La experiencia argentina en materia de Memoria, Verdad y Justicia frente a los crímenes de la última dictadura cívico-militar ha transitado un proceso complejo de debates jurídicos que permitieron, finalmente, el juzgamiento de crímenes aberrantes. En contraste, en España persisten interpretaciones judiciales que operan como un muro ante la apertura de procesos por los crímenes del franquismo y tardofranquismo. El objetivo de este análisis es poner en diálogo ambas transiciones para evidenciar que, aunque los caminos a la justicia parezcan cerrados, es posible abrirlos.

Recientemente, el Pleno del Tribunal Constitucional español, en sus Autos 80/2021 y 57/2024, ha sostenido que los hechos cometidos entre 1967 y 1974 no pueden juzgarse como delitos de lesa humanidad. La mayoría del tribunal argumenta que este tipo penal no existía en el ordenamiento interno en aquel momento y que su aplicación supondría una retroactividad “contra reo” prohibida. Para el TC, se trata de delitos comunes ya prescritos.

Esta postura ignora que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las normas de ius cogens deben preponderar sobre el formalismo interno. Ya en 1968 y 1973, resoluciones de la ONU clarificaron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, independientemente de la fecha en que se cometieron. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en casos como 'Kononov contra Letonia,' ha validado condenas por hechos donde la conducta ya era criminal según el derecho internacional consuetudinario, sin importar su tipificación interna.

Argentina logró derribar sus propios muros de impunidad mediante un cambio de paradigma jurídico. Se abandonó la tesis dualista para adoptar una concepción monista, donde los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y operatividad directa. Bajo este modelo, el Estado no puede invocar su derecho interno para incumplir obligaciones internacionales.

El histórico fallo “Arancibia Clavel” (2004) fue clave al reformular el principio de legalidad: no se trata de “no hay delito sin ley previa”, sino de “no hay delito sin derecho previo” ('nullum crimen sine iure previo'). Esto significa que el análisis no se limita a la ley formal interna, sino que incluye el derecho de gentes preexistente. Por ello, la CSJN argentina determinó que la imprescriptibilidad de la lesa humanidad es una norma de ius cogens anterior a cualquier convención, cuya función es proteger valores esenciales de la comunidad internacional.

La Ley de Amnistía de 1977 es el principal cerrojo en España. Argentina enfrentó obstáculos similares con la “Ley de Pacificación Nacional” de 1983 y, más tarde, con las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”. Estas últimas limitaron la justicia por casi dos décadas, pero fueron finalmente declaradas inconstitucionales y nulas en el fallo “Simón” (2005).

El argumento argentino, aplicable a España, es que una ley del Congreso no puede contradecir tratados internacionales que prohíben amnistías para crímenes de lesa humanidad. En este sentido, relatores de la ONU han señalado que la ley de 1977 es incompatible con los compromisos internacionales de España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

Un avance significativo en España es el art. 2.3 de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a interpretar la Ley de Amnistía conforme al Derecho Internacional, según el cual estos crímenes son imprescriptibles. En Argentina, una situación análoga ocurrió con la “ley interpretativa del 2x1” (Ley 27.362). La Corte argentina, en el fallo “Batalla” (2018), validó que el legislador tiene la prerrogativa de dictar leyes aclaratorias para fijar el sentido de normas anteriores y evitar interpretaciones judiciales contradictorias.

Si aplicamos esta lógica, el art. 2.3 de la ley española debería ser obligatorio para los tribunales, quienes deben admitir las querellas por crímenes franquistas al ser estos inamnistiables por mandato legislativo.

El genocidio y los crímenes de Estado no terminan con la aniquilación física; continúan en la etapa de la negación y el olvido. Los operadores del derecho tienen la responsabilidad de activar el carácter reparador de la justicia. El derecho tiene una doble faz: no es solo castigo, sino un constructor de verdad histórica y social. Es imperativo abandonar el formalismo extremo y comprender que las sentencias judiciales son el discurso que edifica el relato de lo que nos sucedió como sociedad, construyendo memorias justas y dignas.

Despego la nariz de la pantalla y traspaso el cristal.

Mentira me parece, que pocos años atrás una pandemia me obligara (como a tod@s) a ser una mujer pegada a una mascarilla y que mi osadía me empujara hasta Camboya, para empezar a conocer país, sentada en el aeropuerto esperando el resultado del PCR preceptivo, antes de poner un pie fuera del recinto.

Mentira me parece también que estuviera a deshoras siguiendo el mortecino hilo de luz que proyectaba la linterna del chofer, para como Pulgarcito, avanzar por un lugar que nunca podré recordar, porque la oscuridad era tan manifiesta que nada más que algún parcial hierbajo y parte de alguna piedra divisaba, todos embebidos en el estruendoso graznar de pajarracos ocultos, en las sombras de una inmensa jungla negra. 

Pero el milagro que presenciamos cada día y en cualquier punto se obró, y empezó a cobrar forma mi derredor. Eran gigantescos los árboles e interminable la pradera por la que me dieron ganas de echar a correr, cuando a lo lejos su inigualable figura vislumbré, pero me retuve y mantuve tras los pasos del guía.

Cuanto más avanzaba más impresionante se volvía, no solo era su tamaño, sus torres, su armonía. Era la belleza llevada a la perfección, nacida, sin duda, de un vasto conocimiento y de un profundo amor de sus proyectistas y hacedores.

El blanco, negro y gris dejaron paso a los colores, todos hicieron en el cielo un telón, que proyectó la imagen soberbia del templo en el lago, que se sitúa a la entrada y justo frente a él. 

No hicieron falta los fuegos artificiales para que enmudeciéramos, la media docena de insomnes que nos encontrábamos allí; ni IA, ni efectos especiales. Nada hay comparable con un nuevo amanecer. Este que presenciaba, vestido con toda la gama del arco iris. Entrada gratuita a un espectáculo que solo nos puede ofrecer el planeta que habitamos, que descuidamos y que algún día perderemos, si no tomamos conciencia de ello.

Lloré. A veces la felicidad es tal, que es misión imposible evitarlo.

A veces solo sabemos que algo pesa. Que dormimos peor, que estamos más irritables o que ya no disfrutamos como antes. Quizá no sepamos explicar qué nos ocurre. Y no pasa nada: para empezar a hablar, no hace falta tener todas las respuestas.

Hoy hablamos de ansiedad, terapia y agotamiento con menos vergüenza que hace unos años. Poder nombrar el malestar es importante, pero no significa que tengamos que encontrar enseguida una explicación clínica. A veces, el primer paso consiste sencillamente en preguntarnos: qué siento, cuándo aparece y qué podría ayudarme ahora.

Una emoción no es un diagnóstico. El miedo, la tristeza, la rabia o la inquietud pueden acompañarnos ante una pérdida, un cambio, un conflicto o una etapa exigente. No nos definen por completo ni indican, por sí solas, que haya algo malo en nosotros. Escucharlas, entender qué nos dicen y decidir cómo cuidarnos forma parte de la inteligencia emocional.

Durante mucho tiempo, el sufrimiento se recibió con frases como «no es para tanto» o «tienes que ser más fuerte». Aunque a veces se dijeran con buena intención, podían hacer que quien lo estaba pasando mal se sintiera aún más solo. Por eso es tan valioso poder hablar con alguien que escuche sin juzgar y sin apresurarse a dar una respuesta.

También conviene recordar que poner nombre a una emoción no es lo mismo que ponerse una etiqueta. Sentir tristeza después de una pérdida, miedo ante un cambio o nervios antes de algo importante no significa, por sí solo, que exista un trastorno. Para comprender lo que nos ocurre importa nuestra historia, el momento que estamos viviendo y cómo ese malestar afecta al día a día. Un diagnóstico requiere una valoración profesional; no tenemos que hacérnoslo por nuestra cuenta.

Y decir que una emoción puede formar parte de la vida no significa que debamos soportarla en silencio. «Es normal» no debería cerrar la conversación. Si el malestar se mantiene, se intensifica o empieza a dificultar el descanso, las relaciones o las tareas cotidianas, pedir ayuda puede ser un buen paso. No hace falta tocar fondo ni saber explicar perfectamente lo que pasa para pedir apoyo.

La pregunta, quizá, no sea solo «¿esto es normal?», sino «¿qué me está pasando y qué necesito?». A veces la respuesta se descubre poco a poco, hablando, descansando o encontrando nuevas formas de afrontar una situación. Otras veces, hace falta acompañamiento profesional. Cada proceso tiene su ritmo.

También nos ayuda mirar alrededor. La soledad, la incertidumbre económica, la presión laboral o las dificultades para conciliar pueden influir en cómo nos sentimos. Cuidar la salud mental incluye atender a cada persona y, al mismo tiempo, preguntarnos qué condiciones de vida están pesando sobre muchas de ellas.

Si alguien nos cuenta que lo está pasando mal, podemos ofrecerle algo sencillo y valioso: tiempo, escucha y una pregunta amable. «¿Qué es lo que más te preocupa?» o «¿Cómo puedo acompañarte?» pueden abrir una conversación sin exigirle que lo tenga todo ordenado. Escuchar no sustituye a la atención profesional cuando hace falta, pero puede ayudar a que nadie tenga que empezar a buscar apoyo sintiéndose solo.

No todo malestar es un trastorno, y no hace falta encontrar enseguida una etiqueta. Lo que sentimos merece ser recibido con respeto y curiosidad. A veces, el primer alivio llega cuando podemos decir «no sé muy bien qué me pasa» y alguien se queda a escucharnos, sin prisa.

Hace algunos días, Ramón Jáuregui publicó un texto de opinión sobre el desarrollo del relato sobre lo ocurrido con la violencia terrorista de ETA. Su título puede darnos idea de cuál es la hipótesis principal: 'Ganar la paz y perder el relato'. Desde el respeto más absoluto, sin intención de polemizar, me gustaría puntualizar ciertas cuestiones que entiendo se plantean de forma equivocada.

En primer lugar, el uso de la historia ficción. Comienzo por ella porque para cualquier historiador, lo de usar la ficción para sostener una hipótesis de análisis histórico real no es algo que nos guste demasiado. A mí, al menos, no. La frase en cuestión es: “dudo mucho que el golpe de Tejero de 1981 se habría producido si ETA no hubiera existido, matando a casi cien personas cada uno de aquellos años terribles”.

Es decir, simplifica de manera excesiva las causas del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 para poder ajustarlo a su postura. Efectivamente, la violencia de ETA generó un clima de fuerte tensión y malestar en el estamento militar franquista. Nadie puede cuestionar eso. Sin embargo, las causas del 23-F respondían a un entramado complejo de factores. Por un lado, el rechazo instintivo de sectores involucionistas de las Fuerzas Armadas al proceso democratizador. Por otro lado, la legalización del Partido Comunista de España (PCE). Debemos tener en cuenta también la reforma autonómica. Por último, la crisis política interna de UCD y la dimisión de Adolfo Suárez.

Atribuir el origen del golpe casi en exclusiva a la existencia de ETA minimiza la responsabilidad del propio golpismo de matriz franquista e introduce una especulación no demostrada y no demostrable historiográficamente.

En segundo lugar, la visión reduccionista del pasado. La frase en cuestión es: “La voluntad colectiva de pasar página se observa fácilmente en nuestra sociedad de hoy... Nadie quiere hablar de aquel pasado, como ocurrió en otras sociedades después de sus propias tragedias”.

Cuando hablamos de estos escenarios, inevitablemente nos viene a la cabeza el caso alemán. La idea que expone Jáuregui sobre que las sociedades tienden, de forma general, a pasar página u olvidar tras momentos traumáticos choca con ejemplos como el de la Alemania de la posguerra. 

A pesar de todos los reproches que se puedan hacer, como la presencia de exnazis en la Educación, Justicia, Policía de la República Federal Alemana (RFA), bajo una especie de fase inicial de silencio que abarcó los primeros años de la posguerra, desde finales de 1950 la RFA desarrolló un proceso educativo y judicial de confrontación y memoria activa sobre los crímenes del nazismo. Lo llaman 'Vergangenheitsbewältigung' y se traduce como “hacer frente al pasado”, “hacer las paces con el pasado” o “lucha por llegar a un acuerdo con el pasado”.  

Junto a este podemos observar otros como el de Sudáfrica o Irlanda del Norte. 

En el caso sudafricano, por ejemplo, vemos que tras el fin del apartheid crearon la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Fue este el eje central de la política de memoria del país. Su intención era investigar las violaciones a los derechos humanos mediante testimonios públicos de víctimas y victimarios, priorizando la reconciliación nacional sobre los castigos judiciales tradicionales. A pesar de todo, no ha sido perfecta y pueden criticarse muchos de sus aspectos. 

En el caso irlandés, la cosa es más complicada. Las ciudades de Belfast o Derry son espacios urbanos llenos de memoria: los murales callejeros. Sin embargo, cada comunidad mantiene vivos sus propios relatos y que, evidentemente, son contrapuestos. Además, la fragilidad del Acuerdo de Viernes Santo de 1998 no daba mucha opción a abrir narrativas sobre lo ocurrido al momento de firmarse la paz.

Sin embargo, el silencio social inicial no implica necesariamente un consenso colectivo de olvido. La realidad es que estamos ante dinámicas complejas de asimilación del duelo y normalización política. Asumir de forma simplificada que el deseo social de no hablar del conflicto equivale a una renuncia moral generalizada, como hace Jáuregui, cuando menos es una lectura debatible.

Llama poderosamente la atención que eluda un ejemplo claro de lo que ha sido pasar la página sin leerla: la 'Transición' española. Vendida como un ejemplo, la realidad es que no generó ninguna lectura o revisión del pasado dictatorial anterior. Su propio proceso fue adulterado en positivo para eludir la realidad de lo sucedido. 

La Ley de amnistía de 1977, dentro del marco de esa 'Transición', supuso hasta la Ley de Memoria Histórica de 2007 un silencio atroz para las miles de familias que hoy en día aún siguen buscando a su familiar desaparecido en cientos de fosas surgidas durante los años posteriores a la Guerra Civil. Si bien a nivel académico universitario existía debate, a nivel más bajo, a nivel escolar obligatorio el silencio sobre la dictadura y la ‘Transición’ fue evidente hasta 2007. No porque no se impartiese en los colegios, sino como Jáuregui plantea: cómo se daba, en qué se incidía.

La propia demostración de que aquella ley, la de 2007, con todas sus imperfecciones supuso un golpe de realidad colectiva fue porque planteaba, por primera vez desde la muerte de Francisco Franco, cuestiones necesarias: reparación moral de las víctimas; una condena oficial del franquismo; declarar a los tribunales franquistas como ilegítimos; la exhumación de las fosas comunes; la obligatoriedad de la retirada de símbolos y monumentos públicos franquistas; la nacionalidad para los hijos y nietos de los exiliados políticos.

Estamos hablando de 2007, un silencio institucional de 32 años. El golpe de realidad es equiparable al que tuvo que afrontar la sociedad alemana en 1957 con la lucha del fiscal general alemán Fritz Bauer para llevar ante la justicia a los criminales de guerra nazis que la propia sociedad y las instituciones de la Alemania de la posguerra intentaban encubrir u olvidar. 

En el caso vasco, al contrario que en el caso español con respecto al franquismo, existen herramientas como el programa de víctimas educadoras llamado 'Adi-Adian' y gestionado por el Gobierno Vasco. Alguien podría decir que es insuficiente, sin duda. Pero tengamos en cuenta que este programa echó a andar en 2014, apenas tres años después de la declaración unilateral de cese armado definitivo de ETA en 2011. Antes le precedió el Plan para la Convivencia Democrática y la Deslegitimación del Terrorismo, del Gobierno socialista de Patxi López, en el que se incluía un proyecto de materiales didácticos para deslegitimar el terrorismo y llevará a las aulas testimonios directos de víctimas del terrorismo. Sin duda, mucho más avanzado que lo realizado con el franquismo.

A pesar de todo, una de las primeras propuestas que hice a la consejera de Justicia, llegado al cargo de director de DDHH y Atención de Víctimas, en la primera reunión del Departamento al inicio de la legislatura, fue que la mejora y el impulso de 'Adi-Adian' pasaba inevitablemente por la introducción de este en el programa lectivo escolar. Hoy en día, sigo siendo un firme defensor de esta propuesta para que de manera obligatoria todos los estudiantes puedan tener acceso a los testimonios de todas las violencias ocurridas (ETA, GAL, BVE, policial, etc.). Lamentablemente, es competencia del Departamento de Educación.

En tercer lugar, la contradicción sobre la victoria de la democracia vs. la pasividad social del pasado: afirma que el fin de ETA fue una “victoria clara de la democracia”; por otro, sostiene que la sociedad vasca “quería eludir las preguntas incómodas” y que “premió su decisión de poner fin a su violencia” en las urnas.

Me surge una pregunta: si el fin del terrorismo fue una derrota policial, judicial y política del terrorismo mediante las instituciones democráticas, ¿no resulta contradictorio achacar el resultado electoral de la izquierda abertzale a un “premio” de una sociedad pasiva?

Sumemos que, en la evolución del voto en Euskadi, como en cualquier otro lugar, Jáuregui obvia que intervienen múltiples factores sociopolíticos, socioeconómicos y de gestión pública, y no únicamente el juicio ético retrospectivo sobre la violencia terrorista.

En cuarto lugar, la exigencia de relato oficial y la imposición de “peticiones de perdón institucionales” como en la siguiente frase: “ahora que se habla de nuevo estatus para Euskadi y se pretende la incorporación de la izquierda abertzale al nuevo marco jurídico-político, cosa que personalmente considero necesaria, no estaría que les exigiéramos dejar esto muy claro en el preámbulo del nuevo estatuto”. 

A nivel historiográfico y en ciencia política existe un amplio debate sobre si los preámbulos legislativos o la ley deben imponer un relato oficial o una verdad histórica única dictada desde el Estado. De no ser complicado este debate la Constitución de 1978 habría tenido un preámbulo similar al que Jáuregui solicita. 

Pretender crear un relato definitivo mediante normas administrativas o estatutarias entra en conflicto con la libertad de análisis historiográfico y la diversidad de memorias políticas en sociedades plurales, por deseable o ético que resulte el rechazo absoluto de la violencia. Insisto, de no ser así la Constitución española tendría un abultado preámbulo de condena expresa de la dictadura franquista. Sin embargo, no lo tiene.

No hace falta tener un hijo o una hija en edad escolar para sentir el pulso agitado de Bilbao cada inicio de curso. La vuelta al cole activa en nuestras calles una gran demostración de esfuerzo familiar: ajustar horarios, coordinar turnos laborales y encajar la crianza en el día a día. En una sociedad madura como la vasca, donde todas coincidimos en la importancia de reactivar la natalidad y cuidar a quienes nos cuidan, la conciliación no puede ser un juego de malabarismos individuales; debe ser una certeza compartida que nos haga avanzar a todas como comunidad. 

Frente a las exigencias de un mercado laboral en transformación, nuestras escuelas públicas son el corazón vivo de nuestros barrios y la llave maestra para una corresponsabilidad real. Dentro de los recursos municipales, las aulas de madrugadores destacan como una herramienta imprescindible. Permiten a multitud de familias comenzar su jornada laboral con tranquilidad mientras sus hijas e hijos disfrutan de un espacio seguro, educativo y enriquecedor. Sin embargo, hasta la fecha, el enorme esfuerzo organizativo y económico para sostener este servicio recae principalmente sobre la dedicación voluntaria de las AMPAS y los bolsillos de las familias.

Por ello, es el momento de dar un paso valiente y positivo desde las instituciones públicas. En este sentido, el pasado mes de septiembre, propusimos que el Área de Educación del Ayuntamiento garantice una partida presupuestaria en los Presupuestos Municipales de 2027, para respaldar a las AMPAS y ofrecer el servicio de aula de madrugadores de forma totalmente gratuita en toda la red pública bilbaína.

Contamos con el marco legal, la legitimidad institucional y la oportunidad política perfecta. La Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi dota a los municipios de competencias claras en el fomento de la conciliación y la familia. A su vez, la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres impulsa la creación de servicios públicos de cuidado. Asumir este compromiso presupuestario no es solo dar cumplimiento a nuestro Pacto Local por la Conciliación, sino traducir nuestras coincidencias políticas en bienestar directo para las familias. El Gobierno Municipal se comprometió a estudiar la medida, pero hacerla realidad en los presupuestos de 2027 y que se van a debatir en el mes de noviembre sería la mejor prueba de un Ayuntamiento útil y cercano a la gente.

Lejos de ser un mero recurso de custodia, el aula de madrugadores es un espacio de oportunidad socioeducativa. En esas primeras horas de la mañana se siembran hábitos de vida saludable, rutinas de higiene, valores de convivencia y educación ciudadana. Además, al asegurar la gratuidad de estas aulas en la enseñanza pública, democratizamos el acceso a los cuidados, aliviamos la carga económica de las familias trabajadoras y nivelamos el terreno para que nadie se quede atrás por razones de economía familiar.

Lograr que cada colegio público de Bilbao disponga de un aula de madrugadores gratuita es una meta deseable, posible y transformadora. Asumir este reto no supone un gasto, sino que es la mejor inversión estratégica

Más allá de los lemas de campaña, construir una ciudad más amable, cohesionada e igualitaria exige poner las políticas públicas al servicio de las necesidades cotidianas. En este sentido, invertir en las aulas de madrugadores es reconocer el papel insustituible de la escuela pública y situar los cuidados en el centro de la agenda municipal.

En definitiva, lograr que cada colegio público de Bilbao disponga de un aula de madrugadores gratuita es una meta deseable, posible y transformadora. Asumir este reto no supone un gasto, sino que es la mejor inversión estratégica en nuestro presente y en nuestro futuro. Sin duda, apostar con determinación por el bienestar de las familias es la vía más sólida para demostrar que, cuando desde las instituciones públicas garantizamos derechos y facilitamos la vida de la gente, Bilbao gana.

Hoy hace 47 años, Euskadi se citó con la historia. Fue un jueves de tiempo otoñal, fresco y lluvioso. Casi seis de cada diez vascos acudieron a votar en el referéndum del Estatuto de Gernika. El 90,27% lo hizo a favor: 831.839 ‘sí’-es y 47.529 ‘no’-es. Yo tenía cuatro años, pero con el tiempo tomé conciencia de lo determinante que fue aquel día en la historia de Euskadi. Familiares y amigos que vivieron aquel momento en primera persona, me transmitieron los nervios del recuento, la alegría desbordada en La Casilla, la ilusión ante una nueva etapa en la que todo estaba por hacer. También el vértigo, la incertidumbre y el peso de la responsabilidad de todo un Pueblo. Euskadi decía 'BAI!' a un nuevo futuro de prosperidad y libertad en verde, rojo y blanco.

El lehendakari Carlos Garaikoetxea, presidente del Consejo General Vasco en aquel momento, fue capaz de expresarlo de forma clarividente: “A mí no me preocupa el día 25, a mí me preocupa el día 26”. No era para menos. El Estatuto se aprobó tras 40 años de dictadura, en una democracia tambaleante y amenazada por los militares, tal y como se demostraría solo dos años después, con el golpe del 23F. Euskadi sufría el lastre de la violencia y el terrorismo, con un asesinato cada tres días. Explotada fiscalmente, con infraestructuras de inicios del siglo XX, con una economía en recesión, castigada por la crisis internacional, en declive industrial -siderurgia, astilleros- y con el paro en máximos. Y con la pesada losa de cuatro décadas de persecución de nuestra identidad y cultura.

Era el momento de reconstruir la Casa Vasca. Una casa cuya estructura estaba muy dañada, pero con pilares sólidos y profundos: la legitimidad histórica y democrática, custodiada contra viento y marea por los lehendakaris Agirre y Leizaola en el exilio. El Pueblo Vasco aprobó el pacto político más importante en décadas, y retomó el camino del primer Gobierno Vasco, cuyo nonagésimo aniversario estamos celebrando. El camino de la democracia, la libertad y el autogobierno. Euskadi decidió hacerse cargo de sí misma y de su destino, como siempre ha hecho a lo largo de su historia. Confiando en sus propias capacidades, sin tutelas y sin una red de seguridad en caso de que las cosas fueran mal. Con el Estatuto primero, y el Concierto Económico después, asumimos el riesgo y la responsabilidad de gobernar nuestra propia casa.

El espíritu de pacto político entre diferentes y con el Estado dejó, durante la campaña del referéndum, imágenes para la posteridad: Manuel Irujo y Dolores Ibarruri en un mitin unitario; líderes tan dispares como Arzalluz (PNV), Benegas (PSE), Castells (ESEI), Bandrés (EE), Zufia (EKA) o Lertxundi (PCE) compartiendo escenario; o Garaikoetxea y Rubial fundiéndose en un abrazo. Aquella unidad cristalizó en el respaldo mayoritario a la vía del autogobierno el 25 de octubre.

La excepción vino de la mano de la Alianza Popular de Manuel Fraga, que pidió el voto en contra; y de Herri Batasuna, que menospreció el Estatuto de Gernika promoviendo activamente la abstención.

El balance de estos 47 años nos lleva a una triple constatación. La primera, que el Estatuto ha sido un instrumento político de primera magnitud. Nos ha permitido asentar el autogobierno, levantar un país en ruinas y vertebrar Euskadi en torno a un proyecto compartido de prosperidad y justicia social. Hemos dado forma al modelo de bienestar vasco, equiparándonos con los países europeos más avanzados y contamos con instituciones propias en los servicios públicos esenciales de salud (Osakidetza), formación (escuela pública, EHU), economía y empleo (Lanbide, SPRI, EVE), seguridad (Ertzaintza), emergencias (SOS Deiak, Euskalmet), protección social (RGI) o vivienda (Etxebide, Visesa, Alokabide). Organismos y políticas que nos han permitido construir un país moderno, competitivo y avanzado, sin dejar a nadie atrás.

La segunda constatación es que el Estatuto constituyó un ejercicio de ‘Realpolitik’; un acuerdo de mínimos, producto de la desigual relación de fuerzas y la presión de los sectores más conservadores del Estado. A pesar de todo, el buen hacer negociador de los equipos vascos y el talante constructivo de Suárez permitió alumbrar un texto de altura, con contenidos de relevancia política: reconocimiento del autogobierno como derecho originario, no como resultado de una concesión; no renuncia a este derecho y a los que pudieran correspondernos en virtud de nuestra historia; y condición de pacto político bilateral. Así queda recogido en el artículo primero y la disposición adicional del Estatuto de Gernika.

La tercera constatación es más amarga: este pacto aprobado por ley y referéndum fue, desde su nacimiento, desnaturalizado y erosionado a través de distintos mecanismos: ‘café para todos’, LOAPA, leyes de bases, judicialización, ... Ha sido sometido, siempre de forma unilateral, a una lógica transaccional por parte de los sucesivos Gobiernos españoles. La realidad es que 47 años después, sigue sin cumplirse íntegramente. Esta legislatura hemos avanzado, consiguiendo 14 nuevas competencias. Entre ellas, las políticas pasivas de empleo, prestaciones no contributivas en la Seguridad Social, salvamento marítimo y litoral, o los permisos de trabajo de personas extranjeras. Ahora bien, quedan pendientes la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, incluyendo las prestaciones contributivas, o los puertos de Bilbao y Pasaia. El pacto estatutario sigue sin cumplirse.

Defender el autogobierno vasco es defender algo vital: la posibilidad de gobernar nuestra propia casa. De contar con las capacidades necesarias para defender nuestros intereses. Que quienes vivimos y trabajamos aquí podamos decidir sobre lo que afecta a nuestra vida y a nuestra comunidad. Que quienes somos parte de este pueblo podamos cuidar y atender nuestro hogar.

Esto nos permite convertir la Casa Vasca en un refugio ante un mundo cada vez más incierto y acometer los nuevos retos de futuro: cambio climático, migración, disrupción tecnológica. También protegernos ante un clima político cada vez más deteriorado en el Estado, y ante fuerzas políticas que cuestionan nuestro autogobierno. Porque no olvidemos que, en pocas semanas, se celebrarán unas elecciones en las que concurre, con importantes opciones de gobernar, un partido que niega nuestra identidad y aboga por la supresión de nuestras libertades.

Muchos de los avances que hoy damos por sentados no hubieran sido posibles sin el Estatuto de Gernika. Y esta herencia lleva aparejado un compromiso. Todas y todos tenemos una responsabilidad, también el millón y medio de personas que no pudimos votar por edad: defender el autogobierno vasco; valorarlo como merece; e utilizar todas las herramientas que nos ofrece para seguir creciendo como país y en bienestar. Es nuestra obligación histórica cuidar lo que nos es propio, y lograr las nuevas capacidades políticas que necesitamos para seguir construyendo el futuro. En positivo, sin ir contra nadie, ni hacer bandera de la confrontación. Aplicando los mismos valores y principios, y la misma firmeza y entusiasmo de quienes nos precedieron porque, en un mundo tan incierto y convulso, el autogobierno sigue siendo la mejor defensa de la Casa Vasca ante todo lo que pueda venir. No olvidemos que, somos porque decidimos, y, decidimos porque somos.

Despego la nariz de la pantalla y traspaso el cristal. Aunque el título nos pudiera llevar a engaño y situarnos en la frontera entre México y Estados Unidos, nada más lejos de mi intención, porque mi pretensión es trasladarnos a un bosque impenetrable denominado Bwindi, situado en Uganda. En él se encuentran algunos de los pocos ejemplares existentes en el mundo, de gorilas de esta espalda tan característica.

