La democracia es, ante todo, acuerdo sobre determinados principios que no pueden ser siquiera sometidos a discusión. En una sociedad democráticamente constituida se puede discutir “casi” todo, pero no todo. Es la indiscutibilidad de unos pocos principios lo que nos permite discutir civilizadamente todo lo demás. 

Que únicamente las personas físicas son los titulares del derecho de sufragio es uno de esos principios no susceptibles de ser sometidos a discusión. No se ha identificado jamás ni en la doctrina académica ni en alguna decisión judicial ni un solo supuesto en que se haya considerado que una persona jurídica podía ser titular de tal derecho.

Que Iustitia Europa y Vox no son personas físicas sino jurídicas tampoco es discutible. Como consecuencia de ello, no pueden ser titulares del derecho de sufragio. No puede, por tanto, habérseles vulnerado un derecho de cuya titularidad carecen. Por nadie. Ni por las personas que han adquirido la nacionalidad en aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y de la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 25 de octubre de 2022, ni por la Junta Electoral Central, ni por nadie. 

La titularidad de un derecho es el presupuesto de hecho inexcusable para la vulneración del mismo. Este principio es previo a la ley e indisponible incluso para el propio legislador. El legislador que regula el recurso de protección de los derechos fundamentales no puede otorgar legitimidad para interponer el recurso a quien no acredita previamente la titularidad del derecho que considera que le ha sido vulnerado. 

La legitimidad para interponer un recurso es el punto de intersección entre la titularidad y el ejercicio de un derecho fundamental. Este punto de intersección es lo primero que tiene que argumentar quien interpone un recurso de esta naturaleza y es lo primero que tiene que comprobar un órgano judicial cuando tiene que iniciar la tramitación de un recurso por protección de derechos fundamentales.  

¿De qué derecho es usted titular? ¿Quién y de qué manera considera usted que le ha sido vulnerado? Esto es lo primero que el órgano judicial tiene que preguntarle a quién recurre. Sin respuesta jurídicamente indiscutible a estos dos interrogantes el recurso no puede ser admitido a trámite. El recurrente tiene que hacer visible la intersección entre el derecho del que dice que es titular y la vulneración de la que considera que ha sido objeto.

Nada de esto se ha producido en el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por Iustitia Europa y Vox contra la decisión de la Junta Electoral Central de abstenerse en la demanda de ambas organizaciones contra la inscripción en el censo electoral de las personas que habían adquirido la nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática y la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica. Ni los recurrentes han acreditado la titularidad del derecho de sufragio y la consiguiente vulneración del mismo, ni el Tribunal Supremo ha exigido que lo hagan. 

Es un recurso que carece de objeto. Por eso no entiendo por qué el Tribunal Constitucional ha considerado que era prematuro la interposición del recurso de amparo por el Defensor del Pueblo.

La sentencia del Tribunal Supremo contra la que el Defensor del Pueblo interpuso el recurso de amparo es una sentencia nula de pleno derecho por manifiesta falta de legitimidad por quienes interpusieron recurso contra la decisión de la Junta Electoral para poder hacerlo. Esto es lo que debió decir el Tribunal Constitucional.

Aquí no ha habido más que rebelión del Tribunal Supremo contra la ley de memoria democrática, a la que el Tribunal Supremo está sometido. Eso tiene un nombre.  

Julian Borger, editor de asuntos internacionales en The Guardian, ha publicado este pasado domingo un artículo con el título 'Diez días que pueden sacudir el mundo', en el que sostiene la tesis de que la alternativa entre autoritarismo y democracia se puede ver afectada decisivamente en los diez días que van desde las elecciones en Brasil y Serbia el 25 de octubre y las elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos el 3 de noviembre, con las de Israel del 27 en medio de todas ellas. 

Toma como punto de partida la investigación del V-Dem Institute con sede en Suecia, uno de los centros de estudio más respetados en todo el mundo acerca de la calidad de la democracia, en la que llega a la conclusión de que “las libertades democráticas disfrutadas por el ciudadano global medio hoy han descendido a los niveles de 1978, mucho antes de la caída del Muro de Berlín y del colapso del comunismo en Europa”. 

El conjunto de las cuatro elecciones convocadas para los diez días mencionados, Brasil, Serbia, Israel y Estados Unidos, puede detener el avance de la autocracia que se ha producido en los últimos cincuenta años o fortalecerlo, dependiendo de que el resultado electoral sea favorable a los partidos de derecha y extrema derecha o lo sea a los partidos prodemocráticos. Los resultados en Brasil y Serbia este domingo, con las victorias de Luiz Inácio Lula da Silva y la Lista Estudiantil, respectivamente, invitan a la esperanza.

Para el momento en que, en la noche del 3 al 4 de noviembre, se haga el recuento de los votos en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el mundo del autoritarismo y de la democracia puede parecer completamente distinto. Porque las cuatro elecciones a las que se ha hecho referencia, no solamente van juntas, sino que están entrelazadas. El movimiento MAGA ha dado su apoyo político de una manera explícita a Netanyahu, Vucic y Bolsonaro. La huella israelí de Pegasus se ha encontrado en los teléfonos de los estudiantes activistas por la democracia en Serbia. Bolsonaro apoya decididamente a Israel y se ha comprometido a seguir a los Estados Unidos en el traslado de la Embajada a Jerusalén. Serbia se ha comprometido a gastar dos mil millones de dólares en el sistema de defensa de Israel y en este mismo mes de septiembre ambos países han inaugurado una fábrica de producción de armas de vigilancia y ataque. 

La deriva autoritaria o democrática de los cuatro países ha sido distinta, de acuerdo con la investigación del V-Dem Institute.

Brasil es el único de los cuatro que ha vivido en los últimos años, con la victoria de Lula en las elecciones anteriores, un resurgimiento de la democracia, habiendo escalado en el ranking democrático del Instituto al puesto número 28. El más alto que ha ocupado a lo largo de su historia. 

Serbia ocupa el número 112, tras doce años de gobierno de Aleksandar Vucic, en los que se ha corroído de manera sistemática los pilares de la democracia, de manera similar a como lo hizo Viktor Orbán en Hungría. 

Israel ocupa el número 48 y se enfrenta en estas elecciones a opciones que no se diferencian esencialmente en sus posiciones respecto de Palestina, pero sí en posiciones respecto a la decencia en el ejercicio del poder. Netanyahu es reconocido como el primer ministro más corrupto de la historia del Estado de Israel. Y la corrupción hace imposible el ejercicio democrático del poder y su reconocimiento tanto dentro como fuera del país. 

Estados Unidos, por último, ocupa el número 51. Ningún país occidental se ha desdemocratizado a la velocidad que lo ha hecho Estados Unidos, especialmente en este segundo mandato de Donald Trump. 

Ningún proceso de desdemocratización ha tenido el impacto que el de los Estados Unidos. Sin los Estados Unidos de Trump no se habría configurado la Internacional autoritaria que ha impulsado las opciones autocráticas tanto en el continente europeo como en el americano. 

Únicamente Brasil ha acudido a las elecciones con una experiencia de resurgimiento democrático activa. Serbia lo ha hecho, e Israel y EEUU lo harán, en medio de experiencias autoritarias y corruptas. Es una experiencia conjunta muy apropiada para calibrar la vis atractiva de la democracia y el autoritarismo.

El resultado de las elecciones de este domingo en Brasil y Serbia, y las posibles derrotas de Netanyahu y el trumpismo que vaticinan las encuestas en Israel y Estados Unidos, vistos en su conjunto, apuntalarían un cambio en la dirección del viento de cara al ciclo electoral que se abre el 29 de noviembre en España y que tendrá continuidad en Francia, Italia y Polonia. 

El domingo por la noche se respiraba de una manera distinta. Entre este martes y el próximo se acabará de decidir si nos dirigimos hacia un mundo simplemente más democrático o mucho más democrático. No es poca cosa.

Este pasado miércoles el Tribunal Supremo (TS) ha dado a conocer su respuesta al incidente de nulidad de actuaciones que el exministro José Luis Ábalos suscitó contra la sentencia de la Sala Segunda que lo condenó por varios delitos a una pena de 24 años de privación de libertad. 

En dicha respuesta el TS considera que no se ha producido vulneración alguna de derechos fundamentales del exministro y confirma la sentencia cuya nulidad se insta. Con ello, queda agotada la vía judicial y el exministro puede recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. 

Aunque en el incidente de nulidad de actuaciones la defensa del exministro no se ha limitado a recurrir la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la segunda instancia en el proceso penal, es sobre la vulneración de esos dos derechos sobre la que tiene que articularse el recurso de amparo y sobre la que tendrá que dar respuesta en su sentencia el Tribunal Constitucional. Si se constatara la vulneración de ambos derechos, la sentencia del TS sería nula de pleno derecho y no sería necesaria argumentación alguna adicional sobre la vulneración de cualquier otro.

En el artículo 71, la Constitución reconoce la inviolabilidad de los Diputados y Senadores en el apartado 1, la inmunidad en el apartado 2 y el fuero jurisdiccional en el apartado tercero. Este último es el único que nos interesa: “En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”

Con esta decisión el constituyente excepciona la vigencia del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la segunda instancia en el proceso penal, “durante el periodo de su mandato” (art. 71.2 de la Constitución)  

Mientras el Diputado o Senador conserve el acta, la Sala Segunda del TS es el juez ordinario predeterminado por la ley de su conducta y es, además, juez de primera y única instancia. 

¿Qué ocurre en el momento en que el Diputado o Senador pierde el acta y deja de ser miembro de las Cortes Generales? ¿Seguirá siendo competente en las causas contra ellos la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo?

Ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal dicen nada al respecto. Ni ninguna otra norma del ordenamiento jurídico español o de los tratados sobre derechos fundamentales y garantías constitucionales en el proceso penal válidamente ratificados por España. 

La condición de Diputado o Senador es el presupuesto de hecho del fuero jurisdiccional. Sin dicha condición, la Sala Segunda del Tribunal Supremo no puede ser competente en las causas contra ellos. 

Que yo sepa, esto no se ha discutido nunca por nadie. La pérdida de la condición de Diputado o Senador pone fin al fuero jurisdiccional y los exdiputados y exsenadores recuperan sus derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la segunda instancia en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos españoles. La extensión del fuero jurisdiccional vulnera el principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución. 

No lo vulnera el fuero jurisdiccional, porque es una excepción querida por el constituyente. Pero sí lo vulnera la extensión del fuero jurisdiccional sin previsión constitucional que le dé cobertura. Esta vulneración de la igualdad constitucional sí deberá ser alegada en el recurso de amparo. 

José Luis Ábalos fue elegido Diputado en la jornada electoral del 23 de julio. Mantuvo su condición de Diputado hasta el 28 de enero de 2026. Desde el momento en que adquirió la condición de Diputado tras prometer o jurar la Constitución hasta el 28 de enero la Sala Segunda del Tribunal Supremo era el órgano judicial competente en primera y única instancia para entender de su conducta. ¿Lo continuaba siendo después del 28 de enero?

El TS no identifica ninguna norma con base en la cual se pueda justificar la prolongación del fuero jurisdiccional con la consiguiente excepción de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley y de la segunda instancia en el proceso penal. 

La Sala Segunda del TS hace descansar la retención de la competencia para entender de la conducta de José Luis Ábalos en un “Acuerdo” de un “Pleno no jurisdiccional” de la propia Sala Segunda de 2 de diciembre de 2014 que fijó “un criterio interpretativo constante y reiterado” sobre asignación de competencias. 

En dicho Acuerdo se decía que “en los casos de aforados, la resolución judicial que acuerde la apertura del juicio oral constituye el momento en el que quede definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a esa fecha se haya perdido la condición de aforado”.

Dado que el 25 de diciembre de 2025 el juez instructor había dictado el auto de apertura del juicio oral y que José Luis Ábalos perdió la condición de Diputado el 28 de enero de 2026, la Sala Segunda entendió que tenía la competencia para entender de su conducta y fijó para el 12 de febrero de 2026 “la vista de cuestiones previas”.

En su respuesta al incidente de nulidad de actuaciones, la Sala Segunda no explica qué lugar ocupa un Acuerdo de un Pleno no Jurisdiccional en el sistema de fuentes del derecho y cómo se puede con base en el mismo incidir en el ejercicio de dos derechos fundamentales que figuran en la Sección Primera del Capítulo II, que está reservado a la Ley Orgánica (arts. 53.1 y 81.1 de la Constitución). 

Entiendo que los magistrados de la Sala Segunda tienen un altísimo concepto de sí mismos, pero nunca se me había pasado por la cabeza que consideraran que podían ocupar el lugar del legislador que reforma la Constitución y ni siquiera del legislador de los derechos fundamentales.

Está claro que estaba equivocado. Será el Tribunal Constitucional el que decida si, con base en un Acuerdo de un Pleno no jurisdiccional, la Sala Segunda puede extender el fuero jurisdiccional y entender en primera y única instancia de la conducta de José Luis Ábalos tras haber perdido la condición de Diputado. 

Obviamente, la defensa del exministro podría solicitar al Tribunal Constitucional que dejara en suspenso la condena hasta tanto se pronuncia sobre el fondo del asunto. 

La ley de amnistía no debería haber sido necesaria, porque nunca debió el poder judicial entrometerse en un conflicto de naturaleza constitucional como el que se produjo en Cataluña en octubre de 2017. No se debió activar el artículo 155 de la Constitución, porque no era imprescindible para resolver el conflicto y, de activarse, debió hacerse con un acuerdo entre el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, que excluyera la intervención del ministerio fiscal y la consiguiente judicialización del conflicto.

La integración de Catalunya en el Estado con base en la Constitución española de 1978 únicamente puede resolverse a través de un pacto entre el Parlament y el Congreso de los Diputados, que tiene que ser sometido a continuación a referéndum de los ciudadanos de Catalunya. El constituyente consideró inexcusable la combinación de la democracia representativa, con intervención de dos parlamentos, y de la democracia directa para dar respuesta a un problema de esta naturaleza. Cuando la cuestión está planteada en estos términos, la intromisión del poder judicial no es posible por la propia naturaleza del problema.

El Estado español demostró el 1 de octubre de 2017 que tenía recursos de sobra para obligar a las autoridades de Catalunya a dejar sin efecto las decisiones que había tomado antes y después del 1 de octubre e imponerle que se reintegrara en el ordenamiento constitucional con la convocatoria de unas elecciones autonómicas. No hubo ni un solo minuto en que se produjera el más mínimo atentado a la integración territorial del Estado español y se afirmara la independencia de Catalunya. La Generalitat no consiguió que el Estado dejara de ejercer su poder soberano sobre el territorio de la Comunidad Autónoma en su totalidad.

Buena prueba de ello fue que no hubo que recurrir a las Fuerzas Armadas, sino que fue suficiente la activación de una parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para desactivar la operación de depositar votos en las urnas, que, en ningún caso puede considerarse que fuera un referéndum, sino que era más bien un ejercicio anómalo del derecho de manifestación.

