El Estado Constitucional opera con base en dos presunciones: la presunción de constitucionalidad de la ley y la de legitimidad del acto administrativo. En ambas descansa la “seguridad jurídica”. Todas las leyes aprobadas por el poder legislativo son constitucionales. Todos los actos administrativos del poder ejecutivo son legítimos. 

Se trata, obviamente, de dos presunciones que admiten prueba en contrario. Una ley puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional y puede ser declarada anticonstitucional. Pero mientras no intervenga el tribunal, resolviendo un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, la Ley se presume constitucional. La destrucción de la presunción de constitucionalidad de la ley está reservada de manera exclusiva y excluyente al Tribunal Constitucional. 

Casi la totalidad, más del 99%, de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y publicadas en el BOE no son impugnadas ante el Tribunal Constitucional y operan con base en la presunción de constitucionalidad. Si cada ley que se aprueba por el poder legislativo tuviera que acreditar su constitucionalidad cada vez que se aplica, el ordenamiento jurídico quedaría paralizado. 

Lo mismo ocurre con la presunción de legitimidad del acto administrativo. El poder ejecutivo está generando de manera permanente actos administrativos que pueden ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que puede anularlos. Pero, mientras no sean recurridos y no haya sentencia del tribunal contencioso-administrativo, el acto administrativo se presume legítimo. Únicamente la jurisdicción contencioso-administrativa puede destruir dicha presunción de legitimidad. Es así, porque, si la Administración Pública tuviera que acreditar la legitimidad de cada paso que da, se quedaría inmóvil. 

Sin las presunciones de constitucionalidad y de legitimidad, los órganos constitucionales de naturaleza política no podrían dar cumplimiento a las funciones que tienen constitucionalmente encomendadas y el Estado entraría en un proceso de descomposición. 

La seguridad jurídica existe porque las presunciones de constitucionalidad de las leyes y de legitimidad de los actos administrativos únicamente pueden ser destruidas por la justicia constitucional y por la justicia administrativa. Mientras estas no actúen, todos los operadores jurídicos sin excepción están sometidos a lo que en ellas se dispone.

Esta introducción viene a cuento del reciente Auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo mediante el cual se han establecido medidas cautelares respecto del ejercicio del derecho de sufragio por parte de personas que habían adquirido la nacionalidad española o estaban en trámite de adquirirla de conformidad con la Disposición Adicional octava de la Ley de Memoria Histórica y la instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y de Fe Pública.

La Ley de Memoria Histórica y la Instrucción administrativa son el derecho vigente para la adquisición de la nacionalidad de las personas comprendidas en su ámbito de aplicación. Ni la Ley ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional, ni la Instrucción ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La presunción de constitucionalidad de la primera y la de legitimidad de la segunda están intactas.

Quiere decirse, pues, que no existe obstáculo, ni grande ni pequeño, que se interponga en el proceso de reconocimiento de la nacionalidad española a las personas destinatarias de la Ley de Memoria Histórica y de la Instrucción administrativa complementaria de la misma. Dado que la nacionalidad comporta la titularidad y el ejercicio del derecho de participación política mediante el ejercicio del derecho de sufragio, es obvio que no se les puede privar del mismo. Ni mediante medidas cautelares, ni de manera provisional, ni de ninguna forma. La dignidad humana y el derecho de sufragio son los elementos constitutivos de la igualdad constitucional y, por tanto, de la ciudadanía. 

Así lo entendió inicialmente la Junta Electoral Central cuando tuvo que pronunciarse sobre el recurso interpuesto por Iustitia Europa contra la inclusión en el censo electoral de las personas que habían adquirido la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria histórica tras haber recorrido el proceso articulado en la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica.

La Junta Electoral Central decidió que no era ni “juez de la constitucionalidad” de la Ley de Memoria Histórica, ni “juez de la legitimidad” de la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica. 

O, dicho de otra manera, que no era competente para resolver el asunto que se sometía a su consideración. Las leyes y las normas que las desarrollan son de obligado cumplimiento, mientras no hayan sido anuladas por la justicia constitucional y la justicia administrativa, que es lo que ocurre en este caso.

Esta decisión de la Junta Electoral Central no es recurrible ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo por quienes habían solicitado que no se inscribieran en el censo electoral las personas que habían adquirido la nacionalidad por la vía prevista en la Ley de Memoria Histórica. 

Y no lo es, porque quienes interponen un recurso no tienen derecho a que se les dé la razón, sino a que se les dé una respuesta jurídicamente motivada, que es lo que hizo la Junta Electoral Central. 

La decisión de la Junta Electoral Central hubiera podido ser recurrida por quienes han adquirido la nacionalidad, si el órgano supremo de la Administración Electoral hubiera atendido el recurso de Iustitia Europa y les hubiera privado del ejercicio del derecho de sufragio. Una decisión estimatoria del recurso de VOX sí hubiera podido ser recurrida. Una decisión desestimatoria como la que se produjo no puede serlo.     

La lógica es la misma que la del recurso de amparo, que está en el ordenamiento para reclamar contra la privación de un derecho fundamental, pero no para exigir que se condene a quien la justicia ordinaria no ha condenado. 

Exactamente esto es lo que ha ocurrido con el Auto de medidas cautelares del Tribunal Supremo. Vox solicita de la Sala de lo Contencioso Administrativo que, puesto que la Junta Electoral Central no ha privado a los que han adquirido la nacionalidad del derecho de sufragio, sea ella quien lo haga.

Es una suerte de amparo invertido o de “contra amparo”. A mí no se me ha privado de ningún derecho, pero como no he conseguido que la Junta Electoral Central prive del ejercicio del derecho de sufragio a las personas que han adquirido la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, solicito que sea la Sala del Tribunal Supremo la que lo haga.

El recurso de VOX no debería haber sido admitido a trámite. VOX no está pidiendo que se le reponga en el ejercicio de un derecho del que ha sido indebidamente privado, sino que está pidiendo que se prive del ejercicio del derecho de sufragio a personas que han adquirido la nacionalidad española en la forma prevista en la Ley de Memoria Histórica. Solicita que se penalice a quienes la Junta Electoral Central no ha penalizado. Es un recurso “vengativo”.

El Auto es un ejercicio desviado de la potestad jurisdiccional. Con la Ley de Memoria Histórica intacta y con la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica también intacta, el recurso no podía ser admitido a trámite. Lo único que la Sala podría haber hecho es elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, a fin de que o bien fuera declarada anticonstitucional la Disposición Adicional Octava de la Constitución o bien se hiciera un “interpretación conforme a la Constitución” de la misma que excluyera que se pudiera hacer uso de dicha vía de adquisición de la nacionalidad mediante el procedimiento previsto en la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica. Nada de eso se ha hecho. 

Pienso que es un asunto de tal gravedad que sería necesario que la fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo recurrieran en amparo al Tribunal Constitucional, con la finalidad de impedir que se consume una operación masiva de privación del ejercicio de derecho de sufragio como la que se ha puesto en marcha. 

En todo caso, José Antonio Martín Pallín, Joaquín Urías y yo nos ofrecemos a cualquier persona que se haya visto afectada por las medidas cautelares para redactar el recurso de amparo.                

La democracia no consiste en el ejercicio del derecho de sufragio, pero el derecho de sufragio es la piedra angular de la democracia. El derecho de sufragio es el derecho constitutivo de la igualdad. En esto se diferencia de todos los demás. Y es así, porque el derecho de participación política mediante el ejercicio del derecho de sufragio es el único de los derechos fundamentales constitutivo directamente de la ciudadanía. El único del que no pueden ser titulares los extranjeros en los Estados democráticamente constituidos. De ahí que la definición constitucional de la igualdad incluya el componente nacional. “Los españoles son iguales…”, dice el artículo 14 de la Constitución. Como los franceses en Francia y así sucesivamente.

En todas las democracias dignas de tal nombre los ciudadanos son titulares en condiciones de igualdad de todos los derechos reconocidos en la Constitución, pero en lo que al ejercicio del derecho de sufragio se refiere, son “más iguales” que en el ejercicio de los demás. 

Por dos motivos: el primero por lo que se acaba de decir, porque es del único derecho del que los ciudadanos son titulares de manera excluyente; y el segundo, porque el momento de depositar el voto en la urna es el único momento de “igualdad real” que hay en la vida de los seres humanos en las sociedades democráticamente constituidas. Por eso, es el derecho constitutivo de la democracia. 

Todos los seres vivos son individuos únicos. No solamente los seres humanos, sino todos. El reino de la naturaleza animada es el reino de la individualidad. No hay dos seres vivos que hayan compartido jamás el mismo código genético. 

En el reino de la naturaleza animada no existen, por tanto, ni la igualdad ni la desigualdad, sino únicamente la diferencia. Todos los seres vivos son individuos únicos, diferente cada uno de ellos de todos los demás. La vida se expresa en el planeta como la coexistencia de un número lo más parecido al infinito de individuos diferentes.

La diferencia no se expresa, sin embargo, en todos los seres vivos de la misma manera. Los seres humanos somos los únicos seres vivos que hemos creado las categorías para clasificar a los demás seres vivos, diferenciarlos en especies y para estudiar las diferencias entre los individuos de una misma especie, con la finalidad de obtener un mejor rendimiento del conocimiento de dicha individualidad en nuestro propio beneficio. Vacas que produzcan enormes cantidades de leche, caballos de carrera y así sucesivamente.

En el conocimiento al que hemos llegado hasta el momento de la vida en el planeta, hemos llegado a la conclusión de que los individuos de todas las demás especies animales no necesitan, para coexistir, explicarse el cómo y el porqué de sus diferencias individuales, ni regular, en consecuencia, la forma en que deben producirse las relaciones entre las mismas. 

Hemos llegado a la conclusión, por el contrario, de que los seres humanos no podemos “coexistir” sin “convivir”, es decir, sin explicarnos a nosotros mismos el porqué y el cómo de nuestras relaciones. La coexistencia humana exige “la gestión” de las diferencias individuales. 

Para ello, hemos necesitado “inventar ficciones” con las que dar forma a dicha “gestión”. La vida de los seres humanos descansa en “ficciones”, que no son mentiras, sino “entes de razón” inventados por nosotros mismos para poder transitar de la “pura coexistencia animal” a la “convivencia humana”. Es nuestra capacidad fabuladora, nuestra capacidad de inventar “ficciones”, lo que nos ha permitido realizar dicho tránsito.

La Política y el Derecho son los “sistemas de ficciones” a través de los cuales los seres humanos en cada momento histórico nos hemos explicado y, a través de la explicación, hemos justificado nuestro modelo de convivencia. La Política y el Derecho es lo que nos “constituye” como seres humanos, lo que nos diferencia radicalmente de los demás individuos del reino animal. 

Todos los “sistemas de ficciones” políticos y jurídicos que han existido a lo largo de la historia han descansado en “una ficción básica: la desigualdad o la igualdad”.

El paradigma aristotélico de la “esclavitud por naturaleza” es el primero. Los seres humanos no solamente son diferentes, sino que la diferencia cristaliza en desigualdad. Desde el nacimiento unos nacen para regir y otros para ser regidos y, para estos últimos, “la esclavitud es conveniente y justa”.

En torno a este paradigma aristotélico gira la reflexión política hasta mediados del siglo XVII. De ahí que la teoría política hasta ese momento no se interrogue por qué es necesario el poder. El poder es resultado de la diferencia natural entre los seres humanos categorizada como desigualdad. El poder es algo “natural” sin el que la convivencia humana no sería posible. Cuando las diferencias entre los seres humanos se explican con base en la desigualdad, preguntarse por el origen del poder resulta superfluo. 

Es Hobbes, en el capítulo XIII de “El Leviathan”, el que pondrá en cuestión dicho paradigma aristotélico y propondrá la alternativa del paradigma de la igualdad. Por mucha que sea la diferencia entre unos seres humanos y otros en lo que a fuerza física o rapidez de la inteligencia se refiere, no hay nada que permita definir esa diferencia como desigualdad. Las diferencias individuales no pueden cristalizar en estatus jurídicos diversos.

De ahí que, a partir de ese momento, el problema de por qué es necesario el poder se convierta en el primer interrogante en torno al cual gira la reflexión política y, como consecuencia de ello, también la jurídica. Si la desigualdad excluye la interrogación sobre el origen del poder, la igualdad exige todo lo contrario. Entre individuos “iguales” y, como consecuencia de ello “libres”, (la libertad es una derivación de la igualdad y no a la inversa) únicamente puede haber una forma de relación: el acuerdo de voluntades, el pacto, el contrato. ¿Por qué entre individuos que se relacionan de esta manera, tiene que existir el poder? ¿Por qué no puede, por decirlo con palabras del propio Hobbes, haber “paz sin sujeción”?

En ese momento es en el que Hobbes introduce en la teoría política la “competencia universal” que ya apuntaba en las primeras formas de manifestación del capital como principio de constitución económica, en la forma de tesis antropológica, “homo homini lupus” (el hombre es un lobo para el hombre). C.B. Macpherson dedicó “La Teoría política del individualismo posesivo” a explicar esa conexión originaria entre el Capital y el Estado no como elementos constitutivos, sino como “los” elementos constitutivos del mundo contemporáneo. Dicha tesis antropológica conducirá a la definición del Estado como un Leviathan, como un poder único que no admite la existencia de competidores. Ahí está el germen del Estado como “el monopolio de la coacción física legítima” en la síntesis clásica de Max Weber ya entrado el siglo XX, que es la que figura en todos los manuales de Derecho Constitucional y de Ciencia Política.  

Con base en la igualdad únicamente caben dos formas políticas: la Anarquía o el Estado. Los seres humanos solamente podemos ser iguales o porque nadie está sometido a ningún poder o porque todos estamos sometidos por igual al mismo poder. 

La anarquía es una forma política intelectualmente muy atractiva. Es la dificultad, por no decir imposibilidad, de articularla técnicamente, la que ha conducido a que sea descartada. Pues las formas políticas tienen que ser no solamente intelectualmente pensables, sino también técnicamente articulables. La anarquía, por definición, no puede serlo. Como tampoco lo han sido las Utopías, a pesar de tener detrás una tradición intelectual muy poderosa.

Ahora bien, la igualdad no solamente exige la constitución de un poder político con el monopolio legítimo del ejercicio de la fuerza, sino que exige que se lo constituya de manera coherente con la individualidad radical de todos los seres humanos. Los seres humanos como individuos tienen que participar en la construcción del Estado. La fórmula será el contrato social, el contrato, dice Hobbes, de “cada hombre con cada hombre”. En realidad, Hobbes debería haber dicho “ser humano”, pero dice “hombre”, porque el contrato social originario es un contrato masculino, lo que explica muchas cosas de lo que ha pasado después. Pero esa es otra historia. El Estado no es un “ente natural”, sino una forma política “artificial”, “resultado de la técnica del hombre”, dice textualmente Hobbes.

De esta explicación del Estado a partir del principio de igualdad y de la igual participación de todos los individuos en su constitución se deriva la separación del poder político de la propiedad privada. Aquí está el secreto de la superioridad del Estado sobre todas las demás formas políticas previas que habían existido a lo largo de la presencia humana en el planeta. El poder político había sido siempre un correlato de la propiedad privada, fundamentalmente de la propiedad de la tierra. A esto es a lo que pone fin el Estado Constitucional.

El Estado no es de nadie y, como consecuencia de que no es de nadie, tiene que ser de todos. Desde su origen hobbesiano el Estado es un poder político con vocación democrática, aunque tal vocación necesitará un largo recorrido para imponerse. Porque con el Estado se produce la separación del poder político de la propiedad privada, pero el Estado no suprime la propiedad privada. Todo lo contrario. El Estado, como ya he adelantado, acabará descansando sobre la forma más extrema de propiedad privada, la propiedad privada como capital. El Estado se ha impuesto a todas las formas anteriores de organización del poder político, porque el Capital se ha impuesto a todos los principios de constitución económica anteriores.  