Se pueden visitar pagando un elevadísimo precio, con entradas tasadas a escasos grupos y siguiendo unas normas muy estrictas. Pero todo condicionante merece la pena. Las cuatro horas abriéndonos camino a machetazos por una maleza asfixiante. La lluvia, la humedad. El no saber dónde pisar y caerse a cada paso, hasta llegar a obtener el premio gordo: descubrir a una familia de padre, madre e hijo. El padre acostado, mientras la madre recostada le acariciaba en el rostro y ambos observando celosamente a su retoño, que se divertía columpiándose en una rama cercana.

Casi convertida en una estatua de cera para no soliviantarles, lo primero que me viene a la cabeza es su estampa familiar con inmensas similitudes a la de los seres humanos. Y lo segundo, la felicidad que individual y en conjunto desprenden… tan contagiosa.

Las siguientes reflexiones se agolpan como un torbellino a modo de preguntas, tantos porqués sin respuesta. Nuestro egoísmo, nuestra insensibilidad, nuestra inconsciencia, nuestro discurrir por el planeta como una especie que todo lo arrasa y lo devora, haciendo un uso abusivo de algo que no es nuestro, pero que nos lo arrogamos.  

Menos mal que la fuerza de la naturaleza y sobre todo la del amor puro se imponen y dejo de lado mis negros pensamientos, embelesada por tan maravillosas criaturas, en libertad, sin temor, en paz.  

Tanto que aprender…

En su novela 'Un puente sobre el Drina', Ivo Andric nos dice: “El pueblo sólo recuerda y cuenta aquello que puede comprender y transformar en leyenda”. “Lo demás —añade— discurre junto a él sin dejar huellas profundas, en la indiferencia muda de los fenómenos naturales y anónimos, sin tocar su imaginación y sin grabarse en la memoria”.

Lo que Andric escribía el pasado siglo en los años de la II Guerra Mundial no ha perdido su vigencia. El papel del símbolo en la conciencia de los pueblos aún tiene capacidad de resistir y plantar cara con eficacia a los sistemas de dominación absoluta del ser humano ideados por el capitalismo sin entrañas de nuestros días. Lo ocurrido con Maricarmen Abascal ha sido una buena prueba de todo ello.

Llevábamos tiempo hablando de la crisis de la vivienda; de sus precios estratosféricos y en continua expansión; de la imposibilidad de los jóvenes de acceder a una casa; de los desahucios rutinarios de inquilinos por la codicia de caseros que rescinden contratos de alquiler para embarcarse en negocios más lucrativos (preferentemente los turísticos); de la prepotencia escandalosa de esos fondos de inversión (“fondos buitre”), que compran bloques enteros de viviendas para especular con ellas de manera desvergonzada; de cómo, en consecuencia, se echa a la calle a personas muy vulnerables por razones de edad y, paralelamente, se cierra el paso a la emancipación de los jóvenes, que no pueden formar un hogar… Conocíamos los datos, las estadísticas, las informaciones cada vez más alarmantes, pero las oíamos como quien oye llover. Las habíamos asumido resignadamente, como esos “fenómenos naturales y anónimos” que, al decir de Andric, carecen de la capacidad de “grabarse en la memoria”.

Bastó que una sola persona se rebelase en público para que la apatía colectiva ante un problema que afecta a tanta gente se transformara en un grito permanente de indignación social y de movilización de masas; algo que desembocará en una huelga general convocada por UGT y CCOO, a instancias del Sindicato de Inquilinas. Recordemos la secuencia de imágenes: una mujer de 87 años, con una salud ya muy precaria, todavía en su domicilio, insiste: “Yo no pienso salir de mi casa”; tras un asalto brutal de la policía, esta mujer es desalojada y conducida en camilla al Hospital Gregorio Marañón y, con lo que aún le queda de voz, clama ante los jóvenes que la apoyan en la calle: “Defended vuestras casas”. Y, en los días que le quedan para su fallecimiento, volverá a insistir desde lo que será su lecho de muerte: “Seguid luchando”.

Resulta difícil no conmoverse ante el valor, la firmeza, e incluso la belleza, de quien se atreve a desafiar a los poderes dominantes, con su propia verdad y con su propio cuerpo; y, por eso mismo, se convierte en un símbolo de rebeldía que contagia al conjunto del país, poniendo patas arriba el discurrir cansino de la política española. Porque es evidente que cuando el símbolo entra en escena se hace muy difícil, por no decir imposible, combatirlo.

Resulta difícil no conmoverse ante el valor, la firmeza, e incluso la belleza, de quien se atreve a desafiar a los poderes dominantes, con su propia verdad y con su propio cuerpo

Por eso precisamente, Maricarmen resulta más molesta muerta que viva para las clases dominantes. Parece que el hecho mismo de morir, y el eco social de esta muerte, se han llegado considerar un desacato intolerable a los poderes económicos establecidos. Algo que ha incomodado especialmente a sus guardianes ideológicos, el complejo ultraderechista que conforman el PP y Vox; hasta el punto de negarle el minuto de silencio en instituciones que dominan y de echar las mayores porquerías posibles sobre su memoria.

La reacción española está especialmente empeñada en apartar la mirada pública de esta mujer y que pase al olvido, como si su rebeldía y su muerte no tuvieran relación alguno con los problemas del presente; que no son los de de las falsas prioridades nacionales que la ultraderecha mancomunada se inventa como guión para ganar las elecciones y acceder al poder político. Cuando Feijóo pide a la izquierda que no haga de Maricarmen un “icono electoral” está reconociendo implícitamente que ese guión ultraespañol tiene ya muy poca sustancia. Porque lo que va a estar en debate en el proceso electoral no es si peligra la unidad y seguridad de España, sino los problemas que afectan a la España real y a los españoles de a pie: los del futuro de la vivienda, los de la educación y sanidad públicas, los de las ayudas a las personas dependientes, los de unos servicios públicos deteriorados en las autonomías donde la derecha gobierna … 

En definitiva, se hablará sobre el futuro en este país del Estado de bienestar, que la ultraderecha se quiere cargar, en beneficio del mundo de los negocios. De hecho, se ha empezado a cuestionar, y mucho, el futuro de las Pensiones, puesto en duda por quienes (Figaredo, Ester Muñoz…) tratan de privatizarlas y recortarlas.

No hay que olvidar por último —y eso también está en el debate electoral— que hay algo que fundamenta nuestro bienestar: y es el mantenimiento de las libertades frente a quienes pretenden erosionarlas con lenguajes y prácticas neofascistas cada vez más evidentes. Éstas, pues, son las verdaderas prioridades de la sociedad española, que nada tienen que ver con himnos caducados y banderas que se esgrimen para agredir, yendo a la “caza del moro” o del “rojo”.

Y que se hable sin tapujos de lo que de verdad importa a la mayoría social -vivir mejor y con más libertad- ha sido el legado de un acto de rebeldía que ha conmovido a todo un país y, al transformarse en leyenda, ha trastocado por entero la vida política española. Cuando la poesía entra en escena, ocurren estas cosas. Siempre es saludable que, de vez en cuando, surjan voces que pongan en su sitio la racionalidad tecnológica, que se ha convertido ya en la teología del ultracapitalismo de nuestros días. Esa tecnología que nos avasalla a diario, obligándonos a aceptar en silencio que todo lo que nos ocurre es inevitable. Una mujer de 87 años nos ha dicho alto y claro que eso no es verdad.

Recientemente, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha anunciado una propuesta para impulsar en el monte Antondegi un desarrollo de unas 3.000 viviendas. 

La iniciativa parte del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, sin un acuerdo previo con el Ayuntamiento de Donostia, con el que el propio Departamento señala que deberá ser trabajada y pactada posteriormente. Resulta especialmente llamativo que una actuación de esta magnitud se anuncie mientras Donostia se encuentra inmersa en la revisión de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La loma de Antondegi es un entorno rural de elevado interés ambiental y paisajístico. Un trabajo ya publicado y avalado por un amplio grupo de especialistas (entre ellos catedráticos de Ecología y Zoología, investigadores y doctores en distintas disciplinas ambientales), documentó su importancia como una de las zonas de campiña mejor conservadas de Donostia, su riqueza faunística y, especialmente, su función como corredor ecológico y como parte de la Infraestructura Verde de Gipuzkoa. En este espacio se han registrado hasta 117 especies de aves, una cifra que sitúa a Antondegi entre los ámbitos con mayor riqueza ornitológica de Gipuzkoa. Asimismo, se ha constatado una notable comunidad de mamíferos, con al menos 18 especies. 

El Avance del nuevo PGOU ya ha analizado el futuro de Antondegi dentro de un proceso técnico y de participación ciudadana iniciado en 2021 y elaborado por un equipo multidisciplinar de 27 profesionales especialistas en urbanismo, medio ambiente, geografía, ingeniería y derecho. El Avance propone expresamente desclasificar el ámbito MA.08 Antondegi como suelo destinado a desarrollo urbanístico y preservar su carácter rural, con el objetivo de proteger su función dentro de la infraestructura verde y garantizar las conexiones ecológicas del territorio. Esta decisión se enmarca, además, en un modelo de crecimiento compacto y equilibrado, con menor ocupación de suelo y concentrando las nuevas viviendas mayoritariamente en suelo urbano. A ello se añade que el Plan Territorial Parcial de Donostialdea-Bajo Bidasoa, aprobado en 2016 y actualmente vigente, ya planteó expresamente la reconsideración de la previsión de crecimiento residencial en Antondegi.

Frente a este trabajo técnico y urbanístico, el consejero plantea ahora unas 3.000 viviendas en Antondegi sin presentar estudios que justifiquen apartarse de las conclusiones del Avance. Además, la propuesta se ha anunciado en sentido contrario al criterio recogido en el Avance del nuevo PGOU. Una actuación de esta trascendencia no debería plantearse al margen del proceso de planificación que Donostia tiene en marcha ni desligarse de una reflexión más amplia sobre el territorio y el modelo de ciudad. La construcción de nuevas viviendas no puede plantearse como única respuesta a la emergencia habitacional, especialmente cuando supone promover grandes desarrollos urbanísticos en espacios de valor natural sin abordar suficientemente sus impactos sociales y ambientales. 

Desde esa visión más integral quienes formamos parte de la iniciativa Antondegi Berdea defendemos que el nuevo planeamiento urbanístico mantenga el carácter rural de Antondegi. La necesidad de vivienda debe abordarse de forma integral, teniendo en cuenta la protección ambiental, la cohesión social, la movilidad, los servicios públicos y el modelo de desarrollo urbano que Donostia quiere para las próximas décadas. Decisiones de esta trascendencia no deberían quedar condicionadas por iniciativas políticas individuales ni por calendarios electorales, sino ser objeto de un debate abierto, informado y transparente en el que participe la ciudadanía afectada. Nuestro colectivo seguirá impulsando distintas iniciativas en torno al futuro de Antondegi, defendiendo sus valores y promoviendo un modelo de urbanismo sostenible y respetuoso con el territorio.

(La iniciativa Antondegi Berdea agrupa a diversas organizaciones ecologistas y naturalistas, así como a colectivos que defienden un urbanismo sostenible, comprometidos con la conservación de los valores ambientales y paisajísticos de Antondegi Eguzki, Parkea Bizirik, Itsas Enara, SEO/BirdLife Donostia, Haritzalde, Surfrider y Bizilagunekin).

En octubre del año pasado, el alcalde de Baños de Ebro (Araba), Francisco Javier García, del PP, recibió varias peticiones para retirar la leyenda franquista “Caídos por Dios y por España” labrada en piedra en el dintel de una ventana de un edificio municipal que acoge el consultorio médico de la localidad. La respuesta del regidor fue la siguiente: “Es una piedra que no molesta a nadie (...) lleva en el pueblo toda la vida” y añadió que no consideraba adecuado “borrar la memoria” de los vecinos ahí nombrados.

La semana pasada, el ayuntamiento ha anunciado que acatará el requerimiento del Gobierno central para retirar el lema franquista. Sin embargo, no procederá a su retirada y el alcalde del PP buscará una salida “intermedia”: en lugar de picar o retirar físicamente la placa de piedra, ha optado por cubrir la inscripción. La justificación es que, según informes técnicos, la extracción completa de la placa podría comprometer la estructura del inmueble y provocar grietas. 

Se ha marcado un plazo de tres meses para ejecutar la colocación de la cubierta sobre el vestigio franquista. Tal vez, el regidor del PP aspira a que Feijóo gane las elecciones del 29N para una vez compuesto un gobierno de derecha y ultraderecha retirar la tabla con la que pretende cubrir la inscripción.

La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ha tachado de “solución burda” y no le falta razón. En realidad, es una salida al incumplimiento legal buscando una estratagema para no terminar de retirar por completo los restos del franquismo. No ha sido la única, varios colectivos de memoria histórica se han sumado a las críticas y han exigido la retirada íntegra del dintel grabado.

Parece que el PP, que es un partido que está todo el día con las palabras Constitución, democracia y cumplir la ley en la boca, cree que hay leyes que son de libre cumplimiento. Lo cierto es que llegaron tarde a la democracia y de los 16 diputados que tenía Alianza Popular en 1978, 5 votaron en contra de la Constitución y 3 se abstuvieron.

La Ley de Memoria Democrática busca garantizar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta especie de búsqueda de apaños que pretende el alcalde del PP transmite el peligroso mensaje de que los símbolos de la dictadura son negociables. Para aquellos que trabajamos en la enseñanza sabemos de lo peligroso de estos mensajes entre los jóvenes.

Deberían tener claro que el espacio público es de todos los ciudadanos y las ciudadanas, por lo que mantener o disimular enseñas y consignas que ensalzan un régimen totalitario responsable de la represión y el asesinato de miles de personas supone una afrenta directa a las víctimas y a la convivencia democrática. Hoy en día aún siguen sin desenterrarse miles de cadáveres de fosas comunes.

Consolidar una sociedad libre y democrática requiere de un esfuerzo colectivo. Para ello se exige pedagogía y contundencia frente al pasado totalitario, al igual que ocurre en el resto de las democracias europeas de nuestro entorno. A diferencia de lo que sostiene el PP, borrar o retirar los vestigios del franquismo no es “borrar la historia”, sino dejar de honrar el franquismo en las instituciones públicas. La memoria de las víctimas se honra con justicia y dignidad, no perpetuando los monumentos y consignas levantados por sus victimarios. 

Buscar atajos cronifica socialmente las reminiscencias del régimen franquista. No se trata de un capricho político, como pretende vender el PP. Se trata de la condición indispensable para apuntalar una sociedad plenamente democrática, consciente de su pasado y comprometida con los derechos humanos. Por eso, la respuesta de las instituciones públicas debe ser firme.

