fomentando producir en masa contribuciones poco ambiciosas, lo que Engzell y Wilmers llaman “mediocridad a gran escala”. Tal vez esta medianidad es un simple reflejo de lo infrecuente y extraordinario que es hacer contribuciones revolucionarias en las ciencias sociales, o tal vez de un sistema de incentivos en ciencia que necesita ajustes adaptados a esta nueva época.

Consecuencias de la inflación de papers para el sistema de evaluación

Los artículos que produjo la fábrica son suficientemente sólidos y convincentes como para que un equipo editorial de una revista internacional de nivel medio o medio-alto decida que pasen el filtro previo y se active la maquinaria de la evaluación por pares. Se han disparado, en general, los envíos a revistas científicas, generando tapones y otras disfuncionalidades, como la cada vez mayor dificultad para encontrar evaluadores comprometidos con la tarea. En otros estudios muy recientes (por ejemplo, aquí o aquí) se ha mostrado que, efectivamente, además, cada vez son más los artículos que están escritos (posiblemente producidos) casi en su totalidad por inteligencia artificial. Aunque no tengo datos al respecto, sospecho que la proporción de evaluaciones que se producen ya con mucha ayuda de la IA está aumentando considerablemente.

Preocupa también en las revistas –y en la comunidad científica en general– el deterioro de la calidad de los datos de encuesta (en el que se basan un gran número de contribuciones en las ciencias sociales) al haberse identificado prácticas fraudulentas (respuestas a encuestas asistidas o directamente generadas por IA o bots que suplantan completamente la identidad de la persona encuestada). También hay evidencia del aumento disparatado del número de referencias inventadas en algunas áreas, con contenidos ficticios que en ocasiones afectan a cuestiones sustantivamente cruciales, como guías clínicas. Nada es indetectable, claro, pero identificar estas prácticas requiere controles cada vez más exigentes técnicamente, que consumen más recursos y que además pueden alimentar cierta sensación de desconfianza generalizada en el sistema.

Por último, se ha señalado la facilidad con la que los LLM optan por resultados que tengan más opciones de ser publicados, por ejemplo porque confirman una hipótesis preferida, o que directamente implementan múltiples especificaciones y seleccionan las más significativas, ajustando las hipótesis y la narrativa teórica ex post. Por supuesto estas prácticas las hemos visto innumerables veces en trabajo netamente humano –y el registro previo de objetivos e hipótesis puede ser un remedio parcial–, pero la capacidad de computación de la IA y sus propios procesos de toma de decisión hace más probable ir tomando caminos que conduzcan a ellas. Recientemente se ha mostrado (aquí) que delegar las decisiones a la IA promueve el comportamiento deshonesto y que los individuos somos más propensos a inducir comportamientos de este tipo en la IA que a acometerlos nosotros mismos.

En un contexto saturado de trabajos técnicamente correctos, al menos en apariencia, y aseados estilísticamente, los evaluadores y editores de revistas pueden empezar a desconfiar de las tradicionales señales del mérito de una contribución, de su calidad objetiva, y empezar a confiar cada vez más en señales de estatus. No es que antes no recurrieran, explícita o implícitamente, a indicadores indirectos (e imperfectos) de mérito, como la institución de procedencia o la reputación de los autores, pero con la masificación y estandarización de la producción este riesgo se vuelve más acuciante.

¿Deben las contribuciones a partir de ahora aportar algo que no pueda hacer un LLM que use datos y métodos estándar? ¿Cómo se debe tratar la coautoría de la inteligencia artificial? ¿Cómo deben las revistas –y los organismos que financian ciencia y evalúan propuestas de investigación, cada vez también más producidas por LLM– actuar cuando identifiquen el uso (sobre todo no declarado) de IA? La calidad de la producción científica en el futuro inmediato dependerá de cómo se regule el uso de estas herramientas y de cómo redefinamos qué es una contribución y qué valor real tiene. En definitiva, de si queremos mediocridad a gran escala o ambición a gran escala.

* Nota: El flujo de trabajo diseñado por Engzell y Wilmers (The paper factory, por Per Engzell y Nathan Wilmers, https://osf.io/preprints/socarxiv/24xfq_v2) está basado en sus propias prácticas científicas y en el tipo de artículos empíricos que suelen producir. Refleja, por tanto, sus criterios sobre lo que es buena ciencia social e invitan a otros académicos a hacer una reflexión crítica sobre qué es una buena contribución científica en su campo y mediante qué caminos se llega a ella, algo que a menudo no se hace explícito en el trabajo empírico.

