Son muchas las personas que conocen la auditoría hecha por Puertos del Estado a la Fundación Puertos de Las Palmas. Pero nadie se atreve a facilitar una copia al periodista. Le tienen terror a la abogada del Estado destacada al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Patricia García-Gallardo Frings, activista de Vox y hermana del que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, por ese partido. Ella se ha ocupado de advertir severamente a todos los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y a todos los funcionarios del organismo que tienen acceso a cualquier tipo de documentación que la revelación de secretos es un delito. Hasta Puertos del Estado guarda bajo siete llaves la auditoría realizada por sus propios servicios y que revela lo que todo el mundo sabe: que Coalición Canaria está utilizando la Fundación Puertos de Las Palmas para colocar y beneficiar a personas afines y promocionar a Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria, en su carrera hacia la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.

Varias de las personas que han podido consultar la auditoría llegan a la misma conclusión a preguntas de este periódico: “Acabará en la Fiscalía”. Si alguien la lleva hasta allí, previenen a continuación, porque a 48 horas de que se celebre el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas nadie está en condiciones de afirmar que haya debate y que de ese debate se concluya que lo que se reproduce en ese informe tiene indicios delictivos como para acabar en manos del Ministerio Público. Ni siquiera por iniciativa de la abogada del Estado, que en sus redes sociales elogia apasionadamente a los funcionarios públicos fieles a su juramento.

En este contexto de tanta pureza administrativa extraña mucho en la Autoridad Portuaria que teniendo como tenía en su poder la auditoría desde el pasado 20 de abril, su discusión no se llevara al consejo de administración del mes de mayo y sea ahora, en junio, cuando vea la luz.

Entre otros extremos, la auditoría recuerda que la Fundación Puertos de Las Palmas ya debió haber sido liquidada en aplicación de las resoluciones dictadas en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y así se le recordó a Beatríz Calzada a comienzos de su mandato. Sin embargo, lo que hizo fue despedir con cajas destempladas a la anterior gerente para colocar a una persona de su confianza y secretaria de Acción Electoral de Coalición Canaria, Betsabé Morales. Y en la intrahistoria de ese despido hay bastantes claves del resultado de la auditoría, porque se recogen muchas irregularidades, como la designación a dedo de la nueva gerente y su vinculación con una empresa, de cuyos órganos de gobierno dimitió al tomar posesión del cargo pero que, de repente, ha empezado a contratar por importantes sumas de dinero con la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Es precisamente esa empresa, Kinewa Ideas del País, S.L., la que ha organizado para este viernes un acto público al que ha invitado a más de media docena de medios de comunicación para que conozcan el Puerto de La Luz como nunca. Y lo ha hecho pagando a cada medio, en función de su influencia, contratos publicitarios que van desde los 1.000 a los 5.000 euros.

La gerente despedida elevó escritos tanto a Puertos del Estado como al interventor de la Autoridad Portuaria, lo que desembocó en que se dejara de mirar para los lados.

Pero hay muchos más contratos bajo sospecha en esa auditoría que se someterá a la consideración del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, contratos menores a personas directamente vinculadas a directivas del organismo por servicios sospechosamente más baratos.

Como es norma en la Autoridad Portuaria de Las Palmas y en Puertos del Estado, esta información ha sido elaborada sin su versión porque ambos organismos públicos se han negado a facilitarla.

El Partido Popular de Canarias ha decidido que ya está bien de aplicar el modo canario de hacer política impuesto de alguna manera por su socio, Coalición Canaria, para esquivar aquí las tensiones que en Madrid son cada día mayores. De un tiempo a esta parte la dirigencia popular ha endurecido su discurso contra el PSOE, particularmente contra el PSOE federal, pero aprovechando para dejar en la militancia socialista canaria algún recadito, como el que estos días ha dejado el presidente regional de los populares y vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, por la aparición en la causa de Zapatero del lanzaroteño Manuel Fajardo García y el jefe superior de Policía de Canarias, Jesús Gómez Martín.

Sostiene Domínguez que la presencia de estas dos personas en esa causa, aún en fase embrionaria, está afectando a la imagen de Canarias. Eso.

La crisis del hantavirus, cuya afección a la imagen turística de Canarias se comprometió el presidente Clavijo a analizar concienzudamente, marcó un pico en los ataques del PP al Gobierno de Pedro Sánchez. Sus dirigentes, con Domínguez al frente, se extremaron especialmente en acusarlo de ningunear a las Islas y de no atreverse a hacer lo mismo con otros territorios, como Euskadi y Catalunya, pero paradójicamente informando al tiempo de los éxitos que cosechaba él mismo en las reuniones a las que asistió con representantes del Estado.

El tono ha ido subiendo en intensidad a medida que se han ido conociendo los escándalos judiciales y policiales en los que se ha visto envuelto el PSOE a raíz de los casos de Zapatero y de Leire Díez, lo que ha animado al PP canario, cada vez más activo en redes sociales, a emplear un tono que los medios de comunicación más afines han han llegado a definir como mucho de “satírico y mordaz”.

El pasado 19, el mismo día que estalló el caso Zapatero, el PP de Canarias ya lo metió en la cárcel utilizando un estilo muy similar al de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: “Zapatero en nada camino de la cárcel”.

El remate a la subida de intensidad en los insultos se produjo este mismo miércoles, cuando directamente montó un bulo con apariencia de noticia. Sobre unas fotografías del Papa y de Pedro Sánchez, el gestor de las redes sociales del PP canario colocó el titular “Desaparecido el anillo del Papa tras recibir a Pedro Sánchez”. Es muy posible que los usuarios sin habilidades en materia de sátira y mordacidad puedan haberse creído la noticia. Al resto, seguro que le hizo mucha gracia.

El Gobierno de Canarias ha reconocido formalmente este martes ante el Parlamento que sólo ha cumplido una de las once medidas que le recomendó a principios marzo pasado una comisión de expertos sobre el clima laboral detectado en el Cuerpo General de la Policía Canaria a raíz de una investigación abierta por una denuncia de acoso interpuesta por su anterior comisario jefe, Luis Santos Jara. A preguntas de la diputada socialista Nayra Alemán, la consejera de Presidencia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha dicho que de esas once medidas, solo cuatro son de obligado cumplimiento, que una ya se ha cumplido, que otra está pendiente de un informe y que las otras dos dependen de otros órganos distintos a la Dirección General de Seguridad: la Secretaría General Técnica de la consejería y el Consejo de Gobierno.

En resumen: la comisión que investigó en 2024 distintos sucesos ocurridos en el seno del cuerpo rechazó que se hubiera producido un caso de acoso, pero detectó “la existencia de un conflicto organizativo de alto impacto manifestado en la pérdida de confianza y el deterioro de la comunicación formal, que ha contribuido a generar un entorno laboral deteriorado con riesgo psicosocial para las personas afectadas y consecuencias en la cohesión interna del cuerpo”. E hizo once recomendaciones de las que el Gobierno desecha siete de plano porque no son de obligado cumplimiento, y sólo parece dispuesto a cumplir con las cuatro restantes siempre que le den un tiempo.

De momento, y siempre según la versión que este martes ofreció la consejera Nieves Lady Barreto, solo se ha cumplido una que compete al director general de Seguridad, Daniel del Pino Franquet, la referida al “clima y la relación en las reuniones de trabajo de los distintos mandos”, según la explicación de la consejera, lo que en el dictamen de las personas expertas se especificaba así: “Elaborar informes trimestrales para asegurar que la información fluya correctamente entre mandos y subordinados, evitando que las instrucciones lleguen a los subordinados antes que a sus jefes”.

La otra recomendación que es competencia del director general, la que la consejera resumió como “la elaboración de un informe trimestral sobre el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales” está pendiente de “una aclaración solicitada al Comité puesto que el propio artículo 33 contradice, según el servicio de la Dirección General, otros artículos de la ley”.

En realidad se trata de una directriz del propio departamento dictada en 2025 por la que se obliga a “elaborar informes trimestrales para asegurar que la información fluya correctamente entre mandos y subordinados, evitando que las instrucciones lleguen a los subordinados antes que a sus jefes”.

Las otras dos recomendaciones ineludibles no se han cumplido por distintos motivos. Respecto a la obligación de designar comisario principal del cuerpo, la consejera recordó que “no compete al director general sino al Consejo de Gobierno” y que “es un procedimiento de libre designación entre miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad” y que en estos momentos hay “dos comisarios que vienen de esos cuerpos”. En cuanto a la revisión del procedimiento de expedientes de información reservada, la consejera dijo que eso “compete a la Secretaría General Técnica, no al director general”, pero no explicó por qué ese otro departamento de la consejería no ha actuado tampoco.

Como era de esperar, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se enrocó este miércoles en su tesis de “defensa de la seguridad de los canarios” para justificar su confrontación con el Gobierno del Estado y el comportamiento que tuvo el fin de semana pasado con la llegada a Canarias del MV Hondius, el barco donde se detectó el brote de hantavirus que originó una crisis sanitaria en la que se han visto concernidos una veintena de países. En su comparecencia a petición propia ante el pleno del Parlamento de Canarias, Clavijo no reconoció el más mínimo error en la gestión de esta crisis por parte suya o de los miembros de su Gabinete, pero para conseguirlo pasó de puntillas por una decisión crucial que tomó y que no pudo ejecutarse sencillamente por no ser de su competencia: el anuncio de que no autorizaría la entrada del barco en el puerto de Granadilla porque, a su entender, no se cumplían sus exigencias.

En tres ocasiones a lo largo de su primera intervención, Fernando Clavijo se refirió al Hondius como “un crucero de lujo”, seguramente en un intento por desacreditar a quienes le han reprochado insistentemente su desprecio por la vertiente humanitaria de la operación internacional que él trató de boicotear en todo momento. Olvida el presidente canario de que en ese barco no solo viajaban 114 pasajeros, catorce de ellos españoles, sino también 61 tripulantes, gente trabajadora, mayoritariamente filipina, entre la que se encontraba también un español.

Como no podía faltar en un discurso de confrontación con el Estado, Clavijo desplegó todo el catálogo de desprecios, agravios y ninguneos hacia esta ultraperiferia, y pronto le hicieron los coros todos los partidos políticos que respaldan al actual ejecutivo canario en esta legislatura, desde el suyo propio, Coalición Canaria, hasta el Partido Popular, que en Canarias quebró este miércoles la prudencia que está manteniendo en estos momentos a escala nacional, pasando por la Agrupación Herreña de Independientes (AHI) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que defendieron con apasionamiento la canariedad de los errores gubernamentales por encima de las consecuencias de esos errores.

En el terreno de lo anecdótico cabe destacar la intervención de la portavoz del Partido Popular, Luz Reverón, que fue la única que se refirió, con todas las letras, al mensaje de WhatsApp que Clavijo envió a la ministra de Sanidad con un texto generado por inteligencia artificial para defender la tesis de lo bien que nadan las ratas. A Reverón no le indignó lo que hizo el presidente, es decir, el contenido del mensaje, sino que este se filtrara a la prensa para que toda la humanidad supiera de qué fuentes científicas estuvo bebiendo el presidente canario durante la mayor crisis de salud pública después de la pandemia por coronavirus en 2020.

El partido de Luz Reverón sabe muy bien lo que es filtrar un pantallazo de WhatsApp a los medios informativos. Lo hizo en 2018 un senador del Grupo Popular, aún por identificar, que envió a algún periodista amigo de El Español el mensaje que había recibido de su portavoz, Ignacio Cosidó sobre la manera de controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo (la de los aforados) por la puerta de atrás mediante el nombramiento de un paquete de magistrados que incluía a Manuel Marchena como presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial.

A Clavijo le echó una mano sin querer el portavoz socialista, Sebastián Franquis, quien respecto a los mensajes y llamadas telefónicas cometió el error de decir que estas últimas quedan grabadas, cuando quería decir registradas. Su aclaración posterior, tras el lógico reproche de Clavijo, que se había indignado al creer que era cierto que sus conversaciones con el Gobierno habían quedado grabadas, no fue tenida en consideración por el presidente y su grupo parlamentario, que abuchearon al socialista. Sencillamente les viene mejor creer que a Clavijo lo grabaron los ministros porque, de este modo, habrá polémica otras dos semanas más. Por lo menos.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, no ayudó demasiado a la causa clavijista porque se empeñó en recordarle que gobiernan juntos, entre otros municipios canarios en Granadilla de Abona, y en felicitarle por la interpretación particular que Canarias ha hecho del lema “prioridad nacional” al imponer a los aspirantes a una vivienda pública un arraigo de doce años. 

