El incendio de un camión cargado de paja en la A-62 (Burgos-Portugal), a la altura de Torquemada (Palencia) ha obligado a cortar los dos carriles del sentido Valladolid desde poco después de las cuatro de la tarde y se ha reabierto casi dos horas más tarde, aunque con tráfico lento.

Según la información facilitada por el servicio de Emergencias de Castilla y León, sobre las tres y media de la tarde se ha avisado del incendio de un camión cargado de paquetes de paja en sentido Valladolid, entre las localidades palentinas de Torquemada y Villamediana, sin que hubiera ninguna persona herida.

El vehículo se ha incendiado en el kilómetro 72 de la autovía en sentido Valladolid obligando a cortar los dos carriles de la circulación.

El centro de emergencias ha avisado a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y al centro provincial de mando de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

El incidente ha obligado a cortar la circulación en sentido Valladolid entre los kilómetros 69 y 75 de dicha autovía, según la información de la DGT.

Pocos minutos después se ha avisado del incendio de otro camión en el kilómetro 64 de la misma autovía, a la altura de Torquemada (Palencia) pero en sentido Burgos, en el área de descanso El Canto.

En este caso tampoco hay personas heridas, según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2

La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo (Palencia), María José Ortega, ha sido trasladada este sábado en un helicóptero sanitario hasta la UVI del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) después de sufrir, a primera hora de esta tarde, un accidente de tráfico en Palencia. El suceso se ha producido en el kilómetro 3 de la carretera provincial PP-2201, poco antes de las 14:25 horas, al resultar embestido en una colisión frontolateral el vehículo en el que viajaba la alcaldesa después de asistir a un acto festivo en Menaza, pedanía de Aguilar de Campoo.

Conducía el vehículo el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Aguilar y diputado provincial, Jesús Manuel Sevilla, su esposa y una hija, según publica el diario El Norte de Castilla. La alcaldesa fue evacuada en un helicóptero sanitario hasta el HUBU, mientras que el concejal y la joven de 25 años fueron trasladados en una ambulancia convencional hasta el Hospital Río Carrión, en Palencia, han informado fuentes del servicio Emergencias 112 Castilla y León.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La operación se ha saldado hasta el momento con la detención de once integrantes de la organización criminal y la liberación de dos víctimas, según informa la Policía en un comunicado.

La red captaba a mujeres en España, de origen latinoamericano, mediante falsas promesas y eran trasladadas entre distintos clubes para ser explotadas sexualmente. Las víctimas eran sometidas a condiciones abusivas, restricciones de libertad, amenazas y un férreo control por parte de los miembros del entramado. En los registros practicados en las provincias de Valladolid (2), Salamanca (1) y Palencia (1), se intervinieron documentación sobre la explotación, armas blancas, sustancias estupefacientes y cerca de 7.000 euros en efectivo.  

La investigación se inició a raíz de las declaraciones prestadas por dos víctimas que pusieron en conocimiento de los agentes hechos susceptibles de constituir delito. A partir de dichas manifestaciones, así como las medidas judiciales acordadas y las diferentes gestiones policiales practicadas, los investigadores pudieron determinar la existencia de una organización criminal de origen principalmente dominicano, perfectamente estructurada y con un claro reparto de funciones entre sus integrantes.

Las pesquisas permitieron identificar una red de captadores encargada de localizar mujeres en nuestro país en situación de vulnerabilidad, especialmente con carencias económicas y cargas familiares, a quienes ofrecían falsas promesas laborales para posteriormente trasladarlas a clubes gestionados por la organización donde eran explotadas sexualmente.

Los clubes utilizados para la explotación sexual estaban ubicados en las provincias de Valladolid, Salamanca y Palencia. Las víctimas eran desplazadas continuamente entre los distintos clubes con el objetivo de dificultar la actuación policial y evitar su detección y liberación.

Violencia, hostigamiento y control en jornadas de más de 13 horas

Una vez llegaban a los clubes, las víctimas comprobaban que las condiciones reales no se correspondían con las inicialmente pactadas. Según se ha acreditado durante la investigación, los clubes permanecían cerrados con llave durante el día para impedir que abandonaran el recinto, tenían prohibido pasar el día libre fuera del establecimiento y debían cumplir extensas jornadas obligatorias en sala desde las 16:00 horas hasta las 05:00 de la madrugada, prolongándose incluso más tiempo si así lo requerían los clientes.

Asimismo, de los beneficios obtenidos por los servicios sexuales, las víctimas percibían menos del 50%. En algunos casos, las mujeres ni siquiera eran informadas previamente de las condiciones y eran obligadas directamente a ejercer la prostitución tras su llegada a los clubes.

Los agentes constataron un clima continuado de violencia, hostigamiento y control sobre las víctimas. Según se desprende de las actuaciones, algunas de ellas no recibían alimentación si no ejercían la prostitución.

Los investigadores comprobaron igualmente la absoluta coordinación existente entre los miembros de la organización, encargados tanto del traslado de las mujeres entre provincias como de la gestión y control de los establecimientos. Todos ellos desempeñaban funciones concretas y rotaban constantemente entre los tres clubes para dificultar la detección de la actividad delictiva.

La fase de explotación de la operación se llevo a cabo en el mes de mayo de 2026, cuando se procedió a la detención de 11 miembros de la red criminal en las provincias de Valladolid (6), Madrid (2), Palencia (2) y Salamanca (1). Además, se practicaron cuatro diligencias de entradas y registros en las provincias de Valladolid (2), Salamanca (1) y Palencia (1).

Condiciones insalubres y control total en los clubes

Durante los registros, los agentes intervinieron abundante documentación relacionada con la explotación sexual, contabilidad de beneficios y deudas de las mujeres. También se localizaron transferencias monetarias, teléfonos móviles, armas blancas y alrededor de 7.000 euros en efectivo.

Entre los efectos hallados en uno de los clubes destaca un manual en el que se recogían instrucciones precisas sobre el funcionamiento del establecimiento y el control de las mujeres, tales como la obligación de entregar las llaves de las habitaciones al bajar, la prohibición de salir con clientes fuera del local o el pago anticipado de los servicios sexuales a los encargados de los respectivos clubes.

Los agentes comprobaron además las deficientes condiciones de habitabilidad en las que residían las víctimas. Las estancias comunes presentaban un grave estado de suciedad, falta de higiene y carencias básicas de salubridad, llegando a localizarse insectos y trampas para ratas, todo ello con un entorno de explotación y sometimiento.

Durante la operación también se hallaron evidencias de un presunto delito contra la salud pública al localizar diversas sustancias, entre ellas speed y medicamentos para la difusión eréctil distribuidos sin control sanitario ni receta médica.

Fruto de las inspecciones y actuaciones policiales en los clubes desarrolladas durante la investigación, han sido localizadas e identificadas más de un centenar de mujeres ejerciendo labores de alterne y prostitución desde el año 2021, encontrándose más del 75% de ellas en situación irregular. El día de la explotación de la operación fueron identificadas 15 mujeres, ocho de las cuales se encontraban en situación irregular.

El PP y Vox han anunciado este miércoles un acuerdo para investir a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. A cambio de su apoyo, y como ya ocurrió en 2022, la extrema derecha volverá al Gobierno de Mañueco con una vicepresidencia y tres consejerias. La formación ultra ha impuesto de nuevo su agenda extremista con la “prioridad nacional”.

Mañueco ha justificado la “prioridad nacional” con un texto que es “el mismo en Extremadura y en Aragón” y que se aplicará como “criterio inspirador”

El acuerdo, que ambas formaciones han hecho público este mediodía, dice que “no se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán vinculados plazas en los existentes” . También se reforzarán “los protocolos de intervención y disciplina en los centros de menores”.

Este es el documento íntegro del acuerdo:

La empresa salmantina Perfumerías Avenida ha anunciado el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podrá afectar hasta un centenar de trabajadores, cerca del 15% de una plantilla compuesta actualmente por unos 700 empleados. La medida forma parte de un proceso de reestructuración con el que la compañía busca adaptarse a los cambios experimentados por el sector de la perfumería y la cosmética durante los últimos años.  

