La Guardia Civil de Fraga ha procedido, en el marco de la Operación Ager, a investigar a dos personas como supuestas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores. Además, a una de ellas se le atribuyó un delito de coacciones, hechos ocurridos en la comarca altoaragonesa del Bajo Cinca. Se trata del gerente de una empresa frutícola y el encargado de la explotación agraria.

Estas actuaciones tienen lugar por la intensificación de servicios relacionados con la campaña de recogida de fruta en la comarca bajocinqueña, que se desarrollan en el marco del convenio de colaboración entre la Secretaria de Estado de Seguridad y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objeto de mejorar la protección de los trabajadores y reforzar la detección de posibles situaciones de explotación laboral.

El pasado día 20 de mayo, en el puesto de la Guardia Civil de Fraga, tres trabajadores de una empresa frutícola denunciaron la vulneración de sus derechos laborales. Así, informaron de que estaban siendo sometidos de manera continuada a condiciones de trabajo abusivas, con jornadas que no respetaban los descansos fijados y un trato degradante por parte del encargado directo de los campos de cultivo. Además, denunciaron que estaban siendo alojados en una vivienda facilitada por la empresa que carecía de las condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad e higiene En fecha posteriores, se sumó una cuarta denuncia.

Ante tales hechos denunciados, los agentes articularon un dispositivo de actuación en coordinación directa con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, por lo que se planificó y ejecutó una inspección laboral presencial y de urgencia en los terrenos de la explotación frutícola objeto de investigación. Los inspectores estuvieron recabando indicios que corroboraron las denuncias de las víctimas y verificaron la existencia de infracciones en el orden laboral.

Paralelamente se organizó una inspección en colaboración con los Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Cinca. Un técnico especialista en Urbanismo del Ayuntamiento de Fraga y efectivos de la Policía Local de Fraga procediendo a la inspección formal del inmueble asignado como alojamiento de las víctimas denunciantes. Allí comprobaron las condiciones de hacinamiento y la existencia de cámaras de seguridad que incumplen la normativa vigente y el derecho a la privacidad de los moradores.

Finalmente, el pasado 30 de mayo, agentes del puesto de Fraga de la Guardia Civil procedieron a la investigación del gerente de la empresa frutícola contratante como posible autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. Se trata de un varón de 56 años y vecino de la comarca del Bajo Cinca. Y tres días después se procedió a la investigación del encargado de la explotación agrícola como supuesto autor de un delito de coacciones y otro contra los derechos de los trabajadores, en calidad de cooperador necesario. En este caso, es un varón de 56 años y vecino de la provincia de Lérida.

A través de una ONG se facilitó asistencia integral y realojamiento de las víctimas, así como, los servicios sociales comarcales colaboraron en todas las asistenciales y verificación de la situación de los trabajadores en el ámbito social.

El Puesto de la Guardia Civil de Fraga, instruyó las diligencias que, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Fraga. Los investigados quedaron con la obligación de presentarse cuando la Autoridad Judicial cuando estime conveniente.

Más de medio centenar de entidades públicas y privadas de las comarcas del Alto Gállego, La Jacetania y Sobrarbe firmaron este miércoles en Sabiñánigo un manifiesto conjunto para exigir el desbloqueo inmediato y la finalización de las obras del tramo Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste de la autovía A-23. El acto, celebrado en la sede de la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego (AEPAG), reunió a representantes institucionales, asociaciones empresariales, organizaciones agrarias, entidades sociales, transportistas y responsables municipales de todo el territorio afectado. En total, 52 entidades se han adherido a una reivindicación común que busca trasladar un mensaje de unidad y preocupación ante una situación que consideran “insostenible”.

La convocatoria ha sido impulsada por AEPAG, ACOMSEJA, Cooperativa Santa Orosia, Asociación El Cajicar, ASAJA, la Federación de Transportes Provincial, la Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca y CEOE-CEPYME Huesca, con el respaldo del conjunto de municipios del Alto Gállego y La Jacetania y una amplia representación institucional y social del Sobrarbe. Durante la apertura del acto, la gerente de AEPAG, Lidia Ferrer, subrayó el carácter estrictamente territorial de la convocatoria: “Este no es un acto político, sino territorial. Hoy estamos aquí para mostrar nuestra unión como territorio y exigir una solución ante la paralización de las obras de la A-23 en el tramo de Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste”, señaló.

Asimismo, recordó que la iniciativa cuenta con el apoyo del 100% de los ayuntamientos de La Jacetania y del Alto Gállego, además de una importante representación del Sobrarbe.

Por su parte, la presidenta de AEPAG, Beatriz Peñarrubia, destacó la importancia de la respuesta conjunta alcanzada. “Hoy es un orgullo constatar que más de 50 entidades públicas y privadas representativas de las comarcas de La Jacetania, Alto Gállego y Sobrarbe estamos aquí unidas por un problema grave que afecta a nuestro día a día, a nuestra seguridad, a nuestras empresas y, en definitiva, a nuestro territorio”, afirmó.

Peñarrubia recordó, además, que las entidades presentes representan a más de 30.000 habitantes de estas comarcas, pero también a cerca de dos millones de personas que visitan anualmente el Pirineo aragonés. La presidenta de ACOMSEJA, Marian Bandrés, anunció que el documento firmado será remitido a todas las administraciones y actores implicados en la paralización de las obras. “Solicitamos, una vez más, una reunión productiva y proactiva en la que se propongan y ejecuten soluciones”, señaló. “Exigimos de manera urgente el desbloqueo de esta situación de inmediato. ¡Nuestras comarcas no pueden esperar más!”.

Economía y seguridad

Las obras de la variante de Sabiñánigo (en el tramo Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste de la autovía A-23) se paralizaron por completo el 17 de noviembre. La constructora decidió detener los trabajos y retirar toda la maquinaria cuando el proyecto se encontraba ya al 98% de su ejecución. La causa de este parón fue un desacuerdo económico con el Ministerio de Transportes respecto al coste y la aprobación de un tercer modificado del proyecto, una situación que mantiene la obra bloqueada.

Durante el acto, las presidentas de AEPAG y ACOMSEJA dieron lectura al manifiesto conjunto, en el que se alerta de las consecuencias que está teniendo la paralización de las obras sobre la actividad económica y la movilidad de todo el territorio. El documento hace notar que desde julio de 2025 permanecen cerrados dos de los principales accesos a Sabiñánigo, una situación que ha provocado atascos cada vez más frecuentes y ha afectado directamente a sectores estratégicos como el transporte, la industria, el turismo y el sector primario.

Entre las afecciones destacadas figuran los problemas de circulación para los más de 150 vehículos pesados vinculados al transporte de mercancías, las dificultades para 15 líneas de autobús y 21 rutas escolares, así como el impacto sobre los 267 agricultores que utilizan los servicios de la Cooperativa Santa Orosia.

Las entidades también han alertado del riesgo que supone el actual escenario para la seguridad ciudadana, especialmente en el acceso de ambulancias, bomberos y servicios de emergencia al único hospital de referencia para ambas comarcas.

El manifiesto concluye exigiendo el desbloqueo inmediato de una infraestructura considerada estratégica para el conjunto del Pirineo aragonés. Las entidades firmantes consideran que el territorio no puede permitirse seguir soportando una situación que afecta a la competitividad económica, la movilidad y la seguridad de miles de vecinos y visitantes.

Cuando la planta de biogás de Zaidín empezó a funcionar en marzo de 2024 parecía una excepción. Dos años después, el Alto Aragón se ha convertido en el principal foco de expansión del biometano en Aragón. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) tramita actualmente 31 proyectos en la provincia, una cifra que por sí sola supera las previsiones que el Plan Energético de Aragón Horizonte 2030 manejaba para toda la comunidad autónoma. Esto convierte a la provincia en uno de los territorios en los que más expansión experimenta esta industria.

La dimensión del fenómeno queda reflejada en los datos recopilados por el Gobierno de Aragón. De los aproximadamente 75 proyectos de biogás y biometano registrados en distintas fases de tramitación en la comunidad autónoma, 31 se localizan en territorio altoaragonés. La cifra supone cerca de la mitad del total de la comunidad y sitúa a la provincia como el principal laboratorio de una tecnología que aspira a transformar residuos ganaderos y agroalimentarios en gas renovable.

El crecimiento resulta especialmente significativo porque rompe las previsiones oficiales realizadas hace apenas unos años. El Plan Energético de Aragón contemplaba la implantación de entre 17 y 19 plantas en toda la comunidad para el horizonte de 2030. Hoy, Huesca por sí sola ya supera ampliamente esas estimaciones.

La explicación se encuentra en una combinación de factores. Aragón dispone de una de las mayores cabañas ganaderas de España, especialmente en el sector porcino. A ello se suma una potente industria agroalimentaria y la existencia de grandes volúmenes de residuos orgánicos susceptibles de ser aprovechados energéticamente. Además, el impulso europeo al biometano tras la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania ha convertido esta tecnología en una de las grandes apuestas de la transición energética.