“Un paso al lado, no atrás”, pero siempre alarmismo

Lo más elocuente de las explicaciones dadas por Clavijo motu proprio fue la ausencia de una explicación sobre su comportamiento la noche del sábado previa a la llegada del Hondius a Tenerife. En ningún momento reconoció el exceso administrativo y jurídico que supuso su anuncio de que iba a prohibir (llámalo “no permitir”) la entrada del barco en el puerto de Granadilla. Según sus palabras, lo que hizo fue “dar un paso al lado, no atrás”, y lo hizo “para no entorpecer el operativo y permitir que se desarrollara con la mayor rapidez posible”.

Creía Clavijo a esas horas que iba a bastar con dar la orden al presidente de la Autoridad Portuaria para que se hiciera su voluntad, algo que era del todo imposible. Primero, porque ningún presidente autonómico de España (incluidos el catalán y el vasco, dicho sea para descartar comparaciones estúpidas) tiene competencia alguna sobre los puertos de titularidad y de interés nacional. Y, segundo, porque por si albergaban alguna duda los asesores que hicieron cometer ese exceso al líder canario, ya se encargó de inmediato la directora general de la Marina Mercante de despejarlas con una orden tajante.

Todavía no ha quedado aclarado si Clavijo llegó a cursar la orden de prohibición de entrada ante el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, que se encontraba presente aquel día en el muelle cuando se produjo el anuncio presidencial. Pero dados los conocimientos que se le suponen a Suárez y la presencia en los alrededores del presidente de Puertos del Estado, el también canario,Gustavo Santana, todo hace pensar que el intento naufragó antes de promoverse.

Clavijo se empeñó este miércoles continuamente en mantener el mismo tono de alarmismo que le llevó a aquella atrabiliaria decisión a pie de muelle. Hizo girar gran parte de sus reproches alrededor de los test PCR, que no se hicieron como él dice que se exigió, al desprecio por los científicos canarios (solo citó a uno, frente a los que han respaldado la operación) y la aparición de un caso positivo le ha servido para sostener que tenía razón en sus augurios. “Lo que no quisimos hacer fue ser cómplices de una decisión tomada sin información, sin respeto institucional y sin atender ninguna de las garantías que habíamos solicitado”, proclamó. 

Y de remate, como viene siendo norma desde que estallaron los memes con las ratas, Clavijo y los portavoces aliados se volvieron a lanzar a por la inmigración para tener más reproches que hacer al Gobierno de Pedro Sánchez.

Todo se vino abajo la noche del sábado, a pocas horas de que entrara por la bocana del puerto de Granadilla el MV Hondius. Fernando Clavijo no pudo soportar el despliegue ministerial del Gobierno de Pedro Sánchez sobre aquella dársena: tres ministros, un secretario de Estado, la directora general de Protección Civil, el presidente de Puertos del Estado… Y él allí, como un convidado de piedra junto a su fiel Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, la persona que llevó el peso de todas las negociaciones para recibir aquel barco en aguas canarias después de que fuera rechazado por las autoridades de Cabo Verde, y de que la Organización Mundial de la Salud, cuyo director general también estaba presente, pidiera a España que el archipiélago fuera el refugio.

Clavijo no pudo soportar ver a la prensa regional, nacional e internacional transmitiendo al mundo delante de sus propias narices y en su propia tierra, el resultado de una operación internacional en la que él y su Gobierno poco podían hacer por una razón muy primaria: ausencia de competencias. Así que, en cuanto tuvo la oportunidad de lanzar un mensaje al mundo, lo hizo: “No vamos a autorizar el fondeo de ese barco en el puerto de Granadilla”. 

La explicación que ofreció y que a día de hoy sigue ofreciendo su Gobierno es que los trabajos de desembarque de los pasajeros del Hondius no podían alargarse desde el domingo por la mañana hasta el lunes, como acababa de anunciar aquel sábado por la noche la ministra de Sanidad, y que, como mucho debía zarpar el mismo domingo por la tarde. Era imposible porque los complejos contactos diplomáticos con los países de los que son originarios los pasajeros y la tripulación obligaban a plegarse a la disponibilidad de medios aéreos de cada uno de ellos para enviarlos al aeropuerto Tenerife-Sur a recoger a sus nacionales.

Es la excusa que este mismo lunes explicó ante la prensa el portavoz de Clavijo, Alfonso Cabello, al término del Consejo de Gobierno de Canarias, en el que poco se pudo hablar de la polémica porque duró escasamente una hora. Tan poco debió hablarse o tan eficaz fue la consigna de no convertir la crisis sanitaria en una cuestión principal, que Cabello no hizo la menor mención a ella en la exposición de los acuerdos alcanzados en la reunión. Los periodistas pensaron que lo iba a hacer en el momento en el que anunció que iba a abordar un asunto “de actualidad”, pero lo que realmente hizo fue rescatar del catálogo de agravios con el Estado uno de los problemas que más ha agitado este Gobierno desde que se constituyó en 2023: la inmigración.

Por lo tanto, fueron los periodistas los que reclamaron a Alfonso Cabello explicaciones más convincentes que pudieran de algún modo aclarar la sucesión de despropósitos y sonadas meteduras de pata que ha protagonizado el Gobierno de Clavijo desde que comenzó esta crisis.

Más de tres reuniones diarias con el Estado

Gracias a las respuestas que ofreció, hemos podido saber que desde el martes 5 de mayo, cinco días antes de la llegada del crucero, comenzaron las reuniones de coordinación entre los dos gobiernos. En la inmensa mayoría de ellas participó Cabello personalmente, aunque el presidente Clavijo estaba constantemente informado –bien a través de llamadas telefónicas o bien a través de mensajes a su teléfono móvil– incluso durante su visita de aquellos días a Bruselas.

El portavoz gubernamental reconoció que no existe ningún informe científico ni médico elaborado por las autoridades sanitarias canarias que avalen alguna de las afirmaciones alarmistas, cuando no bulos, lanzados por el Gobierno canario y su presidente todos estos días: ni para exigir que el barco fondeara en vez de atracar en el muelle, ni la existencia de ratas u otros roedores en el barco, ni la capacidad natatoria que puedan presentar llegado el caso, lo que confirmaba ante la opinión pública que el proveedor de inteligencia artificial de Fernando Clavijo es la única fuente empleada para defender esa opinión ante la ministra de Sanidad en medio de una crisis de estas dimensiones.

Cabello reconoció este lunes ante la prensa que para preparar el dispositivo se celebraron “muchas reuniones, más de tres diarias desde el martes” entre el Gobierno canario y el Ministerio de Sanidad, a cuyo frente estaba el secretario de Estado, Javier Padilla. Que hubo “muchas coincidencias, pero también desacuerdos”. Afirmaciones estas que echan por tierra las continuas acusaciones de desprecio, de desaire, de ninguneo que han venido lanzando autoridades canarias, con Fernando Clavijo al frente, desde que se confirmó que el barco vendría a Canarias, más concretamente a Tenerife.

“Es que Clavijo no se conforma con ganar por 1-0, siempre quiere ganar por goleada”, expresó gráficamente a este periódico este lunes una persona que trabajó muchos meses codo con codo con él durante su primera presidencia autonómica (2015-2019). En vez de conformarse con el éxito político que suponía haber impuesto que el barco no atracara sino que fondeara en Granadilla, quiso doblegar al Estado y a la OMS con el tiempo que debía estar en aguas canarias. Quería otro triunfo. Y todo no se puede conseguir en una operación tan compleja.

No le importó nada en absoluto que aquel veto a la entrada del barco que lanzó el sábado por la noche no estuviera a su alcance, aunque él creía que sí. Creía que podía levantar el teléfono y ordenar al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, que prohibiera la entrada del barco cuando unas horas después quisiera entrar en Granadilla. 

Pedro Suárez es un veterano político del Partido Popular de Canarias que ocupa ese puesto al frente de los puertos del Estado de la provincia de Santa Cruz de Tenerife gracias al pacto entre su partido y CC y al acuerdo entre las administraciones central y autonómicas, que permite a los gobiernos regionales proponer a los presidentes de las autoridades portuarias. Tienen mucha autonomía para nombramientos, contrataciones, operaciones comerciales… pero han de ceñirse a principios tan básicos como que los recintos que dirigen pertenecen al Estado y son de interés general del Estado, no del presidente autonómico de turno.

Por eso este lunes, cuando el portavoz del Gobierno canario fue preguntado por la existencia de algún informe jurídico que pudiera avalar aquella amenaza de Clavijo hacia el Hondius contestó que no. La misma respuesta que siguió a la pregunta de si el Ejecutivo prepara algún tipo de recurso ante la Administración de Justicia por invasión de competencias o desobediencia de aquella orden imposible. Nada.

Eso sí, el Gobierno canario sigue enrocado en su tesis de que tampoco la OMS le presentó jamás un informe que justificara que el barco tuviera que venir a Canarias necesariamente, ni que se garantizara de algún modo la seguridad para la población canaria, además de avanzar ahora un poco más en nuevas vías de agitación y alarmismo: a ver por qué a los pasajeros no se les ha hecho un test de antígenos antes de desembarcarlos. Ningún informe científico les avala, mientras que los expertos aplauden el protocolo de seguridad que se ha llevado a cabo en la operación, tanto a bordo del barco como en tierra y en los medios de transporte utilizados.

Rosa Dávila, de medio en medio lanzando bulos

Pero Clavijo no ha estado solo en esta estrategia de confrontación con el Estado, de difusión de bulos y alarmismo. Ha tenido la inestimable ayuda de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, también de Coalición Canaria. Dávila, que ha incrementado un 62% su presupuesto de publicidad hasta los 6,5 millones, solo para la Presidencia de la Corporación, no para de conceder entrevistas en las que lanza continuamente afirmaciones sin fundamento para alarmar a la población y culpar al Gobierno de Pedro Sánchez de poner en peligro a la gente de Tenerife. 

Y si Fernando Clavijo se cubrió de gloria enviando a la ministra de Sanidad un texto generado por inteligencia artificial para defender la capacidad natatoria de las ratas, Dávila se ha dedicado a pontificar en periódicos, emisoras de radio y televisiones acerca de cómo funciona una PCR y a quién debe hacérsele. Por desgracia para ella, en algunos programas se ha tenido que tropezar con algún experto que la ha abochornado desmontando sus mentiras. Ocurrió este mismo lunes en Espejo Público, sin ir más lejos, cuando un inmunólogo, Alfredo Corell, desmontó una a una sus irresponsables afirmaciones. “La seguridad es máxima, se ha hecho un protocolo más allá de lo estrictamente necesario”, le dijo. Rosa Dávila no paraba de mirar a alguna persona que la acompañaba en el despacho presidencial desde el que entraba en directo en ese programa para que la sacara de inmediato del aprieto.

El portavoz del Gobierno canario tuvo que desautorizar públicamente a la presidenta del Cabildo de Tenerife este mismo lunes por su último exabrupto al proclamar que el Ejecutivo de las islas había roto sus relaciones con el del Estado.

Desgraciadamente para Clavijo, Rosa Dávila y todos los cargos públicos de CC que aún hoy continúan lanzando infundios, acusaciones y bulos, algunos de sus referentes políticos y religiosos los han colocado en el lugar de la historia que nunca quisieron ocupar. El papa León XIV ha agradecido públicamente “la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias” por este caso concreto, y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen ha felicitado directamente al Gobierno español y a “todas las autoridades involucradas en el terreno” por el “rápido y eficiente” desembarco del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Tenerife.

A Clavijo solo le falta esperar que ocurra una desgracia, que aparezca alguna secuela de esta operación que le sirva para poder sostener públicamente que él tenía razón cuando quiso abortar la operación y mandar al crucero por donde había venido. Por eso ahora trata de instalarse, junto a su gobierno, en la prudencia. Pero sin abandonar la confrontación con el Estado. Por eso este mismo lunes ha reabierto la polémica de la inmigración alegando que la fuerte caída de llegadas de pateras y cayucos a Canarias se ha frenado y ha habido un pequeño repunte.