Hay decisiones que superan una legislatura, una institución o incluso una generación. Decisiones que determinan cómo serán nuestras ciudades dentro de cincuenta o cien años. Cómo llegue la alta velocidad a Vitoria-Gasteiz es una de ellas.

A lo largo de los últimos años, todas las instituciones alavesas hemos compartido y trabajado con el mismo objetivo: la llegada del ferrocarril y su integración en nuestra ciudad debía realizarse de forma soterrada, tal y como se había acordado en los sucesivos convenios firmados. No se trataba de una ocurrencia, ni de una reivindicación política, ni de una demanda desconocida. Se trataba de transformar Vitoria-Gasteiz aprovechando una oportunidad que probablemente no se vuelva a producir en décadas, eliminando una barrera física que divide la ciudad y que posibilitaría el desarrollo de nuevos espacios urbanos, económicos y sociales para nuestra capital.

La semana pasada se reunió, tras la petición que realicé al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Consejo de Administración de la Sociedad Alta Velocidad Vitoria-Gasteiz. No voy a ocultar mi intranquilidad porque este consenso político inicialmente compartido de ejecutar el soterramiento en Vitoria-Gasteiz pueda verse cuestionado o relegado. Y creo que los alaveses y las alavesas merecen una reflexión serena sobre lo que esto puede significar.

Porque cuando hablamos del soterramiento no estamos hablando únicamente de infraestructuras ferroviarias. Estamos hablando de ciudad. Estamos hablando de cohesión urbana. Hablamos de construir una ciudad más habitable, más cómoda, de unir barrios, generar espacios para viviendas y personas, de crear oportunidades económicas. En definitiva, de transformar Vitoria-Gasteiz.

La llegada de ferrocarril de alta velocidad a otras ciudades europeas o del Estado ha supuesto un cambio profundo en su trama urbana. No ha resuelto sólo un problema de movilidad. Ha servido para mejorar la ciudad y hacerla más habitable, más conectada y más competitiva.

Ese era precisamente el espíritu con el que se planteó el proyecto para Vitoria-Gasteiz.

Es cierto que el coste es importante. También es cierto que las administraciones públicas debemos gestionar con rigor los recursos disponibles y que habrá dificultades técnicas. Pero no hay que olvidar que hablamos de un proyecto para décadas.

Precisamente por la trascendencia de esta decisión, debemos preguntarnos cuál es el coste de la alternativa. Porque las oportunidades perdidas también tienen un precio.

Renunciar al soterramiento puede hipotecar durante décadas la posibilidad de una transformación urbana que difícilmente volverá a presentarse. Las infraestructuras ferroviarias tienen una vida útil de generaciones. Lo que hagamos o no hagamos ahora condicionará a quienes vivan en Vitoria-Gasteiz dentro de muchos años.

Por eso me preocupa especialmente que el debate se esté planteando únicamente en términos económicos. Es un factor importante, sin duda, pero no puede ser el único. Es necesario ampliar la mirada y ser ambiciosos.

Cuando una sociedad afronta una decisión estratégica debe preguntarse no solo cuánto cuesta una actuación, sino también qué beneficios aporta y qué ciudad desea construir para el futuro.

Álava ha demostrado históricamente ambición cuando se trataba de defender proyectos transformadores. Apuestas como la recuperación del aeropuerto de Foronda, la apuesta por la logística, inversiones en industria o el Parque Tecnológico han creado miles de empleos, y cuando nacieron también parecían difíciles o costosas.

Gracias a estas apuestas compartidas, Álava es hoy un territorio más fuerte, más competitivo, con mayor bienestar y más oportunidades.

El soterramiento constituye, como las anteriores, una inversión estratégica. Y tenemos la obligación de hacerla posible. Se trata de una inversión que no solo beneficiaría a quienes utilizan el tren, sino al conjunto de la ciudad y de la sociedad alavesa.

Lamento profundamente que nos estemos alejando de ese horizonte. Lo lamento porque creo sinceramente que estamos ante una oportunidad histórica. Y no la podemos dejar pasar, porque raramente vuelven.

Estamos aún a tiempo de reflexionar, de no desviarnos del consenso inicial y de analizar fórmulas que hagan realidad esta aspiración. Las grandes transformaciones nunca han sido sencillas. Exigen determinación, diálogo institucional y visión de largo plazo.

Como Diputado General tengo la obligación de defender lo que considero mejor para Álava y para las generaciones futuras. Así ha sido durante estos años y con este objetivo seguiré actuando.

El soterramiento del ferrocarril en Vitoria-Gasteiz es una decisión sobre el modelo de territorio que queremos legar a quienes vendrán después. Y sobre estas decisiones nos valorarán.

Por eso sigo convencido de que Vitoria-Gasteiz merece aprovechar plenamente una oportunidad que solo se presenta una vez.

La celebración de Asteklima 2026, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi —impulsada anualmente por el Gobierno Vasco junto al Ente Vasco de la Energía (EVE) e Ihobe— nos brinda una oportunidad excelente para reflexionar sobre los avances en viabilidad ecológica, pero también para abordar de frente un problema creciente: la intoxicación del debate público. Coincidiendo con el Día Internacional contra el Cambio Climático, que se celebra el 24 de octubre, es imperativo analizar cómo la conversación sobre la crisis climática en nuestro territorio se ha trasladado a un embarrado campo de batalla digital.

En los últimos tiempos, las redes sociales en Euskadi se han inundado de narrativas desinformativas, bulos flagrantes y montajes hiperrealistas generados por Inteligencia Artificial. Estas polémicas, a menudo amplificadas de forma artificial por algoritmos, no buscan el debate científico, sino sembrar la duda y la desconfianza allí donde la ciencia ya ha construido certezas incontestables. Combatir esta manipulación es hoy tan urgente como reducir las propias emisiones.

La manipulación informativa no es, ni mucho menos, un invento exclusivo de este siglo XXI saturado de pantallas. Si echamos la vista atrás, el sensacionalismo y el amarillismo mediático de los años ochenta ya retorcían la realidad con un objetivo de negocio evidente: vender más ejemplares en los quioscos y arañar unas décimas de rating en los informativos de televisión mediante el escándalo, la exageración y el morbo. Sin embargo, aquellas viejas mentiras impresas o televisadas operaban bajo límites físicos, lógicos y temporales muy claros.

La desinformación contemporánea, en cambio, se mueve bajo dinámicas infinitamente más peligrosas. Los bulos ecológicos actuales ya no aspiran únicamente a una rentabilidad económica directa a corto plazo, sino a alimentar un ecosistema de negacionismo sistémico y retardismo político. Esta corriente arremete con fuerza contra el consenso científico y contra el propio sentido común. Para colmo, la irrupción masiva de la Inteligencia Artificial ha puesto en manos de cualquier persona anónima herramientas accesibles capaces de clonar voces, manipular fotografías y multiplicar de forma geométrica la mentira ambiental en cuestión de segundos.

Un ejemplo perfecto y sumamente ilustrativo de esta preocupante deriva tecnológica ocurrió a finales de 2024 en el malecón de Zarautz, en Gipuzkoa. Un vídeo generado íntegramente mediante software de IA, en el que una supuesta ola gigante de proporciones bíblicas arrastraba violentamente a varios concejales y representantes políticos durante un acto público, se difundió de forma masiva a través de grupos de WhatsApp y cuentas de la red social X. El creador del metraje confesó posteriormente que su intención original había sido meramente lúdica, orientada a “echar unas risas” dentro de un chat privado de amigos. Sin embargo, los mecanismos de viralización convirtieron el chiste en una incontrolable bola de nieve digital que muchos usuarios dieron por verídica.

Lo grave del asunto es que el contexto real del evento era diametralmente opuesto a la ficción creada: el Gobierno Vasco y el consistorio local se habían reunido en ese preciso punto para presentar una ambiciosa remodelación de las defensas costeras del municipio. Este proyecto se enmarca dentro de la iniciativa europea LIFE IP Urban Klima 2050, el mayor plan de acción climática de Euskadi, diseñado precisamente para mitigar los impactos reales de la subida del nivel del mar y la erosión en nuestro litoral. Aquella aparente broma tecnológica no solo ridiculizó innecesariamente a unos representantes públicos, sino que consiguió algo mucho más dañino: banalizó el riesgo físico del cambio climático y desvió la atención social de un proyecto técnico y científico crucial para la supervivencia de nuestra infraestructura costera.

Esta encarnizada “guerra de datos” y relatos se traslada con idéntica fuerza desde el salitre de la costa hasta el asfalto y el hormigón de nuestros centros urbanos a través de la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Esta normativa estatal y europea afecta de manera directa a las localidades vascas de más de 50.000 habitantes: Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Barakaldo, Getxo e Irún. En las tres provincias, los debates vecinales y políticos se han visto intoxicados de forma sistemática por el mito del “cierre total” de las ciudades y por la propagación de teorías que acusan a las corporaciones locales de guiarse exclusivamente por un afán recaudatorio y fiscal. Es innegable que existen preocupaciones legítimas y debates socioeconómicos de calado.

Por ejemplo, algunas agrupaciones de comerciantes expresan miedos fundados ante la posibilidad de que las restricciones de tráfico ahuyenten a clientes potenciales de otros municipios colindantes que carecen de alternativas eficientes de transporte público y dependen obligatoriamente del vehículo privado para desplazarse a realizar sus compras. Sin embargo, la desinformación prospera precisamente ahí: instrumentaliza ese malestar y esa incertidumbre económica para propagar datos falsos y ocultar los indicadores positivos de salud pública. Las mediciones oficiales de los consistorios que ya han dado pasos firmes en la peatonalización revelan realidades contundentes, como la reducción de hasta un 33% en los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂) en los núcleos urbanos regulados, al mismo tiempo que diversos estudios independientes apuntan a una revitalización paralela del comercio de proximidad.

También es habitual cada verano ver cómo se viralizan tablas climáticas descontextualizadas de las décadas de los 40 y 50 que muestran picos de calor extremos en estaciones meteorológicas históricas como las de Sondika o Foronda. Quienes comparten estos recortes pretenden argumentar falsamente que “en Euskadi siempre ha hecho el mismo calor en verano” y que la crisis climática es una invención exagerada. Con ello, confunden de manera deliberada la meteorología -un evento aislado en el tiempo- con la climatología, que analiza las tendencias globales y sostenidas de calentamiento que los científicos llevan décadas documentando en nuestro entorno.

De hecho, según el informe sobre el Estado del Clima en Euskadi del Gobierno Vasco, desde 1970 la temperatura media en nuestra comunidad ha aumentado a un ritmo constante de 0,3 °C por década. El reciente verano de 2026 se ha convertido en el más cálido registrado en Euskadi desde que se tienen registros fiables, superando con creces los anteriores máximos establecidos en 2022 y 2023. La temperatura media de los meses de junio, julio y agosto se situó 3,2 °C por encima de lo habitual.

Ante esta auténtica epidemia de desinformación, las herramientas tradicionales del periodismo riguroso, la validación de la comunidad científica, el contraste exhaustivo de las fuentes de información y la responsabilidad crítica individual se erigen como las únicas vacunas verdaderamente eficaces de las que disponemos.

La transición ecológica requiere reducir emisiones de gases de efecto invernadero y cada sector productivo tiene sus retos. La transición energética en Europa necesita avanzar en reducción y eficiencia energética, y aumentar energía renovable y soberanía energética nacional, regional y local. La economía circular se construye sobre la jerarquía de residuos, empezando por su reducción y prevención, el retratamiento y reciclaje, etc., desde unas infraestructuras y servicios públicos. El sector ganadero tiene desafíos, especialmente el bovino (carne y lácteo) y porcino. Según datos del Ministerio de Agricultura, el consumo de leche ha descendido de 40 litros por habitante al año a comienzos de siglo XXI a menos de 30 litros en la actualidad, y el de quesos y yogures se ha mantenido.

En Europa el biogás/biometano ha emergido como una solución coyuntural, y España como un país adecuado para su desarrollo. Sin embargo, los proyectos de plantas biogás/biometano han tendido a priorizar la lógica del beneficio empresarial y no la transición energética. En mayo del 2026, el Ministerio de Transición Ecológica publicó un borrador de Real Decreto de promoción del biometano, estableciendo cuotas mínimas de penetración y uso, y sus respectivos controles. Las empresas del sector usan atractivos eslóganes como “biogás, apuesta de futuro” o “sin biogás no hay transición energética”, presentándose como motores de sostenibilidad, circularidad y descarbonización, pero escondiendo sus cortoplacistas estrategias de negocio, y todos los complejos riesgos del biometano que el Estado es incapaz de regular y limitar para una transición real y justa.

Sobre las plantas de biogás/biometano, las ciencias técnico-naturales avisan de dos cuestiones: la escala de las plantas, ya que tienden a aumentar su capacidad para rentabilizar los beneficios; y el digerido o digestato generado para usar como fertilizante o nitrato, que tiene complejos riesgos en su composición y en su aplicación en los suelos. Para las ciencias sociopolíticas, estos proyectos necesitan dos condiciones: un proceso de información, participación y aceptación de la ciudadanía; y que la infraestructura tenga una clara utilidad pública y bienes comunes (energía local, etc.).

El valle de Carranza (oeste de Bizkaia, límite con Cantabria y Burgos) según el último censo de 2025 tiene 14.000 vacas, 5.500 ovejas, etc. Unas 4.200 vacas de leche producen casi la mitad de la leche de la provincia. En las últimas décadas, una parte de la ganadería intensiva láctea ha generado un creciente problema de gestión de purines. En sus 138 Km² (el municipio más grande de Bizkaia), el valle tiene riqueza en bosques, zonas montañosas, fauna diversa (también el problemático lobo), historia (dólmenes funerarios), etc., un legado a preservar.

La historia de la planta de purines empieza a principios del siglo XXI, cuando la ya inexistente cooperativa de ganaderos unidos del valle, el ayuntamiento (mayoría absoluta del PNV) y una entidad bancaria, crearon una empresa (Karrantzako Minda), para construir una planta de gestión de purines para la ganadería láctea del valle. Sin embargo, los fondos públicos (más de 10 millones de euros) fueron objeto de malversación e incluso apropiación personal. En el 2010 el proyecto quedó paralizado por falta de control en las inversiones y el destino de las subvenciones públicas. Aquel proyecto dejó una infraestructura inconclusa. En el 2023, la empresa Karrantza Green Gas presentó un proyecto de tratamiento de purines con la intención de convertirlo a gas. Posteriormente, esta sociedad fue adquirida por Verdalia. En mayo de 2025 el Gobierno vasco publica en el BOPV la Autorización Ambiental Integrada (AAI), autorizando la gestión de 130.000 toneladas/año (¿con el tiempo potencialmente ampliable hasta 200.000?), para un periodo de 20 años. La AAI, ya con dos modificaciones (de momento, no publicadas) es formalmente correcta y se presenta como garantista, pero hay un problema de inicio: no hay un diagnóstico técnico sobre los residuos del valle que motive la necesidad de este tipo de planta.

