En el auto de 18 de mayo de 2026 mediante el cual se imputó a José Luis Rodríguez Zapatero se incluye un “Antecedente de Hecho Tercero” que dice lo siguiente: “A través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional, la Agencia de Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) ha puesto a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción la extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente al investigado Rodolfo Reyes Rojas”.

En el auto de 17 de junio de 2026, en el “Fundamento de Derecho Único”, se dice textualmente: “El análisis preliminar del contenido del dispositivo puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de los Estados Unidos”.

En menos de un mes, el juez instructor ha convertido una cooperación policial en una cooperación judicial. Esto no es opinión mía, sino que es resultado del contraste entre lo que el juez Calama escribe el 18 de mayo y el 17 de junio. 

La discrepancia es de importancia capital. En España no se puede dictar un auto de imputación penal con información obtenida de una agencia administrativa sin control judicial, que es lo que ocurrió con el auto del 18 de mayo de 2026. El juez de instrucción español no comprobó si la información que se había obtenido de la extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas lo había sido de una manera jurídicamente intachable, es decir, con control judicial. Dio por bueno el resultado de la cooperación policial sin más.

Un auto de imputación dictado de esta manera es un auto nulo de pleno derecho. El aval judicial resulta imprescindible. El auto está viciado en su origen por la ausencia de la autoridad judicial en la obtención de la información incriminatoria.

¿Puede ser subsanado este vicio? En mi opinión, no. Un auto, cada auto, es una pieza judicial que tiene que ser analizada con lo que en la misma se contiene. Si la información con la que se ha dictado no ha sido obtenida de manera acorde con lo que la Constitución española exige, el auto no puede no ser nulo de pleno derecho. 

Pero vamos a hacer de “abogado del diablo” y contemplar si habría alguna posibilidad, por alambicada que fuera, que permitiera la subsanación.

La única que se me ocurre es que se pudiera acreditar que, antes del 18 de mayo, un órgano judicial en Estados Unidos hubiera tenido conocimiento y hubiera avalado la operación de “extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente al investigado Rodolfo Reyes Rojas”. Habría existido un control judicial, aunque tal control no se hubiera exteriorizado. Dicho control no era necesario para la cooperación policial, pero sí para la cooperación judicial. 

Poniéndonos en la mejor de las hipótesis para la posible subsanación, el juez Calama hubiera tenido que dirigirse al juez de los Estados Unidos que hubiera tenido conocimiento de la operación de detención de Rodolfo Reyes Rojas por la policía de aduanas y de la extracción telefónica de su dispositivo móvil. El juez Calama debería haber solicitado a dicho juez, a través de la activación del procedimiento de cooperación judicial previsto para estos supuestos, que le hiciera entrega de la información obtenida de esa manera.

Sin acreditar una actuación de esta naturaleza, es decir, sin mostrar en qué fecha y en qué términos ha puesto en marcha la operación rogatoria para obtener la información por parte del juez estadounidense, el juez Calama no puede afirmar que el vicio del auto de 18 de mayo se ha subsanado. 

Y sin embargo, esto es lo que hace en el auto de 17 de junio. El juez Calama no subsana, sino que da por subsanado el vicio, afirmando que han sido “las autoridades judiciales de los Estados Unidos” las que han “puesto a disposición de la jurisdicción española” la extracción telefónica del dispositivo móvil de Rodolfo Reyes Rojas.

El juez Calama da por demostrado lo que tiene justamente que demostrar. No hay duda de que la cooperación policial se ha producido. Pero la cooperación judicial sigue sin aparecer por parte alguna. 

Y sin cooperación judicial acreditada es nulo de pleno derecho el auto de 18 de mayo y todos los autos posteriores relativos a José Luis Rodríguez Zapatero en esta causa. Y cuando digo todos, son todos. Los relativos a José Luis Rodríguez Zapatero, pero también a sus hijas o a su secretaria. 

Todavía hay más. La defensa de José Luís Rodríguez Zapatero debería dirigirse al juez Calama para preguntarle si se ratifica en las palabras relativas a la “puesta a disposición de la justicia española por las autoridades judiciales de los Estados Unidos” de la extracción telefónica del dispositivo móvil de Rodolfo Reyes Rojas, o si se trató de un error material, que debe ser tenido por no puesto. 

Si el juez Calama acepta que ha sido un error y decide suprimir esa parte del auto, no habría nada más que decir. Si no lo hace y no es capaz de acreditar que efectivamente las autoridades judiciales estadounidenses conocieron y avalaron la actuación de la policía de fronteras respecto de la extracción telefónica del dispositivo móvil de Rodolfo Reyes Rojas, el juez Calama habría faltado a la verdad de manera deliberada en la redacción del auto.

Para cualquier jurista serio la conclusión es clara.  

La concesión de ayudas por parte de diferentes Estados de la Unión Europea a diversas aerolíneas con motivo del impacto del COVID 19 no ha dejado de suscitar polémicas que han acabado en algunos casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o ante el Tribunal General (TGUE) y, en otros, ante los tribunales de justicia nacionales.

Las decisiones del TJUE y el TGUE se pueden clasificar en dos grandes grupos: las anulaciones de grandes rescates de aerolíneas singulares por vicios en su aprobación y, por el contrario, el aval a los fondos generales de solvencia, a los que podían acogerse diversas aerolíneas.

En el primero destaca, sobre todo, la anulación definitiva en abril de 2026 de la ayuda a Lufthansa, una recapitalización masiva de 6.000 millones de euros en 2020 bajo el “Marco Temporal de Ayudas de Estado” de la Comisión Europea.

Pero no fue la única. También fueron anuladas las autorizaciones de los rescates de Air-France-KLM y SAS.

En el segundo grupo se encuentran todos los rescates de las aerolíneas españolas, de las cuales únicamente el rescate de Air Europa, que recibió 475 millones de euros de 2020 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, acabó siendo examinado por el TJUE, que la aprobó sin reserva de ningún tipo.

El rescate de Plus Ultra no llegó al TJUE porque, según la normativa europea del Marco Temporal COVID-19, los Estados miembros no estaban obligados a notificar las ayudas que no rebasaran el umbral de los 250 millones de euros. La ayuda a Plus Ultra alcanzó la cifra de 53 millones de euros.

Sí llegó a la justicia española, a los juzgados de Madrid, en 2021, como consecuencia de una denuncia por el pseudosindicato Manos Limpias contra altos cargos de la SEPI y miembros del Consejo de ministros por malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Tras más de un año de investigación, la titular del juzgado 15 decretó el archivo de la causa por ausencia de delito. La jueza recibió el expediente completo de tramitación del rescate, remitido por la SEPI, en el que se detallan los múltiples controles internos y externos que superó la solicitud de ayuda de la compañía Plus Ultra sin hallar rastro alguno de intervención política. José Manuel Romero publicó el pasado 28 de mayo en este diario un análisis detallado del mismo: 'Un tráfico de influencias para el rescate de Plus Ultra sin influencia acreditada'. Lectura obligatoria para quien quiera estar bien informado.

Hasta este momento, si prescindimos de la singularidad de Manos Limpias, no hay reproche alguno que se pueda formular contra el proceso general de concesión de préstamos para las aerolíneas afectadas por el COVID 19 y el control judicial de las mismas en España. No solamente no hay tráfico de influencia acreditado en ningún caso, sino que, del propio procedimiento diseñado para la concesión de los préstamos, se desprende la dificultad, por no decir la casi imposibilidad, de que tal tráfico hubiera podido producirse. Hacer la presión que exige la jurisprudencia sobre el tráfico de influencias a los funcionarios de la SEPI que tenían que elevar la propuesta de concesión al Consejo de ministros, que era quien la aprobaba, es prácticamente imposible.

El delito de tráfico de influencias había quedado descartado, parecía que, de manera definitiva, en la concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra. El de tráfico de influencias y el de cualquier otro, ya que la titular del Juzgado número 15 de Madrid, como hemos visto, no había apreciado delito alguno.

Pero no ha sido así. El delito ha reaparecido en un auto de 18 de mayo de 2026 dictado por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional. En dicho auto se imputa como presunto autor del delito al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Resulta llamativo que, aunque durante los años de Rodríguez Zapatero no se acreditó ni un solo caso de corrupción, ha sido el primer expresidente en ser imputado por corrupción. Es comprensible, en consecuencia, el impacto que el auto dictado por el juez Calama ha tenido en la opinión pública.

De ahí la necesidad de contextualizar el auto, a fin de que pueda ser entendido por cualquier ciudadano, que no haya estudiado derecho. Es lo que pretendo hacer a continuación.

Para que el lector no se pierda, es preciso responder a las dos siguientes preguntas: ¿cómo ha llegado el asunto Plus Ultra del Juzgado número 15 de Madrid al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional? Y, ¿cómo ha recalado José Luis Rodríguez Zapatero en el auto dictado por el titular de este Juzgado, José Luis Calama?

Tras haber sido dictada la sentencia por la titular del Juzgado número 15 de Madrid, en la que, como hemos visto, se llegaba a la conclusión de que no se había producido delito alguno en la concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra, la justicia suiza y la francesa alertaron en 2024 a la justicia española del posible uso delictivo por los dirigentes de Plus Ultra del dinero obtenido con el préstamo. Y apuntaban a los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. 

Es importante subrayar que la justicia suiza y la francesa no ponen en cuestión la licitud del préstamo concedido, sino el uso posterior del dinero obtenido a través de dicho préstamo por parte de los propietarios y dirigentes de la aerolínea Plus Ultra, entre los que no se encuentra José Luis Rodríguez Zapatero. 

La titular del juzgado número 15 de Madrid, ante el nuevo objeto procesal suscitado por la alerta de las justicias suiza y francesa, que desborda el que fue objeto de estudio por su parte para dar respuesta a la inicial querella de Manos Limpias, decidió inhibirse a favor del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, al que correspondiera encargarse del asunto.

Hasta ese momento el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero no había hecho acto de presencia. ¿Cómo entra el expresidente del Gobierno en la investigación de los delitos sobre los que habían alertado las justicias suiza y francesa?

Aquí es donde está “la madre del cordero”.

¿La incorporación del expresidente del Gobierno a la causa se ha producido de manera constitucional o, por el contrario, lo ha sido con vulneración de las garantías constitucionales del proceso penal reconocidas en la Constitución? Como escribí el pasado jueves respecto del ex fiscal general Estado, dichas garantías, como la virginidad de María, proyectan su vigencia “antes de parto, en el parto y después del parto”, sin excepción temporal de ningún tipo. Empezando, por tanto, con el momento de la imputación. ¿Puede ser considerado constitucional el auto de imputación dictado el 18 de mayo de 2026 por parte del juez instructor? 

En el propio auto y en la conducta procesal ulterior del propio Juez Calama tenemos la respuesta.

En el Auto no se recoge información alguna objetivamente contrastable de la participación de Rodríguez Zapatero en la concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra o en el uso de dinero de dicho préstamo. Toda la información que se aporta sobre el expresidente procede del clonado del teléfono de Rodolfo Reyes Rojas, puesto a disposición de la Policía Nacional por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI). Cito textualmente: “A través de los mecanismos de los que dispone la Policía Nacional la HSI ha puesto a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente al investigado Rodolfo Reyes Rojas”.

En dicho dispositivo móvil no aparece ninguna intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero, sino únicamente las intervenciones de terceros que hablan de él. Pero para la UCO, en primer lugar, y para el juez instructor, después, las menciones de Zapatero que figuran en el dispositivo móvil tienen suficiente credibilidad para justificar su imputación.

No hay ni un solo momento en que el juez instructor se detenga a preguntarse cómo se puede iniciar un proceso penal en España sin la presencia de una autoridad judicial. La HSI es un órgano administrativo. En consecuencia, de la información que pueda obtener sin control judicial no se puede derivar un auto de imputación por parte de un juez español. La Constitución excluye tal posibilidad de manera absoluta. ¿Cómo ha podido ignorar el juez Calama que su primera obligación para dictar un auto de imputación tiene que ser la verificación de que la información con base en la cual dicho auto ha sido dictado ha sido obtenida de manera jurídicamente irreprochable? Parece increíble, pero así ha sido.

El propio juez Calama, al haber leído, sin duda, las críticas sobre la inconstitucionalidad de su manera de proceder (ver Jordi Nieva y Carlos López-Keller), ha intentado blanquear la información indebidamente obtenida. Pero el remedio ha sido peor que la enfermedad, ya que resulta difícil de entender su decisión de dirigirse genéricamente a la Administración estadounidense solicitando que se le autorice a hacer uso de ahora en delante de la información de la que ya ha hecho uso en el auto de imputación de Rodríguez Zapatero. Pedir autorización para utilizar lo que ya se ha utilizado se califica por sí mismo.

¿No sabe, además, el juez Calama que un juez no puede dirigirse nada más que a otro juez? La cooperación judicial únicamente puede darse entre jueces. Un juez no puede solicitar cooperación a una autoridad administrativa. Ni recibirla. Por la propia naturaleza constitucional del poder judicial y del poder administrativo. ¿No sabe, además, que un juez no puede solicitar nunca “autorización” para hacer uso de una información, sino que debe exclusivamente exigir que se le certifique más allá de toda duda razonable que la información ha sido obtenida de forma jurídicamente irreprochable? Si la información es jurídicamente irreprochable, todo lo demás sobra. Si no lo es, no hay nada que se pueda hacer.

De lo expuesto hasta el momento se deduce que el auto de 18 de mayo de 2026 es nulo de pleno derecho por vulneración de las garantías constitucionales del proceso penal. También lo es la solicitud para poder hacer uso de la información indebidamente obtenida a través del HSI.

De la nulidad del auto de imputación se deriva la nulidad de todas las decisiones que se han tomado respecto de la intimidad personal y familiar del expresidente del Gobierno. La cacería del expresidente del Gobierno y su familia está siendo infame.