Según ha explicado el nuevo consejero delegado del Grupo Recio, Javier Alonso, la negociación con los representantes de los trabajadores ya ha comenzado y se prolongará aproximadamente durante un mes y medio. El ajuste afectará únicamente al personal de tienda y no alcanzará a otros departamentos como logística, almacenes o administración. Además, irá acompañado del cierre de varios establecimientos.  

La dirección de la empresa atribuye esta decisión a la caída sostenida de las ventas desde la pandemia y a la transformación de los hábitos de consumo, cada vez más orientados hacia la compra a través de canales digitales. La compañía pretende reforzar precisamente su presencia online para recuperar competitividad en un mercado cada vez más dominado por el comercio electrónico.  

Perfumerías Avenida es una de las firmas comerciales más reconocidas de Salamanca. Integrada en el Grupo Recio, una empresa familiar con sede en la capital salmantina, sus orígenes se remontan a principios del siglo XX y a la actividad farmacéutica iniciada por Manuel Recio Sánchez. La actual cadena de tiendas nació en los años 80, dentro de la expansión comercial impulsada por la segunda generación de la familia. Solo en Castilla y León cuenta con más de 80 establecimientos.

En la actualidad cuenta con más de 200 tiendas en toda España, con liderazgo en Castilla y León y Galicia, repartidos por diez comunidades autónomas y presencia en más de 90 municipios españoles, además de una importante red logística y de distribución. La empresa desarrolla actividad tanto en el comercio minorista como en la distribución mayorista de productos de perfumería, cosmética, parafarmacia y cuidado personal.  

La compañía también es ampliamente conocida por su vinculación con el deporte femenino a través del club de baloncesto salmantino Club Baloncesto Perfumerías Avenida, una de las entidades más exitosas del baloncesto español, patrocinada desde hace más de dos décadas por el Grupo Recio. Ese vínculo decayó hace escasas semanas después de 25 años, afectado por la situación económica de la distribuidora.

Igualdad Animal ha denunciado este jueves que la Consejería de Sanidad de Castilla y León oculta a la opinión pública el expediente sancionador que abrió el pasado mes de febrero contra el matadero Vicente de Lucas (Segovia), después de que la fundación animalista trasladara a las autoridades castellano-leonesas el 19 de diciembre de 2025 las imágenes inéditas que avanzó este martes elDiario.es. En este establecimiento industrial, unos 200 cervatillos fueron sacrificados a tiros, de forma aglomerada, con signos evidentes de miedo y estrés debido al incorrecto trato que realizaron los operarios.

La Consejería de Sanidad, cuya cartera en funciones ostenta Alejandro Vázquez (PP), no respondió a este diario cuando se le consultó por las presuntas irregularidades en el matadero segoviano. Concretamente, se preguntó si la Dirección General de Salud Pública había iniciado una o varias inspecciones y si se habían acreditado irregularidades. En caso afirmativo, si se había iniciado un expediente y cuáles eran las conclusiones que habían extraído los técnicos y servicios veterinarios en sus informes.

Pese a ello, tras la publicación del reportaje aseguraron que el matadero “cuenta con autorización para operar con caza de cría”, y al tiempo que reconocieron que habían formulado requerimientos para “reforzar las garantías en bienestar animal”. Así, señalaron que el sacrificio de los cérvidos se realizaba en “establecimiento autorizado y bajo supervisión veterinaria oficial, conforme al marco regulador vigente para animales destinados al consumo humano”. “Los animales sacrificados cuentan con la documentación sanitaria preceptiva emitida por las autoridades de origen que ampara su traslado al matadero”, informaron.

Después de la denuncia presentada por Igualdad Animal, Sanidad afirma que, en el marco del control oficial, “se intensificaron las actuaciones de supervisión”. En este sentido, se revisaron “los protocolos aplicables”, promoviendo “medidas de mejora conforme al soporte científico y normativo disponible”, al considerar las “particularidades propias” de los cérvidos y la necesidad de “una aproximación técnica específica para esta especie”.

Sin embargo, se omite que el 27 de febrero de 2026, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería no solamente comunica que las autoridades “habían implantado medidas correctivas”, sino que se habían “iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas”, como se desprende de un documento consultado por este diario.

El 17 de abril de 2026, la Dirección General de Salud Pública responde a Igualdad Animal que ha constatado que el sacrificio de cérvidos “no constituye una actividad habitual en dicho establecimiento”, según figura en los correos internos, consultados por este diario. Se trata, señala el organismo competente, “de una actividad de carácter estacional, concentrándose los sacrificios principalmente en los meses de diciembre, febrero y agosto, con un volumen de 862, 879 y 574 cérvidos, respectivamente”. No obstante, los sacrificios de más de 200 animales de esta especie tuvieron lugar el 5 de marzo de 2025.

En consecuencia, puede concluirse que “el sacrificio de cérvidos en el citado matadero no forma parte de su actividad ordinaria”. Por otra parte, afirma Salud Pública, desde el ámbito oficial del establecimiento “se están reforzando las actuaciones de supervisión con el fin de garantizar el bienestar animal”, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento europeo 1099/2009, y de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en esta materia.

“La Junta de Castilla y León no puede reconocer medidas correctivas y, al mismo tiempo, negar la existencia de infracciones”, explican fuentes de Igualdad Animal. Cabe señalar que las imágenes muestran cómo los animales, conscientes tras los disparos, movían la cola, las patas y levantaban la cabeza mientras se desangraban. Además, los cervatillos presenciaron el sacrificio del resto, mientras que otros animales de la misma especie eran colgados por una sola extremidad cuando aún estaban vivos. En algunos casos, los animales intentaban escapar malheridos del cajón de sacrificio por los pasillos, lo que obligaba a los trabajadores a avisar al matarife para que los rematara a distancia.

“Que hechos de esta gravedad puedan producirse en un establecimiento autorizado y bajo supervisión veterinaria oficial, como reconoce la propia Consejería en su respuesta, resulta aún más grave”, destacan las mismas fuentes, y añaden que “no estamos ante un vacío legal ni ante una actividad sin control, sino ante un fallo en la aplicación efectiva y en la supervisión real de la normativa que debería haberlo evitado”.

La fundación animalista sostiene, en respuesta a la Consejería de Sanidad, que en ningún momento han cuestionado la autorización del matadero ni la documentación sanitaria de los animales, sino “la existencia de infracciones muy graves en el manejo, el aturdimiento y la matanza de los ciervos”. Entre las presuntas irregularidades, Igualdad Animal sostiene como muy grave la agonía que sufrieron los animales que permanecieron conscientes y con signos vitales tras la ausencia de aturdimiento previo, llegando incluso a ser izados por sus extremidades antes de morir. La Ley 32/2007, precisamente, considera una infracción muy grave “el incumplimiento de la obligación del aturdimiento previo”.

Asimismo, las mismas fuentes recuerdan que el Real Decreto 695/2022 obliga a que los mataderos dispongan de “sistemas de videovigilancia”. Sin embargo, este caso deja sin respuesta “cómo pudieron ocurrir estos hechos en un matadero autorizado, qué falló en la supervisión, qué recogen las grabaciones obligatorias y por qué no se detectaron antes estas irregularidades”. Así, afirman que la respuesta de Sanidad, al “insistir en la autorización del establecimiento y la supervisión veterinaria oficial”, evidencia que “los mecanismos de control” no han funcionado.

“El acceso y control de las grabaciones sigue en manos de los propios operadores, lo que limita su independencia y eficacia”, lamentan y añaden que pese a se trata de una herramienta concebida “para garantizar transparencia y supervisión”, ésta puede “quedar condicionada por quienes son precisamente objeto de esa supervisión”. “Este caso pone de manifiesto la necesidad de un sistema de videovigilancia independiente y transparente en todos los mataderos”, insisten.

Igualdad Animal recuerda que la normativa establece que, cuando existen indicios objetivos de infracción, la Administración no puede actuar con discrecionalidad, sino que debe incoar y tramitar el correspondiente procedimiento sancionador. En este caso, las imágenes apuntan a posibles incumplimientos del Reglamento (CE) 1099/2009 y de la Ley 32/2007, en particular en lo relativo a la obligación de garantizar un aturdimiento eficaz y mantener la inconsciencia de los animales hasta su muerte.

