Este pasado viernes celebramos el cumpleaños de la Fundación Ruy López de Almendralejo. Hay lugares que son mucho más que un edificio, lugares que terminan convirtiéndose en casa, en refugio, en punto de encuentro, en una pequeña comunidad dentro de la comunidad, lugares como la Fundación Ruy López.

Resulta especialmente hermoso pensar en cómo empezó todo: en este caso fue alrededor de un tablero de ajedrez. Un espacio para aprender a jugar, para pensar varias jugadas por delante, para descubrir que a veces ganar no es lo más importante y que, sobre todo, cada partida comienza poniendo al otro frente a ti como un igual.

Pero la Fundación pronto entendió que su tarea podía ser mucho más grande. Que alrededor de aquel tablero había niños y niñas con necesidades, familias que acababan de llegar a Almendralejo, adolescentes que necesitaban apoyo, deberes que hacer, idiomas que aprender y, sobre todo, personas que necesitaban sentirse acompañadas. Y así, poco a poco, la Fundación Ruy López fue creciendo hasta convertirse en algo que trasciende con mucho al ajedrez.

Durante estos 20 años han pasado por allí cientos de niños, niñas, adolescentes y familias. Han encontrado profesionales y voluntarios dispuestos a echar una mano, a explicar un ejercicio, a enseñar una palabra, a compartir una partida o, sencillamente, a estar.

Y estar es mucho más importante de lo que a veces pensamos.

Porque cuando una familia comienza una vida nueva en un lugar que todavía le resulta extraño, encontrar un espacio seguro puede significarlo todo. Saber que hay una puerta que puedes abrir, que alguien te espera, que tus hijos pueden hacer los deberes, jugar, aprender y relacionarse sin sentirse diferentes.

Estoy convencida de que la Fundación Ruy López se ha convertido en una prolongación del salón de muchas casas de Almendralejo. Y ocurre algo maravilloso cuando después de muchas partidas, muchos deberes y muchas tardes compartidas, las diferencias dejan de ser una barrera.

La Fundación no se limita a enseñar ajedrez: la Fundación acompaña y eso tiene un valor enorme porque vivimos en sociedades diversas. Almendralejo es hoy una ciudad en la que conviven personas de más de 60 nacionalidades y ante esa realidad tenemos dos opciones: podemos resignarnos a vivir unos junto a otros, pero separados, o podemos construir una comunidad en la que nos conozcamos, convivamos, colaboremos y nos reconozcamos como iguales. Y por eso, espacios como la Fundación Ruy López son tan importantes. Son herramientas que nos ayudan a construir sociedades sanas y fraternas donde nos relacionemos de igual a igual independientemente del idioma que se hable en nuestra casa, la religión que profesemos o las circunstancias personales de cada uno. Y eso se construye cuando dejamos de hablar de “los otros” y empezamos a hablar de nuestros vecinos.

Por desgracia, los discursos de odio y antiinmigración están a la orden del día. Esta misma semana hemos tenido que escucharlos en la Asamblea. Discursos cargados de prejuicios contra las personas migrantes, con afirmaciones que criminalizan la migración y que, en mi opinión, deshumanizan a quienes llegan buscando una vida mejor.

Llegar hasta el extremo de decir que las personas migrantes que se encuentran en Ceuta deberían volver a nado, en flotador o como pudieran no es simplemente una diferencia política sobre cómo gestionar las fronteras o las políticas migratorias: es algo mucho más grave. Porque detrás de esas palabras hay personas, personas que tienen frío, personas que tienen hambre, personas que han perdido a alguien por el camino, que huyen de guerras, de la pobreza o de situaciones que consideran insoportables. Personas que, como cualquiera de nosotros, quieren vivir. Y no podemos olvidar que en julio murieron 150 personas intentando llegar a territorio español.

Hace unos meses, la fachada de la Fundación amaneció con una pintada racista. Esa misma tarde éramos allí casi un centenar de personas para borrarla y convertir ese acto en una fiesta, en un abrazo colectivo, en una manera de decir que ante su odio nuestro amor es infinito y que frente a los que odian somos muchísimos más los que queremos vivir juntos y en paz.

Hay que agradecer profundamente a todas las personas que durante estos 20 años han hecho posible la Fundación Ruy López: a quienes estuvieron al principio, a quienes siguen estando, a los profesionales, a los voluntarios, a las familias y, sobre todo, a tantos niños y niñas que han pasado por allí y que son la mejor demostración de que merece la pena construir espacios donde nadie quede atrás.

Quiero que la Fundación siga siendo hogar para mucha gente durante muchos años más. Que siga habiendo niños jugando al ajedrez, haciendo los deberes, aprendiendo y haciendo amigos. Que siga siendo ese lugar donde alguien que acaba de llegar a Almendralejo descubre que aquí también puede sentirse en casa.

Feliz cumpleaños y por muchos años más demostrando que, frente al odio, siempre hay una respuesta mucho más poderosa: construir comunidad.

Parece ser que la sola propuesta ha obrado el milagro de fusionar las voluntades de todo Cáceres en un idilio colectivo, donde las ideologías y los barrios se disuelven en un río de entusiasmo social. ¿Quién no desea que Cáceres sea Capital Europea de la Cultura?

Hasta los activistas de Cáceres Verde han dejado a un lado sus reticencias al contemplar el vanguardista proyecto del Ayuntamiento para la avenida Virgen de la Montaña. ¿A quién le importan unos cuantos árboles maduros de gran porte o los frondosos setos de durillo cuando, a cambio, la diplomacia local nos regala una majestuosa “acera-plaza” de catorce metros de ancho, pavimentada con el material más puntero del siglo XXI: el hormigón? El jurado de Bruselas quedará fascinado ante esta revolucionaria deconstrucción del refugio climático del centro.

Incluso los asociados de AMECECA, una organización cacereña dedicada a la recuperación de la memoria histórica y democrática, apoyan la candidatura a pesar de haber visto que el monumento más urgente para sumarse al olimpo del patrimonio local sea la Cruz de los Caídos de la Plaza de América. Qué mejor carta de presentación ante la Comisión Europea que iniciar los trámites para declararla Bien de Interés Cultural (BIC).

A partir de ahora, este polémico monolito comparte con orgullo el mismo estatus legal que las grandes joyas históricas de la ciudad, codeándose en igualdad de condiciones con el Conjunto Histórico de la Ciudad Monumental, las murallas milenarias o las Cuevas de Maltravieso.

Hasta las personas que colaboran en el Refugio San Jorge de Cáceres, como asociación animalista que se desvive por el bienestar de las criaturas indefensas, asimilan con tristeza cómo el Ayuntamiento de Cáceres considera el maltrato de animales en la Plaza de Toros como uno de los grandes hitos artísticos y eventos culturales de primer orden.

Tristeza que se acrecienta al conocer que la Junta de Extremadura, gobernada por la coalición PP y Vox, ha elevado el presupuesto destinado a la tauromaquia en un 500% hasta los 1,78 millones de euros, de ellos, 550.000 € para la difusión cultural. Nos tememos que, después de la Cruz de los Caídos, será la tauromaquia la que se tramite como Bien de Interés Cultural; sin duda, una magnífica credencial taurina para encandilar a un jurado europeo que, supuestamente, mide la excelencia de una ciudad por sus valores de sostenibilidad, progreso y sensibilidad ética.

Incluso las colaboradoras y colaboradores de la Fundación ReBross, institución sin ánimo de lucro que sostiene a pulso nada menos que cinco proyectos culturales en la ciudad. Es una estampa de resignación ver cómo se asimila que la mejor forma de premiar su impecable trayectoria —que desde 1993 incluye el alumbramiento de la icónica revista Versión Original, el aplaudido Festival de Cine Español de Cáceres, la colección de libros Versión Original, que el año que viene celebra su 25 aniversario, el Congreso Versión Original, centrado en el periodismo cultural, que presentará su tercera edición, y el recién nacido CineClub Cáceres— sea, precisamente, asfixiarlos financieramente.

De los cinco proyectos, el Consistorio solo colabora en el Festival de Cine con una ayuda congelada desde hace años que ignora la subida del IPC, sabiendo todos que la revista Versión Original dejó de tener apoyo municipal en 2025. Será interesante ver cómo le explica el Ayuntamiento al jurado de la Comisión Europea que su estrategia para ganar la capitalidad cultural consiste en despreciar la labor de instituciones culturales privadas de la propia ciudad.

Una candidatura, la de Cáceres a la Capital Europea de la Cultura en 2031, que pone de manifiesto a cada paso las contradicciones existentes entre la estrategia institucional del Ayuntamiento y la realidad cultural de la ciudad. Mantiene, a pesar de ello, el milagro de la unanimidad social, por más que esta se muestra cada vez más debilitada.

La política tiene una extraña capacidad para convertir la ilusión en resignación. Ocurre cuando las palabras dejan de traducirse en hechos, cuando los compromisos se convierten en meros ejercicios retóricos o cuando la promesa de renovación acaba siendo una simple operación estética. La decepción no nace de los errores, que son inevitables, sino de la sensación de que nadie está dispuesto a corregirlos.

Toda organización política atraviesa momentos decisivos. Instantes en los que debe elegir entre asumir riesgos o refugiarse en la comodidad; entre transformar la realidad o limitarse a administrarla; entre abrir puertas o atrincherarse tras ellas. Y la historia demuestra que casi nunca sobreviven quienes optan por la segunda opción.

Existe un enemigo silencioso que rara vez aparece en los análisis electorales, pero que explica buena parte de las derrotas electorales: el aburguesamiento. Esa enfermedad que lleva a una organización a confundir estabilidad con inmovilismo y experiencia con perpetuación. Es el momento en que la política deja de ser un instrumento para cambiar las cosas y pasa a convertirse, para algunos, en una forma de vida.

La ciudadanía lo percibe mucho antes de que lo reflejen las urnas. Lo percibe cuando siempre son los mismos nombres los que cambian de despacho, de cargo o de responsabilidad, mientras todo sigue igual. Lo percibe cuando un partido parece haberse acomodado a la oposición, como si gobernar hubiera dejado de ser un objetivo para convertirse en una hipótesis remota. Lo percibe cuando el esfuerzo colectivo parece orientarse más a preservar equilibrios internos que a construir una alternativa capaz de ilusionar a la sociedad.

Y entonces llega la irrelevancia. No de golpe, sino lentamente. Primero desaparece la ambición. Después la ilusión. Más tarde la credibilidad. Finalmente, los votos.

La izquierda, además, paga un precio mucho mayor cuando cae en esa dinámica. Porque un partido progresista no puede permitirse parecer resignado. No puede conformarse con gestionar cuotas de poder o repartir responsabilidades internas mientras la ciudadanía espera respuestas. Si la derecha puede sobrevivir apelando a la estabilidad, la izquierda solo sobrevive siendo capaz de generar esperanza.

Renovar nunca ha significado borrar el pasado. Al contrario. Significa conservar lo mejor de la organización, incorporar talento allí donde exista y apartar aquello que impide avanzar. Significa entender que la lealtad a un proyecto no consiste en perpetuar personas, sino en garantizar que ese proyecto siga siendo útil para la sociedad.

El PSOE de Extremadura afronta precisamente ese desafío. Sería un error pensar que las derrotas electorales son únicamente consecuencia de factores externos o de coyunturas pasajeras. Otras federaciones socialistas recorrieron antes ese camino: comenzaron perdiendo impulso, continuaron atrapadas en debates internos y acabaron instaladas en una irrelevancia de la que todavía hoy no han conseguido salir. Ninguna cayó de un día para otro. Todas fueron perdiendo, poco a poco, la capacidad de ilusionar.

Todavía hay tiempo para evitarlo. Pero el tiempo político nunca es infinito. Recuperar la confianza de los extremeños exige algo más que nuevos discursos y “pintar la fachada”. Requiere decisiones. Requiere demostrar que la organización está dispuesta a renovarse de verdad, en las personas, en las formas y en el proyecto. Requiere transmitir que la prioridad vuelve a ser gobernar para transformar Extremadura y no simplemente conservar espacios de influencia.