Nos encontramos ante una instrucción por parte de un juez, pero con vulneración palmaria de la Constitución. En consecuencia, no es la “voluntad general”, la Constitución y la Ley, la que el juez Calama está haciendo valer, sino que ha sustituido la voluntad general por su voluntad particular. Me imagino que eso sí sabrá lo que significa.

Pienso que nadie o casi nadie se ha sorprendido con la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) de oponerse al indulto del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sí ha habido quienes han manifestado su conformidad o, muy abiertamente, su disconformidad con dicha decisión. 

Yo me encuentro entre los primeros. Estoy completamente de acuerdo con la decisión del TS de oponerse al indulto. Lo estoy porque estoy radicalmente en desacuerdo con la sentencia que dictó el TS condenando al exfiscal general.

En mi opinión, la sentencia del TS fue una “enmienda a la totalidad” a la parte de la Constitución en la que se reconocen los derechos fundamentales que deben presidir el proceso penal. Y dicha enmienda a la totalidad no debe quedar difuminada por nada. El 'no' al indulto del TS permite que sea más visible, lo que, en mi opinión, es lo más importante. 

La doctrina acerca de la proyección de la vigencia temporal de los derechos fundamentales en el proceso penal de la democracia es tributaria de la doctrina del Concilio de Letrán del año 649 acerca de la virginidad de María “antes del parto, en el parto y después del parto”. El carácter absoluto que tiene la virginidad de María en la doctrina de la Iglesia Católica es el que tienen las garantías constitucionales en el proceso penal de la democracia. No hay ni un solo momento en el que pueda excepcionarse la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución para el proceso penal.

Esto es lo que no ha respetado el TS en la sentencia mediante la que condenó al exfiscal general del Estado por revelación de secretos. 

El caso no empezó con una querella contra Álvaro García Ortiz, sino con una querella por parte del Colegio de Abogados de Madrid contra la fiscal jefa de Madrid por la publicación de una nota informativa en la que desmentía el bulo puesto en circulación por Miguel Ángel Rodríguez (MAR), según el cual era el fiscal encargado del caso el que había propuesto “un pacto de conformidad” a González Amador y no a la inversa. En el bulo se incluía una denuncia de que había sido el entorno de la Moncloa el que había intentado torpedear la propuesta con la finalidad de perjudicar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la que González Amador es pareja. 

Ante el escándalo generado, la fiscal jefa de Madrid redactó una nota informativa con la anuencia del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La querella del Colegio de Abogados se dirigió contra la fiscal jefa de Madrid y empezó su tramitación un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. 

Al hacer suya la nota informativa el fiscal general del Estado, el Tribunal de Madrid elevó la causa al TS, único órgano judicial que puede entender de su conducta. 

El TS consideró que no se había cometido delito de revelación de secretos con la emisión de la nota pública, ya que los datos que se desmentían habían dejado de ser secretos antes de que se hiciera pública la nota.

 Pero, en lugar de archivar la causa, el TS decidió que tal vez se podía haber cometido un delito de revelación de secretos respecto del correo electrónico de 2 de enero de 2024 enviado por la defensa de González Amador al servidor público de la Fiscalía de Madrid, al que tienen acceso un número indeterminado pero determinable de personas. Aquí sí se podía haber cometido un delito. 

Hasta aquí nada anómalo, aunque sí infrecuente. El TS cambiaba el objeto del proceso, de la nota informativa de la fiscal jefa de Madrid al correo electrónico de 2 de febrero de 2024 del abogado de González Amador proponiendo un pacto fiscal. 

A partir de este momento todo es anómalo. Una vez modificado el objeto del proceso y dado que, al nuevo objeto del mismo, al correo electrónico de 2 de febrero de 2024, podían haber tenido acceso un número indeterminado de personas, el TS tenía que haber devuelto la causa al órgano judicial predeterminado por la ley, es decir, al mismo que había elevado la causa al TS, para que investigara y determinara quien había podido haber filtrado el correo electrónico del 2 de febrero de 2024. Si del resultado de la investigación resultara que el autor de la filtración había sido el fiscal general del Estado, el órgano judicial madrileño debería reenviarlo de nuevo al TS.

Esta es la única manera de proceder de acuerdo con el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley. El TS no puede serlo nunca, a menos que no exista duda alguna de que es una persona aforada la que ha sido autor del hecho delictivo que se investiga. Eso era imposible saberlo en el momento en que el TS decidió cambiar el objeto del proceso de la nota informativa de la fiscal jefa al correo electrónico del abogado de González Amador.  

El TS no actuó así y “retuvo” la causa, con lo que reducía la investigación al fiscal general del Estado, a pesar de que un correo electrónico enviado al servidor general de la Fiscalía de Madrid tenía que haber sido conocido por muchas personas antes que el fiscal general. La autoatribución de la causa por parte del TS supone un caso de libro de vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, además de la pérdida de imparcialidad del propio TS, ya que, sin investigar nada, reduce la posibilidad de conducta delictiva a la del fiscal general del Estado, afectando de esta manera a su presunción de inocencia. Con dicha autoatribución al mismo tiempo el TS privaba a Álvaro García Ortiz del derecho fundamental a la segunda instancia, razón adicional por la cual es manifiestamente anticonstitucional.

Doy por supuesto que el lector sabe que el juez instructor designado por la Sala Segunda del TS “invadió” la sede de la fiscalía general y ordenó el volcado de toda la información que había en la sede en todo tipo de aparatos. La falta de proporcionalidad de la actuación es tan manifiesta que se califica por sí misma A pesar de ello no se consiguió ni un solo indicio que permitiera atribuir a Álvaro García Ortiz la autoría de la filtración, no destruyéndose, por tanto, su presunción de inocencia. 

La no identificación en la fase de instrucción del posible autor de la filtración del correo electrónico de 2 de febrero de 2024, condujo, como no podía ser de otra manera, a que tampoco se identificara en la fase del juicio oral y a que, como consecuencia, de ello, la Sala del TS se tuviera que “inventar” la figura del “entorno” como posible autor del delito.

En la fase del juicio oral, el presidente de la Sala interrumpió la declaración de uno de los periodistas, indicándole que “no amenazara” al tribunal por estar ejerciendo de una manera escrupulosa su derecho a transmitir información veraz. Por menos de eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por falta de imparcialidad de Angela Murillo en una sentencia en la que se condenaba a miembros de ETA. 

Pero no fue ese el único desconocimiento del derecho a transmitir información veraz que se produjo en la vista. La minusvaloración hasta la práctica irrelevancia del testimonio de los periodistas por ejercer el derecho a no desvelar sus fuentes, pone de manifiesto qué entiende la Sala por el derecho fundamental a transmitir información veraz, alejada por completo de la doctrina del Tribunal Constitucional.

La desvinculación de la parte dispositiva de la sentencia de la fundamentación jurídica de la misma dio lugar a nuevas vulneraciones del derecho a un juez imparcial. El presidente del Tribunal se permitió acudir al Colegio de Abogados e informar de manera jocosa, correspondida con risas tabernarias por los asistentes, que había pasado a ser ponente de la sentencia, cuando todavía no había sido tomada la decisión por el Tribunal. 

Como ya he dejado dicho, la sentencia es una suerte de enmienda a la totalidad de la Constitución en lo que a las garantías constitucionales del proceso penal se refiere. La connivencia del presidente y de otros miembros del tribunal con el primer querellante es todo lo contrario de lo que la apariencia de administración de justicia exige. Apariencia que, como el lector sabe, forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión.

Por eso, me parece bien que la Sala mantenga respecto del indulto la misma posición que ha mantenido durante toda la causa. No es mediante el indulto como se debe reparar la injusticia, sino mediante la sentencia del Tribunal Constitucional que declare la sentencia nula de pleno derecho. 

Cualquier persona que siga la actualidad tal como aparece reflejada en los diferentes medios de comunicación no cabe duda de que considerará que el 'caso Leire Díez' es una de las investigaciones judiciales de mayor calado desde la entrada en vigor de la Constitución. Llevamos ya un buen número de días en que la información del caso ocupa las portadas de los periódicos y abre los informativos de las radios y televisiones de todo el Estado. Compite en cantidad con la información, por ejemplo, respecto de la operación Kitchen, a pesar de que no se pueda decir lo mismo en lo que a la calidad de la información se refiere. No porque los periodistas que se ocupan de la misma no sean buenos profesionales, sino porque la entidad del caso es la que es.

José Antonio Martín Pallín lo calificaba en este diario de puzle surrealista y se sorprendía, sobre todo, de que un partido centenario como el PSOE, con una dilatada trayectoria en la dirección política del país en todos los niveles de nuestra fórmula de Gobierno, hubiera dado luz verde a que este asunto pudiera siquiera echar a andar.

Leire Díez es Leire Díez. No hay nada en su trayectoria profesional que permita concluir que está en condiciones de ser la protagonista, en palabras del juez Pedraz, de una trama que buscaba “desestabilizar” procedimientos judiciales abiertos contra el PSOE o el Gobierno. La falta de idoneidad de esa señora para ejecutar una tarea de esa naturaleza salta a la vista. Si los procedimientos judiciales pudieran ser desestabilizados de esta manera, el Estado español sería un Estado fallido.

En todo caso, como el asunto parece que ha sido tomado muy en serio por la UCO, por la Fiscalía Anticorrupción y por el juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, me imagino que será posible identificar las piezas del puzle, hacer una valoración de cada una de ellas y del conjunto, y llegar a la conclusión de si realmente la trama tiene el carácter surrealista que Martín Pallín le atribuye o no.

De momento, el juez Pedraz ha acordado hacer suya la batería de diligencias y la solicitud de pruebas testificales solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, que se practicarán a lo largo de las próximas semanas. Conoceremos el registro de visitas en la sede del ministerio público en la calle Fortuny, entre abril de 2024 y junio de 2025, de una serie de personas: Leire Díez, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado del excomisario Villarejo, José García Cabrera.

Las conversaciones que Leire Díez dice haber sostenido en la Fiscalía General para llegar a un acuerdo con Villarejo con la finalidad de obtener información sobre Mariano Rajoy y contra el PP tendrán que ser investigadas. Así como también las denuncias de Koldo García que se hubieran recibido en dicha institución con la finalidad de torpedear la investigación sobre el partido socialista o el Gobierno.

También ha sido citada como testigo la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y, en calidad de investigada, Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, por supuestamente haber ofrecido dinero a la empresaria Carmen Pano a cambio de que cambiara su declaración sobre la entrega de dinero en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Todo lo que se pueda saber judicialmente sobre el caso se va a saber. Nada de lo ocurrido va a quedar sin examinar. Y en unas semanas. No se entiende muy bien por qué el PP tiene tanta prisa. El Gobierno ha demostrado sobradamente su eficacia en una gestión de un asunto tan complejo como el del Hantavirus o en la organización de la visita del Papa, que, por cierto, ha puesto de manifiesto una sintonía con la política internacional, de inmigración y de defensa de los derechos humanos del Gobierno, que contrasta vivamente con la del PP y, sobre todo, con la de VOX.

El estallido mediático del caso, acompañado de las declaraciones en sede parlamentaria de Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado, la vuelta a poner en circulación la moción de censura “instrumental”, algo que no existe en la Constitución, la reaparición de José María Aznar con el sonsonete del “que pueda hacer que haga”, que es lo más parecido a un golpe de fuerza no constitucional, la presión a los partidos nacionalistas catalán y vasco y un interminable etcétera han caldeado mucho el ambiente.

En los próximos días iremos viendo, si la práctica de las diligencias, dan credibilidad al caso o no. O si se tiene que recurrir al caso José Luis Rodríguez Zapatero.

El general Franco murió el 20 de noviembre de 1975. La Constitución española entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, es decir, algo más de tres años después de su muerte.

¿Cómo pudo soportar la sociedad española un proceso materialmente constituyente tan prolongado? ¿Cómo pudo hacerlo en medio de una crisis económica de enorme envergadura? Y ¿cómo pudo hacerlo en medio de una presión terrorista espantosa tanto desde fuera, ETA, Grapo, como desde dentro: el multiforme terrorismo de Estado, que era mucho más peligroso para que la democracia pudiera iniciar siquiera su andadura?

Recuerdo la dificultad que los profesores de Derecho Político, que no Constitucional, teníamos para explicar a los alumnos lo que estaba pasando. Sabíamos que, aunque amenazada, no había salida alternativa a la democracia para el futuro del país. España era en el momento de la muerte del general Franco el único país europeo occidental que no estaba constituido democráticamente. Era una anomalía que podía prolongarse todavía un poco de más tiempo, pero que no podía ser resuelta con un sistema político emparentado con el previsto en las Leyes Fundamentales del Régimen del General Franco. Una forma política con vigencia indefinida en el tiempo no podía ser más que una democracia parlamentaria.

Sobre eso no existía ninguna duda. Pero cómo se podía construir una democracia con los mimbres políticos que el régimen del general Franco nos había dejado, era algo sobre lo que no había acuerdo de ningún tipo.

Tras la muerte del general Franco, España se encontraba en una situación similar a la que se encontraba tras la muerte de Fernando VII en la década de lo treinta del siglo XIX. El Trono y el Altar del Antiguo Régimen no era sostenible, pero no había recursos para imponer un Estado Constitucional.

La reacción de la sociedad española fue similar en ambas tesituras. El Estatuto Real fue en los años treinta del siglo XIX la que posibilitó el tránsito hacia la Constitución de 1837. La Ley para la Reforma Política sería en 1976 la que posibilitaría el tránsito a la Constitución de 1978.

La génesis del Estado Constitucional predemocrático con Isabel II y la del Estado Constitucional democrático con Juan Carlos I no se pudo hacer de una manera limpia, con un proceso constituyente jurídicamente ordenado, sino que se hizo como se pudo en cada caso. Se abrió una grieta en el edificio del Estado Absoluto con el Estatuto Real y se abrió otra en el Régimen de las Leyes Fundamentales con la Ley para la Reforma Política. Y por esas grietas, a trancas y barrancas, se fue abriendo camino la sociedad española para construir una forma política acorde, más o menos, a lo que estaba ocurriendo en la parte occidental del continente europeo.

