Coca-Cola ha descubierto que no le sale a cuenta ser norteamericana. Al menos en Alemania. Por eso, en verano lanzó una campaña, llamada “Made in Germany”, para dar a conocer que el 97% de las bebidas que vende se elabora de forma local. Afirmaba que sus productos aportan 9.000 millones de euros a la economía alemana. McDonald’s, otro símbolo de EEUU, anunció que da empleo a 60.000 personas en el país y que invertirá 3.000 millones allí en los próximos años.

Lo que sea antes de permitir que la gente asocie estas marcas con EEUU y, especialmente, con Donald Trump. La realidad va más allá del impacto en la cuenta de resultados de las grandes corporaciones. En el plano político, el canciller alemán, Friedrich Merz, lo dejó patente sin sentimentalismos en un discurso en diciembre que debería escuchar toda Europa.

“Las décadas de Pax Americana han terminado en Europa”, dijo en un acto en Baviera. “Ya no existe tal y como la conocíamos. Y la nostalgia no va a ayudar nada”. El líder de la derecha alemana recordó que los norteamericanos están defendiendo sus intereses de forma “muy intensa” y, por tanto, los europeos deberían hacer lo mismo.

No servirá que Bruselas, personificada en Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, continúe ignorando la realidad, sonriendo a Trump o apostando por no entrar al choque con Washington. Va más allá de la guerra en Ucrania y de la estrecha relación de Trump con Vladímir Putin. También supera el alcance de las relaciones comerciales por importantes que sean.

Se trata de un conflicto ideológico, prácticamente existencial, entre los países que edificaron la relación trasatlántica después de 1945. El primer mandato de Trump entre 2017 y 2021 fue un aviso. El segundo no deja lugar a dudas. EEUU ha advertido a la UE que ya no están en el mismo bando.

Durante décadas, se dijo que esa relación se sostenía sobre unos valores compartidos con los que se definía la llamada “civilización occidental”. Ya no existen. O se ven de forma muy diferente a ambos lados del Atlántico. “La visión de la Administración de Trump sobre la 'civilización occidental' se basa en la raza, el cristianismo y el nacionalismo”, ha escrito Gideon Rachman, columnista del Financial Times. “La versión europea es una visión liberal fundada en la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, incluido el Derecho internacional”.

2026 será el momento en que se compruebe si este será el auténtico choque de civilizaciones que condicionará a Europa y EEUU, no el que predijo Samuel Huntington. El cisma ha pasado de originarse por declaraciones de altos cargos del Gobierno de Trump a quedar sellado en el documento 'Estrategia de seguridad nacional' publicado en diciembre. EEUU quiere exportar a todo el continente europeo su cruzada contra la inmigración a la que considera una amenaza existencial no inferior a la del terrorismo o el narcotráfico.

“Es más que plausible que ciertos miembros de la OTAN pasen a tener una mayoría no europea dentro de unas pocas décadas como muy tarde”, dice el documento en una frase reveladora. Por no europea, se refiere a que no sea de raza blanca.

La frase, aunque sea un pronóstico, es falsa. Eso es lo que podría ocurrir en EEUU a mediados de este siglo, cuando quizá los blancos sean menos del 50% de la población del país. No así en Europa, incluidos países como Francia y Reino Unido, que cuentan con un porcentaje significativo de población nativa de otras razas a causa de su pasado imperial en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En España, el 19% de los habitantes ha nacido en el extranjero y eso abarca también a los que llegaron de otros países europeos.

Es una singular forma de colonialismo entre blancos. No es que Trump y sus partidarios pretendan que los europeos sean como los estadounidenses. Quieren que sean como lo que ellos querrían que fuera su propio país. “Las cosas que no les gustan de Europa son las cosas que no les gustan de Estados Unidos”, dijo Justin Logan, del Instituto Cato, de ideología conservadora. “No están nada entusiasmados con la inmigración. Creen que está cambiando la naturaleza del país. Y no están entusiasmados con el exceso de regulación” (en economía).

Nadie puede sentirse sorprendido. Lo dijo el vicepresidente JD Vance en febrero en un discurso en una conferencia de seguridad en Múnich. Habló de una “amenaza interior” que los europeos no estaban dispuestos a afrontar. Denunció que la lucha contra la desinformación estaba minando el derecho a la libertad de expresión, un argumento habitual en la extrema derecha.

Hace unas semanas, Washington pasó a la acción. Anunció sanciones contra cinco europeos que han participado en esa tarea tanto en organismos públicos como privados, empezando por el excomisario europeo Thierry Breton. Marco Rubio, secretario de Estado, calificó a los señalados como “activistas radicales” responsables de “presionar a las plataformas norteamericanas (de redes sociales) para que censuren, dejen sin ingresos y supriman los puntos de vista norteamericanos”.

Emmanuel Macron respondió rápidamente a la imposición de sanciones, que condenó con estas palabras: “Estas medidas son sinónimo de intimidación y coerción con el objetivo de socavar la soberanía digital europea”.

La furia de Washington está también dirigida contra la Ley de Servicios Digitales, aprobada en 2022 por las instituciones europeas por una amplia mayoría en el legislativo y por todos los 27 países de la UE. Bruselas ha utilizado ese soporte legal para aplicar sanciones millonarias a los gigantes de las redes sociales por romper las reglas de competencia, en el caso de Apple y Facebook, o por permitir la desinformación, en el caso de Twitter.

La lucha contra el discurso de odio, a lo que hay que sumar la desinformación procedente de Rusia, ha sido un punto de consenso entre conservadores, socialdemócratas y liberales en Europa. A la hora de la verdad, la Comisión Europea ha preferido huir del conflicto obviando que Trump ha elegido ya a sus favoritos, que no son otros que los partidos de extrema derecha que comparten sus ideales xenófobos. La estrategia de seguridad nacional menciona a sus “aliados políticos en Europa” y destaca que “la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos es, en efecto, motivo de gran optimismo”. Se refiere al grupo Patriots del Parlamento Europeo del que forma parte Vox.

“Esta estrategia equivale de facto a declarar la guerra a la política europea, a los dirigentes del continente y a la Unión Europea”, respondió Max Bergmann, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington. El texto “constituye un apoyo explícito a los partidos nacionalistas de extrema derecha en Europa que han surgido en los últimos quince años”. En otras palabras, es “una intervención directa” en la vida democrática de los aliados europeos. Una interferencia con mayores probabilidades de éxito que la más publicitada intervención rusa.

La preocupación mostrada por conservadores y liberales no es compartida en público por el Partido Popular en España. Alberto Núñez Feijóo finge que nada esencial ha ocurrido e insiste en que “nuestra obligación es entendernos con la Administración norteamericana”. Afirma que “Trump es el presidente de Estados Unidos, pero no es Estados Unidos”, una obviedad que le sirve para ignorar todo lo que preocupa a la derecha europea. Como Feijóo no habla de nada que no le sirva para atacar a Pedro Sánchez, lo que hace es denunciar un supuesto acercamiento del Gobierno español a China, que no va más allá del plano económico.

Merz ha advertido del peligro estratégico de China, pero bajo ningún concepto pretende romper relaciones comerciales con el gigante asiático, que es imprescindible para la economía alemana.

La Comisión Europea teme que la confrontación con Trump tenga como primera víctima al Gobierno ucraniano, que no puede prescindir de la ayuda militar de EEUU. Contempla aterrada la mediación norteamericana sobre un posible final de la guerra en unas negociaciones en las que Europa no cuenta con ninguna influencia de peso. Es por eso que las declaraciones de Ursula von der Leyen y de la jefa de su diplomacia, Kaja Kallas, parezcan estar siempre fuera de la realidad. Cuando Kallas afirma que “EEUU es aún el mayor aliado de la UE” después de conocerse la estrategia de seguridad nacional de Trump, sólo está expresando sus deseos o quizá su impotencia.

“La única parte del mundo para la que Estados Unidos es esencialmente hostil es Europa. Y esto no es, por decirlo suavemente, lo que esperábamos”, ha dicho Martin Wolf en una entrevista reciente en El Mundo. Por mucho que le duela, el columnista del FT es capaz de expresar lo que Von der Leyen y Kallas no se atreven a decir, que los dirigentes del Gobierno de Trump “sienten que Europa es culturalmente enemiga”.