Las estimaciones de producción de Verdalia han ido cambiando: 2.069 t/año de biogás natural licuado (58% de metano para conectar a la red en Zalla, a 25 km de Carranza); digestato sólido para fertilizante seco (de 28.300 a 73.000 t/año) y de problemático digestato líquido (de 90.600 a 43.000 t/año). ¿Cuántos purines del valle necesitan la planta? De las 4.200 vacas lecheras del valle no todas son de ganadería intensiva; por lo tanto, no todos los ganaderos necesitan esta planta o servicio. Si una vaca lechera en modelo de estabulación intensiva produce unos 20/24.000 litros/kg de purines al año, el total anual estimado queda lejos de las 130.000 toneladas permitidas. Como el valle se queda pequeño, la empresa ha empezado a ampliar su zona de operaciones a territorios limítrofes y sus fuentes de residuos, de momento, paja, gallinaza, y restos lácteos, pero, ¿a futuro?

En el 2025, el Ayuntamiento no informa a la ciudadanía local sobre la AAI, ni del comienzo del expediente de licencia de obras. Considera que: no es su competencia, no está obligado por la ley, la gente ya conoce el proyecto al ser similar al anterior, etc. Esto no es una aplicación de las leyes con ética democrática, ni una buena práctica procedimental de información, como recomiendan el Ministerio de Transición Ecológica y la asociación de empresas de biogás de España.

En el verano de 2026, al de unas semanas de comenzar las obras de la planta, afloran preguntas, dudas y críticas. Su diseño y escala exceden las necesidades locales. El futuro de la planta y de sus riesgos es incierto, y no hay garantías ni compromisos claros, especialmente por parte de la empresa. Las regulaciones regionales, nacionales y europeas no garantizan claramente la sostenibilidad ecológica futura de este tipo de plantas.

En septiembre, el PNV local se posiciona en contra del proyecto de Verdalia: quieren un modelo de planta con menos problemas y riesgos (tráfico de camiones, ruidos, olores, etc.) y más beneficios locales. La plataforma Karrantza Bizirik Stop Biogás ha recogido ya más de 200 firmas de residentes que piden una moratoria cautelar del proyecto; es casi el 10% del censo local (2.650 personas), un porcentaje que en democracias establecidas da derecho a nivel local a una consulta popular y un pleno monográfico con participación ciudadana.

En suma, apoyando el proyecto de Verdalia, quedan Karrantza Zabala (partido local con mayoría absoluta en el Ayuntamiento) y el Gobierno vasco. Los tres deberían aplicar criterios éticos a las normas administrativas y empresariales, pausar las obras, abrir el diálogo para reconducir el proyecto. Sin ética, las leyes no se acercan a la justicia.

Necesitamos una visión común ilusionante en beneficio de todos. Hacemos tres propuestas. Primero, una parada de las obras y un proceso de diálogo, liderado por el Ayuntamiento, entre el sector ganadero y la ciudadanía local, para acordar el papel de la planta en la transición sostenible del valle. Segundo, un plan de transformación de la ganadería láctea que busque la reducción y una mejor gestión de los residuos, con mejoras en la alimentación, combinar prácticas intensivas y extensivas, etc., y la reconstitución de una cooperativa ganadera que también gestione purines, con técnicas aplicadas en establo, barrios o planta, compartir terrenos abonables, etc., todo ello recuperando el espíritu cooperativista de los años 1960-1980. Tercero, una renovada cultura democrática local. Las matemáticas de la democracia convencional y las mayorías absolutas unilaterales no son adecuadas, y menos aún para una comunidad local como Carranza, que debería autogobernarse desde una cultura de diálogo abierto y sincero, como camino al consenso amplio.

En cuanto llueve, la ciudad se llena de pequeños países redondos. Cada paraguas levanta su frontera de tela, su constitución de alambre, su modesto derecho a permanecer seco. Bajo ellos caminan ciudadanos que tropiezan entre sí, se rozan las varillas y disputan quince centímetros de acera con una energía que, aplicada a otros asuntos, mejoraría considerablemente el mundo. 

El paraguas es un invento especial por su falta de ambición. Jamás prometió detener la tormenta. Apenas ofrece un círculo de tregua y deja al viento la facultad de revocarlo todo. En cuanto sopla de costado, la elegancia humana se reduce a sujetar un mango torcido y perseguir un sombrero.

Con los otros temporales ni siquiera sirve consultar el cielo. Llegan por el teléfono antes de que hierva el café. Una ciudad bombardeada, otra familia desalojada, una pensión insuficiente, la fotografía de unos zapatos abandonados junto a una frontera. Alguien deja la taza en la mesa y mira por la ventana. La taza se enfría entre los dedos; afuera, el barrendero empuja las hojas con su paciencia de siempre. Una jornada puede empezar agotada antes de haber empezado.

Una imagen espantosa conmueve el lunes; el jueves ya compite con un escándalo nuevo. La desgracia humana se clasifica, se comenta, se usa para marcar posiciones. A ciertas víctimas se las llora de inmediato. A otras se les exige primero una declaración de principios. El sufrimiento acaba pasando por una aduana ideológica, donde hasta el silencio necesita pasaporte.

Las palabras públicas, sometidas a semejante clima, envejecen mal. Justicia se pronuncia a menudo con la boca llena de privilegios. Libertad sirve igual para defender un derecho que para excusar el atropello de otro. Patria, pueblo, verdad, concordia. Términos capaces de abrigar a una multitud, reducidos por algunos a la dimensión de un garrote. En televisión se reparte la razón con una generosidad un tanto sospechosa, sobre todo cuando la factura la paga quien está mirando.

La discusión política ha perfeccionado una extraña meteorología. El daño causado por los propios se considera llovizna; el del adversario recibe nombre de catástrofe. 

Se exige una opinión inmediata sobre asuntos que necesitarían semanas de estudio y unos cuantos gramos de pudor. Rectificar resulta más escandaloso que mentir con aplomo. El algoritmo, por su parte, conoce el enfado de cada cual y se ocupa de servirlo caliente.

Entretanto, el agua de verdad busca siempre los mismos sótanos. Alguien, calcula cuánto tardarán sus calcetines en secarse antes del siguiente turno. Cerca de allí, también se calcula si podrán alquilar una habitación donde quepan, a la vez, una cama y cierta idea de porvenir. Otra, espera en una consulta mirando una puerta que se abre para otros. 

Desde un salón templado, la resistencia ajena suele parecer una virtud preciosa. La desigualdad también se reconoce por la calidad del paraguas, por quién puede quedarse en casa cuando arrecia y quién debe salir precisamente entonces.

Se admira a quien soporta cualquier desgracia con una sonrisa; pocas veces se pregunta por qué ha tenido que soportarla tanto tiempo. La paciencia puede ser virtud, pero convertirla en obligación perpetua para los más vulnerables es una manera de lavarse las manos sin gastar agua.

También conviene vigilar el paraguas propio. Bajo una causa legítima puede crecer la soberbia. La indignación sirve para despertar conciencias, aunque se estropea cuando empieza a disfrutar del castigo. Un paraguas cerrado, empuñado por el extremo equivocado, se parece demasiado a una porra. Ninguna convicción merece que la crueldad encuentre refugio a su sombra.

La tormenta obliga a elegir a diario qué conservar a salvo. El juicio propio, para no alquilarlo al griterío. La vergüenza, para reconocer un error. La ternura, palabra difícil en tiempos donde cada gesto se sospecha calculado. Y el derecho al cansancio, porque el ánimo no es un edificio público iluminado toda la noche. Incluso la esperanza necesita que de vez en cuando alguien apague las luces.

Al final de la tarde, los paraguas avanzan por la avenida como flores oscuras y apresuradas. El paraguas permanece entero, con sus varillas y su tela intacta. Ha cumplido su oficio. La tela era impermeable. Quien la sostenía, por fortuna, no.

La escritora Reni Eddo-Lodge, en su libro 'Por qué no hablo con blancos sobre racismo', define el privilegio blanco como “la ausencia de las consecuencias negativas del racismo”. Y es que, en sociedades construidas bajo la estructura social de dominación colonial, quienes hemos nacido blancas nunca sentiremos la discriminación por nuestro origen, color de piel o acento. Esto nos hace ciegas y potencialmente insensibles ante las innumerables violencias racistas cotidianas ejercidas por otras y por nosotras mismas. 

La colonial es una de las tres principales estructuras sociales de dominación, las otras dos son el capitalismo y el patriarcado. Así, siguiendo la definición de Eddo-Lodge, podemos definir el privilegio de clase (derivado del capitalismo) como la ausencia de las consecuencias negativas del clasismo, y el privilegio masculino (derivado del patriarcado) como la ausencia de las consecuencias negativas del machismo. Este artículo pretende ser un acercamiento a las formas cotidianas que adopta el privilegio masculino mediante lo que considero un caso paradigmático, el del escritor Luisgé Martín. Porque el privilegio masculino no consiste únicamente en verse libre de determinadas violencias. También proporciona ventajas que suelen pasar inadvertidas para quienes las disfrutan, como la capacidad de hacerse escuchar, de definir los términos de una controversia o de situar la propia experiencia en el centro de la atención pública.

En marzo del año pasado, estalló la polémica por la publicación de su libro 'El odio'. Un libro con el que el autor pretendía adentrarse en la mente de un asesino “monstruoso” mediante una entrevista con él. Ese asesino es José Bretón, un agresor machista que en 2011 decidió acabar con la vida de sus hijas Ruth y José, de 6 y 2 años respectivamente. Las hijas de Ruth Ortiz. Ella, la madre, pidió públicamente y por vía judicial que no se publicase por considerarlo una revictimización, por producirle un dolor indescriptible saber que la voz del asesino de sus hijas podía ser escuchada. 

Ahora Luisgé Martín publica un nuevo libro haciendo uso de lo que él mismo describe como su “turno de réplica”. A raíz de esta nueva publicación, ha realizado entrevistas en algunos de los medios de comunicación de mayor audiencia del país. En esas entrevistas baso este pequeño análisis sobre cómo se manifiesta el privilegio masculino. 

Empiezo con uno de los elementos de este caso que nunca debemos perder de vista: la justicia no impidió la publicación del libro 'El odio'. De lo que el autor dijo en su momento y vuelve a decir ahora puede desprenderse la idea, la sensación de que fue sometido a algo así como una caza de brujas, de que fue atacado y sometido por todos los flancos posibles. No. La justicia, una de las instituciones centrales de nuestra sociedad, que no solo reproduce el imaginario colectivo general, sino que es una de las principales fuentes de construcción de realidad social, avaló la publicación de su libro. El autor lo dice, no lo oculta, pero parece que lo considera un detalle menor a la hora de valorar su supuesto linchamiento social. Pero no es un detalle menor, puesto que, como he dicho, el sistema de justicia construye realidad social. El hecho de que en este caso se haya optado por permitir la publicación del libro envía un mensaje a la población y al autor: puedes hacer lo que has hecho y, además, que te digan lo contrario es injusto. Y, aunque no lo queramos ver, este mensaje, en este caso concreto, contiene el mensaje implícito de que el dolor de una víctima de violencia machista tiene menos importancia que la libertad creativa o de expresión de un escritor. Para alguien tan preocupado por lo que es moral e inmoral y por las posibles derivas peligrosas de las reacciones de la sociedad a determinados temas (véanse sus entrevistas), esto debería ser algo a tener en cuenta. Pero la ceguera que causa la ausencia de las consecuencias negativas del machismo le impide acceder a esta esfera de análisis. 

El segundo elemento que destaco es el uso del victimismo para colocar su dolor en el centro del debate. Una de las declaraciones del escritor ha sido: “No he pensado en suicidarme, pero hubo momentos que deseaba morirme”, añadiendo que ha necesitado tratamiento farmacológico para recuperarse. Seguro que muchas mujeres víctimas de violencia machista han escuchado, incluso en sede judicial, a sus maltratadores decir que el proceso les está causando graves problemas de salud mental (cosa, por cierto, que en estos casos no suele ser cierta). Parte del privilegio masculino consiste en la capacidad para colocar en el centro la subjetividad masculina. Así, la expresión de dolor de un hombre en una situación de conflicto se magnifica dejando en un segundo plano o incluso invisibilizando el dolor de la mujer víctima. 

Y hay otras formas de ocupar el espacio central. A mi juicio, una de las más vergonzosas es la siguiente declaración: “Esto que voy a decir es muy soberbio, pero si alguien tiene empatía con el dolor de Ruth Ortiz fuera de su familia y sus amigos, soy yo, que he convivido tres años con esa idea del monstruo que asesina a sus hijos. Ruth Ortiz, lo digo en 'Desde el odio' [su nuevo libro], es admirable.” No solo es soberbio, es de un nivel de desconocimiento y atrevimiento bochornoso. Recomiendo a Luisgé Martín pasarse por uno de los Encuentros Estatales sobre violencia vicaria y violencia de género institucional que se celebran cada año para saber lo que significa empatizar con las víctimas, para conocer el trabajo incansable de activistas feministas, académicas, juristas, profesionales y madres para acompañar desde todos los lugares posibles a las víctimas de la violencia machista. Me atrevo a asegurar que a ninguna de ellas se le ocurriría entrevistar a un asesino como José Bretón para escribir un libro. Sería bueno que el autor de 'El odio' se preguntase por qué. Pero, para que eso ocurriese, tendría que querer escuchar. No solo a estas compañeras, sino a todas las que llevan siglos describiendo la estructura de dominación patriarcal, la violencia machista, lo cual nos lleva al siguiente elemento constitutivo del privilegio masculino: ignorar el conocimiento de las mujeres y, sobre todo, el de las feministas. 

En su libro 'Las mentiras científicas sobre las mujeres', S. García Dauder y Eulalia Pérez Sedeño muestran las diversas formas de producción de ignorancia científica sobre las mujeres. De las formas que exponen, destaco aquí dos: 

1) “Saber que no se sabe, sin que importe”. Es decir, quienes tienen la posibilidad de iniciar investigaciones o financiarlas deciden no investigar en profundidad sobre el tema en cuestión. Es una decisión de “no saber” tomada desde el privilegio. Por un lado, el autor de El odio, parece no haber investigado en profundidad sobre la forma en que este libro podía contribuir a la revictimización de Ruth Ortiz. Por otro lado, una vez que se ha generado la polémica, parece, por sus declaraciones, que ha decidido no estudiar las bases feministas que fundamentan la oposición a la publicación de su libro. Aunque también es posible que el autor ni siquiera sepa que no sabe de lo que habla, lo que nos lleva a la segunda forma de producción de ignorancia.  

2) “Ni siquiera se sabe que no se sabe”. Se refiere a los puntos ciegos que la estructura de dominación patriarcal genera en quienes investigan (ocurre también, claro está, con el resto de estructuras sociales de dominación). En este caso, puede que esto sea lo que ha sucedido. El escritor ofendido, que ahora hace uso de su “turno de réplica”, tal vez no sea consciente de la enorme laguna de conocimiento que tiene en relación a la violencia machista. Lo cierto es que esta posibilidad, que considero plausible en el caso de la creación y publicación del primer libro, no aplica a su actitud actual. En el tiempo transcurrido entre la polémica por el primer libro y las entrevistas que ahora está realizando, ha tenido la posibilidad de saber, de investigar a partir de las críticas recibidas. Simplemente no ha querido, no le ha importado no saber. Tal vez, si hubiese querido saber, habría entendido por fin eso que tanto le preocupa, el hecho de que la publicación de su libro haya sido criticada sin haberlo leído. 

No hace falta haber leído un libro para cuestionar las condiciones en las que ha sido concebido y publicado, ni para considerar las consecuencias que su publicación puede tener sobre una víctima. La literatura puede y debe explorar las zonas más oscuras de la experiencia humana; también puede intentar comprender a quienes han cometido crímenes terribles. Pero esa libertad no exime de preguntarse por las consecuencias de determinadas decisiones creativas, especialmente cuando afectan directamente a personas que siguen sufriendo los efectos de esos crímenes. La cuestión no es qué puede contar la literatura, sino cómo se cuenta, desde dónde y a costa de quién.

Y es que otra de sus grandes afirmaciones ha sido: “lo que ha ocurrido es muy grave: que un libro se retire por lo que dicen gente que no ha leído el libro y se crea un estado de opinión, que no se deja que los lectores lo lean, forma parte de sociedades prefascistas”.

Lo que forma parte de sociedades prefascistas es la indiferencia ante el dolor ajeno. Lo que caracteriza a una sociedad que va camino de un régimen autoritario y dictatorial es una sociedad civil que no actúa cuando insultan, maltratan o asesinan a sus vecinas. Una sociedad civil que reacciona, que le dice a quien ejerce un daño que no va a tolerar su actitud y que no va a colaborar con él es una sociedad que todavía alberga la esperanza de convertir este mundo desigual en un mundo deseable y habitable.

Cuando se anunció la publicación del libro 'El odio', la asociación de víctimas y supervivientes de violencia machista en la pareja y expareja, Bizitu Elkartea, publicó un pequeño post muy sencillo en el que se decía lo siguiente:

Publicar el libro 'El odio' es colaborar con un asesino machista que quiere seguir haciendo daño a su víctima. La víctima, Ruth Ortiz, se ha pronunciado claramente. No quiere que se publique. Anagrama y Luisgé Martín han decidido revictimizar. Porque yo no colaboro con la violencia machista: no compro 'El odio'; no vendo 'El odio'; no leo 'El odio'.

Este simple mensaje llegó a una de las principales librerías de Bilbao y decidió no venderlo en su librería. Le siguieron otras librerías. Y surgió, gracias a la acción de diferentes asociaciones de todo el estado, un movimiento en redes sociales por parte de numerosas librerías que enviaba el siguiente mensaje: “no en mi librería”. Fue, o quiso ser, un pequeño acto de reparación colectiva. Bizitu y otras muchas decidieron que en el debate público debía haber otras miradas, otras perspectivas de partida, otros marcos de pensamiento. Así es como se manifiesta la sociedad civil organizada: mira, reflexiona, genera una opinión propia y se expresa.

Hay una frase que se repite ya casi como un mantra: todas las personas somos machistas y racistas por educación. Esto ya es un lugar común. Estoy segura de que Luisgé Martín está de acuerdo con esta afirmación. Bien, pues toda la polémica surgida a partir de la publicación de El odio fue una gran oportunidad para el autor y para todos los que se alinearon con él para hacerse responsables de lo que semejante afirmación significa. 

Para un hombre, ser machista por educación significa tener una serie de privilegios que te permiten no mirar hacia determinadas violencias y sufrimientos. Ostentar el privilegio masculino significa no ver aquello que a las mujeres y disidencias de género nos ocurre -nos hacen- por el hecho de ser mujeres y disidentes en sociedades de dominación masculina. Renunciar al privilegio masculino, a cualquier privilegio estructural, es echarte a un lado, escuchar, validar a tus interlocutoras, reflexionar sobre tu forma de actuar y, por supuesto, tratar de situarte respetuosa y generosamente “ante el dolor de los demás”, como diría Susan Sontag.

La antropóloga Deborah Bird Rose, en su precioso libro 'El sueño del perro salvaje', habla de la conectividad, de la necesidad de entender que somos un todo, y define la imprescindible acción de “acercarse” como una “práctica ética que reconoce la existencia de historias de distancia y desastre y, aún así, busca responder al sufrimiento y el gozo de los demás, y a la vida y la muerte de los otros. Ese acercarse, situado en la historia y la relación, busca reparar vínculos, crear mundos hospitalarios para la vida”.

La clave del éxito de las estructuras sociales de dominación es que no seamos conscientes de cómo nosotras mismas las reproducimos, que naturalicemos nuestros privilegios de género, origen y clase (entre otros muchos) y, por lo tanto, que permitamos a otras y nos permitamos a nosotras mismas ejercer violencia de forma más o menos sutil. Desafortunadamente, compartimos el mundo con quienes deciden hacer caso omiso a quienes señalan y desvelan esta realidad y toman la decisión de seguir violentando, convivimos con quienes, como Luisgé Martín, opinan que “El dolor no es la medida de nada. El dolor no puede medirse. Y, además, como escribió Marina Pérezagua, nada aumentará el dolor de Ruth Ortiz, nada lo aliviará”. Afortunadamente, convivimos con muchas personas que deciden acercarse a otras, que deciden mirar, escuchar, cuidar. En ellas nos fijamos, ellas mantienen viva la esperanza.

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Las declaraciones de Luisgé Martín han sido extraídas de las siguientes entrevistas:

Luisgé Martín, después de 'El odio': “Confesar la posibilidad de la compasión fue liberar la jauría”, en 'El Mundo'

Luisgé Martín lamenta “no haber avisado” a Ruth Ortiz, pero dice que no publicar 'El odio' es “de sociedades prefascistas”, en RTVE

Luisgé Martín: “No he pensado en suicidarme, pero hubo momentos que deseaba morirme”, en Cadena Ser

Urdaibai está perdiendo su protección poco a poco. El riesgo avanza silencioso: se debilita la estructura encargada de protegerla, se reduce su capacidad técnica y se impulsan propuestas para modificar los usos del territorio. La pregunta ya no es solo si existe un deterioro administrativo premeditado, sino si se está preparando, paso a paso, un cambio de modelo que relega la conservación a un segundo plano. La Ley 5/1989 establece en su artículo primero un mandato inequívoco: proteger la integridad y potenciar la recuperación de la gea, la flora, la fauna, el paisaje, las aguas, la atmósfera y los ecosistemas de Urdaibai. No es una declaración decorativa. Es la razón de ser de la Reserva y debería orientar y condicionar todas las decisiones sobre su futuro. Se perciben señales inquietantes: faltan proyectos ambiciosos de restauración ecológica, no se conoce una estrategia clara que sitúe la conservación en el centro de la gestión, persisten dudas sobre la actividad sancionadora y sigue pendiente la revisión integral del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). A todo ello se suman cambios en la dirección y en la plantilla que, considerados en conjunto, dibujan una tendencia difícil de ignorar.

Me explico…El caso de la dirección es especialmente revelador. Nicolás García-Borreguero cesó como director-conservador con efectos del 21 de diciembre de 2024. En esa misma fecha pasó a ocupar la Dirección de Administración Ambiental del Gobierno vasco. No corresponde atribuir intenciones sin pruebas, pero la secuencia plantea una pregunta inevitable: ¿por qué se prescinde de quien dirigía la Reserva y, al mismo tiempo, se le sitúa al frente de una dirección ambiental del propio Gobierno vasco, mientras la plaza que deja en Urdaibai continúa sin cubrirse de forma estable? Desde febrero de 2025, la dirección de la Reserva permanece en manos de un responsable provisional, sin que se haya convocado la plaza para su cobertura definitiva. La provisionalidad se prolonga mientras se toman decisiones relevantes sobre el territorio. No parece una forma razonable de garantizar continuidad, liderazgo ni estabilidad en la gestión de un espacio protegido. ¿A quién beneficia que una responsabilidad tan central permanezca sin una dirección titular? ¿Acaso preocupan los perfiles independientes, vocacionales y realmente comprometidos con el medio ambiente que pudieran presentarse a ese puesto?

Los cambios en la plantilla apuntan en la misma dirección. Se ha confirmado la amortización de una plaza de técnico de medio ambiente para reforzar el perfil arquitectónico. No se trata de enfrentar profesiones, puesto que una Reserva necesita conocimientos diversos. Sin embargo, los organigramas también reflejan decisiones políticas y, al modificar la composición de un equipo, cambia su capacidad de gestión y sin duda, tiene consecuencias. Reducir el perfil técnico ambiental debilita la vigilancia, la elaboración de informes y la capacidad de organizar y proteger la Reserva. Este tipo de decisiones resulta difícilmente justificable cuando hablamos del órgano encargado de gestionar la única reserva de la biosfera que tenemos en la comunidad autónoma. Todas estas decisiones deberían ir acompañadas de explicaciones públicas sobre el rumbo de la institución. En cambio, predominan el silencio y la discreción, lo que transmite la impresión de que, muy a su pesar, las instituciones se ven obligadas a mantener vivo el órgano gestor, aunque sea mediante soluciones provisionales y paliativas. En un momento en que la crisis climática y la pérdida de biodiversidad ocupan un lugar central en el debate público, haría falta valentía para explicar con sinceridad qué importancia se concede realmente a un órgano que, dependiendo de quién lo dirija y de la orientación que adopte, puede no plegarse a los intereses institucionales. En este caso, el Patronato pierde todo interés para las instituciones y pasa a ser, una piedra en el camino. El Patronato no es un órgano ornamental. La ley le encomienda velar por los fines de la Reserva, promover actuaciones para defender sus valores, informar sobre el PRUG y sus revisiones, y pronunciarse sobre planes, proyectos y usos que afecten al territorio. Sin embargo, preocupa que su papel parezca cada vez más limitado mientras se impulsan desde otros ámbitos decisiones que condicionan el futuro de Urdaibai. Una Reserva no se protege únicamente manteniendo una ley en vigor: necesita instituciones con capacidad real para aplicarla y hacerla cumplir.

Y, en relación con ese deber de hacer cumplir la ley, sería conveniente conocer qué ocurre con los expedientes sancionadores y con los informes solicitados por particulares, asociaciones o municipios que acuden al Patronato en busca de autorización, asesoramiento u orientación. Un caso especialmente relevante es el de los municipios que tramitan sus planes generales de ordenación urbana. Murueta, por ejemplo, se encuentra redefiniendo su planificación urbanística tras la anulación del proyecto Guggenheim Urdaibai. En estos momentos está tramitando la adenda correspondiente a la parcela ocupada por Astilleros de Murueta, una zona de gran valor ecológico sobre la que sería importante conocer el criterio del Patronato. En este contexto surgen preguntas que merecen respuesta: ¿cuántos expedientes se han iniciado, tramitado y resuelto? ¿Llegan a los ayuntamientos los informes técnicos elaborados por el Servicio de la Reserva? ¿En qué plazos? La transparencia no es opcional. Una norma que no se controla pierde capacidad protectora; un informe que no llega a tiempo deja de influir en las decisiones.

Otra cuestión pendiente es la revisión integral del PRUG. Pese a que el plan vigente fue aprobado en 2016 y ha experimentado modificaciones posteriores, sigue faltando una revisión global que responda a las necesidades actuales y futuras de la Reserva. Urdaibai necesita una visión a largo plazo: qué ecosistemas deben recuperarse, qué presiones pueden soportar y qué actividades son compatibles con sus valores. La planificación debe anticiparse a las demandas y garantizar que la economía se adapte a los límites ecológicos, no que la protección se acomode a cada nueva oportunidad económica, por mucho que esta se presente bajo la etiqueta de proyecto de interés superior. En este contexto debe entenderse la proposición de ley presentada por el PNV y el PSE en junio de 2026 para simplificar y agilizar procedimientos relacionados con la actividad económica sostenible. La iniciativa también modifica la Ley de Urdaibai y plantea cambios en determinados usos del estuario, entre ellos la navegación recreativa y las instalaciones náuticas. Resulta difícil comprender tanto el objetivo perseguido -abrir la puerta a usos que la legislación vigente de Urdaibai no permite- como el procedimiento elegido, que vuelve a situarnos ante la lógica del “sí o sí”. Se pretende modificar la ley específica de la Reserva sin que se haya consultado previamente al Patronato ni se haya contado con el conocimiento técnico de los expertos que participaron en las comisiones. Se opta por una mayoría parlamentaria que puede aprobar la iniciativa, pero que no debería sustituir la búsqueda de un consenso amplio en una cuestión tan sensible. ¿Qué sentido tiene modificar las reglas de protección de Urdaibai sin escuchar previamente al órgano llamado a velar por sus valores? No se trata de atribuir al Patronato un poder de veto que no tiene, sino de exigir que su conocimiento técnico y su función institucional se tengan en cuenta antes de cambiar las reglas. Está en juego, además, el espíritu de consenso político que hizo posible la Ley de 1989. La coincidencia de estas decisiones no demuestra por sí sola la existencia de un plan deliberado. Pero tampoco puede despacharse cada una de ellas como un hecho aislado. Si no se cubre de forma estable la dirección, se reduce el personal ambiental, se refuerza otro perfil, el Patronato pierde protagonismo y, al mismo tiempo, se promueven cambios en los usos del territorio, el efecto conjunto puede ser un desplazamiento progresivo del modelo de protección. Las intenciones deben demostrarse con hechos; las decisiones y sus consecuencias, en cambio, deben examinarse con rigor. Por eso es legítimo preguntarse si estamos ante un declive intencionado y exigir explicaciones.

Si la finalidad de Urdaibai es proteger y recuperar sus ecosistemas, ¿por qué las decisiones que condicionan su futuro parecen dedicar tanta energía a facilitar nuevos usos y tan poca a reforzar los instrumentos de conservación? Defender Urdaibai no significa estar en contra de la actividad económica ni del desarrollo de la comarca. Significa recordar que el desarrollo sostenible sólo existe si respeta los límites ecológicos del territorio. Hacen falta más garantías, no menos. Empecemos por cubrir de forma estable la plaza de director-conservador, mantener y reforzar la capacidad técnica ambiental y confiar en el buen hacer de los mismos que son los que saben, publicar los datos sobre vigilancia y sanciones, garantizar que los informes se tramiten y lleguen a sus destinatarios en los plazos adecuados, devolver al Patronato una función activa y transparente e impulsar una planificación centrada en la restauración ecológica. Cualquier modificación legal debe contar con información pública, una evaluación rigurosa y una participación efectiva.

