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Vox tumba la investidura de Guardiola y bloquea el Gobierno de Extremadura al menos hasta el viernes

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante la sesión del pleno de investidura de este miércoles

Santiago Manchado

Mérida —
4 de marzo de 2026 13:28 h

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Vox ha cumplido su amenaza. A pesar del evidente acercamiento y tono conciliador que PP y Vox han demostrado este miércoles, la extrema derecha ha rechazado la investidura de María Guardiola en la primera votación del miércoles, en la que era necesaria una mayoría absoluta. También han votado 'no' el PSOE y Unidas por Extremadura.

Por lo tanto, habrá que esperar al viernes, como marca el reglamento de la Asamblea, para repetir la votación, por lo que el PP tiene 48 horas para intentar convencer al partido de Santiago Abascal, que ha subrayado que no contempla una abstención en ningún caso: “Será un sí o un no porque aquí no hay medias tintas”.

No obstante, Guardiola ha pedido al portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle, que admita que ya hay “mucho acordado” entre ambos partidos, por lo que ha mostrado su “disponibilidad absoluta” para “sentarse a trabajar” en un pacto más de dos meses después de las elecciones autonómicas de diciembre.

A la salida de la Asamblea, la presidenta en funciones ha dicho desconocer por qué no ha sido posible aún llegar a un acuerdo con el partido ultra, aunque ha insistido en que ese acuerdo “está muy cerca”. No obstante, ha apelado a la abstención de cualquier grupo porque para el PP sería suficiente en la votación del viernes con obtener más votos positivos que negativos.

En el caso de que Guardiola no fuera elegida presidenta de Extremadura en su segundo intento, se abrirá un plazo de dos meses para que cualquier diputado o diputada, incluida María Guardiola, intente obtener la confianza de la Asamblea para la investidura. Si no es posible, Guardiola tendrá que volver a convocar elecciones autonómicas, que se celebrarían en junio.

De esta forma, si PP y Vox son incapaces de entenderse antes del viernes, tendrían dos meses más para hacerlo, por lo que el acuerdo se pospondría hasta la celebración de las elecciones en Castilla y León del 15 de marzo. Todos los escenarios, también la repetición electoral, siguen abiertos, aunque la derecha y la extrema derecha han mantenido contactos en los últimos días y el tono empleado en el pleno ha sido cercano y conciliador.

Guardiola ha tendido la mano a Vox y ha expresado su intención de pactar con la extrema derecha, a pesar de los enfrentamientos e insultos cruzados de las últimas semanas, pero ha pedido que se ponga a Extremadura “por encima de las siglas y se trabaje por el interés común”. Por eso, en el esbozo de su acción de Gobierno evitó los temas más polémicos y se centró en los asuntos donde puede residir el acuerdo, como rebajas fiscales, críticas a la política migratoria de Pedro Sánchez, aunque no ha rechazado la inmigración, ayudas a la natalidad y oposición al Pacto Verde Europeo para defender el campo extremeño.

Sin embargo, para Vox ha pedido, en primer lugar, garantías de que el PP cumplirá con los compromisos porque, según ha dicho su portavoz, los firmados hace dos años y medio “no se cumplieron”, y, en segundo lugar, ha exigido medidas más radicales que las anunciadas por Guardiola en cuanto al rechazo a la inmigración, el negacionismo climático y una reforma fiscal profunda, que no sea “únicamente” rebajar impuestos “un par de puntitos aquí y allá”.

En concreto, la extrema derecha ha reclamado reformar el tramo autonómico del IRPF para dejar solo cinco escalones, mientras que el PP ha propuesto rebajar los tramos tercero y cuarto. También ha exigido eliminar en la práctica con una bonificación del 100% el impuesto de transmisiones patrimoniales para vivienda habitual y de segunda mano, cuando Guardiola se ha quedado en un “ajuste” de los tipos reducidos de este impuesto.

Aunque PP y Vox apoyan la energía nuclear y la continuidad de la central de Almaraz, los primeros optan por una rebaja de la ecotasa que pagan Iberdrola, Endesa y Naturgy por la instalación cacereña, mientras que los ultras quieren que la Junta de Extremadura perdone a las eléctricas los 82 millones de euros que ingresan las arcas autonómicas por este impuesto.

Pero una de las mayores diferencias entre PP y Vox tiene que ver con la migración. A diferencia de su homólogo en la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, que en su investidura hizo suyo el marco ideológico de la extrema derecha, María Guardiola ha defendido la migración como una “oportunidad”, aunque siempre que sea “ordenada y vengan a aportar”. Vox no ha pasado por alto este apoyo y ha respondido a la candidata del PP que Extremadura “no necesita migrantes”, sino que “nuestros jóvenes no se marchen, Extremadura necesita más extremeños”.

En este sentido, ha exigido en la negociación con el PP que se establezca una “prioridad nacional para españoles” en las ayudas sociales, de vivienda, empleo y formación, la oposición “por todos los medios” a “cualquier reparto de inmigrantes ilegales mayores o menores de edad en Extremadura”, que se realicen pruebas de edad a los menores y se eliminen todos los gastos “vinculados a la inmigración ilegal”.

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