Trump presume de haber acabado con ocho guerras, pero ¿cuál es la realidad?

Ante los hechos confirmados de que EEUU quiere una Europa muy diferente a la actual, una que camine por la senda que han trazado Orbán, Le Pen y Abascal, algunos han optado por el apaciguamiento a la espera de que Trump ofrezca uno de sus acostumbrados cambios de opinión. Es la posición de los cobardes que aspiran a que el agresor se compadezca de sus viejos aliados.

Siempre es difícil estar seguro con las declaraciones de Donald Trump. Puede cambiar de opinión en cuestión de unos pocos días. La reaparición de los miembros del ala militar de Hamás en las calles de Gaza y las imágenes de los asesinatos de presuntos miembros de las milicias armadas por Israel han provocado comentarios muy diferentes del presidente de Estados Unidos.

Contra lo que esperaba el Gobierno israelí, Trump comenzó restando importancia a esas ejecuciones, luego dijo lo contrario y finalmente volvió a la posición de partida. Se diría que su objetivo es que nada ponga en peligro la aplicación del plan de paz que lleva su nombre. Su segunda fase, que aún no ha empezado, incluye la entrega del poder en Gaza por Hamás, que nadie sabe cómo se llevará a cabo.

“Eliminaron a un par de bandas que eran muy malas”, dijo Trump el 14 de octubre. “Eso no me molestó mucho, si quiere que le diga la verdad. Está bien. Eran un par de bandas muy malas”. En la misma rueda de prensa, utilizó un tono más duro: “Hemos dicho a Hamás que queremos que entreguen las armas. Y se desarmarán. Y si no lo hacen, les desarmaremos. Y ocurrirá muy rápidamente y quizá de forma violenta”.

Dos días después, repitió el mensaje. A los pocos días, dos soldados israelíes murieron en lo que su Ejército definió como un ataque de Hamás al que respondió con bombardeos que mataron a decenas de civiles palestinos. Fuentes del grupo afirmaron que un bulldozer que estaba echando abajo un edificio había pasado por encima de un artefacto explosivo que no había estallado. Trump no lo vio claro. Afirmó que quizá “el liderazgo” del grupo no estaba implicado y que el ataque podía haber sido obra de “elementos rebeldes”.

Con casi toda su cúpula militar y política diezmada, Hamás se ha dado prisa en volver a mostrar su autoridad en las calles de Gaza después del inicio del alto el fuego. En primer lugar, fueron miembros armados con fusiles aunque vestidos de paisano los que se situaron en lugares concurridos. Después aparecieron otros mejor pertrechados y con la cara oculta los que se situaron en las zonas por donde llegaban los primeros convoyes con comida y medicamentos para impedir que fueran saqueados.

Muy pronto, llegó la violencia. Hamás empezó a ajustar cuentas con sus enemigos a los que acusa de haber colaborado con el Ejército israelí. No hizo ningún esfuerzo por cumplir la ley de Gaza. No detuvo a los presuntos colaboracionistas, sino que los cazó a tiros.

Un vídeo rodado en Ciudad de Gaza el 13 de octubre muestra a un grupo de siete personas de rodillas y con las manos atadas antes de que sean eliminados por encapuchados armados con fusiles. Sus ejecutores los presentan como “colaboradores del Ejército israelí”.

En otro vídeo en un lugar no identificado, la escena se repite. El jefe del grupo lanza un mensaje contra los responsables de esas milicias que en su mayor parte operan en zonas ocupadas por el Ejército. Nombra a Yasser Abu Shabab, Rami Hilles y Ahmad Jundiyya.

El primero es el más conocido. Dirige un grupo en Rafah, en el sur de Gaza, que ha sido financiado y armado por Israel. Ha llegado a publicar un artículo en la sección de opinión de The Wall Street Journal, aunque probablemente no lo escribió él, porque fue enviado al periódico por una empresa proisraelí de relaciones públicas. Con un pasado de delincuencia, Abu Shabab estaba encarcelado por robo cuando comenzó la guerra y logró escapar cuando Israel bombardeó la prisión. Pertenece a un clan beduino y se dedicó a robar la ayuda humanitaria que llegaba en camiones antes de que el Ejército israelí comenzara a darle protección en Rafah.

El enfrentamiento más grave se produjo cuando cerca de 300 miembros armados de Hamás atacaron un edificio en el que se escondían los integrantes del clan familiar de Dogmush, adversario de Hamás desde al menos 2007 cuando ese grupo colaboró con la fracasada insurrección armada de Fatah. Cincuenta personas murieron en los combates, de los que doce pertenecían al grupo fundamentalista.

Cualquier situación de vacío de poder es aprovechada por aquellos que cuentan con armas. “Cuando tienes ante ti la destrucción total de una sociedad, aquellos que mantienen algún tipo de monopolio de la violencia son los que gobiernan. Hamás ha sido de lejos el grupo que ha tenido más éxito en desplegar una fuerza armada y mantener la violencia bajo control”, dijo a The Guardian H.A. Hellyer, experto en estudios estratégicos en el Royal United Services Institute de Londres.

Israel ha conseguido eliminar a la mayoría de los dirigentes de Hamás y de los jefes de las brigadas regionales. Yahya Sinwar, el arquitecto del ataque del 7 de octubre. Su hermano Mohamed que lo sustituyó. Ismail Haniyeh en un ataque en Teherán. Mohamed Deif, jefe de su ala militar. Su portavoz, Abu Obeida. Pero la estructura del grupo ha resistido todos estos golpes y no le faltan voluntarios para completar sus filas. Continúa formando parte del tejido social y político de Gaza por mucho que su reputación se haya visto afectada por la brutal respuesta israelí.

En una encuesta realizada por un centro de estudios palestino en mayo de este año, el apoyo al asalto del 7 de octubre se había reducido en Gaza al 37% (era del 57% en diciembre de 2023). Un 58% afirmaba que no había sido una decisión correcta. El pesimismo se apreciaba en otras preguntas. Un 23% pensaba que Hamás saldría victorioso del conflicto, un 29% apuntaba a Israel y un 46% decía que ninguno. Hamás conservaba el apoyo del 37% de los encuestados, favorecido por el desprestigio de la Autoridad Palestina y de Fatah que se quedaba en un 25%. Un 23% respondía que estaba a favor de otras opciones.

Hamás ha dejado claro que no tiene intención de entregar las armas, que es uno de los veinte puntos del “plan de paz” impuesto por Trump. El veto de Netanyahu a cualquier implantación de las fuerzas de la Autoridad Palestina en Gaza favorece en la práctica que Hamás pueda recuperar el control. El acuerdo contempla el despliegue de una fuerza internacional, presumiblemente formada por países árabes, pero está por ver que acepten una situación en la que podrían terminar haciendo el trabajo sucio de los israelíes y arrebatando a Hamás su armamento.

Hamás y Yihad Islámica han aceptado la formación de un “comité tecnocrático” que dirija el Gobierno de Gaza, como aparece en el plan de Trump. El Gobierno egipcio anunció que los quince miembros de ese comité ya han sido elegidos y que cuentan con el visto bueno de Israel y Hamás. “Entregaremos las responsabilidades administrativas en Gaza, incluida la seguridad, al comité de gobierno”, ha dicho Khalil al-Hayya, uno de los principales dirigentes de Hamás. “No nos oponemos a que una figura nacional que viva en Gaza gobierne la Franja”.

Si bien estas declaraciones indican que Hamás parece dispuesta a ocupar un lugar secundario en el futuro Gobierno de Gaza, hay una condición que es difícil que acepten Israel o EEUU. Los 17.000 miembros de la policía de Gaza seguirán en sus puestos. “Si haces con la Policía de Gaza lo mismo que Paul Bremer hizo en Irak –disolver al Ejército–, obtendrás el mismo resultado, el caos”, advirtió otro dirigente del grupo, Mousa Abu Marzouk.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU confirmó el 22 de octubre que ninguno de sus convoyes de alimentos ha sido asaltado desde el inicio del alto el fuego en las zonas que Hamás ha vuelto a controlar. Su mayor problema en ese momento es que Israel solo había permitido entrar a 750 toneladas de ayuda cuando sus cálculos precisaban que hubiera necesitado 2.000 toneladas para realizar su labor.