El Estatuto Real y la Ley para la Reforma Política han sido normas de una extraordinaria importancia en la trayectoria constitucional de España, aunque, curiosamente, no se le suele prestar la atención que merecerían. Da la impresión que la sociedad española se avergüenza de ellas. Que no quiere reconocerse en ellas, porque ponen de manifiesto un vicio de origen en la historia constitucional de España. Tanto el Estado Liberal como el Estado Democrático han necesitados ambos de un procedimiento tramposo en su origen.

La trampa ha sido de mayor envergadura en la génesis del Estado Democrático de la Constitución del 78, que en el Estado Liberal de la Constitución de 1837. Entre otras cosas porque la España, y la Europa, de los años treinta del siglo XIX no es la España, ni la Europa, de los años setenta del siglo XX.

Con la experiencia de constitucionalismo democrático posterior a la Segunda Guerra Mundial, un proceso constituyente democrático no podía hacerse de cualquier forma. No podía ser un proceso constituyente fake. Tenía que ser un proceso constituyente que pudiera ser reconocible como tal.

En la España tras la muerte del general Franco, ello exigía una operación destructora de las Leyes Fundamentales. Pero no una operación destructora sin más, sino una operación que dejara en pie los elementos esenciales del sistema de poder en el futuro Estado democrático, que después sería constitucionalizado mediante la elaboración de una Constitución.

El proceso constituyente de 1978 fue un proceso constituyente doble: El primero tiene lugar en la segunda mitad del año 1976 y en los primeros meses de 1977. Y el segundo empieza tras las elecciones generales de 15 de junio de 1977, a las que se suele hacer referencia como elecciones constituyentes.

En el primero se pondría fin mediante la aprobación de la Ley para la Reforma Política a las Leyes Fundamentales de Franco. La Ley para la Reforma Política se aprobó como si fuera una Ley Fundamental más, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley Fundamental para la sucesión en la Jefatura del Estado de 1947. Pero su finalidad no era la de incorporarse al sistema político como la Novena Ley Fundamental, sino destruir todas las Leyes Fundamentales, dejando el terreno expedito para que se pudiera construir una Constitución.

Pero, y aquí es donde viene la trampa, el terreno, tras la destrucción de las Leyes Fundamentales, no quedó limpio, sino que quedaron en pie la Jefatura del Estado monárquica y unas Cortes Bicamerales, que serían las instituciones encargadas de dirigir el proceso de elaboración de la Constitución. La Ley para la Reforma Política no solamente destruía las normas del general Franco, sino que introducía las dos piezas esenciales de la futura democracia: el Rey Borbón y unas Cortes bicamerales. Esto es lo que se sometió a referéndum en diciembre de 1976.

En marzo de 1977 se perfeccionaría la operación mediante la aprobación de Real Decreto-ley de normas electorales, en las que se impondría una “desviación calculada del principio de igualdad” en la composición del Congreso de los Diputados y una negación pura y simple del mismo en el Senado, con lo que se encorsetaba el ejercicio efectivo del poder constituyente que pudieran hacer las Cortes que se eligieran por sufragio universal el 15 de junio de 1977.

La Ley para la Reforma Política aprobada por las Cortes de Franco aporta a la Constitución más de lo que aportaron las Cortes Constituyentes con la redacción de la Constitución. Es lo que ha convertido a la Constitución en una norma irreformable. El corsé de la Ley para la Reforma Política se hizo para que la Constitución no pudiera llegar más lejos de lo que el sistema político nacido de la guerra civil permitiera. Se acabó llegando más lejos, pero en ningún caso, fue posible un ejercicio genuino del poder constituyente por parte del pueblo español. La hipoteca de la Ley para la Reforma Política todavía no ha podido ser cancelada.

Se cumplen ocho años de la moción de censura que puso fin a la presidencia de Mariano Rajoy y dio paso a la de Pedro Sánchez. 

El relevo se produjo aplicando de manera estricta lo previsto en la Constitución. Conviene recordarlo porque la derecha, que no se cansa de reivindicar la “Transición”, aunque su participación en la misma y en la aprobación de la Constitución como Alianza Popular, no fue muy destacada, se rebela contra su aplicación, cuando no le interesa. AP primero y PP después aceptan la Constitución a beneficio de inventario. Si me salen las cuentas, sí. Si no me salen, no. 

Nadie podría hablar con más autoridad sobre esto que Felipe González, quien se mantuvo hasta 1996 dentro de la Constitución sin ambigüedad de ningún tipo, mientras que tuvo que soportar el juego poco limpio de la oposición popular.

En 1980, tras el resultado del referéndum de iniciativa del proceso autonómico en Andalucía el 28 de febrero y su impacto en la dirección de UCD, Felipe González encabezó una moción de censura, sin posibilidad alguna de que jurídicamente tuviera éxito, pero que, políticamente, ofrecía a la sociedad española la seguridad de que existía una alternativa de Gobierno. La alternativa a la UCD no era el caos, sino el PSOE con un candidato que se atrevía a presentar sus credenciales en sede parlamentaria y aceptar el debate con todas las demás fuerzas políticas.

Este es el sentido de la moción de censura “constructiva”. Dar garantías a la sociedad de que la “alternativa” es lo contrario de un salto al vacío. Pero dar garantías. Decir qué se va a hacer y, si es necesario, con quién.

En 1982 se comprobaría que la “derrota jurídica” había sido una “victoria política”. Durante cuatro legislaturas España iniciaría y asentaría la construcción del “Estado social y democrático de Derecho” que figura en el apartado primero del artículo 1 de la Constitución. El candidato en la oposición que se atrevió a correr el riesgo de perder la moción de censura se convirtió en presidente dos años más tarde. En buena medida por aquella moción.

Felipe González tuvo que soportar mucho juego sucio constitucional en sus años como presidente del Gobierno, especialmente desde que José María Aznar alcanzó la presidencia de AP, reconvertido en PP, en el Congreso de Sevilla.

El juego sucio empezó en las elecciones generales de 1989, las primeras en las que José María Aznar fue candidato a la presidencia del Gobierno. Tras perder clamorosamente, el PP intentó “reventar” el resultado electoral a través del poder judicial. Fueron impugnadas las elecciones en Barcelona, Murcia, Pontevedra y Melilla. 

Las Audiencias Provinciales de Murcia, Pontevedra y Málaga (Melilla) las anularon. No así la de Barcelona, a pesar de la presión que se ejerció desde los medios de comunicación de la derecha española. La Brunete mediática en expresión de Xabier Arzalluz. La predisposición de determinados jueces a intervenir contra la izquierda empezaba a hacerse visible. 

De haberse anulado las elecciones en Barcelona, no hubiera resultado fácil que se hubiera producido la investidura y el horizonte de la repetición electoral habría hecho acto de presencia.

El Tribunal Constitucional se encargaría de dejar claro que las decisiones de las Audiencias de Pontevedra y Murcia carecían de fundamentación jurídica acorde con la Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), aunque no la de Audiencia de Málaga, respecto de la circunscripción electoral de Melilla.

Tras la decisión del Tribunal Constitucional, Felipe González presentaría una “cuestión de confianza”, con la finalidad de que fuera un Pleno del Congreso íntegro, sin mutilaciones, el que le otorgara la confianza.

En las siguientes elecciones, en 1993, el PP, que pensaba que iba a ganar las elecciones, intentó poner en duda la limpieza de las mismas, acusando en la misma noche electoral, a través de Javier Arenas y Alberto Ruiz Gallardón, al Ministerio Interior, de haber practicado un “pucherazo”. No lo pudo sostener, ante la evidencia empírica producida por el recuento de los votos, pero ya adelantó lo que iba a ser su trabajo de oposición a lo largo de la legislatura. “Váyase Sr. González”. José María Aznar no consideró que el presidente socialista fuera un presidente legítimo y, en consecuencia, consideró que contra él valía todo. Hasta poner en riesgo la “estabilidad del Estado”, como reconocería años más tarde Luis María Anson, uno de los miembros destacados del “sindicato del crimen”.

A lo que no se atrevió nunca José María Aznar es a recurrir a la moción de censura, como hizo Felipe González en 1980. En junio de 1985, tras escándalos muy grave, como el secuestro de Segundo Marey, la huida de Luis Roldán, la detención del Gobernador del Banco de España, Mariano Rubio…y con los resultados de las elecciones municipales y autonómicas muy favorables para el PP, José María Aznar exigiría a Felipe González que disolviera las Cortes y convocara elecciones.

Felipe González resistió y explicó en sede parlamentaria que las elecciones en los diversos niveles de nuestra fórmula de Gobierno, municipal, autonómico, estatal y europeo, no son vasos comunicantes, sino compartimentos estancos. Que la única fórmula constitucional de la que disponía el PP era la moción de censura. 

Quien no resistió la presión fue Jordi Pujol, que anunció públicamente que retiraba la confianza a Felipe González. Dicha retirada fue lo que posibilitó que el PP ganara las elecciones den 1996, momento en el que ya se había iniciado la recuperación de la crisis económica de 1994. No podremos saber nunca que hubiera pasado de haberse celebrado las elecciones en 1997, con la crisis económica claramente superada, pero la victoria tan reducida del PP en 1996 permite pensar que no se habría producido. 

El juego sucio que empezó en 1989 desde la presidencia del PP, lo continuaría José María Aznar desde la presidencia del Gobierno. Su dependencia de CiU y también del PNV en la primera legislatura en el Gobierno le impuso una tregua en materia de estructura del Estado. Se concentró en la formación de un poder económico mediante la designación de personas afines en las empresas privatizadas y en intentar también la constitución de un grupo mediático, con la finalidad última de dominar el grupo PRISA, que no consiguió por la resistencia de Polanco/Cebrián. El juego sucio fue de tal entidad que acabó con la condena por prevaricación de Javier Gómez de Liaño.

En la segunda legislatura, con la mayoría absoluta alcanzada en las elecciones de 2000, José María Aznar mostraría su verdadero rostro y la colaboración del poder judicial también. La salvajada de la que fue objeto Juan María Atutxa, condenado por el Tribunal Supremo en una sentencia que sería anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos años más tarde, lo dice todo. El Tribunal Supremo se vería obligado a reparar la injusticia judicial mediante sentencia en un recurso de revisión, pero la injusticia política ya era irreparable. Lo que se ensayó contra el nacionalismo vasco, se aplicaría después, corregido y aumentado, contra el nacionalismo catalán.

La legislatura terminó con el intento de engañar a la ciudadanía respecto de la autoría del atentado terrorista del 11 M de 2004. No consiguió que la mentira calara y el PP perdió las elecciones. Desde entonces no se ha aceptado por la derecha la legitimidad de José Luis Rodríguez Zapatero primero y la de Pedro Sánchez después. La del primero por el vicio de origen del atentado y la del segundo por el vicio de origen de la moción de censura. 

Si se analizan los resultados de las elecciones generales desde 2004 hasta hoy, se comprobará que la derecha española solo ha tenido mayoría parlamentaria entre 2011 y 2015. Mariano Rajoy se mantuvo como presidente del Gobierno hasta julio de 2018, por el cordón sanitario que erigió frente al nacionalismo catalán. Una vez levantado dicho cordón, se impondrá la mayoría absoluta de la moción de censura, que de una manera u otra sigue estando presente en el Congreso de los Diputados. 

La mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez ha sido impugnada por VOX en dos ocasiones, con Santiago Abascal y Ramón Tamames como candidatos a la presidencia del Gobierno, pero no lo ha sido nunca por Alberto Núñez Feijóo, que en esto sigue la estela de Aznar. Con el apoyo de Felipe González, que, por lo visto, no recuerda su experiencia de la legislatura de 1993-96 en general y la de junio de 1995 en particular. 

Como en 1995, en este 2026 el PP ha derivado la presión a los partidos que aprobaron la moción de censura en 2018 en general y a los partidos nacionalistas vasco y catalán en particular. Pienso que no estaría de más que ambos reflexionaran sobre lo que pasó cuando dieron entrada a la derecha española en la presidencia del Gobierno. 

Y ahora el patio interno e internacional está mucho peor que entonces. Nadie puede llamarse a engaño.  

Con la Constitución en la mano la iniciativa de la moción de censura la tiene la oposición. La iniciativa de la disolución la tiene el Gobierno. 

En los meses de mayo y junio de 1995, tras el éxito del PP en las elecciones municipales y autonómicas, José María Aznar exigió que Felipe González abandonara la Presidencia del Gobierno y se convocaran elecciones generales anticipadas. “Váyase Sr. González”, fue el estribillo con que finalizaba sus intervenciones parlamentarias.

El presidente del PP consideraba que, tras el secuestro de Segundo Marey por los GAL, tras el escándalo de la huida del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, tras las escuchas del CESID, que habían afectado incluso al Rey, y tras la detención del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, el resultado de las elecciones municipales y autonómicas habían sido en buena medida un referéndum sobre el Gobierno de Felipe González, que había quedado deslegitimado para mantenerse en el cargo.

González argumentó en el Pleno del Congreso de los Diputados que las elecciones municipales, autonómicas y generales no son vasos comunicantes, sino compartimentos estancos, y que cada una de ellas está prevista en el ordenamiento para transmitir legitimidad en cada uno de los niveles en que se estructura nuestra fórmula de gobierno. Con la Constitución de 1978, la única forma en que se podía destituir al presidente del Gobierno era mediante la aprobación de una moción de censura, a lo que José María Aznar se negaba en redondo.

Al no conseguir el objetivo de que Felipe González aceptara dar por finalizada la legislatura y convocara elecciones, la presión se centró en CiU, que era el único partido con escaños imprescindibles para completar la mayoría absoluta de investidura, aunque también fue apoyada por el PNV.

