El delito por el que el juez José Luis Calama imputó al expresidente Zapatero fue básicamente el delito de tráfico de influencias en el marco de la operación de rescate en forma de concesión de un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

Con base en dicha imputación dictó una orden de registro del despacho profesional de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que la policía judicial no encontró indicio o prueba alguna del delito de tráfico de influencias, pero sí unas joyas en una caja fuerte.

Tener joyas en una caja fuerte no es delito. Si lo fuera, las cajas fuertes no se venderían porque nadie las compraría. El hallazgo de las joyas debería o no haber sido puesta en conocimiento del juez instructor o haber sido puesta en su conocimiento, a fin de que este decidiera si ponía en marcha una investigación con la finalidad de averiguar si había alguna relación entre las joyas y el recate de la aerolínea Plus Ultra. Y por supuesto, sin hacer público el hallazgo de dichas joyas. Únicamente si, como resultado de la investigación se llegara a la conclusión de que hay una relación entre las joyas y el rescate de la aerolínea, se podría dictar un nuevo auto de imputación al expresidente y poner en conocimiento de la opinión pública la existencia de las joyas encontradas en la caja fuerte.

Estoy dando por supuesto que el auto de imputación por tráfico de influencias fue dictado constitucionalmente, sin vulneración de derechos fundamentales y de las garantías constitucionales que presiden el proceso penal, algo que, como el lector sabe, no ha sido así, en mi opinión. Pero vamos a dar por supuesto que así ha sido.

Cuando un juez dicta un auto de imputación, él mismo delimita en el auto la naturaleza de la investigación susceptible de ser puesta en marcha. No puede extenderse la investigación a todo lo que el investigado haya hecho desde su mayoría de edad o a su conducta desde que llegó a ser secretario general del PSOE o presidente del Gobierno, o de su ejercicio profesional tras dejar la presidente. Con el auto de imputación el juez instructor se autolimita.

Claro que en la investigación se pueden encontrar indicios o pruebas de nuevos delitos, pero siempre que tengan relación con el delito con base en el cual se ha dictado el auto de imputación. Imputar los delitos de contrabando y delito fiscal del mero hallazgo de las joyas, sin investigación alguna sobre la relación con la operación Plus Ultra y sin preguntar siquiera al expresidente sobre las mismas, supone una extralimitación del propio juez sobre los términos en los cuales él ha establecido la naturaleza y contenido de la investigación.

Mientras el juez instructor no de explicación alguna de por qué las joyas encontradas en el registro del despacho profesional de José Luis Rodríguez Zapatero son relevantes para la investigación del tráfico de influencias en la operación Plus Ultra, no hay base alguna para exigir una explicación al expresidente. Nadie tendría por qué saber nada de la existencia de las joyas y, por lo tanto, ninguna explicación se podría exigir sobre las mismas.

Es el juez José Luis Calama el que tendría que dar explicaciones de por qué ha considerado presuntamente delictiva la tenencia de las joyas en una caja fuerte por parte del expresidente. La mera posesión de joyas en una caja fuerte no es que no sea delito, es que no es indicio de que lo sea. La posesión se presume de buena fe. También a la posesión de joyas se extiende la presunción de inocencia.

¿Cómo ha llegado el juez instructor a la conclusión de que la tenencia de joyas en una caja fuerte era indicio de dos delitos? ¿Por qué ha permitido, sin analizar la posible conexión de las joyas con el tráfico de influencias en la operación Plus Ultra, que se haya hecho pública la tenencia de las mismas por José Luis Rodríguez Zapatero?

El orden de los factores en el mundo del derecho altera el producto. En una investigación penal es el juez instructor el que tiene que explicarle a la persona que imputa, por qué le exige que de explicaciones de la conducta por la que se le imputa. Da los indicios de que dispongo deduzco que usted puede haber cometido presuntamente tal delito. Explíqueme cuál ha sido su participación en los hechos presuntamente constitutivos de delito.

El juez instructor lo ha explicado malamente respecto del delito de tráfico de influencias, pero es que no lo ha explicado en absoluto respecto de las joyas. No se le puede exigir a nadie que dé explicaciones sobre una imputación sobre la cual el juez no explica con qué base decide la imputación. Una imputación delictiva no se puede basar en el mero hallazgo de joyas en una caja fuerte. El hallazgo puede ser el punto de partida de una investigación, pero no el punto de llegada para una imputación y para la exigencia de explicaciones públicas al imputado.

Tras la aprobación de los Presupuestos de la comunidad en las Corts Valencianas con mención expresa de la “prioridad nacional”, Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, declaró que la deriva hacia la extrema derecha del PP sigue un camino que se parece mucho al que siguió Adolf Hitler.

La reacción del PP ha sido inmediata. Su secretario general, Migue Tellado, ha exigido la dimisión de la ministra, porque “no se puede ir por la vida con ese tipo de comparaciones”, que la inhabilitan para seguir sentándose en la mesa del Consejo de Ministros.

No sé qué le habrá parecido a los lectores la comparación de la ministra del PSOE y la contrarréplica del secretario general del PP. Yo sí tengo una opinión formada sobre la pertinencia de la comparación y la inanidad de la réplica del secretario general.

El lector habrá comprobado por el título de este artículo que intercalo a Donald Trump entre Hitler y el PP/Vox. Lo hago porque Donald Trump es el eslabón que permite dar sentido a la entrada de Adolf Hitler en una comparación con las estrategias políticas que se están poniendo en práctica en Europa en estas primeras décadas del siglo XXI.

Comparar directamente a Adolf Hitler con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal resulta chocante. La distancia entre el Gobierno del Tercer Reich y la pareja de la derecha española, que todavía no es, pero puede ser la que ocupe el Gobierno del Estado español, es demasiado grande desde todos los puntos de vista como para que no produzca perplejidad. ¿Se puede encontrar directamente un punto de conexión entre Hitler y Feijóo/Abascal o la distancia entre los términos de la comparíación es tan enorme que carece de credibilidad?

Con el eslabón de Donald Trump el punto de conexión resulta razonable. Los términos de la comparación entre Hitler y Trump no resultan estrafalarios. Y a través del actual presidente de los Estados Unidos, ya no resulta descabellado proyectar la presencia de Hitler en las estrategias políticas que se ponen en circulación en los países europeos. La sombra de Hitler no ha dejado nunca de estar presente en Europa, aunque hubiera hasta el momento unanimidad en su rechazo. Desde que Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, Adolf Hitler ha dejado de ser una sombra para convertirse en una opción política creíble para cualquiera de los países europeos.

El profesor Timothy W. Ryback, que había dedicado prácticamente toda su vida académica al estudio del ascenso al poder de Adolf Hitler, se ha ocupado de ilustrar la proximidad y la distancia entre la ejecutoria de Donald Trump en su segundo mandato y la de Adolf Hitler una vez alcanzada la Cancillería. Lo ha hecho en una serie de artículos extensos, que casi podrían ser calificados de pequeños ensayos, publicados en The Atlantic entre el 8 de enero de 2025 y abril de 2026.

En el primero, 'Cómo Hitler desmanteló una democracia en 53 días', estudia los pasos que dio Hitler desde que se convierte en Canciller hasta el momento en que el Reichstag aprobó la “ley de habilitación” que le permitió al Führer sustituir la legislación parlamentaria por la legislación gubernamental. En el segundo, retrata la sorpresa de quienes pensaron que podrían domesticar a Hitler, para acabar dándose cuenta de que era él el que se había apoderado de ellos. En el tercero, estudia la forma absolutamente unilateral en que Adolf Hitler entendía la lealtad y la confianza en las relaciones con sus ministros o altos dirigentes del Reich.

En el cuarto, estudia lo que el título indica con precisión: cómo la prensa nunca reconoció la amenaza que Hitler suponía para la democracia de Weimar. En el quinto, el título lo dice todo: 'Los terribles aranceles de Hitler'. En el sexto cuenta cómo Hitler “fabricó” una crisis, de la que responsabilizó al partido comunista, para hacerse con todo el poder. En el séptimo relata cómo presionó al presidente del Banco Central, cuya independencia estaba garantizada en la Constitución de Weimar, llegando hasta el punto de amenazarlo de muerte, de forma creíble, para forzar su renuncia. En el octavo estudia cómo Hitler llegó a considerar Groenlandia como una cuestión de seguridad nacional y diseñó una estrategia para apoderarse de ella. Y en el noveno, y último hasta el momento, describe el proyecto de construir una nueva ala para ampliar el edificio de la Cancillería.

La concomitancia entre la ejecutoria de Donald Trump y la de Adolf Hitler salta a la vista. El sistema político de la democracia, sea parlamentaria o presidencialista, es el enemigo “interior”, mucho más peligroso que el “exterior”. Hay que acabar con cualquier resistencia al ejercicio del poder interno, a fin de proyectar dicho poder sin control hacia el exterior mediante el ejercicio de la fuerza.

Esta es la forma de ejercer el poder que Hitler tenía en la cabeza y es también la forma de ejercicio que tiene en su mente Donald Trump. La proyección de ese poder sin control fuera del territorio del Estado caerá por su propio peso. La recuperación de la doctrina Monroe para América Latina, la integración de Canadá como un Estado más de los Estados Unidos y la apropiación de Groenlandia son los objetivos ya expresados por Donald Trump.

Penetrar en los países europeos mediante la promoción de los partidos de extrema derecha es el complemento de la operación. Ahí es donde entran Vox inicialmente y el PP, arrastrado por Vox. A través de la estrategia de la “prioridad nacional” de Santiago Abascal primero y de la “mayoría nacional” de José María Aznar después.

En esas estamos en ese momento. Y de ahí que resulten pertinentes las palabras de Diana Morant tras la inclusión de la mención expresa de la “prioridad nacional” en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Valenciana. Estamos en el prólogo de una operación antidemocrática de primer orden en España y en otros países de la Unión, que puede acabar poniendo fin al experimento político de mayor envergadura después de la Segunda Guerra Mundial.

Pareciera que en estos últimos días hay novedades de mucha relevancia respecto de la imputación por tráfico de influencias a José Luis Rodríguez Zapatero en la operación Plus Ultra.

En los medios de comunicación se ha dado un lugar muy destacado al escrito enviado al Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional por el fundador de la compañía Plus Ultra Julio Martínez Sola y a la confesión presencial de Julio Martínez Martínez, empresario y amigo personal del expresidente del Gobierno, como si realmente la información que proporcionaban fuera casi definitiva para acreditar el delito de tráfico de influencias por parte de Rodríguez Zapatero.

Pero la verdad es que, una vez leído el escrito sobre la conducta potencialmente constitutiva del delito de tráfico de influencias, no hay nada. Julio Martínez dice mucho sobre su relación de subordinación respecto del expresidente, pero no dice nada respecto de las personas sobre las cualesRodríguez Zapatero ha ejercido influencia para que la aerolínea Plus Ultra recibiera el préstamo.

La información que transmite Julio Martínez al juez José Luis Calama es completamente irrelevante para la acreditación de una conducta constitutiva del delito de tráfico de influencias. El expresidente era el cerebro de toda la operación y yo me limitaba a ejecutar sus órdenes. Esto es lo que el escrito transmite. Pero, ¿en qué medida influye esa relación personal en los funcionarios que tramitaban el expediente de la concesión del préstamo y de la elevación de la propuesta al consejo de ministros?, es algo sobre lo que el escrito no dice nada. Ni una sola referencia a una entrevista, a un correo electrónico, a una llamada telefónica. Nada.

El escrito lo que hace es corroborar más bien la afirmación de José Luis Rodríguez Zapatero de que no ha hecho ninguna gestión personal respecto del crédito concedido a la aerolínea Plus Ultra. Al menos Julio Martínez no dispone de nada que pueda acreditarlo.

A pesar del ruido generado en torno a la confesión de Julio Martínez, respecto del delito de tráfico de influencias seguimos donde estábamos el 18 de mayo de 2026, cuando el juez José Luis Calama dio a conocer su auto de imputación al expresidente del Gobierno.

A pesar de que la operación de concesión del crédito se había producido en el año 2021, a pesar de que dicha operación fue denunciada por el sindicato Manos Limpias y fue estudiada y archivada por el Juzgado 15 de Madrid al no encontrar indicio de delito alguno en la misma, y a pesar de que la justicia francesa y suiza alertaron en 2024 a la justicia española del posible uso delictivo de los propietarios de Plus Ultra del dinero obtenido con el préstamo y no de alguna irregularidad en la concesión del préstamo, José Luis Rodríguez Zapatero no aparecía mencionado en la documentación relativa a ningún posible delito. Seguimos exactamente igual.

El 15 de junio, en 'El caso Plus Ultra y Rodríguez Zapatero: las cosas en su sitio', expliqué por qué, en mi opinión, el juez José Luis Calama había, presuntamente, ejercido de una manera desviada la potestad jurisdiccional que tiene atribuida y había imputado a Rodríguez Zapatero con vulneración de la Constitución, ya que la información con base en la cual lo imputó había sido obtenida mediante la colaboración entre la policía estadounidense y la policía española sin control alguno por parte de una autoridad judicial. Se trataba, además, de una información en la que el expresidente no aparecía directamente, sino únicamente a través de referencias que otras personas hacían de él.

En auto del 17 de junio de medidas cautelares, el juez José Luis Calama intentó blanquear la anticonstitucionalidad de su manera de proceder en el auto previo del 18 de mayo y afirmó que la información con base en la cual había imputado al expresidente “había sido puesta a disposición de la justicia española por parte de las autoridades judiciales americanas”, pero no acreditaba que así hubiera ocurrido. El juez no solamente no ha subsanado la anticonstitucionalidad del auto de 18 de mayo, sino que puede haber cometido una nueva. La colaboración policial está acreditada. La colaboración judicial, que es la decisiva, no lo está todavía. Veremos.

El 25 de junio, en 'El Juez, la Policía y las joyas de Zapatero', intenté explicar la extralimitación que se había producido por parte de la policía al registrar el despacho del expresidente y del juez al imputar al expresidente por delito de contrabando y fraude fiscal, como consecuencia de haber encontrado unas joyas en una caja fuerte, sin que se estableciera ninguna relación entre dichas joyas y el delito de tráfico de influencias.

Tener joyas en una caja fuerte no es delito. La posesión se presume de buena fe en todos los códigos civiles. Con base en el mero hallazgo no se puede imputar delito alguno.

Seguimos estando donde estábamos. La única conducta presuntamente irregular no es la de José Luis Rodríguez Zapatero, sino la del juez José Luis Calama. Con escrito de Julio Martínez igual que cuando no había escrito.

Coincido con José Antonio Martín Pallín en calificar de cacería judicial la persecución de la que han sido objeto Begoña Gómez y David Sánchez, pero discrepo en el origen de dicha cacería, que para mí está en la sentencia de marzo de 2024 dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) presidida por el magistrado Manuel Marchena.

En julio de 2021 la Audiencia Nacional (AN) había condenado a Miguel Bernad, presidente del autocalificado sindicato Manos Limpias a cuatro años de prisión y a Luis Pineda, presidente de AUSBANC a ocho años de prisión por un delito de extorsión.

Contra dicha sentencia los condenados interpusieron recurso de casación ante la Sala Segunda del TS. Casi tres años más tarde, dicha Sala dictaría sentencia anulando íntegramente la sentencia dictada por la AN, con la argumentación de que las conductas de los dos condenados eran “éticamente reprobables”, pero no merecedoras de la calificación penal que les había atribuido la AN. Reprobación ética sí, pero condena jurídica no.

“A buen entendedor con pocas palabras bastan”, dice el refrán. Seguro que los lectores coinciden conmigo que, en este terreno, es difícil que haya un mejor entendedor que Miguel Bernad. En todo caso, como dice el presidente de la Conferencia Episcopal, “a las pruebas me remito”. En abril de 2024, un mes después de la sentencia del TS, Miguel Bernad denunciaría a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y en mayo de 2024, dos meses después, denunciaría a David Sánchez por tráfico de influencias y delitos fiscales.

Es obvio que no se puede establecer una relación de causalidad entre la sentencia de marzo del TS y las denuncias de abril y mayo de Miguel Bernad. Pero tampoco se puede pasar por alto que la relación laboral entre la Universidad Complutense de Madrid y Begoña Gómez empezó en el año 2012 y que el desempeño de la cátedra en un máster en dicha Universidad por la que Miguel Bernad la denunciaba venía del año 2020, sin que durante esos años se hubiera generado indicio alguno de conducta irregular.

De forma similar el concurso mediante el cual David Sánchez accedió a la plaza de coordinador de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz venía de 2016, año en que se publicaron las bases de dicho concurso y de 2017, año del acto de adjudicación de la plaza. Aunque fueron 11 las personas que se presentaron al concurso, ninguna de ellas impugnó por irregular ni la publicación de las bases, ni el desarrollo del concurso ni el acto de adjudicación de la plaza a David Sánchez. Ni tampoco se produjo queja alguna respecto al desempeño de la plaza por el adjudicatario de la misma.

En la relación laboral entre la Universidad Complutense y Begoña Gómez no ha habido indicio alguno de irregularidad entre 2012 y 2024. En la relación laboral entre David Sánchez y la Diputación Provincial tampoco la ha habido entre 2016 y 2024. Después de las elecciones de julio de 2023, de la investidura de Pedro Sánchez y de la ley de amnistía, todo pasa a ser diferente. La Sala Segunda del TS tira una piedra y esconde la mano. Hay un “buen entendedor” que ha captado el instante e inicia la cacería. A partir de ese momento hay indicios de criminalidad tanto en la conducta de Begoña Gómez y de David Sánchez.

Con respecto al hermano del presidente ya se ha llegado a dictar sentencia en primera instancia. 377 páginas ha necesitado el tribunal sentenciador para no encontrar nada. No hay un solo reproche en las 377 páginas a la conducta de David Sánchez. No movió un dedo para que se creara la plaza primero y se convocara después. No intentó influir en los miembros de la comisión para que se la adjudicara la plaza y no ha habido ninguna queja registrada contra él durante los años en que estuvo ocupándola.

El acceso a la plaza por David Sánchez es un caso de libro de ejercicio del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución: los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Esto es lo que ocurrió en el concurso a través del cual David Sánchez accedió a la plaza de la Diputación de Badajoz.

Al no haberse interpuesto recurso alguno contra la adjudicación de la plaza, el acto de adjudicación es firme y goza de la presunción de legitimidad del acto administrativo de forma inexpugnable. No ha habido ninguna sentencia firme que destruya la presunción de dicha legitimidad. Ni es posible que se dicte ya.

En consecuencia, no hay posibilidad alguna de que David Sánchez haya sido protagonista del delito de prevaricación administrativa, ya que el acceso a la plaza se hizo de manera jurídicamente irreprochable. Esto lo reconoce la propia sentencia.

¿En dónde está, entonces, el momento en que se comete el delito por David Sánchez? En el momento en que se procede al cambio de la denominación de la plaza, sin que se proceda al cambio de las condiciones en que la misma se desempeña. David Sánchez continua con el mismo salario, el mismo horario laboral. Simplemente se ha producido un cambio en la denominación sin que se haya advertido ninguna irregularidad en dicho cambio ni se haya impugnado ni en el interior de la propia Diputación ni ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Como escribió Carlos López-Keller, ¿Qué broma es esta?

La instrucción del caso de Begoña Gómez por el juez Juan Carlos Peinado ha sido mucho más llamativa desde el momento inicial.

En la propia fundamentación de la denuncia Miguel Bernad reconoció públicamente y de manera expresa que su denuncia se basaba exclusivamente en recortes de prensa e informaciones periodísticas de diversos medios digitales. Su objetivo era que el juzgado “comprobara si dichas informaciones eran ciertas o no”.

El lector sin duda sabe que, de acuerdo con la jurisprudencia del TS, una denuncia con tal justificación no debe ser admitida a trámite.

Más todavía. En el curso de la instrucción del caso Begoña Gómez, el TS rechazó una querella de Manos Limpias contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez, reprochando al sindicato el uso de meros recortes de prensa para interponer querellas criminales y calificó dicha maniobra como “manifiesto fraude de ley”. ¿En qué se diferencia la fundamentación de la denuncia contra Begoña Gómez de la querella contra el presidente del Gobierno y su esposa? ¿No es igual de fraudulenta la denuncia contra Begoña Gómez que la querella contra ella y su marido?

La instrucción del caso por parte del juez Peinado ha estado tan llena de irregularidades, que hay pocos casos que se recuerden en que la Audiencia Provincial haya tenido que corregir tantas veces al juez instructor. Pero tampoco hay ningún caso en que se recuerde que, tras corregirlo tantas veces y suspender tantas veces las decisiones que había tomado, la Audiencia Provincial “bendiga la cacería contra Begoña Gómez”.

José Manuel Romero lo explicaba de manera insuperable. La sección 23 de la Audiencia Provincial lleva dos años corrigiendo al juez Peinado y salvándolo al mismo tiempo, con la finalidad de mantener acorralado al presidente del Gobierno.

Lo acaba de hacer este pasado jueves. La Audiencia Provincial ha vuelto a corregir al juez instructor, retirando dos delitos de los que se la acusaba, así como las medidas cautelares de retirada del pasaporte y de comparecencia quincenal para evitar el riesgo de fuga.

Pero mantiene la imputación por el delito de tráfico de influencias y de malversación.

¿Con qué fundamentación? Con la mera existencia del vínculo matrimonial en lo que se refiere al primero. “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados (¿cuáles?), pueden comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el tráfico de influencia”. A pesar de que las empresas que aportaron dinero aseguraron ante el juez instructor que su aportación no tuvo nada que ver con la condición de esposa del presidente de Begoña Gómez, da igual. El mero hecho de estar casada es suficiente para la imputación por tráfico de influencias.

El delito de malversación lo justifica la Audiencia Provincial en la ayuda que prestó Cristina Álvarez, la asistenta de Begoña Gómez, en las gestiones privadas de la mujer del presidente para los cursos que organizó en la Universidad Complutense. Asistencia que consistió en una llamada telefónica, asistencia a doce eventos, redacción de siete correos electrónicos y asistencia a cuatro reuniones. Todo ello a lo largo de ocho años. Una llamada telefónica, asistencia a doce eventos (un evento y medio al año), siete correos electrónicos (menos de uno por año) y asistencia a cuatro reuniones (media reunión al año).

Con esta desvergüenza justifica la Audiencia Provincial la rectitud de la instrucción del juez Peinado respecto de estos dos delitos.

Hasta el momento, tanto en la Audiencia Provincial de Badajoz como en la Audiencia Provincial de Madrid “todo el que ha podido hacer” lo que estaba a su alcance, lo ha hecho.

Queda por ver qué hace el juez al que le caiga la responsabilidad de presidir el tribunal del jurado, que tendrá que poner orden en la investigación desarrollada por el juez Peinado, a fin de poder dirigir el proceso de la forma en que la Ley lo contempla.

¿Seguirá los pasos de todos los jueces y órganos jurisdiccionales que han intervenido hasta el momento o ejercerá la función jurisdiccional de acuerdo con los principios constitucionales recogidos en el artículo 117.1 de la Constitución?

Hace unos días el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, en una conferencia dictada en la Universidad CEU San Pablo en El Escorial, calificó de “tragedia” la desconfianza que los ciudadanos manifiestan en las encuestas sobre la justicia. Una sociedad, concluyó, no puede sobrevivir sin confiar en la justicia.

La sociedad contemporánea, que descansa en el principio de igualdad como técnica de gestión de las diferencias personales, es una cadena ininterrumpida de relaciones jurídicas. Con base en el principio de igualdad todas las relaciones entre los seres humanos son relaciones jurídicas. Entre individuos jurídicamente iguales y, como consecuencia de ello, libres, no hay más forma de relación que el acuerdo de voluntades, el pacto, el contrato.

En la inmensa mayoría, por no decir en la casi totalidad de esas relaciones entre los seres humanos, no se produce ningún conflicto. Las voluntades individuales que entran en contacto en una relación, que no puede no ser jurídica, se mantienen dentro de los límites establecidos por la voluntad general, es decir, por la ley. Posiblemente, no llega ni al 1% las conductas que se desvían de lo que la voluntad general establece para cada relación jurídica en cualquier esfera de la convivencia.

Ocurre, sin embargo, que ese 1% o algo menos son millones de casos. Con un sistema de administración de justicia fiable esa desviación del 1% es manejable. Pero si ese sistema de administración de justicia no es fiable, el 1% se multiplica de tal manera que la convivencia pacífica resulta imposible. La deriva hacia la anomia resulta irresistible.

Las sociedades democráticamente constituidas son posibles porque los ciudadanos, en primer lugar, cumplimos voluntariamente la casi totalidad de las normas que integran el ordenamiento jurídico y, en segundo lugar, porque los conflictos que se producen, cuando hay una desviación de la norma, son resueltos por jueces y magistrados independientes e imparciales únicamente sometidos al imperio de la ley.

La confianza ciudadana en la administración de justicia es, por tanto, una condición sine qua non para la democracia como forma política. Esto es algo que no puede ser siquiera sometido a discusión.

Ahora bien, la confianza ciudadana exige que los jueces y magistrados que integran el poder judicial acrediten en el ejercicio de la función jurisdiccional que su conducta se adecúa a los principios constitucionales que deben presidir dicho ejercicio. Son los que figuran en el artículo 117.1 de la Constitución.

Cuando esto ocurre, no suele haber desconfianza. Cuando no es así, la desconfianza se impone. Esto es lo que indican las encuestas. Los ciudadanos no tienen confianza por igual en todo el sistema de administración de justicia, sino que tienen mucha confianza en alguna parte, una confianza razonable en otra y poca o casi ninguna en otra.

El problema radica en que la parte en la que no tienen confianza está en la cúspide del sistema de administración de justicia e incide de manera muy notable en el funcionamiento del sistema político de la democracia. La sospecha de que hay jueces y magistrados en los más altos órganos jurisdiccionales que tienen una agenda política propia que confluye con la de determinadas opciones políticas, es lo que resulta insoportable.

Y es lo que está ocurriendo en esta legislatura con cada vez mayor intensidad. Una vez que conocido el resultado electoral el 23 de julio de 2023 y que la investidura del presidente del Gobierno requería inexcusablemente los escaños de Junts, se hizo patente que se produciría la aprobación de una ley de amnistía. A partir de ese momento, a la guerra de guerrillas parlamentaria que iniciaron PP y Vox antes incluso de la investidura se anudó una guerra de guerrillas judicial, con la finalidad de derribar al Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

La legislatura en su totalidad ha estado presidida por esa combinación de la agenda política de las derechas en las Cortes Generales y en los Parlamentos de diversas comunidades autónomas con la agenda judicial de jueces y magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de diversos tribunales de justicia de las comunidades e incluso con los consejeros del Tribunal de Cuentas.

La novedad en esta legislatura de la combinación de la agenda política con la judicial en la operación de acoso y derribo al Gobierno, ha sido, además, la extensión del acoso a la familia del presidente del Gobierno.

En este 14 de julio se ha hecho pública la sentencia que condena al hermano del presidente del Gobierno por un delito de prevaricación administrativa por presentarse a un concurso para la provisión de una plaza de coordinador de los distintos conservatorios en la Diputación Provincial de Badajoz. ¿Puede el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución convertirse en un delito de prevaricación administrativa? ¿Hubiera sido procesado y condenado David Sánchez si no hubiera sido hermano del presidente?

Las preguntas se responden por sí mismas. ¿Hay alguien que pueda tener confianza en unos jueces que dictan la sentencia que han dictado en la Audiencia Provincial de Badajoz contra David Sánchez?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anunciado que el 16 de julio hará pública la sentencia sobre la ley de amnistía. Con dicha sentencia, sea en el sentido que sea, se pondrá fin al debate sobre la juridicidad de la ley de amnistía. Si la ley de amnistía no tiene cabida en el derecho europeo, tampoco puede tenerla en el derecho español y tendría, en consecuencia, que ser expulsada del ordenamiento jurídico lato sensu.

Si, por el contrario, la ley tiene cabida en el derecho europeo, quedaría despejada la única duda que quedaba sobre su vigencia. Podrá continuar el debate jurídico académico o el debate político, como ocurre con cualquier norma jurídica después de que el máximo intérprete de la Constitución o del Derecho Europeo haya resuelto las dudas sobre la misma, pero su inclusión en el derecho español y europeo sería ya indiscutible. La última palabra estaría ya dicha.

Dado que la legislatura que se inició con las elecciones del 23 de julio de 2023 ha girado desde el primer momento sobre la amnistía, el alcance de la decisión que se va a conocer el 16 de julio no puede ser mayor. El TJUE avalará la estrategia de acoso y derribo del PP, Vox y de buena parte de la judicatura o, por el contrario, avalará la legitimidad y legalidad de la mayoría parlamentaria y su Gobierno.

En el primer caso, nos encontraríamos ante una crisis constitucional prácticamente inmanejable. Es muy poco probable que se produzca. En el segundo el nacionalismo catalán recuperaría la posición que ha ocupado en el sistema político español desde la entrada en vigor de la Constitución.

La sentencia va a ser, inevitablemente, una sentencia extraña ya que en el asalto a la ley de amnistía se ha practicado avant la lettre, la consigna de José María Aznar del “que pueda hacer que haga”. Han sido tres años de una guerra de guerrillas contra la ley en la que han participado los grupos parlamentarios de PP y Vox en el Congreso de los Diputados y en el Senado (en esta última cámara de manera fraudulenta); el Tribunal Supremo en varias ocasiones, así como también la Audiencia Nacional y algunos Tribunales Superiores de Justicia de varias comunidades autónomas y el propio Tribunal de Cuentas. Además de algunas de las asociaciones de jueces, que llegaron a convocar manifestaciones en las puertas de las Audiencias Provinciales e incluso huelgas, que carecen de cobertura constitucional. Y la “Brunete” mediática, por supuesto.

No todas las acciones han acabado siendo judicializadas, pero muchas sí lo han sido. Cada una ha tenido el recorrido judicial que le correspondía. En consecuencia, el debate sobre la ley de amnistía no ha sido un debate nítido. No ha sido un debate con base en un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diputados o senadores del PP y Vox o en una cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo, a las que se podría haber anudado una cuestión prejudicial ante el TJUE. Ha sido un debate con múltiples voces y ante diferentes instancias. Como consecuencia de ello, la cacofonía jurídica ha sido enorme.

Como consecuencia de esta enorme cacofonía, el TJUE se va a pronunciar este próximo 16 de julio sobre dos cuestiones prejudiciales menores, se podría decir, elevadas por el Tribunal de Cuentas la primera y por la Audiencia Nacional la segunda. Pero ambas van a despejar las dudas sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho europeo.

El Tribunal de Cuentas analiza la responsabilidad contable del expresident Carles Puigdemont y otros miembros del Govern, y pregunta si amnistiar el desvío de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés vulnera la directiva europea de protección de los intereses financieros de la Unión.

La cuestión elevada por la Audiencia Nacional se produjo en relación con la causa que afecta a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). La Audiencia Nacional considera que el TJUE debe decidir si la cobertura que da la ley de amnistía a la actuación de estos Comités es compatible con la Directiva europea de lucha contra el terrorismo o si, por el contrario, genera un espacio de impunidad incompatible con el marco comunitario.

En noviembre del año pasado, el Abogado General descartó que la ley de amnistía fuera incompatible con la normativa europea sobre protección de fondos o sobre terrorismo.

También descartó la alegación de que la ley de amnistía fuera una ley de “autoamnistía”, es decir, que se aprobaba por quienes había cometido delitos durante el procés para eximirse de cualquier tipo de responsabilidad. Los redactores de la ley serían, pues, los beneficiarios de la misma, con lo que se produciría un intercambio de votos por impunidad.

Ya el Tribunal Constitucional argumentó que el objetivo de la norma no era un beneficio personal, sino un fin legítimo de Estado: buscar la normalización política y la convivencia en Cataluña tras la crisis constitucional de 2017. Con esta opinión es con la que coincide el Abogado General.

La opinión del Abogado General no es vinculante, pero estadísticamente suele anticipar el fallo definitivo.

De ser así, el TJUE estaría desbloqueando la situación jurídica de los líderes independentistas condenados o encausados, aunque todavía no condenados, como es el caso de Carles Puigdemont.

El nacionalismo catalán del que procede Junts ha sido una pieza muy importante en el sistema político español desde la entrada en vigor de la Constitución. Materialmente, representa una parte importante de la Constitución de España. La guerra de guerrillas contra la ley de amnistía lo ha descolocado. ¿Será posible que, resuelta la cuestión de la amnistía, esa forma de manifestación del nacionalismo catalán vuelva a hacer política de la forma en que demostró que sabe hacerlo?

Hasta este pasado lunes no se me había pasado por la cabeza que el interrogante tuviera sentido. La autonomía de la competición deportiva es de las pocas cosas no susceptibles siquiera de ser sometidas a discusión que todavía quedan. No hablo del deporte, sino de la concreta competición deportiva. Las reglas relativas a la circulación de futbolistas en el espacio europeo, que antes del 15 de diciembre de 1995 eran definidas por la UEFA, pasaron a serlo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Bosman, que pasó a ser durante unos años el jugador más famoso de Europa y posiblemente del mundo. Los lectores más veteranos seguro que lo recuerdan. Los más jóvenes a lo mejor no.

Los derechos reconocidos en los Pactos Internacionales o en los Tratados Europeos o en las Constituciones estatales se imponen directamente, o pueden imponerse a través del recurso pertinente ante la autoridad judicial competente, a las autoridades deportivas en el momento de configurar una determinada competición. Pero, una vez que las autoridades deportivas han fijado las reglas de la competición respetando tales derechos, no hay ninguna autoridad política que pueda penetrar desde el exterior para imponer una interpretación distinta.

Esto es lo que da credibilidad a una competición deportiva. Sin reglas conocidas y sin árbitros que las apliquen con imparcialidad, no hay competición deportiva. Pueden incluirse instrumentos de revisión de las decisiones adoptadas por los árbitros, pero es imprescindible que en un momento determinado la decisión arbitral sea una decisión firme. Firme en términos absolutos, como ocurre, por ejemplo, con el resultado del partido. O firme en términos relativos. Se mantiene su vigencia para el partido en que se ha tomado, pero puede ser recurrida ante un tribunal arbitral, que puede confirmarla o anularla o modificarla, como ocurre con la tarjeta del color que sea, que a un jugador le puede ser mostrada por el árbitro en el curso del partido. Incluso es posible admitir un recurso ante autoridades judiciales no deportivas, si las circunstancias que concurre en el caso así lo exigen.

La imparcialidad en el ejercicio de la función arbitral se ha ido perfeccionando de manera considerable a medida que ha ido progresando el proceso de globalización de la competición deportiva de que se trate. Justamente por eso, cada vez es mayor el respeto de las decisiones arbitrales. Y también por eso, son cada vez más frecuentes los resultados inesperados.

El campeonato mundial de fútbol de este 2026 está siendo, con mucha diferencia, el mejor ejemplo. Hubo un reproche inicial a la FIFA de que la opción de un campeonato con 48 selecciones tenía como finalidad garantizar el paso de la competición por grupos a selecciones predeterminadas, ya que se presumía que algunas de las selecciones que habían llegado a la fase final tenían un nivel muy inferior a las demás y quedarían descartadas con facilidad.

Nada más lejos de la realidad. La competición de 2026 ha sido la más equilibrada de todas las celebradas hasta la fecha. Posiblemente se hablará de un antes y un después a 2026. En este campeonato se está produciendo el bautismo de algunas selecciones, pero, sobre todo, la confirmación de muchas más, que harán que a partir de 2030 la globalización del fútbol lo sea no solamente por la afición que despierta, sino también por la forma en que se lo practica.

Ahora bien, todo esto puede deshacerse si no se corrige la decisión de permitir que Estados Unidos se salte la línea roja de excepcionar la vigencia del artículo que exige que el jugador al que se ha enseñado una tarjeta roja, confirmada en apelación, no puede jugar el partido siguiente.

El hecho de que el presidente de los Estados Unidos haya llamado telefónicamente en tres ocasiones a los responsables de la FIFA y haya exigido para un jugador estadounidense la exoneración de una sanción firme, no puede ser aceptada sin viciar de raíz la competición. Esa mancha no puede ser borrada. El mundial 2026 se convertiría en un mundial fake, sobre el que, posiblemente tendrían que acabar pronunciándose no solamente tribunales arbitrales deportivos, sino un Tribunal Mundial de Justicia.

Afortunadamente para el deporte mundial los años de Lance Armstrong como campeón del Tour no coincidieron con Donald Trump en la Casa Blanca. Es posible que la adulteración fáctica hubiera sido blanqueada y que su nombre figurara siete veces repetido en el listado de los ganadores del Tour.

Afortunadamente no fue así. Es un precedente al que tendría que recurrir el mundo del fútbol para evitar lo que Donald Trump pretende hacer.

Me imagino que Alberto Núñez Feijóo se habrá arrepentido todos los días de haber ordenado a finales de 2025 a los presidentes de las comunidades autónomas de Extremadura y Aragón disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, con la doble finalidad de intentar obtener una mayoría absoluta que pusiera fin a la dependencia de Vox en ambos Gobiernos autonómicos y de erosionar simultáneamente al presidente del Gobierno de la Nación. Dado que el calendario electoral imponía que en la primavera de 2026 se tenían que celebrar las elecciones en la comunidad autónoma de Castilla y León y que antes del mes de julio también había que convocarlas en Andalucía, la concatenación de las cuatro elecciones daba al PP una oportunidad única para prefigurar un escenario de poner fin a la hipoteca de Vox, de derrota total del PSOE y de triunfo inevitable del PP en las próximas elecciones generales.

Como todo el mundo sabe, al presidente del PP el tiro le ha salido por la culata. No solamente no ha conseguido las cuatro mayorías absolutas que pretendía, sino que ha perdido la única de la que disponía en Andalucía. Vox ha conseguido imponer su “prioridad nacional” en las cuatro comunidades autónomas y ha dejado claro que también la impondría en el Estado tras las próximas elecciones generales, en las que resulta inimaginable que el PP pueda alcanzar la mayoría absoluta para la investidura.

Si se hubiera mantenido la mayoría absoluta en Andalucía, el PP podría haberse librado de cargar con la “prioridad nacional” en las próximas elecciones generales. Pero, con la pérdida de dicha mayoría, ha perdido toda credibilidad para anunciarle al cuerpo electoral de todo el Estado que no va a aceptar la condición que Vox le va a imponer para ser investido presidente del Gobierno, si entre ambos consiguen la mayoría absoluta. La “prioridad nacional” ha venido para quedarse como parte del programa de toda la derecha española.

Por si fuera poco cargar con esta cruz, José María Aznar se ha dirigido a Alberto Núñez Feijóo para imponerle, apenas unos días después de que estuviera en Catalunya cortejando a Junts, que su obligación en las próximas elecciones es conseguir una “mayoría nacional”, ya que Junts no es partido de fiar.

Obviamente, Aznar no ha dicho en qué consiste una “mayoría nacional”, pero a buen entendedor con pocas palabras basta. “Mayoría nacional” es una mayoría que no tenga que contar con los nacionalismos catalán y vasco.

A la xenofobia y racismo que conlleva la “prioridad nacional” se añade ahora el antinacionalismo vasco y catalán de la “mayoría nacional”. José María Aznar ha hecho suya la tesis de Donald Trump de que el “enemigo interior” es mucho más peligroso que el enemigo exterior. La mera existencia de un “nacionalismo catalán y vasco” supone la posibilidad de un “cambio de sistema”, que, según ha asegurado, “está en marcha”. Pedro Sánchez es un riesgo por sí mismo y porque puede, con los nacionalismos catalán y vasco, comportar un “cambio de sistema”, operación que está en marcha.

Prioridad nacional y mayoría nacional son la alternativa del “nacionalismo exclusivamente español”. Para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez y evitar el riesgo de un cambio de sistema, Alberto Núñez Feijóo tiene que lograr “una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda” con “un programa capaz de suscitar una adhesión masiva”.

El escenario de este fin de legislatura y de las próximas elecciones generales se está perfilando: o la “mayoría plural” de la moción de censura de 2018 y de los Gobiernos de coalición posteriores o la “mayoría nacional”.

La “mayoría nacional” supone la esterilización política de los nacionalismos catalán y vasco. No una esterilización absoluta, pero sí una esterilización para poder participar en la investidura del Gobierno de la Nación.

Una vez conseguida la “mayoría nacional”, la “esterilización política de los nacionalismos catalán y vasco” se puede conseguir con facilidad. No hace falta reformar la Constitución. Basta con reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y configurar una “barrera legal” para la investidura del presidente del Gobierno no en cada circunscripción provincial, sino en el conjunto del Estado. El partido que no obtenga un determinado porcentaje de voto, 5 o 10%, en el conjunto del Estado, no podrá participar en la investidura del presidente del Gobierno de la Nación. Con esto bastaría para excluir a los partidos nacionalistas vascos y catalanes.

Aunque tengo dudas sobre la constitucionalidad de la fórmula, no la tengo en que no sería declarada anticonstitucional.

Los partidos nacionalistas catalanes y vascos podrían participar en la investidura de los presidentes de sus comunidades autónomas, pero no en la investidura del presidente de la Nación, si no alcanzaban un 5 o un 10% de los votos válidamente emitidos en el conjunto del Estado. Esto es lo que supone la “mayoría nacional”.

Nadie puede llamarse a engaño.

El Tribunal Supremo parece decidido a presentar una cuestión prejudicial sobre el Real Decreto de regularización de inmigrantes de 2026. De lo contrario, no tendría sentido que hubiera preguntado a la Abogacía del Estado, por un lado, y a la de las comunidades autónomas que ya habían interpuesto recursos contencioso administrativos contra dicha norma, por otro, si consideran oportuno o incluso necesario elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)  

Con el historial de regularizaciones de inmigrantes en España no parece que sea necesario elevar al TJUE ninguna cuestión prejudicial. Antes de esta regularización de 2026 se han producido seis regularizaciones, cuatro con gobiernos socialistas (1986, 1991, 1996 y 2005) y dos con gobiernos del PP (2000 y 2001). En ninguna de ellas se ha considerado necesario formular pregunta de ningún tipo a la justicia europea. Se ha entendido siempre que esta era una cuestión que incumbía al Estado español y que eran sus órganos políticos y judiciales quienes tenían que tomar la decisión. 

Todavía en este 2026 la Comisión Europea ha subrayado que España no estaba cometiendo ilegalidad de ningún tipo en su proyecto de regularización de inmigrantes irregulares en el país que dispusieran de un arraigo demostrable. Al tratarse de personas que ya están desde hace tiempo en el territorio del Estado español, es España quien tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la inmigración. 

Dado el tiempo transcurrido desde la última regularización -21 años- y dado el origen de esta regularización de 2026 en una iniciativa legislativa popular secundada por más de 700.000 firmas, parece razonable concluir que no ha habido precipitación por parte del Gobierno, ni se han tomado atajos para adoptar la medida. 

