A punto de concluir la legislatura es oportuno hacer un primer balance de los cuatro años de gestión política del Gobierno de Rajoy cuyo legado, a mi juicio, ha sido claramente involucionista. Gracias a su mayoría absoluta, el PP ha podido aplicar el grueso de su verdadero programa de fondo (no el que presentó a las elecciones de 2011) que ha reducido a una mera carcasa formal la Constitución en multitud de capítulos, dejando una pesada y difícil herencia para las fuerzas progresistas que aspiren a deshacer los numerosos elementos tan regresivos que se han introducido en esta legislatura en los más diversos ámbitos.

   Antes de hacer un somero repaso crítico de los mismos, es preciso señalar que el PP es el partido más piramidal, jerárquico y centralizado del panorama político español. Es prácticamente el único partido que no organiza ningún tipo de elección primaria para la  designación interna de cargos y candidatos ya que todo lo decide “desde arriba” una reducida cúpula y, en última instancia, el líder supremo monocráticamente. Añádase a ello una concepción absolutamente delegativa y acrítica de la militancia que está del todo subordinada al aparato.

   Además de funcionar de modo muy verticalista, el PP ofrece hoy una imagen desastrosa al quedar en evidencia que gran parte de su financiación ha sido ilegal (de modo incluso “estructural”) y que muchos de sus cuadros han incurrido en intolerables prácticas corruptas (Gürtel, Bárcenas). Todo ello por no mencionar la lamentable práctica (no exclusiva del PP, por cierto) de las “puertas giratorias” de muchos de sus antiguos dirigentes después incorporados a la esfera privada (Rato como paradigma especialmente escandaloso).

La economía

   El Gobierno Rajoy se aferra obsesivamente a la economía como principal estrategia electoral, pero todo su planteamiento oficial es tramposo. De entrada, se afirma de modo incierto que su actuación “salvó” a España pues conjuró el riesgo de que fuera rescatada por la “troika”: esta tesis es falaz porque la famosa “línea de crédito” de las instituciones europeas no es más que un eufemismo ya que sí supuso una estricta intervención comunitaria en la banca privada del país. Es cierto que hoy algunos números macroeconómicos empiezan a repuntar, pero no sólo no se reflejan favorablemente en la sociedad, sino que han apuntalado el modelo neoliberal hegemónico.

   Por lo demás, retórica a parte, la lucha contra el gran fraude fiscal es muy superficial y parcial, la evasión de las principales fortunas sigue siendo la norma y la economía sumergida permanece inalterable. En otras palabras, las famosas “reformas estructurales” – impuestas por la “troika” y gustosamente asumidas por el PP- han tenido un coste social muy alto. En efecto, en esta legislatura se ha producido un gran aumento de las desigualdades sociales y un severo retroceso de anteriores conquistas de los trabajadores.

   La siempre tan deseada por la patronal “reforma del mercado laboral” (eufemismo de despido libre) ha aumentado la precarización, la generalización de los “contratos basura” (el 90% de los  mismos son temporales), el abaratamiento del despido y los bajos salarios, en un contexto de restricción de la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos.

   Esta estrategia del PP ha implicado, en consecuencia, importantes recortes de un Estado del Bienestar que en España aún no había alcanzado los estándares europeos de mayor calidad. Por tanto, se han deteriorado servicios sociales esenciales: sanidad universal, educación básica, dependencia y otros. Desde cierre de quirófanos hasta de aulas de refuerzo y todo ello para beneficiar a grupos de la sanidad privada o la escuela concertada. En este último ámbito, en particular, la sintonía del PP con los sectores más integristas de la jerarquía eclesiástica católica es completa. En este sentido, hay que reconocer objetivamente que España es de hecho un Estado tan solo semi-confesional dados los exorbitantes privilegios públicos de los que goza institucionalmente la Iglesia católica y que se han visto aumentados con la lamentable ley Wert.

   Las libertades

   Es especialmente grave el retroceso de los derechos y libertades de los ciudadanos a lo largo de esta legislatura: la “ley mordaza”, las “entregas en caliente” de inmigrantes sin papeles, la inflexibilidad penitenciaria con los presos de ETA (incluso la “vía Nanclares” está bloqueada ya que el PP está prisionero de las asociaciones de víctimas dirigidas hoy por ultraderechistas de sesgo vengativo que en su día alentó contra Zapatero), todo ello inspirado por la ideología punitiva del Ministro del Interior, Jorge Fernández. El nuevo endurecimiento del Código Penal  puede implicar severas condenas de cárcel por delitos menores, mientras que los delincuentes de “cuello blanco” siguen gozando de numerosas garantías y prolijos procedimientos judiciales. Por no dejar de mencionar la práctica laminación de la justicia universal (hoy sería imposible repetir un “caso Pinochet”) ante el riesgo de perder negocios con la nomenklatura  china (por el Tíbet) o de incomodar a las autoridades marroquíes (por el Sahara).

   En este sentido, la “ocupación”  patrimonialista de las instituciones públicas por parte del PP es especialmente grave, lo que demuestra que este partido no tiene “sentido de Estado” en contra de lo que proclama. Siendo el Poder Judicial el principal elemento potencial de equilibrio, su “partidificación” a través de nombramientos de Presidentes de Salas próximos al Gobierno reduce claramente la imparcialidad del mismo. Mucho peor es el control que el PP ha impuesto de facto con su mayoría absoluta sobre instituciones  como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hasta el punto de no resultar ya ni confiables ni creíbles para muchos ciudadanos. Esto ocurre porque el PP tiene una concepción puramente instrumental y formal del Estado de Derecho, de tal suerte que ha convertido el principio de la división de poderes en una apariencia con escasas excepciones. Un ejemplo clamoroso de deslealtad institucional han sido las inconcebibles trabas iniciales que la Agencia Tributaria le puso al juez Ruz antes de enviarle la documentación solicitada por el mismo en las tan graves imputaciones de corrupción que afectan a miembros del PP.

   La ofensiva de Ruiz Gallardón al frente del Ministerio de Justicia (severa restricción del aborto, fuerte elevación de las tasas judiciales, instrucción procesal a cargo de los fiscales) no culminó, pero impuso un CGPJ más restrictivo y la privatización parcial del Registro de la Propiedad, estando abierta la posibilidad de imponer límites  temporales a la instrucción judicial (con lo que muchos poderosos tendrían al alcance de la mano la prescripción, en la estela de Berlusconi).

   Particularmente negativa  ha sido la contrarreforma de RTVE ya que la vuelta al modelo partidista ha dado paso de nuevo a informativos anestesiantes (sucesos, deportes) y manipuladores (propaganda de los “logros” del Gobierno).

   Autonomías y Europa

   El PP es un partido nacionalista español (en palabras de Rajoy, España es “la nación más antigua de Europa, con quinientos años de existencia”, un auténtico despropósito científico en términos históricos) y aunque está en su derecho de serlo, esto tiene proyección regresiva sobre el modelo autonómico. El PP nunca ha creído en el Estado autonómico que formalmente ha aceptado como irremediable, pero siempre como punto final de llegada, de ahí su rotunda y frontal oposición a cualquier ulterior reforma del mismo en sentido federal. Por ejemplo, el sistema de financiación autonómico debería haberse revisado ya y, sin embargo, se ha aplazado sine die. Además, el PP jamás ha tenido interés en recuperar los debates en el Senado sobre el “estado de las autonomías” que en teoría deberían celebrarse cada año.

   El Gobierno Rajoy se ha escudado en criterios de “unidad de mercado” para recentralizar o no traspasar competencias contempladas en los nuevos Estatutos. Por un incomprensible temor (¿a los Países Catalanes?) el corredor mediterráneo del AVE sigue bloqueado  (pese al despropósito económico que ello supone), mientras que la anacrónica y costosa estructura radial del mismo sigue avanzando.

   Su incomprensión del movimiento soberanista catalán es legendaria y a estas alturas está claro que la única receta que tiene el PP es la de recurrir ante la justicia, sin la menor capacidad política propositiva. A la vez que ensalza la pluralidad de la sociedad catalana (algo bien real), en la Comunidad Valenciana el PP aprueba una absurda ley de “identidad valenciana” de carácter etnicista, excluyente y antipluralista. El PP, celoso de la unidad de la “lengua española” (pocas veces la denomina “castellana”) insiste en su indefendible tesis de que valenciano y catalán son dos lenguas distintas.

   Por último, el PP tiene una visión estrictamente intergubernamental de la integración europea y contraria a una real articulación federal supranacional. Por lo demás, el peso de España en la UE es mínimo ya que el Gobierno de Rajoy se ha plegado (gustosamente además) a todos los dictados de la “troika”.

   Una nota final Una nota final

   En suma, por estas razones que se han abordado aquí sumariamente y que no abarcan todos los ámbitos en los que ha actuado el Gobierno de Rajoy, creo que la caracterización que hay que hacer del PP es la de ubicarlo en el espacio de la derecha reaccionaria europea. No en el de la ultraderecha radical (no es asimilable a los neonazis griegos de “Aurora Dorada”, por ejemplo), sino en el de formaciones como la húngara FIDESZ (la Alianza de Jóvenes Demócratas de Víktor Orbán) o la polaca PiS (Ley y Justicia de Jaroslaw Kaczyński) que no representan un centro-derecha moderado, sino una derecha “sin complejos” muy poco liberal (salvo en economía) y nada “centrista”.

   En definitiva, el PP sigue teniendo un problema que las derechas moderadas europeas resolvieron hace mucho tiempo y es la evaluación crítica del franquismo. Es cierto que técnicamente el PP condenó- por primera y única vez- la dictadura franquista en una resolución parlamentaria  en el Congreso de los Diputados nada menos que durante el último Gobierno de Aznar para intentar que las izquierdas no sacaran a relucir este asunto una y otra vez (20 de noviembre de 2003), pero es un asunto que siempre le ha incomodado profundamente dado el origen de los fundadores ( Fraga) y de tantos de sus cuadros, así como por el sentir de una buena parte de sus electores. Su absurda resistencia a facilitar la exhumación de las fosas de antifranquistas represaliados (UCD, por el contrario, no se opuso en su día) es un ejemplo más de la anomalía española de un supuesto centro-derecha moderno, algo que resulta contradictorio con la actitud de sus homólogos europeos.

La segunda tanda de medidas económicas de Ciudadanos (Cs), sus propuestas de “Reactivación Económica”, junto a las ya presentadas en materia de empleo, arrojan algo de luz sobre el interrogante ¿qué es Cs?. Sin embargo, y a falta de presentar el grueso de sus medidas fiscales, el partido se encuentra en mitad de dos dilemas: delimitar el grado de concreción de sus medidas y su posicionamiento ideológico.

De las aulas a la arena política.

Partes de su programa como “cambiar el modelo productivo”, un “Plan Integral de Apoyo a Autónomos”, el fomento de la PYME, el aumento de la inversión en I+D+i (quizá no en todos los partidos) o apelar a una nueva política energética o de infraestructuras, son viejas conocidas que parecen volver cada vez que hay elecciones.

Sin embargo, la presencia de Luis Garicano, de la London School of Economics, o Diego Comín, de la Universidad de Dartmouth, parece haber abierto la puerta a la introducción de propuestas y medidas muy concretas y poco debatidas, casi relegadas a ambientes académicos, aunque algunas de ellas, como el contrato único, ya hayan tenido una presencia más o menos exitosa en el debate político.

La idea de un contrato único con indemnización creciente aparecía ya recogida en la Propuesta de Reactivación Laboral en España de abril de 2009, más conocida como Manifiesto de los 100 y promovida, entre otros, por el propio Garicano. Posteriormente, fue difundida por el colectivo Politikon y presentada como proposición no de ley por UPyD. La propuesta de Ciudadanos vendría además acompañada de un seguro contra el despido con aportaciones del trabajador del 1% de su sueldo, algo similar a la llamada mochila austriaca. Sin embargo, siempre que se ha planteado un contrato único con indemnización creciente, se ha suscitado el debate en torno a su encaje legal o su efectividad sobre la creación de empleo y la calidad del mismo y se ha terminado por desechar.

Intentar fomentar el crecimiento de las PYMES, flexibilizando para ello la normativa fiscal o laboral que discrimine en función del tamaño, para lograr incrementos de la productividad o de la capacidad exportadora, es otra medida que ha sido influida por la investigación académica (en este caso, concretamente del propio Garicano). La diferente regulación entre PYMES y grandes empresas actuaría como un freno al crecimiento de las primeras, creando barreras allá donde se produce el cambio de régimen y perpetuando la existencia de microempresas.

La búsqueda de un Silicon Valley español, mediante la creación de parques científicos y tecnológicos, vendría acompañada de un aumento de la inversión en I+D+i hasta alcanzar el 3% del PIB. Este aumento de la financiación vendría en parte de frenar la inversión en el AVE, que según un reciente estudio de Ofelia Betancor (de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria) y Gerard Llobet (de CEMFI), presenta una rentabilidad (tanto social como financiera) negativa. Frente a esto, Ciudadanos propone, en materia de infraestructuras, realizar primero un análisis coste-beneficio de los proyectos.

Pese a que dos tercios de esta inversión vendría del sector privado, el plan se completaría con políticas de apoyo a la investigación aplicada, de impulso a las empresas en las primeras fases de crecimiento o de colaboración y financiación público-privada para inversiones productivas. En cualquier caso, quedaría por explicar cómo se llegaría a ese 3% de inversión en I+D sobre el PIB.

Izquierda, derecha, centro

Esta visión del sector público como impulsor activo de la actividad empresarial, fomentando la acumulación de capital humano, la innovación y el conocimiento, contrasta con el enfoque más “liberal” expuesto por Garicano en su libro El dilema de España.

Además, el programa de Ciudadanos apuesta por realizar inversiones en infraestructuras de energía, digitales y de transporte, o simplemente “regeneración industrial” y “fomento de sectores punteros”, y llevar a cabo medidas que mejoren la organización del trabajo, la tecnología, la educación y los sistemas informáticos. Todo ello conllevaría también una fuerte participación del Estado.

Medidas más en la linea de un Estado que “se tiene que retirar” de ciertos sectoresestarían la reducción de la burocracia, la búsqueda de un mercado laboral más flexible, la reforma de los diferentes servicios públicos de empleo, o la disminución de los trámites necesarios para la creación de empresas.

Respecto a la necesidad de acabar con el “capitalismo de amiguetes”, hacen hincapié en revisar la política de defensa de la competencia, proponiendo limitar los oligopolios de facto y estableciendo “un buen sistema (...) con reglas claras y transparentes y con unos organismos reguladores y supervisores independientes y eficaces”.

Enumeradas todas estas medidas, se aprecia con claridad uno de los problemas de los que hablaba al principio: el grado de concreción de las propuestas. Mientras que medidas como el Seguro contra el Despido, el Complemento Salarial Anual Garantizado para aquéllos que no alcancen un mínimo de ingresos, la introducción de cheques de formación para desempleados de larga duración, o la “segunda oportunidad” para personas físicas junto con la dación en pago hasta el valor de mercado, se encuentran detallados y definidos ampliamente, otras medidas quedan a la espera de desarrollo y concreción.

En general, intentan mantener el equilibro entre libre mercado y Estado del Bienestar, entre libertad e igualdad de oportunidades, o entre flexibilidad y seguridad. Y aquí es donde se encuentra su segunda encrucijada: su propia definición ideológica.

Por el momento, dos tercios del programa económico y muchas preguntas están sobre la mesa. En breve sabremos más en lo referente a la política de fiscalidad, aunque algunas medidas, como la “reforma del IVA hacia un tipo único en el que la mayoría de los bienes y servicios tributen al tipo general entre el 16% y el 19%” ya se han dado a conocer y han suscitado los primeros debates.

El surgimiento de Ciudadanos o Ciutadans como alternativa creíble a PP y PSOE es uno de los eventos más significativos en el panorama político español en años. Aunque aún no tengan las expectativas de voto ni la atención mediática de Podemos, el otro gran fenómeno de los últimos tiempos, el impacto de Ciudadanos en el sistema político y dinámicas de partido españolas puede ser más decisivo a largo plazo.

Ciudadanos está atrayendo votantes de centro izquierda y centro derecha. Su estrategia de “cambio sensato” ofrece una agenda reformista que puede ser considerada una via intermedia entre la continuidad del sistema político actual, forjado principalmente por PSOE y PP en las últimas tres décadas, y el cambio más radical propuesto por Podemos. Si Podemos ofrece una revolución, Ciudadanos promete una evolución.

La campaña de Podemos hasta ahora ha mirado más hacia atrás y se ha enfocado casi completamente en atacar los errores de la clase política que ha dominado España desde la transición, “la casta”. Mientras tanto Ciudadanos ha sido menos beligerante y se ha centrado en construir un programa alternativo de gobierno creíble y establecer las condiciones para futuros pactos con otros partidos. Incluso los más críticos con su programa reconocen que a diferencia de la mayoría de los partidos, que enfocan su discurso en objetivos políticos poco definidos, Ciudadanos ha comenzado proponiendo medidas e instrumentos concretos.

Podemos puede acabar consiguiendo más escaños en las próximas elecciones generales que Ciudadanos, pero cada vez parece un escenario más probable que Ciudadanos acabe teniendo la llave para la Moncloa y muchos gobiernos regionales y locales.

Gráfico: evolución de la estimación de voto (Metroscopia para El País)

Fuente: Metroscopia – El País

Empezando despacio pero acelerando

Ciutadans de Catalunya fue un partido creado en 2006 como una reacción contra el auge del nacionalismo, más tarde transformado en independentismo, en Cataluña. Al principio Ciutadans fue considerado un partido marginal, generalmente ignorado e incluso burlado por los medios y los otros partidos catalanes. Solo consiguieron sobre un 3% de los votos y 3 escanos en el Parlament en las elecciones autonómicas de 2006 y 2010.

Sin embargo, el claro mensaje contra la independencia de Cataluña, y la cada vez mayor exposición mediatica de su carismático líder, Albert Rivera, les permitió ganar momento. En las elecciones anticipadas de 2012, tras las mayores movilizaciones por la independencia en Barcelona, Ciudadanos consiguió 7.6% de los votos y 9 asientos en el Parlament. En las elecciones al Parlamento Europeo obtuvieron 3.6% del total de votos en España y dos eurodiputados. Desde entonces, la popularidad de Ciudadanos ha subido como la espuma. En su primera participación en las difíciles elecciones andaluzas del 22 de marzo de 2015, consiguieron más de 9.4% de los votos y 9 escaños. Y lo que es más importante, el apoyo a Ciudadanos en el resto de España parece considerablemente mayor. En uno de los últimos estudios de opinión de Metroscopia, este partido aparece cuarto en intención de voto (18.4%), casi empatado con el PP (18.6%), PSOE (22.2%) y la otra gran sorpresa, Podemos (22.5%).

¿Quién es Albert Rivera?

Albert Rivera es un joven, aunque experimentado politico, que ha liderado el partido desde su congreso fundacional en 2006. Nacido en Barcelona en 1979 de padre catalán y madre andaluza, en su juventud Rivera fue campeón de natación de Cataluña y campeón de la Liga de Debate Universitaria. Tras graduarse (licenciado y master en derecho por ESADE) trabajó como abogado en La Caixa. Rivera es padre de una niña, declarado eurófilo y ateo.

A pesar de su joven edad, Rivera ha demostrado durante su carrera en Ciudadanos gran tenacidad y compostura. Superó algunos errores iniciales en el partido y gradualmente consiguió consolidar la organización en un entorno altamente hostil. Su agenda anti-nacionalista hizo a Ciudadanos el blanco de críticas, mofa, insultos e incluso serias amenazas. Rivera es probablemente el político más elocuente y goza en la actualidad del índice de aprobación más alto de España. Ha demostrado constantemente sus excelentes dotes oratorias en el Parlamento Catalán y las entrevistas y debates en los medios de comunicación. El carisma de Rivera es una de las principales bazas de Ciudadanos.

Ciudadanos vs Podemos

Es difícil hablar de Ciudadanos sin establecer comparaciones con el otro gran fenómeno de la política española: Podemos. Ambos están capitalizando el descontento público con PP y PSOE. La crisis económica ha socavado la confianza en los partidos tradicionales a los que se considera corresponsables de los problemas de España. Aunque los diagnósticos de Ciudadanos y Podemos tienen bastantes similitudes, incluyendo las críticas a la corrupción, al clientelismo y al “injusto” sistema electoral, ambos partidos se distancian claramente en las soluciones que proponen.

Podemos promete cambios radicales y una ruptura con el marco constitucional vigente. Podemos encuentra inspiración en la griega Syriza y en algunos gobiernos latinoamericanos para muchas de sus medidas reformistas. Ciudadanos propone un “cambio tranquilo” o “sensato”, se muestran más cómodos con el marco constitucional actual y prefieren inspirarse de los modelos escandinavos y anglo-sajones.

Podemos está llevando a cabo una muy directa y agresiva campaña contra PP y PSOE. Su líder Pablo Iglesias, tan solo un año mayor que Rivera, clamó recientemente en un multitudinario meeting “el cielo no se toma por consenso, sino por asalto”. Podemos especula con una gran victoria electoral, similar a la de Syriza en Grecia, y hasta ahora en su discurso ha dejado escaso margen para pactos postelectorales con ninguno de los grandes partidos. Parece que a pesar de criticar apasionadamente el bipartidismo, la estrategia de Podemos requiere de la continuidad de este modelo. Sin embargo, la situación socio-económica en España es bastante menos desesperada que en Grecia y el sistema electoral hace menos plausible una amplia mayoría que en el país heleno. El declive de PSOE y PP es más lento que el de PASOK y Nueva Democracia, y Podemos no encontrará tan fácilmente un “enemigo externo” contra quien movilizar a los votantes españoles, como hizo Syriza con la Troika.

En Ciudadanos, piensan que se está pasando a un sistema con cuatro partidos grandes y están evitando activamente la confrontación directa con otros partidos para así dejar la puerta abierta a posibles pactos postelectorales. Ciudadanos critica los escándalos de corrupción y los fracasos de PP y PSOE pero cree que tarde o temprano algún acuerdo será necesario. Esta más constructiva forma de hacer oposición es una manera de distinguirse de Podemos, de salvar críticas en el probable escenario de negociaciones, y de evitar alienar a los votantes que aún son leales a los dos grandes partidos. Ciudadanos comprende que para gobernar España se requiere una gran parte de los votantes de posturas más centristas.

¿Ciudadanos, izquierda o derecha?

El primer gran reto de Ciudadanos es poder romper con la polarizada dinámica izquierda-derecha de la política española. Una tarea importante es escapar de los equívocos y estereotipos concernientes a la ideología de Ciudadanos, en parte fruto de su ambigüedad calculada y en parte de la intención de desacreditarlos. Ciudadanos ha sido a menudo descrito por los medios y sus oponentes políticos como un partido de derechas. Sin embargo, Ciudadanos no es el Podemos de la derecha como algunos han argumentado.

Ciudadanos fue fundado por un grupo de intelectuales de centro-izquierda preocupados por la deriva nacionalista en Cataluña. Aunque Rivera fue anteriormente simpatizante del PP, la mayor parte de los ideólogos de Ciudadanos habían tenido conexiones previas con partidos y organizaciones de izquierdas. El ideario de Ciudadanos decía que el partido nacía para llenar un hueco en el centro-izquierda no nacionalista en Cataluña y que se nutría del “liberalismo progresista y del socialismo democrático”.

En la actualidad el partido evita posicionarse públicamente a la izquierda o derecha del espectro ideológico. Tras las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, Ciudadanos se unió al centrista Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE). Algunas de las propuestas de Ciudadanos parecen destinadas a atraer al electorado de centro-derecha, como el IRPF máximo del 40% y la limitación de los servicios de salud a los inmigrantes sin permiso de residencia. Sin embargo las prioridades en la agenda política del partido, como la defensa de la educación pública, laicismo, lucha contra la desigualdad y precariedad laboral, indican una apuesta socialmente progresista. Igualmente el programa económico coordinado por el catedrático de economía de la London School of Economics, Luis Garicano, y por el expresidente de la CNMV, Manuel Conthe, apunta la necesidad de regulación más efectiva de los mercados, la igualdad social y una agenda europea pro-crecimiento. Medidas estas alejadas de los postulados tradicionales de la derecha.

El riesgo para Ciudadanos es que cada nueva propuesta política o pacto con otros partidos conlleva el riesgo de alienar o bien a su electorado de centro-izquierda o al de centro derecha. El suyo es un equilibrio delicado y cualquier paso en falso podría comprometer su imagen pública.

Nuevos retos para Ciudadanos

Los próximos meses pueden ser difíciles para el partido. Tras el éxito en las elecciones andaluzas, Ciudadanos disfrutará de mucha más atención mediática que podrán transformar en votos. Pero se incrementará también el escrutinio público sobre la formación y sus candidatos. Anteriormente Ciudadanos no fue tomado muy seriamente por ninguno de los otros partidos. Pero ahora están robando un número substancial de votos de UPyD, PP y PSOE, y erosionando las oportunidades de Podemos, IU, y de los partidos nacionalistas periféricos de poder influenciar las negociaciones para la formación del próximo gobierno. Cualquier escandalo o error político de Ciudadanos o alguno de sus miembros será ciertamente utilizado para dañar el partido.

El acelerado proceso de crecimiento e institucionalización del partido fuera de Cataluña hará mucho más difícil controlar los errores. Miles de nuevos afiliados se han unido a Ciudadanos en los últimos meses. El partido tendrá que tratar con la absorción (formal o informal) de UPyD, cuya negativa a formar coalición con Ciudadanos ha provocado una fuga masiva de afiliados y votantes. Ciudadanos ha introducido auditorías externas y un periodo mínimo de seis meses de afiliación para poder ser candidatos por el partido. Mientras la ejecutiva central de Podemos ha controlado de cerca el crecimiento del partido, Ciudadanos ha optado por una estrategia más descentralizada y menos jerárquica. El equipo de organización de Ciudadanos podría verse pronto desbordado por la tarea de coordinación y control.  

Ciudadanos no solo necesita reclutar muchos nuevos candidatos y cuadros para el partido, sino que deberá invertir mucho en su entrenamiento y apoyo. La formación naranja está atrayendo en sus filas fundamentalmente profesionales cualificados (abogados, ingenieros, profesores, emprendedores) con muy poca o ninguna experiencia previa en política. Esto es parte del atractivo de Ciudadanos, un signo de coherencia con el mensaje de cambio y crítica a la clase política dominante. Sin embargo esta decisión no está exenta de riesgos. Las habilidades personales, educación y previa carrera profesional de estos nuevos políticos puede resultar insuficiente cuando se enfrenten a oponentes con más experiencia en comunicación política y con mejor conocimiento de las instituciones.

Finalmente, Ciudadanos está cosechando mucho éxito entre las clases medias urbanas y granjeándose el apoyo de empresarios e intelectuales. El reto para ellos será conseguir crecer en áreas rurales y entre las clases trabajadoras sin sacrificar aspectos básicos de su programa ni adoptar un discurso populista.

De cualquier modo este partido tiene muchas razones para el optimismo. En un periodo extraordinariamente corto, Ciudadanos ha conseguido pasar de ser un partido asociado casi exclusivamente por su oposición al nacionalismo Catalán, a convertirse en una alternativa al PP, PSOE y Podemos a nivel nacional. La crisis económica y la perdida de legitimidad experimentada por los partidos tradicionales han abierto una ventana de oportunidad en la política española. Podemos y Ciudadanos están determinados a aprovecharla. El discurso más radical de Podemos hasta ahora les ha servido para conseguir mayor atención mediática e intención de voto. Sin embargo la agenda reformista más moderada y constructiva de Ciudadanos, es probable que les otorgue una mejor oportunidad para condicionar las acciones de futuros gobiernos y para consolidar la lealtad a largo plazo de los votantes. Este podría ser un caso en el que la tortuga acaba venciendo a la liebre. 

Este artículo es una traducción del artículo publicado conjuntamente por LSE Euro Crisis in the Press y por EUROPPLSE Euro Crisis in the PressEUROPP

Con las elecciones andaluzas del 22 de marzo, se resuelve el primero de los interrogantes de este súper ciclo electoral. A la espera de los análisis más detallados sobre los datos que proliferarán en las próximas horas, el veredicto de las urnas permite dilucidar ya algunos interrogantes que se han venido planteando en los últimos meses.

Resumen de titulares: gran victoria del PSOE, y en particular de Susana Díaz, descalabro del PP, irrupción exitosa de Podemos y Ciudadanos, hundimiento de IU y fracaso –quizá definitivo- de UPyD. Pero más allá de esta síntesis obvia hay algunas implicaciones quizá menos evidentes. Identifiquemos cinco puntos clave.

Primero. No es un escenario tan inédito. Ya hubo cinco partidos en 1982 y un gobierno de coalición en 1994 (reeditado en 1996). Se ha reducido la concentración de voto en los dos grandes partidos, pero ambos siguen siendo las dos principales alternativas para el futuro de Andalucía.

Dos. El PSOE mejora en gobernabilidad y gana en centralidad. El principal éxito del PSOE no es haber recuperado la primera posición o haber mantenido el número de escaños (a pesar de una nueva sangría de votantes). Lo relevante es que se convierte en el único partido con opciones de gobierno, que garantiza la estabilidad y además dispone de varias formas de articular tanto la formación del ejecutivo como la competencia entre partidos en esta legislatura.

Susana Díaz será la próxima presidenta porque probablemente le será sencillo conseguir la abstención de algún grupo. Además, la potencial mayoría que formaría con Ciudadanos anula la fuerza de PP y Podemos. A lo que se añade el interés, a corto plazo, de Ciudadanos por no estar en el gobierno, lo que puede suscitar una competición entre partidos de la oposición para apoyar al PSOE puntualmente. Por último, el PSOE se convierte automáticamente en el partido central del escenario, con dos partidos a cada lado que aseguran la división de la oposición, sea en términos de izquierda/derecha o de nueva/vieja política. Que la acusen desde todas las posiciones ayudará a Susana Díaz, si lo gestiona bien, a neutralizar esas críticas durante la legislatura.

Esto puede favorecer a corto plazo un gobierno en minoría, hasta que se resuelvan, al menos, las otras contiendas electorales de este año. Aunque está por ver la capacidad de aprobar leyes transformadoras o controvertidas en esta legislatura. Ahí será donde más se note la situación de fragmentación parlamentaria resultante de las elecciones.

Por supuesto, todo este escenario asume la permanencia de Susana Díaz en el Palacio de San Telmo. En cambio, es impensable que le permita, a corto plazo, dar el paso a la política española, al menos como candidata del PSOE a las próximas elecciones generales.

Tres. La soledad del PP. Muchos destacarán la gran caída de los conservadores. Pero lo más significativo de estos resultados es, como puede suceder en otras elecciones este mismo año, que el PP lo tiene muy difícil para gobernar si no obtiene mayoría absoluta o se acerca mucho. A medida que se aleja de esta, queda descartado como partido de gobierno. Es igual si el PP hubiera obtenido 33 o 43 escaños: parece poco verosímil que otros partidos pudieran darle un cierto juego frente al PSOE al quedar detrás de este. Y la aparición de Ciudadanos parece ser más perjudicial que positiva en ese sentido, siempre que no cometa el error de UPyD, aparecer como la muleta inevitable del PP.

