Castilla-La Mancha vuelve a anunciar promociones de viviendas protegidas sobre suelo público. La noticia podría parecer, a primera vista, un paso en la buena dirección. Y lo es. Necesitamos construir más vivienda asequible y aprovechar lo público para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Pero… ¿Qué ocurrirá con esas viviendas dentro de quince años?

La respuesta es sencilla. Dejarán de ser viviendas protegidas. A partir de ese momento podrán venderse al precio que cada propietario considere y el esfuerzo público que hizo posible esa promoción desaparecerá definitivamente.

Es una historia que ya hemos vivido. Desde los años ochenta se han construido casi tres millones de viviendas protegidas, según un informe de CCOO de 2024, con ayudas públicas, suelo público e importantes ventajas para promotores y compradores.

Aquellas promociones resolvieron problemas inmediatos de acceso para muchas familias, pero la inmensa mayoría acabó descalificándose al cabo de unos años. Sólo medio millón mantienen algún control de precios. Muchas, forman hoy parte del mercado libre y se venden por cientos de miles de euros más de lo que costaron.

El resultado es paradójico. El dinero público sirvió para facilitar el acceso a una vivienda una sola vez. Después, el beneficio generado por esa inversión dejó de ser colectivo para convertirse en beneficio privado.

Y, sin embargo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García-Page, ha decidido volver a recorrer ese mismo camino. Las promociones anunciadas en Toledo y Azuqueca de Henares se construirán sobre suelo público vendido a promotores privados, pero su protección terminará a los quince años. Es decir, el patrimonio público volverá a desaparecer con el paso del tiempo, obligando a las administraciones futuras a empezar otra vez desde cero.

En esto sí se entienden PSOE y PP. El Ayuntamiento de Toledo, presidido por Carlos Velázquez, lejos de corregir ese modelo, está siguiendo la misma senda en sus propias promociones de vivienda como las trece de la Avenida Santa Bárbara que tendrán exactamente la misma protección: Viviendas de Precio Tasado (VPT) por 15 años.

Gobierno regional y gobierno municipal discrepan en muchas cosas, pero parecen coincidir en una idea: utilizar el patrimonio público para crear vivienda asequible solo de manera temporal.

Pero… ¿Por qué vender definitivamente un recurso público que es escaso?

Cada parcela pública destinada a vivienda es una oportunidad única. Una vez vendida, no vuelve. Y cuando las viviendas dejan de estar protegidas, la Administración tiene que volver a comprar suelo, volver a invertir dinero público y volver a construir otra promoción para resolver el mismo problema.

Es una política que condena al sector público a correr eternamente detrás del mercado inmobiliario.

Existen alternativas. Cada vez más ciudades y países apuestan por modelos de protección permanente o de muy larga duración. Las familias pueden comprar una vivienda a un precio asequible, desarrollar en ella su proyecto de vida y venderla si lo necesitan, pero siempre dentro de un sistema que mantiene el precio controlado y garantiza que la vivienda siga siendo asequible para el siguiente comprador.

Así, cada euro invertido por la sociedad genera un patrimonio que permanece al servicio de la sociedad.

La política de vivienda no debería consistir únicamente en construir más viviendas. También debería preguntarse qué ocurre con ellas dentro de veinte, treinta o cincuenta años.

Porque cuando el suelo es público, la vivienda debería seguir cumpliendo una función pública.

La Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo tienen hoy la oportunidad de romper con un modelo que ya demostró sus límites. Pueden utilizar el patrimonio público para crear un parque de vivienda asequible permanente o pueden repetir una política que durante décadas ha ido transfiriendo al mercado libre viviendas construidas con recursos de todos.

Tropezar una vez puede ser un error. Tropezar dos veces con la misma piedra ya es una decisión política.

Hace unos días entré en un ascensor. Éramos cuatro personas. Durante los pocos segundos que duró el trayecto nadie levantó la vista del teléfono ni pronunció una sola palabra. Al salir pensé que quizá la cortesía no está desapareciendo por mala educación, sino por falta de atención. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir encerrados en nuestro propio mundo que, a veces, quienes están a nuestro lado parecen simplemente parte del paisaje.

Cada generación cree asistir al declive definitivo de la buena educación. Nuestros abuelos aseguraban que los jóvenes ya no respetaban a los mayores. Nuestros padres lamentaban que se estuvieran perdiendo las formas. Y hoy volvemos a escuchar que la cortesía ha desaparecido. Quizá haya algo de verdad en cada una de esas quejas, pero el problema de nuestro tiempo no es que hayamos olvidado los buenos modales. Es mucho más profundo: hemos dejado de prestar atención a quienes nos rodean.

Vivimos acelerados. Caminamos mirando la pantalla del teléfono, respondemos mensajes mientras esperamos el autobús y entramos en un comercio sin levantar la vista. No es mala educación en el sentido clásico; es otra forma de invisibilidad. La prisa, el individualismo y la crispación han ido erosionando esos pequeños gestos que hacen más amable la vida en común. Resulta paradójico que, precisamente en una época en la que hablamos tanto de derechos, igualdad e inclusión, nos cueste algo tan sencillo como mirar a alguien a los ojos y decir: “Buenos días”.

Es una realidad que suele percibirse con mayor intensidad en las grandes ciudades, donde el anonimato y el ritmo acelerado favorecen esa distancia entre las personas. En nuestros pueblos, en cambio, todavía pervive la costumbre de saludar al cruzarse por la calle, de intercambiar unas palabras con el dependiente o de dar los buenos días al entrar en un establecimiento. Lo preocupante es que ese modo de vivir más impersonal empieza también a extenderse a los pequeños municipios, llevado, en parte, por quienes trasladan allí unos hábitos aprendidos en la ciudad. Sería una lástima que esa sencilla cultura del saludo acabara convirtiéndose también en una especie en peligro de extinción.

La amabilidad se confunde con frecuencia con la sumisión o la debilidad. Parece que quien levanta la voz tiene más personalidad que quien sonríe y que el cinismo resulta más inteligente que la cortesía. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Ser amable con quienes queremos es relativamente fácil; lo verdaderamente difícil es serlo con el desconocido, con la persona que nunca volveremos a ver, con quien no puede ofrecernos nada a cambio.

La cortesía no es hipocresía ni sumisión. Es inteligencia social. Es autocontrol. Es empatía.

En una sociedad cada vez más digital y acelerada, esos gestos pueden parecer insignificantes. Sin embargo, nunca habían sido tan necesarios. Sucede cuando cedemos el paso, cuando escuchamos sin mirar el teléfono, cuando pedimos disculpas tras un tropezón involuntario o cuando saludamos al conductor del autobús. Son gestos mínimos, casi invisibles, pero poseen un enorme valor cívico. Transmiten un mensaje silencioso y rotundo: “Te veo. Reconozco que existes. Compartimos este espacio y mereces el mismo respeto que yo”. La cortesía tiene la extraordinaria capacidad de humanizar los lugares donde solo parecía haber prisa.

Quizá por eso estos gestos sean hoy más necesarios que nunca. Vivimos rodeados de discursos que alimentan la desconfianza, el enfrentamiento y la polarización. Se nos invita con demasiada frecuencia a clasificar a las personas entre los nuestros y los otros, entre quienes piensan como nosotros y quienes merecen nuestro desprecio. La cortesía rompe esa lógica binaria. Nos recuerda que, antes de ser votantes, consumidores o usuarios de una red social, somos, simplemente, personas.

Tal vez estemos midiendo el progreso con las métricas equivocadas. Nos fijamos en el crecimiento económico, en el número de títulos universitarios o en los avances tecnológicos. Todo eso importa. Pero la verdadera madurez de una sociedad se descubre en algo mucho más humilde: en la naturalidad con la que sus ciudadanos siguen diciendo por favor, gracias, perdón o buenos días.

Esas palabras no cotizan en bolsa, no aparecen en los índices macroeconómicos y apenas consumen un segundo de nuestro tiempo. Sin embargo, tienen un poder profundamente subversivo: rebajan la tensión, dignifican a quien las recibe y también a quien las pronuncia. Nos recuerdan que nadie debería sentirse invisible.

Porque, al fin y al cabo, la verdadera comunidad no se construye con grandes declaraciones. Empieza cada mañana, cuando decidimos mirar al otro y decirle, simplemente: “Buenos días”.

He dedicado más de cincuenta años de mi vida a la defensa de los derechos humanos, convencida de que la dignidad de la persona está por encima de cualquier ideología o interés político. Por eso no puedo permanecer en silencio ante lo que está ocurriendo en Ceuta.

Conozco bien la ciudad. He participado en varias ocasiones como miembro de tribunales de tesis doctorales y siempre regresaba impresionada: Ceuta era un ejemplo vivo de convivencia. Culturas, religiones y tradiciones diferentes coexistían con naturalidad. Junto a Melilla, representaba lo mejor de la España plural.

Por eso duele tanto ver su deterioro actual.

El problema no son las personas que llegan. Ningún ser humano es enemigo por cruzar una frontera. Las migraciones han existido siempre y seguirán existiendo mientras haya guerras, miseria o desesperanza. El verdadero fracaso no es la inmigración, sino la ausencia de una política migratoria seria, estable y previsible.

Durante años España ha vivido de parches: cambios legislativos constantes, regularizaciones extraordinarias, mensajes contradictorios y una preocupante falta de estrategia de Estado. Mientras tanto, Ceuta y Melilla han sido utilizadas demasiado a menudo como piezas en un tablero diplomático con Marruecos. Los resultados ya son visibles.

Ningún ser humano es enemigo por cruzar una frontera. Las migraciones han existido siempre y seguirán existiendo mientras haya guerras, miseria o desesperanza. El verdadero fracaso no es la inmigración, sino la ausencia de una política migratoria seria, estable y previsible

Llegan muchos jóvenes solos, sin proyecto vital, sin recursos ni formación. Ellos también son víctimas. Pero sería injusto olvidar a los ceutíes: tienen derecho a vivir con tranquilidad, a sentirse seguros en sus barrios, a que sus hijos crezcan en un entorno de convivencia y no de tensión permanente. Tienen derecho a que sus gobernantes les expliquen qué está ocurriendo y cuál es el plan para evitar que la excepción se convierta en norma.

¿Cómo hemos permitido que una ciudad símbolo de integración llegue a esta situación? Y, sobre todo, ¿quién asume la responsabilidad política de este fracaso?

El debate se ha polarizado de forma estéril. Para unos, cualquier crítica a la gestión migratoria es xenofobia. Para otros, todo migrante es culpable de los problemas. Ambas visiones son falsas e injustas. La inmensa mayoría de quienes llegan buscan una vida mejor. La inmensa mayoría de los ceutíes solo quiere conservar la convivencia que durante décadas definió su ciudad.

Defender los derechos humanos no significa renunciar al Estado de Derecho. Los derechos solo se garantizan cuando el Estado protege sus fronteras, desmantela las mafias que trafican con personas, ordena los flujos y ofrece protección real a quienes cumplen los requisitos legales e internacionales.

La solidaridad no es abrir las puertas para luego abandonar a quienes llegan y quienes ya vivían allí. Trasladar a las ciudades fronterizas un problema que compete al Estado y a la Unión Europea es injusto e insostenible.

Ceuta necesita recursos, planificación y una estrategia compartida.

La paz social también es un derecho que debe protegerse. Decirlo no es ir contra los derechos humanos: es defender una sociedad democrática, segura y cohesionada, única garantía real de que los derechos siguen existiendo.

España debe construir cuanto antes una política migratoria basada en tres principios inseparables: humanidad con quienes sufren, firmeza frente a las mafias, y respeto escrupuloso a la legalidad.

Gobernar no es reaccionar cuando la crisis estalla. Gobernar es anticiparse para que no estalle.

Ceuta merece recuperar su lugar como símbolo de convivencia, respeto y esperanza. Sus ciudadanos merecen ser escuchados sin descalificaciones. Y quienes llegan merecen un sistema justo, humano y ordenado que les diga con claridad cuáles son sus derechos y también sus obligaciones.

Después de más de medio siglo defendiendo los derechos de las personas, sigo creyendo lo mismo:

No hay derechos humanos sin dignidad.

No hay dignidad sin justicia.

Y no hay justicia sin orden.

Cuando la política abdica de su responsabilidad, las primeras víctimas son siempre las personas. Todas las personas.

La política ha dejado de ser, en demasiados casos, el arte de convencer para convertirse en el arte de incendiar. Hubo un tiempo en el que un dirigente se ganaba el respeto por la solidez de sus argumentos, por su capacidad para debatir y por su disposición a aceptar que el adversario también tenía legitimidad democrática. Hoy parece que eso importa cada vez menos.