El Estado dispuso en todo momento de las bazas necesarias para dar políticamente una respuesta al desafío de Catalunya e imponer a las autoridades catalanas que tuvieran que dar marcha atrás en su desafío y reconocer ante sus propios ciudadanos que la alternativa independentista frente a la autonómica no era posible. No era necesario dejar la política y trasladar la respuesta al poder judicial.

El presidente del Gobierno no lo hizo y permitió que el Fiscal general del Estado decidiera que a la convocatoria del 1 de octubre había que dar respuesta mediante el poder judicial, calificando, además, dicha convocatoria como constitutiva del delito de rebelión.

Una vez expulsada la política, el conflicto constitucional dejaba de tener respuesta, ya que la Constitución únicamente posibilita una respuesta de esa naturaleza.

Han hecho falta nueve años, desde 2017 a 2026, para que esta evidencia haya podido abrirse paso. Porque esto es lo que significa la Ley de Amnistía. Para deshacer el entuerto generado por la intervención del poder judicial no eran suficientes actos gubernamentales, como los indultos, sino que era imprescindible un acto de Estado, del que únicamente las Cortes Generales mediante la aprobación de la ley podían ser protagonistas. Es lo que ha ocurrido en esta legislatura que ha estado dedicada en integridad, desde la investidura a la disolución, a la aprobación de la ley de amnistía y a la aplicación de la misma, desactivando la resistencia no solamente del poder judicial, pero sí fundamentalmente la del poder judicial.

El martes 6 de octubre se ha puesto punto final a la resistencia judicial y se ha devuelto de manera definitiva la integración de Catalunya dentro del Estado al terreno de la política del que nunca debió de salir. Ha sido necesario para ello la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional, ya que la resistencia numantina del poder judicial español en general y la del Tribunal Supremo en particular no ha podido ser vencida de otra manera.

Cabe esperar que se haya aprendido la lección.

En la próxima legislatura, al Senado le corresponderá la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y la elección de diez miembros del Consejo General del Poder Judicial. 

Los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional deberían haber sido renovados en diciembre de 2025, pero el PP se ha negado esperando estar en mejores condiciones para hacerlo tras las próximas elecciones. La renovación se producirá, por tanto, casi inmediatamente después de que se constituya el Senado tras las próximas elecciones.

La última renovación del Consejo General del Poder Judicial se produjo en julio de 2024. Dado que el mandato es por cinco años, la próxima renovación tendría que producirse en julio de 2029, es decir, dentro de los cuatro años de la próxima legislatura.

La renovación parcial de estos dos órganos constitucionales es, con mucha diferencia, la función constitucional más importante que tiene atribuida el Senado. En el ejercicio de todas las demás, el Senado está subordinado al Congreso de los Diputados y no puede, excepto en la activación del artículo 155 de la Constitución, adoptar ninguna decisión importante. Puede hacer mucho ruido, que no es poco, pero nada más. 

Para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial es necesaria la mayoría de tres quintos, es decir, de 160 senadores. 

En el Senado actual el PP cuenta con 142 senadores y Vox con 15, 157 entre los dos. Están, por tanto, a tres senadores de la mayoría de tres quintos exigida. 

En el caso de que esa mayoría fuera alcanzada por el PP y Vox, ambos partidos dominarían de una manera difícilmente reversible la interpretación de la Constitución, es decir, del principio de legitimidad, y la interpretación del principio de legalidad mediante la ocupación del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. No sería necesario siquiera reformar la Constitución para que, de facto, nos encontráramos ante una nueva Constitución. La que el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial dominados por el PP decidieran.

Para evitar que esto ocurra, es imprescindible un pacto electoral entre el PSOE y los partidos de izquierda, que se tradujera en una candidatura única en todas las circunscripciones electorales. 

Puesto que el sistema electoral para el Senado es un sistema mayoritario corregido, en el que cada ciudadano o ciudadana puede elegir un máximo de tres de los cuatro senadores de cada circunscripción electoral, sería necesario que los partidos de izquierda pactaran una candidatura única con tres candidatos en cada provincia, a fin de que no se perdiera ningún voto.

Dicha candidatura podría componerse de dos propuestos por el PSOE y uno por todos los demás partidos de izquierda. Con ello se evitaría con seguridad, en primer lugar, la mayoría de tres quintos de los partidos de la derecha. 

Pero no solo ello. El PSOE obtendría mediante la elección provincial un mayor número de los que ha obtenido en esta legislatura y los partidos de izquierda, que no tienen más senadores que los que han alcanzado en representación de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, podrían obtener varias decenas de escaños.

El impacto no sería solamente defensivo, de defensa de la Constitución, que no es poco, sino también constructivo, en la medida en que permitiría influir en la cultura democrática tan dañada por el uso fraudulento que hace la derecha del Senado y que en esta legislatura ha alcanzado un nivel muy alto.

El PSOE debería enviar una propuesta a los partidos con la finalidad de cerrar un pacto en este sentido. Los partidos que quisieran participar en la candidatura conjunta podrían hacerlo y los que no, podrían ir por separado. 

Mañana mismo habría que empezar a configurar el pacto y a dar los pasos para hacerlo efectivo. No hay problema más importante que este para competir con posibilidades de éxito en la próxima convocatoria electoral. 

La Inteligencia Artificial nos informa que “la frase la Constitución es más lista que el constituyente es una adaptación del clásico aforismo alemán que afirma que la ley es más lista que el legislador”.

Y efectivamente así es. En la fase inicial de imposición del Estado Constitucional que va desde finales del siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial, la Constitución no tiene el carácter de norma jurídica, sino de documento político. El mundo del Derecho no gira en torno a la Constitución, sino en torno a la Ley. Habrá que esperar a que con el final de la Primer Guerra Mundial se abra paso el sufragio universal masculino y femenino para que el principio de legitimidad democrática se convierta en la única forma de legitimación aceptable. Dicho principio de legitimación democrática encontraría resistencias para imponerse en la práctica. Tantas, que sería necesaria una Segunda Guerra Mundial para conseguirlo en la parte occidental del continente europeo con las excepciones de Grecia, Portugal y España, y la caída del Muro de Berlín para conseguirlo en la parte oriental.

Una vez conseguida la imposición del principio de legitimación democrática, la Constitución adquiere el carácter de norma jurídica y en torno a ella gira el universo jurídico. La Ley sigue siendo una norma muy importante, pero ya no es la norma de cabecera del ordenamiento jurídico.

La Ley era el centro de gravedad del Estado Constitucional predemocrático. La Constitución lo es del Estado democrático.

Ahora bien, el hecho de que el Estado Constitucional predemocrático pudiera operar sin la Constitución como norma jurídica, no quiere decir que lo pudiera hacer sin un “mínimo jurídico constitucional”, que en España se expresaría en el Título Preliminar del Código Civil. Sigue figurando en el Código Civil tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, pero nadie discute que su contenido es constitucional.   

Quiero decir con esta introducción que el aforismo aplicable al Estado Constitucional predemocrático le es de aplicación exactamente igual al Estado Constitucional democrático con el cambio de la Ley por la Constitución. Ni el Estado Constitucional predemocrático hubiera podido operar sin dicho aforismo, ni tampoco podría hacerlo el Estado Constitucional democrático.

Era la Ley publicada en el Boletín Oficial del Estado y no la voluntad subjetiva de los parlamentarios que la aprobaron la que presidía el ordenamiento jurídico predemocrático. Es la Constitución tal como figura en el Boletín Oficial del Estado y no la voluntad subjetiva de los constituyentes que la aprobaron la que preside el ordenamiento jurídico democrático. 

Si no fuera así, el ordenamiento quedaría petrificado y no se podría dar respuesta con base en el mismo al cambio incesante que se produce en una sociedad que no descansa económicamente en el “valor de uso”, sino en el “valor de cambio”. Si la Constitución y los grandes Códigos que encabezan las distintas ramas del derecho tuvieran que cambiar a la misma velocidad a que lo hacen las condiciones materiales de existencia, desaparecería la “seguridad jurídica”. También desaparecería si la interpretación de tales normas se tuviera que limitar a reproducir la opinión de las personas que las redactaron. 

El Estado Constitucional, tanto el predemocrático como el democrático, han podido operar como fórmulas políticas para la dirección de la sociedad porque tanto los poderes públicos como las personas físicas y jurídicas hemos estado sometidos al imperio de la Constitución y de la Ley y no a la voluntad individual de los constituyentes y legisladores que las aprobaron. 

Esto se les explica a los alumnos en el primer año de estudio en una Facultad de Derecho. La Constitución dice lo que dice y no lo que los diputados y senadores que la aprobaron dicen que ellos dijeron. 

Los padres de la Constitución pueden decir que ellos rechazaron que la Ley de Amnistía apareciera en la Constitución, pero en el texto de la Constitución se posibilita que se pueda aprobar una Ley de Amnistía por iniciativa del Gobierno, del Congreso de los Diputados, del Senado e incluso de las Asambleas de las Comunidades Autónomas. Únicamente se prohíbe que se pueda aprobar mediante la iniciativa legislativa popular. 

Así lo dice expresamente el artículo 87 de la Constitución, que no es un artículo cualquiera, sino que es el artículo con el que empieza la regulación constitucional de la potestad legislativa de las Cortes Generales.  

La Constitución dedica el Capítulo II del Título III (“De las Cortes Generales”) a la “Elaboración de las Leyes”. El constituyente procede de una manera singular, ya que empieza regulando las excepciones, Ley Orgánica (art. 81), Ley de Delegación (arts. 82 a 85), Decreto-ley (art. 86). A continuación, regula la “norma”, es decir, la elaboración de la ley sin adjetivos o, lo que es lo mismo, el ejercicio general de la potestad legislativa.

Como no podía ser de otra manera la Constitución empieza en el artículo 87 con la regulación de la iniciativa. En el apartado 1 atribuye la iniciativa “al Gobierno, al Congreso y al Senado”. En el apartado 2 contempla la posibilidad de la iniciativa de las Asambleas de las Comunidades Autónomas, de la que podemos prescindir. Y en el apartado 3 regula la “iniciativa popular” en unos términos que sí merecen ser reproducidos literalmente: “Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, nI en lo relativo a la prerrogativa de gracia”.

La Constitución no impone límite material alguno al Gobierno para remitir a las Cortes un proyecto de ley, ni tampoco al Congreso o al Senado para aprobar una proposición de ley. Sí lo impone a la iniciativa popular. En consecuencia, resulta indiscutible que el Gobierno podría haber aprobado un proyecto de ley de amnistía y que el Congreso y el Senado han podido aprobar una proposición de ley de amnistía. 

La resistencia a la aplicación de la ley de amnistía, a pesar de su constitucionalidad inequívoca, así como también a su no contradicción con el derecho europeo, se mantiene todavía frente a las próximas sentencias del Tribunal Constitucional mediante las que se resolverán los recursos de amparo de Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarles la ley de amnistía, manteniendo incluso la orden de detención y entrega contra algunos de ellos. 

La rebelión contra la aplicación de la ley de amnistía ha sido bastante insólita, pero no se había llegado todavía a una rebelión contra la interpretación que de la misma pueda hacer el Tribunal Constitucional, que el máximo intérprete de la Constitución. ¿Se atreverá el Tribunal Supremo a dar ese paso?

Desde que se conocieron los resultados electorales de julio de 2023 estuvo claro que la investidura del presidente del Gobierno exigiría el compromiso de aprobar una ley de amnistía para quienes habían participado, de una u otra manera, en el procés.

El resultado electoral del nacionalismo de origen “convergente”, por entendernos, había sido el peor de todos los obtenidos desde 1980, pero su concurso, imprescindible para la investidura de Pedro Sánchez, única posible, dada la presencia inexcusable de Vox en cualquier otra alternativa, le proporcionaba a Junts una posición inexpugnable. Con la composición del Congreso de los Diputados sin ley de amnistía sería imposible que la legislatura iniciara su andadura.

Así fue entendido por todas las fuerzas políticas desde posiciones completamente antagónicas respecto de la misma. Antes de que se constituyeran las Cortes Generales y antes de que se abriera el plazo para que el jefe del Estado hiciera la propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno, el PP presionó para que su candidato, Alberto Núñez Feijóo, aunque no tenía posibilidad de alcanzar una mayoría de investidura, fuera propuesto por el rey para ser el protagonista del primer debate de investidura. La derecha le impuso al rey una interpretación muy discutible del artículo 99 de la Constitución, inédita hasta el momento. 

Lo hizo, además, de manera fraudulenta, ya que el candidato propuesto no hizo el más mínimo esfuerzo de negociación con los demás partidos con representación parlamentaria para intentar configurar una mayoría parlamentaria ni tampoco para elaborar un programa de gobierno con base en el cual solicitar la confianza del Congreso de los Diputados. No hizo uso del encargo del rey para hacer lo que el candidato propuesto tiene que hacer, sino que se centró en una operación de anti-investidura del candidato socialista que sería propuesto a continuación. 

En la forma en que desempeñó el encargo del rey, Alberto Núñez Feijóo reconoció implícitamente que no estaba dando cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución, sino que hacía uso de manera torticera del artículo 99 de la Constitución para anunciar que ponía en marcha una oposición al futuro presidente del Gobierno sin respetar reglas de ningún tipo. 

De ahí que su discurso del debate de investidura se dedicara a la ley de amnistía que todavía no existía. No se centró en lo que haría como presidente del Gobierno de ser investido, sino en descalificar lo que haría el candidato socialista, una vez que, tras su fracaso, fuera propuesto por el rey. 

Desde antes de que la legislatura diera su primer paso con la investidura real y efectiva de un candidato propuesto por el monarca, la ley de amnistía ya había hecho acto de presencia. En torno a ella, directa o indirectamente ha girado toda la legislatura. 

Con base en el rechazo frontal a la ley de amnistía se intentó impedir la investidura de Pedro Sánchez, llegándose incluso a mendigar un “tamayazo” para hacerla imposible. Y una vez fracasado ese intento, se ha recurrido a toda suerte de trampas reglamentarias para dilatar la aprobación de la ley. Con éxito parcial, ya que no se consiguió impedir la aprobación de la ley, pero si se retrasó considerablemente dicha aprobación, condicionando de esta manera la ejecutoria parlamentaria de Junts, que era el partido beneficiado por la ley de amnistía, pero que no estaba dispuesto a pagar ningún precio por ello más allá del que consideraba que había pagado con la investidura de Pedro Sánchez. El retraso en la aprobación de la ley dificultaba sobremanera cualquier acuerdo entre Junts y el partido socialista sobre cualquier otro tema, es decir, dificultaba que la mayoría de investidura fuera mayoría de Gobierno. 

La dilatación de la tramitación parlamentaria posibilitó que se incorporara a la oposición política el poder judicial propiamente dicho, así como su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial. Operaciones inéditas de constitucionalidad más que dudosa, por no decir abiertamente anticonstitucionales, como las manifestaciones de jueces ante las sedes de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas, redacción de manifiestos por el CGPJ y utilización de las redes sociales contra la Ley se han sucedido de manera ininterrumpida a lo largo de la tramitación parlamentaria. 

