Vox desafía al Constitucional tras admitir el recurso a la ley de Concordia de Extremadura: “Se aprobará las veces que haga falta”

La admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso interpuesto por el Gobierno central contra la Ley de Concordia de Extremadura ha evidenciado una brecha en el discurso interno del Ejecutivo autonómico. Tras conocerse la paralización cautelar de varios apartados clave de la norma pactada entre el PP y la extrema derecha, la parte de Vox en la Junta ha optado por el choque frontal contra la alta magistratura, mientras el PP intenta rebajar el impacto del varapalo judicial.

La reacción más virulenta ha sido la del vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle. A través de sus redes sociales, el líder de Vox en Extremadura ha cargado duramente contra el tribunal de garantías, al que ha calificado como el Constitucional “de Pedro Sánchez y Conde-Pumpido”.

Fernández Calle ha ido más allá y ha acusado al tribunal de ser “el mismo que anula las condenas a decenas de delincuentes socialistas tras robar 700 millones de euros en Andalucía”. Además, ha avisado de que la Junta no dará un paso atrás: “La ley de Concordia de Extremadura se aprobará las veces que haga falta”.

Las exhumaciones siguen

Frente a la bronca de Vox, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista (PP), ha utilizado con un tono institucional para intentar amortiguar las consecuencias de la resolución. Bautista ha subrayado que la decisión del Constitucional “afecta únicamente a determinados preceptos”, por lo que, a su juicio, “el resto de la ley de Concordia continúa en vigor”.

Entre las partes suspendidas de manera cautelar por el tribunal se encuentran el artículo 4.2, en lo relativo al matiz de “evitando el enfrentamiento entre españoles”, el artículo 4.4, los artículos 16 y 17 (vinculados a la colaboración institucional y al reconocimiento de entidades afines) y las disposiciones transitoria y derogatoria, esta última responsable de haber tumbado la anterior ley de Memoria Histórica autonómica de 2019.

Pese al varapalo, Bautista ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad sobre el trabajo en las fosas comunes. Según ha argumentado, la ley de Concordia que pactaron PP y Vox mantiene su “objetivo fundamental”, que es “el reconocimiento de todas las víctimas y el procedimiento de exhumación para salvaguardar la memoria de todos”. El vicepreidente ha asegurado que este es “el Gobierno que más ha invertido y más empeño ha puesto en encontrar aquellos cadáveres que todavía no han podido ser recuperados”.

Respecto al recorrido de la causa en los tribunales, la Junta no recurrirá el auto de admisión a trámite, pero sí se personará en la causa para defender que incisos como el del “enfrentamiento entre españoles” son “plenamente constitucionales, democráticos y reflejan lo que quiere una amplia mayoría de extremeños”.

Malestar con el Constitucional por la fecha del fallo

Más allá del debate jurídico, la Junta ha trasladado su malestar por el calendario elegido por el órgano constitucional. Bautista ha criticado que la inclusión de este recurso en el orden del día del pleno se haya producido “precisamente en el Día de Extremadura, cuando no figuraba inicialmente entre los asuntos previstos”. A juicio del vicepresidente, el 8 de septiembre debía ser una jornada “absolutamente limpia, sin nada que reprocharse desde un lado ni desde otro”, para focalizar el mensaje en los elementos de unión de la región.

La decisión del Tribunal Constitucional, adoptada por unanimidad en la apertura del curso judicial, responde a la impugnación formalizada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tras el fracaso de la Comisión Bilateral de Cooperación abierta entre el Estado y la Junta de Extremadura.

El Gobierno de España argumenta que la norma aprobada por PP y Vox incurre en una invasión de competencias reservadas en exclusiva al Estado y rebaja la protección de las víctimas del franquismo reconocida en la Ley de Memoria Democrática estatal. Entre los aspectos más controvertidos bajo la lupa judicial figuran la dilución de la dictadura al extender el periodo temporal desde 1931 hasta la actualidad, las trabas administrativas impuestas a los expedientes de exhumación y el posible veto en el acceso a subvenciones para las asociaciones memorialistas tradicionales.