Lo que en el plan norteamericano se llama “Fuerza Internacional de Estabilización” continúa siendo una incógnita. Las milicias aliadas de Israel ya han advertido de que no permitirán que haya soldados de Turquía y Qatar. No es una casualidad que sea la misma posición de Netanyahu. Se supone que esa fuerza se responsabilizará de la seguridad de Gaza y de proteger la reconstrucción. Pero su despliegue futuro se limitará al 47% de Gaza, donde están todos los núcleos urbanos, pero no al 53% que aún ocupa Israel más allá de lo que se ha llamado “la línea amarilla”.

“La percepción de que Hamás podría emerger bajo las ruinas puede ser sorprendente a aquellos que pensaban que Israel estaba realizando una campaña dirigida solo contra Hamás en vez de destruir la infraestructura civil”, dijo al Financial Times Ibrahim Dalalsha, director de un centro de estudios políticos en Ramala.

En innumerables ocasiones, Netanyahu ha prometido que la guerra no acabaría hasta la “destrucción completa” de Hamás. En junio de 2024, dijo que una de las tres condiciones irrenunciables era “la destrucción del poder militar de Hamás y de su capacidad de gobernar”. En julio de este año, insistió en que no contemplaba otro desenlace que “la erradicación” del grupo palestino “hasta sus cimientos”. Por la vía de los hechos, Hamás ya ha demostrado que eso no ha ocurrido.

En esta semana, varios gobiernos europeos se han decidido a mostrar su rechazo más absoluto a los ataques masivos contra la población civil que Israel está realizando en Gaza. No son muy diferentes a lo que ha ocurrido en el último año y medio, pero ahora de repente a algunos les parecen intolerables. 17 de los 24 gobiernos de la UE han decidido que hay que revisar el acuerdo comercial de la UE con Israel por la violación de derechos humanos. Hasta hace nada, sólo los gobiernos de España, Irlanda y Bélgica habían elevado su voz en la UE para denunciar los crímenes de guerra cometidos por el Gobierno israelí. No sé dónde estaban los otros cuando los ministros del Gobierno de Binyamín Netanyahu hacían declaraciones públicas de intención claramente genocida. Sobre lo que la comunidad internacional debería hacer a partir de ahora, me vale como guía lo que ha escrito una comisión de la Conferencia Episcopal de España. Este párrafo es bastante elocuente:

“Para llegar a una situación de ”justicia, paz, verdad y fraternidad“, como viene reclamando el Papa León XIV, se requiere, de manera urgente e inaplazable, terminar con el asedio a la población, así como con el ataque a los hospitales, con los bombardeos a la población civil, la destrucción sistemática de infraestructuras y vecindarios, y la negación de asistencia humanitaria, lo que supone una violación de los derechos humanos más básicos y del derecho internacional humanitario, actos de ocupación equivalentes a una limpieza étnica”.

Todo lo descrito en este párrafo no se basa sólo en la doctrina de la Iglesia sobre conflictos bélicos o en las palabras del nuevo pontífice, sino en las normas sobre la guerra que aparecen en las Convenciones de Ginebra aprobadas después de la Segunda Guerra Mundial. Deberían obligar a todos los estados y condicionar las respuestas que den otros gobiernos. Y no vale con aprovechar esa reacción para ajustar cuentas con los rivales en la política interna.

Esa ha sido la actitud de Alberto Núñez Feijóo al acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar los acontecimientos de Gaza para ocultar sus problemas. Una respuesta adecuada a la actitud escasamente moral de Feijóo la ha dado precisamente el presidente de la Conferencia Episcopal con el que seguro que está de acuerdo en muchas cosas. “Gritemos alto y claro contra el drama humanitario que ocurre en Gaza por la acción del Gobierno de Israel”, ha escrito Luis Argüello, arzobispo de Valladolid. “No cabe el silencio usando el argumento de que el Gobierno de España lo utiliza como escudo para ocultar otros problemas. Ese silencio utiliza la misma táctica encubridora”.

Es obvio que Feijóo tiene otras prioridades. No le interesa apoyar al Gobierno en ningún tema. Ni siquiera cuando hay tantas vidas en juego. No se atreverá, supongo, a acusar a la Iglesia de ser antisemita.

Tampoco a Ehud Olmert, primer ministro israelí entre 2006 y 2009, que esta semana describió en Haaretz qué está ocurriendo en Gaza: “Lo que estamos haciendo en Gaza es una guerra de aniquilación. Estamos matando a civiles de forma indiscriminada, brutal y criminal. Estamos haciéndolo no porque hayamos perdido el control en una zona concreta, no por un ímpetu desproporcionado de los combatientes de alguna unidad, sino como resultado de la política dictada por el Gobierno de forma consciente, intencionada, cruel, maliciosa y temeraria. Sí, estamos cometiendo crímenes de guerra”.

El Gobierno español ha estado bastante solo en Europa desde que comenzó a denunciar los crímenes de Gaza. La pasividad ha alcanzado niveles inauditos desde el momento en que Israel prohibió durante once semanas la entrada de comida y medicinas a Gaza. Un sitio por hambre como los que se realizaban en la Edad Media. Es lo que llevó al Financial Times a publicar un editorial que denunciaba “el vergonzoso silencio de Occidente” ante lo que estaba sucediendo. EEUU y Europa elogian a Israel por ser supuestamente un país con el que comparten los valores de la democracia liberal, pero “deberían estar avergonzados por su silencio y no permitir más que Netanyahu actúe con total impunidad”. Por mucho menos, han dejado claro que Putin es un enemigo de Europa y de sus valores.

Esa inacción ha cambiado un poco ahora al comprobarse que las autoridades israelíes pretenden hacer lo que dijeron que iban a hacer desde el primer momento. Su objetivo no se limitaba a acabar con Hamás como fuerza militar que pudiera amenazar a Israel, sino destruir Gaza, convertirla en un lugar en el que sea imposible vivir.

Recordemos que al principio de la guerra Israel negaba tajantemente que estuviera atacando hospitales. Las informaciones que lo confirmaban eran tachadas de propaganda en favor de Hamás. O afirmaba que en los sótanos del centro sanitario Hamás había instalado un puesto de mando, aunque luego las pruebas ofrecidas no confirmaban la acusación. Desde hace ya mucho tiempo, no hay ningún intento de ocultar esos ataques. Se ataca a los hospitales que quedan en ruinas o en condiciones penosas, se detiene al personal sanitario y se destruye el material que hay en su interior. El objetivo es que el edificio ya no pueda servir para su función. ¿Y cómo vas a vivir en un lugar donde nadie puede atender a tus hijos si están heridos o enfermos?

La destrucción que se puede apreciar en fotografías, vídeos e imágenes por satélite no se debe sólo a los bombardeos o a los combates de los primeros meses con miembros de Hamás. Barrios enteros han sido reducidos a montañas de escombros hasta el punto de que se necesitarán décadas para limpiar esas zonas. Un artículo en la web israelí +972 cita a los soldados que se ocuparon de las tareas de demolición:

“Me hice con cuatro o cinco bulldozers y se demolían 60 casas al día –decía uno de esos soldados–. Una casa de uno o dos pisos, la tiraban abajo en una hora. Con una casa de tres o cuatro pisos, se tardaba más. La misión oficial consistía en abrir una ruta logística para poder maniobrar, pero en la práctica los bulldozers simplemente destruían casas. La parte sureste de Rafah está completamente destruida. El horizonte es plano. No hay ya una ciudad”.

El otro método se basaba en los explosivos. “Algunos días demolíamos de ocho a diez edificios. Otros días, ninguno –explica un militar–. Pero en general, en los 90 días que estuvimos allí, mi batallón destruyó entre 300 y 400 edificios. Nos alejábamos 300 metros y los volábamos”.

En ocasiones, cumplían órdenes de arriba. Lo más frecuente es que las unidades militares sobre el terreno no necesitaran directrices concretas. Los soldados saben que tienen que dejar atrás un mar de ruinas. El propio Netanyahu lo dijo en una reunión reciente de la Comisión de Exteriores del Parlamento, celebrada a puerta cerrada. “Estamos destruyendo más y más casas. No tendrán un sitio al que volver. El único resultado previsible será que los gazatíes desearán emigrar fuera de la franja” (de Gaza).