En pocos días los peruanos volverán a las urnas para resolver, una vez más en segunda vuelta, quién ocupará la Casa de Pizarro. La contienda enfrenta a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), los dos candidatos que encabezaron una primera vuelta tan fragmentada como las anteriores. Fujimori afronta su cuarto intento por la presidencia luego de tres derrotas consecutivas en balotaje, aunque con resultados cada vez más ajustados. Es la heredera natural del fujimorismo, no solo por ser hija del último gobernante autoritario del siglo XX peruano (1990-2000) sino porque reivindica abiertamente ese legado.[1] Sánchez, a su vez, pretende ser el heredero de Pedro Castillo (2021-2022),[2] el expresidente encarcelado tras su intento de cerrar el Congreso, pero percibido por amplios sectores de la población como alguien que debió hacerlo.[3]

La elección guarda reminiscencias del 2021, cuando Castillo y Fujimori alcanzaron los primeros lugares en la primera vuelta con menos del 20% de votos cada uno y el resto de votos se desperdigó entre casi una veintena de candidaturas aún más ínfimas. Sin embargo, también hay diferencias que invitan a esperar un escenario distinto al de hace cinco años. A partir del desempeño histórico del fujimorismo y de sus principales contendientes, en esta nota describimos las continuidades y las rupturas del mapa electoral peruano e identificamos los votos que aún permanecen en disputa.

La pregunta que ordena nuestro análisis es la siguiente: ¿qué clivaje prevalecerá el 7 de junio, el de izquierda/derecha o el de fujimorismo/antifujimorismo? Sostenemos que si predomina el primero, la balanza tendería a inclinarse hacia Fujimori; si predomina el segundo, el beneficiado será Sánchez.

Comportamiento electoral peruano

En las últimas cuatro elecciones presidenciales (2011, 2016, 2021 y 2026) una enorme variedad de sellos partidarios y de nombres compitieron entre sí con una única certeza: la principal aspirante a un balotaje sería Keiko Fujimori. Por eso el naranja de Fuerza Popular es el único color constante en los cuatro mapas del gráfico siguiente.

Estos colores distribuidos a lo largo del territorio se entienden mejor si dividimos el país en cuatro grandes zonas: la costa, el sur, el oriente y el centro. Así, puede verse que hay áreas más estables que otras. La costa, que abarca gran parte del litoral, apostó en los últimos quince años por el fujimorismo, fuerza identificada con la defensa del modelo económico neoliberal consagrado en la Constitución de 1993. El sur, en cambio, respaldó de manera consistente a candidaturas de izquierda que se opusieron a ese mismo modelo: Gana Perú (2011), el Frente Amplio (2016), Perú Libre (2021) y Juntos por el Perú (2026) son expresiones de esa tendencia.

El oriente y el centro, por el contrario, muestran patrones más volátiles. El oriente (que agrupa regiones como Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios y alberga a la mayoría de los pueblos amazónicos, como los shipibo-conibo y los awajún) se inclinó en general por Fuerza Popular, aunque con intensidades variables. Tras un 2011 repartido entre Perú Posible, Gana Perú y Fuerza Popular, Fujimori se fortaleció en 2016 y tiñó de naranja casi toda la región. En 2021 y 2026 retuvo una parte importante de esos votos, aunque ya no en todos los distritos. El centro, salvo en las exitosas elecciones de Keiko en 2016, fue siempre una región disputada e incluso inclinada hacia sus contrincantes.

Lima Metropolitana, el bastión y el talón de Aquiles

Para entender la competitividad de Fujimori conviene poner el foco en Lima Metropolitana, que reúne a cerca de un tercio de la población peruana (más de diez millones de habitantes) en un área algo mayor que el Gran Ducado de Luxemburgo.

Como muestra el siguiente conjunto de mapas, el electorado limeño es fundamentalmente de derecha. Al tratarse del área que concentra la mayor parte de la riqueza del país, resulta previsible que sus electores defiendan el modelo vigente. Pero Lima es, además, una ciudad profundamente desigual que se refleja en los distintos “tipos” de derecha que conviven en ella. Los distritos menos acaudalados han respaldado históricamente al fujimorismo, mientras que los más ricos (situados en el centro de la ciudad) optaron por candidaturas de derecha liberal que tomaron distancia, al menos en el discurso, del autoritarismo fujimorista. Esta lógica se confirma en 2026: Renovación Popular, de Rafael López-Aliaga, fue la fuerza más votada en Lima Metropolitana (20,68%) por delante de la propia Fuerza Popular (17,41%).