Las plantas proyectadas comparten un mismo esquema de funcionamiento. Utilizan purines, estiércoles y residuos agroalimentarios como materia prima. Mediante un proceso denominado digestión anaerobia, esos residuos generan biogás. Posteriormente, el gas se depura hasta obtener biometano, un combustible renovable con características similares a las del gas natural convencional y que puede inyectarse en la red gasista.

La disponibilidad de residuos explica que buena parte de las iniciativas se concentren en comarcas con una elevada actividad ganadera como La Litera, Bajo Cinca, Los Monegros, el Somontano o la Hoya de Huesca.

Las empresas promotoras defienden estas instalaciones como una herramienta de economía circular. En abril de 2025, durante un foro agroalimentario celebrado en Aragón, la directora de Comunicación y Sostenibilidad de IAM Carbonzero, Miriam G. Armesto, resumía esa visión: “No hablamos solo de producir energía, sino de mejorar los suelos, proteger los acuíferos y gestionar residuos mediante economía circular”.

Ese planteamiento aparece de forma recurrente en las memorias técnicas presentadas ante la administración. El objetivo es convertir residuos que actualmente generan costes de gestión en recursos capaces de producir energía y fertilizantes.

Zaidín, la referencia que abrió el camino

La principal instalación operativa de la provincia se encuentra en Zaidín. Gestionada por el grupo Griñó, tiene capacidad para tratar unas 205.000 toneladas anuales de residuos procedentes de explotaciones ganaderas, industrias agroalimentarias y actividades agrícolas. Su historia refleja también la complejidad administrativa de este tipo de infraestructuras. Las instalaciones llevaban años construidas cuando finalmente comenzaron a funcionar en marzo de 2024. Durante ese tiempo se sucedieron distintas fórmulas de gestión y procedimientos administrativos hasta que la planta pudo entrar en explotación.

La instalación se ha convertido en la principal referencia del sector en Aragón. Su funcionamiento es observado con atención tanto por las empresas que impulsan nuevos proyectos como por las administraciones encargadas de evaluar los expedientes que continúan llegando al INAGA.

El mapa del biogás se extiende ya por buena parte de la provincia. Entre los proyectos más avanzados destacan las iniciativas promovidas por Glide Energy en Candasnos y Esquedas. Ambos fueron declarados de interés autonómico por el Gobierno de Aragón dentro de una inversión conjunta próxima a los 87 millones de euros.

La planta prevista en Candasnos contempla el tratamiento de unas 184.500 toneladas anuales de residuos orgánicos para producir biometano, fertilizantes y dióxido de carbono biogénico. El proyecto forma parte de una estrategia empresarial basada en el aprovechamiento de residuos ganaderos y agrícolas de la zona sureste de la provincia.

En Esquedas, a escasos kilómetros de la capital oscense, se proyecta otra instalación de características similares. La cercanía a Huesca ha contribuido a aumentar la visibilidad pública del proyecto y a situar el debate sobre el biometano en el entorno de la ciudad.

A estos expedientes se suman otros promovidos en municipios como Vencillón, San Esteban de Litera, Esplús, Barbastro o Loporzano. Algunos se encuentran todavía en fases iniciales de evaluación ambiental. Otros ya han pasado por periodos de información pública y esperan nuevas autorizaciones administrativas. La propia documentación autonómica permite observar que las iniciativas se distribuyen principalmente por las comarcas donde existe una mayor concentración de actividad ganadera, especialmente porcina.

Inversiones millonarias para el medio rural

La dimensión económica constituye uno de los principales argumentos utilizados por las empresas promotoras. Las memorias técnicas contemplan inversiones que en muchos casos superan los diez millones de euros por instalación. Algunos de los proyectos de mayor tamaño se acercan a los treinta millones. La planta promovida por Columbus Biogás en Esplús prevé una inversión aproximada de diez millones de euros. Por su parte, el proyecto impulsado en San Esteban de Litera forma parte de un paquete inversor superior a los sesenta millones de euros respaldado por el Ejecutivo autonómico.

En los acuerdos de declaración de interés autonómico, el Gobierno de Aragón destaca también la capacidad de estas instalaciones para generar actividad económica en municipios rurales. En el caso de las plantas promovidas por Glide Energy, la administración autonómica estimó la creación de 36 empleos directos y 105 indirectos durante la fase de explotación.

El elevado número de proyectos registrados no significa que todos vayan a convertirse en realidad. La experiencia acumulada durante los últimos años demuestra que la distancia entre la presentación de un expediente y la entrada en funcionamiento de una planta suele ser considerable. Los proyectos deben superar procedimientos ambientales, autorizaciones urbanísticas, informes sectoriales y, en muchos casos, nuevas infraestructuras asociadas al transporte del gas.

La planta de Zaidín constituye un ejemplo paradigmático de esos plazos. Aunque las instalaciones estaban terminadas desde años antes, no comenzaron a operar hasta 2024. Actualmente, según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón, trece de los 31 expedientes identificados en Huesca han alcanzado ya fases de información pública o las han superado. Los dieciocho restantes continúan en distintas etapas previas de tramitación.

Esa situación explica que resulte difícil anticipar cuántas de las iniciativas anunciadas llegarán finalmente a construirse. Aunque buena parte del debate se desarrolla en el ámbito administrativo, algunos proyectos han generado una notable movilización social. Los casos más visibles son los de Barbastro y Loporzano. En ambos municipios se han constituido plataformas ciudadanas y se han presentado alegaciones durante los procedimientos ambientales. En Barbastro, vecinos y colectivos locales han expresado sus dudas sobre la ubicación elegida y sobre las consecuencias derivadas del transporte de residuos.

Contestación ciudadana

La contestación ciudadana continúa organizándose en la Hoya de Huesca. Vecinos de Loporzano, Tierz, Siétamo y Quicena han constituido recientemente la asociación vecinal Estrecho Quinto, una plataforma creada para defender el territorio, el medio ambiente y la calidad de vida de los pueblos afectados por los proyectos industriales de biogás. La entidad surgió tras conocerse en enero el proyecto de instalación de una planta industrial en Loporzano y fija como primer objetivo la paralización de esta infraestructura.

Sus integrantes sostienen que el número de proyectos previstos en Aragón podría exceder las necesidades reales de gestión de residuos del territorio y denuncian la ausencia de una regulación autonómica específica que ordene el despliegue de estas instalaciones. Además, reclaman una mayor participación vecinal en la toma de decisiones y consideran que los municipios afectados deben tener más capacidad para evaluar el impacto acumulado de unas infraestructuras que, aunque se presentan como una solución para la valorización de residuos, están generando un creciente debate social en numerosas zonas rurales de España.

La cuestión ha llegado también al debate político. El concejal socialista en el Ayuntamiento de Huesca Fernando Sarasa advertía recientemente de la necesidad de ordenar el despliegue de estas instalaciones y señalaba que “estamos hablando de instalaciones que pueden afectar directamente al día a día de nuestros vecinos. No es un debate lejano ni teórico”.

La situación que vive Huesca encuentra paralelismos en otros territorios con una importante actividad ganadera, aunque pocas provincias concentran tantos proyectos en tan poco espacio. Castilla y León se ha convertido en la comunidad autónoma con mayor desarrollo previsto del sector, superando el centenar de iniciativas en distintas fases de tramitación, especialmente en provincias como Zamora, Valladolid, Segovia o Soria.

En Zamora, donde se acumulan más de una veintena de proyectos, la expansión del biogás ha provocado una fuerte movilización vecinal y la aparición de plataformas ciudadanas que reclaman una planificación más estricta. También Cataluña está experimentando un crecimiento notable, sobre todo en la provincia de Lleida, donde la elevada concentración de explotaciones porcinas ha favorecido la llegada de numerosas iniciativas vinculadas al biometano.

En Castilla-La Mancha destacan los proyectos promovidos en Toledo, Cuenca y Ciudad Real, mientras que en Andalucía el desarrollo se concentra principalmente en Sevilla, Córdoba y Jaén. Sin embargo, los 31 proyectos que actualmente tramita el INAGA en la provincia de Huesca convierten al Alto Aragón en uno de los territorios con mayor densidad de iniciativas de toda España, una cifra que supera el volumen total registrado en muchas provincias españolas y que explica la creciente preocupación social que ha comenzado a surgir en distintos municipios altoaragoneses.

La cruz del Aneto ha aparecido dos meses después de que fuera serrada de su base y arrojada por una ladera. El hallazgo se ha producido este martes a las 16:15 de forma casual durante una operación de rescate de la Guardia Civil en la zona. Los agentes avistaron desde el aire la estructura metálica, semienterrada en la nieve en la cara norte de la montaña, y decidieron recuperarla.

El alcalde de la localidad, Manuel Mora, explica que han recibido la noticia con “mucha alegría”: “La ha encontrado el Greim durante una de sus actuaciones. La han bajado por motivos de seguridad, parece que está en buen estado, la idea es bajarla al taller y volverá a colocar. Es una buena noticia, muchas alegría”, ha destacado.

Tras finalizar el rescate los agentes han regresado al lugar, certificando que era la Cruz del Aneto desaparecida y que ha aparecido tras el deshielo. Por seguridad, mediante un ciclo grúa se ha transportado en la aeronave, siendo trasladada hasta la helisuperficie de Benasque, quedando depositada en dependencias policiales. Una vez, finalizadas las mismas, se pondrá a disposición del Ayuntamiento de Benasque.

