El denunciante del caso Reparos renuncia a la acusación tras los “errores evidentes” del último archivo de la Audiencia

Santiago Pérez renuncia a seguir ejerciendo la acusación popular en el caso Reparos de La Laguna. La decisión del profesor de Derecho Constitucional, ya alejado de la primera línea política, responde a su profundo desacuerdo con el auto dictado el pasado 16 de julio por la Sección Segunda de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, que ha archivado de forma definitiva la causa para ocho de los nueve investigados. El órgano provincial sólo mantiene viva la causa contra José Alberto Díaz (Coalición Canaria), sucesor en la Alcaldía de Fernando Clavijo, y por un único decreto: la prórroga del millonario contrato de limpieza.

En su escrito de renuncia, al que ha tenido acceso este periódico, el denunciante del caso Reparos carga contra los magistrados por confirmar “de un plumazo” el carpetazo a 80 decretos investigados mediante los que “se comprometieron y pagaron ilegalmente” 83 millones de euros. Para Pérez, resulta “aberrante” reconvertir en “meras irregularidades administrativas” actuaciones que, tal y como advirtió de manera constante la Intervención municipal durante dos mandatos (de 2011 a 2019), eran “nulas de pleno derecho”.

No entiende el exconcejal lagunero que el tribunal admita la “reiteración de esta práctica ilegal” (levantar de manera sistemática los reparos de ilegalidad formulados por Intervención y prorrogar contratos de servicios públicos ya extinguidos) como “fuente de normalización en lugar de lo que es: un factor adicional de agravamiento jurídico”.

Para Pérez, la Audiencia incurre en “errores evidentes” al archivar esos 80 decretos extendiendo para todos ellos la tesis que ya mantuvo el Tribunal Supremo en 2023 para exonerar de responsabilidad penal a Clavijo en la pieza separada que se formó cuando el actual presidente del Gobierno de Canarias se aforó al convertirse en senador.

Según el denunciante del caso Reparos, no es cierto, tal y como afirma la Audiencia, que en todos esos casos la decisión de levantar los reparos de la Intervención municipal se adoptara con un informe previo favorable de los técnicos competentes.

Pérez insiste en que los hechos “contradicen” esa afirmación de la Sala. El denunciante recuerda que, tal y como recogió la Fiscalía Anticorrupción en un informe de 2022 después de un “examen exhaustivo de los expedientes” objeto de investigación, en algunos de esos decretos los informes de los técnicos “coincidían” con las advertencias de ilegalidad de Intervención; en otros, “simplemente se invocaban razones de asegurar la continuidad de los servicios”, y en determinados casos, ni siquiera había informes contradictorias y las prórrogas se sustentaban en la mera voluntad de la autoridad municipal, del concejal.

Sí a Díaz, no a Clavijo

Sin embargo, el detonante de la retirada de Pérez tiene que ver con lo que ha sucedido con la única prórroga de servicios que se sigue investigando, la del contrato de limpieza.

La Sala de lo Penal ha ordenado al juez instructor acotar exclusivamente el caso Reparos sobre el alcalde José Alberto Díaz por haber firmado el decreto mediante el que se extendió el contrato con Urbaser pese a haberse superado el plazo máximo estipulado en los pliegos y, además, con el mismo precio, pese a que la flota de vehículos ya había pasado a ser municipal. La Audiencia considera esa decisión “económicamente relevante” y “sin cobertura técnica suficiente”, puesto que generó un beneficio económico indebido a la empresa, al menos durante los seis meses que se mantuvo esa tarifa (fue modificada después de que el propio Pérez presentara en los juzgados una ampliación de denuncia).

Para el histórico dirigente socialista, resulta “incomprensible” que la Sala omita otro decreto que, a su juicio, reúne “aún muchos más indicios de malversación de caudales”. Se refiere, en concreto, al que firmó en 2012 el entonces alcalde Clavijo para liberar “injustificadamente” a la empresa Urbaser de su obligación de renovar 34 de los 46 vehículos del servicio. Una decisión que, según el denunciante del caso Reparos, ocasionó un daño económico “de mucha mayor entidad” a la hacienda municipal.