Una vez aprobada la ley y publicada en el BOE, la oposición (¿rebelión?) judicial se mantuvo, incorporándose a la jurisdicción propiamente dicha, la jurisdicción contable, ya que el Tribunal de Cuentas recurrió la ley ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por considerarla contraria al Derecho de la Unión. De hecho, ha sido el primer recurso que ha resuelto el TJUE en un sentido claramente favorable a la Ley parlamentaria.

Pero ha sido el Tribunal Supremo (TS) quien ha dirigido en parte la oposición a la ley y en parte la rebelión contra ella. Primero la rebelión y después la oposición. 

La rebelión primero, porque el TS decidió hacer algo que no puede hacerse, como es trocear la ley de amnistía y decidir pronunciarse sobre el artículo 2 de la misma antes de hacerlo sobre el artículo 1. 

La finalidad de ese troceamiento no era otra que la de retrasar lo más posible la aplicación de la ley. La Sala Segunda sabía perfectamente que no podía hacer lo que estaba haciendo, pero daba prioridad a su oposición política a la ley que a su análisis jurídico. 

De elevar la cuestión de constitucionalidad de la ley de amnistía al Tribunal Constitucional tal como había sido aprobada, el asunto quedaría resuelto de manera relativamente rápida y Carles Puigdemont estaría en España desde hace meses. 

Para evitar que fuera así, el TS decidió pronunciarse en primer lugar sobre el delito de malversación, afirmando que no tenía dudas de que era constitucional siempre que se lo interpretara de una manera contraria a lo que la Ley decía. Carles Puigdemont y los demás consejeros se habían enriquecido porque no habían pagado el referéndum del 1 de octubre con su dinero, sino con dinero público y habían cometido, por tanto, el delito de malversación. Con esta condena se mantenía la orden de detención dictada contra todos ellos, así como la inhabilitación de Oriol Junqueras y demás dirigentes nacionalistas.

A continuación, elevó una cuestión de inconstitucionalidad respecto de la Ley de Amnistía salvo el artículo 2. Cuestión completamente anómala, ya que el TS se limita a un corta y pega de lo que se ha publicado por diferentes profesores y juristas sobre la anticonstitucionalidad de la Ley. 

Esta cuestión de inconstitucionalidad ya ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional en un sentido favorable a la decisión parlamentaria. La ley de amnistía es inequívocamente constitucional. 

Quedaba la decisión del TS sobre la condena por el delito de malversación, que en esta semana ya sabemos que el Tribunal Constitucional va a anular otorgando el amparo a Carles Puigdemont y a los demás condenados por la esperpéntica interpretación del delito de malversación. 

El 6 de octubre se harán públicas las sentencias del TC en los recursos de amparo que se resolverán ese día, pero cuya doctrina será de aplicación inmediata a todos los que están pendiente de solución. 

La amnistía se habrá producido. Pero el coste para el sistema político ha sido enorme, porque ha desbaratado el debate parlamentario sobre todos los demás temas sobre los que había que debatir y porque ha generado una deriva política en el poder judicial, que está poniendo en riesgo la supervivencia del Estado social y democrático de derecho definido en la Constitución.

Pero esto queda para un próximo artículo. 

Si el resultado de las elecciones celebradas en Sajonia-Anhalt se hubiera repetido en Meckelembourg-Pomerania y en Berlín, los motivos de preocupación serían más que considerables. Pero no ha sido así. Con estos resultados y con un sistema electoral tan proporcional como es el alemán es sumamente improbable que Alternativa para Alemania pueda convertirse en el partido que ocupe la Cancillería en las próximas elecciones federales. 

Es lo que se deduce del resultado electoral conjunto de los tres Länder en los que ha habido elecciones este otoño, que encajan relativamente bien con lo que indican los estudios de opinión para unas próximas elecciones federales. La dificultad para que se constituya Gobierno en Sajonia-Anhalt frente a la relativa facilidad con que se constituirá en los otros dos Länder, supondrá un obstáculo adicional para Alternativa para Alemania en las próximas elecciones federales. 

Con un sistema electoral genuinamente proporcional como el que tiene Alemania, no parece que Alternativa para Alemania pueda llegar a una posición que le permita gobernar la Federación. 

Teniendo en cuenta, además, que los instrumentos que figuraban en la Constitución de Weimar, de los que pudo hacer uso Adolf Hitler para poner fin a la democracia, no figuran en la Constitución vigente, existiendo, por el contrario, controles para impedir una deriva como la que se produjo en los años treinta, se puede anticipar que no es en Alemania donde está el mayor peligro para la democracia. La solidez de la experiencia democrática de los últimos casi ochenta años en Alemania no se pueden perder de vista. 

En Alemania se está produciendo el fin del bipartidismo imperfecto, que ya se ha producido en los demás países europeos. La CDU-CSU y el SPD, que con el Partido Conservador y el Partido Laborista han estado en el centro de la experiencia democrática europea, han dejado de ser lo que eran. El sistema de partidos bipolar que ha dominado después de la Segunda Guerra Mundial en los grandes países europeos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia a su manera hasta Berlusconi y España a partir de 1979, se está viniendo abajo con carácter general. 

Los resultados electorales en los grandes países europeos son más imprevisibles y las dificultades para formar Gobierno son cada vez mayores, pero, si nos mantenemos dentro del continente europeo, no se ve en el horizonte un riesgo existencial para la democracia. 

Otra cosa es la deriva que pueda producirse con los resultados de las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos. Dichas elecciones, aunque formalmente son exclusivamente americanas, materialmente son mucho más. 

Es obvio que, si el Partido Republicano saliera reforzado el 3 de noviembre, la deriva hacia la derecha en el 2027 electoral europeo podría ser notable, pudiendo llegar a impactar a la propia supervivencia de la Unión Europea tal como la conocemos.

Especialmente porque en marzo tendrán lugar las elecciones a la presidencia de la República en Francia, en las que está mucho más en juego de lo que ha estado en las tres elecciones regionales en Alemania. 

No menos obvio resulta que, si los resultados del 3 de noviembre responden a lo que están pronosticando las encuestas, el impacto que la derrota de Donald Trump y del Partido Republicano tendría en el resto del mundo en general y en Europa en particular sería más que notable.

Hay mucho partido todavía y, con el resultado del otoño electoral alemán, no hay motivos para que cunda el pesimismo.      

El Estado Constitucional opera con base en dos presunciones: la presunción de constitucionalidad de la ley y la de legitimidad del acto administrativo. En ambas descansa la “seguridad jurídica”. Todas las leyes aprobadas por el poder legislativo son constitucionales. Todos los actos administrativos del poder ejecutivo son legítimos. 

Se trata, obviamente, de dos presunciones que admiten prueba en contrario. Una ley puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional y puede ser declarada anticonstitucional. Pero mientras no intervenga el tribunal, resolviendo un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, la Ley se presume constitucional. La destrucción de la presunción de constitucionalidad de la ley está reservada de manera exclusiva y excluyente al Tribunal Constitucional. 

Casi la totalidad, más del 99%, de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y publicadas en el BOE no son impugnadas ante el Tribunal Constitucional y operan con base en la presunción de constitucionalidad. Si cada ley que se aprueba por el poder legislativo tuviera que acreditar su constitucionalidad cada vez que se aplica, el ordenamiento jurídico quedaría paralizado. 

Lo mismo ocurre con la presunción de legitimidad del acto administrativo. El poder ejecutivo está generando de manera permanente actos administrativos que pueden ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que puede anularlos. Pero, mientras no sean recurridos y no haya sentencia del tribunal contencioso-administrativo, el acto administrativo se presume legítimo. Únicamente la jurisdicción contencioso-administrativa puede destruir dicha presunción de legitimidad. Es así, porque, si la Administración Pública tuviera que acreditar la legitimidad de cada paso que da, se quedaría inmóvil. 

Sin las presunciones de constitucionalidad y de legitimidad, los órganos constitucionales de naturaleza política no podrían dar cumplimiento a las funciones que tienen constitucionalmente encomendadas y el Estado entraría en un proceso de descomposición. 

La seguridad jurídica existe porque las presunciones de constitucionalidad de las leyes y de legitimidad de los actos administrativos únicamente pueden ser destruidas por la justicia constitucional y por la justicia administrativa. Mientras estas no actúen, todos los operadores jurídicos sin excepción están sometidos a lo que en ellas se dispone.

Esta introducción viene a cuento del reciente Auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo mediante el cual se han establecido medidas cautelares respecto del ejercicio del derecho de sufragio por parte de personas que habían adquirido la nacionalidad española o estaban en trámite de adquirirla de conformidad con la Disposición Adicional octava de la Ley de Memoria Histórica y la instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y de Fe Pública.

La Ley de Memoria Histórica y la Instrucción administrativa son el derecho vigente para la adquisición de la nacionalidad de las personas comprendidas en su ámbito de aplicación. Ni la Ley ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional, ni la Instrucción ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La presunción de constitucionalidad de la primera y la de legitimidad de la segunda están intactas.

Quiere decirse, pues, que no existe obstáculo, ni grande ni pequeño, que se interponga en el proceso de reconocimiento de la nacionalidad española a las personas destinatarias de la Ley de Memoria Histórica y de la Instrucción administrativa complementaria de la misma. Dado que la nacionalidad comporta la titularidad y el ejercicio del derecho de participación política mediante el ejercicio del derecho de sufragio, es obvio que no se les puede privar del mismo. Ni mediante medidas cautelares, ni de manera provisional, ni de ninguna forma. La dignidad humana y el derecho de sufragio son los elementos constitutivos de la igualdad constitucional y, por tanto, de la ciudadanía. 

Así lo entendió inicialmente la Junta Electoral Central cuando tuvo que pronunciarse sobre el recurso interpuesto por Iustitia Europa contra la inclusión en el censo electoral de las personas que habían adquirido la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria histórica tras haber recorrido el proceso articulado en la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica.

La Junta Electoral Central decidió que no era ni “juez de la constitucionalidad” de la Ley de Memoria Histórica, ni “juez de la legitimidad” de la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica. 

O, dicho de otra manera, que no era competente para resolver el asunto que se sometía a su consideración. Las leyes y las normas que las desarrollan son de obligado cumplimiento, mientras no hayan sido anuladas por la justicia constitucional y la justicia administrativa, que es lo que ocurre en este caso.

Esta decisión de la Junta Electoral Central no es recurrible ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo por quienes habían solicitado que no se inscribieran en el censo electoral las personas que habían adquirido la nacionalidad por la vía prevista en la Ley de Memoria Histórica. 

Y no lo es, porque quienes interponen un recurso no tienen derecho a que se les dé la razón, sino a que se les dé una respuesta jurídicamente motivada, que es lo que hizo la Junta Electoral Central. 

La decisión de la Junta Electoral Central hubiera podido ser recurrida por quienes han adquirido la nacionalidad, si el órgano supremo de la Administración Electoral hubiera atendido el recurso de Iustitia Europa y les hubiera privado del ejercicio del derecho de sufragio. Una decisión estimatoria del recurso de VOX sí hubiera podido ser recurrida. Una decisión desestimatoria como la que se produjo no puede serlo.     

La lógica es la misma que la del recurso de amparo, que está en el ordenamiento para reclamar contra la privación de un derecho fundamental, pero no para exigir que se condene a quien la justicia ordinaria no ha condenado. 

Exactamente esto es lo que ha ocurrido con el Auto de medidas cautelares del Tribunal Supremo. Vox solicita de la Sala de lo Contencioso Administrativo que, puesto que la Junta Electoral Central no ha privado a los que han adquirido la nacionalidad del derecho de sufragio, sea ella quien lo haga.

Es una suerte de amparo invertido o de “contra amparo”. A mí no se me ha privado de ningún derecho, pero como no he conseguido que la Junta Electoral Central prive del ejercicio del derecho de sufragio a las personas que han adquirido la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, solicito que sea la Sala del Tribunal Supremo la que lo haga.

El recurso de VOX no debería haber sido admitido a trámite. VOX no está pidiendo que se le reponga en el ejercicio de un derecho del que ha sido indebidamente privado, sino que está pidiendo que se prive del ejercicio del derecho de sufragio a personas que han adquirido la nacionalidad española en la forma prevista en la Ley de Memoria Histórica. Solicita que se penalice a quienes la Junta Electoral Central no ha penalizado. Es un recurso “vengativo”.

El Auto es un ejercicio desviado de la potestad jurisdiccional. Con la Ley de Memoria Histórica intacta y con la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica también intacta, el recurso no podía ser admitido a trámite. Lo único que la Sala podría haber hecho es elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, a fin de que o bien fuera declarada anticonstitucional la Disposición Adicional Octava de la Ley o bien se hiciera un “interpretación conforme a la Constitución” de la misma que excluyera que se pudiera hacer uso de dicha vía de adquisición de la nacionalidad mediante el procedimiento previsto en la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica. Nada de eso se ha hecho. 

Pienso que es un asunto de tal gravedad que sería necesario que la fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo recurrieran en amparo al Tribunal Constitucional, con la finalidad de impedir que se consume una operación masiva de privación del ejercicio de derecho de sufragio como la que se ha puesto en marcha. 

En todo caso, José Antonio Martín Pallín, Joaquín Urías y yo nos ofrecemos a cualquier persona que se haya visto afectada por las medidas cautelares para redactar el recurso de amparo.                

La democracia no consiste en el ejercicio del derecho de sufragio, pero el derecho de sufragio es la piedra angular de la democracia. El derecho de sufragio es el derecho constitutivo de la igualdad. En esto se diferencia de todos los demás. Y es así, porque el derecho de participación política mediante el ejercicio del derecho de sufragio es el único de los derechos fundamentales constitutivo directamente de la ciudadanía. El único del que no pueden ser titulares los extranjeros en los Estados democráticamente constituidos. De ahí que la definición constitucional de la igualdad incluya el componente nacional. “Los españoles son iguales…”, dice el artículo 14 de la Constitución. Como los franceses en Francia y así sucesivamente.

En todas las democracias dignas de tal nombre los ciudadanos son titulares en condiciones de igualdad de todos los derechos reconocidos en la Constitución, pero en lo que al ejercicio del derecho de sufragio se refiere, son “más iguales” que en el ejercicio de los demás. 

Por dos motivos: el primero por lo que se acaba de decir, porque es del único derecho del que los ciudadanos son titulares de manera excluyente; y el segundo, porque el momento de depositar el voto en la urna es el único momento de “igualdad real” que hay en la vida de los seres humanos en las sociedades democráticamente constituidas. Por eso, es el derecho constitutivo de la democracia. 

Todos los seres vivos son individuos únicos. No solamente los seres humanos, sino todos. El reino de la naturaleza animada es el reino de la individualidad. No hay dos seres vivos que hayan compartido jamás el mismo código genético. 

En el reino de la naturaleza animada no existen, por tanto, ni la igualdad ni la desigualdad, sino únicamente la diferencia. Todos los seres vivos son individuos únicos, diferente cada uno de ellos de todos los demás. La vida se expresa en el planeta como la coexistencia de un número lo más parecido al infinito de individuos diferentes.