Al parecer, cayó por la ladera tras ser cortada y fue sepultada por la nieve. El deshielo de las últimas semanas habría permitido que volviera a quedar parcialmente visible.

La desaparición del símbolo se conoció el pasado 19 de abril, cuando varios montañeros comprobaron al alcanzar la cumbre que la cruz ya no se encontraba en su emplazamiento habitual. Con cerca de 100 kilos de peso y más de tres metros de altura, la cruz difícilmente podía haber sido trasladada lejos de la montaña. Desde el primer momento se consideró probable que permaneciera oculta bajo la nieve hasta la llegada del deshielo.

Además, este episodio se produjo apenas unos meses después de la compleja restauración de la pieza. La cruz había sido retirada de la cumbre en 2023 para ser rehabilitada por el herrero Miguel Ángel Plaza y regresó al Aneto en agosto de 2025 tras una operación en la que participaron especialistas del GREIM y la Unidad Aérea de la Guardia Civil.

Más de un año después de aprobar las nuevas denominaciones para sustituir tres calles con nombres franquistas, el Ayuntamiento de Huesca sigue sin haber cambiado físicamente las placas del callejero. La situación ha llevado a las asociaciones memorialistas que impulsaron el procedimiento judicial a solicitar la ejecución forzosa de la sentencia que ordenó retirar esos nombres, una petición que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca ha admitido a trámite. El Consistorio asegura que se van a cambiar “proximamente”, antes del 13 de julio.

El pasado 12 de junio el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca admitió la solicitud de ejecución presentada por las asociaciones memorialistas que impulsaron el procedimiento. En la diligencia, la letrada de la Administración de Justicia concede al Ayuntamiento un plazo de 20 días para informar sobre el grado de cumplimiento de la sentencia. Según recogen los demandantes, las placas de las Calles José María Lacasa, Mariano Ponz y Mateo Estaún “siguen sin haber sido cambiadas y por tanto, materialmente, no se ha dado cumplimiento a la sentencia”.

El origen del conflicto se remonta a 2021, cuando la Asociación Cultural Colectivo Ciudadano de Huesca, la Asociación para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón y varios particulares recurrieron la decisión municipal de mantener esos nombres en el callejero pese a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. En marzo de 2022, el juzgado les dio parcialmente la razón y condenó al Ayuntamiento a retirar del callejero las denominaciones de Mateo Estaún, José María Lacasa y Mariano Ponz, además de eliminar una placa franquista situada en el patio consistorial. La resolución consideró que mantener esos nombres vulneraba la normativa autonómica de memoria democrática.

El Ayuntamiento recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que en junio de 2023 confirmó íntegramente el fallo. Posteriormente intentó llevar el caso a casación, pero el recurso fue inadmitido, por lo que la sentencia quedó firme y debía ejecutarse. La ejecución, sin embargo, se ha quedado a medio camino. Según exponen las asociaciones en el escrito presentado ante el juzgado, el Consistorio sí retiró en 2022 la placa franquista del patio municipal, sustituyéndola por una identificación del Museo de Huesca, por lo que esa parte de la resolución quedó cumplida.

El problema está en las calles. Tras años defendiendo el mantenimiento de las denominaciones, el Ayuntamiento acabó aprobando en pleno el 28 de mayo de 2025 los nombres que debían reemplazarlas. Así, José María Lacasa pasaría a denominarse Orfeón Oscense; Mariano Ponz, Embalse de Vadiello; y Mateo Estaún, Cámara de Comercio.

Sin embargo, las asociaciones denuncian que, pese a haberse adoptado ese acuerdo hace más de un año, el cambio no se ha materializado. Las placas continúan sin sustituirse y las tres calles siguen identificadas con los nombres que los tribunales ordenaron retirar. Por ello consideran que existe un incumplimiento “material” de la sentencia, aunque formalmente ya se haya aprobado la nueva denominación.

En su escrito, recuerdan además que han transcurrido sobradamente los plazos previstos por la legislación para ejecutar resoluciones judiciales y solicitan que se obligue al Ayuntamiento a completar el proceso. Incluso reclaman que se fije un plazo máximo de un mes para retirar definitivamente las placas. La decisión ahora está de nuevo en manos del juzgado. El Ayuntamiento deberá explicar qué actuaciones ha realizado y justificar por qué, más de un año después de aprobar los nuevos nombres y cuatro años después del inicio del litigio, las referencias franquistas continúan visibles en las calles de Huesca. Fuentes del Consistorio aseguran que se van a cambiar antes del 13 de julio y no especifican el motivo de la demora.

“No vayas donde te lleve el camino, ve donde no hay camino y deja un rastro”. Lo dijo Ralph Waldo Emerson, filósofo que se convirtió en un símbolo del espíritu emprendedor porque a finales del siglo XIX ya hablaba de crear oportunidades donde antes no existían, de la self-reliance —autosuficiencia o confianza en uno mismo—, un término que acuñó y con el que animó a las personas a confiar en su criterio incluso cuando toman decisiones poco convencionales.

La historia de Jara Escudero tiene mucho que ver con Ralph Waldo Emerson, porque cuando la mayoría de los itinerarios empresariales parecen conducir inevitablemente hacia las grandes ciudades, esta emprendedora oscense eligió la dirección contraria. Decidió quedarse en el pueblo donde nació y demostrar que la innovación no entiende de códigos postales. Desde Peralta de Alcofea, un pueblo de apenas 400 habitantes, esta naturópata y cosmetóloga ha impulsado un proyecto que cuestiona viejas certezas sobre el emprendimiento y abre nuevas posibilidades para quienes quieren desarrollar su futuro sin renunciar a sus raíces.

Se trata de CistusLab, una iniciativa que plantea la creación de un laboratorio cosmético compartido destinado a pequeñas marcas y productores. El proyecto ha sido reconocido con el segundo premio Rural Emprende Aragón 2026, un galardón que distingue iniciativas innovadoras capaces de generar actividad económica y oportunidades en municipios rurales.

En los pueblos también caben los microscopios

Lo llamativo no es únicamente el proyecto en sí, sino el lugar donde ha surgido. Porque la pregunta aparece de manera inevitable: ¿Por qué un laboratorio cosmético innovador nace en un pequeño pueblo del Somontano y no en una gran ciudad?

La respuesta tiene mucho que ver con la trayectoria personal de la mujer que está detrás de esta idea. Jara Escudero creció en Peralta de Alcofea y, tras formarse en naturopatía, dermofarmacia y cosmética natural, decidió regresar a su pueblo para desarrollar allí su actividad profesional. “Siempre he tenido claro que quería emprender desde el territorio donde nací”, asegura esta joven que ha tomado una decisión poco habitual en un contexto en el que la apuesta por las ciudades de jóvenes cualificados nacidos y criados en las provincias, sigue siendo una realidad constante; con menos seguidores, pero constante. 

Lo que comenzó como una pequeña empresa de cosmética natural ha ido creciendo poco a poco hasta convertirse en lo que hoy es; una marca con reconocimiento dentro del sector. Durante su andadura CistusLab ha recibido varios premios a nivel nacional relacionados con la cosmética ecológica y natural. Hitos que han ayudado a esta emprendedora rural a consolidar una trayectoria empresarial que demuestra que la especialización y la innovación no son patrimonio exclusivo de los entornos urbanos.

Cuando vivir en tu pueblo, compensa

Sin embargo, emprender desde un pueblo también implica asumir algunas dificultades que rara vez aparecen en los discursos idealizados sobre el medio rural. La menor visibilidad empresarial, unas conexiones digitales todavía mejorables, los plazos más largos en los envíos o la necesidad de disponer de vehículo propio para cualquier desplazamiento forman parte de la realidad cotidiana con la que conviven quienes deciden desarrollar su actividad profesional lejos de las grandes ciudades. Jara Escudero conoce bien esas limitaciones, pero considera que las ventajas compensan ampliamente los inconvenientes. “Vivir en mi pueblo me aporta calma y felicidad. Me gusta la naturaleza, la tranquilidad y poder desarrollar aquí mi vida personal y profesional. He vivido varios años en la ciudad y no cambio por nada la vida en el pueblo”, explica.

Esa convicción personal también está en el origen de CistusLab. Antes de impulsar este proyecto, Jara trabajó en un laboratorio compartido que le permitió dar sus primeros pasos en el sector. Aquella experiencia fue positiva, pero con el tiempo comprendió que las necesidades de su marca requerían otro tipo de espacio. Tenía apenas 23 años cuando comenzó a plantearse un modelo más flexible, capaz de adaptarse a las distintas etapas de crecimiento que atraviesan los pequeños proyectos. 

Fue precisamente durante ese proceso de crecimiento cuando Jara Escudero detectó que había apareció una dificultad que era compartida por numerosos emprendedores del sector. Desarrollar y fabricar cosméticos exige cumplir una normativa estricta, disponer de instalaciones homologadas y asumir inversiones que resultan inalcanzables para muchas pequeñas marcas. “No podemos hacer una inversión tan fuerte para empezar cuando no sabes cómo te va a ir”, subraya Jara Escudero. 