En cualquier caso, la autorización administrativa del establecimiento no exime del cumplimiento de la normativa vigente ni impide la obligación de investigar y, en su caso, sancionar los hechos denunciados. “La gravedad de las imágenes, junto con el reconocimiento de actuaciones correctivas por parte de la Consejería, exige una respuesta administrativa coherente, proporcionada y plenamente ajustada al principio de legalidad”, afirma a este diario Anna Mulà, gerente de incidencia legislativa de Igualdad Animal.

Finalmente, Igualdad Animal reclama que se tramite el expediente sancionador ya anunciado por la Consejería y que se apliquen las “consecuencias previstas en la normativa”. También pide “acceso completo” a la documentación de las inspecciones y controles realizados, incluidos informes veterinarios, actas y medidas correctivas. Asimismo, solicita “transparencia sobre el funcionamiento del sistema de videovigilancia en el matadero” y las grabaciones relacionadas “con los hechos denunciados”, además de una revisión del sistema de control oficial para reforzar la detección de posibles “incumplimientos en bienestar animal”.

La versión del matadero

La empresa asociada al establecimiento industrial explicó a este diario que “hasta donde este matadero conoce, no nos consta que se haya tramitado o esté tramitando expediente administrativo sancionador de ningún tipo más allá de la emisión de algún acta de control oficial correspondiente al sacrificio de cérvidos”. En este sentido, afirmaron que su postura en relación al sacrificio de los animales “es la que formalmente pusimos de manifiesto en su momento a los organismos públicos competentes y, concretamente, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León”.

Asimismo, aseguraron que su actividad había sido autorizada “bajo informe favorable”, y que una vez presentada la memoria técnica descriptiva de la actividad que vio luz verde por parte de los servicios veterinarios oficiales, ese tipo de sacrificio “se ha venido realizando desde su inicio y en todo momento con toda normalidad y cumpliendo con todas las normas vigentes”, sin que se hayan detectado incumplimientos por ninguno de los profesionales “de los servicios veterinarios oficiales que han estado a lo largo de los años desde que se concedió la autorización para ese tipo de sacrificio”.

Finalmente, señalaron que dicha actividad se había realizado, desde el inicio y hasta la actualidad, de forma “correcta, eficaz y eficiente en todas sus fases del sacrificio, y cumpliendo en todo momento la normativa vigente de bienestar animal”, también la relativa al método de aturdimiento, regulado en el Reglamento europeo 1099/2009.

Unos 200 cervatillos han sido sacrificados a tiros en el matadero autorizado de Vicente de Lucas Fuentetaja de Segovia. Los cérvidos convivían aglomerados en la zona de sacrificio, con signos evidentes de miedo y estrés debido al incorrecto trato que realizaron los operarios del establecimiento industrial. Los animales, conscientes tras los disparos, movían la cola, las patas y levantaban la cabeza mientras se desangraban. Los cervatillos presenciaron el sacrificio del resto, mientras que otros animales de la misma especie eran colgados por una sola extremidad cuando aún estaban vivos. En algunos casos, los animales intentaban escapar malheridos del cajón de sacrificio por los pasillos, lo que obligaba a los trabajadores a avisar al matarife para que los rematara a distancia, como se desprende de las imágenes inéditas que avanza elDiario.es.

Este diario se ha puesto en contacto con la empresa asociada al matadero, que ha respondido que “hasta donde este matadero conoce, no nos consta que se haya tramitado o esté tramitando expediente administrativo sancionador de ningún tipo más allá de la emisión de algún acta de control oficial correspondiente al sacrificio de cérvidos”. En este sentido, afirman que la postura de este matadero en relación al sacrificio de los animales “es la que formalmente pusimos de manifiesto en su momento a los organismos públicos competentes y, concretamente, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León”.

Asimismo, aseguran que su actividad ha sido autorizada “bajo informe favorable”, y que una vez presentada la memoria técnica descriptiva de la actividad que vio luz verde por parte de los servicios veterinarios oficiales, ese tipo de sacrificio “se ha venido realizando desde su inicio y en todo momento con toda normalidad y cumpliendo con todas las normas vigentes”, sin que se hayan detectado incumplimientos por ninguno de los profesionales “de los servicios veterinarios oficiales que han estado a lo largo de los años desde que se concedió la autorización para ese tipo de sacrificio”. Finalmente, señalan que dicha actividad se ha realizado, desde el inicio y hasta la actualidad, de forma “correcta, eficaz y eficiente en todas sus fases del sacrificio, y cumpliendo en todo momento la normativa vigente de bienestar animal”, también la relativa al método de aturdimiento, regulado en el Reglamento europeo 1099/2009.

Este diario también se ha puesto en contacto con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, sin que haya sido posible obtener su versión de los hechos. En la consulta, se les solicitó la procedencia y condición del traslado de los animales; la constatación o no de posibles incumplimientos de la normativa de bienestar animales; existencia de inspecciones y/o expedientes abiertos por los hechos; medidas adoptadas, así como las conclusiones de los informes técnicos realizados, entre otros.

Las grabaciones fueron captadas el 5 de marzo de 2025 en el interior del matadero de Vicente de Lucas, en Segovia (Castilla y León) de forma anónima y enviadas a finales de octubre a Igualdad Animal. Fuentes de la organización detallan que fueron sacrificados más de 200 ciervos que procedían del Monte de El Pardo, área natural protegida al noroeste de Madrid, y que gestiona Patrimonio Nacional, organismo adscrito a Presidencia del Gobierno. “Los animales fueron capturados vivos, mutilados en sus cuernos y trasladados al matadero”, señala la organización animalista a este diario. Antes del sacrificio de más de 200 cérvidos, “más de cinco ya habían muerto dentro de las instalaciones, posiblemente a causa del estrés y el miedo provocados por el confinamiento”, añaden. Patrimonio Nacional, organismo a quien se le consultó si se habían realizado actuaciones de control poblacional durante el periodo señalado; naturaleza de los métodos de captura y gestión de los animales, así como el destino y trazabilidad del traslado, no ha respondido a este diario, en el momento en que se publica esta noticia.

El Monte de El Pardo es un espacio protegido de alto valor, considerado como uno de los mejor conservados de Europa. Situado al noroeste de Madrid, cuenta con una superficie de 15.821 hectáreas, y fue declarado Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA), dentro de la Red Natura 2000. La caza está prohibida en este espacio y los controles de población de ciervos se realizan “mediante capturas y traslado a mataderos autorizados”, aunque con “carácter estacional”, especifica Salud Pública de Castilla y León, principalmente durante los meses de diciembre, febrero y agosto.

Sacrificios presuntamente irregulares de ciervos

“En el marco de estas actuaciones, los animales son capturados vivos, se les cortan las cuernas y posteriormente son transportados hasta el matadero para su matanza”, explica a elDiario.es Anna Mulá, Gerente de Incidencia Legislativa. Después de recibir las imágenes, Igualdad Animal verificó su autenticidad y correspondencia con la del establecimiento y presentó una denuncia administrativa ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León el 22 de diciembre de 2025, según la documentación consultada por este diario. Igualdad Animal señala que se han producido ocho infracciones graves de la normativa europea de bienestar animal.

La matanza de más de 200 cérvidos tuvo lugar el 5 de marzo de 2025 entre las 6:00 y las 11:00 horas, según consta en la denuncia. Así, la abogada y experta en conservación de especies, indica que estos animales “no han sido mantenidos, criados ni cebados con fines de producción, explotación ganadera o lucro, ni pueden ser calificados como animales de producción”. En su denuncia, Mulá argumenta que estos ciervos son animales silvestres (es decir, salvajes) que vivían libres. No han sido criados por humanos en una granja para producir carne, sino que su sacrificio es parte de un plan de control poblacional. Normalmente, la legislación europea que dice cómo deben morir los animales no se aplica cuando se trata de controlar poblaciones de animales salvajes. Es decir, si se hiciera en el campo, las normas serían diferentes. Sin embargo, en el momento en que introduces a los animales en un matadero autorizado, las reglas cambian.

