Vox ha sido el único partido de extrema derecha europea que ha optado por Donald Trump en su enfrentamiento con León XIV.

Llama la atención que haya ocurrido en un país como España, en el que la elección del papa es, con diferencia, la elección más importante de todas las que se celebran en el mundo. Para la sociedad española no hay ningún mandatario extranjero al que se le reconozca la autoridad que se le reconoce al papa. Tuvimos ocasión de comprobarlo en el proceso constituyente de 1978, en el que la Iglesia católica consiguió ser mencionada expresamente en el articulado, además de incluir una regulación del derecho a la educación a su medida y de adjuntar al texto constitucional unos “Acuerdos con la Santa Sede”, materialmente preconstitucionales aunque formalmente postconstitucionales, que preservan la posición privilegiada de la Iglesia en nuestro sistema político.

La sombra del pontificado de Juan Pablo II se proyectó a continuación sobre la inicial puesta en marcha de nuestro sistema constitucional, en especial desde que en 1982 el PSOE consiguió la presidencia del Gobierno, que mantendría durante cuatro legislaturas.

La evidencia empírica de que disponemos nos enseña que la Iglesia Católica es el instrumento de movilización política de la derecha española. Es la única institución que es capaz de unificarla. Cuando ella decide abrazar una determinada causa, las derechas se convierten en una sola. De ahí que su presencia o ausencia resulte decisiva.

La primera foto de Colón, con Alberto Rivera, Pablo Casado y Santiago Abascal, fue sumamente expresiva. La manifestación había sido convocada para el día antes de la apertura de juicio oral del procés, con la finalidad más que evidente de crear un ambiente de cruzada antinacionalista. La ausencia de la Iglesia la redujo a una manifestación importante, pero nada más. Se notó en el propio juicio, como tuvimos ocasión de comprobar los que asistimos a la primera sesión y a las posteriores.

El pontificado de Francisco supuso un cambio en la Iglesia Católica que ha acompañado de manera significativa a los años de Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno. En las condiciones tan difíciles en que ha tenido que ejercer la presidencia, es difícil que hubiera podido hacerlo durante tantos años con un Papa como Juan Pablo II y con una Conferencia Episcopal alineada con él.

La continuidad de la trayectoria de Francisco por León XIV, en un momento en que la guerra y la inmigración se han convertido en los dos problemas de mayor envergadura, ha sido un elemento de suma importancia para devaluar políticamente al presidente Donald Trump y para dar oxígeno al presidente del Gobierno español.

Con otro papa y con una Iglesia española alineada en otra dirección, hubiera sido muy difícil que el presidente del Gobierno hubiese podido liderar la posición contraria a Donald Trump. Convertirse en la némesis de Donald Trump, como lo calificó el Financial Times.

De ahí que no se entienda muy bien que Santiago Abascal haya adoptado una posición tan abiertamente beligerante contra la Iglesia española. Si Donald Trump ha tenido que recular porque no podía sostener un enfrentamiento con el Papa en los términos en que lo había iniciado, porque empezaba a perder el apoyo de los católicos estadounidenses, ¿qué puede esperar Santiago Abascal, que tiene que enfrentarse, además, con una Iglesia más resabiada, como es la Iglesia española?

En las elecciones andaluzas, Vox va a tener la oportunidad de comprobar si ha acertado o no con su agresión a la Iglesia. Si consigue un buen resultado, sería la primera vez que una derecha española lo consigue. El impacto que podría tener en las próximas elecciones generales podría ser determinante.

Dediqué cuatro artículos en el diario El País al caso Dolores Vázquez, aunque habría que calificarlo como el caso Rocío Wanninkhof que se acabó convirtiendo en el caso Dolores Vázquez. Porque caso Rocío Wanninkhof hubo, pero caso Dolores Vázquez no. El caso Dolores Vázquez nunca existió. Fueron el juez de instrucción, el fiscal, los agentes de la policía judicial y los magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga los que se lo “inventaron” con vulneración continuada e incomprensible de los derechos fundamentales que deben presidir la instrucción de un proceso penal de acuerdo con la Constitución.

El primero, “El uso judicial de la prisión provisional”, lo publiqué el 27 de enero de 2001. En dicho artículo ponía de manifiesto que el auto de adopción de la medida de prisión provisional contra Dolores Vázquez era manifiestamente anticonstitucional. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, para dictar un auto de prisión provisional, no es suficiente que concurran las circunstancias previstas en los artículos 503y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que es necesario que el juez justifique que la finalidad que se persigue es constitucionalmente legítima. 

La justificación de la finalidad es el elemento decisivo para determinar si el auto de prisión provisional es constitucional o no lo es. Y la finalidad está dominada por la presunción de inocencia. De ahí que no se pueda perseguir con el auto “el impulso de la instrucción sumarial, propiciando la obtención de prueba de declaraciones de los imputados” (STC 128/1995). La finalidad del auto no puede ser que el imputado se derrumbe y acabe confesando. 

Esto es lo que ocurrió en el caso Dolores Vázquez. En el auto del juez de instrucción no hay un solo indicio objetivamente verificable de su conducta delictiva. Tampoco en el de la Audiencia Provincial que lo confirmó.

Así empezó el caso Dolores Vázquez. Y ese comienzo lo condicionó todo.

El 22 de septiembre de 2001 publiqué el segundo: “Una condena sin pruebas”, en el que ponía de manifiesto como tanto en el veredicto de los miembros del jurado como en la sentencia del magistrado presidente no había ninguna prueba incriminatoria de cargo que destruyera la presunción de inocencia de Dolores Vázquez. Y ninguna es ninguna.

No podía ser de otra manera. Si en la instrucción no se había podido identificar un solo indicio objetivamente verificable de la autoría del delito por parte de Dolores Vázquez, era imposible que en el juicio pudiera aparecer por arte de birlibirloque una prueba incriminatoria destructora de su presunción de inocencia. 

La anticonstitucionalidad en la manera de proceder del juez de instrucción y de la policía judicial, así como en la del ministerio fiscal y en la de los magistrados de la sala que confirmó el auto de prisión provisional, tenía que conducir a la anticonstitucionalidad del veredicto de los miembros del jurado y de la sentencia del magistrado presidente.

Terminaba el artículo preguntándome si la sentencia del tribunal del jurado hubiera sido la misma, si Dolores Vázquez no hubiera estado en prisión 519 días antes de la celebración del juicio. El caso no debió de llegar nunca al tribunal del jurado. Pero si llegaba como llegó, la sentencia no podía ser otra que la que fue. 

En todo caso, así continuó el inexistente caso Dolores Vázquez

El tercero, “Un punto de sensatez”, apareció el 17 de febrero de 2002. En dicho artículo analicé la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anuló la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado por falta de motivación tanto del veredicto de los miembros del jurado como de la sentencia del magistrado presidente. 

La sentencia desautoriza en términos inequívocos a los miembros del jurado, pero, sobre todo, enjuicia con mucha dureza la ejecutoria del magistrado presidente, que no debía haber permitido que los jueces legos pudieran actuar como lo hicieron. Lo que puede ser comprensible, aunque no justificable, en personas que carecen de formación jurídica, no puede serlo nunca en un profesional de la judicatura como lo es el magistrado presidente del tribunal del jurado. 

La sentencia del TSJA era materialmente una sentencia de amparo constitucional. El TSJA en esta sentencia no administra justicia, sino que anula una sentencia dictada anticonstitucionalmente y ordena la repetición del juicio con otro jurado y otro magistrado presidente que dicte sentencia sin vulneración de los derechos fundamentales de la acusada.

Este juicio nunca llegó a celebrarse. Dolores Vázquez recuperaba la presunción de inocencia, que no había sido destruida por la sentencia del tribunal del jurado, pero seguía estando imputada en el caso Rocío Wanninkhof. Y flotando en el ambiente una “presunción de culpabilidad”.

El cuarto artículo, “Éxito y fracaso”, apareció el 21 de septiembre de 2003. En ese momento se había resuelto el caso Rocío Wanninkhof, como consecuencia de la detención de Tony Alexander King como autor de la muerte de Sonia Carabantes. La huella genética del autor coincidía con la de la boquilla de un cigarro que la policía encontró junto al cuerpo sin vida de Rocío Wanninkhof. Tony Alexander King había sido el autor de la muerte de Rocío y de Sonia. Dolores Vázquez no había sido la autora. El caso Dolores Vázquez no había existido. Había sido el resultado de una “invención” de jueces, fiscales, y miembros de la policía judicial.

Este cuarto artículo lo publiqué, porque los medios de comunicación, que no habían manifestado reserva alguna sobre la actuación de la policía judicial hasta ese momento, se apresuraron a publicar artículos laudatorios sobre ella. Con el título “Éxito policial. Un crimen se esclarece” el Diario de Sevilla diría: “Es de destacar la notable profesionalidad con que han actuado las fuerzas de orden público, dotadas de medios técnicos notables, a la vez que movidas por una gran profesionalidad, prudencia y sentido de servicio público”.

Me pareció y me sigue pareciendo que la alabanza que, en este caso, Sonia Carabantes, mereció la actuación de la policía judicial, no puede desvincularse de la censura que mereció su actuación en la investigación del caso Rocío Wanninkhof. Si en la investigación de la muerte de Sonia Carabantes hubo “profesionalidad, prudencia y sentido de servicio público”, en la investigación de la muerte de Rocío Wanninkhof hubo todo lo contrario.

Argumentaba que no se puede desvincular en el análisis y valoración de un servicio público tan esencial como el que prestan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el éxito del fracaso. Y añadí que, si hoy, Sonia Carabantes, podemos decir que la actuación policial ha sido “profesional y prudente”, tenemos también que decir que ayer, Rocío Wanninkhof, no fue ni lo uno ni lo otro. Y que, como consecuencia de su falta de profesionalidad y prudencia, se ocasionó un daño grave al proceso de administración de justicia y una lesión prácticamente irreparable a Dolores Vázquez. 

Tan es así, que incluso a un autor como Antonio Soler, en un artículo publicado el 20 de septiembre de 2001 titulado “Furia”, con cuyo contenido estaba y estoy básicamente de acuerdo, se le escapó la frase: “Quizá Dolores Vázquez resulte inocente”. 

Estoy seguro de que no quería decir lo que dijo. Pero a esto es a lo que condujo la actuación de jueces, fiscales y miembros de la policía judicial en la instrucción del caso Rocío Wanninkhof: a transformar la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad. 

La reparación de Dolores Vázquez no se habrá producido hasta que no se borre la más mínima duda sobre su conducta. Está bien el acto de homenaje de esta semana en el Ministerio de Igualdad. Pero habría que ir un poco más lejos. 

Esperemos que así sea. 

La apariencia de que se está administrando justicia es un elemento constitutivo del proceso a través del cual la justicia se administra. Si no parece que se está administrando justicia, es que se está haciendo otra cosa.

En España se está produciendo con cierta reiteración la ausencia de dicha apariencia. El abogado de Begoña Gómez se lo dijo directamente al juez instructor Juan Carlos Peinado en una comparecencia reciente y la Unión Progresista de Fiscales ha llevado a la ONU la “sucesión de irregularidades” en la causa contra el fiscal general. Por no hablar de la persecución política disfrazada de proceso judicial de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados y condenados por el delito imposible de prevaricación administrativa por haber presidido el Consejo de Gobierno que aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Una vez declarada anticonstitucional dicha persecución por quien puede hacerlo -el Tribunal Constitucional-, la Audiencia Provincial de Sevilla ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no la va a admitir a trámite siquiera por no tener competencia para ello. O por no hablar de las decisiones de la Sala Segunda sobre la Ley de Amnistía…

Da la impresión de que los órganos judiciales de más alto nivel en nuestro país, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, han desarrollado una peculiar afición a esta tendencia de hacer justicia sin parecer que lo hacen. Lo estamos viendo en estos días con dos casos de relumbrón. El caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo (TS) y el caso Kitchen en la Audiencia Nacional. 

Del primero, el lector de este diario ha tenido la oportunidad de leer dos artículos excelentes, uno de Carlos López Keller, 'Crónica de una condena anunciada', el 6 de abril, y otro de Ignacio Escolar, 'Ábalos y Fernández Díaz: busca las diferencias', el 11 de abril. 

Solamente tengo una cosa que añadir y es que, en mi opinión, hay motivos más que suficientes para interponer un recurso de amparo contra esa “condena anunciada” por parte del TS. Este tribunal no puede convertirse en un juez de primera y única instancia de la manera que a él le parezca oportuno. Se trata de una anomalía tan extraordinaria que el TS tendría que justificar su decisión de una manera objetiva y razonable, algo que brilla por su ausencia en la decisión que ha adoptado. 

Tal vez no haya un órgano constitucional que esté tan afectado, en términos generales“ por la ”interdicción de la arbitrariedad“ de los poderes públicos enunciada en el artículo 9 de la Constitución, como lo está el TS. Por su propia posición en el edificio del Estado constitucional. Y tal vez no haya un asunto en que dicha interdicción haya sido desconocida de manera tan reiterada como en el caso mascarillas. 

La razón de esta arbitrariedad reiterada en cada uno de los pasos por parte del TS no es otra que la de hacer coincidir en el tiempo el juicio del caso mascarillas con el del caso Kitchen en la Audiencia Nacional y dictar una sentencia condenatoria firme que suponga el ingreso en prisión de un exministro del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y de un exsecretario de organización del PSOE con Pedro Sánchez como secretario general, antes de que exista una sentencia condenatoria firme contra un exministro del PP.