El Estado como un poder de todos, como una democracia, ha tenido que librar una batalla permanente contra la propiedad privada. Contra la propiedad privada de la tierra desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XIX e incluso las primeras décadas del siglo XX, y contra la propiedad privada como capital, fundamentalmente industrial y financiero, a continuación. 

Fueron necesarias las Revoluciones inglesas del siglo XVII, las Revoluciones Americana y Francesa del siglo XVIII, la Revolución de 1848, la primera guerra civil europea en la forma de la guerra franco-prusiana de 1870-71 y las dos Guerras Mundiales del siglo XX y un largo etcétera, para que el principio de legitimidad democrática a través del reconocimiento del sufragio universal (también femenino, que en Francia solo se alcanzó en 1946), se impusiera de manera incuestionable. Fue necesaria la “Guerra Fría” para que acabara imponiéndose también en la parte oriental del continente europeo y se pudiera constituir a continuación la Unión Europea. Hoy ya nadie discute el principio de legitimación democrática como fundamento del Estado ni el sufragio universal como vehículo a través del cual se expresa dicho principio. 

La fuerza del sufragio universal radica en algo que dejé dicho antes y que quiero retomar ahora. El momento de depositar el voto en la urna es el único momento de “igualdad real” en el ejercicio de los derechos fundamentales. Es algo en lo que también se diferencia de todos los demás sin excepción. En todos los demás derechos fundamentales somos iguales en la titularidad, pero no en el ejercicio. A través del ejercicio de los derechos fundamentales los ciudadanos no expresan su igualdad, sino su diferencia, su individualidad. Cada ser humano ejerce cada uno de los derechos como le parece apropiado. Ese ejercicio diferenciado da vía al “libre desarrollo de su personalidad”, al derecho “a no ser una fotocopia del vecino”, por utilizar la expresión de Fernando Savater.

Con el ejercicio del derecho de sufragio ocurre todo lo contrario. Todos tenemos que estar inscritos en el censo electoral, tenemos que ejercer el derecho en el día fijado por la autoridad que convoca las elecciones, en las mesas electorales determinadas por la Administración Electoral, en una franja horaria establecida por la ley y así sucesivamente. 

Más todavía, el derecho de sufragio se ejerce de manera individual, pero el sufragio no puede ser personalizado. Todos tenemos que elegir una papeleta de un partido en el que figuran los candidatos en un determinado orden, sin poder introducir ningún cambio en la misma. 

Es obvio que el ciudadano que ejerce el derecho de sufragio puede estar de acuerdo con la parte de un programa electoral de un partido que no figura en el programa del partido por el que va a votar. O puede que le resulte más convincente el candidato de otro partido o que preferiría que el orden en la lista que va a votar fuera distinto. Pero no puede hacer nada. Si incluyera en su voto alguna de estas preferencias personales, el voto sería nulo. La expresión de su personalidad en el ejercicio del derecho de sufragio, lo anula. Justamente lo contrario que ocurre con el ejercicio de todos los demás derechos.

El ejercicio del derecho de sufragio supone, pues, la cancelación de nuestra individualidad en el momento de depositar el voto en la urna. Cada votante es un individuo con toda la complejidad de que es portador. Cada uno de ellos está preocupado por una combinación absolutamente singular por la estructura del Estado y la existencia de los nacionalismos, la precariedad laboral, la seguridad ciudadana, la calidad de la enseñanza, el cambio climático, el invierno demográfico, la privatización de la sanidad, la presión tributaria, el futuro de las pensiones, la pornografía en internet y un largo etcétera, pero en el ejercicio del derecho de sufragio tiene que prescindir de dicha complejidad, para pasar a ser una fracción anónima de un cuerpo elector único a través del cual se constituye la “voluntad general”. Sin dicha cancelación de la individualidad la formación de la voluntad general sería imposible. O lo que es lo mismo, sería imposible la democracia como forma política.

De dicha cancelación de la individualidad procede la enorme fuerza del derecho de sufragio. El derecho del sufragio lo ejercen individuos diferentes, pero lo ejercen no en lo que tienen de individuos distintos, sino en lo que tienen de ciudadanos iguales. Es el único derecho fundamental en el que se produce ese desdoblamiento de la personalidad. Quien se aproxima a la urna es un individuo con preferencias propias sobre los más diversos problemas que se plantean en la convivencia. En el momento en que deposita el voto, todas las preferencias quedan canceladas, para reaparecer inmediatamente después. Esta es la razón por la cual, ejercido de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Electoral, el ejercicio del derecho de sufragio no sea impugnable. No hay ninguna circunstancia personal incluida en el derecho de sufragio que pueda afectar al resultado electoral una vez que ha sido proclamado por la Administración Electoral. La voluntad general es el resultado de un todo compacto que carece de grieta individual alguna a través de la cual se lo pudiera poner en cuestión. Frente a esa voluntad general todas las demás voluntades presentes en el universo político-jurídico son voluntades particulares. Absolutamente todas.

La ficción de la “voluntad general” constituida mediante el ejercicio del derecho de sufragio es “el dogma” de la democracia. Se puede estar en desacuerdo con la democracia como forma política. Pero, si se está de acuerdo con ella, no se puede no estar con la ficción en la que descansa.

De lo que se lleva expuesto se deduce fácilmente por qué la democracia ha sido un producto histórico muy tardío. La articulación de una forma política con base en el derecho de sufragio es algo tan complejo que han hecho falta muchos milenios para que pudiera producirse. Todavía hay muchos países que no la han conocido. Y en los que están ahora mismo constituidos como países democráticos, no ha sido infrecuente que no lo consiguieran en su primer intento, sino que fracasaran y tuvieran que intentarlo de nuevo.

También puede fácilmente entenderse de lo que se lleva dicho que el principio de legitimación democrática no se ha expresado nunca de forma pura en ningún sitio. Se ha ido imponiendo en cada país como ha podido. No hay norma general que haya presidido ese proceso, excepto la tendencia general a su universalización. La historia de la imposición de la democracia en cada uno de los países que ha conseguido constituirse como tal es distinta, así como lo es su articulación constitucional. No hay dos que sean iguales.

Ahora bien, si es verdad que no hay ningún país en el que se haya expresado de forma pura el principio de legitimación democrática, también lo es que los Estados Unidos de América ha sido “el país indispensable”, el único país indispensable, para que la democracia como forma política acabara siendo aceptada de forma generalizada, si no como la mejor, sí como la menos mala de todas las formas políticas conocidas.

La democracia es inseparable de la experiencia político-constitucional de los Estados Unidos de América. No hay ningún otro país del que se pueda decir lo mismo. 

Esta es la razón por la que la democracia se encuentra en una encrucijada. Hace unos años era casi inimaginable que los Estados Unidos dejaran de ser una democracia. Hoy no hay día en que, en la firma de libros, ensayos publicados en revistas científicas o artículos en periódicos no se trate expresamente del tema. Incluso llegando a darse por supuesta ya que no existe siquiera encrucijada, porque los Estados Unidos ya han dejado de ser una democracia. No es mi caso. 

Las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre están siendo consideradas como el momento temporal en el que se decidirá en qué dirección se despeja la encrucijada. Y no por casualidad, sino porque el propio Donald Trump ha centrado en dichas elecciones su “Open Revolt Against the Constitution” (Jamelle Bouie. The New York Times. 30 de agosto 2026)

La relación de Donald Trump con el ejercicio del derecho de sufragio es el típico ejemplo de “homenaje del vicio a la virtud”. No hay, probablemente, nadie que tenga una opinión tan acertada del valor del derecho de sufragio, como la que tiene el presidente norteamericano. Sabe que es el único obstáculo que puede ser insuperable para alcanzar sus objetivos políticos. De ahí que nunca haya estado dispuesto a aceptar el resultado electoral si no le era favorable. 

Ya en las elecciones de 2016, que nunca pensó que iba a ganar, dijo públicamente que no reconocería el eventual triunfo de Hillary Clinton. En 2020 sabemos como reaccionó intentando asaltar el Capitolio el mismo día en que se tenía que certificar el triunfo de Joe Biden. Tras su reelección en 2024 Donald Trump, en estrecha conexión con el Tribunal Supremo, está poniendo en marcha una estrategia para “controlar” el resultado electoral, mediante el gerrymandering y, sobre todo, mediante el control del voto por correo. La orden ejecutiva firmada por Donald Trump prohíbe al Servicio Postal enviar las papeletas de voto a los ciudadanos que no figuren en las listas elaboradas por las agencias federales. A través de dichas agencias y del Servicio Postal Donald Trump pretende definir el “censo electoral” para el voto por correo. Bastaría hacer un uso selectivo del mismo en determinados Estados para hacer imposible que el partido demócrata pudiera ganar las elecciones. 

La Corte Suprema le ha permitido, por ahora, seguir con sus planes, aunque hay jueces federales en diversos Estados que se están oponiendo. Ya veremos qué ocurre de aquí al 3 de noviembre. Pero la estrategia está operativa. Si el fraude electoral que está planificado consigue imponerse, entra dentro no solo de lo posible, sino de lo probable, que el sistema político democrático estadounidense se deslice por una pendiente hacia la descomposición que no sea reversible. 

Si la caída del Muro de Berlín puso fin a la credibilidad del comunismo como opción política, las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos pueden poner fin a la credibilidad de la democracia. Empezaríamos a vivir simultáneamente en un mundo poscomunista y posdemocrático. 

Si Estados Unidos fue la primera democracia, España ha sido el último país de Europa Occidental en constituirse democráticamente después de la Segunda Guerra Mundial y se constituyó con una herencia fascista en su interior. Esos restos del fascismo tienen la misma aversión al derecho de sufragio que tiene Donald Trump. De la misma manera que Donald Trump, con la colaboración de la Corte Suprema está intentando manipular el ejercicio del derecho de sufragio, instituciones que son excrecencias del franquismo que actúan como acción popular y partidos políticos herederos del Antiguo Régimen, como PP y VOX, con la colaboración del Tribunal Supremo, también están intentando suspender el ejercicio del derecho de sufragio reconocido mediante la Ley de Memoria Democrática.

Donald Trump y la Corte Suprema, Feijóo/Abascal y el Tribunal Supremo son parte de ese nuevo “desorden mundial”, que se nos está viniendo encima al que el New York Times está dedicando una serie con la que ha abierto el 1 de septiembre el curso político.

Esto es lo que el auto de medidas cautelares del Tribunal Supremo sobre la suspensión del ejercicio del derecho de sufragio de las personas que han adquirido la nacionalidad mediante la vía prevista en la Disposición Provisional Octava de la Ley de Memoria Histórica, ha dejado meridianamente claro.

En el acto solemne de apertura del año judicial la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, la Excelentísima Sra. Isabel Perelló, ha manifestado su preocupación por la crítica de las resoluciones judiciales por quienes son portadores de responsabilidades institucionales, llegando a afirmar que tal crítica debilita la confianza de los ciudadanos en la justicia y supone un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción.

Cito textualmente: “Cuando una crítica a una resolución judicial se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto: se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la justicia. Y si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor… No es admisible que la descalificación pública a los jueces se convierta en instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción”.

Se entiende perfectamente la preocupación de la Sra. Perelló. La descalificación personal de un juez o de los jueces y magistrados que integran un tribunal no es un asunto de menor importancia. Afecta o puede afectar a la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en la justicia y puede suponer una presión sobre el órgano judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Ahora bien, el poder judicial es un poder del Estado y el ejercicio de la función jurisdiccional por los jueces y magistrados que lo integran tiene que poder ser sometido a crítica, como pueden serlo los que ejercen el poder legislativo o el poder ejecutivo. La crítica pública de todas las manifestaciones del ejercicio del poder es una exigencia insoslayable de la democracia como forma política.

Es obvio que la crítica tiene que hacerse de la manera más objetiva y razonable posible. Tanto la crítica de quienes ejercen la potestad legislativa y ejecutiva, como la de aquellos que son portadores del poder judicial del Estado. Los miembros del consejo de ministros o los de las Cortes Generales tienen el mismo derecho que los jueces y magistrados a ser criticados sin descalificaciones personales. No hay un solo artículo en la Constitución que diferencie la crítica de los unos respecto de los otros. Todos pueden ser criticados y todos deben serlo de la manera adecuada. 

Para que la crítica no contenga descalificaciones personales, es importante que quien ejerce el poder que tiene constitucionalmente encomendado se respete a sí mismo en el ejercicio de dicho poder y se adecue en su conducta a la función que tiene constitucionalmente encomendada. Cuando esto no se produce y el titular del poder lo ejerce desviadamente, es difícil que pueda exigir que se le respete. 

Esta perspectiva es la que ha estado ausente por completo en el discurso institucional de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en la apertura del año judicial.

Me permitiría preguntarle lo siguiente. Cree que merecen respeto los Magistrados de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que ha dictado el auto de medidas cautelares, en el que desvincula la “obtención de la nacionalidad” mediante el procedimiento previsto en la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria histórica, del ejercicio del derecho de sufragio por quienes la han obtenido de esa manera. ¿Se puede obtener la nacionalidad, que la misma Sala reconoce, y no poder ejercer el derecho de sufragio? Seguro que usted sabe que el derecho de sufragio es un elemento constitutivo de la nacionalidad. La dignidad humana y la participación mediante el ejercicio del derecho de sufragio en el proceso de formación de la voluntad general son los dos elementos constitutivos de la nacionalidad. Elementos constitutivos de la igualdad constitucional. Por eso, somos iguales los españoles en España, los franceses en Francia y así sucesivamente.

¿Piensa usted que el auto de medidas cautelares de la Sala de Tribunal Supremo merece ser respetado? ¿Cree usted que los magistrados han ejercido correctamente la función jurisdiccional, “únicamente sometidos al imperio de la ley”? ¿Cómo integra usted el auto de medidas cautelares con la Disposición Adicional octava de la Ley de Memoria Histórica? ¿No le provoca a usted ninguna inquietud que, al día siguiente de haberse conocido el auto, los portavoces de PP y VOX se enfrentan públicamente por la reclamación de la paternidad de la medida, interpretándola como un éxito político de primer orden? Esa adulación a los Magistrados del Tribunal ¿no debilita la confianza de los ciudadanos en la justicia y se convierte en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción? 

No es el único caso que debería provocarle inquietud. ¿O acaso considera usted un ejercicio impoluto de la función jurisdiccional la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo mediante la que se condenó al Fiscal general del Estado? ¿O la decisión de la Sala Segunda respecto de la aplicación de la Ley de Amnistía, con la finalidad de frustrar la finalidad de la misma? ¿O la reciente condena al Estado español por el Tribunal Europeo de Derechos humanos por el caso del asalto al Parlament?

Podría seguir añadiendo casos, pero no pienso que sea necesario. Su discurso inaugural del año judicial ha sido un ejemplo paradigmático de la parábola de la “paja en el ojo ajeno y la viga en el propio”. 

Pienso que no es necesario haber estudiado en una Facultad de Derecho para saber que la aplicación de una ley no puede ser suspendida nunca por nadie. Una ley podrá ser declarada anticonstitucional por el Tribunal Constitucional y expulsada, como consecuencia de ello, del ordenamiento jurídico. Pero ni siquiera el Tribunal Constitucional, una vez admitido a trámite un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, puede acordar la suspensión de la ley recurrida mientras resuelve sobre el fondo del asunto.

Ni en la regulación del recurso o de la cuestión de inconstitucionalidad se contemplan la adopción de “medidas cautelares” por parte del Tribunal Constitucional que pudieran afectar a la aplicación no ya de la ley, sino de algún precepto de la misma. El control de constitucionalidad es exclusivamente un control a posteriori.

Es obvio que, si no lo puede hacer el Tribunal Constitucional, mucho menos puede hacerlo el Tribunal Supremo, que no es juez de la ley, sino que está “sometido al imperio de la ley” (art. 117. 1 de la Constitución). Respecto de la ley el Tribunal Supremo lo único que puede hacer es elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Incluso, aunque estuviera convencido de que la ley que tiene que aplicar es anticonstitucional, tendría que aplicarla hasta el momento mismo en que tuviera que dictar sentencia, en el cual podría detener el proceso y elevar la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.

Así lo dispone el artículo 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: “El órgano judicial solo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia…y deberá concretar la ley…cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión”

La aplicación de la manifestación de la voluntad general no puede ser suspendida en ningún caso hasta el momento mismo en que se tiene que dictar sentencia con base en ella. O, por decirlo de otra manera, la ley goza de una presunción de constitucionalidad que únicamente puede ser destruida por el Tribunal Constitucional en una sentencia firme. Mientras esto no ocurra, todos los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial tienen la obligación de aplicar la ley, incurriendo en el delito de prevaricación, si no lo hacen.

Viene a cuento esta introducción de la adopción de medidas cautelares por el Tribunal Supremo respecto de la suspensión del ejercicio del derecho de sufragio a los ciudadanos españoles a los que se hubiera reconocido la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava. “Adquisición de la nacionalidad española”, de la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática.

La nacionalidad y el derecho de sufragio son inescindibles, porque sin el derecho de sufragio la nacionalidad no existiría. Lo que nos convierte en ciudadanos es el hecho de participar, de manera exclusiva y excluyente, en la formación de la voluntad general mediante la elección de nuestros representantes democráticamente elegidos.

“Los españoles son iguales…”, dice el artículo 14 de la Constitución. No dice que todos los seres humanos seamos iguales. Todos los seres humanos somos titulares de derechos, pero únicamente los españoles somos titulares del derecho de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución. Esta es la razón por la que solo somos españoles quienes somos titulares del derecho de sufragio y no lo son quienes no son titulares de tal derecho.

La Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Histórica no es nada ambigua: “Adquisición de la nacionalidad”. Quienes pueden adquirirla y a través de qué procedimiento. Una vez ejercido el derecho y adquirida la nacionalidad, es obvio que esos ciudadanos españoles son titulares del derecho de sufragio y que únicamente pueden ser privados del mismo, como cualquier otro ciudadano español, mediante sentencia judicial firme.

¿Puede el Tribunal Supremo suspender el ejercicio del derecho de sufragio a los ciudadanos que hayan adquirido la nacionalidad mediante el procedimiento previsto en la Disposición Adicional Octava de la ley de Memoria Histórica?

Para que ello fuera posible sería preciso que el Tribunal Supremo planteara una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional a través de la cual explicara por qué la forma de adquisición de la nacionalidad prevista en la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática es incompatible con el ejercicio de derecho de sufragio y no puede, en consecuencia, ser constitucional.

Si no puede fundamentar una cuestión de inconstitucionalidad en estos términos, es obvio que no puede suspender el ejercicio del derecho del sufragio de estos nuevos ciudadanos españoles y que, en consecuencia, la adopción de las medidas cautelares conocidas hoy vulnera la Ley de Memoria Democrática, además de la Constitución.

En mi opinión, cualquier persona que haya adquirido la nacionalidad a través de lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, así como el Defensor del Pueblo podrían interponer un recurso de amparo contra el Auto de medidas cautelares, ya que la privación del derecho se ha producido con dicho auto, independientemente de que estén o no convocadas elecciones.

Obviamente, la Fiscalía general del Estado debería ponerse a disposición de las personas afectadas por el Auto del Tribunal Supremo para ayudarles en el ejercicio del derecho fundamental del que se han visto indebidamente privados.

El New York Times ha inaugurado el curso político el 1 de septiembre con una serie con el título “El nuevo desorden mundial” (The New World Disorder). La serie ha sido abierta con un artículo de Margaret MacMillan, “Un nuevo orden mundial está llegando. No estamos preparados” (A New World Order is Coming. We aren´t Ready), en el que hace una suerte de presentación general de la serie y en el que deja una reflexión de la que no se puede prescindir: no hay nada más imposible que volver a un orden que se ha ido. Pretender que se puede dar marcha atrás a la historia y volver a un pasado definido como “normalidad” carece de sentido. No hay evidencia empírica disponible que avale tal pretensión.

El 3 de septiembre se publicó el segundo artículo de la serie, en el que se pasa de la “teoría general” al análisis de un “caso” ejemplificador del tránsito del Orden antiguo al nuevo Orden (desorden todavía) que se aproxima.

El artículo de Curtis Gillespie y Chelsea Ivan, “Trump no está simplemente provocando a Canadá. Está empujándolo hacia la desintegración” (Trump isn´t just Trolling Canada. He´s Helping Push it Apart). Es un extenso ensayo dedicado al referéndum convocado para el próximo mes en Alberta, en el que los autores concluyen que “inspirándose en MAGA (Make America Great Again) los separatistas de Alberta están impulsando una ruptura con Canadá”.

A una crisis de esta naturaleza es a la que responde lo ocurrido en Ceuta el 30 de julio, como ha descrito con gran precisión Sami Naïr en El País el 4 de septiembre: “El momento Ceuta y la trampa que Europa se tendió a sí misma”. Es un artículo que podría encajar perfectamente como análisis de caso en la serie del NYT.

Lo que ocurrió en Ceuta el 30 de julio no había pasado antes con la misma intensidad, pero sí con intensidad notable en los años 2020 y 2021 en las Islas Canarias y en la propia Ceuta. El 30 de julio ha sido la gota que colma el vaso, que pone fin a la “normalidad anómala” que reinaba en la frontera desde hacía mucho tiempo.

Porque únicamente como “anómala” se puede calificar una “normalidad” en la que existe un acuerdo entre España y Marruecos negociado en 2007, pero ratificado por Marruecos en 2012, con la finalidad de “prevenir la migración irregular de menores”, “reforzar su protección mientras permanezcan bajo tutela española” y “agilizar su retorno a suelo marroquí” (art. 5), para no darle cumplimiento a continuación. Desde 2014 en todas las Memorias anuales de la Fiscalía General del Estado se incluye un apartado en el que se recoge el listado de menores marroquíes a los que sería de aplicación el acuerdo con la finalidad de que las autoridades de Marruecos dieran cumplimiento a lo acordado. Desde 2014 a 2024, año de la última Memoria, han sido 16.000 los menores a los que se podía o, mejor dicho, se debía haber aplicado el acuerdo, pero ha sido 0 el número de los retornados.

En esa época dorada de “normalidad”, con un acuerdo ya ratificado, han migrado irregularmente a España un número cinco veces superior a los que lo hicieron el 30 de julio. Y solo en el año 2018 lo hicieron 4.348.

En lo que al problema “estructural”, migración irregular de menores y africanos no marroquíes, se refiere, lo ocurrido ahora no se diferencia esencialmente de lo que ha venido ocurriendo antes. La diferencia ha estado en los 70.000 marroquíes que entraron en Ceuta persuadidos de que la frontera estaba abierta y se podía acceder a la península. Una vez comprobado que no era así, regresaron a Marruecos en el mismo día la inmensa mayoría de ellos.

El problema no son 80.000, sino que ha quedado circunscrito a unos 5.000 o 6.000 menores y africanos no marroquíes. Problema de una magnitud que debería ser perfectamente gestionable por España.

Debería ser así, pero no es así. El 30 de julio cambió “la percepción” del problema, porque ha puesto de manifiesto que la “normalidad anómala” que había presidido la gestión de los flujos migratorios, puede saltar por los aires en cualquier momento. Cuando se tengan los datos de las Memorias de la Fiscalía General del Estado de 2025 y 2026, veremos que el número de menores migrantes irregulares acumulados desde 2012 se aproximan a los 20.000. Pero esto es irrelevante. El 30 de julio lo ha cambiado todo. Lo que era aceptable entre 2012 y 2026 ha dejado de serlo. Ya no es posible volver a la “normalidad anómala” de esos años.

Entonces, ¿qué?

Parece claro que la convivencia en Ceuta no puede continuar en las condiciones de esta última semana sin una respuesta inmediata. También parece claro que la respuesta tiene que ser acorde con lo previsto en la normativa vigente.

Con el ordenamiento jurídico vigente, que no puede ser reformado para ser aplicado retroactivamente, y con la interpretación que de dicho ordenamiento se ha hecho por el poder judicial, que ha condenado con inhabilitación durante más de diez años a dos altos funcionarios por incumplimiento del mismo, está claro que no se podrá retornar a Marruecos a ningún menor sin la previa instrucción y resolución del expediente que finalice con la decisión judicial que haga posible el retorno. ¿Deberían permanecer en Ceuta todos los menores mientras se resuelven sus expedientes o sería más razonable que fueran trasladados a los territorios de las diferentes comunidades autónomas?

Aunque no es la misma la situación, tampoco podrían ser devueltos a sus países de origen los migrantes africanos irregulares, ya que no existen acuerdos de extradición con dichos países, ni disponibilidad alguna de los mismos para aceptar su retorno. Habrá, además, que resolver las solicitudes de asilo, con la finalidad de determinar cuáles tienen fundamento y cuáles no. El interrogante del párrafo anterior sirve también para este.

Quiere decirse, pues, que la respuesta inmediata al problema de la migración irregular del 30 de julio pasa por un acuerdo entre el Estado y las Comunidades autónomas y con la participación de los fiscales y jueces competentes. De no producirse dicho acuerdo, el nivel de emergencia aumentaría de manera notable.

Ahora bien, aunque se alcanzara un acuerdo entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la crisis de Ceuta no estaría resuelta. Tras el 30 de julio resulta imprescindible la renovación de los términos en que se relacionan España y Marruecos en general y en lo que a la gestión de las fronteras en particular se refiere.

Queda también por resolver la visita del Rey a Ceuta.

Y queda por resolver, por último, la posible intervención del poder judicial, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, en la solución de la crisis. En el caso de que el Gobierno percibiera la más mínima señal de que el asunto puede acabar siendo residenciado ante el Tribunal Supremo, debería disolver las Cortes y convocar elecciones.

El poder judicial sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Y si se pretende que sirva para lo que no sirve, el disparate que genera resulta completamente inmanejable.

“Sé que no coincidirás, pero te lo envío con la admiración y amistad de siempre. Abrazo fuerte”. Con estas palabras encabezó Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, el correo del día 21 a través del cual me enviaba el artículo que publicó el 20 de agosto en El Confidencial con el título ¿Dónde está escrito que el Gobierno pueda prohibir que el Rey acuda a Ceuta?

Quedé en llamarle al día siguiente y así efectivamente lo hice. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Viene desde hace veinte años como profesor invitado al Máster de Derecho Constitucional que puse en marcha en la Universidad de Sevilla. Primero, cuando lo dirigía personalmente, y después de mi jubilación, invitado por los profesores que me han sucedido en la dirección.

El desacuerdo, como él anticipó, era absoluto y así pudimos constatarlo en nuestra conversación. No es la primera vez, ni será la última, en la que Eloy y yo discrepamos en el análisis político-constitucional de temas de actualidad.

Menciono esta anécdota para llamar la atención sobre el hecho de que la acusación al presidente del Gobierno de que había prohibido la visita del rey a Ceuta no ha sido un bulo, aunque haya quienes la han difundido como tal. Eloy no es militante del PP, pero coincide con su oposición a Pedro Sánchez tanto como para estar dispuesto a dar cobertura con su firma a la acusación del PP contra el presidente del Gobierno.

La voluntad de incorporar al rey en su oposición a Pedro Sánchez no es un infundio. La urgencia del PP de poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez y, si es posible, de intentar evitar que pueda ser el candidato del partido socialista a las próximas elecciones generales, es inocultable. Lo viene intentando con la colaboración de jueces y magistrados, con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con un ejercicio irregular de sus funciones constitucionales por parte del Senado… Pero no ha conseguido todavía lo que se propone. Y tiene prisa.

En la llegada a Ceuta de 80.000 marroquíes mayores y menores de edad y ciudadanos no marroquíes de otros países africanos, el PP ha encontrado la ocasión de dar un paso más e intentar incorporar al rey en su enfrentamiento con el presidente del Gobierno.

Esto no se está produciendo en estos días, sino que ha sido planificado a lo largo de todo el mes de agosto. La prohibición de la visita del Rey fue la primera forma de expresión, con la que se pretendía poner de manifiesto un choque frontal entre la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno. Después, ante la posible incomodidad que tal denuncia de enfrentamiento entre ambas instituciones podría generar en la Casa Real, se han ido buscando fórmulas menos rotundas, pero puestas en circulación con la misma finalidad.

El PP ha conseguido parcialmente el objetivo que se proponía. La Casa Real, a través del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ha hecho pública su decisión de visitar Ceuta. Tras esta declaración de Juan Jesús Vivas ejerciendo como portavoz de la Casa Real, tras su visita al Rey en Palma de Mallorca, es obvio que presidente del Gobierno no podía hacer otra cosa que lo que hizo al ser entrevistado en la SER por Aimar Bretos. Doy por supuesto, por razones de espacio, que el lector está al tanto de los comentarios de las diferentes derechas sobre las palabras de Sánchez sobre el Rey en dicha entrevista.

No sé quién habrá aconsejado al rey que invitara al presidente de Ceuta al Palacio de Marivent, ni si fue él quién autorizó a Juan Jesús Vivas para que anunciara tras la entrevista que el rey se había comprometido a visitar la Ciudad Autónoma.

Pienso que se trata de una conducta imprudente, que restringe de manera extraordinaria su margen de maniobra para actuar a partir de este momento. Sin encomendarse a Dios ni al diablo, el rey ha decidido entrar directamente en la respuesta que debe darse al conflicto.

Como portador de una magistratura hereditaria, no puede tener legitimación democrática y, en consecuencia, no puede ser un poder del Estado. Es portador de La Corona, que no es una institución que sea portadora de ningún poder del Estado, pero que es el único órgano constitucional sin cuya presencia no puede existir la Monarquía parlamentaria como “forma política del Estado español”, de acuerdo con el artículo 1.3 de la Constitución.

La persona física que va a visitar Ceuta es Felipe VI. Pero la persona político-jurídica que va a hacerlo es el portador de la Corona de España. Dicha doble personalidad no es disociable en esta ocasión.

En esto se diferencia una magistratura democráticamente elegida de otra que no lo está. La magistratura democráticamente elegida se ve afectada por lo que le pueda ocurrir al portador de la misma, pero su supervivencia como institución no depende de lo que ocurra con dicho portador.

Con la magistratura hereditaria no ocurre lo mismo. La peripecia personal del portador de la magistratura, puede afectar a la supervivencia de la misma como institución.

Por esta razón, pienso que la decisión de visitar Ceuta no la puede tomar el rey. Hay que contar con el consentimiento del rey, pero no la puede adoptar el rey. Más todavía. No creo que la pueda adoptar el Gobierno. La decisión tiene que ser aprobada por las Cortes Generales, que es el único órgano constitucional en el que descansa la potestad constituyente, que podría verse afectada por dicha visita.

El rey, como portador de La Corona, no puede ir a un sitio, en el que no sé si se puede saber ahora mismo cómo va a entrar, pero en el que es seguro que no se puede saber cómo va a salir. Y no me refiero a su integridad física, sino a qué impacto puede tener dicha vista en la Monarquía Parlamentaria española. Porque sin Monarquía Parlamentaria no hay Constitución.

El viaje a Ceuta de Felipe VI es el mayor riesgo para la Corona y, por tanto, para nuestro Estado Constitucional desde la entrada en vigor de la Constitución. La obsesión por poner fin al Gobierno presidido por Pedro Sánchez creo que está obnubilando el juicio de las personas que necesitarían estar más serenas en este momento.

