Eduardo Sánchez-Beato quizá sea, hoy día, el pintor más relevante de la ciudad de Toledo, y por ende de Castilla-La Mancha, y por extensión, uno de los artistas más señeros del ámbito nacional.

Su trayectoria es completa, diversa, aunando de maravilla las tendencias abstracta y figurativa, si bien como pintor abstracto su nombradía es muy sobresaliente.

La poeta toledana, una 'alhaja' de pura cepa, María Antonia Ricas, publicó un libro Buscando el tono con 42 poemas ilustrados por el mismo número de reproducciones de cuadros de Beato. Ella aporta en ese libro grandes figuras lingüísticas, grandes tropos, que glosan muy excelsamente el arte de Sánchez-Beato, proclamando, con una muy sublime paradoja poética, que “Cuando lo negro se transforma / en un nido de luz / leo a Beato”, añadiendo que ya sólo le importa “seguir / conversando con sus pinturas”, centrándose “como él centra” para “imaginar ese otro mundo / muy semejante al suyo”.

Yo dije, en este mismo medio, que la pintura de Eduardo Sánchez-Beato hacía desenvolver con soltura y seguridad, grandemente cualitativas, una amplia y valiosa singladura. Fue uno de los fundadores del grupo Tolmo.

La actividad al exponer su obra es muy intensa, dentro y fuera de España. Es muy becado y muy premiado. Sus cuadros suelen propender a destacadas dimensiones, aptas para ser contempladas con mirada proclive y provechosa. Dentro de los espacios de sus piezas habita una selecta gama colorista, sea la factura abstracta o figurativa. La armonía obtenida es encomiable en grado sumo.

Todo ello se manifiesta extraordinariamente en su exposición 'La catedral transfigurada', que hasta el 29 de noviembre (día de elecciones generales por cierto) se puede ver, en una magnífica y rutilante distribución, comisariada por Mila Ortiz Martín y Juan Antonio García Castro, en el Centro Cultural San Marcos de Toledo.

Mi amiguete Sánchez-Beato nada menos que nació en la ancestral calle del Pozo Amargo de Toledo, gran honor de competente alumbramiento. Yo no nací en Toledo pero los dos años los cumplí en la afamada Peñascosa Pesadumbre (Cervantes ‘dixit’). Se es, proclamaba Max Aub, donde se hace el Bachillerato, es decir, donde se vive la adolescencia. Los dos fuimos alumnos del colegio de los Maristas, y la misa había que oírla en la iglesia de San Marcos. A mí todavía no se me ha borrado la vehemente impresión de contemplar el gran cuadro del altar donde Dios Padre, con su profusa barba canosa, apoyaba sus codos en la bola del mundo.

La muestra es magnífica, repleta de los grandes recursos que domina el pintor. Desarrolla un sabroso despliegue de geometría, perspectiva y color. El artista destaca en un acertadísimo gobierno del dibujo, condición imprescindible para ser un buen pintor. Dibujar es el primer contacto, ineludible, para que la pintura resultante resulte irreprochable. El mundo, más que un compendio de innumerables estampas, es un trazado donde el dibujo ordena su óptima conformación.

La exposición ha tenido que ver con la que se ha mostrado en la Catedral con motivo de sus ocho siglos de existencia, resultando un excelente contrapunto. Se ha editado un catálogo vistoso donde seis firmas escriben, reproduciéndose todas las obras de la muestra, su total de 42 óleos, más los ocho de los obispos Bernardo de Sedirac, Giménez de Rada, Gil de Albornoz, Mendoza, Cisneros, Tavera, Siliceo, Portocarrero y Lorenzana.

El propio Beato escribe: “Con motivo de la celebración del octavo centenario del comienzo de la construcción de la catedral de Toledo me propuse la realización de un serie de trabajos pictóricos que presten una nueva mirada, una luz diferente a ese monumento nuestro que nos ha acompañado y marcado con su presencia a lo largo de la historia”.

Sánchez-Beato, efectivamente, ha pretendido el correcto análisis de los mensajes, las formas y los símbolos de ese emblemático edificio, tanto en su continente como en su contenido, tentando, con el jugo artístico mayor, tal como él afirma, “sus posibilidades interpretativas en clave pictórica, como si de una semiótica de imágenes se tratara”.

Nada mejor que las palabras del pintor para que el lector sepa las claves de las esencias de esta formidable colección pictórica. Otros dos escritos del catálogo abordan temas muy interesantes. Se trata de los textos de los dos comisarios de la exposición.

El título del artículo de Juan Antonio García Castro es Artistas y Catedrales. Una historia de pasiones y relaciones anacrónicas. Sus tan aclaratorias palabras se acompañan de un prolífico elenco de pinturas que reproducen catedrales. Cuadros de Canaleto, Turner, Pérez Villaamil, Doré, Pissarro, Monet, Sorolla, Picabia, Matisse, Chagall y muchos otros.

A su vez, Mila Ortiz Martín, en La Catedral Transfigurada. Arquitectura, memoria y resonancia en la pintura de Eduardo Sánchez-Beato, desarrolla un curioso epígrafe: Acentos cromáticos. El color como evento sonoro, poniendo en relación los propios pigmentos pictóricos con los materiales musicales.

Yo he oído a alguien que, elogiando la exposición y el arte de Beato, realiza, sin embargo, algún leve reproche al conjunto. Reproche, para mí inconsistente, que se basa erróneamente en acusar al artista de que sus cuadros repiten, incansables, la imagen de la Catedral de Toledo.

Esa repetición, verdaderamente, es recreación. Y la recreación es auténtico mérito; valía que ofrece un planteamiento poliédrico que hace destacar las ricas y variadas facetas de un objeto que, de este modo, se convierte en sujeto cambiante, fecundamente gestual y muy vivo. Una encomiable recreación es haber pintado la cúpula de Santa Maria del Fiore, de Filippo Brunelleschi, en el Duomo de Florencia, como homenaje a la profunda analogía con la cúpula de la capilla mozárabe de la catedral de Toledo.

Hubo un momento, previo a la convocatoria, en el que la duda táctica sobrevoló a muchos sectores de la izquierda social y sindical. ¿Era este el momento idóneo? ¿Se medían bien los tiempos? Sin embargo, la realidad material ha resultado inapelable y se ha encargado de barrer cualquier atisbo de vacilación.

Cuando la vida cotidiana de las clases populares se convierte en un asunto de supervivencia, la neutralidad deja de ser una opción para convertirse en una necesidad. La huelga general del próximo 11 de noviembre no solo es oportuna sino una radical y absoluta necesidad histórica.

Estamos asistiendo a una ofensiva reaccionaria que apuesta por un modelo de precarización total. Basta mirar la alternativa que la derecha y la extrema derecha, hoy defensoras a ultranza de los dogmas que el neoliberalismo más salvaje, tiene diseñados para el mundo del trabajo, para entender la urgencia de esta huelga general. No estamos ante meras discrepancias ideológicas, sino ante un plan sistemático de supresión de derechos.

Comprobar el seguidismo con las políticas de Milei causa terror. Proponen un horizonte laboral donde se normalizan las 48 horas semanales de trabajo y se institucionaliza el robo del tiempo a través de horas extras no retribuidas. Pretenden implantar un periodo de prueba de 12 meses para cualquier contrato que convierte el empleo en una tómbola de usar y tirar, reducir drásticamente las indemnizaciones por despido para abaratar el coste de echarnos a la calle, e incluso rebajar al 50% los días de baja por incapacidad temporal que pasa al control de las mutuas, castigando doblemente a quienes enferman.

Por si esas propuestas, ya aplicadas en Argentina, aun fueran poco, incluyen la imposición de un salario variable que traslada el riesgo empresarial al bolsillo del trabajador, al tiempo que buscan amordazar la disidencia limitando por ley el derecho de huelga y condicionando la celebración de asambleas a la explícita autorización de la empresa. Frente a este modelo de sumisión patronal, la única respuesta democrática de la clase trabajadora es el bloqueo de la producción.

Es una emergencia material la situación del acceso a vivienda, la precariedad de los salarios y el inasumible coste de la cesta de la compra. La huelga del 11-N responde a esa triple pinza que asfixia a la mayoría social. En primer lugar, la vivienda se ha convertido en un auténtico artículo de lujo. Comprar una casa es una quimera inalcanzable para la inmensa mayoría, y un alquiler inasumible que devora la nómina, golpeando con saña a la juventud, pero atrapando también a familias enteras de cualquier sector y edad bajo la bota de la especulación inmobiliaria y los fondos buitre. Los salarios están condenados al estancamiento, suben a duras penas y demuestran que trabajar ya no garantiza vivir con dignidad. La escalada desbocada de los precios de alimentos y combustibles amenaza directamente la subsistencia más elemental. La clase trabajadora no puede seguir pagando la factura de una crisis que no ha generado.

¿Por qué ahora y no antes? Pues porque es la calle quien ha tomado el relevo en los centros de trabajo y los problemas estructurales ya estaban ahí, y es evidente el desborde social. La calle lleva tiempo rugiendo en manifestaciones multitudinarias de personas exigiendo un freno al drama de la vivienda. Es lógico que las organizaciones sindicales de clase no miren hacia otro lado. Se ha tratado desacreditar a los sindicatos acusándolos de inactividad, una falacia interesada, bastan contemplar cifras como que solo en Castilla-La Mancha, en los últimos años, se han tramitado más de mil conflictos colectivos, convocado huelgas y movilizado a más de doscientas mil personas afectadas.

Abordar el 11-N desde la perspectiva castellanomanchega exige poner sobre la mesa los rostros y los números de nuestra región, donde las debilidades estructurales agudizan cada zarpazo de la situación.

En nuestra comunidad autónoma, entre 22.000 y 25.000 personas dependen directamente del subsidio para mayores de 52 años, un pilar fundamental en un territorio con una pirámide demográfica envejecida y serias dificultades de recolocación laboral sénior.

A esto se suman los miles de hogares que malviven bajo la red de seguridad del Ingreso Mínimo Vital, y los 388.806 pensionistas de Castilla-La Mancha, tres colectivos a los que si hoy la inflación desbocada y los recortes decapitan estas rentas asistenciales y pensiones. Las propuestas que se plantean desde la derecha y la patronal son una sentencia de muerte social para nuestra comunidad autónoma.

Se ha tratado desacreditar a los sindicatos acusándolos de inactividad, una falacia interesada, bastan contemplar cifras como que solo en Castilla-La Mancha, en los últimos años, se han tramitado más de mil conflictos colectivos, convocado huelgas y movilizado a más de doscientas mil personas afectadas

A esto se suma un mercado laboral castigado por la periferia económica. Castilla-La Mancha sufre un modelo productivo excesivamente dependiente del sector servicios de baja intensidad, la logística precaria y un campo castigado por los, a menudo, abusivos márgenes de la cadena alimentaria. La aplicación de las recetas de la derecha tendría un efecto devastador en provincias donde los convenios colectivos ya arrastran una histórica brecha de precariedad respecto al centro del Estado.

En conclusión, la huelga general del 11 de noviembre no es un capricho sino un acto de legítima defensa colectiva. La clase trabajadora castellanomanchega no puede tolerar que le roben el presente y el futuro en nombre de la rentabilidad del capital.

Cuando los cimientos de la vida digna (el pan, el techo y el salario) están bajo mínimos, la única respuesta a la altura de la historia es decir basta. El 11-N, la huelga general es empezar a reconstruir la esperanza.

Ya han salido los resultados finales del proceso de participación pública en el decreto de biometano. Junto a la convocatoria, se pueden encontrar dos archivos: el primero, un PDF, consiste en un “informe final del proceso participativo sobre el proyecto de decreto por el que se establecen las condiciones para la gestión de los residuos orgánicos mediante su transformación en biometano”. En él podemos encontrar datos sobre la cantidad y tipo de participación en el proceso, características de los participantes, así como una relación de otras entidades que han intervenido con sus aportaciones y alegaciones. Y el segundo, un Excel infumable con todas las aportaciones en una columna y en otras consideraciones genéricas por parte de la consejería acerca de si “se acepta parcialmente” o “no se acepta” lo aportado, sin que sepamos exactamente que es lo aceptado o no.

Nuestra experiencia de relación con la Consejería de Desarrollo Sostenible es ya amplia a través de nuestro cuestionamiento de muchos y diferentes procesos regulatorios y reuniones de análisis y, por ello, aunque por responsabilidad ciudadana solemos intervenir en todos aquellos que podemos, nunca esperamos demasiado porque es la mejor vía de no resultar defraudados.

Lo que observamos sistemáticamente es que defendemos criterios radicalmente distintos desde posiciones bastante lejanas. Una y otra vez, la Administración regional prima el discurso empresarial como motor de riqueza y empleo y como solución a todos los males que aquejan nuestra región, sean despoblación u incendios forestales, lo cual es algo lógico si tenemos en cuenta la vigencia plena del modelo de economía liberal en que el Estado, poco a poco se convierte únicamente en garante de los intereses de las empresas en detrimento de los ciudadanos.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha siempre intenta hacernos comulgar con las ruedas de molino que consisten en que las inversiones supongan mayor riqueza para la población y mayor bienestar cuando lo obvio es que esto no es así. Los inversores buscan ante todo rentabilidad de sus inversiones y el resto les importa un capsicum anuum (vulgarmente, “pimiento”). Para que estas inversiones resulten rentables, y de acuerdo con las reglas del capital, los gastos deben de ser mínimos, tanto en material como en mano de obra, y los devengos máximos. Esto último supone mantener lo más altas posible las cifras de consumo de cualquier bien.

Pues bien, con el tema del biometano sucede exactamente lo relatado anteriormente, pero llevado a extremos que causan auténtica risa.

Cualquier empresa que en su actividad está generando residuos es la única responsable de su tratamiento, ya que dicha actividad le está reportando dividendos. Pero mira tú por dónde, esto no es así

Resulta que la Administración regional , “de repente” descubre que en la región se generan 15 millones de toneladas de residuos, la mayor parte de ellos procedentes de la agroganadería intensiva y no se cuestiona para nada cómo es posible que los grandes actores de la agroindustria que operan en la región, en realidad pocos comparados con la población dedicada a las actividades agrícolas, generen tal cantidad de porquería. Lo lógico es que estos residuos no existieran, tal y como marca la ley de residuos y suelos contaminados.