De momento, nadie habla en el Gobierno de un efecto llamada, pero sí de lo abandonada que está Canarias por España y Europa cuando de distribuir a menores migrantes no acompañados se trata. Lo malo es que quienes bloquean esa operación tienen nombres y apellidos y no ocupan cargos en el Gobierno de la nación sino en las autonomías gobernadas por el Partido Popular, el socio de Clavijo en Canarias.  

Imagina que embarcas con tu familia en un crucero, en el crucero de tus sueños. Por ejemplo en este llamado Cultura entre la costa Ibérica y las Islas Canarias, un periplo de 1.500 euros por cabeza de diez días a bordo del Vasco Da Gama, desde Hamburgo (Alemania), con escalas en Vigo, Lisboa, Funchal, Santa Cruz de La Palma y destino final en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Durante la travesía se declara una enfermedad a bordo que requiere asistencia sanitaria en tierra, y el barco está a punto de llegar a Canarias. 

Entonces es cuando se declara un conflicto porque el presidente de Canarias, territorio que el año pasado recibió a 18 millones de turistas, proclama al mundo que la Sanidad de la que su Gobierno es responsable no está capacitada para atender a las 140 personas que viajan a bordo, hacerles pruebas y, en el peor de los casos, aislar a algunas en los centros hospitalarios públicos de los que dispone.

Imagina que les dice a esos turistas que vuelvan por donde han venido, que regresen a Hamburgo y que sea la sanidad alemana la que se haga cargo de ellos, que da igual el tiempo que tarden en regresar y la angustia que eso les supone, porque lo que Canarias no quiere son turistas que puedan contagiarnos, vete tú a saber qué cosas.

Esa es una historia real, la que están protagonizando el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y sus seguidores con la crisis por el hantavirus sobrevenida durante la travesía del MV Hondius. Primero, alarmando a la población más allá de lo científicamente admitido. Segundo, espantando al turismo, al que le está diciendo que no venga por aquí porque si enferma, no estamos en condiciones de atenderle. O lo que es peor, no nos da la gana de atenderle.

Y todo por mantener un pulso político del que sacar rédito electoral en un año crucial para el futuro de su partido Coalición Canaria, que precisamente en Tenerife se disputa un puñado de votos con la derecha y la ultraderecha, la misma que ve en esta polémica del hantavirus una nueva oportunidad de hacer valer su racismo y su xenofobia bajo el deslumbrantre lema de la prioridad nacional.

Duro correctivo al Gobierno de Canarias por la gestión de personal en el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC). Una comisión de investigación promovida a raíz de una denuncia por acoso laboral ha concluido evidenciando “la existencia de un conflicto organizativo de alto impacto, manifestado en la pérdida de confianza y el deterioro de la comunicación formal, que ha contribuido a generar un entorno laboral deteriorado, con riesgo psicosocial para las personas afectadas y consecuencias en la cohesión interna del cuerpo”.

La investigación, iniciada en 2024, ha tenido varias fases y no ha sido hasta principios de marzo pasado cuando las conclusiones han sido trasladadas al denunciante y a la Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias instándole a aplicar once medidas correctoras que hasta la fecha no se han implementado. Este periódico ha pedido explicaciones a ese departamento por este incumplimiento pero no ha recibido respuesta.

La denuncia fue interpuesta por el comisario principal Luis Santos Jara, exjefe de la Policía Canaria, a raíz de una serie de acontecimientos que desembocaron en su cese, acontecimientos que se iniciaron con la llegada en 2023 de Coalición Canaria y el Partido Popular al Gobierno regional, y el consiguiente nombramiento de David del Pino Franquet como director general de Seguridad dentro de la Consejería de Presidencia, a cuyo frente está Nieves Lady Barreto. 

Santos Jara denunció falta de funciones concretas, exclusión de reuniones y viajes oficiales, y bloqueo de comunicaciones. A su entender, desde la autoridad política se actuaba para desprestigiarle profesionalmente con actitudes de desprecio público y humillación mediante la asignación de tareas que consideraba una “degradación”. Igualmente denunció retrasos en la tramitación de sus solicitudes y la apertura de expedientes disciplinarios en su contra.

Aunque la comisión de investigación, a cuyo frente se puso una experta en la materia, se activó para abordar una denuncia por acoso laboral, se descartó tal calificación por no cumplir con los requisitos jurídicos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial, como por ejemplo, “la existencia de un maltrato verbal y conductual continuado, dirigido a menoscabar la integridad psíquica y la dignidad del trabajador, con la finalidad de aniquilarlo psicológicamente y lograr su exclusión del entorno laboral o su sometimiento, mediante procedimientos ilegales, arbitrarios o contrarios a la dignidad humana”.

Sin embargo, tanto la experta como la comisión de investigación concluyeron que se ha dado “una grave disfunción organizativa y relacional, sostenida en el tiempo, que ha generado un importante impacto psicosocial y que requiere una intervención institucional estructurada, orientada a la mejora del clima laboral, la clarificación de roles y la gestión preventiva de conflictos en el ámbito del mando policial”. 

Todo empezó con la expulsión del comisario principal de la sala del CECOES durante el devastador incendio de Tenerife en 2023 y “su posterior cese encubierto”, recuerda el informe. Y continuó con una serie de medidas organizativas que supusieron el traslado de personal del Cuerpo General de la Policía Canaria que debieron “haber sido comunicadas formalmente a los órganos competentes de la Secretaría General Técnica de la Consejería y al Comité de Seguridad y Salud departamental”. La investigación detectó, efectivamente, que se produjeron “cambios de puestos de trabajo y traslados de personal desde las instalaciones de la comisaría de Añaza a la comisaría de La Esperanza, sin que dichas actuaciones hayan sido informadas ni consultadas previamente al Comité de Seguridad y Salud de esta organización”. 

Se trata de actuaciones que contravinieron la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales “en la que se establece la obligación del empresario, en este caso de la Administración, de informar y consultar al Comité de Seguridad y Salud con carácter previo a la adopción de decisiones que puedan tener repercusiones sobre la seguridad y la salud de las personas trabajadoras”. 

Como algunas de las conductas denunciadas por el comisario Luis Santos Jara están judicializadas, como el nombramiento de su sustituto -Antonio Almenara- al frente del cuerpo, la comisión de investigación no se pronuncia sobre ellas. De hecho, estos días el Gobierno ha informado de que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife no ha tramitado la demanda del comisario principal contra ese nombramiento por no haber agotado previamente la vía administrativa.

Pero la comisión de investigación sí ha impuesto al Gobierno once medidas que no han sido cumplidas todavía. Entre otras, se requiere a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, “que realice una revisión del procedimiento interno aplicable a los expedientes de información reservada y disciplinarios, con el fin de reforzar las garantías procesales de todas las partes implicadas y asegurar que los actos administrativos derivados se notifiquen con la debida diligencia y dentro de los plazos legalmente establecidos, estableciendo mecanismos de revisión y control que garanticen los derechos de las partes”.

Asimismo, se propone que el Gobierno nombre a un mediador externo para que el director general de Seguridad y los jefes de la Policía Canaria puedan entenderse profesionalmente; que se defina exactamente qué funciones y reuniones le corresponden al denunciante para evitar que lo dejen de lado; que se cree un buzón anónimo para que otros empleados puedan denunciar problemas sin miedo; que se obligue a los jefes a realizar cursos sobre liderazgo positivo y resolución de conflictos, y que se convoque oficialmente la plaza de comisario jefe para dar estabilidad al mando de la policía.

El concejal de Ciudadanos que en 2020 facilitó la moción de censura por la que Coalición Canaria recuperó la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife ha perdido su premio, el que le concedió el alcalde, José Manuel Bermúdez, colocándolo como director general de Transformación Urbana Santa Cruz Verde 2030 con un salario anual de más de 76.000 euros.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha anulado la resolución que tomó la Junta de Gobierno del consistorio el 29 de julio de 2024 por la que se nombró para ese cargo a Juan Ramón Lazcano de la Concha, el que fuera concejal de Ciudadanos entre 2019 y 2020, que dimitió en plena pandemia para ser sustituido por Evelin Alonso, que a la postre se convirtió en la concejala tránsfuga que votó a favor de la moción de censura que acabó con la alcaldía de Patricia Hernández (PSOE) y se la devolvió a Bermúdez (Coalición Canaria).

El fallo, suscrito por el magistrado-juez Roi López Encinas, estima el recurso presentado por la abogada Sandra Rodríguez en nombre del arquitecto Joaquín Mañoso Valderrama, ordenando que sea él quien ocupe el puesto y condenando al Ayuntamiento al pago de las costas procesales.

Vulneración del principio de mérito y capacidad

La resolución judicial sostiene que la motivación ofrecida por el consistorio para justificar la elección de Lazcano frente a Mañoso “resulta insuficiente” y “contraria a Derecho”, por basarse en argumentos vagos, genéricos y carentes de sustento jurídico.

Entre las razones que el Ayuntamiento alegó figuraban la existencia de un posible conflicto de intereses relacionado con un expediente urbanístico de 2014 relacionado con Mañoso, así como su edad, que, a juicio del tribunal, no puede ser considerada causa válida de exclusión.

El juez reprocha al Ayuntamiento que no se identificaran “las concretas circunstancias personales que desaconsejan la designación del recurrente” y que la Administración “no puede basar su decisión en valoraciones imprecisas o ajenas al principio de mérito y capacidad” recogido en el artículo 23 de la Constitución Española.

La sentencia recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que exige que los nombramientos realizados por el sistema de libre designación estén debidamente motivados, explicando claramente las razones por las que un candidato es preferido a otro.

El magistrado subraya que, aunque la Administración goza de discrecionalidad para elegir entre varios aspirantes, esa discrecionalidad no puede degenerar en arbitrariedad, y debe sustentarse en criterios objetivos verificables.

En definitiva, la Justicia anula el nombramiento de Juan Ramón Lazcano de la Concha y, dado que el otro aspirante también reunía los criterios exigidos en la convocatoria del puesto, ordena la designación de Joaquín Mañoso Valderrama para el puesto de director general de Transformación Urbana Santa Cruz Verde 2030, al considerar vulnerado el principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad.

El Ayuntamiento puede recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para lo cual tiene un plazo de quince días.

Antes de que Gabriel Rufián lanzara su propuesta de izquierda plurinacional confederal, en Canarias ya había movimientos muy avanzados de fuerzas progresistas a la izquierda del PSOE para preparar una confluencia de cara a procesos electorales sobrevenidos o programados. Los empezó liderando Román Rodríguez antes del cisma que sufrió en Nueva Canarias, partido que ya no preside pero del que sigue siendo lider espiritual indiscutible. Pero los han continuado otras líderes y otros líderes convencidos de que una candudatura unitaria, con “marca canaria, con programa canario, con defensa de los intereses populares: autogobierno, democracia, libertades, servicios públicos, empleo de calidad, límite al crecimiento, feminismo” tiene a mucho público expectante.

Las conversaciones han sido más fructíferas de lo que cabría esperar en un espacio ideológico tan marcado por la división, las diferencias irreconciliables y, cómo no, el personalismo. Pero la emergencia del momento, la cada vez más cercana posibilidad de que se fortalezcan las derechas y la ultraderecha y las izquierdas no sumen, ha agilizado las conversaciones.

En un escenario de elecciones generales, “una marca canaria con un programa canario tendría base social y electoral más que suficiente como para sacar un escaño por la provincia de Las Palmas y casi otro en Santa Cruz de Tenerife”, explica a este periódico Román Rodríguez.

Pero solo una de las formaciones canarias, con más implantación en la provincia de Santa Cruz en Tenerife que en la de Las Palmas, ha puesto pegas al proyecto. Se trata de Drago, el partido que lidera Alberto Rodríguez, ex dirigente de Podemos y hoy concejal en la ciudad de La Laguna. 

Una fuente autorizada de Drago ha dicho a este periódico que se reunirá “cuando llegue el momento en el marco preelectoral con los espacios que puedan asumir compromisos y garantías para transformar Canarias desde una visión progresista”. Considera Drago que las conversaciones que se mantienen en estos momentos “son debates orgánicos anticipados que aún no han tenido lugar”.

