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La Junta deniega la concesión directa para la mina de litio de Cáceres

La manifestación por el 'no' a la mina de litio, que ha sacado a la calle a 6.000 vecinos, ha terminado en la Plaza Mayor

Santiago Manchado

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Paso atrás para el polémico proyecto minero de Cáceres. La Junta de Extremadura ha denegado la solicitud de concesión directa para la explotación de este yacimiento de litio, ubicado a tan solo dos kilómetros del casco urbano, declarando terminado el procedimiento administrativo. La decisión se ha adoptado mediante una resolución firmada por la directora general de Minas, Raquel Pastor, después de que la empresa promotora, Castilla Mining SLU, no haya presentado en el plazo establecido la documentación requerida para subsanar y completar el expediente.

En la resolución se especifica la denegación para una extensión de dos cuadrículas mineras. La propia promotora manifestó la imposibilidad de aportar la documentación exigida por la Administración debido a que para ello necesitaba realizar “labores previas de investigación”, unos trabajos (como calicatas y sondeos de sondeo) que resultan “incompatibles con la tramitación de una concesión directa de explotación”.

Al no haber quedado demostrada la existencia del recurso minero en condiciones de “explotación racional”, el procedimiento queda cancelado en esta vía. No obstante, la resolución no frena de forma definitiva las pretensiones de la minera: la Junta ha dejado la puerta abierta a que el expediente continúe como permiso de investigación, otorgando a Castilla Mining SLU un plazo de 60 días para que solicite esta figura sobre el terreno afectado.

Satisfacción vecinal tras sus alegaciones

Desde la Asociación de Vecinos Sierra de la Mosca han valorado la resolución administrativa. El colectivo vecinal recuerda que las labores de investigación requeridas y no ejecutadas eran precisamente las que impedían acreditar técnicamente el recurso de litio.

En junio de 2024, la asociación presentó un recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas advirtiendo de las carencias del expediente. Entre la documentación omitida citaban los resultados de las pruebas metalúrgicas en el Proyecto de Investigación, deficiencias en el Plan de Explotación y Restauración, así como dudas sobre la viabilidad técnica y la solvencia financiera de la iniciativa.

Según destacan los vecinos, estos documentos solicitados en su día coinciden con los que la Administración autonómica requirió formalmente a la empresa y que finalmente han provocado el decaimiento de la concesión directa.

Frente a esta resolución de la Dirección General de Minas cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán.

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