Vox asume que no puede tocar la ley extremeña de Cooperación, pero abre la puerta a su incumplimiento

La Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura, aprobada por unanimidad en 2023, entonces sin la presencia de la extrema derecha en la Asamblea, no será derogada ni modificada. El único notivo es que no forma parte de las medidas incluidas en el acuerdo de gobierno de PP y Vox, ha aclarado este martes el director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández, aunque, en su opinión, debería eliminarse.

El mantenimiento de la ley supone que la Junta de Extremadura está dispuesta a incumplirla. Entre otras cosas, el texto obliga a aumentar los fondos destinados a cooperación hasta llegar al 0,7% del presupuesto regional en 2030. Lejos de eso, Vox ha desmantelado prácticamente la Agencia extremeña de Cooperación (AEXCID) y ha recortado las ayudas a las organizaciones que trabajan en el sector en un 92%, al pasar de más de nueve millones el año pasado a menos de un millón para el ejercicio de 2026.

Fernández ha usado su intervención en la comisión parlamentaria para atacar las ayudas al desarrollo y la cooperación internacional. Según el director general, estas políticas generan “duplicidad” con las comunidades autónomas y deberían ser competencia exclusiva del Estado al tratarse de un asunto exterior.

Además, ha considerado difícil de justificar que Extremadura, siendo una de las regiones con menores índices de renta en España, figure entre las comunidades que más presupuesto destinaba a estos fondos. A su juicio, los recursos de los ciudadanos extremeños deben invertirse dentro de la propia comunidad, dado que estos ya financian la cooperación internacional a través de los presupuestos estatales.

Críticas al modelo y rechazo a “chiringuitos”

Más allá del encaje competencial, el representante de Vox ha cuestionado la eficacia y la base moral de la ayuda internacional. Apoyándose en diversos autores, Fernández ha afirmado que estas partidas suelen generar “efectos contraproducentes” al favorecer dinámicas dependientes y estructuras ineficientes en los países receptores.

En este punto, se ha mostrado especialmente crítico con el modelo extremeño por su “carácter ideológico” y ha calificado la cooperación de “moralmente reprobable” bajo el argumento de que empeora la situación de las naciones a las que llega. Fernández ha señalado que, mientras la mayoría de los países perceptores no han avanzado desde los años 50 a pesar de las “millonadas” invertidas, el Sudeste Asiático ha progresado sin estas ayudas, por lo que ha planteado la opción de no interferir y ha rechazado explícitamente la financiación de lo que denominó “chiringuitos”.

Por su parte, el diputado socialista Alfonso Beltrán ha defendido la vigencia de la norma recordando que el propio Estatuto de Autonomía obliga a trabajar en favor de la cooperación. Beltrán ha sostenido que estas políticas fomentan el avance de la democracia, la educación y la atención sanitaria en las zonas más vulnerables. Asimismo, ha lamentado que se niegue el apoyo a otros países cuando Extremadura ha sido históricamente una tierra de emigración, y ha advertido de que el desmantelamiento de estas partidas supondrá la pérdida en la región de unos 200 empleos cualificados para jóvenes. A su juicio, la postura de Vox no responde a una prioridad nacional, sino a “odio y rechazo” hacia el diferente, llegando a calificarla de “xenofobia y racismo”.

Por otro lado, en respuesta a las intervenciones de José Antonio González Frutos (Unidas por Extremadura) y de Soraya Vega (PSOE), el director general ha evitado detallar los próximos pasos presupuestarios en la materia, pero ha avanzado que “muy pronto” se conocerán las primeras medidas del Ejecutivo en materia de desregulación y simplificación administrativa, aplicables también a los servicios sociales de atención básica.

Fernández ha atribuido la falta de concreción actual a que el equipo apenas lleva un mes en el cargo y el trabajo técnico es complejo, asegurando que el objetivo no es “eliminar normas de forma indiscriminada ni debilitar garantías jurídicas”, sino encontrar un término medio sin caer en la improvisación.