Ese bastión de la derecha es, al mismo tiempo, el talón de Aquiles de la izquierda. La siguiente tabla lo pone en evidencia: Sánchez fue, por amplio margen, el candidato menos votado entre las fuerzas relevantes de Lima Metropolitana (2,83%) y Castillo también tuvo allí un desempeño pobre en el 2021 (7,29%). Del mismo modo, vale la pena reparar en lo ocurrido en el balotaje de 2021: aunque Castillo trepó del 7,29% al 34,32%, un crecimiento del 27%, quedó bastante lejos del incremento de 52% (del 14% al 66%) que obtuvo Fujimori.

El voto en el extranjero muestra patrones similares a los de Lima Metropolitana. Los candidatos más atractivos en las primeras vueltas del 2021 y del 2026 fueron López-Aliaga y Fujimori, mientras que los candidatos de izquierda no pasaban del 8%. Y, de igual manera, la capacidad de ganar más votos en la segunda vuelta fue más alta para Keiko Fujimori. En el 2021, Fujimori pasó del 14% al 66% en segunda vuelta, mientras que Perú Libre pasó de un 7% a un 34%. La brecha en la primera vuelta se incrementó en 2026: Fujimori obtuvo un 17%, mientras que Sánchez no alcanzó el 3%.

La segunda vuelta: votos en disputa

Las tendencias muestran una gran división territorial que se mantiene estable a lo largo de los años y que mantiene bastante parejos a los contendientes de la segunda vuelta. En ese sentido, la clave está en atraer a todos aquellos votantes que en primera vuelta no apoyaron a ninguna de las dos fuerzas que protagonizarán la próxima contienda.

En primer lugar, la participación electoral introduce una incógnita considerable. Luego de las elecciones de 2016, se inaugura un período de fuerte inestabilidad institucional y la participación se ha visto reducida año tras año (pese a que en el Perú el voto es obligatorio bajo pena de multa económica). Como se muestra en la tabla siguiente, esta se ha reducido en más del 10% en los últimos 15 años.

De modo similar, los votos nulos y en blanco se mantienen alrededor del 15% aunque estos suelen reducirse considerablemente para la segunda vuelta. Por ejemplo, en el 2021 más de 2 millones de electores se decidieron por alguna de las dos opciones. Cabría esperar el mismo comportamiento este fin de semana.

En segundo lugar, están los casi 12 millones de votos que en primera vuelta quedaron en manos de las otras 33 candidaturas presidenciales. Si nos guiáramos por las orientaciones ideológicas, Keiko Fujimori tendría mayor ventaja pues el electorado peruano, en su mayoría, se identifica a sí mismo como de derecha.[1] Así, los votantes de Rafael López-Aliaga (11.9%) y de Carlos Álvarez (7.9%) deberían orientarse “naturalmente” hacia Keiko; mientras que los de Ricardo Belmont (10.2%) y López-Chau (7.3%) hacia Sánchez. Sin embargo, el alineamiento no surge de forma natural porque muchos electores no se sienten representados por dichas candidaturas y el surgimiento de campañas por el voto en blanco por parte de algunos ex-candidatos[2] dejan más grande la incógnita de qué agrupación será capaz de atraer a más votantes.

Por otro lado, la lectura ideológica para el Perú es insuficiente, pues lo que ha decidido los resultados de los últimos años ha sido el “antifujimorismo”, una anti-identidad basada en la oposición a lo que representa el gobierno autoritario de Alberto Fujimori. A ello se debe, en buena medida, que Keiko no ganara las últimas contiendas electorales. El antifujimorismo se suele organizar en momentos clave de las competencias electorales. De hecho, en los últimos días al ver que Fujimori lidera las encuestas, se han organizado manifestaciones en la capital.[3]

Como último ejercicio, entonces, nos queda observar la capacidad de los competidores para mantener bastiones electorales que nos ayuden a pensar posibles desenlaces. Los siguientes dos gráficos muestran los espacios geográficos en los que la izquierda y el fujimorismo, respectivamente, han tenido apoyos concentrados. Utilizando el índice LISA de autocorrelación espacial podemos ver dónde se concentran los bastiones de cada candidatura. Esta técnica estadística muestra las áreas geográficas donde distritos contiguos tienen altos apoyos electorales hacia una candidatura (zonas rojas) que sugieren bastiones electorales y donde, por el contrario, los votos son sistemáticamente bajos (zonas azules) sugiriendo la presencia de oposición.