“El sacrificio de animales en un matadero no puede realizarse al margen de las exigencias de bienestar animal aplicables a este tipo de instalaciones, debiendo la autoridad competente verificar que el establecimiento cumple con las obligaciones legales que le son exigibles y que no se producen situaciones de sufrimiento evitable, estrés o maltrato durante el manejo, aturdimiento y muerte de los animales”, argumenta la experta. Por tanto, el matadero autorizado tiene la obligación legal de evitar cualquier sufrimiento, dolor o estrés innecesario, y las autoridades competentes deben vigilar el cumplimiento estricto de la ley.

Este espacio natural está considerado el bosque mediterráneo más importante de la Comunidad de Madrid, así como una importante reserva ecológica y biológica. Este ecosistema –que discurre por el río Manzanares, desde su nacimiento hasta el Monte El Pardo, incluyendo La Pedriza, constituye el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares– forma parte de una gran riqueza faunística. Entre ellas, además del ciervo, especies como el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra y otras numerosas como el gamo, el jabalí, el gato montés conejo, el tejón, el zorro, la gineta o la comadreja conviven en este espacio. Entre los reptiles, destacan la culebra de escalera, el lagarto ocelado y la lagartija cenicienta.

Una cadena de irregularidades

La denuncia de Igualdad Animal contra el matadero Vicente de Lucas Fuentetaja de Segovia expone una cadena de presuntas irregularidades que comenzó con un manejo violento mediante ruidos y golpes para forzar el movimiento de ciervos aterrorizados; continuó con una gestión logística deficiente que provocó aglomeraciones, permitió que los animales presenciaran la muerte de otros y culminó en una ejecución técnica negligente. Estas supuestas infracciones incluyeron la falta de sujeción individual y la realización de disparos múltiples descontrolados, lo que derivó en la situación más grave: la agonía de animales que permanecieron conscientes y con signos vitales tras la ausencia de aturdimiento previo, llegando incluso a ser izados por sus extremidades antes de morir. 

La Ley 32/2007, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, considera una infracción muy grave “el incumplimiento de la obligación del aturdimiento previo”, así como “educar o manejar al animal con métodos agresivos o violentos que puedan provocar maltrato al animal, o causarle estados de ansiedad o miedo”, como se desprende del artículo 14.1 en los apartados e) y n). Entre las faltas leves, se incluye el incumplimiento de las obligaciones de protección animal en cuanto al “cuidado y manejo de los animales, siempre que no se produzcan lesiones permanentes, deformidades o defectos graves, o la muerte de los animales” y el incumplimiento de las obligaciones respecto a “la forma, métodos y condiciones para el sacrificio o matanza de animales”, como se desprende del artículo 14.3 en los apartados a) y b).

El artículo 16 de la normativa establece, para las infracciones leves, una sanción de hasta 600 euros o apercibimiento; en el caso de las graves, una multa de entre 601 y 6.000 euros y para las muy graves, entre 6001 y 100.000 euros. La denuncia de Igualdad Animal sostiene que se ha producido al menos una infracción muy grave debido al presunto incumplimiento “de la obligación de aturdimiento previo” dado que “los animales permanecieron conscientes tras los disparos”.

Sanidad abre expediente sancionador

El 27 de febrero de 2026, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad comunica que las autoridades “habían implantado medidas correctivas” y que se habían “iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas”. En el escrito, al cual ha accedido este diario, la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León informa, en relación al citado matadero, de que “se ha procedido a verificar que el transporte está legalmente amparado por la documentación exigible para trasladar desde origen al matadero”, y que se dio traslado de la denuncia a los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública.

Estos servicios, en base al artículo 4 del Decreto 189/1994, realizaron “controles adicionales específicos con el fin de verificar si los hechos denunciados suponen un incumplimiento de la legislación de bienestar animal”. Del mismo modo, procedieron a implantar “medidas correctivas en relación con el manejo de los animales desde su llegada al matadero hasta su sacrificio”. “Se han iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador al establecimiento Vicente de Lucas”, concluye la Dirección General de Salud Pública.

El 17 de abril de 2026, la Dirección General de Salud Pública responde a Igualdad Animal que ha constatado que el sacrificio de cérvidos “no constituye una actividad habitual en dicho establecimiento”, según figura en los correos internos, consultados por este diario. Se trata, señala el organismo competente, “de una actividad de carácter estacional, concentrándose los sacrificios principalmente en los meses de diciembre, febrero y agosto, con un volumen de 862, 879 y 574 cérvidos, respectivamente”. Sin embargo, los sacrificios de más de 200 animales de esta especie tuvieron lugar el 5 de marzo de 2025.

En consecuencia, puede concluirse que “el sacrificio de cérvidos en el citado matadero no forma parte de su actividad ordinaria”. Por otra parte, afirma Salud Pública, desde el ámbito oficial del establecimiento “se están reforzando las actuaciones de supervisión con el fin de garantizar el bienestar animal”, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento europeo 1099/2009, y de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en esta materia. “Todo apunta a que los animales podrían estar entrando en el circuito alimentario: son trasladados a un matadero autorizado en lugar de ser gestionados in situ como medida de control poblacional”, indican fuentes de Igualdad Animal.

Exigen el cierre cautelar

En la denuncia presentada ante las autoridades de la Junta de Castilla y León, Igualdad Animal reclama que se lleven a cabo “medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del daño” y que, en su caso, se estudie el “cese o interrupción de la actividad”, con la posible clausura del establecimiento, así como la retirada de la autorización administrativa.

Asimismo, solicitan a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que verifique “el cumplimiento del matadero de la obligación de disponer de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales”, según lo previsto en el Real Decreto 695/2022. Esta normativa, que regula específicamente esta cuestión, indica en su artículo 1 que este real decreto “tiene por objeto establecer, con carácter básico, los requisitos para la instalación y funcionamiento de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales en los mataderos del territorio español, para la realización de controles relativos a la normativa sobre bienestar de los animales, a fin de garantizar su cumplimiento por los operadores de los mataderos y su personal”.

En su solicitud, Mulá sostiene que esta videovigilancia debe incluir “todas las áreas donde se encuentren animales vivos” y que se debe comprobar “la existencia de un procedimiento normalizado de trabajo que registre los incumplimientos detectados y las medidas adoptadas, conservando dichos registros”, como establece la ley.

Finalmente, exigen que “se adopten las medidas necesarias para evitar la reiteración de estas prácticas” con el objetivo de que el matadero denunciado “no vuelva a ser utilizado para la matanza de animales silvestres procedentes de actuaciones de control poblacional”, cuando dicha actividad “no resulte compatible con la naturaleza del establecimiento, su autorización administrativa y las condiciones bajo las que fue autorizado, así como las exigencias legales en materia de bienestar animal”.

Igualdad Animal valora “positivamente” la incoación del expediente por parte de la Dirección General de Salud Pública de Castilla y León, pero considera también que la respuesta es “insuficiente” mientras “no se garantice que el matadero no vuelva a ser utilizado para la matanza de animales”. Además, exigen que se resuelva el expediente “con las sanciones previstas en la ley”.

La Junta de Castilla y León ha dado este miércoles carpetazo a uno de sus propios proyectos mineros, muy polémico por situarse en plena Sierra de la Culebra de Zamora, en la comarca de Sanabria, y a escasa distancia de Portugal, un país donde se había generado un amplio rechazo por afectar a zonas protegidas. La consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha publicado la denegación de la autorización ambiental de la mina a cielo abierto de estaño y wolframio denominada Valtreixal, solicitada en el año 2009 por la sociedad Valtreixal Resources Spain, filial del grupo de origen canadiense Almonty Industries.

La explotación pretendía ocupar 246 hectáreas en los términos municipales de Pedralba de la Pradería y Cobreros, proyectaba una mina a cielo abierto con una vida útil de 17 años. Su localización concreta se situaba en plena Red Natura 2000, en el Lugar de Interés Comunitario 'Sierra de la Culebra', a 4 kilómetros aguas arriba del Parque Natural del Montesinho, en Portugal, y en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, hogar del lobo ibérico.

La Junta de Castilla y León ha concluido con una negativa la solicitud de autorización ambiental presentada en el año 2019 “por entender que el proyecto podría suponer afecciones e impactos severos a los valores naturales con los que coincide en un amplio territorio transfronterizo, resultando ambientalmente inviable, tal y como se ha puesto de manifiesto en el análisis técnico efectuado y, en especial, en la valoración realizada desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal en su informe relativo a las afecciones al medio natural, así como en el resultado de las consultas transfronterizas realizadas al Estado de la República de Portugal”.