Cualquier empresa que en su actividad está generando residuos es la única responsable de su tratamiento, ya que dicha actividad le está reportando dividendos. Pero mira tú por dónde, esto no es así. Mientras los beneficios se los llevan las grandes empresas de agricultura intensiva así como las grandes cárnicas e integradoras, los costes se están socializando en forma de contaminación de tierras, aguas y aire. Para esto también han encontrado una solución, se crean infinidad de empresas de gestión de residuos que son, las que a cambio de un jugoso estipendio, se van a hacer cargo de hacerlos desaparecer.

El cómo se hacen desaparecer es otro de los misterios de la santísima trinidad, pero tenemos algunas pistas: lodos de depuradoras que aparecen por algunas parcelas agrícolas sin cumplir ni de lejos los parámetros exigidos por la ley, pero con los certificados en regla para poder contaminar los campos en forma de “valorización agrícola” o como, tal y como denuncia Ecologistas en Acción, vemos camiones de residuos verter directamente en las celdas del vertedero de Almonacid sin el obligatorio paso por las cadenas de recuperación. O cómo llegan camiones de residuos peligrosos procedentes ilegalmente de Francia para beneficiarse de costos de tratamiento más baratos .

Pues bien, esta misma administración que consiente e incluso fomenta con su inoperancia estas prácticas, esta misma que permite que prolifere una industria contaminante como la del porcino antes de saber siquiera lo que hará con los purines que genera. Esta misma administración que otorga autorizaciones ambientales a granjas avícolas de un millón de gallinas de puesta. Esta misma, ahora se pone el traje de preocupación ambiental y lanza aquella famosa frase de Mercedes Gómez: “Tenemos que tratar los 15 millones de toneladas de residuos para no dañar el medio ambiente, generar un valor añadido y fomentar la economía circular”. El tufo de la frase es evidente viniendo de quien viene y representando a quien en realidad representa.

Sostener sin sonrojarse que el motivo detrás del impulso al biometano es la necesidad de tratar bien los residuos o la de descarbonizar la economía es tomarnos a los ciudadanos de a pie por tontos integrales, sobre todo a tenor de todo lo que hemos visto hasta ahora.

Aquí, como en general en todo nuestro sistema, sucede que los intereses de los ciudadanos y del medio ambiente nunca coinciden con los de los especuladores

Nuestra crítica fundamental, primero al plan regional y posteriormente al decreto, no era ni de tecnología, ni de eficiencia, ni de contaminación, ni de salud (todo ello puede existir y existirá si se sobredimensionan plantas). Nuestra crítica siempre ha sido el modelo, porque el modelo que se desarrolle es el que va a definir los objetivos que se van a alcanzar y a quienes o a qué se quiere beneficiar.

Aquí, como en general en todo nuestro sistema, sucede que los intereses de los ciudadanos y del medio ambiente nunca coinciden con los de los especuladores ni de las empresas que lo único que buscan es lucro, acumulación y reducción de costos operativos para satisfacer a sus inversores.

Precisamente por esta no coincidencia de intereses y ese desinterés evidente por las cuestiones ambientales, nunca se priman los intereses democráticos de una distribución justa de la riqueza y un respeto a una tierra que es de todos y no sólo de unos cuantos.

Hemos visto cómo, en lugar de fomentar un modelo de autoconsumo, este se penalizaba y se facilitaba legislativa y económicamente la proliferación de grandes complejos eólicos o fotovoltaicos, como se cedían a las exigencias de las grandes empresas energéticas y se alargaban la vida útil a nucleares, como se dejaba operar libremente al mercado en cuestiones claves como la soberanía alimentaria y energética. Así se desarrollan proyectos inviables y demenciales de hidrógeno verde en Chinchilla y Villarobledo en competencia con los recursos hídricos de la agricultura.

Con el biometano sabíamos que iba a ser más de lo mismo, todo se estaba y se está haciendo a espaldas de los ciudadanos y de sus intereses. Eso sí, con el necesario disfraz de la participación pública, al igual que se ha hecho con Puy du Fou, Toro Verde, el parque de Los Palancares y tantas y tantas cosas.

Una amplia movilización

En el caso del biometano, la Junta no contaba con la fuerza de movilización de las innumerables plataformas que manifestaron su oposición radical a convertir sus territorios en territorios de sacrificio, ya bastante castigados con renovables, ganadería industrial y agricultura intensiva agotadora de recursos hídricos. Y esta falta de previsión debida a una soberbia sin límites , le dio en los morros obligándola a renunciar a un plan que había surgido con la polémica de su encargo a una empresa del sector.

Con el biometano existía un modelo viable, democrático, de muy bajo impacto y que tenía que ver con la economía circular, la de verdad, no la de hacer circular el dinero. Ejemplos los tenemos por doquier, y son modelos que benefician la agricultura, la ganadería, las comunidades locales en Francia, Alemania, Suiza. Pero como beneficiar a las pequeñas comunidades y al medio ambiente está reñido con el negocio especulativo que rodea todo lo que tiene que ver con la energía, la Junta de Comunidades (y el resto del estado y de Europa) tienen que rendir pleitesía al color del dinero y condenarnos a todos a algo que no hemos elegido y que viene totalmente impuesto desde arriba.

Cuestionamos en su momento un borrador de decreto que ahondaba en los mismos vicios que el plan regional con concesiones mínimas en forma de la aprobación de los consistorios o de una cierta ampliación de distancia o de la obligación de cubrición de las balsas.

Nos temíamos lo peor tras un proceso participativo en el que las gasistas, esta vez ya prevenidas, han entrado a saco. Y cuando revisamos que asuntos se han modificado, los cuáles cita de una manera muy general y hasta que no salga de nuevo el borrador no sabremos realmente el alcance, pues nos encontramos con cosas como:

Como se puede ver, donde dije digo, ahora digo Diego. Nada nuevo bajo el sol, lo que se prometía como una normativa garantista y novedosa no es sino un lavado de cara para meternos con calzador un modelo de biometano que ahondará en el desastre ambiental y será otra oportunidad perdida para la sostenibilidad y otro modelo agroganadero que sea viable a largo plazo (el actual no lo es y estamos pagando las consecuencias).

Estaba claro que con 7 plantas autorizadas ya, de las cuales 5 están construidas y 64 en diferentes fases de tramitación, a estas alturas no podíamos esperar que renunciaran a su propia naturaleza.

Va uno de esos tutifruti en el que tenemos varias cositas que comentar:

Lo primero, agradecer enormemente la visita de Milei. La izquierda ya ha hecho media campaña con su paso por aquí. Sabe que cuando quiera regresar (hasta el 29N, claro) será bien recibido y tendrá todas las cámaras y micrófonos a su entera disposición. Reflejar en él lo que podría ser el gobierno de la derecha en España, es impagable.

En EEUU, si al ser detenido, el policía olvida leerte uno solo de tus derechos, no puedes ser juzgado por fallo en el procedimiento. Sin embargo, si la finalidad es tener petróleo barato y encarecer el de los demás, puedes invadir un país, asesinar 115 personas y secuestrar al líder y su esposa para ponerlos ante un juez con los cargos que haga falta. Así de demócratas y respetuosos son con las leyes.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comentó ufano sobre el asedio que pretende torturar a todo el pueblo cubano que “cada vez que buscan una puerta de escape, nosotros la cerramos”. ¡Qué valiente! ¡Qué grandeza! Gracias, señor Rubio por dejar tan claro hasta qué punto pueden llegar a ser tan inhumanos y canallas.

Ahora que está obligado a hablar un poquito más, el Sr. Feijóo demuestra que él no es menos que Rajoy. A su famosa ubicación de Badajoz en Andalucía y no dar una con las cifras macroeconómicas, ha añadido que en su “contrato con España” que “construiremos un millón de viviendas nuevas con más suelo y menos democracia”. Claro, como luego todo no se puede cumplir, dejará lo de las viviendas para otro y cumplirá, como prometió, lo de la democracia, sin duda.

Feijóo, Messi y las izquierdas

Igualmente afirmó que “a los jetas no se va a dirigir en toda la campaña” y se señaló directamente con el dedo índice al pecho al decir la palabra “jetas”. Bien sabemos ya lo que es él, pero una vez más no vamos a creer lo que dice: en algún momento se tendrá que dirigir a Abascal.

Lionel Messi ha recibido el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Es conocido que como jugador de fútbol es estratosférico, descomunal e histórico. El jurado se lo ha concedido por su “deslumbrante talento” y “formidable labor solidaria”. Bueno, cabría recordar que fue condenado en firme a 21 meses de cárcel (pena que suplió económicamente sin ingresar al ser ésta menor de 24 meses ¡uyyy!) y aparte 2.093.000 de multa, y todo por restar a las arcas del Estado español 4,1 millones de euros de nada. Además, dejó tirado al equipo que lo salvó de su enanismo hipofisario cuando más lo necesitaban. Pero, en fin, todo se entiende como premio a figura ejemplar si tenemos en cuenta que quien lo otorga es una fundación vinculada a los Borbones. ¡Aclarado!

Prueben a escribir en su teclado “unightdwad de las izjkiethredas” y verán como no les sale. ¡Nada! que es imposible por mucho que la gente en la calle lo pida y lo grite.

Dicen las malas lenguas que el juego favorito de Irene Montero es el yoyó, y que está tratando de convencer a los de ERC para que, como ya hicieran Jesús Gil, Ruiz Mateos y alguno más, las papeletas de los nacionalistas lleven su cara. ¡Hay que ver cómo son las malas lenguas que ni la humildad respetan!

Nos anuncia Felipe González que votará en blanco. Normal, cada uno vota lo que tiene en la cabeza.

Si los endemoniados dicen quemarse con el agua bendita, seguramente Page no vote por no abrasarse al coger una papeleta de su partido. ¡Venga, don Emiliano, aunque sea con guantes, hombre!

Y, por cierto, a los fachas de Albacete su caudillo les ha nombrado nuevamente un fachacandidato externo. Nosotros nos preguntamos: ¿es que no hay fachas suficientemente fachas aquí?

(*) El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Vanessa Pérez, Elías Rovira y Javier Sánchez.

A veces, una vivencia puramente personal y fortuita en el desempeño diario tiene la capacidad de abrirnos los ojos con mucha más fuerza y nitidez que cualquier estadística oficial o titular de prensa. Hace muy poco, por circunstancias personales, me encontré en la situación de mostrar un inmueble a unas personas a las que no conocía absolutamente de nada. Al finalizar el recorrido, sucedió algo que me hizo detenerme a pensar: se acercaron para darme las gracias por el simple hecho de haberlas tratado con absoluta naturalidad, sin proyectar sobre ellas prejuicios de antemano.

Aquel gesto espontáneo dio paso a una conversación honesta y profunda sobre lo que significa emigrar a nuestro país, un diálogo enriquecedor del que nacen las ideas y reflexiones que vertebran este texto. Para mí, aquella larga y sincera conversación fue una de las mayores lecciones sobre inmigración que he recibido, una de esas experiencias que te invitan a cuestionar tus propias percepciones y a mirar la realidad con otros ojos.

¿Qué experiencias ha tenido que vivir una persona para sentir la necesidad de dar las gracias porque alguien la haya tratado con normalidad? ¿Cuántas veces hay que sentirse observada, cuestionada o juzgada para que un gesto tan elemental como el respeto se convierta en algo digno de agradecer? A veces, lo más revelador de un encuentro no es únicamente lo que sucede durante él, sino todo aquello que intuimos que la otra persona ha tenido que vivir antes.

Escuchar su testimonio me permitió comprender el desgaste que produce la desconfianza previa con la que tropiezan casi a diario. Se presentaron abiertamente como lo que son: dos profesionales perfectamente cualificadas que habían tomado la decisión de venir a España a trabajar y construir un proyecto de vida digno, con empleos estables que les permiten sostenerse con holgura económica. Sin embargo, su propia experiencia les ha enseñado que una parte de la sociedad, al verlas por primera vez, les atribuye características y circunstancias basándose únicamente en su origen o su aspecto físico.

Durante aquella conversación tan sincera, que propicié a raíz de su llamativo agradecimiento, expresaron también su frustración ante la falsedad de mitos tan dañinos como el de las supuestas 'paguitas' o el supuesto trato de favor en las ayudas públicas

Durante aquella conversación tan sincera, que propicié a raíz de su llamativo agradecimiento, expresaron también su frustración ante la falsedad de mitos tan dañinos como el de las supuestas 'paguitas' o el supuesto trato de favor en las ayudas públicas. Bulos que, repetidos una y otra vez, terminan calando en el imaginario colectivo y distorsionando la realidad de quienes llegan para trabajar, cotizar y salir adelante por sus propios medios.

Entiendo que hay algo especialmente injusto en esa necesidad de tener que demostrar constantemente quiénes son. Ninguna de ellas debería necesitar explicar su cualificación profesional, su estabilidad económica o su capacidad para mantenerse por sí misma para merecer un trato digno. Sus circunstancias personales contribuyen a desmontar estereotipos, pero su dignidad no depende de su currículum, de su nómina ni de su capacidad para contribuir económicamente a la sociedad. Una persona no merece más respeto por tener un empleo estable ni menos por encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Cuando exigimos a alguien que demuestre primero que es honrado, trabajador y solvente antes de concederle la confianza que ofrecemos espontáneamente a otros, quizá el problema no esté en esa persona, sino en los prejuicios desde los que hemos aprendido a mirarla.

La mirada que prejuzga tiene esa capacidad: construir una historia sobre alguien antes de conocerlo. Interpretamos su aspecto, su acento o su procedencia y creemos saber quién tenemos delante. Sin embargo, esa historia habla mucho más de nuestros propios esquemas mentales que de la persona observada. No siempre hacen falta un insulto o una manifestación explícita de rechazo para discriminar.

A veces basta una sospecha injustificada, una oportunidad que nunca llega a ofrecerse o una puerta que se cierra antes incluso de escuchar quién llama. Son gestos que, considerados de manera aislada, pueden parecer insignificantes, pero que, acumulados, terminan convirtiendo la vida cotidiana en un examen permanente en el que algunas personas sienten que deben justificar su presencia una y otra vez. Fueron ellas quienes insistieron en cómo este sesgo automático invisibiliza la inmensa diversidad existente dentro del colectivo migrante. Aunque reconocían que perfiles profesionales cualificados como el suyo son cada vez más frecuentes y visibles en los núcleos urbanos e industriales de Castilla-La Mancha, recordaron que buena parte de la realidad migratoria de nuestra región transcurre por otros cauces, igualmente indispensables, pero mucho menos reconocidos.

Muchas personas migrantes, especialmente mujeres, asumen el cuidado de nuestros niños y mayores y la atención del hogar en una comunidad marcada por el envejecimiento demográfico. Una labor insustituible que permite a miles de familias conciliar su vida laboral y personal. Asimismo, este colectivo sostiene sectores de enorme exigencia física, como la agricultura, la ganadería, la hostelería o la construcción, pilares de la economía regional cuya actividad contribuye a mantener el tejido productivo, dinamizar el consumo local y fijar población en nuestros municipios.