Es probable que estas reflexiones incomoden a quienes entienden la política como una suma de equilibrios, de cuotas o de alianzas destinadas únicamente a garantizar la tranquilidad interna. También a quienes han terminado confundiendo el interés del partido con el interés de quienes ocupan determinadas posiciones. Toda organización desarrolla, con el paso del tiempo, inercias, grupos de influencia e incluso pequeñas dinastías que terminan creyéndose imprescindibles. Precisamente por eso la renovación nunca resulta cómoda.

Sin embargo, estoy convencido de que estas palabras sí encontrarán eco entre quienes sostienen el partido desde abajo: alcaldes, concejales, militantes anónimos y simpatizantes que dedican tiempo y esfuerzo sin esperar nada a cambio. También entre quienes dejaron de votar al PSOE, no porque dejaran de ser progresistas, sino porque dejaron de reconocer en él el instrumento útil que un día representó.

Guillermo Fernández Vara solía recordar que el PSOE de Extremadura no pertenecía a nadie; pertenecía a todos los extremeños. Esa idea sigue siendo profundamente vigente. Porque cuando una organización deja de sentirse patrimonio colectivo y pasa a convertirse en patrimonio de unos pocos, comienza su decadencia.

El nuevo liderazgo tiene ahora una oportunidad que pocas veces ofrece la política: elegir entre administrar inercias o protagonizar una auténtica transformación. Gobernar un partido no consiste únicamente en mantener unidos sus equilibrios internos. Consiste, sobre todo, en prepararlo para volver a ganar la confianza de la ciudadanía.

La historia rara vez recuerda a quienes conservaron intacto el reparto de poder. Recuerda, en cambio, a quienes tuvieron el coraje de cambiar el rumbo cuando todavía estaban a tiempo.

'Sucede Extremadura'. Ese es el lema que este año eligió la Junta de Extremadura para conmemorar el Día Oficial de Extremadura, ya saben ustedes que el día popular, el día que está en muchos corazones es el 25 de marzo. Un lema que, además de rendir homenaje al poeta y cantante más grande que ha parido esta tierra, Roberto Iniesta, nos ofrece una oportunidad que quizá el propio Gobierno de Extremadura no había previsto: hablar de lo que sucede realmente en Extremadura.

Porque sucede Extremadura. Y mucho.

Sucede que mientras la Junta se empeña en construir una postal de nuestra tierra a golpe de escaparate, propaganda y grandes titulares, hay una Extremadura que no sale en las fotografías oficiales. Una Extremadura que espera, que reclama, que se preocupa y que empieza a estar cansada de que le digan que todo va bien mientras sus problemas se hacen cada vez más grandes.

Sucede que nuestro sistema sanitario se deteriora. Que las listas de espera siguen situándonos entre las peores comunidades del país. Que faltan profesionales y que hay servicios que funcionan al límite. Sucede, por ejemplo, que en el Hospital de Mérida, el servicio de oncología está al límite para atender una enfermedad tan sensible y tan devastadora como es el cáncer. Y eso no es una estadística. Son personas. Son pacientes. Son familias que necesitan que su sistema sanitario esté a la altura cuando más lo necesitan.

Sucede también que nuestro medio rural afronta una nueva amenaza. Después de décadas soportando el expolio de nuestros recursos naturales para producir energía que además, desgraciadamente, termina beneficiando a otros, ahora quieren convertir Extremadura en territorio de plantas de biogás. Proyectos que se presentan como modernidad y progreso, pero que pueden suponer más presión sobre nuestros recursos, más contaminación y más cargas para nuestros pueblos.

Y sucede algo que resulta especialmente indignante: mientras nuestros servicios públicos se debilitan, este Gobierno decide perdonar impuestos a grandes multinacionales energéticas que llevan décadas haciendo negocio con los recursos de Extremadura.

Nos dicen que no hay dinero suficiente para reforzar la sanidad, para garantizar servicios públicos de calidad, para cuidar nuestros pueblos o para dar oportunidades a quienes quieren quedarse y construir aquí su proyecto de vida. Pero sí parece haberlo cuando se trata de aliviar la factura fiscal de quienes más tienen.

Sucede Extremadura.

Sucede una Extremadura que no quiere convertirse en la colonia energética de Europa. Que no quiere que sus tierras sean el lugar donde se acumulan los residuos o se instalan las industrias que otros no quieren tener cerca. Que quiere aprovechar sus recursos para generar riqueza aquí, empleo aquí y oportunidades aquí.

Sucede una Extremadura que quiere servicios públicos fuertes, pueblos vivos, agricultura y ganadería con futuro, una sanidad que no abandone a sus pacientes y una economía que no dependa de seguir poniendo nuestro territorio al servicio de intereses ajenos.

Y sucede, también, que Extremadura está cansada.

Cansada de la política entendida como postureo. De los actos cuidadosamente escenificados. De las fotografías. De las campañas de propaganda. De esa obsesión por construir una realidad paralela en la que todo parece funcionar mientras quienes viven aquí conocen perfectamente las grietas.

El pasado 7 de septiembre, cientos de personas se concentraron a las puertas del Teatro Romano de Mérida para reclamar otra cosa. Para decir que esta tierra no se resigna. Que hay otra manera de hacer política. Que queremos otro futuro.Y quizá eso sea, precisamente, lo más importante que sucede hoy en Extremadura. Que hay una Extremadura que no se resigna.

Una Extremadura que quiere oportunidades y no resignación. Que quiere desarrollo y no contaminación. Que quiere derechos y no propaganda. Que quiere servicios públicos y no recortes encubiertos. Que quiere que la riqueza que generan nuestros recursos se quede aquí y sirva para mejorar la vida de quienes viven aquí.

Por eso, este 8 de septiembre, nosotros y nosotras hemos querido hablar de lo que Sucede. 

Sucede Extremadura.

Sucede su gente. Suceden sus pueblos. Suceden sus problemas. Suceden sus luchas. Sucede su cansancio.

Pero también sucede su esperanza.

Porque Extremadura no está condenada a ser la tierra de la resignación. Puede ser la tierra de las oportunidades, de unos servicios públicos dignos, de un medio rural vivo y de un modelo de desarrollo que respete nuestro territorio y ponga en el centro a quienes lo habitan.

Y eso también sucede.

O, mejor dicho, eso está por suceder.

Dedico estas líneas a Juan Carlos Rodríguez Ibarra

El odio siempre fue una cuestión de clase. Por eso, en este país y en cuantos comparten nuestro espectro cultural, el poder hegemónico castigó con violencia, persecución y muerte a quienes osaron desnudar las contradicciones de clase y torcer, en beneficio de las mayorías, una hegemonía sostenida por unos pocos a costa de toda la sociedad. Mi familia también pagó ese precio, y lo hizo con el vil asesinato de mi bisabuelo Porfirio en 1947, perseguido y ejecutado en el franquismo por el delito de defender la libertad, la igualdad y la justicia social: las mismas banderas que hoy algunos siguen queriendo arrancarnos de las manos.

Aquella herida marcó a mi familia materna para siempre, pero jamás nos rindió al odio, ni a la revancha, ni al rencor. Frente a quienes hoy querrían blanquear el franquismo, borrar la memoria o banalizar sus víctimas, nosotros respondemos con lo contrario: memoria que combate el olvido, que no traiciona a los asesinados y que se convierte en conciencia de clase para las generaciones que vinieron después. Eso hicieron los míos, y a mí me tocó crecer en una familia de trabajo y compromiso con nuestra tierra. El campo era nuestra forma de vida, y el orgullo de sentirnos parte de cada olivo, de cada animal, nos forjó hacia un futuro que solo fue promisorio porque el socialismo se atrevió a hacer, en paz, la revolución igualitaria más profunda que ha conocido este país: llevar la educación pública, la sanidad universal y la dignidad a quienes la oligarquía había condenado, generación tras generación, a la ignorancia y a la servidumbre. Que nadie lo dude ni lo relativice: eso fue y es revolucionario.

En mi caso, primero el Colegio Público Divino Maestro de Ahigal, luego la Universidad Laboral y después las Universidades Politécnicas de Extremadura y Madrid fueron mis caminos hacia el conocimiento. Eso sí, primero ayudaba en el campo cuando hacía falta y luego me sumaba a las clases: siempre, primero la tierra y la clase que la labra. Trabajé algunos años en Madrid, pero el paradigma real de aquella revolución aquí en Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, me susurraba al oído la necesidad de volver y de devolver a mi pueblo, a mi provincia y a mi gente todo lo que el socialismo me había proporcionado. Por eso regresé a servir desde lo público, a combatir desde la trinchera que me tocó contra una oligarquía que ayer sostuvo la dictadura y hoy sostiene a las derechas de siempre dispuestas, de nuevo, a desmantelar lo público, a privatizar lo común y a condenar al medio rural al abandono. Hoy también nos lo quieren imponer y hoy también, organizados, se lo vamos a impedir.

Extremadura es una tierra en la que crecer constituye un orgullo de clase: crecer sin odio, pero con memoria, con conciencia y con la firme vocación de defenderla desde lo público, sin complejos y sin concesiones al privilegio de unos pocos.

En el terreno de lo práctico, hacer política es tener en la cabeza lo que tiene que pasar y generar las condiciones para que pase. En nuestra tierra, hacer política socialista es afirmar sin titubeos que esta tierra va a dejar de vaciarse, que va a estar conectada por tren de alta velocidad y que va a producir la energía limpia que nos hará soberanos frente a los mismos oligopolios de siempre — y después no ceder hasta traducirlo en presupuestos, en reivindicaciones a ADIF, Red Eléctrica y quien haga falta, en proponer alianzas con las realidades territoriales que la componen y en la voluntad de no frenar ante ningún obstáculo técnico, ambiental o financiero que la derecha y/o sus intereses quieran poner en nuestro camino.

Y lo que va a pasar, les guste o no a quienes nos miran desde lejos y con condescendencia, es que dejaremos de ser las cifras del éxodo que otros usan para justificar el abandono, y se conviertan, de una vez y para siempre, en un lugar donde la gente tenga motivos —y derechos— para venir y quedarse.

En Extremadura, las dos ciudades con mayor población, Badajoz y Cáceres, han acogido esta movilización que pone en evidencia una realidad demasiado habitual: buena parte del bienestar de los animales continúa descansando sobre el tiempo, el dinero y el esfuerzo de personas voluntarias.

Hay manifestaciones que reclaman derechos nuevos, pero hoy no. Hoy reclamamos que se cumpla algo que ya hemos conseguido. Si ningún ciudadano está exento de cumplir la ley alegando desconocimiento, muchísimo menos debe permitirse a las administraciones públicas.

Bajo el lema 'Los gatos tienen ley. Ahora toca cumplirla', personas gestoras de colonias felinas, asociaciones de protección animal y ciudadanía nos hemos movilizado simultáneamente. Más de 350 entidades se han adherido a una reivindicación que, en realidad, no debería ser necesaria. Porque la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, no dice que los ayuntamientos puedan ocuparse de las colonias felinas si tienen tiempo, presupuesto, sensibilidad o ganas. Dice que les corresponde hacerlo.

La norma establece que las entidades locales deben desarrollar programas de gestión de colonias felinas. Y concreta en qué consiste esa responsabilidad: localizar y censar las colonias, esterilizar a los gatos mediante el método CER —captura, esterilización y retorno—, identificarlos, garantizar su atención sanitaria, establecer programas veterinarios, gestionar los posibles conflictos vecinales y colaborar con las personas y entidades que participan en su cuidado.

Sin embargo, casi tres años después de la entrada en vigor de la ley, en demasiados municipios españoles seguimos encontrándonos con la misma escena: mujeres y hombres particulares comprando sacos de pienso de su propio bolsillo, pagando tratamientos veterinarios, capturando animales para esterilizarlos, cuidando gatos enfermos, atendiendo camadas abandonadas y soportando, además, conflictos, amenazas o insultos por hacer un trabajo que beneficia a toda la comunidad.