Lo más llamativo del caso mascarillas es que, a medida que ha avanzado el juicio, las mascarillas casi brillan por su ausencia. Lo que se anunciaba como un gigantesco caso de corrupción de libro, está resultando ser un examen de conductas repugnantes, pero que casi nada, por no decir nada, tienen que ver con la “madre de todas las corrupciones” que se nos había prometido. 

El caso mascarillas es el de menor entidad de todos los casos sobre mascarillas que ya se han resuelto y de los que quedan por resolver. El de Almería, por ejemplo. La apariencia de administración de justicia brilla por su ausencia. No es justicia, sino otra cosa, lo que está haciendo el TS.

El Tribunal Constitucional, muy a su pesar, tendrá que acabar poniendo orden, porque, de no hacerlo, lo tendrá que hacer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nos avergonzará a todos.  

Lo mismo está ocurriendo en la Audiencia Nacional con el caso Kitchen. Que se sepa, Luis Bárcenas no ha sido tesorero del Ministerio del Interior. Fue tesorero del PP. Fue el tesorero que, por su condición de tal, disponía de la documentación acreditativa de la financiación presuntamente delictiva del PP. Para evitar que dicha documentación pudiera acabar en manos del juez que estaba investigando dicha financiación, el Ministerio de Interior del Gobierno presidido por Mariano Rajoy puso en marcha una operación, denominada posteriormente como Kitchen, con decenas de policías pagados con fondos reservados para apropiarse de la documentación en manos de Luis Bárcenas y su mujer, a fin de que no acabara en las manos del juez. 

La documentación en manos de Luis Bárcenas no era incriminatoria para el Ministerio de Interior. No incriminaba ni al ministro ni a ningún otro funcionario del Ministerio. Incriminaba presuntamente al presidente del PP, Mariano Rajoy, al vicepresidente, Javier Arenas, y a la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Y al propio PP. Pero a nadie más. 

Obviamente, únicamente las personas cuya presunción de inocencia podía ser destruida en sede judicial con las pruebas que contenía la documentación de Luis Bárcenas podían tener interés en que dicha documentación no acabara en manos del juez.

Fue la condición de presidente del Gobierno de Mariano Rajoy la que posibilitó que la operación Kitchen se activara. Ni Fernández Díaz ni ninguno de los demás miembros del Ministerio procesados tenían interés en hacerlo. Sin el impulso del presidente Mariano Rajoy, la operación Kitchen no habría existido.

Sin embargo, la instrucción se detuvo en el momento de investigar al partido, para circunscribirla al ámbito del Ministerio. En la documentación que se sustrajo a Luis Bárcenas no había ni una sola referencia al Ministerio ni al ministro. Sí la había respecto a M. Rajoy o respecto a Arenas y Cospedal.  

¿Puede alguien pensar que se está administrando justicia cuando los principales y únicos beneficiarios de la operación Kitchen no figuran entre los procesados? 

Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro han sido, presuntamente, los protagonistas de los dos asuntos de corrupción más importantes desde la entrada en vigor de la Constitución. No ha habido ningún otro en el que se haya “privatizado el Ministerio de Interior”, como ha ocurrido en la operación Kitchen. O en el que se haya “privatizado el ejercicio de la potestad legislativa” de las Cortes Generales mediante un despacho profesional, Equipo Económico, que cobraba a las empresas gasistas para conseguir la aprobación de legislación hecha a su medida y redactada por ellas mismas. 

No se me ocurre un caso de corrupción que pueda ir más allá de la corrupción del Ministerio de Interior o de la potestad legislativa de las Cortes Generales. Del primero ya estamos viendo como el PP intenta eximirse de responsabilidad. Veremos si lo acaba consiguiendo o no. Del segundo, todavía está por ver que acabe siendo sometido siquiera al juicio por parte del poder judicial.

En esas estamos.

El mismo día en que se publicó en el BOE el decreto de regularización de inmigrantes, el Washington Post publicó un editorial con el título America`s worker shortage is now a crisis (La escasez de trabajadores en los Estados Unidos es ahora una crisis)

Toda la evidencia empírica de que se dispone indica que la inmigración ha tenido unos efectos no ya positivos, sino muy positivos para la sociedad estadounidense. Dicha evidencia empírica fue desconocida por el presidente Donald Trump ya en su primer mandato, pero lo ha sido mucho más en el comienzo del segundo. Sin inmigrantes la población de Estados Unidos habría descendido desde que ha llegado por segunda vez a la presidencia y estaría afectando a áreas decisivas para el bienestar del país, ya que, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Migration Policy Institute, los inmigrantes representan el 23,6% de los trabajadores en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el 15,9% en enfermería y el 28,4% en el de los trabajadores de la salud en general. 

Por su parte el Cato Institute: Immigrants Effects on Government Budgets 1994-2023, informa que “los inmigrantes generaron en impuestos más que todos los beneficios recibidos a través de todos los niveles del Gobierno (federal, estatal y municipal)”; “crearon un superávit fiscal cumulativo de 14.500 millones de dólares”. La aportación de los inmigrantes hubiera supuesto el equivalente al 33% de los déficits combinados en todos los niveles de gobierno entre 1994-2023, que se habrían producido sin dicha aportación.

La crisis que el WP detecta como consecuencia de la política inmigratoria de Donald Trump es extrapolable a los países miembros de la Unión Europea en general y a España en particular. La “prioridad nacional”, “American First”, es negativa en ambas orillas del Atlántico, como subrayó George Mombiot en The Guardian: “The facts are stark: Europe must open the door to migrants or face its own extinction” (Los hechos son testarudos: Europa tiene que abrir la puerta a los inmigrantes o afrontar su propia extinción).

Afortunadamente España, que ha sido un país de emigración hasta mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, ha sabido convertirse de una manera razonablemente efectiva en un país con una notable tasa de inmigración, en torno al 15%. La regularización de la población inmigrante que ya reside en territorio español ha sido el instrumento jurídico del que se ha hecho uso por parte de Gobiernos tanto del PSOE o del PP.

La que ahora mismo está iniciando su andadura se diferencia de las anteriores en que su origen está en una “iniciativa legislativa popular” de más de setecientos mil ciudadanos, que fue admitida a trámite por el Congreso de los Diputados por casi unanimidad, PP incluido.

Ha sido a través de la combinación de la democracia directa y la democracia representativa como se ha decidido poner en marcha esta regularización. Dicha iniciativa dice mucho a favor de la sociedad española. Por ello, en buena lógica, no debería haberse planteado ningún problema en la implementación de esta medida. 

Desafortunadamente no ha sido así, aunque, afortunadamente, su oposición no va a impedir que la regularización se produzca. Y que, su aceptación por el conjunto de la sociedad se produzca con naturalidad, como ha ocurrido con las anteriores. Y es que, como ha dicho la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, criticando de manera expresa la decisión de la alianza PP y Vox en Extremadura: “no se puede dejar a nadie al margen de un sistema al que contribuye”. 

Las personas que conviven en un territorio tienen que hacerlo en pie de igualdad en el ejercicio de los derechos. Con la excepción del derecho de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución, los extranjeros deben poder ejercer los demás derechos reconocidos como fundamentales en la Constitución. En ese ejercicio descansa la posibilidad misma de una convivencia pacífica, justamente lo contrario de lo que están diciendo estos últimos días los dirigentes del PP y Vox.

La presidencia de Donald Trump lo distorsiona todo. Con otro presidente en el Despacho Oval, las elecciones en Hungría de este pasado domingo no habrían sido seguidas con el interés que lo han sido en prácticamente todo el mundo, ni sus resultados habrían tenido el alcance global que han tenido desde la misma noche electoral. Los comicios húngaros y los de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre próximo se han convertido en las dos elecciones más importantes de 2026. 

Que las elecciones de mitad de mandato tengan una relevancia excepcional no sorprende. Que lo sean las elecciones en Hungría debería ser completamente anómalo. Si exceptuamos la vinculación de Viktor Orbán con Donald Trump y con su estrategia de debilitar la Unión Europea, no hay absolutamente nada en la trayectoria de Hungría desde la caída del Muro de Berlín en 1989 que justifique que sus elecciones tengan alcance global. 

El azar ha querido que Hungría haya sido el punto de intersección en el desencuentro entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hungría con Viktor Orbán era la pieza europea más sólida de la estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos hecha pública hace unas semanas. En dicha estrategia, la Unión Europea ocupa un lugar destacado de lo que Donald Trump considera el “enemigo interior”, que debe ser debilitado desde el interior de la propia Unión Europea. De ahí su apoyo a los que califica como “partidos patrióticos”, entre los que destacaba como primero de todos el Fidesz húngaro, al que habría que añadir el Frente Nacional francés, Alternativa para Alemania, el Gobierno de Giorgia Meloni, Vox de Santiago Abascal y algunos otros.

Viktor Orbán y Fidesz han sido la avanzadilla anti Unión Europea de la “internacional” configurada bajo el impulso de Donald Trump. La presencia de los líderes más destacados de dicha “internacional” en las elecciones del pasado domingo lo dice todo. Y eso es lo que sabemos. Lo que debe haber habido y que no sabemos debe ser todavía mucho más.

Si añadimos a todo ello la intervención del Kremlin con Vladímir Putin, resulta comprensible el alcance global de las elecciones húngaras de este pasado domingo. El triángulo Trump, Putin y Orbán es lo que explica el interés de las elecciones húngaras.

Este pasado domingo no era el gobierno de Hungría lo que estaba en juego, sino comprobar, por un lado, si la Unión Europea sigue teniendo fuerza atractiva o no y, por otro, su capacidad de resistencia frente al envite de la “internacional de las derechas” con Orbán y Fidesz como punta de lanza. Las elecciones se celebraban en Hungría. Pero no era Hungría, sino la resiliencia de la Unión Europea, lo que estaba en juego.

El resultado no ha podido ser más demoledor para quienes han montado la operación. La reafirmación de la Unión Europea como baluarte democrático no ha podido ser más rotunda. Lo que vaya a hacer su sucesor, Peter Magyar es una incógnita. Magyar, de 45 años, se formó en las filas de Orbán, aunque luego se produjo una ruptura entre ambos, y representa a un partido conservador (Tisza). Pero a juzgar por el perfil de muchos de sus votantes, que le permitieron una victoria arrolladora de dos tercios de escaños en el Parlamento, es previsible que la aproximación de Magyar a la UE sea mucho más amigable y constructiva que la que ha caracterizado a su antiguo mentor.

El resultado de las elecciones húngaras continúa, además, la estela que han dejado las recientes elecciones municipales en Francia, las legislativas en Dinamarca o el referéndum de reforma de la Constitución en Italia. O las maniobras del Gobierno del Reino Unido para aproximarse a la Unión Europea. “Keith Starmer defiende un plan de alineamiento más estrecho con las normas de la Unión Europea sin necesidad de una votación parlamentaria”, “dicho alineamiento con Europa va en la dirección del mejor interés del Reino Unido, particularmente en una situación internacional tan turbulenta como consecuencia de la guerra de Irán” (The Guardian, lunes 13 de abril).

En un momento de “recesión democrática”, se está poniendo de manifiesto que la Unión Europea es la fórmula política más sólida para contrarrestar dicha recesión y para alimentar la esperanza en la supervivencia de la democracia como forma política. Y eso debería tenerlo muy claro la derecha española encarnada por el PP, que en muchas ocasiones ha mantenido una actitud ambivalente con respecto a Orbán. Cabe esperar, por el bien de nuestra democracia, que la derrota del líder de Fidesz lleve a Alberto Núñez Feijóo y su partido sumarse sin ambigüedades a los valores que encarna la UE. Y que la aceptación de figuras iliberales como Orbán solo tenga cabida en la extrema derecha que representa Santiago Abascal.

Mientras Donald Trump siga siendo presidente de los Estados Unidos el riesgo de avance de la “recesión democrática” no puede descartarse, así como tampoco nuevas maniobras para debilitar la Unión Europea. Pero, tras el resultado electoral del pasado domingo, pienso que podemos tener una mayor confianza en que podemos enfrentarnos con éxito a dichas maniobras. La fuerza atractiva de la Unión Europea sigue estando muy viva.

La decisión de disolver el Parlamento el 7 de abril y convocar elecciones para el 17 de mayo no puede entenderse como una disolución y convocatoria anticipada, pero sí fue una decisión discrecional del presidente. En algo más de un mes, la disolución y subsiguiente convocatoria habría sido automática por haberse agotado la legislatura. Juan Manuel Moreno Bonilla no habría tenido que tomar ninguna decisión.

Algo más de un mes no es tiempo suficiente como para que se pueda hablar de adelanto electoral, pero ello no quiere decir que esa anticipación sea neutra políticamente. El presidente andaluz, de manera no solo completamente legal sino también legítima, ha llegado a la conclusión de que el mejor momento para que los ciudadanos acudan a las urnas es el 17 de mayo y nada se le puede objetar.

La facultad de disolver discrecionalmente el Parlamento es una prima a la posesión del poder. El presidente puede decidir en qué momento puede llamar a los ciudadanos para que elijan a sus representantes. La decisión puede consistir en disolver anticipadamente o en no hacerlo. Tan política puede ser la motivación en un caso como en el otro, como hemos tenido ocasión de comprobar en este mismo año. El PP ha diseñado un calendario electoral en las Comunidades Autónomas en las que gobierna con la doble finalidad de levantar la hipoteca que le supone la dependencia de Vox para la formación de Gobierno y de debilitar al PSOE y prefigurar con las victorias del PP en el imaginario colectivo el resultado de las próximas elecciones generales.

El diseño no ha dado el resultado esperado en Extremadura y Aragón, donde el PP sigue dependiendo de Vox, pero sí en cierta medida en Castilla-León, donde va a tener que contar con Vox, pero donde este último no ha tenido el resultado que esperaba, dándole con ello un cierto respiro al PP.

Pero en dicho calendario el momento decisivo era y sigue siendo el de las elecciones andaluzas. Más todavía después de lo poco concluyente que ha sido el resultado electoral de las tres Comunidades que ya han celebrado elecciones. Andalucía, además de ser políticamente más importante que las otras tres Comunidades Autónomas, es la única de las cuatro en la que el PP gobierna con mayoría absoluta. De mantener o no dicha mayoría depende el éxito del calendario electoral diseñado por el PP. Si después de no poner fin a su dependencia de VOX en Extremadura, Aragón y Castilla-León, resulta que vuelve a depender también en Andalucía para la investidura de Moreno Bonilla como presidente, está claro que la operación no habría conseguido el objetivo que perseguía. 

La renovación de la mayoría absoluta se ha convertido para Moreno Bonilla en una cuestión decisiva. Si no lo consigue, el estigma del “pato cojo” que acompaña a los presidentes de los Estados Unidos después de las elecciones de mitad de mandato de su segunda presidencia empezaría a aplicársele. Quedaría muy debilitado.

La mayoría absoluta es la clave. ¿Es más probable mantener la mayoría absoluta adelantando las elecciones unas semanas o esperando a agotar la legislatura? Unas semanas son poco tiempo, pero en un escenario político como en el que nos encontramos puede ser mucho. 

Por varios motivos. 

En primer lugar, por la Guerra de Irán, que ya está siendo un problema para las derechas europeas y que puede serlo todavía mucho más, si la escalada que se está produciendo en este momento conduce a una prolongación indefinida de la misma. Pedro Sánchez ha tomado la iniciativa en el 'No a la guerra' a escala no solamente española sino europea. Cuanto más tiempo se mantenga el escenario de guerra, más incómoda va a ser la campaña para el PP, que tendrá que intentar diferenciarse de Vox, pero sin parecer que coincide con el Gobierno. Reducir el tiempo antes de acudir a las urnas se ha convertido en algo apremiante para el presidente andaluz.

En segundo lugar, porque, en el momento en que decidió adelantar las elecciones unas semanas, Vox no tenía todavía designado su candidato para liderar el partido y, en consecuencia, tenía que improvisar una candidatura con el riesgo que una improvisación supone en todo proceso electoral. 

Y en tercer lugar y sobre todo, porque, en el momento en que decidió adelantar las elecciones, la desunión de los partidos de la izquierda no socialista era manifiesta. La reducción en varias semanas de tiempo para que pudieran ponerse de acuerdo parecía un golpe definitivo para que pudieran hacerlo.

Posiblemente, este era el motivo más importante para adoptar la decisión de convocar para el 17 de mayo. Intentar conseguir que la izquierda no socialista se quedara en los cinco escaños de 2022.

Y aquí es donde su decisión ha sido más errónea. Acortar el plazo reduce hasta el punto de casi anular la posibilidad de discutir, que es lo que más divide a las izquierdas. El plazo fijado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para la formación de coaliciones es tan reducido que los partidos no pueden enredarse en pactar las diferencias que los separan, sino que les obliga a cerrar el pacto de manera insoslayable. 

Esto es lo que le ocurrió a Macron, cuando, tras las elecciones al Parlamento Europeo, decidió disolver y convocar las elecciones legislativas. Pensaba que la izquierda no iba a ser capaz de concurrir conjuntamente y que, en la segunda vuelta acabarían votando a su partido, a fin de que no ganara el partido de Le Pen. Pero ocurrió lo contrario. Las izquierdas no tuvieron tiempo para discutir y concurrieron conjuntamente y ganaron las elecciones. El desconcierto en que se encuentra Macron tuvo su origen en el adelanto electoral.

Esto es lo que ha ocurrido en esta semana en Andalucía. Se ha formalizado el acuerdo entre IU, Movimiento Sumar y Podemos y otros cuatro partidos menores para concurrir juntos a las elecciones. Políticamente supone un cambio importante, por cuanto de todos son conocidas las tensiones en el seno del espacio a la izquierda del PSOE, especialmente entre Sumar y la formación que dirige Ione Belarra. Nada más que hay que ver la recepción que ha tenido en los medios de comunicación progresistas el acuerdo para deducir que se trata de un anuncio de trascendencia en un momento en que las urnas están castigando severamente la desunión de las izquierdas. 

El acuerdo se ha alcanzado, además, en un momento en que se está produciendo un cambio en la dirección del viento. Las elecciones presidenciales en Portugal, las municipales en Francia, las legislativas en Dinamarca, el referéndum en Italia nos está indicando que la resistencia frente al avance de la derecha está empezando a tener consistencia en el continente europeo. Está por ver qué impacto tendrá el citado acuerdo cuando llegue el momento del escrutinio, pero sin duda es un paso en una buena dirección. Cualquier iniciativa que se encamine a no dispersar los votos de la izquierda debe ser bienvenida. No es solamente la mayoría absoluta lo que pueda estar en juego el 17 de mayo, sino de qué color es la mayoría para la formación del Gobierno. Lo que parecía impensable hace una semana ya no lo es tanto. 

El pasado 23 de marzo el director de The New Republic, Michael Tomasky, se interrogaba de manera retórica:“¿Qué es lo más aterrador de la guerra de Irán?” (The scariest thing about this War?), para despejar el interrogante a continuación con un rotundo: “Que él (Donald Trump) está sentado en el Despacho Oval ”(He´s sitting in the Oval Office). Este era el título del artículo.

La combinación de un presidente errático y corrupto que es, al mismo tiempo, el comandante en jefe del ejército más poderoso que se ha conocido en la historia de la humanidad, convierte la guerra de Irán en una amenaza aterradora a escala mundial.

Se trata de una guerra sumamente anómala, ya que, en el Congreso, que es el órgano constitucional que tiene atribuida la facultad de declarar la guerra, no se ha producido un debate antes de que se iniciaran las operaciones bélicas, pero sí se han producido, hasta el momento, dos debates acerca de por qué no se debían poner límites a cualquier decisión presidencial respecto del futuro de las mismas. Se ha producido la inversión más completa de la lógica constitucional. El Congreso ha aceptado que la guerra se puede iniciar sin su consentimiento. Como consecuencia de ello, entiende que no puede no aceptar que la guerra continúe sin contar con dicho consentimiento. Con el no debate sobre el momento inicial de la guerra y con el doble debate con resultado negativo sobre cualquier posible límite a la continuidad de la misma, el Congreso se ha desposeído formal y materialmente de la facultad constitucional de hacer la guerra y se la ha transferido al presidente, que, justamente por ello, carece de límites.

Y no a un presidente cualquiera, sino a Donald Trump. Una vez adoptada esta decisión, es imposible saber qué es lo que puede ocurrir y hasta dónde puede llegar la escalada. Es fácil imaginar, dice Tomasky, que Donald Trump se aburre literalmente de la guerra, especialmente si los acontecimientos no se suceden de la forma en que él los había imaginado y, como consecuencia de ello, las encuestas empiezan a arrojar resultados negativos o muy negativos sobre su gestión de la misma. La tentación de anunciar que se ha conseguido la victoria y que no tiene sentido continuar con la presencia de tropas en el Golfo se convierte en irresistible.

Pero también es fácil imaginar lo contrario y que el presidente pueda optar por la dirección opuesta y decida que, una vez que ha acumulado una enorme cantidad de efectivos, no tiene sentido no aprovechar la ocasión para invadir Irán, apoderarse del uranio enriquecido y poner fin por el tiempo en que es posible hacer predicciones a la amenaza atómica.

Ante este escenario la reacción del Gobierno español de decir no a la guerra y de no autorizar el uso de las bases de Rota y Morón y cerrar el espacio aéreo para cualquier intervención en la guerra, es la mejor de las reacciones posibles. Es la misma senda que han seguido a continuación varios países de la Unión de manera expresa e implícitamente los demás y la propia Unión.

Pienso que la guerra tiene todavía recorrido y que el chantaje de los Estados Unidos puede activarse de forma acentuada en cualquier momento. El escenario aterrador no puede ser descartado mientras Donald Trump continúe en la Casa Blanca. 

La identidad de la Unión Europea fue el resultado de la imposición de la democracia como forma política a escala continental. En la Europa predemocrática, la Unión Europea era imposible. En la Europa democrática es indispensable. 

El continente europeo, desde el colapso del Imperio Bizantino en 1453 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, ha sido testigo de una permanente lucha por la supremacía, en la que se han producido alianzas y coaliciones bélicas entre distintos territorios, la mayor parte de los cuales antes del siglo XIX no tenían siquiera la condición de Estados tal como los entendemos hoy.

Quiere decirse, pues, que la guerra ha sido el eje en torno al cual ha girado la coexistencia entre los diferentes territorios y Estados antes de que la democracia hiciera acto de presencia en el continente en el siglo XX. 

Serían las dos últimas guerras europeas del siglo XX, que acabarían convirtiéndose en dos Guerras Mundiales, las que acabarían conduciendo a la génesis de la democracia la primera y a la imposición como única forma política aceptable la segunda.

La democracia nace en el continente europeo tras las Primera Guerra Mundial a través de la imposición del sufragio universal masculino y femenino en Inglaterra y las monarquías parlamentarias del norte de Europa o mediante la transformación de las demás monarquías no parlamentarias en repúblicas. Es ese el momento en que se identificaría al “pueblo” como lugar de residenciación del poder, que es la exigencia inexcusable del principio de igualdad para que el Estado Constitucional sea técnicamente organizable. De ese lugar de residenciación del poder derivaría la definición normativa canónica del principio de legitimidad democrática: “El poder reside en el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado”. 

Pero la democracia tras la Primera Guerra Mundial no pone fin a la guerra como eje en torno al cual va a girar la lucha por la supremacía continental, sino todo lo contrario. Casi desde el momento mismo en que acaba la Primera Guerra Mundial, se inicia la preparación de la que acabaría siendo la segunda. 

Será con el final de esta segunda cuando la democracia se estabiliza como forma política y cuando se convertirá en una forma política no susceptible de ser siquiera sometida a discusión. Una vez consolidada la democracia en los años inmediatamente posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, en la mayor parte de los Estados de Europa occidental se iniciaría el proceso de construcción política democrática a escala continental.

A diferencia de lo que había ocurrido en los siglos anteriores, el No a la guerra será el eje que presidirá el horizonte de dicho proceso. En el No a la guerra está la raíz constituyente de lo que ha acabado siendo la Unión Europea.

En las décadas de los cincuenta, sesenta, setenta y ochenta la inmensa mayoría de los países de Europa Occidental se convertirán en Estados miembros de las Comunidades Europeas. Portugal y España serían los dos últimos en incorporarse en 1986.

Con la caída del Muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética, el parsimonioso proceso de las décadas anteriores para culminar la integración de los Estados europeos occidentales se aceleró de manera notable en los Estados europeos orientales. En 1992 con el Tratado de Maastricht las comunidades europeas darían paso a la Unión Europea, en la que han llegado a integrarse 27 Estados.  

En la democracia está, pues, la identidad de la Unión Europea, que es una comunidad jurídica más que una comunidad política. La fuerza de la Unión Europea es la fuerza del Derecho. No puede existir sin el respeto escrupuloso de sus Tratados constitutivos y de las demás normas que se van aprobando de la forma en ellos previstos. Para garantizar dicho respeto la Unión Europea dispone de un poder judicial propio cuyas decisiones son de obligado cumplimiento por todos los Estados.

Obviamente el respeto del Derecho Internacional y la autoridad de Naciones Unidas en general, y en particular en materia de declaración de guerra, forma parte también de la identidad de la Unión Europea. De dicho respeto depende la propia supervivencia de la Unión Europea. 

Esta identidad de la Unión Europea fue desafiada en 2003 por los Estados Unidos con la guerra de Irak y está siendo desafiada en este 2026 con la guerra de Irán. 

En 2003 los Estados Unidos consiguieron dividir a la Unión Europea y dividirla además de manera visible y solemne en una votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que Francia y Alemania se opusieron vehementemente a la guerra, mientras que el Reino Unido y España se alinearon con los Estados Unidos. De aquella votación vino la distinción por parte de Donald Rumsfeld entre la “vieja” y la “nueva” Europa sin que se entienda muy bien por qué la Europa que representan Alemania y Francia es más vieja que la que representan Reino Unido y España. Pero lo que quería decir se entendió por todos.