Necesitamos a quienes cuidan de nuestros mayores, atienden a nuestros hijos, trabajan nuestros campos y sostienen buena parte de los servicios de los que dependemos. Sin embargo, esa necesidad no siempre se traduce en reconocimiento, respeto o igualdad de oportunidades

Precisamente aquí es, a mi juicio, donde aparece una de las contradicciones más incómodas de nuestra sociedad. Necesitamos a quienes cuidan de nuestros mayores, atienden a nuestros hijos, trabajan nuestros campos y sostienen buena parte de los servicios de los que dependemos. Sin embargo, esa necesidad no siempre se traduce en reconocimiento, respeto o igualdad de oportunidades.

Podemos valorar el trabajo de una persona y, al mismo tiempo, desconfiar de ella cuando busca una vivienda, cuando intenta acceder a determinadas oportunidades o cuando su presencia deja de ser una contribución abstracta a la economía y se convierte en la de una vecina o un vecino con los mismos derechos y aspiraciones que cualquier otra persona. ¿Qué dice de nosotros una sociedad que acepta el trabajo de alguien, pero no siempre está dispuesta a reconocerlo como un igual?

Tal vez debamos preguntarnos si aceptamos mejor a las personas migrantes por lo que hacen por nosotros que por lo que son en sí mismas. Reconocer su aportación es necesario, pero no suficiente. La convivencia no puede construirse sobre una aceptación condicionada a la utilidad económica de las personas, como si su derecho a formar parte de la comunidad dependiera de cuánto producen, cuánto cotizan o cuánto contribuyen a nuestro bienestar. Una sociedad verdaderamente justa no solo reconoce el valor del trabajo ajeno: reconoce también la dignidad de quien lo realiza.

En una tierra como Castilla-La Mancha, donde el envejecimiento y la despoblación plantean importantes desafíos, la integración adquiere un significado que va mucho más allá del empleo. Integrarse también es poder alquilar una vivienda sin que el origen se convierta en un obstáculo, participar en la vida del pueblo, llevar a los hijos al colegio, establecer relaciones de vecindad y sentir que el lugar en el que uno vive puede llegar a ser su hogar. No basta con que las personas migrantes estén presentes en nuestros municipios: es necesario que puedan formar parte de ellos, construir vínculos y desarrollar un proyecto de vida con las mismas oportunidades que los demás. Porque vivir en un lugar y sentirse parte de él no siempre son la misma cosa, especialmente cuando las barreras no son visibles, pero condicionan las posibilidades de empezar de nuevo.

La integración requiere disposición por ambas partes: de quien llega, para conocer y participar en la sociedad que lo acoge, y de quienes ya estamos aquí, para abrir espacios de encuentro sin convertir las diferencias en fronteras

En nuestra charla, el idioma ocupó también un lugar central. Ambas hablaban un castellano impecable y señalaron cómo dominar la lengua desde el primer momento facilita una comunicación fluida, cercana y transparente. En una tierra tan vinculada a la historia y la difusión de nuestra lengua, compartir el idioma constituye una herramienta fundamental para desenvolverse con autonomía, acceder al mercado laboral en condiciones justas, defender los propios derechos y tejer redes de vecindad y afecto. Pero aprender una lengua no debería entenderse únicamente como una responsabilidad individual de quien llega, sino también como una oportunidad colectiva para encontrarse, comprenderse y convivir. Conocer el idioma facilita la integración, pero el respeto no puede depender del nivel de dominio que alguien tenga de él. La integración requiere disposición por ambas partes: de quien llega, para conocer y participar en la sociedad que lo acoge, y de quienes ya estamos aquí, para abrir espacios de encuentro sin convertir las diferencias en fronteras.

También las palabras que elegimos importan. Las etiquetas con las que nombramos a los demás, los comentarios que normalizamos y las ideas que repetimos sin contrastar pueden levantar barreras invisibles que terminan condicionando la convivencia. Por eso, combatir la discriminación exige algo más que condenar los comportamientos abiertamente racistas. Exige revisar nuestras reacciones espontáneas, cuestionar las ideas que damos por ciertas y distinguir entre los hechos y los bulos, entre las conductas individuales y las generalizaciones injustas sobre colectivos enteros.

No se trata de negar los problemas sociales ni de impedir el debate sobre las políticas públicas, sino de evitar que las preocupaciones legítimas se conviertan en prejuicios que atribuyen responsabilidades a personas por el simple hecho de compartir un origen. Podemos discrepar sobre las medidas que deben adoptarse, debatir sobre los recursos públicos o exigir soluciones a los problemas que afectan a nuestros municipios sin convertir a quienes vienen de fuera en responsables colectivos de aquello que nos preocupa.

Las historias vitales de quienes llegan a nuestra tierra no pueden quedar a merced de la suerte o de un gesto empático puntual en el ámbito privado. Es necesario articular políticas de acogida e integración que agilicen los trámites administrativos para la obtención de permisos de residencia y trabajo, evitando que la burocracia sumerja a las personas en la incertidumbre. Del mismo modo, agilizar los procesos de homologación de títulos para aprovechar el talento que llega y garantizar un acceso justo a la vivienda, sin discriminaciones, son medidas fundamentales para que cualquier persona pueda desarrollar su vida en Castilla-La Mancha con plena dignidad.

De poco sirve que una persona tenga formación, experiencia y voluntad de trabajar si encuentra obstáculos que le impiden ejercer su profesión o acceder a una vivienda en condiciones justas. La integración también se juega en esas dificultades cotidianas que, acumuladas, pueden marcar la diferencia entre echar raíces o vivir permanentemente con la sensación de estar de paso.

Las instituciones deben garantizar derechos y eliminar obstáculos; las empresas, ofrecer oportunidades en condiciones justas; y cada uno de nosotros, examinar la manera en que miramos y tratamos a quienes comparten nuestro entorno

Pero ninguna política pública, por necesaria que sea, puede sustituir por completo la responsabilidad que asumimos en nuestras relaciones cotidianas. Las instituciones deben garantizar derechos y eliminar obstáculos; las empresas, ofrecer oportunidades en condiciones justas; y cada uno de nosotros, examinar la manera en que miramos y tratamos a quienes comparten nuestro entorno. La empatía individual puede abrir una puerta, pero no basta para garantizar la igualdad. Esta no puede depender de la fortuna de encontrarse con alguien dispuesto a mirar sin prejuicios: debe ser una garantía, no una excepción.

Por eso sigo pensando en aquel encuentro y en el agradecimiento de aquellas dos mujeres. No porque crea que hice algo extraordinario, sino precisamente porque no hice nada que debiera considerarse extraordinario. Me limité a tratarlas con naturalidad, sin atribuirles una historia antes de conocerlas. Y que ese gesto les resultara digno de agradecimiento me obligó a detenerme ante una pregunta incómoda: ¿en qué momento hemos llegado a normalizar que alguien tenga que agradecer que no lo juzguen? No conozco todas las experiencias que han vivido ni puedo saber hasta qué punto aquel agradecimiento resumía situaciones anteriores, pero sí sé que aquella conversación me hizo mirar de otra manera algo que, hasta entonces, quizá había dado por sentado.

Espero que llegue el día en el que nadie sienta esa necesidad; en que buscar una vivienda, acceder a un empleo o iniciar una conversación no implique superar una sospecha previa. El día en que dejemos de exigir a determinadas personas que demuestren que merecen estar aquí, como si la dignidad fuera un privilegio que alguien pudiera conceder o retirar a voluntad. Porque una sociedad no se define únicamente por la manera en que trata a quienes conoce, a quienes se parecen a ella o a quienes considera parte de los suyos. También se define por la forma en que recibe a quien todavía es un desconocido. Y posiblemente el verdadero cambio comience cuando dejemos de felicitarnos por no prejuzgar y empecemos a comprender que nadie debería tener que agradecernos que lo tratemos como a una persona.

Ante la reciente modificación de las bases de las ayudas públicas al cine en Castilla y León, que introduce restricciones vinculadas a un supuesto adoctrinamiento ideológico, la Asociación de Productores Audiovisuales de Castilla-La Mancha (APACAM) considera oportuno expresar una reflexión desde la responsabilidad profesional y el compromiso con la cultura.

Castilla-La Mancha trabaja para consolidar una industria audiovisual propia, capaz de generar oportunidades para sus empresas, sus profesionales y sus nuevos talentos. Ese propósito requiere instituciones que confíen en la capacidad creativa de su sector y que entiendan la diversidad de historias y perspectivas como una fortaleza.

El cine y el audiovisual son, por naturaleza, espacios de expresión, pensamiento y libertad, en los que los creadores y creadoras interpretan la realidad, cuestionan certezas, exploran conflictos, y transmiten distintas formas de comprender el mundo. Esa pluralidad de miradas no es un obstáculo para la cultura: es una de sus mayores riquezas.

Defender la libertad de creación significa defender el derecho de cada autor y autora a contar su historia desde su propia mirada.

Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de gestionar los recursos de todos con transparencia, rigor, igualdad de oportunidades y criterios objetivos. Es legítimo exigir calidad, viabilidad, profesionalidad y cumplimiento de las bases reguladoras. Sin embargo, consideramos que introducir valoraciones ideológicas ambiguas como criterio de exclusión plantea interrogantes relevantes sobre la seguridad jurídica, la objetividad de las decisiones y la libertad de expresión artística.

Desde APACAM defendemos una política cultural que permita que los profesionales desarrollen sus proyectos en condiciones de libertad, pluralidad y competencia justa.

Las ayudas públicas deben ser instrumentos para impulsar el talento, la producción y el patrimonio cultural, no barreras que condicionen el contenido de las obras.

No planteamos esta reflexión desde una posición partidista, sino desde la defensa de los intereses profesionales de quienes hacen posible el cine y el audiovisual. Y entendiendo que la libertad artística debe ejercerse con respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad humana, dentro del marco legal aplicable.

Por ello, APACAM defiende una cultura abierta, plural y libre de vetos ideológicos: Porque hacer cine es también ejercer la libertad de imaginar, interpretar y contar. Y porque la verdadera cultura se construye garantizando que las distintas voces puedan encontrar su lugar.

Desde que Ferraz y La Moncloa apretaron el botón del adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre, el reloj político español se ha acelerado de forma vertiginosa. Sin embargo, si uno repasa las hemerotecas regionales de estas últimas semanas en Castilla-La Mancha, da la sensación de que García-Page habita en una coordenada temporal completamente distinta. En lugar de cerrar filas ante la contienda que se avecina contra el avance de las derechas, decisiva para el que es su partido, el presidente autonómico ha vuelto a desplegar su manual de supervivencia: atrincherarse en el perfil institucional y marcar distancia con la campaña y la dirección nacional del PSOE.

En los últimos días, hemos asistido a una letanía bien ensayada. Frases como “estoy a las órdenes de Castilla-La Mancha”, llamados a “superar el cortoplacismo” o reflexiones ambiguas al afirmar que “las elecciones son como los melones” buscan proyectar la imagen de un gobernante moderado, centrado en la gestión y ajeno al 'ruido de Madrid'. A primera vista, y desde una óptica puramente electoralista, la maniobra parece irreprochable. Page defiende la hegemonía y la 'mayoría absoluta' que ha consolidado en la región mediante el aislamiento de la marca autonómica respecto al desgaste federal.

Sin embargo, si analizamos esta actitud desde un compromiso ético de izquierdas, el diagnóstico resulta mucho más preocupante.

En primer lugar, la estrategia de hiperliderazgo autonómico a costa de la cohesión partidaria supone un ejercicio de insolidaridad política con el conjunto del bloque progresista. Mientras las fuerzas de izquierda y los sectores sociales libran una batalla decisiva para evitar un gobierno del bloque reaccionario en España, el distanciamiento explícito de Page debilita el mensaje. Al negarse a asumir como propia la agenda de avances sociales del Gobierno de coalición (en pensiones, salario mínimo, derechos laborales o políticas redistributivas), a lo que contribuye es a desmovilizar a la base militante y trabajadora de nuestra propia región.

En segundo lugar, la apelación recurrente de Page al “consenso”, la “moderación” y a no votar “a la contra” disfraza de pragmatismo una renuncia ideológica profunda. La política no es un espacio aséptico de gestión tecnocrática; es el terreno en el que se confrontan modelos de sociedad. Cuando el discurso autonómico desplaza las tensiones redistributivas (como el problema de la vivienda, los servicios públicos castigados o la precariedad laboral) para sustituirlas por apelaciones de conciliación con sectores empresariales, el proyecto socialdemócrata se desdibuja hasta ser indistinguible del de centroderecha.

Finalmente, resulta evidente que la prioridad de Fuensalida no es servir de dique de contención ideológico contra la extrema derecha, sino asegurar la preservación del poder regional a cualquier precio. Al reservarse el derecho a no renunciar a sus 'postulados' frente al partido, Page demuestra que concibe el capital político castellanomanchego como un bien particular y no como una pieza clave al servicio de una causa colectiva.

El 29 de noviembre no solo se mide el peso de las siglas en Madrid; se decide si el espacio de progreso es capaz de proyectar una alternativa sólida y valiente frente al empuje reaccionario. Seguir utilizando Castilla-La Mancha para una autodefensa personal ante la política nacional no solo erosiona la unidad de la izquierda, sino que deja desarmada a la propia ciudadanía ante las verdaderas batallas de este tiempo que nos ha tocado vivir.

Dicen que después de la tormenta llega la calma, y es desde esa calma desde donde quiero escribir estas líneas.

Soy consciente de que ahora mismo somos muchas las personas de izquierdas que sentimos incertidumbre, tristeza y desconsuelo por no haber conseguido, pese a la voluntad de hacerlo, una candidatura unitaria de la izquierda para las próximas elecciones generales. Pero estos sentimientos, por legítimos que sean, no pueden hacer que nuestros horizontes se difuminen ni que perdamos de vista aquello por lo que llevamos tanto tiempo luchando.

Cuando hacemos política desde los territorios, hay decisiones que se toman lejos de nuestras ciudades y pueblos, desde realidades que no siempre reflejan las necesidades ni el trabajo que se construye desde abajo. Pero lo que sí podemos es decidir cómo seguimos trabajando juntas, cómo cuidamos los espacios compartidos y cómo respondemos a la gente que nos acompaña y confía en el proyecto colectivo.