Es importante decirlo claramente: las personas que cuidan colonias felinas no provocaron la existencia de esas colonias; se hacen responsables de unos gatos que fueron abandonados por una parte de la sociedad que se niega a responsabilizarse.

Los gatos que viven en nuestras calles no aparecieron por generación espontánea. Son consecuencia, en buena medida, del abandono y de décadas de ausencia de políticas responsables de esterilización, identificación y control poblacional. Y no, tampoco desaparecen dejando de alimentarlos. El hambre no esteriliza.

La gestión ética y planificada mediante CER no nace de un sentimentalismo ingenuo. Nace de una necesidad de políticas de salud pública. Una forma de reducir progresivamente las poblaciones de gatos comunitarios de manera controlada y compatible con el bienestar animal, la salud pública y la protección de la biodiversidad. Sin tener que matar.

Durante años, personas anónimas han estado supliendo la ausencia de la Administración ante este problema, pero, a día de hoy, los gatos tienen Ley. Por eso hemos salido a la calle a pedir que se cumpla la ley, que es una forma de defender el Estado de derecho.

Una administración pública no puede decidir qué leyes cumple dependiendo de si le gustan más o menos. Un ayuntamiento no podría argumentar que no recoge la basura porque carece de presupuesto suficiente, ni dejar de garantizar el abastecimiento de agua porque considera complicada su gestión.

Con las obligaciones relacionadas con los animales debería ocurrir exactamente lo mismo. Sabemos que Extremadura está formada por numerosos municipios pequeños, que disponen de pocos recursos económicos y técnicos, pero la propia ley da respuesta: las entidades locales pueden solicitar el apoyo de las diputaciones provinciales para cumplir con sus obligaciones.

Por tanto, no podemos convertir la falta de medios de un pequeño municipio en una condena para los animales ni en una transferencia permanente de responsabilidad hacia las personas voluntarias.

La Ley 7/2023 encomienda a las diputaciones provinciales y a los gobiernos autonómicos elaborar protocolos marco que establezcan criterios de captura, registro, alimentación, limpieza, atención sanitaria, esterilización, instalación de refugios, formación de personas cuidadoras y formación incluso de las policías locales.

No pedimos que todas las personas amen a los gatos. Ni siquiera hace falta que les gusten. Basta con que cumplan la Ley.

Una sociedad democrática no construye sus normas sobre los gustos individuales, sino sobre responsabilidades colectivas, conocimiento científico y principios éticos compartidos.

Los gatos comunitarios existen. Forman parte de nuestros pueblos y ciudades. Y mientras existan, tenemos dos posibilidades: abandonar su gestión a la improvisación, permitiendo que se reproduzcan sin control, enfermen y generen conflictos; o gestionar sus poblaciones de manera responsable, profesional y ética.

Detrás de cada colonia continúa habiendo demasiadas personas que madrugan para poner agua, que recorren kilómetros llevando un gato al veterinario, que organizan rifas para pagar esterilizaciones o que calculan a final de mes cuánto pueden gastar en pienso.

Su entrega y sensibilidad son admirables, y hoy, además, han salido a la calle para pedir algo distópico en una democracia: Amados gobernantes y funcionarios, sus votantes y no votantes quieren que se cumpla la ley.

Las administraciones local y autonómica han optado por la vía de urgencia al incoar un expediente para declarar el monumento Bien de Interés Cultural (BIC). Este movimiento jurídico, respaldado en informes técnicos, suspende preventivamente cualquier alteración del monolito y busca neutralizar de forma directa la resolución del Gobierno de España del pasado 17 de abril de 2026, que ordenaba la retirada definitiva de la cruz al incluirla en el catálogo oficial de símbolos contrarios a la memoria democrática.

Este choque frontal entre el bloque autonómico y el estatal abre un escenario de litigio que debilita la solidez institucional exigida para este tipo de proyectos internacionales. Frente al conflicto, la postura oficial del Ayuntamiento de Cáceres, defendida con firmeza por el consistorio, sostiene que el monumento ya fue despojado de sus inscripciones originales franquistas en 1984. Desde el equipo de gobierno local se insiste en que la cruz ha sido plenamente resignificada y se reivindica hoy como un “símbolo urbano de unión y concordia” que carece de connotaciones políticas contemporáneas. El ayuntamiento apoya la paralización inmediata de su retirada argumentando la necesidad de proteger los valores arquitectónicos, históricos y urbanísticos del monumento.

Paralelamente, la corporación municipal mantiene judicializado el conflicto tras adherirse al recurso admitido a trámite por la Audiencia Nacional contra la catalogación estatal de la cruz. En la acera opuesta, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) redobla la presión mediante una intensa recogida de firmas ciudadanas que reclama el cumplimiento estricto de la ley estatal y la inmediata desaparición del monolito. Los colectivos memorialistas denuncian que la permanencia de un monumento erigido en honor a una dictadura constituye un elemento de humillación para las víctimas en pleno espacio público compartido. La existencia de un vestigio de origen totalitario en el centro de la escena urbana, sumada a la contestación social visible en las rúbricas de protesta, choca de forma directa con las exigencias de la Comisión Europea para promover los derechos humanos y la paz social.

El caso de San Sebastián

La situación de Cáceres no es inédita en la historia de las capitalidades culturales, y los precedentes demuestran que el comité técnico vigila con lupa estos cismas. Un claro ejemplo se vivió en la carrera hacia la capitalidad de 2016, cuando San Sebastián afrontó el reto de presentarse ante Europa en medio del debate por la gestión de la memoria histórica tras el fin de la violencia terrorista. La delegación donostiarra logró el título precisamente al transformar ese reto en su eje principal, construyendo una propuesta basada en la cultura para la convivencia y la paz social.

La diferencia con el caso cacereño estriba en que San Sebastián ganó el favor del jurado al presentar proyectos de resignificación crítica y musealización transparente, en lugar de recurrir a disputas administrativas de protección patrimonial que prolongan la polarización. La fase final para designar la Capital Europea de la Cultura 2031 no solo se juega en los despachos institucionales de Cáceres, Granada, Oviedo y Las Palmas de Gran Canaria, sino en la rigurosa evaluación de un tribunal técnico internacional.

El destino de estas cuatro finalistas depende de un Comité de Expertos compuesto por diez personas con una dilatada trayectoria en la gestión cultural de vanguardia. El jurado combina las visiones de ocho expertos internacionales independientes, nombrados de forma directa por las principales instituciones de la Unión Europea (entre ellos Tanja Mlaker, Matthias Ripp, Erni Ripp, Małgorzata Szabłowska, Csaba Borboly, …), y dos especialistas de perfil técnico designados por el Ministerio de Cultura (Teresa Badia Dalmases y Pablo Berástegui Lozano). Este panel de especialistas independientes someterá a las delegaciones a una intensa defensa oral en diciembre, evaluando el grado de cohesión e innovación social de sus proyectos. Sin embargo, la deliberación final de este jurado técnico podría verse alterada de forma drástica por factores externos. Si la Audiencia Nacional emitiera un dictamen judicial definitivo sobre la Cruz de los Caídos de Cáceres en plena recta final de las deliberaciones, el impacto sacudiría de inmediato la candidatura extremeña a través de dos escenarios posibles: Si la Audiencia Nacional desestima el recurso de la Junta de Extremadura y valida de forma definitiva la resolución del Gobierno de España del 17 de abril de 2026, la orden de eliminación de la cruz pasaría a ser de obligado cumplimiento inmediato.

Para la candidatura, este escenario supondría un punto de inflexión crítico. El Ayuntamiento se vería obligado a acatar judicialmente el desmontaje del monumento en pleno proceso de selección. Aunque la intervención generaría una tormenta política local, ofrecería a la delegación cacereña una vía de escape argumental de última hora ante el comité: la ciudad podría reformular el incidente presentándolo como la superación definitiva de un cisma del pasado, abrazando la legalidad democrática y alineándose a marchas forzadas con las demandas de paz social y concordia que el jurado europeo exige. En caso de que el tribunal falle a favor del consistorio y la Junta de Extremadura, ratificando la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para proteger la cruz, el monumento quedaría legalmente blindado en la Plaza de América. Aunque esto supondría una victoria jurídica doméstica para el bloque autonómico, se convertiría paradójicamente en el golpe de gracia estratégico para las aspiraciones europeas de Cáceres. Al consolidar la permanencia de un vestigio catalogado formalmente como totalitario, el jurado internacional, liderado por perfiles tan vinculados a los derechos humanos y la musealización moderna como Tanja Mlaker o Matthias Ripp, se encontraría ante una flagrante contradicción de valores.

Las rivales de la fase final —Granada, Oviedo y Las Palmas de Gran Canaria— rentabilizarían de inmediato su estabilidad social, dejando a Cáceres en una posición de extrema vulnerabilidad técnica al no poder garantizar un relato de vanguardia y cohesión libre de polarización política internacional. En un entorno hipercompetitivo, donde Cáceres acaba de pasar a la fase final por el único billete español hacia 2031, mantener abierto este cisma político sobre el pasado ofrece una fragilidad evidente. Aunque el consistorio se esfuerza por escenificar un frente común y subraya la solidez de su agenda de proyectos creativos, la falta de un consenso real respecto a la Cruz de los Caídos podría dar munición reputacional a sus rivales. El desenlace final de la candidatura, que se conocerá en la fase definitiva del proceso de selección, dependerá en gran medida de si Cáceres consigue proyectar el relato de vanguardia, tolerancia y apertura que Europa exige, o si su propuesta naufraga atrapada bajo la sombra de su propio monumento.

Se ha ido. María falleció hace dos días. Qué pena. María Fernández, mujer del baloncesto extremeño, mujer de dar mucho antes que pedir, mujer del deporte, un corazón bueno. Alguien que, incluso cuando ya no podía, regalaba actitud, alegría y disposición para que las canchas siguieran abiertas y llenas de deportistas jóvenes. María Fernández

María —y Francis, y el pueblo de Navaconcejo— nos regalaron el Valle. Íbamos con autobuses a disfrutar del pabellón más bonito, el mejor cuidado, el que tiene más luz, como el corazón de María, el más limpio. Cruzábamos la montaña de La Vera al Jerte y allí nos esperaban cada año. El mes pasado también.

Luego venían a devolvernos la visita, con una ilusión que nos ganaba. Con sus chicos y chicas del pueblo, con el baloncesto de un sitio pequeño pero orgulloso.

No voy a olvidar la sonrisa de María entrando en nuestro comedor; la sonrisa de María viendo el pabellón de su pueblo lleno de deportistas y de entrenadores de toda España; viendo a un montón de jugadoras adolescentes jugar al deporte de su vida, el baloncesto. A María y a Francis cuidando de los pequeños baloncestistas de Navaconcejo, del baloncesto extremeño.

Concejala, delegada, empujadora. María era concejala de Deporte y de Igualdad. Fue muchos años delegada del Plasencia Galco; sé lo que es ser delegado, lo ingrato y lo maravilloso que puede ser ese cargo. Me dicen que ella lo vivió siempre como un regalo: estar en su deporte, empujar su deporte.

Gracias, María. No hace falta ganar campeonatos para ser una campeona como tú. Lo sencillo es entrenar jugadorazos; lo difícil es sacar equipos en un lugar donde los padres —y a veces los chicos— a las cinco de la mañana están subidos a los árboles recolectando cerezas. Y no quedan fuerzas por la tarde, ni medios, ni costumbre para tirar a canasta en el Valle del Jerte.

Mil disculpas por no habértelo dicho en persona. Tú y yo contábamos con que el verano que viene sí que venías. Y vendréis. En el Campux siempre os esperaremos. Y no te vamos a olvidar jamás. Adiós María, hasta siempre.

En ADHEX creemos que la mejor herramienta para combatir los prejuicios no es el enfrentamiento, sino el conocimiento. Por eso impulsamos desde hace años el proyecto IURA, una iniciativa que lleva la educación en derechos humanos a talleres educativos de la provincia de Cáceres para trabajar con la juventud una realidad tan compleja como cercana: las migraciones.