La guerra de Irak supuso un shock, que obligó a los países constitutivos de la Unión Europea a reflexionar sobre su propia identidad y su lugar en el mundo. Dicha reflexión se expresaría a través de manifestaciones masivas contra la guerra en las ciudades europeas o en reflexiones intelectuales como las del recientemente fallecido Jürgen Habermas y Jacques Derrida, que articularon una visión kantiana de la identidad europea enraizada en el multilateralismo, el derecho internacional y el poder blando (soft power). En contra de lo que pareció ser en un primer momento, la guerra de Irak de 2003 se convirtió en un momento central en la afirmación de la identidad europea. Especialmente tras el reconocimiento del fracaso por quienes pusieron en marcha la operación bélica. Con la excepción de José María Aznar, todos se han disculpado por la decisión. 

El segundo desafío que está suponiendo la guerra de Irán es distinto y mucho más preocupante. En 2003 los Estados Unidos se sintieron obligados a debatir en Naciones Unidas y a intentar justificar ante la opinión pública mundial la razón que le asistía para llevar la guerra a Irak. No aceptaron la decisión de Naciones Unidas e hicieron una guerra ilegal, pero no marginaron por completo a la institución y no dejaron de sentir la necesidad de dar explicaciones. 

En 2026, Donald Trump no solamente ha anunciado, en declaraciones a The New York Times, que no se considera limitado por el Derecho Internacional, sino únicamente por “su propia conciencia”, sino que, además, ha dejado clara cual es Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, en la que las Naciones Unidas y el derecho internacional brillan por su ausencia.

El orden mundial sin reglas no es cosa del futuro. Está ya aquí. Las ejecuciones extrajudiciales en las costas venezolanas, el secuestro de Nicolás Maduro, la apropiación de facto del petróleo de Venezuela, la amenaza sobre Groenlandia, el chantaje a México y la guerra de Irán son manifestaciones de ese mundo sin reglas. Es un elemento constitutivo de la estrategia de Donald Trump. 

También en este desafío pareció en un primer momento que la Unión Europea podía dividirse, como lo hizo en 2003, y que podía dejar arrastrarse por Estados Unidos en sus aventuras unilaterales. Pero no ha sido así por el momento. El “No a la Guerra” de Pedro Sánchez ha conseguido que los países de la Unión Europea y la propia Comisión Europea hayan ido corrigiendo lo que parecía ser una pulsión seguidista de la política de los Estados Unidos, para acabar reafirmando el no a la guerra como seña de identidad de la Unión.

El “No a la Guerra” de Pedro Sánchez se ha convertido en “esta no es nuestra guerra” del conjunto de los países de la Unión Europea. 

El desafío de los Estados Unidos a la Unión Europea no ha hecho más que comenzar y queda mucho recorrido por delante. La visión kantiana de Habermas y Derrida necesita ser reafirmada, porque dicha visión es la raíz constituyente de la Unión Europea. 

Este es el título del podcast de 2 de marzo de la revista Slate. Títulos similares, aunque no tan contundentes, han aparecido a lo largo de estos días en diarios y revistas publicados en los Estados Unidos. Algunos poniendo el énfasis en la legalidad internacional y otros en la legalidad interna, empezando por la propia Constitución, que es por donde, en mi opinión, hay que empezar.

Porque la guerra contra Irán es, ante todo, anticonstitucional, ya que se vulnera de manera flagrante la división de poderes que figura en el texto constitucional. La decisión de hacer la guerra es competencia del Congreso. La dirección de las fuerzas armadas, una vez declarada la guerra, es competencia del presidente de los Estados Unidos.

La lógica de la división salta a la vista. Primero hay que debatir si se debe declarar la guerra y por qué. Es algo que solo puede hacer un órgano único, pero múltiple, en el que esté representado el conjunto de la sociedad. Con base en el principio de legitimidad democrática no cabe otra alternativa. 

Una vez debatida y explicada a través del debate a la opinión pública, la conveniencia o incluso la inevitabilidad de tomar dicha decisión, es al presidente de los Estados Unidos en cuanto comandante en jefe de las fuerzas armadas al que corresponde ejecutar la decisión adoptada por el Congreso.

En el momento parlamentario está la legitimidad de la decisión. En el momento presidencial está la eficacia de la operación. Si no hay debate parlamentario en el origen, no se puede saber por qué se va a hacer uso de la fuerza, ni qué objetivo se persigue con la misma. Ni hasta dónde alcanza la autoridad del presidente. Si no hay unidad en la dirección de las fuerzas armadas, es difícil, por no decir imposible, que se pueda hacer un uso eficaz de las mismas.

De esta separación entre el momento parlamentario y el momento presidencial es de la que se ha prescindido por completo por parte del presidente Donald Trump, no solamente en la guerra de Irán, sino de forma generalizada. En su interpretación de la fórmula de gobierno de los Estados Unidos, al ser la presidencia el único órgano que el constituyente previó que fuera elegido por todo el pueblo de los Estados Unidos, hay una habilitación implícita para hacer un uso unitario del poder siempre que las circunstancias, en su opinión, lo exijan.

Con dicha habilitación se puede justificar la imposición de aranceles, la creación o supresión de agencias federales, coaccionar a las Universidades en la elaboración de sus programas de estudio e investigación y, por supuesto, la decisión de utilizar la fuerza fuera de las fronteras en ejecuciones extrajudiciales, como lo ha venido haciendo con determinadas embarcaciones en las costas de Venezuela, o para capturar al presidente del país y someterlo al control de los tribunales americanos o para apoderarse de los recursos minerales, especialmente del petróleo. O para presionar a México para que actúe de una determinada manera contra los cárteles de la droga dentro de su propio territorio. O para intervenir en Ecuador.

O para hacer la guerra a Irán. Al eximirse del límite interno, Donald Trump se está eximiendo de cualquier límite externo. Como dijo en una entrevista a periodistas del New York Times, el único límite que reconoce es el de su propia conciencia.

Ya de por sí, esta interpretación de la presidencia de los Estados Unidos es jurídicamente monstruosa. Pero Donald Trump la está llevando todavía más lejos. Está afirmando, por ejemplo, que el Estado español no puede limitar el uso que él decida hacer de las bases americanas en España, a pesar de que existen tratados en que dicha cuestión está regulada. Hasta el momento el presidente del Gobierno español no ha aceptado la interpretación del presidente de los Estados Unidos. De ahí viene la agresión verbal que está recibiendo y la amenaza de sanciones de momento comerciales.

Como me temo que la agresión no va a quedar aquí, pienso que sería urgente que Pedro Sánchez solicitara la convocatoria de un Pleno del Congreso de los Diputados para explicar la política que ha decidido poner en práctica respecto del uso de las bases americanas en la guerra de Irán y recabar la opinión de la Cámara.

Sería el momento para que Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal pudieran proponer una política alternativa, si es que la tienen, y que el Congreso de los Diputados decidiera qué debe hacerse. 

Ayer jueves se hizo público el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que rechaza el incidente de nulidad de actuaciones que Álvaro García Ortiz había interpuesto contra la sentencia que lo condenó no se sabe muy bien por qué, pero que lo condenó, poniendo fin con ello a su condición de fiscal general del Estado. 

Nadie tenía la más mínima duda de que la decisión del TS iba a ser la que ha sido, de la misma manera que tampoco la hubo de que la sentencia sería la que fue. La dimisión como fiscal general del Estado previa a la apertura del juicio oral era la única forma que tenía Álvaro García Ortiz de evitar la condena. No quiero decir que, si hubiera dimitido, no habría sido condenado, pero sí que, sin dimisión, la condena era segura. Los avisos de la Sala Segunda del TS no pueden no ser atendidos, pues es la credibilidad de la propia Sala lo que está en juego. Si no atiende el aviso y me obliga a llegar hasta aquí, allá usted. Esa es la manera de proceder de la Sala Segunda del TS. 

Obviamente, una vez que se ha dictado la sentencia, estaba claro que la Sala Segunda no iba a aceptar que la condena se había producido con vulneración de derechos fundamentales, a pesar de que se trataba de un caso para el que el incidente de nulidad de actuaciones viene como anillo al dedo, porque no creo que haya habido ningún otro en el que las vulneraciones de derechos fundamentales hayan sido tan numerosas y tan flagrantes. Con el incidente de nulidad de actuaciones la Sala Segunda podría haberse ahorrado el bochorno por el que va a tener que pasar con la fundamentación jurídica de la sentencia del Tribunal Constitucional.  

El Auto conocido ayer estaba, en consecuencia, “descontado”, por decirlo en términos de la información propia de las cotizaciones de acciones en la bolsa.

La buena noticia procede de que se haya dictado en un tiempo razonable. El riesgo para Álvaro García Ortiz residía en que la Sala Segunda se demorara en resolver, ya que no tiene fijado un plazo para dar respuesta al mismo. La interposición del incidente no tenía más finalidad que la de que se abriera la puerta al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Una vez abierta la puerta, no hay la más mínima duda de que la sentencia condenatoria de la Sala Segunda será anulada por vulneración de los derechos fundamentales que el TS no reconoce en su auto. 

Dada la velocidad con la que ha procedido la Sala Segunda del TS en la instrucción y en el enjuiciamiento del caso, cabe esperar que proceda de la misma manera el Tribunal Constitucional y que el recurso de amparo sea resuelto en un plazo acorde al que ha necesitado la Sala Segunda para dictar sentencia y para resolver el incidente de nulidad de actuaciones. 

La luz al final del túnel empieza a verse. Es una buena noticia para la justicia española. A pesar de todos los pesares, el Estado español va a poder demostrar que es un Estado democrático de Derecho. 

En pocas semanas se conocerá también la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley de Amnistía a la que seguirá la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la aplicación desviada de la misma por la Sala Segunda del TS a Carles Puigdemont. 

Todo parece indicar que esta primavera va a ser primavera en la Justicia española, respecto de asuntos que han generado un dolor inmenso y una desconfianza enorme en nuestro sistema de administración de justicia.   

En el artículo de este martes argumenté cuál tendría que ser la opción electoral unitaria de las izquierdas para el Senado y por qué. En el de hoy me voy a centrar en la opción para el Congreso de los Diputados.

La opción electoral para el Senado derivaba del carácter constitutivamente esperpéntico de dicha Cámara. Como el Senado no puede hacer nada en lo que a la dirección política del país se refiere, no es preciso ocuparse de él desde esta perspectiva. Pero como sí tiene una presencia notable en el proceso de renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, sí resulta decisivo impedir que las derechas puedan apoderarse de ambas instituciones. 

El Congreso de los Diputados, por el contrario, es el centro de gravedad del sistema político. Es el único órgano que cuenta con legitimidad democrática directa digna de tal nombre. Y de ahí que de él dependa la legitimación democrática de los poderes ejecutivo y judicial. En el cuerpo electoral descansa la legitimidad democrática del Congreso de los Diputados. En la legitimidad democrática del Congreso de los Diputados descansa la del presidente del Gobierno y los ministros y la de los jueces y magistrados que integran el poder judicial. 

La opción electoral unitaria de las izquierdas no puede ser pensada en negativo, en evitar el mal, sino que tiene que ser pensada en positivo, en la configuración de una mayoría parlamentaria que permita dirigir políticamente el país.

Como consecuencia de ello, resulta obvio que no es aceptable la opción unitaria propuesta para el Senado. Ponerse de acuerdo en lo que no se quiere está bien para evitar un disparate. Pero no es operativo para definir un programa de Gobierno. 

Para ello es indispensable que el PSOE, por un lado, y las distintas formaciones políticas de izquierda, por otro, definan las líneas maestras de su programa de gobierno, así como también las personas de las candidaturas en las distintas circunscripciones electorales que concurrirán para intentar hacerlo efectivo mediante la mayoría parlamentaria necesaria para ello.        

Si la circunscripción electoral fuera la de las elecciones al Parlamento Europeo, cada partido podría concurrir con su programa y con su candidatura, ya que el acceso estaría al alcance de todos o de casi todos. Pero como no es ese el caso, tanto en la definición de los programas como en la configuración de las candidaturas hay que tomar en consideración el número de las circunscripciones, el número de los escaños de cada una de ellas, la fórmula para la traducción de votos en escaños (la famosa fórmula d´Hondt), la barrera electoral que solamente opera de facto en Madrid y Barcelona, pero que opera en ellas.

Como las próximas elecciones generales van a ser las decimoséptimas, disponemos de una evidencia empírica notable sobre como afecta el sistema electoral a la transformación de los votos en escaños. 

Sabemos que el PSOE puede concurrir en solitario en prácticamente todas las circunscripciones electorales. Pero también sabemos que los demás partidos de izquierda no pueden hacerlo sin pagar un precio altísimo. Para conseguir que los votos válidamente emitidos se transformen en escaños, resulta imprescindible competir de manera unitaria o, al menos, con un bloque lo más unitario posible. 

Las elecciones generales son simultáneamente parlamentarias y presidenciales. Constitucionalmente, son parlamentarias y la mayoría parlamentaria es la que decide quien va a ser el presidente del Gobierno. Pero el candidato a la presidencia del Gobierno es decisivo para rentabilizar electoralmente el voto en las circunscripciones en que no figura dicho candidato y conseguir con ello la mayoría parlamentaria de investidura y de gobierno. 

Esta es, con mucha diferencia, la principal dificultad de las izquierdas no integradas en el PSOE para poder competir eficazmente. En las elecciones de diciembre de 2015, en las de julio de 2016 y, aunque mucho menos, también en las de abril de 2019, Podemos, bajo el liderazgo de Pablo Iglesias, dio cobertura al componente presidencial y posibilitó que tuvieran traducción en escaños un número considerable de votos de izquierda en provincias en que no lo habían conseguido nunca antes. 

En las elecciones generales de noviembre de 2019 y en las de julio de 2023, ese componente presidencialista se vio fuertemente debilitado. Ni Podemos con Pablo Iglesias, ni Sumar con Yolanda Díaz, han conseguido dar cobertura a dicho componente presidencial. Ni los resultados de las elecciones autonómicas recientemente celebradas en Extremadura y Aragón, ni los sondeos respecto de las próximas a celebrar en Castilla y León y Andalucía o las encuestas que periódicamente se hacen públicas, permiten vislumbrar una opción política de izquierda con un candidato que pueda aproximarse a lo que fue Podemos con Pablo Iglesias hasta abril de 2019. 

Las fuerzas políticas de izquierda tienen que sentarse a discutir con qué programa electoral podrían concurrir conjuntamente y de qué manera se va a competir, provincia a provincia, como dijo hace unos días Gabriel Rufián. Pero también hay que reflexionar de qué manera se va a dar cobertura al momento presidencial, que no va a dejar de estar presente en estas elecciones. Una apuesta unitaria de las izquierdas debería identificar un núcleo presidencial que sirviera de punto de referencia. Para participar, por ejemplo, en los debates en televisión. 

Hay tiempo para reflexionar y para ponerse de acuerdo. Pero hay que empezar a hacerlo ya. Tal vez en las elecciones andaluzas sería el momento de hacer un ensayo. 

España tiene dos sistemas electorales completamente distintos. Uno para el Congreso de los Diputados. Otro para el Senado. Lo único que tienen en común ambos es la Provincia como circunscripción electoral. En todo lo demás difieren el uno del otro.

En mi opinión, este doble sistema electoral tiene que ser tomado en consideración si se quiere hacer una oferta al cuerpo electoral susceptible de ser articulada con posibilidades de éxito. Por qué es así es lo que voy a intentar explicar a continuación.

Los sistemas bicamerales pueden ser perfectos o imperfectos. Los perfectos son aquellos en los que las dos Cámaras tienen la misma posición en lo que al ejercicio de las funciones parlamentarias se refiere. Los imperfectos son los que privilegian la posición de una Cámara respecto de la otra.

El bicameralismo español es sumamente imperfecto. En el ejercicio de todas las funciones parlamentarias el Senado ocupa una posición subalterna respecto del Congreso de los Diputados. Ni en el ejercicio de la potestad legislativa, ni en el de la potestad presupuestaria, ni en el de la elección del presidente del Gobierno y ni en el del control de la acción del Gobierno con exigencia de responsabilidad con consecuencias jurídicas a través de la aprobación o no de una cuestión de confianza o de una moción de censura, el Senado juega papel de ningún tipo. 

El Senado es una Cámara estéril. Está en la Constitución porque las Cortes del Régimen del General Franco diseñaron en la Ley para la Reforma Política unas Cortes constituyentes bicamerales, en las que se incluía un Senado que anulara cualquier tipo de sorpresa con efectos constituyentes que se pudiera producir en la elección del Congreso de los Diputados.

Nadie pensó que el Senado de la Ley para la Reforma Política acabaría siendo el Senado de la Constitución. Pero así fue. De ahí que se lo configurara como una Cámara subalterna en el ejercicio de las funciones parlamentarias. De no ser así, el sistema político difícilmente podría calificarse de democrático y podría operar como tal. 

Pero la subalternidad del Senado tiene dos excepciones, que tienen que ver directa o indirectamente con la potestad constituyente. El bicameralismo es casi un bicameralismo perfecto en lo que a la reforma/revisión de la Constitución se refiere. Y en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Aquí es donde está el problema para las izquierdas. El Senado en esta legislatura ha hecho mucho ruido. Y lo sigue haciendo. De manera dudosamente constitucional, pero lo está haciendo. Es perturbador, pero no va más allá. 

En la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Senado, que debería haberse producido en diciembre del año pasado, es donde está el problema. El PP se ha negado a dicha renovación, esperando tener una posición más favorable tras las próximas elecciones generales y desequilibrar a su favor la composición del Tribunal Constitucional.

 Esta va a ser la cuestión más importante de las próximas elecciones generales. En el Congreso de los Diputados las derechas no podrán conseguir en ningún caso la mayoría de tres quintos, pero en el Senado no está tan claro que no puedan hacerlo. O aproximarse tanto a dicha mayoría que puedan presionar para una renovación en los términos que a ellas le interesan.

En el caso de conseguirlo, y dado que en esta legislatura también se tendría que producir al final de la misma la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el control de ambos órganos se produciría de manera definitiva y prácticamente irreversible. Sin necesidad de reformar la Constitución, las derechas la habrían reformado y definirían el terreno de juego con las consecuencias que cualquiera puede imaginar.

Evitar que esto ocurra es lo más importante para las izquierdas y pienso que también para los partidos nacionalistas. Todo lo demás es de menor importancia. De mucha menor importancia. 

Justamente por eso, la oferta electoral para el Senado sería lo primero en lo que tendrían que centrarse las izquierdas, que, en este caso, tendrían que ser todas, PSOE incluido. 

Es más. En mi opinión, sería el PSOE el que tendría que tomar la iniciativa y hacer una propuesta paritaria a las demás formaciones de izquierda. El PSOE propondría dos candidatos en cada provincia y uno en Ceuta y Melilla y las demás fuerzas de izquierda tendrían que ponerse de acuerdo para proponer los otros dos más los de Ceuta y Melilla.    

Si se está de acuerdo con mi opinión de que la renovación del TC y del CGPJ es la cuestión decisiva para la elección del Senado, está claro que ninguna de las fuerzas de izquierda pierde con esta propuesta. Es posible que ni siquiera el PSOE perdiera en número de senadores, y todas las demás ganarían sin lugar a dudas. Y la izquierda en su conjunto saldría reforzada. 

Esta opción serviría para que las fuerzas de izquierda no integradas en el PSOE ensayaran una negociación para la designación de los candidatos y alcanzaran una visibilidad a escala estatal. Tanto el ensayo de negociación como la visibilidad tendrían efectos muy positivos para la composición de las candidaturas de las izquierdas no integradas en el PSOE como en la competición electoral para el Congreso de los Diputados.

Pero este queda para el próximo artículo.

Sin Pablo Iglesias, Pedro Sánchez no habría sido presidente del Gobierno. Mariano Rajoy agotó la mayoría absoluta de los 186 escaños en la legislatura de 2011 a 2015. En las elecciones de diciembre de 2015 la derecha española, cuya representación parlamentaria la tenía el PP en régimen de monopolio, dejó de tener mayoría de gobierno. Pero dejó de tenerla, no como había ocurrido hasta entonces porque el PSOE consiguiera arrebatársela, sino porque la irrupción de Podemos con el concurso de los partidos nacionalistas catalanes y vascos permitían que la derecha no tuviera mayoría parlamentaria.

Desde 2011 está claro que el PSOE necesita a los partidos que están a su izquierda con un porcentaje electoral próximo al 15%. Sin ese porcentaje con credibilidad antes de la jornada electoral, es el propio resultado electoral del PSOE el que puede verse afectado negativamente. Para poder formar Gobierno, el PSOE necesita que la opinión pública reconozca no que la izquierda socialista, sino que las izquierdas pueden ganar. 

Esa es la novedad que supuso la irrupción de Podemos. Sin un apoyo porcentualmente importante de la izquierda no socialista, no es posible evitar el Gobierno, ahora no ya de la derecha del PP, sino de las derechas de PP y VOX. Así viene siendo desde las elecciones parlamentarias europeas de mayo de 2014, las municipales y autonómicas de mayo de 2015 y todas las elecciones generales desde las de diciembre de 2015.

En Podemos ha estado la clave de la derrota de la derecha. Del PP primero y de las derechas, PP+VOX, después. En la desintegración de Podemos está la debilidad de las izquierdas y los riesgos que dicha debilidad suponen para los partidos nacionalistas catalanes y vascos.

Para poder gobernar, las izquierdas no socialistas tienen que recuperar política y electoralmente el espacio que ocupó Podemos directa e indirectamente. Las “alcaldías del cambio” no fueron ocupadas en su inmensa mayoría por alcaldes de Podemos, pero fueron posibles por Podemos. Tiene que haber una oferta electoral que permita dar cobertura al electorado de izquierda, que, por el motivo que sea, no se siente representado por el PSOE, pero que por sí solo no es capaz de traducirse en escaños municipales, autonómicos o estatales.

Tal como está el patio ahora mismo, sin ese aporte no es posible evitar el triunfo de las derechas. Entiendo que esto es lo que, en el fondo, ha querido decir Gabriel Rufián. Pienso que es lo que, además, ha entendido todo el mundo. Tanto los dirigentes políticos como los votantes de ese espacio político, aunque apuntando en direcciones distintas y no sé si, aunque espero que no, contrapuestas. Los dirigentes poniendo el acento en las dificultades de poner en marcha la operación. Los votantes poniendo el acento en la esperanza de que sea posible.

Si he entendido bien la propuesta, se trata de lo que podría calificarse como una opción para los “federalistas de izquierda”, que es lo que expresó en su día Podemos y Las Confluencias. El componente “territorial” no era relevante solamente para Catalunya y País Vasco, sino también para el resto del Estado. Esa es la novedad que aportó Podemos al sistema político y electoral español desde 2015, como supo ver Julián Santamaría. Pudo hacerlo por la novedad de la propuesta, que sorprendió a todas las formaciones políticas, y por el fortísimo liderazgo de Pablo Iglesias, que se proyectó de manera diversa en todo el territorio del Estado. Y por la celebración en mayo de 2015 de las elecciones municipales y autonómicas de las Comunidades del 143 de la Constitución. Y las generales en diciembre. Ese orden fue importante en 2015. 

Esa novedad tardó en surtir plenos efectos en el conjunto del sistema político, por el cordón sanitario al nacionalismo catalán que consiguió imponer el Gobierno presidido por Mariano Rajoy como consecuencia del “Procés”. Pero acabó haciéndolo a partir de julio de 2018, tras la sentencia de la Audiencia Nacional condenando al PP por corrupción. Con mucha nitidez inmediatamente después de la moción de censura y con menos a continuación por problemas diversos: falta de entendimiento entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, dificultad de articulación interna de la pluralidad del nacionalismo catalán, maniobras de las cloacas policiales con comprensión judicial contra Podemos, pandemia del COVID-19 y las dificultades propias de la acción de Gobierno, especialmente las relacionadas con la ley de amnistía.

Pero todavía hoy se sienten los efectos de lo que aquella novedad supuso. De lo contrario, Pedro Sánchez no seguiría siendo presidente del Gobierno. Entre el resultado electoral del 20 de diciembre de 2015 y el 23 de julio de 2023 ha habido una línea de continuidad. ¿Se puede seguir pensando en el mantenimiento de una alternativa de todas las izquierdas más los nacionalismos para derrotar al PP y VOX en 2027?

De aquí a las próximas elecciones generales falta mucho tiempo. En dicho tiempo se tienen que constituir los Gobiernos extremeño y aragonés. Se tienen que celebrar las elecciones en Castilla y León y Andalucía, en las que todo indica que será necesario un acuerdo entre PP y VOX en Castilla y León, aunque tal vez no en Andalucía. En el caso de que fuera necesario el acuerdo también en Andalucía, el horizonte electoral de 2027 quedaría definido inequívocamente para las derechas. Qué impacto tendría en la estrategia de las izquierdas es lo que estaría por ver.

Pero no es solamente en España donde van a producirse procesos electorales que pueden dibujar un horizonte al que tendrán que reaccionar los partidos de la izquierda española. También hay elecciones municipales el 15 y 22 de marzo en Francia y presidenciales en 2027. Municipales en Italia en 2026 y un referéndum sobre la reforma de la justicia, cuya fecha se anunciará en primavera, cuyo resultado será muy expresivo del apoyo al Gobierno de Giorgia Meloni. En marzo habrá elecciones en Baden-Württenberg y Rhineland-Palatinate y en septiembre en Saxony-Anhalt, Berlín y Mecklenburg-Vorpommern. También en marzo habrá elecciones en Eslovenia. En septiembre en Suecia. En octubre en Dinamarca y Lituania con Groenlandia en el punto de mira. Y en noviembre en Bulgaria, país que se acaba de incorporar al euro.

Fuera de Europa hay elecciones presidenciales en octubre en Brasil, en las que Lula intentará ser reelegido. Y en Israel. Y en noviembre las elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos, en las que Donald Trump ha puesto en marcha una operación de manipulación del ejercicio del derecho, con la finalidad de imposibilitar el triunfo del Partido Demócrata. 

Resulta imprescindible recordar que, aunque la democracia no se reduce simplemente a las elecciones, la manipulación del proceso electoral es el único acto que, por sí solo, puede poner fin a la democracia. Esto es lo que está en juego en noviembre en Estados Unidos. El impacto no quedaría circunscrito a las fronteras de dicho país. 

Es la supervivencia de la democracia como forma política lo que va a estar en juego entre 2026 y 2027. Y en ese horizonte tendremos que decidir en cada país de la Unión Europea qué Gobierno queremos. 