Nuestro trabajo no se queda en las calles, donde estamos, mano a mano y lucha tras lucha, junto a nuestras compañeras en los diferentes movimientos sociales. También compartimos trabajo en equipo en las instituciones, donde, gracias a la colectividad y a la participación de la gente, intentamos contribuir a construir una Cuenca mejor, con viviendas accesibles, transportes que faciliten la vida de sus usuarios, unas calles limpias que recorrer y unas plazas con bancos y sombras para habitar.

Las decisiones adoptadas en otros estamentos no deberían condicionar el trabajo conjunto que tanto esfuerzo nos ha costado construir ni pongan en riesgo todo lo que todavía nos queda por hacer. Nuestro compromiso está con quienes esperan de nosotras respuestas a sus necesidades cotidianas Porque lo local tiene un valor propio. Es aquí donde conocemos de cerca las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, donde tejemos alianzas y donde nuestras ideas se convierten en propuestas y avances concretos. Cuidar ese trabajo colectivo es también una forma de defender todo aquello en lo que creemos.

Queremos derechos, queremos vivienda, queremos vivir sin miedo y queremos mejores salarios y disfrutar de nuestro tiempo. Queremos, en definitiva, una vida digna. Tenemos claro qué modelo de sociedad tenemos enfrente y seguiremos trabajando codo con codo para que su visión anacrónica del mundo no triunfe.

Seguiremos avanzando desde las calles y desde las instituciones, junto a nuestras compañeras y a todas las personas que comparten el deseo de construir una sociedad más justa.

Que pase la tormenta, sí. Pero que no se nos olvide por qué empezamos a caminar.

Los recientes resultados del informe PISA, en los que el sistema educativo español sale muy mal parado, ponen de manifiesto las carencias de la educación en España. Hace ya muchos años que, de forma interesada, muchas Comunidades Autónomas (CCAA) desvían recursos públicos para financiar la educación concertada; incluso la privada -cediendo solares de forma gratuita, por ejemplo- o la que segrega por sexos, algo que es contrario al modelo de sociedad al que deberíamos aspirar. Y, a la vista de la caída de España en el ranking mencionado, no parece que sea la solución.

En Madrid, por ejemplo, la apuesta por la concertada y la privada ha sido tan escandalosa en los últimos dos decenios -con facilidades de todo tipo, tolerancia con cuotas ilegales en la concertada, e incluso becas para escolarizarse en la privada, excluyendo a este modelo educativo de la integración de inmigrantes o niños y niñas vulnerables, o reduciendo la inversión en manteniendo o construcción de centros públicos-, que ya solo el 53% de los escolarizados lo hacen en la pública -el 67% en toda España, y más del 70% en Castilla-La Mancha, una de las CCAA que tiene un mayor porcentaje de escolarización en la escuela pública-.

La educación no debería ser un negocio. Y en España, tristemente, lo es. Y mucho. Los poderes públicos deberían cuidar y potencia el sistema público, con inversión, sueldos dignos, y mejores condiciones para el profesorado y los alumnos, en los que pocas veces se piensa. Y no la concertada -que debería existir como tal, solo en apoyo a la pública, y no al revés- y la privada.

Conquistado el negocio en las etapas de infantil hasta bachillerato y formación profesional, ahora la batalla se traslada a la universidad, con las privadas ya en mayoría, y donde el dinero lo puede todo. Mal panorama.

Por ello, reconforta ver la marea verde recorriendo el centro de las ciudades más importantes del país, reivindicando la escuela pública, la de todos. Y para todos. La que ha formado, y forma, a los chavales con mejor nota en la PAU; y a profesionales, científicos y académicos de primer orden, que, gracias a la pública y al compromiso de maestros y maestras, funcionarios, repartidos por escuelas de toda España, alcanzaron, y alcanzan, metas en las que la capacidad, el mérito y el esfuerzo se empezaron a construir en nuestras escuelas públicas.

Hay elecciones generales a la vista, y es cierto que la competencia en educación es de las CCAA, pero conviene ver la apuesta de unos partidos y de otros, por la enseñanza pública, las becas y la integración de los niños vulnerables.

No todo está perdido. Y merece la pena seguir luchando desde las calles.

La historia de las brujas está llena de imágenes que hemos heredado de la literatura, las leyendas y la cultura popular: mujeres que volaban en escobas, preparaban pócimas, se reunían en aquelarres y pactaban con el demonio.

Pero, ¿qué ocurre cuando dejamos a un lado esos relatos y acudimos a los documentos históricos? En los archivos aparecen mujeres reales, con nombres y apellidos, que vivieron en pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha y que fueron denunciadas, interrogadas y juzgadas por prácticas que sus contemporáneos consideraban hechicería o brujería.

Sus historias permiten acercarnos a una realidad mucho más compleja que la imagen de la bruja que ha llegado hasta nosotros. Detrás de cada acusación había conflictos vecinales, creencias populares, miedos colectivos y una sociedad que vigilaba estrechamente el comportamiento de las mujeres, sobre todo cuando se apartaban de los papeles que se les habían asignado.

Daimiel, un pueblo marcado por las historias de brujas

Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, es conocido popularmente como el pueblo de las brujas. Esta fama no nació de la nada: tiene relación con las prácticas de hechicería documentadas en la localidad durante los siglos XVI y XVII y con la vigilancia que ejercieron sobre sus habitantes las autoridades religiosas.

El Museo Comarcal de Daimiel recoge parte de esta historia y permite acercarse a ella a través de sus materiales de divulgación. En su publicación Daimiel pueblo de brujas, perteneciente a la colección Daimiel y el milenio II, Belén Garzás Garzás y Javier González-Gallego Sánchez-Camacho, bajo la coordinación de Juan Carlos García Muñoz García, abordan este pasado local.

La publicación puede localizarse en el área de descargas del Museo Comarcal de Daimiel. También puede consultarse la información histórica del museo en su apartado dedicado a la planta alta, donde se explican las prácticas de hechicería y la presencia de personas vigiladas por el Santo Oficio en la localidad.

Uno de los nombres que aparecen en la historia de la hechicería daimieleña es el de Lucía de Toledo, una mujer morisca que ejercía estas prácticas hacia 1530. Era viuda y su segundo marido había sido ahorcado por robo de ganado. Su caso ayuda a comprender que estas mujeres no pertenecían a un único perfil: las acusaciones podían cruzarse con la condición social, el origen, la situación familiar y las sospechas que despertaban determinadas prácticas.

La palabra «bruja» no describía necesariamente una realidad homogénea. Bajo esa etiqueta podían quedar agrupadas mujeres con conocimientos tradicionales, mujeres que recurrían a rituales para resolver problemas cotidianos o personas cuya conducta despertaba desconfianza en su entorno. Las historias locales, con el paso del tiempo, contribuyeron a construir una reputación que mezclaba hechos documentados, interpretaciones posteriores y leyenda.

Inés del Pozo: cuando el archivo conserva el nombre

Los documentos inquisitoriales permiten ir más allá de la tradición oral y encontrar referencias concretas a mujeres que fueron investigadas por sus prácticas o por su relación con otras personas acusadas.

Inés del Pozo aparece en el estudio de M.ª Luz de las Cuevas Torresano, Inquisición y hechicería. Los procesos inquisitoriales de hechicería en el Tribunal de Toledo durante la primera mitad del siglo XVII, publicado en Anales Toledanos, número 13, en 1980, páginas 25-92. El trabajo puede consultarse en este PDF de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.

La autora examina distintos procesos relacionados con la hechicería en el ámbito del Tribunal de Toledo y muestra cómo las acusaciones y los testimonios podían implicar a varias personas. En el caso de Inés del Pozo, la referencia documental aparece como legajo 93, número 15. El estudio resulta útil para comprender el funcionamiento de los procedimientos inquisitoriales y el papel que podían desempeñar los testimonios dentro de ellos.

Leer estos documentos exige, no obstante, cierta cautela. Que una mujer aparezca en un proceso no significa que todas las acusaciones formuladas contra ella fueran ciertas. Los expedientes reflejan las preguntas, sospechas y categorías de quienes investigaban, pero también las relaciones de poder y las condiciones en que se obtenían las declaraciones. El archivo no nos entrega una verdad neutral: nos permite estudiar cómo se construía una acusación y qué consecuencias podía tener para la persona señalada.

Toledo: tres mujeres ante el Tribunal de la Inquisición

Uno de los casos más reveladores es el de María González, María Bautista y María de Cárdenas, procesadas por el Tribunal de la Inquisición de Toledo entre 1645 y 1647. La investigadora María Jesús Zamora Calvo estudia sus historias en el artículo «… por embusteras y hechiçeras y que con brujería mataron a un niño». María González, María Bautista y María de Cárdenas ante el Tribunal inquisitorial de Toledo (1645-1647), publicado en la revista Memorias, número 47, en 2022, páginas 42-63.

El artículo completo está disponible en la página de la revista Memorias y también puede consultarse el PDF del artículo.

El estudio parte de un hecho trágico —la muerte de un niño— para analizar cómo se fue construyendo la sospecha contra las tres mujeres. El proceso, que ocupó numerosos folios y se prolongó durante dos años, permite observar cómo un acontecimiento podía convertirse en el punto de partida de una investigación en la que se mezclaban testimonios, creencias y prejuicios.

Zamora Calvo sitúa el caso en una sociedad en la que las mujeres que vivían sin estar sometidas a una autoridad masculina podían despertar recelo. La independencia, las relaciones personales y la reputación podían convertirse en elementos que alimentaran la sospecha. En ese contexto, la acusación de hechicería no era solo una cuestión de creencias sobrenaturales: también podía servir para señalar a quienes se apartaban de las normas sociales.

El interés de estos procesos está precisamente en que permiten examinar cómo se formaban las acusaciones y cómo intervenían las autoridades. No se trata de aceptar sin más la versión inquisitorial, sino de leerla críticamente, atendiendo tanto a lo que se afirma como a las circunstancias en las que esas afirmaciones quedaron registradas.

Cuenca, 1602: Juana Pérez y Teresa Hernández

Otro documento significativo se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca. Se trata del proceso criminal contra Juana Pérez y Teresa Hernández, acusadas de brujas y hechiceras y de haber entrado en casa de Francisco de Porres, regidor de Cuenca, para realizar ciertas hechicerías. El documento está fechado el 3 de marzo de 1602.

El caso forma parte de la exposición virtual Mujeres en nuestros archivos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, publicada por el Portal de Cultura de Castilla-La Mancha. Puede consultarse en la ficha del proceso criminal y en la exposición virtual dedicada a las mujeres en los archivos.

La documentación conserva los nombres de Juana Pérez y Teresa Hernández y deja constancia de la acusación formulada contra ellas. Es un ejemplo de cómo las sospechas de hechicería podían llegar a los tribunales y quedar registradas en procedimientos judiciales. También recuerda la importancia de distinguir entre la existencia de una acusación y la demostración de los hechos que se atribuían a las personas acusadas.

El documento forma parte de un conjunto más amplio de fuentes que permiten estudiar la historia de las mujeres desde los propios archivos. A través de estos expedientes no solo se conocen las actuaciones de las autoridades, sino también las ideas y los temores que circulaban en las comunidades de la época.

Los casos de Daimiel, Toledo y Cuenca tienen sus propias circunstancias, pero comparten algo importante: las mujeres que aparecen en ellos fueron identificadas a través de categorías —brujas, hechiceras, embusteras— que condicionaban la forma en que sus actos eran interpretados por los demás. La hechicería y la brujería no significaban exactamente lo mismo en todos los contextos, ni todas las personas acusadas recibieron el mismo trato. Los procesos dependían del lugar, del momento histórico, de las autoridades que intervenían y de las pruebas y testimonios que se aportaban. Por eso es importante acudir a investigaciones históricas y documentos concretos, en lugar de tratar todos los casos como si fueran una única historia.

En la España de la Edad Moderna, además, la persecución de la brujería tuvo características propias y no puede equipararse sin matices a la de otros territorios europeos. Los tribunales civiles y religiosos no actuaban siempre de la misma manera, y las acusaciones de hechicería podían responder a conflictos muy distintos. Los estudios sobre la Inquisición permiten comprender estas diferencias y evitar que las imágenes transmitidas por la tradición sustituyan a la evidencia documental.

Los archivos no siempre permiten reconstruir por completo la vida de estas mujeres. A veces conservan apenas un nombre, una referencia procesal o unas pocas líneas en un expediente. Pero esos fragmentos son valiosos: nos recuerdan que detrás de la figura legendaria de la bruja hubo personas reales, cuyas vidas quedaron condicionadas por las creencias y los prejuicios de su tiempo.

Quizá esa sea la principal aportación de volver a los documentos: no confirmar la leyenda, sino preguntarnos quiénes fueron las mujeres a las que se aplicó esa etiqueta, quién las acusó y qué nos cuentan sus historias sobre la sociedad que las juzgó. Porque, cuando se escucha lo que dicen los archivos, la historia de las brujas deja de ser únicamente una historia de magia y superstición y se convierte también en una historia de mujeres, de poder y de memoria.

El Día Internacional de las Mujeres Rurales es una fecha para reconocer el trabajo de tantas mujeres que generación tras generación, han contribuido a mantener vivos nuestros pueblos y nuestras cooperativas. Mujeres que han trabajo en las explotaciones familiares, en las cooperativas, muchas veces sin el reconocimiento que merecían, pero con una labor fundamental para el desarrollo del medio rural.

Durante muchos años, las mujeres trabajaron codo con codo con los hombres en las explotaciones agrarias y ganaderas, sin figurar en la mayoría de los casos como titulares y compatibilizándolo con las tareas del hogar y del cuidado de sus familias. En las cooperativas sabemos que las mujeres siempre han contribuido al crecimiento y lo hicieron en muchos casos sin ocupar puestos en los órganos de dirección, ni participar directamente en la toma de decisiones. Siempre han estado ahí, pero no siempre se les ha reconocido su enorme contribución.

Para hablar del Día Internacional de las Mujeres Rurales tenemos que hablar de esas mujeres que, en un segundo plano, dedicaron su vida a sacar adelante a sus familias, sus negocios y la economía de sus pueblos, abriendo camino a las que hoy forman parte de las estructuras cooperativas.

El aumento de la presencia femenina en el sector queda reflejado en el Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agro-alimentario de Castilla-La Mancha (OSCAM), publicado en 2025. En las cooperativas de primer grado y las SAT, las mujeres representaban el 28,7% de las personas socias en 2024, el mismo porcentaje que en 2020. Sin embargo, el número aumentó en cuatro años de 44.985 a 45. 615 mujeres socias.