Un escaño al Congreso por cada provincia

Las encuestas que manejan todos los partidos políticos que operan en el Archipiélago, tanto las propias como las que les enseñan las demás, arrojan resultados muy significativos: 5-6 escaños para el PSOE; 3-4 para el PP; 3-4 para Vox; uno para Coalición Canaria por Santa Cruz de Tenerife y uno para la marca de izquierdas por Las Palmas. 

Ese dibujo podría varia en Santa Cruz de Tenerife si se sumara Drago. Además de Nueva Canarias, están en la operación, Podemos, Sumar, Izquierda Unida, Sí se Puede, Iniciativa por La Gomera y algunos grupos locales. Lo suficiente para conseguir un escaño por Las Palmas, que podría convertirse en otro por Santa Cruz de Tenerife con el concurso del partido que lidera Alberto Rodríguez. En tal caso, estaría en juego el escaño de Coalición Canaria, que, al igual que el PP, va a perder mucho terreno por el crecimiento de Vox.

Un resultado así para el Congreso de los Diputados facilitaría mucho las cosas al PSOE de Pedro Sánchez, que podría contar con hasta ocho de los quince escaños que aporta Canarias (seis suyos y dos de la izquierda confederal) para una investidura por la izquierda.

En Coalición Canaria se han encendido ya todas las alarmas porque saben que peligra su diputada por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido. El secretario de Organización de CC, David Toledo, ya se encargó este pasado fin de semana de desmitificar los encasillamientos ideológicos para proclamar un clásico de esa formación: dan igual las ideologías y los colores políticos, la izquierda o la derecha, Canarias se defiende desde la canaridad, y punto. Para reclamar acto seguido “cuatro o cinco diputados”.

El desmarque ideológico le viene muy bien a Coalición Canaria para preparar el terreno para lo que se le viene encima -también por la subida de Vox- en las próximas elecciones autonómicas. La ultraderecha experimenta también aquí un importante crecimiento que le puede convertir en una pieza clave de la gobernabilidad por la derecha, mientras que la izquierda, con su actual dispersión, no sumaría lo suficientes con el PSOE, salvo que se diera esa confluencia, lo que acercaría bastante a Ángel Víctor Torres, o la persona que los socialistas decidan presentar, a la presidencia del Gobierno regional.

Esas encuestas darían a la ultraderecha hasta ocho parlamentarios autonómicos, una representación similar a la que podrían alcanzar las fuerzas de izquierdas si fueran unidas.

En CC saben que esos resultados la colocaría en una posición delicada por la caída propia y la del PP, ambas a manos de Vox. Un escenario de gobierno tripartito sería inasumible para muchos de sus votantes, en particular para los que creen que se trata de un partido progresista, lo que complicaría muchísimo la permanencia en el gobierno. De ahí también el discurso anti ideológico que empiezan a pregonar.

Algunos de sus más locuaces comentaristas radiofónicos y televisivos ya empiezan a hablar suavemente de Vox, para que las audiencias se vayan acostumbrando a su presencia y no haya sobresaltos cuando se sienten a negociar.

Han pasado más de cinco años desde que el líder del sector crítico de Vox, el grancanario Carmelo González, abandonara la formación harto de lo que llamó “dictadura intramuros”. Es el tiempo que ha tenido que esperar para ver caer a uno de sus principales ejecutores, Javier Ortega Smith, uno de los fundadores y durante mucho tiempo integrante del núcleo duro del presidente, Santiago Abascal. 

Puede considerarse a González uno de los primeros purgados por la organización precisamente por los malos modales de la dirección, que ahora se lleva por delante, con esos mismos modales, a Ortega Smith. Es coetánea su purga con la que Vox hizo en Murcia con dos de sus más solventes dirigentes, Juan José Liarte y Francisco José Carrera, que también en 2020 iniciaron su vía crucis dentro del partido pero que aguantaron con sus actas de parlamentarios regionales hasta 2023, cuando dimitieron. Menos de tres años después le está pasando lo mismo al partido en la misma región con su actual portavoz parlamentario, José Ángel Antelo.

Unas primarias sin actas, como Maduro

Ortega Smith, quien fuera la mano derecha (pero que muy derecha) de Abascal fue uno de los más duros con Carmelo González cuando el canario decidió presentarse al único proceso de primarias abierto hasta ahora en Vox para decidir el nombre de la persona que debía presidir el partido. Lo hizo Carmelo González en 2020 contra nada menos que Santiago Abascal, lo que fue interpretado como un desafío por la dirección del partido, que esperaba exclusivamente la aclamación del líder y que aquel tímido gesto democrático quedara solo en eso, en un remedo que les permitiera decir que se trata de un partido que escucha a las bases.

El politburó de la ultraderecha decretó que sólo había un candidato que había obtenido los avales para presentarse a aquella mascarada y que ese candidato no era otro que Santiago Abascal. Se le olvidó, como a Maduro, enseñar las actas, lo que impidió que todo el mundo pudiera comprobar que también Carmelo González había alcanzado de sobra el número de firmas exigido.

Lo comenta con la misma parsimonia de siempre y sin atisbo de odio este médico grancanario de 64 años, que ejerce en el centro de salud de uno de los barrios obreros más populosos de la isla, el de Las Remudas, en Telde. Recuerda con precisión cómo lo vetó Ortega Smith para ser candidato en las elecciones generales de 2018: “Yo iba a ser el candidato porque me apoyó el comité local, pero cuando se enteró Ortega dijo que no y se montó una pelotera del carajo”, cuenta.

Madrid impuso entonces a un piloto de líneas aéreas, José María Vázquez, “un tío muy agradable”, recuerda, pero con un problema que en ningún partido político es aceptado: hablar más de la cuenta. Y a Vázquez “lo trincan poniendo a parir a Abascal”, por lo que, alegando motivos personales, lo fuerzan a marcharse. En su lugar elaboran una nueva lista con Alberto Rodríguez a la cabeza. “A mí, ponme al último”, le pidió entonces Carmelo González.

Rodríguez, González y Nicasio Galván formaban parte del comité provincial de Vox en Las Palmas, y eran por lo tanto los que organizaban las campañas. Carmelo González era el responsable de comunicación en el partido, un desempeño por el que es gratamente recordado por todos los periodistas que cubrían en aquel momento la información política. Siempre estaba disponible, participaba en todas las entrevistas y tertulias para las que era requerido y gestionaba con la dirigencia del partido todos aquellos contactos que la prensa le pedía.

Pidió dormir en la habitación de Franco

Bueno, no todos. Ortega Smith, que era el responsable nacional de Comunicación de Vox, le insistía mucho en los límites a las relaciones con la prensa. No quería dentro de ningún acto del partido a los medios de comunicación considerados izquierdistas, particularmente elDiario, El País y La Sexta. Y tenía especialmente vetados a dos periodistas, Miguel González, de El País, y el autor de este texto, de Canarias Ahora.

Sus visitas a Canarias se limitaban prácticamente a la participación en mítines de campaña y era muy restrictivo sobre las entrevistas que concedía. La última vez que Carmelo González le gestionó la comunicación para una de sus visitas, precisamente en 2019 para un mitin por la campaña de las elecciones generales, sólo concedió una de las entrevistas que tenía solicitadas. Fue al periódico La Provincia, donde confirmó que había dormido en el hotel Madrid de casualidad, que Vox siempre pide “hoteles humildes”…

La realidad era otra bien distinta: él pidió a sus compañeros de Vox que le reservaran la habitación donde pernoctó Franco la noche anterior de embarcar en el Dragon Rapide rumbo a África para ponerse al frente del golpe de estado de 1936. Fue una mala experiencia, el golpe de estado también, fue una mala experiencia dormir en aquella habitación porque, según relató él mismo a sus correligionarios, pasó una noche de perros. 

El mitin por el que acudió a la capital grancanaria en 2019 le sirvió para hablar de toros en la única región que no tiene plazas de toros, y también para congeniar con el exjuez corrupto Salvador Alba, ya por entonces imputado por varios delitos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y con la esposa de este, Teresa Lorenzo, que ejercía como letrada de la Administración de Justicia en un juzgado de Violencia sobre la Mujer, lo que durante un tiempo simultaneó con su militancia en Vox, donde prestó servicio como dirigente provincial. Puede que sean los únicos en Canarias que echarán de menos a Javier Ortega Smith.

“Un ser que no puede ser”. El gran José A. Alemán, uno de los mejores analistas políticos que ha dado a esta tierra, habría incluido a Fernando Clavijo en esa consideración tan especial: la del ser que no puede ser. No por desearle nada malo, sino sencillamente porque su desempeño como cargo público obliga a preguntarse cómo es posible que haya llegado tan lejos, que esté ahí. 

En el caso del actual presidente del Gobierno de Canarias, estamos ante un ser inane, cuyo paso por tan alta responsabilidad habremos de medir cuando todo esto haya pasado, no por legado que pueda dejar, ni por los hitos por los que pudiera hacerse merecedor del calificativo de gran servidor público, sino por todas las zonas de peligro que esquivó y por los efectos que dejó de provocar por su negligente inacción política. Es decir, conoceremos su legado sencillamente por su falta de legado, por su incapacidad (él seguramente cree que es habilidad) para abordar los problemas de la ciudadanía utilizando la táctica socarrona de taparlos con espantajos, con el enemigo exterior.

Clavijo ha dicho que no está de acuerdo con Pedro Sánchez en su rechazo al ataque de Israel y Estados Unidos a Irán. Y con eso tenemos que quedarnos porque lo que añadió a continuación para explicar ese interesante posicionamiento político es que se trata de una opinión personal que no piensa desarrollar porque, como presidente de Canarias, no tiene competencias en materia de política exterior. Es decir, que como presidente de Canarias se permite emitir una opinión política camuflada como opinión personal que se niega a explicar porque es un incompetente en la materia en cuestión.

Suena a consigna de temporada, a seguidismo hacia su socio, el Partido Popular, al que tiene que cuidar no vaya a ser que las encuestas que está manejando el Gobierno sean certeras y confirmen la caída de Coalición Canaria y el Partido Popular hasta el límite de la sumatoria insuficiente. Clavijo no quiere darle oxígeno a cualquier opción que pueda tener el PSOE de recuperar electorado, o al menos a repetir en Canarias sus últimos resultados autonómicos, y es muy posible que la posición antibelicista del Gobierno de Sánchez y sus exigencias diálogo y legalidad internacional pueda estarle insuflando apoyos entre un electorado que ya se sabe cómo reaccionó en 2004 con la guerra de Irak.

Rechazar la posición del Gobierno contra los ataques a Irán y la prohibición a Estados Unidos para usar sus dos bases en España para avituallar a sus aviones no solo es abrazar las tesis del PP y de Vox, sino también alinearse con aquellos países que vulneran la legalidad internacional y que empiezan a atesorar importantes antecedentes de violación de los derechos humanos y de genocidio.

Pero, además, es ponerse frente a un pueblo, el canario, que es antimilitarista por razones históricas, que votó en contra de la integración de España en la OTAN en el referéndum de 1986 (junto a Catalunya, País Vasco y Navarra) y que no quiere saber nada de conflictos que puedan salpicar a esta zona tan delicadamente estratégica del planeta.

Por si todo esto fuera poco, apoyar como dirigente político un conflicto bélico que puede extenderse incluso a regiones cercanas a Canarias, dada la inflamación bélica que sufre el presidente de los Estados Unidos, es ignorar que más pronto que tarde volverá a haber en esta parte del mundo un inmenso flujo migratorio de personas que huirán no solo de la muerte y de la devastación, sino de la persecución política y religiosa y de los efectos económicos que acarrea cualquier guerra.

Pero, además de irresponsable, la posición de Fernando Clavijo es cobarde. No se posicionó lo más mínimo ni a favor ni en contra del ataque de Estados Unidos a Venezuela el 3 de enero, a pesar de los estrechos vínculos de Canarias con ese país. Se limitó a interesarse por la situación de la colonia canaria allá, y así lo manifestó en en X.