Con la visita del rey a Ceuta no es la presidencia de Pedro Sánchez lo que se pone en juego, sino algo de naturaleza completamente distinta.

Que cada palo aguante su vela.

Quiero empezar recordando algo que los lectores con menos de 50 años no recuerdan porque no habían nacido, los que tienen menos de 65 tampoco, porque con 15 años o menos es muy improbable que siguieran la actualidad política con la atención que sería necesaria para recordarlo, y la casi totalidad de los mayores de 65 tampoco, incluso los que hayan estudiado en una Facultad de Derecho o de Ciencias Políticas, porque no se trata de un tema al que se descienda en la enseñanza de la licenciatura o del grado.

Me refiero a la presencia de Ceuta y Melilla en la fase inmediatamente preconstituyente y constituyente de la Constitución de 1978. Se trata de una presencia a la que resulta no solamente conveniente, sino casi imprescindible prestar atención, a fin de que no nos intenten vender gato por liebre con las referencias estentóreas a la “españolidad” de ambas ciudades autónomas.

La primera referencia a la presencia de Ceuta y Melilla en la futura, pero inminente, democracia española procede del “Libro Blanco para la Reforma Democrática”, publicado en 1976 por “Reforma Democrática (RD)”, asociación política de ideología conservadora fundada en 1976 por personalidades del ala moderada y tecnocrática del franquismo, entre las que destacaba Manuel Fraga. Participó en la constitución de Alianza Popular (AP), disolviéndose a continuación.

En la página 154 del Libro Blanco se planteaba formalmente que a España no le quedaría más opción “a la larga” que negociar con Marruecos un “estatus especial o cesión de soberanía” para Ceuta y Melilla, con una fórmula análoga a la que España reclamaba a Gran Bretaña para Gibraltar.

La reacción que la publicación de este planteamiento provocó en Ceuta fue de tal alcance, que Manuel Fraga se vio obligado a rectificar de manera inmediata, no desautorizando el libro en su conjunto, pero sí esa referencia específica a Ceuta y Melilla. El tema todavía reverberaría en la campaña electoral de las elecciones del 15 de junio de 1977, en las que se produjo alguna jocosa intervención del “teniente Fraga”.

Más interés tiene la segunda que figuró en el Real Decreto-ley 11/1978, de 27 de abril, por el que se aprueba el régimen preautonómico para Andalucía. En la Exposición de Motivos de dicha norma se contemplaba “la posibilidad de que las ciudades de Ceuta y Melilla puedan incorporarse al futuro régimen andaluz de autonomía, si así se decide a través del procedimiento que determine la Constitución”.

En aquellos años era miembro del Comité Central del PCE y participé muy activamente en el proceso político y jurídico de articulación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Fui miembro de la Comisión Redactora del Proyecto de Estatuto de Autonomía. Recuerdo el interés de UCD de incorporar Ceuta y Melilla a la Comunidad Autónoma. Con los resultados electorales de 1977, UCD hubiera sido el primer partido con los dos escaños de Ceuta y Melilla, con 28 escaños frente a los 27 del PSOE, pero el segundo sin dichos escaños. Con los de 1979, UCD ya era el primer partido con 24 frente a los 23 de PSOE, pero habría reforzado su primera posición con Ceuta y Melilla.

Y no solamente eso. Con los resultados de 1977, tanto con Ceuta y Melilla como sin ellas, la izquierda con los 27 escaños del PSOE, el escaño del Partido Socialista Popular de Tierno Galván y con los 7 del PCE, superaba ampliamente a UCD 26 + 2. Pero con los resultados de 1979 con los 2 escaños de Ceuta y Melilla, UCD y el PSA de Alejandro Rojas Marcos (24 + 5) superaban a la suma del PSOE y PCE (23 + 7).

Con la composición del Congreso de los Diputados en la legislatura constituyente y en la primera legislatura constitucional, la integración de Ceuta y Melilla en Andalucía posibilitaba que la izquierda quedara fuera de la dirección inicial de la Comunidad Autónoma. La fiabilidad del PSA como socio de gobierno de la izquierda era muy débil, por decirlo de manera suave. La posibilidad de que el PSA se convirtiera en el Caballo de Troya de UCD en el proceso estatuyente era muy alta.

El resultado del referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica del 28F de 1980, trastocaría la configuración del subsistema político andaluz y, alteraría, como consecuencia de ello, el de toda España. UCD sufriría una derrota brutal en las primeras elecciones autonómicas de mayo de 1982 y en las generales de octubre del mismo año, acelerándose un proceso de descomposición que la conduciría a la disolución. El PP ocuparía su lugar como representante de la derecha española. El PSA dejaría de estar presente en el Congreso de los Diputados hasta las elecciones de 1993.

En la única ocasión en el proceso constituyente lato sensu en que pudo adoptarse la decisión de considerar a Ceuta y Melilla como territorios españoles equiparables a las Comunidades Autónomas que integran España, se decidió que no. Los ciudadanos de Ceuta y Melilla son españoles en los mismos términos en que lo son los de las ciudades y pueblos de la península y de las islas Baleares y Canarias. Pero los territorios en que se asientan ambas ciudades no son españoles en los términos en que lo son el territorio de la península y el de las islas.

Aunque haya caído en desuso, la expresión “plazas de soberanía española” es lo que realmente siguen siendo. Mientras España pueda mantener la “soberanía”, seguirán siendo españolas. En el momento en que, por la razón que sea, España no pueda mantener dicha soberanía, dejarán de serlo. No hay ninguna parte del territorio de la península o de las islas de la que se pueda decir lo mismo. En un caso la “españolidad” es derivación de la soberanía. En el otro, la soberanía lo es de la “españolidad”. Ceuta puede ser “españolísima” (Margarita Robles), pero no es “española”. Repito: la población sí, pero el territorio, no.

Esta es la razón por la que no es de aplicación al territorio de Ceuta y Melilla el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que prevé la reacción de la OTAN frente a cualquier agresión exterior a un Estado miembro o por la que no se los considera territorio Schengen a efecto de movilidad en la Unión Europea.

Ceuta y Melilla siguen siendo territorio africano. Es verdad que fuimos únicamente los andaluces los que decidimos que Ceuta y Melilla no se integraran en Andalucía a través de su incorporación al Estatuto de Autonomía, pero no recuerdo que los ciudadanos de cualquiera de las demás comunidades autónomas pidieran su incorporación a su estatuto de autonomía.

No tengo la menor duda de que, si por el motivo que fuera, Ceuta y Melilla dejaran de ser plazas de soberanía española, la integración de los ciudadanos en el territorio peninsular o insular se produciría sin reserva de ningún tipo. Con dificultades. Tampoco demasiadas. Pero sin reserva. Pero tampoco la tengo de que los ciudadanos españoles no estaríamos dispuestos a aprobar una declaración de guerra para conservar la soberanía de Ceuta y Melilla.

No hay respuesta bélica para conservar Ceuta y Melilla. Pienso que el fortalecimiento del Estado español como un Estado social y democrático de derecho y el de la Unión Europea como una Unión de Estados democráticamente constituidos es la única forma de alejar el riesgo de una agresión que pudiera poner en peligro la soberanía española en Ceuta y Melilla.

El peligro para la soberanía española en Ceuta y Melilla viene del riesgo de implosión de la Unión Europea como una comunidad jurídica de Estados democráticamente constituidos. La Unión Europea sigue siendo la comunidad política con mayor fuerza atractiva del mundo. De conservarla como tal es de lo que hay que preocuparse. Aquí es donde está la amenaza también para Ceuta y Melilla.

Me imagino que el lector se estará preguntando: ¿qué tiene que ver la guerra de Irán y el ático de Díaz Ayuso? Y mi respuesta es nada y todo simultáneamente. Es lo que voy a intentar explicar a continuación.

Nada, porque la guerra de Irán y el ático de Díaz Ayuso son incomparables tanto cuantitativa como cualitativamente.

Si nos mantenemos dentro del siglo XXI, la Guerra de Irán pertenece a la categoría del atentado de las Torres Gemelas, las guerras de Irak y Afganistán, la crisis de Lehman Brothers, el Brexit y la doble presidencia de Donald Trump y la pandemia de la Covid-19. Se trata de una categoría que es una suerte de numerus clausus, en la que no es fácil entrar.

El ático de Isabel Díaz Ayuso, por el contrario, es una anécdota, que por muchas vueltas que se le dé, no podrá nunca ingresar en la categoría a la que pertenece la Guerra de Irán. En cualquier país del mundo no se entendería que se relacionaran como pertenecientes a la misma categoría las referencias del párrafo anterior. Nadie que no sea español, puede entender que aparezcan aunque sean simplemente mencionadas en el título de un artículo.

Y, sin embargo, para cualquier ciudadano español el parecido entre la decisión política de extender la guerra a Irán y la de Isabel Díaz Ayuso de intentar que la Comunidad de Madrid le comprara un ático salta a la vista. En ambos casos se trata de decisiones de dirigentes políticos autoritarios, narcisistas, ignorantes, avariciosos y un larguísimo etcétera, que se consideran al abrigo de cualquier exigencia de responsabilidad por su conducta.

Decisiones que se han adoptado en ambos casos sin dar ningún tipo de explicación de por qué se han adoptado. Como consecuencia de ello, ninguno de ambos dirigentes puede dar una explicación que justifique cómo se puede salir del laberinto en que ellos mismos se han metido.

De ahí la oscilación en las respuestas a las preguntas que le formulan bien los adversarios políticos, bien los periodistas de los diferentes medios de comunicación. La guerra tendría una duración de unas semanas, que es lo que tardaría en producirse un cambio de régimen, o en el que quedaría destruido el programa nuclear de Irán, consiguiendo de esta manera el objetivo de que Irán no tuviera una bomba nuclear, razón por la cual el presidente ha llegado a afirmar en más de una ocasión que los Estados Unidos ya ha conseguido la victoria y que la guerra ha terminado.

En el caso del ático también se han ido cambiando las respuestas, una vez que El País “descubriera” la operación de compra encubierta todavía no se sabe muy bien por quien. ¿Quién dio la orden de compra? ¿Para qué? ¿Quién iba a ocuparlo? ¿Quién ejecutó la operación? Son preguntas que todavía tienen que ser respondidas. Hasta que no lo sean no se habrá puesto fin, de la manera que sea, al problema generado por la compra del ático.

Mientras Donald Trump no explique por qué extendió la guerra a Irán, su declaración de victoria para darla por acabada, carecerá de credibilidad. La victoria esgrimida ocasionalmente hasta el momento sonará a capitulación. Él lo sabe. Y quienes lo ha seguido también, aunque a algunos no les importe y a otros sí. Y, a estos últimos, mucho. Para el presidente es posible que lo más importante es no pasar a la historia como un loser, que es la palabra que más odia. Para los halcones americanos lo decisivo no es como la historia recuerde a Donald Trump, sino qué impacto puede tener ese recuerdo en la Presidencia de los Estados Unidos. Esta tensión interna en el partido republicano es la que impide tomar una decisión para salir del laberinto. La ausencia de explicación a la entrada impide cualquier salida honorable.

En el caso del ático es lo mismo, pero no. Porque en este punto entra en juego la diferencia entre Política y Derecho. En el caso de la guerra de Irán Donald Trump se encuentra ante un problema político. Puede decidir terminar la guerra o no terminarla. Si no la da por terminada, tendrá que dar entrada al Congreso y al Senado a partir de ese momento en la estrategia que se tiene que seguir, pero no es verosímil, y más con la composición de la Corte Suprema, que se pueda acabar judicializando el problema.

Con el asunto del ático, la decisión de la compra se ha producido por una Administración Pública, cuyos actos están sometidos a la ley y al Derecho (art.103 de la Constitución). Independientemente de la responsabilidad política que pueda acabar exigiéndose por parte de los ciudadanos en un futuro proceso electoral, es de la revisión judicial de la compra del ático de la que puede desprenderse algún tipo de responsabilidad por parte de la presidenta de la Comunidad.

De momento, hay cinco denuncias por posible malversación y prevaricación administrativa admitidas a trámite. Qué recorrido tendrán no es posible saberlo todavía, ya que se desconoce el punto de partida de todo el asunto: quien tomó la decisión, quien la ejecutó y para qué. La ausencia de explicación de la decisión de entrada jurídicamente también dificulta una salida honorable. E incluso puede que algo más.

En el año 2007, España y Marruecos negociaron un acuerdo de retorno de menores, con la finalidad de “prevenir la migración irregular de menores”, “reforzar su protección mientras permanecieran bajo tutela española” y “agilizar su retorno a suelo marroquí” (artículo 5).

El acuerdo fue ratificado por Marruecos en 2012, cinco años después de que se hubiera alcanzado un acuerdo sobre los términos del mismo por los dos Estados. Fue negociado por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y ratificado en los años de Gobierno de Mariano Rajoy.

Los cinco años de distancia entre negociación y ratificación por Marruecos ponen de manifiesto, por un lado, la reserva mental con que fue negociado por Marruecos y la escasa fiabilidad en que fuera a dar cumplimiento al compromiso que adquiría, pero también, por otro, el acuerdo total entre el PSOE y el PP respecto del acuerdo alcanzado.

El tiempo transcurrido desde la ratificación del acuerdo en 2012 ha venido a certificar la nula voluntad por parte de Marruecos de dar cumplimiento a lo negociado. Las Memorias de la Fiscalía General del Estado desde la de 2014 acreditan que se han enviado cada año a las autoridades marroquíes “relación pormenorizada de menores que podrían ser repatriados”, respecto de las cuales no se ha obtenido respuesta alguna. Como consecuencia de ello, el número de menores no repatriados ha ido creciendo hasta alcanzar en 2024 el número de 14.600. A los que habría que sumar los aproximadamente 2.000 de estos últimos días.

El tiempo transcurrido ha venido también a certificar, desafortunadamente, que el acuerdo inicial entre PSOE y PP o PP y PSOE no ha resistido la prueba de fuego que ha supuesto la crisis de Ceuta de esta pasada semana.

Disponemos de una norma jurídica para hacer frente al problema, pero es como si no dispusiéramos de ella. Peor todavía. Los Gobiernos españoles, presididos tanto por el PSOE como por el PP, tienen no solo que aceptar el incumplimiento del acuerdo por Marruecos, sino que tienen que negar, además, que dicho incumplimiento se haya producido o se esté produciendo. Marruecos es un socio fiel al que no hay nada que reprocharle: este es el mantra que se ha repetido machaconamente por los ministros de Interior tanto populares como socialistas.

Todos mienten es el título de una serie de televisión que seguramente muchos de los lectores habrán visto. Creo que dicho título puede ser utilizado para definir los discursos de las autoridades marroquíes y españolas de ambos partidos. Todos saben que la alternativa de decir la verdad no es viable. El Gobierno de Marruecos no está seguro de que disponga de la autoridad suficiente dentro del país para dar cumplimiento al acuerdo o, en todo caso, no está dispuesto a correr el riesgo de averiguarlo. Y los Ejecutivos de España, socialista o popular, no están seguros de poder gestionar la reacción que se produciría en el Gobierno de Marruecos en caso de verse denunciado públicamente o, en todo caso, no están dispuestos a correr el riesgo de averiguarlo. Más todavía, tras la reacción que se ha producido en los socios de la Unión Europea y en Estados Unidos e Israel tras lo ocurrido en la frontera de Ceuta.

Cuando se ha llegado a la conclusión de que no se le puede decir la verdad a los ciudadanos respecto de lo que está ocurriendo, no resulta fácil diseñar una estrategia para hacer frente al problema. Porque, además, se trata de un problema que no se agota en la inmigración irregular marroquí, sino que se extiende a la población del África subsahariana.

