Los camiones eléctricos no arrancan: los fabricantes temen multas millonarias por no lograr la descarbonización

Los grandes fabricantes europeos de camiones han lanzado un aviso conjunto en el Salón IAA Transportation de Hannover: la transición hacia el transporte pesado sin emisiones no avanza al ritmo necesario y las compañías se encaminan hacia un escenario de fuertes sanciones si la demanda de vehículos eléctricos no despega. Los siete principales fabricantes europeos de camiones y autobuses han reclamado este lunes que la Unión Europea retrase tres años, hasta 2033, el plazo de cumplimiento de los objetivos de reducción de CO2 previstos para 2030.

La petición supone un movimiento poco habitual por parte de una industria que, pese a haber invertido miles de millones de euros en el desarrollo de camiones eléctricos y de hidrógeno. Esos nuevos modelos se han presentado en el Salón de Hannover, como el Tesla Semi, que llega tras varios retrasos. Entre las novedades de pueden ver camiones eléctricos que llegan a 700 kilómetros de autonomía y de hidrógeno que alcanzan los 1.000. Entre las novedades presentadas se encontraban todo tipo de vehículos, desde pequeños cuadriciclos de reparto urbano pasando por furgonetas y camiones para minas y hormigoneras 100% eléctricos.

La industria considera que ahora se enfrenta a un problema que no puede resolver por sí sola: los operadores de transporte todavía no encuentran las condiciones económicas y de infraestructura necesarias para sustituir sus flotas convencionales a gran escala. En una comparecencia conjunta, los máximos responsables de DAF Trucks, Daimler Truck, Ford Otosan, Iveco Group, MAN Truck & Bus, Scania y Volvo Group han advertido de que existe un desfase de al menos tres años entre el desarrollo de los vehículos de cero emisiones y las condiciones que deberían permitir su adopción masiva. Los fabricantes aseguran que ya disponen de una oferta competitiva para los principales usos, desde el transporte urbano y regional hasta las operaciones de larga distancia, pero la demanda continúa siendo insuficiente.

Solo un 2,4% de camiones de cero emisiones

Los datos del mercado europeo respaldan la preocupación. Solo el 2,4% de los nuevos camiones pesados matriculados en Europa son actualmente vehículos de cero emisiones. En algunos de los principales mercados, como España, Italia y Polonia, la cuota se mantiene incluso por debajo del 1%. Alemania, el mayor mercado europeo de camiones, alcanza el 4,3%, mientras que Francia se queda en el 2,4%.

El problema es especialmente relevante porque quedan apenas 45 meses para que entre en vigor el objetivo de 2030. La normativa europea obliga a los fabricantes a reducir las emisiones medias de CO2 de sus vehículos nuevos un 43% en 2030 respecto a la referencia establecida, un 64% en 2035 y un 90% en 2040.

El incumplimiento tiene además una consecuencia económica directa. Los fabricantes se enfrentan a multas de 4.250 euros por cada gramo de CO2 y vehículo que exceda los límites establecidos. Según las estimaciones de la industria, quedarse solo tres puntos porcentuales por debajo del objetivo de 2030 podría generar sanciones de unos 2.200 millones de euros.

“Estamos plenamente comprometidos con el transporte sostenible: se han realizado las inversiones necesarias y hoy en día existe una amplia gama de vehículos libres de CO2”, ha señalado Karin Rådström, presidenta y consejera delegada de Daimler Truck y presidenta del Consejo de Vehículos Comerciales de ACEA. Sin embargo, ha advertido de que la viabilidad comercial de estos vehículos depende de un ecosistema que “claramente se encuentra retrasado” y ha reclamado a la UE que posponga tres años el plazo de cumplimiento de 2030 para evitar las sanciones.

La industria considera que se ha producido un desajuste entre quién tiene la obligación de cumplir los objetivos y quién controla buena parte de las condiciones necesarias para alcanzarlos. Los fabricantes pueden desarrollar y vender camiones eléctricos, pero no pueden decidir por sí mismos cuándo estarán disponibles los puntos de recarga, cuánto costará la electricidad, cuánto tardarán las conexiones a la red o qué peajes deberán pagar los transportistas.

La infraestructura es uno de los principales cuellos de botella. En Europa existen actualmente menos de 2.000 puntos de recarga públicos adecuados para camiones, mientras que la industria calcula que sería necesario instalar al menos 700 nuevos puntos cada mes para alcanzar las necesidades previstas. En el caso del hidrógeno, la situación es todavía más limitada: hay menos de una docena de estaciones de repostaje operativas para vehículos pesados y varias presentan restricciones de funcionamiento.

Frenos a los camiones electrificados

A este déficit se suma la lentitud de las conexiones eléctricas. Los fabricantes denuncian que conectar una nueva infraestructura de recarga a la red puede requerir varios años, incluso cuando las empresas de transporte, los operadores de recarga y los proveedores ya están preparados para invertir.

La rentabilidad del camión eléctrico también continúa condicionada por los costes de explotación. La industria reclama precios energéticos competitivos, una fiscalidad que favorezca la electrificación y un sistema de peajes que refleje adecuadamente las diferencias de emisiones entre las distintas tecnologías. Actualmente, el cobro por emisiones de CO2 en carretera solo está implantado en cuatro Estados miembros.

Los fabricantes también reclaman cambios en las normas europeas sobre pesos y dimensiones para compensar la pérdida de capacidad de carga que pueden sufrir determinados camiones de cero emisiones por el peso adicional de sus baterías. A su juicio, estas modificaciones son necesarias para evitar que el cambio tecnológico se traduzca en una desventaja económica para los transportistas.

Bruselas ya introdujo este año una modificación específica del reglamento de CO2 para proporcionar mayor flexibilidad en el cálculo de los créditos de emisiones durante el periodo 2025-2029. La industria considera que este ajuste era necesario para reflejar el retraso en las condiciones que permiten la transición, pero sostiene que no resuelve el problema de fondo: los objetivos vinculantes y las sanciones por incumplimiento permanecen intactos.

Para los fabricantes, imponer multas multimillonarias en un mercado en el que los camiones eléctricos todavía representan una proporción mínima tendría incluso un efecto contrario al buscado. La industria advierte de que el dinero destinado a las sanciones dejaría de estar disponible para invertir en nuevas tecnologías, capacidad industrial y desarrollo de vehículos de cero emisiones, precisamente en un momento en el que los fabricantes europeos afrontan una creciente competencia internacional.