Cuatro. La trampa de las expectativas. Las altas expectativas generadas por Podemos pueden jugarle una mala pasada, a corto plazo, porque tapan sus potenciales logros electorales. Un partido que busca ganar representación no se fija el mismo horizonte que el que aspira a ser el partido ganador y revolucionar un sistema de partidos por completo. Sus resultados en Andalucía son muy buenos desde el punto de vista de la ‘vieja política’ (han entrado en las instituciones, tendrán muchos diputados, recibirán una financiación importante, etc), pero bastante malos desde el punto de vista de la ‘nueva política’. No será el único partido que reclame la voz de los de abajo, ni el único contra el establishment. No ha provocado la alternancia y ni siquiera será el principal partido de la oposición.

Quinto. Ciudadanos emerge como partido bisagra. Con aspiraciones más modestas y menos escaños, este partido pesará más, porque tendrá más capacidad de coalición y de chantaje, como diría Sartori. No en vano se declara abierto a pactar con cualquier partido. Aunque Ciudadanos debe tener presente qué le pasó al Partido Andalucista, y más atrás aún al CDS. No siempre el pez grande se come al chico, pero cuando hay tanta disparidad de tamaño entre socios de gobierno, tener la llave de la gobernabilidad es una pesada carga.

¿Éxito o fracaso de Podemos? Estos días se hablará más de tendencias que de realidades. Y con razón: quizá Andalucía apunte una tendencia de cambio político a medio plazo. O no. Pero la realidad resulta mucho más modesta para el partido anti-casta, y arroja una intuición: Andalucía ha mostrado que allí donde el PSOE es fuerte en términos de partido, de base activista y de peso institucional, Podemos tiene dificultades para ocuparle el espacio. ¿Quizá sí pueda en contextos de mayor fragilidad socialista, como Cataluña, Valencia o Madrid?

¿Recuperación socialista? ¿Declive de Rajoy? Aunque la tentación para muchos será extrapolar resultados al conjunto de España, o a otras autonomías, sería un ejercicio infundado. Las elecciones del 22-M nos han hablado solo de Andalucía. Ni siquiera está claro que sean un avance de lo que suceda en los ayuntamientos andaluces. Y una lectura cautelosa de los mecanismos que se han dado desmonta algunas extrapolaciones interesadas:

El súper ciclo electoral 2015 sigue su curso y ahora Rajoy tiene un dilema menos para decidir cómo jugar sus cartas.

Tanto el movimiento 15-M como Podemos, la indignación política en definitiva, están teniendo dificultades para encajar las demandas ‘particulares’ de mujeres feministas,  personas LGTB o inmigrantes. La indignación, en un discurso orgullosamente construido en la verticalidad, difumina las identidades pre-existentes para dibujar un relato sencillo de empoderamiento masivo y cambio sistémico general. Es el relato del ‘nosotros’, la gente corriente, los que no tenemos privilegios, que estamos abajo, frente a ‘ellos’ (la “casta” en el léxico de Podemos), que está por encima.

Las dificultades comienzan ante problemas que tienen que ver con personas que están, por así decirlo, al mismo nivel. ¿Cómo entender el problema, por ejemplo, de la homofobia, del racismo, o de la violencia contra las mujeres? ¿No es cierto que la gente corriente puede ser violenta, puede abusar, puede discriminar? ¿No se puede ser malo sin ser ‘casta’? Para evitar malentendidos: la indignación no es machista, u homófona, en el sentido que lo pudieran ser, por ejemplo, muchos votantes del Partido Popular. Tanto Podemos como el 15-M se han dotado de estructuras feministas ad hoc que han tenido un importante éxito en labores de visibilización y concienciación internas. Gracias a ellas, el movimiento 15-M, por ejemplo, evolucionó hacia posturas cada vez más inclusivas de las mujeres, tanto en términos de funcionamiento de las Asambleas y comisiones como en temas de resoluciones y propuestas. Podemos ha sido exquisito con la paridad de género en la composición de su Consejo Ciudadano.

Pero las propuestas en materia feminista (o LGTB, por poner otro ejemplo), son débiles. El “Manifiesto de Madrid”, documento que incorporaba por vez primera las demandas feministas al relato político del 15-M, relegaba el respeto a la diversidad al último puesto de una lista de 11 puntos; únicamente un reducido número de Asambleas 15-M tomaron postura explícita por la cuestión de la igualdad de género. Se votó una ‘resolución feminista’ en la Asamblea Constituyente de Podemos que, sin embargo, obtuvo un apoyo escueto de 2889 votos (7,01%), no superando el puesto 16. La resolución no hacía mención a los derechos sexuales y reproductivos: estos fueron objeto de una segunda propuesta que aún obtuvo un apoyo muy inferior. El espacio deliberativo en Vista Alegre reservado a las políticas de igualdad, o a las necesidades de los colectivos LGTBQ fue muy escaso. Y el núcleo duro de Podemos es masculino.

Esta alergia a las demandas específicas, particulares, puede explicarse de dos maneras diferentes. La primera es de naturaleza estratégica: la indignación teme que la defensa de identidades pre-existentes (‘izquierda’, ‘gay’, ‘feminista’, ‘ecologista’) haga descarrilar su discurso transformador. Es la estrategia de “definirse lo justo, para hacer concurrir fuerzas de izquierda, centro y derecha en torno a cuestiones que preocupan a todos”. La segunda explicación sugiere un conflicto substantivo entre la indignación y las identidades específicas, que podría incluso incluir dosis latentes de sexismo y homofobia. No faltan voces que detectan, por ejemplo, una hipermasculinización en la (muy hábil por otra parte) estrategia de comunicación política de Podemos, basada en la polarización, el combate cuerpo a cuerpo o la emotividad agresiva. Sea esto verdad o no, sí parece cierto que la experiencia real de muchas mujeres feministas en el movimiento 15-M, y en Podemos, ha sido, y está siendo, ambivalente, y en muchos casos insatisfactoria. Muchos testimonios convergen en lamentar el rechazo inicial hacia el feminismo en el seno del movimiento 15-M. Se han comentado denuncias de agresiones machistas, de diferente tipo e intensidad que, sin embargo, fueron mal resueltas por los responsables de las Asambleas. Cierto que algunas de estas Asambleas acabaron adoptando un lenguaje inclusivo y un mayor respeto al equilibrio de género en los turnos de palabras; pero esto ocurrió tras superar importantes resistencias. Como ha ocurrido siempre, las estructuras feministas se han tenido que volcar en la pedagogía y en la justificación de la presencia, desarrollando forzadamente formas de trabajo propias de partidos y sindicatos para conseguir poco más que la visibilidad de sus propuestas. En realidad, la propia existencia de estructuras de movilización y participación ‘para mujeres’ es contradictoria con el proyecto transversal de la indignación. Ni los ‘Círculos Feministas’ ni las ‘Asambleas Feministas’ deberían existir en un movimiento social que aboga por superar las formas de identificación política identitarias.

Que la indignación preste insuficiente atención a los particularismos puede tener importantes consecuencias. En el corto plazo, quizás el déficit de atención a la cuestión feminista explique la masculinización del apoyo a Podemos: en un país donde el género nunca tiene consecuencias electorales, no deja de sorprender el carácter masculino de los votantes potenciales a este partido político. Según los datos de intención directa del voto de Octubre 2014 (Cis), el 20% de los hombres tenía decidido votar a Podemos, frente a un 15% por parte de las mujeres. Ningún otro partido presentaba diferencias tan abultadas. Pero nos preocupan más las consecuencias al largo plazo: en la simplificación vertical del debate, se recuperan marcos discursivos que vuelven a distinguir entre temas que aparentemente son ‘en verdad’ importantes, y otros que al parecer no lo son. Se descuida la visibilidad y la presencia, y al hacerlo se contribuye, está por ver si voluntaria o involuntariamente, al desmantelamiento de un paradigma, institucionalizado en políticas de igualdad bien conocidas, que permitía a las minorías políticas y a otros grupos con demandas particulares un manera eficiente para la articulación de sus demandas. Un paradigma que nos permite criticar a Syriza por su paupérrimo tratamiento inicial a la cuestión de la paridad; y que nos permite, también, confiar en que Carolina Bescansa, la única mujer en el núcleo duro de Podemos, haya dejado de pensar que el aborto “no constituye potencial político de transformación y por lo tanto no es prioritario”.

Hace unos días el CIS situaba a Podemos como segunda fuerza política, adelantando al PSOE en estimación de voto (hace ya tiempo que lo hizo en intención directa). Un estudio de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, con datos tipo panel (encuesta realizada al mismo conjunto de personas en diferentes momentos en el tiempo) para una muestra on-line por cuotas para 2.562 individuos sitúa a Podemos como primera fuerza política, con una intención de voto del 22% -19% según el CIS- (siempre hablando de intención directa, es decir, sin “cocinar”, en el buen sentido de palabra). Ante el reciente e innegable aumento del número de personas que actualmente optaría por la papeleta de Iglesias en unas elecciones, cabe preguntarse: ¿Quiénes eran y quiénes son estos votantes? ¿Mantienen el perfil de aquellos que le votaron en las europeas? ¿En qué se diferencian del resto de electores?

Nivel de estudios

Uno de los tópicos sobre el votante de Podemos versa sobre su alto nivel de formación. Si bien esta intuición podía ser medianamente válida en mayo de 2014, la realidad ha ido cambiando a medida que la organización ha ganado adeptos. Entonces, el 43% tenía estudios superiores, tasa próxima a la de IU; ahora, con un 35%, la cercanía es mayor al electorado del PSOE, habitualmente el electorado con una formación más baja.

Distribución territorial

Una de las cuestiones principales para un partido nuevo es su implantación en el territorio. Respecto a ello, Podemos no presenta una distribución homogénea, al igual que ocurre con el resto de partidos. Sin embargo, sí presenta características diferenciales relevantes, sobre todo porque contradicen en parte a la opinión publica(da). En cuanto a la distribución local, Podemos, aun teniendo presencia en las ciudades, tiene un marcado carácter rural que se ha mantenido estable desde el origen de la formación. La concentración del voto en poblaciones menores a los 50.000 habitantes es muy superior a Izquierda Unida e incluso, ligeramente mayor a la del PSOE. En cuanto a la distribución autonómica, el partido de Iglesias ha crecido de forma apabullante desde las elecciones europeas en prácticamente todas las comunidades, pero con diferencias muy notorias. La subida en Cataluña y País Vasco es espectacular, con una intención de voto declarada cercana al 35%, comunidades donde los partidos con “matriz estatal” tienden a la baja en las encuestas. Les siguen Murcia, Islas Baleares, y Galicia (entre el 25% y el 30%). En las antípodas, sin crecimiento o con crecimiento paulatino, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria, con una intención en torno al 10%.

Intención directa de voto, por Comunidad Autónoma

Procedencia electoral

Otra de las cuestiones más relevantes es la procedencia del voto, es decir, a qué partido votaban los electores antes de la aparición de Podemos. Como puede verse en el gráfico siguiente, la mayor parte de los apoyos de Podemos proviene en la actualidad de exvotantes socialistas (27%) y antiguos abstencionistas (20%). La representación de ex-votantes de IU (17%) y UPyD (6%) tampoco es baladí, si tenemos en cuenta el número de votantes que optan por estas formaciones. Sin embargo, resulta llamativo observar que en la encuesta pre-electoral de las europeas los exvotantes socialistas suponían sólo el 11% de aquellos que declaraban que votarían al recién creado Podemos, y que el apoyo de los antiguos “votantes en blanco” (18%) fue más decisivo que el de antiguos abstencionistas (13%). En aquellas elecciones el partido de Pablo Iglesias se habría nutrido principalmente de antiguos votantes de pequeños partidos de izquierda (suponen casi el total de la categoría “otros”, con un 21%), de UPyD (5%), y curiosamente también de exvotantes populares, los cuales habrían aportado un 12% de los votos que llevaron a Podemos a obtener 5 escaños en el Parlamento Europeo. Quizá este sea el dato más curioso del estudio, incluso siendo el menor e ir en disminución, lo que parece apuntar a que el mensaje transversal de Iglesias habría calado –parcialmente- por encima de otras visiones sobre este partido.

Valoración de la oposición

El electorado de Podemos hace una valoración de la labor de la oposición (PSOE) muy similar a la de Izquierda Unida. Menos del 2% de estos votantes cree que los socialistas lo están haciendo bien o muy bien. Descartado queda cualquier posible “efecto Sánchez”, ni siquiera entre su propio electorado, que apenas ha mejorado la visión sobre el trabajo que realiza el partido (sólo el 18% de los votantes socialistas valora positivamente la gestión del PSOE en la oposición). A la vista de estos datos, parece difícil creer que, sin un cambio radical, el PSOE pueda recuperar los votos transferidos a Podemos.

Interés en la política

Otro de los tópicos extendidos sobre el potencial votante de Podemos es su alto grado de interés por la política. Sin llegar a ser falso, es muy matizable. El electorado previo a las elecciones europeas no tenía especial interés por la política (sí que puntuaban alto en el interés por la campaña de las elecciones europeas, pero no en este indicador menos específico). Ha sido a en este lapso cuando el interés de estos electores se ha situado por encima de la media (y de los socialistas). No obstante, el votante de IU -en clara convergencia- sigue poseyendo un interés mayor en dichos asuntos.

Expectativa económica

Es sabido que el votante se basa para tomar su decisión electoral tanto en la evaluación que hace de la gestión pasada de la economía, como en sus perspectivas de futuro. ¿Es el votante de Podemos más o menos optimista sobre el futuro económico? En mayo del pasado año, un escaso 21% de los votantes de Podemos tenían una expectativa positiva de la economía. A pesar de que los datos macroeconómicos empiezan a dar alegrías (al menos, al Gobierno) hoy los votantes de Podemos son más pesimistas, habiéndose contraído esa cifra hasta un exiguo 12%. La visión de la economía de los votantes de Iglesias es la más negativa de entre todos los electores. Resulta curioso ver la tendencia de la valoración del futuro económico, que se ha vuelto más optimista entre IU y más pesimista entre Podemos. Quizá este sea una de las claves que nos ayude a discriminar a  aquellos que piensan que no es necesario un cambio radical, ya que lo peor ha pasado (votantes que permanecen fieles a IU) de aquellos que piensan que más de lo mismo no es suficiente, y optan por votar a Podemos.

Probabilidad de votar a Podemos

Después de las elecciones europeas se publicaron bastantes artículos acerca de la posibilidad de que el voto a Podemos fuera un voto de castigo al PSOE, en cierta medida “recuperable”. Sin embargo, el tiempo ha terminado por desmentir este extremo. El 22% de españoles que a día de hoy tiene intención de votar a Podemos lo tienen bastante claro. Como media, dicen tener un 86% de probabilidades de hacerlo. No es nada extraordinario que alguien que tiene la intención de votar a un partido muestre una probabilidad alta de hacerlo. Lo realmente llamativo es que entre los potenciales votantes de IU, la probabilidad (expresada) de que terminen votando a Podemos es de un 50%. Un 28% entre los votantes del PSOE.  

El gráfico hace referencia a la probabilidad de votar a Podemos en tres momentos en el tiempo, por grupos de votantes. En “Pre Elecciones Europeas” estos “grupos de votantes” se basan en la intención de voto en las europeas. En  “Post Elecciones Europeas” hacen referencia al recuerdo de voto en dichas elecciones. En “Enero 2015”, a la intención de voto si mañana se celebrasen Elecciones Generales.

Aserto

El perfil de votante de Podemos no es tan urbano ni con una formación tan alta. Al mismo tiempo es muy crítico con la labor de oposición del PSOE -al que Pedro Sánchez no ha logrado convencer- y es pesimista en relación a las perspectivas económicas. Podemos ha conseguido crear un espacio electoral propio, con un discurso diferenciado y una fuerte adhesión, y sus potenciales votantes parecen estar cada vez más convencidos de que terminarán optando por el partido de Pablo Iglesias.