Migrar no es una anomalía; es una constante en la historia de la humanidad. Se migra para escapar de una guerra, de una persecución o de la pobreza, pero también para estudiar, trabajar, reunirse con la familia o simplemente buscar una vida más digna. Lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo. También los extremeños y las extremeñas.

Nuestra tierra conoce muy bien lo que significa hacer una maleta y marcharse. Durante décadas, miles de hombres y mujeres abandonaron Extremadura rumbo a Cataluña, Madrid, el País Vasco, Alemania, Francia o Suiza buscando aquello que aquí no encontraban: trabajo, estabilidad y oportunidades. Muchas familias extremeñas conservan todavía ese recuerdo en primera persona. Por eso resulta especialmente importante no perder la memoria.

Hoy España vuelve a ser un país de acogida. En un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la baja natalidad, la llegada de personas migrantes no solo contribuye al crecimiento demográfico, sino que sostiene sectores esenciales para nuestra economía. Agricultura, construcción, hostelería, comercio o cuidados son ámbitos donde miles de personas migrantes realizan un trabajo imprescindible que, en muchas ocasiones, pasa desapercibido.

Pero reducir la migración únicamente a su aportación económica sería un error. Las personas migrantes también enriquecen nuestras comunidades con nuevas culturas, conocimientos, idiomas y formas de entender el mundo. La diversidad no debilita una sociedad; la fortalece cuando se gestiona desde el respeto y la igualdad.

El problema aparece cuando el desconocimiento deja espacio a los estereotipos. Los bulos y los discursos de odio construyen una imagen deshumanizada de quienes migran, presentándolos como una amenaza en lugar de como personas. Esa narrativa no surge de la realidad, sino de la desinformación.

Por eso es tan importante trabajar con la juventud. Cuando una persona joven conoce las razones que obligan a alguien a abandonar su país, entiende los riesgos que implica el viaje, descubre las dificultades para empezar de nuevo y escucha testimonios reales, desaparecen muchas de las ideas preconcebidas. El miedo suele disminuir cuando aparece el conocimiento.

La educación en derechos humanos no pretende decirle a nadie qué debe pensar. Pretende ofrecer herramientas para analizar la realidad con espíritu crítico, contrastar la información y comprender que todas las personas, con independencia de su origen, poseen la misma dignidad y los mismos derechos.

Vivimos un momento de creciente polarización en el que resulta tentador buscar respuestas simples a problemas complejos. Sin embargo, la convivencia nunca se construye desde el señalamiento del diferente. Se construye desde el encuentro, el diálogo y el reconocimiento mutuo.

En ADHEX seguiremos defendiendo que la educación es la mejor vacuna contra el odio. Porque una sociedad que conoce su propia historia migratoria difícilmente puede negar la humanidad de quienes hoy emprenden ese mismo camino. Y porque solo desde el respeto a los derechos humanos podremos construir comunidades más justas, más cohesionadas y más fuertes para afrontar los desafíos del presente y del futuro.

Existe un argumento en la política local que, de tanto repetirse, se ha convertido en una falta de respeto intolerable para la ciudadanía. Lo hemos escuchado en más de una ocasión de boca del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, para justificar la polémica reforma de la avenida Virgen de la Montaña: el proyecto se va a ejecutar porque “es su proyecto” y porque “ya lo dijo en la campaña electoral”.

Pero cabe preguntarse: ¿quién se ha creído este señor para patrimonializar de esa manera el futuro de nuestra ciudad? ¿Desde cuándo el voto de la ciudadanía cacereña otorga el derecho divino de imponer un destrozo urbanístico saltándose el sentido común y el clamor de la calle?

Conviene desmontar el mito del respaldo absoluto que el alcalde esgrime como escudo. Ganar unas elecciones municipales no convierte a nadie en el dueño de Cáceres, ni su programa electoral es una ley sagrada e inmutable. Si analizamos fríamente los datos, el porcentaje de ciudadanos que metió la papeleta del Partido Popular en las urnas representa solo a una parte de la ciudad. Y lo que es aún más sangrante para los planes de la alcaldía: dentro de ese porcentaje de votantes que confiaron en las siglas del PP, existe un número altísimo de vecinos que ya se han manifestado abiertamente en contra de este plan. Hay que llamar a las cosas por su nombre: lo que el Ayuntamiento pretende perpetrar en la avenida no es una “transformación”, es una destrucción en toda regla.

Es profundamente indignante que la respuesta a las críticas de los vecinos sea el orden y mando. ¿Quién se ha creído que es Rafael Mateos? ¿El Rey Sol? Aquel monarca absoluto pasó a la historia por su célebre frase “el Estado soy yo”. Hoy, en pleno siglo XXI, parece que el alcalde de Cáceres pretende emularlo aplicando un rancio “la ciudad soy yo y aquí se hace lo que a mí me dé la gana”.

La soberbia en política siempre se acaba pagando en las urnas. Confundir el sillón municipal con un trono desde el que gobernar de espaldas es un error histórico. Menos humos, señor Mateos, y escuche más a los cacereños y a las cacereñas. La avenida Virgen de la Montaña es el patrimonio de toda una ciudad, no el capricho personal de su alcalde.

A primera hora del 2 de agosto, el balance oficial mantenía en 72 el número de cuerpos recuperados por la Guardia Civil en el mar y las costas de Ceuta durante los recientes intentos de entrada. Pero no se trata todavía de una cifra definitiva ni permite atribuir todos los fallecimientos a las horas centrales del 30 de julio. Los buzos continuaban rastreando el fondo marino y algunos cadáveres presentaban un grado de descomposición compatible con entradas producidas durante las dos semanas anteriores. Fuentes españolas aseguran, además, que las autoridades marroquíes también están recuperando víctimas al otro lado de la frontera, sin que Marruecos haya publicado un balance conjunto.

La identificación apenas ha comenzado. Según una fuente funeraria que ha visto los cuerpos, entre las víctimas hay numerosos adolescentes y «bastantes chiquillos» que aparentan entre 12 y 14 años, aunque todavía no existe un desglose forense oficial por edades. Hasta el sábado sólo se tenía constancia de una mujer entre los cadáveres recuperados; la mayoría parecían jóvenes marroquíes, pero también había personas subsaharianas, incluido algún menor. Las familias continúan difundiendo fotografías de desaparecidos y aportando datos para cotejarlos con huellas, imágenes, ropa y muestras de ADN. La investigación e identificación de las víctimas continúa mientras se teme que haya más cuerpos en el mar.

Tampoco conocemos todavía con precisión cuántas personas entraron. El Ministerio del Interior calcula que fueron algo más de 50.000, concentradas principalmente durante el jueves 30, mientras el Gobierno ceutí eleva la estimación por encima de 60.000 (e incluso 70.000) durante tres días. En cualquier caso, hablamos de una ciudad de unos 84.000 habitantes. La mayor parte eran jóvenes marroquíes, aunque también había argelinos y una presencia aparentemente muy minoritaria de personas subsaharianas.

La extraordinaria dimensión de lo sucedido ha favorecido dos explicaciones contrapuestas, ambas demasiado cómodas. Para unos, Ceuta habría sufrido una «invasión». Para otros, se habría producido poco más que una concatenación espontánea de decisiones individuales, estimulada por unos vídeos en redes sociales y por una interpretación equivocada de una sentencia del Tribunal Supremo. La primera explicación convierte a personas desarmadas —muchas de ellas menores y familias— en un ejército. La segunda convierte una movilización de decenas de miles de personas hacia una de las fronteras más vigiladas de África en una especie de fenómeno meteorológico. Es posible rechazar ambas.

No fue una invasión. En el lenguaje jurídico internacional, una invasión no se determina calculando el número de quienes cruzan una frontera ni comparándolo con la población del territorio al que acceden. La definición de agresión adoptada por Naciones Unidas en 1974 sitúa la invasión dentro del uso de la fuerza armada: consiste en la entrada de las fuerzas armadas de un Estado en el territorio de otro Estado. También contempla el envío estatal de grupos armados o fuerzas irregulares, siempre que sus actos alcancen una gravedad equiparable. La Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU no establece ningún porcentaje de población a partir del cual una entrada civil se transforme en invasión.

En Ceuta no hemos visto tropas marroquíes ocupando territorio español ni grupos armados actuando por cuenta de Marruecos. Las imágenes muestran algo muy distinto: personas desarmadas en su inmensa mayoría que avanzaban a pie, sorteaban el espigón o se arrojaban al mar. Hablar de «invasores» borra sus historias personales, facilita su deshumanización y convierte la respuesta militar en la reacción aparentemente natural ante un enemigo. Negar esa calificación no obliga, sin embargo, a minimizar lo ocurrido. Fue una entrada irregular masiva, una pérdida temporal del control efectivo de la frontera y una emergencia humanitaria y de seguridad de dimensiones excepcionales. Afectó gravemente a la vida de Ceuta, desbordó sus recursos y produjo temor entre sus habitantes. Reconocerlo no es xenofobia. La protección de los derechos humanos no exige negar los hechos, sino describirlos sin convertir a las personas en armas por el mero hecho de que alguien pueda haber instrumentalizado su sufrimiento.

La espontaneidad tampoco lo explica todo. El Gobierno español atribuye el episodio a redes de tráfico de personas que habrían difundido una interpretación falsa de la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Según ese relato, miles de jóvenes creyeron que entrar a nado les garantizaba permanecer en España. La desinformación pudo actuar como desencadenante y las redes sociales permiten hoy movilizaciones súbitas que hace algunos años hubieran requerido estructuras organizativas mucho más visibles.

Ya se han localizado mensajes en TikTok y otras redes que aseguraban que «la frontera está abierta y se puede pasar sin papeles». Algunos jóvenes reconocen que se dirigieron a Ceuta después de recibirlos. Pero una publicación viral puede extender una expectativa falsa; no explica por sí sola cómo decenas de miles de personas procedentes de diferentes lugares llegaron casi simultáneamente a las proximidades del Tarajal. Tampoco aclara quién originó los mensajes, qué redes facilitaron los desplazamientos, si hubo transportes colectivos organizados ni por qué los servicios de inteligencia españoles y marroquíes fueron incapaces de detectar una concentración humana de semejante tamaño.

El Gobierno español ha reconocido que no disponía de información previa suficiente: «Si la tienes, no entran 50.000 personas de la forma en que lo han hecho en 24 horas», admitió un miembro del Ejecutivo. Pero sí existían señales. Los intentos de entrada habían pasado de aproximadamente 500 entre el 29 de junio y el 12 de julio a unos 1.300 durante las dos semanas siguientes. El presidente de Ceuta había advertido de la presión creciente y la Guardia Civil había informado del aumento de llegadas a nado. La reconstrucción de los días anteriores muestra que no se previó la magnitud del acontecimiento, pero sí existían indicios.

La situación de los menores era una de esas señales. El 28 de julio Ceuta tutelaba a 472 menores extranjeros no acompañados. El jueves 30 ya eran alrededor de 700 y, antes de que pudiera calcularse el efecto completo de la entrada masiva, las instalaciones municipales llegaron a acoger a 770. No existe todavía una estimación de cuántos menores formaban parte de las 50.000 o 60.000 personas que cruzaron. El CETI, con capacidad aproximada para 520 personas, llegó a alojar a unas 900, mientras centenares permanecían en sus inmediaciones o dormían en las calles. Los servicios de menores reconocieron que carecían de capacidad para registrar y atender a todos los niños y adolescentes.

La actuación marroquí plantea todavía más interrogantes. Periodistas presentes en Castillejos observaron tres líneas de gendarmes, vehículos antidisturbios, tanquetas y un camión lanzaagua. Al mismo tiempo, miles de personas avanzaban por la playa hacia Ceuta, pasando a escasa distancia de los agentes sin ser interceptadas. Un funcionario local llegó a explicar que quienes descendían hacia la costa seguirían pasando porque aquello era «un problema que tiene España» y «cosas de la diplomacia». Las fuerzas marroquíes comenzaron a cargar y a dispersar a los grupos posteriormente. La crónica desde el lado marroquí describe esa tolerancia selectiva.