CiU no soportó la presión y, aunque no decidió apoyar una moción de censura, sí hizo pública la retirada de la confianza que había otorgado en la investidura a Felipe González.

El presidente del Gobierno entendió el mensaje y anunció que daba por finalizada la legislatura, aunque no se materializaría el fin de la misma de manera inmediata, sino que se pospondría al final del año, dado que España era el país responsable de gestión de la Unión Europea en ese segundo semestre de 1995. Las Cortes Generales quedaron disueltas al comenzar 1996 y se celebraron las elecciones, que ganó el PP, aunque sin mayoría suficiente para que José María Aznar fuera investido presidente.

Jordi Pujol intentó resistirse a investir a José María Aznar y llegó a proponer la abstención de todos los grupos parlamentarios, con lo que José María Aznar sería elegido por mayoría relativa en la segunda votación de investidura con los votos del PP exclusivamente. Pero Felipe González se opuso a dicha fórmula y al final, tras el Pacto del Majestic, José María Aznar fue investido presidente.

Estoy plenamente convencido de que Jordi Pujol no se ha arrepentido nunca lo suficiente de no haber soportado la presión en 1995 y haber retirado la confianza públicamente a Felipe González. Debilitó al “bloque democrático” y facilitó el acceso al poder de los herederos de Alianza Popular. Y se equivocó. Vaya que si se equivocó. José María Aznar no hace prisioneros. En la primera legislatura no pudo llegar más allá de donde la composición del Congreso de los Diputados le permitía. Pero en la segunda, con mayoría absoluta, decidió hacer el ajuste de cuentas, primero al PNV y después a CiU, agrietando, con ello, el sistema político de la Constitución de 1978 de una manera que todavía no hemos sabido cómo reparar.

En la legislatura que se inició el 23 de julio de 2023 el PP también pensó que iba a ganar las elecciones. Mucho más que en 1993. Y aunque no denunció “un pucherazo” en la misma noche electoral, sí consideró que el PSOE carecía de legitimidad para gobernar e intentó torpedear la investidura de Pedro Sánchez.

No ha dejado, además, de intentar crear un clima irrespirable para forzar al Gobierno a disolver las Cortes y convocar elecciones. Y, sobre todo, se ha dado el paso de hacer uso del poder judicial para intentar derribar al Gobierno.

Ha habido un plan A político. Pero ha habido también un plan B judicial, que se ha expresado en la persecución de los dirigentes de Podemos y de los nacionalistas catalanes, pero que ha llegado hasta la familia del presidente del Gobierno y, sobre todo, al fiscal general del Estado.

El plan A ha consistido en la programación concatenada de cuatro elecciones autonómicas, con la finalidad, por un lado, de independizarse de Vox y, por otro, de debilitar al Gobierno. El plan no ha tenido éxito, ya que no se ha conseguido en ninguna de las cuatro comunidades la mayoría absoluta necesaria para ello. Se ha perdido incluso la única mayoría absoluta de la que se disponía, en Andalucía.

Inmediatamente después de constatado el fracaso del plan A, se ha puesto en marcha el plan B, con la persecución de José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de tráfico de influencias, sin que se haya aportado el más mínimo indicio de en qué ha consistido la presión del expresidente sobre los funcionarios de la SEPI que habían intervenido en la concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra.

Desde la perspectiva del delito de tráfico de influencias, el auto de imputación es un auto vacío, que imposibilita el ejercicio del derecho a la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Nos encontramos, como en 1995, en una presión destinada a los socios que aprobaron la moción de censura en 2018 y que, de una manera u otra, han mantenido al Gobierno hasta hoy.

¿Se repetirá la historia?

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama no ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero exclusivamente por el delito de tráfico de influencias, sino que también lo ha hecho por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Pero los tres últimos cuelgan del primero. Si la conducta del expresidente no es constitutiva de este delito, los otros tres desaparecen. 

El magistrado considera que dispone de indicios suficientes para considerar que el expresidente ocupaba el vértice de “una estructura estable y jerarquizada” constituida para mediar de forma ilícita ante instancias públicas en favor de terceros.

A dicha estructura acudió la aerolínea Plus Ultra para obtener un préstamo de 53 millones de euros a través del fondo de la SEPI destinado a empresas estratégicas afectadas por el COVID-19, que le permitió sobrevivir. Esta es la razón por la que, aunque formalmente fue un préstamo lo que se le concedió, se suele hablar de un “rescate”, ya que el préstamo la salvó de la quiebra.

El magistrado da por supuesto que el expresidente ha ejercido una influencia para la concesión del préstamo. Aunque el préstamo no se hubiera concedido, si el expresidente hubiera ejercido influencia, el delito se habría cometido, ya que la comisión del delito no depende de que la influencia sea exitosa o no. 

En consecuencia, lo que se tiene que demostrar, para anular la presunción de inocencia del expresidente, es que realmente se ha ejercido por este presión sobre los funcionarios públicos que tomaron la decisión de conceder el crédito. Se tiene que demostrar que hay un punto de conexión entre la actividad del expresidente y los funcionarios de la SEPI que aprobaron el crédito. Se tiene que demostrar que hubo “prevalimiento” de su posición por parte del expresidente, ya que sin “prevalimiento” no hay delito de tráfico de influencias.  

Este “prevalimiento” no tendría por qué ser objetivamente indiscutible, es decir, una “pistola humeante”. Pero sí tendría, en todo caso, que deducirse de manera inequívoca de la relación que hubiera podido producirse entre José Luis Rodríguez Zapatero y los funcionarios públicos que acordaron la concesión. O de la conexión del expresidente con miembros del Gobierno que pudieran influir sobre los funcionarios que acordaron la concesión. 

Y sobre este elemento esencial en la tipificación del delito de tráfico de influencias no hay absolutamente nada en las 85 páginas del auto. El presupuesto de hecho al que habría que anudar todas las posibles conductas delictivas de José Luis Rodríguez Zapatero no aparece en ningún momento. 

Desde el punto de vista del delito de tráfico de influencias, el auto de imputación a José Luis Rodríguez Zapatero es un auto vacío. Hay muchos árboles, pero no hay bosque. Tal vez, por ello, el magistrado ha necesitado 85 páginas. Con una sola en la que se hubiera podido acreditar de alguna manera “la influencia” del expresidente sobre los funcionarios de la SEPI que concedieron el préstamo, hubiera sido suficiente. Sin dicha página todo lo demás es sobrante en términos jurídicos. No adquieren siquiera la condición de “indicios del delito de tráfico de influencias”.

Esta es la razón por la que no entiendo los comentarios positivos sobre el auto que he leído y escuchado desde el propio martes. Jurídicamente, es un auto disparatado, que se tendría que poner como modelo de lo que no debe ser un auto de imputación en las Facultades de Derecho. 

En este 2026 tenían que celebrarse elecciones parlamentarias en las Comunidades de Castilla y León y Andalucía, pero no en las de Extremadura y Aragón, que deberían haberlo hecho en mayo de 2027. 

No sé si la decisión de convocar elecciones anticipadas en estas dos últimas comunidades fue una decisión de la presidenta extremeña o del presidente aragonés o fue una decisión del presidente nacional. En todo caso, ha sido una decisión frente a la que no se elevó ninguna protesta en el momento en que se adoptó. Se podría decir, en consecuencia, que fue una decisión compartida por el conjunto del partido.

Al tratarse de una decisión discrecional de disolución y de una convocatoria anticipada opcional de elecciones, resultaba imprescindible la justificación de la misma. Una cosa es la discrecionalidad y otra la arbitrariedad. La distinción es importante en el proceso de formación de la opinión pública, que es lo decisivo en todo proceso electoral.

La imposibilidad de aprobar los Presupuestos de la comunidad por la oposición de VOX fue la justificación que se ofreció de la medida. Con VOX no se puede gobernar con normalidad. De ahí la necesidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones con la finalidad de obtener una mayoría que permita gobernar en solitario sin depender de la extrema derecha. 

Con esta decisión se pretendía matar varios pájaros de un tiro. Tanto en las dos comunidades como en el conjunto del Estado. No se trataba solamente de prescindir de VOX para gobernar, sino de provocar también una derrota sonada del PSOE y de prefigurar con ello, en cierta medida, el resultado de las elecciones generales de 2027.

Poder prescindir de VOX era la clave de toda la operación. Aunque fueran, jurídicamente, cuatro elecciones distintas, políticamente eran una sola. Todas eran estadios de una estrategia única que debía conducir a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno en 2027. O antes, incluso, si para el PSOE resultaba insoportable políticamente y no solo jurídicamente cuatro derrotas inapelables.

Con ello, el propio PP estaba definiendo el canon con el que definir el éxito de la operación. La mayoría absoluta era imprescindible para que la estrategia hubiera culminado con éxito. 

En la definición de la estrategia la exigencia de la mayoría absoluta operaba para las cuatro elecciones, pero, sobre todo, para las elecciones andaluzas. En las otras tres comunidades la mayoría absoluta era importante, pero en Andalucía era imprescindible. Porque Andalucía es Andalucía y porque, además, era la única comunidad en la que se partía de una mayoría absoluta. Con la mayoría absoluta en Andalucía, el PP habría podido afirmar con credibilidad que la operación había sido un éxito. Sin la mayoría absoluta en Andalucía el éxito quedaba ensombrecido. Así ha sido entendido tanto dentro como fuera del partido.

Unificar las cuatro elecciones no fue una buena decisión. En realidad, fue en la disolución en Extremadura y Aragón donde el PP, en mi opinión, se equivocó, ya que ha convertido a VOX durante muchos meses en el centro del debate. Aunque sus expectativas de crecimiento se han visto frenadas, el 16% que ha consolidado lo convierte en aliado imprescindible del PP para las futuras elecciones generales.

Qué hubiera pasado, si únicamente se hubieran celebrado elecciones en Castilla y León y Andalucía, es algo que no sabremos nunca, pero el riesgo que se corría con la disolución discrecional y la convocatoria anticipada en Extremadura y Aragón era excesivo. Lo que se ha conseguido es la estabilización de VOX en el sistema de partidos.

La operación no ha sido totalmente negativa para el PP, ya que el PSOE también ha cometido un error importante al configurar la respuesta al calendario electoral. La decisión de convertir a ministros y ministras en cabeza del cartel electoral en las comunidades autónomas ha sido un error inequívoco. Tanto que pienso que debería corregirlo para las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027. 

Porque se trata de un error que afecta a la organización interna del partido y afecta a la cohesión del mismo en un momento en el que, como han acreditado los resultados electorales, el PSOE se encuentra muy débil. La desconfianza desde la secretaría general en las propias federaciones es lo último que necesita un partido para poder competir.

También ha afectado la cuádruple convocatoria al espacio de la izquierda no integrada en el PSOE. En Andalucía se ha puesto de manifiesto que hay un electorado de izquierda importante, que supera al electorado de VOX. La suma de los votos de Adelante y Por Andalucía es superior a la de VOX. Pero no creo que el éxito de Adelante Andalucía, por el que su dirección debe ser felicitada sin reservas de ningún tipo, pueda trasponerse a las elecciones generales y, sin embargo, puede dificultar, y mucho, la configuración de candidaturas unitarias para el Congreso de los Diputados. 

Dicho en pocas palabras: el PP ha cometido un error al definir el calendario electoral de la forma en que lo ha hecho, pero ni el PSOE, sobre todo, ni las izquierdas han sabido sacar partido del mismo, más allá del éxito puntual de Adelante Andalucía.    

El pasado día 7, en el programa Interesting Times, de The New York Times, el milmillonario Ray Dalio le dice al columnista Ross Douthat, director del programa, que estamos viviendo en un tiempo no solamente desordenado, sino en el que el desorden progresa de manera creciente. Este avance del desorden, concluyen ambos, conduce a la imprevisibilidad. Es mucho menos lo que sabemos respecto de lo que puede ocurrir en los próximos tres o cinco años que lo que no sabemos y, en consecuencia, avanzamos a ciegas con el inmenso riesgo que ello comporta. 

La moraleja es clara: el sistema político de la democracia ha dejado de ser fiable. Hasta en los países con una tradición política democrática más prolongada, los procesos electorales están dejando de ser instrumentos razonables para la adopción de decisiones políticas de una manera jurídicamente ordenada y están convirtiéndose en una suerte de lotería que puede desembocar en cualquier disparate.

Mi impresión, tras oír la conversación entre Ray Dallio y Ross Douthat, es que lo que decían sobre el futuro inmediato, los próximos tres o cinco años, se viene produciendo ya desde 2016. Hemos acumulado una experiencia de desorden más que notable en estos años. Y no parece que hayamos aprendido algo que nos permita hacerle frente. Más bien todo lo contrario.

El resultado del referéndum del Brexit y el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de ese 2016 han sido las formas de manifestación más destacadas del fracaso de los dos sistemas políticos democráticos más sólidos del mundo. Si un personaje como Nigel Farage era capaz de imponerse al Partido Conservador británico, que había sido la maquinaria político-electoral más eficaz conocida hasta la fecha en el continente europeo y si Donald Trump era capaz de “apropiarse” del Partido Republicano, que también lo había sido en el continente americano, estaba claro que dejábamos de saber qué es lo que podía pasar de ahora en adelante. 

Inicialmente se pudo pensar que se trataba de dos “episodios” especialmente desafortunados que la propia consistencia de los sistemas políticos afectados podría superar. El resultado de las elecciones de mitad de mandato de 2018, con el triunfo inequívoco del Partido Demócrata y la elección de Joe Biden en 2020, así pareció indicarlo en los Estados Unidos. El fracaso de los cuatro primeros ministros conservadores en la gestión del Brexit, la amplia mayoría absoluta del Partido Laborista en las elecciones de 2024 y el creciente rechazo del Brexit por parte de la opinión pública británica que indican todos los estudios de opinión, parecía indicar lo mismo en el Reino Unido. 