El apoyo a la regularización ha sido muy mayoritario en la sociedad española. Ha sido inequívoco e incluso se podría decir que beligerante por parte de las organizaciones sindicales y por un actor tan cualificado como la Iglesia Católica y, aunque con algunas reservas, también por las organizaciones patronales. 

El texto del Real Decreto ha recibido el aval del Consejo de Estado tanto en lo relativo a la legitimidad del instrumento normativo como, en términos generales, al contenido del mismo, aunque, como suele ocurrir en estos casos, el Consejo formuló observaciones y críticas con la finalidad de mejorar el texto y de que no existieran reservas sobre el mismo. El Gobierno aceptó las observaciones del Consejo de Estado, haciendo uso en su aprobación de la fórmula “de acuerdo con el Consejo de Estado”.

De todas las regularizaciones aprobadas hasta la fecha no hay ninguna que se haya aprobado con tanto apoyo social, con un análisis tan detenido de las circunstancias que concurrían en el proceso de regularización y después de constatar que el número de inmigrantes que ya estaban residiendo en España sin tener regularizada su situación era muy alto.

A pesar de ello no se puede pasar por alto que la preocupación en la Unión Europea por la inmigración ha ido siendo cada vez mayor y que la apuesta no solamente del Estado, sino también de la sociedad española, por la inmigración no coincide con la posición de la mayor parte de los países de la Unión. Ni mucho menos con la sombra que proyectan los Estados Unidos de Donald Trump. Pero, con las cautelas que se contienen en el real decreto, no parece probable que el TJUE lo anule.  

Si el PP no estuviera tan presionado por Vox es más que probable que esta regularización se hubiera aprobado con más serenidad y mucho menos ruido institucional. Pero las cosas son como son y la derecha que tenemos es la que tenemos. Y lo que nos queda. 

Empecemos por donde hay que empezar, es decir, por la Constitución, en cuyo artículo 71.3 el constituyente dice lo siguiente: “En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

Con esta decisión, el constituyente está excepcionando el ejercicio de dos derechos fundamentales: el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la segunda instancia en el proceso penal. 

El Diputado o Senador, por el mero hecho de serlo, se ve privado del ejercicio de esos dos derechos. La Sala Segunda del Tribunal Supremo se convierte en el juez de primera y única instancia de su conducta. 

Obviamente, el Diputado o Senador que no quiera verse privado de dichos derechos puede recuperarlos de manera inmediata renunciando a su escaño en el Congreso o en el Senado. Es así de fácil. 

Hasta aquí no hay jurídicamente más problema que el no ejercicio del derecho a la segunda instancia, que figura en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sellado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, que no contempla ninguna excepción para su ejercicio. En virtud del mandato interpretativo del artículo 10.2 de la Constitución, España debería haber previsto alguna forma de darle cumplimiento y no lo ha hecho. Tal circunstancia no es considerada, sin embargo, como justificadora de una declaración de nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en única instancia contra un aforado.

El problema de la potencial nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo por vulneración de derechos fundamentales se presenta cuando concurre la circunstancia de la pérdida de la condición de aforado como consecuencia de la renuncia del imputado antes de que se haya dictado sentencia. No solamente antes de que se haya iniciado el juicio oral, sino incluso habiéndose iniciado éste. 

El aforamiento de diputados y senadores es una norma excepcional. Tan excepcional que excepciona la vigencia de dos derechos fundamentales de importancia tan capital como el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, que es la clave de bóveda de todo el sistema de administración de justicia, y el derecho a la segunda instancia. 

Como norma excepcional que es, no admite interpretación expansiva de ningún tipo. En el momento en que el aforado deja de serlo, el Tribunal Supremo tiene que inhibirse. El asunto pasará al órgano judicial predeterminado por la ley al que corresponda. 

Tal como está redactada la Constitución, no cabe prolongación temporal alguna en la excepción de la vigencia de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley y a la segunda instancia. Únicamente el constituyente, mediante la reforma de la Constitución -que, en este caso, al verse afectados derechos fundamentales, tendría que ser la revisión prevista en el artículo 168 y no la reforma prevista en el artículo 167 de la Carta-, podría prolongar temporalmente la excepción de la vigencia de tales derechos fundamentales. 

En mi opinión, ni siquiera el legislador orgánico, es decir, el legislador de la Ley Orgánica del Poder Judicial o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podría extender temporalmente la suspensión de la vigencia de los dos derechos fundamentales reiteradamente mencionados. Ni siquiera mediante la reforma de tales leyes podría hacerse. Aunque, admito, que tal vez esto último podría ser sometido a discusión. En todo caso, el legislador no lo ha hecho. 

No hay en el ordenamiento jurídico español ni en el ordenamiento internacional relativo a los derechos fundamentales ninguna norma que, ni remotamente, contemple la posibilidad de prolongar temporalmente la suspensión de la vigencia de derechos fundamentales en general y de dos derechos fundamentales tan centrales en el proceso penal en particular.  

En consecuencia, la prolongación temporal de la suspensión de los dos derechos fundamentales reiteradamente mencionados a José Luis Ábalos y a Koldo García, después de que el 28 de enero de 2026 el primero hubiera hecho entrega de su acta de diputado y dejara de estar aforado, carece de cobertura jurídica alguna. 

La Sala Segunda no identifica una sola norma -ni del derecho internacional de derechos fundamentales, ni del derecho europeo, ni del derecho constitucional, ni del legislador orgánico al que está reservado el desarrollo de los derechos fundamentales- con base en la cual fundamentar esa prolongación temporal de la suspensión del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y del derecho a la doble instancia. No hay fundamentación jurídica alguna con base en la cual retener la competencia para entender de la conducta de José Luis Ábalos y Koldo García.

La Sala recurre (reparen en el disparate) a un “Acuerdo” de un Pleno no jurisdiccional de 2 de diciembre de 2014 de la propia Sala Segunda. El “Acuerdo” dice lo siguiente:

“Único Asunto: Efectos de la pérdida de la condición de aforado como consecuencia de la renuncia del imputado.

ACUERDO. En los casos con aforados, la resolución judicial que acuerde la apertura de juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado“.

Como el juez instructor, Leopoldo Puente, dictó el 25 de diciembre de 2025 el auto de apertura del juicio oral, el Tribunal entendió que tenía desde ese momento “definitivamente fijada su competencia” y convocó una “vista de cuestiones previas” para el 12 de febrero de 2026.

La pregunta se impone por sí misma: ¿desde cuándo se puede prolongar temporalmente la suspensión de derechos fundamentales con una “Acuerdo” de un “Pleno no jurisdiccional de una Sala del Tribunal Supremo”? ¿Puede la Sala explicar qué lugar ocupa un Pleno no jurisdiccional de una Sala del Tribunal Supremo en nuestro sistema de fuentes del derecho como para que pueda tomar una decisión con este alcance? ¿Es posible que unos magistrados del Tribunal supremo desconozcan lo que he ido explicando a lo largo del artículo?

La presencia de Koldo García subraya todavía más la imposibilidad de que la Sala Segunda pudiera retener la competencia. José Luis Ábalos ha estado aforado hasta el 28 de enero de 2026, pero Koldo García no lo ha estado nunca. Se ha visto privado del ejercicio de derechos fundamentales por la vis expansiva procesal del aforamiento de Ábalos. Pero esa privación de derechos fundamentales no puede ir ni un segundo más allá del momento en que Ábalos pierde el aforamiento. Si la situación procesal de Koldo García está subordinada a la de Ábalos en la fase que conduce desde el comienzo de la instrucción hasta el momento en que el exministro deja el escaño, desde el momento en que Ábalos deja de estar aforado ocurre lo contrario: es la posición procesal de Koldo García la que ocupa la posición dominante y arrastra la del exdiputado. 

Frente a Koldo García la Sala Segunda no puede hacer valer el tiempo de aforamiento de José Luis Ábalos. Ya lo ha pagado con la privación de sus derechos fundamentales. Dicha privación no puede prolongarse ni un segundo más. 

Como puede verse, la sentencia dictada por la Sala Segunda en el mal llamado “caso mascarillas”, por la que se ha condenado a José Luis Ábalos y Koldo García, se ha producido con vulneración manifiesta de derechos fundamentales y es, en consecuencia, nula de pleno derecho. Mejor dicho: no puede no ser nula de pleno derecho.

La Sala tendrá la posibilidad de corregir su error en la respuesta al incidente de nulidad de actuaciones. Esperemos que así sea.

El caso Naseiro

En el año 1990, al PP, recién constituido a partir de Alianza Popular, le estalló un primer gran escándalo de corrupción por presunta financiación ilegal. José María Aznar acababa de asumir el liderazgo en el Congreso de Sevilla de 1989. 

El caso no comenzó con una investigación por corrupción política, sino con una investigación por narcotráfico en Valencia.

El juez instructor, Luis Manglano, había ordenado intervenir los teléfonos de un sospechoso por tráfico de drogas, que era el hermano de Salvador Palop, concejal del PP en Valencia. Al escuchar las cintas, la policía no encontró nada que tuviera que ver con el tráfico de drogas, pero sí con el cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias municipales y adjudicaciones de obras. 

A partir de esas escuchas el juez ordenó la detención de Rosendo Naseiro, tesorero nacional del PP nombrado por Aznar (de ahí viene el nombre del caso), Ángel Sanchís, anterior tesorero y Salvador Palop, imputados por el presunto delito de cohecho. 

El impacto mediático del caso fue enorme, pero no llegó nunca a ser juzgado en el fondo del asunto, ya que en 1992 la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) archivó la causa y decretó la absolución de los imputados. El argumento fue puramente constitucional. El TS determinó que las escuchas telefónicas habían sido acordadas para la investigación del delito de narcotráfico, pero no para el delito de cohecho y que la utilización de las mismas para perseguir un delito de cohecho vulneraba el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.

Al anularse la prueba principal, todo lo derivado de ella quedo anulado de forma automática en aplicación de la doctrina del “fruto del árbol envenenado”

Conviene subrayar que, antes de la decisión del TS, el PP había dado tanta credibilidad al caso que ordenó una investigación interna pilotada por Alberto Ruiz Gallardón, que acabaría emitiendo el conocido como “Informe Gallardón”.

El Informe sirvió para fijar la postura del partido y depurar responsabilidades políticas.

El Informe concluyó que no existía una trama institucionalizas ni un sistema de financiación ilegal. Se trataba de “hechos aislados”, de los que la dirección del partido no había tenido conocimiento. 

No obstante, se propuso la expulsión inmediata de Salvador Palop, al considerar acreditada la utilización de su posición para beneficio personal y la suspensión cautelar de Rosendo Naseiro mientras durase el proceso judicial, al mismo tiempo que se censuraba éticamente las conversaciones grabadas. 

Todas estas medidas quedarían sin efecto tras la decisión de la Sala Segunda del TS a la que ya hemos hecho referencia.

El caso Plus Ultra

Aunque en la documentación relativa al préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra no ha figurado nunca José Luis Rodríguez Zapatero, el Juez del Juzgado de Instrucción núm. 4 de la Audiencia Nacional, decidió imputarlo por el delito de tráfico de influencias en relación con la concesión de dicho préstamo. He tratado el tema en tres artículos de los días 15, 18 y 26 de junio. 

De acuerdo con la doctrina del TS en el caso Naseiro de las medidas limitativas de derechos fundamentales acordadas por el juez instrucción en la investigación del delito que figura en el auto de imputación únicamente se puede hacer uso para la obtención de indicios o pruebas en relación con la conducta del imputado en dicho delito y no para cualquier otro. 

Es obvio que la medida de registrar la oficina profesional del expresidente del Gobierno es una medida restrictiva de derechos fundamentales, concretamente la intimidad personal y profesional, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. 

Es también obvio, que de dicha medida restrictiva de derechos fundamentales únicamente se puede hacer uso para obtener indicios o pruebas del presunto delito de tráfico de influencias en la operación de concesión del crédito de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, que es por el que está imputado. 

En el registro llevado a cabo por los agentes de la Policía Nacional como policía judicial no se ha encontrado ningún indicio relativo al tráfico de influencias en la operación Plus Ultra. 

A diferencia de lo que ocurrió en el caso Naseiro, en el que en las cintas de los teléfonos intervenidos había información incriminatoria del delito de cohecho, reconocida por la propia investigación interna del partido, en el caso Plus Ultra la policía no ha encontrado indicio o prueba de ningún delito, ya que el hallazgo de joyas en una caja fuerte no es prueba de delito alguno. 

Las cajas fuertes se fabrican y venden para que los compradores puedan guardar con seguridad objetos de valor, entre los que destacan las joyas. Decenas de miles de ciudadanos las tienen en sus domicilios o en sus despachos profesionales. Y ninguno de ellos está cometiendo delito alguno por tenerlas.

Que se sepa, ni la policía nacional ni el juez instructor han apreciado relación de ningún tipo de las joyas con el tráfico de influencias para la concesión del crédito de 53 millones de euros a la Aerolínea Plus Ultra.     

Si el TS consideró que de una orden de interceptación de las comunicaciones telefónicas para investigar un delito de narcotráfico no se puede hacer uso para investigar un delito de corrupción política, de un cohecho, ¿se podrá hacer uso de una orden de registro para buscar indicios o pruebas respecto de un delito de tráfico de influencias en una concreta operación de concesión de un préstamo a una aerolínea, para imputar por los delitos de contrabando y fraude fiscal?

La respuesta está en la propia pregunta. Las joyas en la caja fuerte son indicio de que el expresidente tenía unas joyas en una caja fuerte y de nada más. Ahí no hay delito de ningún tipo. Nadie tendría por qué saber nada de las mismas.

¿Desconocía el Juez Calama la decisión del TS en el caso Naseiro o es que considera que las garantías constitucionales en el proceso penal son de aplicación cuando el potencial imputado pertenece al PP, pero no cuando pertenece a otro partido político?