Esto no demuestra que el Gobierno de Marruecos planificara la operación. Entre la orden directa de Mohamed VI y la absoluta espontaneidad existen varias posibilidades: descoordinación, saturación de los servicios, retraso en la transmisión de órdenes, permisividad de autoridades locales, conocimiento previo sin intervención o una tolerancia temporal destinada a enviar un mensaje político. Afirmar cualquiera de ellas como certeza sería irresponsable. Negarse a investigarlas también lo sería. La palabra connivencia no tiene que significar necesariamente que una operación fuese diseñada desde el palacio real. Puede consistir en saber que algo va a suceder, disponer de capacidad para impedirlo y decidir no actuar durante un periodo determinado. Los datos disponibles no permiten dictar sentencia, pero sí convierten esa hipótesis en una posibilidad razonable que debe ser examinada.

La eficacia posterior no borra la pasividad anterior. Marruecos demostró después una capacidad extraordinaria para detener nuevas salidas, restablecer el control y aceptar el regreso de decenas de miles de personas. Fernando Grande-Marlaska ha agradecido esa cooperación y le atribuye, junto con el despliegue español, que la situación se revirtiera en menos de 48 horas. El agradecimiento puede estar justificado respecto de la resolución de la crisis. España necesitaba la cooperación marroquí para impedir nuevos cruces y facilitar los regresos. Mantener un canal diplomático abierto y permitir que Rabat encontrase una salida institucional resultaba probablemente indispensable.

Pero ese reconocimiento describe solamente la segunda mitad de la historia. Si Marruecos pudo controlar con tanta rapidez el flujo y recibir en pocas horas a quienes regresaban, resulta todavía más necesario explicar por qué no empleó esa capacidad cuando las personas se estaban concentrando y dirigiendo hacia el mar. La eficacia posterior no demuestra la connivencia anterior, pero tampoco la desmiente.

Algo parecido sucede con la cifra de regresos. El Ministerio del Interior informó el viernes de que 48.300 personas habían vuelto a Marruecos. Horas después, fuentes policiales elevaron la estimación a unas 53.000, mientras el Gobierno español mantenía en 50.000 el número total de entradas y el Ejecutivo ceutí hablaba de más de 60.000. Las propias fuentes policiales reconocían que era más fácil contar las salidas por el paso fronterizo que las entradas producidas por diferentes lugares. Todo ello hasta las 73.000 personas reingresadas de las que se ha informado.

La discrepancia puede deberse a personas que entraron y salieron más de una vez, a intentos anteriores incluidos en el cómputo o, sencillamente, al carácter aproximado de todas las estimaciones. Por ello, tampoco puede afirmarse con exactitud cuántas permanecen en Ceuta. El Gobierno habló inicialmente de menos de 2.000, mientras los últimos controles localizan todavía a centenares escondidos en colinas y zonas alejadas de los puntos más vigilados.

La mayoría parece haber regresado sin que se empleara directamente la fuerza contra ella. En esos casos no estaríamos propiamente ante una «devolución en caliente»: un adulto que decide cruzar de nuevo hacia Marruecos está ejerciendo su libertad de salida y no necesita necesariamente ser sometido a un expediente de expulsión para que España le permita marcharse. No obstante, convendría emplear con prudencia la palabra voluntario. Ceuta estaba prácticamente cerrada, no había alimentos ni alojamiento suficientes, la salida hacia la península resultaba imposible y policías y militares comunicaban a las personas que debían regresar. Algunos menores declararon que los militares los estaban «echando» o conduciendo hacia la frontera. Ausencia de violencia física no equivale siempre a una decisión plenamente libre.

La formulación más rigurosa sería afirmar que decenas de miles de personas cruzaron de nuevo hacia Marruecos sin que hasta ahora se haya documentado contra ellas una coacción física generalizada, pero dentro de unas condiciones materiales y policiales que restringían severamente sus alternativas. Además, incluso ante salidas espontáneas debe existir un mecanismo mínimo que permita detectar a menores no acompañados, posibles víctimas de trata, personas necesitadas de asistencia médica, ciudadanos de terceros países y quienes manifiesten su voluntad de solicitar asilo. Sin identificación o al menos un cribado básico tampoco podremos saber cuántos menores cruzaron, cuántas personas entraron más de una vez ni qué ocurrió con quienes ahora son buscados por sus familias.

Los derechos humanos exigen conocer la verdad. Amnistía Internacional, CEAR y otras organizaciones actuaron correctamente al recordar la prohibición de las expulsiones colectivas, la necesidad de garantizar el acceso al asilo, la protección de los menores y la obligación de evitar un uso excesivo de la fuerza. Amnistía pidió expresamente que España y Marruecos situaran la dignidad y los derechos humanos en el centro de su respuesta. Esas advertencias siguen siendo necesarias. Pero las organizaciones de derechos humanos deberían también actualizar su análisis a medida que se conocen nuevos datos. No todo regreso espontáneo constituye una devolución ilegal, como tampoco toda presencia policial equivale a represión. Del mismo modo, proteger a las personas migrantes no consiste únicamente en vigilar la actuación española: exige reclamar información a Marruecos, investigar las circunstancias de las muertes, reconstruir la cadena de movilización y determinar qué autoridades conocían lo que estaba sucediendo.

Pedro Sánchez tiene razones para criticar a los gobiernos europeos que han presentado la entrada en Ceuta como si decenas de miles de personas hubieran accedido automáticamente al continente. Ninguna llegó a la península y Ceuta mantiene controles específicos en sus comunicaciones con ella. La propuesta de excluir a España del espacio Schengen carece de una base jurídica clara y los controles introducidos por Italia parecen tener una finalidad principalmente política. Sin embargo, Sánchez se equivoca al mezclar todas las reacciones europeas. La carta firmada por 22 gobiernos reclama también coordinación, refuerzo de Frontex y una evaluación de la cooperación con Marruecos; en parte, solicita la misma reunión extraordinaria que el presidente español. Las posiciones no son idénticas, aunque el debate político tienda a presentarlas como dos bloques enfrentados.

La crítica a Europa tampoco debería servir para ocultar los fallos españoles de prevención ni para aceptar sin pruebas suficientes que unas «mafias» indeterminadas pudieron movilizar por sí solas a decenas de miles de personas. Si el Gobierno sostiene esa acusación, debe identificar las redes, explicar su capacidad logística y presentar los resultados de las investigaciones. No tenemos que escoger entre denominar «invasores» a quienes se arrojaron al mar y aceptar que todo ocurrió espontáneamente. Tampoco entre defender la soberanía fronteriza y reconocer el derecho de cada persona a no morir, no ser golpeada y solicitar protección. Una democracia debe ser capaz de proteger simultáneamente la frontera, la dignidad humana y la verdad.

Las preguntas fundamentales continúan abiertas: quién inició y amplificó los mensajes, cómo llegaron decenas de miles de personas casi al mismo tiempo, qué instrucciones recibieron las fuerzas marroquíes y cuándo cambiaron, por qué España no fue advertida, cuántas personas murieron a cada lado de la frontera, cuántos menores siguen desaparecidos, quién identificará los cuerpos y responderá ante sus familias. No formular esas preguntas por temor a alimentar a la extrema derecha sería un error. La xenofobia crece también cuando las instituciones parecen ocultar o minimizar lo evidente. Pero responderlas mediante acusaciones sin pruebas sería reproducir la misma lógica que debemos combatir.

Los al menos 67 muertos no pueden quedar reducidos al coste inevitable de una crisis que, según el Gobierno, fue «revertida» en 24 horas. Algunos eran apenas niños. El número definitivo puede ser mayor y quizá nunca conozcamos a todas las víctimas. Proteger a quienes cruzaron y esclarecer quién hizo posible un cruce masivo y mortal forman parte de una misma obligación ética. La defensa de los derechos humanos comienza reconociendo a las víctimas como personas; continúa devolviéndoles su nombre y averiguando por qué murieron y quién pudo evitarlo.

Allá por julio de 2004 cumplí 18 años y una de las primeras decisiones que tomé fue afiliarme al PSOE. Fue una decisión que tomé con convicción, aunque el proceso era relativamente lento. Tras presentar la solicitud de militancia, me citaron a una asamblea de la agrupación, en la que debía comparecer con el aval de, al menos, dos militantes. Solo después de comprobar y acreditar que ese deseo era coherente con la ideología y los valores socialistas, te incorporabas a la agrupación con plenos derechos y plenas facultades: con voz y voto en las asambleas y con la posibilidad de aportar todo lo que consideraras oportuno al debate interno.

Allí había compañeros y compañeras de todas las edades. Unos, con más de 80 años habían sobrevivido a la clandestinidad; otros, de mediana edad, se habían incorporado al PSOE tras la Transición; y otros, como era mi caso, lo habíamos hecho con el cambio de milenio. No pretendo aburrirles con esta pequeña introducción, sino ilustrar de la mejor forma posible cómo ser militante del PSOE no se consideraba entonces un mero trámite administrativo —y mucho menos telemático—, sino algo verdaderamente serio.

Con 18 años y ese ímpetu propio de la edad, me lancé en la primera asamblea a la que asistí a preguntar por qué era tan rígido y complicado hacerse militante del partido. Añadí que pensaba que aquel procedimiento, tan antiguo, iba en contra de los tiempos e, incluso, que alejaba a la juventud de la participación política. De repente, uno de los militantes más veteranos de mi agrupación levantó la mano y, con una voz rotunda y recia, afirmó: “Esto es cultura de partido, y es mucho mejor que estemos pocos con las ideas claras que muchos con las ideas difusas y con poco compromiso”.

Tardé algún tiempo en entender aquello que el compañero afirmó, pero hoy lo comprendo perfectamente. Eso de la «cultura de partido» es difícil de definir y explicar, pero todos los que militamos en el PSOE desde hace ya unos cuantos años sabemos perfectamente lo que implica y lo que significa.

No pretendo con estas líneas establecer categorías de militancia ni parecer el abuelo Cebolleta, sino ilustrar lo mejor posible la idea de que ser del PSOE no es lo mismo que estar en el PSOE. Ser del PSOE y adquirir un compromiso desde esa cultura de partido significa asumir, desde el principio, que cualquier militante debe ser siempre ejemplar, ostente o no un cargo institucional o público. Y, si lo ostenta, con aún mayor exigencia.

Esa cultura de partido obliga también a defender siempre las instituciones democráticas que conforman el Estado. Todas las instituciones. También implica tener claro que los intereses generales de la organización están siempre por delante de los intereses particulares y que ambos se sitúan por debajo del interés general del país. Es lo que Ramón Rubial nos dejó marcado a fuego: “Primero España, luego el PSOE y, solo al final, nosotros”.

La cultura de partido nos obliga también a no hacer nunca daño a las siglas, a saber llegar a los puestos de responsabilidad y también a saber marcharnos cuando llegue el momento. A ser, en definitiva, solidarios y responsables con un proyecto compartido. Los militantes, todos los militantes, independientemente de la responsabilidad orgánica o institucional que tengamos en cada momento, estamos para servir al PSOE y no para servirnos del PSOE.

La cultura de partido es algo maravilloso. Es un patrimonio que las generaciones anteriores nos legaron; una ley consuetudinaria, no escrita, a la que, como militantes socialistas, hemos de recurrir siempre que tengamos dudas sobre qué decisiones tomar, cómo proceder cuando vienen mal dadas o, precisamente, cómo no proceder cuando intuimos que nuestra actuación puede generar un problema al conjunto de la organización.

La cultura de partido es ese poso, ese marco de responsabilidad que nos obliga y nos condiciona a todos, sin excepción. No perdamos nunca ese patrimonio de incalculable valor que tanto ha contribuido a que este partido haya sobrevivido a tantas zozobras a lo largo de su historia.

El 21 de octubre se conmemora en Extremadura el 'Día de los Hombres contra las Violencias Machistas', una fecha que invita a ganar en justicia e igualdad. La Red de Hombres Proigualitarios impulsa un programa de actividades alrededor del próximo 21O en varias localidades de la región, especialmente en Badajoz, con el propósito de reforzar la presencia pública de los varones comprometidos con la erradicación de estas violencias.