Así, al comparar el voto a Castillo (2021) en ambas elecciones con el de Sánchez (2026) se revela un dato sugerente: Sánchez no ha logrado retener el voto del sur que había cosechado Perú Libre (desvanecimiento de áreas rojas), pero lo compensó con regiones del norte como Cajamarca y Amazonas. Esto sugiere que si Roberto Sánchez logra articular tanto el voto de izquierda como el antifujimorismo en el sur, podría obtener incluso mayor apoyo que Castillo el 2021 si es que logra mantener Cajamarca y Amazonas al mismo tiempo.

El siguiente gráfico, en cambio, compara la autocorrelación espacial del voto a Fujimori en 2021 y 2026 y muestra una estructura territorial estable de su apoyo en las últimas tres elecciones. Loreto y Ucayali en la frontera amazónica fueron regiones que Fujimori consolidó respecto a la primera vuelta de 2021. Además, mantuvo Lima y la costa del Pacífico en el norte. Así, el apoyo electoral de Fujimori no parece haber cambiado mucho en estos últimos cinco años por lo que no parece que tuviese bolsones electorales que recuperar de cara a la segunda vuelta. Su estrategia, por tanto, parece enfocarse en evitar que Sánchez recupere el sur y poder atraer algunos votos de allí.

Comentarios finales

El escenario del 7 de junio permanece eminentemente abierto. Por su trayectoria, Fujimori llega como favorita y mejor posicionada que en ocasiones anteriores, aunque con varios flancos descubiertos: el centro y, sobre todo, el sur. Sánchez, por su parte, reúne características que lo emparentan con Castillo, pero con intensidades menores: parte de pisos más bajos en el sur, en Lima Metropolitana y en el exterior, y solo se muestra competitivo en el centro del país.

A esa fotografía de base se suman tres fuentes de incertidumbre que pueden alterar el resultado: la dirección que tome la participación, la reasignación de los votos nulos y en blanco que tienden a definirse en el balotaje, y la ambigüedad ideológica de buena parte de las candidaturas derrotadas. En definitiva, la elección parece reducirse a dos preguntas espejo. La medida en que Sánchez logre trascender a la izquierda para erigirse en candidato del antifujimorismo y la medida en que Fujimori consiga trascender su apellido para presentarse como una candidata de la derecha serán, muy probablemente, el terreno donde se dirima la presidencia del Perú.

[1] Véase los datos del Latin American Public Opinion Project (LAPOP) para Perú (2006–2023).

[2] https://www.infobae.com/peru/2026/05/14/tercer-candidato-de-la-segunda-vuelta-promueven-voto-viciado-para-anular-elecciones-y-frenar-a-keiko-fujimori-o-roberto-sanchez/

[3] https://www.infobae.com/america/agencias/2026/05/31/marcha-contra-la-candidata-presidencial-keiko-fujimori-toma-las-calles-del-centro-de-lima/

[1] Keiko Fujimori: “QUIERO SER PRESIDENTA PARA GOBERNAR, como lo hizo mi padre” https://youtube.com/shorts/eTkjwQFct8Y?si=XiIToMGdwZS_sI4w

[2]https://www.infobae.com/peru/2026/03/25/roberto-sanchez-explica-por-que-usa-el-mismo-sombrero-de-pedro-castillo-durante-su-campana/

[3] https://estudiosdeopinion.iep.org.pe/informe/diciembre-2022/

Las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo han dejado varios resultados relevantes. El obvio, y más comentado estos días, es la pérdida de la mayoría absoluta del PP y el escalabro electoral del PSOE a pesar de una participación casi nueve puntos porcentuales superior al observado en las elecciones de 2022. Además, de generar estos perdedores, la alta participación ha dejado también a dos claros ganadores. En primer lugar, el partido de izquierda regional “Adelante Andalucía” ha multiplicado por 4 su presencia en el Parlamento y ha aumentado sus apoyos electorales por casi 2,4. En segundo lugar, el partido de ultraderecha Vox ha aumentado su apoyo parlamentario en 1 escaño, aumentando su base electoral en 80.000 nuevos votantes.

