Colectivos migrantes acusan al pacto PP‑Vox de “criminalizar” a niños y adolescentes no acompañados

La Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas en Extremadura ha hecho público un comunicado contra el acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox, en el que advierte de un “retroceso” en materia de derechos humanos y políticas migratorias. Bajo el lema 'Los derechos humanos no se negocian', las organizaciones alertan de que los compromisos alcanzados “traspasan límites legales y éticos” y suponen una “criminalización” tanto de las personas migrantes como de la sociedad civil.

El pronunciamiento llega en plena conformación del nuevo Ejecutivo autonómico que previsiblemente encabezará María Guardiola, y se suma a otras voces críticas que, en los últimos días, han cuestionado el contenido del pacto en ámbitos como la migración, la igualdad o la cooperación internacional.

En su análisis, la plataforma reconoce la legitimidad de los acuerdos parlamentarios, pero advierte de que “no todo vale” y sitúa los derechos humanos como una “línea roja” que no puede ser utilizada como moneda de cambio político. En este sentido, pone el foco en el lenguaje empleado en el debate público y denuncia que términos como “ilegal” para referirse a personas migrantes contribuyen a su deshumanización. “Ninguna persona es ilegal”, subrayan, recordando que la legislación española no tipifica como delito el hecho de migrar.

El comunicado también rechaza el uso del acrónimo 'MENAS', ampliamente extendido en el discurso político y mediático, y reivindica una denominación que no invisibilice la condición de menores: “niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”. A este respecto, cuestiona los argumentos sobre una supuesta “llegada masiva” de menores, señalando que en Extremadura el número de menores tutelados ronda los 150, frente a los 364 cuya acogida ha planteado el Gobierno central. “¿De verdad quieren hacernos creer que estas cifras ponen en riesgo la seguridad o el futuro laboral de la región?”, se preguntan.

Las organizaciones firmantes acusan además a PP y Vox de “mezclar de forma interesada” realidades distintas, como la de menores migrantes y la de menores sometidos a medidas judiciales, y de vincular la migración con fenómenos como la ocupación ilegal de viviendas. A su juicio, se trata de “bulos” que buscan generar miedo y rechazo social, pese a que —afirman— los datos oficiales no respaldan esas asociaciones.

Otro de los puntos más críticos del comunicado es la referencia a las entidades sociales que trabajan en la acogida y acompañamiento de personas migrantes. La plataforma denuncia que el acuerdo de gobierno las señala de forma “infundada”, acusándolas de colaborar con mafias o participar en actividades ilícitas. Frente a ello, reivindican su labor y aseguran que seguirán trabajando “con o sin fondos públicos” en la defensa de los derechos humanos.

En relación con las medidas anunciadas, también cuestionan propuestas como el refuerzo de pruebas de determinación de edad a menores migrantes, recordando que la legislación vigente solo permite su aplicación en ausencia de documentación. Asimismo, califican de “ilegal, islamófoba y machista” la posible prohibición del uso del burka o el nicab en espacios públicos, al considerar que vulneraría derechos fundamentales como la libertad religiosa o el derecho a la propia imagen, además de exceder las competencias autonómicas.

El texto incorpora además una crítica al enfoque identitario del acuerdo, señalando que ignora la herencia histórica de la cultura árabe en Extremadura y lamentando la intención de suprimir programas educativos vinculados a esta tradición. “Olvidan ocho siglos de historia que forman parte esencial del patrimonio extremeño”, apuntan.

Finalmente, la plataforma hace un llamamiento a la sociedad extremeña a implicarse activamente en la defensa de los derechos humanos. “No va de otros”, advierten, en un mensaje que busca contrarrestar los discursos de exclusión. “Nadie es ‘de fuera’ ni ‘distinto’: todas las personas forman parte de esta tierra”, concluyen, apelando a la movilización social frente a lo que consideran un avance del racismo, la xenofobia y la deshumanización en el debate político.

Datos

Los últimos datos difundidos por el Instituto de Estadística de Extremadura reflejan un incremento de la delincuencia juvenil en la región durante 2024. Un total de 307 menores fueron condenados por sentencia firme, lo que supone un aumento del 11,6% respecto al año anterior, con una tasa de 7 condenados por cada 1.000 habitantes de entre 14 y 17 años, por encima de la media nacional. La mayoría de estos menores son hombres (81,8%) y predominan las edades de 14 y 15 años. Además, el informe destaca que el 88,9% de los condenados tiene nacionalidad española, lo que desmonta ciertos discursos que asocian delincuencia juvenil con población extranjera.

El documento también evidencia un fuerte incremento en el número de infracciones penales cometidas por menores, que alcanzan las 824, un 60,6% más que en 2023. En paralelo, los jueces adoptaron 471 medidas, siendo las más habituales la libertad vigilada (33,1%) y la prestación en beneficio de la comunidad (30,1%). Especialmente relevante es el aumento de los delitos sexuales, con 29 menores condenados en Extremadura, lo que supone un crecimiento significativo respecto al año anterior y apunta a una tendencia preocupante que requiere análisis desde una perspectiva social, educativa y de género para comprender sus causas y prevenir su evolución.