La presencia femenina también creció en los puestos de dirección en el mismo periodo. En 2024, ocupaban el 12,5% de los puestos en los consejos rectores frente al 10,3% de 2020. En las presidencias, el porcentaje pasó del 4,9% al 7,1%. Por otro lado, las mujeres representaban el 26,3% de las gerencias de cooperativas en 2024, frente al 19,9% en 2021. Son avances positivos, pero que muestran la enorme distancia que queda para conseguir la paridad.

Ante estas cifras observamos que el reto no es solo la incorporación de más mujeres al sector, sino que aumente su participación en los puestos donde se toman las decisiones. Las mujeres representan casi tres de cada diez personas socias en las cooperativas de primer grado y SAT de nuestra región, sin embargo, solo ocupan uno de cada ocho puestos de dirección y casi una por cada catorce presidencias de cooperativas.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha creemos que es importante impulsar su incorporación como socias, pero también facilitar que den el paso hacia las gerencias, los consejos rectores y las presidencias de nuestras cooperativas. Para ello, la formación, y el relevo generacional son fundamentales. Nos sentimos orgullosos de que cada vez sean más las mujeres que deciden coger las riendas de sus explotaciones, que asumen responsabilidades en su cooperativa y participan en la toma de decisiones. Un cambio que viene en gran parte, de la mano de las más jóvenes, que se incorporan muy bien formadas y con una visión innovadora de la agricultura, apostando por las nuevas tecnologías y la sostenibilidad. Sus aportaciones, ya están contribuyendo a modernizar el campo y nuestras cooperativas, impulsando un modelo más digital, competitivo y sostenible.

El futuro pasa por aprovechar todo el talento; la gran experiencia y competencia de las mujeres que han ido abriendo camino en un sector masculinizado, y la preparación de las jóvenes que llegan aplicando la tecnología en el sector agroalimentario en el medio rural.

Este 15 de octubre, volvemos a apostar por las mujeres del medio rural no solo para conseguir la igualdad, sino porque significa apostar por un sector cooperativo fuerte, por fijar población y por el futuro de nuestros pueblos.

Feliz Día Internacional de las Mujeres Rurales.

Este 15 de octubre, la federación que presido vuelve a conmemorar el Día Mundial de las Mujeres Rurales. AMFAR fue pionera en España, allá por 1997, en la celebración de esta fecha, que permite visibilizar y reivindicar la realidad de las mujeres rurales españolas.

A lo largo de estas casi tres décadas, las mujeres han dado pasos de gigante, asumiendo responsabilidades y ganando presencia y participación en todos los ámbitos de la sociedad. Hoy son agricultoras, ganaderas, empresarias, trabajadoras, madres, amas de casa y mujeres que luchan por conseguir la igualdad de oportunidades en los pueblos que las vieron nacer y donde quieren seguir viviendo.

Además, este 2026 tiene un significado especial para las mujeres del sector agrario, ya que Naciones Unidas lo ha proclamado Año Internacional de la Mujer Agricultora. Una oportunidad para reconocer el trabajo que desempeñan en la producción de alimentos, el cuidado del territorio y el desarrollo sostenible de las zonas rurales, pero también para reivindicar mejores oportunidades y una mayor participación y protagonismo en el sector agrario.

Actualmente, el 40 % de los profesionales del sector agrario tiene más de 65 años y, de aquí a 2035, más de la mitad habrá alcanzado la edad de jubilación. Por ello, debemos poner el foco en las mujeres y en los jóvenes para garantizar el necesario relevo generacional.

Las mujeres son, precisamente, quienes más terreno están ganando en el sector. Representan ya casi el 30 % de las personas titulares de explotaciones agrarias y una de cada tres explotaciones agrarias en España está al frente de una mujer. Además, en los últimos años, la presencia femenina en la agricultura y la ganadería ha aumentado un 16%, mientras que la masculina ha descendido más de un 12 % entre los profesionales agrarios.

Sin embargo, esta apuesta y valentía de las mujeres necesitan el respaldo decidido de las administraciones públicas. Deben traducirse en medidas concretas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar, el acceso a la tierra, a la financiación, a la formación, a la innovación y a las nuevas tecnologías, así como en la eliminación de la brecha digital y salarial y en la garantía de infraestructuras y servicios sociales dignos.

Porque las mujeres, además de profesionales agrarias, son madres y pilares fundamentales de sus hogares. Sobre ellas sigue recayendo, mayoritariamente, el cuidado de los hijos y de las personas dependientes de sus familias. Y para que puedan desarrollar sus proyectos personales y profesionales en igualdad de condiciones, necesitan servicios públicos e infraestructuras que respondan a las necesidades reales de las familias rurales.

Hablar de mujeres rurales es hablar también de mujeres emprendedoras, que lideran proyectos, crean empleo y contribuyen a fijar población. Son maestras, médicas, enfermeras, tenderas, hosteleras, comerciantes, autónomas, funcionarias, policías, guardias civiles, ingenieras… Mujeres que sostienen la vida de nuestros pueblos y que reclaman ser escuchadas y atendidas para poder seguir viviendo en ellos con dignidad y con las mismas oportunidades que quienes residen en las ciudades.

Por todo ello, en este Día Mundial de las Mujeres Rurales, AMFAR reclama igualdad de oportunidades, menos burocracia, mejores infraestructuras, servicios sociales dignos, igualdad salarial, una fiscalidad diferenciada, medidas efectivas de conciliación y una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión.

Porque sin mujeres, un pueblo desaparece. Y si queremos fijar población, tenemos que escuchar a las mujeres.

¡Feliz Día Mundial de las Mujeres Rurales!

El Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha desarrolla una función esencial en la vigilancia, custodia y protección del patrimonio natural.

En la provincia de Cuenca, sus integrantes trabajan sobre un territorio extenso, complejo y exigente, asumiendo responsabilidades que requieren criterio técnico, autonomía profesional y una estructura jerárquica competente y fiable.

Precisamente por la naturaleza de estas funciones, quienes ejercen responsabilidades de coordinación deben hacerlo con un estándar especialmente elevado de imparcialidad, conocimiento, prudencia y respeto.

Hoy, una parte significativa de los agentes considera que ese estándar no se está cumpliendo y que la confianza profesional en la actual Coordinación Provincial se encuentra profundamente deteriorada.

Esta carta no nace de una discrepancia puntual ni de un enfrentamiento personal. Tampoco cuestiona la necesidad de una estructura jerárquica. Reivindica exactamente lo contrario: una jerarquía profesional, sometida a reglas claras, capaz de motivar sus decisiones, de tratar por igual a los trabajadores y de asumir responsabilidad por la forma en que ejerce sus competencias.

Lo que denunciamos es un modelo de dirección marcado, a nuestro juicio, por decisiones discrecionales, desigualdad de trato, falta de transparencia y una forma de ejercer la autoridad que ha generado división, inseguridad y temor entre parte de la plantilla.

Los hechos que sustentan estas afirmaciones pueden ser documentados y, cuando proceda, puestos a disposición de los órganos competentes.

El deber de sigilo y reserva no es una opción

Quien ocupa la Coordinación Provincial tiene acceso, por razón de su cargo, a información profesional y personal de especial sensibilidad. Esa posición exige prudencia, reserva y un respeto escrupuloso al deber de confidencialidad.

Se han producido episodios relacionados con la utilización, comunicación o difusión de información conocida precisamente por razón del puesto que, a nuestro juicio, resultan incompatibles con el deber de sigilo exigible a una responsabilidad de esta naturaleza.

No corresponde a una carta abierta realizar calificaciones penales o disciplinarias, pero sí señalar que el tratamiento de información reservada no puede depender de conveniencias personales ni convertirse en una herramienta dentro de los conflictos laborales.

Quien dirige a otros empleados públicos debe ser el primero en proteger la información que conoce por razón de su cargo

Las actuaciones y expedientes administrativos sancionadores también deben poder explicarse Resultan igualmente preocupantes determinadas actuaciones relacionadas con procedimientos sancionadores derivados de denuncias formuladas por los agentes medioambientales en el ejercicio de sus funciones. Disponemos de información y documentación relativa a expedientes o actuaciones cuya tramitación habría sido paralizada, retrasada u ocultada sin que se conozca una justificación objetiva suficiente. No pretendemos anticipar una calificación jurídica.

Sí exigimos algo elemental: que las actuaciones practicadas por los agentes sigan el procedimiento que corresponda y que cualquier decisión de detenerlas, alterarlas o no continuarlas quede motivada, documentada y sometida a control.

La aplicación de la normativa no puede depender de relaciones personales ni de decisiones opacas.

La disciplina no puede aplicarse de forma selectiva

Especialmente grave resulta la existencia de una doble vara de medir. No puede exigirse de forma rigurosa el cumplimiento de obligaciones a determinados agentes mientras se toleran incumplimientos manifiestos cuando afectan a otros.

Nos consta que la Coordinación Provincial ha tenido conocimiento de situaciones relacionadas con incumplimientos reiterados de la jornada laboral y con la utilización de vehículos oficiales para fines privativos, sin que se haya actuado con la misma diligencia, severidad o exigencia aplicada en otros casos.

El uso particular de un vehículo oficial y el incumplimiento consciente de la jornada laboral no son cuestiones menores: afectan al correcto uso de recursos públicos, a la organización del servicio y a la igualdad entre trabajadores.

Si quien tiene capacidad de dirección conoce estas conductas y las permite o no adopta las medidas que corresponden, la responsabilidad deja de limitarse exclusivamente a quien incurre en ellas. Lo inadmisible no es solo la existencia de un incumplimiento, sino que la tolerancia o la reacción frente a él pueda depender de quién lo comete.

La autoridad pierde legitimidad cuando las reglas son estrictas para unos y flexibles para otros

La formación no puede convertirse en una herramienta de favoritismo

La formación tiene una incidencia directa en la carrera profesional de los agentes medioambientales. Los cursos realizados pueden otorgar méritos y puntuación en procedimientos de provisión de puestos y concursos de traslados.

Por ello, el acceso a la formación debe regirse por criterios objetivos y verificables, con las debidas garantías de igualdad de oportunidades. Sin embargo, se han constatado decisiones de asignación de acciones formativas que consideramos discrecionales y reiteradamente favorables a determinados perfiles próximos a la Coordinación. Cuando el acceso a un curso termina otorgando una ventaja curricular a unos trabajadores frente a otros, la cuestión deja de ser menor: afecta directamente a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Por ello, reclamamos que cualquier intervención de la Coordinación Provincial en la propuesta, selección o asignación de formación pueda ser revisada y quede sujeta a criterios previos, públicos y trazables.

Un curso de formación no es un premio. Y nunca debe convertirse en una ventaja profesional concedida por afinidad

Más de una década de provisionalidad no puede normalizarse

La actual Coordinación Provincial lleva más de diez años desempeñando puestos de responsabilidad sin haber consolidado mediante los correspondientes procedimientos ordinarios las plazas de responsabilidad a las que ha concurrido.

Las comisiones de servicio y otros mecanismos provisionales son instrumentoslegítimos cuando atienden necesidades temporales; lo problemático aparece cuando la excepcionalidad se prolonga durante años hasta convertirse, de hecho, en la forma estable de ocupar responsabilidades. Una situación provisional prolongada durante más de una década merece ser revisada a la luz de los principios de mérito, capacidad, igualdad, publicidad y adecuada provisión de los puestos públicos. Y resulta aún más difícil de aceptar cuando desde esa misma posición se participa en propuestas o designaciones provisionales de otros puestos de coordinación que terminan configurando la propia estructura jerárquica provincial. No necesitamos atajos ni permanencias de hecho.

Necesitamos procedimientos que permitan acreditar de forma objetiva la idoneidad de quienes aspiran a dirigir el Cuerpo.

Representar a los trabajadores y ejercer poder sobre ellos exige una especial responsabilidad ética

Existe además una circunstancia que no puede ignorarse: el actual coordinador provincial mantiene responsabilidades como representante de los trabajadores mientras ejerce, simultáneamente, funciones jerárquicas y capacidad de decisión o influencia sobre esos mismos empleados.

No cuestionamos el derecho a ejercer funciones representativas ni hacemos referencia a organización sindical alguna.

La cuestión es estrictamente ética y funcional: combinar la representación de los trabajadores con el ejercicio efectivo de poder jerárquico sobre ellos exige un grado extraordinario de transparencia, imparcialidad y separación de funciones. Cuando esa imparcialidad es precisamente una de las cuestiones discutidas, la contradicción resulta todavía más evidente.

Los medios públicos no son premios ni castigos

La distribución de los vehículos entre las distintas comarcas debe responder a necesidades del servicio: extensión territorial, orografía, kilometraje, número de efectivos, intensidad de uso, naturaleza de los trabajos y estado del parque móvil. No puede depender de afinidades personales ni utilizarse como mecanismo de recompensa o penalización.

Las asignaciones realizadas durante estos años permiten cuestionar seriamente que los criterios objetivos hayan sido siempre los determinantes. Si una comarca recibe mejores medios por mantener una relación favorable con la Coordinación y otra resulta perjudicada por mostrar discrepancias, no estamos ante una simple decisión organizativa: estamos ante una utilización inaceptable de recursos públicos.

Un vehículo oficial no es una recompensa ni un castigo. Es un medio público de trabajo

No conocer con claridad quién ejerce el mando genera inseguridad operativa La imposibilidad de acceder adecuadamente a los cuadrantes de trabajo y conocer la estructura efectiva del servicio en cada momento genera una inseguridad organizativa impropia de un cuerpo jerarquizado.

Un agente debe poder saber quién ejerce la responsabilidad superior durante su servicio, especialmente cuando debe adoptar decisiones operativas que pueden requerir autorización, respaldo o coordinación inmediata en situaciones que pueden comprometer la integridad física de los agentes.

Los cuadrantes son una herramienta de organización del servicio público. No pueden gestionarse como información reservada al criterio particular de quien coordina. A esta inseguridad se suma la falta reiterada de respuesta: numerosos correos profesionales dirigidos a la Coordinación Provincial quedan sin contestación, incluso cuando requieren criterio, autorización o decisión.

No es un simple defecto de comunicación: retrasa el servicio, deja a los agentes sin respaldo jerárquico y traslada a subordinados responsabilidades propias de quien coordina. A nuestro juicio, esta reiteración evidencia dejación de funciones de dirección.

Una segunda actividad privada habitual exige comprobar el régimen de incompatibilidades

Nos consta que el actual coordinador provincial desarrolla de forma habitual y reiterada, durante los fines de semana, una segunda actividad en un conocido establecimiento de hostelería y ocio situado en la plaza Mayor de la ciudad. No cuestionamos el derecho de ningún empleado público a realizar una actividad privada cuando la normativa lo permite.