El pasado 6 de agosto, Souad Mekhennt, columnista del Washington Post, publicó un artículo con el título “Qué ocurrió realmente cuando 70.000 migrantes entraron en España (What happened really when 70.000 migrants surged into Spain)”, en el que explica que el territorio marroquí fronterizo con Ceuta tiene una función adicional a su carácter fronterizo. El territorio marroquí es una “sala de espera” (waiting room) para la población subsahariana que quiere llegar a España como forma de llegar a la Unión Europea. Nadie sabe, dice la articulista, cuantos son. Pueden ser 100.000 o pueden ser varios cientos de miles. “Vinieron soñando con Europa, mendigando en las intersecciones de los caminos, durmiendo en campamentos que la policía desmantela, esperando en los bosques del norte”. Se trata de una situación conocida y reconocida por la Unión Europea, que paga a Marruecos para ayudarla a gestionar el problema. Es decir, paga por “la espera”.

La presencia de la población subsahariana no es percibida de manera uniforme por la población marroquí. En las barriadas de las clases trabajadoras el “agotamiento y la desesperanza” es la queja más oída, similar a la de los subsaharianos. Entre los que ingresaron en Ceuta había hijos e hijas de familias de estos barrios, “huyendo del país que se suponía que estaba celebrando el día de la unidad nacional”.

Entre los 70.000 africanos que ingresaron en Ceuta había marroquíes y no marroquíes. La inmensa mayoría de los marroquíes han retornado. Pero queda un número considerable que se resiste a abandonar Ceuta. Entre ellos hay marroquíes menores, en torno a dos mil, marroquíes mayores de edad en un número todavía no determinado con precisión. Y varios miles de subsaharianos. El futuro de los integrantes de estos tres grupos o subgrupos es distinto.

Joaquín Vera en La Vanguardia, “El Trampolín de Ceuta: la playa de los dos destinos”, lo explicaba de una manera muy ilustrativa, aunque no diferenciaba entre los marroquíes menores y mayores de edad. “La pasarela de madera que recibía a los bañistas en la playa de El Trampolín parece dividir en dos el distinto futuro que les espera a los inmigrantes que se resisten a abandonar Ceuta”.

Al lado derecho, los antidisturbios organizan a los marroquíes (mayores de edad) que se han acercado en busca de la ración de comida que reparte la Cruz Roja. Saben que más temprano que tarde serán expulsados. Esa es de las pocas cosas que sabemos con seguridad. (Los menores entrarán en el sistema de protección bajo tutela española e irán recibiendo la respuesta individualizada que se exige).

En el lado izquierdo, unos dos mil subsaharianos han convertido la playa en un auténtico campamento, en el que se tiene la sensación de que la vida va despacio, pese a la urgencia humanitaria que sufren. Migrantes que guardan, como oro en paño, su documentación con el sello del país del que ha huido: la clave para intentar lograr el asilo.

Con la experiencia que tenemos hasta el momento y con la prudencia con que hay que manejar las cifras ante la ausencia de información inequívocamente verificable, se puede concluir que, entre menores y africanos no marroquíes, puede haber unas cinco mil personas que no van a poder ser repatriadas desde Ceuta. Los menores marroquíes porque ya sabemos que no se ha conseguido repatriar a ninguno hasta el momento. Y los africanos no marroquíes, porque no existen convenios de extradición con sus países de origen.

Una vez que el Consejo General del Poder Judicial le ha comunicado al presidente de la Comunidad Autónoma de Ceuta que no es jurídicamente posible convertir a Ceuta en territorio desde el que no se puede iniciar un proceso de solicitud de asilo, es obvio que tanto los menores como los solicitantes de asilo tendrán que ser traídos a la Península, ya que su permanencia en Ceuta resulta insostenible.

El problema no debería haberse producido, pero se ha producido. Tal como está el patio en el sistema político español, en la Unión Europea y en términos geopolíticos generales no se puede ser muy optimista respecto a qué fórmula nos permitiría tener una respuesta jurídicamente aceptable que evitara la repetición de lo ocurrido. Ni dentro de España, ni en la Unión Europea, ni en Naciones Unidas parece existir el clima que posibilite un acuerdo para hacer frente al problema.

Pero intentarlo habrá que intentarlo, porque el problema de la migración no va a desaparecer.

Es sobradamente conocido que el PP no metabolizó bien los resultados de las elecciones generales del 23 de julio. Convencido Alberto Núñez Feijóo de que sería presidente del Gobierno, aceptó solamente a regañadientes que no sería así cuando fracasaron todas sus iniciativas para impedir que Pedro Sánchez fuera investido presidente, con evocación incluso de una repetición del tamayazo, que posibilitó que Esperanza Aguirre fuera en 2003 presidenta de la Comunidad de Madrid.

Incluso cuando ya sabía que Pedro Sánchez contaba con la mayoría parlamentaria de investidura, Feijóo empezó a manipular la Constitución de manera inédita hasta la fecha. Con la finalidad de hacer visible su tesis de que él había ganado las elecciones, presionó al rey para que lo propusiera como candidato a la presidencia del Gobierno.

Desde la entrada en vigor de la Constitución se había impuesto una suerte de convención constitucional que consistía en que el rey propondría a un candidato que disponía de mayoría parlamentaria para ser investido. La única excepción fue la propuesta de Pedro Sánchez en 2016. Excepción que se produjo porque Mariano Rajoy “declinó” la propuesta del rey, bloqueando de esa manera la celebración del debate de investidura al que están vinculadas bien la elección del presidente o bien la fecha a partir de la cual corre el plazo de dos meses para la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de nuevas elecciones.

La “declinatoria” de Mariano Rajoy paralizaba el sistema parlamentario previsto en la Constitución. La propuesta de Pedro Sánchez fue la fórmula por la que optó el rey con la finalidad de salir de la parálisis. No es la misma que la de Alberto Núñez Feijóo en 2023. Primero, por lo que se acaba de decir, y después, porque Pedro Sánchez intentó configurar una mayoría parlamentaria de investidura combinando el aval de Ciudadanos y la abstención de Podemos. Se trataba de una operación muy difícil, pero era un movimiento que se producía dentro de lo previsto en la Constitución. No fue una negativa a moverse dentro de la Constitución.

En 2016 el PP pretendió paralizar el sistema parlamentario previsto en la Constitución. En 2023 le exigió al Rey una interpretación del artículo 99 de la Constitución inédita hasta la fecha, con la finalidad de subrayar, por una parte, que el PP había sido el partido más votado y de torpedear, por otra, preventivamente la investidura de Pedro Sánchez con un discurso centrado no en su programa de gobierno, sino en la ley de amnistía.

Tras el fracaso de esta primera operación fraudulenta, el PP, a diferencia de Vox, se ha negado a hacer uso de la moción de censura, que es el instrumento que la Constitución pone a su disposición para la exigencia de responsabilidad política con consecuencias jurídicas, y ha intentado, sin embargo, atribuir al Senado una función que no tiene constitucionalmente encomendada.

Lo ha hecho de varias maneras. Una primera, de manera anticonstitucional, reformando el reglamento del Senado para retrasar la aprobación de la ley de amnistía. Una vez decidida su tramitación por el procedimiento de urgencia, el Senado disponía de 20 días para decidir sobre el texto aprobado por el Congreso. La reforma del Reglamento mantuvo esos 20 días para los textos de los proyectos de ley, pero no para los de las proposiciones de ley, para los que disponía que fueran dos meses. Consiguió retrasar cuarenta días la aprobación de la ley.

Pero ha sido, sobre todo, en el control de la acción política del Gobierno donde el Senado se ha desviado de manera manifiesta de la forma en que la Constitución prevé su participación en dicha función.

En la Constitución está claro que es al Congreso de los Diputados al que se atribuye la función de control de la acción política del Gobierno en sentido estricto. El artículo 108, primero del Título V, “De la Relación entre el Gobierno y las Cortes Generales”, dice literalmente: “El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados”.

El artículo no dice que responde “de manera exclusiva y excluyente”, pero sí lo dicen los restantes artículos del Título V. El Senado no aparece mencionado en ninguno de ellos. Solamente aparecen mencionadas “las Cámaras” en los artículos 109, 110 y 111, en los que se prevé que las Cámaras y sus Comisiones pueden “recabar información del Gobierno” o “la presencia de sus miembros” o que “el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras”. Eso es todo.

Por el contrario, es el Congreso de los Diputados el que exclusivamente figura en el artículo 112 y 114.1, cuestión de confianza, 113 y 114.2, moción de censura, en el 115 se contempla la posibilidad de la disolución del Congreso sin que se produzca la del Senado, y en el 116 únicamente el Congreso de los Diputados participa en los estados de alarma, excepción y sitio.

Es al Congreso de los Diputados al único órgano constitucional al que expresamente se le atribuye el control de la “gestión política del Gobierno” en general y al único órgano, cuya participación se contempla en todos los institutos de control político con consecuencias jurídicas tanto en la gestión ordinaria como en los momentos de protección excepcional o extraordinaria del Estado.

El bicameralismo español es un bicameralismo sumamente imperfecto, en el que el Senado juega un papel muy secundario, por no decir insignificante, en el ejercicio de las funciones constitucionales incluidas en el artículo 66, 2 de la Constitución: función legislativa, función presupuestaria y función de control gubernamental.

La pretensión del PP en esta legislatura de que el Senado ocupara el lugar del Congreso de los Diputados en el control de la acción del Gobierno, supone un fraude de constitución manifiesto. En mi opinión, el Gobierno ha pecado de prudencia, al no negarse a comparecer con la reiteración que se le ha exigido. En esta legislatura ha habido más comisiones de investigación en el Senado que en todas las anteriores juntas. Ha sido, probablemente, el respeto al Tribunal Constitucional el que le ha llevado a no plantear el conflicto constitucional pertinente.

Este abuso sistemático de sus funciones por el Senado ha llegado en esta semana a su máxima expresión. Tras la invasión del territorio producida en Ceuta, el Senado pretende atribuirse la prevalencia sobre el Congreso en la comparecencia de los ministros.

Como el lector probablemente sabe, los ministros han solicitado comparecer ante el Congreso de los Diputados en la última semana del mes de agosto para dar las explicaciones pertinentes. El Senado exige que comparezcan antes en el Senado con base en el argumento de que el Senado ha solicitado la comparecencia antes de que los ministros solicitaran la suya en el Congreso.

Resulta increíble que el Senado no sepa cuál es el lugar que ocupa en el sistema constitucional español. La máxima prior tempore no juega en las relaciones entre el Congreso y el Senado.

Tanto es así que, incluso en el ejercicio de la potestad legislativa, cuando el Senado toma la iniciativa y registra una proposición de ley, tiene que remitirla a continuación al Congreso de los Diputados, que puede decidir si la toma o no en consideración y si la tramita a continuación y la aprueba. Una vez aprobada por el Congreso de los Diputados, la proposición vuelve al Senado para aprobarla en los mismos términos, enmendarla o vetarla.

Ni siquiera cuando el Senado adopta una iniciativa en términos constitucionalmente previstos, como es en el caso de una proposición de ley, puede pronunciarse sobre la misma sin que lo haya hecho previamente el Congreso de los Diputados. En el supuesto de que sobre una materia tengan que debatir y, eventualmente, decidir, el Congreso y el Senado, la precedencia del primero sobre el segundo es indiscutible.

Una vez que los ministros se han dirigido al Congreso para dar las explicaciones que estimen pertinentes sobre lo ocurrido en Ceuta y responder a las preguntas que se le formulen, la solicitud de comparecencia del Senado decae y, únicamente si después de la comparecencia en el Congreso, el Senado sigue considerando que debe producirse también la comparecencia en dicha Cámara, puede reiterar la solicitud.

El delito por el que el juez José Luis Calama imputó al expresidente Zapatero fue básicamente el delito de tráfico de influencias en el marco de la operación de rescate en forma de concesión de un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

Con base en dicha imputación dictó una orden de registro del despacho profesional de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que la policía judicial no encontró indicio o prueba alguna del delito de tráfico de influencias, pero sí unas joyas en una caja fuerte.

Tener joyas en una caja fuerte no es delito. Si lo fuera, las cajas fuertes no se venderían porque nadie las compraría. El hallazgo de las joyas debería o no haber sido puesta en conocimiento del juez instructor o haber sido puesta en su conocimiento, a fin de que este decidiera si ponía en marcha una investigación con la finalidad de averiguar si había alguna relación entre las joyas y el recate de la aerolínea Plus Ultra. Y por supuesto, sin hacer público el hallazgo de dichas joyas. Únicamente si, como resultado de la investigación se llegara a la conclusión de que hay una relación entre las joyas y el rescate de la aerolínea, se podría dictar un nuevo auto de imputación al expresidente y poner en conocimiento de la opinión pública la existencia de las joyas encontradas en la caja fuerte.

Estoy dando por supuesto que el auto de imputación por tráfico de influencias fue dictado constitucionalmente, sin vulneración de derechos fundamentales y de las garantías constitucionales que presiden el proceso penal, algo que, como el lector sabe, no ha sido así, en mi opinión. Pero vamos a dar por supuesto que así ha sido.

Cuando un juez dicta un auto de imputación, él mismo delimita en el auto la naturaleza de la investigación susceptible de ser puesta en marcha. No puede extenderse la investigación a todo lo que el investigado haya hecho desde su mayoría de edad o a su conducta desde que llegó a ser secretario general del PSOE o presidente del Gobierno, o de su ejercicio profesional tras dejar la presidente. Con el auto de imputación el juez instructor se autolimita.

Claro que en la investigación se pueden encontrar indicios o pruebas de nuevos delitos, pero siempre que tengan relación con el delito con base en el cual se ha dictado el auto de imputación. Imputar los delitos de contrabando y delito fiscal del mero hallazgo de las joyas, sin investigación alguna sobre la relación con la operación Plus Ultra y sin preguntar siquiera al expresidente sobre las mismas, supone una extralimitación del propio juez sobre los términos en los cuales él ha establecido la naturaleza y contenido de la investigación.

Mientras el juez instructor no de explicación alguna de por qué las joyas encontradas en el registro del despacho profesional de José Luis Rodríguez Zapatero son relevantes para la investigación del tráfico de influencias en la operación Plus Ultra, no hay base alguna para exigir una explicación al expresidente. Nadie tendría por qué saber nada de la existencia de las joyas y, por lo tanto, ninguna explicación se podría exigir sobre las mismas.

Es el juez José Luis Calama el que tendría que dar explicaciones de por qué ha considerado presuntamente delictiva la tenencia de las joyas en una caja fuerte por parte del expresidente. La mera posesión de joyas en una caja fuerte no es que no sea delito, es que no es indicio de que lo sea. La posesión se presume de buena fe. También a la posesión de joyas se extiende la presunción de inocencia.

¿Cómo ha llegado el juez instructor a la conclusión de que la tenencia de joyas en una caja fuerte era indicio de dos delitos? ¿Por qué ha permitido, sin analizar la posible conexión de las joyas con el tráfico de influencias en la operación Plus Ultra, que se haya hecho pública la tenencia de las mismas por José Luis Rodríguez Zapatero?

El orden de los factores en el mundo del derecho altera el producto. En una investigación penal es el juez instructor el que tiene que explicarle a la persona que imputa, por qué le exige que de explicaciones de la conducta por la que se le imputa. Da los indicios de que dispongo deduzco que usted puede haber cometido presuntamente tal delito. Explíqueme cuál ha sido su participación en los hechos presuntamente constitutivos de delito.

El juez instructor lo ha explicado malamente respecto del delito de tráfico de influencias, pero es que no lo ha explicado en absoluto respecto de las joyas. No se le puede exigir a nadie que dé explicaciones sobre una imputación sobre la cual el juez no explica con qué base decide la imputación. Una imputación delictiva no se puede basar en el mero hallazgo de joyas en una caja fuerte. El hallazgo puede ser el punto de partida de una investigación, pero no el punto de llegada para una imputación y para la exigencia de explicaciones públicas al imputado.