Nada que ver con la posición pública que manifestó en 2022 oponiéndose frontalmente a los ataques de Rusia a Ucrania. Ahí sí exigió diálogo y legalidad internacional y rechazó la guerra porque con ella “nadie gana”. Es verdad que entonces era senador por designación del Parlamento de Canarias. Se aforó para que el PP, por la puerta de atrás del Supremo, lo sacara de las causas penales que tenía en Canarias.

A Rita Esmeralda Cabrera Sánchez, concejala de Vox en la ciudad de Telde (104.000 habitantes), no le ha dado la naturaleza ni su experiencia vital, ni por su puesto el partido en el que milita, el don de la moderación. Tampoco el de la oratoria ni el de la declamación. Por eso sus intervenciones en el Ayuntamiento de Telde no pasarán jamás a la posteridad. Salvo que en alguna de ellas pierda los papeles por las risotadas que en ocasiones profieren sus adversarios políticos y amenace a uno de ellos con aflojarle tremenda “hostia”: “Te meto una hostia que te rompo los dientes”, fue la gloriosa frase que pronunció, según la versión recogida por este periódico de un concejal libre oyente (ni del gobierno ni de Vox, para entendernos).

Había llegado el momento de debatir las mociones y a Rita Esmeralda Cabrera le tocaba leer una contra la regularización de inmigrantes y contra el burka, es decir, las mociones que en toda España están defendiendo los cargos públicos de Vox con el objetivo de fijar su programa electoral y retratar al Partido Popular, haga lo que haga. 

Debió ser de tan poca calidad y convicción la exposición leída por la concejala que, por momentos, despertó las chanzas del grupo de gobierno, a cuyo concejal de Urbanismo, al parecer (otras fuentes apuntan que fue al alcalde), dirigió su amenaza de hostia en toda la boca con riesgo de desdentada.

Lo que no dicen los afligidos concejales de Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), fuerza mayoritaria ahora integrada en Primero Canarias, es que a tan tremenda astracanada de la concejala de Vox algunos de ellos respondieron llamándola choni, que viene siendo un insulto bastante clasista.

Tiene que ser un poco desquiciante para gente como Rita Esmeralda Cabrera, que este año cumplirá los 30, trabajar como auxiliar técnico educativo (ATE) en una fundación de ultraderecha que se dedica, oh sorpresa, a explotar centros de acogida a menores migrantes no acompañados y, a la vez, en sus cometidos como concejala, atacar a las personas pobres que vienen de otros países, entre otros, aquellas a las que atiende cuando no tiene dispensa para acudir a un pleno. Trabaja en una fundación, por cierto, que no se ha caracterizado precisamente por su buen desempeño en el cuidado de esos menores, como ha quedado acreditado.

Es extraño que, con todo el genio que demuestra atesorar la concejala, en el caso de los incidentes del último pleno municipal haya preferido optar por una salida por la tangente. No ha querido retirar los insultos ni las amenazas, ni mucho menos pedir perdón. Ha preferido un doble salto mortal con tirabuzón y negar lo dicho, muy al estilo de Prestianni, el futbolista del Benfica que llamó “mono” a Vinicius tapando su boca con una parte de su camiseta.

Nicasio Galván y José Manuel Bermúdez

Así que, según Cabrera, ella no amenazó a nadie con romperle los dientes sino que le “chirriaban los dientes”, no sabemos aún si por defender una moción contra la inmigración y el uso del burka o si por el frío que se pasa en el salón de plenos del Ayuntamiento de Telde. Estamos ante la versión autóctona del “me gusta la fruta” con el que Isabel Díaz Ayuso trató de esconder su celebrado “hijo de puta” dedicado a Pedro Sánchez, tan extendido a partir de ese momento que se ha convertido en himno en las concentraciones fascistas hasta el punto de ser bailado por los oradores de la cosa.

Las mociones de Vox en contra de la regularización de personas migrantes han dado mucho juego en Canarias, y no precisamente a favor del partido ultra. En el Parlamento de Canarias fue su diputado Nicasio Galván el que dio la impresión de no querer sostener, ni siquiera con su mirada, los argumentos que acababa de defender en la tribuna. Así que, cuando la portavoz socialista, Nira Fierro, pretendió contestarle, se atorró en su escaño como si aquello no fuera con él. Un gesto tan elocuente que hasta el PP, que le iba apoyar en la parte magra de la moción, la de rechazo a la regularización, retiró la propuesta de votación por separado y la votó en contra íntegramente.

Muy distinto fue lo ocurrido en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde su alcalde, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, decidió que en esta materia sí iba a posicionarse contra Vox. Pero de aquella manera. En dos ocasiones de su discurso, Bermúdez enfatizó ante el concejal ultra que defendió la moción que “dos tercios, dos” de los inmigrantes que van a ser regularizados provienen de Latinoamérica, es decir “hablan nuestro idioma y tienen nuestras costumbres”. Es verdad que el alcalde tuvo un gesto para “los que vienen en cayucos”, informando al concejal de Vox que jamás la Marina española va a dejar de atenderlos si los encuentra en alta mar porque está obligada por el derecho marítimo internacional. 

Pero no se lleven a engaño, a Bermúdez no le gusta la regularización masiva porque, dice, “es un fracaso del sistema”.

Nicasio Jesús Galván Sasia, diputado de Vox en el Parlamento de Canarias, se atorró este miércoles durante toda la intervención de la portavoz socialista en la Cámara, Nira Fierro, en pleno debate de una moción presentada por el ultraderechista contra la regularización de inmigrantes promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Galván Sacia, uno de los tres diputados que le quedan a Vox en la Cámara (inicialmente obtuvo cuatro actas pero una de las personas elegidas pasó al grupo de no adscritos un año después de tomar posesión) preguntaba al Gobierno de Fernando Clavijo por su valoración del “proceso de regularización masiva de inmigrantes ilegales que pretende llevar a cabo el Gobierno de España.

Nadie del Gobierno de Canarias le contestó. Sí lo hicieron los demás grupos parlamentarios, y encontró cierta simpatía inicial en el Grupo Popular, que incluso llegó a plantear una votación separada de los distintos puntos de la moción que planteaba Vox para votar a favor del primero de ellos.

Pero fue tan sonado el desplante provocado por Galván Sasia que quien ejercía la portavocía de los populares en este punto, Jacob Qadri, retiró su petición de votación fraccionada. “Después de ver la actitud del señor Galván respecto a Nira [Fierro], retiramos nuestra petición”, le dijo a la presidenta del Parlamento.

Cuando correspondió el turno a la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, las cámaras del Parlamento ofrecieron dos planos: uno de la interviniente y el otro de Nicasio Galván, que en todo momento permaneció atorrado, con la vista puesta en algo que debía tener sobre su escaño, sin darse por aludido.

“Señor Galván, señor Galván”, le interpelaba Fierro sin éxito alguno. La parlamentaria miraba al portavoz de Vox, que se mantenía impasible. Silencio. Hasta que la portavoz socialista no pudo más: “Esta es la democracia que quiere el grupo parlamentario fascista de Vox. Yo no sé para qué trae cosas aquí si no le interesa lo que piensan los demás (...) Usted alega mucho, pero comprender comprende poco, al menos de este país, señor Galván (...) Pero es que no respeta ni sus propios principios, y lo que defiende es incapaz de mantenerlo, ni siquiera con la mirada”, le increpó.

Galván: lo de siempre

El diputado de Vox había desplegado previamente todo el repertorio de Vox contra las personas migrantes sin dejarse en el tintero ninguno de los lugares comunes y los bulos que divulga su organización permanentemente.

Quería reprochar al Gobierno canario que se desentendiera de la cuestión alegando falta de competencias en la materia, atribuyéndole las que tiene en cuestión de tutela de menores migrantes no acompañados. Por supuesto, habló de “efecto llamada” y cifró en 1,2 millones el número de personas regularizadas en España desde 1985.

Su moción fue finalmente rechazada por toda la Cámara, excepto por los diputados de Vox: 58 votos en contra, tres a favor.

Empezaron intentándolo con el caso mascarillas, ya saben, la compra masiva de material sanitario con motivo de la pandemia. Pero los tribunales no encontraron nada reprochable en la gestión de Ángel Víctor Torres como presidente del Gobierno de Canarias durante la pandemia y desmontaron todas las acusaciones e insidias lanzadas por ese charlatán adscrito a la Fiscalía Anticorrupción que se llama Víctor de Aldama. 

Luego, el mismo hablamierda continuó lanzando el infundio de que el mismo alquiló un piso en la calle de Atocha para que el hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática se citara con mujeres en situación de prostitución. Torres tuvo que demostrar con tarjetas de embarque y certificaciones de las compañías aéreas que en los momentos en los que De Aldama lo situaba en Madrid con los pantalones en los tobillos, él estaba en su casa, en Valleseco, Gran Canaria.

El escándalo llegó a tal punto que uno de esos medios mesetarios de la derecha llegó a mandar a un propio a Gran Canaria a preguntar a los vecinos de Torres en Arucas y en Valleseco a ver si alguien le podía confirmar, aunque fuera de refilón, que es un putero. El enviado especial (mira tú para qué cosas se gastan el dinero) se marchó de aquí con el rabo entre las patas.

A continuación nos contaron los mismos periódicos de la ultraderecha que le compran todas las historias a De Aldama que, siendo presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres maniobró con el gobierno bolivariano de Venezuela para ayudar al narcorégimen a montar una refinería petrolífera en la isla de Tenerife, la misma que ha desmantelado la única instalación de este tipo que ha existido en el Archipiélago en el momento de mayor penetración de renovables. De Aldama maneja antecedentes porque estaba por los alrededores del viaje de Delcy Rodríguez a España, aquel que gestionó como pudo el tal Ábalos, y le resultaba fácil montar una película alrededor de aquellos acontecimientos, una película que sirva al fiscal Luzón para montarle más escandaleras al Gobierno de Sánchez.

En diciembre de 2024, la misma prensa distribuyó por primera vez el bulo de que, siendo presidente de Canarias, Torres influyó para que se le adjudicara un contrato por más de seis millones de euros al empresario Luis Ruz para la reforma del viejo cine Royal, en Las Palmas de Gran Canaria, para reconvertirlo en la sede de la Agencia Tributaria Canaria. Aquello quedó en nada en cuanto alguien escarbó un poquito y descubrió que ese órgano vinculado a la Consejería de Hacienda (entonces en manos de Román Rodríguez, de Nueva Canarias) goza de plena independencia y que la mesa de contratación que adjudicó aquel concurso estaba compuesta exclusivamente por altos funcionarios del departamento, entre otros, Martín L. Muñoz García de la Borbolla, un alto dirigente del PP que fue secretario general de la Consejería de Hacienda en los tiempos de José Manuel Soria, y concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria con un alcalde llamado Juan José Cardona, también del PP, ahora reconvertido a distinguido militante de Coalición Canaria y asesor de Fernando Clavijo. Seguro que no puede ser sospechoso de estar conchabado con Ángel Víctor Torres y con Ábalos.

A mayor abundamiento, la independencia de la Agencia Tributaria es de tal calibre que su actual directora, Raquel Peligero Molina, es la misma que designó el Gobierno de Torres en 2019, pero, claro, estos son detalles que a un periodista godo con pocas ganas de ejercer la profesión como mandan los cánones se las trae al pairo.

El Español, el periódico que dirige Pedro J Ramírez, el de “fue ETA”, ha vuelto a las andadas con este bulo agarrándose a los mensajes de WhatsApp de Koldo García, afirmando con ellos que Ángel Víctor Torres cenó con el empresario Luis Ruz días antes de que se publicara el pliego de licitación de las reformas del cine Royal. Los mensajes no dicen nada de eso en ningún momento, solo vendrían a probar que Koldo García, Ruz y el entonces ministro José Luis Ábalos coincidieron en Gran Canaria la noche en la que se celebró, efectivamente, una cena en la residencia oficial del presidente de Canarias. Pero a ella sólo acudió el ministro Ábalos.

El código postal de Las Palmas

Es tan chusco el bulo que hasta se equivocan al reconstruir los mensajes de WhatsApp: cuando Koldo García pide la ubicación de la casa a Torres para mandársela a continuación a Ábalos, aparece un mapa y una dirección que es tachada por el periódico. Y a continuación, los dos primeros dígitos del código postal, que en el caso de la provincia de Las Palmas empieza por 35. El Español escribe 53. Fue ETA.