Como hemos visto, el partido ha crecido, en general, a base de desencantados votantes socialistas y de IU, y de atraer abstencionistas. Este crecimiento es especialmente llamativo en  Cataluña y País Vasco, donde la irrupción de Podemos en sus parlamentos podría trastocar la geometría de las asambleas de forma considerable. Aun así, nos basamos en intenciones directas de voto en un momento de altísima volatilidad y aún más altos niveles de indecisión electoral. Además, viendo el estado de la opinión pública y ateniéndonos a criterios de “deseabilidad social”, no sería extraño que el voto oculto -al PP y al PSOE- haya crecido de forma considerable.

Queda mucho tiempo para las Elecciones Generales, y sobre todo quedan muchas elecciones antes de la decisiva de finales de año. Antes, veremos cómo es la implantación territorial de Podemos en Andalucía (marzo), los municipios y las comunidades del régimen general (mayo), y Cataluña (septiembre) y si su mayor o menor fortuna afecta al mapa que, a día de hoy, presentan los datos.  

Fuente: Encuesta CIUPANEL, con una muestra nacional por cuotas de 2.562 individuos. Las encuestas online fueron realizadas por Netquest entre el 20 de diciembre de 2014 y el 5 de enero de 2015.

Hasta el momento la mayoría de análisis sobre Podemos se ha centrado en analizar los cambios en la composición sociológica de sus votantes así como su discurso e ideología. Sin embargo, una vez realizada la primera asamblea y los procesos autonómicos ya es posible empezar a hacer un primer balance de la forma organizativa que va adoptando el partido.

Pablo Iglesias y su equipo tratan de presentar a Podemos como un partido poco ideologizado y centrado en debatir temas concretos que tienen gran apoyo o repulsa ciudadana. En coherencia con esta típica estrategia catch-all, el partido ha optado por permitir la entrada de militantes en aluvión. Una muestra: para afiliarse basta rellenar un simple formulario digital donde ni siquiera hay que especificar la cuenta bancaria. Aunque el truco está copiado de los partidos de la casta, esta táctica le ha reportado excelentes resultados porque en menos de un año Podemos ha crecido hasta llegar a casi 350.000 miembros.

El gráfico 1 muestra el peso que cada una de las CCAA tiene sobre el total de votos y miembros. Como puede observarse, Podemos ha sabido implantarse de forma bastante parecida al conjunto de la población (censo) tanto en votos como en afiliación. Las únicas excepciones son la sobrepresentación en votos y miembros en Madrid y Asturias y la infra-representación en Andalucía (votos), Cataluña (votos y miembros) o las dos Castillas y Euskadi (miembros).

Fuente: Datos procedentes de la web de Podemos.

Por otro lado, y a diferencia de los partidos tradicionales, Podemos tampoco pone barreras importantes a la participación en los procesos electorales internos. Una anécdota poco divulgada: ¡Pablo Iglesias compitió por la secretaría general del partido con Echenique… y otros 59 candidatos! Los principales escollos para la participación no son formales sino tecnológicos (hay que saber utilizar las plataformas digitales) y, como veremos después, derivados del modelo de partido que se está diseñando.

Desde una perspectiva basada en el poder interno, Iglesias y sus colaboradores han acertado en el modelo organizativo. Su fuerte liderazgo, la cohesión del equipo directivo, los métodos de selección elegidos (primarias) y las crecientes expectativas electorales les están permitiendo consolidarse en el poder. La mejor prueba de ello es el éxito cosechado tanto en la primera asamblea del partido como en los procesos de selección de las direcciones autonómicas finalizados la semana pasada.

Es cierto que durante estos primeros meses también se ha evidenciado la existencia de grupos minoritarios. Pero salvo en muy contadas ocasiones (Aragón, etc.), su presencia más bien testimonial ha servido, sobre todo, para reforzar la legitimidad democrática del partido. Nada que ver, por ejemplo, con los traumáticos primeros años de Ciutadans.

Paradójicamente, los mismos mecanismos que sirven para consolidar a la dirección del partido no parecen ser capaces de canalizar de modo adecuado la participación de la enorme cantidad de gente que se ha incorporado al partido. Las desigualdades en las formas de participación detectadas por la ciencia política no son fáciles de superar ni con el mayor de los voluntarismos: la tasa media de participación en las elecciones primarias celebradas la semana pasada no supera el 34%. Esto son casi diez puntos por debajo de los resultados de la votación para elegir a Pablo Iglesias.

En Cataluña, uno de los principales bastiones del partido en votos y miembros, la participación no llegó al 16%. En la Comunidad Valenciana no pasó del 20% y en Madrid no llegó al 30%. Estos datos muestran sin duda el talón de Aquiles del modelo de partido diseñado por Iglesias y su equipo.

El gráfico 2 da alguna clave interpretativa de lo que puede haber pasado: como se observa, a mayor número de candidatos a la secretaría general, menor ha sido la participación. Hay variaciones que se explican por la existencia de alternativas reales, más allá del número de candidatos. No por casualidad la mayor participación se registró en las CCAA donde ganaron las candidaturas no abiertamente patrocinadas por el equipo de Pablo Iglesias como Aragón, La Rioja, Navarra. Como nota aparte destacar también el alto número de votos en blanco registrados en los distintos procesos. En Navarra, los votos en blanco llegaron al 7% del censo y en la Rioja, Asturias y Cantabria rozaron el 5%.

Fuente: Datos procedentes de la web de Podemos.

También en clave de participación cabe añadir que la elección mediante primarias ha vuelto a dificultar, una vez más, el acceso de mujeres a la dirección del partido. Aunque los estatutos de Podemos establecen disposiciones para reforzar la paridad, de media, sólo un 30% de las candidaturas a la secretaría general fueron encabezadas por mujeres. En Castilla-León, Extremadura y Murcia, cada una con tres candidatos diferentes, no se presentó ninguna mujer.

Por otro lado, debe reconocerse que hay bastantes comunidades (Canarias, Castilla la Mancha, Galicia, Navarra, Asturias) donde sí hubo paridad entre los candidatos. Sin embargo, los resultados finales son un tanto decepcionantes porque solo 3 de los 16 secretarías generales autonómicas están ocupadas por mujeres (19%).

Para finalizar, señalar que la baja participación unida al alto número de candidaturas ha restado apoyo efectivo a los candidatos vencedores. Como era de esperar, ninguno obtiene los porcentajes de voto de Pablo Iglesias. Ubasart (77%), Echenique (72%), Ripa (68%) y Fernández-Santos (68%) son los que salen más reforzados mientras que Uriarte y Jarabo son los más discutidos con cifras alrededor del 36%. En estos casos una segunda vuelta o un sistema de voto más sofisticado seguramente habría resuelto el problema de legitimidad. En general y como muestra el gráfico 3, cuanto mayor ha sido el número de candidaturas menor ha sido el porcentaje de votos obtenido por el nuevo secretario general.

Fuente: Datos procedentes de la web de Podemos.

Qué es la imputación, cuándo un sujeto está imputado, qué consecuencias tiene es algo que no está claro ni para legos ni para juristas. La ley no menciona la expresión y en cada caso ha de extraerse su sentido, requisitos o efectos.

Pese al garantismo liberal y quizás porque, según la ley, la instrucción, en principio ni siquiera tras la reforma de 2009, no debía de durar más de un mes, el legislador decimonónico no prestó excesiva atención a esta figura. Por otra parte, el legislador, que ha zurcido hasta la extenuación la venerable ley, no ha sido especialmente cuidadoso en su redactado.

Aunque el término imputado recorre toda la ley de enjuiciamiento criminal, incluso en fases posteriores a la condena en primera instancia, podemos convenir que la imputación es aquella formulación del juez (no de la policía ni del Fiscal, dejando aparte la peculiar jurisdicción de menores) en cuya virtud aquel fija los hechos que atribuye indiciaria e inicialmente a una persona o personas.

A partir de ese momento, este sujeto se conviene en parte del proceso, lo que le permite ejercer incondicionalmente una serie de derechos: singularmente el de conocer la acusación en su contra, designar letrado (o que se le designe de oficio), entrevistarse libremente con éste, proponer pruebas, oponerse a las que las otras partes proponga (incluidas las del Ministerio fiscal), a no ser obligado a declarar y a no declararse culpable. Otros derechos instrumentales como declarar cuantas veces desee o estar asistido de intérprete son derechos funcionales que se derivan de los anteriores.

Así las cosas, el imputado, al recibir la imputación judicial sabe de qué puede defenderse sin limitación, pues tiene igualdad de armas respecto de las acusaciones. La imputación requiere, en fin, que sea clara (no necesariamente breve) con indicación bastante de los hechos sobre los que va a iniciarse el procedimiento, hechos que podrán ampliarse, disminuirse o, incluso desaparecer, propiciando el archivo de la causa.

La imputación judicial nace de dos fuentes alternativas. Una, la más común estadísticamente, es la denuncia: una persona formula ante un funcionario encargado de su tramitación (policía, fiscal o, incluso, el mismo juez) una relación de hechos que considera delictiva. La denuncia es en cultismo forense una notitia criminis. Si quien la recibe observa que tiene entidad, después de investigarla o no según los casos con más o menos profundidad, la pasará al juez; si este considera que hay materia bastante abrirá un procedimiento y formulará la imputación inicial contra el sujeto o sujetos. Recuérdese que, por brillante imperativo legal, el atestado policial tiene el mero carácter de denuncia. Cosa diversa es su solidez material que dependerá del caso y de la perspicacia de los agentes a la hora de confeccionar sus diligencias.

La otra vía por la que llega un caso al juzgado es la querella. La querella es un acto formal técnico-jurídico y  viene o del ministerio Fiscal o de un particular. En ambos casos, quien se querella quiere ser parte en el proceso –el denunciante, no-. Para ello, amén de otros requisitos legales aquí irrelevantes, ha de formular una narración de los hechos, aportar una base mínima en la que afianzarla y una calificación inicial de aquellos.

Así, en un supuesto de estafa, la presunta víctima hará que su abogado redacte un escrito –la querella- en la que relatará ordenadamente un haz inteligible de hechos, aportará documentación y/o propondrá testigos con los que ratificar sus asertos y calificará los hechos como estime oportuno, aquí, como la modalidad de estafa que considera aplicable. El juez examinará esa querella (si es del fiscal, el examen es somero, centrado en esencia en la cuestión de competencia) y, si considera que es verosímil (esta es la palabra clave), la admite a trámite, abre la causa y cita al querellado, con copia de la querella, como imputado, con ese u otro nombre.

Este status de imputado dura hasta que se formula escrito de acusación; en el procedimiento ordinario, se pasa a ser procesado, y en el abreviado, acusado. Sin embargo, ambos términos son intercambiables, dado, además, que el procedimiento abreviado es el más frecuente. Aquí, la acusación contra el sujeto se ha formalizado y se abre juicio oral contra él, es decir, habrá de sentarse en el, en la ley inexistente, banquillo de los acusados. En la sala de vistas el sujeto recibirá indistintamente el apelativo de procesado o acusado.

Conviene, antes de finalizar, efectuar dos precisiones. La primera, si el que haya de ser imputado es un parlamentario, ha de requerirse a la cámara legislativa correspondiente autorización para proceder contra él, el suplicatorio, un trasnochado privilegio. Si  el suplicatorio no se concediera, algo infrecuente, no se podría proceder contra dicho parlamentario y no llegaría a nacer su condición de imputado. Por lo menos, hasta que cesara en su cargo electo.

En el caso de los ERE andaluces, este suplicatorio no ha sido aun solicitado por el TS contra los cinco parlamentarios aforados. Aunque sí se ha puesto en marcha la previsión informativa del art. 118 bis LECr, esto es, el juez instructor de la Sala Segunda del TS les ha notificado las actuaciones y los ha citado para interrogarlos como imputados, es decir, arropados de todos sus derechos. Algo discutible, pues, el art. 118 bis LECr solo prevé el derecho a ser informado de la existencia de una querella en contra de un parlamentario, despejando dudas anteriores, el trámite general de comunicación de las querellas que prevé el art. 118 de la misma norma, pero no establece ninguna otra diligencia.

La segunda precisión, y común a todos los supuestos, ¿la imputación es de hechos o de delitos? No es una distinción retórica. Con un ejemplo se verá con claridad. El hecho es la sustracción de un bolso a una viandante en plena calle; el delito, su calificación, es de hurto. O el apoderamiento de cantidades de una empresa por parte de un empelado (hecho) puede ser calificado de delito de apropiación indebida, administración fraudulenta, hurto con abuso de confianza, …

De acuerdo con la atinada jurisprudencia emanada del TC, la imputación, en cualquiera de sus fases, es de hechos, no de delitos. Las calificaciones, salvo en la fase final del juicio oral, pues determinan las penas, no son el objeto del proceso. El objeto del proceso es la comisión o no del hecho o hechos que se atribuyen a los sujetos. Solo cuándo el hecho está ya fijado –probado- se califica por las partes y esto tiene lugar al final del juicio oral, a la hora de presentar las calificaciones definitivas que puede ser o no la ratificación de las provisionales, es decir, aquellas con las que se ha abierto el juicio oral.

En resumen, podríamos concluir que la imputación, en sentido propio, es la atribución por parte del juez a un sujeto de un hecho o hechos, que ha de describir someramente, otorgando la ley desde ese momento al imputado plenos derechos de defensa en el proceso del que va a ser objeto.

En toda Europa ha crecido el interés y la preocupación por los partidos de derecha populista radical. Por “derecha populista radical” nos referimos a partidos cuyo perfil ideológico es radical pero no extremista. La diferencia está en que mientras los partidos extremistas tienen como objetivo acabar con la democracia y establecer un régimen autoritario, los populistas aceptan la democracia pero rechazan diversos elementos del régimen democrático liberal. Por ejemplo, la derecha populista radical está en contra de la inmigración y de los derechos a las minorías.

La cuestión de cómo hacer frente a estos partidos ha ganado impulso en los últimos años. Sin embargo, el caso de España ha recibido poca atención. Esto se relaciona con el hecho de que los partidos de derecha populista radical casi no tienen influencia política.

Los partidos de derecha populista radical más relevantes en España son Democracia Nacional, España-2000 y Plataforma per Catalunya. Democracia Nacional y España-2000 son partidos a nivel nacional, mientras que Plataforma per Catalunya se organiza exclusivamente dentro de Cataluña. El perfil ideológico de Democracia Nacional se caracteriza por una combinación de anti-elitismo y nacionalismo español. Su lema es “No seas tonto, reacciona! Los españoles primero”. España-2000 pone énfasis en la ley y el orden, la reducción de impuestos y las políticas anti-inmigración. También utiliza el lema “Los españoles primero”, llamando a su enfoque como de “patriotismo social”. Por último, Plataforma per Catalunya declara estar más allá de la brecha socioeconómica entre izquierda y derecha. Al igual que los otros dos partidos, hace un llamamiento a aquellos que están en contra de los inmigrantes y no se sienten representados por la clase política. Su lema es “nativos primero”.

Curiosamente, si nos fijamos en los datos electorales en España desde 1980, ninguno de estos partidos ha recibido alguna vez más de 1% de los votos en unas elecciones. ¿A qué se debe este escaso éxito electoral? En nuestro trabajo recientemente publicado en la revista South European Society and Politics, nos dispusimos a responder a esta pregunta.

