La Justicia admite a trámite otro recurso contra el intento de Extremadura de reducir 52 espacios protegidos

Otro frente judicial para la Junta de Extremadura a cuenta de su política medioambiental. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) contra la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible que pretende modificar los límites de 52 espacios protegidos de la Red Natura 2000.

Esta decisión judicial supone un nuevo revés para la estrategia del Gobierno de María Guardiola. Llega, de hecho, de forma casi simultánea al frenazo que el propio TSJEx ha asestado a la Junta al suspender cautelarmente el Decreto 180/2025, el polémico “atajo” con el que la Administración autonómica pretendía modificar los límites ambientales de varias Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con el objetivo de salvar de la demolición el resort de lujo de Marina Isla de Valdecañas.

Si en el caso del complejo ubicado en el norte de Cácres el tribunal ya ha reprochado la maniobra de la Junta, este nuevo procedimiento eleva el conflicto. La nueva iniciativa de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, con fecha de 7 de abril, afecta a un total de 39 ZEPA y 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), cuya superficie total protegida se pretende reducir de golpe en más de 10.600 hectáreas (7.018 hectáreas menos en las ZEPA y 3.639 menos en los LIC).

Desde Fondenex han comparado ambos escenarios: “Si grave fue la pretensión de modificar los límites de las 11 ZEPA -asociadas a Valdecañas-, más grave es intentar modificar los límites de 52 espacios protegidos”.

La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Sostenibilidad, ha venido justificando de manera recurrente estos drásticos recortes escudándose en supuestos “errores cartográficos” cometidos durante las delimitaciones originales de los años 80 y 90. Un argumento que Fondenex rechaza por completo, recordando la solvencia de la cartografía de la época y apuntando a sospechas mucho más profundas. La entidad alerta de que la exclusión de estas miles de hectáreas —que sirven de hábitat y alimentación para especies protegidas como el cernícalo primilla en zonas como los Llanos de Cáceres o el Embalse de Orellana— podría coincidir de forma deliberada con futuros proyectos de desarrollo urbanístico o energético.

Desde el punto de vista legal, el recurso recuerda que cualquier reducción de la Red Natura 2000 solo puede ampararse en cambios naturales científicamente demostrados, exige una tramitación por ley y, además, requiere el visto bueno previo de la Comisión Europea. Sin embargo, la Junta de Extremadura ha intenado esquivar todos ellos por la vía del decreto.

Frente a las sospechas de los ecologistas, el Ejecutivo autonómico defiende en su propuesta que el objetivo de este decreto, más allá de corregir los supuestos errores cartográficos, es “permitir el desarrollo de núcleos donde hoy resulta difícil ampliar cementerios, polígonos o equipamientos básicos”. La Administración aduce que existen cascos urbanos y zonas consolidadas con un grado de protección ambiental que, a su juicio, ya no está justificado por sus valores naturales actuales.