Tras la aprobación de los Presupuestos de la comunidad en las Corts Valencianas con mención expresa de la “prioridad nacional”, Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, declaró que la deriva hacia la extrema derecha del PP sigue un camino que se parece mucho al que siguió Adolf Hitler.

La reacción del PP ha sido inmediata. Su secretario general, Migue Tellado, ha exigido la dimisión de la ministra, porque “no se puede ir por la vida con ese tipo de comparaciones”, que la inhabilitan para seguir sentándose en la mesa del Consejo de Ministros.

No sé qué le habrá parecido a los lectores la comparación de la ministra del PSOE y la contrarréplica del secretario general del PP. Yo sí tengo una opinión formada sobre la pertinencia de la comparación y la inanidad de la réplica del secretario general.

El lector habrá comprobado por el título de este artículo que intercalo a Donald Trump entre Hitler y el PP/Vox. Lo hago porque Donald Trump es el eslabón que permite dar sentido a la entrada de Adolf Hitler en una comparación con las estrategias políticas que se están poniendo en práctica en Europa en estas primeras décadas del siglo XXI.

Comparar directamente a Adolf Hitler con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal resulta chocante. La distancia entre el Gobierno del Tercer Reich y la pareja de la derecha española, que todavía no es, pero puede ser la que ocupe el Gobierno del Estado español, es demasiado grande desde todos los puntos de vista como para que no produzca perplejidad. ¿Se puede encontrar directamente un punto de conexión entre Hitler y Feijóo/Abascal o la distancia entre los términos de la comparíación es tan enorme que carece de credibilidad?

Con el eslabón de Donald Trump el punto de conexión resulta razonable. Los términos de la comparación entre Hitler y Trump no resultan estrafalarios. Y a través del actual presidente de los Estados Unidos, ya no resulta descabellado proyectar la presencia de Hitler en las estrategias políticas que se ponen en circulación en los países europeos. La sombra de Hitler no ha dejado nunca de estar presente en Europa, aunque hubiera hasta el momento unanimidad en su rechazo. Desde que Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, Adolf Hitler ha dejado de ser una sombra para convertirse en una opción política creíble para cualquiera de los países europeos.

El profesor Timothy W. Ryback, que había dedicado prácticamente toda su vida académica al estudio del ascenso al poder de Adolf Hitler, se ha ocupado de ilustrar la proximidad y la distancia entre la ejecutoria de Donald Trump en su segundo mandato y la de Adolf Hitler una vez alcanzada la Cancillería. Lo ha hecho en una serie de artículos extensos, que casi podrían ser calificados de pequeños ensayos, publicados en The Atlantic entre el 8 de enero de 2025 y abril de 2026.

En el primero, 'Cómo Hitler desmanteló una democracia en 53 días', estudia los pasos que dio Hitler desde que se convierte en Canciller hasta el momento en que el Reichstag aprobó la “ley de habilitación” que le permitió al Führer sustituir la legislación parlamentaria por la legislación gubernamental. En el segundo, retrata la sorpresa de quienes pensaron que podrían domesticar a Hitler, para acabar dándose cuenta de que era él el que se había apoderado de ellos. En el tercero, estudia la forma absolutamente unilateral en que Adolf Hitler entendía la lealtad y la confianza en las relaciones con sus ministros o altos dirigentes del Reich.

En el cuarto, estudia lo que el título indica con precisión: cómo la prensa nunca reconoció la amenaza que Hitler suponía para la democracia de Weimar. En el quinto, el título lo dice todo: 'Los terribles aranceles de Hitler'. En el sexto cuenta cómo Hitler “fabricó” una crisis, de la que responsabilizó al partido comunista, para hacerse con todo el poder. En el séptimo relata cómo presionó al presidente del Banco Central, cuya independencia estaba garantizada en la Constitución de Weimar, llegando hasta el punto de amenazarlo de muerte, de forma creíble, para forzar su renuncia. En el octavo estudia cómo Hitler llegó a considerar Groenlandia como una cuestión de seguridad nacional y diseñó una estrategia para apoderarse de ella. Y en el noveno, y último hasta el momento, describe el proyecto de construir una nueva ala para ampliar el edificio de la Cancillería.

La concomitancia entre la ejecutoria de Donald Trump y la de Adolf Hitler salta a la vista. El sistema político de la democracia, sea parlamentaria o presidencialista, es el enemigo “interior”, mucho más peligroso que el “exterior”. Hay que acabar con cualquier resistencia al ejercicio del poder interno, a fin de proyectar dicho poder sin control hacia el exterior mediante el ejercicio de la fuerza.

Esta es la forma de ejercer el poder que Hitler tenía en la cabeza y es también la forma de ejercicio que tiene en su mente Donald Trump. La proyección de ese poder sin control fuera del territorio del Estado caerá por su propio peso. La recuperación de la doctrina Monroe para América Latina, la integración de Canadá como un Estado más de los Estados Unidos y la apropiación de Groenlandia son los objetivos ya expresados por Donald Trump.

Penetrar en los países europeos mediante la promoción de los partidos de extrema derecha es el complemento de la operación. Ahí es donde entran Vox inicialmente y el PP, arrastrado por Vox. A través de la estrategia de la “prioridad nacional” de Santiago Abascal primero y de la “mayoría nacional” de José María Aznar después.

En esas estamos en ese momento. Y de ahí que resulten pertinentes las palabras de Diana Morant tras la inclusión de la mención expresa de la “prioridad nacional” en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Valenciana. Estamos en el prólogo de una operación antidemocrática de primer orden en España y en otros países de la Unión, que puede acabar poniendo fin al experimento político de mayor envergadura después de la Segunda Guerra Mundial.

Pareciera que en estos últimos días hay novedades de mucha relevancia respecto de la imputación por tráfico de influencias a José Luis Rodríguez Zapatero en la operación Plus Ultra.

En los medios de comunicación se ha dado un lugar muy destacado al escrito enviado al Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional por el fundador de la compañía Plus Ultra Julio Martínez Sola y a la confesión presencial de Julio Martínez Martínez, empresario y amigo personal del expresidente del Gobierno, como si realmente la información que proporcionaban fuera casi definitiva para acreditar el delito de tráfico de influencias por parte de Rodríguez Zapatero.

Pero la verdad es que, una vez leído el escrito sobre la conducta potencialmente constitutiva del delito de tráfico de influencias, no hay nada. Julio Martínez dice mucho sobre su relación de subordinación respecto del expresidente, pero no dice nada respecto de las personas sobre las cualesRodríguez Zapatero ha ejercido influencia para que la aerolínea Plus Ultra recibiera el préstamo.

La información que transmite Julio Martínez al juez José Luis Calama es completamente irrelevante para la acreditación de una conducta constitutiva del delito de tráfico de influencias. El expresidente era el cerebro de toda la operación y yo me limitaba a ejecutar sus órdenes. Esto es lo que el escrito transmite. Pero, ¿en qué medida influye esa relación personal en los funcionarios que tramitaban el expediente de la concesión del préstamo y de la elevación de la propuesta al consejo de ministros?, es algo sobre lo que el escrito no dice nada. Ni una sola referencia a una entrevista, a un correo electrónico, a una llamada telefónica. Nada.

El escrito lo que hace es corroborar más bien la afirmación de José Luis Rodríguez Zapatero de que no ha hecho ninguna gestión personal respecto del crédito concedido a la aerolínea Plus Ultra. Al menos Julio Martínez no dispone de nada que pueda acreditarlo.

A pesar del ruido generado en torno a la confesión de Julio Martínez, respecto del delito de tráfico de influencias seguimos donde estábamos el 18 de mayo de 2026, cuando el juez José Luis Calama dio a conocer su auto de imputación al expresidente del Gobierno.

A pesar de que la operación de concesión del crédito se había producido en el año 2021, a pesar de que dicha operación fue denunciada por el sindicato Manos Limpias y fue estudiada y archivada por el Juzgado 15 de Madrid al no encontrar indicio de delito alguno en la misma, y a pesar de que la justicia francesa y suiza alertaron en 2024 a la justicia española del posible uso delictivo de los propietarios de Plus Ultra del dinero obtenido con el préstamo y no de alguna irregularidad en la concesión del préstamo, José Luis Rodríguez Zapatero no aparecía mencionado en la documentación relativa a ningún posible delito. Seguimos exactamente igual.

El 15 de junio, en 'El caso Plus Ultra y Rodríguez Zapatero: las cosas en su sitio', expliqué por qué, en mi opinión, el juez José Luis Calama había, presuntamente, ejercido de una manera desviada la potestad jurisdiccional que tiene atribuida y había imputado a Rodríguez Zapatero con vulneración de la Constitución, ya que la información con base en la cual lo imputó había sido obtenida mediante la colaboración entre la policía estadounidense y la policía española sin control alguno por parte de una autoridad judicial. Se trataba, además, de una información en la que el expresidente no aparecía directamente, sino únicamente a través de referencias que otras personas hacían de él.

En auto del 17 de junio de medidas cautelares, el juez José Luis Calama intentó blanquear la anticonstitucionalidad de su manera de proceder en el auto previo del 18 de mayo y afirmó que la información con base en la cual había imputado al expresidente “había sido puesta a disposición de la justicia española por parte de las autoridades judiciales americanas”, pero no acreditaba que así hubiera ocurrido. El juez no solamente no ha subsanado la anticonstitucionalidad del auto de 18 de mayo, sino que puede haber cometido una nueva. La colaboración policial está acreditada. La colaboración judicial, que es la decisiva, no lo está todavía. Veremos.

El 25 de junio, en 'El Juez, la Policía y las joyas de Zapatero', intenté explicar la extralimitación que se había producido por parte de la policía al registrar el despacho del expresidente y del juez al imputar al expresidente por delito de contrabando y fraude fiscal, como consecuencia de haber encontrado unas joyas en una caja fuerte, sin que se estableciera ninguna relación entre dichas joyas y el delito de tráfico de influencias.

Tener joyas en una caja fuerte no es delito. La posesión se presume de buena fe en todos los códigos civiles. Con base en el mero hallazgo no se puede imputar delito alguno.

Seguimos estando donde estábamos. La única conducta presuntamente irregular no es la de José Luis Rodríguez Zapatero, sino la del juez José Luis Calama. Con escrito de Julio Martínez igual que cuando no había escrito.

Coincido con José Antonio Martín Pallín en calificar de cacería judicial la persecución de la que han sido objeto Begoña Gómez y David Sánchez, pero discrepo en el origen de dicha cacería, que para mí está en la sentencia de marzo de 2024 dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) presidida por el magistrado Manuel Marchena.

En julio de 2021 la Audiencia Nacional (AN) había condenado a Miguel Bernad, presidente del autocalificado sindicato Manos Limpias a cuatro años de prisión y a Luis Pineda, presidente de AUSBANC a ocho años de prisión por un delito de extorsión.

Contra dicha sentencia los condenados interpusieron recurso de casación ante la Sala Segunda del TS. Casi tres años más tarde, dicha Sala dictaría sentencia anulando íntegramente la sentencia dictada por la AN, con la argumentación de que las conductas de los dos condenados eran “éticamente reprobables”, pero no merecedoras de la calificación penal que les había atribuido la AN. Reprobación ética sí, pero condena jurídica no.

“A buen entendedor con pocas palabras bastan”, dice el refrán. Seguro que los lectores coinciden conmigo que, en este terreno, es difícil que haya un mejor entendedor que Miguel Bernad. En todo caso, como dice el presidente de la Conferencia Episcopal, “a las pruebas me remito”. En abril de 2024, un mes después de la sentencia del TS, Miguel Bernad denunciaría a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y en mayo de 2024, dos meses después, denunciaría a David Sánchez por tráfico de influencias y delitos fiscales.

Es obvio que no se puede establecer una relación de causalidad entre la sentencia de marzo del TS y las denuncias de abril y mayo de Miguel Bernad. Pero tampoco se puede pasar por alto que la relación laboral entre la Universidad Complutense de Madrid y Begoña Gómez empezó en el año 2012 y que el desempeño de la cátedra en un máster en dicha Universidad por la que Miguel Bernad la denunciaba venía del año 2020, sin que durante esos años se hubiera generado indicio alguno de conducta irregular.

De forma similar el concurso mediante el cual David Sánchez accedió a la plaza de coordinador de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz venía de 2016, año en que se publicaron las bases de dicho concurso y de 2017, año del acto de adjudicación de la plaza. Aunque fueron 11 las personas que se presentaron al concurso, ninguna de ellas impugnó por irregular ni la publicación de las bases, ni el desarrollo del concurso ni el acto de adjudicación de la plaza a David Sánchez. Ni tampoco se produjo queja alguna respecto al desempeño de la plaza por el adjudicatario de la misma.

En la relación laboral entre la Universidad Complutense y Begoña Gómez no ha habido indicio alguno de irregularidad entre 2012 y 2024. En la relación laboral entre David Sánchez y la Diputación Provincial tampoco la ha habido entre 2016 y 2024. Después de las elecciones de julio de 2023, de la investidura de Pedro Sánchez y de la ley de amnistía, todo pasa a ser diferente. La Sala Segunda del TS tira una piedra y esconde la mano. Hay un “buen entendedor” que ha captado el instante e inicia la cacería. A partir de ese momento hay indicios de criminalidad tanto en la conducta de Begoña Gómez y de David Sánchez.

Con respecto al hermano del presidente ya se ha llegado a dictar sentencia en primera instancia. 377 páginas ha necesitado el tribunal sentenciador para no encontrar nada. No hay un solo reproche en las 377 páginas a la conducta de David Sánchez. No movió un dedo para que se creara la plaza primero y se convocara después. No intentó influir en los miembros de la comisión para que se la adjudicara la plaza y no ha habido ninguna queja registrada contra él durante los años en que estuvo ocupándola.

El acceso a la plaza por David Sánchez es un caso de libro de ejercicio del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución: los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Esto es lo que ocurrió en el concurso a través del cual David Sánchez accedió a la plaza de la Diputación de Badajoz.

Al no haberse interpuesto recurso alguno contra la adjudicación de la plaza, el acto de adjudicación es firme y goza de la presunción de legitimidad del acto administrativo de forma inexpugnable. No ha habido ninguna sentencia firme que destruya la presunción de dicha legitimidad. Ni es posible que se dicte ya.

En consecuencia, no hay posibilidad alguna de que David Sánchez haya sido protagonista del delito de prevaricación administrativa, ya que el acceso a la plaza se hizo de manera jurídicamente irreprochable. Esto lo reconoce la propia sentencia.

¿En dónde está, entonces, el momento en que se comete el delito por David Sánchez? En el momento en que se procede al cambio de la denominación de la plaza, sin que se proceda al cambio de las condiciones en que la misma se desempeña. David Sánchez continua con el mismo salario, el mismo horario laboral. Simplemente se ha producido un cambio en la denominación sin que se haya advertido ninguna irregularidad en dicho cambio ni se haya impugnado ni en el interior de la propia Diputación ni ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Como escribió Carlos López-Keller, ¿Qué broma es esta?

La instrucción del caso de Begoña Gómez por el juez Juan Carlos Peinado ha sido mucho más llamativa desde el momento inicial.

En la propia fundamentación de la denuncia Miguel Bernad reconoció públicamente y de manera expresa que su denuncia se basaba exclusivamente en recortes de prensa e informaciones periodísticas de diversos medios digitales. Su objetivo era que el juzgado “comprobara si dichas informaciones eran ciertas o no”.

El lector sin duda sabe que, de acuerdo con la jurisprudencia del TS, una denuncia con tal justificación no debe ser admitida a trámite.