'El silencio nos hace cómplices' se ha convertido, con los años, en un lema asumido por un número creciente de hombres. Sin embargo, la violencia de género persiste en todas sus formas, y quienes alzan la voz contra ella continúan siendo minoría. Son hombres quienes ejercen violencias psicológicas, económicas, institucionales, laborales, sexuales y físicas contra las mujeres; somos hombres quienes las toleramos, quienes a veces las negamos, quienes nos mostramos indiferentes o no las enfrentamos de manera consecuente y colectiva.

“La violencia de género es un problema de los hombres que sufren las mujeres”, dijo José Saramago en 2006, en un contexto en el que la percepción social de esta violencia —sobre todo entre los varones— distaba de la actual. Su llamamiento apelaba a la responsabilidad masculina e inspiró el Movimiento de Hombres por la Igualdad que salió a la calle aquel 21 de octubre en Sevilla. Dos décadas después, algunos hombres quieren llevar su compromiso más allá del silencio roto: saben que no basta con repensar la masculinidad, abrazar la ternura o corresponsabilizarse de los cuidados. Hace falta, además, plantarse juntos y con claridad frente a las violencias.

La conmemoración del 21 de octubre brinda una oportunidad que en 2026 no se piensa desaprovechar. Ya en 2025, el grupo de hombres promovido desde el proyecto Masculinidades Corresponsables lanzó una declaración que sigue vigente y que continúa inspirando a la Red de Hombres Proigualitarios. Meses después de aquel comunicado, esta red pretende que el próximo 21O visibilice la contribución de los hombres contra las violencias machistas, aunando sensibilización y reivindicación mediante un programa de actividades en varias localidades, con especial protagonismo de Badajoz, donde se abren espacios de coordinación con el grupo local por la igualdad y el movimiento feminista de la ciudad.

Con la mirada puesta en el 21 de octubre, la Red sigue creyendo en la posibilidad —y la necesidad— de una masculinidad justa: un modelo que practique el buen trato y la ternura, que se corresponsabilice de los cuidados en lo privado y en lo público, que renuncie a privilegios, que se sienta interpelado por el feminismo y que se incorpore al empeño colectivo por la igualdad. Ser parte de esta tarea implica comprender el significado de las violencias que asolan el mundo y que se dirigen, especialmente, contra mujeres y niñas. Implica no tolerarlas, no sentirse al margen, enfrentarlas de manera consciente y organizada.

Más hombres haciendo más

Por ello, hacen falta más hombres, haciendo más y haciéndolo mejor. La Red de Hombres Proigualitarios repudia todas las formas de violencia, comparte el dolor de las víctimas y de quienes las acompañan, e insta a las instituciones a desarrollar políticas preventivas y de atención adecuadas y suficientes. Llama a varones de todas las edades a reflexionar y actuar sobre su papel en la erradicación de las violencias contra las mujeres.

El próximo 21 de octubre hay una cita en Badajoz, cuya forma se irá definiendo colectivamente. Pero no es necesario esperar: la iniciativa ya está en marcha y la Red invita a sumarse desde ahora. Podemos intervenir, debemos intervenir. Porque las violencias machistas se ejercen en todos los ámbitos de la vida, en todas las edades, en todos los estratos sociales y en todas las culturas. La Red de Hombres Proigualitarios que se construye en Extremadura no olvida las palabras de Saramago: los varones tenemos un problema que sufren las mujeres, y colaborar en resolverlo está en nuestras manos.

El titular con el que salivaban la derecha y la ultraderecha ha ocupado todos los medios de comunicación esta semana. La sentencia salió justo unos minutos antes de que el Gobierno estatal anunciara el recurso de inconstitucionalidad a la infame ley extremeña de Concordia. Una pena y desde luego una extraña coincidencia que esa noticia haya quedado opacada por una de las sentencias más esperadas de los últimos años. Condenados sí, pero con una condena menor, ya que no se ha demostrado ni tráfico de influencias ni enriquecimiento ilícito ni nada por lo que los acusados vayan a pisar la cárcel que era el sueño húmedo de la acusación. Una condena administrativa que entrará en años de recursos y que veremos si finalmente es definitiva aunque el titular mediático ya está y eso era lo que algunos simplemente querían.

Defender que hay que condenar el enchufismo y que si este es el rasero con el que se van a perseguir las redes clientelares nos va a parecer bien, siempre que se aplique a todos los casos por igual y no solo a este por ser el beneficiario quien era, parece que nos sitúa del lado del lawfare y nada más equivocado. Se puede estar en contra de la instrumentalización de la justicia (cuando la hay) y ser inflexible ante las redes clientelares que deterioran las instituciones.

En 2017 Podemos Extremadura denunció que la plaza de coordinador de los conservatorios de música de Badajoz olía mal. Básicamente, no entendíamos tanta opacidad en la creación de una plaza a la que se optaba a través de un proceso en el que no había baremos, ni titulación requerida y todo se valoraba a través de una entrevista personal de la diputada de Cultura. Quienes no hayan vivido en sus propias carnes el caciquismo y clientelismo que ha operado y sigue haciéndolo en las instituciones públicas de Extremadura quizás no entienda que seamos tan sumamente tajantes con este tema. Estoy muy cansada de escuchar la maldita frase de “esa plaza está dada” que ha obligado a miles de personas en nuestra tierra a tener que coger las maletas por no tener el carnet político de turno o conocer a la persona adecuada. El clientelismo no es una corrupción de baja intensidad, es la mejor manera de tener amordazado y anestesiado a un pueblo. Pocas voces se alzarán si saben que siempre estarán en deuda porque lo que tienen no se lo ganaron mostrando mérito y capacidad. Y esa es una de las lacras que desde siempre ha corroído a Extremadura.

En Extremadura no estamos muy acostumbrados a ser el centro de la noticia política, pero últimamente además de habernos convertido en el laboratorio de las políticas neofascistas de las derechas, el juicio del hermano del presidente también nos ha situado tristemente en el mapa. Y no les voy a negar que escribo estas líneas cabreada por el centralismo mediático y que con este caso se ha hecho más que evidente. En muchas tertulias de opinión de los medios generalistas se ha hablado y criticado la posición de Unidas por Extremadura respecto a esta sentencia ,pero apenas hemos tenido la suerte de que nos pregunten directamente qué opinamos. Supongo que la soberbia de aquellos que piensan que desde dentro de la M30 se puede ver con mayor claridad la realidad del país, les impide entender que no es así y que quizás en sus valoraciones no se tienen en cuenta cuestiones que son esenciales para entender el todo. Aunque en el fondo también soy consciente de que en este continuo “conmigo o contra mí” en el que se ha convertido la política patria lo esencial no es entender, comprender e incluso asumir con honestidad que hay cosas que no se pueden hacer así de mal, lo importante para algunos es imponer su relato aunque sepan que es un relato tramposo.

Les tengo que recordar, y así me sirve también a mí para cerciorarme de que actúo fiel a mis principios, que algunas llegamos a la política asqueadas de la corrupción del bipartidismo y que soñábamos con cambiarlo todo. El régimen del 78 tenía firmado un pacto de las élites donde pasara lo que pasara lo importante era mantener el status quo de los dos grandes partidos. El PSOE siguió funcionando como si fueran inmunes, como si estuvieran vacunados contra las operaciones del Estado profundo que nos había sacudido a los demás de manera cruenta y sin piedad. Esa inmunidad, ese pacto entre caballeros se rompió y el PSOE ha tardado en reaccionar. Supongo que en la intimidad reconocen el error de pactar con el PP la renovación del Consejo del Poder Judicial. El caso Leire Díez y lo que sabemos fruto de las investigaciones es que de manera más chapucera y ridícula el PSOE quería hacer lo mismo que Villarejo hacía para el PP, limpiar la escena del crimen al más puro estilo señor Lobo en la maravillosa e icónica Pulp Fiction.

Hay algunas preguntas que tienen fácil respuesta. ¿Estamos ante la instrumentalización de la justicia para atacar a los rivales políticos y con ello tumbar el gobierno? Es evidente que sí, que hay jueces que llevan mucho tiempo haciendo política desde sus estrados. Poner el grito en el cielo ahora cuando llevamos años viendo una instrumentalización de la justicia bochornosa y escandalosa es curioso. Quienes arremetían contra el ministerio de Igualdad por las consecuencias de la Ley del Solo Sí es Sí y tachaban de barbaridad decir que hay fachas con toga, ahora tachan de lawfare cualquier causa que ataque al gobierno.

Es evidente que el juicio a la señora Begoña Gómez está orquestado por un juez que de manera desquiciada vuelca su odio visceral en un procedimiento que es un escándalo y no se me caen los anillos en reconocerlo y en mostrar todo mi apoyo a una mujer que está sufriendo un maltrato judicial más que evidente. Lo último es que va a ser juzgada por un jurado popular, van a tener difícil, si no imposible, encontrar alguien que no esté posicionado en este caso. Y es más que evidente que la justicia no es igual para todos. Esta misma semana hemos visto cómo han detenido a dos activistas que denunciaban la emergencia habitacional en Mallorca haciendo una pintada en una inmobiliaria mientras escuadrones fascistas pululan libremente amedrentando familias para echarlas de sus casas con las empresas de Desokupación.

Dicho todo esto, en política mantener posiciones que no son las que se esperan de un bando o de otro conlleva ser tachado muy rápidamente de traidor o cooperador con el enemigo, pero creo que hay dos razones importantes que no se nos deberían de olvidar a quienes nos dedicamos a esto, la coherencia y la firmeza en los principios, sin ellas estamos perdidas.

Nuestro alcalde está a punto de iniciar la obra “estrella” de su legislatura, esa pequeña obra faraónica con la que pretende pasar a la posteridad colocando una placa con su nombre al finalizar los trabajos: la llamada “remodelación” de la avenida Virgen de la Montaña.

Si no estamos atentos, caemos en la trampa. Las palabras no siempre significan lo que deberían, sino, en ocasiones, todo lo contrario. 'Progreso', por ejemplo, puede significar 'retroceso'; 'mejorar' puede acabar siendo 'empeorar'. En lo que respecta al proyecto de remodelación de la avenida Virgen de la Montaña, quizá deberíamos leer: 'ejecución de la destrucción de nuestro bulevar'.

Todos los cacereños somos conscientes de que esta avenida necesita una actuación que solucione el deterioro provocado por años de abandono y de intervenciones parciales llevadas a cabo por las diferentes corporaciones municipales. También lo vemos así desde CáceresVerde. Es necesario acometer una restauración integral: ampliar los acerados para dar más espacio al peatón, renovar las conducciones de agua, mejorar la accesibilidad, actualizar el alcantarillado, la red eléctrica, la telefonía y la fibra óptica, restaurar alcorques y setos, reparar o sustituir los pavimentos y renovar el asfaltado. En definitiva, abordar una actuación que mejore el estado actual de la avenida y evite la sucesión de averías y obras que hemos sufrido durante los últimos años.

Sin embargo, el proyecto planteado por el equipo de gobierno, con Rafael Mateos al frente, no propone una restauración, sino una remodelación que, según la mayoría de los técnicos y expertos consultados por CáceresVerde y otras entidades como Adenex, constituye un grave error urbanístico desde varios puntos de vista. Si esta actuación sigue adelante, cambiará por completo la estructura de la avenida al eliminar el bulevar central para construir una gran acera-plaza en el lado de los números pares.

Esta avenida y su bulevar forman parte del ensanche proyectado en la ciudad durante los años treinta del siglo pasado, siendo alcalde Antonio Canales y bajo la dirección del arquitecto municipal Ángel Pérez, homenajeado por la actual corporación. El Ayuntamiento ha recibido numerosos informes, escritos y alegaciones avalados por especialistas como el profesor Antonio Campesino; el profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla Julián Sobrino, experto en arquitectura y patrimonio; e incluso por el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, en los que se solicita mantener el bulevar y la estructura principal de la avenida por su valor patrimonial, al ser la única vía urbana que conserva el sentido histórico de aquel ensanche ejecutado hace casi un siglo.