De esa reflexión nació la idea de crear un laboratorio propio que incorporara diferentes modalidades de uso, además de una pequeña tienda y una oficina que le permitieran separar la vida profesional de la personal. “No quise crear un laboratorio para que los emprendedores se adaptaran al espacio; quise crear un espacio que se adaptara a los emprendedores”, resume. Una filosofía que ha acabado convirtiendo una necesidad individual en una herramienta colectiva para quienes buscan abrirse camino en el sector de la cosmética natural desde cualquier lugar, también desde un pueblo de apenas 400 habitantes.

Las dificultades compartidas encuentran soluciones comunes

Este laboratorio es un espacio compartido donde diferentes emprendedores pueden formular y fabricar sus productos utilizando instalaciones profesionales sin tener que hacer frente de manera individual al elevado coste que supone poner en marcha un centro propio. CistusLab es un modelo inspirado en los obradores compartidos que ya funcionan en otros sectores, especialmente en el ámbito agroalimentario, pero todavía poco habitual en el mundo de la cosmética.

Más allá de la actividad concreta que desarrolla, la idea resulta interesante porque refleja una transformación más profunda que está comenzando a producirse en algunos territorios rurales. Durante décadas existió una división casi automática entre las actividades económicas asociadas a las ciudades y aquellas consideradas propias de los pueblos. Los servicios avanzados, la investigación o las industrias especializadas parecían pertenecer exclusivamente al ámbito urbano. Sin embargo, hoy esa frontera comienza a difuminarse.

La expansión de la conectividad digital, la comercialización online y la búsqueda constante de nuevos modelos de empresa que sean más sostenibles y equilibrados en el tiempo, el territorio, y con la calidad de vida, están permitiendo que determinados proyectos encuentren ventajas unos kilómetros más allá de las ciudades, donde los costes son menores, existe una relación más directa con determinadas materias primas y, además, muchas empresas descubren que el pueblo en el que eligen asentarse, puede convertirse en parte de su propia identidad de marca.

El vínculo entre la identidad de la marca y la materia prima

En el caso de CistusLab, esa conexión es especial y forma parte de la esencia del proyecto. La empresa trabaja con ingredientes naturales y mantiene un vínculo muy estrecho con el entorno, algo fundamental para Jara Escudero que no ve su pueblo únicamente como escenario de producción, sino como un elemento esencial y diferenciador que aporta valor al producto final que la joven ofrece a los consumidores. 

“Para mí era importante que el proyecto tuviera identidad y estuviera ligado al territorio”, confiesa. Un ejemplo es el oleato de tomate de Caspe que está presente en algunos productos que saca al mercado y su intención es seguir incorporando más ingredientes vinculados al entorno. “Siempre que es posible, priorizo materias primas y proveedores locales o nacionales, no solo por reducir la huella ambiental, sino también por poner en valor los recursos que tenemos cerca”, asegura Jara Escudero. 

Lo que está ocurriendo en Peralta de Alcofea trasciende el ámbito de la cosmética y conecta con una tendencia más amplia: cómo están cambiando las expectativas sobre el futuro de los pueblos. “Mi objetivo es demostrar que no hace falta irse de un pueblo para emprender, también se puede innovar, crear oportunidades y desarrollar proyectos con impacto desde el medio rural”, apunta.

Y así es como Jara Escudero, como emprendedora, ha demostrado que un laboratorio cosmético puede instalarse en un municipio de apenas 400 habitantes. Un hecho que sugiere que la innovación rural del futuro quizá no dependa tanto de atraer proyectos externos como de crear las condiciones necesarias para que las ideas nacidas de quienes viven o quieren volver a los pueblos puedan desarrollarse en ellos.

En un momento en que buena parte del medio rural busca nuevas formas de construir su futuro, historias como la de CistusLab invitan a replantear una vieja pregunta: ¿Qué actividades pueden sobrevivir en los pueblos? Para reconocer que, cada vez más, los pueblos también pueden ser lugares donde nacen actividades que nadie esperaba encontrar allí.

Más de un centenar de personas migrantes en situación irregular fueron presuntamente utilizadas por una red asentada en la comarca del Cinca Medio que les cobraba por gestionar empadronamientos en viviendas donde ni vivían ni podían hacerlo. La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras tres por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y pertenencia a grupo criminal.

La investigación arrancó el pasado febrero tras detectarse un aumento inusual de empadronamientos de ciudadanos extranjeros en dos inmuebles de una localidad de la comarca. Las pesquisas revelaron que una de las viviendas carecía de las mínimas condiciones para ser habitada: no tenía tejado, contaba con puertas y ventanas tapiadas y carecía de suministro de agua y electricidad. A pesar de ello, llegó a acumular hasta 57 personas empadronadas.

Según la Guardia Civil, los migrantes eran trasladados desde distintos puntos de España hasta el municipio para completar el trámite administrativo. Después, abandonaban la localidad y no volvían a ser vistos en ella. Los investigadores sostienen que el objetivo era obtener un empadronamiento a cambio de dinero, un documento fundamental para iniciar determinados procedimientos administrativos.

La red habría cobrado entre 150 y 400 euros por persona por realizar estas gestiones. En total, los agentes han identificado a 105 ciudadanos extranjeros en situación irregular que habrían sido captados por el grupo.

La organización actuaba de forma coordinada. Mientras unos integrantes se encargaban del transporte de los migrantes, otros realizaban los trámites necesarios para formalizar los empadronamientos ante la administración. El dinero recaudado terminaba, presuntamente, en manos del líder del grupo.

La Guardia Civil considera que los afectados fueron víctimas de una trama que se aprovechaba de su situación de necesidad y vulnerabilidad para obtener un beneficio económico. La investigación culminó el pasado 2 de junio con la detención de dos personas y la investigación de otras tres, todas ellas vecinas de la comarca del Cinca Medio y de la provincia de Lleida.

Los detenidos quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instancia e Instrucción número 2 de Monzón.

Afectados por el estado de diversas carreteras de la provincia de Huesca convocan este sábado, 13 de junio, el “Sábado Negro”, una movilización provincial que partirá desde distintos puntos del territorio para unirse en la capital altoaragonesa, en una concentración de vehículos a las 11.00 horas, en el aparcamiento del Palacio de Congresos.

En la movilización, en la que habrá representación de carreteras de toda la provincia, la A-131, la A-130, la A-125, la A-2214, el acceso a los Valles de Vio, la A-1239, la A-2605, la A-2609, entre otras vías, se pedirá al Gobierno de Aragón que escuche el clamor de los pueblos y que actúe con urgencia.

Los participantes en la movilización reclaman que los pueblos de la provincia de Huesca también contribuyen, producen, generan riqueza y fijan población y lo mínimo que merecen son unas infraestructuras acordes al siglo XXI.

El presidente de las Cooperativas de Aragón, Víctor Nogués, ha indicado: “Tenemos que estar todos unidos, porque al final es el interés general y reclamamos mejoras desde nuestro modelo de agricultura y de empresas que estamos en el territorio, pero todos los ciudadanos independientemente de su actividad lo piden” y es que “las carreteras están desastrosas y los accesos a fincas están del siglo pasado”.

Han recordado que llevan meses denunciando la situación y han organizado los “Martes Negros” en Los Monegros, marchas lentas y concentraciones hace más de un año desde la plataforma de la A1239 de Albalate a Esplús, “Sábados Negros” y concentraciones en la A125 de Ardisa a Ayerbe, se han creado nuevas plataformas como la más reciente en la A130 de Alcolea a Monzón, así como reivindicaciones en otras carreteras de la provincia de Huesca como son la A131, A2605 de Jaca a Aisa, la A2609 del Valle de Chistau, A2214 de Candasnos a Ontiñena, entre otras.

A través de estos actos, han mostrado el estado real de las carreteras para visibilizar que “están deterioradas, los firmes agotados, baches, falta de mantenimiento y una preocupante sensación de abandono institucional”. En ello ha incidido Nogués, que ha apuntado que “queremos hacer una denuncia por el abandono que sufrimos en los pueblos y, sobre todo, en materia de comunicaciones”.

Sostienen que después de las diferentes movilizaciones en varios puntos de la provincia, “la realidad es que las carreteras están al límite y que siguen viendo cada vez más desperfectos, con más riesgos y la misma falta de respuestas”.

Hay historias que nunca se han escrito en libros y han permanecido guardadas en los recuerdos de sobremesas familiares, en conversaciones sentados en sillas de plástico a la puerta de casa o en los bancos del parque y en cuchicheos en la barra del bar acompañados de unas almendras. 

Adolescentes que no entendían por qué caían bombas al lado de su casa. Niños y niñas que veían con naturalidad esconderse en cuevas cuando los aviones sobrevolaban el cielo a baja altura. En Grañén, estos testimonios han quedado registrados para siempre gracias a un podcast llamado 'Historias de un pueblo', impulsado por el Ayuntamiento del pueblo, que recoge la historia reciente del municipio a través de los recuerdos de sus vecinos más mayores. 