Las elecciones extremeñas y aragonesas han sido elecciones opcionales. No se había agotado la legislatura en ninguna de las dos comunidades autónomas y, en consecuencia, no se tenían por qué celebrar. 

En el Estado de las Autonomías tal como fue configurado por el constituyente y desarrollado a través de la aprobación de los Estatutos de Autonomía de País Vasco y Catalunya y los Pactos Autonómicos de 1981, no se habrían podido convocar, ya que la disolución electoral no se contemplaba para los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, sino únicamente para las Cortes Generales.

La disolución es una institución propia del constitucionalismo monárquico, que no debería haber permanecido en el constitucionalismo democrático, ya que, en última instancia, supone desconocer la decisión del cuerpo electoral y obligarlo a tomar una nueva. ¿Con base en que principio de legitimidad se puede dar cobertura a esta decisión? No, desde luego, con el de legitimidad democrática. Por eso, en los países que no conocieron el constitucionalismo monárquico, no existe la disolución y las elecciones se celebran “por calendario”, igual que los Campeonatos del Mundo de los distintos deportes o los Juegos Olímpicos. Así viene ocurriendo en los Estados Unidos desde finales del siglo XVIII.

Pero en Europa, en general, y en España muy en particular, la Monarquía ha dejado su huella en la Constitución democrática y el instituto de la disolución ha permanecido como parte de la fórmula de gobierno. Con poco impacto cuando la democracia opera de manera razonablemente satisfactoria y con bastante impacto cuando no lo hace de esa manera. La trayectoria de la democracia española desde la entrada en vigor de la Constitución es un magnífico ejemplo. Tanto en el Estado como en las Comunidades Autónomas. 

Sea como sea, la disolución parlamentaria se ha convertido en un arma política con la que hay que contar. Arma de doble filo, ya que el riesgo que corre quien hace uso de la prerrogativa no es pequeño. Puede errar o acertar. Pedro Sánchez erró en 2019 por no aceptar a Pablo Iglesias como vicepresidente y acertó en 2023 al disolver y convocar elecciones para el 23 de julio tras el fracaso electoral de las elecciones autonómicas y municipales de mayo del mismo año. Si no hubiera errado en 2019, no habría necesitado muy probablemente el 23 de julio y todo lo que está viniendo después. Pero las consecuencias de un error en la disolución son siempre muy gravosas.

En el terreno del PP, aunque formalmente no ha sido Alberto Núñez Feijóo quien ha disuelto los parlamentos de Extremadura y Aragón y ha convocado elecciones, hay pocas dudas de que materialmente la decisión ha sido suya. La disolución anticipada de los parlamentos extremeño y aragonés no han sido pensadas para la mejor dirección política de ambas comunidades, sino que han sido diseñadas como estaciones en el camino hacia la Moncloa del presidente del PP. 

La justificación de la decisión así lo pone de manifiesto. La dirección nacional, no las direcciones regionales, pretendía matar dos pájaros de un tiro: debilitar al presidente del Gobierno y “liberar” al PP de la sombra de VOX mediante la obtención de una mayoría absoluta que permitiera gobernar ambas comunidades en solitario. De esta manera Alberto Núñez Feijóo acudiría a las próximas elecciones generales libre de polvo y paja. 

Ambos objetivos estaban estrechamente relacionados. La intensidad del debilitamiento del presidente del Gobierno era directamente proporcional a la “liberación” del PP de VOX. Únicamente las mayorías absolutas de Guardiola y Azcón suponían una victoria para Núñez Feijóo y una derrota inequívoca de Pedro Sánchez. De no ser así, el tiro salía por la culata. Que es lo que ha ocurrido.

Los errores en el ejercicio de la prerrogativa de la disolución, como ya he dicho, tienen siempre un coste muy alto. Pedro Sánchez todavía está pagando su resistencia a contar con Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias lo está pagando todavía más, aunque no fue responsable de la decisión. La primera disolución de 2019 ha tenido un coste muy alto para las izquierdas españolas.

Ahora son las derechas las que tienen que hacer frente al coste de las disoluciones extremeña y aragonesa. 

La candidata a la presidencia de Extremadura ha tenido la ocurrencia de pedir la abstención del PSOE. Lo ha hecho públicamente y con la anuencia inmediata de Alberto Núñez Feijóo. Desconozco, si antes de dar publicidad a esta iniciativa, ha habido alguna aproximación para comprobar si había agua en la piscina, pero la impresión es que no ha habido ninguna. 

La imprudencia de la publicidad ha dejado inerme al PP frente a VOX, que puede exigir que Guardiola deje de ser la candidata a la investidura con la misma legitimidad que el PP ha intentado dejar a VOX fuera de juego. Si usted pretende sacarme del tablero de juego, yo puedo hacer lo mismo. O el PP renuncia a la candidatura de Guardiola o nuevas elecciones. 

O quiero tantas consejerías con el presupuesto correspondiente y con la aplicación de un programa, firmado ante notario, que cuente con el visto bueno de la dirección nacional de VOX. El trato humillante que VOX puede dispensar al PP no tiene más límite que el que Santiago Abascal quiera. A partir de este momento, el programa del PP es para Santiago Abascal lo que el Derecho Internacional es para Donald Trump. 

Pero la ocurrencia no va a tener efectos en Extremadura exclusivamente. ¿En qué condiciones ha dejado Guardiola a Azcón para negociar la investidura? ¿Y en qué condiciones acude el PP a las elecciones en Castilla y León? ¿E incluso en Andalucía, aunque Moreno Bonilla ha salido fortalecido con su respuesta a las inundaciones? Los últimos sondeos ya no le daban al PP la mayoría absoluta. Es posible que los próximos se la den. Pero es más probable que el desgaste de las investiduras de Extremadura, Aragón, y Castilla y León y el consiguiente fortalecimiento de VOX, le fuercen a depender de VOX.

Esa es la mochila con la que Alberto Núñez Feijóo tendrá que cargar hasta que se agote la legislatura o Pedro Sánchez decida darla por agotada. 

Es conocida por la opinión pública la “policía patriótica” que organizó el Gobierno de Mariano Rajoy para perseguir al nacionalismo catalán, por un lado, y para evitar, por otro, que la documentación de la que disponía Luis Bárcenas pudiera acabar en manos de los jueces que estaban investigando la corrupción del PP.

Menos conocida es la “justicia patriótica” que se activó en el Tribunal Supremo (TS), por un lado, y la Junta Electoral Central (JEC), por otro, para perseguir a los políticos nacionalistas que habían dirigido el procés.

La “policía patriótica” está próxima a ser enjuiciada en España. Tiempo habrá para analizar la forma en que la justicia española realiza esta tarea, aunque ya tenemos algunas indicaciones de la forma tan irregular en que se ha procedido en la fase de instrucción. Pero queda todavía recorrido hasta que se pueda emitir una valoración sobre la misma. 

Sobre la “justicia patriótica” sí parece que nos vamos aproximando al final. Entre marzo y abril de este año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dirá la última palabra, cuando se pronuncie sobre el recurso contra la ley de amnistía. 

Pero este jueves se ha hecho pública una sentencia del TJUE que, aunque no tiene nada que ver directamente con la ley de amnistía, sí es muy expresiva de lo que ha sido la forma de proceder de la justicia española respecto del expresidente Carles Puigdemont y otros políticos nacionalistas catalanes elegidos como diputados europeos.

La sentencia ha resuelto un asunto que se remonta a marzo de 2021, cuando el Parlamento Europeo accedió a la petición del Tribunal Supremo de España de levantar la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, con la finalidad de que pudieran ser extraditados a España y procesados por el TS. 

La concesión del suplicatorio por parte del Parlamento Europeo fue recurrida al Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGUE), que desestimó el recurso, al entender que la decisión del Parlamento era correcta y que no se había vulnerado con ella ningún derecho de los parlamentarios catalanes. 

Contra dicha decisión del TGUE se interpuso recurso de amparo ante el TJUE, que ha sido resuelto favorablemente, al entender el máximo órgano judicial de la Unión Europea que el Parlamento Europeo había vulnerado el derecho a un juez imparcial en la tramitación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo español, vulneración que había sido replicada por el TGUE, razón por la cual tenían que ser anulados tanto el acto parlamentario como el judicial. 

Es importante subrayar el sentido y alcance que el TJUE atribuye al derecho a un juez imparcial, que en este caso se extiende al acto parlamentario de otorgamiento del suplicatorio. La instrucción parlamentaria del suplicatorio para la suspensión de la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí se encomendó al parlamentario Angel Dzhambazki, que pertenece al grupo político del que formaba parte Vox. El Parlamento entendió que dicha pertenencia no afectaba a la imparcialidad en la instrucción del suplicatorio, opinión que fue compartida por el TGUE. 

El TJUE, por el contrario, considera que “en aras de la coherencia” el derecho a un juez imparcial exige que “el Parlamento también debe excluir a un ponente que sea miembro del grupo político al que pertenecen diversos diputados del partido político que ha promovido el proceso penal contra el diputado cuya inmunidad se examina”, pues un ponente con esa connotación “no ofrece garantías suficientes para excluir toda duda legítima del diputado objeto de dicho suplicatorio en cuanto a un posible prejuicio hacia él y, por lo tanto, no puede ser considerado imparcial”.

(¿Puede haber alguna duda con esta doctrina sobre la imparcialidad de la vulneración del derecho del exfiscal general del Estado a un juez imparcial? También habrá momento para volver sobre este asunto. Sigamos).

El reproche del TJUE al Parlamento se reproduce, pero con más intensidad, respecto del TGUE, ya que no solamente se le echa en cara “incurrir en el error” de considerar que la designación de un ponente del mismo grupo político que Vox “era irrelevante a la hora de apreciar la imparcialidad de dicho ponente”, sino que, además, desconoce que este eurodiputado búlgaro organizó un evento en marzo de 2019 con la intervención del secretario general de Vox con el tema 'Catalunya es España'. “La organización del evento, dice la sentencia, era indicativa no solo de un apoyo a las ideas políticas de dicho partido sobre la situación en Catalunya, sino de una posición favorable al procesamiento de los diputados”.  

La sentencia no tiene efectos jurídicos para Carles Puigdemont, ya que la concesión del suplicatorio tuvo lugar en la legislatura anterior. Al no ser parlamentario en esta, la decisión no tiene ningún efecto práctico respecto de él, ya que, como he explicado varias veces, las legislaturas no son vasos comunicantes, sino compartimentos estancos.

Ello no quiere decir que no tenga efecto alguno, ya que la opinión del TJUE le permite al expresidente esperar la sentencia sobre la ley de amnistía con mucha más confianza. 

En mi opinión, le podría permitir dirigirse al Tribunal Constitucional para que revisara su decisión sobre las medidas cautelares denegadas respecto de la orden de detención en España dictada contra él por el TS. Con esta sentencia, el voto particular de Ramón Sáez Valcárcel se ve enormemente fortalecido frente a la opinión mayoritaria de sus colegas.

Pero, sobre todo, la sentencia sí tiene efectos para Toni Comín, que sí ha sido elegido parlamentario para esta legislatura, pero que se encuentra en una situación esperpéntica, ya que se le reconoce que fue elegido por los ciudadanos, pero no fue reconocido como tal por la Junta Electoral Central (JEC). Al no ser incluido en la lista de eurodiputados elaborada por la JEC, a Toni Comín se le reconoce la titularidad, pero no el ejercicio de la condición de diputado. Esta situación delirante ha sido avalada por el TGUE, pero está pendiente la resolución del recurso por el TJUE, que presumiblemente atenderá la reclamación a tenor de la fundamentación jurídica de la sentencia conocida este jueves.

La sentencia del TJUE viene a reiterar la posición que han tenido todos los órganos judiciales europeos que han tenido que pronunciarse sobre las decisiones de la justicia española, tanto las unipersonales del juez instructor, Pablo Llarena, como las colegiadas de la Sala Segunda. 

Cuando se conozca la sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía, habrá que hacer una exposición de conjunto sobre el naufragio de la “justicia patriótica” en las playas de la justicia europea. En la playa belga, en la alemana, en la italiana, en la escocesa, en la suiza además de en la playa del TJUE.

El delito de prevaricación se puede cometer por dictar “a sabiendas” una resolución injusta o por hacerlo por “ignorancia inexcusable”. 

No sé por cuál de las variantes de la prevaricación optará Arturo Pérez Reverte al haber puesto el título a las jornadas sobre la Guerra Civil a celebrar en Sevilla, 1936-1939 LA GUERRA QUE PERDIMOS TODOS. 

Puesto que sabemos que el propio Pérez Reverte ha justificado con una mentira por qué le puso ese título, ya que no ha habido ningún problema de maquetación, operación en la que se perdieran los signos de interrogación que figuraban en el original, sino que no figuraron nunca, queda claro que el rey se ha quedado desnudo. 

¿El título está puesto “a sabiendas” de que se estaba dando gato por liebre o fue resultado de una “ignorancia inexcusable”? Tras el recurso a la mentira como justificación no queda otra alternativa. 

Lo más probable es que Pérez Reverte pensara que ninguno de los participantes impugnara el título de la forma en que lo ha hecho David Uclés, pero una vez que la impugnación se ha producido, la respuesta ha sido el reconocimiento de la prevaricación científica en cualquiera de sus dos variantes. La mentira no deja lugar a dudas.