La resolución, firmada por el consejero en funciones Juan Carlos Suárez-Quiñones, califica el proyecto como “ambientalmente inviable”. Los informes técnicos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal advirtieron que la mina causaría perjuicios irreparables a la integridad de espacios de la Red Natura 2000, específicamente a las Zonas de Especial Conservación (ZEC) 'Riberas del Río Tera y afluentes' y 'Sierra de la Culebra'.

El proyecto contemplaba una capacidad de procesado de 500.000 toneladas anuales de mineral durante 17 años. De este volumen, se estimaba una producción anual de entre 770 y 1.300 toneladas de concentrados de wolframio y entre 500 y 620 toneladas de concentrados de estaño.

Un proyecto impulsado por la propia Junta de Castilla y León

La controvertida mina a cielo abierto era, en realidad, un proyecto impulsado por la Junta de Castilla y León a través de la sociedad mixta Siemcalsa, que se hizo con los derechos mineros en el año 2006 de una explotación concedida en 1978 pero que nunca se llevó a cabo. Los orígenes mineros de la zona se datan a finales del S. XIX y en 1932 hubo una explotación de wolframio denominada Alto Calabor.

En el año 2013 la multinacional Almonty Industries firma un acuerdo de opción de compra con SIEMCALSA para adquirir el 51% del proyecto, del que se hizo con la totalidad en el año 2017. El 1 de abril del 2019 se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León la solicitud de declaración de impacto ambiental del llamado proyecto minero Valtreixal.

En el 2020 la Junta de Castilla y León presumía en una nota de prensa del impulso del proyecto mediante la aprobación de las Normas Urbanísticas de Pedralba de la Pradería. Aseguraba el gobierno autonómico entonces que “Este proyecto empresarial supondrá un revulsivo importante para la zona con la creación de 200 puestos de trabajo directos y casi 400 indirectos”. Las nuevas normas contemplaban autorizar el uso del suelo solicitado para el proyecto, que contemplaba una inversión de 42.357.000 dólares “en una zona y una provincia que necesita de empresarios y empresas que crean en los recursos que genera nuestra tierra”, recalcaba la Delegada Territorial Clara San Damián.

Oposición social y portuguesa

La Confederación Hidrográfica del Duero elaboró hasta tres informes sobre el proyecto minero. Sus técnicos se centraron en la vulnerabilidad de la red fluvial que atraviesa el área de explotación, considerando que las actuaciones supondrían un impacto muy significativo sobre el dominio público hidráulico y los arroyos que atravesaban la zona de explotación, concluyendo que vulnerarían la Ley de Aguas.

Además la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal identificó una lista de especies cuya supervivencia o hábitat se vería seriamente comprometido como del desmán ibérico, el lobo ibérico, diversas especies de murciélagos, el milano real y negro, el buitre negro, el buitre leonado, el águila real, la culebrera europea y el aguilucho pálido, entre otras.

Durante el periodo de información pública, una decena de asociaciones (como Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y diversas plataformas ciudadanas) presentaron miles de alegaciones en contra de la mina a cielo abierto denunciando falta de rigor en los informes técnicos, riesgos no evaluados por el uso de explosivos, afección a especies protegidas y amenazas a la economía y patrimonio local.

Desde el otro lado de la frontera la postura ante el proyecto minero Valtreixal fue de una firme y generalizada oposición, manifestada tanto por su gobierno como por diversas instituciones y colectivos ciudadanos,. Esta resistencia se fundamentó en la preocupación por los impactos ambientales y sociales que la mina tendría sobre el territorio luso, dada su extrema cercanía a la frontera (a apenas 5 kilómetros) y en la Reserva de la Biosfera compartida.

En el periodo de consultas el Gobierno de Portugal consideró que la documentación y los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa promotora eran insuficientes para garantizar la seguridad ambiental en la zona, alertando de que la explotación afectaría gravemente al Parque Natural de Montesinho y a la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, advirtiendo que el sello de la UNESCO para esta reserva estaba en riesgo por culpa de la mina.

Portugal denunció que el proyecto podría contaminar la cuenca hidrográfica del Duero a través del río Sabor e identificó que las aldeas de Rio de Onor, Aveleda y Varge serían las más directamente perjudicadas por el ruido de las voladuras y el polvo generado por la actividad minera.

Una abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó este miércoles que Bruselas tenía razón al decidir excluir a Castilla y León de cerca de 10 millones de euros procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en contra del criterio del Tribunal General de la UE, que en 2024 dictaminó en favor de España.

Para la abogada general letona, Laila Medina, el Tribunal General se equivocó al interpretar el artículo 93.2 del Reglamento sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC, en particular en relación con la conformidad de los controles de condicionalidad.

El caso se remonta a 2022, cuando España pidió a la corte con sede en Luxemburgo la anulación de una decisión de la Comisión Europea que excluía de la financiación comunitaria a Castilla y León de ciertos gastos (por valor de 9,9 millones de euros) con cargo al FEAGA y al Feader.

Bruselas argumentó que, entre 2016 y 2017, las autoridades españolas no hicieron controles para verificar la conservación de los hábitats naturales de las especies de flora silvestre protegidas en Castilla y León, que eran necesarios según las normas de condicionalidad del reglamento en cuestión.

En particular, la Comisión reprochó a España no haber controlado sobre el terreno el cumplimiento, por parte de los agricultores de un requisito y de determinadas medidas que establece la legislación europea sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en relación con las zonas especiales.

En una sentencia de 2024, el Tribunal General anuló la decisión de la Comisión e indicó que la obligación de efectuar controles de condicionalidad solo se refiere al respeto de las medidas para adaptar la Directiva aplicable a nivel nacional.

Consideró que las exigencias impuestas a los agricultores no eran lo suficientemente precisas para que las autoridades españolas pudieran controlar su cumplimiento y concluyó que la Comisión no podía considerar de manera fundada que la falta de controles constituyera un incumplimiento y aplicar, por consiguiente, una corrección financiera.

La Comisión Europea recurrió ante el Tribunal de Justicia la sentencia del Tribunal General.

En sus conclusiones de hoy, la abogada general lleva a cabo una interpretación literal, contextual y teleológica de la normativa y llega a la conclusión de que el Tribunal General se equivocó al interpretar el artículo 93. 2 del reglamento.

Según la abogada general, ese artículo no puede interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no está obligado a efectuar controles de condicionalidad cuando las autoridades nacionales no hayan especificado las obligaciones de la normativa europea.

Añade que el Tribunal General no podía interpretar tampoco que se exime a un Estado miembro de su obligación de efectuar controles de condicionalidad porque no se han especificado las obligaciones para los agricultores.

La jurista considera que la obligación de los Estados miembros de efectuar este tipo de controles presupone que las autoridades nacionales han definido previamente las exigencias que deben cumplir los agricultores, de modo que la falta de esa precisión y de los controles de condicionalidad debía llevar a la Comisión a apreciar un incumplimiento.

Por último, señala que el razonamiento del Tribunal General también es contrario a la finalidad del Reglamento y, en particular, de las normas relacionadas con la condicionalidad.

Aunque las opiniones de un abogado general no son vinculantes, el Tribunal de Justicia las sigue en la mayoría de los casos. 

La cárcel de Villabona, en Asturias, ha sancionado a Montserrat González y Triana Martínez, madre e hija condenadas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León y del PP de León, Isabel Carrasco, por su participación en un documental que se estrena este martes en la plataforma HBO en el que aparecen hablando por videoconferencia desde prisión.

El estreno del documental coincide con la fecha en la que se cumplen doce años del asesinato de Isabel Carrasco, el 12 de mayo de 2014.

Fuentes judiciales han confirmado a EFE que la sanción que les ha impuesto la prisión no afecta de momento al traslado que ambas habían solicitado a principios de mes con destino a la cárcel de Alcalá Meco, en Madrid, que ya había sido concedido aunque no ejecutado.

No obstante, sí condicionará los permisos penitenciarios de salida de los que ya disfruta Triana Martínez y que Montserrat González espera que se le concedan por considerarse una falta grave.