Lo que gana espacio es el grito, la descalificación y la construcción de un enemigo permanente. Y en esa deriva, la derecha y, sobre todo, la extrema derecha han encontrado una fórmula extraordinariamente eficaz: sustituir el razonamiento por la agitación emocional. No se trata de explicar políticas públicas, sino de alimentar la indignación, señalar culpables y convertir cualquier discrepancia en una batalla existencial.

El resultado es un clima donde la política deja de ser un intercambio de ideas para convertirse en un acto de fe. Los hechos pasan a un segundo plano. Las contradicciones se justifican. Los errores se niegan. Lo único importante es mantener intacta la identidad del grupo y la obediencia al líder. Eso no fortalece la democracia; la empobrece.

La palabra, que debería servir para persuadir, se utiliza ahora para dividir. Se desacredita a científicos, profesores, … o a cualquier institución que cuestione el relato. Se difunde la sospecha permanente y se presenta al adversario político no como alguien con quien se discrepa, sino como alguien que debe ser derrotado a cualquier precio.

Lo preocupante es que esta estrategia no busca ciudadanos mejor informados. Busca seguidores. Busca seguidores. Personas que reaccionen antes de pensar, que compartan consignas antes de comprobar los hechos y que se dejen seducir por quienes se autoproclaman patriotas de pacotilla, convencidos de que solo ellos representan a la nación y de que quien discrepa merece ser señalado o despreciado. Ese es el terreno donde florece el fanatismo.

Lo preocupante es que esta estrategia no busca ciudadanos mejor informados. Busca seguidores. Busca seguidores. Personas que reaccionen antes de pensar, que compartan consignas antes de comprobar los hechos y que se dejen seducir por quienes se autoproclaman patriotas de pacotilla, convencidos de que solo ellos representan a la nación

La democracia, sin embargo, exige exactamente lo contrario. Exige ciudadanos críticos, capaces de escuchar razones y de cambiar de opinión cuando los argumentos lo justifican. Exige dirigentes que respeten las instituciones y acepten que la pluralidad no es una amenaza, sino la esencia misma de una sociedad libre.

Cuando una parte de la política renuncia a convencer porque le resulta más rentable enfurecer, todos salimos perdiendo. Porque el fanatismo puede dar réditos electorales a corto plazo, pero siempre termina erosionando la convivencia, debilitando las instituciones y degradando el debate público.

Quizá algunos piensen que esta deriva no tendrá consecuencias, que forma parte del juego político y que la democracia siempre encontrará la manera de corregirse. Pero la historia enseña otra cosa. Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro; se deterioran lentamente, cada vez que el insulto sustituye al argumento, cada vez que el adversario se convierte en enemigo y cada vez que la mentira pesa más que la verdad.

Y cuando queramos reaccionar, puede que sea demasiado tarde. Entonces nos preguntaremos cómo permitimos que el debate fuera reemplazado por el fanatismo, que la razón cediera ante la propaganda y que el respeto dejara de ser una virtud para convertirse en una debilidad. Ese día lamentaremos no haber defendido antes el valor de la palabra, porque comprenderemos que una democracia no se pierde de golpe: se va deshaciendo, poco a poco, cada vez que dejamos de convencer para empezar a odiar.

Luere, lutum, lavar, bañar, fango, lodo, aluvión... Lo que han dejado los poemas de los otros en ti, y luego la larga sequía de tu poema, en concreto 'Carta de adiós para un río, o en las fuentes altas del Tiétar'. El verano en el que fuimos valientes.

Y después de las circunstancias, a partir de aquí, un campo de arena en torno siempre a lo que fue un río, e hizo el río desde que en este mundo hubo ríos. Es decir, lluvia y sed, esperanza y locura; el territorio de las grandes palabras, palabras sirvientes.

¿Y el río? Ya no había río, solo las señales y las huellas que había dejado ese río, y se hacía pesado caminar por la arena. Primero hacia allí, donde se encuentra el brazo más profundo de ese río, y había un lecho blanco flanqueado de alisos calcificados.

Y más tarde, caminando todavía por arenales menos consistentes, los pies se hundían, y cada paso precisaba del doble de fuerza para avanzar, y todo precisaba del doble de fuerza, de un impulso mayor, pues el territorio, el extenso campo de arena había sido antes del agua, con sus brazos fluviales cambiantes, y el aluvión... ¡ Qué palabra más bella, aluvión!

Y ahora, caminado sin un sentido mayor por la arena, él, yo, o tú, que hace ya mucho somos lo mismo, al igual que cuando uno avanza por una extensa malla suspendida en el vacío, o en un campo carente de gravedad. Y ese ir y venir por el campo de arena de ese río que ya no estaba, siempre por la arena, hundiéndose uno a cada paso, sin buscar nada concreto, pero empujado por ese-no-se-sabe-a-dónde, y el aluvión, siempre la memoria que con su flujo rápido y violento de agua, mezclada de lodo, roca, basura y otros materiales, hasta hacer de cada uno de nosotros ese sedimento feliz entorno al río Alluvio -así lo llamé una vez-, el río que ya no existía, en el verano que fuimos valientes.

Y cómo me habían golpeado, en el no-dormir-del-verano-en-T., aquellas frases del maestro, esas no nos arrebates, lanzándolas al sueño.

Las cosas buenas, muéstranoslas a la luz del día -las cosas queridas que duran- y ponlas junto a nuestras cabezas a la luz del sol, tan lejos como cerca. Y de vez en cuando libera para nosotros 'árbol' para el árbol, 'río' para el río, como si ya no me pudiera liberar del silencio eterno de la Sierra, o de párrafos enteros del Quijote. O la noche que dormí al raso hace ya muchos veranos en un prado de Gavilanes, junto a un castaño en un colchón de helechos en el verano que fuimos valientes.

Y otras veces, de la misma manera, sobre la hierba seca que pincha en el lugar de Sartajada, y en los prados de heno de Buenaventura, y a la salida de La Iglesuela, en los días de fiesta. “Haznos ser esta noche lo que somos”: y así, como un citador, y cita tras cita volver hacía atrás en la larga duración de la alegría, y para liberarse de uno mismo, lo que Derrida admitía. Aquello que el saber no sabe ocurre, eso ocurre, 'arrive un ver à soie'.

Y después de dejar el campo de arena, ya en la tierra negra, encinas a medio quemar, campos de retama como los alambres de ruedas quemadas en los descampados de las ciudades de los incendios. E iba, iba en diagonal por la tierra negra, ¿hacia la frontera? Sin sentir la extenuación de vivir.

Y se había decidido a cambiar silencio por escritura, silencio por amor, silencio por cualquier cosa. ¿Y ese ahora, en el que se podía pagar con silencio todo? Sí, y el supremo valor, de intercambiar tu silencio por el mío, y aquel silencio negro por el de algunos animales, que habiendo huido de la tierra negra volvían enloquecidos al lugar original.

Y en aquel lugar, ¿llamado no importa? Así, como suena, solo ardía el sol. Eso mismo ya lo había visto en el Alto Jerte, y lo vi en el Seber, y en el río Cuerpo de Hombre.

Y por la tierra negra escribía mucho, caminaba mucho. Mucho nunca es demasiado. ¿Y qué era demasiado para el que ya no se detiene en un lugar concreto? E iba e iba hacia ese lugar llamado 'Silencio', e iba e iba. ¿En tu busca? Pero su rastro, su escritura por la tierra negra entonces era silencio, un gran silencio, y al cruzar los campos negros y las grandes extensiones de los incendios, y en aquella ocasión, él hubiera querido que esa escritura fuera solo el rastro de lo otro. Su 'baba' que el escribía siempre 'Schleim' y no esa expresión familiar e infantil para decir adiós en Austria 'Bussi baba'. No se quejaba, iba por los lugares negros, dejando huellas de botas, siempre en diagonal, ya siempre atravesando en diagonal las grandes extensiones de los incendios.

Todo lo vivo había huido, la viveza. Qué pocos sinónimos tiene la palabra vida.

Y se sentía un explorador del infierno, y no ya del lenguaje, sino de la incomprensión, y le dolían en los ojos los cielos de cualquier lugar. Por algún motivo, o razón inexpresable, el lugar al que había llegado, después de dejar atrás el campo de arena del río que ya no existía, y al que había llegado en un coche llevado por ella. Siempre es ella la que te lleva por alguna carretera negra y estrecha.

Y tú vas mirando a los lados, y le hablas a la conductora como si narraras el verano en el que fuimos valientes, o leyeras el guion de una película que se había rodado en total silencio, y para la que no había banda sonora, música o palabra alguna: una película muda, más silenciosa que el resto de películas que tú, el gran cinéfilo conocía, y las conocías todas, incluso aquellas que jamás fueron rodadas, y se quedaron en los ojos del gran cinéfilo en el verano que fuimos valientes, y más que muda o eternamente silenciosa, más bien sorda.

'Taub' duro de oído, en ese ya-pasé-por-aquí-una-vez, y esa 'vez' ya no como momento, sino como memoria de lo que 'Casi' no fue o no tuvo lugar en la tierra negra, y eso lo lleva como peso y ese peso negro lo lleva de un lugar a otro.

Memoria de otro silencio, y por algún motivo o extraña razón, ese lugar era conocido para ti, y la Sierra, la extensa falda de la Sierra, y las altas crestas y picos, que se interponían entre tú y el otro, el al-otro-lado, y conocían bien el otro lado, tan bien que ese era el motivo por el que la Sierra para ti, fuera transparente.

Se podía ver el mundo a través de ella, y así fue desde aquel verano en el que fuimos valientes. Siempre la Sierra inamovible y en el lugar de siempre. Se podía ver a través de ella, y a través de ella, morir y nacer otra vez, y solo porque se interponía, y ese era el motivo, el extraño motivo, que finalmente no lo era, y la que te llevaba en coche, la conductora miope, con las gafas heredadas de Simone Weil, y que nunca quería, o no sabía hablar, y que solo hablaría en el momento en el que ella estuviese más cerca de la muerte y del amor. En aquel verano en el que fuimos valientes.

Y para quien no tenga dudas, y se mantenga inflexible, uno de esos Miguel Torga que te va diciendo lo que está bien y lo que está mal.

Y he aquí, mientras se va por la tierra negra, después de atravesar los campos de arena, aquí, ya en un lugar sin nombre, pero lleno de brezos, por los que es difícil ir hacia allí, en línea recta, y si hubo un momento que su Miguel fue de Brezo.

Y sus flores de un lila nazareno fuerte, bajo un sol ¿español? o ¿portugués? Y mucho más allá de esas sierras oscuras el mar, y podríamos llamar al lugar Calluna, la tierra alta de Calluna, y perderse en Calluna bajo el sol español que nos mata como a bichos que estridulan por amor a la nada, y ese Dios lo ve todo, pero no se lo dice a nadie.

Quienes amamos la cultura recordamos la famosa obra de Fernando Fernán Gómez titulada 'Las bicicletas son para el verano'. En aquel texto, la crudeza de la guerra truncaba de golpe la inocencia y el descanso de las familias españolas.

Décadas después, contemplando los montes amenazados por temperaturas asfixiantes, la metáfora cobra una vigencia trágica. El verano ya no es sinónimo de paz, sino de miedo al fuego. La realidad es que los incendios no deberían ser para el verano; el fuego se apaga en invierno con prevención, ordenación del territorio, limpieza de montes y contratos dignos para los trabajadores forestales.

Esperar a que la tierra arda y que el desastre devore comarcas enteras para actuar es una temeridad que retrata la falta de visión a largo plazo de la gestión pública. Detrás de esa inercia estacional hay una preocupante continuidad que se traduce en una evidente dejación de funciones por parte de las administraciones competentes.

Los datos presupuestarios a nivel estatal muestran una alarmante desinversión en las partidas estructurales de prevención forestal durante la última década, priorizando el gasto reactivo de la emergencia estival sobre la planificación silenciosa del invierno. Se ha preferido recortar en lo que no se ve para asumir después el coste dramático y humano de apagar las llamas.

Negar los efectos de la crisis climática mientras los satélites muestran una catástrofe que supera las 32.000 hectáreas calcinadas en el incendio de La Mierla- uno de los sucesos más graves de la historia de Castilla-La Mancha- constituye un asunto de extrema gravedad. Este escenario exige ir más allá de la batalla partidista para afrontar las debilidades estructurales del sistema: el progresivo abandono del medio rural, el descenso de la ganadería extensiva que mantenía limpios los pasillos forestales y la acumulación de biomasa seca, convertida hoy en el combustible idóneo para incendios ingobernables.