Porque, además, los signos de interrogación no limpian el título. Estamos en 2026 y a estas alturas del guion “la guerra que perdimos todos” no tiene justificación posible. Ni con signos de interrogación ni sin ellos.

Santos Juliá lo dejó meridianamente claro en el primer capítulo de “Transición” (Galaxia Gutemberg. 2017), que empieza con la siguiente cita de Juan Benet a los cuarenta años de su inicio: “La Guerra Civil de 1936 a 1939, sin duda alguna es el acontecimiento histórico más importante de la España contemporánea y quien sabe si el más decisivo de su historia”. (“Qué fue la Guerra Civil”, 1976).

Santos Juliá añade: “Y ahora, cuando han transcurrido otros cuarenta años, no cabe decirlo de otra manera más que suprimiendo sus cautelas: ya lo sabemos todos, sin duda alguna. Es cierto que guerras y revoluciones hubo varias desde 1808: contra el invasor francés, llamada de independencia; entre las facciones absolutistas y liberales, que han pasado a la historia con el nombre de carlistas; la guerra de Cuba, interminable y, en ella, un desastre de guerra contra Estados Unidos en 1898; y de desastre a catástrofe, la guerra de Marruecos… Pero, a pesar de las muchas guerras e insurrecciones, ninguna de ellas agota la explicación del siglo XIX, ninguna se ha convertido en razón de ese siglo. No ocurre lo mismo en el XX, radicalmente impensable sin la Guerra Civil. Y esto es así porque, a diferencia de las guerras del siglo XIX, que unas veces acabaron sin un claro vencedor y otras dieron lugar a paces y abrazos de distinto signo, la Guerra Civil del siglo XX logró plenamente el propósito de quienes la iniciaron tras un golpe de Estado fallido: un vencedor que exterminó al perdedor y que no dejó espacio alguno para un tercero que hubiera negociado una paz o servido de mediador entre las dos partes. La Guerra Civil, que no hubiera podido prolongarse durante 32 meses sin una decisiva intervención extranjera, redujo la complejidad y múltiple fragmentación de la sociedad española del primer tercio del siglo XX a dos bandos enfrentados a muerte, con el resultado del que el vencedor nunca accedió a ningún tipo de pacto que posibilitara la reconstrucción de una comunidad política con los perdedores y volviera a integrarlos en la vida nacional. La Guerra Civil no fue la culminación de una historia, sino su quiebra brutal, un corte profundo infligido a la sociedad española que, desde 1939, quedó amputada para siempre de una parte muy notable de sus gentes y de su historia”

¿No ha leído Arturo Pérez Reverte a Santos Juliá o a Juan Benet? 

Con la investigación científica, digna de tal nombre, de la que disponemos, es imposible justificar el título de las jornadas, ni con signos de interrogación ni sin ellos. Si Arturo Pérez Reverte conoce esa investigación, no puede haber puesto el título con otra finalidad que no sea la de “servir a su señor”, sea este quien sea. Y si no la conoce ¿qué hace organizando esas jornadas?  

La regularización de inmigrantes se ha producido de manera recurrente desde la entrada en vigor de la Constitución. Una de las diferencias más llamativas entre la España de la democracia y la predemocrática reside, justamente, en la migración, en el tránsito de un país de emigrantes a otro de inmigrantes. Con la excepción de los dos primeros gobiernos de la democracia, los presididos por Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo y el presidido por Mariano Rajoy, en todos los demás se han aprobado normas que posibilitaron la regularización de inmigrantes en nuestro país.

La que se acaba de aprobar en el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, si se diferencia por algo de las que se aprobaron bajo los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, es porque su origen ha estado en una iniciativa legislativa popular con más de setecientas mil firmas. Y también porque, como contrapunto a dicha iniciativa popular, hay un partido político, Vox, que se opone a la regularización. 

La democracia española ha sido muy coherente en lo que al fenómeno migratorio se refiere. Pienso que lo habría sido todavía más si se hubiera aprobado la ley por iniciativa popular que se presentó en el Congreso de los Diputados. Habría sido un muy bonito precedente para futuras regularizaciones. El debate legislativo hubiera sido una excelente lección de democracia para la ciudadanía. Y una excelente ocasión para haberle dado la oportunidad al PP presidido por Alberto Núñez Feijóo de mantener la coherencia con el discurso en el acto de admisión a trámite de la iniciativa popular.

El haberse descolgado a última hora de esta última es una mala noticia, ya que este es un terreno en el que es de suma importancia que las mayorías sean muy amplias. Lo fue en el momento de la admisión a trámite de la iniciativa popular. Y debería continuar siéndolo en este momento. Pero la cabra al monte tira y una vez más razón tuvo el refrán, como añadió Carlos Gardel.

Con lo dicho hasta el momento sería suficiente para subrayar la importancia de la decisión adoptada por el Consejo de Ministros. Pero hay algo más que no se puede perder de vista. Esta regularización se produce casi inmediatamente después de la crítica frontal a esta política inmigratoria en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada recientemente por Donald Trump.  

Como el lector sin duda alguna sabe, en el documento en que se expresa dicha estrategia, Europa ocupa un lugar destacado. No de manera positiva, sino todo lo contrario. El desprecio del presidente americano por la Unión Europea, no es nuevo, pero nunca se había expresado con la ferocidad con que lo hace ahora. 

Y en ese desprecio la política inmigratoria ocupa un lugar destacado. Con dicha política, llega a decir Donald Trump, la civilización europea pone en riesgo su propia supervivencia. Únicamente si los partidos de la extrema derecha europea consiguen convertirse en partidos de gobierno, Europa podrá seguir siendo considerada europea.

En opinión de Trump, las regularizaciones de inmigrantes son una amenaza mortal para la identidad europea, que tiene que ser combatida con la máxima firmeza. De seguir por la vía que van, en unos años las sociedades europeas dejarán de ser reconocibles como tales.  

La repulsa frontal de dicha opinión es lo que representa la regularización acordada en España. Es una forma más de plantarle cara no a los Estados Unidos, sino a la extrema derecha que está gobernando el país. Europa no tiene que ser ni, mucho menos deber ser, lo que Donald Trump quiere que sea, sino todo lo contrario. 

Se trata, al mismo tiempo, de una forma de manifestar nuestra solidaridad con los ciudadanos americanos que están haciendo frente a la Administración Trump arriesgando su vida al hacerlo. La defensa de una convivencia multicultural y multiétnica se está haciendo bajo una amenaza terrible, que recuerda los peores episodios de la historia xenófoba y racista de los Estados Unidos. Por esta razón, el decreto de regularización de inmigrantes recientemente aprobado tiene ese valor añadido. 

Un día después de haber enviado este artículo, se publicó uno en el New York Times, con el título “Oponiéndose (Bucking) a una tendencia global, España ofrece a los inmigrantes indocumentados una vía legal para permanecer en el país”, en el que se hace una exposición muy objetiva de la decisión adoptada por el Gobierno español, subrayando la novedad que supone, especialmente tras lo que está ocurriendo con la política seguida por la Administración Trump en los Estados Unidos y su intención de proyectarla hacia las fronteras de la Unión Europea.

Nadie puede llamarse a engaño, porque Donald Trump dejó claro antes de que los ciudadanos norteamericanos acudieran a las urnas el 5 de noviembre de 2024 que el “enemigo interno” era la mayor amenaza para la seguridad nacional del país. El 13 de octubre de 2024, en el programa “Sunday Morning Futures”, lo expresó de manera rotunda: “Siempre digo que tenemos dos enemigos. Tenemos el enemigo exterior y tenemos el enemigo interno. Y el enemigo interno, en mi opinión, es más peligroso que China, Rusia y todos los demás países”.

Thomas B. Edsall, el 11 de febrero de 2025, en un muy extenso ensayo en The New York Times, “Their Target is the Very Core of Modern American Liberalism”, subrayó que la amenaza del enemigo “interno” era “el concepto clave de la movilización del movimiento MAGA y de la estrategia intelectual que los conservadores de la extrema derecha han construido con la finalidad de dotarse de los medios de ataque contra el núcleo esencial del liberalismo americano”, que es la ideología en la que hunde sus raíces dicho concepto.

Para Donald Trump el enemigo “interno” es la democracia, como lo fue en su día para Adolf Hitler o Mussolini o Franco. Por eso las fronteras de dicho enemigo interno no se circunscriben a las del propio país, sino que se proyectan hacia el exterior. Se empieza con el enemigo interno “sensu stricto”. Pero se acaba con el enemigo interno “lato sensu”, porque la amenaza viene de la democracia como forma política.

Con una velocidad inusitada desde su toma de posesión y de manera ininterrumpida hasta hoy mismo, Donald Trump ha centrado su estrategia política en ese “enemigo interior”, integrado por medios de comunicación, bufetes de abogados, universidades y centros de investigación, museos, funcionarios federales e incluso gobernadores de la Reserva Federal.

Mención especial merece la inclusión de los Estados y ciudades dirigidos por el Partido Demócrata, contra los que hizo uso de la Guardia Nacional en un primer momento, para, una vez que el poder judicial le impidió continuar haciendo uso de la misma en Chicago, pasar a hacer uso del ICE, que está haciendo una exhibición excepcional de brutalidad en la ciudad de Minneapolis en estos últimos días.

Hasta dónde puede llegar esta ofensiva es algo que todavía está por ver, ya que la resistencia que se está generando en los propios Estados Unidos no solamente va teniendo cada vez más entidad, sino que empieza a tener un reflejo cada vez más acusado en las encuestas, en las que hay una mayoría muy consistente que desaprueba la gestión de Donald Trump en general, así como la de la casi totalidad de sus políticas sectoriales. Teniendo en cuenta que 2026 es año electoral, no es descartable que el presidente tenga que pisar el freno. Pero sin poder descartar que pise de nuevo el acelerador en cuanto la coyuntura se lo permita. 

La opinión pública estadounidense, tras haber estado apagada en los primeros momentos del ejercicio abusivo del poder por parte del presidente, está empezando a entender que hay que hacer frente al matonismo de la Administración Trump, que no entiende más lenguaje que el de la fuerza. 

Ante esta resistencia del “enemigo interior stricto sensu”, Donald Trump ha reaccionado desplazando la presión sobre “el enemigo interior lato sensu”, es decir, sobre la Unión Europea. De ahí que, en la publicación de su estrategia de seguridad nacional, ni China ni Rusia ocupan un lugar destacado, al contrario de lo que ocurre con la Unión Europea, por la que manifiesta un desprecio absoluto y a la que vaticina su futura disolución, si no consigue evitarla corrigiendo su política de inmigración y aceptando los postulados de los partidos de extrema derecha.

Afortunadamente, la Unión Europea, desmintiendo el refrán, ha aprendido en cabeza ajena y ha entendido que todo lo que no sea plantar cara directamente a Donald Trump no puede conducir nada más que a la catástrofe. Lo ha hecho con la inestimable colaboración de Canadá, cuyo primer ministro hizo en Davos la mejor formulación de la negativa a las pretensiones del presidente de los Estados Unidos.   

La Unión Europea tiene que sentirse orgullosa de ser calificada por Donald Trump como un “enemigo interno”, porque lo que el presidente americano representa es lo contrario de aquello por lo que y para lo que la Unión Europea se constituyó. 

La Unión Europea fue el resultado de la extensión de la democracia política a los países de Europa Oriental tras la caída del Muro de Berlín. En solo tres años, de 1989 a 1992, las Comunidades Europeas que empezaron a constituirse a mediados de los años cincuenta se transformaron en la Unión Europea. En el enfrentamiento con los Estados Unidos de Donald Trump va a estar la prueba de fuego de su viabilidad política. 

2026 puede ser el año decisivo. 

El 15 de enero de 2026, en la sección de Opinión, con el subtítulo The Conversation, The New York Times publicó la transcripción de la conversación mantenida entre dos de sus habituales columnistas, Frank Bruni y Bret Stephens, con el título: The Gaudy, Nasty Fictions of Donald Trump (Las llamativas y asquerosas ficciones de Donald Trump). La conversación giraba en torno a la trayectoria de Donald Trump en este su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos y el riesgo para la supervivencia de la democracia en el país.

Aunque no parecía que la conversación fuera a tomar como punto de referencia la experiencia de la República de Weimar, Bret Stephens la sacó a relucir casi al comienzo de su intervención, para negar enfáticamente cualquier semejanza entre los Estados Unidos de Trump y la Alemania de Hitler y manifestar más que su confianza, su convicción, en que el segundo mandato de Trump no acabaría con un “cambio de régimen” en los Estados Unidos, que sobreviviría como una democracia reconocible como tal a la segunda trayectoria presidencial de Trump. “Nuestra democracia no es como la República de Weimar”, dijo de manera tajante. Frank Bruni no manifestó la misma seguridad, aunque tampoco sostuvo la opinión contraria.

El hecho de que Weimar se introdujera en la conversación ya es un dato digno de ser tomado en consideración. Hace unos años la comparación hubiera sido inimaginable. Ahora ya no lo es. 