Urdaibai no necesita que la conservación siga figurando en los discursos. Necesita que vuelva a ser la prioridad real de la gestión, de la planificación y de las decisiones políticas. Urdaibai solo hay una. Protegerla es obligación de todos.

En 1995, la socióloga y psicóloga del MIT Sherry Turkle publicó 'Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet' (traducido como 'Vida en la pantalla'). En aquel momento, la red global era un vasto territorio de promesas y proyectos, foros de discusión y entornos multiusuario (MUDs) donde el anonimato se percibía como una herramienta de emancipación. Turkle argumentaba que la pantalla funcionaba como un laboratorio de la identidad, un espacio donde los individuos podían fragmentarse, explorar múltiples facetas del yo y liberarse de las limitaciones físicas y sociales del mundo analógico. Casi en paralelo, sociólogos como Manuel Castells teorizaban en su monumental trilogía 'La era de la información' (1996) sobre el nacimiento de la “sociedad red”, un paradigma descentralizado que prometía disolver las jerarquías verticales gracias a la horizontalidad del flujo digital. El ciberespacio era, en esencia, un entorno maleable y democrático.

Para comprender cómo este entorno emancipatorio se transformó en un panóptico digital, es imperativo inscribir los últimos treinta años en una mutación macroeconómica de mayor alcance. La infraestructura digital que habitamos hoy no surgió en el vacío, sino como la fase culminante de la reconfiguración del capital global. Las crisis estructurales de la década de 1970 agotaron el régimen de acumulación fordista, dando paso a lo que los sociólogos Scott Lash y John Urry denominaron “capitalismo desorganizado”. En esta nueva fase, las economías occidentales experimentaron una desindustrialización acelerada, la dispersión geográfica de la producción y la flexibilización de los mercados financieros y laborales.

Esta desorganización fue rápidamente encauzada por la era neoliberal, un proyecto político y económico que promovió la desregulación de los mercados, la privatización de los servicios públicos y la mercantilización de esferas de la vida que antes quedaban fuera del circuito comercial. La revolución tecnológica microelectrónica de finales de siglo se convirtió en el motor material indispensable para este giro global: la digitalización y la conectividad permitieron que los flujos de capital, información y mercancías circularan instantáneamente a escala planetaria, diluyendo las fronteras estatales y transformando al antiguo trabajador industrial fordista en un consumidor atomizado y permanentemente interconectado. La “vida en la pantalla” que Turkle analizaba en 1995 representaba la vanguardia cultural de esta transición, y la subjetividad humana comenzaba a ser colonizada por las tecnologías informacionales de la globalización neoliberal.

Sin embargo, como advirtió tempranamente el crítico Evgeny Morozov en 'El desengaño de internet' (2011), bajo la apariencia de una plaza pública digital sin fronteras se estaba gestando el tecno-optimismo ingenuo que facilitó la captura y comercialización absoluta de la atención humana por parte de corporaciones transnacionales. Este hallazgo consolidó lo que la socióloga de Harvard Shoshana Zuboff denominó en su obra cumbre de 2019 el “capitalismo de la vigilancia”. En esta fase evolutiva, analizada también por Nick Srnicek en 'Capitalismo de plataformas' (2016), las empresas de internet abandonaron su función de meros intermediarios neutros para convertirse en infraestructuras extractivas de datos. 

Las plataformas ya no buscaban facilitar que el usuario explorara su identidad de forma libre, sino retener su mirada el mayor tiempo posible para monetizarla a través de publicidad hiperdirigida y modelos predictivos de conducta. Para lograrlo, los ingenieros de Silicon Valley rediseñaron la interfaz introduciendo mecanismos de refuerzo intermitente basados en la psicología conductista de B.F. Skinner —como el 'scroll' infinito y las notificaciones 'push'—, transformando las pantallas en lo que el tecnólogo Tristan Harris describe como “máquinas tragamonedas de bolsillo”.

La consecuencia más profunda de esta evolución ha sido la sustitución de la comunidad orgánica por el algoritmo de recomendación opaco. Si en los noventa el usuario navegaba activamente buscando contenido, hoy el contenido asedia pasivamente al usuario. Plataformas contemporáneas como TikTok representan la sofisticación máxima de lo que los investigadores Nick Couldry y Andreas Hepp denominan 'La construcción mediática de la realidad' (2016): un flujo continuo de estímulos que aprende en milisegundos de las microconductas del usuario (los segundos de pausa, la velocidad de deslizamiento). Este diseño no solo ha transformado los hábitos de consumo, sino que, como señala el neurocientífico Michel Desmurget en 'La fábrica de cretinos digitales' (2019), ha modificado la propia estructura cognitiva del ciudadano, habituándolo a una gratificación instantánea y reduciendo drásticamente los periodos de atención profunda y lectura crítica.

En esta encrucijada emerge el conflicto fundamental de nuestra era: la colisión asimétrica entre la democracia, el mercado y los algoritmos. Cuando los algoritmos se convierten en el brazo operativo del mercado dentro del espacio público, se produce una peligrosa subordinación de los procesos democráticos a los imperativos financieros corporativos. Los algoritmos no están programados para maximizar la verdad, el consenso o la justicia social; están diseñados para maximizar el 'engagement' productivo. El mercado digital, por tanto, instrumentaliza los sesgos psicológicos de la ciudadanía. 

Cuando los algoritmos se convierten en el brazo operativo del mercado dentro del espacio público, se produce una peligrosa subordinación de los procesos democráticos a los imperativos financieros corporativos

Las plataformas actúan como amplificadores automáticos de la indignación moral porque la rabia es la emoción que más retiene la atención. La polarización y el conflicto se convierten en mercancías altamente rentables. y se debilita la capacidad de los Estados para regular un poder transnacional que opera a la velocidad del código matemático. Las plazas públicas digitales se transforman así en cámaras de eco hiperpolarizadas de inmediatez reactiva. Esta mercantilización algorítmica de la atención ha destruido un pilar invisible pero fundamental de la cultura democrática y de la vida en la polis: la fricción cívica de la deliberación, las pausas de espera y los encuentros forzados. 

El éxito financiero de este modelo ha desencadenado la crisis sistémica que domina los debates públicos actuales: la constatación del daño multidimensional que causan estas interfaces. El impacto en la salud mental de niños y adolescentes se ha convertido en una urgencia epidemiológica. El psicólogo social Jonathan Haidt, en su influyente libro 'La generación ansiosa' (2024), documenta cómo la coincidencia temporal entre la adopción masiva del smartphone y el auge de redes sociales basadas en la imagen visual provocó una “gran reconfiguración de la infancia”. 

La pantalla ya no es el laboratorio seguro de la identidad que describía Turkle en los noventa, donde el error se diluía en el anonimato del texto. Hoy, como demostró la investigadora Danah Boyd en 'It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens' (2014), los jóvenes habitan públicos en red caracterizados por la persistencia y la escalabilidad de sus interacciones. La identidad está expuesta a un escrutinio cuantitativo permanente y a estándares de comparación estética distorsionados por filtros de inteligencia artificial, lo que ha disparado los índices de ansiedad, depresión y dismorfia corporal.

La propia Sherry Turkle corrigió el optimismo de sus tesis iniciales en trabajos posteriores como 'Alone Together' (2011) y 'Reclaiming Conversation' (2015). Su evolución intelectual refleja el desencanto de toda una época. De celebrar la pantalla como una extensión enriquecedora y terapéutica de la psique humana, las investigaciones contemporáneas han pasado a analizarla como un vector de aislamiento y enajenación. La paradoja de nuestro tiempo es que habitamos el momento histórico de mayor conectividad técnica y, simultáneamente, padecemos una epidemia global de soledad y atomización social.

La respuesta ante este panorama no puede ser el ludismo ingenuo ni la resignación apática. El debate académico y civil actual camina con firmeza hacia la necesidad de una regulación estatal estricta y una reconfiguración ética del diseño tecnológico. Iniciativas legislativas como la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea o las demandas judiciales colectivas interpuestas por distritos escolares en diversos países occidentales marcan un punto de inflexión legal. 

Restaurar la autonomía del ciudadano en el entorno digital requiere desmantelar la lógica del hiperconsumo de la atención y devolver a las pantallas su función original: la de ser ventanas abiertas al conocimiento, la diversidad y el encuentro humano genuino, y no espejos deformantes que mercantilizan nuestra vulnerabilidad psicológica.

Todo es situarse. Te sitúas en un momento determinado de tu vida en un lugar determinado y casi sin apenas darte cuenta ya has condicionado el resto de tu existencia. En tiempos de la asistencia casi obligatoria a la iglesia, todo dependió de si te situaste en los primeros bancos para atender religiosamente a la homilía del párroco de tu parroquia o por el contrario te situaste en los últimos bancos para así haraganear, hurgarte despreocupadamente la nariz o mentarte para tus adentros algún estribillo de alguna canción hortera con la que proteger tu cerebro de las tétricas admoniciones del párroco.

Luego, en la facultad, ya más metido en la terrenal confusión del mundo, el demonio y la carne, todo dependió de si te situaste en los pupitres más cercanos a la tarima donde el catedrático declamaba magistralmente la lección o de si te situaste en los pupitres más alejados donde, desatendiendo las explicaciones del catedrático, los alumnos solían matar las horas soñando con los alcoholes de Apollinaire, los mares del sur, los placeres sensuales celebrados al sol en alguna isla del Mediterráneo o las heladas llanuras que atraviesa el Transiberiano hasta desembocar en el océano Pacífico.

Los narcotraficantes gallegos, los nazis, la alcaldesa de Marbella, coqueteando, siempre, con una de las dos identidades anteriores, el personaje que hizo famosa a Lina Morgan resucitado ahora en la comunidad de Madrid, los monjes benedictinos del Valle de los Caídos, los jueces golpistas, el juez Marchena y su entorno, los propietarios de los grandes medios de comunicación que nos han metido a los bárbaros en nuestras casas, los matones de Desocupa, el tragón del Ventorro, las entidades financieras que no han devuelto ni un euro de los más de 60.000 millones que les prestamos, las beatas que comulgan tres veces al día mientras tildan de prostitutas a las feministas, los tenedores de miles y miles de casas y muchos de los lustrosos comensales de la boda lujosamente imperial de la hija de José María Aznar celebrada en el Monasterio de El Escorial.

Todos estos ciudadanos, entre otros bienpensantes e ilustrísimos de turno, se presentan casi en coalición a las elecciones generales a celebrar el próximo 29 de noviembre con el católico propósito de hacerse, de nuevo, con la presidencia del Gobierno de este ruidoso país. “A veces uno sabe de qué lado estar, donde situarse, simplemente viendo quienes están del otro lado”. Leonard Cohen.

Llegamos un año más al 18 de octubre, Día Mundial de la Menopausia, y quizá uno de los cambios más significativos sea que ya no podemos decir que de la menopausia no se habla. Se habla. Y cada vez más.

La menopausia ha ido dejando atrás el tabú y la vergüenza que durante tanto tiempo la rodearon de silencio. Poco a poco, las mujeres han empezado a hablar de ella sin tantos reparos, incluso a abordar con humor los cambios que experimentan y a compartir anécdotas allí donde antes apenas había palabras. Ha llegado incluso al 'prime time': vemos a mujeres luciendo abanico ante las cámaras, sin esconder los sofocos, y a mujeres conocidas que hablan abiertamente de los cambios físicos y emocionales, del sueño, de cómo viven su cuerpo y de cómo esta etapa puede influir en el deseo y en sus encuentros eróticos.

Por fin, la menopausia empieza a ocupar el espacio público. Y eso, sin duda, es un avance.

Que una mujer pueda hablar de cómo esta etapa afecta a su vida cotidiana sin sentir que tiene que disculparse por ello no es una cuestión menor. Significa que algunas experiencias que durante décadas se minimizaron o se vivieron en silencio empiezan a tener espacio y reconocimiento. Y también que las mujeres pueden reconocerse en las experiencias de otras, descubrir que no están solas y encontrar palabras para explicar lo que les sucede.

Pero hablar más de menopausia no significa necesariamente comprenderla mejor. Aunque hemos avanzado en visibilidad, siguen existiendo retrocesos que nos recuerdan todo lo que queda por hacer.

Uno de los problemas más preocupantes de este último año ha sido el desabastecimiento de determinados tratamientos hormonales. Detrás de esta situación confluyen factores como el aumento de la demanda, las dificultades de fabricación y la concentración de la producción en un número reducido de laboratorios. Pero, más allá de sus causas, lo importante es que sus consecuencias recaen sobre quienes necesitan estos medicamentos para cuidar su salud y su calidad de vida.

Además, el desabastecimiento no afecta únicamente a mujeres que recurren a la terapia hormonal durante la menopausia. También puede afectar a mujeres con insuficiencia ovárica prematura, a quienes han pasado por una menopausia quirúrgica y a mujeres trans que necesitan determinados tratamientos hormonales como parte de su atención y bienestar. Para algunas de estas últimas, la hormonación puede contribuir a vivir con mayor comodidad en su cuerpo, en consonancia con quiénes son.

Las circunstancias son distintas, pero todas merecen acceder a los tratamientos que necesitan, sin tener que afrontar la incertidumbre que genera su falta de disponibilidad.

Este problema no debería convertirse en el centro de toda la conversación sobre la menopausia, pero tampoco podemos ignorarlo. Porque nos obliga a preguntarnos qué ocurre cuando las necesidades relacionadas con la salud de las mujeres encuentran dificultades de acceso y qué responsabilidad tienen las instituciones y las compañías farmacéuticas a la hora de garantizar un suministro adecuado.

En este contexto cabe hacernos otra pregunta, incómoda pero legítima: ¿la respuesta sería la misma si un desabastecimiento prolongado de algún medicamento afectara de manera mayoritaria a los hombres?

No podemos saberlo, pero lo intuimos. Plantearnos esta posibilidad nos lleva a otro lugar: el lugar que han ocupado históricamente las mujeres en la investigación y en la atención sanitaria.

Durante demasiado tiempo, buena parte de la investigación biomédica ha tomado el cuerpo masculino como referencia. En numerosos estudios, las mujeres estuvieron infrarrepresentadas o fueron excluidas porque sus ciclos hormonales se consideraban una dificultad para interpretar los resultados. En lugar de estudiar siempre esas diferencias, muchas veces se optó por reducir las variables y asumir que los resultados obtenidos en hombres podían aplicarse también a las mujeres.

El problema no es que se investigara el cuerpo masculino, sino que con mucha frecuencia se diera por hecho que sus resultados representaban a todo el mundo.

Hoy sabemos que existen diferencias relevantes, por ejemplo, en la salud cardiovascular, en la manifestación de algunas enfermedades y en la respuesta a determinados tratamientos. Sin embargo, todavía quedan preguntas por responder y diferencias que comprender. Y la menopausia es uno de esos ámbitos en los que necesitamos seguir investigando.