Esta asfixia de recursos y la consecuente precariedad laboral se constatan de norte a sur. En la Comunidad de Madrid, los colectivos de bomberos forestales llevan años denunciando el bloqueo de sus convenios laborales y la congelación salarial. En Castilla y León, las dotaciones reales por hectárea forestal se sitúan a años luz de los mínimos viables estimados por los técnicos para blindar el territorio de manera efectiva. Tampoco se salva el sur: en Andalucía, el INFOCA alerta de modelos que reducen los efectivos fijos en los retenes, debilitando la protección invernal de entornos tan sensibles como Doñana. Incluso en Castilla-La Mancha, las plantillas de Geacam se han visto obligadas a movilizarse en demanda de estabilidad laboral y el fin de los recortes estructurales.

La gravedad del escenario se acentúa cuando la investigación judicial y el SEPRONA apuntan a presuntas imprudencias graves durante labores agrícolas mecanizadas en Robledillo de Mohernando como el origen del foco. Que las negligencias individuales combinadas con la inacción institucional terminen provocando la evacuación masiva de municipios enteros como Hiendelaencina, Congostrina o Alpedroches, amenazando con saltar los límites provinciales, supone un sabotaje directo contra el patrimonio natural y el porvenir del medio rural.

Frente a esta ceguera, la historia nos ofrece espejos de dignidad internacional e institucional.

Personajes de diversos signo entendieron en su día que la defensa de la Tierra y la mitigación del calentamiento global debían abordarse como una estricta obligación de Estado. La ciudadanía tiene en su mano la responsabilidad de fiscalizar estas políticas y exigir que los presupuestos públicos reflejen un compromiso real con el desarrollo sostenible, penalizando la desatención de nuestros bosques. La verdadera soberanía nacional y el patriotismo no se demuestran con retórica, sino dotando de recursos dignos a las brigadas forestales del Infocam y a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que se juegan la vida ante las llamas. No podemos permitir que la crispación artificial sirva de cortina de humo para tapar las cenizas de nuestros parajes protegidos. Proteger el territorio de forma integral, preventiva y coordinada es, en última instancia, una tarea colectiva que define la madurez de nuestra sociedad.

Por todo ello, se hace fundamental y urgente alcanzar un gran Pacto de Estado en esta materia, blindado y firmado por todas las fuerzas políticas sin excepción. Proteger nuestros bosques no es una cuestión de siglas, sino una apuesta decidida estratégica en la lucha contra el cambio climático.

Esta es una tarea crucial que nos atañe a todos y que, sin duda alguna, contaría con el aplauso y el respaldo unánime de toda la ciudadanía. Proteger el territorio de forma integral, preventiva y coordinada es, en última instancia, el reflejo de la madurez de nuestra sociedad.

Otra mujer asesinada. Otra familia rota. Otra comunidad conmocionada. Y, después, el mismo debate: protocolos, recursos, coordinación, protección, prevención.

Todo es necesario. Pero no es suficiente. Porque cuando una mujer es asesinada por su pareja o expareja, la violencia no comienza con el crimen. Mucho antes han podido aparecer el control, la posesión, los celos, la humillación, el aislamiento y la desigualdad. Y, ante esa realidad, debemos hacernos una pregunta incómoda: ¿qué estamos haciendo para educar contra la violencia antes de que sea demasiado tarde?

La respuesta no puede limitarse a actuar cuando ya existe una víctima.

La violencia machista no se combate únicamente en los juzgados, en los servicios sociales o mediante medidas de protección. También se combate en las aulas, en las familias y en la construcción cotidiana de las relaciones humanas. Se combate enseñando, desde la infancia, que nadie pertenece a nadie; que el amor no controla; que los celos no son una prueba de cariño; que la libertad del otro no se negocia y que ninguna persona tiene derecho a humillar, dominar o dañar a otra.

La educación no es una solución mágica. Pero sí es una de las herramientas más poderosas para transformar las ideas, las actitudes y los comportamientos que pueden terminar normalizando la desigualdad y la violencia.

Cada nueva víctima nos obliga a mirar de frente una realidad que no podemos seguir aplazando. El dolor no puede convertirse en una noticia más. La indignación no puede durar únicamente unas horas. Y la memoria de las víctimas no puede limitarse a un minuto de silencio

Los programas de coeducación, educación afectivo-sexual y prevención del sexismo pueden contribuir a reducir las actitudes sexistas, desmontar los mitos del amor romántico y cuestionar la aceptación de la violencia. Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo insuficientes, desiguales y, en demasiadas ocasiones, fragmentarios.

No podemos permitir que la prevención dependa de la voluntad individual de un centro, de un docente o de una administración concreta. La prevención debe ser una política de Estado.

Necesitamos programas obligatorios, rigurosos y evaluables de prevención de la violencia de género desde las primeras etapas educativas. Necesitamos formar al profesorado. Necesitamos proporcionar herramientas a las familias. Necesitamos profesionales preparados y recursos suficientes. Y necesitamos evaluar, sin prejuicios ni intereses partidistas, qué medidas funcionan y cuáles no.

Porque anunciar programas no basta. Aprobar leyes no basta. Reaccionar después de cada asesinato no basta. Hay que llegar antes.

Si queremos cambiar el futuro, debemos empezar mucho antes de que llegue la tragedia

Y llegar antes significa educar para la igualdad, para la libertad, para el respeto y para la convivencia. Significa enseñar a identificar el control y la violencia antes de que se normalicen. Significa formar personas capaces de establecer relaciones basadas en la dignidad y no en la dominación.

Cada nueva víctima nos obliga a mirar de frente una realidad que no podemos seguir aplazando. El dolor no puede convertirse en una noticia más. La indignación no puede durar únicamente unas horas. Y la memoria de las víctimas no puede limitarse a un minuto de silencio.

Si queremos cambiar el futuro, debemos empezar mucho antes de que llegue la tragedia.

Como catedrática y defensora de los derechos humanos, lo afirmo con absoluta convicción: la educación es una de las grandes herramientas de prevención de la violencia machista y no puede seguir ocupando un lugar secundario.

Las mujeres de Albacete, de Castilla-La Mancha y de toda España tienen derecho a vivir sin miedo.

Y nuestra sociedad tiene la obligación de educar para que ese derecho sea una realidad.

No más excusas. No más indiferencia. No más muertes.

La educación no puede seguir llegando tarde.

Una vez más, los incendios que asolan nuestra geografía (176.000 hectáreas quemadas a finales de julio de 2026, cinco veces más que en 2025), evidencian la necesidad de una gestión coordinada, integrada e inteligente del territorio.

La prevención del fuego, como el tratamiento de las zonas inundables y de todo lo que tiene lugar sobre el territorio, requiere un tratamiento integrado por las administraciones responsables y la participación ciudadana, y más, cuando circunstancias de riesgo climático, alertadas desde hace mucho, son una realidad, con consecuencias cada vez más graves.

El incendio de Los Gallardos, en Almería, con pérdida de vidas humanas, y los que le han sucedido, en especial el actual y devastador megaincendio de Ávila, Madrid y Toledo que ha obligado a la declaración de emergencia nacional, con más de 74.000 ha afectadas y de 100.000 evacuados, evidencian la fragilidad del territorio frente al fuego y la necesidad de mejorar mecanismos de prevención en un contexto de cambio climático vinculado al aumento de la temperatura media del planeta.

La frecuencia de incendios en España y la suma de hectáreas quemadas a lo largo del año no son un hecho nuevo, basta observar los Anuarios de Estadística Forestal para comprobar que el número de incendios y la superficie forestal quemada han sido muy elevados en ocasiones anteriores, por ejemplo, en 1978, con 8.324 incendios y 434.867 ha quemadas, y cifras parecidas o superiores en 1985, 1989, 1994, 1998 y 2022.

Los incendios son consustanciales a nuestra geografía, a nuestras condiciones climáticas y a la extensión de nuestra superficie forestal: el 38,4% del territorio español. La superficie forestal arbolada sólo está detrás de la de Suecia y Finlandia. En este sentido, no hay nada nuevo, pero sí en cuanto a la tipología de los incendios que empezamos a sufrir, comparables al actual de Las Landas y entorno de Burdeos, a los habituales en la costa de California, Australia o Chile, y a los sufridos con anterioridad por Portugal y Grecia.

La situación de riesgo ante el fuego ha sido habitual en países con zonas de clima mediterráneo como los antes citados, pero ahora se extiende también a latitudes más altas y del interior de Europa. De los denominados incendios de 4ª y 5ª generación, pasamos a los que estamos sufriendo ahora mismo en Madrid, Ávila y Toledo, o Castellón, a los que se califican de 6ª generación o megaincendios.

Todos son provocados por causas múltiples, como siempre, la mayoría por accidentes e imprevisión personal del riesgo, pero la diferencia respecto a los anteriores es que su intensidad y grado de peligrosidad se ve agravada por la combinación de la actual estructura del territorio y el aumento de la temperatura media del planeta, que provoca mayor frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor, con temperaturas de más de 40 grados, incremento de las noches tropicales y sequedad del aire.

Precisamente, la persistencia de altas temperaturas, la escasa humedad del aire y la presencia de vientos fuertes y de dirección cambiante son los responsables de los megaincendios que padecemos, más imprevisibles en su evolución y difíciles de sofocar que los anteriores en el tiempo, sobre todo por las corrientes convectivas de desarrollo vertical que generan, ascendiendo hasta 14 kilómetros de altura.

De ese modo, se forman 'pirocúmulos', nubes que trasladan las pavesas encendidas a gran distancia, saltando carreteras y cortafuegos, y propagan el incendio con la creación de nuevos focos separados del inicial. Si se añaden a esto las formas actuales de ocupación del territorio, comprenderemos la gravedad y dinámica de los incendios actuales.

En ese contexto, todos estamos conmocionados por la virulencia del fuego y afligidos por sus consecuencias para los bienes, las personas y la calidad del medio ambiente, ya no sólo local.

Por eso, no parecen suficientes los discursos centrados en estrategias sectoriales frente al fuego, ni adecuadas las discusiones partidistas que se reducen al volumen de recursos empleados para prevención y extinción de incendios, en todo caso, insuficientes.

Tampoco parece solución alguna la tantas veces reiterada propuesta desde el gobierno de la nación de un 'Pacto de Estado sobre el Cambio Climático', que resulta de enorme vaguedad y vaciedad cuando, entre otras cosas, ya existe desde 2021 una Ley de Cambio Climático y legislación al respecto.

Lo que se necesita son acciones concretas para prevenir y reducir peligros ante los desastres naturales, partiendo del conocimiento directo del modelo territorial existente, de sus desajustes y contradicciones internas, y de la aplicación de la legislación medioambiental y de ordenación del territorio, adaptándola, por supuesto, a las nuevas condiciones de riesgo.

Al margen de que exista o no consenso sobre el cambio climático, los efectos de la elevación de la temperatura del planeta seguirán existiendo y poco podemos hacer para evitarlo. Los incendios actuales son una consecuencia de ello, con incremento del lanzamiento a la atmósfera de CO2, desertización de los suelos y contaminación de los acuíferos, y ahí sí podemos intervenir, pues podemos actuar sobre la ordenación del territorio, de la que son parte, entre otras cosas, la gestión forestal, las políticas agrarias y el freno a la desmedida urbanización del campo.

Hasta mediados del pasado siglo, el mundo rural tenía una importancia muy superior a la actual, la población se distribuía espacialmente de manera más homogénea (el 48% residía en municipios de menos de 10.000 habitantes, ahora el 19,5%) y buena parte de ella vivía de la agricultura y la ganadería.

La utilización de los montes reducía su carga vegetal para los incendios, y ante el más leve conato de incendio, bastaba un repicar de campanas de la iglesia para que los vecinos se movilizaran y lo sofocaran de inmediato.

Hoy, han desaparecido las huertas en torno a los pueblos, que constituían auténticos cinturones de seguridad frente al fuego, su lugar lo ocupan unifamiliares, muchos de segunda residencia y uso turístico, y viviendas en diseminado en zonas de montaña y costa.

Casi siempre esas construcciones se levantan en medio de campos de labor en abandono, que nadie limpia, convertidos a menudo, en 'barbechos urbanos' a la espera de su edificación. Se generan así los paisajes de 'interfaz urbano/rural' que facilitan la propagación del fuego a través de sus jardines, y más con el carácter explosivo de los incendios de 6ª generación.

A su vez, la mayoría de las masas forestales, antes aprovechadas económicamente, se han abandonado y su superficie se ha extendido (de 18 millones de hectáreas frente a 12 en los años 1970), sin que tampoco existan suficientes labores de limpieza y saneamiento. El resultado es más carga vegetal, más energía dispuesta a arder ante la menor chispa en condiciones de aumento generalizado de la temperatura, de mayor incidencia de las olas de calor, de extrema sequedad y de fuertes vientos.