Lo que exigimos es que se compruebe si esa actividad ha sido declarada y cuenta con el previo reconocimiento de compatibilidad exigible. La Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 14 que el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de la Administración requiere previo reconocimiento de compatibilidad.

Además, entre los requisitos publicados por la propia Junta de Comunidades para autorizar actividades privadas figura no percibir un complemento específico superior al 30 % de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.

De acuerdo con los datos retributivos del puesto que hemos podido consultar, el complemento específico de la Coordinación Provincial supera ese límite. Por ello, entendemos imprescindible comprobar si existe una resolución de compatibilidad y, en su caso, sobre qué presupuestos jurídicos fue concedida.

También debe verificarse el correcto encuadramiento en la Seguridad Social. Cuando la colaboración habitual se presta en la actividad de un cónyuge trabajador autónomo, de forma personal y directa y sin tener la condición de asalariado, la normativa de Seguridad Social contempla su inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) como familiar colaborador.

Si la actividad se articula de otra forma, deberá existir el alta y la cotización que legalmente correspondan. No corresponde a esta carta declarar una infracción, pero sí exigir que una segunda actividad privada habitual, realizada por quien ocupa un puesto de especial responsabilidad, sea examinada con rigor por los órganos competentes.

La compatibilidad no se presume: debe reconocerse previamente. Y una actividad habitual debe estar correctamente encuadrada en la Seguridad Social

El miedo no es una herramienta de liderazgo

El problema más profundo es el clima profesional generado durante estos años. Se han producido situaciones de trato desigual, enfrentamientos reiterados con determinados agentes, acusaciones que los afectados consideran falsas, advertencias percibidas como amenazas y decisiones desfavorables posteriores a la expresión de discrepancias o críticas profesionales. Cuando formular una opinión técnica, cuestionar una decisión o realizar una crítica constructiva genera temor a posibles consecuencias, existe un problema serio de dirección.

La autoridad de un responsable público no puede descansar en su capacidad para perjudicar a quien discrepa, sino en su conocimiento, su criterio, su imparcialidad y su capacidad para obtener respeto profesional. También se han adoptado decisiones que evidencian, a nuestro juicio, un conocimiento insuficiente de algunas funciones del Cuerpo y de la normativa que las regula.

La situación se agrava cuando la discrepancia técnica no se recibe como una aportación profesional, sino como una afrenta personal que acaba generando desplantes, represalias o enfrentamientos.

Un responsable competente no teme a los profesionales que conocen su trabajo: los escucha

No pedimos privilegios. Pedimos reglas

No queremos elegir a nuestros superiores. No queremos eliminar la jerarquía ni decidir qué órdenes cumplimos. No pedimos trato de favor.

Queremos una estructura profesional en la que las decisiones puedan explicarse; la formación se asigne con criterios objetivos; los medios públicos se distribuyan conforme a necesidades reales; la información reservada sea protegida; los cuadrantes permitan conocer la estructura de mando que se encuentra de servicio en cada momento; las comunicaciones de servicio reciban respuesta; las irregularidades se traten con el mismo criterio con independencia de quién las cometa; las incompatibilidades y las obligaciones de alta y cotización en la Seguridad Social se comprueben con el mismo rigor exigible a cualquier empleado público; y las plazas de responsabilidad se cubran mediante procedimientos que acrediten mérito, capacidad e idoneidad.

Queremos poder discrepar técnicamente sin miedo a represalias. Queremos que las críticas constructivas sean respondidas con argumentos y no con castigos. Queremos que la dirección del Cuerpo sea una garantía para el servicio y no una fuente permanente de conflicto.

La confianza profesional necesaria para dirigir el Cuerpo se ha perdido Después de años acumulando situaciones como las descritas, consideramos que ya no estamos ante simples problemas de comunicación, diferencias de criterio o conflictos personales.

Existe un problema de confianza en la Coordinación Provincial y, en un cuerpo jerarquizado, esa confianza es imprescindible.

Por todo ello, consideramos que el actual Coordinador Provincial no debe continuar al frente de la Coordinación de los Agentes Medioambientales de Cuenca. Esta conclusión no nace de una descalificación personal, sino de nuestra valoración sobre la forma en que se han ejercido durante años responsabilidades que afectan directamente a la organización del servicio, a la igualdad entre trabajadores y al funcionamiento cotidiano del Cuerpo.

El Cuerpo de Agentes Medioambientales de Cuenca, heredero de una profesión de casi 150 años de servicio público, no se merece una Coordinación Provincial ejercida de esta manera

Pedimos que los hechos sean examinados, que las decisiones puedan ser auditadas, que se compruebe expresamente la situación de compatibilidad y encuadramiento en la Seguridad Social descrita y que cualquier proceso de provisión de la Coordinación Provincial se resuelva con plenas garantías, sin convertir años de provisionalidad en un mérito de permanencia por sí mismo.

El Cuerpo de Agentes Medioambientales de Cuenca, heredero de una profesión de casi 150 años de servicio público, no se merece una Coordinación Provincial ejercida de esta manera. Cuenca necesita una dirección profesional, imparcial, transparente y digna de la responsabilidad que representa.

La Tierra ha atravesado cinco grandes extinciones masivas a lo largo de su historia. Cada una transformó profundamente los ecosistemas y dejó su huella grabada en las rocas. Parte de esa memoria geológica se conserva hoy en Castilla-La Mancha. Pero la sexta extinción, la que numerosos científicos consideran ya en marcha, no pertenece al pasado: se está desarrollando ante nuestros ojos. Y, por primera vez, no está provocada por una glaciación, un gigantesco episodio volcánico o el impacto de un asteroide. Su principal responsable es una sola especie: la nuestra.

Hace 444 millones de años, una intensa glaciación provocó una de las primeras grandes pérdidas de biodiversidad marina. Más tarde, profundas alteraciones de los océanos desencadenaron nuevas crisis biológicas. La más devastadora ocurrió hace 252 millones de años, cuando un vulcanismo extremo provocó la desaparición de cerca del 90 % de las especies. Y hace 66 millones de años, el impacto de un asteroide en la actual península de Yucatán puso fin al dominio de los dinosaurios no avianos.

Aquellas catástrofes cambiaron el rumbo de la vida. Sin embargo, todas tuvieron algo en común: ocurrieron por causas naturales y en escalas temporales que, aunque rápidas para la geología, resultan inmensas comparadas con una vida humana.

Castilla-La Mancha guarda algunos de los testimonios más valiosos de ese pasado remoto. En los Montes de Toledo y en Cabañeros aparecen fósiles de trilobites que nos recuerdan que estas tierras estuvieron cubiertas por antiguos mares hace cientos de millones de años.

En la Serranía de Cuenca, yacimientos de relevancia internacional como Las Hoyas o Lo Hueco han permitido reconstruir ecosistemas desaparecidos, con aves primitivas, reptiles, insectos y dinosaurios excepcionalmente conservados. Son auténticas ventanas abiertas a mundos perdidos. Esos fósiles nos enseñan también una lección inquietante: la desaparición de especies forma parte de la historia de la Tierra, pero las recuperaciones ecológicas siempre necesitaron millones de años.

La diferencia es que hoy la amenaza no llega desde el espacio. Surge de nuestras propias actividades y deja señales visibles en toda la región.

Las grandes llanuras de Guadalajara, Cuenca, Toledo o Albacete albergan algunos de los ecosistemas esteparios más valiosos de Europa occidental. Sin embargo, muchas de sus especies emblemáticas atraviesan una situación crítica: la alondra ricotí, una de las aves más singulares y amenazadas de la fauna ibérica, ha sufrido un fuerte declive durante las últimas décadas debido a la transformación del territorio y a la fragmentación de los hábitats abiertos que necesita para sobrevivir. El sisón común, antaño frecuente en numerosos campos manchegos, también ha experimentado descensos muy preocupantes. Cuando desaparecen estas especies no solo se pierde biodiversidad; también se desvanece parte de la identidad de unos paisajes que han acompañado durante generaciones a agricultores, ganaderos y habitantes del medio rural.

Los ecosistemas pierden funcionalidad, los insectos polinizadores disminuyen, aumentan las temperaturas medias y se alteran ciclos naturales que llevaban miles de años funcionando

La presión sobre los recursos hídricos constituye otro de los grandes desafíos ambientales de nuestra Comunidad. La sobreexplotación de acuíferos y la contaminación por nitratos afectan a numerosos sistemas acuáticos. El ejemplo más conocido son Las Tablas de Daimiel, uno de los humedales más emblemáticos de España. Durante las últimas décadas ha sufrido periodos recurrentes de sequía extrema, incendios subterráneos de turba y una fuerte dependencia de aportes artificiales de agua para mantener parte de sus funciones ecológicas. Lo que ocurre en Daimiel no es únicamente un problema ambiental. También afecta al turismo de naturaleza, a las actividades económicas ligadas al agua y al patrimonio natural que heredarán las generaciones futuras.

Mientras algunas especies desaparecen, otras aumentan de forma descontrolada. El caso más evidente es el del jabalí. Favorecido por el abandono rural, la abundancia de alimento y la ausencia de grandes depredadores, sus poblaciones han crecido notablemente en amplias zonas de Castilla-La Mancha. Las consecuencias son visibles: daños en cultivos, accidentes de tráfico y una creciente presión sobre la vegetación y sobre numerosas especies que nidifican en el suelo. Este fenómeno convive con la expansión del conejo en determinadas áreas agrícolas y con el debate generado por el retorno natural del lobo a algunos sistemas montañosos. Son señales de que los equilibrios ecológicos tradicionales están cambiando rápidamente.

Los fósiles de Cuenca o los trilobites de los Montes de Toledo nos recuerdan que la vida siempre ha encontrado caminos para continuar. Pero también muestran que la recuperación tras una gran crisis biológica exige tiempos inmensamente largos.

Hoy asistimos a una aceleración sin precedentes. Los ecosistemas pierden funcionalidad, los insectos polinizadores disminuyen, aumentan las temperaturas medias y se alteran ciclos naturales que llevaban miles de años funcionando. La biodiversidad no es un lujo reservado a naturalistas o científicos. De ella dependen la fertilidad de los suelos, la calidad del agua, la producción agrícola, la regulación del clima y buena parte del bienestar de nuestras sociedades. Por eso la sexta extinción no es solo una cuestión ecológica. Es también un desafío económico, territorial y social. La vida continuará en la Tierra, como lo ha hecho después de todas las grandes extinciones del pasado. La verdadera incógnita es qué mundo quedará para quienes vengan detrás.

Castilla-La Mancha conserva en sus rocas el recuerdo de ecosistemas desaparecidos hace millones de años. Hoy, sin embargo, la historia no se está escribiendo en los fósiles, sino en nuestros campos, nuestros humedales y nuestras montañas. Esta vez el cambio no llega del cielo. Ocurre aquí, en el paisaje que habitamos cada día. Y precisamente porque somos nosotros quienes sostenemos la pluma que redacta esta crisis, todavía estamos a tiempo de cambiar el final de la historia.

Hay personas que acumulan méritos. Otras, además, cosechan afectos. Y unas pocas, muy pocas, consiguen algo todavía más difícil: que quienes las conocen hablen de ellas con respeto y con cariño al mismo tiempo. El teniente general Francisco Javier Marcos Izquierdo pertenece a esa rara estirpe.

La reciente concesión del Premio 2026 de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha constituye un reconocimiento plenamente merecido a una trayectoria profesional extraordinaria y, sobre todo, a una forma de entender la vida que trasciende uniformes, empleos y responsabilidades.

No sé si es el militar más prestigioso de España. Los prestigios son difíciles de medir y no existen cintas métricas homologadas para calibrar el respeto. Pero sí me atrevo a afirmar que pocos militares españoles reúnen hoy una combinación semejante de autoridad profesional, reconocimiento institucional y afecto humano. Y eso, en una época en la que abundan los expertos en darse importancia, tiene un mérito extraordinario.

Castellanomanchego como don Quijote y toledano por los cuatro costados, lleva en su carácter algunas de las mejores virtudes de esta tierra: la tenacidad manchega, la serenidad de las llanuras y la capacidad de mirar lejos; y también esa mezcla tan toledana de historia y convivencia que enseña a respetar al diferente y a medir las palabras antes de pronunciarlas.

Toledo deja huella. Lo sabe cualquiera que haya paseado sus calles, donde las piedras parecen recordar siglos enteros. En Toledo se aprende que el tiempo no corre: permanece. Y quizá por eso las personas nacidas al amparo de sus torres y en el entramado de sus estrechas calles suelen conceder más valor a lo permanente que a lo efímero, a los principios más que a las modas y a la palabra dada más que al aplauso pasajero.

Si hubiera que resumir la trayectoria vital de Francisco Javier Marcos en tres verbos, estos serían: ser, saber y hacer.

El ser: la raíz invisible

Vivimos tiempos en los que muchas personas dedican enormes esfuerzos a parecer algo. El general Marcos pertenece a la vieja escuela de quienes primero procuran serlo.

En el ser se anclan los principios los valores humanos, el concepto del deber, la lealtad, la responsabilidad, la integridad y esa ética a prueba de bombas de la que tanto se habla y tan pocas veces se encuentra.

A lo largo de su carrera, Marcos ha ejercido mandos de enorme relevancia, pero da la impresión de que nunca ha confundido autoridad con superioridad. Son conceptos muy distintos: la autoridad se gana y la superioridad se presume. Él parece haber optado siempre por lo primero. Quizá por eso resulta tan fácil encontrar soldados, compañeros y colaboradores que hablan de él con admiración sincera.

Frente a quienes creen que mandar consiste en hablar más alto, golpear la mesa o exhibir permanentemente el músculo de la jerarquía, el teniente general Marcos ha desarrollado otra forma de liderazgo más inteligente, más eficaz, más efectiva y más humana.

Hay quienes hablan como los caballos relinchan, quienes rugen como los leones para hacerse notar y quienes apelan a las gónadas como argumento supremo de autoridad. El general Marcos pertenece a otra especie mucho más escasa: la de quienes convencen. Posee el don de la palabra educada, la expresión correcta y la persuasión razonada. Escucha antes de responder. Reflexiona antes de decidir. Y eso, lejos de disminuir la autoridad, la fortalece.

Resulta paradójico que, siendo un hombre tan alto físicamente, nunca mire a nadie por encima del hombro. Tal vez porque sabe que la verdadera altura no se mide desde el suelo hasta la cabeza, sino desde la cabeza hasta el corazón.