Todos esos informes insisten, además, en la importancia de preservar la estructura actual de la avenida por su función como refugio climático natural. El dosel que forman sus cuatro alineaciones de árboles mantiene la vía en sombra durante buena parte del día en primavera y verano, reduciendo significativamente el efecto del calor.

Este proyecto nació viciado desde el principio. Durante la campaña electoral, el entonces candidato a la Alcaldía presentó un vídeo sobre esta avenida que, aunque se aseguró reiteradamente que era solo una infografía y que el arbolado se respetaría, ha terminado convirtiéndose en el modelo exacto del proyecto finalmente aprobado. Cuando el Ayuntamiento licitó la redacción del proyecto, la empresa adjudicataria presentó tres alternativas. Ninguna fue sometida al conocimiento de la ciudadanía ni al proceso participativo previo que, por la envergadura y el coste de la actuación, resultaba exigible. El equipo de gobierno ha incumplido su propia normativa en materia de participación ciudadana al no abrir ese proceso antes de definir un proyecto que, salvo cambios mínimos, coincide con la idea inicial del alcalde.

Tampoco se respetaron los procedimientos establecidos en el Reglamento de Distritos y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres. Resulta llamativo que un proyecto de más de 600 páginas y considerado la actuación emblemática del mandato iniciara su supuesto proceso participativo en pleno mes de agosto, concediendo únicamente veinte días hábiles para presentar alegaciones. Difícilmente puede calificarse de otra manera que como un trámite para cubrir el expediente.

A pesar de ello, se registraron más de 160 alegaciones, muchas de ellas respaldadas por sólidos argumentos técnicos, que fueron desestimadas. Además, CáceresVerde, junto con Adenex, presentó más de 1.600 firmas de ciudadanos contrarios a la ejecución del proyecto, igualmente ignoradas por el equipo de gobierno.

A la contra de Europa

En un momento en que las principales ciudades europeas apuestan por naturalizar calles y plazas para mitigar los efectos del cambio climático, esta actuación avanza en sentido contrario. Además de afectar a un elemento del patrimonio urbano reciente de Cáceres, supondrá la desaparición de un refugio climático emblemático al eliminar 26 árboles de gran porte y dos de los setos que conforman el actual bulevar. Donde hoy hay vegetación, sombra y frescor habrá más superficie pavimentada y espacios duros, favoreciendo la creación de una isla de calor.

El diseño urbano equilibrado que representa el bulevar central será sustituido por una avenida asimétrica, con una gran acera-plaza en uno de sus laterales. Ello beneficiará especialmente a los residentes y establecimientos del lado de los pares, mientras perjudicará a quienes viven y desarrollan su actividad en la acera de los impares, que soportarán mayor tráfico, ruido y calor. Todo ello con el objetivo de facilitar la ampliación de terrazas, en detrimento de un espacio público pensado para el paseo y la convivencia. Además, los negocios hosteleros situados en la acera de los impares deberán cruzar una calzada de doble sentido para atender las terrazas, con las dificultades y riesgos que ello supone para trabajadores y clientes.

Desde CáceresVerde queremos pedir a la ciudadanía que despierte de la indiferencia que supone aceptar que decisiones de esta trascendencia se adopten sin una verdadera participación pública. La implicación de los vecinos en las decisiones que afectan a su vida cotidiana debe ser uno de los pilares de la política municipal. Lamentablemente, con el actual equipo de gobierno, ese principio brilla por su ausencia.

No a la desaparición del bulevar de la avenida Virgen de la Montaña. Es nuestro bulevar. Es nuestra historia. Es nuestra sombra.

Hay debates que colocan la sospecha sobre quien menos poder tiene. Eso ocurre con las bajas laborales. Alberto Núñez Feijóo ha definido el absentismo como “un cáncer que no podemos pagar” y ha planteado revisar los complementos salariales “con o sin acuerdo”. No es solo un exceso verbal: prepara el terreno para castigar económicamente a quien enferma y debilitar la negociación colectiva.

Lo que hemos escuchado no es una reflexión seria sobre la incapacidad temporal. Es una ofensiva. Se habla de costes, de lunes y viernes, de supuestos abusos y de recortes, pero apenas se habla de prevención, listas de espera, salud mental, accidentes de trabajo o ritmos laborales que enferman. Se quiere poner el foco en la persona trabajadora de baja, no en las causas que explican por qué acaba de baja.

Especialmente grave ha sido el señalamiento a la juventud trabajadora. Apuntar a quienes tienen entre 25 y 35 años como sospechosos de aprovecharse del sistema es atacar a una generación que ya soporta precariedad, salarios insuficientes, alquileres imposibles, temporalidad e incertidumbre vital. No es falta de compromiso: demasiadas veces se les exige producir mucho a cambio de muy poco.

Conviene aclarar algo básico: incapacidad temporal no es absentismo injustificado. Una baja médica no es una ocurrencia ni una decisión unilateral del trabajador. Responde a una enfermedad, accidente, intervención, recuperación o problema de salud que impide trabajar, y se reconoce mediante criterio sanitario. Desde la Organización Médica Colegial también se ha recordado que la baja laboral debe diferenciarse del absentismo. Poner bajo sospecha las bajas es cuestionar también el criterio profesional de quienes las conceden.

Las personas como mercancía

UGT lo ha dicho con claridad: confundir enfermedades que impiden trabajar con absentismo es tratar a las personas trabajadoras como mercancía. Ahí está el fondo de este discurso: una visión del trabajo en la que la persona vale mientras produce, pero se convierte en problema cuando enferma. Plantear que quien está de baja cobre menos no es modernidad; es castigar a quien está en situación de vulnerabilidad.

Además, se oculta cómo funciona la incapacidad temporal. En enfermedad común o accidente no laboral, los tres primeros días no están cubiertos; del cuarto al vigésimo se cobra el 60% de la base reguladora; y desde el día 21, el 75%. La ley ya contempla una pérdida económica para quien enferma. Por eso, cuando un convenio mejora esa protección, no premia el absentismo: evita que enfermar signifique también empobrecerse.

Ahí está la clave: la negociación colectiva. Las mejoras de incapacidad temporal que existen en muchos sectores no han caído del cielo. No son un regalo de la patronal ni una concesión amable de la empresa. Son fruto de años de organización sindical, mesas de negociación, conflictos, acuerdos, afiliación y lucha colectiva.

Mejorar la vida de la clase trabajadora

En UGT Extremadura hemos elaborado recientemente un informe sobre la incapacidad temporal en los convenios colectivos sectoriales extremeños. Sin entrar en su contenido técnico, deja una conclusión política clara: las mejoras en materia de IT son un elemento clave de la negociación colectiva. Allí donde hay convenio y sindicato hay más garantías para que una enfermedad no se convierta en castigo económico. No hablamos de una regulación descontrolada, sino de cláusulas pactadas, con condiciones y límites según cada sector.

Por eso este debate no va solo de bajas. Va de poder sindical. Va de si las personas trabajadoras tienen herramientas colectivas para defenderse o quedan solas frente a la empresa. Va de si los derechos se pactan en convenios o se recortan desde un atril político.

Desde UGT Extremadura, venimos defendiendo una línea coherente con esta posición: empleo de calidad, salarios dignos, servicios públicos y negociación colectiva como instrumento para mejorar la vida de la clase trabajadora. Hablar de bajas laborales sin hablar de empleo digno, sanidad pública y prevención es hacer trampa.

También debemos recordar algo incómodo: muchos derechos que hoy disfruta una plantilla existen porque alguien los negoció. Subidas salariales, permisos, complementos de IT, jornadas o mejoras sociales se consiguen porque hay sindicatos, delegados y delegadas, recursos, afiliación y organización. Cuestionar a los sindicatos mientras se aprovechan los derechos que conquistan es una contradicción evidente.

Durante años nos han repetido que casi todos somos clase media, pero la realidad es más sencilla: la mayoría vivimos de nuestro salario. Si enfermamos y no hay protección, nuestra vida se tambalea. Si no hay convenio, dependemos de la voluntad empresarial. Eso se llama clase trabajadora.

Si de verdad se quiere reducir la duración de las bajas, hay que reforzar la sanidad pública, reducir listas de espera, mejorar la atención primaria, invertir en salud mental, perseguir a las empresas que incumplen la prevención y analizar qué condiciones laborales están enfermando a la gente. Lo que no puede aceptarse es señalar al enfermo, atacar a la juventud y usar la incapacidad temporal como excusa para debilitar derechos.

Enfermar no es absentismo. Enfermar no es abuso. Enfermar no es deslealtad a la empresa. Que nadie se equivoque: cuando la patronal y la derecha señalan a quien enferma, no están defendiendo la productividad; están atacando derechos conquistados por la clase trabajadora. Y ahí nos van a encontrar enfrente, defendiendo la salud, el salario, la negociación colectiva y la dignidad de quienes sostienen este país con su trabajo.

Tras una larga batalla contra el cáncer, nos ha dejado María Ascensión Murillo. Demasiado joven, demasiado pronto. Quienes tuvimos el enorme honor y la inmensa suerte de conocerla sabemos la enorme pérdida que supone su ausencia, no solo para el PSOE de Extremadura, sino también para el servicio público de esta tierra.

María Murillo, como todos la conocíamos, fue siempre ese espejo en el que queríamos mirarnos. Firme en sus ideas y en sus principios, contundente y clara en la defensa de los valores socialistas, pero siempre desde la elegancia, el respeto y una altura política y humana intachables.

Jamás le escuché una mala palabra, una expresión fuera de lugar o una reflexión desencaminada. Acertaba casi siempre en sus diagnósticos y defendía con convicción la necesidad de esa altura de miras que hoy tanto se echa de menos en la política. Fue maestra de muchos y un referente incuestionable del socialismo extremeño. Una mujer extraordinaria, ejemplar, honesta, leal y decente. Si hubiera que definirla con una sola palabra, sería: clase.

Siempre recordaré sus palabras en aquellos años difíciles, entre 2011 y 2015, cuando Guillermo Fernández Vara estaba en la oposición: “Volveremos a ganar si volvemos a ilusionar a la gente, y eso solo se consigue con esfuerzo, trabajo, tesón y verdad”. Se lo escuché decir muchas veces. Y así fue, exactamente, como ella anticipó.

Ya no podremos contar con su presencia, pero sí con el recuerdo de una persona entrañable y con un legado político y humano extraordinario. Gracias por todo, querida María. Descansa en el mejor de los lugares.

Nosotros seguiremos defendiendo esas ideas, esos valores y esos principios que personas como tú nos transmitisteis para hacer de este mundo un lugar un poco más justo y más habitable.

La paciencia dicen que es un don, una virtud y lo cierto es que la falta de ella nos lleva a cometer errores y es lo que le está pasando al PP. Tienen tantas ansias de poder que ya han perdido la paciencia de llegar a él a través del mandato de las urnas y han decidido que hay que atacar al Gobierno por cielo, mar y tierra y “quien pueda hacer, que haga” como ordenó el expresidente Aznar. En esta carrera por llegar al poder da igual ya todo, da igual cargarse por el camino la credibilidad de la Justicia y aplauden rabiosos la enésima del señor Peinado, que sigue con sus querellas contra la esposa del presidente en un claro ejemplo de lawfare que ya debería dar vergüenza ajena hasta al más fanático de los populares.

Han perdido tanto la paciencia que a pesar de haberse manifestado durante varios años contra la amnistía, ahora el señor Feijóo dice, sin pudor, que hay que pasar página, básicamente asumiendo que va a necesitar más pronto que tarde el apoyo de la extrema derecha catalana, es decir de Junts. Va a ser gracioso ver comerse al PP ese sapo después de la cantidad de veces que los han vestido de, como mínimo, secta satánica.