Algunos mandos militares no han tenido ningún problema en contarlo a medios israelíes. “Al final, no estamos luchando contra un ejército, sino contra una idea”, dijo el comandante del Batallón 74 en diciembre de 2024. “Si mato a los combatientes, la idea permanecerá. Pero yo quiero que la idea se convierta en inviable. Cuando miren Shujaiya (un barrio de Ciudad de Gaza), verán que no queda nada, sólo arena. Esa es la idea. No creo que puedan regresar en al menos cien años”.

En Shujaiya, vivían antes de la guerra cerca de 100.000 personas. Su nombre procede de un emir que luchó contra los cruzados en el siglo XIII. Fue la primera expansión de la localidad más allá de sus murallas originales. Siglos de historia han sido convertidos en ruinas en unos meses.

No cabe una definición más completa de genocidio que esta. No es sólo por los 53.901 muertos (según los últimos datos del sábado) o los más de 15.000 niños y adolescentes asesinados, que ya sería motivo suficiente para emplear esa palabra. Cuando tu objetivo es eliminar la presencia humana en amplias zonas de un país para que nadie pueda volver a vivir allí, como dice ese teniente coronel, lo que en el fondo estás buscando es borrar a un pueblo de la historia.

No hay muchas buenas noticias que llegan de Oriente Medio en los últimos años y tampoco son muchas las que sorprenden. En esta última categoría hay que incluir la victoria del reformista Masoud Pezeshkian, de 69 años, en las elecciones presidenciales de Irán. Su misma presencia en la lista de candidatos permitidos por el régimen parecía un error del sistema. Su perfil no muy conocido, a pesar de ser diputado y de haber sido ministro de Sanidad tiempo atrás hasta 2005, hacía pensar que estaba ahí sólo para cumplir el expediente.

Nadie sabía por qué había recibido el visto bueno oficial para ser candidato. Otros reformistas más conocidos, y por tanto con más posibilidades en las urnas, habían sido vetados. La única explicación posible es que fuera un truco de los conservadores para aumentar la participación electoral, que el propio líder del país, el ayatolá Jamenéi, ha considerado siempre un factor esencial para reforzar la legitimidad del régimen.

La primera vuelta confirmó los temores de Jamenéi. La participación estuvo en torno al 40%, similar a las últimas elecciones legislativas, a pesar de que los medios oficiales dictaminaban que votar era un deber para cualquier ciudadanos. El desencanto en el campo reformista estaba muy extendido como para crear una marea ciudadana en favor de algún candidato. Jóvenes y mujeres en las zonas urbanas no iban a permitir que les crearan otra vez falsas esperanzas.

La presencia de Pezeshkian entre los dos candidatos que se enfrentarían en la segunda vuelta ya fue una sorpresa. Obtuvo el 42% de los votos, cuatro puntos más que Saeed Jalili, que era el más reaccionario de los tres candidatos conservadores. Pezeshkian tuvo 10,4 millones de votos. Jalili, un millón menos. El tercer clasificado, Mohammad Baqer Ghalibaf, presidente del Parlamento y exalcalde de Teherán, recibió 3,3 millones. Si los votantes conservadores sumaban sus votos en favor de Jalili, el resultado estaba cantado.

Pezeshkian ya había sorprendido en los debates televisados antes de la primera votación haciendo críticas muy certeras a las políticas que los conservadores han impuesto en los últimos años. Sin cuestionar principios que están establecidos por Jamenéi por encima de los gobiernos, reclamó que Irán negocie con Occidente para levantar las sanciones económicas y que busque un acuerdo que inevitablemente supondría cesiones sobre el programa nuclear. Insistió en que es imposible mejorar la situación económica sin tener en cuenta la política exterior del país.

El reformista afirmó que el Gobierno debería levantar las restricciones sobre asuntos morales, una referencia a la imposición del velo y la vestimenta tradicional a las mujeres. Si bien el acoso a las mujeres se redujo durante el periodo preelectoral, había vuelto a intensificarse en los meses anteriores. Fue lo bastante hábil como para utilizar los argumentos religiosos para oponerse al maltrato de las mujeres que se niegan a aceptar las prohibiciones de la jerarquía religiosa. Dijo que no hay textos islámicos con los que se pueda justificar la obligación de cubrirse la cabeza.

Pezeshkian elogió el acuerdo nuclear con Europa y EEUU de 2015 conseguido en la presidencia del moderado Rouhaní y que los conservadores siempre han rechazado. El que fue ministro de Exteriores en esos años, Mohammad Javad Zarif, ha sido el político que más ha apoyado en público a Pezeshkian.

En la segunda vuelta, celebrada el viernes, Pezeshkian volvió a superar los pronósticos con 16,3 millones de votos, frente a los 13,5 millones de Jalili. La participación se acercó al 50%, con lo que hay que suponer que muchos iraníes que no votaron en la primera vuelta lo hicieron el viernes ante la posibilidad real de derrotar a un conservador como Jalili al que desprecian.

El régimen obtuvo al final la participación que buscaba al precio de ver derrotados a sus candidatos en el relevo del presidente Raisi, muerto en un accidente de helicóptero en mayo que terminó por alterar el dominio completo de la política iraní por los conservadores.

A corto plazo, la elección de Pezeshkian no tendrá consecuencias reales en la política exterior. Tanto las relaciones internacionales como la defensa están en manos de Jamenéi. Será interesante ver si el vencedor utilizará la pésima situación económica y el empobrecimiento de la clase media como factores en su favor para convencer al régimen de que necesita volver a las negociaciones sobre el programa nuclear.

Como en tantos otros asuntos, todo dependerá de si EEUU devuelve a Donald Trump a la Casa Blanca en noviembre. Trump fue el que acabó con el acuerdo nuclear de 2015 que tenía como objetivo aceptar un programa nuclear civil y la suspensión del enriquecimiento de uranio por encima de niveles susceptibles de utilizarse con fines militares.

Hay un viejo refrán en Rusia que se ha visto confirmado en los últimos días. “Bombardear Vorónezh” significa pegarse un tiro en el pie con la intención de perjudicar a otro. Este ejemplo de humor negro pasó a estar basado en hechos reales cuando helicópteros rusos destruyeron el sábado un depósito de combustible en la ciudad de Vorónezh –de un millón de habitantes– para impedir que las tropas amotinadas de Wagner pudieran aprovecharse de su contenido en su marcha hacia Moscú.

Es una buena metáfora de los acontecimientos recientes en Rusia. Todos acabaron bombardeando Vorónezh. Yevgueni Prigozhin lanzó una insurrección contra el Gobierno y la cúpula militar en lo que era el mayor desafío que ha afrontado Vladímir Putin en sus 22 años como presidente. Pero acabó en el exilio y perdió su control de la empresa paramilitar Wagner. Putin permitió durante meses que Prigozhin desafiara al Ministerio de Defensa y al Ejército en mitad de una guerra. Acabó denunciando su “traición” y alertando en tono lúgubre que el país estaba viviendo una situación similar a la del año revolucionario de 1917 y que se arriesgaba a terminar envuelto en una guerra civil.

Antes de la rebelión que duró menos de 48 horas, el gran misterio acerca de Prigozhin era por qué el Gobierno ruso toleraba sus ataques a las autoridades militares. Comentarios menos duros que los suyos suponían un procesamiento seguro. Putin había dejado claro que el Ejército debía aceptar algunas críticas con el argumento de que están “ayudando a intentar contribuir a la solución” de los problemas originados por la guerra.

Incluso así era difícil entender por qué se permitían acusaciones de negligencia o insultos de Prigozhin al ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, y al jefe del Ejército, Valeri Guerásimov, por su fracasada estrategia militar o por la falta de suministros a las tropas de Wagner en el cerco de Bakhmut. Como también denuncias más genéricas, pero no menos hirientes, contra las élites rusas que gozan de todo tipo de privilegios, como las vacaciones de sus hijos en el extranjero, mientras los soldados mueren sin contar con la ayuda necesaria.

Un medio independiente ruso preguntó a mediados de junio a personas que conocen cómo funciona la maquinaria del poder por la razón de ese trato privilegiado. No daba el nombre de ninguno por razones obvias. La idea compartida es que Prigozhin contaba con la protección del único que importa, el presidente Putin.