Con esta estructura del territorio, apoyada por procesos especulativos del suelo, con más carga vegetal que en el pasado y un uso más intensivo del suelo en verano por actividades de ocio y turismo, los riesgos frente al fuego aumentan.

Es un modelo de ordenación del territorio bien distinto al del pasado, con una naturaleza más exuberante y una urbanización del campo que no se preocupa por las tierras libres en desuso, sin labores de limpieza de ningún tipo, que particulares y ayuntamientos no realizan, agravado todo ello por la insuficiencia de los presupuestos para conservación y mantenimiento de las superficies forestales, siempre por debajo de los destinados a extinción a nivel estatal y autonómico.

Abandonemos el diletantismo de los que se empeñan a favor o en contra del concepto de cambio climático, pues, los argumentos científicos están ahí y los megaincendios están en nuestra casa. Los hemos visto en otras geografías y ahora los tenemos aquí, combatámoslos y tratemos de reducir las posibilidades de que se repitan

Ante la grave situación de los incendios actuales, ¿no sería más razonable actuar sobre el modelo de ordenación del territorio para hacerlo más resiliente que formular declaraciones huecas y vacías de contenido sobre el cambio climático? ¿No será, pues, más conveniente empezar a trabajar todos juntos, con la colaboración y la experiencia de las gentes que aún quedan en el campo para reducir los riesgos del actual modelo territorial? ¿No habría que poner también límites a la excesiva y progresiva urbanización del campo? La legislación para gestionar el territorio y el medioambiente ya existe, incluida la relacionada con el cambio climático, sólo hay que adaptarla a las nuevas situaciones de riesgo y desde luego utilizarla inteligentemente y de manera integrada, no sectorial.

Centremos pues el discurso en la lucha contra el fuego, en lo que es prioritario, y propongamos una gestión integral e integrada del territorio, corrigiendo excesos y desajustes actuales, colocando la seguridad de las personas por delante de todo.

Por otro lado, abandonemos el diletantismo de los que se empeñan a favor o en contra del concepto de cambio climático, pues, los argumentos científicos están ahí y los megaincendios están en nuestra casa. Los hemos visto en otras geografías y ahora los tenemos aquí, combatámoslos y tratemos de reducir las posibilidades de que se repitan. Eso exige coordinación de todos los poderes públicos y complicidad y colaboración de los ciudadanos. La lucha contra el fuego es una responsabilidad política, pero también, tarea de todos.

He de reconocer que no conocía a Andy Burnham hasta que su nombre empezó a sonar como sustituto de Starmer al frente del partido laborista británico. Alcalde de Mánchester desde 2017, se trata de un político criado en el norte industrial de Inglaterra, cuna del sindicalismo y el socialismo británico.

Se nota su procedencia en el acento y su estilo directo e ideas claras pueden suponer un soplo de aire fresco en el laborismo británico, necesitado de oxígeno para afrontar los próximos años al frente del número 10 de Downing Street. El hecho mismo de su elección es un ejemplo de la democracia interna existente en los partidos británicos, en los que se producen discrepancias y corrientes de forma habitual, incluso dentro del propio gabinete del gobierno. En realidad, son los propios diputados laboristas, y algunos miembros del gabinete, los que han dejado caer a Starmer y han elegido -Monarca mediante- a Burnham. Lo que puede ser un factor de inestabilidad cuando las situaciones viene mal dadas y hay muchos cambios de primer ministro -siete en apenas 10 años-, es también un ejemplo de democracia interna real.

Pero quizá lo más sorprendente -para bien- han sido algunas de sus primeras propuestas, la primera, poner en marcha una iniciativa para que las personas sin hogar tengan un lugar donde dormir. Es una medida valiente, humana y solidaria de verdad, ejemplo de política de izquierdas. La limitación del precio del transporte en autobús o la eliminación del IVA en la factura eléctrica de los hogares, políticas similares a las aplicadas también en España en los últimos años por el gobierno de Pedro Sánchez, son un buen punto de partida.

Momento de aprovechar también la propuesta, realizada por 120 millonarios británicos de que les suban los impuestos. Curioso que, después de años en los que, en la mayor parte de las democracias occidentales, algunos partidos -sin duda, aquí, en nuestra España, el PP- hacen bandera de la reducción de impuestos a los ricos, tengan que ser ellos los que pida pagar más impuestos para mantener los servicios públicos y reducir la indignante desigualdad social existente. Ojalá, Burnham se atreva, y sea la punta de lanza de una forma de afrontar los retos y desigualdades de las sociedades occidentales del siglo XXI, haciendo que los que más tengan, más contribuyan al sostenimiento de nuestro estado del bienestar.

Y otra buena noticia. El soplo de aire fresco, la cercanía y las propuestas de los primeros días -que, confiemos, no se lleve el viento-, han hecho que, por primera vez en un año, los laboristas superen en apoyos a los ultras de Reform UK, en todo el Reino Unido.

Muy buenas noticias. Crucemos los dedos

Cada verano asistimos a un ritual mediático reiterado. Mientras el humo sepulta comarcas enteras, desde la Serranía de Cuenca hasta la Sierra de San Vicente, pasando por la Alcarria o Alcaraz, el debate público sobre los incendios forestales se desliza por el terreno de la confrontación partidista.

Hoy he podido contemplar como las cámaras buscan el reproche cruzado entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Aquí sobre el modelo de la empresa pública GEACAM, el despliegue del operativo INFOCAM o la oportunidad de las visitas institucionales. Lo más cómodo: ubicar siempre la responsabilidad lejos del terreno, en despachos regionales o ministeriales.

Existe la idea preconcebida de que la prevención del fuego es competencia exclusiva de los gobiernos autonómicos. Pero, si bien la gestión de los grandes parques y los operativos de extinción recaen en la escala regional, la ley otorga a los municipios una potestad específica sobre su territorio.

Se ignora, de forma sistemática, el nivel más decisivo y cercano del poder público: el ayuntamiento. La legislación forestal y del suelo es categórica: los consistorios tienen el deber y la facultad de exigir a los propietarios privados el desbroce de sus parcelas.

Cuando un particular omite esta obligación, la corporación local cuenta con la ejecución subsidiaria: entrar en la finca, limpiar el combustible vegetal y pasarle la factura al titular. Asimismo, la supervisión de las franjas de protección de entre 25 y 50 metros en la interfaz urbano-forestal es una competencia estrictamente municipal, y crucial en tantas urbanizaciones y núcleos rurales rodeados de pinar. La propiedad privada en el medio rural castellano no es un cheque en blanco para el abandono.

La propiedad privada no es un cheque en blanco para el abandono. El principio constitucional de su función social exige que un terreno no se transforme en una amenaza para la seguridad colectiva. ¿Por qué, entonces, tantos alcaldes miran hacia otro lado?

La respuesta responde a dos problemas estructurales. El primero es el coste político del cara a cara. En la política de proximidad, abrir un expediente sancionador a un vecino tiene nombres y apellidos, y suele pagarse en las urnas. Resulta electoralmente más rentable culpar a la administración autonómica por 'falta de medios' que asumir el desgaste de fiscalizar al propio electorado.

El segundo son las carencias financieras del mundo rural. Exigir a un ayuntamiento de 200 habitantes de la Sierra Norte de Guadalajara o del Señorío de Molina, con un secretario compartido a tiempo parcial, que tramite decenas de expedientes sobre fincas atomizadas, con herederos ausentes o desconocidos, es exigir un imposible técnico.

Aquí es donde entra la escala intermedia: las cinco diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha. Para que la prevención municipal sea viable, las diputaciones deben ejercer como escudo técnico y financiero de los pueblos pequeños a través de tres medidas clave: servicios jurídicos centralizados que asuman la instrucción y cobranza de los expedientes sancionadores, protegiendo a los alcaldes del desgaste político local; dotación de fondos provinciales dedicados a financiar las limpiezas de oficio de manera inmediata, cobrando posteriormente la deuda al propietario moroso; establecimiento de cuadrillas comarcales que actúen todo el año en la limpieza de franjas de seguridad y montes municipales, priorizando la prevención invernal frente al pánico estival.

Garantizar que nuestros montes y pueblos estén protegidos no es un ataque a la propiedad privada, sino la defensa elemental del bien común y del futuro de nuestra tierra.

Es hora de superar el cómodo fetiche de la competencia autonómica y asumir que la primera trinchera contra el fuego se gestiona en las casas consistoriales de Castilla-La Mancha. Solo hace falta la voluntad política de ejercer la competencia y la inteligencia de respaldarla desde el nivel provincial.

Hay realidades cuya importancia solo descubrimos cuando dejan de estar presentes. Mientras funcionan, apenas reparamos en ellas; forman parte de la normalidad cotidiana. Sin embargo, basta imaginar su ausencia para comprender hasta qué punto sostienen nuestra vida.

Lo comprobamos cada día, aunque pocas veces nos detenemos a pensarlo. La escuela donde aprendieron nuestros hijos, el centro de salud que nos atendió de madrugada, el agua que brota al abrir un grifo, la carretera por la que viajamos con seguridad o la ayuda que recibe una persona dependiente forman parte de ese entramado silencioso que hace posible nuestra convivencia.

¿Qué ocurriría si mañana dejara de salir agua del grifo? ¿Si una ambulancia no llegara cuando la necesitamos? ¿Si la escuela pública dejara de ofrecer oportunidades a quienes nacen en familias con menos recursos?

Solo cuando imaginamos ese vacío comprendemos el verdadero valor de aquello que siempre ha estado ahí.

Los mejores servicios públicos son, muchas veces, aquellos cuya ausencia nunca llegamos a notar porque hicieron bien su trabajo antes de que apareciera el problema. Son la red invisible que sostiene la vida cotidiana y permite que la sociedad funcione con normalidad.

Los servicios públicos representan una de las mayores conquistas de las democracias modernas. Son mucho más que un conjunto de prestaciones: garantizan que derechos esenciales no dependan del patrimonio familiar ni del lugar donde una persona haya nacido. Constituyen el patrimonio común de la ciudadanía y la expresión más tangible del Estado del bienestar.

Detrás de ellos trabajan miles de profesionales —docentes, sanitarios, bomberos, agentes medioambientales, trabajadores sociales, jueces, policías, investigadores, técnicos y tantos otros servidores públicos— que convierten los derechos reconocidos por las leyes en una realidad cotidiana. Gracias a su labor, la igualdad deja de ser una aspiración para convertirse en una experiencia concreta.

¿Qué ocurriría si mañana dejara de salir agua del grifo? ¿Si una ambulancia no llegara cuando la necesitamos? ¿Si la escuela pública dejara de ofrecer oportunidades a quienes nacen en familias con menos recursos?

Defender los servicios públicos no significa ignorar que siempre pueden mejorar. Significa comprender que una sociedad solo puede aspirar a ser verdaderamente libre cuando garantiza unas condiciones básicas desde las que cada persona pueda desarrollar su propio proyecto de vida.

Educación y territorio: la mejor barrera contra la desigualdad

Si existe un instrumento capaz de reducir las desigualdades de origen, ese es la educación. Ninguna democracia puede considerarse plenamente justa cuando el lugar de nacimiento o la renta familiar condicionan las oportunidades de toda una vida.

Después de casi cuatro décadas en la enseñanza pública he comprobado que el talento no entiende de rentas, de apellidos ni de códigos postales. Lo único que necesita es un suelo fértil donde crecer. Para miles de niños y niñas, ese suelo sigue siendo la escuela pública.

He conocido muchas familias preocupadas por el coste de los libros o del comedor escolar y también cómo una beca, un profesor comprometido o una oportunidad ofrecida a tiempo pueden cambiar el rumbo de una existencia.

Cuando la educación funciona como un verdadero ascensor social, el esfuerzo y la capacidad pesan más que el patrimonio familiar. La igualdad de oportunidades deja entonces de ser un principio abstracto para convertirse en una posibilidad real. En cambio, cuando la calidad educativa depende cada vez más de la capacidad económica, la desigualdad termina heredándose de una generación a otra.

Algo semejante ocurre con la sanidad pública. Un sistema sanitario universal garantiza que nadie tenga que elegir entre recibir un tratamiento o comprometer la economía de su familia. La enfermedad no distingue entre ricos y pobres; la respuesta de una sociedad justa tampoco debería hacerlo.

En comunidades como Castilla-La Mancha, la dispersión geográfica convierte la prestación de los servicios públicos en un desafío permanente. Precisamente por eso resultan aún más necesarios.