Montserrat González fue condenada a 22 años de cárcel como autora confesa del asesinato a tiros de Isabel Carrasco en plena calle de León. Su hija, Triana Martínez, fue condenada a 20 años de prisión como cooperadora necesaria en la comisión del asesinato. Once años después del juicio, ambas dicen sentirse arrepentidas. La policía local Raquel Gago fue absuelta del asesinato, pero condenada a 5 años de prisión por encubrimiento.

Este no es el primer producto audiovisual que recopila el asesinato de Isabel Carrasco. Este tema ya fue abordado en el documental Muerte en León (serie y película), en el que habló por teléfono Triana Martínez, aunque esta es la primera vez que hablará también Monsterrat González.

El capítulo 2 de La memoria en ruinas profundiza en la sorprendente realidad que José María Sadia y Andrea Morán acaban de descubrir: que España fue una especie de casa de subastas a principios del siglo XX. La profesora María José Martínez Ruiz, una de las mayores expertas en el comercio del arte, explica cómo anticuarios y agentes internacionales se llevaron de nuestro país todo tipo de joyas artísticas para vendérselas a magnates americanos como William Randolph Hearst, o a museos de prestigio, como el Metropolitan de Nueva York.

En esta segunda entrega, los periodistas se preguntan si todos estos tesoros nos fueron robados o si, por el contrario, fuimos nosotros quienes los vendimos.

En busca de pistas certeras, visitarán un enclave que vivió uno de los fenómenos de expolio (o autoexpolio) más dolorosos de la Historia del arte. Se trata de la sustracción de una obra maestra, las pinturas murales de la ermita de San Baudelio de Berlanga. Un viaje final tratará de dar respuesta a una cuestión de lo más enigmática: ¿Dónde están actualmente las pinturas románicas de la iglesia soriana?

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Miles de personas han salido este Primero de Mayo a las calles de Castilla y León para alertar de los posibles retrocesos en derechos laborales y sociales de consumarse un pacto de Gobierno entre PP y Vox en la Comunidad, como ya ocurriera en 2022.

Bajo un ambiente reivindicativo y con consignas en defensa del empleo y el Estado del bienestar, las movilizaciones han combinado las demandas tradicionales del Día del Trabajo con un contexto político marcado por las negociaciones para formar gobierno en la comunidad.

La manifestación más numerosa ha sido la de Valladolid, con cera de 6.000 asistentes según los organizadores, aunque en otras capitales de provincia también se ha superado el millar de personas, como en León, Burgos y Palencia.

En Valladolid, la manifestación ha arrancado en la Plaza de Colón pasadas las 12:00h y allí los líderes sindicales han puesto el acento en la necesidad de frenar lo que consideran una amenaza a los derechos conquistados.

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha advertido de que este Primero de Mayo llega en un escenario en el que “la frontera entre lo global y lo local cada vez es más difusa”, y ha llamado a rechazar las políticas de guerra que, a su juicio, acaban pagando los trabajadores.

Lobo ha denunciado además la situación laboral en la comunidad, donde, según ha señalado, se trabaja más y se cobra menos que en la media nacional, con mayor temporalidad, y ha reclamado “romper con este modelo de precariedad”.

También ha defendido el papel de la inmigración en una comunidad afectada por la despoblación, al sostener que “no es ningún problema”, sino parte de la solución ante la falta de mano de obra.

En la misma línea, la secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández, ha alertado de una “ola reaccionaria” que, a su juicio, amenaza con “acabar con la democracia” y con el modelo de bienestar.

Fernández ha asegurado que el sindicalismo estará “enfrente de todos aquellos que pretendan acabar con los derechos”, con especial atención a los derechos de las mujeres, y ha advertido del aumento de la violencia machista en la comunidad.

PSOE y Gobierno también alerta de este pacto

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha alertado de que un acuerdo entre PP y Vox podría suponer “entregar” los derechos de los trabajadores, las mujeres y el territorio, y ha criticado que la comunidad siga “en pausa” a la espera de gobierno.

En esta línea, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que el actual modelo económico y laboral “funciona”, con cifras récord de empleo, aunque ha advertido de que un pacto entre ambas formaciones podría implicar “importantes retrocesos” en feminismo, diálogo social o políticas públicas.

Otros puntos de la Comunidad

En León, más de mil personas han participado en una soleada jornada primaveral en la manifestación del Primero de mayo que, en un ambiento festivo y reivindicativo, ha estado encabezado por una pancarta con alusión a los salarios y a la crisis de la vivienda.

Los secretarios generales de UGT y CCOO en León, Enrique Reguero y Elena Blasco, respectivamente, han coincidido en defender los derechos de los trabajadores frente a la “acción y rearme de la ultraderecha” y han criticado su discurso de “odio y homofobia”.

En Salamanca, más de 500 personas han recorrido la Gran Vía a partir de las 12 horas para denunciar, con lemas como 'Ni los tres cerditos trabajan con estas condiciones', que los salarios de la provincia están por debajo de la media nacional, que hay trabajadores pobres porque apenas pueden pagar su vivienda y que los derechos conquistados están en riesgo.

Otra reivindicación laboral que se ha colado en la marcha salmantina por el 1 de mayo es la que clama por unas condiciones mejores para los trabajadores que se encargan de la etapa educativa de 0-3 años, convocados por CCOO y UGT a una huelga nacional el próximo día 7.

En Ávila, la marcha, que ha arrancado desde la Plaza de Santa Ana con algo más de un centenar de personas, se ha desarrollado en un ambiente reivindicativo bajo el lema 'Derechos, no trincheras', con la participación de representantes sindicales y ciudadanos.

Finalmente, unas seiscientas personas han participado en la manifestación del Día del Trabajo en Zamora, que ha estado marcada por la petición de salarios dignos, acceso a la vivienda y mejora de los derechos sociales.

En el primer capítulo del podcast La memoria en ruinas, José María Sadia y Andrea Morán buscan respuestas a uno de los casos más enigmáticos del siglo XXI en el ámbito del patrimonio histórico-artístico.

En 2012, un profesor de historia del arte redescubre un claustro de estilo románico en la finca de un millonario en Girona. ¿Se trata de un edificio auténtico o solo es una reproducción moderna? ¿Estamos ante un monumento medieval, de unos 800 años, o frente a una falsificación ideada para hacer negocio en el mercado de las antigüedades?

En El misterio del claustro de Palamós, el profesor Gerardo Boto narra cómo vivió una apasionante y exigente investigación de varios años en busca del origen del monumento, y se enfrentó a quienes, como la Generalitat de Cataluña, concluyeron que la obra era falsa. La segunda parte del capítulo, la “cara b”, desnuda a los personajes que estuvieron detrás de esta supuesta operación comercial en la década de 1930. Blanca Martínez intenta responder a una pregunta clave: ¿Por qué su abuelo, el anticuario Ignacio Martínez, empeñaría su vida en reconstruir un claustro románico a las puertas de la guerra civil?

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¿Qué está pasando con el patrimonio español? Una parte de los edificios históricos —religiosos, civiles y militares— que componen el extenso, diverso y excepcional patrimonio de este país está en ruinas. España verá desaparecer en los próximos años más de un millar de testimonios históricos si nadie hace nada para evitarlo.

La memoria en ruinas es un podcast de elDiario.es sobre ese patrimonio español que se resiste a desaparecer. También podríamos decir que es un podcast de aventuras, en el que los periodistas José María Sadia, uno de los mayores divulgadores sobre patrimonio de este país, y Andrea Morán, experta de audio, recorren pueblos abandonados, museos, yacimientos o incluso ciudades bajo tierra para contar historias sobre nuestro pasado, que también hablan sobre nuestro presente.

Sadia y Morán viajan por toda España para hablar con los vecinos que observan cada día la lenta pero irremediable muerte de su iglesia, monasterio o castillo y acompañados también de historiadores, arquitectos, arqueólogos o antropólogos que nos ayudarán a entender qué está pasando, cuál ha de ser el papel de las administraciones, dónde debe estar la sociedad, en qué hemos fallado y cómo debemos remediar esta situación terminal. También buscarán la experiencia de los colectivos nacidos en el ámbito rural para salvar el patrimonio que otorga identidad a sus territorios y que conforma un pasado cuya memoria y legado no quieren olvidar.