La diferencia no se expresa, sin embargo, en todos los seres vivos de la misma manera. Los seres humanos somos los únicos seres vivos que hemos creado las categorías para clasificar a los demás seres vivos, diferenciarlos en especies y para estudiar las diferencias entre los individuos de una misma especie, con la finalidad de obtener un mejor rendimiento del conocimiento de dicha individualidad en nuestro propio beneficio. Vacas que produzcan enormes cantidades de leche, caballos de carrera y así sucesivamente.

En el conocimiento al que hemos llegado hasta el momento de la vida en el planeta, hemos llegado a la conclusión de que los individuos de todas las demás especies animales no necesitan, para coexistir, explicarse el cómo y el porqué de sus diferencias individuales, ni regular, en consecuencia, la forma en que deben producirse las relaciones entre las mismas. 

Hemos llegado a la conclusión, por el contrario, de que los seres humanos no podemos “coexistir” sin “convivir”, es decir, sin explicarnos a nosotros mismos el porqué y el cómo de nuestras relaciones. La coexistencia humana exige “la gestión” de las diferencias individuales. 

Para ello, hemos necesitado “inventar ficciones” con las que dar forma a dicha “gestión”. La vida de los seres humanos descansa en “ficciones”, que no son mentiras, sino “entes de razón” inventados por nosotros mismos para poder transitar de la “pura coexistencia animal” a la “convivencia humana”. Es nuestra capacidad fabuladora, nuestra capacidad de inventar “ficciones”, lo que nos ha permitido realizar dicho tránsito.

La Política y el Derecho son los “sistemas de ficciones” a través de los cuales los seres humanos en cada momento histórico nos hemos explicado y, a través de la explicación, hemos justificado nuestro modelo de convivencia. La Política y el Derecho es lo que nos “constituye” como seres humanos, lo que nos diferencia radicalmente de los demás individuos del reino animal. 

Todos los “sistemas de ficciones” políticos y jurídicos que han existido a lo largo de la historia han descansado en “una ficción básica: la desigualdad o la igualdad”.

El paradigma aristotélico de la “esclavitud por naturaleza” es el primero. Los seres humanos no solamente son diferentes, sino que la diferencia cristaliza en desigualdad. Desde el nacimiento unos nacen para regir y otros para ser regidos y, para estos últimos, “la esclavitud es conveniente y justa”.

En torno a este paradigma aristotélico gira la reflexión política hasta mediados del siglo XVII. De ahí que la teoría política hasta ese momento no se interrogue por qué es necesario el poder. El poder es resultado de la diferencia natural entre los seres humanos categorizada como desigualdad. El poder es algo “natural” sin el que la convivencia humana no sería posible. Cuando las diferencias entre los seres humanos se explican con base en la desigualdad, preguntarse por el origen del poder resulta superfluo. 

Es Hobbes, en el capítulo XIII de “El Leviathan”, el que pondrá en cuestión dicho paradigma aristotélico y propondrá la alternativa del paradigma de la igualdad. Por mucha que sea la diferencia entre unos seres humanos y otros en lo que a fuerza física o rapidez de la inteligencia se refiere, no hay nada que permita definir esa diferencia como desigualdad. Las diferencias individuales no pueden cristalizar en estatus jurídicos diversos.

De ahí que, a partir de ese momento, el problema de por qué es necesario el poder se convierta en el primer interrogante en torno al cual gira la reflexión política y, como consecuencia de ello, también la jurídica. Si la desigualdad excluye la interrogación sobre el origen del poder, la igualdad exige todo lo contrario. Entre individuos “iguales” y, como consecuencia de ello “libres”, (la libertad es una derivación de la igualdad y no a la inversa) únicamente puede haber una forma de relación: el acuerdo de voluntades, el pacto, el contrato. ¿Por qué entre individuos que se relacionan de esta manera, tiene que existir el poder? ¿Por qué no puede, por decirlo con palabras del propio Hobbes, haber “paz sin sujeción”?

En ese momento es en el que Hobbes introduce en la teoría política la “competencia universal” que ya apuntaba en las primeras formas de manifestación del capital como principio de constitución económica, en la forma de tesis antropológica, “homo homini lupus” (el hombre es un lobo para el hombre). C.B. Macpherson dedicó “La Teoría política del individualismo posesivo” a explicar esa conexión originaria entre el Capital y el Estado no como elementos constitutivos, sino como “los” elementos constitutivos del mundo contemporáneo. Dicha tesis antropológica conducirá a la definición del Estado como un Leviathan, como un poder único que no admite la existencia de competidores. Ahí está el germen del Estado como “el monopolio de la coacción física legítima” en la síntesis clásica de Max Weber ya entrado el siglo XX, que es la que figura en todos los manuales de Derecho Constitucional y de Ciencia Política.  

Con base en la igualdad únicamente caben dos formas políticas: la Anarquía o el Estado. Los seres humanos solamente podemos ser iguales o porque nadie está sometido a ningún poder o porque todos estamos sometidos por igual al mismo poder. 

La anarquía es una forma política intelectualmente muy atractiva. Es la dificultad, por no decir imposibilidad, de articularla técnicamente, la que ha conducido a que sea descartada. Pues las formas políticas tienen que ser no solamente intelectualmente pensables, sino también técnicamente articulables. La anarquía, por definición, no puede serlo. Como tampoco lo han sido las Utopías, a pesar de tener detrás una tradición intelectual muy poderosa.

Ahora bien, la igualdad no solamente exige la constitución de un poder político con el monopolio legítimo del ejercicio de la fuerza, sino que exige que se lo constituya de manera coherente con la individualidad radical de todos los seres humanos. Los seres humanos como individuos tienen que participar en la construcción del Estado. La fórmula será el contrato social, el contrato, dice Hobbes, de “cada hombre con cada hombre”. En realidad, Hobbes debería haber dicho “ser humano”, pero dice “hombre”, porque el contrato social originario es un contrato masculino, lo que explica muchas cosas de lo que ha pasado después. Pero esa es otra historia. El Estado no es un “ente natural”, sino una forma política “artificial”, “resultado de la técnica del hombre”, dice textualmente Hobbes.

De esta explicación del Estado a partir del principio de igualdad y de la igual participación de todos los individuos en su constitución se deriva la separación del poder político de la propiedad privada. Aquí está el secreto de la superioridad del Estado sobre todas las demás formas políticas previas que habían existido a lo largo de la presencia humana en el planeta. El poder político había sido siempre un correlato de la propiedad privada, fundamentalmente de la propiedad de la tierra. A esto es a lo que pone fin el Estado Constitucional.

El Estado no es de nadie y, como consecuencia de que no es de nadie, tiene que ser de todos. Desde su origen hobbesiano el Estado es un poder político con vocación democrática, aunque tal vocación necesitará un largo recorrido para imponerse. Porque con el Estado se produce la separación del poder político de la propiedad privada, pero el Estado no suprime la propiedad privada. Todo lo contrario. El Estado, como ya he adelantado, acabará descansando sobre la forma más extrema de propiedad privada, la propiedad privada como capital. El Estado se ha impuesto a todas las formas anteriores de organización del poder político, porque el Capital se ha impuesto a todos los principios de constitución económica anteriores.  

El Estado como un poder de todos, como una democracia, ha tenido que librar una batalla permanente contra la propiedad privada. Contra la propiedad privada de la tierra desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XIX e incluso las primeras décadas del siglo XX, y contra la propiedad privada como capital, fundamentalmente industrial y financiero, a continuación. 

Fueron necesarias las Revoluciones inglesas del siglo XVII, las Revoluciones Americana y Francesa del siglo XVIII, la Revolución de 1848, la primera guerra civil europea en la forma de la guerra franco-prusiana de 1870-71 y las dos Guerras Mundiales del siglo XX y un largo etcétera, para que el principio de legitimidad democrática a través del reconocimiento del sufragio universal (también femenino, que en Francia solo se alcanzó en 1946), se impusiera de manera incuestionable. Fue necesaria la “Guerra Fría” para que acabara imponiéndose también en la parte oriental del continente europeo y se pudiera constituir a continuación la Unión Europea. Hoy ya nadie discute el principio de legitimación democrática como fundamento del Estado ni el sufragio universal como vehículo a través del cual se expresa dicho principio. 

La fuerza del sufragio universal radica en algo que dejé dicho antes y que quiero retomar ahora. El momento de depositar el voto en la urna es el único momento de “igualdad real” en el ejercicio de los derechos fundamentales. Es algo en lo que también se diferencia de todos los demás sin excepción. En todos los demás derechos fundamentales somos iguales en la titularidad, pero no en el ejercicio. A través del ejercicio de los derechos fundamentales los ciudadanos no expresan su igualdad, sino su diferencia, su individualidad. Cada ser humano ejerce cada uno de los derechos como le parece apropiado. Ese ejercicio diferenciado da vía al “libre desarrollo de su personalidad”, al derecho “a no ser una fotocopia del vecino”, por utilizar la expresión de Fernando Savater.

Con el ejercicio del derecho de sufragio ocurre todo lo contrario. Todos tenemos que estar inscritos en el censo electoral, tenemos que ejercer el derecho en el día fijado por la autoridad que convoca las elecciones, en las mesas electorales determinadas por la Administración Electoral, en una franja horaria establecida por la ley y así sucesivamente. 

Más todavía, el derecho de sufragio se ejerce de manera individual, pero el sufragio no puede ser personalizado. Todos tenemos que elegir una papeleta de un partido en el que figuran los candidatos en un determinado orden, sin poder introducir ningún cambio en la misma. 

Es obvio que el ciudadano que ejerce el derecho de sufragio puede estar de acuerdo con la parte de un programa electoral de un partido que no figura en el programa del partido por el que va a votar. O puede que le resulte más convincente el candidato de otro partido o que preferiría que el orden en la lista que va a votar fuera distinto. Pero no puede hacer nada. Si incluyera en su voto alguna de estas preferencias personales, el voto sería nulo. La expresión de su personalidad en el ejercicio del derecho de sufragio, lo anula. Justamente lo contrario que ocurre con el ejercicio de todos los demás derechos.

El ejercicio del derecho de sufragio supone, pues, la cancelación de nuestra individualidad en el momento de depositar el voto en la urna. Cada votante es un individuo con toda la complejidad de que es portador. Cada uno de ellos está preocupado por una combinación absolutamente singular por la estructura del Estado y la existencia de los nacionalismos, la precariedad laboral, la seguridad ciudadana, la calidad de la enseñanza, el cambio climático, el invierno demográfico, la privatización de la sanidad, la presión tributaria, el futuro de las pensiones, la pornografía en internet y un largo etcétera, pero en el ejercicio del derecho de sufragio tiene que prescindir de dicha complejidad, para pasar a ser una fracción anónima de un cuerpo elector único a través del cual se constituye la “voluntad general”. Sin dicha cancelación de la individualidad la formación de la voluntad general sería imposible. O lo que es lo mismo, sería imposible la democracia como forma política.

De dicha cancelación de la individualidad procede la enorme fuerza del derecho de sufragio. El derecho del sufragio lo ejercen individuos diferentes, pero lo ejercen no en lo que tienen de individuos distintos, sino en lo que tienen de ciudadanos iguales. Es el único derecho fundamental en el que se produce ese desdoblamiento de la personalidad. Quien se aproxima a la urna es un individuo con preferencias propias sobre los más diversos problemas que se plantean en la convivencia. En el momento en que deposita el voto, todas las preferencias quedan canceladas, para reaparecer inmediatamente después. Esta es la razón por la cual, ejercido de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Electoral, el ejercicio del derecho de sufragio no sea impugnable. No hay ninguna circunstancia personal incluida en el derecho de sufragio que pueda afectar al resultado electoral una vez que ha sido proclamado por la Administración Electoral. La voluntad general es el resultado de un todo compacto que carece de grieta individual alguna a través de la cual se lo pudiera poner en cuestión. Frente a esa voluntad general todas las demás voluntades presentes en el universo político-jurídico son voluntades particulares. Absolutamente todas.

La ficción de la “voluntad general” constituida mediante el ejercicio del derecho de sufragio es “el dogma” de la democracia. Se puede estar en desacuerdo con la democracia como forma política. Pero, si se está de acuerdo con ella, no se puede no estar con la ficción en la que descansa.

De lo que se lleva expuesto se deduce fácilmente por qué la democracia ha sido un producto histórico muy tardío. La articulación de una forma política con base en el derecho de sufragio es algo tan complejo que han hecho falta muchos milenios para que pudiera producirse. Todavía hay muchos países que no la han conocido. Y en los que están ahora mismo constituidos como países democráticos, no ha sido infrecuente que no lo consiguieran en su primer intento, sino que fracasaran y tuvieran que intentarlo de nuevo.

También puede fácilmente entenderse de lo que se lleva dicho que el principio de legitimación democrática no se ha expresado nunca de forma pura en ningún sitio. Se ha ido imponiendo en cada país como ha podido. No hay norma general que haya presidido ese proceso, excepto la tendencia general a su universalización. La historia de la imposición de la democracia en cada uno de los países que ha conseguido constituirse como tal es distinta, así como lo es su articulación constitucional. No hay dos que sean iguales.

Ahora bien, si es verdad que no hay ningún país en el que se haya expresado de forma pura el principio de legitimación democrática, también lo es que los Estados Unidos de América ha sido “el país indispensable”, el único país indispensable, para que la democracia como forma política acabara siendo aceptada de forma generalizada, si no como la mejor, sí como la menos mala de todas las formas políticas conocidas.

La democracia es inseparable de la experiencia político-constitucional de los Estados Unidos de América. No hay ningún otro país del que se pueda decir lo mismo. 

Esta es la razón por la que la democracia se encuentra en una encrucijada. Hace unos años era casi inimaginable que los Estados Unidos dejaran de ser una democracia. Hoy no hay día en que, en la firma de libros, ensayos publicados en revistas científicas o artículos en periódicos no se trate expresamente del tema. Incluso llegando a darse por supuesta ya que no existe siquiera encrucijada, porque los Estados Unidos ya han dejado de ser una democracia. No es mi caso. 

Las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre están siendo consideradas como el momento temporal en el que se decidirá en qué dirección se despeja la encrucijada. Y no por casualidad, sino porque el propio Donald Trump ha centrado en dichas elecciones su “Open Revolt Against the Constitution” (Jamelle Bouie. The New York Times. 30 de agosto 2026)

La relación de Donald Trump con el ejercicio del derecho de sufragio es el típico ejemplo de “homenaje del vicio a la virtud”. No hay, probablemente, nadie que tenga una opinión tan acertada del valor del derecho de sufragio, como la que tiene el presidente norteamericano. Sabe que es el único obstáculo que puede ser insuperable para alcanzar sus objetivos políticos. De ahí que nunca haya estado dispuesto a aceptar el resultado electoral si no le era favorable. 

Ya en las elecciones de 2016, que nunca pensó que iba a ganar, dijo públicamente que no reconocería el eventual triunfo de Hillary Clinton. En 2020 sabemos como reaccionó intentando asaltar el Capitolio el mismo día en que se tenía que certificar el triunfo de Joe Biden. Tras su reelección en 2024 Donald Trump, en estrecha conexión con el Tribunal Supremo, está poniendo en marcha una estrategia para “controlar” el resultado electoral, mediante el gerrymandering y, sobre todo, mediante el control del voto por correo. La orden ejecutiva firmada por Donald Trump prohíbe al Servicio Postal enviar las papeletas de voto a los ciudadanos que no figuren en las listas elaboradas por las agencias federales. A través de dichas agencias y del Servicio Postal Donald Trump pretende definir el “censo electoral” para el voto por correo. Bastaría hacer un uso selectivo del mismo en determinados Estados para hacer imposible que el partido demócrata pudiera ganar las elecciones. 

La Corte Suprema le ha permitido, por ahora, seguir con sus planes, aunque hay jueces federales en diversos Estados que se están oponiendo. Ya veremos qué ocurre de aquí al 3 de noviembre. Pero la estrategia está operativa. Si el fraude electoral que está planificado consigue imponerse, entra dentro no solo de lo posible, sino de lo probable, que el sistema político democrático estadounidense se deslice por una pendiente hacia la descomposición que no sea reversible. 

Si la caída del Muro de Berlín puso fin a la credibilidad del comunismo como opción política, las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos pueden poner fin a la credibilidad de la democracia. Empezaríamos a vivir simultáneamente en un mundo poscomunista y posdemocrático. 

Si Estados Unidos fue la primera democracia, España ha sido el último país de Europa Occidental en constituirse democráticamente después de la Segunda Guerra Mundial y se constituyó con una herencia fascista en su interior. Esos restos del fascismo tienen la misma aversión al derecho de sufragio que tiene Donald Trump. De la misma manera que Donald Trump, con la colaboración de la Corte Suprema está intentando manipular el ejercicio del derecho de sufragio, instituciones que son excrecencias del franquismo que actúan como acción popular y partidos políticos herederos del Antiguo Régimen, como PP y VOX, con la colaboración del Tribunal Supremo, también están intentando suspender el ejercicio del derecho de sufragio reconocido mediante la Ley de Memoria Democrática.

Donald Trump y la Corte Suprema, Feijóo/Abascal y el Tribunal Supremo son parte de ese nuevo “desorden mundial”, que se nos está viniendo encima al que el New York Times está dedicando una serie con la que ha abierto el 1 de septiembre el curso político.

Esto es lo que el auto de medidas cautelares del Tribunal Supremo sobre la suspensión del ejercicio del derecho de sufragio de las personas que han adquirido la nacionalidad mediante la vía prevista en la Disposición Provisional Octava de la Ley de Memoria Histórica, ha dejado meridianamente claro.

En el acto solemne de apertura del año judicial la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, la Excelentísima Sra. Isabel Perelló, ha manifestado su preocupación por la crítica de las resoluciones judiciales por quienes son portadores de responsabilidades institucionales, llegando a afirmar que tal crítica debilita la confianza de los ciudadanos en la justicia y supone un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción.

Cito textualmente: “Cuando una crítica a una resolución judicial se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto: se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la justicia. Y si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor… No es admisible que la descalificación pública a los jueces se convierta en instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción”.

Se entiende perfectamente la preocupación de la Sra. Perelló. La descalificación personal de un juez o de los jueces y magistrados que integran un tribunal no es un asunto de menor importancia. Afecta o puede afectar a la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en la justicia y puede suponer una presión sobre el órgano judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Ahora bien, el poder judicial es un poder del Estado y el ejercicio de la función jurisdiccional por los jueces y magistrados que lo integran tiene que poder ser sometido a crítica, como pueden serlo los que ejercen el poder legislativo o el poder ejecutivo. La crítica pública de todas las manifestaciones del ejercicio del poder es una exigencia insoslayable de la democracia como forma política.

Es obvio que la crítica tiene que hacerse de la manera más objetiva y razonable posible. Tanto la crítica de quienes ejercen la potestad legislativa y ejecutiva, como la de aquellos que son portadores del poder judicial del Estado. Los miembros del consejo de ministros o los de las Cortes Generales tienen el mismo derecho que los jueces y magistrados a ser criticados sin descalificaciones personales. No hay un solo artículo en la Constitución que diferencie la crítica de los unos respecto de los otros. Todos pueden ser criticados y todos deben serlo de la manera adecuada. 

Para que la crítica no contenga descalificaciones personales, es importante que quien ejerce el poder que tiene constitucionalmente encomendado se respete a sí mismo en el ejercicio de dicho poder y se adecue en su conducta a la función que tiene constitucionalmente encomendada. Cuando esto no se produce y el titular del poder lo ejerce desviadamente, es difícil que pueda exigir que se le respete. 

Esta perspectiva es la que ha estado ausente por completo en el discurso institucional de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en la apertura del año judicial.

Me permitiría preguntarle lo siguiente. Cree que merecen respeto los Magistrados de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que ha dictado el auto de medidas cautelares, en el que desvincula la “obtención de la nacionalidad” mediante el procedimiento previsto en la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria histórica, del ejercicio del derecho de sufragio por quienes la han obtenido de esa manera. ¿Se puede obtener la nacionalidad, que la misma Sala reconoce, y no poder ejercer el derecho de sufragio? Seguro que usted sabe que el derecho de sufragio es un elemento constitutivo de la nacionalidad. La dignidad humana y la participación mediante el ejercicio del derecho de sufragio en el proceso de formación de la voluntad general son los dos elementos constitutivos de la nacionalidad. Elementos constitutivos de la igualdad constitucional. Por eso, somos iguales los españoles en España, los franceses en Francia y así sucesivamente.

¿Piensa usted que el auto de medidas cautelares de la Sala de Tribunal Supremo merece ser respetado? ¿Cree usted que los magistrados han ejercido correctamente la función jurisdiccional, “únicamente sometidos al imperio de la ley”? ¿Cómo integra usted el auto de medidas cautelares con la Disposición Adicional octava de la Ley de Memoria Histórica? ¿No le provoca a usted ninguna inquietud que, al día siguiente de haberse conocido el auto, los portavoces de PP y VOX se enfrentan públicamente por la reclamación de la paternidad de la medida, interpretándola como un éxito político de primer orden? Esa adulación a los Magistrados del Tribunal ¿no debilita la confianza de los ciudadanos en la justicia y se convierte en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción? 

No es el único caso que debería provocarle inquietud. ¿O acaso considera usted un ejercicio impoluto de la función jurisdiccional la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo mediante la que se condenó al Fiscal general del Estado? ¿O la decisión de la Sala Segunda respecto de la aplicación de la Ley de Amnistía, con la finalidad de frustrar la finalidad de la misma? ¿O la reciente condena al Estado español por el Tribunal Europeo de Derechos humanos por el caso del asalto al Parlament?

Podría seguir añadiendo casos, pero no pienso que sea necesario. Su discurso inaugural del año judicial ha sido un ejemplo paradigmático de la parábola de la “paja en el ojo ajeno y la viga en el propio”. 

Pienso que no es necesario haber estudiado en una Facultad de Derecho para saber que la aplicación de una ley no puede ser suspendida nunca por nadie. Una ley podrá ser declarada anticonstitucional por el Tribunal Constitucional y expulsada, como consecuencia de ello, del ordenamiento jurídico. Pero ni siquiera el Tribunal Constitucional, una vez admitido a trámite un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, puede acordar la suspensión de la ley recurrida mientras resuelve sobre el fondo del asunto.

Ni en la regulación del recurso o de la cuestión de inconstitucionalidad se contemplan la adopción de “medidas cautelares” por parte del Tribunal Constitucional que pudieran afectar a la aplicación no ya de la ley, sino de algún precepto de la misma. El control de constitucionalidad es exclusivamente un control a posteriori.

Es obvio que, si no lo puede hacer el Tribunal Constitucional, mucho menos puede hacerlo el Tribunal Supremo, que no es juez de la ley, sino que está “sometido al imperio de la ley” (art. 117. 1 de la Constitución). Respecto de la ley el Tribunal Supremo lo único que puede hacer es elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Incluso, aunque estuviera convencido de que la ley que tiene que aplicar es anticonstitucional, tendría que aplicarla hasta el momento mismo en que tuviera que dictar sentencia, en el cual podría detener el proceso y elevar la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.

Así lo dispone el artículo 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: “El órgano judicial solo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia…y deberá concretar la ley…cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión”

La aplicación de la manifestación de la voluntad general no puede ser suspendida en ningún caso hasta el momento mismo en que se tiene que dictar sentencia con base en ella. O, por decirlo de otra manera, la ley goza de una presunción de constitucionalidad que únicamente puede ser destruida por el Tribunal Constitucional en una sentencia firme. Mientras esto no ocurra, todos los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial tienen la obligación de aplicar la ley, incurriendo en el delito de prevaricación, si no lo hacen.

Viene a cuento esta introducción de la adopción de medidas cautelares por el Tribunal Supremo respecto de la suspensión del ejercicio del derecho de sufragio a los ciudadanos españoles a los que se hubiera reconocido la nacionalidad en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava. “Adquisición de la nacionalidad española”, de la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática.

La nacionalidad y el derecho de sufragio son inescindibles, porque sin el derecho de sufragio la nacionalidad no existiría. Lo que nos convierte en ciudadanos es el hecho de participar, de manera exclusiva y excluyente, en la formación de la voluntad general mediante la elección de nuestros representantes democráticamente elegidos.

“Los españoles son iguales…”, dice el artículo 14 de la Constitución. No dice que todos los seres humanos seamos iguales. Todos los seres humanos somos titulares de derechos, pero únicamente los españoles somos titulares del derecho de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución. Esta es la razón por la que solo somos españoles quienes somos titulares del derecho de sufragio y no lo son quienes no son titulares de tal derecho.

La Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Histórica no es nada ambigua: “Adquisición de la nacionalidad”. Quienes pueden adquirirla y a través de qué procedimiento. Una vez ejercido el derecho y adquirida la nacionalidad, es obvio que esos ciudadanos españoles son titulares del derecho de sufragio y que únicamente pueden ser privados del mismo, como cualquier otro ciudadano español, mediante sentencia judicial firme.

¿Puede el Tribunal Supremo suspender el ejercicio del derecho de sufragio a los ciudadanos que hayan adquirido la nacionalidad mediante el procedimiento previsto en la Disposición Adicional Octava de la ley de Memoria Histórica?

Para que ello fuera posible sería preciso que el Tribunal Supremo planteara una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional a través de la cual explicara por qué la forma de adquisición de la nacionalidad prevista en la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática es incompatible con el ejercicio de derecho de sufragio y no puede, en consecuencia, ser constitucional.

Si no puede fundamentar una cuestión de inconstitucionalidad en estos términos, es obvio que no puede suspender el ejercicio del derecho del sufragio de estos nuevos ciudadanos españoles y que, en consecuencia, la adopción de las medidas cautelares conocidas hoy vulnera la Ley de Memoria Democrática, además de la Constitución.

En mi opinión, cualquier persona que haya adquirido la nacionalidad a través de lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, así como el Defensor del Pueblo podrían interponer un recurso de amparo contra el Auto de medidas cautelares, ya que la privación del derecho se ha producido con dicho auto, independientemente de que estén o no convocadas elecciones.

Obviamente, la Fiscalía general del Estado debería ponerse a disposición de las personas afectadas por el Auto del Tribunal Supremo para ayudarles en el ejercicio del derecho fundamental del que se han visto indebidamente privados.

El New York Times ha inaugurado el curso político el 1 de septiembre con una serie con el título “El nuevo desorden mundial” (The New World Disorder). La serie ha sido abierta con un artículo de Margaret MacMillan, “Un nuevo orden mundial está llegando. No estamos preparados” (A New World Order is Coming. We aren´t Ready), en el que hace una suerte de presentación general de la serie y en el que deja una reflexión de la que no se puede prescindir: no hay nada más imposible que volver a un orden que se ha ido. Pretender que se puede dar marcha atrás a la historia y volver a un pasado definido como “normalidad” carece de sentido. No hay evidencia empírica disponible que avale tal pretensión.

El 3 de septiembre se publicó el segundo artículo de la serie, en el que se pasa de la “teoría general” al análisis de un “caso” ejemplificador del tránsito del Orden antiguo al nuevo Orden (desorden todavía) que se aproxima.

El artículo de Curtis Gillespie y Chelsea Ivan, “Trump no está simplemente provocando a Canadá. Está empujándolo hacia la desintegración” (Trump isn´t just Trolling Canada. He´s Helping Push it Apart). Es un extenso ensayo dedicado al referéndum convocado para el próximo mes en Alberta, en el que los autores concluyen que “inspirándose en MAGA (Make America Great Again) los separatistas de Alberta están impulsando una ruptura con Canadá”.

A una crisis de esta naturaleza es a la que responde lo ocurrido en Ceuta el 30 de julio, como ha descrito con gran precisión Sami Naïr en El País el 4 de septiembre: “El momento Ceuta y la trampa que Europa se tendió a sí misma”. Es un artículo que podría encajar perfectamente como análisis de caso en la serie del NYT.

Lo que ocurrió en Ceuta el 30 de julio no había pasado antes con la misma intensidad, pero sí con intensidad notable en los años 2020 y 2021 en las Islas Canarias y en la propia Ceuta. El 30 de julio ha sido la gota que colma el vaso, que pone fin a la “normalidad anómala” que reinaba en la frontera desde hacía mucho tiempo.

Porque únicamente como “anómala” se puede calificar una “normalidad” en la que existe un acuerdo entre España y Marruecos negociado en 2007, pero ratificado por Marruecos en 2012, con la finalidad de “prevenir la migración irregular de menores”, “reforzar su protección mientras permanezcan bajo tutela española” y “agilizar su retorno a suelo marroquí” (art. 5), para no darle cumplimiento a continuación. Desde 2014 en todas las Memorias anuales de la Fiscalía General del Estado se incluye un apartado en el que se recoge el listado de menores marroquíes a los que sería de aplicación el acuerdo con la finalidad de que las autoridades de Marruecos dieran cumplimiento a lo acordado. Desde 2014 a 2024, año de la última Memoria, han sido 16.000 los menores a los que se podía o, mejor dicho, se debía haber aplicado el acuerdo, pero ha sido 0 el número de los retornados.

En esa época dorada de “normalidad”, con un acuerdo ya ratificado, han migrado irregularmente a España un número cinco veces superior a los que lo hicieron el 30 de julio. Y solo en el año 2018 lo hicieron 4.348.

En lo que al problema “estructural”, migración irregular de menores y africanos no marroquíes, se refiere, lo ocurrido ahora no se diferencia esencialmente de lo que ha venido ocurriendo antes. La diferencia ha estado en los 70.000 marroquíes que entraron en Ceuta persuadidos de que la frontera estaba abierta y se podía acceder a la península. Una vez comprobado que no era así, regresaron a Marruecos en el mismo día la inmensa mayoría de ellos.

El problema no son 80.000, sino que ha quedado circunscrito a unos 5.000 o 6.000 menores y africanos no marroquíes. Problema de una magnitud que debería ser perfectamente gestionable por España.

Debería ser así, pero no es así. El 30 de julio cambió “la percepción” del problema, porque ha puesto de manifiesto que la “normalidad anómala” que había presidido la gestión de los flujos migratorios, puede saltar por los aires en cualquier momento. Cuando se tengan los datos de las Memorias de la Fiscalía General del Estado de 2025 y 2026, veremos que el número de menores migrantes irregulares acumulados desde 2012 se aproximan a los 20.000. Pero esto es irrelevante. El 30 de julio lo ha cambiado todo. Lo que era aceptable entre 2012 y 2026 ha dejado de serlo. Ya no es posible volver a la “normalidad anómala” de esos años.

Entonces, ¿qué?

Parece claro que la convivencia en Ceuta no puede continuar en las condiciones de esta última semana sin una respuesta inmediata. También parece claro que la respuesta tiene que ser acorde con lo previsto en la normativa vigente.

Con el ordenamiento jurídico vigente, que no puede ser reformado para ser aplicado retroactivamente, y con la interpretación que de dicho ordenamiento se ha hecho por el poder judicial, que ha condenado con inhabilitación durante más de diez años a dos altos funcionarios por incumplimiento del mismo, está claro que no se podrá retornar a Marruecos a ningún menor sin la previa instrucción y resolución del expediente que finalice con la decisión judicial que haga posible el retorno. ¿Deberían permanecer en Ceuta todos los menores mientras se resuelven sus expedientes o sería más razonable que fueran trasladados a los territorios de las diferentes comunidades autónomas?

Aunque no es la misma la situación, tampoco podrían ser devueltos a sus países de origen los migrantes africanos irregulares, ya que no existen acuerdos de extradición con dichos países, ni disponibilidad alguna de los mismos para aceptar su retorno. Habrá, además, que resolver las solicitudes de asilo, con la finalidad de determinar cuáles tienen fundamento y cuáles no. El interrogante del párrafo anterior sirve también para este.

Quiere decirse, pues, que la respuesta inmediata al problema de la migración irregular del 30 de julio pasa por un acuerdo entre el Estado y las Comunidades autónomas y con la participación de los fiscales y jueces competentes. De no producirse dicho acuerdo, el nivel de emergencia aumentaría de manera notable.

Ahora bien, aunque se alcanzara un acuerdo entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la crisis de Ceuta no estaría resuelta. Tras el 30 de julio resulta imprescindible la renovación de los términos en que se relacionan España y Marruecos en general y en lo que a la gestión de las fronteras en particular se refiere.

Queda también por resolver la visita del Rey a Ceuta.

Y queda por resolver, por último, la posible intervención del poder judicial, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, en la solución de la crisis. En el caso de que el Gobierno percibiera la más mínima señal de que el asunto puede acabar siendo residenciado ante el Tribunal Supremo, debería disolver las Cortes y convocar elecciones.

El poder judicial sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Y si se pretende que sirva para lo que no sirve, el disparate que genera resulta completamente inmanejable.

“Sé que no coincidirás, pero te lo envío con la admiración y amistad de siempre. Abrazo fuerte”. Con estas palabras encabezó Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, el correo del día 21 a través del cual me enviaba el artículo que publicó el 20 de agosto en El Confidencial con el título ¿Dónde está escrito que el Gobierno pueda prohibir que el Rey acuda a Ceuta?

Quedé en llamarle al día siguiente y así efectivamente lo hice. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Viene desde hace veinte años como profesor invitado al Máster de Derecho Constitucional que puse en marcha en la Universidad de Sevilla. Primero, cuando lo dirigía personalmente, y después de mi jubilación, invitado por los profesores que me han sucedido en la dirección.

El desacuerdo, como él anticipó, era absoluto y así pudimos constatarlo en nuestra conversación. No es la primera vez, ni será la última, en la que Eloy y yo discrepamos en el análisis político-constitucional de temas de actualidad.

Menciono esta anécdota para llamar la atención sobre el hecho de que la acusación al presidente del Gobierno de que había prohibido la visita del rey a Ceuta no ha sido un bulo, aunque haya quienes la han difundido como tal. Eloy no es militante del PP, pero coincide con su oposición a Pedro Sánchez tanto como para estar dispuesto a dar cobertura con su firma a la acusación del PP contra el presidente del Gobierno.

La voluntad de incorporar al rey en su oposición a Pedro Sánchez no es un infundio. La urgencia del PP de poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez y, si es posible, de intentar evitar que pueda ser el candidato del partido socialista a las próximas elecciones generales, es inocultable. Lo viene intentando con la colaboración de jueces y magistrados, con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con un ejercicio irregular de sus funciones constitucionales por parte del Senado… Pero no ha conseguido todavía lo que se propone. Y tiene prisa.

En la llegada a Ceuta de 80.000 marroquíes mayores y menores de edad y ciudadanos no marroquíes de otros países africanos, el PP ha encontrado la ocasión de dar un paso más e intentar incorporar al rey en su enfrentamiento con el presidente del Gobierno.

Esto no se está produciendo en estos días, sino que ha sido planificado a lo largo de todo el mes de agosto. La prohibición de la visita del Rey fue la primera forma de expresión, con la que se pretendía poner de manifiesto un choque frontal entre la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno. Después, ante la posible incomodidad que tal denuncia de enfrentamiento entre ambas instituciones podría generar en la Casa Real, se han ido buscando fórmulas menos rotundas, pero puestas en circulación con la misma finalidad.

El PP ha conseguido parcialmente el objetivo que se proponía. La Casa Real, a través del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ha hecho pública su decisión de visitar Ceuta. Tras esta declaración de Juan Jesús Vivas ejerciendo como portavoz de la Casa Real, tras su visita al Rey en Palma de Mallorca, es obvio que presidente del Gobierno no podía hacer otra cosa que lo que hizo al ser entrevistado en la SER por Aimar Bretos. Doy por supuesto, por razones de espacio, que el lector está al tanto de los comentarios de las diferentes derechas sobre las palabras de Sánchez sobre el Rey en dicha entrevista.

No sé quién habrá aconsejado al rey que invitara al presidente de Ceuta al Palacio de Marivent, ni si fue él quién autorizó a Juan Jesús Vivas para que anunciara tras la entrevista que el rey se había comprometido a visitar la Ciudad Autónoma.

Pienso que se trata de una conducta imprudente, que restringe de manera extraordinaria su margen de maniobra para actuar a partir de este momento. Sin encomendarse a Dios ni al diablo, el rey ha decidido entrar directamente en la respuesta que debe darse al conflicto.

Como portador de una magistratura hereditaria, no puede tener legitimación democrática y, en consecuencia, no puede ser un poder del Estado. Es portador de La Corona, que no es una institución que sea portadora de ningún poder del Estado, pero que es el único órgano constitucional sin cuya presencia no puede existir la Monarquía parlamentaria como “forma política del Estado español”, de acuerdo con el artículo 1.3 de la Constitución.

La persona física que va a visitar Ceuta es Felipe VI. Pero la persona político-jurídica que va a hacerlo es el portador de la Corona de España. Dicha doble personalidad no es disociable en esta ocasión.

En esto se diferencia una magistratura democráticamente elegida de otra que no lo está. La magistratura democráticamente elegida se ve afectada por lo que le pueda ocurrir al portador de la misma, pero su supervivencia como institución no depende de lo que ocurra con dicho portador.

Con la magistratura hereditaria no ocurre lo mismo. La peripecia personal del portador de la magistratura, puede afectar a la supervivencia de la misma como institución.

Por esta razón, pienso que la decisión de visitar Ceuta no la puede tomar el rey. Hay que contar con el consentimiento del rey, pero no la puede adoptar el rey. Más todavía. No creo que la pueda adoptar el Gobierno. La decisión tiene que ser aprobada por las Cortes Generales, que es el único órgano constitucional en el que descansa la potestad constituyente, que podría verse afectada por dicha visita.

El rey, como portador de La Corona, no puede ir a un sitio, en el que no sé si se puede saber ahora mismo cómo va a entrar, pero en el que es seguro que no se puede saber cómo va a salir. Y no me refiero a su integridad física, sino a qué impacto puede tener dicha vista en la Monarquía Parlamentaria española. Porque sin Monarquía Parlamentaria no hay Constitución.

El viaje a Ceuta de Felipe VI es el mayor riesgo para la Corona y, por tanto, para nuestro Estado Constitucional desde la entrada en vigor de la Constitución. La obsesión por poner fin al Gobierno presidido por Pedro Sánchez creo que está obnubilando el juicio de las personas que necesitarían estar más serenas en este momento.

Con la visita del rey a Ceuta no es la presidencia de Pedro Sánchez lo que se pone en juego, sino algo de naturaleza completamente distinta.

Que cada palo aguante su vela.

Quiero empezar recordando algo que los lectores con menos de 50 años no recuerdan porque no habían nacido, los que tienen menos de 65 tampoco, porque con 15 años o menos es muy improbable que siguieran la actualidad política con la atención que sería necesaria para recordarlo, y la casi totalidad de los mayores de 65 tampoco, incluso los que hayan estudiado en una Facultad de Derecho o de Ciencias Políticas, porque no se trata de un tema al que se descienda en la enseñanza de la licenciatura o del grado.

Me refiero a la presencia de Ceuta y Melilla en la fase inmediatamente preconstituyente y constituyente de la Constitución de 1978. Se trata de una presencia a la que resulta no solamente conveniente, sino casi imprescindible prestar atención, a fin de que no nos intenten vender gato por liebre con las referencias estentóreas a la “españolidad” de ambas ciudades autónomas.

La primera referencia a la presencia de Ceuta y Melilla en la futura, pero inminente, democracia española procede del “Libro Blanco para la Reforma Democrática”, publicado en 1976 por “Reforma Democrática (RD)”, asociación política de ideología conservadora fundada en 1976 por personalidades del ala moderada y tecnocrática del franquismo, entre las que destacaba Manuel Fraga. Participó en la constitución de Alianza Popular (AP), disolviéndose a continuación.

En la página 154 del Libro Blanco se planteaba formalmente que a España no le quedaría más opción “a la larga” que negociar con Marruecos un “estatus especial o cesión de soberanía” para Ceuta y Melilla, con una fórmula análoga a la que España reclamaba a Gran Bretaña para Gibraltar.

La reacción que la publicación de este planteamiento provocó en Ceuta fue de tal alcance, que Manuel Fraga se vio obligado a rectificar de manera inmediata, no desautorizando el libro en su conjunto, pero sí esa referencia específica a Ceuta y Melilla. El tema todavía reverberaría en la campaña electoral de las elecciones del 15 de junio de 1977, en las que se produjo alguna jocosa intervención del “teniente Fraga”.

Más interés tiene la segunda que figuró en el Real Decreto-ley 11/1978, de 27 de abril, por el que se aprueba el régimen preautonómico para Andalucía. En la Exposición de Motivos de dicha norma se contemplaba “la posibilidad de que las ciudades de Ceuta y Melilla puedan incorporarse al futuro régimen andaluz de autonomía, si así se decide a través del procedimiento que determine la Constitución”.

En aquellos años era miembro del Comité Central del PCE y participé muy activamente en el proceso político y jurídico de articulación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Fui miembro de la Comisión Redactora del Proyecto de Estatuto de Autonomía. Recuerdo el interés de UCD de incorporar Ceuta y Melilla a la Comunidad Autónoma. Con los resultados electorales de 1977, UCD hubiera sido el primer partido con los dos escaños de Ceuta y Melilla, con 28 escaños frente a los 27 del PSOE, pero el segundo sin dichos escaños. Con los de 1979, UCD ya era el primer partido con 24 frente a los 23 de PSOE, pero habría reforzado su primera posición con Ceuta y Melilla.

Y no solamente eso. Con los resultados de 1977, tanto con Ceuta y Melilla como sin ellas, la izquierda con los 27 escaños del PSOE, el escaño del Partido Socialista Popular de Tierno Galván y con los 7 del PCE, superaba ampliamente a UCD 26 + 2. Pero con los resultados de 1979 con los 2 escaños de Ceuta y Melilla, UCD y el PSA de Alejandro Rojas Marcos (24 + 5) superaban a la suma del PSOE y PCE (23 + 7).

Con la composición del Congreso de los Diputados en la legislatura constituyente y en la primera legislatura constitucional, la integración de Ceuta y Melilla en Andalucía posibilitaba que la izquierda quedara fuera de la dirección inicial de la Comunidad Autónoma. La fiabilidad del PSA como socio de gobierno de la izquierda era muy débil, por decirlo de manera suave. La posibilidad de que el PSA se convirtiera en el Caballo de Troya de UCD en el proceso estatuyente era muy alta.

El resultado del referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica del 28F de 1980, trastocaría la configuración del subsistema político andaluz y, alteraría, como consecuencia de ello, el de toda España. UCD sufriría una derrota brutal en las primeras elecciones autonómicas de mayo de 1982 y en las generales de octubre del mismo año, acelerándose un proceso de descomposición que la conduciría a la disolución. El PP ocuparía su lugar como representante de la derecha española. El PSA dejaría de estar presente en el Congreso de los Diputados hasta las elecciones de 1993.

En la única ocasión en el proceso constituyente lato sensu en que pudo adoptarse la decisión de considerar a Ceuta y Melilla como territorios españoles equiparables a las Comunidades Autónomas que integran España, se decidió que no. Los ciudadanos de Ceuta y Melilla son españoles en los mismos términos en que lo son los de las ciudades y pueblos de la península y de las islas Baleares y Canarias. Pero los territorios en que se asientan ambas ciudades no son españoles en los términos en que lo son el territorio de la península y el de las islas.

Aunque haya caído en desuso, la expresión “plazas de soberanía española” es lo que realmente siguen siendo. Mientras España pueda mantener la “soberanía”, seguirán siendo españolas. En el momento en que, por la razón que sea, España no pueda mantener dicha soberanía, dejarán de serlo. No hay ninguna parte del territorio de la península o de las islas de la que se pueda decir lo mismo. En un caso la “españolidad” es derivación de la soberanía. En el otro, la soberanía lo es de la “españolidad”. Ceuta puede ser “españolísima” (Margarita Robles), pero no es “española”. Repito: la población sí, pero el territorio, no.

Esta es la razón por la que no es de aplicación al territorio de Ceuta y Melilla el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que prevé la reacción de la OTAN frente a cualquier agresión exterior a un Estado miembro o por la que no se los considera territorio Schengen a efecto de movilidad en la Unión Europea.

Ceuta y Melilla siguen siendo territorio africano. Es verdad que fuimos únicamente los andaluces los que decidimos que Ceuta y Melilla no se integraran en Andalucía a través de su incorporación al Estatuto de Autonomía, pero no recuerdo que los ciudadanos de cualquiera de las demás comunidades autónomas pidieran su incorporación a su estatuto de autonomía.

No tengo la menor duda de que, si por el motivo que fuera, Ceuta y Melilla dejaran de ser plazas de soberanía española, la integración de los ciudadanos en el territorio peninsular o insular se produciría sin reserva de ningún tipo. Con dificultades. Tampoco demasiadas. Pero sin reserva. Pero tampoco la tengo de que los ciudadanos españoles no estaríamos dispuestos a aprobar una declaración de guerra para conservar la soberanía de Ceuta y Melilla.

No hay respuesta bélica para conservar Ceuta y Melilla. Pienso que el fortalecimiento del Estado español como un Estado social y democrático de derecho y el de la Unión Europea como una Unión de Estados democráticamente constituidos es la única forma de alejar el riesgo de una agresión que pudiera poner en peligro la soberanía española en Ceuta y Melilla.

El peligro para la soberanía española en Ceuta y Melilla viene del riesgo de implosión de la Unión Europea como una comunidad jurídica de Estados democráticamente constituidos. La Unión Europea sigue siendo la comunidad política con mayor fuerza atractiva del mundo. De conservarla como tal es de lo que hay que preocuparse. Aquí es donde está la amenaza también para Ceuta y Melilla.

Me imagino que el lector se estará preguntando: ¿qué tiene que ver la guerra de Irán y el ático de Díaz Ayuso? Y mi respuesta es nada y todo simultáneamente. Es lo que voy a intentar explicar a continuación.

Nada, porque la guerra de Irán y el ático de Díaz Ayuso son incomparables tanto cuantitativa como cualitativamente.

Si nos mantenemos dentro del siglo XXI, la Guerra de Irán pertenece a la categoría del atentado de las Torres Gemelas, las guerras de Irak y Afganistán, la crisis de Lehman Brothers, el Brexit y la doble presidencia de Donald Trump y la pandemia de la Covid-19. Se trata de una categoría que es una suerte de numerus clausus, en la que no es fácil entrar.

El ático de Isabel Díaz Ayuso, por el contrario, es una anécdota, que por muchas vueltas que se le dé, no podrá nunca ingresar en la categoría a la que pertenece la Guerra de Irán. En cualquier país del mundo no se entendería que se relacionaran como pertenecientes a la misma categoría las referencias del párrafo anterior. Nadie que no sea español, puede entender que aparezcan aunque sean simplemente mencionadas en el título de un artículo.

Y, sin embargo, para cualquier ciudadano español el parecido entre la decisión política de extender la guerra a Irán y la de Isabel Díaz Ayuso de intentar que la Comunidad de Madrid le comprara un ático salta a la vista. En ambos casos se trata de decisiones de dirigentes políticos autoritarios, narcisistas, ignorantes, avariciosos y un larguísimo etcétera, que se consideran al abrigo de cualquier exigencia de responsabilidad por su conducta.

Decisiones que se han adoptado en ambos casos sin dar ningún tipo de explicación de por qué se han adoptado. Como consecuencia de ello, ninguno de ambos dirigentes puede dar una explicación que justifique cómo se puede salir del laberinto en que ellos mismos se han metido.

De ahí la oscilación en las respuestas a las preguntas que le formulan bien los adversarios políticos, bien los periodistas de los diferentes medios de comunicación. La guerra tendría una duración de unas semanas, que es lo que tardaría en producirse un cambio de régimen, o en el que quedaría destruido el programa nuclear de Irán, consiguiendo de esta manera el objetivo de que Irán no tuviera una bomba nuclear, razón por la cual el presidente ha llegado a afirmar en más de una ocasión que los Estados Unidos ya ha conseguido la victoria y que la guerra ha terminado.

En el caso del ático también se han ido cambiando las respuestas, una vez que El País “descubriera” la operación de compra encubierta todavía no se sabe muy bien por quien. ¿Quién dio la orden de compra? ¿Para qué? ¿Quién iba a ocuparlo? ¿Quién ejecutó la operación? Son preguntas que todavía tienen que ser respondidas. Hasta que no lo sean no se habrá puesto fin, de la manera que sea, al problema generado por la compra del ático.

Mientras Donald Trump no explique por qué extendió la guerra a Irán, su declaración de victoria para darla por acabada, carecerá de credibilidad. La victoria esgrimida ocasionalmente hasta el momento sonará a capitulación. Él lo sabe. Y quienes lo ha seguido también, aunque a algunos no les importe y a otros sí. Y, a estos últimos, mucho. Para el presidente es posible que lo más importante es no pasar a la historia como un loser, que es la palabra que más odia. Para los halcones americanos lo decisivo no es como la historia recuerde a Donald Trump, sino qué impacto puede tener ese recuerdo en la Presidencia de los Estados Unidos. Esta tensión interna en el partido republicano es la que impide tomar una decisión para salir del laberinto. La ausencia de explicación a la entrada impide cualquier salida honorable.

En el caso del ático es lo mismo, pero no. Porque en este punto entra en juego la diferencia entre Política y Derecho. En el caso de la guerra de Irán Donald Trump se encuentra ante un problema político. Puede decidir terminar la guerra o no terminarla. Si no la da por terminada, tendrá que dar entrada al Congreso y al Senado a partir de ese momento en la estrategia que se tiene que seguir, pero no es verosímil, y más con la composición de la Corte Suprema, que se pueda acabar judicializando el problema.

Con el asunto del ático, la decisión de la compra se ha producido por una Administración Pública, cuyos actos están sometidos a la ley y al Derecho (art.103 de la Constitución). Independientemente de la responsabilidad política que pueda acabar exigiéndose por parte de los ciudadanos en un futuro proceso electoral, es de la revisión judicial de la compra del ático de la que puede desprenderse algún tipo de responsabilidad por parte de la presidenta de la Comunidad.

De momento, hay cinco denuncias por posible malversación y prevaricación administrativa admitidas a trámite. Qué recorrido tendrán no es posible saberlo todavía, ya que se desconoce el punto de partida de todo el asunto: quien tomó la decisión, quien la ejecutó y para qué. La ausencia de explicación de la decisión de entrada jurídicamente también dificulta una salida honorable. E incluso puede que algo más.

En el año 2007, España y Marruecos negociaron un acuerdo de retorno de menores, con la finalidad de “prevenir la migración irregular de menores”, “reforzar su protección mientras permanecieran bajo tutela española” y “agilizar su retorno a suelo marroquí” (artículo 5).

El acuerdo fue ratificado por Marruecos en 2012, cinco años después de que se hubiera alcanzado un acuerdo sobre los términos del mismo por los dos Estados. Fue negociado por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y ratificado en los años de Gobierno de Mariano Rajoy.

Los cinco años de distancia entre negociación y ratificación por Marruecos ponen de manifiesto, por un lado, la reserva mental con que fue negociado por Marruecos y la escasa fiabilidad en que fuera a dar cumplimiento al compromiso que adquiría, pero también, por otro, el acuerdo total entre el PSOE y el PP respecto del acuerdo alcanzado.

El tiempo transcurrido desde la ratificación del acuerdo en 2012 ha venido a certificar la nula voluntad por parte de Marruecos de dar cumplimiento a lo negociado. Las Memorias de la Fiscalía General del Estado desde la de 2014 acreditan que se han enviado cada año a las autoridades marroquíes “relación pormenorizada de menores que podrían ser repatriados”, respecto de las cuales no se ha obtenido respuesta alguna. Como consecuencia de ello, el número de menores no repatriados ha ido creciendo hasta alcanzar en 2024 el número de 14.600. A los que habría que sumar los aproximadamente 2.000 de estos últimos días.

El tiempo transcurrido ha venido también a certificar, desafortunadamente, que el acuerdo inicial entre PSOE y PP o PP y PSOE no ha resistido la prueba de fuego que ha supuesto la crisis de Ceuta de esta pasada semana.

Disponemos de una norma jurídica para hacer frente al problema, pero es como si no dispusiéramos de ella. Peor todavía. Los Gobiernos españoles, presididos tanto por el PSOE como por el PP, tienen no solo que aceptar el incumplimiento del acuerdo por Marruecos, sino que tienen que negar, además, que dicho incumplimiento se haya producido o se esté produciendo. Marruecos es un socio fiel al que no hay nada que reprocharle: este es el mantra que se ha repetido machaconamente por los ministros de Interior tanto populares como socialistas.

Todos mienten es el título de una serie de televisión que seguramente muchos de los lectores habrán visto. Creo que dicho título puede ser utilizado para definir los discursos de las autoridades marroquíes y españolas de ambos partidos. Todos saben que la alternativa de decir la verdad no es viable. El Gobierno de Marruecos no está seguro de que disponga de la autoridad suficiente dentro del país para dar cumplimiento al acuerdo o, en todo caso, no está dispuesto a correr el riesgo de averiguarlo. Y los Ejecutivos de España, socialista o popular, no están seguros de poder gestionar la reacción que se produciría en el Gobierno de Marruecos en caso de verse denunciado públicamente o, en todo caso, no están dispuestos a correr el riesgo de averiguarlo. Más todavía, tras la reacción que se ha producido en los socios de la Unión Europea y en Estados Unidos e Israel tras lo ocurrido en la frontera de Ceuta.

Cuando se ha llegado a la conclusión de que no se le puede decir la verdad a los ciudadanos respecto de lo que está ocurriendo, no resulta fácil diseñar una estrategia para hacer frente al problema. Porque, además, se trata de un problema que no se agota en la inmigración irregular marroquí, sino que se extiende a la población del África subsahariana.

El pasado 6 de agosto, Souad Mekhennt, columnista del Washington Post, publicó un artículo con el título “Qué ocurrió realmente cuando 70.000 migrantes entraron en España (What happened really when 70.000 migrants surged into Spain)”, en el que explica que el territorio marroquí fronterizo con Ceuta tiene una función adicional a su carácter fronterizo. El territorio marroquí es una “sala de espera” (waiting room) para la población subsahariana que quiere llegar a España como forma de llegar a la Unión Europea. Nadie sabe, dice la articulista, cuantos son. Pueden ser 100.000 o pueden ser varios cientos de miles. “Vinieron soñando con Europa, mendigando en las intersecciones de los caminos, durmiendo en campamentos que la policía desmantela, esperando en los bosques del norte”. Se trata de una situación conocida y reconocida por la Unión Europea, que paga a Marruecos para ayudarla a gestionar el problema. Es decir, paga por “la espera”.

La presencia de la población subsahariana no es percibida de manera uniforme por la población marroquí. En las barriadas de las clases trabajadoras el “agotamiento y la desesperanza” es la queja más oída, similar a la de los subsaharianos. Entre los que ingresaron en Ceuta había hijos e hijas de familias de estos barrios, “huyendo del país que se suponía que estaba celebrando el día de la unidad nacional”.

Entre los 70.000 africanos que ingresaron en Ceuta había marroquíes y no marroquíes. La inmensa mayoría de los marroquíes han retornado. Pero queda un número considerable que se resiste a abandonar Ceuta. Entre ellos hay marroquíes menores, en torno a dos mil, marroquíes mayores de edad en un número todavía no determinado con precisión. Y varios miles de subsaharianos. El futuro de los integrantes de estos tres grupos o subgrupos es distinto.

Joaquín Vera en La Vanguardia, “El Trampolín de Ceuta: la playa de los dos destinos”, lo explicaba de una manera muy ilustrativa, aunque no diferenciaba entre los marroquíes menores y mayores de edad. “La pasarela de madera que recibía a los bañistas en la playa de El Trampolín parece dividir en dos el distinto futuro que les espera a los inmigrantes que se resisten a abandonar Ceuta”.

Al lado derecho, los antidisturbios organizan a los marroquíes (mayores de edad) que se han acercado en busca de la ración de comida que reparte la Cruz Roja. Saben que más temprano que tarde serán expulsados. Esa es de las pocas cosas que sabemos con seguridad. (Los menores entrarán en el sistema de protección bajo tutela española e irán recibiendo la respuesta individualizada que se exige).

En el lado izquierdo, unos dos mil subsaharianos han convertido la playa en un auténtico campamento, en el que se tiene la sensación de que la vida va despacio, pese a la urgencia humanitaria que sufren. Migrantes que guardan, como oro en paño, su documentación con el sello del país del que ha huido: la clave para intentar lograr el asilo.

Con la experiencia que tenemos hasta el momento y con la prudencia con que hay que manejar las cifras ante la ausencia de información inequívocamente verificable, se puede concluir que, entre menores y africanos no marroquíes, puede haber unas cinco mil personas que no van a poder ser repatriadas desde Ceuta. Los menores marroquíes porque ya sabemos que no se ha conseguido repatriar a ninguno hasta el momento. Y los africanos no marroquíes, porque no existen convenios de extradición con sus países de origen.

Una vez que el Consejo General del Poder Judicial le ha comunicado al presidente de la Comunidad Autónoma de Ceuta que no es jurídicamente posible convertir a Ceuta en territorio desde el que no se puede iniciar un proceso de solicitud de asilo, es obvio que tanto los menores como los solicitantes de asilo tendrán que ser traídos a la Península, ya que su permanencia en Ceuta resulta insostenible.

El problema no debería haberse producido, pero se ha producido. Tal como está el patio en el sistema político español, en la Unión Europea y en términos geopolíticos generales no se puede ser muy optimista respecto a qué fórmula nos permitiría tener una respuesta jurídicamente aceptable que evitara la repetición de lo ocurrido. Ni dentro de España, ni en la Unión Europea, ni en Naciones Unidas parece existir el clima que posibilite un acuerdo para hacer frente al problema.

Pero intentarlo habrá que intentarlo, porque el problema de la migración no va a desaparecer.

Es sobradamente conocido que el PP no metabolizó bien los resultados de las elecciones generales del 23 de julio. Convencido Alberto Núñez Feijóo de que sería presidente del Gobierno, aceptó solamente a regañadientes que no sería así cuando fracasaron todas sus iniciativas para impedir que Pedro Sánchez fuera investido presidente, con evocación incluso de una repetición del tamayazo, que posibilitó que Esperanza Aguirre fuera en 2003 presidenta de la Comunidad de Madrid.

Incluso cuando ya sabía que Pedro Sánchez contaba con la mayoría parlamentaria de investidura, Feijóo empezó a manipular la Constitución de manera inédita hasta la fecha. Con la finalidad de hacer visible su tesis de que él había ganado las elecciones, presionó al rey para que lo propusiera como candidato a la presidencia del Gobierno.

Desde la entrada en vigor de la Constitución se había impuesto una suerte de convención constitucional que consistía en que el rey propondría a un candidato que disponía de mayoría parlamentaria para ser investido. La única excepción fue la propuesta de Pedro Sánchez en 2016. Excepción que se produjo porque Mariano Rajoy “declinó” la propuesta del rey, bloqueando de esa manera la celebración del debate de investidura al que están vinculadas bien la elección del presidente o bien la fecha a partir de la cual corre el plazo de dos meses para la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de nuevas elecciones.

La “declinatoria” de Mariano Rajoy paralizaba el sistema parlamentario previsto en la Constitución. La propuesta de Pedro Sánchez fue la fórmula por la que optó el rey con la finalidad de salir de la parálisis. No es la misma que la de Alberto Núñez Feijóo en 2023. Primero, por lo que se acaba de decir, y después, porque Pedro Sánchez intentó configurar una mayoría parlamentaria de investidura combinando el aval de Ciudadanos y la abstención de Podemos. Se trataba de una operación muy difícil, pero era un movimiento que se producía dentro de lo previsto en la Constitución. No fue una negativa a moverse dentro de la Constitución.

En 2016 el PP pretendió paralizar el sistema parlamentario previsto en la Constitución. En 2023 le exigió al Rey una interpretación del artículo 99 de la Constitución inédita hasta la fecha, con la finalidad de subrayar, por una parte, que el PP había sido el partido más votado y de torpedear, por otra, preventivamente la investidura de Pedro Sánchez con un discurso centrado no en su programa de gobierno, sino en la ley de amnistía.