El saber: la inteligencia al servicio del deber

La segunda columna basamental de este hombre es el saber. El militar moderno hace mucho tiempo que dejó de ser una caricatura de sable y charretera. El mundo contemporáneo exige dirigentes capaces de comprender una realidad extraordinariamente compleja. Francisco Javier Marcos lo ha entendido siempre así. Su formación es amplia y rigurosa. Además de sus estudios militares, es diplomado de Estado Mayor, graduado en el United States Army War College, posee diferentes especializaciones nacionales e internacionales y es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Habla varios idiomas y mantiene una permanente vocación de aprendizaje.

Pero el saber no consiste únicamente en acumular títulos. Hay coleccionistas de diplomas que siguen siendo analfabetos de la vida. El verdadero conocimiento tiene otro objetivo: comprender más para decidir mejor. Quien debe asumir responsabilidades de enorme trascendencia necesita cultivar la reflexión. Estudiar. Comparar. Escuchar. Analizar. Dudar incluso. Porque las buenas decisiones no suelen nacer de la ocurrencia instantánea sino del pensamiento pausado.

En un tiempo dominado por la velocidad, el saber exige paciencia. Y en eso también destaca el general Marcos. Su trayectoria demuestra que ha entendido la formación no como un adorno curricular sino como una herramienta para el servicio público. Aprender para servir mejor. Conocer para proteger mejor. Pensar para actuar mejor.

No es casualidad que en sus intervenciones públicas aparezcan con frecuencia referencias a valores, responsabilidad, ciudadanía o servicio. Detrás de esas palabras se percibe una concepción profundamente humanista de la profesión militar. Un militar humanista. Dos palabras que algunos consideran incompatibles y que, sin embargo, él encarna con naturalidad. Podemos decir que ha hecho suya la expresión “nada humano me es ajeno” del dramaturgo romano Publio Terencio Africano.

El hacer: cuando llega la hora de actuar

De poco servirían el ser y el saber si no desembocaran finalmente en el hacer, pues la vida acaba examinándonos en el terreno de los hechos. Y aquí, en el hacer, aparece la tercera columna de sus cimientos vitales.

La actual responsabilidad al frente de la Unidad Militar de Emergencias constituye probablemente la mejor expresión de esa capacidad de acción. Desde ese puesto ha estado vinculado a intervenciones en incendios, inundaciones, catástrofes naturales, búsquedas y múltiples situaciones en las que cada minuto resulta decisivo. La UME representa una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos porque aparece cuando las cosas van mal o muy mal. Cuando el fuego devora montes y hogares, cuando el agua invade calles y pueblos, cuando el barro sepulta las certezas, cuando la desesperación llama a la puerta, entonces llegan esos hombres y mujeres uniformados cuya misión consiste en devolver esperanza, organización y seguridad. Y al frente de ellos se encuentra Francisco Javier Marcos.

Hay una frase que resume bien su trayectoria: servir para salvar. Un principio que él mismo ha reivindicado públicamente al explicar el sentido de la misión de la UME, porque actuar no es simplemente moverse, actuar es hacerlo con eficacia, con preparación y con responsabilidad. La acción sin inteligencia genera problemas. La inteligencia sin acción genera excusas. La combinación de ambas produce resultados.

Un general que pasea por Toledo

Sin embargo, lo más admirable quizá sea que, después de tantos cargos, responsabilidades y reconocimientos, siga conservando una cercanía desarmante. Uno puede encontrárselo caminando por la senda ecológica de Toledo como cualquier vecino. Sin escoltas teatrales, sin cortejos innecesarios, sin esa pompa que algunas personas adquieren a medida que aumentan sus galones. Esa normalidad es, precisamente, una de las señales más fiables de la grandeza auténtica.

Una elección acertada

Por todo ello, la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha ha acertado plenamente al concederle su Premio 2026. Ha distinguido a un soldado y a un intelectual; a un hombre de acción y de reflexión; a un profesional brillante y a una persona cercana. A un militar de talento, sí, pero también de talante. Y eso quizá sea lo más importante.

Hay personas a las que toda madre querría para marido de su hija. Hay personas a las que cualquier institución seria o gobierno decente confiarían las responsabilidades más delicadas. Y hay personas cuya trayectoria invita a pensar que el mérito todavía existe. El teniente general Francisco Javier Marcos Izquierdo pertenece a estas categorías.

Desde esta columna solo cabe felicitar a la Academia por el acierto de su decisión y transmitir mi más cordial enhorabuena a este general toledano, castellanomanchego y español, cuya trayectoria constituye un ejemplo de servicio, humanidad y excelencia.

Cuando el ser, el saber y el hacer caminan juntos, el resultado suele parecerse mucho a una vida bien vivida.

Hace tan sólo unos días, este 9 de octubre, celebrábamos el día del Tercer Sector y las distintas organizaciones nos apresuramos a poner títulos y subtítulos a esta efeméride. Entiéndanos; es una manera de mandar un mensaje a la sociedad, cuando no siempre es fácil. Este año el mensaje nacional es 'Polarización y cuidado de la democracia, el papel del Tercer Sector', un título con mucha luz y muchos matices ese “cuidado de la democracia” en el corazón de una frase.

Aquí, en nuestra región, el lema escogido es ‘Diez años sumando voces, construyendo derechos’ y lo hemos celebrado un poco antes haciéndolo coincidir con el aniversario de la Mesa del Tercer Sector.

Los dos verbos principales de estas dos ideas son cuidar y construir. Y son frases que en apariencias difieren mucho. Sin embargo, se trata de dos visiones que no por casualidad han venido a converger en un mismo contexto social. Porque definen dos caras de los que somos en el tercer sector, un espacio de diálogo lejos de polarizaciones para aunar voces, construir derechos y así cuidar, con el diálogo y la palabra, la democracia que compartimos.

En Castilla-La Mancha cumplimos diez años como Mesa del Tercer Sector porque nuestra labor como personas que se organizan para ayudarse de manera autónoma y articulada se pierde en el origen de los tiempos. Por suerte para la sociedad que somos hoy siempre ha habido alguien dispuesto a cuidar, ayudar y proteger a los más vulnerables. ¿Qué hubiera sido de nosotros si esto no hubiera sido así?

En Castilla-La Mancha cumplimos diez años como Mesa del Tercer Sector porque la realidad es que nuestra labor, como herederos de las primeras personas que sobre esta tierra decidieron que la vida tenía más sentido ayudando y cooperando, se pierde en el origen de los tiempos. En Motilla de Azuer ya hubo alguien que cuidó de otros. En la cueva de Los Casares una persona cubierta de pieles arropó a un amigo y en Villar de Humo los cazadores portaban grandes mamíferos a rastras para alimentar a sus mayores, a sus niños, pero también a sus familiares y amigos heridos o enfermos. Siempre hemos estado en el niño huérfano acogido por su clan, en el hermano con discapacidad cuidado en el seno de la familia, en la vida abnegada de trabajadoras (en su mayoría mujeres religiosas), en los hospicios que con las manos rezaban, pero con su trabajo tejían los rotos de la sociedad que les tocó vivir.

Conforme crecimos como sociedad arrastramos como un legado la importancia de cuidar. Es por ellos que para nosotros cuidar es un verbo muy del tercer sector que se conjuga en primera persona: Este año cuidar la democracia nos lleva a situar en el espacio público lo que somos, lo que hacemos y también porqué lo hacemos. Apostamos por cuidad la democracia para mejorar la vida de los ciudadanos, y apostamos por hacerlo construyendo derechos.

Cuidar y construir son dos verbos que juntos parecen montar un relato. Cuidar viene de cogitare, pensar en latín. Cuidar a alguien es en última instancia pensar en alguien. Y construir viene de cum y struere, que viene a significar juntar elementos de manera estructurada u ordenara. Pensar que las personas pueden juntarse de manera ordenada. Eso sí que es una declaración de intenciones. Que una vez más va más allá de propio tercer sector.

Pues sí, la esperanza del pueblo va en bicicleta. El destino lo tiene claro: la democracia, la justicia, la igualdad, la libertad, la inclusión, los derechos humanos (incluyendo el derecho a la vivienda), los servicios públicos (la educación pública, la sanidad pública, la atención a la población más vulnerable), la protección del medio ambiente, la memoria histórica, la paz, la cultura, la fraternidad, la sororidad…

La bicicleta de la esperanza del pueblo tiene dos ruedas. Una rueda es el activismo y los movimientos sociales. Son imprescindibles para avanzar en el camino. En ellos se debate, se analiza, se conversa y se hacen propuestas. Y lo que es más importante: la gente se conoce, interactúa, trabaja en red y teje nuevas realidades. Siempre hay problemas, lo sabemos. Experimentan fluctuaciones. Aparecen y desaparecen. Se desgastan. Todos los colectivos humanos experimentan conflictos. Pero constituyen la conciencia de la sociedad y la fuerza motriz que impulsa los cambios.

Por eso estamos francamente contentos de que, por ejemplo, se hayan creado, hace unos días, la Plataforma Albacete por el Derecho a la Vivienda y la Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha. Y por eso celebramos que plazas de toda España sigan ocupadas por personas de todas las edades que se rebelan contra el capitalismo depredador que nos quieren imponer como si no hubiese alternativa.

La bicicleta de la esperanza del pueblo necesita otra rueda para funcionar. Esa rueda está compuesta por los y las representantes políticos que, en el seno de las administraciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, parlamentos regionales, Congreso…), defienden los valores arriba mencionados. A ellas y ellos se deben las iniciativas legislativas (mociones, ordenanzas, decretos, leyes…) que, al menos en ciertas ocasiones, permiten materializar las aspiraciones y las demandas de los movimientos sociales.

También las organizaciones políticas tienen pegas, por supuesto. A veces se instalan en las instituciones y se distancian de la calle. A veces pierden demasiado tiempo en estériles debates internos. A veces el tribalismo les conduce a una fragmentación autodestructiva y contraria a los intereses que dicen defender. A veces surgen personalismos que arrasan con todo, o con casi todo… Es decir, aquí nadie es perfecto, y si alguien se cree perfecto, que levante la mano y haga el ridículo. Pero estas organizaciones (de izquierdas, progresistas o como se les quiera llamar) son necesarias porque, claro, si en las plazas se reivindican los contratos de alquiler indefinidos, pero en el parlamento las derechas tienen mayoría y votan en contra, la bicicleta de la esperanza del pueblo se frena en seco y vuelca. Y las Maricarmenes de todo el mundo lloran desde el cielo o desde la tierra.

De manera que, para que las dos ruedas rueden, no queda más remedio que engrasar los engranajes de la bicicleta de la esperanza del pueblo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, mejorando la comunicación entre los movimientos sociales y las organizaciones políticas. Sentándose a hablar, tomando nota, adquiriendo compromisos… ¿Cómo? Favoreciendo que los y las activistas estén presentes en las asambleas y listas electorales de los partidos o coaliciones de izquierdas.

Nos consta que en muchas ocasiones ya es así porque las personas comprometidas participan en diversas causas justas, no en una sola. ¿Cómo? Impidiendo que los representantes políticos se perpetúen en los cargos mediante la limitación de mandatos y mediante la posibilidad periódica de revocarlos. ¿Cómo? Renunciando al sectarismo y a los personalismos. ¿Y cómo? Jo, pues yendo a votar. El voto es la cadena que une los piñones y el plato de la bicicleta de la esperanza del pueblo.

Por el contrario, la esperanza de las oligarquías, de los amos del mundo, de los ricachones de toda la vida, de quienes aceptan la desigualdad como algo natural, de quienes niegan los derechos humanos a los más pobres, de quienes quieren privatizar los servicios públicos, de quienes no dudan en destruir el planeta a cambio de obtener un beneficio económico, de quienes fomentan las guerras, de quienes siembran el odio (el racismo, la xenofobia, la LGTBIQ+fobia)… no va en bicicleta. Va en carroza, o en limusina, o en yate, como esos que fueron a reconquistar Ceuta botellín en mano. Son vehículos superlujosos, es cierto. Pero, como diría nuestro paisano José Mota, “no hagas cuentas”: no hay sitio para ti en ellos.

(*) El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Vanessa Pérez, Elías Rovira y Javier Sánchez.

Hace diez años, un grupo de organizaciones sociales de Castilla-La Mancha tomó una decisión sencilla y a la vez valiente: dejar de caminar cada una por su lado y empezar a hacerlo juntas. Así nació la Mesa del Tercer Sector. Nadie nos regaló nada. Nos lo ganamos a base de reuniones interminables, de paciencia, de mucha escucha y de una convicción compartida: que una sociedad se mide por cómo trata a quienes más apoyo necesitan. Hoy, al cumplir una década, toca mirar atrás con orgullo. Y toca mirar adelante con exigencia.

Hemos pasado, o estamos en proceso, de ser una suma de voces a ser un interlocutor reconocido. La Ley 1/2020 del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha es el mejor ejemplo: un marco que reconoce lo que siempre supimos, que las entidades sociales no somos un apéndice del sistema, sino una parte esencial de él. Hemos construido espacios de diálogo civil, hemos llevado a los despachos donde se toman las decisiones la experiencia real de miles de profesionales, voluntarias y voluntarios, y hemos puesto rostro y nombre a realidades que antes quedaban invisibles en las estadísticas.

Hemos aprendido también a ser un sector crítico pero leal. Críticos, porque callar ante lo injusto no es lealtad, es complicidad. Leales, porque creemos en las instituciones y en la fuerza de lo público cuando se trabaja codo con codo con quienes están cada día en el territorio. Esa combinación, a veces incómoda, es precisamente la que nos hace útiles.

Pero sería un error confundir diez años de camino con una meta alcanzada. Quedan retos en varios ámbitos que no admiten más demora.

En gobernanza necesitamos que el diálogo civil deje de depender de la voluntad de cada momento y se convierta en una práctica estable, estructurada y exigible. Participar no es ser informado a última hora ni opinar sobre textos ya cerrados. Participar es estar desde el principio, con capacidad real de influir en las decisiones que afectan a las personas a las que representamos.

Otro reto es la participación. Un tercer sector fuerte necesita que las propias personas protagonistas, con discapacidad, mayores, infancia, personas migrantes, familias en situación de pobreza, tengan voz propia, y no solo representada. Nada sobre ellas sin ellas no es un eslogan, es un método de trabajo.