Mantener un Colegio Rural Agrupado (CRA), un consultorio médico o una línea de transporte público significa mucho más que prestar un servicio: significa garantizar que vivir en un pueblo no suponga renunciar a derechos.

Los servicios sociales: una medida de humanidad

La calidad moral de una sociedad también se mide por la protección que ofrece a quienes atraviesan momentos de mayor vulnerabilidad.

La Ley de Dependencia constituye uno de los avances sociales más importantes de nuestra democracia. Gracias a ella, cientos de miles de personas pueden mantener su autonomía y afrontar la vejez o la enfermedad con mayor dignidad. Es una realidad que hoy observo muy de cerca en mi propia generación y en la de nuestros padres.

En una comunidad como Castilla-La Mancha, marcada por el envejecimiento de la población y la dispersión territorial, estas políticas adquieren una importancia aún mayor.

La ayuda a domicilio, la teleasistencia o los centros de día permiten que muchas personas mayores continúen viviendo en sus pueblos, rodeadas de sus recuerdos, de sus vecinos y de su comunidad. Al mismo tiempo, generan empleo, fijan población y contribuyen a mantener vivos numerosos municipios.

En una comunidad como Castilla-La Mancha, marcada por el envejecimiento de la población y la dispersión territorial, estas políticas adquieren una importancia aún mayor

Además, estas políticas han ayudado a corregir una injusticia histórica: durante décadas, el cuidado de las personas dependientes recayó casi exclusivamente sobre las mujeres de las familias. Profesionalizar esos cuidados también supone avanzar en igualdad.

Proteger a quien más lo necesita no es un acto de caridad. Es una obligación de justicia y una de las expresiones más nobles de una sociedad verdaderamente civilizada.

Los servicios públicos también crean riqueza

Con frecuencia se plantea un falso dilema entre lo público y lo privado, como si ambos fueran incompatibles. La realidad demuestra exactamente lo contrario. Las economías más dinámicas suelen ser también aquellas que cuentan con instituciones sólidas y unos servicios públicos de calidad.

Ninguna empresa puede prosperar sin infraestructuras adecuadas, seguridad jurídica, universidades que formen profesionales cualificados o un sistema sanitario que cuide de los trabajadores. Tampoco puede desarrollarse la innovación sin investigación pública ni atraer inversiones un territorio que carezca de estabilidad institucional.

Los servicios públicos no son un obstáculo para el crecimiento económico. Constituyen la infraestructura física, jurídica y humana que hace posible la actividad productiva. La educación forma el talento; la sanidad protege el capital humano; la justicia genera confianza; la investigación impulsa la innovación; la protección del medio ambiente preserva recursos que también son riqueza.

Por eso resulta un error contemplar el gasto público únicamente como un coste. Buena parte de él constituye una inversión que fortalece el desarrollo económico, mejora la competitividad, incrementa la cohesión social y genera confianza.

Cuando el monte arde, comprendemos el valor de la prevención

Estos días asistimos con preocupación a los incendios forestales que vuelven a golpear distintos puntos de nuestro país. Las imágenes de montes calcinados, vecinos desalojados y profesionales jugándose la vida nos conmueven porque recuerdan la enorme fragilidad de nuestro patrimonio natural y de tantas poblaciones que viven junto al bosque.

En esos momentos reconocemos el trabajo extraordinario de los equipos de extinción y comprendemos el valor de contar con unos servicios públicos preparados para responder ante la emergencia. Pero la verdadera reflexión debería comenzar cuando las llamas se apagan.

Los incendios no empiezan el día que vemos el humo. Empiezan mucho antes.

Empiezan cuando los montes dejan de gestionarse adecuadamente, cuando faltan labores preventivas, cuando disminuyen los recursos destinados a la limpieza forestal o cuando los profesionales que conocen el territorio solo encuentran trabajo durante la campaña de verano.

Por eso conviene recordar una idea tan sencilla como decisiva: los incendios se apagan en verano, pero se previenen en invierno.

Mantener equipos forestales estables durante todo el año, invertir en gestión forestal, conservar cortafuegos, apoyar la actividad del mundo rural y planificar con visión de futuro no son gastos prescindibles. Son inversiones que protegen vidas humanas, biodiversidad, economía local y patrimonio natural.

En comunidades como Castilla-La Mancha, donde el monte forma parte de nuestra identidad y muchos municipios conviven con amplias masas forestales, la prevención adquiere un valor todavía mayor. Proteger nuestros bosques es también proteger nuestros pueblos.

En comunidades como Castilla-La Mancha, donde el monte forma parte de nuestra identidad y muchos municipios conviven con amplias masas forestales, la prevención adquiere un valor todavía mayor. Proteger nuestros bosques es también proteger nuestros pueblos

Porque la prevención es, quizá, el servicio público más silencioso. Cuando funciona, apenas ocupa titulares. Cuando falla, el precio puede ser irreparable.

Cuando lo público se debilita

Precisamente porque los servicios públicos sostienen buena parte de nuestra vida cotidiana, conviene preguntarse por qué, en ocasiones, terminan deteriorándose.

Lo público rara vez se debilita de un día para otro. Normalmente es el resultado de un proceso lento y silencioso: inversiones que se aplazan, plantillas insuficientes, infraestructuras que envejecen y servicios que, poco a poco, van perdiendo capacidad de respuesta.

Resulta especialmente preocupante comprobar que algunas comunidades autónomas han convertido la reducción de la inversión en servicios públicos esenciales en una opción política. Mientras se anuncian rebajas fiscales o se destinan recursos a otras prioridades, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, la prevención de incendios o los servicios sociales ven cómo disminuye su capacidad para responder a las necesidades de la ciudadanía. Los presupuestos nunca son neutros: reflejan el modelo de sociedad que se quiere construir. Y cuando los servicios públicos dejan de figurar entre las prioridades, el deterioro acaba siendo inevitable.

Con frecuencia, ese deterioro sirve después para presentar la privatización como una solución casi inevitable. Sin embargo, el problema rara vez reside en la naturaleza pública del servicio. Lo que suele faltar son recursos suficientes, planificación a largo plazo y una voluntad política decidida de fortalecerlo.

La colaboración entre el sector público y el privado puede ser positiva cuando responde al interés general y contribuye a mejorar la calidad de los servicios. El problema aparece cuando la lógica del beneficio económico desplaza a la lógica del derecho.

La sanidad, la educación, la atención a la dependencia o la protección de nuestros montes no son simples bienes de consumo. Su finalidad consiste en garantizar que cualquier ciudadano reciba una atención digna, con independencia de su nivel de renta o del lugar donde resida.

La colaboración entre el sector público y el privado puede ser positiva cuando responde al interés general y contribuye a mejorar la calidad de los servicios. El problema aparece cuando la lógica del beneficio económico desplaza a la lógica del derecho

Cuando el acceso a esos derechos depende cada vez más de la capacidad económica, la sociedad comienza a fragmentarse. Quienes disponen de mayores recursos encuentran alternativas; quienes no pueden permitírselas dependen de unos servicios públicos que, si continúan debilitándose, tendrán cada vez más dificultades para cumplir su función.

Esa dinámica incrementa la desigualdad y erosiona uno de los pilares de toda democracia: la igualdad de oportunidades.

Una sociedad cohesionada necesita un sector privado dinámico, innovador y creador de riqueza, pero también unos servicios públicos fuertes que garanticen derechos básicos para todos.

Defender unos servicios públicos sólidos no significa rechazar la iniciativa privada. Significa reconocer que existen bienes cuya protección afecta al conjunto de la sociedad y cuya garantía no puede quedar subordinada exclusivamente a las reglas del mercado.

Justicia fiscal: contribuir según la capacidad de cada uno

Nada de todo ello surge por generación espontánea. Cada colegio, cada hospital, cada carretera, cada ambulancia, cada agente forestal, cada parque de bomberos, cada brigada forestal o cada ayuda a domicilio existen porque millones de ciudadanos contribuyen mediante sus impuestos.

Ese esfuerzo solo resulta legítimo cuando se apoya en un principio esencial: la justicia fiscal.

Quien más capacidad económica tiene debe aportar más, no para castigar el éxito, sino para repartir el esfuerzo de manera equitativa y garantizar el sostenimiento de unos servicios públicos que benefician al conjunto de la sociedad.

Pero ese principio también obliga a las administraciones públicas.

Los ciudadanos tienen derecho a exigir que cada euro recaudado se gestione con honestidad, eficiencia y transparencia. La confianza en las instituciones se construye tanto mediante una fiscalidad justa como a través de una gestión ejemplar de los recursos públicos.

Porque el dinero malversado o el impuesto evadido nunca desaparecen en abstracto.

Siempre tienen un rostro concreto: un profesor menos en un aula, una lista de espera más larga, una carretera que tarda en repararse, un monte que no recibe el mantenimiento necesario, una ayuda a domicilio que no llega o una oportunidad perdida para quien más la necesita.

Cada fraude fiscal tiene una víctima invisible

Pero también la tienen las decisiones presupuestarias que relegan los servicios públicos esenciales. Reducir de forma continuada la inversión en aquello que garantiza derechos puede no producir efectos inmediatos, pero termina debilitando la cohesión social, aumentando las desigualdades y deteriorando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Una inversión en nuestro futuro

El siglo XXI nos enfrenta a desafíos que hace apenas unas décadas resultaban difíciles de imaginar: el envejecimiento de la población, el reto demográfico, la transición ecológica, la revolución tecnológica, el cambio climático, las nuevas desigualdades o el incremento de fenómenos extremos como los grandes incendios forestales.

Responder a todos ellos exige fortalecer unos servicios públicos capaces de anticiparse a los problemas, no solo de reaccionar cuando ya se han producido.

Porque una sociedad inteligente no espera a que un alumno abandone la escuela para apoyar a su familia. No espera a que una enfermedad se agrave para garantizar la atención sanitaria. No espera a que una persona mayor quede desatendida para ofrecerle ayuda. Y tampoco debería esperar a que un bosque arda para comprender la importancia de invertir en su cuidado.

La prevención, casi siempre silenciosa e invisible, constituye una de las formas más eficaces y rentables de proteger el bienestar colectivo.

Del mismo modo, los impuestos no son un castigo al éxito ni una carga arbitraria. Son la expresión práctica de un compromiso compartido: que cada persona contribuya según su capacidad para que nadie quede desprotegido cuando más lo necesite.

Defender unos servicios públicos fuertes, una fiscalidad progresiva, combatir el fraude y exigir una gestión pública honesta y transparente no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de responsabilidad democrática.

También lo es exigir que quienes gobiernan sitúen estos servicios entre sus prioridades presupuestarias. Porque gobernar consiste, en buena medida, en decidir qué merece ser protegido. Y pocas decisiones tienen mayor trascendencia que garantizar la educación, la sanidad, la dependencia, la protección del medio ambiente, la seguridad o la atención social como pilares irrenunciables del bienestar común.

La grandeza de un país no se mide por el número de sus millonarios ni únicamente por el crecimiento de su producto interior bruto.

Mientras haya responsables públicos que consideren estos servicios una prioridad, estaremos invirtiendo en un país más libre, más justo y más cohesionado. Pero cuando dejan de serlo, no solo se deterioran las prestaciones: se debilita el propio contrato social que sostiene nuestra convivencia democrática

También se mide por la escuela donde aprende un niño; por el hospital que atiende una urgencia; por la ayuda que permite a una persona mayor seguir viviendo en su casa; por el agente medioambiental que cuida del monte cuando nadie lo ve; por el bombero que acude cuando todo parece perdido; por la investigadora que busca nuevos tratamientos; por el trabajador social que acompaña a quien atraviesa un momento difícil.

Detrás de cada servicio público hay personas cuidando de otras personas.

Y mientras haya responsables públicos que consideren estos servicios una prioridad, estaremos invirtiendo en un país más libre, más justo y más cohesionado. Pero cuando dejan de serlo, no solo se deterioran las prestaciones: se debilita el propio contrato social que sostiene nuestra convivencia democrática.

Porque, al fin y al cabo, la definición más sencilla —y quizá también la más hermosa— de una sociedad digna es aquella en la que las personas cuidan de otras personas.

La víspera hice la maleta como quien prepara una ofrenda: la cerámica reconstruida de Puente del Arzobispo envuelta en un paño, el encaje de Mota del Cuervo con la Virgen de Manjavacas y el Glosario de la Despoblación encima de todo. Tres piezas que me acompañan en el camino a todas partes porque hablan del mismo gesto —recomponer lo roto, hilar lo suelto, nombrar lo que corre riesgo de apagarse en el silencio —.