Pero no ha sido así. Ni el sistema político de los Estados Unidos ha sido capaz de hacer un ajuste de cuentas a Donald Trump, a pesar del asalto al Capitolio, ni el sistema político del Reino Unido se lo ha podido hacer a Nigel Farage, que acaba de derrotar tanto al Partido Laborista como al Partido Conservador en las elecciones municipales celebradas hace unos días y que, si se mantiene el sistema electoral, puede tener mayoría absoluta en las próximas elecciones generales, que no es improbable que tengan que anticiparse.

El desorden no está empezando a producirse, el desorden empezó hace ya diez años como mínimo y no ha parado de extenderse cada vez con más intensidad. No solamente en los Estados Unidos y en el Reino Unido, sino en todos los países democráticamente constituidos.

¿Cuánto desorden más pueden soportar la ONU o el Derecho Internacional o la integridad de Organizaciones supranacionales como la Unión Europea o la propia integridad territorial de los Estados nacionales? 

¿A dónde puede llevar el resultado de las elecciones celebradas esta semana en Escocia y Gales y la voluntad de los partidos ganadores en ambas de convocar un referéndum en 2028 para redefinir su posición en el Reino Unido? Referéndum que se puede celebrar con Nigel Farage como primer ministro, como escribía Rafael Behr en The Guardian: “El colapso nacional del laborismo amenaza con hacer a Nigel Farage el rostro de la frágil unión del Reino Unido” (6 de mayo). Si ese programa se implementa, ¿qué impacto puede tener en otros países europeos?

¿O adónde puede llevar la escisión entre estados “azules” y “rojos” en los Estados Unidos tras los intentos de manipulación electoral por parte de la Administración Trump? ¿Pueden entre Donald Trump y el Tribunal Supremo hacer imposible la alternancia electoral y desposeer de facto a la población afroamericana del derecho de sufragio?

¿La fragmentación electoral que se está produciendo en todos los Estados democráticos puede ser el indicador de una potencial fragmentación territorial? Cada vez resulta más difícil formar Gobiernos en prácticamente todos los países. Las fórmulas electorales no permiten que las distintas sociedades hagan una síntesis política de sí mismas mediante el ejercicio del derecho de sufragio para poder autodirigirse. Y esa carencia de síntesis conduce a una agresión, que ya empieza a no ser exclusivamente verbal, que envenena la convivencia. En España, sin ir más lejos, lo estamos viviendo. Hasta con el Hantavirus. 

 Y eso sin tomar en consideración el desorden que puede provocar el cambio climático o la hecatombe demográfica que se asoma a la puerta, a los que no solamente no estamos prestando la atención que se merecen, sino que estamos retrocediendo en las políticas que serían necesarias para hacerles frente. 

Preferiría equivocarme, pero me temo que, como diría Sánchez Ferlosio, vendrán más años malos y nos harán más ciegos.

Doy por supuesto que el lector está suficientemente informado de las andanzas disparatadas de la presidenta de la Comunidad de Madrid por México. Entiendo que no es necesario añadir un nuevo comentario. Pero sí me parece oportuno tomar lo ocurrido durante el viaje como un indicador sobre la conveniencia de revisar la decisión que se adoptó en 1987 de convertir el 12 de octubre en “la” fiesta nacional del país.

La interpretación del 12 de octubre como un día de “fiesta nacional” únicamente tendría sentido si hubiera una coincidencia muy mayoritaria en dicha interpretación, no solamente en España, sino en todos los países a los que dicha interpretación interpela. 

Resulta evidente que no es así. El 12 de octubre como “fiesta nacional” no es la expresión del nacionalismo español sin más, sino del “nacional-catolicismo”, es decir, de la versión más brutal del nacionalismo español que se impuso mediante la Guerra Civil. Y que se prolongó durante cuarenta años bajo el Régimen del general Franco.  

El hecho de que no fuera un Gobierno del general Franco, sino un Gobierno socialista presidido por Felipe González, el que decidiera convertir el 12 de octubre en fiesta nacional, es un indicador de hasta qué punto fue profunda la destrucción de la democracia por parte del Régimen del general Franco. El “nacional-catolicismo”, que fue una pieza esencial en la destrucción de la República, sería recuperado en la Monarquía Parlamentaria de la Constitución de 1978 de la mano de un Gobierno socialista en su segunda mayoría absoluta. 

Era cuestión de tiempo, de no mucho tiempo, que dicha recuperación se volviera contra los que la habían recuperado. Roma no paga traidores. Aunque los jalea, cuando han pasado a ser inofensivos. 

El discurso político más coherente con el 12 de octubre como “la” fiesta nacional de España es el de Isabel Díaz Ayuso. Materialmente, la elevación del 12 de octubre a la condición de fiesta nacional está en contra de la “memoria democrática”, que nos tendría que repugnar a los españoles tanto como a los hispanoamericanos. Quizá sea un buen momento para abrir el debate político sobre si “la” fiesta nacional debe coincidir con esa fecha. No para “resignificarla”, como se suele decir. Sino, lisa y llanamente, para suprimirla.

En la separación del poder político de la propiedad está la clave de la superioridad del Estado sobre todas las demás formas de organización del poder político conocidas en la historia de la humanidad.

Antes del Estado Constitucional, el poder político había sido un correlato de la propiedad de la tierra. No era un poder “representativo”, sino un poder ejercido directamente por quienes disponían de la propiedad agraria.

Con la Revolución Industrial en el siglo XVIII se empezarían a crear las condiciones materiales que harían posible que se pusiera fin a dicha conexión. Sería un proceso lento y rápido al mismo tiempo. Durante todo el siglo XIX y todavía en los primeros decenios del siglo XX, la propiedad de la tierra fue una pieza esencial en la organización del Estado Constitucional. Pero la afirmación del Estado como un poder representativo, que exige que los gobernantes sean elegidos por los gobernados, se convertirá en la única forma legítima para el ejercicio del poder, con fórmulas censitarias inicialmente y que acabarían dejando paso al sufragio universal en el siglo XX. Fue un proceso lento, contemplado desde la perspectiva de la aceleración del tiempo histórico actual, pero muy rápido si lo analizamos con la referencia del tiempo preestatal.

El poder no puede ser de nadie. En consecuencia, tiene que ser de todos. Entre ese nadie y ese todos, entre la “soberanía de origen divino” y la “soberanía popular”, está la historia del proceso de transición del Estado Constitucional, fuertemente oligárquico a lo largo de todo el siglo XIX que dio paso al Estado Democrático a partir del final de la Primera Guerra Mundial, pero que solamente se estabiliza como tal después de la Segunda. Y no de forma universalizada, sino de manera minoritaria. Estados Unidos, Canadá y algunos países iberoamericanos, los países del occidente europeo, con excepciones como Grecia, Portugal y España, Australia y Nueva Zelanda y poco más. En todo caso, el principio de legitimidad democrática se acabaría convirtiendo en la única forma aceptable de organización del poder.

La tensión entre la democracia como forma política y el capital como principio de constitución económica es consustancial al Estado Constitucional. Hasta el momento, no hemos encontrado una fórmula de gobierno que pueda prescindir de la misma. Permanentemente, estamos oscilando entre periodos en que la democracia se fortalece o se debilita frente a la pretensión del capital de sustraerse a los límites que el poder democráticamente constituido trata de imponer. Estamos viviendo en una fase particularmente crítica de esta tensión, que se inclina a favor del principio de constitución económica en detrimento del principio democrático.

La corrupción es la hipoteca de la democracia. Es la subordinación de manera más o menos soterrada, pero siempre espuria, del poder político a la propiedad privada. Ataca al Estado democrático en lo que es su núcleo esencial, en el secreto de su superioridad como forma política. La recesión democrática viene siempre precedida por un aumento de la corrupción, que conlleva una crisis de la legitimidad democrática.

De ahí la necesidad de estar siempre alerta a las prácticas corruptas. Pero también la necesidad de diferenciar entre dichas prácticas y no confundir episodios de corrupción con el ejercicio corrupto del poder. No todas las prácticas corruptas son iguales. La equiparación de todas ellas, “todos los políticos son iguales”, es una forma de dar por perdida la lucha contra la corrupción.

En España lo estamos viviendo en estos días de una manera paradigmática. En el Tribunal Supremo se está juzgando un “episodio” de corrupción con el caso Mascarillas. Y en la Audiencia Nacional se está juzgando un “ejercicio corrupto del poder” con el caso Kitchen.

Son dos casos de corrupción completamente distintos y, sin embargo, el mensaje que se está transmitiendo a la opinión pública es equidistante, como si fueran equivalentes. La información paralela sobre ambos con la que abren los medios de comunicación, en lugar de ilustrar sobre la especificidad de la naturaleza corrupta de cada uno de ellos, conduce a la confusión nocturna de que todos los gatos son pardos.

El caso Mascarillas es un episodio de corrupción. Repulsivo como todos, pero un episodio. Se presentó inicialmente como un caso de corrupción económica de una envergadura extraordinaria y ha sido instruido y enjuiciado como un caso de conducta desordenada por parte de un exministro y su colaborador en el Ministerio, en el que el sexo ocupa un lugar mucho más destacado que la repercusión económica. En el caso Mascarillas, las mascarillas han brillado por su ausencia. No ha sido el indicador de una forma de ejercer el poder, sino de un ejercicio puntual desviado del poder, del que no hay réplicas en los demás ministerios, no hay financiación irregular del PSOE y los protagonistas han sido expulsados del partido.

Queda por ver qué dice la sentencia. Pero, por la forma tan extraña en que se ha procedido tanto en la instrucción como en el juicio oral, va camino de convertirse en un “parto de los montes”.

El caso Kitchen es completamente distinto. Se trata de un caso en el que se hace uso del Ministerio del Interior, que es la pieza maestra del “monopolio de la coacción física legítima” en que el Estado consiste (Max Weber), para sustraer al conocimiento del poder judicial la documentación del tesorero del PP sobre la financiación irregular de este partido.

El caso Kitchen es una secuela del caso Gürtel, en el que se acreditó judicialmente en la Audiencia Nacional, y se confirmó después en el Tribunal Supremo, que el PP se había financiado irregularmente. En la sentencia de la Audiencia Nacional estuvo el origen de la moción de censura que acabó con la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy y su sustitución por Pedro Sánchez.

Aunque la sentencia del caso Gürtel fue de 2018, no se conocía en ese momento la operación Kitchen. El PP fue condenado por haberse beneficiado a título lucrativo con Gürtel, pero no se sabía que había hecho uso de una manera torticera del Ministerio de Interior para sustraer información incriminatoria al órgano judicial que estaba encargado de la investigación para el presidente, vicepresidente y secretaria general del partido.

Como no es infrecuente que ocurra en estos casos, la reacción para tapar un escándalose convierte en un escándalo todavía mayor. El caso Watergate es el ejemplo al que siempre se recurre. Es lo que está ocurriendo en nuestro país. El caso Kitchen va mucho más allá del caso Gürtel.

Para impedir que la información incriminatoria acumulada por el tesorero del partido contra el presidente Mariano Rajoy, el vicepresidente Javier Arenas y la secretaria general Dolores de Cospedal, acabara en manos del juez instructor, se organizó una nueva operación, con la finalidad de sustraer dicha información. Para ello se utilizaron 70 policías, ocho comisarios, el que había sido chofer de Luis Bárcenas y un falso cura que asaltó el domicilio del tesorero. Se les retribuyó con fondos reservados y se le prometió al chofer un puesto como policía nacional.

La dimensión de la operación Kitchen desbordaba con mucho a la operación Gürtel. Ya no se trataba de que el PP fuera “partícipe a título lucrativo” de determinados movimientos dinerarios, sino de generar una “policía a-judicial”, que actuara sin conocimiento del juez instructor y que impidiera la operatividad constitucional de la administración de justicia, con la finalidad de proteger a Mariano Rajoy, Javier Arenas y Dolores Cospedal, además de al propio partido.

Una vez conocida la operación Kitchen y residenciada judicialmente, el ejercicio fraudulento y corrupto del poder ha tenido que extenderse a la propia instrucción del caso. El juez García Castellón circunscribió la operación al Ministerio de Interior, excluyendo la investigación de los tres dirigentes del partido, que eran los únicos que figuraban en la documentación incriminatoria de Luis Bárcenas. Como subrayó uno de los fiscales, no se podía entender que el juez instructor estableciera una “línea roja” que impedía la investigación en sede judicial del partido y de los dirigentes que eran los beneficiarios directos de la operación.

A pesar de los indicios abrumadores contra ellos, quedaron fuera del auto de apertura del juicio oral. Pero como los indicios no han desaparecido, al fraude en la instrucción se ha añadido un fraude en el juicio oral, en el que, de manera insólita, la presidenta del Tribunal está limitando el ejercicio del derecho a la acusación, además de “orientar” a los testigos sobre la respuesta que deben dar a las preguntas que se les formulan.

El caso Kitchen no es un episodio de corrupción, sino un ejercicio continuado del poder de forma corrupta, que salta del espacio político-administrativo al espacio judicial y destroza las garantías constitucionales del proceso penal.

De ahí que la equidistancia entre el caso Mascarillas y el caso Kitchen resulte insoportable. No todas las corrupciones son iguales.  

Vox ha sido el único partido de extrema derecha europea que ha optado por Donald Trump en su enfrentamiento con León XIV.

Llama la atención que haya ocurrido en un país como España, en el que la elección del papa es, con diferencia, la elección más importante de todas las que se celebran en el mundo. Para la sociedad española no hay ningún mandatario extranjero al que se le reconozca la autoridad que se le reconoce al papa. Tuvimos ocasión de comprobarlo en el proceso constituyente de 1978, en el que la Iglesia católica consiguió ser mencionada expresamente en el articulado, además de incluir una regulación del derecho a la educación a su medida y de adjuntar al texto constitucional unos “Acuerdos con la Santa Sede”, materialmente preconstitucionales aunque formalmente postconstitucionales, que preservan la posición privilegiada de la Iglesia en nuestro sistema político.