“No tengo ninguna duda de que las actividades de Prigozhin están coordinadas con el hombre que está en lo más alto”, decía un antiguo miembro de los servicios de inteligencia. “Las cosas que le permiten decir, todas esas declaraciones contra el liderazgo del Ministerio de Defensa y las élites rusas, indican que no juega con sus propias reglas. Por el contrario, todo está coordinado. En nuestro país, se responde con rapidez a este tipo de tonterías si no están aprobadas por el número uno”.

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Entrevisto al historiador Antonio Espino por su libro 'La invasión de América'.

“A lo largo de la historia todos los imperialismos, por definición, son imperialismos agresivos. Porque si te tienes que imponer sobre el otro a todos los niveles, no sólo a nivel militar, sino posteriormente a nivel social, económico, ideológico o religioso, la violencia está implícita de una forma más o menos brutal o visible. Cuando te tienes que imponer sobre grandes masas de personas y cuando ya te has asentado en el territorio y has empezado a controlarlo, vuelves a utilizar la violencia y el terror para evitar posibles rebeliones. Se usa el terror y la crueldad siempre que sea necesario y sin ningún titubeo”.

“La codicia es el gran motor de la conquista de América”.

Las fotos de 64 niños miran al lector de The New York Times desde su portada de este viernes. Son víctimas de la última guerra emprendida por Israel en territorio de Gaza. El artículo cuenta las historias de 67 niños palestinos y dos israelíes que murieron en los once días del conflicto finalizado con un alto el fuego ('They were only children'). La portada tiene un gran valor simbólico al poner rostros en historias que muchas veces quedan reducidas a números en las portadas de los medios. El evidente desequilibrio entre las víctimas de uno y otro bando también queda resaltado. Como también las consecuencias de los bombardeos israelíes. El número total de palestinos fallecidos no llegó a 300. Cuando tantos menores han muerto en los ataques, no quedan muchas dudas sobre cuáles fueron los objetivos escogidos por los militares.

Un día antes, el diario israelí Haaretz había publicado una portada similar en su edición en hebreo. “Este es el precio de la guerra”, dice el titular. El periódico, que es crítico con algunos aspectos de la ocupación israelí, más en su web en inglés que en su edición en hebreo, no está entre los más leídos o influyentes del país.

Nunca antes el NYT había tomado esta decisión después de una guerra emprendida por Israel. Poner el foco sobre las víctimas civiles palestinas supone una crítica explícita de ese Estado que el periódico no estaba dispuesto a hacer hasta ahora. El NYT continúa siendo proisraelí por la importancia del país como aliado de EEUU desde hace décadas y por la importancia de la comunidad judía en Nueva York y también entre sus lectores. Pero ya no ignora el drama humano que provoca la inmensa superioridad militar de Israel.

Durante muchos años, los editores responsables de las secciones de internacional y opinión se ocupaban de alterar las crónicas de corresponsables o enviados especiales para acomodarlas a una visión en la que la prioridad era reflejar la versión del Ejército israelí. Periodistas como los citados en este artículo explican que esa versión era considerada como un hecho incontrovertible, mientras que los testimonios de personas entrevistadas en el lugar de los hechos eran descartados por ser poco fiables. No importaba si el propio reportero había sido testigo. No es extraño que los periodistas que cuentan esto no quieran que su nombre aparezca en el artículo.

El último conflicto ha provocado un giro significativo en la cobertura que el NYT y otros medios norteamericanos hacen de Israel y Palestina. Se ha visto algo que no ocurrió en la última guerra de 2014, donde los bombardeos israelíes acabaron con la vida de más de 500 menores. En las páginas de opinión del NYT o de The Washington Post, han aparecido artículos escritos por palestinos, una presencia que años atrás era esporádica o mínima. No ya de expertos o profesores de universidad. También de personas que contaban su historia y describían con crudeza lo que era sobrevivir bajo la incesante amenaza de las bombas.

En The Washington Post, un artículo con vídeo se centraba en la familia de Alaa Abu al-Ouf. Un solo ataque israelí mató a catorce de sus familiares, incluidas dos de sus hijas. Su mujer estaba gravemente herida en un hospital con varias fracturas en la cadera. Al-Ouf aún no había tenido valor para hablarle de la muerte de Shaima y Rawan.

En conflictos anteriores, la versión oficial israelí aparecía destacada en los artículos. El conflicto se describía como un enfrentamiento entre Israel y Hamás, y el movimiento islamista –que, a diferencia de la Autoridad Palestina, sigue combatiendo con las armas la ocupación israelí– no goza de muchos apoyos en EEUU. Hamás está considerada una organización terrorista por los gobiernos de EEUU y la UE.

Por primera vez de forma continuada, el periodismo norteamericano ha colocado la última guerra en un contexto más amplio en muchos artículos, en especial relacionándola con el conflicto de Sheikh Jarrah, el barrio de Jerusalén donde una asociación de colonos pretende expulsar de sus casas a familias palestinas que viven ahí desde poco después de la guerra de 1948.

Así comenzaba un reportaje del NYT publicado el 22 de mayo ('Life Under Occupation: The Misery at the Heart of the Israel-Gaza Conflict).

“Muhammad Sandouka construyó su casa a la sombra del Monte del Templo (así llaman los judíos a la zona donde están la mezquita de Al Qasa y el Muro de las Lamentaciones; los musulmanes lo denominan Haram Al-Sharif) antes de que naciera su segundo hijo, que ahora tiene 15 años. La demolieron juntos después de que las autoridades israelíes decidieran eliminarla para mejorar las vistas de la Ciudad Vieja para los turistas.

Sandouka, que trabaja como instalador de encimeras de cocinas, estaba en el trabajo cuando un inspector avisó a su mujer que tenía dos opciones: destruir la casa o en caso contrario el Gobierno se ocuparía de tirarla abajo y obligaría a los Sandouka a pagar 10.000 dólares por los gastos“.

Lo que desde el Gobierno israelí se denominó “una disputa inmobiliaria” entre particulares no es otra cosa que una constante en la historia de Jerusalén. En su empeño por 'judaizar' la ciudad desde 1967, las autoridades conceden a los israelíes todas las facilidades para vivir allí construyendo barrios enteros para ellos. Los palestinos no obtienen permisos para levantar viviendas o ampliarlas y viven con el temor constante a perder el hogar en el que gastaron los ahorros de su vida. Hasta les obligan a financiar la destrucción de sus vidas. Hay una ley, y una forma de aplicarla, para los judíos y otra para los árabes.

La mayoría de los medios norteamericanos no emplea la palabra 'apartheid' para describir ese sistema político. Ahora no tienen inconveniente en publicar artículos de opinión que detallan exactamente esa situación como solo puede contarla alguien que la ha sufrido. Esas voces empiezan a ser escuchadas, lo que es lo mismo que decir que esas personas comienzan a ser reconocidas como seres humanos.

Un grupo de personas está teniendo una actividad frenética en la campaña electoral norteamericana en los últimos meses. No forma parte de los equipos de Donald Trump y Joe Biden, aunque eso no es una novedad en la política de ese país. Lo que sí no tiene precedentes es que sus promotores están atacando con una dureza extrema al candidato de su partido, que no es otro que Trump. Son republicanos que están haciendo todo lo posible para que el próximo presidente sea Biden y lo están haciendo empleando todos los recursos visuales de la propaganda negativa: su objetivo es destruir la imagen del actual presidente.

El grupo se llama The Lincoln Project y empezó a funcionar en diciembre de 2019. Los autores de los anuncios son gente con experiencia en las campañas de Bush, McCain y Romney. Parecen a primera vista muy efectivos no sólo por su calidad técnica, que en general parece muy buena, como por emplear un lenguaje y un estilo narrativo con el que los republicanos llevan décadas metiendo el miedo en el cuerpo a los votantes ante la posibilidad de que un demócrata gane las elecciones presidenciales. Muchos de ellos están dirigidos precisamente a los republicanos al comparar negativamente a Trump con iconos conservadores del pasado (Ronald Reagan) o con la contundencia y agresividad con la que hay que hacer frente a los enemigos del país.

La pandemia es un tema perfecto para su campaña contra Trump. En un anuncio de finales de mayo, cuando el número de muertes en EEUU había superado la cota de 100.000, el montaje es tan simple como demoledor. Un número inmenso de cuerpos cubiertos con una sábana que terminan convirtiéndose en la bandera del país.