Más todavía. En el curso de la instrucción del caso Begoña Gómez, el TS rechazó una querella de Manos Limpias contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez, reprochando al sindicato el uso de meros recortes de prensa para interponer querellas criminales y calificó dicha maniobra como “manifiesto fraude de ley”. ¿En qué se diferencia la fundamentación de la denuncia contra Begoña Gómez de la querella contra el presidente del Gobierno y su esposa? ¿No es igual de fraudulenta la denuncia contra Begoña Gómez que la querella contra ella y su marido?

La instrucción del caso por parte del juez Peinado ha estado tan llena de irregularidades, que hay pocos casos que se recuerden en que la Audiencia Provincial haya tenido que corregir tantas veces al juez instructor. Pero tampoco hay ningún caso en que se recuerde que, tras corregirlo tantas veces y suspender tantas veces las decisiones que había tomado, la Audiencia Provincial “bendiga la cacería contra Begoña Gómez”.

José Manuel Romero lo explicaba de manera insuperable. La sección 23 de la Audiencia Provincial lleva dos años corrigiendo al juez Peinado y salvándolo al mismo tiempo, con la finalidad de mantener acorralado al presidente del Gobierno.

Lo acaba de hacer este pasado jueves. La Audiencia Provincial ha vuelto a corregir al juez instructor, retirando dos delitos de los que se la acusaba, así como las medidas cautelares de retirada del pasaporte y de comparecencia quincenal para evitar el riesgo de fuga.

Pero mantiene la imputación por el delito de tráfico de influencias y de malversación.

¿Con qué fundamentación? Con la mera existencia del vínculo matrimonial en lo que se refiere al primero. “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados (¿cuáles?), pueden comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el tráfico de influencia”. A pesar de que las empresas que aportaron dinero aseguraron ante el juez instructor que su aportación no tuvo nada que ver con la condición de esposa del presidente de Begoña Gómez, da igual. El mero hecho de estar casada es suficiente para la imputación por tráfico de influencias.

El delito de malversación lo justifica la Audiencia Provincial en la ayuda que prestó Cristina Álvarez, la asistenta de Begoña Gómez, en las gestiones privadas de la mujer del presidente para los cursos que organizó en la Universidad Complutense. Asistencia que consistió en una llamada telefónica, asistencia a doce eventos, redacción de siete correos electrónicos y asistencia a cuatro reuniones. Todo ello a lo largo de ocho años. Una llamada telefónica, asistencia a doce eventos (un evento y medio al año), siete correos electrónicos (menos de uno por año) y asistencia a cuatro reuniones (media reunión al año).

Con esta desvergüenza justifica la Audiencia Provincial la rectitud de la instrucción del juez Peinado respecto de estos dos delitos.

Hasta el momento, tanto en la Audiencia Provincial de Badajoz como en la Audiencia Provincial de Madrid “todo el que ha podido hacer” lo que estaba a su alcance, lo ha hecho.

Queda por ver qué hace el juez al que le caiga la responsabilidad de presidir el tribunal del jurado, que tendrá que poner orden en la investigación desarrollada por el juez Peinado, a fin de poder dirigir el proceso de la forma en que la Ley lo contempla.

¿Seguirá los pasos de todos los jueces y órganos jurisdiccionales que han intervenido hasta el momento o ejercerá la función jurisdiccional de acuerdo con los principios constitucionales recogidos en el artículo 117.1 de la Constitución?

Hace unos días el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, en una conferencia dictada en la Universidad CEU San Pablo en El Escorial, calificó de “tragedia” la desconfianza que los ciudadanos manifiestan en las encuestas sobre la justicia. Una sociedad, concluyó, no puede sobrevivir sin confiar en la justicia.

La sociedad contemporánea, que descansa en el principio de igualdad como técnica de gestión de las diferencias personales, es una cadena ininterrumpida de relaciones jurídicas. Con base en el principio de igualdad todas las relaciones entre los seres humanos son relaciones jurídicas. Entre individuos jurídicamente iguales y, como consecuencia de ello, libres, no hay más forma de relación que el acuerdo de voluntades, el pacto, el contrato.

En la inmensa mayoría, por no decir en la casi totalidad de esas relaciones entre los seres humanos, no se produce ningún conflicto. Las voluntades individuales que entran en contacto en una relación, que no puede no ser jurídica, se mantienen dentro de los límites establecidos por la voluntad general, es decir, por la ley. Posiblemente, no llega ni al 1% las conductas que se desvían de lo que la voluntad general establece para cada relación jurídica en cualquier esfera de la convivencia.

Ocurre, sin embargo, que ese 1% o algo menos son millones de casos. Con un sistema de administración de justicia fiable esa desviación del 1% es manejable. Pero si ese sistema de administración de justicia no es fiable, el 1% se multiplica de tal manera que la convivencia pacífica resulta imposible. La deriva hacia la anomia resulta irresistible.

Las sociedades democráticamente constituidas son posibles porque los ciudadanos, en primer lugar, cumplimos voluntariamente la casi totalidad de las normas que integran el ordenamiento jurídico y, en segundo lugar, porque los conflictos que se producen, cuando hay una desviación de la norma, son resueltos por jueces y magistrados independientes e imparciales únicamente sometidos al imperio de la ley.

La confianza ciudadana en la administración de justicia es, por tanto, una condición sine qua non para la democracia como forma política. Esto es algo que no puede ser siquiera sometido a discusión.

Ahora bien, la confianza ciudadana exige que los jueces y magistrados que integran el poder judicial acrediten en el ejercicio de la función jurisdiccional que su conducta se adecúa a los principios constitucionales que deben presidir dicho ejercicio. Son los que figuran en el artículo 117.1 de la Constitución.

Cuando esto ocurre, no suele haber desconfianza. Cuando no es así, la desconfianza se impone. Esto es lo que indican las encuestas. Los ciudadanos no tienen confianza por igual en todo el sistema de administración de justicia, sino que tienen mucha confianza en alguna parte, una confianza razonable en otra y poca o casi ninguna en otra.

El problema radica en que la parte en la que no tienen confianza está en la cúspide del sistema de administración de justicia e incide de manera muy notable en el funcionamiento del sistema político de la democracia. La sospecha de que hay jueces y magistrados en los más altos órganos jurisdiccionales que tienen una agenda política propia que confluye con la de determinadas opciones políticas, es lo que resulta insoportable.

Y es lo que está ocurriendo en esta legislatura con cada vez mayor intensidad. Una vez que conocido el resultado electoral el 23 de julio de 2023 y que la investidura del presidente del Gobierno requería inexcusablemente los escaños de Junts, se hizo patente que se produciría la aprobación de una ley de amnistía. A partir de ese momento, a la guerra de guerrillas parlamentaria que iniciaron PP y Vox antes incluso de la investidura se anudó una guerra de guerrillas judicial, con la finalidad de derribar al Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

La legislatura en su totalidad ha estado presidida por esa combinación de la agenda política de las derechas en las Cortes Generales y en los Parlamentos de diversas comunidades autónomas con la agenda judicial de jueces y magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de diversos tribunales de justicia de las comunidades e incluso con los consejeros del Tribunal de Cuentas.

La novedad en esta legislatura de la combinación de la agenda política con la judicial en la operación de acoso y derribo al Gobierno, ha sido, además, la extensión del acoso a la familia del presidente del Gobierno.

En este 14 de julio se ha hecho pública la sentencia que condena al hermano del presidente del Gobierno por un delito de prevaricación administrativa por presentarse a un concurso para la provisión de una plaza de coordinador de los distintos conservatorios en la Diputación Provincial de Badajoz. ¿Puede el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución convertirse en un delito de prevaricación administrativa? ¿Hubiera sido procesado y condenado David Sánchez si no hubiera sido hermano del presidente?

Las preguntas se responden por sí mismas. ¿Hay alguien que pueda tener confianza en unos jueces que dictan la sentencia que han dictado en la Audiencia Provincial de Badajoz contra David Sánchez?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anunciado que el 16 de julio hará pública la sentencia sobre la ley de amnistía. Con dicha sentencia, sea en el sentido que sea, se pondrá fin al debate sobre la juridicidad de la ley de amnistía. Si la ley de amnistía no tiene cabida en el derecho europeo, tampoco puede tenerla en el derecho español y tendría, en consecuencia, que ser expulsada del ordenamiento jurídico lato sensu.

Si, por el contrario, la ley tiene cabida en el derecho europeo, quedaría despejada la única duda que quedaba sobre su vigencia. Podrá continuar el debate jurídico académico o el debate político, como ocurre con cualquier norma jurídica después de que el máximo intérprete de la Constitución o del Derecho Europeo haya resuelto las dudas sobre la misma, pero su inclusión en el derecho español y europeo sería ya indiscutible. La última palabra estaría ya dicha.

Dado que la legislatura que se inició con las elecciones del 23 de julio de 2023 ha girado desde el primer momento sobre la amnistía, el alcance de la decisión que se va a conocer el 16 de julio no puede ser mayor. El TJUE avalará la estrategia de acoso y derribo del PP, Vox y de buena parte de la judicatura o, por el contrario, avalará la legitimidad y legalidad de la mayoría parlamentaria y su Gobierno.

En el primer caso, nos encontraríamos ante una crisis constitucional prácticamente inmanejable. Es muy poco probable que se produzca. En el segundo el nacionalismo catalán recuperaría la posición que ha ocupado en el sistema político español desde la entrada en vigor de la Constitución.

La sentencia va a ser, inevitablemente, una sentencia extraña ya que en el asalto a la ley de amnistía se ha practicado avant la lettre, la consigna de José María Aznar del “que pueda hacer que haga”. Han sido tres años de una guerra de guerrillas contra la ley en la que han participado los grupos parlamentarios de PP y Vox en el Congreso de los Diputados y en el Senado (en esta última cámara de manera fraudulenta); el Tribunal Supremo en varias ocasiones, así como también la Audiencia Nacional y algunos Tribunales Superiores de Justicia de varias comunidades autónomas y el propio Tribunal de Cuentas. Además de algunas de las asociaciones de jueces, que llegaron a convocar manifestaciones en las puertas de las Audiencias Provinciales e incluso huelgas, que carecen de cobertura constitucional. Y la “Brunete” mediática, por supuesto.

No todas las acciones han acabado siendo judicializadas, pero muchas sí lo han sido. Cada una ha tenido el recorrido judicial que le correspondía. En consecuencia, el debate sobre la ley de amnistía no ha sido un debate nítido. No ha sido un debate con base en un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diputados o senadores del PP y Vox o en una cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo, a las que se podría haber anudado una cuestión prejudicial ante el TJUE. Ha sido un debate con múltiples voces y ante diferentes instancias. Como consecuencia de ello, la cacofonía jurídica ha sido enorme.

Como consecuencia de esta enorme cacofonía, el TJUE se va a pronunciar este próximo 16 de julio sobre dos cuestiones prejudiciales menores, se podría decir, elevadas por el Tribunal de Cuentas la primera y por la Audiencia Nacional la segunda. Pero ambas van a despejar las dudas sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho europeo.

El Tribunal de Cuentas analiza la responsabilidad contable del expresident Carles Puigdemont y otros miembros del Govern, y pregunta si amnistiar el desvío de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés vulnera la directiva europea de protección de los intereses financieros de la Unión.

La cuestión elevada por la Audiencia Nacional se produjo en relación con la causa que afecta a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). La Audiencia Nacional considera que el TJUE debe decidir si la cobertura que da la ley de amnistía a la actuación de estos Comités es compatible con la Directiva europea de lucha contra el terrorismo o si, por el contrario, genera un espacio de impunidad incompatible con el marco comunitario.

En noviembre del año pasado, el Abogado General descartó que la ley de amnistía fuera incompatible con la normativa europea sobre protección de fondos o sobre terrorismo.

También descartó la alegación de que la ley de amnistía fuera una ley de “autoamnistía”, es decir, que se aprobaba por quienes había cometido delitos durante el procés para eximirse de cualquier tipo de responsabilidad. Los redactores de la ley serían, pues, los beneficiarios de la misma, con lo que se produciría un intercambio de votos por impunidad.

Ya el Tribunal Constitucional argumentó que el objetivo de la norma no era un beneficio personal, sino un fin legítimo de Estado: buscar la normalización política y la convivencia en Cataluña tras la crisis constitucional de 2017. Con esta opinión es con la que coincide el Abogado General.

La opinión del Abogado General no es vinculante, pero estadísticamente suele anticipar el fallo definitivo.

De ser así, el TJUE estaría desbloqueando la situación jurídica de los líderes independentistas condenados o encausados, aunque todavía no condenados, como es el caso de Carles Puigdemont.

El nacionalismo catalán del que procede Junts ha sido una pieza muy importante en el sistema político español desde la entrada en vigor de la Constitución. Materialmente, representa una parte importante de la Constitución de España. La guerra de guerrillas contra la ley de amnistía lo ha descolocado. ¿Será posible que, resuelta la cuestión de la amnistía, esa forma de manifestación del nacionalismo catalán vuelva a hacer política de la forma en que demostró que sabe hacerlo?

Hasta este pasado lunes no se me había pasado por la cabeza que el interrogante tuviera sentido. La autonomía de la competición deportiva es de las pocas cosas no susceptibles siquiera de ser sometidas a discusión que todavía quedan. No hablo del deporte, sino de la concreta competición deportiva. Las reglas relativas a la circulación de futbolistas en el espacio europeo, que antes del 15 de diciembre de 1995 eran definidas por la UEFA, pasaron a serlo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Bosman, que pasó a ser durante unos años el jugador más famoso de Europa y posiblemente del mundo. Los lectores más veteranos seguro que lo recuerdan. Los más jóvenes a lo mejor no.

Los derechos reconocidos en los Pactos Internacionales o en los Tratados Europeos o en las Constituciones estatales se imponen directamente, o pueden imponerse a través del recurso pertinente ante la autoridad judicial competente, a las autoridades deportivas en el momento de configurar una determinada competición. Pero, una vez que las autoridades deportivas han fijado las reglas de la competición respetando tales derechos, no hay ninguna autoridad política que pueda penetrar desde el exterior para imponer una interpretación distinta.

Esto es lo que da credibilidad a una competición deportiva. Sin reglas conocidas y sin árbitros que las apliquen con imparcialidad, no hay competición deportiva. Pueden incluirse instrumentos de revisión de las decisiones adoptadas por los árbitros, pero es imprescindible que en un momento determinado la decisión arbitral sea una decisión firme. Firme en términos absolutos, como ocurre, por ejemplo, con el resultado del partido. O firme en términos relativos. Se mantiene su vigencia para el partido en que se ha tomado, pero puede ser recurrida ante un tribunal arbitral, que puede confirmarla o anularla o modificarla, como ocurre con la tarjeta del color que sea, que a un jugador le puede ser mostrada por el árbitro en el curso del partido. Incluso es posible admitir un recurso ante autoridades judiciales no deportivas, si las circunstancias que concurre en el caso así lo exigen.

La imparcialidad en el ejercicio de la función arbitral se ha ido perfeccionando de manera considerable a medida que ha ido progresando el proceso de globalización de la competición deportiva de que se trate. Justamente por eso, cada vez es mayor el respeto de las decisiones arbitrales. Y también por eso, son cada vez más frecuentes los resultados inesperados.

El campeonato mundial de fútbol de este 2026 está siendo, con mucha diferencia, el mejor ejemplo. Hubo un reproche inicial a la FIFA de que la opción de un campeonato con 48 selecciones tenía como finalidad garantizar el paso de la competición por grupos a selecciones predeterminadas, ya que se presumía que algunas de las selecciones que habían llegado a la fase final tenían un nivel muy inferior a las demás y quedarían descartadas con facilidad.

Nada más lejos de la realidad. La competición de 2026 ha sido la más equilibrada de todas las celebradas hasta la fecha. Posiblemente se hablará de un antes y un después a 2026. En este campeonato se está produciendo el bautismo de algunas selecciones, pero, sobre todo, la confirmación de muchas más, que harán que a partir de 2030 la globalización del fútbol lo sea no solamente por la afición que despierta, sino también por la forma en que se lo practica.