La sombra del pontificado de Juan Pablo II se proyectó a continuación sobre la inicial puesta en marcha de nuestro sistema constitucional, en especial desde que en 1982 el PSOE consiguió la presidencia del Gobierno, que mantendría durante cuatro legislaturas.

La evidencia empírica de que disponemos nos enseña que la Iglesia Católica es el instrumento de movilización política de la derecha española. Es la única institución que es capaz de unificarla. Cuando ella decide abrazar una determinada causa, las derechas se convierten en una sola. De ahí que su presencia o ausencia resulte decisiva.

La primera foto de Colón, con Alberto Rivera, Pablo Casado y Santiago Abascal, fue sumamente expresiva. La manifestación había sido convocada para el día antes de la apertura de juicio oral del procés, con la finalidad más que evidente de crear un ambiente de cruzada antinacionalista. La ausencia de la Iglesia la redujo a una manifestación importante, pero nada más. Se notó en el propio juicio, como tuvimos ocasión de comprobar los que asistimos a la primera sesión y a las posteriores.

El pontificado de Francisco supuso un cambio en la Iglesia Católica que ha acompañado de manera significativa a los años de Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno. En las condiciones tan difíciles en que ha tenido que ejercer la presidencia, es difícil que hubiera podido hacerlo durante tantos años con un Papa como Juan Pablo II y con una Conferencia Episcopal alineada con él.

La continuidad de la trayectoria de Francisco por León XIV, en un momento en que la guerra y la inmigración se han convertido en los dos problemas de mayor envergadura, ha sido un elemento de suma importancia para devaluar políticamente al presidente Donald Trump y para dar oxígeno al presidente del Gobierno español.

Con otro papa y con una Iglesia española alineada en otra dirección, hubiera sido muy difícil que el presidente del Gobierno hubiese podido liderar la posición contraria a Donald Trump. Convertirse en la némesis de Donald Trump, como lo calificó el Financial Times.

De ahí que no se entienda muy bien que Santiago Abascal haya adoptado una posición tan abiertamente beligerante contra la Iglesia española. Si Donald Trump ha tenido que recular porque no podía sostener un enfrentamiento con el Papa en los términos en que lo había iniciado, porque empezaba a perder el apoyo de los católicos estadounidenses, ¿qué puede esperar Santiago Abascal, que tiene que enfrentarse, además, con una Iglesia más resabiada, como es la Iglesia española?

En las elecciones andaluzas, Vox va a tener la oportunidad de comprobar si ha acertado o no con su agresión a la Iglesia. Si consigue un buen resultado, sería la primera vez que una derecha española lo consigue. El impacto que podría tener en las próximas elecciones generales podría ser determinante.

Dediqué cuatro artículos en el diario El País al caso Dolores Vázquez, aunque habría que calificarlo como el caso Rocío Wanninkhof que se acabó convirtiendo en el caso Dolores Vázquez. Porque caso Rocío Wanninkhof hubo, pero caso Dolores Vázquez no. El caso Dolores Vázquez nunca existió. Fueron el juez de instrucción, el fiscal, los agentes de la policía judicial y los magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga los que se lo “inventaron” con vulneración continuada e incomprensible de los derechos fundamentales que deben presidir la instrucción de un proceso penal de acuerdo con la Constitución.

El primero, “El uso judicial de la prisión provisional”, lo publiqué el 27 de enero de 2001. En dicho artículo ponía de manifiesto que el auto de adopción de la medida de prisión provisional contra Dolores Vázquez era manifiestamente anticonstitucional. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, para dictar un auto de prisión provisional, no es suficiente que concurran las circunstancias previstas en los artículos 503y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que es necesario que el juez justifique que la finalidad que se persigue es constitucionalmente legítima. 

La justificación de la finalidad es el elemento decisivo para determinar si el auto de prisión provisional es constitucional o no lo es. Y la finalidad está dominada por la presunción de inocencia. De ahí que no se pueda perseguir con el auto “el impulso de la instrucción sumarial, propiciando la obtención de prueba de declaraciones de los imputados” (STC 128/1995). La finalidad del auto no puede ser que el imputado se derrumbe y acabe confesando. 

Esto es lo que ocurrió en el caso Dolores Vázquez. En el auto del juez de instrucción no hay un solo indicio objetivamente verificable de su conducta delictiva. Tampoco en el de la Audiencia Provincial que lo confirmó.

Así empezó el caso Dolores Vázquez. Y ese comienzo lo condicionó todo.

El 22 de septiembre de 2001 publiqué el segundo: “Una condena sin pruebas”, en el que ponía de manifiesto como tanto en el veredicto de los miembros del jurado como en la sentencia del magistrado presidente no había ninguna prueba incriminatoria de cargo que destruyera la presunción de inocencia de Dolores Vázquez. Y ninguna es ninguna.

No podía ser de otra manera. Si en la instrucción no se había podido identificar un solo indicio objetivamente verificable de la autoría del delito por parte de Dolores Vázquez, era imposible que en el juicio pudiera aparecer por arte de birlibirloque una prueba incriminatoria destructora de su presunción de inocencia. 

La anticonstitucionalidad en la manera de proceder del juez de instrucción y de la policía judicial, así como en la del ministerio fiscal y en la de los magistrados de la sala que confirmó el auto de prisión provisional, tenía que conducir a la anticonstitucionalidad del veredicto de los miembros del jurado y de la sentencia del magistrado presidente.

Terminaba el artículo preguntándome si la sentencia del tribunal del jurado hubiera sido la misma, si Dolores Vázquez no hubiera estado en prisión 519 días antes de la celebración del juicio. El caso no debió de llegar nunca al tribunal del jurado. Pero si llegaba como llegó, la sentencia no podía ser otra que la que fue. 

En todo caso, así continuó el inexistente caso Dolores Vázquez

El tercero, “Un punto de sensatez”, apareció el 17 de febrero de 2002. En dicho artículo analicé la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anuló la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado por falta de motivación tanto del veredicto de los miembros del jurado como de la sentencia del magistrado presidente. 

La sentencia desautoriza en términos inequívocos a los miembros del jurado, pero, sobre todo, enjuicia con mucha dureza la ejecutoria del magistrado presidente, que no debía haber permitido que los jueces legos pudieran actuar como lo hicieron. Lo que puede ser comprensible, aunque no justificable, en personas que carecen de formación jurídica, no puede serlo nunca en un profesional de la judicatura como lo es el magistrado presidente del tribunal del jurado. 

La sentencia del TSJA era materialmente una sentencia de amparo constitucional. El TSJA en esta sentencia no administra justicia, sino que anula una sentencia dictada anticonstitucionalmente y ordena la repetición del juicio con otro jurado y otro magistrado presidente que dicte sentencia sin vulneración de los derechos fundamentales de la acusada.

Este juicio nunca llegó a celebrarse. Dolores Vázquez recuperaba la presunción de inocencia, que no había sido destruida por la sentencia del tribunal del jurado, pero seguía estando imputada en el caso Rocío Wanninkhof. Y flotando en el ambiente una “presunción de culpabilidad”.

El cuarto artículo, “Éxito y fracaso”, apareció el 21 de septiembre de 2003. En ese momento se había resuelto el caso Rocío Wanninkhof, como consecuencia de la detención de Tony Alexander King como autor de la muerte de Sonia Carabantes. La huella genética del autor coincidía con la de la boquilla de un cigarro que la policía encontró junto al cuerpo sin vida de Rocío Wanninkhof. Tony Alexander King había sido el autor de la muerte de Rocío y de Sonia. Dolores Vázquez no había sido la autora. El caso Dolores Vázquez no había existido. Había sido el resultado de una “invención” de jueces, fiscales, y miembros de la policía judicial.

Este cuarto artículo lo publiqué, porque los medios de comunicación, que no habían manifestado reserva alguna sobre la actuación de la policía judicial hasta ese momento, se apresuraron a publicar artículos laudatorios sobre ella. Con el título “Éxito policial. Un crimen se esclarece” el Diario de Sevilla diría: “Es de destacar la notable profesionalidad con que han actuado las fuerzas de orden público, dotadas de medios técnicos notables, a la vez que movidas por una gran profesionalidad, prudencia y sentido de servicio público”.

Me pareció y me sigue pareciendo que la alabanza que, en este caso, Sonia Carabantes, mereció la actuación de la policía judicial, no puede desvincularse de la censura que mereció su actuación en la investigación del caso Rocío Wanninkhof. Si en la investigación de la muerte de Sonia Carabantes hubo “profesionalidad, prudencia y sentido de servicio público”, en la investigación de la muerte de Rocío Wanninkhof hubo todo lo contrario.

Argumentaba que no se puede desvincular en el análisis y valoración de un servicio público tan esencial como el que prestan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el éxito del fracaso. Y añadí que, si hoy, Sonia Carabantes, podemos decir que la actuación policial ha sido “profesional y prudente”, tenemos también que decir que ayer, Rocío Wanninkhof, no fue ni lo uno ni lo otro. Y que, como consecuencia de su falta de profesionalidad y prudencia, se ocasionó un daño grave al proceso de administración de justicia y una lesión prácticamente irreparable a Dolores Vázquez. 

Tan es así, que incluso a un autor como Antonio Soler, en un artículo publicado el 20 de septiembre de 2001 titulado “Furia”, con cuyo contenido estaba y estoy básicamente de acuerdo, se le escapó la frase: “Quizá Dolores Vázquez resulte inocente”. 

Estoy seguro de que no quería decir lo que dijo. Pero a esto es a lo que condujo la actuación de jueces, fiscales y miembros de la policía judicial en la instrucción del caso Rocío Wanninkhof: a transformar la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad. 

La reparación de Dolores Vázquez no se habrá producido hasta que no se borre la más mínima duda sobre su conducta. Está bien el acto de homenaje de esta semana en el Ministerio de Igualdad. Pero habría que ir un poco más lejos. 

Esperemos que así sea. 

La apariencia de que se está administrando justicia es un elemento constitutivo del proceso a través del cual la justicia se administra. Si no parece que se está administrando justicia, es que se está haciendo otra cosa.

En España se está produciendo con cierta reiteración la ausencia de dicha apariencia. El abogado de Begoña Gómez se lo dijo directamente al juez instructor Juan Carlos Peinado en una comparecencia reciente y la Unión Progresista de Fiscales ha llevado a la ONU la “sucesión de irregularidades” en la causa contra el fiscal general. Por no hablar de la persecución política disfrazada de proceso judicial de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados y condenados por el delito imposible de prevaricación administrativa por haber presidido el Consejo de Gobierno que aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Una vez declarada anticonstitucional dicha persecución por quien puede hacerlo -el Tribunal Constitucional-, la Audiencia Provincial de Sevilla ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no la va a admitir a trámite siquiera por no tener competencia para ello. O por no hablar de las decisiones de la Sala Segunda sobre la Ley de Amnistía…

Da la impresión de que los órganos judiciales de más alto nivel en nuestro país, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, han desarrollado una peculiar afición a esta tendencia de hacer justicia sin parecer que lo hacen. Lo estamos viendo en estos días con dos casos de relumbrón. El caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo (TS) y el caso Kitchen en la Audiencia Nacional. 

Del primero, el lector de este diario ha tenido la oportunidad de leer dos artículos excelentes, uno de Carlos López Keller, 'Crónica de una condena anunciada', el 6 de abril, y otro de Ignacio Escolar, 'Ábalos y Fernández Díaz: busca las diferencias', el 11 de abril. 

Solamente tengo una cosa que añadir y es que, en mi opinión, hay motivos más que suficientes para interponer un recurso de amparo contra esa “condena anunciada” por parte del TS. Este tribunal no puede convertirse en un juez de primera y única instancia de la manera que a él le parezca oportuno. Se trata de una anomalía tan extraordinaria que el TS tendría que justificar su decisión de una manera objetiva y razonable, algo que brilla por su ausencia en la decisión que ha adoptado. 

Tal vez no haya un órgano constitucional que esté tan afectado, en términos generales“ por la ”interdicción de la arbitrariedad“ de los poderes públicos enunciada en el artículo 9 de la Constitución, como lo está el TS. Por su propia posición en el edificio del Estado constitucional. Y tal vez no haya un asunto en que dicha interdicción haya sido desconocida de manera tan reiterada como en el caso mascarillas. 

La razón de esta arbitrariedad reiterada en cada uno de los pasos por parte del TS no es otra que la de hacer coincidir en el tiempo el juicio del caso mascarillas con el del caso Kitchen en la Audiencia Nacional y dictar una sentencia condenatoria firme que suponga el ingreso en prisión de un exministro del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y de un exsecretario de organización del PSOE con Pedro Sánchez como secretario general, antes de que exista una sentencia condenatoria firme contra un exministro del PP.

Lo más llamativo del caso mascarillas es que, a medida que ha avanzado el juicio, las mascarillas casi brillan por su ausencia. Lo que se anunciaba como un gigantesco caso de corrupción de libro, está resultando ser un examen de conductas repugnantes, pero que casi nada, por no decir nada, tienen que ver con la “madre de todas las corrupciones” que se nos había prometido. 

El caso mascarillas es el de menor entidad de todos los casos sobre mascarillas que ya se han resuelto y de los que quedan por resolver. El de Almería, por ejemplo. La apariencia de administración de justicia brilla por su ausencia. No es justicia, sino otra cosa, lo que está haciendo el TS.

El Tribunal Constitucional, muy a su pesar, tendrá que acabar poniendo orden, porque, de no hacerlo, lo tendrá que hacer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nos avergonzará a todos.  

Lo mismo está ocurriendo en la Audiencia Nacional con el caso Kitchen. Que se sepa, Luis Bárcenas no ha sido tesorero del Ministerio del Interior. Fue tesorero del PP. Fue el tesorero que, por su condición de tal, disponía de la documentación acreditativa de la financiación presuntamente delictiva del PP. Para evitar que dicha documentación pudiera acabar en manos del juez que estaba investigando dicha financiación, el Ministerio de Interior del Gobierno presidido por Mariano Rajoy puso en marcha una operación, denominada posteriormente como Kitchen, con decenas de policías pagados con fondos reservados para apropiarse de la documentación en manos de Luis Bárcenas y su mujer, a fin de que no acabara en las manos del juez. 