En este post, me quiero centrar en algunos factores que explican la popularidad de Vox en Andalucía. La pregunta es relevante precisamente porque, como mencionaba antes, Vox es uno de los dos partidos que tiene un balance positivo tanto en número de votos como de escaños. El mapa de más abajo muestra la distribución de las ganancias electorales de Vox en todos los municipios de Andalucía. Como se puede apreciar, la diferencia de votos entre los resultados obtenidos en 2022 y los del domingo 17 de mayo es positiva de manera generalizada en todas las provincias. Vox aumentó su apoyo electoral en el 54% de los municipios, que equivale a un número ligeramente por encima de los 400. La provincia donde Vox lo hizo mejor fue Almería. Allí el partido de extrema derecha incrementó sus apoyos en el 70% de los municipios. La provincia donde lo hizo peor fue en Sevilla: solo aumentó sus votos en el 36% de las poblaciones.

¿Qué factores explican estas variaciones? En un artículo reciente analizo la importancia de los contextos socio-económicos en el apoyo a los partidos de extrema derecha. Uno de los estudios empíricos que uso en el artículo se centra, precisamente, en el apoyo a Vox. 

Lo que la investigación muestra es que el apoyo a la extrema derecha se magnifica en municipios donde las economías están dominadas por industrias de economía intensiva: aquellas industrias que necesitan mucha mano de obra, normalmente poco cualificada, para producir un bien. En estos contextos el apoyo a la extrema derecha se explica con dos mecanismos.

En primer lugar, los mercados laborales típicos de estas economías se caracterizan por tener un alto grado de vulnerabilidad laboral. En estos escenarios, las ocupaciones manuales y rutinarias están expuestas a los procesos de automatización y robotización. Y los trabajadores expuestos a estos riesgos tienen incentivos para apoyar agendas proteccionistas que se alinean con los discursos de la extrema derecha. 

Este mecanismo, sin embargo, no es suficiente para explicar el apoyo a partidos como Vox. Municipios con economías intensivas no solo se caracterizan por tener ocupaciones vulnerables sino también por dos rasgos muy particulares. En primer lugar, son lugares con una alta concentración de mano de obra inmigrante que se siente atraída por la demanda de trabajo poco cualificado propia de estas economías. En segundo lugar, estos municipios concentran una población local con bajos niveles educativos. 

Cuando se concentran estos elementos en un mismo lugar, la extrema derecha encuentra condiciones muy favorables para su expansión: por un lado, los conflictos culturales en comunidades tan heterogéneas favorecen el desarrollo de actitudes nativistas; por otro, la concentración de individuos con bajos niveles educativos favorece la formación y, sobre todo, expresión de actitudes antinmigrantes. 

Un ejemplo de economía intensiva es el empleo de grandes invernaderos para la producción de frutas y verduras que luego se venden en los mercados interior y exterior. Cuando se cruzan el apoyo electoral a Vox con el porcentaje de terreno agrícola destinado a esta actividad económica, aparece una relación muy estrecha entre los dos. En las elecciones de 2026, los cinco municipios donde Vox obtuvo los mejores resultados con Vícar (32,2%), La Mojonera (32,1%), Adra (31,8%), El Ejido (31,4%) y Rioja (30.5%). Todos estos municipios son Almerienses y su extensión de invernaderos es del 73%, 78,%, 34%, 76% y 6% respectivamente. Fuera de Almería destaca Lucena del Puerto en Huelva (28,7% apoyo a Vox y 29% invernaderos) o Albuñol en Granada (27,8% de votos a VOX y 23% de invernaderos).

Más allá de estos datos anecdóticos, la relación entre apoyo electoral a Vox y terreno dedicado a invernaderos se observa de manera generalizada. En mi segundo mapa muestro las variaciones en los apoyos a Vox junto con el porcentaje de terreno agrícola destinado a invernaderos. Como se puede observar, Vox obtuvo ventajas electorales allí donde el predominio de economías intensivas fue mayor. De hecho, el coeficiente de regresión entre las dos variables es de 0,06 que, además, tiene una alta significatividad estadística (p<0.001).