A través de este podcast narrativo de 10 episodios, cada miércoles nos transportamos a los distintos lugares que visitan los periodistas con un nuevo episodio. Escucharemos el eco de la nave de la antigua iglesia de un monasterio rescatado de la ruina; el canto de los pájaros junto a una ermita en la Soria rural; el batir de los cultivos por el viento y el silencio de un territorio cada día más vacío y sólo, donde mueren los testimonios de siglos. Gracias a este formato sonoro se logra transmitir con todos sus matices, intensidad y precisión, la emoción del ser humano y conectar con sus historias y su patrimonio.

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El poeta y ensayista Tomás Sánchez Santiago, que ha recibido este martes el Premio Castilla y León de las Letras en Valladolid, ha reivindicado la “verdadera cultura” como una “puerta a la esperanza” en un contexto mundial de dudosa “altura moral” y ha recordado que la Comunidad es “tierra de acogida” ante un posible pacto de gobierno de PP y Vox, cuyo cariz se puede intuir teniendo en cuenta las condiciones pactadas en Extremadura, donde ambos partidos han introducido cuestiones como la “prioridad nacional”, algo especialmente cuestionado por su legalidad.

Sánchez Santiago ha recurrido a Fray Luis de León, Beatriz Galindo y Miguel de Unamuno, entre otros como figuras que encontraron en Castilla y León un hogar. “La capacidad crítica, y hasta heterodoxa, de todos ellos viene a recordarnos que nuestra identidad va más allá de un origen, de una clase social, de un apellido”, ha manifestado durante el acto, que también ha homenajeado a María Caamaño, fallecida hace unos días a los 13 años debido al sarcoma de Ewing que padecía y que el año pasado recibió el Premio Castilla y León a los Valores Humanos.

Para el Premio autonómico de las Letras, han retornado “amenazas” como “las exclusiones, el miedo al otro por ser distinto, la exaltación ciega de los propio por encima de los demás, el menosprecio al pensamiento y la imposición de la ignorancia interesada”.Y la cultura “no puede esconder el rostro ante ese panorama”.

Tomás Sánchez Santiago ha aprovechado su participación como portavoz de todos los premiados de esta edición para leer un fragmento de un poema suyo de 2024, El que menos sabe, que hablaba precisamente de la xenofobia emergente.

La Junta de Castilla y León ha reconocido el trabajo en diferentes categorías como la Investigación Científica (Verónica Pascual Boé), las Artes (Nuevo Mester de Juglaría), las Ciencias Sociales y Humanidades (Germán Vega García-Luengos), el Deporte (Laura López Valle), los Valores Humanos y Sociales (Proyecto Hombre) y la Tauromaquia (el Ayuntamiento de Benavente, organizador e impulsor del Toro Enmaromado), además del premio de las Letras.

Los que faltan

En otro momento de sus discurso, ha dispensado un recuerdo a una galería de escritores a los que “no les dio tiempo” a recibir el galardón de las Letras: Aníbal Núñez, José-Miguel Ullán, Enriqueta Antolín, José Manuel de la Huerga, Luis Javier Moreno, Tomás Salvador, David González, José Diego, Avelino Hernández y José Antonio Abella.

“Todos ellos amaban a esta tierra y amaban el peso de las palabras”, ha agregado antes de referirse a la poesía como un “oficio de paciencia”, en palabras del portugués Eugénio de Andrade, “el mayor espacio que conozco de responsabilidad y de resistencia”, que “no está en el mercado ni en los escaparates ni en los enormes titulares de los medios de comunicación: no está allí donde no debe estar”.

Mañueco pide un “gran esfuerzo de concordia”

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha convocado este martes a un “gran esfuerzo de concordia” en el ámbito político, en unos tiempos “muy complejos” y “claramente tensos”, donde concurren “ruido, frases vacías o gestos intrascendentes”.

Ante el auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, en su discurso de clausura de la entrega de los Premios Castilla y León 2025, Mañueco ha subrayado que aunque la política implica “discrepancia y debate”, nunca debe convertirse en “descrédito personal”, según recoge EFE.

El presidente en funciones ha apelado al resultado de las recientes elecciones autonómicas y, en este sentido, ha reclamado que los partidos comiencen a hablar de “un proyecto de futuro que ilusione y que ensalce la nobleza del trabajo político”, que garantice “estabilidad y certidumbre”.

Mañueco ha argumentado que Castilla y León afronta este momento con un crecimiento económico “muy dinámico”, con más gente trabajando que nunca, con “los impuestos más bajos” de la historia autonómica y en el “pódium nacional de los grandes servicios públicos”: “Hemos dado pasos de gigante y nuestros objetivos deben ser igual de ambiciosos”.

Humanismo solidario

El dirigente autonómico ha defendido la necesidad de construir una Comunidad “de ciudadanos libres e iguales, sin privilegios, con los mismos derechos y deberes, una solidaridad asegurada y una financiación justa, suficiente e igualitaria”.

La “cultura del esfuerzo” transmitida a los más jóvenes, la garantía de libertad, seguridad jurídica y confianza hacia los emprendedores y el “humanismo solidario” son otros de los rasgos que Mañueco quiere incorporar en la construcción de la futura Castilla y León, entre los que también ha citado la “máxima cohesión social y el mayor cuidado para las personas más vulnerables y necesitadas”.

Mañueco ha apelado también al fortalecimiento de la identidad de Castilla y León, que ha definido como “serena, histórica, cultural”, sin necesitar “gritos para afirmarla”: “Basta con honrarla, con defenderla con orgullo tranquilo”, ha añadido.

El presidente en funciones ha definido a esta tierra como una “de equilibrio, de respeto, de cultura inigualable y sobre todo de progreso”.

“Tenemos talento, recursos, voluntad y, sobre todo, unas gentes orgullosas de nuestro pasado y muy capaces de luchar por nuestro futuro”, ha resumido Mañueco, convencido de que Castilla y León es un lugar donde “soñar y crear, trabajar y sentir, gozar y sufrir, crecer como personas y compartir como paisanos”.

En este punto, ha citado a Victoriano Crémer para referirse a que Castilla y León es “un viejo mar luminoso y cambiante, que conserva su hondón convulso el cántico eterno de la libertad”.

En los momentos políticos importantes, elDiario.es demuestra la fortaleza de sus informaciones. elDiario.es Castilla y León se ha posicionado como el cuarto medio digital más leído durante marzo en la comunidad, con 789.417 usuarios únicos, según el informe mensual del medidor GfK, referencia entre los medios digitales.

El mes de marzo, cuando se han celebrado las elecciones autonómicas, ha igualado los mejores registros obtenidos en la edición autonómica de elDiario.es exclusivamente con informaciones trabajadas, veraces y serias. elDiario.es Castilla y León solo ha sido superado por El Norte de Castilla, Leon Noticias y Diario de León.

elDiario.es Castilla y León se consolida como un medio político en la comunidad, caracterizado por sus artículos y reportajes que han conseguido afrontar los cambios en la IA y en Google en marzo. La cobertura electoral y postelectoral ha sido especialmente importante este mes.

Castilla y León tiene además más de 2.000 socios, cuyo apoyo es clave para que nadie pueda amenazarnos y para que nuestras noticias tengan impacto real. GfK es una multinacional alemana de análisis de mercado. Desde este 2022, es el nuevo medidor de referencia para audiencias digitales en España, en sustitución de Comscore.

Vox se ha abierto este martes a facilitar al PP que salga adelante el candidato que proponga para presidir las Cortes de Castilla y León, que se constituirán la semana próxima, alegando que así evitarán que este cargo recaiga en el PSOE. Así se ha expresado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, después de que el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, anunciara que no reclamarían ese cargo porque no están interesados “en los sillones”, tal y como han hecho en Extremadura y Aragón.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria ha avanzado que Vox “no va a dejar las cámaras en manos del PSOE”, aunque ha evitado concretar si votarán al candidato 'popular'. Sí ha recordado que Vox no confía “plenamente” en el PP porque “dice una cosa y luego hace otra”, pero ha insistido en que Vox “va a evitar que la [Presidencia de la] Mesa caiga en manos del PSOE”. “Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las instituciones no estén bajo el control del PSOE. No son nuestra prioridad los sillones pero tampoco lo vamos a ignorar en la medida en la que tengamos capacidad de acuerdo con el resultado electoral”, ha dicho.