Sabía a lo que iba: la VI Feria de Oficios y Tradiciones de la Alcarria conquense aterrizaba este año en Tinajas, y con ella regresaba también esa sensación que se repite cada verano y que sin embargo nunca se agota. La de saber que vamos a ver, otra vez, cómo un pueblo pequeño se pone en pie y se luce.

La carretera que sube hacia Tinajas es un poema en sí misma. Encinares recortados, esparto plateado, olivares en pendiente, el amarillo seco del cereal combinado con el dorado del girasol. Y de repente, una curva, y aparece el pueblo tendido al pie del monte de El Campillo, topónimo y nombre de la Patrona, con sus casonas de sillería, sus rejerías forjadas y esa luz dorada que solo tiene la Alcarria en el mes de julio. La vecindad unida y todo por delante.

Y allí estaba, esperándonos, la comarca hecha despensa. La miel en tarros de pequeñas lámparas ámbar, guardando dentro el zumbido de un verano entero. El aceite verde alcarreño, tan honesto que emociona. El vino de cueva-bodega, sereno y templado, que sabe a tierra buena y a paciencia. El queso curado, con esa nobleza larga en el paladar. Las bolsitas de especias aromáticas. Los licores artesanos de lavanda y de endrina, hechos en alambique doméstico, y las flores dulces de masiega, esos ramilletes comestibles con los que aquí llevan décadas convirtiendo lo humilde en fiesta.

No son productos: son cartas de amor al territorio. Detrás de cada tarro hay una explotación familiar. Detrás de cada botella, un olivar en pendiente que nadie quiere abandonar. Detrás de cada frasco de miel, unas abejas que solo pueden existir si el monte sigue vivo. Comer aquí es sostener territorio.

Y junto a la despensa, la artesanía viva, el encaje y el devaneo de la lana y el arte del telar, las mantelerías y el ganchillo. A dos metros, se trenzaba esparto con la naturalidad de quien lo lleva haciendo desde siempre, enfrente, cestos de mimbre de Villaconejos de Trabaque, pueblo peregrino del Camino de Santiago de la Lana; más allá, un encuadernador que cosía a mano un libro con papel marmoleado.

No son productos: son cartas de amor al territorio. Detrás de cada tarro hay una explotación familiar. Detrás de cada botella, un olivar en pendiente que nadie quiere abandonar. Detrás de cada frasco de miel, unas abejas que solo pueden existir si el monte sigue vivo. Comer aquí es sostener territorio

La comarca entera puesta a trabajar en directo mientras las dulzainas de Pipirigay alegraban los sonidos de la mañana; la exhibición de trilla, los coches clásicos brillando sobre el empedrado,; la conferencia sobre las «Bruxas de Tinajas», esas mujeres procesadas por la Inquisición cuatro siglos atrás, contadas hoy en el mismo pueblo donde ahora sostienen la feria sus tataranietas.

Escribo ya con la noche cerrada, con el bolso oliendo a espliego y las manos a romero y laurel. La Alcarria es oficio y tradición. Y eso, que parece un eslogan, no lo es. Es lo que crean sus gentes, que han aprendido a llenar de flores, miel, queso, licores y artesanía el encaje comarcal para hacer frente a la despoblación. La Alcarria conquense a veces arde de olvido, pero siempre vuelve, siempre resurge como el ave fénix, junto a este GAL —el CEDER Alcarria Conquense— que se empeña en rotar la feria pueblo a pueblo junto a personas que sostienen todo esto con horas invisibles y una hospitalidad que no se aprende porque se hereda.

Por eso lo digo sin dudarlo: todos los años hay que hacer este viaje a la Alcarria de Cuenca. Todos sin excepción. No hay receta más eficaz contra el vaciamiento que un tarro de miel, un aceite, un queso, un vino, unas flores, un producto agroalimentario, el que sea que nos alimenta en el día a dia y un pueblo pequeño que hace comarca decidido a ponerse guapo. Nos vemos el próximo verano en Cuevas de Velasco, una preciosidad de pueblo, que nos sorprenderá.

Celebramos el Día de los Abuelos y las Abuelas. Una fecha para reconocer a quienes han sido —y siguen siendo— refugio, consejo, ternura y protección para muchas generaciones.

Desde la Asociación Europea Liderazgo y Calidad de la Educación hemos querido poner en valor su figura promoviendo concursos de relatos sobre los abuelos y las abuelas. Porque detrás de cada historia hay una memoria, una enseñanza, una mano tendida y, muchas veces, una infancia que se sintió más segura gracias a ellos.

Son memoria viva, raíces y experiencia. Han cuidado, acompañado, educado y sostenido a sus familias. Han estado cuando más se les necesitaba. Pero reconocer su importancia no puede limitarse a una celebración o un homenaje.

Nuestros abuelos y abuelas tienen derechos. Y esos derechos no pueden depender de la suerte, de la familia que cada persona tenga, del lugar en el que viva o de la capacidad económica de cada hogar.

Tienen derecho a una atención sanitaria adecuada, accesible y digna. No podemos normalizar la falta de camas cuando una persona necesita atención hospitalaria, las demoras en la atención sanitaria o que las familias tengan que enfrentarse solas a situaciones de dependencia y enfermedad.

También tienen derecho a recibir atención en su propio domicilio cuando la necesitan. La atención domiciliaria debe ser suficiente y de calidad. No podemos aceptar que una persona mayor pase horas y días en una situación de soledad no deseada porque no existen los apoyos necesarios. La soledad no deseada no es un problema privado: es una realidad social que exige respuestas públicas.

Igualmente, tienen derecho a recibir cuidados paliativos cuando llega el final de la vida. Una atención digna exige que nadie tenga que afrontar un sufrimiento evitable por falta de equipos, profesionales o recursos suficientes. Morir con dignidad también forma parte de una vida digna.

Pero hablar de los derechos de las personas mayores exige también mirar hacia nuestros pueblos y hacia el mundo rural.

Vivir en un pueblo no puede significar tener menos derechos. La distancia no puede convertirse en una barrera para acceder a la sanidad, a los servicios sociales, a la atención domiciliaria, a los cuidados o a una vida acompañada y digna. Las personas mayores que viven en nuestros municipios rurales tienen derecho a recibir una atención de calidad sin verse obligadas a abandonar su entorno, sus raíces y la comunidad en la que han construido su vida.

Y debemos prestar una atención especial a las mujeres mayores del mundo rural. Mujeres que han trabajado, cuidado y sostenido durante décadas a sus familias y a sus pueblos. Mujeres cuya contribución muchas veces no ha sido suficientemente reconocida y que, al llegar a la vejez, pueden enfrentarse a una desigualdad acumulada, a la soledad y a mayores dificultades para acceder a los servicios y apoyos que necesitan.

Ellas también tienen derecho a ser escuchadas, atendidas y cuidadas. Tienen derecho a envejecer con dignidad en sus pueblos si así lo desean. Tienen derecho a que la falta de servicios no las obligue a abandonar su hogar. Tienen derecho a no ser invisibles.

Por eso, en el Día de los Abuelos y las Abuelas, queremos reivindicar algo tan sencillo como esencial: el cumplimiento efectivo de sus derechos.

No basta con decir que nuestros mayores son importantes. Hay que garantizarles una atención sanitaria adecuada. Hay que reforzar la atención domiciliaria. Hay que combatir la soledad no deseada. Hay que ampliar y fortalecer los equipos de cuidados paliativos. Hay que asegurar servicios suficientes en el mundo rural. Y hay que reconocer y atender las necesidades específicas de las mujeres mayores que viven en nuestros pueblos.

Porque nadie debería tener que reclamar como un privilegio aquello que es un derecho.

Cuidar a nuestros abuelos y abuelas es cuidar nuestra memoria. Respetarlos es respetar nuestra propia historia. Pero garantizar sus derechos es, sobre todo, construir la sociedad en la que todos queremos vivir.

Vivir en un pueblo no debe significar tener menos derechos. Y ser una mujer mayor no puede significar ser invisible.

Nuestros mayores no son únicamente pasado. Son presente. Son dignidad. Son vida. Y por eso, hoy y todos los días, debemos decirlo alto y claro: ofrezcamos derechos, corazón y futuro.

Ahora que estamos en este verano que promete ser tórrido, ahora que vamos algo más despacio, vamos a contar mentiras. Concretamente, las mentiras que nos cuentan. Hoy dedicaremos la primera trampa al ojo, la primera ilusión con apariencia de verdad, a un tema muy de moda que vamos a seguir escuchando machaconamente, con o sin insultos, en los próximos tiempos, cual hit del verano y más allá. ¿Por qué mentir? ¿Por qué confundir el absentismo laboral con otras situaciones que no lo son, mezclarlo todo y poner el grito en el cielo?

Es inadmisible confundir el derecho a la salud con el absentismo injustificado. El incremento en la duración de las bajas no es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras, sino la consecuencia directa del deterioro (¿intencionado?) de la sanidad pública y la saturación de las listas de espera, especialmente en traumatología, lo que prolonga innecesariamente los procesos ante la inacción de administraciones y mutuas.

Lejos de ser un beneficio, la enfermedad acarrea una grave pérdida salarial que puede alcanzar los 2.600 euros en los sectores más precarios, forzando incluso reincorporaciones prematuras que dañan la salud. Resulta interesante observar cómo se ataca a la clase trabajadora mientras la patronal bloquea acuerdos de prevención de riesgos y se niega a gestionar eficazmente los problemas de salud mental y desconexión digital. Que una persona esté enferma nunca será absentismo laboral. A pesar de que lo importante no pasa por combatir el contenido de la mentira, eso nos lo enseñó Derrida, no viene de más repetir la verdad otra vez, otra vez más. El absentismo laboral es únicamente ausentarse del puesto de trabajo sin justificación ninguna. Por lo tanto, no es absentismo laboral y nunca lo será:

Digamos que hablo del valioso trabajo que realizan muchas compañeras y también compañeros de las residencias de mayores que apenas cuentan con 10 minutos para asear, vestir y dar de desayunar a nuestras personas mayores que merecen un tiempo de calidad, sin duda, más digno. ¿Cuánto peso carga cada una estas trabajadoras cada día?

Deberíamos medir y establecer cargas de peso máximas saludables. Recuerdo a aquella compañera que por evitar que una persona mayor se cayera al suelo, salió al quite, evitó su caída, pero se hizo daño. Cuando fue a la mutua y dijo que había sufrido un accidente laboral, le llamaron vieja. Bueno, no así, le dijeron que eso parecía que más que por lo que relataba que le acababa de pasar, pues que “tenía pinta de ser más bien propio de su edad” Y, en otras muchas ocasiones, se añaden frases maravillosas como “la verdad es que con tus años eso no va a mejorar, cada vez va a empeorar. Esto no es por el trabajo”. ¿No hay origen laboral? ¿Algunas condiciones de trabajo actuales no enferman?

Así, por ejemplo, el cáncer es una dolorosa realidad en España, pues es la principal causa de mortalidad laboral, como también en UE. En nuestro país es además una realidad oculta e infradeclarada. Frente a Alemania, donde el cáncer representa el 32% del total de enfermedades profesionales declaradas, en España estamos en valores entre 0,23% y el 0,35%, es decir, se declaran apenas 100 casos de los más de 8000 que se calculan tienen origen laboral.

Alemania tiene una larga trayectoria reconociendo los tumores vinculados a la exposición a agentes carcinógenos (como el amianto o la sílice) como enfermedades ocupacionales. Del amianto nos preocupamos mucho en Toledo, pues tenemos el mayor vertido al aire libre de toda Europa, así con todas las letras. Un problema de salud pública cuyos vertidos están situados a escasos metros de importantes centros de trabajo de la administración regional, habrá que investigar si puede entenderse como un problema de salud laboral enviar a tanta gente a trabajar tan cerca.

Retomando el hilo, esta infradeclaración de enfermedades profesionales en nuestro país supone muchas cosas, tiene consecuencias para las vidas de las personas y también interesan, y mucho, para los cálculos que concluyen que son realidades “que no podemos asumir”.

Me quitan las palabras de la boca, cada vez que una enfermedad profesional o un accidente laboral es derivado como contingencias comunes las personas trabajadoras y la ciudadanía perdemos dinero pues todo cae en la cuenta de la Seguridad Social, que pagamos entre todos.

La verdad es que estamos hartas de que llamen contingencias comunes a enfermedades y accidentes laborales. Y decimos hartas porque, al menos en la Junta de Castilla-La Mancha, enfermamos más las mujeres que hombres, y esto igual tiene que ver con los cuidados, tendríamos que analizarlo mejorando los informes de siniestralidad para que ofrezcan datos más concisos que permitan establecer las causas y programas preventivos eficaces.