En lo que es un recurso recurrente de la propaganda negativa, utiliza la voz de Trump para recordar cómo decía semanas atrás que el número de afectados iba a reducirse “casi hasta cero”.

Reaccionan rápido a las últimas noticias. Cuando se supo que la Casa Blanca había distribuido una lista de declaraciones del doctor Anthony Fauci para demostrar que él también se había equivocado, The Lincoln Project contraatacó con un anuncio largo para compararle con Trump.

No se libra ni uno de los temas favoritos de Trump, el muro que iba a levantar para impedir la llegada de inmigrantes desde México. “El único muro de Trump” es el que formarían los ataúdes de las 140.000 personas muertas hasta el día de difusión del vídeo. Sin más audio que el ruido de fondo, excepto una frase final de Trump (“nadie construye muros mejor que yo”) con la obvia intención de ridiculizarle.

En ocasiones, ni siquiera se molestan en desarrollar un argumento político o denunciar un aspecto concreto de la conducta del presidente. Se trata de burlarse de él –no es difícil si se recurre a una entrevista reciente en Fox News especialmente delirante–, incluyendo risas enlatadas.

Un recurso clásico de los anuncios republicanos contra los demócratas consiste en compararlos en términos desfavorables con los mitos del pasado, como la generación que luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se puede relacionar esa época con la pandemia del coronavirus estirando al límite el mensaje? Desde luego si el objetivo es describir a Trump como alguien indigno de la presidencia.

Por la misma razón, Trump no es un enemigo que pueda hacer frente a países como China o Rusia. Con Trump en el poder, “China no puede perder” sobre una imagen de la Casa Blanca teñida del peligroso color rojo. Frente a Putin, Trump es débil y sumiso, curiosamente el mismo argumento con el que los republicanos castigaron a los demócratas durante décadas en la Guerra Fría.

La publicidad negativa en forma de breves píldoras visuales es uno de los elementos que más se destaca de las campañas electorales de EEUU. Tanto es así que mucha gente cree que es infalible. Evidentemente, no siempre es así. Cuanto más obvio es tu mensaje, más fácil es que sólo convenza a los ya convencidos. Pero su eficacia aumenta cuando incide en algo que es percibido por todos como un aspecto vulnerable de un candidato, sea por una parte de su programa político o por su personalidad. Y Trump, no sólo a causa de la crisis del coronavirus, ofrece un amplio abanico de posibilidades en este campo.

La mayoría de sus anuncios se distribuye en redes sociales sin mucho coste. Algunos se han emitido en Fox News o en canales de Washington con la intención de que le lleguen a Trump y obligarle a reaccionar. Lo hizo en Twitter y eso permitió a The Lincoln Project recaudar más dinero. En junio, llegó a gastar 1,4 millones de dólares, lo que le permitió llevar los anuncios a televisiones de los estados que serán decisivos o dedicar algunos específicamente a congresistas republicanos cercanos al presidente. En el segundo trimestre de este año, ha recaudado 16,8 millones. Hay muchos grupos de presión que cuentan con más fondos que The Lincoln Project para la campaña, pero pocos obtienen tanto impacto en Twitter y Facebook.

En términos de crispación, son mucho mejores que los anuncios de la campaña de Biden. Aun así, favorecen al demócrata porque el trabajo más sucio ya se lo están haciendo otros.

Trump ha fagocitado por completo a los republicanos aprovechando las tendencias que ya se habían hecho fuertes en el partido desde los años 90. Los republicanos que se autodenominaban Never Trump han quedado con una influencia ínfima en el partido y ahora han descubierto que su mejor campo de acción es el de la propaganda visual en el año electoral. No hay que olvidar que ser muy influyente en redes sociales no significa que vayas a serlo también en el mundo real, y por tanto en las urnas.

Si se trata de jugar sucio y duro en una campaña electoral, resulta difícil superar a los republicanos. Trump ha empezado a descubrirlo.

No mucho tiempo después del entierro de Franco, circuló la broma de que habían colocado una losa de tonelada y media sobre el ataúd para que no pudiera volver a salir. Por si acaso. En 1978, el escritor franquista Fernando Vizcaíno Casas publicó la novela Y al tercer año resucitó, en cuya trama el dictador abandonaba la tumba y se daba unos paseos por la España de la Transición, una excusa para burlarse de la confusión y caos de la nueva democracia. Hubo hasta película con un nutrido reparto con algunos de los actores españoles más conocidos y un cameo de Tip y Coll. El libro vendió centenares de miles de ejemplares. Vizcaíno llegó a vender cuatro millones de todos sus libros al tener un público mayormente derechista ávido de sus tramas satíricas.

La democracia ha tardado mucho en desprenderse de la figura de Franco, más que nada porque es imposible. La historia persigue a todos los pueblos y siempre termina por atraparlos. “La historia no se repite, pero rima”, dice la frase falsamente atribuida a Mark Twain. La intención de olvidarse del pasado, hacer como si no hubiera existido –uno de los rasgos cruciales de la Transición española– es un ejercicio un tanto deshonesto, pero sobre todo inútil. En EEUU llevan más de siglo y medio afrontando las consecuencias de la Guerra Civil (1861-1865) y su legado racista. También en lo que se refiere a la pervivencia de los monumentos dedicados mucho tiempo después a las figuras políticas y militares de la Confederación.

La historia siempre está ahí. En Italia, hubo un partido con amplia representación parlamentaria –neofascista primero, posfascista después– que echaba de menos a Mussolini, con su nieta incluida, o entendía que era una figura lógica en su tiempo. Hay una Francia reaccionaria que nunca creyó que Petain fuera un traidor. En Reino Unido, sectores del Partido Conservador han mantenido durante décadas un discurso sobre la inmigración que no es menos racista que el del nazi Oswald Mosley o del tory Enoch Powell.

Ninguno de esos países cuenta con un mausoleo levantado a mayor gloria de un dictador y financiado con fondos públicos. Esa es la gran diferencia, la anomalía o aberración.

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Los Estados Unidos de Trump ya han conseguido llevarse por delante la reputación de otra institución básica del sistema político norteamericano. El Tribunal Supremo –el último tribunal de apelación en los casos judiciales más importantes y el intérprete de la Constitución– se ha visto contaminado esta semana por el clima de división que sufre el país hasta niveles desconocidos hasta ahora.

No se trata de la primera vez que ocurre algo así. Los debates en el Senado sobre la confirmación de los jueces Robert Bork en los 80 y Clarence Thomas en los 90 ya provocaron escenas de crispación de alta intensidad. Se trata de un proceso muy politizado en el que el presidente elige a un candidato para el puesto vitalicio de miembro del Tribunal Supremo que luego debe ser ratificado por el Senado. En otras épocas, los senadores aceptaban el criterio del presidente al tratarse de un privilegio que le concede la Constitución. Ahora ya forma parte de la pelea política, donde no se concede nada al rival.

A causa de la muerte del juez Scalia, Barack Obama tuvo la oportunidad de nombrar a su sustituto en los últimos meses de su segundo mandato, pero los republicanos se valieron de su control del Senado para negarse a iniciar el proceso de ratificación. Fue una especie de boicot institucional, ante el que la Casa Blanca no pudo hacer nada, con el débil argumento de que era conveniente esperar a que los ciudadanos dieran su veredicto en las elecciones presidenciales de 2016.

Para entonces, llamar a EEUU un Estado disfuncional ya se había convertido en un lugar común.

Aun así, lo ocurrido esta semana ha superado las cotas anteriores de caos y drama. El elegido por Trump para cubrir la última vacante, Brett Kavanaugh, ya contaba con un perfil partidista muy claro. Fue uno de los consejeros del fiscal Kenneth Starr en el proceso de destitución de Bill Clinton, ese 'impeachment' que comenzó con la investigación de un posible delito de tráfico de influencias por una compra de tierras en Arkansas y que acabó con una acusación de perjurio por mentir sobre las relaciones sexuales del presidente con Monica Lewinski.

La primera comparecencia de Kavanaugh ante los senadores fue relativamente normal con las promesas habituales del candidato de continuar el trabajo del Tribunal Supremo y su compromiso de no pretender cambiar decisiones anteriores de muchos años atrás por razones partidistas. Todo el mundo estaba pensando en ese momento en la sentencia Roe vs. Wade que abrió el camino en EEUU a la legalización del aborto.