Es un viaje década a década por la evolución del pueblo, desde los años treinta hasta la actualidad. El punto en común es que lo cuenta doce personas que en cada época tenía alrededor de 18 años.

Según el alcalde de Grañén, Carlos Sampériz, no es una recopilación de grandes acontecimientos, sino de una memoria construida desde la experiencia personal capaz de explicar cómo se vivía en la localidad monegrina hace un siglo. “Pensamos en intentar explicar cómo ha ido evolucionando el pueblo en las diferentes décadas desde la perspectiva de una persona de 18 años. Nos cuentan detalles de caminos de tierra, no tener agua corriente, vivir la misma familia en los espacios reducidos, una educación más recia o el racionamiento de comida en la posguerra”, explica. 

Los dos primeros episodios, dedicados a las décadas de los 30 y 40, ya están disponibles en Ivoox, YouTube y Spotify. Están protagonizados por vecinos y vecinas que hoy rondan los 90 años y crecieron durante la Guerra Civil y posguerra. Sus relatos también aportan luz dentro de la oscuridad en la que vivían, como los bailes, las sesiones de cine, los primeros noviazgos vigilados por las familias, las fiestas populares o la llegada de oportunidades que transformaron el pueblo.

Sampériz valora que la fuerza de este proyecto es, precisamente, esa cotidianeidad. “Es una historia que la puedes trasladar a cualquier punto de España. En aquel momento era todo muy monolítico, no tenías tantos inputs como ahora. Lo que ocurría en Grañén podía pasar en cualquier pueblo de Andalucía o Asturias. Por eso, son historias compartidas que cualquiera puede reconocer”, asegura. 

La acogida del podcast ha superado las expectativas del Ayuntamiento. El proyecto fue presentado el pasado domingo en la plaza de España de Grañén mediante una experiencia inmersiva que evocó la vida cotidiana de mediados del siglo XX bajo la dirección artística de Patricia Coronas. “La recepción ha sido una maravilla porque son personas hablando de espacios comunes y de historias que todo el pueblo conoce. Es un sentimiento muy coral”, resumen el alcalde.

Más allá de la divulgación, Sampériz indica que la pretensión del proyecto era conservar una biblioteca de voces de los testigos del siglo XX en Grañén. “Lo hicimos con la intención de crear un archivo sonoro que guarde las voces de las personas que eran niños en 1930 y vieron cómo evolucionaba Grañén”, señala el regidor.

En los dos primeros capítulos han participado doce personas, aunque una de ellas falleció antes de la presentación del proyecto. La investigación, entrevistas, documentación histórica, guionización y producción del podcast han sido realizadas por los comunicadores Fran Navarro, Sara Marquina y Patricia Puértolas, que ahora ya trabajan en sacar adelante los siguientes episodios para las décadas de los 50 y 60.

Estos trabajos han supuesto un importante esfuerzo, ya que de cerca de las 23 horas de grabaciones en bruto finalmente han visto la luz una por cada capítulo. Sampériz valora de forma extraordinaria el esfuerzo realizado porque se ha elaborado una narración “coherente y sin sesgo” y asegura que durante las grabaciones escuchó historias “muy íntimas” de enorme impacto emocional. 

“Lo que nosotros queremos es que no se pierdan las vivencias de las personas que lo cuentan”, resume Sampériz. Estos testimonios son miradas sinceras de una generación que contribuyó a construir Grañén, y entre todos los vecinos, han creado un legado que perdurará por el resto de los años.

La localidad altoaragonesa de Jaca se ha convertido estos días en la sede de la XVIII edición del congreso internacional en Matemáticas y sus aplicaciones, organizado por la Universidad de Zaragoza (Unizar) y la Universidad de Pau, una de las reuniones científicas internacionales más antiguas de España y una tradición para ambas universidades.

En la actual edición participan alrededor de 100 investigadores, incluyendo resultados teóricos y aplicaciones en ramas de conocimiento como Climatología, Ciencias de Salud o Hidrología, entre otras, ha informado Unizar.

Este congreso conjunto de investigadores de Matemáticas está promovido por el 'Laboratoire de Mathematiques et de leurs Applications' de la Université de Pau et des Pays de l'Adour (Francia) y los departamentos de Matemática Aplicada, de Métodos Estadísticos y de Matemáticas de la Universidad de Zaragoza, con la colaboración del Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA-Unizar).

Este encuentro promueve la colaboración científica entre ambos lados de los Pirineos, de modo que a lo largo de su historia se han presentado más de 600 ponencias, editando un libro de actas para cada congreso dentro de Prensas Universitarias de la Universidad de Zaragoza. La mayoría de las ediciones han sido organizadoras las profesoras Maria Cruz López de Silanes y Monique Madaune-Tort, que han hecho posible el fortalecimiento de esta relación.

En esta edición, del 10 al 12 de junio, la conferencia ha contado con ponentes invitados de reconocido prestigio internacional, concretamente Mireille Bossy (INRIA), Abed Bounemura (Université de Pau et des Pays de l'Adour), Manuel J. Castro (Universidad de Málaga), Raphael Huser (King Abdullah University of Science and Technology), M. Ángeles Japón (Universidad de Sevilla), Eva Kanso (University of Southern California), Soledad Le Clainche (Universidad Politécnica de Madrid) y Luis Vega (Basque Center for Applied Mathematics (BCAM)- Universidad del País Vasco).

La provincia de Huesca ha pasado de emitir apenas 219 certificados sanitarios de exportación en 2022 a superar los 7.500 en 2025, un crecimiento de más del 3.300% que coincide con la puesta en marcha de la Terminal de Inspección de Mercancías (TIM) de Monzón y del servicio de inspección y certificación de exportaciones de la Unidad de Agricultura de la Subdelegación del Gobierno.

Desde su puesta en marcha, la Unidad de Agricultura ha emitido más de 14.400 certificados sanitarios para exportaciones a terceros países, consolidándose como un servicio estratégico para uno de los principales polos agroindustriales del país.

Hasta la creación de este servicio en junio de 2023, buena parte de las exportaciones agroalimentarias generadas por empresas del este de la provincia debían tramitarse en Cataluña, principalmente en Lleida, por lo que la actividad administrativa asociada a estas operaciones computaba fuera de Aragón. La apertura de la TIM permitió que las inspecciones y certificaciones necesarias para exportar a países de fuera de la Unión Europea comenzaran a realizarse en Huesca, acercando además el servicio a las empresas exportadoras.

Los datos reflejan con claridad esta transformación. En 2022, antes de la puesta en marcha del servicio, la provincia registró únicamente 219 certificados de exportación. Tras su entrada en funcionamiento en junio de 2023, se emitieron 2.141 certificados durante los primeros siete meses de actividad. En 2024 la cifra ascendió a 4.771 y en 2025 alcanzó los 7.535 certificados, un 57,9% más que el año anterior.

En 2022, Huesca ocupaba el puesto 40, el penúltimo de la lista y solo por delante de Melilla en el listado sobre la evolución de las unidades certificadoras para exportación. En 2025 ascendió al noveno puesto y en lo que va de 2026 ha subido otro escalón. Mientras tanto, Lleida registraba 29.477 certificados, situándose como la tercera unidad certificadora de España. En 2025 se situó por detrás de Huesca con 6.807 certificados.

La mayor parte de las empresas usuarias, cerca del 95%, se concentran en la franja oriental de la provincia, especialmente en Binéfar, Monzón, Tamarite de Litera, San Esteban de Litera y Fraga. Se trata de una zona con una potente industria cárnica y agroalimentaria cuya actividad exportadora tiene una importante presencia en mercados internacionales.

El crecimiento registrado en los últimos años ha situado además a Huesca entre las principales provincias españolas en actividad certificadora. Según los datos del Ministerio de Agricultura, la provincia ocupa ya el octavo puesto nacional en número de certificados de exportación animal, por delante de territorios con una larga tradición exportadora como Lleida, Tarragona o Toledo.

La evolución resulta especialmente significativa porque se ha producido en un contexto complejo para el comercio exterior. Durante 2025, la detección de casos de peste porcina africana en España provocó restricciones y cierres temporales en algunos mercados internacionales, entre ellos Japón, uno de los principales destinos de las exportaciones gestionadas desde la TIM de Monzón. Pese a ello, la actividad certificadora continuó creciendo y alcanzó un nuevo máximo histórico.

En la actualidad, la Unidad de Agricultura de la Subdelegación del Gobierno en Huesca cuenta con tres funcionarias adscritas y se ha consolidado como una herramienta fundamental para facilitar las exportaciones agroalimentarias a mercados extracomunitarios, garantizando el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos por los países de destino.

La puesta en marcha de la TIM de Monzón no solo ha permitido agilizar los trámites para las empresas altoaragonesas. También ha conseguido que una actividad económica generada en Huesca deje de contabilizarse en otras comunidades autónomas y pase a reflejarse en las estadísticas de la provincia, que en apenas tres años ha escalado hasta situarse entre las siete primeras de España en certificación de exportaciones animales.

La broma le puede haber salido muy cara a un joven de 19 años en Huesca a quien agentes de Policía Nacional han detenido por haber simulado numerosas situaciones de peligro para movilizar los servicios de emergencia.