Estoy de acuerdo en que la situación actual es un lodazal irrespirable, el PSOE ha despertado de la ingenua idea de que el pacto de las élites del 78 se mantenía vigente y ellos iban a ser intocables ante el lawfare que nos ha golpeado a otros. Pero mientras la UCO nos investigaba a algunos y al no encontrar nada, se lo acababan inventando, al PSOE le han encontrado algunas cosas como joyas millonarias en una caja fuerte cuyas explicaciones son difícilmente aceptables para el electorado de izquierdas, un diario donde la fontanera a sueldo del partido explicaba cómo iba a intentar hacer lo que Villarejo hizo con el PP pero con mucho menos éxito y dando bastante más vergüenza ajena y un ministro haciéndose de oro con las mordidas de las mascarillas al más puro estilo hermano de Ayuso.

El PSOE pensaba que podría actuar igual que el PP y salir igual de inmune pero no contaba con que el estado profundo, esa red de interés empresarial, policial, judicial y mediática actúa sólo a favor de la derecha extrema y la extrema derecha. Ya no entran al Congreso al grito de “Todos al suelo”, ahora perpetran golpes de estado apoyados en el lawfare que, aunque con métodos más modernos, desprenden el mismo intenso olor a naftalina o a Barón Dandy…lo que ustedes prefieran.

Pero no se equivoquen ustedes, mientras tenemos al PSOE envuelto en causas judiciales de los más variopintas, el PP no se queda atrás aunque misteriosamente todo queda opacado y silenciado. Estamos en medio del juicio de la Kitchen, una causa judicial que lleva esperando la friolera de una década para tener sentencia (la lentitud de la justicia cuando perjudica al PP también sería para analizar) y que sienta en el banquillo al exministro del PP, el señor Fernandez Díaz y al comisario Villarejo por robar documentos sensibles al extesorero del PP el señor Bárcenas. Ya saben, por si acaso se le ocurría cantar la Traviata y desvelar los tejemanejes de un partido político que lleva en su ADN la corrupción y el tráfico de influencias.

Que el PP venga de abanderado a salvar la democracia frente a la corrupción del PSOE, cuando todo lo que tocan se corrompe, es muy curioso. Habrá elecciones antes o después y la izquierda transformadora que ha empujado los mayores avances que ha vivido nuestro país en los últimos tiempos tendrá la responsabilidad de volver a conectar con la mayoría social desencantada y asqueada no sólo ya por la corrupción evidente, sino también por la falta de valentía del PSOE para afrontar verdaderos retos que tenemos como país.

Necesitamos un gobierno valiente y sin mochilas, un gobierno que avance hacia conquistas sociales ambiciosas y no se quede en meros retoques de maquillaje. Aquí no puede haber un pacto de mínimos, debe haber una alianza para alcanzar el máximo, el máximo bienestar social, la máxima justicia social, la máxima calidad de vida, el máximo avance en derechos…Y eso pasa por negarnos a aumentar el presupuesto en armas y seguridad cuando la verdadera guerra es la climática y afecta a todo el planeta, topar los alquileres por ley y hacer que la vivienda sea un verdadero derecho, garantizar el control estatal de los sectores estratégicos como la alimentación o la energía, acabar con la progresiva privatización de nuestra sanidad… Sólo con medidas valientes y ambiciosas conseguiremos conectar con la mayoría social que nos espera.

En Extremadura, María Guardiola ha inaugurado el Diálogo Social del 50% con los sindicatos. Su pacto con Vox para el gobierno de nuestra comunidad incluye, en el capítulo 10, el epígrafe: “Gastos improductivos”, que contempla la reducción de subvenciones, entre otros, a sindicatos. La aseveración del calificativo de partida marca tendencia. El gobierno extremeño se obliga a justificarlo desde un punto de vista que no sea político, echándole la culpa a la Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española. ¡Son tan previsibles!

Esta cesión a la extrema derecha solo puede contemplarse desde un punto de vista ideológico, explicitándose que se minusvalora el papel constitucional de los sindicatos, que el diálogo social nunca fue entendido por la derecha, a veces también por la izquierda, y que molestan. Son esas pequeñas cosas que inciden en desguazar la democracia. Las subvenciones concedidas a los sindicatos, a los empresarios o a las ONG son partidas finalistas que deben justificarse con acciones en el mundo de la empresa o en la participación institucional con la administración, que no deben nunca justificarse como improductivas. La presencia de los sindicatos molesta y, de ahí, la “improductividad” de los sindicatos.

Desde el principio de los tiempos, los sindicatos han sido el chivo expiatorio del poder político y económico. Con la huelga del 27 de enero de 1994, promovida contra la reforma laboral, el despido flexible y la entrada de las ETT de Felipe González, los sindicatos sufrieron una primera andanada de agresividad mediática y política, recibiendo también las amenazas de recortes de supuestas ayudas a los sindicatos. Esa fue la respuesta a una movilización que contó con una participación equiparable a la huelga del 14-D. Se iniciaba la conformación de un relato con intencionalidad, que no era estéril ni gratuito. La criminalización de los diferentes siempre ha sido una estrategia común a los gobiernos que se apartan de los criterios democráticos existentes en nuestra Constitución.

Más allá del debate sobre la cantidad que reciben estas organizaciones en los presupuestos de Extremadura —284.850 euros—, cantidad que vendría a suponer la subvención de cinco corridas de toros, sería muy de agradecer que la secretaria general de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, María Inmaculada Núñez, y las propias organizaciones afectadas pudieran objetivar la productividad social de cada convenio colectivo aprobado; autonómico, provincial, de empresa o sin cobertura, para más de 400.000 trabajadoras y trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Extremadura, que se benefician de la negociación colectiva sin necesidad de estar afiliados a un sindicato. Tal vez, con otros criterios, la Ley 2/2015 de Desindexación facultaría al gobierno a dar otra respuesta más razonada.

Por no hablar de la productividad en los acuerdos de pensiones para los 240.000 jubilados extremeños, en las subidas del SMI o la mejora que supone la aprobación de planes de igualdad, de salud laboral, de formación y competencias, con repercusión para generar valor añadido en las empresas. La lista sería muy larga, pero es más fácil crear en el imaginario colectivo que los derechos, cuando se consiguen, caen del cielo. Las cortapisas a los sindicatos facilitan el oscurantismo del poder, tras las cortinas.

Seguro que molestan los sindicatos de clase cuando denuncian que en Extremadura no se pagan más de 1,5 millones de horas extraordinarias, suponiendo más de 18 millones de euros en rentas del trabajo, defraudándose a la Seguridad Social 5 millones de euros en cotizaciones.

No nos engañemos, a estas alturas del partido es mucho más ventajoso dejar fuera de juego a interlocutores que no molesten, porque consumir patria es mucho más lucrativo y debe ser un Malinche de Nacho Cano la “prioridad nacional”, a millón de euros.

La reducción de las partidas finalistas a los sindicatos tiene un objetivo oculto: desvalorizarlos, sembrar la duda mientras las crisis las resolvemos donando dinero a los bancos. Dejemos a la patronal y a los entes económicos que nos hiperregulen las condiciones de vida mientras desregularizamos a los sindicatos.

La antidemocracia

Con la llegada de un partido antidemocrático como Vox a los gobiernos, nos anuncian un proceso de desregulación nada innovador. Los nazis diseñaron, empleando esa misma palabra, el desmontaje de la República de Weimar, incorporando nuevos valores: desigualdad, jerarquía, desregulación de los principios democráticos, darwinismo social, racismo… Solo cuando Hitler, en su discurso ante el Club de la Industria de Dusseldorf, se reúne con más de trescientos patronos en enero de 1932, propugnando su teoría de los mejores, repudiando la democracia en la empresa, cuestionando la duración de la jornada, la semana de cinco días, el principio de representatividad sindical en la empresa y otras formas de cogestión laboral, se hizo la luz para la patronal. Solo entonces, la patronal de Porsche, BMW, Deutsche Bank, Hugo Boss, Thyssen, Von Schroder, Pelikan o Hugenberg… y los nazis habitaron el mismo ecosistema mental. Luego vino la desregulación de todos los derechos alcanzados con su 'Ley de ordenación del trabajo nacional' en 1934, prohibiendo sindicatos, negociación colectiva o derecho a la huelga.

Uno, que viene del futuro, presiente que con un gobierno PP-Vox en España la desregulación nos va a dar muchos dolores de cabeza a trabajadores, mujeres, pensionistas, desempleados o estudiantes. Y entonces, muchos que hoy vociferan contra los sindicatos, se acordarán de ellos.

Decían que el gobierno regional no estaba en venta. Lo dijeron para responder a la propuesta del señor Cotrina de volver al viejo y rancio bipartidismo. Sin embargo, pocas veces el gobierno extremeño ha estado tan en venta como ahora. Y pocas veces el precio pagado ha sido tan alto para la convivencia y tan bajo en términos de dignidad política.

Porque cuando uno observa cuáles han sido las prioridades de este ejecutivo resulta difícil sostener que estamos ante decisiones orientadas a mejorar la vida de la mayoría social. Primero fue la eliminación de políticas de cooperación internacional. Después llegaron los ataques simbólicos contra programas educativos como las actividades extraescolares de lengua y cultura árabe en colegios de Talayuela. Y ahora el siguiente objetivo son los menores migrantes, convertidos en un problema político antes incluso de ser tratados como niños y niñas.

Se nos presenta todo esto como si fuera una cuestión de gestión, de realismo o incluso de sentido común. Pero conviene preguntarse: ¿de verdad estas decisiones ayudan a reducir las listas de espera en dependencia? ¿Facilitan el acceso de la juventud a una vivienda asequible? ¿Mejoran las condiciones de unas aulas que a finales de curso son asfixiantes? Evidentemente no.

La realidad es que se está utilizando a colectivos vulnerables como combustible para una estrategia política basada en señalar al diferente y construir enemigos fáciles. Y eso tiene consecuencias.

El caso de los menores migrantes es especialmente preocupante. Resulta difícil aceptar que se quiera transmitir que un territorio como Extremadura, con algo más de un millón de habitantes, no puede asumir la acogida de poco más de un centenar de menores. Hablar de colapso ante 104 niños y adolescentes no solo es desproporcionado, es una declaración política.

Hace apenas unos años Extremadura abrió sus puertas con solidaridad y orgullo a más de 800 personas desplazadas por la guerra de Ucrania. Entonces sí supimos estar a la altura. Entonces nadie hablaba de saturación, ni de amenaza. La pregunta incómoda es inevitable, ¿qué ha cambiado?

La respuesta no está en los recursos disponibles ni en la capacidad de acogida. Está en el relato político. En la decisión consciente de convertir la inmigración en un campo de batalla ideológico.

Es especialmente doloroso que esto ocurra en una tierra como la nuestra. Extremadura conoce demasiado bien lo que significa emigrar. Miles de familias extremeñas tuvieron que marcharse durante décadas buscando oportunidades lejos de su hogar. Nuestra memoria colectiva está construida sobre familias dispersas por media geografía. Por eso resulta tan contradictorio ver cómo ahora se pretende convertirnos en referencia de políticas antiinmigración.

Detrás de cada menor migrante hay una historia que rara vez aparece en los titulares, familias separadas, travesías imposibles y decisiones tomadas desde la desesperación. Niños y niñas que, con edades similares a las de nuestros propios hijos, suben a una embarcación sin saber si llegarán, ni si volverán a abrazar a sus madres.

Se puede discutir sobre modelos de acogida, sobre financiación o sobre coordinación institucional. Lo que no debería discutirse es la humanidad.

Hace poco el Papa León XIV reclamó una respuesta ante la inmigración basada en la coordinación, la solidaridad y oportunidades reales de integración. Una idea sencilla que recuerda algo esencial: la dignidad humana no entiende de fronteras ni de pasaportes pero personalmente creo que la dignidad humana sí tiene ideología y claramente no es la del gobierno extremeño que utiliza de manera miserable y criminaliza a los menores migrantes. 

Gobernar también consiste en decidir qué valores se colocan en el centro. Y cuando las primeras decisiones son siempre contra quienes menos capacidad tienen para defenderse, ya no estamos hablando de gestión, estamos hablando de qué sociedad queremos ser.