Ahora bien, todo esto puede deshacerse si no se corrige la decisión de permitir que Estados Unidos se salte la línea roja de excepcionar la vigencia del artículo que exige que el jugador al que se ha enseñado una tarjeta roja, confirmada en apelación, no puede jugar el partido siguiente.

El hecho de que el presidente de los Estados Unidos haya llamado telefónicamente en tres ocasiones a los responsables de la FIFA y haya exigido para un jugador estadounidense la exoneración de una sanción firme, no puede ser aceptada sin viciar de raíz la competición. Esa mancha no puede ser borrada. El mundial 2026 se convertiría en un mundial fake, sobre el que, posiblemente tendrían que acabar pronunciándose no solamente tribunales arbitrales deportivos, sino un Tribunal Mundial de Justicia.

Afortunadamente para el deporte mundial los años de Lance Armstrong como campeón del Tour no coincidieron con Donald Trump en la Casa Blanca. Es posible que la adulteración fáctica hubiera sido blanqueada y que su nombre figurara siete veces repetido en el listado de los ganadores del Tour.

Afortunadamente no fue así. Es un precedente al que tendría que recurrir el mundo del fútbol para evitar lo que Donald Trump pretende hacer.

Me imagino que Alberto Núñez Feijóo se habrá arrepentido todos los días de haber ordenado a finales de 2025 a los presidentes de las comunidades autónomas de Extremadura y Aragón disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, con la doble finalidad de intentar obtener una mayoría absoluta que pusiera fin a la dependencia de Vox en ambos Gobiernos autonómicos y de erosionar simultáneamente al presidente del Gobierno de la Nación. Dado que el calendario electoral imponía que en la primavera de 2026 se tenían que celebrar las elecciones en la comunidad autónoma de Castilla y León y que antes del mes de julio también había que convocarlas en Andalucía, la concatenación de las cuatro elecciones daba al PP una oportunidad única para prefigurar un escenario de poner fin a la hipoteca de Vox, de derrota total del PSOE y de triunfo inevitable del PP en las próximas elecciones generales.

Como todo el mundo sabe, al presidente del PP el tiro le ha salido por la culata. No solamente no ha conseguido las cuatro mayorías absolutas que pretendía, sino que ha perdido la única de la que disponía en Andalucía. Vox ha conseguido imponer su “prioridad nacional” en las cuatro comunidades autónomas y ha dejado claro que también la impondría en el Estado tras las próximas elecciones generales, en las que resulta inimaginable que el PP pueda alcanzar la mayoría absoluta para la investidura.

Si se hubiera mantenido la mayoría absoluta en Andalucía, el PP podría haberse librado de cargar con la “prioridad nacional” en las próximas elecciones generales. Pero, con la pérdida de dicha mayoría, ha perdido toda credibilidad para anunciarle al cuerpo electoral de todo el Estado que no va a aceptar la condición que Vox le va a imponer para ser investido presidente del Gobierno, si entre ambos consiguen la mayoría absoluta. La “prioridad nacional” ha venido para quedarse como parte del programa de toda la derecha española.

Por si fuera poco cargar con esta cruz, José María Aznar se ha dirigido a Alberto Núñez Feijóo para imponerle, apenas unos días después de que estuviera en Catalunya cortejando a Junts, que su obligación en las próximas elecciones es conseguir una “mayoría nacional”, ya que Junts no es partido de fiar.

Obviamente, Aznar no ha dicho en qué consiste una “mayoría nacional”, pero a buen entendedor con pocas palabras basta. “Mayoría nacional” es una mayoría que no tenga que contar con los nacionalismos catalán y vasco.

A la xenofobia y racismo que conlleva la “prioridad nacional” se añade ahora el antinacionalismo vasco y catalán de la “mayoría nacional”. José María Aznar ha hecho suya la tesis de Donald Trump de que el “enemigo interior” es mucho más peligroso que el enemigo exterior. La mera existencia de un “nacionalismo catalán y vasco” supone la posibilidad de un “cambio de sistema”, que, según ha asegurado, “está en marcha”. Pedro Sánchez es un riesgo por sí mismo y porque puede, con los nacionalismos catalán y vasco, comportar un “cambio de sistema”, operación que está en marcha.

Prioridad nacional y mayoría nacional son la alternativa del “nacionalismo exclusivamente español”. Para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez y evitar el riesgo de un cambio de sistema, Alberto Núñez Feijóo tiene que lograr “una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda” con “un programa capaz de suscitar una adhesión masiva”.

El escenario de este fin de legislatura y de las próximas elecciones generales se está perfilando: o la “mayoría plural” de la moción de censura de 2018 y de los Gobiernos de coalición posteriores o la “mayoría nacional”.

La “mayoría nacional” supone la esterilización política de los nacionalismos catalán y vasco. No una esterilización absoluta, pero sí una esterilización para poder participar en la investidura del Gobierno de la Nación.

Una vez conseguida la “mayoría nacional”, la “esterilización política de los nacionalismos catalán y vasco” se puede conseguir con facilidad. No hace falta reformar la Constitución. Basta con reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y configurar una “barrera legal” para la investidura del presidente del Gobierno no en cada circunscripción provincial, sino en el conjunto del Estado. El partido que no obtenga un determinado porcentaje de voto, 5 o 10%, en el conjunto del Estado, no podrá participar en la investidura del presidente del Gobierno de la Nación. Con esto bastaría para excluir a los partidos nacionalistas vascos y catalanes.

Aunque tengo dudas sobre la constitucionalidad de la fórmula, no la tengo en que no sería declarada anticonstitucional.

Los partidos nacionalistas catalanes y vascos podrían participar en la investidura de los presidentes de sus comunidades autónomas, pero no en la investidura del presidente de la Nación, si no alcanzaban un 5 o un 10% de los votos válidamente emitidos en el conjunto del Estado. Esto es lo que supone la “mayoría nacional”.

Nadie puede llamarse a engaño.

El Tribunal Supremo parece decidido a presentar una cuestión prejudicial sobre el Real Decreto de regularización de inmigrantes de 2026. De lo contrario, no tendría sentido que hubiera preguntado a la Abogacía del Estado, por un lado, y a la de las comunidades autónomas que ya habían interpuesto recursos contencioso administrativos contra dicha norma, por otro, si consideran oportuno o incluso necesario elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)  

Con el historial de regularizaciones de inmigrantes en España no parece que sea necesario elevar al TJUE ninguna cuestión prejudicial. Antes de esta regularización de 2026 se han producido seis regularizaciones, cuatro con gobiernos socialistas (1986, 1991, 1996 y 2005) y dos con gobiernos del PP (2000 y 2001). En ninguna de ellas se ha considerado necesario formular pregunta de ningún tipo a la justicia europea. Se ha entendido siempre que esta era una cuestión que incumbía al Estado español y que eran sus órganos políticos y judiciales quienes tenían que tomar la decisión. 

Todavía en este 2026 la Comisión Europea ha subrayado que España no estaba cometiendo ilegalidad de ningún tipo en su proyecto de regularización de inmigrantes irregulares en el país que dispusieran de un arraigo demostrable. Al tratarse de personas que ya están desde hace tiempo en el territorio del Estado español, es España quien tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la inmigración. 

Dado el tiempo transcurrido desde la última regularización -21 años- y dado el origen de esta regularización de 2026 en una iniciativa legislativa popular secundada por más de 700.000 firmas, parece razonable concluir que no ha habido precipitación por parte del Gobierno, ni se han tomado atajos para adoptar la medida. 

El apoyo a la regularización ha sido muy mayoritario en la sociedad española. Ha sido inequívoco e incluso se podría decir que beligerante por parte de las organizaciones sindicales y por un actor tan cualificado como la Iglesia Católica y, aunque con algunas reservas, también por las organizaciones patronales. 

El texto del Real Decreto ha recibido el aval del Consejo de Estado tanto en lo relativo a la legitimidad del instrumento normativo como, en términos generales, al contenido del mismo, aunque, como suele ocurrir en estos casos, el Consejo formuló observaciones y críticas con la finalidad de mejorar el texto y de que no existieran reservas sobre el mismo. El Gobierno aceptó las observaciones del Consejo de Estado, haciendo uso en su aprobación de la fórmula “de acuerdo con el Consejo de Estado”.

De todas las regularizaciones aprobadas hasta la fecha no hay ninguna que se haya aprobado con tanto apoyo social, con un análisis tan detenido de las circunstancias que concurrían en el proceso de regularización y después de constatar que el número de inmigrantes que ya estaban residiendo en España sin tener regularizada su situación era muy alto.

A pesar de ello no se puede pasar por alto que la preocupación en la Unión Europea por la inmigración ha ido siendo cada vez mayor y que la apuesta no solamente del Estado, sino también de la sociedad española, por la inmigración no coincide con la posición de la mayor parte de los países de la Unión. Ni mucho menos con la sombra que proyectan los Estados Unidos de Donald Trump. Pero, con las cautelas que se contienen en el real decreto, no parece probable que el TJUE lo anule.  

Si el PP no estuviera tan presionado por Vox es más que probable que esta regularización se hubiera aprobado con más serenidad y mucho menos ruido institucional. Pero las cosas son como son y la derecha que tenemos es la que tenemos. Y lo que nos queda. 

Empecemos por donde hay que empezar, es decir, por la Constitución, en cuyo artículo 71.3 el constituyente dice lo siguiente: “En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

Con esta decisión, el constituyente está excepcionando el ejercicio de dos derechos fundamentales: el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la segunda instancia en el proceso penal. 

El Diputado o Senador, por el mero hecho de serlo, se ve privado del ejercicio de esos dos derechos. La Sala Segunda del Tribunal Supremo se convierte en el juez de primera y única instancia de su conducta. 

Obviamente, el Diputado o Senador que no quiera verse privado de dichos derechos puede recuperarlos de manera inmediata renunciando a su escaño en el Congreso o en el Senado. Es así de fácil. 

Hasta aquí no hay jurídicamente más problema que el no ejercicio del derecho a la segunda instancia, que figura en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sellado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, que no contempla ninguna excepción para su ejercicio. En virtud del mandato interpretativo del artículo 10.2 de la Constitución, España debería haber previsto alguna forma de darle cumplimiento y no lo ha hecho. Tal circunstancia no es considerada, sin embargo, como justificadora de una declaración de nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en única instancia contra un aforado.

El problema de la potencial nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo por vulneración de derechos fundamentales se presenta cuando concurre la circunstancia de la pérdida de la condición de aforado como consecuencia de la renuncia del imputado antes de que se haya dictado sentencia. No solamente antes de que se haya iniciado el juicio oral, sino incluso habiéndose iniciado éste. 

El aforamiento de diputados y senadores es una norma excepcional. Tan excepcional que excepciona la vigencia de dos derechos fundamentales de importancia tan capital como el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, que es la clave de bóveda de todo el sistema de administración de justicia, y el derecho a la segunda instancia. 

Como norma excepcional que es, no admite interpretación expansiva de ningún tipo. En el momento en que el aforado deja de serlo, el Tribunal Supremo tiene que inhibirse. El asunto pasará al órgano judicial predeterminado por la ley al que corresponda. 

Tal como está redactada la Constitución, no cabe prolongación temporal alguna en la excepción de la vigencia de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley y a la segunda instancia. Únicamente el constituyente, mediante la reforma de la Constitución -que, en este caso, al verse afectados derechos fundamentales, tendría que ser la revisión prevista en el artículo 168 y no la reforma prevista en el artículo 167 de la Carta-, podría prolongar temporalmente la excepción de la vigencia de tales derechos fundamentales. 

En mi opinión, ni siquiera el legislador orgánico, es decir, el legislador de la Ley Orgánica del Poder Judicial o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podría extender temporalmente la suspensión de la vigencia de los dos derechos fundamentales reiteradamente mencionados. Ni siquiera mediante la reforma de tales leyes podría hacerse. Aunque, admito, que tal vez esto último podría ser sometido a discusión. En todo caso, el legislador no lo ha hecho. 

No hay en el ordenamiento jurídico español ni en el ordenamiento internacional relativo a los derechos fundamentales ninguna norma que, ni remotamente, contemple la posibilidad de prolongar temporalmente la suspensión de la vigencia de derechos fundamentales en general y de dos derechos fundamentales tan centrales en el proceso penal en particular.  

En consecuencia, la prolongación temporal de la suspensión de los dos derechos fundamentales reiteradamente mencionados a José Luis Ábalos y a Koldo García, después de que el 28 de enero de 2026 el primero hubiera hecho entrega de su acta de diputado y dejara de estar aforado, carece de cobertura jurídica alguna. 

La Sala Segunda no identifica una sola norma -ni del derecho internacional de derechos fundamentales, ni del derecho europeo, ni del derecho constitucional, ni del legislador orgánico al que está reservado el desarrollo de los derechos fundamentales- con base en la cual fundamentar esa prolongación temporal de la suspensión del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y del derecho a la doble instancia. No hay fundamentación jurídica alguna con base en la cual retener la competencia para entender de la conducta de José Luis Ábalos y Koldo García.

La Sala recurre (reparen en el disparate) a un “Acuerdo” de un Pleno no jurisdiccional de 2 de diciembre de 2014 de la propia Sala Segunda. El “Acuerdo” dice lo siguiente:

“Único Asunto: Efectos de la pérdida de la condición de aforado como consecuencia de la renuncia del imputado.

ACUERDO. En los casos con aforados, la resolución judicial que acuerde la apertura de juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado“.

Como el juez instructor, Leopoldo Puente, dictó el 25 de diciembre de 2025 el auto de apertura del juicio oral, el Tribunal entendió que tenía desde ese momento “definitivamente fijada su competencia” y convocó una “vista de cuestiones previas” para el 12 de febrero de 2026.

La pregunta se impone por sí misma: ¿desde cuándo se puede prolongar temporalmente la suspensión de derechos fundamentales con una “Acuerdo” de un “Pleno no jurisdiccional de una Sala del Tribunal Supremo”? ¿Puede la Sala explicar qué lugar ocupa un Pleno no jurisdiccional de una Sala del Tribunal Supremo en nuestro sistema de fuentes del derecho como para que pueda tomar una decisión con este alcance? ¿Es posible que unos magistrados del Tribunal supremo desconozcan lo que he ido explicando a lo largo del artículo?

La presencia de Koldo García subraya todavía más la imposibilidad de que la Sala Segunda pudiera retener la competencia. José Luis Ábalos ha estado aforado hasta el 28 de enero de 2026, pero Koldo García no lo ha estado nunca. Se ha visto privado del ejercicio de derechos fundamentales por la vis expansiva procesal del aforamiento de Ábalos. Pero esa privación de derechos fundamentales no puede ir ni un segundo más allá del momento en que Ábalos pierde el aforamiento. Si la situación procesal de Koldo García está subordinada a la de Ábalos en la fase que conduce desde el comienzo de la instrucción hasta el momento en que el exministro deja el escaño, desde el momento en que Ábalos deja de estar aforado ocurre lo contrario: es la posición procesal de Koldo García la que ocupa la posición dominante y arrastra la del exdiputado. 

Frente a Koldo García la Sala Segunda no puede hacer valer el tiempo de aforamiento de José Luis Ábalos. Ya lo ha pagado con la privación de sus derechos fundamentales. Dicha privación no puede prolongarse ni un segundo más. 

Como puede verse, la sentencia dictada por la Sala Segunda en el mal llamado “caso mascarillas”, por la que se ha condenado a José Luis Ábalos y Koldo García, se ha producido con vulneración manifiesta de derechos fundamentales y es, en consecuencia, nula de pleno derecho. Mejor dicho: no puede no ser nula de pleno derecho.

La Sala tendrá la posibilidad de corregir su error en la respuesta al incidente de nulidad de actuaciones. Esperemos que así sea.