La documentación en manos de Luis Bárcenas no era incriminatoria para el Ministerio de Interior. No incriminaba ni al ministro ni a ningún otro funcionario del Ministerio. Incriminaba presuntamente al presidente del PP, Mariano Rajoy, al vicepresidente, Javier Arenas, y a la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Y al propio PP. Pero a nadie más. 

Obviamente, únicamente las personas cuya presunción de inocencia podía ser destruida en sede judicial con las pruebas que contenía la documentación de Luis Bárcenas podían tener interés en que dicha documentación no acabara en manos del juez.

Fue la condición de presidente del Gobierno de Mariano Rajoy la que posibilitó que la operación Kitchen se activara. Ni Fernández Díaz ni ninguno de los demás miembros del Ministerio procesados tenían interés en hacerlo. Sin el impulso del presidente Mariano Rajoy, la operación Kitchen no habría existido.

Sin embargo, la instrucción se detuvo en el momento de investigar al partido, para circunscribirla al ámbito del Ministerio. En la documentación que se sustrajo a Luis Bárcenas no había ni una sola referencia al Ministerio ni al ministro. Sí la había respecto a M. Rajoy o respecto a Arenas y Cospedal.  

¿Puede alguien pensar que se está administrando justicia cuando los principales y únicos beneficiarios de la operación Kitchen no figuran entre los procesados? 

Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro han sido, presuntamente, los protagonistas de los dos asuntos de corrupción más importantes desde la entrada en vigor de la Constitución. No ha habido ningún otro en el que se haya “privatizado el Ministerio de Interior”, como ha ocurrido en la operación Kitchen. O en el que se haya “privatizado el ejercicio de la potestad legislativa” de las Cortes Generales mediante un despacho profesional, Equipo Económico, que cobraba a las empresas gasistas para conseguir la aprobación de legislación hecha a su medida y redactada por ellas mismas. 

No se me ocurre un caso de corrupción que pueda ir más allá de la corrupción del Ministerio de Interior o de la potestad legislativa de las Cortes Generales. Del primero ya estamos viendo como el PP intenta eximirse de responsabilidad. Veremos si lo acaba consiguiendo o no. Del segundo, todavía está por ver que acabe siendo sometido siquiera al juicio por parte del poder judicial.

En esas estamos.

El mismo día en que se publicó en el BOE el decreto de regularización de inmigrantes, el Washington Post publicó un editorial con el título America`s worker shortage is now a crisis (La escasez de trabajadores en los Estados Unidos es ahora una crisis)

Toda la evidencia empírica de que se dispone indica que la inmigración ha tenido unos efectos no ya positivos, sino muy positivos para la sociedad estadounidense. Dicha evidencia empírica fue desconocida por el presidente Donald Trump ya en su primer mandato, pero lo ha sido mucho más en el comienzo del segundo. Sin inmigrantes la población de Estados Unidos habría descendido desde que ha llegado por segunda vez a la presidencia y estaría afectando a áreas decisivas para el bienestar del país, ya que, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Migration Policy Institute, los inmigrantes representan el 23,6% de los trabajadores en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el 15,9% en enfermería y el 28,4% en el de los trabajadores de la salud en general. 

Por su parte el Cato Institute: Immigrants Effects on Government Budgets 1994-2023, informa que “los inmigrantes generaron en impuestos más que todos los beneficios recibidos a través de todos los niveles del Gobierno (federal, estatal y municipal)”; “crearon un superávit fiscal cumulativo de 14.500 millones de dólares”. La aportación de los inmigrantes hubiera supuesto el equivalente al 33% de los déficits combinados en todos los niveles de gobierno entre 1994-2023, que se habrían producido sin dicha aportación.

La crisis que el WP detecta como consecuencia de la política inmigratoria de Donald Trump es extrapolable a los países miembros de la Unión Europea en general y a España en particular. La “prioridad nacional”, “American First”, es negativa en ambas orillas del Atlántico, como subrayó George Mombiot en The Guardian: “The facts are stark: Europe must open the door to migrants or face its own extinction” (Los hechos son testarudos: Europa tiene que abrir la puerta a los inmigrantes o afrontar su propia extinción).

Afortunadamente España, que ha sido un país de emigración hasta mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, ha sabido convertirse de una manera razonablemente efectiva en un país con una notable tasa de inmigración, en torno al 15%. La regularización de la población inmigrante que ya reside en territorio español ha sido el instrumento jurídico del que se ha hecho uso por parte de Gobiernos tanto del PSOE o del PP.

La que ahora mismo está iniciando su andadura se diferencia de las anteriores en que su origen está en una “iniciativa legislativa popular” de más de setecientos mil ciudadanos, que fue admitida a trámite por el Congreso de los Diputados por casi unanimidad, PP incluido.

Ha sido a través de la combinación de la democracia directa y la democracia representativa como se ha decidido poner en marcha esta regularización. Dicha iniciativa dice mucho a favor de la sociedad española. Por ello, en buena lógica, no debería haberse planteado ningún problema en la implementación de esta medida. 

Desafortunadamente no ha sido así, aunque, afortunadamente, su oposición no va a impedir que la regularización se produzca. Y que, su aceptación por el conjunto de la sociedad se produzca con naturalidad, como ha ocurrido con las anteriores. Y es que, como ha dicho la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, criticando de manera expresa la decisión de la alianza PP y Vox en Extremadura: “no se puede dejar a nadie al margen de un sistema al que contribuye”. 

Las personas que conviven en un territorio tienen que hacerlo en pie de igualdad en el ejercicio de los derechos. Con la excepción del derecho de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución, los extranjeros deben poder ejercer los demás derechos reconocidos como fundamentales en la Constitución. En ese ejercicio descansa la posibilidad misma de una convivencia pacífica, justamente lo contrario de lo que están diciendo estos últimos días los dirigentes del PP y Vox.

La presidencia de Donald Trump lo distorsiona todo. Con otro presidente en el Despacho Oval, las elecciones en Hungría de este pasado domingo no habrían sido seguidas con el interés que lo han sido en prácticamente todo el mundo, ni sus resultados habrían tenido el alcance global que han tenido desde la misma noche electoral. Los comicios húngaros y los de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre próximo se han convertido en las dos elecciones más importantes de 2026. 

Que las elecciones de mitad de mandato tengan una relevancia excepcional no sorprende. Que lo sean las elecciones en Hungría debería ser completamente anómalo. Si exceptuamos la vinculación de Viktor Orbán con Donald Trump y con su estrategia de debilitar la Unión Europea, no hay absolutamente nada en la trayectoria de Hungría desde la caída del Muro de Berlín en 1989 que justifique que sus elecciones tengan alcance global. 

El azar ha querido que Hungría haya sido el punto de intersección en el desencuentro entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hungría con Viktor Orbán era la pieza europea más sólida de la estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos hecha pública hace unas semanas. En dicha estrategia, la Unión Europea ocupa un lugar destacado de lo que Donald Trump considera el “enemigo interior”, que debe ser debilitado desde el interior de la propia Unión Europea. De ahí su apoyo a los que califica como “partidos patrióticos”, entre los que destacaba como primero de todos el Fidesz húngaro, al que habría que añadir el Frente Nacional francés, Alternativa para Alemania, el Gobierno de Giorgia Meloni, Vox de Santiago Abascal y algunos otros.

Viktor Orbán y Fidesz han sido la avanzadilla anti Unión Europea de la “internacional” configurada bajo el impulso de Donald Trump. La presencia de los líderes más destacados de dicha “internacional” en las elecciones del pasado domingo lo dice todo. Y eso es lo que sabemos. Lo que debe haber habido y que no sabemos debe ser todavía mucho más.

Si añadimos a todo ello la intervención del Kremlin con Vladímir Putin, resulta comprensible el alcance global de las elecciones húngaras de este pasado domingo. El triángulo Trump, Putin y Orbán es lo que explica el interés de las elecciones húngaras.

Este pasado domingo no era el gobierno de Hungría lo que estaba en juego, sino comprobar, por un lado, si la Unión Europea sigue teniendo fuerza atractiva o no y, por otro, su capacidad de resistencia frente al envite de la “internacional de las derechas” con Orbán y Fidesz como punta de lanza. Las elecciones se celebraban en Hungría. Pero no era Hungría, sino la resiliencia de la Unión Europea, lo que estaba en juego.

El resultado no ha podido ser más demoledor para quienes han montado la operación. La reafirmación de la Unión Europea como baluarte democrático no ha podido ser más rotunda. Lo que vaya a hacer su sucesor, Peter Magyar es una incógnita. Magyar, de 45 años, se formó en las filas de Orbán, aunque luego se produjo una ruptura entre ambos, y representa a un partido conservador (Tisza). Pero a juzgar por el perfil de muchos de sus votantes, que le permitieron una victoria arrolladora de dos tercios de escaños en el Parlamento, es previsible que la aproximación de Magyar a la UE sea mucho más amigable y constructiva que la que ha caracterizado a su antiguo mentor.

El resultado de las elecciones húngaras continúa, además, la estela que han dejado las recientes elecciones municipales en Francia, las legislativas en Dinamarca o el referéndum de reforma de la Constitución en Italia. O las maniobras del Gobierno del Reino Unido para aproximarse a la Unión Europea. “Keith Starmer defiende un plan de alineamiento más estrecho con las normas de la Unión Europea sin necesidad de una votación parlamentaria”, “dicho alineamiento con Europa va en la dirección del mejor interés del Reino Unido, particularmente en una situación internacional tan turbulenta como consecuencia de la guerra de Irán” (The Guardian, lunes 13 de abril).

En un momento de “recesión democrática”, se está poniendo de manifiesto que la Unión Europea es la fórmula política más sólida para contrarrestar dicha recesión y para alimentar la esperanza en la supervivencia de la democracia como forma política. Y eso debería tenerlo muy claro la derecha española encarnada por el PP, que en muchas ocasiones ha mantenido una actitud ambivalente con respecto a Orbán. Cabe esperar, por el bien de nuestra democracia, que la derrota del líder de Fidesz lleve a Alberto Núñez Feijóo y su partido sumarse sin ambigüedades a los valores que encarna la UE. Y que la aceptación de figuras iliberales como Orbán solo tenga cabida en la extrema derecha que representa Santiago Abascal.

Mientras Donald Trump siga siendo presidente de los Estados Unidos el riesgo de avance de la “recesión democrática” no puede descartarse, así como tampoco nuevas maniobras para debilitar la Unión Europea. Pero, tras el resultado electoral del pasado domingo, pienso que podemos tener una mayor confianza en que podemos enfrentarnos con éxito a dichas maniobras. La fuerza atractiva de la Unión Europea sigue estando muy viva.

La decisión de disolver el Parlamento el 7 de abril y convocar elecciones para el 17 de mayo no puede entenderse como una disolución y convocatoria anticipada, pero sí fue una decisión discrecional del presidente. En algo más de un mes, la disolución y subsiguiente convocatoria habría sido automática por haberse agotado la legislatura. Juan Manuel Moreno Bonilla no habría tenido que tomar ninguna decisión.

Algo más de un mes no es tiempo suficiente como para que se pueda hablar de adelanto electoral, pero ello no quiere decir que esa anticipación sea neutra políticamente. El presidente andaluz, de manera no solo completamente legal sino también legítima, ha llegado a la conclusión de que el mejor momento para que los ciudadanos acudan a las urnas es el 17 de mayo y nada se le puede objetar.

La facultad de disolver discrecionalmente el Parlamento es una prima a la posesión del poder. El presidente puede decidir en qué momento puede llamar a los ciudadanos para que elijan a sus representantes. La decisión puede consistir en disolver anticipadamente o en no hacerlo. Tan política puede ser la motivación en un caso como en el otro, como hemos tenido ocasión de comprobar en este mismo año. El PP ha diseñado un calendario electoral en las Comunidades Autónomas en las que gobierna con la doble finalidad de levantar la hipoteca que le supone la dependencia de Vox para la formación de Gobierno y de debilitar al PSOE y prefigurar con las victorias del PP en el imaginario colectivo el resultado de las próximas elecciones generales.

El diseño no ha dado el resultado esperado en Extremadura y Aragón, donde el PP sigue dependiendo de Vox, pero sí en cierta medida en Castilla-León, donde va a tener que contar con Vox, pero donde este último no ha tenido el resultado que esperaba, dándole con ello un cierto respiro al PP.

Pero en dicho calendario el momento decisivo era y sigue siendo el de las elecciones andaluzas. Más todavía después de lo poco concluyente que ha sido el resultado electoral de las tres Comunidades que ya han celebrado elecciones. Andalucía, además de ser políticamente más importante que las otras tres Comunidades Autónomas, es la única de las cuatro en la que el PP gobierna con mayoría absoluta. De mantener o no dicha mayoría depende el éxito del calendario electoral diseñado por el PP. Si después de no poner fin a su dependencia de VOX en Extremadura, Aragón y Castilla-León, resulta que vuelve a depender también en Andalucía para la investidura de Moreno Bonilla como presidente, está claro que la operación no habría conseguido el objetivo que perseguía. 

La renovación de la mayoría absoluta se ha convertido para Moreno Bonilla en una cuestión decisiva. Si no lo consigue, el estigma del “pato cojo” que acompaña a los presidentes de los Estados Unidos después de las elecciones de mitad de mandato de su segunda presidencia empezaría a aplicársele. Quedaría muy debilitado.

La mayoría absoluta es la clave. ¿Es más probable mantener la mayoría absoluta adelantando las elecciones unas semanas o esperando a agotar la legislatura? Unas semanas son poco tiempo, pero en un escenario político como en el que nos encontramos puede ser mucho. 