La verdad es que estamos hartas de que llamen contingencias comunes a enfermedades y accidentes laborales. Y decimos hartas porque, al menos en la Junta de Castilla-La Mancha, enfermamos más las mujeres que hombres, y esto igual tiene que ver con los cuidados, tendríamos que analizarlo mejorando los informes de siniestralidad

Los fraudes, tanto de las presuntas personas trabajadoras (se calcula que suponen alrededor del 1% y no del 8% que repiten al sumar todo lo que no lo es) como de las presuntas mutuas que derivan algo de origen laboral como contingencias comunes, deben ser todos investigados denunciados y sancionados.

De la misma manera, las personas responsables de condiciones laborales que se demuestren que enferman o matan. ¿Por qué confundirlo todo? ¿Por qué sumar al absentismo laboral con lo que no es? ¿Por qué denominar a un encuentro regional “El absentismo x IT? ¿Por qué hay mutuas con beneficios de más de 7 millones de euros que no los invierten en poner en marcha programas de prevención y promoción de la salud laboral con perspectiva de género y edad?

Poco a poco, tiempo lento para pensar. Hoy, centrémonos en la finalidad de una mentira. ¿Qué se persigue con el hit machacón del verano, otoño, invierno y de cada primavera? Jacques Derrida, el filósofo francés, nos dio la pista que seguiremos hoy: “Lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad del que miente”.

¿Qué se busca? ¿Qué se persigue con la psicologización de la precariedad? ¿Estamos caminando hacia un modelo de servicios públicos low cost que permita su privatización? La realidad es que la privatización de los servicios públicos empeora la calidad de los mismos y precariza las condiciones laborales.

Esto significa que nos hacen un juego de trileros que consiste en individualizar, culpabilizar al individuo de las consecuencias colectivas que tienen origen en unas condiciones sociales y de trabajo que enferman, no a uno ni a dos ni a tres, sino a muchos.

¿Qué se busca? ¿Qué se persigue con la psicologización de la precariedad? ¿Estamos caminando hacia un modelo de servicios públicos 'low cost' que permita su privatización? La realidad es que la privatización de los servicios públicos empeora la calidad de los mismos y precariza las condiciones laborales

Ahora que caminamos a nivel global de la democracia hacia otra cosa que no parece mejor , ni de lejos, quizá sea hora de preguntarnos si no es la sociedad la que está dando gritos porque está muy enferma. Seguiremos ahondando en las finalidades que se persiguen y consiguen llenando los espacios de estas cargantes mentiras porque nuestra salud nos va en ello.

Por último, disculpen si notan acaso mi tono un tanto acalorado, todavía recuerdo el día en el que fui a medir las altas temperaturas durante este episodio extremo de calor en las escuelas infantiles y, sin duda, el calor extremo afecta perjudicialmente a la salud si no se toman las medidas adecuadas.

En las últimas semanas, se han vertido distintas opiniones sobre la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) de Guadalajara y sobre las reivindicaciones que hemos venido defendiendo en relación con las limitaciones impuestas a la actividad agrícola durante la campaña de cosecha. Las opiniones son legítimas. La crítica forma parte de una sociedad democrática. Pero también lo es responder cuando esas opiniones proyectan una imagen que no se corresponde con la realidad de nuestra organización ni con el trabajo que realizamos desde hace casi cincuenta años.

APAG nació con un único objetivo: defender los intereses de los agricultores y ganaderos de la provincia de Guadalajara. Ese sigue siendo nuestro único compromiso. No respondemos a intereses políticos ni actuamos como correa de transmisión de ningún partido. Nuestra única obligación es con nuestros cerca de 3.000 socios, personas de sensibilidades muy diferentes que comparten una misma preocupación: poder desarrollar su actividad profesional en condiciones justas.

Quienes conocen nuestra organización saben que el trabajo de APAG no consiste únicamente en alzar la voz cuando surgen problemas. Cada día un equipo de profesionales atiende expedientes, asesora explotaciones, resuelve incidencias, tramita ayudas, acompaña a agricultores y ganaderos y defiende sus intereses ante las distintas administraciones, independientemente del color político de quienes gobiernen.

Por eso resulta especialmente injusto descalificar como “esperpento” las movilizaciones protagonizadas por agricultores que ejercían un derecho constitucional para defender su medio de vida. Manifestarse nunca debería ridiculizarse. Puede compartirse o no el motivo de una protesta, pero merece el mismo respeto que cualquier otra reivindicación social. Además, conviene recordar que aquellas concentraciones no fueron semanas de protestas, sino dos jornadas convocadas a petición de nuestros propios asociados.

Nuestro desacuerdo con el actual sistema del Índice de Propagación Potencial (IPP) tampoco responde a ninguna contradicción, como algunos han querido hacer ver. Desde el primer momento hemos defendido exactamente la misma posición: los índices deben reflejar la realidad del riesgo existente. Si una herramienta genera restricciones que no se corresponden con las condiciones reales del territorio, debe revisarse.

De hecho, durante esta misma campaña hemos podido comprobar cómo el propio sistema ha sufrido modificaciones en un mismo día, lo que evidencia que existe margen de mejora. Nuestra propuesta siempre ha sido clara: que Castilla-La Mancha utilice criterios objetivos y contrastados, similares a los que emplean otras comunidades autónomas, apoyándose en los datos meteorológicos oficiales de AEMET para determinar el riesgo de incendios. No pedimos menos seguridad; pedimos mejores herramientas para proteger el monte sin imponer limitaciones desproporcionadas a quienes trabajan en el campo.

También nos preocupa profundamente la facilidad con la que, en ocasiones, se señalan culpables antes de que existan conclusiones oficiales. La presunción de inocencia no puede depender del oficio de una persona. Cuando alguien es señalado públicamente antes de que se conozcan los hechos, no solo se perjudica a esa persona, sino que se alimenta un clima de desconfianza hacia todo un colectivo profesional que vive precisamente de cuidar el territorio.

Mientras se suceden los debates y las descalificaciones, nuestros agricultores se han arriesgado y dejado la piel colaborando a parar este y otros incendios, y ahora se enfrentan a las consecuencias. Hay explotaciones que han perdido cosechas, ganaderos que han visto afectados sus pastos y han perdido animales y agricultores que han tenido que sacrificar parte de su cosecha para crear cortafuegos y evitar daños mayores. Esa es la realidad sobre la que ahora trabajamos, para dar soluciones.

En APAG seguiremos defendiendo a nuestros agricultores y ganaderos con la misma firmeza con la que lo hemos hecho durante casi medio siglo. Lo haremos desde el respeto, con argumentos técnicos y profesionales, con voluntad de diálogo. Porque creemos que las discrepancias enriquecen el debate cuando se sustentan en datos y no en descalificaciones.

El campo necesita soluciones, no etiquetas. Necesita rigor, serenidad y administraciones que escuchen a quienes trabajan diariamente sobre el terreno. Como se ha dicho estos días, el campo no es parte del problema, sino de la solución. Ese seguirá siendo nuestro compromiso y nuestra responsabilidad.

Defender al campo no puede convertirse en motivo de descalificación. No nos van a callar.

Viendo cómo este incendio me toca tan de cerca, me gustaría hacer una reflexión desde una crítica constructiva. No pretendo señalar culpables ni cuestionar el extraordinario trabajo de quienes, en estos momentos, están arriesgando su vida para proteger la nuestra. Mi más profundo reconocimiento a los retenes forestales, bomberos, UME, Guardia Civil y a todos los profesionales que están luchando sin descanso contra el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara. Ellos representan la mejor versión del servicio público.

Pero precisamente por respeto a su trabajo creo que debemos hacernos una pregunta incómoda: ¿estamos utilizando todas las herramientas que la Ciencia pone hoy a nuestro alcance?

Estamos en pleno siglo XXI. Vivimos en la era de la inteligencia artificial, del análisis masivo de datos y de la capacidad para predecir sistemas extremadamente complejos. Sin embargo, cuando observamos la gestión de un gran incendio forestal, da la sensación de que seguimos respondiendo a un problema del siglo XXI con herramientas conceptuales del siglo pasado.

Desde mi punto de vista como investigador, la propagación de un incendio no es únicamente un problema de extinción. Es, ante todo, un problema de dinámica de flujos complejos, muy similar, desde un punto de vista matemático, a otros sistemas no lineales como la formación de precios en los mercados financieros o la evolución de determinados fenómenos naturales. En todos ellos existe una característica común: pequeñas variaciones pueden desencadenar consecuencias enormes. Esa es precisamente la esencia del caos determinista.

Y cuando un problema pertenece a esa familia de sistemas complejos, la intuición y la experiencia, siendo imprescindibles, ya no son suficientes por sí solas. Es necesario incorporar modelos predictivos, simulaciones dinámicas, inteligencia artificial y algoritmos de optimización que permitan anticipar cómo evolucionará el incendio minutos u horas antes de que ocurra. No para sustituir a quienes están sobre el terreno, sino para dotarlos de una ventaja estratégica basada en la ciencia.

Si formulamos el incendio como un problema de optimización, el objetivo es claro: minimizar la velocidad de expansión del fuego en el espacio y en el tiempo. Cada decisión debería orientarse a reducir ese ritmo de propagación mediante modelos que evalúen millones de escenarios posibles en cuestión de segundos. Esa capacidad ya existe en otros sectores. La pregunta es por qué todavía no forma parte del núcleo de la gestión de nuestras emergencias.

Mi reflexión es sencilla: la ciencia no puede seguir llegando después de la catástrofe; tiene que formar parte de la decisión política antes de que la catástrofe ocurra

Estoy convencido de que una coordinación apoyada en modelos científicos avanzados salvaría vidas, reduciría pérdidas ambientales irreparables y evitaría costes económicos de miles de millones de euros.

Por eso también llevo años insistiendo, como alcalde, en algo que a veces parece menor: la limpieza de cauces, arroyos, regueras y ríos. No es una cuestión estética ni burocrática. Son variables que modifican la dinámica del territorio. En cualquier modelo serio de simulación, estas condiciones iniciales pueden marcar la diferencia entre un incendio controlable y un incendio fuera de control.

La naturaleza no entiende de ideologías ni de administraciones. Solo responde a las leyes de la física. Y esas leyes hoy pueden modelizarse con una precisión impensable hace apenas una década.

Mi reflexión es sencilla: la ciencia no puede seguir llegando después de la catástrofe; tiene que formar parte de la decisión política antes de que la catástrofe ocurra.

Ojalá este incendio termine cuanto antes y no tengamos que lamentar ninguna víctima. Pero cuando todo pase, sería un error limitarnos a contar hectáreas quemadas. Lo verdaderamente importante será preguntarnos si hemos aprendido algo.

Porque si disponemos del conocimiento, de la tecnología y de la capacidad científica para anticiparnos y decidimos no utilizarlos, el problema ya no es tecnológico. Es una cuestión de voluntad.

Y un país que renuncia a aplicar la ciencia en la toma de decisiones acaba luchando contra problemas cada vez más complejos con herramientas cada vez más insuficientes.

Hay recuerdos que nunca desaparecen. Permanecen dormidos durante años hasta que una columna de humo vuelve a despertarlos.

Estos días, mientras veía las imágenes de los incendios que asolan España, una y otra vez volvía al mismo recuerdo. Y hoy, cuando el humo ha vuelto a aparecer en Almorox, ese recuerdo ha regresado con toda su fuerza.

El primero me lleva a mi infancia.

En mi pueblo, cuando las campanas de la iglesia sonaban de una forma distinta, nadie preguntaba qué ocurría. Todo el mundo lo sabía. Había un incendio.

No existían los grandes dispositivos de extinción que conocemos hoy ni los medios aéreos que ahora vemos sobrevolando los montes. Eran los propios vecinos quienes dejaban lo que estaban haciendo y corrían hacia el fuego con azadas, ramas o cualquier herramienta que pudiera servir para abrir un cortafuegos o sofocar las llamas. Era una lucha desigual, pero era la única que conocían.

Aquel incendio terminó de la peor manera posible. Cuatro personas perdieron la vida intentando defender el monte. Hoy descansan juntas bajo una misma lápida en el cementerio de mi pueblo. De vez en cuando me detengo ante ella y siempre pienso lo mismo: detrás de cada incendio hay mucho más que hectáreas calcinadas. Hay nombres, hay familias y hay una ausencia que el tiempo nunca termina de borrar.

Con los años comprendí que aquella tragedia no había sido una excepción. El fuego ha seguido llevándose vidas en muchos rincones de España. Nunca olvidaré el incendio de Riba de Saelices, en Guadalajara, en el verano de 2005. Once integrantes del operativo de extinción —nueve bomberos forestales y dos agentes medioambientales— quedaron atrapados por las llamas y perdieron la vida intentando salvar el monte. Aquella tragedia conmovió a todo el país y marcó un antes y un después en la lucha contra los incendios forestales.