Durante un tiempo pareció que existía un atractivo potencial para este tipo de partidos. Fue en la década de los 2000, cuando, atraídos por una economía en auge, los inmigrantes llegaban a España en grandes números. A principios de los 90 los inmigrantes representaban sólo el 2% de la población española, mientras que en 2013 esta cifra había aumentado hasta el 12%. En la década de los 2000, las actitudes negativas hacia los inmigrantes españoles crecieron cada vez más, como lo demuestran las encuestas del CIS. La preocupación de los españoles respecto a la inmigración alcanzó su pico en octubre de 2006, cuando el 59% lo veía como el principal problema de España. Sin embargo, la prominencia de la inmigración como problema comenzó a desvanecerse con el estallido de la crisis económica. En 2011 el número de españoles que creía que la inmigración era el principal problema del país había caído por debajo del 10%, y en mayo de 2013 se había reducido a un mero 1,5%, mientras que el número de españoles que indicó que el desempleo era el principal problema del país llegaba al 82%.

En resumen, está claro que entre los años 2000 y 2010 los partidos de derecha populista radical tuvieron una oportunidad de oro para explotar la presencia de sentimientos anti-inmigrantes entre la población. La pregunta es, ¿por qué no fueron capaces de obtener beneficios electorales de este estado de ánimo de los ciudadanos? En nuestra opinión, hay dos factores principales que lo explican.

Por un lado, el sistema electoral español beneficia a los grandes partidos con un apoyo geográficamente concentrado, a expensas de los partidos pequeños que tienen un apoyo geográficamente disperso. No es casualidad que el partido de derecha populista radical de mayor éxito en España sea Plataforma per Catalunya, un partido que se concentra geográficamente en una Comunidad. Por otro lado, la derecha populista radical tuvo grandes dificultades para encontrar un nicho electoral durante los 2000. Esto se debe en parte al hecho de que estos partidos no podían diferenciarse lo suficiente del Partido Popular. El nacionalismo (con tonos xenófobos) y el autoritarismo están muy arraigados en los principios ideológicos de la identidad del PP, como se demuestra por la hegemonía electoral del partido entre los votantes de extrema derecha; en las elecciones generales de 2011, entre el 80 y el 83% de la derecha y los votantes de extrema derecha votaron al PP. El único elemento que diferencia claramente estos partidos del PP es el populismo radical de los primeros, en oposición a la defensa del statu quo de este último. El discurso populista se caracteriza por la afirmación de que “las élites” no respetan la soberanía popular, y ha llegado el momento de tomar el poder y darlo de nuevo a “el pueblo”.

Hasta hace poco, el populismo en España estaba en un estado de latencia en algunas de las actitudes políticas. Durante la década de 2000, la sensibilidad de los españoles hacia estas actitudes aumentó pero el factor que generó un cambio en este sentido fue la crisis económica. Como se puede observar en el gráfico 1, el nivel de confianza en las instituciones democráticas en España ha caído en picado desde 2008 y la satisfacción con la democracia ha disminuido de la misma forma. No sería exagerado afirmar que ahora mismo hay un Zeitgeist populista en el país.

Gráfico 1: La confianza en las instituciones democráticas y la satisfacción con la democracia entre 2002 y 2014 en España (valores medios)

La crisis económica ha tenido un efecto dramático en la sociedad española y en su sistema de partidos. El PP ha perdido el monopolio de la derecha como el PSOE ha perdido su hegemonía en la izquierda. En consecuencia, se han abierto espacios en los extremos del espectro político, los cuales están siendo ocupados por nuevas fuerzas políticas en estos momentos. A la izquierda, Podemos, un nuevo partido político con un discurso populista, ha crecido de manera exponencial en un período muy corto. En las elecciones del Parlamento Europeo del año pasado obtuvo el 8% de los votos y cinco escaños. Las probabilidades de que repita este éxito inicial en las elecciones nacionales y demuestre que sus apoyos son estables están a su favor. Después de todo, la gran recesión ha provocado en España un aumento en la preocupación por las cuestiones socioeconómicas en lugar de cuestiones migratorias, y además hay poca confianza en las instituciones democráticas del país.

Pero a la vez este es también un momento difícil para la derecha. La derecha populista radical perdió una oportunidad de oro cuando las actitudes anti-inmigrantes estaban en su punto más alto. Ahora ha surgido una nueva oportunidad, no tanto por la retórica xenófoba sino por los mensajes populistas y anti-casta. Por otro lado, el Partido Popular ha perdido en gran medida el control sobre los votantes conservadores y de extrema derecha debido a los escándalos por corrupción. ¿Será capaz algún partido de derecha populista radical de convertir este nuevo contexto a su favor? Con un año tan electoralmente cargado como 2015, puede que no tengamos que esperar demasiado tiempo para conocer la respuesta.

De vez en cuando me gusta comenzar alguna de mis clases provocando: El sistema representativo no es un régimen plenamente democrático (Aristóteles), hay autores (Sartori, Lippmann) que sostienen que está bien que representante y opinión pública sólo se comuniquen cada cuatro años o que quizá no sea conveniente que nuestros políticos vean limitados sus mandatos (elección racional).

Mis estudiantes de periodismo levantan el entrecejo, agrandan los ojos y, los más aguerridos, me miran con desdén. ¿Este señor se ha vuelto loco? El problema de los “lugares comunes” es que opera en ellos más la creencia, la repetición acrítica y el dogma quasi religioso que la reflexión. La simple llamada al debate suscita recelo y extrañeza.

Pero quizá una de las cuestiones que más preocupa a los futuros periodistas tiene que ver con asuntos relacionados con el propio oficio de comunicar. Si en los debates sobre democracia y opinión pública hacía acto de presencia la rebeldía propia del adolescente, asoma ahora la resignación de un profesional que se siente asediado.

El periodismo español siempre ha sido una profesión desorganizada (autorregulación inexistente) con un estatuto jurídico resbaladizo (secreto profesional, cláusula de conciencia, acceso laboral). Pero, sobre todo, ha estado y está sometido a intensas presiones políticas, además de comerciales.

Esta estrecha relación con el poder se ve reforzada desde el propio mundo de la comunicación: muchos medios españoles, especialmente los más importantes, tienden a creer que su labor en la sociedad tiene mucho más que ver con la influencia que con la información. Con convertirse en un actor político de primer orden que con fomentar la aparición de una opinión pública crítica e independiente. ¿O algún analista sensato sigue pensando que la labor de la prensa de referencia, por poner un ejemplo, reside principalmente en informar?

A la debilidad como institución y a las presiones políticas y económicas se le ha venido a sumar, de un tiempo a esta parte, un nuevo frente de batalla: el periodismo ha perdido el monopolio a la hora de seleccionar (agenda setting) y encuadrar (framing) temas de debate a la sociedad. Debe convivir ahora con actores hasta hace poco relegados a la periferia del sistema.

No es ningún secreto que desde la generalización del uso de Internet vivimos en una sociedad potencialmente más abierta. Aquellos ciudadanos que dispongan de los suficientes recursos (tiempo, destrezas técnicas, motivación) estarán en condiciones de desafiar al viejo stablishment mediático.

Esta nueva realidad, sin embargo, no deja de presentar claroscuros. Por un lado, se podría estar formando un mundo más desigual: el nuevo cleavage o fractura social (al estilo de los descritos por Lipset y Rokkan) divide a los que saben moverse en las redes sociales y demás artefactos comunicativos asociados a la Red y los que no. A los primeros los nuevos tiempos les tienen reservado un lugar un primera fila, una atalaya privilegiada desde la que observar e intervenir en el debate público. Los segundos simplemente no existen, no cuentan y no les espera otro destino que la desconexión. Tiempo al tiempo.

Por otro lado, aquellos que sí saben navegar en el nuevo río revuelto de la comunicación tienen la posibilidad, con un poco de suerte y dedicación, de abandonar el arrabal y trasladarse al lado de los influyentes. A esa ribera del río exclusiva, hasta hace muy poco, de los grandes medios de comunicación, movimientos sociales y grupos de presión poderosos.

Pongamos el ejemplo que todos tenemos en mente: ¿Qué significa Podemos más que esto, un movimiento-partido que, entre otras cosas, ha sabido aprovechar las nuevas potencialidades comunicativas para abrirse paso en dirección al mismísimo centro del sistema político? Podemos se ha convertido en lo que hoy es y en el desafío al statu quo que supone sin la ayuda de los medios de comunicación tradicionales . O, más bien, a pesar de la oposición de los grandes medios convertidos, también ellos, en “casta”.

El ejemplo de Podemos –tratado recientemente en otro lugar– nos pone sobre aviso: la labor de mediación (objetividad) y mediatización (influencia) del periodismo se ha desbordado.

¿Ha muerto el periodismo? Contestar a la pregunta con un lacónico “sí” implica hacerse heredero de ese viejo lamento de inspiración conservadora: “Todo tiempo pasado fue mejor”. Supone, en definitiva, el miedo al cambio y confundir transformación con crisis. Cuando, en realidad, se trata de dos fenómenos no necesariamente relacionados.

Lo que le está pasando al periodismo es, simplemente, que se encuentra inmerso en un profundo proceso de transformación, del mismo modo que muchas otras dinámicas sociales. ¿O no está cambiado el mundo del trabajo, del ocio o de la administración pública cuando lo que predomina es Internet? ¿Desaparecerán trabajo, ocio o administración pública? Pues yo creo que no. Lo que sucede es que se están transformando de raíz.

Lejos de ver el cambio como amenaza, sería bueno contemplarlo como una oportunidad. El periodismo puede ser ahora más plural, al ampliarse el eco de voces disponibles a las que dar cobertura. Puede y debe seguir siendo de utilidad, sobre todo a la hora de organizar un mundo informativamente caótico. En este sentido, el “criterio periodístico” se hace más necesario que nunca.

Pero este nuevo periodismo no debería olvidar el lugar desde el que ha sido engendrado: una posición condicionada por un ciudadano que ahora ocupa un lugar destacado. Estamos pasado de un esquema dominado por la figura del espectador a otro en el que lo que prevalece es un emisor en potencia. Y conviene prestarle oído.

Casualidad o no, el patrón de atracción de voto de Ciudadanos es calcado al de Podemos

Las últimas encuestas constatan la consolidación y el crecimiento de un nuevo actor en el escenario político español: Ciudadanos. El último barómetro del CIS le pronostica una clara línea ascendente, y la encuesta de Metroscopia para El País lo sitúa en la cuarta plaza por delante de su rival natural, UPyD. Parece evidente que Ciudadanos está consiguiendo hacerse un hueco, pero ¿de dónde saca su apoyo? ¿Quién o quiénes son los suministradores principales de los votos que consigue?

Tanto el CIS como Metroscopia señalan dos fuentes principales: los abstencionistas y el voto al PP de 2011. Según los dos sondeos, prácticamente la mitad de los que declaran intención de votar a Ciudadanos habían dado su apoyo a los populares en las últimas generales, y casi un 30% no había votado en esas mismas elecciones. Estos serían las dos grandes vías de apoyo al nuevo partido.

Es cierto que porcentualmente el mayor suministrador de votos a Ciudadanos es UPyD, pero si se tiene en cuenta la magnitud de los electorados, los mayores caladeros son el PP y la abstención.

Ahora bien, esta afirmación es matizable. Ciudadanos consigue unos votos que fueron del PP en 2011, pero que desde entonces estaban en el mercado. Si se compara la intención de voto de los votantes del PP de 2011 antes de la aparición de Ciudadanos y la de ahora, se observa que Ciudadanos no afecta al voto fiel del PP sino a aquel segmento de votantes que desde 2012 se mostraban indecisos… o que querían votar a UPyD.

Sería probable pues que el trasvase de votos de UPyD a Ciudadanos sea realmente mayor de lo observado, puesto que éste no solo provendría directamente de aquellos que votaron a Rosa Díez en 2011, sino también de aquellos que votaron PP y que, hasta la aparición de Ciudadanos, tenían la intención de votar a UPyD en unas futuras elecciones generales.

Casualidad o no, el patrón de atracción de voto de Ciudadanos es calcado al de Podemos: de los partidos pequeños (IU y UPyD) atraen voto fiel, mientras que de PSOE y PP se llevan aquel voto que ya habían perdido, y que en parte había decidido abstenerse o votar a los pequeños.

Hasta ahora Podemos ha crecido al margen del eje izquierda-derecha, pero a largo plazo su supervivencia dependerá en gran medida de que alguno de los partidos que ocupa su terreno en este eje desaparezca

Aquellos que tratan de replicar o desacreditar la estrategia de Podemos de rehuir el debate izquierda/derecha y substituirlo por el conflicto anti-casta (los de abajo contra los de arriba) suelen recordar que este es exactamente el discurso propio de los populismos antiguos y modernos, y que con él se esconde el origen real del círculo dirigente de este proyecto, proveniente de la extrema izquierda anticapitalista. Que ambas ideas sean ciertas no resta eficacia ni racionalidad a la estrategia electoral de Podemos. En realidad, este partido trata de sacar el máximo rendimiento del peculiar contexto político en el que ha surgido, y demuestra haber sido muy hábil en actualizar la orientación atrapalotodo (catch-all) que debe ejercer todo partido aspirante a ganar las elecciones o convertirse en actor político relevante. En todo caso, lo que se podría reprochar o matizar es que esta apuesta de Podemos es arriesgada, y que resulta tan vulnerable que su triunfo solo podrá consolidarse si es capaz de destruir el sistema de partidos contra el que se ha rebelado. Podemos no puede aspirar solo a posicionarse entre el resto de partidos. Debe destruir el statu quo para luego poder reconstruirlo desde el centro y como arquitecto clave del nuevo edificio. ¿Por qué?

Como partido nuevo y ajeno al sistema de partidos existente, Podemos afronta dos obstáculos casi insalvables, que pocos partidos suelen superar: carece de recursos suficientes (especialmente grave para un partido creado desde la izquierda) y, peor, se encuentra con todos los ‘terrenos de caza electoral’ ocupados (o incluso sobreocupados). Algo propio de los nuevos partidos, entre los que (por cierto) no cabe situar a los integrantes de la coalición Syryza. El primer obstáculo (falta de recursos) solo se soluciona transitoriamente con el apoyo de actores con capacidad financiera suficiente o bien con la suerte casi propia de la lotería: así cabe entender el significado de las elecciones europeas de mayo de 2014, sin las que difícilmente hoy existiría Podemos tal como lo conocemos.

El segundo obstáculo solo se puede salvar si se altera, también transitoriamente, la línea de competencia tradicional en las sociedades industriales contemporáneas, resumida en nuestro país bajo el eje izquierda-derecha. Pero esto es casi imposible para un partido nuevo y sin fuerza institucional, incapaz de influir en la definición de la agenda política. La oportunidad solo puede venir de la mano de circunstancias excepcionales: un cambio súbito y drástico del contexto o un fallo fenomenal de la oferta política de los partidos existentes, o de ambas cosas a la vez. España 2010-2014.

Gracias a la concatenación de estas circunstancias difíciles de imaginar en tiempos sosegados, Podemos ha podido superar la barreras a la competencia que suelen detener a los nuevos partidos en las fronteras del sistema, allí donde llegí UPyD y donde resulta difícil subsistir.

El problemas es que Podemos no puede conformarse con haber superado esa frontera. Sigue siendo un cuerpo extraño, y tanto sus competidores como los propios electores lo ven como tal. Así que su subsistencia exige mantener la dinámica ascendente: obtener más recursos (mediante la entrada en las instituciones, desde las que pueda beneficiarse del presupuesto público y de los cargos de decisión) y sostener la alteración excepcional del eje de competencia hasta que alguno de los partidos que ocupa los terrenos donde compiten desaparezca o casi: en este caso, PSOE o IU.

¿Podría Podemos mantener este camino si se decidiera a hablar en términos de izquierda-derecha, lo que obligaría a entrar en una cierta concreción en términos de políticas públicas (ma non troppo, this is Spain)?