Tras el fracaso de esta primera operación fraudulenta, el PP, a diferencia de Vox, se ha negado a hacer uso de la moción de censura, que es el instrumento que la Constitución pone a su disposición para la exigencia de responsabilidad política con consecuencias jurídicas, y ha intentado, sin embargo, atribuir al Senado una función que no tiene constitucionalmente encomendada.

Lo ha hecho de varias maneras. Una primera, de manera anticonstitucional, reformando el reglamento del Senado para retrasar la aprobación de la ley de amnistía. Una vez decidida su tramitación por el procedimiento de urgencia, el Senado disponía de 20 días para decidir sobre el texto aprobado por el Congreso. La reforma del Reglamento mantuvo esos 20 días para los textos de los proyectos de ley, pero no para los de las proposiciones de ley, para los que disponía que fueran dos meses. Consiguió retrasar cuarenta días la aprobación de la ley.

Pero ha sido, sobre todo, en el control de la acción política del Gobierno donde el Senado se ha desviado de manera manifiesta de la forma en que la Constitución prevé su participación en dicha función.

En la Constitución está claro que es al Congreso de los Diputados al que se atribuye la función de control de la acción política del Gobierno en sentido estricto. El artículo 108, primero del Título V, “De la Relación entre el Gobierno y las Cortes Generales”, dice literalmente: “El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados”.

El artículo no dice que responde “de manera exclusiva y excluyente”, pero sí lo dicen los restantes artículos del Título V. El Senado no aparece mencionado en ninguno de ellos. Solamente aparecen mencionadas “las Cámaras” en los artículos 109, 110 y 111, en los que se prevé que las Cámaras y sus Comisiones pueden “recabar información del Gobierno” o “la presencia de sus miembros” o que “el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras”. Eso es todo.

Por el contrario, es el Congreso de los Diputados el que exclusivamente figura en el artículo 112 y 114.1, cuestión de confianza, 113 y 114.2, moción de censura, en el 115 se contempla la posibilidad de la disolución del Congreso sin que se produzca la del Senado, y en el 116 únicamente el Congreso de los Diputados participa en los estados de alarma, excepción y sitio.

Es al Congreso de los Diputados al único órgano constitucional al que expresamente se le atribuye el control de la “gestión política del Gobierno” en general y al único órgano, cuya participación se contempla en todos los institutos de control político con consecuencias jurídicas tanto en la gestión ordinaria como en los momentos de protección excepcional o extraordinaria del Estado.

El bicameralismo español es un bicameralismo sumamente imperfecto, en el que el Senado juega un papel muy secundario, por no decir insignificante, en el ejercicio de las funciones constitucionales incluidas en el artículo 66, 2 de la Constitución: función legislativa, función presupuestaria y función de control gubernamental.

La pretensión del PP en esta legislatura de que el Senado ocupara el lugar del Congreso de los Diputados en el control de la acción del Gobierno, supone un fraude de constitución manifiesto. En mi opinión, el Gobierno ha pecado de prudencia, al no negarse a comparecer con la reiteración que se le ha exigido. En esta legislatura ha habido más comisiones de investigación en el Senado que en todas las anteriores juntas. Ha sido, probablemente, el respeto al Tribunal Constitucional el que le ha llevado a no plantear el conflicto constitucional pertinente.

Este abuso sistemático de sus funciones por el Senado ha llegado en esta semana a su máxima expresión. Tras la invasión del territorio producida en Ceuta, el Senado pretende atribuirse la prevalencia sobre el Congreso en la comparecencia de los ministros.

Como el lector probablemente sabe, los ministros han solicitado comparecer ante el Congreso de los Diputados en la última semana del mes de agosto para dar las explicaciones pertinentes. El Senado exige que comparezcan antes en el Senado con base en el argumento de que el Senado ha solicitado la comparecencia antes de que los ministros solicitaran la suya en el Congreso.

Resulta increíble que el Senado no sepa cuál es el lugar que ocupa en el sistema constitucional español. La máxima prior tempore no juega en las relaciones entre el Congreso y el Senado.

Tanto es así que, incluso en el ejercicio de la potestad legislativa, cuando el Senado toma la iniciativa y registra una proposición de ley, tiene que remitirla a continuación al Congreso de los Diputados, que puede decidir si la toma o no en consideración y si la tramita a continuación y la aprueba. Una vez aprobada por el Congreso de los Diputados, la proposición vuelve al Senado para aprobarla en los mismos términos, enmendarla o vetarla.

Ni siquiera cuando el Senado adopta una iniciativa en términos constitucionalmente previstos, como es en el caso de una proposición de ley, puede pronunciarse sobre la misma sin que lo haya hecho previamente el Congreso de los Diputados. En el supuesto de que sobre una materia tengan que debatir y, eventualmente, decidir, el Congreso y el Senado, la precedencia del primero sobre el segundo es indiscutible.

Una vez que los ministros se han dirigido al Congreso para dar las explicaciones que estimen pertinentes sobre lo ocurrido en Ceuta y responder a las preguntas que se le formulen, la solicitud de comparecencia del Senado decae y, únicamente si después de la comparecencia en el Congreso, el Senado sigue considerando que debe producirse también la comparecencia en dicha Cámara, puede reiterar la solicitud.

El delito por el que el juez José Luis Calama imputó al expresidente Zapatero fue básicamente el delito de tráfico de influencias en el marco de la operación de rescate en forma de concesión de un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

Con base en dicha imputación dictó una orden de registro del despacho profesional de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que la policía judicial no encontró indicio o prueba alguna del delito de tráfico de influencias, pero sí unas joyas en una caja fuerte.

Tener joyas en una caja fuerte no es delito. Si lo fuera, las cajas fuertes no se venderían porque nadie las compraría. El hallazgo de las joyas debería o no haber sido puesta en conocimiento del juez instructor o haber sido puesta en su conocimiento, a fin de que este decidiera si ponía en marcha una investigación con la finalidad de averiguar si había alguna relación entre las joyas y el recate de la aerolínea Plus Ultra. Y por supuesto, sin hacer público el hallazgo de dichas joyas. Únicamente si, como resultado de la investigación se llegara a la conclusión de que hay una relación entre las joyas y el rescate de la aerolínea, se podría dictar un nuevo auto de imputación al expresidente y poner en conocimiento de la opinión pública la existencia de las joyas encontradas en la caja fuerte.

Estoy dando por supuesto que el auto de imputación por tráfico de influencias fue dictado constitucionalmente, sin vulneración de derechos fundamentales y de las garantías constitucionales que presiden el proceso penal, algo que, como el lector sabe, no ha sido así, en mi opinión. Pero vamos a dar por supuesto que así ha sido.

Cuando un juez dicta un auto de imputación, él mismo delimita en el auto la naturaleza de la investigación susceptible de ser puesta en marcha. No puede extenderse la investigación a todo lo que el investigado haya hecho desde su mayoría de edad o a su conducta desde que llegó a ser secretario general del PSOE o presidente del Gobierno, o de su ejercicio profesional tras dejar la presidente. Con el auto de imputación el juez instructor se autolimita.

Claro que en la investigación se pueden encontrar indicios o pruebas de nuevos delitos, pero siempre que tengan relación con el delito con base en el cual se ha dictado el auto de imputación. Imputar los delitos de contrabando y delito fiscal del mero hallazgo de las joyas, sin investigación alguna sobre la relación con la operación Plus Ultra y sin preguntar siquiera al expresidente sobre las mismas, supone una extralimitación del propio juez sobre los términos en los cuales él ha establecido la naturaleza y contenido de la investigación.

Mientras el juez instructor no de explicación alguna de por qué las joyas encontradas en el registro del despacho profesional de José Luis Rodríguez Zapatero son relevantes para la investigación del tráfico de influencias en la operación Plus Ultra, no hay base alguna para exigir una explicación al expresidente. Nadie tendría por qué saber nada de la existencia de las joyas y, por lo tanto, ninguna explicación se podría exigir sobre las mismas.

Es el juez José Luis Calama el que tendría que dar explicaciones de por qué ha considerado presuntamente delictiva la tenencia de las joyas en una caja fuerte por parte del expresidente. La mera posesión de joyas en una caja fuerte no es que no sea delito, es que no es indicio de que lo sea. La posesión se presume de buena fe. También a la posesión de joyas se extiende la presunción de inocencia.

¿Cómo ha llegado el juez instructor a la conclusión de que la tenencia de joyas en una caja fuerte era indicio de dos delitos? ¿Por qué ha permitido, sin analizar la posible conexión de las joyas con el tráfico de influencias en la operación Plus Ultra, que se haya hecho pública la tenencia de las mismas por José Luis Rodríguez Zapatero?

El orden de los factores en el mundo del derecho altera el producto. En una investigación penal es el juez instructor el que tiene que explicarle a la persona que imputa, por qué le exige que de explicaciones de la conducta por la que se le imputa. Da los indicios de que dispongo deduzco que usted puede haber cometido presuntamente tal delito. Explíqueme cuál ha sido su participación en los hechos presuntamente constitutivos de delito.

El juez instructor lo ha explicado malamente respecto del delito de tráfico de influencias, pero es que no lo ha explicado en absoluto respecto de las joyas. No se le puede exigir a nadie que dé explicaciones sobre una imputación sobre la cual el juez no explica con qué base decide la imputación. Una imputación delictiva no se puede basar en el mero hallazgo de joyas en una caja fuerte. El hallazgo puede ser el punto de partida de una investigación, pero no el punto de llegada para una imputación y para la exigencia de explicaciones públicas al imputado.

Tras la aprobación de los Presupuestos de la comunidad en las Corts Valencianas con mención expresa de la “prioridad nacional”, Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, declaró que la deriva hacia la extrema derecha del PP sigue un camino que se parece mucho al que siguió Adolf Hitler.

La reacción del PP ha sido inmediata. Su secretario general, Migue Tellado, ha exigido la dimisión de la ministra, porque “no se puede ir por la vida con ese tipo de comparaciones”, que la inhabilitan para seguir sentándose en la mesa del Consejo de Ministros.

No sé qué le habrá parecido a los lectores la comparación de la ministra del PSOE y la contrarréplica del secretario general del PP. Yo sí tengo una opinión formada sobre la pertinencia de la comparación y la inanidad de la réplica del secretario general.

El lector habrá comprobado por el título de este artículo que intercalo a Donald Trump entre Hitler y el PP/Vox. Lo hago porque Donald Trump es el eslabón que permite dar sentido a la entrada de Adolf Hitler en una comparación con las estrategias políticas que se están poniendo en práctica en Europa en estas primeras décadas del siglo XXI.

Comparar directamente a Adolf Hitler con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal resulta chocante. La distancia entre el Gobierno del Tercer Reich y la pareja de la derecha española, que todavía no es, pero puede ser la que ocupe el Gobierno del Estado español, es demasiado grande desde todos los puntos de vista como para que no produzca perplejidad. ¿Se puede encontrar directamente un punto de conexión entre Hitler y Feijóo/Abascal o la distancia entre los términos de la comparíación es tan enorme que carece de credibilidad?

Con el eslabón de Donald Trump el punto de conexión resulta razonable. Los términos de la comparación entre Hitler y Trump no resultan estrafalarios. Y a través del actual presidente de los Estados Unidos, ya no resulta descabellado proyectar la presencia de Hitler en las estrategias políticas que se ponen en circulación en los países europeos. La sombra de Hitler no ha dejado nunca de estar presente en Europa, aunque hubiera hasta el momento unanimidad en su rechazo. Desde que Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, Adolf Hitler ha dejado de ser una sombra para convertirse en una opción política creíble para cualquiera de los países europeos.

El profesor Timothy W. Ryback, que había dedicado prácticamente toda su vida académica al estudio del ascenso al poder de Adolf Hitler, se ha ocupado de ilustrar la proximidad y la distancia entre la ejecutoria de Donald Trump en su segundo mandato y la de Adolf Hitler una vez alcanzada la Cancillería. Lo ha hecho en una serie de artículos extensos, que casi podrían ser calificados de pequeños ensayos, publicados en The Atlantic entre el 8 de enero de 2025 y abril de 2026.

En el primero, 'Cómo Hitler desmanteló una democracia en 53 días', estudia los pasos que dio Hitler desde que se convierte en Canciller hasta el momento en que el Reichstag aprobó la “ley de habilitación” que le permitió al Führer sustituir la legislación parlamentaria por la legislación gubernamental. En el segundo, retrata la sorpresa de quienes pensaron que podrían domesticar a Hitler, para acabar dándose cuenta de que era él el que se había apoderado de ellos. En el tercero, estudia la forma absolutamente unilateral en que Adolf Hitler entendía la lealtad y la confianza en las relaciones con sus ministros o altos dirigentes del Reich.

En el cuarto, estudia lo que el título indica con precisión: cómo la prensa nunca reconoció la amenaza que Hitler suponía para la democracia de Weimar. En el quinto, el título lo dice todo: 'Los terribles aranceles de Hitler'. En el sexto cuenta cómo Hitler “fabricó” una crisis, de la que responsabilizó al partido comunista, para hacerse con todo el poder. En el séptimo relata cómo presionó al presidente del Banco Central, cuya independencia estaba garantizada en la Constitución de Weimar, llegando hasta el punto de amenazarlo de muerte, de forma creíble, para forzar su renuncia. En el octavo estudia cómo Hitler llegó a considerar Groenlandia como una cuestión de seguridad nacional y diseñó una estrategia para apoderarse de ella. Y en el noveno, y último hasta el momento, describe el proyecto de construir una nueva ala para ampliar el edificio de la Cancillería.

La concomitancia entre la ejecutoria de Donald Trump y la de Adolf Hitler salta a la vista. El sistema político de la democracia, sea parlamentaria o presidencialista, es el enemigo “interior”, mucho más peligroso que el “exterior”. Hay que acabar con cualquier resistencia al ejercicio del poder interno, a fin de proyectar dicho poder sin control hacia el exterior mediante el ejercicio de la fuerza.

Esta es la forma de ejercer el poder que Hitler tenía en la cabeza y es también la forma de ejercicio que tiene en su mente Donald Trump. La proyección de ese poder sin control fuera del territorio del Estado caerá por su propio peso. La recuperación de la doctrina Monroe para América Latina, la integración de Canadá como un Estado más de los Estados Unidos y la apropiación de Groenlandia son los objetivos ya expresados por Donald Trump.

Penetrar en los países europeos mediante la promoción de los partidos de extrema derecha es el complemento de la operación. Ahí es donde entran Vox inicialmente y el PP, arrastrado por Vox. A través de la estrategia de la “prioridad nacional” de Santiago Abascal primero y de la “mayoría nacional” de José María Aznar después.

En esas estamos en ese momento. Y de ahí que resulten pertinentes las palabras de Diana Morant tras la inclusión de la mención expresa de la “prioridad nacional” en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Valenciana. Estamos en el prólogo de una operación antidemocrática de primer orden en España y en otros países de la Unión, que puede acabar poniendo fin al experimento político de mayor envergadura después de la Segunda Guerra Mundial.