PP y Vox permiten a los promotores construir más viviendas en Extremadura al dejar de computar las terrazas

PP y Vox han sacado adelante en la Asamblea de Extremadura la convalidación del decreto-ley de urbanismo aprobado por la Junta el pasado 28 de julio, una reforma que busca aumentar la capacidad para construir viviendas y acortar los trámites urbanísticos. PSOE y Unidas por Extremadura han votado en contra y han reclamado que la norma se tramite como proyecto de ley para poder modificarla, entre otras cosas porque consideran que algunas de sus medidas reducen controles públicos y dan más margen a los promotores privados.

Una de las novedades con mayor impacto sobre la capacidad constructiva afecta a las terrazas cubiertas. El decreto establece que las que no superen el 30% de la superficie total de una vivienda no computarán a efectos de edificabilidad. En la práctica, esa superficie deja de consumir parte de la capacidad edificatoria de la parcela, lo que puede permitir aprovecharla para construir más superficie residencial y, cuando el resto de parámetros urbanísticos lo permita, más viviendas.

La medida no se limita a la vivienda protegida. El decreto establece además una prima específica para este tipo de vivienda: la edificabilidad podrá incrementarse excepcionalmente hasta un 20% en determinadas parcelas privadas y hasta un 30% cuando sean de titularidad pública, siempre que el incremento se destine íntegramente a vivienda protegida.

Es precisamente esta combinación de más capacidad constructiva y menos trámites la que la oposición cuestiona. El socialista Juan Ramón Ferreira ha acusado al Gobierno autonómico de “desregularizar el planeamiento urbanístico” para dejar los municipios “en manos de los promotores” y ha reclamado que se escuche a los alcaldes antes de modificar las reglas con las que se desarrollan sus ciudades y pueblos.

Más suelo y cambios de uso

El decreto introduce también los Proyectos Estratégicos para Vivienda Asequible, una nueva vía para desarrollar con mayor rapidez suelo destinado a vivienda protegida. La herramienta concentra en un mismo procedimiento distintos instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución urbanística con el objetivo de reducir los plazos necesarios para poner esos terrenos en el mercado.

La reforma permite asimismo que determinados suelos y edificios destinados a usos terciarios puedan pasar a acoger vivienda protegida cuando se den las circunstancias previstas por la norma. El objetivo es aprovechar terrenos o inmuebles para los que no existe demanda suficiente para el uso terciario y evitar, en determinados casos, que sea necesario modificar previamente el planeamiento urbanístico.

En el caso de los edificios de vivienda colectiva, la norma contempla también el cambio de uso residencial de determinados locales u otros elementos privativos que tenían uso terciario, siempre que las viviendas resultantes cumplan las condiciones urbanísticas y técnicas exigidas. No supone, por tanto, que cualquier local comercial pueda convertirse automáticamente en vivienda.

La oposición ha puesto el foco en la forma de acreditar esa falta de demanda de uso terciario y en el riesgo de que decisiones que afectan al planeamiento municipal queden condicionadas por las necesidades de quienes promueven vivienda.

Menos licencia y más certificación privada

Otro de los cambios más relevantes afecta a la primera ocupación de los edificios. El decreto sustituye la licencia de primera ocupación por una declaración responsable. Esto permite que el inmueble pueda utilizarse desde la presentación de la documentación exigida, aunque el ayuntamiento mantiene después la obligación de comprobar que se cumplen las condiciones y puede realizar las inspecciones correspondientes.

Para Unidas por Extremadura, esta fórmula plantea dudas sobre hasta dónde llega la reducción de controles. Su diputada Alba Soto ha advertido de que “agilizar” no puede significar reducir el control público y ha reclamado distinguir entre eliminar burocracia innecesaria y rebajar las garantías administrativas.

El decreto crea además las Entidades de Certificación Urbanística (ECU), entidades privadas autorizadas para comprobar determinados proyectos y documentos y certificar su adecuación a la normativa. La Junta sostiene que servirán como apoyo técnico para acelerar expedientes sin sustituir las competencias de los ayuntamientos.

La oposición ve, sin embargo, el riesgo de que se genere una doble velocidad en la tramitación urbanística. Ferreira ha cuestionado que un promotor con capacidad económica pueda recurrir a una entidad privada para acelerar sus expedientes mientras otros tengan que esperar a unos servicios públicos que, según ha denunciado, están “saturados y faltos de personal”. Soto ha planteado una crítica similar y ha reclamado que la reforma se tramite como proyecto de ley para poder debatir y modificar sus medidas.

PP y Vox defienden que hay que construir más

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha defendido el decreto como una respuesta a una situación que considera evidente: la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente entre los jóvenes, y los municipios se encuentran con procedimientos urbanísticos demasiado lentos para poner suelo en el mercado.

El Gobierno extremeño sitúa por ello la simplificación urbanística como eje de la reforma y sostiene que la reducción de plazos y trámites permitirá aumentar la oferta residencial.

El PP ha respaldado esta argumentación. Su diputado Juan Luis Rodríguez Campos ha acusado al PSOE de hacer una «pirueta» para justificar su rechazo a una norma que, según ha defendido, responde también a demandas planteadas por alcaldes socialistas para poder aprobar planeamiento y poner suelo a disposición de los ciudadanos con mayor rapidez.

Vox, por su parte, ha defendido una reforma más profunda del modelo de vivienda. Ángel Pelayo ha responsabilizado a «años de equivocadas políticas de izquierda» de las dificultades para acceder a una vivienda y ha reclamado la derogación de la Ley estatal de Vivienda.

El diputado de Vox ha defendido que para solucionar el problema es necesario disponer de suelo, hacer viables las promociones y reducir los tiempos administrativos, pero también garantizar «márgenes suficientes» para que administraciones, cooperativas, promotores y particulares puedan tomar decisiones que hagan posible la construcción de nuevas viviendas.

PSOE y Unidas han coincidido en que la necesidad de aumentar la oferta de vivienda no justifica, a su juicio, aprobar por decreto y sin tramitación parlamentaria ordinaria cambios que afectan al planeamiento de los municipios. Por ello han pedido que el texto se tramite como proyecto de ley, una petición que PP y Vox han rechazado junto con la convalidación de la norma.