La investigación se inició a raíz de detectar una patrulla de Seguridad Ciudadana que habían sido comisionados para un servicio al parecer inventado, puesto que el testigo afirmaba estar observando como un varón estaba sustrayendo una bicicleta. Cuando la patrulla llegó al lugar tan solo observó al testigo, cuya apariencia física coincidía plenamente con las características que él mismo había descrito del autor de los hechos, pero que negaba haber realizado la llamada. Resultando además que tan solo unos días antes ese mismo testigo había activado los servicios de emergencia para otra situación similar, comisionándose a esa misma patrulla.

La Brigada de Información de la Comisaría Provincial de Huesca inició una investigación, que ha permitido determinar que esta persona en tan solo dos semanas simuló hasta en ocho ocasiones situaciones de peligro, activando los servicios de emergencia tanto a través del CIMACC 091 como a través de la aplicación ALERTCOPS. Estas situaciones de peligro ficticias constituían desde alertas por robos de patinetes y bicis, peleas entre jóvenes, agresiones a indigentes, tráfico de drogas o tentativas de suicidio de amigos.

Por tales hechos, se procedió a su detención como autor de delito de desórdenes públicos, puesto que estas falsas alarmas movilizan servicios esenciales policiales, detrayendo recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de otras funciones. A ello hay que sumar que para dar respuesta a estas llamadas en las que hay víctimas, los funcionarios de los vehículos de emergencias acuden al lugar con los acústicos y luminosos activados, ya que la velocidad de respuesta suele ser vital en las emergencias, por lo que ponen en riesgo su integridad.

La policía recuerda que afirmar falsamente o simular una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, constituye un delito de desórdenes públicos del artículo 561 del Código Penal.

Cuando se habla de innovación rural, la imagen suele remitir a drones sobrevolando campos, sensores que miden la humedad del suelo o aplicaciones capaces de gestionar explotaciones agrícolas desde un teléfono móvil. Sin embargo, en un pequeño pueblo del Pirineo aragonés, la innovación ha comenzado por algo mucho más sencillo: abrir un sobre de papel y sacar unas semillas que llevaban décadas esperando a que alguien les diera la oportunidad de sorprender con el valor que atesoran en su interior.

En Ara, un pueblo situado en la comarca de la Jacetania y que cuenta apenas 40 habitantes en invierno, la Fundación 3piedras, está impulsando el proyecto 'Pueblos con Semilla', desarrollado junto con la Red de Semillas de Aragón y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). La finalidad última es busca catalogar, conservar y multiplicar variedades tradicionales procedentes de las comarcas de La Jacetania y Alto Gállego. Una acción que ha sido reconocida con el primer premio Rural Emprende Aragón 2026, y que parte de una idea aparentemente simple: las semillas que durante generaciones seleccionaron y conservaron agricultores y familias pueden convertirse hoy en una herramienta para afrontar algunos de los principales retos del medio rural, devolviéndolas al campo y a la economía local.

Los impulsores de 'Pueblos con semilla' defienden que cada una de esas semillas “guarda mucho más que una planta”, asegura Beatriz Bañales directora de 3piedras —la cara más visible de esta iniciativa—. Cada semilla conserva dentro de sí adaptación al territorio, resistencia al clima, conocimiento sobre manejo de las tierras y una forma de entender la agricultura que en muchas zonas ha estado a punto de desaparecer.

Lo que se pierde cuando desaparece una semilla

Durante décadas, la modernización agrícola impulsó la sustitución de variedades locales por otras más homogéneas y productivas. El proceso cumplió su objetivo principal: aumentar los rendimientos, pero en su camino también provocó una importante pérdida de diversidad genética. En muchos pueblos del Pirineo aragonés, las antiguas variedades de judías, tomates, lechugas o cereales fueron desapareciendo poco a poco de los huertos familiares. Y con ellas también se fue parte de la memoria agrícola del territorio.

Algunas han sobrevivido porque personas mayores siguieron haciendo lo que “toda la vida se ha hecho”: guardar semillas año tras año. Sin embargo, otras no tuvieron tanta suerte y también ellas quedaron olvidadas en pequeños huertos de autoconsumo, y con la desaparición de sus guardianes muchas se perdieron para siempre.

Del banco de semillas al desarrollo rural

En este contexto, el trabajo de 'Pueblos con Semilla' consiste en localizar ese patrimonio vivo, recuperarlo y ponerlo de nuevo en circulación, “no como una pieza de museo”, advierten, sino como una herramienta útil para el presente, que se transforme en fuente de ingresos con capacidad para revertir en el territorio. 

Por eso, el proyecto va más allá de la conservación. Las líneas de trabajo también se centran en conectar productores y restauradores locales para crear una pequeña economía alrededor de estas variedades recuperadas, haciéndolas llegar a mercados de proximidad y consumidores interesados en alimentos ligados a la identidad local, y por supuesto a restaurantes, mediante la iniciativa 'Del Surco al Mantel'.

'Pueblos con Semilla' nació durante la pandemia de 2020. “Los viveros cerraron y nos quedamos sin semillas ni planteros para nuestros propios huertos”, cuenta Beatriz Bañales. De la necesidad de llenar de alimentos sus tierras nació la solución “empezamos a buscar semillas que cada uno tenía o que se habían ido conservando”, añade la directora de la Fundación, y cuando el rumor se extendió también llegó la sorpresa, porque “muchos otros vecinos tenían el mismo problema: no había semillas para los hortales. Y así nació este proyecto”, concluye Beatriz. Un ejemplo de aquel dicho popular que asegura que “de la necesidad, virtud”.  

Desde entonces, la iniciativa ha evolucionado hasta convertirse en el grupo de acción local del Alto Aragón dentro de la Red de Semillas de Aragón, promoviendo la recuperación, conservación e intercambio de variedades tradicionales. El proyecto cuenta ya con 40 guardianes de semillas, y reúne a agricultores, hortelanos y vecinos comprometidos con la biodiversidad cultivada y la soberanía alimentaria. Hasta la fecha, la iniciativa registra más de un centenar de referencias de 13 variedades distintas. 

Entre sus actividades destacan los encuentros formativos y de trabajo colectivo, como los talleres de poda y de semillas que se han llevado a cabo este año en localidades como Ara e Ibor, donde los participantes aprenden técnicas para la preparación de semilleros y colaboraron en la puesta a punto del banco de semillas del proyecto, sembrando variedades seleccionadas para su recuperación gracias a la labor de los denominados “guardianes de semillas”.

Innovar mirando hacia atrás

La experiencia les está enseñando a quienes la viven de cerca, por ejemplo, que “no es nada fácil hacer planteros propios desde la semilla, te hace tener una responsabilidad, necesitas entender cómo funcionan las plantas, elegir los mejores frutos y cuidarlos para evitar que se hibriden y así conservar la pureza”, confiesa Beatriz Bañales. Y mientras unos aprenden, otros, sobre todo las personas más mayores, se enorgullecen de llevar hasta la Fundación nuevas variedades de semillas antiguas. Porque para ellos son tesoros y viven con emoción el hecho de saber que volverán a ver ese tomate o esa hortaliza de nuevo en la tierra, como antaño. 

Una de las principales aportaciones que hace 'Pueblos con Semilla' es cuestionar la idea —muy extendida— de que innovar significa incorporar algo nuevo. En Ara, la innovación consiste en recuperar lo que estaba desapareciendo: recuperar recursos propios, conocimiento acumulado y biodiversidad, escuchando a quienes todavía recuerdan cómo se cultivan determinadas variedades. “Es volver a mirar las semillas guardadas durante generaciones”, y conectar ese saber local con la investigación científica, la gastronomía y los mercados actuales.

Mientras buena parte del mundo busca soluciones cada vez más sofisticadas para afrontar la crisis climática o la pérdida de biodiversidad, este pequeño proyecto nacido en el Pirineo aragonés lanza una pregunta incómoda, pero, al mismo tiempo sugerente: “¿Y si una parte del futuro del medio rural estuviera escondida en aquello que creíamos que pertenecía al pasado?”.

Un joven vecino de Tamarite de Litera (Huesca) se encuentra ingresado en estado grave en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida tras haber inhalado fosfuro de aluminio, un pesticida de elevada toxicidad que exige medidas de precaución extremas durante su manipulación.

El aviso se ha recibido sobre las 12.45 horas de este viernes a través del teléfono de emergencias 112, en el que se daba cuenta de un joven de unos 20 años que había sufrido una intoxicación química grave en su lugar de trabajo en una asistencia para la que se ha requerido la colaboración de los bomberos en el Centro de Salud de Tamarite de Litera.

Tras recabar de inmediato el asesoramiento técnico del Instituto Nacional de Toxicología, con sede central en Madrid, los mandos del operativo han decidido activar los protocolos de riesgo químico.

Para garantizar la total seguridad tanto del paciente como del personal sanitario durante la evacuación, dos bomberos equipados con trajes estancos especiales y equipos de respiración autónoma (ERA) han viajado en el interior de la ambulancia junto al herido.

El convoy médico ha contado además con el apoyo y escolta de un vehículo de intervención química de los Bomberos de la DPH durante todo el trayecto desde Tamarite de Litera hasta el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida, donde el joven ha quedado ingresado bajo cuidados médicos.