Por supuesto, el incremento de voto a Vox se observa también en municipios donde no hay una alta exposición a la industria de los invernaderos. Vox obtuvo el mayor porcentaje de votos (30,5%) en Rioja, una población almeriense donde apenas el 6% del terreno está destinado al uso de invernaderos. Rioja, sin embargo, es una localidad predominantemente agrícola donde se pueden observar dinámicas muy parecidas a las observadas en el poniente almeriense. De hecho, Rioja está muy próxima a esa zona por lo que no es descartable que los efectos que se observan en el llamado “Mar de plástico” se trasladen también a ese municipio. Un segundo factor, analizado también en mi artículo es la exposición a otras formas de economía intensiva como los servicios turísticos, sobre todo los hoteleros y restauración. Esta explicación tiene confirmación visual en el primer mapa que mencionaba más arriba: Vox aumenta su voto en la mayoría de provincias costeras, excepto en Cádiz.

Vox ha sabido movilizar a su electorado y ha conseguido convencer a nuevos votantes. Sus llamadas a la “prioridad nacional” han servido de refuerzo a electorados convencidos pero también a nuevos electores, sobre todo en contextos con economías intensivas, fuerte presencia de mano de obra extranjera y bajos niveles educativos.

Con las elecciones andaluzas, no solo cerramos un ciclo electoral, sino que arrancamos el que nos llevará hasta las próximas elecciones generales. Si no hay adelantos, tenemos por delante un año de campaña constante: en mayo de 2027 habrá elecciones autonómicas en diez regiones y locales en toda España, y las generales vendrán inmediatamente después.

Merece la pena, pues, repasar cuál es el balance de este ciclo electoral que comenzamos en Extremadura hace cinco meses y ha pasado por Aragón y Castilla y León para llegar a Andalucía. El PP forzó este período de urnas con el objetivo de erosionar al gobierno y visualizar con claridad que la alternativa.

Si atendemos únicamente a las encuestas de las generales, no parece que el PP haya subido en intención de voto en los últimos cinco meses. La tendencia es prácticamente plana, tanto para el PP como el PSOE y, si acaso, observamos que ha habido un ligerísimo retroceso de los populares. No obstante, creo que eso sería una conclusión demasiado miope.

En primer lugar, creo que al final de este período el PP ha conseguido proyectar una sensación de cambio de ciclo con cuatro elecciones seguidas siendo la fuerza más votada. Es cierto que los objetivos mayores no se han conseguido. No ha habido mayoría absoluta ni en Extremadura ni en Andalucía, pero en las cuatro ha sido el claro ganador. Ha rondado o superado el 40% de los votos (salvo en Aragón) y ha mantenido al menos diez puntos de ventaja frente al PSOE (salvo en Castilla y León). En todas ellas, además, el bloque de la derecha ha superado claramente el 50% de los votos.

Más allá de esto, una de las consecuencias de este ciclo electoral que nos arroja luz sobre lo que viene es que ha servido para aclarar el espacio de la derecha. Y aquí nuestras conclusiones hoy son distintas de las que extraíamos en febrero, con las elecciones aragonesas. Entonces parecía que forzando elecciones el PP había abierto la puerta a un ascenso de Vox que, además, pretendía disputarle la primera posición en la derecha. Esa volatilidad estaba imposibilitando cualquier acuerdo entre ambos partidos y dejando las investiduras autonómicas en el aire. Hoy entramos en la recta final hacia las generales con ese espacio más despejado. Vox se ha frenado en las encuestas y las aspiraciones de ser primera fuerza parecen olvidadas. El ciclo deja claro que, de momento, el rol del PP es el de fuerza que lidera el espacio y el de Vox el de socio minoritario.

Esto ya se ha traducido en un cambio de estrategia. Por un lado, entramos en el nuevo ciclo con Vox permitiendo investiduras y formación de gobiernos. La lógica es clara: Vox no tiene incentivos para mantener una postura insurreccional que le impide superar su techo del 20%. Para crecer, necesita mostrarse como fuerza de gobierno. Por otro lado, que se despeje este espacio tiene consecuencias. Por si a alguien le quedaban dudas, los gobiernos del PP pasan por Vox. Ambos están atados el uno al otro. Y un Vox dispuesto a gobernar se centra en exigir pocas medidas, pero muy claras. Entre ellas, destaca la inmigración como prioridad central. Podemos anticipar que un gobierno de la derecha que saliera de las próximas elecciones llevaría a Vox dentro, con la política migratoria como elemento vertebrador del acuerdo.

La izquierda entra en la carrera hacia las generales en una posición mucho peor, agravada esta semana con la imputación de Zapatero. Este ciclo electoral nos ha servido para comprobar no solo la debilidad del PSOE, sino también la escasa capacidad de movilización de Sumar y Podemos. En el último barómetro del CIS, el PSOE tiene una fidelidad de voto del 67,5% y Sumar, incluso incluyendo a Podemos, la tiene por debajo del 50%.