Este mismo año hemos tenido un ejemplo preocupante. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) tuvo que retirar un informe sobre alimentación y menopausia después de que se señalara que algunas de sus recomendaciones se apoyaban en datos procedentes de estudios realizados exclusivamente en hombres. La agencia anunció que elaboraría un nuevo informe para sustituir al anterior.

No es una cuestión menor: plantea una pregunta de fondo. ¿Cómo vamos a comprender bien lo que les ocurre a las mujeres si, cuando faltan datos específicos sobre ellas, seguimos recurriendo a resultados obtenidos en cuerpos masculinos?

No se trata de construir una ciencia para mujeres frente a otra para hombres. Se trata de comprender que los cuerpos no son idénticos y que esas diferencias importan. Investigar las particularidades de la salud femenina es una condición para conocer mejor la salud humana.

Como ya hemos dicho, en el último tiempo hemos conseguido que la menopausia llegue al 'prime time'. Ahora necesitamos que llegue con la misma fuerza a la investigación científica y a las políticas públicas.

Pero hay algo más que debemos tener en cuenta. La solución tampoco pasa por convertir la menopausia en una enfermedad ni por hacer de ella un mercado en el que cada cambio corporal parezca necesitar un producto, una intervención o una promesa de recuperación.

El climaterio es una etapa de transición entre el periodo reproductivo y el no reproductivo. Puede comenzar años antes de la última menstruación y cada mujer lo experimenta de una manera diferente. Algunas apenas perciben cambios; otras atraviesan síntomas que afectan de forma importante a su descanso, su estado de ánimo, su cuerpo o su sexualidad.

Necesitamos poder hablar de todo ello sin reducir la experiencia a una lista de síntomas y sin dar por hecho que todas las mujeres viven esta etapa de la misma manera.

No se trata solo de conocer qué ocurre en el organismo, sino de encontrar un lugar para esos cambios en nuestra forma de entender el cuerpo y la vida. De disponer de información, de poder expresar dudas, de compartir experiencias y de pedir ayuda cuando sea necesario. De integrar esta etapa sin vivirla necesariamente como una pérdida. Porque aceptar que algo forma parte de la vida no significa resignarse a padecerlo. La pubertad también es una etapa de transformación corporal y emocional, y no por eso dejamos a quienes la atraviesan sin información, acompañamiento o atención cuando surgen dificultades.

Con la menopausia debería ocurrir algo parecido: comprenderla sin patologizarla, acompañarla sin trivializarla y atender sus dificultades sin convertir toda la experiencia en un problema que haya que solucionar. Reconocerla como una etapa más de la vida, con sus cambios y sus posibles dificultades, pero también con la posibilidad de descubrir otras formas de habitar el cuerpo y relacionarnos con nosotras mismas y con los demás.

Con la menopausia debería ocurrir algo parecido: comprenderla sin patologizarla, acompañarla sin trivializarla y atender sus dificultades sin convertir toda la experiencia en un problema que haya que solucionar

Y aquí aparece una cuestión que, desde la sexología, me parece fundamental: la menopausia no sucede fuera de las relaciones. Sucede en cuerpos que conviven, se acompañan, se desean, comparten rutinas y construyen vínculos.

Por eso, la información no puede dirigirse únicamente a las mujeres que atraviesan esta etapa. También tiene que llegar a sus parejas, a sus familias y a las personas con las que comparten su vida. Porque convivir con alguien no significa necesariamente comprender lo que le sucede, y el desconocimiento puede dar lugar a interpretaciones equivocadas, distancias o desencuentros.

Es cierto que compartir una experiencia corporal puede facilitar la comprensión de determinados cambios. Pero no necesitamos experimentar lo mismo para acercarnos a la vivencia de otra persona. Necesitamos información, escucha y disposición para comprender. La empatía no exige haber pasado por lo mismo, sino reconocer que lo que le ocurre a la otra persona es real, aunque no podamos sentirlo en nuestra propia piel.

Y esto importa en las relaciones de cualquier orientación, así como en los vínculos familiares. No se trata de que todo el mundo tenga que vivir la menopausia para entenderla, sino de que nadie tenga que atravesarla sintiendo que debe explicarse constantemente o gestionar en soledad todo lo que va cambiando.

Quizá ese sea uno de los grandes retos que todavía tenemos por delante. Hemos empezado a hablar de menopausia, pero necesitamos ampliar la conversación: salir de la consulta, de las redes sociales y de los programas de televisión para que llegue también a las casas, a las relaciones y a la manera en que entendemos el paso del tiempo.

La menopausia nos sitúa ante preguntas que van más allá de las hormonas. Nos habla de nuestra relación con el tiempo, con la identidad y con los cuerpos que cambian. También nos obliga a preguntarnos qué valor damos a las mujeres cuando envejecen y si somos capaces de reconocerlas sin exigirles que permanezcan siempre jóvenes, disponibles, deseantes o iguales a quienes fueron.

Quizá una parte importante de lo que tenemos pendiente sea precisamente esa: dejar de mirar cada cambio corporal como algo que hay que corregir y empezar a preguntarnos qué necesita cada mujer para vivirlo de la mejor manera posible. A veces será información; otras, atención sanitaria, tratamiento, acompañamiento o, sencillamente, un espacio donde poder hablar sin sentirse juzgada.

Este 18 de octubre, celebremos que la menopausia se nombre, que haya llegado a las conversaciones públicas y que cada vez más mujeres puedan hablar de ella sin vergüenza. Pero no confundamos haber roto el silencio con haber terminado el trabajo.

Esperemos que esta apertura no se quede solo en las palabras. Que se traduzca en más conocimiento, mejores respuestas sanitarias y decisiones que tengan en cuenta la experiencia de las mujeres. Que la menopausia pueda vivirse sin tener que ocultar lo que se siente, justificar las propias necesidades ni responder a la exigencia de seguir siendo la misma mujer de siempre. Porque cambiar también forma parte de la vida, y ninguna mujer debería sentir que tiene que disculparse por ello.

Supongo a la consejera de Educación del Gobierno Vasco preocupada, como si fuera Alicia, la protagonista de la segunda obra de Lewis Carroll, meditando cómo debe ser el mundo al otro lado del espejo de su casa. Y no es para menos, dados los enormes chaparrones recibidos desde este comienzo de curso escolar 2026-2027. Es de suponer que a la “nueva Alicia” le gustaría poder atravesar ese mágico espejo y observar con nervios el futuro de su Departamento. 

Un futuro incierto, porque la gestión desarrollada en estos años es cada vez más confusa, errática y genera desconfianza en propios —el conjunto de sus trabajadoras y trabajadores— y extraños —la propia sociedad vasca—. En el primer caso, la falta de seriedad en la aplicación de los acuerdos firmados en los distintos convenios está agotando la paciencia de los sindicatos de enseñanza. Lentitud, reinterpretación de lo escrito, encadenamiento de reuniones maratonianas con escasos avances reales son algunas de las principales quejas que no sirven sino para tensar unas relaciones nunca demasiado distendidas. 

En el caso de la sociedad vasca, el asombro está dejando vía libre a la indignación. En el escaso tiempo transcurrido de este nuevo curso, al menos dos medidas adoptadas por el Departamento de la “otra Alicia” han provocado comentarios desalentadores para las y los dirigentes de Lakua. El primero de ellos vino tras conocerse la noticia del incremento presupuestario que la Consejería de Educación destinaba a los centros educativos concertados: 15 millones de euros más, para alcanzar la cifra total de algo más de 322 millones, un 4,9% más para este ejercicio, con respecto al curso 25/26. Este dato se complementa con el del crecimiento de aulas de centros privados que se conciertan (48 unidades más) con una subida porcentual del 1,39%. Si no fuese suficiente, el problema se acentúa con la incapacidad de la consejera de eliminar el cobro de cuotas de mantenimiento a las familias, que los centros concertados aplican, aunque se comprometió a llevar a cabo hace ya más de un curso.  

Y, lejos de minimizar el problema, este aumenta cuando se relaciona con el cierre traumático de centros públicos (4 en Bizkaia, este último curso), bajo el argumento de la baja tasa de natalidad que viene sufriendo la sociedad vasca desde hace ya más de un quinquenio. Nunca como hasta ahora se había observado con tanta claridad el decantamiento en el trato dedicado por la administración vasca en favor de una de las dos redes educativas, la concertada. Es así muy recomendable recordar las palabras de Tony Judt ('Algo va mal', Santillana, 2011) al referirse a los bienes públicos, del que la Educación es una referencia ineludible: “Si los servicios públicos se devalúan a los ojos de los ciudadanos y son sustituidos por servicios privados al contado, perdemos el sentido de que los intereses y las necesidades comunes deben predominar sobre las preferencias particulares y el beneficio individual”.

Volviendo a la novela de Carroll, da la impresión de que la consejera se encuentra cómoda, moviéndose entre el absurdo y la lógica de decisiones que provocan continuas reacciones de protesta, pero que, aparentemente, no tuercen en absoluto su apuesta por este sector privado. 

La segunda noticia del Departamento de Educación tiene que ver con los resultados obtenidos por el alumnado vasco en el informe PISA 2025. Para ello cambiaré de espejo, abandonando con tristeza a nuestra agradable Alicia para sustituirla por el agente Fred Leiser, en la novela “El espejo de los espías”, inactivo espía británico en plena Guerra Fría, de escaso nivel educativo y nostálgico de la guerra europea.  

Comparto la valoración de quienes consideran PISA una herramienta que proporciona datos relevantes sobre una forma concreta de educar, una visión específica de entender la educación; la evaluación de la OCDE valora competencias del alumnado que demanda un mercado laboral capitalista, creando futuros trabajadores/as perfectamente alineados para un tipo de sociedad concreto. Este esquema queda alejado —por no decir enfrentado— a otro tipo de formación más humana, generadora de pensamiento crítico, políticamente comprometida con la democracia participativa y constructora de sociedades más solidarias. Es por ello que subscribo las palabras de Xavier Besalú al definir el nuevo capitalismo con el que convive la educación: “El nuevo capitalismo propugna un modelo de persona ente todo flexible y adaptable; individualista e independiente de los demás, sin proyectos a medio y largo plazo, porque lo único que importa es el presente y el futuro más inmediato, sin ataduras con el pasado, que constituirían sólo un estorbo, y sin hipotecas de futuro, que lo podrían condicionar todo”.

No obstante, como explican EsadeEcPol y Save The Children en su informe conjunto sobre PISA, como sistema de evaluación mundial, cada vez más gobiernos se involucran en este proceso (91 países, más de 760.000 jóvenes de 15 años), los datos de 2025 —además de indicar el valor estándar en matemáticas, lectura y ciencias— también diagnostican el estado de equidad o igualdad de oportunidades en la Educación, una cuestión que permite explorar sobre el famoso ascensor social atribuido al aprendizaje escolar. Lamentablemente, tampoco en este apartado los datos vascos consiguen cambiar el sentido decadente manifestado en pruebas anteriores y que lo han relegado a las últimas posiciones del listado español de CC.AA.  

John Lecarré plantea, de forma sarcástica, en “El espejo de los espías” la necesidad de recuperar el prestigio de un departamento de inteligencia diezmado investigando rumores sobre misiles soviéticos en la frontera alemana. Valga la metáfora para entender los intentos ímprobos de la Consejería que dirige Begoña Pedrosa por anticiparse a los datos de PISA con una intervención que pretendía celebrar los resultados de la última evaluación diagnóstica, datos que no eran tan buenos y que tan solo presentaban una mejoría en competencia lectora, especialmente en el alumnado que estudiaba en su lengua materna. Sin embargo, nada se hizo público, por ejemplo, sobre los desastrosos resultados de Euskadi en la prueba PIRLS 2016 (medición de la compresión lectora en alumnado de 4º de Primaria), ni de otras evaluaciones diagnósticas, poco afortunadas.  

Por cierto, desde entonces, Euskadi no ha vuelto a participar en PIRLS y se ha debido esperar a PISA para que el Departamento se vaya visto compelido a mover alguna ficha concreta con los planes específicos de lectura.  

Francisco Luna —una autoridad en la evaluación educativa, conocedor de las continuas pruebas de todo tipo realizadas, desde varios años atrás— recordaba recientemente que el sistema educativo vasco no va bien y poco —o nada— se ha intentado hasta la fecha para variar su tendencia: “… se presentan multitud de planes y proyectos con títulos enfáticos (estrategia integral para la mejora, plan estratégico integral para la transformación de la escuela pública…)” que no se evalúan, cuyos resultados se desconocen o que no transforman de forma evidente las carencias detectadas. 

La consejera también podría colocarse ante el espejo mágico que los hermanos Grimm atribuyen a la madrastra de Blancanieves, aunque en este caso, debería cambiar la célebre, pero narcisista pregunta por otra que le pudiera arrojar más luz ante el cariz deprimente en el que está inmerso su Departamento. Sugiero algunas de ellas: “Espejo, espejito mágico, dime una cosa ¿Qué podemos hacer para salir de una vez por todas del pozo en el que ha entrado nuestra educación? ¿A quién debemos dirigirnos para que cambie la actual tendencia? ¿Conoces algún programa/proyecto que haya dado buenos resultados y podamos implementar? ¿Tendremos que modificar la política lingüística a la que hemos dedicado tanto esfuerzo humano y económico? ¿Hasta cuándo podremos mantener el argumento de la sobreexposición a las pantallas como una de las justificaciones del deterioro de nuestros jóvenes? 

Los espejos de Alicia, Fred Leiser o la reina malvada de Blancanieves no son la solución. El único espejo al que el Departamento debería prestar atención es el que señalaba Josep Fontana en su obra 'Europa ante el espejo' (Crítica, 1994). Este maestro de historiadores/as señala las principales lagunas y malas enseñanzas de la historia del continente y para ello planteaba la siguiente reflexión: “Necesitamos salir de la galería de los espejos deformantes en que está atrapada nuestra cultura. Sólo entonces podremos empezar a estudiar las sociedades humanas en el gran libro del mundo y emprender la tarea de desmontar esa visión lineal del curso de la historia que interpreta mecánicamente cada cambio como una mejora, cada nueva etapa como un progreso…”. Atención, consejera, cuidado con los espejos deformantes, porque acaban distorsionando la realidad. Deberemos cambiar nuestra manera de ver y entender las cosas, aunque no sea fácil.  

Marina Garcés ('Escuela de aprendices', Galaxia Gutenberg, 2020) plantea también un espejo en el que no queremos mirarnos, con preguntas temerarias como “¿de qué sirve saber, cuando no sabemos cómo vivir? o ¿para qué aprender, cuando no podemos imaginar el futuro? Según la autora necesitamos preguntarnos como sociedad ¿para qué queremos ser educados? Y añado ¿tendrá la consejera la respuesta?