Pero, por desgracia, tampoco fue la última. Después, han seguido llegando noticias de otros incendios, de otros compañeros caídos, de otros vecinos que no lograron escapar, de otras familias rotas. Cambian los lugares, cambian los nombres y cambian los años, pero el dolor siempre es el mismo.

Quizá por eso, cada vez que alguien reduce un incendio al número de hectáreas quemadas, siento que falta una parte esencial de la historia. Porque un incendio nunca consume solo árboles. También deja cicatrices en quienes sobreviven, en las familias que pierden a los suyos y en quienes tienen que empezar de nuevo después de ver desaparecer, entre las llamas, todo aquello que habían levantado con años de trabajo.

Con el paso de los años pensé que aquellos recuerdos quedarían atrás.

Pero el fuego volvió a cruzarse en mi camino.

Porque un incendio nunca consume solo árboles. También deja cicatrices en quienes sobreviven, en las familias que pierden a los suyos y en quienes tienen que empezar de nuevo después de ver desaparecer, entre las llamas, todo aquello que habían levantado con años de trabajo

Cuando la vida me llevó a Almorox, nunca imaginé que aquel monte acabaría formando parte de mi propia historia. Con el tiempo se convirtió en mi pueblo de acogida y aprendí a querer su pinar como si también fuera un poco mío.

Allí viví el gran incendio de 1994, que arrasó parte del monte. Después llegarían otros. Cada uno distinto, pero todos dejando una enorme cicatriz.

Sin embargo, también tuve la suerte de contemplar el otro lado de la historia.

Tiempo después de aquel incendio, subimos al pinar con los niños del colegio a repoblar parte de la zona quemada con pinos piñoneros. Todavía recuerdo aquella mañana. Pisábamos ceniza mientras los niños plantaban pequeños árboles con una ilusión contagiosa. Nosotros seguíamos viendo la devastación; ellos solo eran capaces de imaginar el bosque que algún día volvería a crecer.

Y, en buena medida, así ocurrió.

Muchas zonas fueron recuperándose gracias a las repoblaciones impulsadas por el Ministerio de Agricultura y al trabajo constante de los agentes medioambientales, cuyo esfuerzo merece siempre nuestro reconocimiento. Pero la naturaleza también hizo su parte. Poco a poco comenzaron a aparecer encinas, alcornoques y otras especies autóctonas que demostraban que el monte posee una extraordinaria capacidad para regenerarse cuando se le da una oportunidad.

Durante todos estos años he visto cómo ese paisaje cambiaba. No solo por los incendios. También porque cambió nuestra forma de relacionarnos con el monte.

Cuando yo era pequeña, y también cuando llegué a Almorox, el monte estaba lleno de vida. Se recogían las piñas del pino piñonero, había ganado pastando, se aprovechaba la leña y existía una actividad constante que, sin llamarla así, también era gestión forestal. Aquellos usos mantenían limpio el terreno y evitaban que la vegetación se acumulara como ocurre hoy.

Ahora muchos de esos aprovechamientos han desaparecido. La leña apenas se recoge, el pastoreo ha disminuido y los pinares acumulan una enorme cantidad de combustible vegetal. A ello se suma otro problema: la presencia de urbanizaciones integradas en el monte o muy próximas a él, donde no siempre todas las parcelas se mantienen en las condiciones adecuadas. Cuando el fuego llega a esos lugares ya no solo amenaza al bosque; amenaza también las viviendas y la vida de quienes las habitan.

Pero sería injusto pensar que esa es la única explicación.

Los incendios de hoy también son consecuencia de una realidad climática muy distinta. Las olas de calor son más intensas, las sequías se prolongan durante meses y el viento convierte cualquier conato en un incendio extremadamente difícil de controlar. Quienes trabajan en la extinción lo saben mejor que nadie. Lo saben bien quienes estos días luchan sin descanso contra los grandes incendios que vuelven a golpear a nuestro país y, de forma especial, a Castilla-La Mancha.

Mientras seguíamos pendientes de Guadalajara, el humo volvía a aparecer también en Almorox. Es imposible no sentir un nudo en el estómago.

Afortunadamente, ya no son las campanas las que movilizan a los vecinos. Hoy contamos con bomberos forestales, agentes medioambientales, brigadas y medios aéreos extraordinariamente preparados que realizan un trabajo admirable y que merecen todo nuestro reconocimiento. Gracias a ellos se salvan montes, pueblos y muchas vidas. Pero ni siquiera ellos pueden vencer solos una batalla que empieza mucho antes de que aparezca la primera llama.

Cada vez que veo una columna de humo vuelvo a escuchar aquellas campanas de mi infancia.

Por todo ellos, estoy convencida de que la verdadera lucha contra los incendios no empieza cuando despega el primer helicóptero. Empieza mucho antes: cuando cuidamos el territorio durante todo el año, cuando entendemos que la prevención es tan importante como la extinción, cuando mantenemos limpias las parcelas, recuperamos los aprovechamientos compatibles con la conservación y dejamos de dar la espalda al monte.

Porque un monte no es solo un paisaje. Es la memoria de quienes lo han trabajado, de quienes han crecido en él y de quienes han aprendido a quererlo. Forma parte de nuestra historia y también de lo que somos.

Quizá por eso, cada vez que veo una columna de humo, sigo escuchando aquellas campanas de mi infancia. Y entonces comprendo que hay incendios que nunca terminan de apagarse.

En algunas ocasiones es difícil expresar con palabras lo que supone una persona en nuestras vidas, cuando ocurren hechos luctuosos las emociones te impiden expresar verbalmente los sentimientos.

Por este motivo me he decidido a escribir estas líneas en recuerdo, reconocimiento y desahogo de lo que es, ha sido, y será Isidoro Gómez Cavero para mí como alcalde de mi ciudad, pero más en el ámbito de lo personal.

Recuerdo perfectamente los primeros días de octubre del año 2024, como una losa nos caía el anuncio de su enfermedad, el primero en relativizar, asumir y contextualizar su cáncer fue él y quien ‘tiraba del carro’ de su enfermedad valientemente era él.

Afortunadamente siempre acompañado de muchas muestras de cariño de los conquenses, a los que había atendido como médico durante toda su vida. En los enfrentamientos políticos siempre puso por delante a su ciudad, a su Cuenca, para que las cosas cambiasen de verdad.

Su forma de ver la vida política, sus adjetivaciones, sus compromisos para que la ciudad avanzase, a ello nos comprometimos y seguiremos comprometidos, más si cabe desde que nos ha dejado.

Isidoro no nos has dejado, es imposible que nos dejes, tu impronta está y aquí va a seguir.

Compañero, amigo, hermano mayor, Isidoro seguimos el camino trazado que tú conoces, no se puede, ni debe desandar ni un paso y te prometo que no lo vamos hacer, tu recuerdo, trabajo y desvelos seguirán marcando nuestra ruta.

No es fácil expresar lo que siento: rabia, desazón, “que no es justo”, “que es demasiado pronto”. Pero tú mismo me lo dijiste: “No sé cuánto me queda” y yo, en ese momento, ni me atrevía a preguntarte, ahora sé que, como médico, lo sabias.

Te vamos a echar de menos, un abrazo desde el corazón de tu compañero, amigo y hermano menor.

Hay dolores que no se pueden explicar con palabras. Se siente en el pecho, en la garganta, en la mirada. Uno de ellos es contemplar cómo arde un bosque.

Estos días, Castilla-La Mancha vive con angustia el enorme incendio de la Sierra Norte de Guadalajara. Más de 32.000 hectáreas arrasadas se han convertido en el mayor incendio forestal, por superficie, de la historia de nuestra región. Más de mil personas han tenido que abandonar sus hogares y numerosas poblaciones han vivido el miedo de ver el fuego acercarse.

Detrás de cada cifra hay una tragedia humana. Detrás de cada hectárea quemada hay árboles que tardaron décadas en crecer, animales que han perdido su refugio, paisajes que ya no serán los mismos y personas que han visto desaparecer parte de la tierra que les daba identidad y sustento.

Nuestra tierra, tantas veces considerada pobre, posee una riqueza extraordinaria. Sus montes, bosques, paisajes y ecosistemas son un patrimonio que no se mide solo en términos económicos. Son nuestra memoria, nuestra identidad y una herencia que debemos conservar y entregar a las generaciones futuras.

Por eso duele ver cómo esa riqueza desaparece entre las llamas. Y duele aún más cuando quienes tienen la responsabilidad de protegerla no han estado a la altura.

No basta con lamentar las tragedias cuando llegan. La verdadera responsabilidad comienza mucho antes: en la prevención, en la gestión y el mantenimiento de los montes, en la vigilancia, en la planificación y en decisiones valientes. Los bosques no pueden quedar abandonados a su suerte. Quienes gobiernan tienen una obligación que no pueden eludir.

Proteger el patrimonio natural no es un lujo. En las comunidades con mayores dificultades económicas, el cuidado de los bosques debe ser una prioridad absoluta. La pobreza nunca debe convertirse en excusa para descuidar nuestra verdadera riqueza. Al contrario, debería impulsarnos a protegerla con mayor determinación. Nuestros bosques pueden generar empleo, oportunidades, desarrollo sostenible y futuro. Pero, sobre todo, representan la vida.

La responsabilidad no recae solo en las instituciones. Todos tenemos una parte. La ciudadanía debe exigir, vigilar, participar y cuidar. Debemos recuperar la conciencia de que el monte no es de nadie y, al mismo tiempo, es de todos. Es patrimonio común.

Necesitamos recuperar la dignidad de sentirnos responsables de la tierra que habitamos. Dignidad para no mirar hacia otro lado. Dignidad para exigir a nuestros dirigentes que cumplan con su deber. Dignidad para comprender que la protección de la naturaleza no puede depender de la improvisación ni de la reacción ante la catástrofe.

Mientras celebramos con alegría los triunfos que nos unen como país, contemplamos con dolor el fuego devorando nuestros montes. Esa contradicción debería obligarnos a detenernos y preguntarnos qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer.

No podemos acostumbrarnos a ver arder nuestros bosques. No podemos aceptar el fuego como una fatalidad inevitable. No podemos resignarnos a que cada incendio nos robe un pedazo más de nuestra tierra.

No podemos permitir que nos roben nuestra riqueza, nuestra memoria y nuestro futuro. Para que, cuando volvamos a mirar nuestros montes, no veamos solo una tierra pobre, sino una tierra viva, llena de historia, de belleza y de posibilidades

El fuego puede destruir en unas horas lo que la naturaleza tardó décadas o siglos en construir. Pero la indiferencia puede ser todavía más peligrosa.

Por eso necesitamos despertar. Necesitamos cuidar. Necesitamos exigir. Necesitamos que quienes tienen responsabilidades públicas comprendan, de una vez por todas, que proteger nuestros bosques no es una opción, sino un deber imperdonable.

No podemos permitir que nos roben nuestra riqueza, nuestra memoria y nuestro futuro. Para que, cuando volvamos a mirar nuestros montes, no veamos solo una tierra pobre, sino una tierra viva, llena de historia, de belleza y de posibilidades.

Castilla-La Mancha merece ser amada, protegida y respetada por todos y para siempre.

Julio. 2026. Treinta y una mujeres asesinadas por violencia machista. Treinta y un fracasos de una sociedad que mira hacia otro lado, que expone a las víctimas mientras protege la identidad del asesino.

Él no tenía antecedentes, solo faltaría que los tuviera y siguiera en la calle. Ella no estaba en el sistema VioGén, otras sí estaban, de esas treinta y una… ¡Y para qué!. Y la respuesta de “estamos en ello”, de nuestro presidente, por algo recibió el premio 'Bocazas de oro'. En serio, “en ello”…

¿En investigar el asesino? ¡Ya no es necesario!

¿En proteger a las mujeres? ¡Mentira!

¿En controlar a los agresores? ¡Falso!

La violencia machista. La normalización, el cuestionamiento, vivir con miedo... ¡Es insoportable!

Son sucesos evitables si se pusiera el foco en los verdaderos culpables: los asesinos, los consentidores, la pasividad del entorno, el silencio. ¡Insoportable!

Hay que romper el silencio ante una violencia constante, instaurada en nuestra sociedad, que cercena vidas y destroza familias.

Frente a la normalización del horror, no podemos acostumbrarnos a enterrar a nuestras compañeras, amigas, madres y hermanas. Frente a la barbarie machista, unidad absoluta.

Levantamos la voz con un compromiso inquebrantable de todas y de todos: ¡ni un asesino más, ni una mujer menos!