De hacerlo, las posibilidades de éxito o incluso supervivencia se reducirían notablemente. Por supuesto, esta afirmación es una especulación imposible de contrastar. Sin embargo, los datos del último barómetro del CIS nos sugieren algunos indicadores indirectos que muestran las debilidades de Podemos en la competencia izquierda-derecha. Mencionemos dos de ellos.

Si la ideología o la cercanía de partido pesaran en la decisión del voto en las próximas generales más que el voto de protesta anti-estblishment, Podemos debería disputarse el espacio como fuerza de izquierda con IU, con el consiguiente riesgo de verse perjudicada por los frenos del sistema electoral que nos mencionaban Montero y Lago esta semana. El primer gráfico muestra como los electores de centro y centro-izquierda (posiciones 4 y 5, donde se encuentra casi la mitad del electorado) siguen ubicando al PSOE más cerca de sus preferencias que a Podemos.

Para evitar el eje izquierda-derecha, el discurso de Podemos se centra en dos temas que parecen preocupar excepcionalmente a los ciudadanos: la corrupción y la casta política. Como muestra el segundo gráfico se trata de dos problemas “colectivos”, que los ciudadanos mencionan como problemas de España pero que apenas les afectan personalmente, a diferencia cuestiones como la sanidad, la educación o cuestiones económicas más específicas (paro aparte), que no son el primer problema de España pero afectan mucho más al ámbito próximo al individuo.

Mientras se mantenga este ‘frame’ alejado del eje izquierda-derecha, Podemos podrá tratar de seguir mejorando sus opciones electorales en el centro izquierda, como muestra el gráfico. Con permiso, o colaboración pasiva, del PSOE. En esas condiciones, Podemos podría incluso superar las trabas que el sistema electoral pone a los terceros partidos en circunscripciones medianas o pequeñas: hasta el momento, Podemos ha sabido crecer por igual en diferentes ámbitos territoriales (metropolitanos, urbanos y medianos), lo que sugiere sorpresas para aquellos que fían toda esperanza al sistema electoral en último extremo.

La pregunta que queda ante esta perspectiva es qué sucederá en el momento en que el eje izquierda-derecha vuelva a estructurar la competencia. Dependerá de si Podemos habrá tenido tiempo o no para derribar al PSOE de su espacio. Destruir un sistema para volver a construirlo.

El 28 de junio de 2009 se produjo en Honduras lo que la comunidad internacional calificó como el primer golpe de Estado del siglo XXI en ese país. A su éxito contribuyó la Corte Suprema de Justicia, órgano integrado por miembros nombrados por los partidos mayoritarios, Liberal y Nacional, que promovieron dicho golpe. En ese contexto, los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Barrios Maldonado y Tirza Flores Lanza, participaron en diversos actos de denuncia de los hechos y defensa del orden constitucional. Tras ello, fueron sancionados y removidos de la magistratura por la Corte, que acumulaba poderes jurisdiccionales y disciplinarios. El Tribunal entendió, a grandes rasgos, que habían incurrido en actos contra la “dignidad” o el “decoro” de sus cargos.

Desde el golpe de Estado han sido asesinados en Honduras, en circunstancias no esclarecidas, 6 jueces, 3 de ellos pertenecientes a la asociación judicial Jueces para la Democracia. Además, el número de fiscales, abogados y juristas defensores de derechos humanos asesinados desde el año 2010 es de 72. El pasado 10 de octubre de 2014 fueron asesinadas Marlene Janeth Banegas y Olga Patricia Eufragio, ambas  fiscales del Ministerio Publico en la ciudad de San Pedro Sula. De igual modo, a pocos días de este hecho, fue asesinada Iris Elizabeth Argueta, Defensora Publica en la ciudad de Catacamas.   

En el año 2010, la asociación hondureña Jueces para la Democracia (AjD), una organización judicial legalmente reconocida y comprometida con la defensa de la independencia de la judicatura a la que pertenecen los jueces afectados, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), asociación de defensa y promoción de los derechos humanos en América, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se declarase la responsabilidad del Estado de Honduras por la violación de diversos derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969. La Comisión, tras la admisión y sustanciación de la petición, y ante el incumplimiento del Estado hondureño de las recomendaciones que le dirigió, en marzo de 2014 remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano equivalente en el ámbito regional americano al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los días 2 y 3 de febrero de 2015 tendrá lugar la celebración de la vista oral ante el Tribunal en su sede en San José de Costa Rica. 

Honduras tiene el dudoso honor de encabezar la estadística mundial de homicidios con una tasa de 85 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Exactamente, una cada 70 minutos. La tremenda brecha social, los altísimos niveles de desempleo o la inexistencia de un sistema efectivo de protección social se traducen en la ausencia de alternativas para la mayoría de la población, en situación de marginalidad, que malvive en una zona geográfica marcada por ser el corredor de la droga entre Sudamérica y Norteamérica, favoreciendo la expansión de la delincuencia organizada, que resulta atractiva para una juventud sin futuro. En síntesis, incertidumbre, vulnerabilidad y desprotección corren parejas de la inseguridad económica y delincuencial. En este complicado contexto, el futuro del país pasa, además de por las indispensables políticas sociales y redistributivas, por la instauración de un sistema institucional sólido que permita hacer efectivos los principios y valores contenidos en la Constitución de 1982. De otro modo, acaba siendo inevitable que el verdadero control del país quede en mano de poderes privados a través de sus delegados, que copan el poder político.

Dejar atrás esta realidad supone, entre otras cosas, que la judicatura deje de ser un instrumento del poder político para convertirse en una instancia de control de dicho poder, en garante de los derechos de los ciudadanos, que son derechos frente al poder. En este sentido, en noviembre de 2013 el Consejo de la Judicatura emprendió un nuevo proceso de “depuración judicial” que ha dado lugar hasta la fecha a 20 suspensiones de empleo y sueldo y el despido de 3 jueces.

Para realizar una función de tal centralidad, es indispensable la existencia de un sujeto institucional que sea un tercero, ajeno a los intereses presentes en el conflicto (poderes políticos-ciudadanos/ poderes privados-ciudadanos/ ciudadanos en situación simétrica), que intervenga para darle solución. Un sujeto imparcial. Y sólo reconociendo un estatuto de independencia en sentido fuerte, un sistema político asegura la disponibilidad de jueces imparciales. La independencia se erige así en un derecho fundamental, el derecho a un juez independiente, imprescindible para la subsistencia del Estado constitucional, y se define como la ausencia de ataduras a todo lo que no es la ley, incluyendo la Constitución y los Convenios Internacionales, en especial, para la protección de derechos humanos.

Independencia e imparcialidad constituyen elementos definitorios del estatuto del juez. Y su preservación puede justificar la restricción de algunos derechos políticos, pero no puede suponer su aislamiento del espacio público. El juez no puede vivir separado de la sociedad, no puede ser indiferente al entorno económico, social o cultural en el que se integra. En especial, cuando éste es dramático. Ello no significa que pueda hacer valer sus concepciones en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, en las que queda sujeto al ordenamiento, pero puede participar en el debate público institucional y extrainstitucional sobre el Estado constitucional y la justicia y contribuir activamente a reforzar el papel del poder judicial en el sistema político.

La contribución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde su creación, a la consolidación de una nueva cultura jurisdiccional, que reconoce el valor central de la independencia judicial, ha sido notable. Ahora ha de enfrentarse ante un nuevo reto. Un reto histórico. La única reparación eficaz es la reincorporación de los jueces despedidos a sus cargos. Cualquier otra, sólo contribuiría a minar la credibilidad del sistema regional de protección de derechos. Nos hallamos ante unos jueces que, en el contexto de un golpe de Estado, se limitaron a defender el orden constitucional vigente, sea desde la jurisdicción, como en el legítimo ejercicio de sus derechos políticos. Unos jueces de un país centroamericano, dominado desde siempre por poderes privados salvajes, que intenta caminar hacia la democracia, mediante el establecimiento de una institucionalidad fuerte. Un país, en el que, a día de hoy, el ejercicio honesto de la jurisdicción se cobra su tributo, como lo patentiza el elevado número de jueces asesinados y víctimas de amenazas y extorsiones. En este marco, no cabe duda de la singular trascendencia que cobraría una resolución de la Corte que declarase que los jueces despedidos deben ser reintegrados a sus puestos. No sólo trasladará al conjunto de la judicatura hondureña el mensaje de que el sistema interamericano de derechos humanos protege eficazmente el ejercicio independiente de la jurisdicción, de que la opinión pública reclama jueces que no se sometan a los poderes privados y sus delegados políticos. Además, pondrá fin a la vulneración de los derechos de los afectados, vulneración que se ha perpetuado desde el día en que fueron removidos. Y, lo que es más importante para la salud institucional de la República de Honduras: su ciudadanía volverá a contar con cuatro jueces independientes: Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Barrios Maldonado y Tirza Flores Lanza.

Argentina navega entre crisis desde hace décadas pero la muerte del fiscal que investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina es una crisis más sucia.

El 18 de julio de 1994 un coche bomba estalló frente a la AMIA. 85 muertos y más de 300 heridos conmovieron a una sociedad que dos años atrás había escuchado el estallido de otro coche bomba frente a la Embajada de Israel que dejó 29 muertos y 200 heridos.

Las causas por estos dos atentados se fueron enredando en la justicia y al día de hoy sus autores siguen impunes. En el año 2004 bajo el gobierno del entonces Presidente Néstor Kirchner se nombró a Alberto Nisman como fiscal de una unidad especial cuyo único objetivo era investigar el atentado. En 2006 Nisman pidió el procesamiento de una decena de funcionarios iraníes.

La relación del fiscal con el gobierno comenzó a deteriorarse en 2013 cuando el gobierno de Cristina Fernández firma un memorando de entendimiento con Irán, que luego fue aprobado por el Parlamento con mayoría oficialista. Ese acuerdo proponía la formación de una Comisión de la Verdad para investigar el atentado. El enfrentamiento con Irán por la AMIA parecía borrarse con este acuerdo. En aquella época muchas voces se levantaron en su contra argumentando que el gobierno traicionaba a las víctimas del atentado para intercambiar petróleo por granos. El parlamento de Irán nunca aprobó el acuerdo. En Argentina fue declarado inconstitucional y nunca entró en vigor.

Hace unas semanas el fiscal Nisman denunció que, a través del acuerdo, la Presidenta Fernández y su canciller Héctor Timerman pretendieron desviar la investigación y así otorgar un manto de impunidad a los funcionarios iraníes imputados. El fin era aumentar el comercio bilateral para importar petróleo iraní y hacer frente a una crisis energética. Nisman iba a presentar su denuncia frente a una comisión del Congreso de la Nación. El día anterior apareció muerto en su departamento.

Políticamente las consecuencias de la muerte del fiscal son impredecibles. En Argentina existe hoy una superproducción de hipótesis escabrosas. La Presidenta no está ajena a esta tendencia. Propone sus propias conjeturas, aporta presunciones y promueve líneas de investigación. Se presenta como otro argentino más que en una charla de café resuelve la muerte del fiscal.

El futuro es incierto y el presente angustiante. La muerte del fiscal deja al desnudo la indefensión de la democracia argentina. Indefensa frente aquellos que deberían construirla, cuidarla y perfeccionarla. La democracia en Argentina ha sido violentada y maniatada por los políticos.

Desde 1983, los líderes políticos acceden a sus cargos a través de elecciones democráticas pero una vez en el gobierno se empeñan en corromper y destruir las instituciones. La historia reciente muestra que los políticos argentinos sólo respetan los resultados electorales. Una vez en el poder manipulan las instituciones y las leyes, corrompen los organismos del estado y refuerzan mecanismos políticos que los benefician y les permiten mantenerse en sus círculos de poder. Traspasar el límite, burlar la regla y re-escribir la historia parecen ser cualidades esenciales para ser político en Argentina. Es posible que la excepción haya sido Raúl Alfonsín. Quizás porque en aquellos años la democracia todavía era un bien preciado.

Desde la presidencia de Carlos Menem hasta ahora, los presidentes y sus colaboradores se han dedicado a debilitar las instituciones y enriquecerse.

Los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner han ido manipulando la realidad. En el año 2007 se interviene el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La idea era controlar los datos económicos cuando la inflación comenzaba a aumentar. Asimismo, se presentaron como los primeros gobiernos democráticos preocupados por las violaciones a derechos humanos durante la dictadura desconociendo lo realizado por el gobierno de Raúl Alfonsín. Como si el informe de la CONADEP y el Juicio Oral y Público a las Juntas Militares no hubieran existido.

En esta historia truculenta, Nisman no es el primer muerto político de la democracia. Los argentinos sabemos de qué hablamos cuando nombramos a la adolescente Maria Soledad Morales (asesinada en 1990), al periodista José Luis Cabezas (asesinado en 1997), los jóvenes militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillan (asesinados en 2002) o el dirigente universitario Mariano Ferreyra (asesinado en 2010). Sus muertes generaron crisis políticas y horrorizaron a la sociedad.

En el 2001, en el medio de la crisis del corralito y el default, los argentinos les pedimos a los políticos que se vayan todos. Algunos nos hicieron el favor de irse. Otros se quedaron o volvieron despacio. Lo cierto es que no supimos reemplazarlos con líderes democráticos, en realidad tenemos más de lo mismo. Y ese es nuestro problema. Los argentinos observamos desde la otra orilla el espectáculo penoso que nuestros líderes nos ofrecen todos los días. De vez en cuando su puesta en escena se vuelve tenebrosa. Si quisiésemos cruzar para involucrarnos y recuperar nuestra democracia descubriríamos que nos hemos quedado sin los barcos. Hemos asistido a la violación de nuestras instituciones con expresión de horror en nuestra cara pero paralizados. Con cada muerte política parece que estamos a punto de vencer esa paralización pero hoy no sabemos si realmente la muerte del fiscal Nisman será la última.

Diversos escándalos económicos ocurridos en los últimos tiempos evidencian que el régimen de la auditoría de cuentas en España es, como mínimo, mejorable. Y debe ser mejorado dada la importancia que tiene para el buen funcionamiento del sistema económico y, en particular, del mercado financiero. La auditoría es una técnica de verificación contable cuya función principal es determinar si las cuentas anuales de un empresario ofrecen una imagen fiel de su situación patrimonial y financiera. Por eso tiene  gran trascendencia para una economía basada en la libertad de empresa como la española. Y así lo ha destacado el Tribunal Supremo en la sentencia de 8 de abril de 2008: “…el cumplimiento cabal de su función [de las sociedades auditoras] y el respeto puntual de la normativa que regula su actividad tiene, más allá del mero respeto al principio de legalidad, un interés general evidente y extraordinariamente trascendental para el sistema en su conjunto. Que un informe de auditoría proporcione realmente una imagen fiel de la situación económica, en todas sus vertientes, de una determinada empresa es un eslabón importante en la fiabilidad general del sistema y por lo mismo, sensu contrario, el que tales informes no cumplan dicha finalidad puede ocasionar gravísimos perjuicios tanto a los intereses generales como a los particulares de los sujetos que adopten decisiones apoyadas en un conocimiento no preciso de la realidad de dicha empresa”.

Los dos elementos claves del sistema son la profesionalidad y la independencia de los auditores. La primera significa que se trata de expertos que aplican la diligencia necesaria en el desarrollo de su labor. Para ello se condiciona el acceso a la profesión a la obtención de una titulación universitaria, al seguimiento de programas de enseñanzas teóricas y formación práctica y a la superación de un examen de aptitud reconocido por el Estado.