Según el barómetro de Ipsos para La Vanguardia de abril, la derecha superaría en estos momentos los 12 millones de votos, el récord histórico solo alcanzado antes en 2011, mientras que la izquierda se quedaría en torno a 8,5 millones, una cifra que solo se había registrado en los dos momentos en que la derecha obtuvo mayoría absoluta: en 2000 y en 2011. Dicho de otro modo: si las generales fueran hoy, la izquierda movilizaría el mismo volumen de voto que cuando perdió por mayoría absoluta. Y lo haría no porque sus votantes se hayan ido a la derecha en masa, sino porque no logra compensar sus pérdidas con nuevas incorporaciones. La fuga también va hacia la abstención y otras fuerzas más pequeñas. La izquierda necesita, por tanto, un acicate de ilusión para tener opciones en las próximas generales.

Y en estas, una de las mayores novedades de este ciclo electoral ha sido la fuerza que han mostrado la Chunta y Adelante Andalucía. En ambos casos, las encuestas nos muestran que su ascenso se ha asentado en parte en votos que vienen tanto del PSOE como del espacio Sumar/Podemos. Esta tendencia apunta a que puede repetirse en unas elecciones generales, donde la fragmentación y el debilitamiento del voto de izquierda puede beneficiar a las opciones regionalistas o soberanistas de izquierdas.

Con ello se da una de las conclusiones más paradójicas de este ciclo. La estrategia seguida por la izquierda en el Parlamento durante esta legislatura también siembra las semillas de su propio problema electoral. Sánchez ha conseguido algo inédito: forjar una coalición parlamentaria resistente con prácticamente todas las fuerzas de ámbito autonómico, desde el PNV hasta Bildu, pasando por ERC o Junts. Ese acuerdo ha sido su principal activo de gobernabilidad. Pero al hacerlo, ha contribuido a consolidar en el imaginario de una parte del electorado la idea de que para parar a la derecha radical no es necesario votar al PSOE ni a Sumar. Votar a la Chunta, a Adelante Andalucía o a Bildu puede tener el mismo efecto de bloqueo.

Entramos pues, en este último año de legislatura con una izquierda con dudas acumuladas tras un ciclo adverso, una fidelidad de voto en mínimos, un flanco regional cada vez más poroso y, ahora, el peso de la imputación de Zapatero como ruido de fondo. Y, sin embargo, un año es mucho tiempo en política.

El acceso al aborto es una de las cuestiones más debatidas en política sanitaria y de género. Pero más allá del debate sobre si debe estar permitido o no, hay una pregunta muy relevante: ¿qué ocurre cuando el acceso existe formalmente, pero en la práctica no es igual para todas?

La modificación en la ley del aborto exigía que las adolescentes de 16 y 17 años obtuvieran el consentimiento de sus progenitores para poder interrumpir un embarazo. La reforma de 2015 redujo la autonomía para las menores de 18. (Esta modificación fue derogada en 2023, aunque el debate sobre el acceso al aborto para adolescentes sigue abierto.)

Utilizando datos administrativos sobre todos los abortos y nacimientos registrados en España entre 2012 y 2019, se compara lo que ocurrió con las adolescentes de 16 y 17 años – a quienes afectó la reforma – respecto a las de 18 y 19 años. De este modo, sese aíslal efecto de la ley frente a otros factores que pueden estar cambiando al mismo tiempo.

Qué encontré: menos abortos, pero no más nacimientos

El primer resultado es claro: la tasa de aborto entre las menores de 18 años cayó aproximadamente un 11% tras la entrada en vigor de la ley, en comparación con las adolescentes de mayor edad. Sin embargo, lo más llamativo es que ese descenso no vino acompañado de un aumento equivalente en los nacimientos. Esto sugiere que la ley cambió el comportamiento de las adolescentes antes de que hubiera un embarazo que interrumpir. Cuando abortar se vuelve más difícil, algunas jóvenes no esperan a estar embarazadas para reaccionar: se anticipan.

El efecto de la ley, por tanto, opera en dos momentos distintos: en la decisión de abortar una vez embarazada, pero también en la decisión de prevenir el embarazo.

El papel de la distancia: la geografía como barrera

Obtener un aborto en España requiere acudir a un centro autorizado. Estos centros no están distribuidos uniformemente por el territorio. Hay provincias con varios; otras, con uno solo, generalmente en la capital; y otras, sin ninguno. Como muestra el mapa de accesibilidad geográfica en 2015, muchos municipios españoles se encontraban a más de 50 o incluso 100 kilómetros del centro más cercano.

Esta variación geográfica importa, y mucho. Cuando una adolescente vive lejos de un centro, obtener un aborto ya requería, en la práctica, algún tipo de ayuda de un adulto: para desplazarse, por ejemplo. La ley de consentimiento parental formalizó algo que, para muchas jóvenes en zonas rurales o semirrurales, ya ocurría.

La predicción teórica es clara: si antes de la ley las jóvenes que vivían lejos ya necesitaban involucrar a sus padres para abortar, la nueva exigencia legal no añadió nada sustancial para ellas. En cambio, para quienes vivían cerca de un centro y, por tanto, tenían más autonomía, la ley sí introdujo una barrera nueva y real.

Los datos confirman exactamente esto. Las adolescentes que residían en municipios más próximos a un centro de aborto redujeron sus tasas de aborto de forma notable tras la reforma. En cambio, las que vivían más lejos prácticamente no cambiaron su comportamiento.

El papel del entorno: no solo importa si puedes, sino qué piensan tus padres

Además de la distancia, el entorno cultural y religioso del municipio donde vive una adolescente afecta cómo reacciona ante la ley. Para medirlo, se utiliza el porcentaje de bodas católicas en cada municipio como indicador de arraigo religioso local.

El patrón descriptivo es claro: en los municipios más religiosos, las tasas de aborto son menores. Esto sugiere que el entorno puede desempeñar un papel importante en la decisión de abortar.

¿Pero cómo interactúa con la ley de consentimiento? En los municipios más laicos, el efecto de la ley se traduce de nuevo en una reducción de los embarazos: menos abortos, pero no más nacimientos. En los municipios más religiosos, en cambio, el patrón es distinto: los embarazos no caen, pero más de ellos acaban en nacimiento en lugar de en aborto.

La interpretación es coherente con la idea de que, en entornos más tradicionales, el valor atribuido a la maternidad es mayor. Cuando la ley eleva el coste de abortar y además implica la participación de los padres, el resultado es que más embarazos llegan a término.

Un efecto no deseado: indicios de abortos no seguros

Uno de los resultados más preocupantes del análisis tiene que ver con lo que ocurre cuando el acceso formal al aborto se restringe, pero la demanda no desaparece. Todos los datos usados en el análisis proceden de registros administrativos. Por lo tanto, puede haber respuestas en el comportamiento de las adolescentes que no estén capturadas en los datos. Usando datos de altas hospitalarias, se construye una medida de complicaciones relacionadas con interrupciones del embarazo — un indicador que pretende reflejar, entre otras cosas, el uso de métodos no seguros.

Los datos muestran un aumento de estas complicaciones entre las adolescentes de 16 y 17 años tras la reforma, en comparación con las de 18 y 19 años. La prensa ya recogía casos de jóvenes que buscaban píldoras abortivas en internet, y los datos sugieren que algunas adolescentes, ante la barrera que supuso la ley, optaron por vías alternativas con mayores riesgos para su salud. Las cifras absolutas son bajas, ya que es un fenómeno poco frecuente, pero la señal es preocupante.

Qué nos dice todo esto

Esta investigación ilustra algo que a veces se pierde en los debates sobre política de salud reproductiva: las leyes no operan en el vacío. Su efecto real depende del contexto en el que se aplican, en este caso, la geografía o las normas sociales.

Una ley que exige consentimiento parental afecta de forma muy distinta a una adolescente que vive a cinco minutos de una clínica y a otra que vive a 100 kilómetros. Del mismo modo, el entorno religioso y cultural en el que vive una joven juega un papel importante en la forma en la que ella y su familia reaccionan ante la nueva situación. Las respuestas no son uniformes, sino que dependen de qué margen de decisión tienen y de qué valores guían esa decisión.

Esto tiene implicaciones directas para el diseño de políticas. Cuando se evalúa una reforma sobre el aborto, es necesario considerar las condiciones de partida: quiénes tienen acceso efectivo y quiénes no, qué barreras ya existen antes de que entre en vigor la nueva norma, y cómo distribuirá sus efectos entre distintos grupos de mujeres. Esta reforma fue derogada en 2023, pero el acceso al aborto en España sigue siendo desigual.