El Consejo de Europa reitera que España debe reformar el despido improcedente

El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha reiterado este miércoles que España debe reformar su legislación para garantizar una adecuada indemnización por despido improcedente de los trabajadores, de tal manera que sea disuasorio y restaure el daño al empleado, al tiempo que pidió que esta incluya también a los contratados de manera irregular.

En una recomendación emitida al Gobierno español, este organismo recoge la resolución adoptada en marzo pasado por el Comité Europeo de Derechos Sociales tras una reclamación interpuesta ante ese organismo por el sindicato CCOO, similar a la que ya se había hecho en un requerimiento de UGT, según recoge EFE.

En ella, el órgano ejecutivo del Consejo de Europa insta a España a “proceder a una reforma legislativa” que “garantice que la indemnización concedida por despido improcedente (...) tenga en cuenta el daño real sufrido” por el trabajador y “sus circunstancias individuales”.

Igualmente, señala que las indemnizaciones recogidas por la ley española actual, 33 días por año trabajado, y la decisión de que estas no sean revisadas por los tribunales civiles “contravienen el artículo 24b del Convenio Social Europeo”.

Esas indemnizaciones, “tanto por daños materiales como morales”, indica el organismo paneuropeo con sede en Estrasburgo (Francia), “deben ser disuasorias para el empleador con el objetivo de garantizar la protección de los trabajadores contra despidos improcedentes”. Además, señala que esa protección debe también incluir a “los trabajadores temporales contratados de forma irregular”.

Estrasburgo también considera que los tribunales deben poder imponer la readmisión de los trabajadores despedidos si lo consideran como la medida más idónea.

El Consejo de Europa reconoció, no obstante, que España adoptó recientemente un plan que incluye disposiciones relevantes en el Estatuto de los Trabajadores para establecer garantías contra el despido, dentro de lo que indica la Carta Social Europea. En concreto, se refuerza la obligación de justificar el despido y se elimina el despido automático de trabajadores que sufran incapacidades repentinas.