La independencia exige que los auditores desarrollen su labor sin la interferencia de terceros; sobre todo de los empresarios cuyas cuentas fiscalizan. Para ello la ley establece una serie de mecanismos. En primer lugar, les prohíbe participar en los procesos de toma de decisiones de las empresas fiscalizadas. Segundo, se establecen determinadas causas de incompatibilidad en presencia de las cuales los auditores deben abstenerse de actuar. Tercero, se prevé una duración mínima y máxima del contrato de auditoría, así como la necesidad de rotación. Cuarto, la resolución del contrato precisa justa causa. Quinto, se veta a los auditores formar parte de los órganos de administración o dirección de las entidades fiscalizadas durante los dos años siguientes a la finalización del contrato. Sexto, los honorarios deben fijarse por anticipado y para todo el periodo en que deban desempeñar sus servicios. Por último, la falta de independencia constituye una infracción grave o, si media dolo o negligencia inexcusable, muy grave, sin perjuicio de que pueda generar además responsabilidad civil y, en su caso, penal.

Todas estas medidas se han revelado insuficientes. La salida a bolsa de Bankia constituye un caso paradigmático. Basta recordar que el ICAC ha sancionado a Deloitte con una multa de 12,4 millones de euros por falta de independencia y por no seguir las normas técnicas de auditoría. Y su ejemplo ha retrasado la privatización de AENA generando un conflicto entre los Ministerios de Economía y Competitividad y Fomento. Por desgracia, no es el único caso reciente en que los auditores no han detectado a tiempo los problemas de las cuentas anuales. La reputación de BDO bajó muchos enteros a raíz del caso Pescanova. Y tuvo que ser un analista financiero independiente, Gotham City Research, quien destapara el fraude de Gowex, que no sólo ha supuesto la cárcel para su auditor sino que ha puesto en jaque el Mercado Alternativo Bursátil español.

Buena parte de estos escándalos se explican por la situación de dependencia que tienen los auditores frente a los empresarios cuyas cuentas verifican. Y la razón no es otra que el hecho de que son los últimos los que contratan y pagan a los primeros. De ahí que un informe no satisfactorio pueda dificultar el cobro de las cantidades debidas o la pérdida de un cliente. Y esas circunstancias pesan mucho en cualquier empresa de auditoría; especialmente en las de grandes dimensiones cuyos administradores deben rendir cuentas a los socios. De ahí que cualquier reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas -como la anunciada por el Ministro de Economía y Competitividad antes del verano- deba incidir en esa cuestión y establecer los mecanismos necesarios para conseguir que los auditores puedan gozar de la independencia necesaria para llevar a cabo su actividad en la forma deseada. Por ejemplo, creando un cuerpo de auditores contratados por el Estado quién repercutiría los gastos en los empresarios cuyas cuentas fiscalizaran a través de un arancel o de un sistema tarifario.

Se puede comenzar afirmando que la historia se repite. Hablar de financiación ilegal de los partidos políticos es hablar del presente (caso Gürtel), es hablar del pasado (Caso Filesa y muchos más), y probablemente, si no se remedia, será hablar del futuro. Según el último informe elaborado por el GRECO la situación provocada por la financiación ilegal de los partidos políticos en España resulta preocupante por ser uno de los ámbitos donde más actividad corrupta se revela.

Cíclicamente nos encontramos con casos de corrupción relacionados con la financiación de un partido político. Ante estos casos los ciudadanos se indignan y desde el poder político se contesta que se van a tomar medidas. Sin embargo, antes de proponer reformas hay que diagnosticar el problema y conocer sus causas, porque sólo conociendo las causas de la enfermedad podremos atajarla y, lo que es mejor, podremos prevenirla en un futuro.

Se ha afirmado que lo que falla es el modelo de financiación. En España los partidos se financian mayoritariamente con dinero público, aunque se permite la financiación privada. Se alzan voces que propugnan que se prohíba la financiación privada de los partidos. La discusión respecto al modelo daría para otro comentario, por lo que aquí sólo diré que no creo que el modelo de financiación público o privado favorezca una mayor o menor corrupción en la financiación de los partidos, en mi opinión son otras las causas que generan conductas corruptas en este ámbito y a ellas me voy a referir.

La primera causa, en mi opinión, es el elevado nivel de gasto de los partidos. Resulta evidente la necesidad de reducir y limitar los gastos electorales. Así, se deben acortar las campañas, se debe reducir la cantidad y la grandiosidad de los mítines, se deben eliminar gastos innecesarios como el mailing y se tienen que fomentar espacios gratuitos en los medios. Hay que reducir también los gastos ordinarios, cuyo incremento viene generado por la excesiva profesionalización de los partidos.

La segunda causa es el bajo número de afiliados. Creo que es uno de los problemas más importantes que sufren los partidos en España. Somos el país de Europa con menor número de afiliados. Esto, aparte de demostrar la separación entre los ciudadanos y los partidos, implica un escaso nivel de esta fuente de financiación. Las aportaciones de los ciudadanos es la manera más sana de financiarse, puesto que supone un mayor acercamiento de los partidos a la sociedad. Convendría preguntarse si a los partidos les interesa aumentar el número de afiliados, teniendo en cuenta que un reclutamiento masivo hace más complejo y difícil el manejo del partido por la cúpula directiva.

La tercera causa se encuentra en la tan manida falta de transparencia. Hay enormes dificultades a la hora de fiscalizar las cuentas de los partidos. Es importante indicar que la transparencia no es sinónimo de acceso a la información. La transparencia requiere un paso más: que dicho acceso sea fácil, inteligible y constante. La transparencia debe ser completa, de manera que no sólo se pueda acceder a la cantidad ingresada o gastada, sino al origen de dichos ingresos y gastos. En España nos encontramos con serias carencias en este aspecto relacionadas con deficiencias en el sistema de auditorías internas, falta homologación en la presentación de información financiera de los partidos ante el Tribunal de Cuentas, escasa información en las páginas web de los partidos sobre sus balances, sus cuentas de resultados, etc. Dudo que la recién aprobada ley de transparencia sea suficiente para solucionar todos estos problemas.

La cuarta causa está relacionada con la excesiva discrecionalidad y la ausencia de controles en algunos ámbitos de la actividad administrativa. Concretamente en el ámbito de la contratación pública y en el ámbito urbanístico. Buena parte de la financiación ilegal que reciben los partidos proviene de empresas que buscan con las donaciones decisiones de la Administración que les favorezcan. Debe recordarse que el sistema de listas cerradas provoca que el partido sea el que decida en cada caso quién va en una lista y por tanto decide sobre la vida profesional de sus militantes, ejerciendo una presión muy importante sobre ellos. Además, en España es muy elevado el número de cargos de confianza, que son el puente entre los partidos y la Administración. Ello unido a al ausencia de controles en algunos ámbitos de la actividad administrativa provoca que el partido pueda presionar sobre el empleado público para que tome una decisión en un sentido concreto. Un sistema de listas abiertas, una disminución de los cargos de confianza y un mayo control en los ámbitos de contratación pública reduciría enormemente la posibilidad de actividades corruptas.

A mi modo de ver, si se buscan soluciones para remediar las cuatro causas anteriores, estaremos en el camino para atajar buena parte de la financiación ilegal de los partidos políticos. A partir de ahí podremos valorar si es mejor un tipo de financiación pública o privada o si es conveniente la inclusión en el Código Penal de un delito de financiación ilegal, pero, mientras no se actúe sobre las principales causas que generan la financiación corrupta, esto sólo será un brindis al sol.

La masacre perpetrada en la sede de Charlie Hebdo el pasado miércoles 7 de enero ha despertado una oleada de empatía con la causa de la libertad de expresión en Occidente sin apenas precedentes. La intensidad emotiva de las manifestaciones, el consenso mayoritario manifestado en las redes sociales y la reacción de condena mundial (incluido el rechazo de Hezbollah) muestran una repulsa general hacia lo que muchos han presentado como una atentado contra la libertad de expresión y contra una visión laica del mundo que sustenta los valores fundamentales de la democracia liberal. Ante esa agresión, la opinión pública occidental ha reaccionado al unísono en defensa de esos valores. Pero, ¿hasta qué punto esta defensa encendida de la libertad refleja realmente un apoyo unánime en el mundo occidental? ¿Nuestra adhesión a la tolerancia, a la libertad de expresión y pensamiento, y al respeto frente al disenso son realmente una convicción inexpugnable para los suicidas de París? ¿Estamos tan seguros de que ‘todos somos Charlie’?

Ya sabemos que la visión de lo sucedido es más compleja si se observa desde fuera de Occidente, como muestra el debate interno abierto entre diversos periodistas de Al-Jazeera. Incluso en las sociedades occidentales, como explicaba David Brooks, la corrección política creciente alimenta una autocensura moral que evita la necesidad de recurrir a la amenaza de la regulación legal. En ese ambiente, la sátira de Charlie Hebdo aparece más como una excepción marginal que como un patrón representativo de una mayoría social. Sin olvidar contradicciones más flagrantes, como el contraste entre la solidaridad de las instituciones españolas con el semanario francés y la expeditiva censura que El Jueves ha recibido por portadas menos sacrílegas.

Ciertamente, el apoyo de la población a la tolerancia y a la libertad de expresión son manifiestos y reiterados en las numerosas encuestas de opinión acumuladas durante estas últimas décadas. Sin ir más lejos, un reciente estudio del CIS (Nº 3.034, julio de 2014) situaba el valor de la tolerancia como el segundo más importante, solo por detrás de la honestidad y la integridad personal: en concreto, los españoles lo puntuaban con un 8’99 sobre 10. En realidad, el único valor propuesto en la encuesta que bajaba de 8 era ‘votar en las elecciones’, que obtenía un 6,62. Se trata de una valoración bastante homogénea entre diferentes estratos sociales, de educación, edad o sexo. La tolerancia, como la honestidad, el cumplimiento de las normas o la solidaridad son valores muy importantes para los españoles.

Sin embargo, si vamos un poco más al detalle del vigor con que se manifiestan estos valores, los propios españoles reconocen que, en las últimas dos décadas, la tolerancia ha ido sufriendo cierta erosión. El Gráfico 1 muestra la evolución al alza de aquellos que opinan que la tolerancia se practica ‘poco o nada’ en España, partiendo de un nivel inferior al 40% (1994) hasta acercarse al 50% a finales de 2012 (serie de datos del CIS).

Pero los límites al vigor de nuestra idea de tolerancia surgen al tratar de asignar un contenido real a ese valor. Cuando las redes sociales convirtieron el hashtag #jesuischarlie en el que mayor difusión ha tenido en la historia de Twitter, expresaban con él una adhesión a una libertad de expresión con límites laxos. Decenas de articulistas han escrito estos días sobre la importancia del humor referido a ideologías y creencias como un requisito clave de una tolerancia genuina, un criterio central para marcar el alcance real de la libertad de expresión y pensamiento. Pero, ¿qué opinan realmente los ciudadanos sobre esa idea?

Un estudio del CIS sobre religiosidad en España (Nº 2.752, febrero de 2008) preguntaba específicamente por esa cuestión. Y los resultados resultaron muy clarificadores: para un 55’3% resultaba inaceptable la utilización de símbolos religiosos con fines humorísticos en los medios de comunicación, frente a un 34’6% que lo encontraba aceptable (10’1% NS/NC).

Lo más destacable de este rechazo mayoritario al humor practicado por Charlie Hebdo y otras publicaciones satíricas es que se mantiene a la cabeza en casi todos los grupos sociales. Evidentemente, existen diferencias significativas (Gráfico 2). El rechazo se refuerza a medida que sube la edad (las posturas a favor o en contra solo se igualan por debajo de las 35 años), es mucho mayor entre individuos de centro o derecha (pero los que aceptan la sátira religiosa solo son mayoría en el grupo minoritario de extrema izquierda), mayor entre mujeres que entre hombres (la diferencia es significativa estadísticamente) y crece también a medida que se reducen los ingresos mensuales personales (el grupo favorable a la sátira solo es escasamente mayoritario entre los que cobran más de 1800 euros al mes). Quizá sorprenda menos que el rechazo a la sátira religiosa sea mayúsculo entre creyentes católicos, musulmanes u otras creencias, mientras que agnósticos o ateos son más propensos a aceptarla.

Por supuesto, no debemos sobreinterpretar estos datos, que solo miden un aspecto de la noción amplia de libertad. Ni extrapolarlos a un contexto en el que confluyen diversas tramas causales que se cruzaron en la redacción de Charlie Hebdo, como podrían haberlo hecho (o volver a hacerlo) en otro lugar... (el contexto bélico de Oriente Medio, la irrupción del Estado Islámico en la región, la Fitna de la que hablaba Gilles Kepel, la guerra civil en el mundo islámico, que alcanza siempre que puede a Europa, aunque el mayor sufrimiento sigue dándose, en términos cualitativos y cuantitativos, en los países de mayoría musulmana, etc.).

Sin embargo, este cuadro de las opiniones de los ciudadanos nos da una medida más aproximada del estado real en el que se encuentran nuestras convicciones sobre las libertades. Debemos recordar este aspecto para entender cuál es el verdadero alcance de la reacción a favor de la tolerancia expresada estos días en un continente en el que, al mismo tiempo, surgen movimientos sociales como el de Pegida en Alemania, en el que sube el voto a los partidos que miran la libertad con desconfianza, y en el que los núcleos conservadores de los gobiernos europeos –de izquierda o derecha- no van a perder la ocasión para plantear crudamente el dilema entre seguridad y libertad a la hora de tomar medidas preventivas.

Los expertos señalan que no hay que racionalizar excesivamente los objetivos y acciones de los grupos terroristas islamistas. Pero no cabe duda de que atentando contra Charlie Hebdo, los jóvenes franceses inmolados apuntaron a uno de los flancos más vulnerables de nuestras democracias.

Los acontecimientos judiciales se suceden en Catalunya. Otro nuevo capítulo de la crónica judicial del principado ha tenido lugar este jueves 8 de enero con la admisión a trámite por parte del TSJCat de la polémica querella presentada por la Fiscalía Superior de Justicia de Catalunya contra el Presidente de la Generalitat, su Vicepresidenta y la Consejera de Educación, por los hechos acontecidos en torno al proceso de participación del pasado día 9 de noviembre de 2014. También este jueves, mediante otros tantos autos, el mismo Tribunal decidió admitir las otras querellas interpuestas por diversos colectivos, sindicatos y partidos políticos, procediendo a la acumulación de todas ellas en un único proceso, que se sustanciará por la presunta comisión de un delito de desobediencia, al cual se vincularían, en su caso, los delitos de prevaricación y de malversación. En los mismos autos, ya de entrada, se despachan como inexistentes otros delitos alegados por algunos de los querellantes, como son los de coacciones, delitos electorales, omisión de perseguir delitos, rebelión y sedición.

Antes de entrar en materia conviene precisar el significado de estas resoluciones, que no son cosa distinta al resultado de proceder conforme al art. 313 LECrim. Este artículo limita el juicio de admisibilidad de las querellas al plano de la evaluación jurídica de los hechos expuestos en ellas, quedando al margen la valoración sobre la existencia real de los mismos. En consecuencia, el Alto Tribunal de Catalunya no afirma la existencia siquiera indiciaria de delito alguno, sino que tan sólo, en función de los hechos denunciados por las partes, y sin entrar en si son o no ciertos, considera que, en abstracto, podrían albergar relevancia penal. Ante tal posibilidad, el Tribunal decide abrir la fase de investigación para determinar posteriormente si, a raíz de las diligencias que se practiquen, los hechos son ciertos y merecen ser sometidos en una fase judicial posterior a juicio oral, en la que se decidirá si se han dado o no tales ilícitos penales. Por lo tanto, de esta decisión, únicamente se pueden extraer dos conclusiones: a) los hechos denunciados no constituyen en ningún caso delito de coacciones, delitos electorales, omisión de perseguir delitos, rebelión y sedición; y b) los hechos denunciados por los querellantes podrían llegar a subsumirse en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, de constatarse su veracidad tras la oportuna investigación judicial y sobre la que nada se dice o puede decirse en este momento procesal.