Representantes de los consejos de Salud de las distintas zonas básicas del sector Barbastro (Huesca), junto con la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro y la Plataforma de Afectados por Oncología del Hospital de Barbastro, han mantenido una reunión de trabajo esta semana en Monzón para aprobar un documento conjunto sobre la situación sanitaria del sector y las necesidades detectadas en Atención Primaria, Hospital de Barbastro y atención oncológica.

A la reunión han asistido 11 de los 15 consejos de Salud del sector Barbastro y representantes de la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro y de afectados de Oncología del mismo Hospital.

El documento es el resultado de un proceso participativo iniciado el pasado mes de mayo, cuando los distintos Consejos de Salud acordaron analizar y debatir en sus respectivos ámbitos los documentos elaborados por las entidades participantes. Tras ese trabajo previo, las aportaciones realizadas han sido puestas en común y consensuadas en una posición única compartida.

Los asistentes han aprobado asimismo una hoja de ruta común para trasladar las conclusiones y propuestas recogidas en el documento a las distintas administraciones e instituciones competentes. “El acuerdo alcanzado constituye un acuerdo formal de participación ciudadana, respaldado por los órganos de representación sanitaria de la zona, y refleja la preocupación existente por garantizar una atención sanitaria pública suficiente, cercana, accesible y de calidad para toda la población del Sector Barbastro, especialmente en el medio rural”, explican.

Las preocupaciones trasladadas se basan en tres ejes principales: la preocupación por la falta de profesionales en el Hospital de Barbastro, la situación del servicio de oncología del hospital y la situación de la Atención Primaria del sector.

Los Consejos de Salud consideran que la sanidad pública constituye un elemento esencial para la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y el mantenimiento de la calidad de vida en nuestros municipios, “y esta preocupación queremos trasladarla desde la ciudadanía y desde los profesionales del sector”.

Trabajo coordinado

Por ello, el documento será remitido a los ayuntamientos, comarcas, Diputación Provincial de Huesca, grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Aragón, Dirección de Atención Primaria y del Hospital de Barbastro, Gerencia del Sector Barbastro, Gerencia del Salud, Consejería de Sanidad y a la Justicia de Aragón, al mismo tiempo que solicitarán reuniones presenciales con alguna de las entidades.

Los participantes han manifestado su voluntad de continuar trabajando conjuntamente y mantener mecanismos de coordinación y seguimiento que permitan evaluar la evolución de la situación sanitaria y las respuestas que puedan ofrecer las distintas administraciones.

La defensa de una sanidad pública fuerte, cercana y adaptada a las necesidades de un territorio rural como el altoaragonés constituye un objetivo compartido por todos los Consejos de Salud participantes que ahora cuentan con una nueva gerencia tras el nombramiento este viernes de Carmen Tosat Manch, actual presidenta del Colegio de Enfermería de Huesca y profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería de la capital altoaragonesa.

La dificultad para acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los municipios turísticos del Pirineo aragonés. Aínsa-Sobrarbe y Biescas han pedido esta semana al Gobierno de Aragón que impulse la declaración de estos municipios como zonas de mercado residencial tensionado, una figura contemplada en la Ley Estatal de Vivienda que permitiría acceder a nuevas ayudas para vivienda asequible, rehabilitación y alquiler social.

El pleno de Aínsa-Sobrarbe aprobó este miércoles solicitar al Ejecutivo autonómico que inicie de manera urgente los trámites necesarios para obtener esta declaración. La iniciativa llega apenas unos días después de que el Ayuntamiento de Biescas anunciara una propuesta similar —que también fue aprobada en el pleno del 3 de junio— y de que Canfranc solicitase en febrero de 2024 reclamar esta catalogación ante los problemas de acceso a la vivienda que afectan a buena parte del Pirineo, aunque posteriormente —el 2 de mayo de 2024— retiró esta vía y optó por impulsar el programa 'Más vivienda, mejor turismo'. El consistorio ha adoptado además medidas como la suspensión temporal de nuevas licencias para viviendas turísticas, la creación de una bolsa de alquiler y cambios urbanísticos para limitar este tipo de alojamientos en el futuro.

Los municipios coinciden en señalar el impacto que la presión turística, la proliferación de viviendas de uso turístico y de segunda residencia, así como el incremento de los precios de compra y alquiler, están teniendo sobre la población residente. El alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo, ha defendido que localidades como la suya están viendo cómo el encarecimiento de la vivienda dificulta cada vez más la vida de quienes residen en ellas. “Los municipios con presión turística como éste y otros del Pirineo aragonés ven cómo se incrementa el precio de la vivienda y esta realidad limita a quienes vivimos en estas localidades”, ha señalado.

Una situación similar ha denunciado la alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal, quien ha defendido la necesidad de que el municipio sea declarado zona tensionada para facilitar el acceso a ayudas públicas destinadas a vivienda asequible, rehabilitación y alquiler social. La regidora ha advertido de que “la creciente presión turística, la proliferación de viviendas de uso turístico o de segunda residencia, la escasez de vivienda habitual disponible y el incremento sostenido de los precios del alquiler y de compra dificultan mucho el acceso a una vivienda digna para vecinos, jóvenes, familias y trabajadores esenciales del municipio”.

Pueyo ha recordado además que Biescas ha dado el mismo paso y ha confiado en que más municipios reclamen medidas similares ante una situación que considera “insostenible”. La propuesta aprobada por el consistorio de Aínsa incluye también la solicitud de un estudio específico sobre la evolución de los precios de alquiler y compraventa, la disponibilidad de vivienda habitual y los efectos de la presión turística en el municipio. Según el alcalde, la falta de vivienda ya está condicionando el desarrollo local. “Hemos tocado techo en cifras de población desde hace dos años porque no hay vivienda disponible y los costes de construcción son actualmente altísimos”, ha asegurado.

Cajal ha argumentado además que la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda abre una oportunidad para que los municipios declarados zonas tensionadas puedan acceder a mayores incentivos económicos. “Pido al Gobierno aragonés la misma responsabilidad que tenemos los ayuntamientos: escuchar a los ciudadanos y, en este caso, iniciar de manera urgente los trámites para que Biescas pueda ser declarado como tal”, ha reclamado.

Medidas locales frente a un problema creciente

Desde el Ayuntamiento de Aínsa destacan que ya han impulsado diversas actuaciones dentro de sus competencias para tratar de aliviar la situación. Entre ellas figuran la regulación de las viviendas de uso turístico, el incremento del IBI a las viviendas permanentemente desocupadas, la rehabilitación de inmuebles municipales para destinarlos a nuevos habitantes y la cesión al Gobierno de Aragón de una parcela y un millón de euros para promover vivienda pública.

Entre los motivos esgrimidos por el Ayuntamiento de Biescas figuran el incremento continuado de los precios de compra y alquiler, la escasa oferta de arrendamientos de larga duración, el elevado peso de las segundas residencias y las dificultades de acceso a la vivienda para jóvenes y trabajadores, factores que, según el consistorio, amenazan la cohesión social y la fijación de población.

En Canfranc, el consistorio también ha adoptado medidas para contener el problema, como la suspensión temporal de nuevas licencias para viviendas turísticas, la creación de una bolsa de alquiler y la preparación de cambios urbanísticos para limitar este tipo de alojamientos en el futuro. Los ayuntamientos consideran que la escasez de vivienda habitual se ha convertido en uno de los principales obstáculos para fijar población y atraer nuevos residentes. En el caso de Canfranc, el alcalde, Fernando Sánchez, llegó a definir la vivienda como “el mayor problema del mundo rural”, advirtiendo de que la falta de oferta impide el crecimiento de muchos municipios turísticos.

Negativa del Gobierno de Aragón a aplicar la ley estatal

La creciente presión de los municipios pirenaicos coincide con la negativa del Gobierno de Aragón a aplicar algunas de las medidas más relevantes incluidas en la Ley Estatal de Vivienda. De hecho, Enrique Pueyo ha acusado al Ejecutivo autonómico de priorizar la confrontación política sobre la búsqueda de soluciones. “El Gobierno de Aragón que preside Jorge Azcón prefiere la confrontación y ser insumiso con la Ley Estatal de Vivienda antes que solucionar las necesidades de las personas”, ha afirmado.

La pasada semana, el consejero de Vivienda, Octavio López, aseguró en las Cortes de Aragón que el Ejecutivo autonómico solo participará en el futuro Plan Estatal de Vivienda 2027-2030 si este “encaja” con el programa Aragón Más Vivienda. Octavio López aseguró que ha “batallado” para conseguir que Aragón reciba el 3,8% de los fondos teniendo el 3% de la población nacional, precisando que se destinará el 40% a generar oferta, el 30% a rehabilitación y el 30% a las ayudas para el acceso a la vivienda, todo para “complementar y llevar adelante” los programas del Plan Aragón Más Vivienda.

Estela Rasal (Barcelona, 1975) dirige desde hace cuatro años el Festival Internacional de Cine de Huesca, aunque hace quince pertenece al equipo de producción. El cine le ha formado como persona mientras veía películas clásicas en blanco y negro y ahora ella forma parte de la escena cinematográfica oscense. 