Pedimos una mayor sostenibilidad. No se puede sostener la atención a las personas más vulnerables con entidades financieramente al límite. Hablamos de estabilidad en la financiación, de plazos de pago razonables, de convocatorias que no condenen a la incertidumbre anual a quienes prestan servicios esenciales, y de condiciones dignas para las profesionales que sostienen, con su vocación, buena parte del sistema de cuidados. Las entidades no pedimos favores: pedimos las condiciones necesarias para seguir cumpliendo una función que la sociedad nos encomienda.

Y, por último, diálogo civil, ya que esta es nuestra seña de identidad y nuestra mayor reivindicación. Entre administraciones y sociedad civil organizada debe existir una relación de respeto mutuo, con reglas claras, interlocución permanente y evaluación compartida de los resultados.

Pero estamos en un momento que exige altura de miras. Celebramos este aniversario en un contexto complicado. Con unas elecciones generales recién convocadas, el ruido va a crecer y la tentación de la confrontación permanente también. Conviene decirlo con claridad desde el principio: la Mesa del Tercer Sector mantiene y mantendrá una neutralidad firme. No pertenecemos a ningún partido ni pedimos el voto para ninguno.

Neutralidad que, hay que decirlo, no es equidistancia, y no vamos a confundir ambas cosas. Somos neutrales ante las siglas, no ante los derechos humanos. No lo somos ante la pobreza, la exclusión, la discriminación o la vulneración de derechos de cualquier persona. Ahí estamos, y ahí estaremos, con quien lo necesite, gobierne quien gobierne. Nuestra vara de medir no es el color político, sino la justicia social y la dignidad de las personas.

Por eso pedimos a todas las fuerzas políticas que bajen el tono y suban la responsabilidad. La gente que acude cada día a nuestras entidades no vive en la polarización: vive en la lista de espera, en la vivienda inaccesible, en el trabajo precario, en la soledad no deseada, en la barrera que le impide entrar en un edificio o acceder a un servicio. Sus problemas son reales y urgentes, y no se resuelven con gritos, sino con acuerdos. Pedimos pactos de Estado y de región para lo esencial, diálogo sincero con quien piensa distinto y la humildad de reconocer que ningún problema social se arregla en una sola legislatura ni desde un solo punto de vista.

Seguiremos aquí diez años después. La Mesa del Tercer Sector sigue teniendo la misma razón de ser: sumar voces para construir derechos. Lo haremos con la cercanía de quien conoce el territorio, con la firmeza de quien defiende lo que es justo y con la mano tendida de quien sabe que los avances duraderos nacen del encuentro y no de la trinchera.

A las organizaciones, a los equipos profesionales, al voluntariado y a las personas que dan sentido a todo esto: gracias. A quienes tienen responsabilidades públicas: aquí estamos, con propuestas, con experiencia y con ganas de trabajar. Y a la sociedad castellanomanchega: cuenten con nosotros, como nosotros contamos con ustedes. Porque si algo hemos aprendido en estos diez años es que cuando las voces se suman, los derechos avanzan.

Hay momentos en la vida de un país en los que votar no puede reducirse a elegir entre unas siglas y otras. Hay momentos en los que la ciudadanía tiene que detenerse, mirar a su alrededor y preguntarse qué sociedad quiere construir, qué derechos está dispuesta a defender y, sobre todo, qué futuro quiere dejar a quienes vienen detrás.

Nos encontramos ante uno de esos momentos.

El próximo 29 de noviembre, las trabajadoras y los trabajadores volveremos a tener en nuestras manos una herramienta que nunca debemos infravalorar: nuestro voto. Las elecciones generales decidirán la composición de las Cortes y, con ella, buena parte de las políticas que marcarán nuestro país durante los próximos años.

Y la clase trabajadora debería acudir a las urnas sabiendo perfectamente dónde está.

Porque sabemos de dónde venimos.

Sabemos lo que ha costado conquistar cada derecho laboral. Sabemos que la jornada laboral, las vacaciones, la protección frente al despido, las pensiones, el salario mínimo, la igualdad entre mujeres y hombres, la protección de la salud laboral o la negociación colectiva no fueron regalos concedidos por nadie. Fueron conquistas fruto de décadas de organización, movilización y lucha sindical.

Y también sabemos que ningún derecho está escrito en piedra.

Los derechos se pueden ampliar, pero también se pueden debilitar. Las condiciones laborales pueden mejorar, pero también pueden retroceder. Y por eso la clase trabajadora no puede permitirse mirar la política desde la distancia, como si las decisiones que se toman en las instituciones no tuvieran consecuencias directas sobre nuestras nóminas, nuestros convenios, nuestras pensiones, nuestras viviendas o nuestros servicios públicos.

Hoy tenemos delante problemas muy concretos.

Tenemos trabajadores y trabajadoras que, aun teniendo empleo, tienen dificultades para llegar a final de mes. Tenemos jóvenes que trabajan y, sin embargo, encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda y construir un proyecto de vida. Tenemos mujeres que siguen soportando una parte desproporcionada de los cuidados. Tenemos personas mayores preocupadas por sus pensiones y familias que necesitan unos servicios públicos capaces de responder a sus necesidades.

La propia agenda sindical está poniendo el foco precisamente en cuestiones como la vivienda, la reducción de la precariedad, la regulación de los contratos a tiempo parcial y la mejora de las relaciones laborales.

Y hay otra cuestión que no podemos esconder: el reparto de la riqueza.

España puede crecer económicamente y, al mismo tiempo, muchas familias trabajadoras seguir teniendo dificultades para vivir dignamente. Por eso no basta con hablar de crecimiento. Tenemos que preguntarnos quién se beneficia de ese crecimiento, cómo se distribuye la riqueza y si quienes generan esa riqueza con su trabajo participan de ella.

Desde el sindicalismo llevamos años defendiendo que trabajar debe permitir vivir con dignidad. En 2026 el SMI se sitúa en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, una evolución que UGT vincula a la dignificación salarial y a la convergencia europea.

Pero sabemos que queda mucho por hacer.

También está sobre la mesa el tiempo de trabajo. Porque reducir la jornada laboral no significa trabajar menos para producir menos. Significa avanzar hacia un modelo en el que los avances tecnológicos y la productividad también permitan a las personas trabajadoras disponer de más tiempo para vivir, cuidar, descansar y desarrollar sus proyectos personales. UGT viene defendiendo la reducción progresiva de la jornada sin pérdida salarial.

Y aquí es donde el voto adquiere toda su dimensión.

La clase trabajadora no debería votar olvidando su propia realidad.

Debería preguntarse qué propone cada opción política sobre los salarios. Sobre las pensiones. Sobre la sanidad y la educación públicas. Sobre la vivienda. Sobre los impuestos. Sobre la negociación colectiva. Sobre la igualdad. Sobre los derechos laborales. Sobre la prevención de riesgos laborales. Sobre los servicios públicos en nuestros pueblos. Sobre el futuro de nuestros jóvenes. Sobre la España rural.

Y, especialmente, debería preguntarse qué puede venir después de las elecciones.

Porque las campañas terminan. Los carteles desaparecen. Los discursos se olvidan. Pero las leyes permanecen y las decisiones políticas terminan entrando en nuestras empresas, en nuestros hogares y en nuestras vidas.

Como organización sindical no corresponde a UGT decirle a cada trabajador o trabajadora qué papeleta debe introducir en la urna. Esa decisión pertenece exclusivamente a cada persona.

Pero sí corresponde al sindicalismo recordar algo que considero fundamental: la democracia también se defiende desde el centro de trabajo.

Se defiende cuando una trabajadora reclama sus derechos. Cuando una plantilla se organiza. Cuando se firma un buen convenio. Cuando se combate la precariedad. Cuando se exige igualdad. Cuando se denuncia un accidente laboral. Cuando una persona joven reclama un futuro digno. Y también cuando millones de trabajadores y trabajadoras ejercen libremente su derecho al voto siendo conscientes de que las decisiones políticas tienen consecuencias sobre sus vidas.

La clase trabajadora tiene memoria.

Tiene memoria de los avances y también de los retrocesos.

Tiene memoria de lo que significa tener derechos y de lo que significa perderlos.

Por eso, ante las próximas elecciones, no deberíamos conformarnos con escuchar lo que unos y otros prometen. Debemos mirar lo que defienden, lo que han hecho y qué consecuencias pueden tener sus propuestas para la mayoría social.

No se trata de votar con miedo.

Se trata de votar con conocimiento.

No se trata de que nadie vote por nosotros.

Se trata de que nadie decida nuestro futuro sin que nosotros participemos.

Porque cuando una trabajadora introduce su papeleta en una urna no está dejando fuera de ella sus preocupaciones laborales. Cuando un trabajador vota, también está votando pensando en su salario, en su pensión, en la educación de sus hijos, en el precio de la vivienda, en la sanidad que recibirá cuando la necesite y en el futuro de su familia.

La política también habla de nosotros.

Y nosotros tenemos derecho a hablar a través de ella.

El próximo 29 de noviembre, cada persona decidirá libremente. Pero sería un error que la clase trabajadora acudiera a las urnas sin saber lo que está en juego.

Porque después de las elecciones seguiremos teniendo que trabajar, cuidar, cotizar, negociar y defender nuestros derechos.

Y porque el modelo de país que tengamos mañana dependerá también de las decisiones que tomemos hoy.

Desde UGT seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho: organizar, negociar, movilizar y defender a la clase trabajadora.

Pero el 29 de noviembre, la decisión estará en manos de cada ciudadano y cada ciudadana.

Y la clase trabajadora, que durante generaciones ha contribuido a construir este país, tendrá una oportunidad más para decidir qué sociedad quiere para el futuro.

Con memoria.

Con conciencia.

Con derechos.

Y, sobre todo, con conocimiento de lo que está en juego.

Mari Carmen Abascal ha muerto y se ha convertido en un icono de la lucha por una vivienda digna. Sin embargo, en varios medios de comunicación y, principalmente, en las redes sociales, se ha intentado desacreditar su figura mezclando conceptos que nada tienen que ver con el fondo del problema. Dicen : Maricarmen era binguera, tenía mal carácter, le molestaban los ruidos. Estos son algunos de los detalles que se destacan de su vida para enturbiar el debate. Cuesta comprender cómo, ante un sufrimiento real, ante la angustia de la precariedad y el desamparo, haya gente que prefiera agarrarse a este tipo de anécdotas antes que mirar a la cara a la injusticia. ¿Cómo se puede ser tan insensible para anteponer las aficiones o el carácter de una persona a su derecho inalienable a vivir en unas condiciones dignas?

Hay un mecanismo muy humano, también muy peligroso, detrás de esta actitud: resulta mucho más fácil buscarle imperfecciones a la víctima que admitir la fragilidad del sistema que nos rodea. Si convencemos al público de que Mari Carmen era una persona 'difícil', nos ahorramos la empatía. Si juzgamos su forma de vida, tranquilizamos nuestra conciencia pensando que a nosotros nunca nos pasará algo parecido. Deshumanizar al otro es la vía rápida para no tener que indignarse, para no tener que mirar de frente una realidad que incomoda y para poder convencernos de que el sufrimiento ajeno siempre tiene alguna explicación que lo hace menos injusto.

Pero los hechos son los hechos; si una persona denuncia la falta de calefacción, la amenaza de un desahucio o la falta de servicios básicos, lo correcto es contrastar los datos y comprobar si tiene razón. Se puede investigar, se puede cuestionar una versión y se pueden exigir pruebas. Lo que no deberíamos hacer jamás es utilizar su vida privada para quitarle legitimidad. Porque una cosa es analizar los hechos y otra muy distinta es construir un personaje alrededor de una persona para que resulte menos digna de nuestra empatía.

Los derechos no son un concurso de simpatía: No hace falta ser agradable ni llevar una vida que la mayoría apruebe; no hace falta ser una persona perfecta. Los derechos son universales precisamente porque pertenecen también a quien no nos cae bien, a quien nos incomoda, a quien tiene un carácter difícil y a quien toma decisiones o mantiene costumbres que nosotros jamás elegiríamos para nuestra propia vida. Si los derechos dependieran de que la persona que los reclama nos pareciera suficientemente buena, simpática o respetable, entonces dejarían de ser derechos.

Cuando dejamos de preguntarnos si lo que una persona dice es cierto y empezamos a evaluar si es lo suficientemente 'digna' para ser escuchada, cruzamos una línea peligrosísima. Hoy es una mujer mayor a la que presentan como alguien antipático, con costumbres que algunos juzgan con condescendencia; mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Porque nadie sabe cuándo puede encontrarse en una situación de vulnerabilidad, cuándo puede necesitar que otros defiendan sus derechos o cuándo puede convertirse, de repente, en esa persona a la que una parte de la sociedad considera demasiado incómoda, imperfecta o poco simpática como para merecer su solidaridad.

Esto interpela directamente al periodismo y a la conversación pública. Informar no es fabricar un personaje para amputar la empatía de los demás. Informar es contar la realidad, contrastar los hechos, analizar las causas y respetar la dignidad humana. Las costumbres, la edad, el carácter o el apellido de una persona no deberían convertirse en herramientas para desviar la atención de aquello que realmente importa. Cuando para restar importancia a una injusticia necesitamos resaltar que alguien jugaba al bingo, tenía mal genio o le molestaban los ruidos, deberíamos hacernos una pregunta incómoda: ¿estamos aportando información relevante o estamos preparando al lector para que acepte que esa persona merecía sufrir?

"Esto interpela directamente al periodismo y a la conversación pública. Informar no es fabricar un personaje para amputar la empatía de los demás. Informar es contar la realidad, contrastar los hechos, analizar las causas y respetar la dignidad humana"

La dignidad de un ser humano no puede depender de que nos guste su forma de vivir. Y sus derechos tampoco. Mari Carmen no debería tener que haber sido una mujer perfecta para que pudiéramos reconocer la injusticia de aquello que estaba viviendo. No debería haber necesitado nuestra aprobación, nuestra simpatía ni nuestra admiración para merecer unas condiciones de vida dignas. Y quizá eso sea precisamente lo que más deberíamos recordar ahora que ya no está: que detrás de cada caso hay una persona, con sus virtudes, sus defectos, sus manías, sus errores y su manera de vivir, pero también con una dignidad que nadie tiene derecho a quitarle.

Hay muchas Maricármenes. Muchas personas que, lejos de los focos y de los titulares, siguen luchando por una vivienda digna, por unos servicios básicos, por ser escuchadas y por no ser tratadas como si su vida tuviera menos valor que la de los demás. Y mientras existan esas personas, mientras haya quienes tengan que luchar por derechos que deberían estar garantizados, no podemos permitir que la deshumanización se convierta en una herramienta para mirar hacia otro lado. Hay que seguir hablando, señalando la injusticia y luchando hasta el final.