El 15 de junio, en 'El caso Plus Ultra y Rodríguez Zapatero: las cosas en su sitio', expliqué detenidamente cómo acabó siendo imputado por el delito de tráfico de influencias en la operación de concesión de un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. El expresidente no había aparecido en ningún momento en la tramitación del expediente de concesión del préstamo. Tampoco en la investigación del Juzgado número 15 de Madrid al que correspondió la tramitación de la querella de Manos Limpias contra los propietarios de Plus Ultra y varios miembros del Gobierno, que archivó la causa al no encontrar indicio alguno de delito. Tampoco en la advertencia de la justicia francesa y suiza a la justicia española de que, no en la operación de concesión del préstamo, sino en el uso por los propietarios de Plus Ultra del importe de dicho préstamo, se podían haber cometido varios delitos: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Ante la advertencia de las justicias francesa y suiza, el Juzgado 15 se inhibe y envía la causa a la Audiencia Nacional, que acaba siendo atribuida al Juzgado Central de Instrucción número 4, del que es titular el juez José Luis Calama.

Sin una sola mención al expresidente en todo lo investigado hasta el momento, el juez Calama decide, en un auto de 18 de mayo de 2026, imputarlo por el delito de tráfico de influencias, fundamentalmente por su participación en la operación Plus Ultra; es decir, en la concesión del préstamo a la aerolínea con dicho nombre.

José Luis Rodríguez Zapatero no aparece en la documentación de la que hace uso el juez Calama para imputarlo. Aparecen personas que hablan de él, pero no hay ni en video, audio o papel, ninguna presencia directa del expresidente.

A pesar de ello, y a pesar de que toda la información de la que dispone el juez Calama sobre el presidente procede de la extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas, obtenido en 2021 por la Agencia de Estados Unidos Homeland Security Investigations (HMI) y puesto a disposición en 2025 de la Brigada Central de Investigación, de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional, sin intervención judicial en ninguno de los pasos dados en este proceso de “cooperación policial”, el juez Calama considera que dispone de información suficiente para imputar a José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias en la operación de concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra.

José Luís Rodríguez Zapatero no solamente no aparece personalmente en ningún tipo de soporte, sino que, además, lo que se dice de él se obtiene no mediante cooperación judicial, sino mediante cooperación policial sin control judicial de ningún tipo.

La Constitución española no permite de ninguna manera que se pueda proceder a dictar un auto de imputación en estas circunstancias. El auto de 18 de mayo de 2026 es un auto nulo de pleno derecho.

Consciente de que es así, el juez Calama, mediante auto de 17 de junio, intenta blanquear el auto de 18 de mayo, e intenta convertir la cooperación policial del 18 de mayo en “cooperación judicial”: “el dispositivo móvil ha sido puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de los Estados Unidos”, dice en el nuevo auto. Pero no proporciona prueba alguna de que así ha sido. Da la impresión de que el juez Calama ha cometido un error al incluir esta frase en el auto, ya que la alternativa sería que el juez hubiera mentido deliberadamente al incluirla en el mismo.

En todo caso, hasta el momento José Luis Rodríguez Zapatero no ha aparecido directamente en ningún momento de toda la operación Plus Ultra. E indirectamente, sólo en conversaciones de terceros aportadas a la investigación sin control judicial, es decir, con vulneración flagrante de la Constitución.

A pesar de todo ello, el juez Calama ordenó el registro del despacho profesional del expresidente. Se supone que, si la imputación era por tráfico de influencias en la operación de concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra, la policía judicial estaba habilitada para buscar indicios o pruebas respecto de esa conducta delictiva. No de cualquier conducta potencialmente delictiva del expresidente, sino de la conducta que el juez consideraba delictiva en el auto de imputación, aunque no dispusiera de ningún indicio obtenido sin vulneración de derechos fundamentales que le permitiera fundamentarlo.

Pues bien, los miembros de la policía judicial no encuentran en el registro ningún indicio o prueba del delito de tráfico de influencias. Ni de ningún otro delito. Encuentran unas joyas en una caja fuerte. ¿Qué tienen que ver las joyas en la caja fuerte con el préstamo a la aerolínea Plus Ultra? ¿Desde cuándo es delito tener unas joyas en una caja fuerte?

Es evidente que las joyas no tienen nada que ver con el préstamo y es, también, evidente que tener joyas en una caja fuerte no es en sí un delito. Las cajas fuertes se fabrican y venden para que los compradores de las mismas puedan guardar de manera segura objetos de valor, entre los que las joyas ocupan un lugar destacado.

Del hallazgo de unas joyas en una caja fuerte no se puede deducir que el propietario, incluso el mero poseedor, de las mismas ha cometido un delito. En el Código Civil español y en el de todos los países de nuestra cultura jurídica la posesión se presume de buena fe. De lo contrario, la convivencia sería imposible.

Las joyas en la caja fuerte no son indicio de nada, excepto de que las joyas y la caja fuerte están en una oficina en la que desempeña su actividad profesional José Luis Rodríguez Zapatero. No cabe siquiera sospecha alguna, a menos que se dieran otras circunstancias que pudieran proyectar dicha sospecha: una denuncia de robo de joyas en el entorno en que se ha movido el expresidente o la desaparición de joyas en lugar frecuentado por él o por sus familiares. Porque, insisto, tener joyas sin más en una caja fuerte no permite levantar sospecha de ningún tipo.

Pero, aún dando por supuesto puede generarse algún tipo de sospecha sobre el potencial carácter delictivo en la forma de adquisición de las mismas, la policía judicial podrá solicitar del juez la autorización para adoptar la medida que se considere pertinente para asegurar que las joyas no van a desparecer y nada más. A continuación, el juez podrá decidir si es pertinente o no iniciar una investigación y, si considera que debe iniciarla, tendrá que motivar por qué es así y qué potenciales delitos se pueden haber cometido en su adquisición.

Pero lo que no puede hacer la policía judicial es mezclar churras con merinas e incluir en el atestado de un registro por tráfico de influencias las joyas encontradas en la caja fuerte. Y lo que tampoco puede hacer el juez es dictar, con base en el mero hallazgo de joyas en la caja fuerte, un auto de imputación por contrabando y por delito fiscal.

La orden de registro del despacho profesional del expresidente, si no estuviera viciada porque la información se ha obtenido sin control judicial, no supondría una vulneración del derecho a la intimidad personal y profesional de José Luis Rodríguez Zapatero, pero la inclusión de las joyas en el atestado policial y los autos de imputación dictados por el juez Calama con base en dicho atestado sí suponen una vulneración de dicho derecho.

El agravante de haberlo dado a conocer urbi et orbi y el de iniciar el interrogatorio a José Luís Rodríguez Zapatero por el delito de tráfico de influencias que figuraba en al auto de imputación del 18 de mayo con una pregunta sobre “las dichosas joyas”, es una prueba inequívoca del desconocimiento de la presunción de inocencia del expresidente, dentro de la cual se incluye la posesión de buena fe reconocida en el Código Civil.

Nadie debía tener conocimiento en este momento de las joyas que estaban en la caja fuerte en la oficina del expresidente. Si la policía judicial y si el juez instructor hubieran cumplido con su obligación y hubieran comprobado si las joyas tenían algo que ver con el delito de tráfico de influencias de la operación Plus Ultra, nadie habría tenido conocimiento de las mismas.

Únicamente el ejercicio desviado de sus competencias por los miembros de la policía judicial y del juez instructor han posibilitado la continuación de la cacería del expresidente del Gobierno. Con proyección incluso en el Pleno del Congreso de los Diputados y la publicación escalonada de la agenda del expresidente.

La defensa de José Luís Rodríguez Zapatero podría plantearse si, además de recurrir los autos del juez, puede adoptar alguna decisión más.

La obsesión con poner fin a esta legislatura y la convocatoria inmediata de elecciones ha tenido múltiples formas de manifestación en este mes de junio.

En las Cortes Generales hemos visto como el Senado ha seguido con su voluntad de ocupar el lugar del Congreso de los Diputados en lo que al control de la acción de Gobierno se refiere. A pesar de que el artículo 108 de la Constitución dispone de manera taxativa que: “El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados”, sin contemplar en ningún otro artículo que el Senado pueda jugar papel alguno en ese ámbito, la mesa del Senado se ha empeñado en constituir comisiones de investigación (más en esta legislatura que en todas las anteriores juntas), con la finalidad de controlar la acción del Gobierno. 

El Gobierno podría haber acudido al Tribunal Constitucional e impugnar esa forma de proceder, aunque ha preferido, con buen criterio, no hacerlo, ya que el Tribunal Constitucional tiene una sobrecarga de trabajo tremenda y no es razonable echarle todavía más. El ataque que habría recibido de los medios de comunicación de las derechas española hubiera sido terrible y no está el horno para más bollos.

Pero más llamativo que la constitución de comisiones de investigación ha sido, en estos últimos días, la pretensión, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, de generar ruido en torno a la disolución de las Cortes, saltando del Congreso de los Diputados al Senado y del Senado al Congreso de los Diputados.

Se ha intentado inicialmente presentar por parte de los grupos parlamentarios de PP y Junts una reforma a una moción de cada uno de dichos grupos con la finalidad de que en el Congreso de los Diputados se debatiera y votara la petición al Gobierno de que procediera ya a la disolución de las Cortes Generales. La Mesa del Congreso no aceptó la petición por considerarla no constitucional. El PP ha reaccionado de dos maneras, llevando la petición al Senado e interponiendo un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Le ha servido también para que Alberto Núñez Feijóo haya calificado de “cobarde” al presidente del Gobierno en el pleno del Congreso, sin avergonzarse de que es él que no tiene los arrestos que hay que tener para presentar una moción de censura constructiva, que es la fórmula que la Constitución ha puesto a su disposición.

Ahora está en marcha una petición al Gobierno para que presente una cuestión de confianza, prerrogativa que es de competencia exclusiva y excluyente del presidente del Gobierno. Si la Mesa del Congreso no admite la presentación de esa petición, veremos cómo se presenta a continuación por parte del Senado.

Pero el juego de trileros constitucionales en el Congreso de los Diputados y en el Senado no es nada si se lo compara con el que se está poniendo en circulación por determinados jueces y tribunales integrados en el Poder Judicial. Pareciera que, para algunos jueces y tribunales, se acaba el mundo si las Cortes Generales siguen operando en lo que queda de legislatura.

Cuesta pensar que el poder judicial pueda tener una agenda política propia. Y no digo que la tenga, pero sí me llama la atención que varios jueces de manera individual y varios órganos colegiados “parecen” tenerla. 

No se entiende de otra manera el ataque desaforado a la figura del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Audiencia Nacional. Su imputación por un delito de tráfico de influencias en la operación Plus Ultra haciendo uso de información obtenida en los Estados Unidos sin control judicial es tan escandalosa que, hasta el propio juez instructor está empezando a recoger velas y no va a dejar de hacerlo en las próximas semanas por la cuenta que le trae. 

Justamente por eso ha decidido, para desviar la atención, pasar de la imputación por tráfico de influencias a la imputación por contrabando por haber encontrado la Policía en el registro del despacho de José Luis Rodríguez unas joyas en una caja fuerte.

Se ve que el juez José Luis Calama es de gatillo fácil, porque no se puede entender como de la mera tenencia de unas joyas en una caja fuerte, se pueda deducir que se ha cometido un delito. Las cajas fuertes se fabrican y venden precisamente para que las personas físicas o jurídicas puedan poner a salvo objetos de valor entre los que destacan las joyas. 

Tener joyas en una caja fuerte no es constitutivo de delito. En nuestro Código Civil, cómo en todos, se presume que la posesión de cualquier objeto, también de las joyas, es de buena fe y que nadie que está en posesión de algo tenga que acreditar el título de propiedad de ese algo. 

No se puede dictar un auto de imputación por el mero hallazgo de las joyas, sin haber investigado previamente si el origen de las mismas puede ser delictivo. No se puede anteponer la presunción de culpabilidad a la presunción de inocencia. 

Aunque inicialmente ha sido mucho el ruido que se ha generado en torno a José Luis Rodríguez, las imputaciones de las que ha sido objeto van a tener poco recorrido. 

Tal vez la convicción de que va a ser así es lo que ha conducido a algunos jueces a dar el do de pecho en esta segunda mitad del mes de junio para proceder contra la mujer del presidente del Gobierno. La medida cautelar adoptada este sábado por el juez Peinado contra Begoña Gómez es absurda, pero entra en ese terreno del que pueda hacer que haga, que preside la estrategia de las derechas españolas en todos los ámbitos.

Contra el auto en que está incluida esa medida cautelar no cabe recurso, pero contra la medida cautelar sí, con lo que el juez Peinado únicamente va a conseguir que se retrase todavía algo más la apertura del juicio ante el tribunal del jurado, que todavía está por ver como se produce, ya que no será el juez Peinado quien tendrá que presidir dicho tribunal. 

A pesar de que ladran mucho, el Gobierno sigue cabalgando. Yo le pediría a Pedro Sánchez que no especule en ningún momento con un posible adelanto electoral.

En el auto de 18 de mayo de 2026 mediante el cual se imputó a José Luis Rodríguez Zapatero se incluye un “Antecedente de Hecho Tercero” que dice lo siguiente: “A través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional, la Agencia de Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) ha puesto a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción la extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente al investigado Rodolfo Reyes Rojas”.

En el auto de 17 de junio de 2026, en el “Fundamento de Derecho Único”, se dice textualmente: “El análisis preliminar del contenido del dispositivo puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de los Estados Unidos”.

En menos de un mes, el juez instructor ha convertido una cooperación policial en una cooperación judicial. Esto no es opinión mía, sino que es resultado del contraste entre lo que el juez Calama escribe el 18 de mayo y el 17 de junio. 

La discrepancia es de importancia capital. En España no se puede dictar un auto de imputación penal con información obtenida de una agencia administrativa sin control judicial, que es lo que ocurrió con el auto del 18 de mayo de 2026. El juez de instrucción español no comprobó si la información que se había obtenido de la extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas lo había sido de una manera jurídicamente intachable, es decir, con control judicial. Dio por bueno el resultado de la cooperación policial sin más.

Un auto de imputación dictado de esta manera es un auto nulo de pleno derecho. El aval judicial resulta imprescindible. El auto está viciado en su origen por la ausencia de la autoridad judicial en la obtención de la información incriminatoria.

¿Puede ser subsanado este vicio? En mi opinión, no. Un auto, cada auto, es una pieza judicial que tiene que ser analizada con lo que en la misma se contiene. Si la información con la que se ha dictado no ha sido obtenida de manera acorde con lo que la Constitución española exige, el auto no puede no ser nulo de pleno derecho. 

Pero vamos a hacer de “abogado del diablo” y contemplar si habría alguna posibilidad, por alambicada que fuera, que permitiera la subsanación.

La única que se me ocurre es que se pudiera acreditar que, antes del 18 de mayo, un órgano judicial en Estados Unidos hubiera tenido conocimiento y hubiera avalado la operación de “extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente al investigado Rodolfo Reyes Rojas”. Habría existido un control judicial, aunque tal control no se hubiera exteriorizado. Dicho control no era necesario para la cooperación policial, pero sí para la cooperación judicial. 

Poniéndonos en la mejor de las hipótesis para la posible subsanación, el juez Calama hubiera tenido que dirigirse al juez de los Estados Unidos que hubiera tenido conocimiento de la operación de detención de Rodolfo Reyes Rojas por la policía de aduanas y de la extracción telefónica de su dispositivo móvil. El juez Calama debería haber solicitado a dicho juez, a través de la activación del procedimiento de cooperación judicial previsto para estos supuestos, que le hiciera entrega de la información obtenida de esa manera.

Sin acreditar una actuación de esta naturaleza, es decir, sin mostrar en qué fecha y en qué términos ha puesto en marcha la operación rogatoria para obtener la información por parte del juez estadounidense, el juez Calama no puede afirmar que el vicio del auto de 18 de mayo se ha subsanado. 

Y sin embargo, esto es lo que hace en el auto de 17 de junio. El juez Calama no subsana, sino que da por subsanado el vicio, afirmando que han sido “las autoridades judiciales de los Estados Unidos” las que han “puesto a disposición de la jurisdicción española” la extracción telefónica del dispositivo móvil de Rodolfo Reyes Rojas.

El juez Calama da por demostrado lo que tiene justamente que demostrar. No hay duda de que la cooperación policial se ha producido. Pero la cooperación judicial sigue sin aparecer por parte alguna. 

Y sin cooperación judicial acreditada es nulo de pleno derecho el auto de 18 de mayo y todos los autos posteriores relativos a José Luis Rodríguez Zapatero en esta causa. Y cuando digo todos, son todos. Los relativos a José Luis Rodríguez Zapatero, pero también a sus hijas o a su secretaria. 

Todavía hay más. La defensa de José Luís Rodríguez Zapatero debería dirigirse al juez Calama para preguntarle si se ratifica en las palabras relativas a la “puesta a disposición de la justicia española por las autoridades judiciales de los Estados Unidos” de la extracción telefónica del dispositivo móvil de Rodolfo Reyes Rojas, o si se trató de un error material, que debe ser tenido por no puesto. 

Si el juez Calama acepta que ha sido un error y decide suprimir esa parte del auto, no habría nada más que decir. Si no lo hace y no es capaz de acreditar que efectivamente las autoridades judiciales estadounidenses conocieron y avalaron la actuación de la policía de fronteras respecto de la extracción telefónica del dispositivo móvil de Rodolfo Reyes Rojas, el juez Calama habría faltado a la verdad de manera deliberada en la redacción del auto.

Para cualquier jurista serio la conclusión es clara.  

La concesión de ayudas por parte de diferentes Estados de la Unión Europea a diversas aerolíneas con motivo del impacto del COVID 19 no ha dejado de suscitar polémicas que han acabado en algunos casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o ante el Tribunal General (TGUE) y, en otros, ante los tribunales de justicia nacionales.

Las decisiones del TJUE y el TGUE se pueden clasificar en dos grandes grupos: las anulaciones de grandes rescates de aerolíneas singulares por vicios en su aprobación y, por el contrario, el aval a los fondos generales de solvencia, a los que podían acogerse diversas aerolíneas.

En el primero destaca, sobre todo, la anulación definitiva en abril de 2026 de la ayuda a Lufthansa, una recapitalización masiva de 6.000 millones de euros en 2020 bajo el “Marco Temporal de Ayudas de Estado” de la Comisión Europea.

Pero no fue la única. También fueron anuladas las autorizaciones de los rescates de Air-France-KLM y SAS.

En el segundo grupo se encuentran todos los rescates de las aerolíneas españolas, de las cuales únicamente el rescate de Air Europa, que recibió 475 millones de euros de 2020 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, acabó siendo examinado por el TJUE, que la aprobó sin reserva de ningún tipo.

El rescate de Plus Ultra no llegó al TJUE porque, según la normativa europea del Marco Temporal COVID-19, los Estados miembros no estaban obligados a notificar las ayudas que no rebasaran el umbral de los 250 millones de euros. La ayuda a Plus Ultra alcanzó la cifra de 53 millones de euros.

Sí llegó a la justicia española, a los juzgados de Madrid, en 2021, como consecuencia de una denuncia por el pseudosindicato Manos Limpias contra altos cargos de la SEPI y miembros del Consejo de ministros por malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Tras más de un año de investigación, la titular del juzgado 15 decretó el archivo de la causa por ausencia de delito. La jueza recibió el expediente completo de tramitación del rescate, remitido por la SEPI, en el que se detallan los múltiples controles internos y externos que superó la solicitud de ayuda de la compañía Plus Ultra sin hallar rastro alguno de intervención política. José Manuel Romero publicó el pasado 28 de mayo en este diario un análisis detallado del mismo: 'Un tráfico de influencias para el rescate de Plus Ultra sin influencia acreditada'. Lectura obligatoria para quien quiera estar bien informado.

Hasta este momento, si prescindimos de la singularidad de Manos Limpias, no hay reproche alguno que se pueda formular contra el proceso general de concesión de préstamos para las aerolíneas afectadas por el COVID 19 y el control judicial de las mismas en España. No solamente no hay tráfico de influencia acreditado en ningún caso, sino que, del propio procedimiento diseñado para la concesión de los préstamos, se desprende la dificultad, por no decir la casi imposibilidad, de que tal tráfico hubiera podido producirse. Hacer la presión que exige la jurisprudencia sobre el tráfico de influencias a los funcionarios de la SEPI que tenían que elevar la propuesta de concesión al Consejo de ministros, que era quien la aprobaba, es prácticamente imposible.

El delito de tráfico de influencias había quedado descartado, parecía que, de manera definitiva, en la concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra. El de tráfico de influencias y el de cualquier otro, ya que la titular del Juzgado número 15 de Madrid, como hemos visto, no había apreciado delito alguno.

Pero no ha sido así. El delito ha reaparecido en un auto de 18 de mayo de 2026 dictado por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional. En dicho auto se imputa como presunto autor del delito al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Resulta llamativo que, aunque durante los años de Rodríguez Zapatero no se acreditó ni un solo caso de corrupción, ha sido el primer expresidente en ser imputado por corrupción. Es comprensible, en consecuencia, el impacto que el auto dictado por el juez Calama ha tenido en la opinión pública.

De ahí la necesidad de contextualizar el auto, a fin de que pueda ser entendido por cualquier ciudadano, que no haya estudiado derecho. Es lo que pretendo hacer a continuación.

Para que el lector no se pierda, es preciso responder a las dos siguientes preguntas: ¿cómo ha llegado el asunto Plus Ultra del Juzgado número 15 de Madrid al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional? Y, ¿cómo ha recalado José Luis Rodríguez Zapatero en el auto dictado por el titular de este Juzgado, José Luis Calama?

Tras haber sido dictada la sentencia por la titular del Juzgado número 15 de Madrid, en la que, como hemos visto, se llegaba a la conclusión de que no se había producido delito alguno en la concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra, la justicia suiza y la francesa alertaron en 2024 a la justicia española del posible uso delictivo por los dirigentes de Plus Ultra del dinero obtenido con el préstamo. Y apuntaban a los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. 

Es importante subrayar que la justicia suiza y la francesa no ponen en cuestión la licitud del préstamo concedido, sino el uso posterior del dinero obtenido a través de dicho préstamo por parte de los propietarios y dirigentes de la aerolínea Plus Ultra, entre los que no se encuentra José Luis Rodríguez Zapatero. 

La titular del juzgado número 15 de Madrid, ante el nuevo objeto procesal suscitado por la alerta de las justicias suiza y francesa, que desborda el que fue objeto de estudio por su parte para dar respuesta a la inicial querella de Manos Limpias, decidió inhibirse a favor del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, al que correspondiera encargarse del asunto.

Hasta ese momento el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero no había hecho acto de presencia. ¿Cómo entra el expresidente del Gobierno en la investigación de los delitos sobre los que habían alertado las justicias suiza y francesa?

Aquí es donde está “la madre del cordero”.

¿La incorporación del expresidente del Gobierno a la causa se ha producido de manera constitucional o, por el contrario, lo ha sido con vulneración de las garantías constitucionales del proceso penal reconocidas en la Constitución? Como escribí el pasado jueves respecto del ex fiscal general Estado, dichas garantías, como la virginidad de María, proyectan su vigencia “antes de parto, en el parto y después del parto”, sin excepción temporal de ningún tipo. Empezando, por tanto, con el momento de la imputación. ¿Puede ser considerado constitucional el auto de imputación dictado el 18 de mayo de 2026 por parte del juez instructor? 

En el propio auto y en la conducta procesal ulterior del propio Juez Calama tenemos la respuesta.

En el Auto no se recoge información alguna objetivamente contrastable de la participación de Rodríguez Zapatero en la concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra o en el uso de dinero de dicho préstamo. Toda la información que se aporta sobre el expresidente procede del clonado del teléfono de Rodolfo Reyes Rojas, puesto a disposición de la Policía Nacional por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI). Cito textualmente: “A través de los mecanismos de los que dispone la Policía Nacional la HSI ha puesto a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente al investigado Rodolfo Reyes Rojas”.

En dicho dispositivo móvil no aparece ninguna intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero, sino únicamente las intervenciones de terceros que hablan de él. Pero para la UCO, en primer lugar, y para el juez instructor, después, las menciones de Zapatero que figuran en el dispositivo móvil tienen suficiente credibilidad para justificar su imputación.

No hay ni un solo momento en que el juez instructor se detenga a preguntarse cómo se puede iniciar un proceso penal en España sin la presencia de una autoridad judicial. La HSI es un órgano administrativo. En consecuencia, de la información que pueda obtener sin control judicial no se puede derivar un auto de imputación por parte de un juez español. La Constitución excluye tal posibilidad de manera absoluta. ¿Cómo ha podido ignorar el juez Calama que su primera obligación para dictar un auto de imputación tiene que ser la verificación de que la información con base en la cual dicho auto ha sido dictado ha sido obtenida de manera jurídicamente irreprochable? Parece increíble, pero así ha sido.

El propio juez Calama, al haber leído, sin duda, las críticas sobre la inconstitucionalidad de su manera de proceder (ver Jordi Nieva y Carlos López-Keller), ha intentado blanquear la información indebidamente obtenida. Pero el remedio ha sido peor que la enfermedad, ya que resulta difícil de entender su decisión de dirigirse genéricamente a la Administración estadounidense solicitando que se le autorice a hacer uso de ahora en delante de la información de la que ya ha hecho uso en el auto de imputación de Rodríguez Zapatero. Pedir autorización para utilizar lo que ya se ha utilizado se califica por sí mismo.

¿No sabe, además, el juez Calama que un juez no puede dirigirse nada más que a otro juez? La cooperación judicial únicamente puede darse entre jueces. Un juez no puede solicitar cooperación a una autoridad administrativa. Ni recibirla. Por la propia naturaleza constitucional del poder judicial y del poder administrativo. ¿No sabe, además, que un juez no puede solicitar nunca “autorización” para hacer uso de una información, sino que debe exclusivamente exigir que se le certifique más allá de toda duda razonable que la información ha sido obtenida de forma jurídicamente irreprochable? Si la información es jurídicamente irreprochable, todo lo demás sobra. Si no lo es, no hay nada que se pueda hacer.

De lo expuesto hasta el momento se deduce que el auto de 18 de mayo de 2026 es nulo de pleno derecho por vulneración de las garantías constitucionales del proceso penal. También lo es la solicitud para poder hacer uso de la información indebidamente obtenida a través del HSI.

De la nulidad del auto de imputación se deriva la nulidad de todas las decisiones que se han tomado respecto de la intimidad personal y familiar del expresidente del Gobierno. La cacería del expresidente del Gobierno y su familia está siendo infame.

Nos encontramos ante una instrucción por parte de un juez, pero con vulneración palmaria de la Constitución. En consecuencia, no es la “voluntad general”, la Constitución y la Ley, la que el juez Calama está haciendo valer, sino que ha sustituido la voluntad general por su voluntad particular. Me imagino que eso sí sabrá lo que significa.

Pienso que nadie o casi nadie se ha sorprendido con la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) de oponerse al indulto del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sí ha habido quienes han manifestado su conformidad o, muy abiertamente, su disconformidad con dicha decisión. 

Yo me encuentro entre los primeros. Estoy completamente de acuerdo con la decisión del TS de oponerse al indulto. Lo estoy porque estoy radicalmente en desacuerdo con la sentencia que dictó el TS condenando al exfiscal general.

En mi opinión, la sentencia del TS fue una “enmienda a la totalidad” a la parte de la Constitución en la que se reconocen los derechos fundamentales que deben presidir el proceso penal. Y dicha enmienda a la totalidad no debe quedar difuminada por nada. El 'no' al indulto del TS permite que sea más visible, lo que, en mi opinión, es lo más importante. 

La doctrina acerca de la proyección de la vigencia temporal de los derechos fundamentales en el proceso penal de la democracia es tributaria de la doctrina del Concilio de Letrán del año 649 acerca de la virginidad de María “antes del parto, en el parto y después del parto”. El carácter absoluto que tiene la virginidad de María en la doctrina de la Iglesia Católica es el que tienen las garantías constitucionales en el proceso penal de la democracia. No hay ni un solo momento en el que pueda excepcionarse la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución para el proceso penal.

Esto es lo que no ha respetado el TS en la sentencia mediante la que condenó al exfiscal general del Estado por revelación de secretos. 

El caso no empezó con una querella contra Álvaro García Ortiz, sino con una querella por parte del Colegio de Abogados de Madrid contra la fiscal jefa de Madrid por la publicación de una nota informativa en la que desmentía el bulo puesto en circulación por Miguel Ángel Rodríguez (MAR), según el cual era el fiscal encargado del caso el que había propuesto “un pacto de conformidad” a González Amador y no a la inversa. En el bulo se incluía una denuncia de que había sido el entorno de la Moncloa el que había intentado torpedear la propuesta con la finalidad de perjudicar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la que González Amador es pareja. 

Ante el escándalo generado, la fiscal jefa de Madrid redactó una nota informativa con la anuencia del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La querella del Colegio de Abogados se dirigió contra la fiscal jefa de Madrid y empezó su tramitación un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. 