Por varios motivos. 

En primer lugar, por la Guerra de Irán, que ya está siendo un problema para las derechas europeas y que puede serlo todavía mucho más, si la escalada que se está produciendo en este momento conduce a una prolongación indefinida de la misma. Pedro Sánchez ha tomado la iniciativa en el 'No a la guerra' a escala no solamente española sino europea. Cuanto más tiempo se mantenga el escenario de guerra, más incómoda va a ser la campaña para el PP, que tendrá que intentar diferenciarse de Vox, pero sin parecer que coincide con el Gobierno. Reducir el tiempo antes de acudir a las urnas se ha convertido en algo apremiante para el presidente andaluz.

En segundo lugar, porque, en el momento en que decidió adelantar las elecciones unas semanas, Vox no tenía todavía designado su candidato para liderar el partido y, en consecuencia, tenía que improvisar una candidatura con el riesgo que una improvisación supone en todo proceso electoral. 

Y en tercer lugar y sobre todo, porque, en el momento en que decidió adelantar las elecciones, la desunión de los partidos de la izquierda no socialista era manifiesta. La reducción en varias semanas de tiempo para que pudieran ponerse de acuerdo parecía un golpe definitivo para que pudieran hacerlo.

Posiblemente, este era el motivo más importante para adoptar la decisión de convocar para el 17 de mayo. Intentar conseguir que la izquierda no socialista se quedara en los cinco escaños de 2022.

Y aquí es donde su decisión ha sido más errónea. Acortar el plazo reduce hasta el punto de casi anular la posibilidad de discutir, que es lo que más divide a las izquierdas. El plazo fijado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para la formación de coaliciones es tan reducido que los partidos no pueden enredarse en pactar las diferencias que los separan, sino que les obliga a cerrar el pacto de manera insoslayable. 

Esto es lo que le ocurrió a Macron, cuando, tras las elecciones al Parlamento Europeo, decidió disolver y convocar las elecciones legislativas. Pensaba que la izquierda no iba a ser capaz de concurrir conjuntamente y que, en la segunda vuelta acabarían votando a su partido, a fin de que no ganara el partido de Le Pen. Pero ocurrió lo contrario. Las izquierdas no tuvieron tiempo para discutir y concurrieron conjuntamente y ganaron las elecciones. El desconcierto en que se encuentra Macron tuvo su origen en el adelanto electoral.

Esto es lo que ha ocurrido en esta semana en Andalucía. Se ha formalizado el acuerdo entre IU, Movimiento Sumar y Podemos y otros cuatro partidos menores para concurrir juntos a las elecciones. Políticamente supone un cambio importante, por cuanto de todos son conocidas las tensiones en el seno del espacio a la izquierda del PSOE, especialmente entre Sumar y la formación que dirige Ione Belarra. Nada más que hay que ver la recepción que ha tenido en los medios de comunicación progresistas el acuerdo para deducir que se trata de un anuncio de trascendencia en un momento en que las urnas están castigando severamente la desunión de las izquierdas. 

El acuerdo se ha alcanzado, además, en un momento en que se está produciendo un cambio en la dirección del viento. Las elecciones presidenciales en Portugal, las municipales en Francia, las legislativas en Dinamarca, el referéndum en Italia nos está indicando que la resistencia frente al avance de la derecha está empezando a tener consistencia en el continente europeo. Está por ver qué impacto tendrá el citado acuerdo cuando llegue el momento del escrutinio, pero sin duda es un paso en una buena dirección. Cualquier iniciativa que se encamine a no dispersar los votos de la izquierda debe ser bienvenida. No es solamente la mayoría absoluta lo que pueda estar en juego el 17 de mayo, sino de qué color es la mayoría para la formación del Gobierno. Lo que parecía impensable hace una semana ya no lo es tanto. 

El pasado 23 de marzo el director de The New Republic, Michael Tomasky, se interrogaba de manera retórica:“¿Qué es lo más aterrador de la guerra de Irán?” (The scariest thing about this War?), para despejar el interrogante a continuación con un rotundo: “Que él (Donald Trump) está sentado en el Despacho Oval ”(He´s sitting in the Oval Office). Este era el título del artículo.

La combinación de un presidente errático y corrupto que es, al mismo tiempo, el comandante en jefe del ejército más poderoso que se ha conocido en la historia de la humanidad, convierte la guerra de Irán en una amenaza aterradora a escala mundial.

Se trata de una guerra sumamente anómala, ya que, en el Congreso, que es el órgano constitucional que tiene atribuida la facultad de declarar la guerra, no se ha producido un debate antes de que se iniciaran las operaciones bélicas, pero sí se han producido, hasta el momento, dos debates acerca de por qué no se debían poner límites a cualquier decisión presidencial respecto del futuro de las mismas. Se ha producido la inversión más completa de la lógica constitucional. El Congreso ha aceptado que la guerra se puede iniciar sin su consentimiento. Como consecuencia de ello, entiende que no puede no aceptar que la guerra continúe sin contar con dicho consentimiento. Con el no debate sobre el momento inicial de la guerra y con el doble debate con resultado negativo sobre cualquier posible límite a la continuidad de la misma, el Congreso se ha desposeído formal y materialmente de la facultad constitucional de hacer la guerra y se la ha transferido al presidente, que, justamente por ello, carece de límites.

Y no a un presidente cualquiera, sino a Donald Trump. Una vez adoptada esta decisión, es imposible saber qué es lo que puede ocurrir y hasta dónde puede llegar la escalada. Es fácil imaginar, dice Tomasky, que Donald Trump se aburre literalmente de la guerra, especialmente si los acontecimientos no se suceden de la forma en que él los había imaginado y, como consecuencia de ello, las encuestas empiezan a arrojar resultados negativos o muy negativos sobre su gestión de la misma. La tentación de anunciar que se ha conseguido la victoria y que no tiene sentido continuar con la presencia de tropas en el Golfo se convierte en irresistible.

Pero también es fácil imaginar lo contrario y que el presidente pueda optar por la dirección opuesta y decida que, una vez que ha acumulado una enorme cantidad de efectivos, no tiene sentido no aprovechar la ocasión para invadir Irán, apoderarse del uranio enriquecido y poner fin por el tiempo en que es posible hacer predicciones a la amenaza atómica.

Ante este escenario la reacción del Gobierno español de decir no a la guerra y de no autorizar el uso de las bases de Rota y Morón y cerrar el espacio aéreo para cualquier intervención en la guerra, es la mejor de las reacciones posibles. Es la misma senda que han seguido a continuación varios países de la Unión de manera expresa e implícitamente los demás y la propia Unión.

Pienso que la guerra tiene todavía recorrido y que el chantaje de los Estados Unidos puede activarse de forma acentuada en cualquier momento. El escenario aterrador no puede ser descartado mientras Donald Trump continúe en la Casa Blanca. 

La identidad de la Unión Europea fue el resultado de la imposición de la democracia como forma política a escala continental. En la Europa predemocrática, la Unión Europea era imposible. En la Europa democrática es indispensable. 

El continente europeo, desde el colapso del Imperio Bizantino en 1453 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, ha sido testigo de una permanente lucha por la supremacía, en la que se han producido alianzas y coaliciones bélicas entre distintos territorios, la mayor parte de los cuales antes del siglo XIX no tenían siquiera la condición de Estados tal como los entendemos hoy.

Quiere decirse, pues, que la guerra ha sido el eje en torno al cual ha girado la coexistencia entre los diferentes territorios y Estados antes de que la democracia hiciera acto de presencia en el continente en el siglo XX. 

Serían las dos últimas guerras europeas del siglo XX, que acabarían convirtiéndose en dos Guerras Mundiales, las que acabarían conduciendo a la génesis de la democracia la primera y a la imposición como única forma política aceptable la segunda.

La democracia nace en el continente europeo tras las Primera Guerra Mundial a través de la imposición del sufragio universal masculino y femenino en Inglaterra y las monarquías parlamentarias del norte de Europa o mediante la transformación de las demás monarquías no parlamentarias en repúblicas. Es ese el momento en que se identificaría al “pueblo” como lugar de residenciación del poder, que es la exigencia inexcusable del principio de igualdad para que el Estado Constitucional sea técnicamente organizable. De ese lugar de residenciación del poder derivaría la definición normativa canónica del principio de legitimidad democrática: “El poder reside en el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado”. 

Pero la democracia tras la Primera Guerra Mundial no pone fin a la guerra como eje en torno al cual va a girar la lucha por la supremacía continental, sino todo lo contrario. Casi desde el momento mismo en que acaba la Primera Guerra Mundial, se inicia la preparación de la que acabaría siendo la segunda. 

Será con el final de esta segunda cuando la democracia se estabiliza como forma política y cuando se convertirá en una forma política no susceptible de ser siquiera sometida a discusión. Una vez consolidada la democracia en los años inmediatamente posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, en la mayor parte de los Estados de Europa occidental se iniciaría el proceso de construcción política democrática a escala continental.

A diferencia de lo que había ocurrido en los siglos anteriores, el No a la guerra será el eje que presidirá el horizonte de dicho proceso. En el No a la guerra está la raíz constituyente de lo que ha acabado siendo la Unión Europea.

En las décadas de los cincuenta, sesenta, setenta y ochenta la inmensa mayoría de los países de Europa Occidental se convertirán en Estados miembros de las Comunidades Europeas. Portugal y España serían los dos últimos en incorporarse en 1986.

Con la caída del Muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética, el parsimonioso proceso de las décadas anteriores para culminar la integración de los Estados europeos occidentales se aceleró de manera notable en los Estados europeos orientales. En 1992 con el Tratado de Maastricht las comunidades europeas darían paso a la Unión Europea, en la que han llegado a integrarse 27 Estados.  

En la democracia está, pues, la identidad de la Unión Europea, que es una comunidad jurídica más que una comunidad política. La fuerza de la Unión Europea es la fuerza del Derecho. No puede existir sin el respeto escrupuloso de sus Tratados constitutivos y de las demás normas que se van aprobando de la forma en ellos previstos. Para garantizar dicho respeto la Unión Europea dispone de un poder judicial propio cuyas decisiones son de obligado cumplimiento por todos los Estados.

Obviamente el respeto del Derecho Internacional y la autoridad de Naciones Unidas en general, y en particular en materia de declaración de guerra, forma parte también de la identidad de la Unión Europea. De dicho respeto depende la propia supervivencia de la Unión Europea. 

Esta identidad de la Unión Europea fue desafiada en 2003 por los Estados Unidos con la guerra de Irak y está siendo desafiada en este 2026 con la guerra de Irán. 

En 2003 los Estados Unidos consiguieron dividir a la Unión Europea y dividirla además de manera visible y solemne en una votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que Francia y Alemania se opusieron vehementemente a la guerra, mientras que el Reino Unido y España se alinearon con los Estados Unidos. De aquella votación vino la distinción por parte de Donald Rumsfeld entre la “vieja” y la “nueva” Europa sin que se entienda muy bien por qué la Europa que representan Alemania y Francia es más vieja que la que representan Reino Unido y España. Pero lo que quería decir se entendió por todos.

La guerra de Irak supuso un shock, que obligó a los países constitutivos de la Unión Europea a reflexionar sobre su propia identidad y su lugar en el mundo. Dicha reflexión se expresaría a través de manifestaciones masivas contra la guerra en las ciudades europeas o en reflexiones intelectuales como las del recientemente fallecido Jürgen Habermas y Jacques Derrida, que articularon una visión kantiana de la identidad europea enraizada en el multilateralismo, el derecho internacional y el poder blando (soft power). En contra de lo que pareció ser en un primer momento, la guerra de Irak de 2003 se convirtió en un momento central en la afirmación de la identidad europea. Especialmente tras el reconocimiento del fracaso por quienes pusieron en marcha la operación bélica. Con la excepción de José María Aznar, todos se han disculpado por la decisión. 

El segundo desafío que está suponiendo la guerra de Irán es distinto y mucho más preocupante. En 2003 los Estados Unidos se sintieron obligados a debatir en Naciones Unidas y a intentar justificar ante la opinión pública mundial la razón que le asistía para llevar la guerra a Irak. No aceptaron la decisión de Naciones Unidas e hicieron una guerra ilegal, pero no marginaron por completo a la institución y no dejaron de sentir la necesidad de dar explicaciones. 

En 2026, Donald Trump no solamente ha anunciado, en declaraciones a The New York Times, que no se considera limitado por el Derecho Internacional, sino únicamente por “su propia conciencia”, sino que, además, ha dejado clara cual es Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, en la que las Naciones Unidas y el derecho internacional brillan por su ausencia.

El orden mundial sin reglas no es cosa del futuro. Está ya aquí. Las ejecuciones extrajudiciales en las costas venezolanas, el secuestro de Nicolás Maduro, la apropiación de facto del petróleo de Venezuela, la amenaza sobre Groenlandia, el chantaje a México y la guerra de Irán son manifestaciones de ese mundo sin reglas. Es un elemento constitutivo de la estrategia de Donald Trump. 

También en este desafío pareció en un primer momento que la Unión Europea podía dividirse, como lo hizo en 2003, y que podía dejar arrastrarse por Estados Unidos en sus aventuras unilaterales. Pero no ha sido así por el momento. El “No a la Guerra” de Pedro Sánchez ha conseguido que los países de la Unión Europea y la propia Comisión Europea hayan ido corrigiendo lo que parecía ser una pulsión seguidista de la política de los Estados Unidos, para acabar reafirmando el no a la guerra como seña de identidad de la Unión.

El “No a la Guerra” de Pedro Sánchez se ha convertido en “esta no es nuestra guerra” del conjunto de los países de la Unión Europea. 

El desafío de los Estados Unidos a la Unión Europea no ha hecho más que comenzar y queda mucho recorrido por delante. La visión kantiana de Habermas y Derrida necesita ser reafirmada, porque dicha visión es la raíz constituyente de la Unión Europea.