Aunque los republicanos cuentan con una mayoría ajustada en el Senado (51-49), lo más probable es que Kavanaugh hubiera sido confirmado. Eso iba a producir un giro a la derecha en el tribunal, porque sustituiría a Anthony Kennedy, un juez conservador elegido por Ronald Reagan, pero que se había sumado a los jueces progresistas en algunas sentencias importantes.

Entonces, Christine Blasey Ford decidió contar su historia. Cómo Kavanaugh y un amigo intentaron violarla en una fiesta a principios de los 80 cuando el ahora juez tenía 17 años y Blasey dos menos. Lo hizo además de forma creíble con un testimonio en el que admitía que no podía recordar todos los hechos y dejando claro el terrible impacto psicológico que le había ocasionado el ataque. Probablemente, lo único que le salvó es que sus agresores estaban completamente borrachos.

Hubo un veredicto generalizado, incluso entre republicanos y medios conservadores. El testimonio de Blasey era creíble, algo más que verosímil, precisamente porque no intentaba aparentar que lo recordaba absolutamente todo sobre hechos ocurridos hace décadas.

Los senadores republicanos fueron conscientes de que debían hacer algo imposible: respetar a Blasey y defender al mismo tiempo la inocencia de Kavanaugh. Eso pasaba por reabrir el proceso –las comparecencias ya habían concluido en la Comisión de Justicia del Senado– y convocar a Blasey para que prestara declaración en una sesión pública y también a Kavanaugh para que diera su versión.

La sesión tuvo un impacto dramático. Las palabras de Blasey, cuya voz se quebraba por momentos, tuvieron una fuerza que los republicanos no pudieron contrarrestar.

La credibilidad de Blasey salió reforzada. Uno de los presentadores principales de Fox News afirmó después que había sido un testimonio creíble y emotivo, y que políticamente había supuesto “un desastre para los republicanos”.

Durante la emisión de la vista pública en C-Span, varias mujeres llamaron para contar historias de abusos sexuales como forma de apoyo a Blasey. Una mujer de 76 años entró en antena para relatar que había sido violada cuando era una niña. Nunca lo había contado a nadie.

El país entero se estaba viendo obligado a afrontar la realidad de las agresiones y abusos sexuales sufridas por mujeres a manos de hombres con poder suficiente para salir impunes. Lo que en muchas situaciones significa cualquier hombre.

Kavanaugh se lo jugaba todo en su intervención posterior. Probablemente alentado por la Casa Blanca, optó por una respuesta agresiva hasta el límite. A veces con la cara convulsionada por la ira, negó las acusaciones y denunció que habían intentado destruirle a él y a su familia. En definitiva, se presentó como una víctima.

Políticamente, sus palabras tenían una lectura bastante obvia. Kavanaugh atacó directamente a los que se habían opuesto a su elección, es decir, los demócratas, en términos tan duros que hacen dudar de que vaya a ejercer su cargo vitalicio con la independencia que se le supone a un juez del Tribunal Supremo.

Fue una defensa trumpiana de su reputación, la que le estaba exigiendo Trump. Dijo que la operación política contra él “estaba alimentada por la furia contra el presidente Trump y las elecciones de 2016, el miedo suscitado de forma injusta contra mi carrera judicial, y la venganza en nombre de los Clinton y con millones de dólares recaudados por grupos izquierdistas”.

Un tertuliano de Fox News no habría estado más agresivo. Un portavoz de la Casa Blanca no habría sonado más partidista. Era como si Trump hablara por su boca. Todo lo que había dicho en la primera comparecencia pública sobre su deseo de formar parte de una institución no partidista se fue por el desagüe.

Consciente de lo que esperaba de ellos la Casa Blanca, varios senadores republicanos abandonaron cualquier idea de mesura y respeto por la denunciante para defender después a Kavanaugh en términos nada ambiguos. Pero uno de esos senadores tenía dudas. Uno que no se presenta a la reelección en noviembre.

Este viernes, dos mujeres, víctimas de abusos sexuales, reprocharon airadas al senador Jeff Blake cómo podía votar a favor de alguien como Kavanaugh. Otra escena captada por las cámaras de gran impacto dramático.

Flake votó después a favor de la elección del juez, que salió aprobada por 11 votos contra 10 en la Comisión de Justicia, paso previo antes de la votación en el pleno del Senado. Poco después lanzó la bomba. Reclamó una investigación del FBI durante una semana como condición para votar a favor en el pleno. Otra senadora republicana, cuyo voto a favor de Kavanaugh no estaba asegurado, le secundó. Un senador demócrata, que no se había comprometido a votar en contra, hizo lo mismo.

Blasey había pedido la intervención del FBI. Kavanaugh y la Casa Blanca la rechazaron. Al referirse a hechos de hace varias décadas, la posible responsabilidad penal está prescrita, pero el Departamento de Justicia siempre puede ordenar al FBI que investigue un caso por antiguo que sea.

En ese momento, la confirmación de Kavanaugh estaba casi muerta si no se aceptaban esas condiciones. Los republicanos se vieron obligados a solicitar formalmente la intervención del FBI y la Casa Blanca dio la orden pertinente unas horas más tarde. En un comunicado, Trump dijo que debería ser una investigación “de alcance limitado” y que tendría que completarse en menos de una semana.

El escaso periodo de tiempo limita el trabajo que puedan hacer los agentes. Sólo lo mínimo –tomar declaración a Blasey, Kavanaugh y las personas que los conocían en esa época– puede arrojar más sombras sobre la elección del juez si confirma que el testimonio de ella es creíble. Un informe del FBI que confirme ese extremo, aunque ya no haya responsabilidades penales, terminaría por acabar con las posibilidades de Kavanaugh de ser elegido.

Lo que no querían es que los periodistas documentaran la situación que vive el país a causa de la guerra, incluida la epidemia de cólera. El equipo de Guerin pudo llegar al puerto de Adén tras un viaje en barco de 13 horas. Este fue el resultado de su trabajo.

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Noam Chomsky no es un gran partidario de Partido Demócrata, pero está convencido de que los norteamericanos de izquierda que decidieron no votar a Hillary Clinton cometieron “un gran error”. En primer lugar, por una prioridad moral, para impedir un mal mayor, es decir, la victoria de Donald Trump. En segundo lugar, se refiere a la comparación entre ambos candidatos: “No me gusta nada Clinton, pero sus ideas son mejores que las de Trump en cualquier asunto”.

Le preguntan también por el comentario de Zizek, que dijo que una victoria de Trump provocaría un shock en el sistema y por tanto la posibilidad de cuestionar el status quo. “Un argumento horrible”, responde. “Es el mismo argumento que gente como él utilizó en relación a Hitler a principios de los años 30”.

Si Clinton hubiera ganado, la izquierda podría haberse movilizado para presionarla y que no renegara de las ideas más progresistas de su programa, explica Chomsky. Ahora sólo le queda proteger derechos ya ganados para impedir que sean destruidos, lo que supone un paso atrás.

Chomsky apoyó a Sanders durante las primarias demócratas, pero en enero dijo que si viviera en alguno de los estados decisivos en los que el resultado era incierto, votaría a Clinton.

No importa quien gobierne en la Casa Blanca. Las autoridades creen que sería un error trágico, de consecuencias dramáticas, porque a fin de cuentas para ellos la guerra contra el terrorismo no acabará nunca. Glenn Greenwald destaca un artículo del NYT, marca de la casa, en el que los periodistas de política hacen lo que se espera de ellos, conceder el anonimato a fuentes de la Administración que se dedican a repetir las peores amenazas si parte de la Patriot Act desaparece. Son fuentes anónimas que se dedican a cumplir las órdenes de sus jefes, pero que por alguna razón misteriosa no pueden decir quiénes son.

Y lo que tienen que decir no suena muy original. No cumplir los deseos de la Casa Blanca sería lo mismo que “jugar a la ruleta rusa con la seguridad nacional”.

Al menos esta vez hay personas que han reaccionado como auténticos patriotas para dejarnos claro cuál es el escenario que nos espera a partir de la próxima semana. Prepárense para lo peor.