Bette Davis, Katharine Hepburn, los Hermanos Marx o Louis de Funès. Gracias a ese ambiente con el que se crio, actualmente Rasal toca muchas ramas del árbol que erige la cultura: dirige su propia productora, ha realizado trabajos de regiduría, actriz, producción, así como de coproducción en diferentes proyectos cinematográficos.

El cortometraje le cautivó desde hace mucho tiempo por su “libertad creativa”, su singularidad y porque “es una forma diferente de narrar”. “Es un lenguaje distinto y es más accesible. Aun así, los hay de mucho presupuesto y directores consagrados han vuelto al corto, porque hay historias que requieren más de un corto que de un largometraje”, asegura la directora y justifica que en este tipo de producciones “hay cosas muy vivas” por el rápido desarrollo de personajes en poco tiempo.

Los cortometrajes son la razón de ser del Festival de Cine de Huesca, el tercero más antiguo del mundo dedicada en exclusiva a este tipo de producciones, que este año se celebrará del 5 al 13 de junio y alcanzará su quincuagésimo cuarta edición. Esta cita es una de las seis de España avaladas por la Academia de Hollywood como preselección para los Premios Oscar.

El Teatro Olimpia de Huesca volverá a ser el foco de atención de todo el mundo donde podrán verse las 77 obras seleccionadas, 38 de ellas óperas primas y 37 dirigidas por mujeres procedentes de 26 países, de entre 2.342 enviadas para participar en el concurso en sus tres secciones: internacional, iberoamericano y documental.

Uno de los proyectos más ambiciosos del certamen es su área de industria, donde el festival “va evolucionando hacia lugares más actuales” para su consolidación como mercado de referencia. “Hay que dotar de un contexto a los cortometrajistas y cineastas para que pueda haber un intercambio real y surjan así más proyectos. El festival debe ser una lanzadera de talentos. No nos podemos quedar solo con exhibir los trabajos y dar premios”, explica la directora.

Para Rasal, uno de los momentos más emotivos del certamen es la primera sesión de cortometrajes. “Es el motivo del Festival Internacional de Cine de Huesca”, señala la directora, y recuerda que una de las cosas que hacen especial al evento es el lugar donde se organiza. “Huesca es una ciudad muy acogedora. Todos los invitados que vienen se van enamorados del festival y de la ciudad. Somos unos embajadores maravillosos de nuestra tierra. Huesca se conoce en todo Latinoamérica por el festival de cine”, explica.

Considera Rasal que es esencial “sembrar esa semilla” en nuevos espectadores para que vuelvan a consumir cortometrajes. “Es importante que se vea cine, donde sea. Nos ayuda a tener una mente más crítica y a construir un mundo mejor entre todos”, sostiene la directora.

Ese germen brotó en la directora del festival desde bien pequeña. “ET fue la primera película que me fascinó”, recuerda mientras cuenta una anécdota en el Teatro Olimpia de Huesca, cuando fue con su madre para ver Miguel Strogoff. “Resulta que eran tres carretes en lugar de dos, Y el proyeccionista se equivocó y puso el último en el lugar del segundo. Veíamos a Miguel Strogoff hecho polvo y no entendíamos nada. Me acordaré toda la vida porque fue mi gracioso”, recuerda.

Desde esa doble mirada de espectadora y gestora cultural, Rasal sigue impactándose con películas que le remueven por dentro. Por un lado, sigue disfrutando de lo que pueden hacer sentir películas como Sirat. “Me encantó, pero no sé si podré volver a verla. Está muy bien escrita, muy bien dirigida. La historia es muy fuerte, empaticé mucho con los personajes”, explica.

Y, por otro lado, Rasal observa la realidad de las salas de la ciudad de Huesca donde el Teatro Olimpia es el centro neurálgico. Gracias al impulso del festival la sala tiene un DCP (Digital Cinema Package) “para ver cine en las mejores condiciones posibles”. “En Huesca podemos ver cine de mucha calidad. Se organizan ciclos como Oscacine, el cinefórum o colaboraciones con la Cruz Blanca o la AECC”, añade y apela a la tradición cinéfila de la ciudad, promovida en parte por el festival, y unos espectadores acostumbrados al formato del cortometraje.

Tres personas han fallecido y otras tres han resultado heridas en un grave accidente de tráfico ocurrido este martes por la mañana en la carretera A-1223, a la altura del término municipal de Ilche (Huesca).

El siniestro se ha producido alrededor de las 08:45 en el punto kilométrico 9 de esta vía que conecta Monzón y Poleñino. Según ha informado la Guardia Civil, el accidente ha consistido en una colisión fronto-lateral entre un camión rígido y una furgoneta que circulaban por la carretera.

Las tres víctimas mortales viajaban en la furgoneta. Se trata de tres hombres de 56, 65 y 75 años, ambos vecinos de la comarca del Bajo Cinca. En el mismo vehículo viajaban otros dos varones de la misma comarca: el conductor, de 62 años, que resultó herido leve, un ocupante de 65 años que ha sufrido heridas graves.

Por su parte, el conductor del camión, un hombre de 47 años y vecino de Zaragoza, también resultó herido leve.

Todos los heridos fueron evacuados en ambulancia al Hospital de Barbastro, mientras que los fallecidos serán trasladados al Instituto de Medicina Legal de Huesca para la realización de las correspondientes pruebas forenses.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Binéfar, especialistas del Equipo de Siniestros Viales (EIS) de Huesca, agentes de Seguridad Ciudadana de Barbastro, efectivos de bomberos, ambulancias del servicio de emergencias 061 y personal de mantenimiento de carreteras.

El Equipo de Siniestros Viales de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas y circunstancias en las que se produjo el accidente.

Unas 1.800 personas han sido desalojadas este lunes del IES Pirámide de Huesca entre docentes, alumnos y Personal de Administración y Servicios tras notificarse una fuga de propano en las cocinas sobre el mediodía, coincidiendo con la hora de salida del centro, según ha informado el Gobierno de Aragón.

La fuga se ha detectado en una de las canalizaciones de los depósitos. En primer lugar el personal de mantenimiento del IES ha cortado las llaves de paso y ventilado para localizar el punto exacto de fuga y a continuación ha dado aviso a los servicios de emergencia y a las autoridades.

Han intervenido en el operativo de evacuación efectivos de Policía Local y Nacional, Bomberos del Ayuntamiento de Huesca y de la Diputación Provincial, voluntarios de Protección Civil de la Comarca de la Hoya de Huesca y una ambulancia del 061, así como personal de REDEXIS. El desalojo se ha desarrollado sin incidentes y sin que se haya registrado ninguna afección o daño personal.

A primera hora de esta tarde se ha revisado la instalación y recuperado el suministro con normalidad, lo que hace posible que se pueda retomar la actividad cotidiana del centro con seguridad.

Dos personas tuvieron que ser rescatadas este domingo en el río Ara, en el término municipal de Boltaña, después de ser arrastradas por la corriente mientras se bañaban. Según ha informado la Guardia Civil, el aviso se recibió a las 14.15 a través del 112 SOS Aragón. Las dos personas, un hombre de 48 años y una mujer de 38, ambos vecinos de Zaragoza, se encontraban bañándose en el río Ara cuando fueron arrastradas por la corriente y quedaron bloqueadas al no saber nadar. El incidente se produjo en una jornada marcada por los avisos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ante el riesgo de crecidas súbitas en distintos cauces de la cuenca como consecuencia de las tormentas.

Tras recibir el aviso, la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca activó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Boltaña y a la Unidad Aérea de Huesca. Una vez localizada la pareja desde el helicóptero, los especialistas procedieron a su evacuación y posterior traslado hasta la localidad de Boltaña, donde tenían estacionado su vehículo. Ninguna de las dos personas precisó asistencia sanitaria.

El rescate coincide con el inicio de la temporada de baño y con el llamamiento realizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro para extremar las precauciones en ríos, embalses y otros espacios acuáticos. El organismo recuerda que el baño debe realizarse preferentemente en zonas oficiales, donde la autoridad sanitaria garantiza la calidad del agua y existen servicios destinados a la seguridad de los usuarios.

La CHE insiste además en que los ríos son entornos naturales cuya peligrosidad puede variar en función de las condiciones meteorológicas y del propio comportamiento del cauce. Entre otros riesgos, advierte de la presencia de corrientes, remolinos, troncos o ramas ocultas bajo el agua, así como de cambios repentinos en el caudal.

El organismo de cuenca recuerda también que está prohibido bañarse en las proximidades de presas, canales y balsas, así como en determinados espacios naturales protegidos o junto a captaciones de agua para abastecimiento. En el resto de zonas, el baño es libre, aunque la responsabilidad recae sobre quienes lo practican.

Por ello, la CHE recomienda extremar la vigilancia sobre menores, personas mayores y otros colectivos vulnerables, además de prestar atención a las condiciones del entorno antes de acceder al agua. El rescate de este domingo en el río Ara vuelve a poner de relieve los riesgos que pueden presentar los cauces fluviales, especialmente en jornadas de inestabilidad meteorológica y aumento de caudales.