El Gobierno del PP en Extremadura dejó sin ejecutar en 2025 casi la mitad del presupuesto de prevención de incendios

Hace casi un año, a mediados de agosto de 2025, los titulares de prensa que hoy ocupan los incendios de Ávila, Castelló o Almería los ocupaba el incendio de Jarilla, el peor en la historia de Extremadura. El fuego arrasó más de 17.300 hectáreas en los valles del Jerte y el Ambroz y tardó casi dos semanas en quedar controlado. Pese al desastre, el presupuesto de la Junta de Extremadura destinado a combatir y, sobre todo, a prevenir los incendios forestales volvió a cerrar el ejercicio pasado con una importante tajada de fondos públicos sin gastar. Según los datos oficiales de ejecución presupuestaria del ejercicio 2025, publicados por la Intervención General en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), el Gobierno de María Guardiola dejó en los cajones más de 50,9 millones de euros en prevención y extinción. Por eso también hay que buscar ahí la elevada ejecución en extinción del año pasado.

El mayor desfase presupuestario se sitúa precisamente en las labores estructurales que evitan que las masas forestales ardan cuando llegan las altas temperaturas. En concreto, el programa de 'Conservación, protección y mejora de los montes' contó en 2025 con un crédito definitivo de 96,19 millones de euros, pero solo se llegaron a reconocer obligaciones por valor de 52,18 millones. Esto supone un porcentaje de ejecución del 54,25%, por lo que el año pasado se dejaron sin ejecutar 44,01 millones de euros.

El programa de 'Protección y defensa contra los incendios', centrado en el dispositivo directo de respuesta y extinción, registró una mayor tasa de gasto. Sobre un presupuesto definitivo de 70,01 millones de euros, la Junta de Extremadura ejecutó 63,10 millones, es decir, el 90,14% de lo previsto, dejando un remanente sin gastar de 6,90 millones de euros, según los datos de la Intervención General.

Antes Vox, ahora PP

Estas competencias estaban en manos de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que cambió de titulares precisamente en agosto de 2025, unos días antes del incendio de Jarilla. Ignacio Higuero presentó su dimisión en verano tras conocerse que había mentido al incluir en su currículum una titulación universitaria que no tenía y que ni siquiera existía cuando aseguró que se licenció en ella. Higuero, además, había sido nombrado por Vox en el primer gobierno de coalición en Extremadura y decidió permanecer junto al PP de María Guardiola cuando la extrema derecha salió a mediados de 2024 de todos los Ejecutivos autonómicos que compartía con el PP.

Su sustituto fue Francisco Ramírez, que solo ha estado unos meses al frente de esa consejería. Ese departamento ha desaparecido en el nuevo Gobierno de PP y Vox en Extremadura y las competencias en prevención y extinción están dividas en la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, y en la de Industria, Energía, Ciencia y Territorio.

La escasa ejecución de inversiones contra incendios también sucedió en el presupuesto de 2024. Como publicó elDiario.es Extremadura, el Gobierno de Guardiola dejó sin invertir casi 43 millones de euros en ese ejercicio y ejecutó solo el 41% de las inversiones que estaban previstas para prevención y extinción.

La ejecución más baja de los últimos años

La respuesta que entonces dio la Junta de Extremadura es similar a la de ahora. El Gobierno resalta que las partidas para extinción se han incrementado año tras año, con lo que la inversión ha sido mayor. Según los datos que ha facilitado a este periódico, en 2021 el presupuesto fue de 42,2 millones de euros y el de 2025 superaba los 69,6 millones.

También reconoce que la ejecución de inversiones en prevención se quedaron en 2025 en un 54,2%, “pero la cuantía ejecutada es superior a años anteriores porque el presupuesto ha ido creciendo en los últimos años”. “No es lo mismo ejecutar 52 millones sobre un presupuesto de 96 millones (año 2025) a 29 millones sobre un presupuesto de 51 millones (año 2022)”.

A pesar de ello, los datos de los ejercicios 2024 y 2025, los dos únicos gestionados hasta ahora en exclusiva por el Gobierno de Guardiola, son los de menor ejecución en prevención de incendios de los últimos años. Ese programa en concreto, tuvo una ejecución del 49,48% hace dos años, del 57,03% en 2023, 56,50% en 2022 y 58,18% en 2021.

Desde la Junta atribuyen la imposibilidad estructural de ejecutar el 100% del programa dos ventanas de inactividad obligatoria impuestas por la normativa medioambiental. Por un lado, las paradas biológicas por nidificación y cría de especies protegidas entre febrero y julio, dependiendo de la especie. Por otro, entre el 1 de junio y el 15 de octubre es época de alto riesgo de incendios, por lo que está prohibido “introducir maquinaria pesada o realizar trabajos de desbroce y silvicultura”.