Al hacer suya la nota informativa el fiscal general del Estado, el Tribunal de Madrid elevó la causa al TS, único órgano judicial que puede entender de su conducta. 

El TS consideró que no se había cometido delito de revelación de secretos con la emisión de la nota pública, ya que los datos que se desmentían habían dejado de ser secretos antes de que se hiciera pública la nota.

 Pero, en lugar de archivar la causa, el TS decidió que tal vez se podía haber cometido un delito de revelación de secretos respecto del correo electrónico de 2 de enero de 2024 enviado por la defensa de González Amador al servidor público de la Fiscalía de Madrid, al que tienen acceso un número indeterminado pero determinable de personas. Aquí sí se podía haber cometido un delito. 

Hasta aquí nada anómalo, aunque sí infrecuente. El TS cambiaba el objeto del proceso, de la nota informativa de la fiscal jefa de Madrid al correo electrónico de 2 de febrero de 2024 del abogado de González Amador proponiendo un pacto fiscal. 

A partir de este momento todo es anómalo. Una vez modificado el objeto del proceso y dado que, al nuevo objeto del mismo, al correo electrónico de 2 de febrero de 2024, podían haber tenido acceso un número indeterminado de personas, el TS tenía que haber devuelto la causa al órgano judicial predeterminado por la ley, es decir, al mismo que había elevado la causa al TS, para que investigara y determinara quien había podido haber filtrado el correo electrónico del 2 de febrero de 2024. Si del resultado de la investigación resultara que el autor de la filtración había sido el fiscal general del Estado, el órgano judicial madrileño debería reenviarlo de nuevo al TS.

Esta es la única manera de proceder de acuerdo con el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley. El TS no puede serlo nunca, a menos que no exista duda alguna de que es una persona aforada la que ha sido autor del hecho delictivo que se investiga. Eso era imposible saberlo en el momento en que el TS decidió cambiar el objeto del proceso de la nota informativa de la fiscal jefa al correo electrónico del abogado de González Amador.  

El TS no actuó así y “retuvo” la causa, con lo que reducía la investigación al fiscal general del Estado, a pesar de que un correo electrónico enviado al servidor general de la Fiscalía de Madrid tenía que haber sido conocido por muchas personas antes que el fiscal general. La autoatribución de la causa por parte del TS supone un caso de libro de vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, además de la pérdida de imparcialidad del propio TS, ya que, sin investigar nada, reduce la posibilidad de conducta delictiva a la del fiscal general del Estado, afectando de esta manera a su presunción de inocencia. Con dicha autoatribución al mismo tiempo el TS privaba a Álvaro García Ortiz del derecho fundamental a la segunda instancia, razón adicional por la cual es manifiestamente anticonstitucional.

Doy por supuesto que el lector sabe que el juez instructor designado por la Sala Segunda del TS “invadió” la sede de la fiscalía general y ordenó el volcado de toda la información que había en la sede en todo tipo de aparatos. La falta de proporcionalidad de la actuación es tan manifiesta que se califica por sí misma A pesar de ello no se consiguió ni un solo indicio que permitiera atribuir a Álvaro García Ortiz la autoría de la filtración, no destruyéndose, por tanto, su presunción de inocencia. 

La no identificación en la fase de instrucción del posible autor de la filtración del correo electrónico de 2 de febrero de 2024, condujo, como no podía ser de otra manera, a que tampoco se identificara en la fase del juicio oral y a que, como consecuencia, de ello, la Sala del TS se tuviera que “inventar” la figura del “entorno” como posible autor del delito.

En la fase del juicio oral, el presidente de la Sala interrumpió la declaración de uno de los periodistas, indicándole que “no amenazara” al tribunal por estar ejerciendo de una manera escrupulosa su derecho a transmitir información veraz. Por menos de eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por falta de imparcialidad de Angela Murillo en una sentencia en la que se condenaba a miembros de ETA. 

Pero no fue ese el único desconocimiento del derecho a transmitir información veraz que se produjo en la vista. La minusvaloración hasta la práctica irrelevancia del testimonio de los periodistas por ejercer el derecho a no desvelar sus fuentes, pone de manifiesto qué entiende la Sala por el derecho fundamental a transmitir información veraz, alejada por completo de la doctrina del Tribunal Constitucional.

La desvinculación de la parte dispositiva de la sentencia de la fundamentación jurídica de la misma dio lugar a nuevas vulneraciones del derecho a un juez imparcial. El presidente del Tribunal se permitió acudir al Colegio de Abogados e informar de manera jocosa, correspondida con risas tabernarias por los asistentes, que había pasado a ser ponente de la sentencia, cuando todavía no había sido tomada la decisión por el Tribunal. 

Como ya he dejado dicho, la sentencia es una suerte de enmienda a la totalidad de la Constitución en lo que a las garantías constitucionales del proceso penal se refiere. La connivencia del presidente y de otros miembros del tribunal con el primer querellante es todo lo contrario de lo que la apariencia de administración de justicia exige. Apariencia que, como el lector sabe, forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión.

Por eso, me parece bien que la Sala mantenga respecto del indulto la misma posición que ha mantenido durante toda la causa. No es mediante el indulto como se debe reparar la injusticia, sino mediante la sentencia del Tribunal Constitucional que declare la sentencia nula de pleno derecho. 

Cualquier persona que siga la actualidad tal como aparece reflejada en los diferentes medios de comunicación no cabe duda de que considerará que el 'caso Leire Díez' es una de las investigaciones judiciales de mayor calado desde la entrada en vigor de la Constitución. Llevamos ya un buen número de días en que la información del caso ocupa las portadas de los periódicos y abre los informativos de las radios y televisiones de todo el Estado. Compite en cantidad con la información, por ejemplo, respecto de la operación Kitchen, a pesar de que no se pueda decir lo mismo en lo que a la calidad de la información se refiere. No porque los periodistas que se ocupan de la misma no sean buenos profesionales, sino porque la entidad del caso es la que es.

José Antonio Martín Pallín lo calificaba en este diario de puzle surrealista y se sorprendía, sobre todo, de que un partido centenario como el PSOE, con una dilatada trayectoria en la dirección política del país en todos los niveles de nuestra fórmula de Gobierno, hubiera dado luz verde a que este asunto pudiera siquiera echar a andar.

Leire Díez es Leire Díez. No hay nada en su trayectoria profesional que permita concluir que está en condiciones de ser la protagonista, en palabras del juez Pedraz, de una trama que buscaba “desestabilizar” procedimientos judiciales abiertos contra el PSOE o el Gobierno. La falta de idoneidad de esa señora para ejecutar una tarea de esa naturaleza salta a la vista. Si los procedimientos judiciales pudieran ser desestabilizados de esta manera, el Estado español sería un Estado fallido.

En todo caso, como el asunto parece que ha sido tomado muy en serio por la UCO, por la Fiscalía Anticorrupción y por el juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, me imagino que será posible identificar las piezas del puzle, hacer una valoración de cada una de ellas y del conjunto, y llegar a la conclusión de si realmente la trama tiene el carácter surrealista que Martín Pallín le atribuye o no.

De momento, el juez Pedraz ha acordado hacer suya la batería de diligencias y la solicitud de pruebas testificales solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, que se practicarán a lo largo de las próximas semanas. Conoceremos el registro de visitas en la sede del ministerio público en la calle Fortuny, entre abril de 2024 y junio de 2025, de una serie de personas: Leire Díez, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado del excomisario Villarejo, José García Cabrera.

Las conversaciones que Leire Díez dice haber sostenido en la Fiscalía General para llegar a un acuerdo con Villarejo con la finalidad de obtener información sobre Mariano Rajoy y contra el PP tendrán que ser investigadas. Así como también las denuncias de Koldo García que se hubieran recibido en dicha institución con la finalidad de torpedear la investigación sobre el partido socialista o el Gobierno.

También ha sido citada como testigo la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y, en calidad de investigada, Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, por supuestamente haber ofrecido dinero a la empresaria Carmen Pano a cambio de que cambiara su declaración sobre la entrega de dinero en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Todo lo que se pueda saber judicialmente sobre el caso se va a saber. Nada de lo ocurrido va a quedar sin examinar. Y en unas semanas. No se entiende muy bien por qué el PP tiene tanta prisa. El Gobierno ha demostrado sobradamente su eficacia en una gestión de un asunto tan complejo como el del Hantavirus o en la organización de la visita del Papa, que, por cierto, ha puesto de manifiesto una sintonía con la política internacional, de inmigración y de defensa de los derechos humanos del Gobierno, que contrasta vivamente con la del PP y, sobre todo, con la de VOX.

El estallido mediático del caso, acompañado de las declaraciones en sede parlamentaria de Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado, la vuelta a poner en circulación la moción de censura “instrumental”, algo que no existe en la Constitución, la reaparición de José María Aznar con el sonsonete del “que pueda hacer que haga”, que es lo más parecido a un golpe de fuerza no constitucional, la presión a los partidos nacionalistas catalán y vasco y un interminable etcétera han caldeado mucho el ambiente.

En los próximos días iremos viendo, si la práctica de las diligencias, dan credibilidad al caso o no. O si se tiene que recurrir al caso José Luis Rodríguez Zapatero.

El general Franco murió el 20 de noviembre de 1975. La Constitución española entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, es decir, algo más de tres años después de su muerte.

¿Cómo pudo soportar la sociedad española un proceso materialmente constituyente tan prolongado? ¿Cómo pudo hacerlo en medio de una crisis económica de enorme envergadura? Y ¿cómo pudo hacerlo en medio de una presión terrorista espantosa tanto desde fuera, ETA, Grapo, como desde dentro: el multiforme terrorismo de Estado, que era mucho más peligroso para que la democracia pudiera iniciar siquiera su andadura?

Recuerdo la dificultad que los profesores de Derecho Político, que no Constitucional, teníamos para explicar a los alumnos lo que estaba pasando. Sabíamos que, aunque amenazada, no había salida alternativa a la democracia para el futuro del país. España era en el momento de la muerte del general Franco el único país europeo occidental que no estaba constituido democráticamente. Era una anomalía que podía prolongarse todavía un poco de más tiempo, pero que no podía ser resuelta con un sistema político emparentado con el previsto en las Leyes Fundamentales del Régimen del General Franco. Una forma política con vigencia indefinida en el tiempo no podía ser más que una democracia parlamentaria.

Sobre eso no existía ninguna duda. Pero cómo se podía construir una democracia con los mimbres políticos que el régimen del general Franco nos había dejado, era algo sobre lo que no había acuerdo de ningún tipo.

Tras la muerte del general Franco, España se encontraba en una situación similar a la que se encontraba tras la muerte de Fernando VII en la década de lo treinta del siglo XIX. El Trono y el Altar del Antiguo Régimen no era sostenible, pero no había recursos para imponer un Estado Constitucional.

La reacción de la sociedad española fue similar en ambas tesituras. El Estatuto Real fue en los años treinta del siglo XIX la que posibilitó el tránsito hacia la Constitución de 1837. La Ley para la Reforma Política sería en 1976 la que posibilitaría el tránsito a la Constitución de 1978.

La génesis del Estado Constitucional predemocrático con Isabel II y la del Estado Constitucional democrático con Juan Carlos I no se pudo hacer de una manera limpia, con un proceso constituyente jurídicamente ordenado, sino que se hizo como se pudo en cada caso. Se abrió una grieta en el edificio del Estado Absoluto con el Estatuto Real y se abrió otra en el Régimen de las Leyes Fundamentales con la Ley para la Reforma Política. Y por esas grietas, a trancas y barrancas, se fue abriendo camino la sociedad española para construir una forma política acorde, más o menos, a lo que estaba ocurriendo en la parte occidental del continente europeo.

El Estatuto Real y la Ley para la Reforma Política han sido normas de una extraordinaria importancia en la trayectoria constitucional de España, aunque, curiosamente, no se le suele prestar la atención que merecerían. Da la impresión que la sociedad española se avergüenza de ellas. Que no quiere reconocerse en ellas, porque ponen de manifiesto un vicio de origen en la historia constitucional de España. Tanto el Estado Liberal como el Estado Democrático han necesitados ambos de un procedimiento tramposo en su origen.

La trampa ha sido de mayor envergadura en la génesis del Estado Democrático de la Constitución del 78, que en el Estado Liberal de la Constitución de 1837. Entre otras cosas porque la España, y la Europa, de los años treinta del siglo XIX no es la España, ni la Europa, de los años setenta del siglo XX.

Con la experiencia de constitucionalismo democrático posterior a la Segunda Guerra Mundial, un proceso constituyente democrático no podía hacerse de cualquier forma. No podía ser un proceso constituyente fake. Tenía que ser un proceso constituyente que pudiera ser reconocible como tal.

En la España tras la muerte del general Franco, ello exigía una operación destructora de las Leyes Fundamentales. Pero no una operación destructora sin más, sino una operación que dejara en pie los elementos esenciales del sistema de poder en el futuro Estado democrático, que después sería constitucionalizado mediante la elaboración de una Constitución.

El proceso constituyente de 1978 fue un proceso constituyente doble: El primero tiene lugar en la segunda mitad del año 1976 y en los primeros meses de 1977. Y el segundo empieza tras las elecciones generales de 15 de junio de 1977, a las que se suele hacer referencia como elecciones constituyentes.

En el primero se pondría fin mediante la aprobación de la Ley para la Reforma Política a las Leyes Fundamentales de Franco. La Ley para la Reforma Política se aprobó como si fuera una Ley Fundamental más, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley Fundamental para la sucesión en la Jefatura del Estado de 1947. Pero su finalidad no era la de incorporarse al sistema político como la Novena Ley Fundamental, sino destruir todas las Leyes Fundamentales, dejando el terreno expedito para que se pudiera construir una Constitución.

Pero, y aquí es donde viene la trampa, el terreno, tras la destrucción de las Leyes Fundamentales, no quedó limpio, sino que quedaron en pie la Jefatura del Estado monárquica y unas Cortes Bicamerales, que serían las instituciones encargadas de dirigir el proceso de elaboración de la Constitución. La Ley para la Reforma Política no solamente destruía las normas del general Franco, sino que introducía las dos piezas esenciales de la futura democracia: el Rey Borbón y unas Cortes bicamerales. Esto es lo que se sometió a referéndum en diciembre de 1976.

En marzo de 1977 se perfeccionaría la operación mediante la aprobación de Real Decreto-ley de normas electorales, en las que se impondría una “desviación calculada del principio de igualdad” en la composición del Congreso de los Diputados y una negación pura y simple del mismo en el Senado, con lo que se encorsetaba el ejercicio efectivo del poder constituyente que pudieran hacer las Cortes que se eligieran por sufragio universal el 15 de junio de 1977.

La Ley para la Reforma Política aprobada por las Cortes de Franco aporta a la Constitución más de lo que aportaron las Cortes Constituyentes con la redacción de la Constitución. Es lo que ha convertido a la Constitución en una norma irreformable. El corsé de la Ley para la Reforma Política se hizo para que la Constitución no pudiera llegar más lejos de lo que el sistema político nacido de la guerra civil permitiera. Se acabó llegando más lejos, pero en ningún caso, fue posible un ejercicio genuino del poder constituyente por parte del pueblo español. La hipoteca de la Ley para la Reforma Política todavía no ha podido ser cancelada.

Se cumplen ocho años de la moción de censura que puso fin a la presidencia de Mariano Rajoy y dio paso a la de Pedro Sánchez. 

El relevo se produjo aplicando de manera estricta lo previsto en la Constitución. Conviene recordarlo porque la derecha, que no se cansa de reivindicar la “Transición”, aunque su participación en la misma y en la aprobación de la Constitución como Alianza Popular, no fue muy destacada, se rebela contra su aplicación, cuando no le interesa. AP primero y PP después aceptan la Constitución a beneficio de inventario. Si me salen las cuentas, sí. Si no me salen, no. 

Nadie podría hablar con más autoridad sobre esto que Felipe González, quien se mantuvo hasta 1996 dentro de la Constitución sin ambigüedad de ningún tipo, mientras que tuvo que soportar el juego poco limpio de la oposición popular.

En 1980, tras el resultado del referéndum de iniciativa del proceso autonómico en Andalucía el 28 de febrero y su impacto en la dirección de UCD, Felipe González encabezó una moción de censura, sin posibilidad alguna de que jurídicamente tuviera éxito, pero que, políticamente, ofrecía a la sociedad española la seguridad de que existía una alternativa de Gobierno. La alternativa a la UCD no era el caos, sino el PSOE con un candidato que se atrevía a presentar sus credenciales en sede parlamentaria y aceptar el debate con todas las demás fuerzas políticas.

Este es el sentido de la moción de censura “constructiva”. Dar garantías a la sociedad de que la “alternativa” es lo contrario de un salto al vacío. Pero dar garantías. Decir qué se va a hacer y, si es necesario, con quién.

En 1982 se comprobaría que la “derrota jurídica” había sido una “victoria política”. Durante cuatro legislaturas España iniciaría y asentaría la construcción del “Estado social y democrático de Derecho” que figura en el apartado primero del artículo 1 de la Constitución. El candidato en la oposición que se atrevió a correr el riesgo de perder la moción de censura se convirtió en presidente dos años más tarde. En buena medida por aquella moción.

Felipe González tuvo que soportar mucho juego sucio constitucional en sus años como presidente del Gobierno, especialmente desde que José María Aznar alcanzó la presidencia de AP, reconvertido en PP, en el Congreso de Sevilla.

El juego sucio empezó en las elecciones generales de 1989, las primeras en las que José María Aznar fue candidato a la presidencia del Gobierno. Tras perder clamorosamente, el PP intentó “reventar” el resultado electoral a través del poder judicial. Fueron impugnadas las elecciones en Barcelona, Murcia, Pontevedra y Melilla. 

Las Audiencias Provinciales de Murcia, Pontevedra y Málaga (Melilla) las anularon. No así la de Barcelona, a pesar de la presión que se ejerció desde los medios de comunicación de la derecha española. La Brunete mediática en expresión de Xabier Arzalluz. La predisposición de determinados jueces a intervenir contra la izquierda empezaba a hacerse visible. 

De haberse anulado las elecciones en Barcelona, no hubiera resultado fácil que se hubiera producido la investidura y el horizonte de la repetición electoral habría hecho acto de presencia.

El Tribunal Constitucional se encargaría de dejar claro que las decisiones de las Audiencias de Pontevedra y Murcia carecían de fundamentación jurídica acorde con la Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), aunque no la de Audiencia de Málaga, respecto de la circunscripción electoral de Melilla.

Tras la decisión del Tribunal Constitucional, Felipe González presentaría una “cuestión de confianza”, con la finalidad de que fuera un Pleno del Congreso íntegro, sin mutilaciones, el que le otorgara la confianza.

En las siguientes elecciones, en 1993, el PP, que pensaba que iba a ganar las elecciones, intentó poner en duda la limpieza de las mismas, acusando en la misma noche electoral, a través de Javier Arenas y Alberto Ruiz Gallardón, al Ministerio Interior, de haber practicado un “pucherazo”. No lo pudo sostener, ante la evidencia empírica producida por el recuento de los votos, pero ya adelantó lo que iba a ser su trabajo de oposición a lo largo de la legislatura. “Váyase Sr. González”. José María Aznar no consideró que el presidente socialista fuera un presidente legítimo y, en consecuencia, consideró que contra él valía todo. Hasta poner en riesgo la “estabilidad del Estado”, como reconocería años más tarde Luis María Anson, uno de los miembros destacados del “sindicato del crimen”.

A lo que no se atrevió nunca José María Aznar es a recurrir a la moción de censura, como hizo Felipe González en 1980. En junio de 1985, tras escándalos muy grave, como el secuestro de Segundo Marey, la huida de Luis Roldán, la detención del Gobernador del Banco de España, Mariano Rubio…y con los resultados de las elecciones municipales y autonómicas muy favorables para el PP, José María Aznar exigiría a Felipe González que disolviera las Cortes y convocara elecciones.

Felipe González resistió y explicó en sede parlamentaria que las elecciones en los diversos niveles de nuestra fórmula de Gobierno, municipal, autonómico, estatal y europeo, no son vasos comunicantes, sino compartimentos estancos. Que la única fórmula constitucional de la que disponía el PP era la moción de censura. 

Quien no resistió la presión fue Jordi Pujol, que anunció públicamente que retiraba la confianza a Felipe González. Dicha retirada fue lo que posibilitó que el PP ganara las elecciones den 1996, momento en el que ya se había iniciado la recuperación de la crisis económica de 1994. No podremos saber nunca que hubiera pasado de haberse celebrado las elecciones en 1997, con la crisis económica claramente superada, pero la victoria tan reducida del PP en 1996 permite pensar que no se habría producido. 

El juego sucio que empezó en 1989 desde la presidencia del PP, lo continuaría José María Aznar desde la presidencia del Gobierno. Su dependencia de CiU y también del PNV en la primera legislatura en el Gobierno le impuso una tregua en materia de estructura del Estado. Se concentró en la formación de un poder económico mediante la designación de personas afines en las empresas privatizadas y en intentar también la constitución de un grupo mediático, con la finalidad última de dominar el grupo PRISA, que no consiguió por la resistencia de Polanco/Cebrián. El juego sucio fue de tal entidad que acabó con la condena por prevaricación de Javier Gómez de Liaño.

En la segunda legislatura, con la mayoría absoluta alcanzada en las elecciones de 2000, José María Aznar mostraría su verdadero rostro y la colaboración del poder judicial también. La salvajada de la que fue objeto Juan María Atutxa, condenado por el Tribunal Supremo en una sentencia que sería anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos años más tarde, lo dice todo. El Tribunal Supremo se vería obligado a reparar la injusticia judicial mediante sentencia en un recurso de revisión, pero la injusticia política ya era irreparable. Lo que se ensayó contra el nacionalismo vasco, se aplicaría después, corregido y aumentado, contra el nacionalismo catalán.

La legislatura terminó con el intento de engañar a la ciudadanía respecto de la autoría del atentado terrorista del 11 M de 2004. No consiguió que la mentira calara y el PP perdió las elecciones. Desde entonces no se ha aceptado por la derecha la legitimidad de José Luis Rodríguez Zapatero primero y la de Pedro Sánchez después. La del primero por el vicio de origen del atentado y la del segundo por el vicio de origen de la moción de censura. 

Si se analizan los resultados de las elecciones generales desde 2004 hasta hoy, se comprobará que la derecha española solo ha tenido mayoría parlamentaria entre 2011 y 2015. Mariano Rajoy se mantuvo como presidente del Gobierno hasta julio de 2018, por el cordón sanitario que erigió frente al nacionalismo catalán. Una vez levantado dicho cordón, se impondrá la mayoría absoluta de la moción de censura, que de una manera u otra sigue estando presente en el Congreso de los Diputados. 

La mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez ha sido impugnada por VOX en dos ocasiones, con Santiago Abascal y Ramón Tamames como candidatos a la presidencia del Gobierno, pero no lo ha sido nunca por Alberto Núñez Feijóo, que en esto sigue la estela de Aznar. Con el apoyo de Felipe González, que, por lo visto, no recuerda su experiencia de la legislatura de 1993-96 en general y la de junio de 1995 en particular. 

Como en 1995, en este 2026 el PP ha derivado la presión a los partidos que aprobaron la moción de censura en 2018 en general y a los partidos nacionalistas vasco y catalán en particular. Pienso que no estaría de más que ambos reflexionaran sobre lo que pasó cuando dieron entrada a la derecha española en la presidencia del Gobierno. 

Y ahora el patio interno e internacional está mucho peor que entonces. Nadie puede llamarse a engaño.  

Con la Constitución en la mano la iniciativa de la moción de censura la tiene la oposición. La iniciativa de la disolución la tiene el Gobierno. 

En los meses de mayo y junio de 1995, tras el éxito del PP en las elecciones municipales y autonómicas, José María Aznar exigió que Felipe González abandonara la Presidencia del Gobierno y se convocaran elecciones generales anticipadas. “Váyase Sr. González”, fue el estribillo con que finalizaba sus intervenciones parlamentarias.

El presidente del PP consideraba que, tras el secuestro de Segundo Marey por los GAL, tras el escándalo de la huida del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, tras las escuchas del CESID, que habían afectado incluso al Rey, y tras la detención del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, el resultado de las elecciones municipales y autonómicas habían sido en buena medida un referéndum sobre el Gobierno de Felipe González, que había quedado deslegitimado para mantenerse en el cargo.

González argumentó en el Pleno del Congreso de los Diputados que las elecciones municipales, autonómicas y generales no son vasos comunicantes, sino compartimentos estancos, y que cada una de ellas está prevista en el ordenamiento para transmitir legitimidad en cada uno de los niveles en que se estructura nuestra fórmula de gobierno. Con la Constitución de 1978, la única forma en que se podía destituir al presidente del Gobierno era mediante la aprobación de una moción de censura, a lo que José María Aznar se negaba en redondo.

Al no conseguir el objetivo de que Felipe González aceptara dar por finalizada la legislatura y convocara elecciones, la presión se centró en CiU, que era el único partido con escaños imprescindibles para completar la mayoría absoluta de investidura, aunque también fue apoyada por el PNV.

CiU no soportó la presión y, aunque no decidió apoyar una moción de censura, sí hizo pública la retirada de la confianza que había otorgado en la investidura a Felipe González.

El presidente del Gobierno entendió el mensaje y anunció que daba por finalizada la legislatura, aunque no se materializaría el fin de la misma de manera inmediata, sino que se pospondría al final del año, dado que España era el país responsable de gestión de la Unión Europea en ese segundo semestre de 1995. Las Cortes Generales quedaron disueltas al comenzar 1996 y se celebraron las elecciones, que ganó el PP, aunque sin mayoría suficiente para que José María Aznar fuera investido presidente.

Jordi Pujol intentó resistirse a investir a José María Aznar y llegó a proponer la abstención de todos los grupos parlamentarios, con lo que José María Aznar sería elegido por mayoría relativa en la segunda votación de investidura con los votos del PP exclusivamente. Pero Felipe González se opuso a dicha fórmula y al final, tras el Pacto del Majestic, José María Aznar fue investido presidente.

Estoy plenamente convencido de que Jordi Pujol no se ha arrepentido nunca lo suficiente de no haber soportado la presión en 1995 y haber retirado la confianza públicamente a Felipe González. Debilitó al “bloque democrático” y facilitó el acceso al poder de los herederos de Alianza Popular. Y se equivocó. Vaya que si se equivocó. José María Aznar no hace prisioneros. En la primera legislatura no pudo llegar más allá de donde la composición del Congreso de los Diputados le permitía. Pero en la segunda, con mayoría absoluta, decidió hacer el ajuste de cuentas, primero al PNV y después a CiU, agrietando, con ello, el sistema político de la Constitución de 1978 de una manera que todavía no hemos sabido cómo reparar.

En la legislatura que se inició el 23 de julio de 2023 el PP también pensó que iba a ganar las elecciones. Mucho más que en 1993. Y aunque no denunció “un pucherazo” en la misma noche electoral, sí consideró que el PSOE carecía de legitimidad para gobernar e intentó torpedear la investidura de Pedro Sánchez.

No ha dejado, además, de intentar crear un clima irrespirable para forzar al Gobierno a disolver las Cortes y convocar elecciones. Y, sobre todo, se ha dado el paso de hacer uso del poder judicial para intentar derribar al Gobierno.

Ha habido un plan A político. Pero ha habido también un plan B judicial, que se ha expresado en la persecución de los dirigentes de Podemos y de los nacionalistas catalanes, pero que ha llegado hasta la familia del presidente del Gobierno y, sobre todo, al fiscal general del Estado.

El plan A ha consistido en la programación concatenada de cuatro elecciones autonómicas, con la finalidad, por un lado, de independizarse de Vox y, por otro, de debilitar al Gobierno. El plan no ha tenido éxito, ya que no se ha conseguido en ninguna de las cuatro comunidades la mayoría absoluta necesaria para ello. Se ha perdido incluso la única mayoría absoluta de la que se disponía, en Andalucía.

Inmediatamente después de constatado el fracaso del plan A, se ha puesto en marcha el plan B, con la persecución de José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de tráfico de influencias, sin que se haya aportado el más mínimo indicio de en qué ha consistido la presión del expresidente sobre los funcionarios de la SEPI que habían intervenido en la concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra.

Desde la perspectiva del delito de tráfico de influencias, el auto de imputación es un auto vacío, que imposibilita el ejercicio del derecho a la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Nos encontramos, como en 1995, en una presión destinada a los socios que aprobaron la moción de censura en 2018 y que, de una manera u otra, han mantenido al Gobierno hasta hoy.

¿Se repetirá la historia?