Millán ha rehusado especificar los escollos que están dilatando las negociaciones para formar gobiernos de coalición en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y se ha limitado a insistir en que Vox prioriza las medidas políticas, con garantías de cumplimiento y plazos, antes que los sillones, que no negocian a través de los medios y que el PP conoce las exigencias de los de Santiago Abascal.

“Nuestra prioridad son las medidas, luego ya veremos qué cuota de responsabilidad tiene cada uno de los gobiernos”, ha hecho hincapié, antes de asegurar que Vox quiere cerrar pactos en las tres autonomías “lo antes posible”. “No nos perdamos en titulares malintencionados ni en relatos mediáticos con la intención de ralentizar lo máximo posible estos acuerdos que deseamos que salgan adelante lo antes posible”, ha pedido.

Las negociaciones para conformar ejecutivos de coalición de PP y Vox tras las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León, que aumentaron la fuerza de los de Abascal, carecen de avances entre reproches mutuos de bloqueo. Vox ya gobernó con el PP en esas tres autonomías, además de en la Comunidad Valenciana, pero rompió los pactos en julio de 2024, debido a las discrepancias sobre la acogida de menores migrantes no acompañados con los 'populares'.

Los resultados de las elecciones de Castilla y León permiten hacer una simulación de cómo quedaría el reparto de diputados en esta comunidad si en las generales se votase exactamente igual. El bloque de la derecha solo hubiera sumado un escaño más con respecto a los comicios de 2023, de 19 diputados a 20, pero su composición cambiaría mucho: Vox ganaría seis escaños y la mayoría sería a costa del PP.

En las elecciones generales de 2023, el PP consiguió hacerse con 18 diputados (42% del voto) y Vox con solo uno (con el 14%). En el bloque de la izquierda, solo el PSOE logró representación con 12 escaños, mientras que el 7% de Sumar no consiguió traducirse en ningún asiento. El reparto sería muy similar con los datos de 2026: la derecha sumaría 20 escaños frente a los 19 de 2023 y la izquierda se quedaría con los 10 del PSOE (más uno de UPL) frente a los 12 de hace tres años.

Lo que variaría es la composición de los bloques: la subida de apoyo a Vox hace que gane seis escaños más para alcanzar los siete totales, pero casi todos ellos (cinco) se los arrebataría al PP. Ocurriría en Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora.

El asiento restante es el que Vox quitaría al PSOE en Burgos. Además, el PSOE perdería un diputado que iría a parar a UPL.

Estos cálculos tienen que ver con el sistema electoral, que a nivel nacional beneficia a los partidos mayoritarios y perjudica al resto, principalmente en las provincias que reparten pocos escaños. Es mucho más difícil que los terceros, cuartos o quintos partidos consigan escaño en provincias que reparten tres, cuatro o cinco diputados.

También debe tenerse en cuenta que se ha realizado una simulación con los datos de las elecciones autonómicas y que no tiene en cuenta variables como que los electores votan en diferente clave cuando acuden a las urnas para unas generales. Además, hay partidos regionalistas que no concurrirán en 2027 y otros, como Se Acabó La Fiesta de Alvise Pérez, no se presentaron en 2023 pero sí prevén hacerlo en las próximas.

“Nos encontramos ahora claramente sumidos en un proceso muy vivo, que tiene el objetivo en última instancia de seguir el mandato de la gente progresista de nuestro país que no es otro que conformar un proyecto político ambicioso, que ilusione y, sobre todo, que tenga la capacidad de movilizar”. Esta es la reflexión que ha realizado este lunes la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, al referirse a la profunda debacle que sufrió el domingo el espacio confederal, que no logró representación en las nuevas Cortes de Castilla y León ni con la candidatura de IU-Sumar ni con la de Podemos.

En rueda de prensa, Hernández ha querido remarcar “con toda claridad y franqueza” que los resultados del espacio en los comicios del domingo “han sido malos” y “realmente duros”. “Nos hacemos cargo de ello”, ha destacado la portavoz de Movimiento Sumar, que el 15M concurrió en coalición con IU a las urnas sin lograr obtener ni un solo procurador. “Necesitamos articular más espacios de reencuentro para ver qué país queremos ofrecer a la ciudadanía y qué proyecto ganador queremos construir”, ha añadido.

En todo momento, Hernández se ha referido así al proceso puesto en marcha el pasado 21 de febrero por los partidos que conformaron la coalición de Sumar en 2023, que buscan rearticular un proyecto conjunto de cara al nuevo ciclo electoral. Por el momento, el único acto conjunto celebrado por todos esos partidos del espacio confederal –del que se ha desmarcado Podemos– fue un mitin multitudinario en el que no se aclaró en qué consistirá el nuevo proyecto ni quién lo liderará.

Hernández, además, ha reconocido que en Castilla y León el PP, el partido ganaor, “mantiene el resultado sin saber muy bien por qué, porque sigue sin saber relacionarse con la ultraderecha, que ha alcanzado su techo en Castilla y León”. También ha reflexionado que con los resultados de este domingo se evidencia que el PSOE “no llega solo” para poder gobernar allí. “Somos esa pieza del puzzle que dirime la balanza de un lado y otro”, ha remachado.

El domingo, la coalición entre IU y Movimiento Sumar logró el 2,2% de los votos, lejos, por tanto, de tener opciones para tener representación en las Cortes castellanas y leonesas. Así, la izquierda alternativa se quedóa sin representación en el Parlamento regional por primera vez desde hace casi dos décadas, en 2007 y fue superada por formaciones de la España Vaciada como Soria ¡Ya! (un escaño) y Por Ávila (un procurador).

La división de la extrema derecha fue una de las claves de los resultados electorales en Castilla y León. Vox mejoró sus resultados, pero se quedó lejos de las expectativas con 13 procuradores mientras que el PSOE no solo salvó los muebles sino que consiguió sumar dos asientos más en las Cortes. Los datos muestran que —a falta del recuento definitivo con el voto exterior— Vox se quedó cerca de arrebatar al PSOE tres escaños en tres provincias y los votos de Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación de Alvise, que se quedó sin representación, podrían haber sido claves de haber ido a parar al partido de Santiago Abascal.

En Zamora, Vox se quedó a 284 votos de arrebatarle un escaño al PSOE. En esa provincia SALF tiene 895 papeletas que se quedarán sin representación. En el caso de Valladolid, el escenario es muy parecido: la extrema derecha está a 1.698 votos de conseguir quitarle un asiento a los socialistas y allí la formación de Alvise suma en este momento 4.436 votos.

La batalla por el último escaño en Castilla y León 2026

Número de votos que necesita un partido para robar un escaño a la última candidatura que lo consiguió en cada provincia de las elecciones autonómicas de Castilla y León

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Es más difícil hacer esa traslación en el caso de Segovia, donde Vox está a 1.067 votos de arrebatarle el procurador al PSOE pero SALF tiene 1.195 papeletas. Suponiendo que todas ellas hubieran ido a parar a Vox en caso de no presentarse el partido de Alvise, Vox hubiera alcanzado ese escaño.

En total, 3.000 votos clave que podrían haber cambiado el resultado electoral. El PSOE no hubiera conseguido mejorar su marca sino que hubiese perdido un procurador, mientras que Vox se habría disparado con cuatro escaños más de los que tiene actualmente, en el escenario más favorable.

Alvise Pérez ha cargado contra Abascal precisamente por la “supuesta pérdida de escaños” de Vox: “Hace 18 meses dijiste que SALF con más de 800.000 votos era 'penoso y residual', y no te preocupaba. Hace 6 meses desautorizaste a Ignacio Garriga [secretario general de Vox] rechazando una reunión porque «Alvise cuanto más lejos mejor» (sic). Hoy me acusáis de vuestra supuesta pérdida de escaños, como si los votantes fueran vuestros o quisieran solo votarte a ti”, se queja el eurodiputado. Y añade: “¿Tantas décadas en el PP no te dejan ver con claridad que eres tú quien le está haciendo un favor a Sánchez, y no quienes hemos logrado imputar judicialmente a medio Gobierno?”.