Pérez considera que ese daño es “perfectamente determinable”, puesto que la factura que la empresa giraba cada mes al ayuntamiento por la gestión del servicio se configuraba por el coste de explotación, el margen de beneficio empresarial y por la amortización de la inversión. Una inversión que “en el caso que examinamos fue considerablemente reducida por la decisión ilegal de la Alcaldía”, expone el escrito presentado por el denunciante.

Según lo estipulado en los pliegos de condiciones, el contratista tenía la obligación de entregar los vehículos al Ayuntamiento “en perfecto estado de conservación, utilización y funcionamiento” al acabar el contrato. “La no realización del plan de sustitución” daría lugar “a que parte de la flota estuviese depreciada y/o obsoleta al finalizar el contrato, con más de quince años de antigüedad y, por tanto, de dudosa funcionalidad”.

Pérez sostiene, por tanto, que el último auto de la Audiencia puede tener “carácter discriminatorio” con respecto al ahora único investigado, José Alberto Díaz, al omitir un hecho (el decreto de Clavijo) “de mayor gravedad jurídica y muchísima mayor trascendencia económica”, ya que el Ayuntamiento de La Laguna pagó durante más de seis años una factura (de más de un millón de euros al mes) que incluía la amortización de una inversión “que no se había materializado”, de una obligación de la que había exonerado a la empresa el actual presidente del Gobierno de Canarias.

“Se produjo así un nuevo daño patrimonial a la administración municipal, que había pagado con el dinero de los contribuyentes la sustitución de la flota del servicio, que no se produjo, y recibió unos vehículos obsoletos y casi inservibles” concluye el escrito.

El profesor de Derecho Constitucional incide en que el auto de la Sala II del Supremo que archivó la pieza separada contra Clavijo se limitó a analizar los indicios de prevaricación, pero “no se dignó a hacer la menor consideración” sobre “el consistente indicio de malversación”. Entiende, por tanto, que la pieza separada “no debe tener trascendencia alguna con respecto a un decreto indiciariamente constitutivo de un delito diferente”.

Por esas razones, Santiago Pérez ha comunicado formalmente a la Sala que desiste del ejercicio de la acusación popular en esta causa “a todos los efectos”.

Giro de la Fiscalía

Santiago Pérez presentó la denuncia inicial en 2018 y, con posterioridad, varias ampliaciones. En 2023, se quedó solo como acusación después de que la Fiscalía Anticorrupción diera un giro radical en el procedimiento, pasando de sostener una acusación firme a reclamar el archivo de la causa. En un principio, el Ministerio Público advirtió indicios claros de prevaricación continuada, tal y como recogen los informes fechados en marzo de 2020 y abril de 2022 sobre los decretos firmados para prorrogar contratos ya extinguidos en contra del criterio de la Intervención. En aquel momento, la Fiscalía entendía que la actuación de los alcaldes y concejales, al levantar de manera sistemática los reparos, cumplía “sobradamente” con los elementos objetivos del delito.

El punto de inflexión llega en 2023 con el auto de la Sala Segunda del Supremo presidida por el canario Manuel Marchena. El alto tribunal sostuvo que las reiteradas prórrogas de contratos suponían irregularidades administrativas, pero no merecían reproche penal. A raíz de esa decisión, la Fiscalía Anticorrupción modificó súbitamente su posición para alinearse con el sobreseimiento de la causa para el resto de encausados al entender que, aunque los decretos afectaban a distintas áreas y personas, bebían todos de un “tronco común”.

Es decir, extrapolaba la tesis del Supremo a todas las actuaciones investigadas, sin analizarlas de manera individual como había señalado años atrás que debía hacerse.

La perseverancia de Santiago Pérez, con sus sucesivos recursos, ha permitido reabrir el caso Reparos en tres ocasiones. Sin embargo, este último fallo de la Audiencia Provincial ha supuesto un punto de no retorno que le ha llevado a abandonar de forma definitiva una batalla legal de ocho años.