Quizás esta andanada contra Torres tenga mucho que ver con lo que están diciendo las encuestas, particularmente en Canarias, donde el PSOE se mantiene como la opción preferida de la mayoría de los votantes mientras se debilitan las dos opciones que gobiernan en las Islas, Coalición Canaria y el Partido Popular, que ahora mismo no sumarían lo suficiente para reeditar su actual pacto, ni siquiera con el respaldo del gomero Casimiro Curbelo. El crecimiento de Vox, al que Canarias no va a ser ajena, obligaría a CC y PP a contar con sus votos. Un cataclismo.

No es cierto que el Partido Popular haya incumplido (de momento) su promesa de rebajar impuestos en Canarias, como se comprometió a hacer durante la campaña electoral para las elecciones locales y autonómicas de 2023. No lo ha hecho en el impuesto estrella, el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que bate récords de recaudación gracias al consumo interno y al turismo y que prometió rebajar medio punto (del 7 al 6,5%), pero sí con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que tiene una bonificación casi total (del 99,9%) para parientes directos de la persona donante.

Lo hizo nada más llegar al Gobierno de la mano de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) en un pacto que cuenta también con el respaldo de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), de Casimiro Curbelo. El PP se hizo con la Consejería de Hacienda, que ocupa una veterana muy respetada en el partido, Matilde Asián, que suele ejecutar disciplinadamente las consignas nacionales en la materia que tiene encomendada. Una de ellas es este impuesto: el 4 de septiembre de 2023 se aprobó un decreto ley que echaba abajo la modificación que a su vez había hecho de ese impuesto el Gobierno de Ángel Víctor Torres (PSOE) y Román Rodríguez (Nueva Canarias), quien ocupó la cartera de Hacienda, paradójicamente también con el apoyo del poliédrico político gomero.

Gracias a esa decisión del Pacto de las Flores, o por culpa de esa decisión, según se mire, el Condado de la Vega Grande tuvo que liquidar unos 4 millones de euros como cuota por la herencia del noveno conde, Alejandro del Castillo Bravo de Laguna, fallecido en 2020, cuando estaba en vigor una cuota progresiva que excluía a las herencias inferiores a 300.000 euros por heredero o heredera y que iba incrementándose hasta el millón de euros, y a partir de ese importe, el tipo máximo, hasta el 34%.

El condado ha pagado en obras de arte, una docena de ellas, que pasaron en 2022 a formar parte del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma cedido al Cabildo de Gran Canaria para que, previa restauración de alguno de los cuadros, se exponga en el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria.

Román Rodríguez presume de la decisión de recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones en 2019, en la escala con que lo aprobó el Pacto de las Flores, “porque lo que hicimos fue justicia fiscal, que es lo mismo que justicia social”. Según sus estimaciones, las arcas públicas canarias dejarán de ingresar en estos cuatro años de gobierno de CC y el PP unos 180 millones de euros.

Además, ese gobierno del Pacto de las Flores subió el IGIC del 6,5 al 7%, que el gobierno de Clavijo había rebajado en la legislatura 2015-2019 y que ahora tiene prometido volver a bajar. Solo en 2025 se estima que por ese concepto, el IGIC, Canarias ha recaudado un extra de 150 millones de euros.

Ha estado en la capital grancanaria estos días participando en la presentación de un estudio realizado por el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Asociación Democracia Canarias XXI. Lo que a Cristina Monge le ha permitido aplicar su doble condición de socióloga y politóloga y conocer particularidades de aquí, por ejemplo que la universidad pública grancanaria es más feminizada respecto a la media. Y fijarse en una faceta que le sacudió durante la presentación, cuando un veterano educador universitario planteó la ausencia de referentes en la docencia. 

¿Qué destacarías de este informe sobre la juventud estudiante de Gran Canaria?

Este estudio ahonda en la línea de otros que conocemos acerca de cómo están viviendo los y las jóvenes los principales desafíos del momento, pero lo hace incorporando las peculiaridades propias de Gran Canaria. Vemos cómo la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es una universidad más feminizada de lo que suele ser la media habitual, hay más mujeres que están estudiando, tenemos más estudiantes mujeres que hombres. Y el estudio de alguna forma también incorpora lo que son los desafíos de lo local, cómo están viviendo aquí los jóvenes, todo lo que suponen los movimientos migratorios. Ahí encontramos diferencias con cifras que nos dan las universidades de otras partes del país.

Pero lo que hace es profundizar en los temas fundamentales que están definiendo el momento político actual y hacerlo intentando comprender cuál es la visión de los estudiantes de la universidad de ellos y de ellas. Y digo de ellos y de ellas porque es bastante diferente. Vemos que empieza a haber ya una clarísima distinción en todos los sitios sobre cómo viven los asuntos fundamentales las jóvenes y los jóvenes.

Y los alumnos, ¿más reacios a los cambios que propone el feminismo?

Estamos viendo que ellas generalmente suelen mantener actitudes bastante más abiertas a los nuevos temas, bastante más progresistas en muchas cuestiones y tienen muy claro que los avances del feminismo son irrenunciables. Sin embargo, estamos encontrando a muchos hombres, a muchos estudiantes en masculino, que empiezan a sentirse incómodos con algunos de los avances sociales que se han dado, sobre todo el feminista, y reaccionan a veces de una forma muy a la defensiva o incluso directamente contrario a esos avances.

Hay que decir que no son todos los estudiantes, todos los varones estudiantes, ni muchísimo menos. De hecho el gran grueso de ellos adoptan posiciones positivas y acogen con satisfacción los avances feministas, la preocupación por el cambio climático, una gestión solidaria del fenómeno migratorio. Pero es cierto que hay un porcentaje, en torno al 20-25% aproximadamente, que está mostrando actitudes de rechazo hacia esos valores sociales. Y creo que tenemos que preguntarnos el motivo. ¿Por qué está pasando eso?

¿Por qué existen esos rechazos? Y cuando preguntamos por esos motivos nos encontramos generalmente varios factores. 

¿Cuáles?

El primero es la pérdida de poder. Creo que es de sentido común. Ellos sienten que pueden perder poder en beneficio de ellas y por lo tanto reaccionan. Pero hay más cosas, eso no es todo. Hay también un auténtico despiste, si me permites la expresión, acerca de qué rol tengo que tener yo ahora como varón, como hombre, para adaptarme a esta nueva situación que ha creado el avance del feminismo. ¿Qué se espera de mí? ¿Cuál tiene que ser mi papel? Y en ese sentido vemos que hay inquietud, inseguridad, mucha inseguridad, incertidumbre y cierta zozobra. Hay problemas, por ejemplo, a la hora de que este sector de los jóvenes se relacione con ellas. Hay problemas de relación en el sentido de que estos chicos están alguna forma faltos de referentes de cuál es ese nuevo rol masculino que tiene que desarrollarse en un entorno feminista.

¿Existe un momento en el que esto se jodió, en el que los avances sociales y de derechos de la gente se frenaron en seco para darse la vuelta y correr en sentido contrario?

Son fenómenos complejos que interactúan todos. Yo creo que no se puede establecer una relación de qué fue antes, el huevo o la gallina, pero sí que hay una relación entre todos ellos de una forma muy compleja. Estamos viviendo en un momento de enormes transformaciones sociales, todas ellas con un ingente potencial disruptivo.

De forma simultánea estamos viviendo un cambio climático que lo cambia todo y que no solamente lo dice la ciencia ya de forma casi unánime, es que lo estamos viviendo en primera persona. Solamente en España y solamente en este año, los incendios que asolaron Castilla y León, Galicia, la dana horrible de Valencia… Estos días hemos tenido hasta 11.000 personas evacuadas en Andalucía y Extremadura por las inundaciones. Por lo tanto, estamos en primer lugar siendo conscientes ya de ese cambio.

En segundo lugar, una revolución tecnológica que nos obliga a vivir en un espacio distinto al que habíamos vivido hasta ahora. Un espacio que, por cierto, no es público. A veces hablamos de la red como el nuevo espacio público. No, no, es un espacio absolutamente privado, sujeto a las reglas, a las leyes de las empresas que lo están gestionando y con enormes desafíos. Por ahí se está colando todo lo que tiene que ver con la desinformación.

Desinformación que se manifiesta en asuntos muy concretos…

Por ejemplo, vivimos un momento en el que vemos cómo crecen los flujos migratorios en todo el mundo y eso supone desafíos de gestión para las sociedades. Desafíos de gestión que hay que hacer bien, pero porque si se hace mal se puede convertir en un problema y en ningún momento tiene que ser un problema.

Todos estos cambios están ocurriendo en el peor momento de confianza en las democracias. Todos estos cambios y enormes desafíos están teniendo lugar en un momento en el que el elemento esencial de las democracias se está viniendo abajo. ¿Cuál es ese elemento esencial? La confianza. Cada vez tenemos más cifras y este estudio, por cierto, lo refleja también muy bien, de que no confiamos, apenas confiamos ni en las instituciones, los gobiernos, los ayuntamientos, las cámaras legislativas, ni en los agentes de intermediación, partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, ni siquiera nosotros mismos como sociedad. 

En primer lugar porque cada uno de esos actores ha ido dando motivos para que se deje de confiar en ellos. La percepción, que en este estudio se ve muy bien, de que los políticos se dedican a sus cosas, las cosas de los políticos y no se dedican a nuestras cosas, que gobiernan de manera ajena a la sociedad. Todo esto empezamos a verlo a raíz de la crisis de 2008, que dio lugar al movimiento del 15M en 2011. Y curiosamente, muchos de los elementos que aparecen hoy, cuando estudiamos la falta de confianza, cuando estudiamos la desafección, son elementos que estaban ya hace 15 años, estaban ya en 2011 en las plazas y en las calles, que llenó el 15M de indignación. Y sin embargo, esos movimientos, esos malestares, esos descontentos siguen allí. No se ha sido capaz de dar una respuesta satisfactoria para el conjunto de la población y eso ha generado falta de confianza que ya existía, pero que se está agrandando y una enorme desafección.

Nos hemos cargado la idea de futuro. El futuro es un sitio apocalíptico al que nadie quiere ir y no hemos sido capaces de generar una imagen de futuro al que queramos ir

¿Es un problema de referentes, de referentes de confianza?

Cuando tú te enfrentas a estos problemas, a estos retos de futuro tan tremendos, el cambio climático, la revolución digital, los movimientos migratorios, todo este tipo de fenómenos tan, tan, tan, tan globales, tan grandes, y no tienes a quien mirar en el que confíes, ni a un gobierno, ni a un parlamento autonómico, ni a un sindicato, ni a un medio de comunicación, ni a nadie de referencia, lo que se está generando es mayor desconfianza, mayor individualismo y una especie de retraimiento de cada uno consigo mismo. Por eso, cuando miramos al futuro y nos da miedo, hay una reacción humana que es mirar al pasado.

Y en este contexto hay líderes, hombres fuertes llamamos, también hay alguna mujer, pero son hombres fuertes que lo que te están planteando cuando, por ejemplo, ven a estos jóvenes inseguros, inciertos, con falta de referentes, lo que te están planteando es: “Chaval, tú no te preocupes, familia tradicional, vuelve a lo que allí había, donde tú sabías cuál era tu rol, tú tienes todo el poder intacto y tú no tienes que hacer más que reproducir los roles tradicionales que venían siendo”.

De alguna forma, este tipo de discursos están dando a un sector de la población, el que los acepta, una falsa, pero una sensación de seguridad. Devuelve a un estado en el que ya estabas, donde ya sabes cómo son las cosas y por lo tanto estás seguro frente a un futuro incierto y muchas veces distópico, porque estamos generando la imagen del futuro desde la distopía. Para mí eso es uno de los principales problemas a día de hoy.

Y este estudio también lo refleja muy bien, nos hemos cargado la idea de futuro. El futuro es un sitio apocalíptico al que nadie quiere ir y no hemos sido capaces de generar como sociedades con toda la pluralidad ideológica, más a la izquierda, más a la derecha, pero como sociedades democráticas no estamos siendo capaces de generar una imagen de futuro al que queramos ir. Esto que ahora llamamos de los futuros deseables. Las democracias necesitan esperanza y necesitan tener un futuro, si no, volvemos hacia atrás.

Va a ser muy relevante ver qué pasa en noviembre en Estados Unidos con las Mitter, porque si Trump perdiera esas elecciones, aunque siga siendo presidente de Estados Unidos, probablemente este movimiento se iba a ver ya más cuestionado, pero de momento no es así

Y en ese caldo de cultivo crecen partidos políticos como Vox, que en Aragón acaba de obtener unos resultados inquietantes.

A ver, no solamente Vox está creciendo, está creciendo la ultraderecha. Hablabas de las elecciones en Aragón de este último fin de semana. Yo soy aragonesa. Efectivamente, Vox tuvo unos magníficos resultados, pero alguien como Alvise se acabó la fiesta, se quedó a 1.200 votos de tener representación en el parlamento aragonés, 0,08 puntos, o sea prácticamente nada, rozando el alero. 

Este tipo de partidos, ¿qué están recogiendo? ¿Qué tipo de votantes están recogiendo?

Votantes muy enfadados, votantes cabreados con el gobierno, con el sistema, votantes indignados y votantes muy beligerantes.Por eso cada vez que el Partido Popular exacerba las espirales de odio y de vigilancia política lo que está haciendo es poner una alfombra roja para que sus votantes vayan a votar a Vox.

Cuando ahora plantean que entren a gestionar, que entren a gobernar, primero dudo mucho que Vox quiera entrar a gobernar porque ya estuvo en los gobiernos y salió. Y salió no por capricho, salió porque se dio cuenta de que, en la medida en que entraba a gobernar y por lo tanto a gestionar, tenía que pactar con alguien, dejarse pelos en la gatera, asumir contradicciones, equivocarse como nos equivocamos todos y perdía esa imagen de pureza antisistema que tan buenos resultados le está dando.

Por lo tanto, dudo mucho que a Vox le interese y también dudo mucho que le interese el Partido Popular porque cuando han gobernado conjuntamente han tenido muchos problemas también entre ellos, con lo cual yo no sé si es muy buena idea.

Ahora bien, está por ver que a día de hoy la ultraderech,a por entrar puntualmente en uno o en dos gobiernos, está por ver todavía que le pase factura. Porque estamos hablando de una ola global, estamos hablando de un movimiento que viene de Estados Unidos, de otros países europeos, yo no diría imparable, pero diría que está en un momento álgido, está en un momento de ascenso. Caerá, caerá también como todo este tipo de movimientos de un lado y de otro, pero en estos momentos están en una fase de su vida.

Por ejemplo, va a ser muy relevante ver qué pasa en noviembre en Estados Unidos con las Mitter, porque si Trump perdiera esas elecciones, aunque siga siendo presidente de Estados Unidos, probablemente este movimiento se va a ver ya más cuestionado, pero de momento no es así.

Ante este crecimiento de la extrema derecha, hay quienes opinan que debe dejársele gobernar –cediéndole las cuotas de poder que pide— y quienes insisten en el cordón sanitario.

Yo creo que desde un punto de vista teórico son una propuesta no solamente legítima, por supuesto, sino también interesante. Pero desde el punto de vista práctico está demostrado que no funcionan. Cada vez que se aplica un cordón sanitario y se deja a esas fuerzas de la ultraderecha fuera de acuerdos, fuera de gobierno, de una forma tajante, todos contra ellos, la siguiente vez que se ponen las urnas obtienen más resultados. ¿Por qué? Porque se les refuerza en esa imagen y en ese aspecto de estar outside, de estar fuera del sistema, de ser diferente. Si tú haces toda una cámara contra ellos y les dejas solamente a ellos fuera, les estás reforzando en esa imagen y en esa idea.Siempre que se han aplicado cordones sanitarios lo que ha pasado ha sido eso.

Tenemos un ejemplo más claro de Francia, no por cordón sanitario formal, sino porque al ser un sistema mayoritario de doble vuelta acaba operando esa especie de cordón sanitario.

Y estamos viendo cómo la fuerza de la ultraderecha, además ya varias, no ha dejado de crecer en todos estos años.

Entonces, ¿por dónde hay que buscar las soluciones?

Yo creo que las soluciones para parar a la ultraderecha no pueden venir por los cordones sanitarios. Quizá no sepamos lo que hay que hacer, pero sí que sabemos lo que no hay que hacer. Y no hay que hacer varias cosas. Primero, comparar su discurso. En ocasiones a la ultraderecha ni siquiera le hace falta gobernar porque las derechas europeas no ultras le están comprando su discurso. Y le están comprando su discurso cuando cuestionan el Pacto Verde, que por cierto fue aprobado y liderado por Úrsula von der Leyen, presidenta conservadora, y ahora ese mismo partido lo cuestiona como consecuencia de la influencia de la ultraderecha. Se compra su discurso cuando se asume un discurso migratorio ligado a la criminalidad. Ligado a lo peor, a todo lo que suponen crímenes, problemas, etcétera. Se asumen los postulados de la ultraderecha cuando se cuestiona la política y cuando se hace gala de una antipolítica.

Y estamos viendo aquí en España, pero en toda Europa, cómo las derechas no ultras en muchas ocasiones están asumiendo esos postulados. Entonces eso no funciona para parar la ultraderecha.

Y segundo elemento, no subir permanentemente la beligerancia, el insulto, la crispación política contra el otro. Eso sabemos que tampoco funciona. Porque insisto mucho en esta idea, lo que tienen en común los votantes del PP que deciden optar por la papeleta de Vox es que son los votantes más enfadados con el sistema, más cabreados contra el gobierno y por lo tanto, esa beligerancia al final, ¿quién la capitaliza? Pues lógicamente Vox, que es el partido del cabreo.

La desinformación es uno de los factores determinantes para que esto esté ocurriendo. El cabreo, más la desinformación…

Hay líneas de pensamiento y teorías que culpan directamente a todo lo que tiene que ver con Internet y las redes sociales, y yo no descarto que eso tenga una responsabilidad en todos los fenómenos de la desinformación. Pero lo que tengo muy claro es que si siguiéramos confiando en los medios de comunicación y en los periodistas, no nos creeríamos cosas que nos llegan por firmas sin acreditar a nuestro WhatsApp o a las redes sociales. Si nos creemos ese tipo de mensajes de personas que no sabemos si tienen un código deontológico, de medios de comunicación que vemos que nos mienten… Si nos lo creemos es porque hemos dejado de confiar en aquellos a los que democráticamente les habíamos encomendado la tarea de articular la conversación pública, que son, sois, los periodistas y los medios de comunicación.

Si volvemos a recuperar la confianza en los medios y la confianza en los periodistas, la desinformación yo creo que bajará rápidamente, aunque sigan existiendo redes sociales, porque nos creeremos aquellas personas o aquellos medios que efectivamente se hayan ganado nuestra credibilidad.

¿Y el concurso de la educación? ¿Crees necesario educar en información?

Hay que enseñar a la gente a leer periódicos, a consumir información en general, a distinguir la información de calidad de la que no lo es. De la misma manera que hay que enseñar a la gente, tenemos que enseñar cómo funcionan las democracias, dónde están las legitimidades, quién toma las decisiones, en clave a qué presupuestos. 

En esta encuesta se ve muy bien que uno de los principales motivos por los que los jóvenes dicen que no confían en el sistema democrático es porque no entendemos cómo funciona. No sabemos cómo son las cosas. 

¿Qué es esto de que yo voto a uno pero luego gobierna a otro? ¿Cómo van esas mayorías?

¿Cómo van esos acuerdos? ¿Qué conchaveo es este? No, no es ningún conchaveo. En los sistemas parlamentarios nosotros elegimos a los representantes parlamentarios y luego ellos eligen quién tiene que presidir la cámara. Bueno, pues ese tipo de cuestiones, de entender cuáles son los fundamentos de las sociedades y de los sistemas políticos democráticos, tenemos que enseñarlos efectivamente en los coles, en los institutos y las facultades.

Y en esa clave también enseñar cuál es la función de los medios de comunicación y las democracias que consideramos es algo que no está en la conversación pública. Los periodistas sois agentes de democracia. Y un medio de comunicación, me da igual que sea público o privado, que sea una empresa, es un agente de democracia. Los profesionales tienen que ser conscientes del papel que juegan. Y la sociedad también tenemos que ser conscientes de su relevancia.

Hay una cosa que hago mucho en clase. Cuando mis estudiantes de repente empiezan a criticar a los medios de comunicación habituales, son todos unos vendidos, se venden a los que ponen la publicidad… A lo mejor es así. Por cierto, ¿cuántos de vosotros estáis suscritos a algún medio que merezca vuestra confianza? ¿Cuántos euros invertís cada mes en suscribiros a algún medio que os interese? Ninguno. Bueno, pues también la sociedad tenemos que corresponsabilizarnos de eso.

Y si queremos información de calidad, tendremos que asumir que efectivamente tiene un coste. Y luego podemos discutir cómo se paga y quién paga más y quién paga menos, y la financiación pública. Podemos discutir todo eso, pero partiendo de la base de que necesitamos como sociedades democráticas, información de calidad.

Anda la prensa fascista soliviantada porque no le terminan de salir las cuentas: si Vox no para de subir y el PP emula cada vez más a Vox, ¿por qué no estamos ya gobernando?, vienen a decirse a voz en grito en el momento de los chupitos y los cantos de exaltación patriótica. Alimentan la tesis de que el poder les pertenece y que cualquier palanca democrática que no se lo otorgue automáticamente pasa a ser ilegítima, okupa, ridícula y una felonía. La crispación y el caos les beneficia y cualquier periodista o comentarista de actualidad que tenga la ocurrencia de poner en entredicho sus principios (por llamarlos de algún modo) y sus métodos (cada vez más evidentes) es directamente insultado. 

Ya hemos visto esta semana lo que han hecho en el programa de mayor audiencia de la televisión en España con Sara Santaolalla, a la que no solo insultaron y humillaron, sino a la que, por si fuera poco, también utilizaron para mantener vigentes los insultos y la humillación mediante unas disculpas que tuvieron más de marketing que de arrepentimiento.

Este viernes nos ha tocado a nosotros, un medio de comunicación de la ultraperiferia que se dedica desde hace 25 años a informar de lo que pasa aquí, en estas islas asirocadas, sin más pretensión que la que marcan los límites del periodismo. No tenemos miedo a nada ni a nadie, eso sí, y no tenemos detrás a ningún empresario ni a ningún grupo de presión que quiera influir en la opinión pública. Informamos siguiendo los cánones de la profesión periodística, ofreciendo a nuestras lectoras y a nuestros lectores todas las versiones en presencia y procurando ser lo más objetivos posible. Nos podemos equivocar, faltaría más, pero nunca mentimos. 

Nos atrevemos con asuntos que ningún otro medio de la competencia se atreve, como las ayudas opacas a los damnificados por el volcán de La Palma, los chanchullos y las anomalías en la Policía Canaria o los atropellos urbanísticos que en nombre del becerro de oro del turismo se siguen cometiendo en Canarias, por mencionar tan solo algunos de los temas de más actualidad.

Y, de repente, un medio godo se atreve a insultarnos por hacer obligado seguimiento informativo de un asunto de relevancia pública como es la concesión a la reina Sofía de un doctorado Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Llevamos varios meses contando que hay un cada vez más numeroso grupo de profesores y profesoras que rechazan esa distinción por considerar que la reina emérita no ha atesorado mérito alguno como para hacerse acreedora de tal reconocimiento. Hemos ofrecido las versiones de los protestantes y del rectorado, como no podía ser de otro modo, no nos hemos inclinado por ninguna de las partes enfrentadas y el medio godo tira por la calle de enmedio reduciendo la polémica a que Canarias Ahora es un medio sanchista que hace el trabajo sucio a La Moncloa y al PSOE en contra de la monarquía. ¡El PSOE en contra de la monarquía!, información de alta calidad la que manejan los colegas.