Y no lo es, porque hay una coincidencia entre las pretensiones de Adolf Hitler y de Donald Trump de poner fin a una democracia constitucional haciendo uso de los instrumentos que la propia democracia constitucional proporciona a quienes pretenden destruirla. En el caso de Adolf Hitler la pretensión era inequívoca desde el primer momento. En el caso de Donald Trump no estuvo tan claro en su primer mandato, pero se puso de manifiesto de manera inequívoca en 2020, cuando se negó a aceptar el resultado electoral y alentó el asalto al Capitolio, con la finalidad de que se pudiera revertir de manera espuria dicho resultado y ser proclamado presidente.

A partir de ese momento quedaba claro que Donald Trump aceptaba el resultado electoral a beneficio de inventario. Y también está quedando claro en este 2026 que pretende proyectar ese tipo de aceptación al Partido Republicano para futuras elecciones. ¿Las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026? Donald Trump ya ha dejado caer que con lo bien que lo está haciendo él, casi no tendría sentido que se hicieran las elecciones de mitad de mandato. Ha habido un desmentido posterior, pero no del propio Trump, sino de su portavoz, es decir, con la boca pequeña.

La coincidencia en la pretensión no puede ocultar, sin embargo, las enormes diferencias entre la Alemania de Weimar y los Estados Unidos desde su fundación en 1787 hasta hoy.  

Voy a centrarme solamente en una, que, en mi opinión, es la más relevante: el tiempo en que tardó Adolf Hitler en destruir la Constitución de Weimar y el que está consumiendo Donald Trump en su ejecutoria política, que empezó en 2016 con las primarias para ser candidato por el Partido Republicano.

Timothy W. Ryback, How Hitler dismantled a Democracy in 53 days (The Atlantic, 8 de enero de 2025), reprodujo el proceso a través del cual en un mes, tres semanas, dos días, ocho horas y 40 minutos Adolf Hitler consiguió destruir la República de Weimar desde el momento en que fue proclamado canciller. En el momento en que fue aprobada por el Reichstag la ley de habilitación que transfirió al Gobierno la posibilidad de aprobar normas con fuerza de ley, se puso fin a la democracia parlamentaria de manera definitiva. El canciller Adolf Hitler prescindiría por completo del Parlamento, concentrando el poder de manera irreversible. El profesor Ryback subraya que no fue una inevitabilidad histórica que ese fuera el resultado, pero que una vez producido, ya no hubo marcha atrás posible. 

La celeridad con que Adolf Hitler desmanteló el sistema constitucional de la República de Weimar era el modelo que Donald Trump tenía en mente en el inicio de su segundo mandato. Es lo que intentó hacer desde el primer día posterior a la toma de posesión. La creación del derecho mediante órdenes ejecutivas, de las que dictó 225 antes de que acabara 2025, más que todas las que dictó en los cuatro años de su primer mandato y tres veces más que las dictadas por cualquier otro presidente en su primer año de mandato. El chantaje a los bufetes de abogados, a las grandes universidades, a los museos. La imposición de aranceles de una manera caótica y contradictoria, pero efectiva. La tarifa media ha pasado del 2,4% el día de la inauguración al 16,8% a finales de año. La arbitrariedad en el trato a los inmigrantes. La vulneración de la enmienda decimocuarta, poniendo fin a la adquisición de la nacionalidad por nacimiento en el territorio de los Estados Unidos. El despido de más de trescientos mil funcionarios federales. La persecución del anterior director del FBI, de la Fiscal de New York que había llevado la acusación contra él ante un Gran Jurado. El intento de conseguir que una gobernadora de la Reserva Federal dejara de serlo por haber contratado dos hipotecas sin dejar claro cuál de cada una de ellas afectaba a su residencia habitual. Y, por último, el intento de destituir al presidente de la Reserva Federal, como consecuencia de una investigación por sobrecoste en la rehabilitación de la sede de la institución. La enumeración es puramente ejemplificativa.

Con la misma determinación y celeridad ha intentado poner en marcha una política exterior expansiva, con una redefinición de la doctrina Monroe, con la finalidad de controlar el hemisferio Occidental, territorio que ha considerado decisivo para la seguridad nacional y en el que considera que puede intervenir sin necesidad de tener autorización del Congreso y con desprecio absoluto a las normas de Derecho Internacional. Ahí está el ejemplo de Venezuela. El de Groenlandia y ya veremos.

A diferencia de lo que ocurrió en Alemania, en donde a partir del quincuagésimo tercer día desde que Hitler accedió a la Cancillería no hubo resistencia alguna frente a sus órdenes, en Estados Unidos no está siendo así. Hasta la fecha se han interpuesto 538 recursos contra las decisiones de Donald Trump, 149 de los cuales han conseguido bloquear sus iniciativas. En otros 100 la administración Trump se ha visto apoyada por el poder judicial. Y otros cien están pendientes de resolución, entre ellos algunos tan importantes como el relativo a la nacionalidad por haber nacido en el territorio de los Estados Unidos o el relativo a la constitucionalidad de los aranceles, puesta en cuestión por un Tribunal Federal de New York, que el presidente ordenó recurrir de manera urgente ante la Corte Suprema, que no se está dando prisa en resolver y que, según parece, es probable que confirme la decisión del tribunal de New York respecto de la anticonstitucionalidad de dichos aranceles. 

Por último, el intento de destituir al presidente de la Reserva Federal se ha saldado con un fracaso no solo respecto de la permanencia del presidente actual al frente de la Reserva hasta el final de su mandato, sino también pro futuro, ya que ha dejado en posición de fuera de juego al candidato que Donald Trump tenía previsto para sustituir al actual presidente, cuyo mandato como presidente, no como miembro de la Reserva Federal, finaliza en junio. 

El sistema de pesos y contrapesos no ha impedido que Donald Trump haya actuado de la forma en que lo ha hecho hasta ahora, pero sí está manifestando una resistencia tan notable, que no está nada claro cuál puede ser el resultado final de la ejecutoria de Donald Trump en el sistema político de los Estados Unidos. 

No cabe duda de que la democracia americana va a salir con desperfectos significativos. Pero no está nada claro que el propósito anticonstitucional de Donald Trump se acabe imponiendo. La suerte no está echada.  

El juicio mediante el cual se condenó a Álvaro García Ortiz el 20 de noviembre de 2025, fue un juicio fake. El juicio fue posible por una maniobra torticera de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) carente de cualquier justificación jurídica digna de tal nombre.

En el origen del juicio está una querella infundada del presidente del Colegio de Abogados de Madrid contra la fiscal jefa de Madrid por la publicación de una nota informativa mediante la que se desmentía una falsedad dada a conocer a través de El Mundo y tres medios digitales por parte de Miguel Ángel Rodríguez (MAR), respecto de pacto de conformidad propuesto por la defensa de Alberto González Amador mediante correo electrónico de 2 de febrero de 2024 dirigido al servidor general de la Fiscalía de Madrid.

En dicho correo electrónico se reconocía que Alberto González Amador había cometido dos delitos fiscales y se proponía un pacto de conformidad consistente en el pago de la deuda tributaria con los intereses correspondientes y una pena privativa de libertad que no conllevara su ingreso en prisión. En la falsedad que MAR puso en circulación, fue el ministerio fiscal el que propuso a González Amador el pacto de conformidad, propuesta que, según añadían los tres medios digitales, fue torpedeada “desde arriba”, sin que quedara claro si ese “desde arriba” acababa en el fiscal general del Estado o llegaba hasta la Presidencia del Gobierno.

Dada la gravedad de la acusación contra el Ministerio Fiscal que en dicha falsedad se contenía, la fiscal jefa de Madrid, con el conocimiento y aval del fiscal general del Estado, se consideró en la obligación de emitir una nota informativa poniendo los puntos sobre las íes.

Contra la publicación de dicha nota informativa interpuso querella el presidente del Colegio de Abogados de Madrid ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la fiscal jefa por delito de revelación de secreto. Admitida a trámite la querella, el fiscal general del Estado puso en conocimiento de la Sala su responsabilidad en la publicación de la misma, razón por la cual la Sala tuvo que remitir la querella a la Sala Segunda del TS, dada la condición de aforado del fiscal general.

La Sala Segunda del TS consideró que la publicación de la nota informativa no era constitutiva del delito de revelación de secreto, ya que lo que se desmentía en dicha nota había dejado de ser secreto al haber sido publicado en diferentes medios de comunicación.

Aquí se tenía que haber puesto punto final a la querella. Pero no fue así. La Sala Segunda del TS desvió el foco de la nota informativa –que desmentía la falsedad puesta en circulación por MAR– al correo electrónico de la defensa de González Amador de 2 de febrero de 2024, y apuntó la posibilidad de que se habría podido cometer un delito de revelación de secreto mediante la filtración del mismo.

En buena lógica procesal, dado que el correo electrónico no había sido dirigido a ningún fiscal, sino a un servidor general de la Fiscalía de Madrid al que tenía acceso un número indeterminado, pero determinable, de personas, la Sala Segunda debería haber devuelto la querella a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a fin de que abriera una investigación para identificar al autor de la filtración. Si de dicha investigación resultara que el autor era presumiblemente el fiscal general del Estado, entonces se tendría que elevar de nuevo la querella a la Sala Segunda del TS.

Pero no fue eso lo que hizo. Retuvo la competencia para investigar la posible autoría de la filtración reduciendo la investigación al fiscal general del Estado, aunque no dispusiera no ya de ninguna prueba, sino de ningún indicio que apuntara en esa dirección. A continuación, designó a Ángel Hurtado como instructor.

Al dar ese paso, la Sala Segunda vulneraba de entrada tres derechos fundamentales:

1. Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Dado el número de personas que habían tenido conocimiento del correo electrónico antes que el fiscal general del Estado, la inmensa mayoría de ellos en la Fiscalía de Madrid, no podía ser el TS el que se encargara de la investigación, sino que tenía que serlo la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El TS únicamente puede ser juez instructor cuando la causa está dirigida de manera inequívoca contra una persona aforada. Que este no era el caso se pone de manifiesto en la propia sentencia condenatoria, en la que se atribuye la conducta delictiva al fiscal general o a “alguien de su entorno”. Ni siquiera tras la instrucción y tras la celebración del juicio ha podido llegar el TS a la identificación inequívoca del autor de la filtración. ¿Cómo pudo llegar a la conclusión que la investigación tenía que circunscribirse a Álvaro García Ortiz?

2. Pérdida de imparcialidad. Sin ninguna prueba, sin ningún indicio, el TS decide que únicamente el fiscal general del Estado tiene que ser investigado como posible autor del delito de revelación de secreto mediante la filtración del correo electrónico. ¿No supone esa decisión que los cinco magistrados que condenaron tenían preformada ya su opinión sobre la culpabilidad de Álvaro García Ortiz y que, en consecuencia, no podían ser parte del órgano judicial que dictara sentencia?

3. Presunción de inocencia. Sustitución de la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad. La decisión de la Sala Segunda del TS de reducir la investigación al fiscal general del Estado en ese momento inicial es incompatible con la presunción de inocencia, que es sustituida por la presunción de culpabilidad. No dispongo de ningún indicio, ni de ninguna prueba, pero tiene que haber sido él. Que demuestre que no ha sido. La Sala Segunda se exonera de la obligación de destruir la presunción de inocencia del fiscal general del Estado mediante la correspondiente prueba de cargo y le impone la obligación de demostrar su inocencia. Caso de libro de la conocida como prueba diabólica.

Con la vulneración de estos tres derechos fundamentales ya es suficiente para viciar de nulidad la sentencia condenatoria, aunque ello no quiere decir que sean los únicos derechos que se han vulnerado. Hay varios otros vulnerados en la instrucción por parte del juez Ángel Hurtado, como el principio de proporcionalidad y de imparcialidad, al invadir la sede de la Fiscalía General y volcar la información en dispositivos de todo tipo durante ocho meses; por el presidente de la Sala, cuando, en clara vulneración del principio de imparcialidad, interrumpió la declaración de José Precedo y afirmó sentirse amenazado por lo que no era más que un ejercicio impecable del derecho a transmitir información veraz; del principio acusatorio, al no quedar claro si la filtración se circunscribía al correo electrónico de 2 de febrero de 2024 o a la nota informativa desmintiendo la falsedad puesta en circulación por MAR; del principio de imparcialidad, de nuevo, en la intervención retribuida del presidente de la Sala Segunda en un curso organizado por el Colegio de Abogados, primer querellante, en el que dejó caer que era el ponente de la sentencia, cuando todavía la Sala no había decidido que no sería la magistrada Susana Polo la ponente; del principio de legalidad, al considerar que el fiscal general del Estado había cometido el delito previsto en el artículo 417. 1 del Código Penal, conclusión que no se puede alcanzar con ninguna de las reglas de interpretación comúnmente admitidas en el mundo del derecho.

Sobre todas estas vulneraciones tendrá que pronunciarse ahora la Sala Segunda al resolver el incidente de nulidad de actuaciones que ha presentado la defensa del fiscal general. Y que, si no es atendido por dicha Sala, será objeto del recurso de amparo sobre el que tendrá que dictar sentencia el Tribunal Constitucional.

Dada la importancia del caso, del que no hay precedente no ya en España sino en ninguno de los Estados que constituyen la Unión Europea, parece razonable la solicitud de que se deje en suspenso la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva el incidente de nulidad de actuaciones. La no aceptación de la solicitud supondría una nueva vulneración del principio de imparcialidad y de la presunción de inocencia.

Espero que el lector haya entendido por qué afirmo que el juicio de verdad empieza ahora.