Anatoly Klyan, de 68 años, es el tercer periodista ruso que ha muerto en Ucrania. En las imágenes se ve a Klyan en sus últimos momentos cuando está siendo evacuado. Está en un autobús en un viaje organizado por un grupo prorruso con destino a una base militar. También estaban madres de soldados ucranianos que pretendían convencer a sus hijos para que abandonaran la base.

Cuando el autobús se acercó a la base de noche, comenzaron los disparos procedentes de la base, con lo que tuvo que retroceder. Unos 500 metros más atrás, el vehículo paró y algunos de sus pasajeros bajaron para fumar un cigarrillo. En ese momento, la zona se iluminó por el lanzamiento de una bengala y el grupo volvió a ser tiroteado.

Klyan recibió un tiro en el estómago. Trabajaba como cámara para el primer canal de la televisión pública rusa.

Según sus compañeros, cuando le sacaron del autobús, sus últimas palabras fueron: “La cámara. La cámara”.

“La muerte de un periodista ruso muestra una vez más que las fuerzas de seguridad ucranianas no quieren un descenso del conflicto armado en la zona oriental y que están bloqueando un ya frágil alto el fuego”, ha dicho el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

En una entrevista para eldiario.es, Ahmed Rashid me recuerda que, antes que preocuparnos por el inicio de la retirada militar norteamericana de Afganistán en 2014, hay que prestar más atención a las próximas elecciones afganas y al riesgo de que un nuevo fraude electoral provoque una situación similar a la de 1992, una guerra civil entre pastunes y no pastunes (tayikos, uzbekos y hazaras).

Desde 2001, nada se ha hecho para construir en Afganistán un sistema político que dé estabilidad al país y que permita a cada comunidad llegar a la conclusión de que es factible y deseable contar con instituciones comunes en las que puedan defender pacíficamente sus intereses respectivos. No es importante que no se hayan implantado partidos políticos de corte occidental, porque eso es imposible, pero sí que no haya una conciencia política que trascienda las líneas divisorias étnicas y culturales. Pastunes contra no pastunes (encabezados por los tayikos) sigue siendo el campo de batalla principal.

La debilidad de Karzai como líder es uno de los factores que destaca Ahmed Rashid. Profundizar las negociaciones con los talibanes hubiera sido un elemento positivo bajo la idea de integrar a la mayoría de los insurgentes en el campo pastún dispuesto a colaborar en la construcción del Estado, pero ahí fueron los norteamericanos los que en la práctica plantearon un veto, según Rashid.

Siempre se dice que Washington nunca permitirá una victoria de los talibanes en Afganistán después de su retirada, pero la alternativa más probable no es esa sino una nueva partición de hecho del país en una guerra que repita lo ocurrido a partir de 1992. En realidad, todo lo ocurrido desde 2001 no es más que una continuación de lo que empezó entonces.

La retirada de los soviéticos en 1989 dejó un Gobierno más fuerte que el de Karzai, y con pleno apoyo militar de Moscú desde fuera, pero era cuestión de tiempo que acabara siendo doblegado por su falta de legitimidad.

--¿Qué diferencias hay entre lo que ocurrió tras la retirada de las tropas soviéticas y la situación actual? ¿Entre Najibullah y Karzai?

--Najibullah era un líder fuerte. Reconstruyó el Ejército afgano con la ayuda de un grupo competente de oficiales comunistas. Pero abandonó las políticas comunistas y adoptó políticas nacionalistas. Intentó presentar a los muyahidines como marionetas de Pakistán. Karzai está intentando lo mismo: presentar a los talibanes como marionetas de Pakistán, pero su forma de ejercer el liderazgo ha sido muy débil. Él no es como Najibullah y recuerde que Najibullah aguantó tres años.

En Der Spiegel, hay un largo reportaje escrito en Herat sobre la recuperación de la legitimidad de los caudillos regionales (dicho de forma menos elegante, los antiguos señores de la guerra) a partir de la figura de Ismail Khan. Su control de la zona occidental del país no se ha visto afectado por el hecho de que Karzai y EEUU intentaron sacarlo de allí y llevarlo a Kabul para convertirlo en ministro de Agua y Energía. Dice mucho de la reconstrucción que dos asuntos tan básicos para la infraestructura civil del Estado recayeran durante ocho años en alguien a quien no le interesaban lo más mínimo, porque su prioridad continuaba siendo la misma: ser el protector de los intereses de los tayikos de Herat.

Por todo ello, no es extraño que desde el anuncio de la retirada norteamericana el precio de los kalashnikov haya subido y el del suelo se haya hundido en Herat.

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Península publica en España el último libro de Ahmed Rashid: 'Pakistán ante el abismo. El futuro de EEUU, Pakistán y Afganistán'.

La mano tendida de Israel que los palestinos se obstinan en rechazar, decía anoche el embajador israelí en la ONU. Hoy tenemos otro ejemplo de esa mano... en forma de puño. La respuesta a la inclusión de Palestina como Estado observador de la ONU ha sido autorizar la construcción de 3.000 viviendas más en distintas zonas de Jerusalén Oriental y Cisjordania. Ante la duda, más asentamientos.

Es más significativo que se incluya en la represalia por lo ocurrido en Naciones Unidas la decisión de acelerar la planificación previa a la futura construcción de viviendas en la zona llamada E-1, el término administrativo con que se denomina a la zona que va desde el noreste de Jerusalén hasta el oeste del asentamiento de Ma'ale Adumim.

Según la organización pacifista Paz Ahora, poblar E-1 en la práctica supone acabar con toda posibilidad de acuerdo basado en una solución de dos estados. Conectar las dos ciudades convertiría en imposible que un hipotético Estado palestino tuviera continuidad geográfica.

Los gobiernos israelíes siempre han prometido a Washington que no construirán en E-1. Ambos países conocen las consecuencias de un paso como ese. Jugar con esa zona es la idea que tiene Netanyahu sobre una actitud abierta a negociaciones. Si te mueves, le quito la anilla a la granada de mano.

El asalto a la embajada británica en Teherán ha concluido aparentemente sin heridos y con el personal diplomático y administrativo a salvo, según un comunicado de William Hague. El Ministerio iraní de Exteriores ha pedido disculpas, pero la complicidad de las fuerzas de seguridad parece bastante clara. La manifestación estaba anunciada, con lo que la Policía no puede decir que le pillara por sorpresa. No se enviaron antidisturbios a proteger la legación, y en un primer momento, los policías permitieron que los asaltantes saltaran la verja. Sólo después, cuando algunos comenzaban a salir, cambió algo de actitud.

Hague ha dicho que habrá consecuencias por esta acción. Mañana anunciará las medidas en una comparecencia en el Parlamento.

El incidente, que es una violación de la Convención de Viena sobre la integridad de las reprentaciones diplomáticas, es un capítulo más de la guerra no declarada que enfrenta a Irán con EEUU y el Reino Unido. Hace tiempo que el intento de impedir el progreso del prograna nuclear iraní y la futura fabricación de armas nucleares ha pasado de las protestas y sanciones a las acciones violentas.

El motivo de la manifestación era recordar el asesinato hace un año del científico nuclear Majid Shahriari. Teherán no sabe quién está detrás de este y otros atentados similares, el Mossad, la CIA, el MI6 o grupos armados opuestos al régimen financiados por Occidente. Los incidentes continúan. Hace dos semanas, se produjo una fortísima explosión en una base militar a 45 kilómetros de Teherán. Murieron 17 miembros de los Guardianes de la Revolución, entre ellos el general Hassan Moghadam, considerado el principal responsable del programa iraní de misiles.

La versión oficial es que se trató de un accidente durante el transporte de municiones. Qué hacía un general tan cerca de una actividad tan poco importante es algo que no se llegó a explicar. Quizá sea verdad o quizá el régimen no quiso dar imagen de vulnerabilidad ante sus enemigos. Nadie puede impedir el asesinato de un científico nuclear, pero aceptar que una instalación militar de gran importancia puede ser atacada de esta manera revela que la organización militar más poderosa del país no es omnipotente.

Ayer se produjo otra explosión en Isfahan, donde se encuentran varios centros de investigación nuclear. Se escuchó por toda la ciudad. Por lo que sé, no se ha dado hasta ahora una explicación convincente de su origen.