A nosotros no nos va a asustar nadie con estos insultos, ni vamos a rebajar nuestro posicionamiento crítico hacia aquellos comportamientos de los responsables públicos que no se adecúen a las exigencias democráticas. Seguiremos informando con valentía y con responsabilidad, como hicimos cuando contamos las hazañas de aquel famoso ministro canario de apellido Soria; o aquel juez que protagonizó el primer y hasta ahora único lawfare con condena de la historia de España. Y como hacemos cada día en nuestro compromiso por la igualdad, la transparencia de las instituciones y los servidores públicos, la defensa del medio ambiente canario, los derechos de las personas en movimiento y el cuidado a las personas menos favorecidas.

El Decreto Canarias, la Agenda Canaria o cualquier otra denominación que pueda derivarse a partir de ahora en torno a lo que Canarias quiso del Gobierno para apoyar la investidura de Pedro Sánchez y ahora pretende por la llegada del año preelectoral, no es más que la repetición de un recurrente adagio de Coalición Canaria (CC): vamos proa al marisco porque el Estado nos tiene abandonados, no porque seamos unos auténticos zoquetes gobernando Canarias. 

Falta solo año y medio para las elecciones autonómicas y las encuestas tienen muy asustados a los dirigentes de CC. El desgaste nacional del PSOE no se reproduce de igual manera en Canarias, donde sí se acentúa sin embargo el descenso que sufre el PP de manos de Vox, con la agravante de que aquí los de Abascal también restan votos a CC, particularmente en Tenerife. Así que repetir la actual fórmula de gobierno CC-PP, más la Agrupación Socialista Gomera se torna insuficiente, según las encuestas: habría que añadir a Vox. Y a ver cómo se vende eso.

A ese temor hay que añadir la manifiesta incapacidad del actual Ejecutivo de Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, líder regional del PP, para ejercer sus competencias y gastarse el dinero que la ciudadanía les encomienda cada año. A falta de conocer lo ocurrido en 2025, está confirmado que en 2024 dejó de ejecutar 1.300 millones de euros. Cuesta trabajo creer que con más dotación presupuestaria y con un récord de recaudación extra de más de 150 millones en IGIC, la millonada que ahora se reclama en el decreto pueda ser gestionada de mejor forma.

Con graves carencias en políticas sociales (dependencia, empobrecimiento, atención a menores migrantes…), Canarias acentúa sus déficits en materia de vivienda, movilidad, medio ambiente, energía o recursos hidráulicos.

Así que hay que actuar y hacerlo desde ahora. Si la Agenda Canaria resultó un elemento rentable ante las dos grandes fuerzas políticas españolas, CC lo transforma ahora en la exigencia de un real decreto haciéndolo pasar por una suerte de batería de incumplimientos de Pedro Sánchez, cuando una buena parte de las reclamaciones son de nuevo cuño y habrían de traducirse como un indisimulado deseo de los llamados nacionalistas canarios por impugnar la autonomía y devolver competencias al Estado. 

Clavijo dice que son medidas “imprescindibles para esta tierra siga avanzando” porque “Canarias no puede seguir esperando ni un minuto más a que el Gobierno español supere su parálisis”, por lo que “necesitamos un decreto ley que materialice ya todo lo recogido en el Estatuto de Autonomía, la Agenda Canaria y el presupuesto prorrogado de 2023”.

La Agenda Canaria, transformada en Decreto Canarias, más adelante Agravios Canarias y todo lo que pueda ser necesario para que se deduzca el abandono, el desprecio, los despojos y todo el manual que en su momento manufacturó la ATI profunda para lanzarse contra el pérfido canarión, culpable de todos los males que aquejaban a la isla de Tenerife cuando el germen de lo que hoy es Coalición Canaria era un partido insularista radical, que es lo que sigue siendo hoy el núcleo duro de los dirigentes tinerfeños de CC, que son capaces de adoptar como eslogan de campaña en unas elecciones locales el nada equívoco “Tenerife, lo primero”.

El Gobierno de Coalición Canaria (y el PP, esto no debe olvidarse) ha querido disipar cualquier duda sobre ese sentimiento insularista que sigue anidando en los dirigentes tinerfeños de la principal fuerza gobernante con un eslogan confuso: “Islas iguales”. Aunque aparentemente su enunciado trate de hacernos flotar en un líquido amniótico en el que la ciudadanía canaria se sienta protegida y cuidada, en realidad refleja un grave déficit: el reconocimiento de que algunas avanzan a distinto ritmo que las que más rápido avanzan.

En este contexto, ¿cuál es el planteamiento de Fernando Clavijo para resolver los verdaderos problemas de Canarias y hacer más iguales a los habitantes de sus islas? Muy sencillo a la par que previsible: endosárselos al Estado. Es el Estado el que tiene que resolver el problema de la falta de viviendas, por mucho que el Gobierno de Coalición Canaria y el PP se hayan dedicado estos dos años y medio a boicotear la aplicación de la Ley de Vivienda Estatal. Es el Estado el que tiene que resolver el problema de la pobreza estructural que sufre la población isleña inyectando más fondos para tratar de mitigarla. Es el Estado el que tiene que financiar las obras en el litoral canario pese a que Canarias asumiera hace ahora tres años las competencias en Costas. Es el Estado el que tiene que pagar la ineficiencia de las administraciones canarias en materia de movilidad con más dinero para el convenio de carreteras. Es el Estado el que tiene que pagar la negligencia canaria para atender a las personas dependientes, que mueren a centenares antes de ver reconocida su condición.

Y por si tanta desfachatez fuera poca, el Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular se atreven a reclamar al Estado los fondos necesarios para el despliegue de 1.400 nuevos agentes de la Policía Canaria, popularmente conocida como Guanchancha. El objetivo es que sean todos los españoles los que paguen un cuerpo policial que se aleja escandalosamente de sus competencias estatutarias para convertirse en una brigada al servicio del Gobierno. Lo hemos venido contando en Canarias Ahora desde hace meses. Con una sucesión escandalosa de decisiones tan opacas como obscenas, el Gobierno canario pretende convertir la Policía Canaria en una suerte de brigada a su servicio para un fin tan básico como previsible: que provea al Ejecutivo de información sensible para conocer los terrenos en los que debe moverse. Es decir, información de la que se obtiene mediante indagaciones policiales y judiciales, que para eso ha exigido convertir a la Guanchancha también en policía judicial, aunque ese cometido no se encuentre entre sus competencias estatutarias. Sí están entre ellas la de la conducción de menores con medidas judiciales, pero se niega a atenderlas porque prefiere dedicarse a lo que produce rédito político y estratégico.

¿Y África? Poco a poco se van revelando los planes de Donald Trump para el mundo sin que, por el momento, se detecten mecanismos eficaces para frenarlos. Todo el planeta mira adonde el presidente de Estados Unidos señala con el dedo. Empezó por su patio trasero, Latinoamérica, particularmente Colombia, México y Cuba, y ha vuelto a retomar, esta vez con más severidad, su interés por Groenlandia, territorio danés, por lo tanto europeo. 

Nada hace pensar que este comportamiento expansionista se detenga en esas pretensiones, sobre todo teniendo en cuenta que quiere controlar el planeta. Y África es un continente estratégico desde todos los puntos de vista, especialmente los tres que él no oculta en absoluto: frenar la expansión de los que él llama sus adversarios (particularmente, China), someter a los gobiernos democráticos y no democráticos y saquear recursos naturales.

Marruecos es uno de los países más al alcance del presidente estadounidense. No solo es un territorio geográficamente estratégico, eficaz ejerciente como freno del terrorismo yihadista y vecino de Europa. Tiene a su frente a un rey, Mohamed VI, que es su amigo. Gracias a Trump, Marruecos también ha hecho realidad una de sus vocaciones más expansionistas: cincuenta años después de la marcha verde, que supuso la salida de España de ese territorio, ha consolidado su control sobre el Sáhara Occidental, que se convertirá en un remedo de autonomía bajo sus designios.

Rico en fosfatos y en hidrocarburos, entre otros recursos naturales, el Sáhara Occidental reúne todos los requisitos que apetecen a Trump y a su amigo marroquí, que también tiene acreditadas apetencias territoriales. Las más directas, sobre Ceuta y Melilla, territorios continentales en poder de España. Pero también sobre aguas territoriales cercanas a Canarias, como el monte Tropic, rico en tierras raras, y otras zonas marítimas susceptibles de prospecciones petrolíferas. Trump dará alas sin duda a estos sentimientos tan arraigados en amplios sectores de la política y la opinión pública marroquíes, con consecuencias imposibles de determinar en estos momentos.

España, que se sumó -sin dar aún las necesarias explicaciones- a la iniciativa estadounidense de entregar el Sáhara a Marruecos, ha sido el país de Europa más duro con el asalto de Trump a Venezuela y el secuestro de Maduro y su esposa. Es el que está liderando, junto a Dinamarca, por razones obvias, un movimiento contra las ansias imperialistas de Trump. Pero se encontraría en una posición muy difícil si esas veleidades recalaran aquí al lado.

De momento, Canarias no ha emitido ni una sola palabra de crítica contra el presidente estadounidense, quizás por proteger a una colonia canaria en Venezuela que nada importa al invasor, se diga lo que se diga de él.

El facherío hispano se frota las manos ante la agresión militar de Estados Unidos porque cree que puede pedirle a Trump que se fije en España y empiece por llevarse por delante a Zapatero por colaborar con el régimen de Maduro y continúe con Pedro Sánchez por no convocar elecciones generales y entregar de una vez el poder a la derecha, que es a quien pertenece de toda la vida de dios

¿Es esto lo que quería la oposición política venezolana? La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ¿quiere regresar a su país aupada por una flagrante violación del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas? Es posible que sí, que el hartazgo provocado por el régimen de Nicolás Maduro, al que no voy a defender, les haya conducido a una alternativa mucho peor: una invasión militar con secuestro del jefe del Estado (por muy ilegal que pudiera ser) por parte de una potencia extranjera que en realidad pretende quedarse con las riquezas naturales del país y controlar desde fuera a sus futuros gobiernos como marionetas. Es decir, como ocurrió en tiempos no tan lejanos en Latinoamérica cuando era considerada el patio trasero de Estados Unidos.

Por razones suficientemente explicadas a lo largo de la historia, Canarias está íntimamente ligada a Venezuela por vínculos familiares y humanos. Hasta que La Graciosa fue considerada por fin la octava isla, lo fue Venezuela, donde reside una amplísima colonia isleña, lo que justifica en gran medida (por motivos humanitarios, pero también electorales) que haya allá una delegación del Gobierno canario y diversos altos cargos en la Comunidad Autónoma dedicados a la diáspora. También hay muchos venezolanos y muchos descendientes de canarios que se han venido para acá huyendo del régimen chavista. Puede que hoy estén contentos con esta solución ilegal, pero puede que un día se arrepientan.

Es evidente que Trump, que opera más como hombre de negocios que como presidente de una democracia y lider de lo que un día se llamaron países libres, busca en casi todas sus actuaciones el beneficio económico, y los expertos encuadran esta acción en el control del petróleo y otras riquezas naturales de Venezuela. Cuando los gobiernos chavistas sean un recuerdo y se demuestre que los que le sustituyan sean delegados de Washington, veremos cuáles serán las valoraciones. Guatemala y Guatepeor.

Con respecto a las consecuencias en España, basta con leer cuáles han sido las reacciones. La excesivamente prudente del Gobierno, que ha pedido desescalada y tranquilidad, o la fanática de Vox, que no solo felicita a Trump por su bravuconada, sino que pide más. Y, en medio, el PP, con Feijóo insinuando que el líder opositor Edmundo Rodríguez fue sacado de Venezuela por la fuerza con la cooperación de España, cuando fue una petición expresa suya, como él mismo declaró. Y dejando caer una malicia muy rastrera: que el próximo en ser secuestrado por Estados Unidos para ser juzgado allá será José Luis Rodríguez Zapatero por haber colaborado diplomáticamente con algunas acciones del gobierno venezolano.

El facherío hispano está francamente excitado (perdón por lo de francamente) con este acontecimiento mundial. Cree que puede enviar una petición a Donald Trump para que mire hacia España y empiece por llevarse por delante a Zapatero por colaborar con el régimen de Maduro y continúe con Pedro Sánchez por no convocar elecciones generales y entregar de una vez el poder a la derecha, que es a quien pertenece de toda la vida de dios.