Guardiola borra la Inclusión y entrega la política de menores migrantes y la 'prioridad nacional' a un experto de Vox en Defensa

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, va poco a poco configurando el nuevo organigrama de la Junta, del que ha desaparecido la palabra 'Inclusión'. Tras el pacto entre PP y Vox, la exigencia de la extrema derecha de hacerse con una Vicepresidencia y las competencias en servicios sociales se ha materializado en una nueva consejería desde la que dirigirá la llamada “prioridad nacional” en la gestión de ayudas y la política de menores migrantes.

Hasta este miércoles, el Gobierno regional contaba con una Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia dependiente de la Consejería de Salud. Ahora, estas competencias se han degradado a Dirección General bajo el mando de la Vicepresidencia de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, en manos de Vox. En el actual diseño, Guardiola ha borrado la Inclusión, el área que hasta ahora se encargaba de la integración de colectivos vulnerables y la equidad social en la región.

Al frente de esta nueva estructura, la Junta ha situado a Eliseo Fernández Fernández, un perfil que dista de la trayectoria técnica o la experiencia en intervención social habitual en este cargo. Politólogo de formación y experto en Geopolítica y Defensa, Fernández desembarcó en Extremadura en 2023 con una misión eminentemente política encargada desde su partido en Madrid: ejercer de coordinador parlamentario de Vox en la Asamblea para tutelar y asesorar a los diputados de extrema derecha que se estrenaban en el parlamento extremeño.

Antes de su llegada a la región, Fernández ya había desempeñado funciones de “fontanero” y estratega para el partido en otros escenarios. Ejerció como asistente parlamentario en el Congreso de los Diputados entre 2020 y 2022 y formó parte del equipo técnico en las Cortes de Castilla y León, donde Vox ya había ensayado su entrada en los gobiernos autonómicos. Su misión en Valladolid fue también la de coordinar la labor del grupo parlamentario tras pasar de uno a 13 procuradores en las elecciones de 2022. Incluso en las municipales de 2023 fue de número cuatro en la lista de Vox en Maello, un municipio de la provincia de Ávila de 700 habitantes, en el que la formación ultra no obtuvo representación. Ese año también se celebraron elecciones autonómicas en Extremadura, en las que Vox consiguió por primera vez representación parlamentaria y, con ello, se le encomendó la misión de trasladarse a Mérida para coordinar a ese grupo parlamentario, en la que ninguno de sus cinco diputados tenían experiencia política.

Rechazo a los menores migrantes

Por lo tanto, su trayectoria ha estado ligada siempre al aparato de Vox y a la asesoría en materias como Defensa, Exteriores y Cooperación (áreas en las que trabajó durante su etapa en el Congreso). Sin embargo, y a pesar de que su formación y experiencia técnica son ajenas al ámbito de la intervención social, asume en Extremadura la gestión de Servicios Sociales, Infancia y Familia. Esta dirección general ostenta la competencia directa sobre la política migratoria y, específicamente, sobre la acogida y tutela de los menores migrantes no acompañados. El relevo deja un mensaje nítido sobre el giro que la extrema derecha pretende imprimir a la gestión migratoria en la región dentro de sus nuevas responsabilidades y que se incluye en el acuerdo de PP y Vox.

De hecho, una de las prioridades del Gobierno de coalición, porque así se refleja en el pacto, es rechazar “desde el primer día” la política migratoria de Pedro Sánchez y oponerse “por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. La Junta de Extremadura tampoco va a participar “en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Extremadura”.

Supone un cambio respecto a lo que el PP defendía hace dos años, poco antes de que Vox rompiera por este asunto con todos los gobiernos autonómicos en los que participaba. El consejero de extremeño de Presidencia aseguró en un pleno de la Asamblea en junio de 2024 que el Ejecutivo de Guardiola iba a “cumplir con absoluto rigor la legislación vigente en materia de acogimiento de menores”. “La Junta siempre va a cumplir la legislación vigente, guste más o guste menos, pero si hablamos de menores, absoluto compromiso y sensibilidad”, dijo a los diputados ultras cuando aún eran socios de gobierno. Incluyó subrayó: “Esto no es una cuestión de sentimientos u opiniones; esto es una cuestión de responsabilidad absoluta”.

También desde el primer día, la Junta impedirá que se habilite “ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes”. PP y Vox se comprometen a reducir “al mínimo imprescindible” los gastos vinculados a la “inmigración ilegal”. Pero no solo eso, antes de que acabe 2026, la extrema derecha va a endurecer el régimen disciplinario en los centros en los que menores no acompañados cumplen medidas judiciales para “extremar la seguridad”.

El acuerdo vuelve a vincular inseguridad ciudadana e inmigración con el compromiso de dotar de “los recursos y mecanismos de control necesarios para impedir que se altere la convivencia y el orden público, se genere inseguridad, se perturbe la tranquilidad y la convivencia en nuestras calles y que los menores no acompañados gocen de cualquier privilegio o impunidad”. Además, el Gobierno extremeño va a realizar pruebas de edad a estos menores “para evitar fraudes y el colapso de servicios”.

Entre las funciones encomendadas por María Guardiola a esta Dirección General se incluye “el establecimiento de acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores migrantes no acompañados se realice en su entorno de procedencia”. “Los menores deben estar con sus padres” es el título de esta medida en el pacto suscrito por PP y Vox.

Prioridad nacional en ayudas y prestaciones

Eliseo Fernández, será el responsable de todo ello desde la consejería que dirige el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, pero también será el brazo ejecutor de la 'prioridad nacional' en las ayudas sociales, una de las líneas rojas que los ultras impusieron a Guardiola, aunque este principio afecta también a otras carteras dirigidas por el PP, como Vivienda.

“El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Es otra medida del acuerdo político, que ya ha generado tensiones entre PP y Vox dentro y fuera de Extremadura. El líder regional de Vox, y ya vicepresidente de la Junta, retó a Guardiola en el debate de investidura, en el que no mencionó la polémica prioridad nacional: “Lo decimos claro, lo subrayamos: prioridad nacional. Llamamos a las cosas por su nombre y por eso debemos defender y vamos a defender a los nuestros los primeros [...] Con el esfuerzo y el dinero de los extremeños y de los españoles no da para que coma todo el mundo ni para que tenga sanidad todo el mundo. Hay que elegir y nosotros lo tenemos claro, elegimos a los españoles primero”.

En este sentido, las sospechas de Vox sobre las personas migrantes se institucionalizarán con la creación de una unidad administrativa contra el fraude en las prestaciones y el padrón. El PSOE ha anunciado que creará un comité jurídico que pondrá especial atención en “cualquier intento de meter mano en el padrón municipal por parte de PP y Vox”, algo que han calificado ilegal.