Los presupuestos de PP y Vox en Extremadura afrontan su aprobación con el sello de la extrema derecha a pocos meses del cierre del ejercicio

El debate final de los presupuestos de Extremadura para 2026 ha arrancado este miércoles en la Asamblea autonómica certificado por el pacto de PP y Vox. Se espera que las cuentas queden aprobadas de forma definitiva por la noche y que la alianza entre la derecha y la extrema derecha tumbe las 622 enmiendas parciales que ha presentado la oposición (328 del PSOE y 294 de Unidas por Extremadura).

Las cuentas para este año —lo que queda de él, dado que en octubre se suele ordenar el cierre del ejercicio— ascienden a 8.854 millones de euros. El inicio de la jornada parlamentaria ha evidenciado la brecha entre bloques, con un intenso choque a cuenta de la fiscalidad, la gestión de los servicios públicos y la impronta ideológica que Vox ha impreso en el presupuesto.

Como ya es habitual, una de las principales críticas de la izquierda desde que gobierna María Guardiola ha venido por la política fiscal de la Junta. Tanto el PSOE como Unidas por Extremadura han coincidido en pedir la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio para asegurar que las rentas más altas contribuyan en mayor medida al sostenimiento de los servicios públicos.

Recorte de los sueldos a los políticos

El diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, ha apremiado a abordar los retos de la función pública y ha abogado por encarecer el impuesto de transmisiones patrimoniales a los grandes tenedores de vivienda, además de diseñar un IRPF con mayor progresividad. Como gesto político, la formación ha defendido también una enmienda para reducir en un 10% el sueldo de los cargos políticos autonómicos, reprochando al Ejecutivo de Guardiola que “no gobierna para la mayoría social”.

Asimismo, la diputada socialista María Curiel ha centrado las enmiendas de su grupo en blindar los “derechos básicos”, cubrir con celeridad las vacantes del Servicio Extremeño de Salud (SES) —especialmente en Atención Primaria— y agilizar las transferencias a los municipios. Curiel ha arremetido además contra la gestión de las áreas dirigidas por Vox, acusando a la Junta de desmantelar la cooperación internacional a través de la agencia regional (AEXCID) y de generar confusión en el campo con los programas de vacunación ganadera.

Frente a estas críticas, el diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos ha calificado de “contumaz” a la portavocía socialista, defendiendo que la sanidad y el empleo mejorarán con las nuevas cuentas y garantizando que los ganaderos no asumirán el coste de las vacunas.

Choque por los plazos de ejecución y la agenda migratoria

El momento de la aprobación, a las puertas de agosto, también ha generado marejada en la Asamblea. La oposición ha criticado que las cuentas salgan adelante en el tramo final del año, lo que a juicio del PSOE dejará el presupuesto con “solo un mes y medio” de ejecución real.

La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha tildado este argumento de “falacia” para “confundir a los extremeños”, remarcando que las partidas presupuestarias ya se están ejecutando “con los niveles más elevados de la última década” y que la sesión plenaria sirve para incorporar formalmente los créditos y ajustes correspondientes. Manzano ha lamentado, además, que “ni una sola enmienda de la oposición pretenda construir”.

En paralelo, Vox ha sacado pecho del acuerdo alcanzado con el PP. La diputada Eva María García ha contrapuesto el presupuesto “riguroso” del Ejecutivo autonómico frente al modelo de la izquierda, a la que ha acusado de querer “resucitar la presión fiscal” y defender un “gasto rígido”.

El líder autonómico de Vox y vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández Calle, ha enmarcado la aprobación en un “cambio de prioridades” orientado a recortar “gasto superfluo” para volcar recursos en el apoyo al sector primario, la natalidad y las familias.

La formación de extrema derecha ha aprovechado la jornada para vincular el aval presupuestario a la batalla judicial contra el Gobierno central, tras aprobar el Consejo de Gobierno cinco nuevos recursos contencioso-administrativos contra la redistribución de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas.