El Gobierno enfría la salida de Óscar Puente a pesar de la presión de socios y oposición para que dimita

El Gobierno intenta frenar en seco las expectativas de una salida inmediata de Óscar Puente tras el accidente de tren de Urda, el segundo en menos de un año en la misma línea de alta velocidad, la de Andalucía, en la que ya se contabilizan al menos 115 muertos en los últimos diez meses. Pese a la presión de la mayoría de sus socios, de la oposición y de buena parte de la opinión pública, el mensaje que trasladan al unísono desde Moncloa y desde el propio entorno del ministro es que no dimitirá y que se dispone los próximos días a defender su gestión públicamente a capa y espada.

Para este viernes, de hecho, hay anunciada una rueda de prensa en la que el equipo de Puente asegura que ofrecerá más detalles de la investigación. Y el próximo martes comparecerá en el Congreso de los Diputados en mitad de las críticas generalizadas de varios grupos de izquierda y toda la derecha en bloque, que ya apuntan directamente a la necesidad de depurar responsabilidades políticas por la tragedia. Una agenda confirmada oficialmente por el Ministerio y que despeja los próximos días de cualquier especulación sobre su futuro.

La tesis a la que parece aferrarse Pedro Sánchez es la misma que puso sobre la mesa el ministro de Transportes desde el primer minuto. Esto es, que el choque por alcance de un AVE de Renfe y de un tren Iryo este miércoles por la mañana en el que perdieron la vida al menos 69 personas se debió, fundamentalmente, a un error humano del operario del centro de control. Y no a ningún motivo relacionado con la gestión política del ministro, sobre la que el Ejecutivo cierra filas.

Esa decisión, la de proteger a Puente y no dejarlo caer, llega después de afrontar las primeras 24 horas críticas tras el accidente, cuando el presidente calificó de “inasumible para un país como España” que ocurran dos catástrofes ferroviarias en menos de un año y cuando mucha gente en el entorno del propio ministro llegó a pensar que no aguantaría emocional ni políticamente. De hecho, ni siquiera él fue capaz de desterrar por completo la hipótesis de su dimisión durante la comparecencia ante la prensa de la mañana del miércoles. “Se pueden imaginar que hoy en lo último que pienso es en mí y lo que quiero es esclarecer esto y resolver la situación”, respondió. Y a eso, según su equipo, se piensa dedicar de ahora en adelante sin atender el clamor político y social que lo señala y exige su dimisión.

No obstante, si Puente quiere continuar al frente de Transportes, tendrá que afrontar una presión creciente de sus socios de la izquierda. El miércoles, tan solo fue el Frente Amplio el que pidió que se asumieran “responsabilidades” dentro del Gobierno por el accidente, y ni la alianza liderada por Ada Colau ni ningún otro socio del Ejecutivo ha dado el paso de pedir abiertamente la dimisión de Puente. Pero este jueves se unieron al Frente Amplio tanto ERC como el PNV, que utilizaron esa misma formulación, la de exigir “responsabilidades” políticas, para señalar indirectamente al ministro.

“Una 'situación inasumible' requiere de asunción de responsabilidades, no de filtraciones para trasladarlas”, espetó el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, en un mensaje en su cuenta de X, en el que también denunció que “un fallo humano es el reflejo de un sistema de seguridad fallido” y criticó que se ponga el foco sobre ese supuesto error y no sobre un sistema que permite que “una sola persona” acabe siendo “responsable de la vida de centenares en cuanto al transporte ferroviario se refiere”. En la misma línea se expresó su homóloga del PNV, Maribel Vaquero, que sostuvo que “se tendrán que asumir responsabilidades técnicas y políticas al máximo nivel”.

Podemos, por su parte, evitó acudir a la fórmula de las “responsabilidades” para insinuar que Puente debería dimitir, pero sí que se mostró muy crítico con el hecho de que el ministro haya puesto el foco sobre el error humano que, supuestamente, cometió un operario del centro de control de la red ferroviaria. Su candidata, Irene Montero, denunció que se esté planteando que “el problema es un trabajador y no un sistema ferroviario sobrecargado, donde ahora circulan muchos más trenes que antes, con un mantenimiento insuficiente y externalizado y con unos sistemas de seguridad que necesitan ser actualizados”.

En la misma línea, Ada Colau calificó de “absolutamente inaceptable que se echara a los trabajadores a los pies de los caballos” e insistió en que sería “injusto” atribuir “a una sola persona este fallo tan terrible”. Y tanto ella como ERC y Podemos señalaron, igualmente, a la liberalización del mercado de transporte ferroviario de pasajeros y la entrada de operadores privados como el origen de los problemas. Una liberalización que se puso en marcha, no obstante, durante el mandato de los predecesores de Puente, José Luis Ábalos y Raquel Sánchez.

El PP apunta a Sánchez

El PP mantuvo este jueves la línea de contención que impuso Alberto Núñez Feijóo en las horas posteriores al accidente, aunque elevó la presión y reclamó la dimisión inmediata de Óscar Puente. El jefe de la oposición visitó el lugar del siniestro y atendió brevemente a los medios. Tras insistir en la necesidad de dos investigaciones paralelas, judicial y gubernamental, aseguró que la continuidad del ministro de Transporte es independiente de las pesquisas y de sus futuras conclusiones.

“Las responsabilidades políticas no se pueden asumir una vez finalizada una investigación” dijo, después de departir sobre las labores de rescate con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. “Las responsabilidades políticas no son opcionales, son imprescindibles”, añadió.

Feijóo criticó que el Gobierno “eche la culpa a un operador de Atocha”, en referencia al trabajador que ordenó reanudar la marcha al tren AVE que, unos kilómetros más adelante, se estrelló contra un Iryo que se mantenía detenido tras desactivarse los sistemas de seguridad LZB de la línea que une Madrid y Andalucía.

“Yo sé lo que haría si fuese presidente de Gobierno”, zanjó. La referencia a Pedro Sánchez fue muy indirecta. Mucho más claro fue, unas horas antes, el portavoz nacional, Borja Sémper, quien en una entrevista aseguró que la culpabilidad “trasciende” del ministro. “Hay una responsabilidad superior”, concluyó.

Horas más tarde, el PP reclamó la comparecencia de Pedro Sánchez ante la Diputación Permanente del Congreso después de que Puente anunciara la suya propia, que los de Feijóo consideran “insuficiente”. “Sánchez fue quien le nombró, quien le sostiene y quien ha liderado a través de varios ministros (entre ellos Ábalos y Puente) una deficiente gestión del sistema ferroviario”, aseguró en un comunicado.

Pero la posición del PP palidece al lado de la de Vox. Más allá de no suspender la campaña, los ultras han registrado una querella contra Puente, y no dudan en usar la tragedia como reclamo electoral sin ningún reparo. “Han convertido España en Burkina Faso”, aseguró el partido en su cuenta oficial de Twitter. “Hay que echarles. Hay que reconstruir todo lo que han destruido”, añadió.