Las propuestas de Vox en Extremadura: discriminación a inmigrantes y protección de la cruz franquista de Cáceres

El precio que Vox quiere que María Guardiola pague para ser presidenta de Extremadura pasa por aceptar medidas que atentan con la igualdad, que fomentan la xenofobia y la discriminación de las personas migrantes en la comunidad con la menor población extranjera, y la protección de la polémica Cruz de los Caídos de Cáceres, entre otras propuestas que pasan por el negacionismo climático o una reforma fiscal con la reducción y eliminación de impuestos.

El portavoz de la formación de extrema derecha, Óscar Fernández Calle, desveló el miércoles en la primera sesión fallida del pleno de investidura de Guardiola una veintena de compromisos que exige al PP para poner en marcha durante la legislatura a cambio del apoyo de sus 11 diputados. Algunas de esas medidas ya están acordadas, según desveló Guardiola, como la puesta en marcha del macroproyecto de regadío de Tierra de Barros tras más de 20 años, y que frenó el PP tras su llegada a la Junta de Extremadura. También hay acuerdo para la homologación de los trabajadores sanitarios del Servicio Extremeño de Dependencia (Sepad) con los del Servicio Extremeño de Salud (SES) para mejorar sus condiciones laborales. En otros asuntos existen posturas muy cercanas, aunque Vox reclama al PP más concreción y profundidad.

Sin embargo, donde hay más distancias es en torno a la inmigración. Guardiola dijo en su discurso que la inmigración es una “oportunidad” para hacer frente al reto demográfico: “Extremadura quiere acoger a más familias, a más trabajadores, a más proyectos de vida”, aunque con un “enfoque responsable”, afirmó la candidata del PP, que rechazó la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, al que pidió que asumiera sus obligaciones sin trasladar el peso a las comunidades autónomas. Por ello, advirtió de que si se imponen “los privilegios de los separatistas, o hacer que las regiones carguen con las responsabilidades del Estado, lo que tendremos es un caos migratorio gigantesco”. Un posicionamiento insuficiente para Vox y muy lejos del defendido por el presidente de la Comunitat Valenciana, Juan Manuel Pérez Llorca, que también necesitó el apoyo de Vox y en su investidura exigió “agilizar con urgencia las expulsiones de inmigrantes ilegales” y vinculó la inmigración con la inseguridad ciudadana.

Pulso migratorio en la región con menos extranjeros

El líder del partido ultra, Santiago Abascal, volvió a exigir “un cambio de rumbo” en las políticas migratoria, verde y fiscal tras conocer el discurso de la candidata extremeña, y su portavoz en la comunidad fue tajante: “Extremadura no necesita más migrantes, Extremadura necesita que nuestros jóvenes no se marchen, Extremadura necesita más extremeños”.

Extremadura es la comunidad autónoma con menos migrantes (el 4,1% frente al 13,4% de la media en España), según el INE, y Cáceres (5,2%) y Badajoz (4,5%) se sitúan entre las provincias con menos extranjeros. Pese a esa realidad, Vox quiere que el PP de María Guardiola se compromete e aplicar medidas xenófobas, discriminatorias, contrarias a la Constitución y, en algún caso, fuera del ámbito de actuación de una comunidad autónoma.

En concreto, Vox ha exigido a Guardiola que establezca una “prioridad nacional para españoles en ayudas sociales, vivienda, programas de empleo y formación” y que todas las normas y medidas se analicen para incorporar esa “prioridad” donde sea posible porque “no podemos seguir permitiendo que los extranjeros vayan por delante en nuestra propia tierra”.

La idea de que las personas migrantes se aprovechan de las ayudas públicas y tratar de fomentar una competición entre españoles y extranjeros para acceder a unos recursos finitos no es algo nuevo en Vox. Pero la realidad es que los extranjeros en situación irregular no tienen derecho a ayudas sociales y poner trabas para negar el acceso a ayudas o derechos básicos con motivo de la nacionalidad atenta contra la Constitución.

Además, la formación ultra exige que la Junta de Extremadura se oponga “por todos los medios legales, jurídicos y políticos” al “reparto de inmigrantes ilegales mayores o menores de edad” y que se eliminen todos los gastos vinculados a la inmigración ilegal, es decir, rechaza que el Gobierno autonómico atienda a los menores no acompañados, como es su competencia.

El portavoz de Vox también ha puesto sobre la mesa de negociación para la investidura de Guardiola la eliminación de subvenciones a ONG “que promuevan la inmigración ilegal” y de las partidas presupuestarias para cooperación internacional puesto que su objetivo es la desaparición de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (Aexcid).

Un gran monumento franquista en el centro de Cáceres

Por otro lado, Fernández Calle ha pedido a Guardiola que declare Bien de Interés Cultural (BIC) el monumento franquista de la Cruz de los Caídos de Cáceres, que se encuentra en la céntrica Plaza de América y hasta ahora ha sorteado el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Con esta declaración, Vox quiere blindarla para evitar su derribo o su traslado a otro sitio. Se trata de uno de los debates más largos y que más dividen a los cacereños, aunque su alcalde, Rafael Mateos (PP), se escuda en que no hay “una demanda social real” para moverla de su lugar. Otros argumentan que la Cruz perdió su simbología franquista cuando en la década de los 80 se sustituyó la placa por una dedicada a “todos los que dieron su vida por España”.

Hay que recordar que PP y Vox derogaron la ley extremeña de Memoria Histórica poco antes de las elecciones autonómicas de diciembre y la sustituyeron por otra denominada ley de Concordia. La Junta y el Gobierno central están negociando la reforma de varios artículos como paso previo al recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado.

La extrema derecha ha incluido en sus propuestas algunas de las que se quedaron sin cumplir en la anterior legislatura tras su salida del Gobierno de Guardiola en el verano de 2024, como la “derogación o reforma” de las leyes de “adoctrinamiento ideológico y contrarias a la libertad”. Esto incluye la ley regional de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que fue aprobada por unanimidad durante el Gobierno de José Antonio Monago.

Vox ya trató de eliminar esta ley hace ahora un año, pero Guardiola defendió que los derechos de estas personas estaban “blindados”. Sin embargo, la extrema derecha insiste en que leyes como la extremeña son “dañinas” para la sociedad, pero especialmente para las mujeres y los menores.

La inversión en políticas de igualdad es otro de los caballos de batalla de los ultras, que, en otras ocasiones han reclamado la desaparición del Instituto de la Mujer de Extremadura y de las subvenciones a entidades feministas. En esta ocasión, el portavoz de Vox no lo nombró, pero sí planteó la eliminación “inmediata” del registro de objetores de conciencia para los sanitarios que se opongan a practicar abortos como una “defensa de la vida” y contra el derecho de las mujeres.

Otras exigencias de Vox son más conocidas, como la eliminación de la ecotasa a Iberdrola, Naturgy y Endesa por la explotación de la central nuclear de Almaraz, la oposición al Pacto Verde europeo y al acuerdo con Mercosur, la eliminación de espacios protegidos, la liberación de suelo para construir 3.500 viviendas protegidas, profundizar en una rebaja fiscal que pasa por eliminar tramos en el IRPF autonómico o bonificar al 100% el impuesto de transmisiones patrimoniales, ayudas a la natalidad y adopción, y la reducción del número de diputados en la Asamblea de Extremadura.

Este viernes comenzará a las 14 horas la segunda votación de investidura, en la que Vox tendrá que decidir si apoya al PP para que María Guardiola sea la presidenta de la Junta y se conocerá hipotecas políticas se gobernará Extremadura. Si Guardiola no obtiene mayoría simple, tendrá un plazo de dos meses para conseguir los apoyos que necesita para su investidura. En caso contrario, en mayo tendrá que firmar una nueva convocatoria de elecciones, que se celebrarían a finales de junio.