Al rechazar una serie de delitos y al admitir la posible existencia de estos otros, el TSJCat ha venido a asumir preliminar y deferentemente la tesis de la Fiscalía, a la que no obstante achaca cierta confusión en su relato de hechos para, en consecuencia, limitar los mismos a las actuaciones emprendidas por los querellados después de la segunda providencia del TC, de 4 de noviembre. La Fiscalía sostenía en su escrito, que los hechos llevados a cabo e impulsados por los querellados podían suponer un delito de desobediencia, habida cuenta de la existencia de una providencia del TC que suspendía cualquier acto tendente a la celebración del proceso de participación. El gobierno de Catalunya, como vértice de la administración, actúa sometido a derecho y, por lo tanto, la desobediencia se articula a través de decisiones injustas por ser contrarias a la suspensión, de ahí que la prevaricación se vincule a la desobediencia y que por tanto, de no existir ésta, tampoco se daría aquélla. De igual modo ocurre con la malversación. La fiscalía considera que los medios y caudales públicos empleados para la consulta se han destinado bajo resoluciones administrativas injustas a un fin ilícito, desobedecer, y por lo tanto a una función ajena a la estrictamente pública. Por ende, si no existiera el delito de desobediencia, tampoco entonces los medios se habrían empleado para un fin ilícito, decayendo también en consecuencia el delito de malversación. En definitiva, la viabilidad de la acción penal pende del delito de desobediencia, que aparece como la clave de bóveda de la imputación.

Llegados a este punto podemos, ahora sí, adentrarnos en algunas consideraciones penales en torno a un delito, el de desobediencia, que juega tan importante papel en la causa. Si bien, antes debe comprenderse que el Derecho penal se aplica con estricta observancia de la ley –lo que determina que no cualquier desobediencia es penalmente relevante, sino tan solo aquella que cumple con los requisitos del delito- y dicha aplicación se articula, además, sobre diversos principios constitucionales, entre ellos, el de ultima ratio – por lo que el Estado debe agotar todos los mecanismos no penales a su alcance para hacer frente a la puesta en peligro de los intereses de la Nación antes de ejercer la acción penal-.

El delito de desobediencia del art. 410 CP exige por unánime criterio jurisprudencial que exista un mandato judicial preciso y concreto dirigido a un sujeto determinado para que haga o no haga una conducta. Frente a dicho mandato, la autoridad, desarrolla una actitud contumaz y reiterada de rebeldía, oponiéndose a cumplir con lo dispuesto en la resolución judicial. Para activar este delito, por lo tanto, no basta la mera resolución judicial, es obligado que frente a la pasividad en su cumplimiento se reitere la obligación de cumplir con lo dispuesto, para lo cual es preciso instar la ejecución de la resolución y, si el obligado continúa en sus trece, entonces es preciso requerirle nuevamente, incluso apercibiéndole de que si no depone su actitud ésta puede ser constitutiva de delito.

Así sucedió en la STS 54/2008, 8-4, “Caso Atutxa”, donde se condenó al Presidente de la Mesa el Parlamento Vasco y a otros dos miembros de la misma por no cumplir el mandato impuesto por resolución de la denominada “Sala Especial del art. 61 del Tribunal Supremo” de disolver a un grupo parlamentario vinculado a actividades del terrorismo etarra. Debe recordarse que tras la sentencia de esta Sala Especial, y en ejecución de la misma, se remitieron varios oficios incluso hasta tres autos a la Mesa del Parlamento Vasco, conteniendo alguno de ellos requerimiento, incluso apercibimiento con expresa mención de posible concurrencia de un ilícito penal si no cumplían el mandato de la Sala Especial. Tras desatenderse dichos requerimientos y habida cuenta de la continuación en la actitud renuente del Presidente a dar el debido cumplimiento a la Sentencia de la Sala Especial, el sindicato Manos Limpias instó la acción penal por el delito de desobediencia por el que finalmente fue condenado del Sr. Atutxa (lo que, dicho sea de paso, contó entonces con la oposición de la Fiscalía).

Así las cosas, estos requisitos aparentemente no se dan en los hechos acontecidos tras el 4 de noviembre. Primero, porque el mandato de la providencia del TC dictado en esta fecha no es concreto y no está dirigido a ningún sujeto singularizado. Tal indeterminación motivó que la Generalitat presentara un escrito de aclaración ante el TC para que éste especificara los términos de la suspensión. Escrito que, por cierto, a día de hoy aún no ha sido resuelto por el TC. Por otro lado, tampoco ha habido requerimiento, ni menos aún apercibimiento a los querellados. Y ello es debido a que la Abogacía del Estado no interpuso incidente de ejecución a la providencia de 4 de noviembre ante la actuación del Gobierno de Catalunya que, al parecer del Estado, incumplía con el mandato suspensión de la providencia. Otro cantar sería si el Gobierno de la Nación, a través de la abogacía del Estado, al observar que el Gobierno de la Generalitat procedía con los actos del proceso, hubiera interpuesto tal incidente frente a las conductas de: no desconectar la web, movilizar a los directores de instituto, proseguir con la campaña institucional en los medios de comunicación, facilitar medios materiales para la consulta, así como locales públicos para su celebración etc... Todo ello era público y notorio, y hubiera bastado reiterar en incidente de ejecución la denuncia de estos hechos para que el TC no hubiera tenido más remedio que requerir en concreto al gobierno catalán para que pusiera fin a estas actuaciones singularizadas. En tal caso, de proseguir con las mismas, y una vez concretado el mandato, entonces sí se habría podido producir el delito de desobediencia.

El Estado Constitucional de Derecho, exige el cumplimento de las garantías penales y obliga a la eficiencia del Estado en el uso del ius puniendi. Esta poderosa herramienta no está dispuesta para subsanar la imprevisión de los negligentes, menos aún cuando estos son los que promovieron la suspensión de las actuaciones y debían ser, como parte solicitante, guardianes de la misma. En consecuencia, téngase la opinión política que se tenga, en estrictos términos legales los querellados poseen sólidos argumentos jurídicos para desballestar la tesis del fiscal, así como del resto de las partes personadas.

Como es conocido, en un atentado terrorista en París fueron asesinadas doce personas: diez que trabajaban en el semanario “Charlie Hebdo” y dos policías que intentaban protegerlas, precisamente, de ataques de esta índole. Es quizá menos sabido, o menos divulgado en nuestro entorno, que ayer mismo fueron asesinadas 31 personas al estallar un coche bomba ante una academia de policía en el centro de Saná (Yemén); que el 18 de diciembre fueron asesinadas 35 personas y secuestradas 185, en su mayoría mujeres y niños, en Gumsere, al noreste de Nigeria, y todavía no se tienen noticias de las decenas de niñas y adolescentes secuestradas por Boko Haram meses antes; que el 16 de diciembre pasado, fueron asesinadas otras 141 personas, la gran mayoría escolares, en Peshawar (Pakistán),… ¿Por qué? Por el mero hecho de pensar diferente, ir a la escuela, ser mujer o pasar por allí; por la banalidad del mal.

Sin embargo, el atentado de París parece sobrecogernos de manera especial, quizá porque nos hace sentir que, como anunciaba en 1986 el recientemente fallecido Ulrich Beck, “hasta ahora, todo el sufrimiento, toda la miseria, toda la violencia que unos seres humanos causaban a otros se resumía bajo la categoría de los ”otros“: los judíos, los negros, las mujeres… [Pero] ha llegado el final de los otros, el final de todas nuestras posibilidades de distanciamiento”. Y todo ello sin olvidar que queda mucho para que las condiciones de vida en Saná, Gumsere o Peshawar se parezcan en algo a las de París.

Teniendo claro que ninguna vida merece mejor consideración que otra y que es obligación de los poderes públicos y de la propia sociedad defender los derechos –todos los derechos- de todas las personas, hay que recordar que en una sociedad democrática avanzada, como pretenden serlo la francesa o la española, la defensa de derechos como la libertad de expresión e información no puede supeditarse a su conformidad con las ideas y opiniones mayoritarias o socialmente aceptadas sino que debe amparar, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto Handyside c Reino Unido, de 1976, y mucho más recientemente, caso Otegui c. España, de 2011) “aquéllas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población”. Y ello porque la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales del progreso y esa es la exigencia del pluralismo y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad democrática.

Sin embargo, poco a poco parece ir calando la tesis de que hay que “evitar los excesos”, de que no se deben causar “problemas gratuitos”; en suma, de que “no hay que molestar” en los asuntos de religión, aunque para ello haya que sacrificar otros derechos como las libertades ideológicas, de expresión y reunión (recuérdense las reiteradas prohibiciones de las llamadas “procesiones ateas”) e, incluso, obligaciones del Estado. Y esta tesis ha sido abonada de forma preocupante por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias ocasiones (casos Otto-Preminger Institut v. Austria, de 1994, avalando la orden judicial de retirada de la película Das Liebeskonzil; Wingrove v. Reino Unido, de 1996, dando por bueno el rechazo a la comercialización del vídeo Visions of Ecstasy; I.A. v. Turquía, de 2005, aceptando la condena penal por la publicación de un libro tachado de blasfemo;…) contradiciendo así su doctrina general en materia de libertad de expresión -¿se puede inquietar u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población salvo si se trata de una fracción religiosa?-, aunque, en parte, parece haber corregido esa orientación más restrictiva (Klein v. Eslovaquia, de 2006, donde ampara la libertad para pedir a los católicos que abandonen su iglesia si quieren considerarse decentes).

Pues bien, si podemos decir que las condiciones de vida y de disfrute de derechos en Saná, Gumsere o Peshawar no son las mismas que, por ejemplo, en Nueva York, en parte se debe a que en este último lugar, como dijo en su día el Tribunal Supremo de Estados Unidos, “el hecho de que la sociedad pueda considerar ofensiva una expresión no es razón suficiente para suprimirla. Al contrario, puede ser motivo para que esté constitucionalmente protegida” (asunto Hustler Magazine vs. Falwell, de 1988).

Por cierto, en un país como Estados Unidos, donde un símbolo como la bandera tiene especial valor -“simboliza esta nación tanto como las letras que componen la palabra América”, dice el Tribunal Supremo- se ha admitido que forma parte de la libertad de expresión la quema de esa bandera (asunto Texas vs. Johnson, de 1989) y se declaró inconstitucional la Ley que pretendía sancionar esa conducta (caso United States v. Eichmann, de 1990); como contraste, en España tal conducta es constitutiva de delito de acuerdo con el artículo 543 del Código Penal.

Esta amplia libertad para criticar, incluso para ofender, no solo debe ser válida cuando se satiriza o ridiculiza a fanáticos que luego asesinan para vengar esas “blasfemias”. Pero, en todo caso, debe estar especialmente protegida cuando tiene ese objetivo y por eso resulta de muy dudosa constitucionalidad, por la protección desproporcionada que otorga a la religión y por la inseguridad jurídica que presenta (recuérdese el enjuiciamiento de Javier Krahe), la existencia en el Código Penal español de un precepto como el 525.1, donde se prevé que “incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos religiosos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesen o practican”.

El escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias musulmanes y católicos (entre otros) es, exactamente, lo que ha venido haciendo de forma habitual el semanario “Charlie Hebdo” y es imprescindible en términos de salud democrática que, parafraseando a Orwell, pueda seguir publicando caricaturas que a algunos no les gusta ver.

Un estudio reciente –World Protests 2006-2013- que analiza 843 casos de protestas, muestra un aumento constante en el número global desde 2006 (59 protestas) a mediados de 2013 (112 eventos en tan sólo seis meses). Y concluye, entre otras cosas, que si bien la demanda amplia de justicia económica es de gran importancia, el dato que llama la atención es la abrumadora reclamación (en 218 manifestaciones) de una “democracia real”, resultado de la creciente concienciación ciudadana de que los gobiernos y las instituciones parlamentarias no han priorizado a la ciudadanía, de una frustración con los sistemas políticos tradicionales, y una falta de confianza en los partidos en escena, sean de izquierda o derecha.

En este trabajo se insiste en que, coincidiendo con el inicio de la crisis financiera y económica global y su desarrollo, existe un gran incremento de las protestas, especialmente a partir de 2010 con la adopción de las medidas de austeridad en todas las regiones mundiales. El número es mayor en los países de altos ingresos (304 protestas), seguido de América Latina y el Caribe (141 protestas), Asia del Este y el Pacífico (83 protestas) y el África Subsahariana (78 protestas). El análisis de la región de Oriente Próximo y el Norte de África (7) muestra que las protestas también eran predominantes con anterioridad a la Primavera Árabe. En lo que respecta a los disturbios violentos que se han contado en el estudio, la mayoría ocurrieron en países de ingresos bajos (48% de todos los disturbios) y fueron causados, de forma principal, por los aumentos en los precios de la energía y de los alimentos.

Volviendo a la exigencia de “democracia real”, la misma se manifiesta no sólo en países con gobiernos autoritarios sino también en democracias representativas en las que no se percibe que se escuchen las necesidades y demandas de la ciudadanía. Esta preocupación por la “democracia real” permite conectar los movimientos sociales de los últimos años con los que se desarrollaron entre los años 60 y 70 del siglo pasado, que reivindicaban el aumento del peso de los ciudadanos en detrimento del de las instituciones y los partidos políticos. Si las cosas son así, se habría producido un nuevo cambio en el devenir de esos movimientos, pues, según Pierre Rosanvallon, lo que estaba en juego en los primeros años del siglo XXI eran mecanismos participativos promovidos por los propios Gobiernos y, desde el punto de vista de los ciudadanos implicados en esas experiencias, la centralidad de las instancias representativas es incuestionable.

A la vista de lo ocurrido en España y en otros países en los primeros años de la segunda década del siglo XXI se puede afirmar que se está produciendo un cuestionamiento, sino de la centralidad, sí del funcionamiento de las instituciones representativas y de las formaciones políticas presentes en su seno.

Véase, a título de muestra, la confianza decreciente en el Parlamento español, en los partidos y los responsables políticos, según la Sexta Encuesta Social Europea, analizada aquí hace unos meses por Carol Galais:

Ante esta situación, no se trata de que los movimientos ciudadanos ocupen el papel de los partidos, que son, obviamente, organizaciones esenciales para la democracia ni, por otra parte, que esos movimientos tengan que acabar transformándose en un partido político, aunque esta última posibilidad tampoco resulta extraña: el movimiento feminista ha dado lugar, en algunos momentos y lugares, al surgimiento de uno o varios partidos feministas pero ni siempre ha ocurrido tal cosa ni, cuando eso ha sucedido, ha supuesto la desaparición del movimiento; otro tanto podría decirse, por ejemplo, del ecologismo y los partidos verdes.

Pero sí se trata de que los partidos y las instituciones asuman que han dejado de ser el único ámbito en el que, en palabras de Ulrich Beck, se decide la transformación del futuro social y que los movimientos sociales son instrumentos válidos para contribuir a la dinamización de una democracia, que puede calificarse de “inactiva” en buena parte de los Estados avanzados de las primeras décadas del siglo XXI.

Por eso, promover la participación activa de los movimientos sociales puede contribuir a la integración democrática de sectores que se sienten excluidos del sistema y a los que, precisamente, se descalifica como “anti-sistema”. Y es que, siguiendo con la terminología de Rosanvallon, los ciudadanos organizados de esta manera generan una interacción intensa con la esfera política, ejerciendo una democracia de expresión, mediante la que formulan críticas a las actuaciones de los poderes públicos y expresan sus reivindicaciones; una democracia de implicación, a través de conjunto de actuaciones mediante las que estos movimientos se relacionan entre sí para conseguir un entorno común, y una democracia de intervención, relativa al conjunto de actuaciones colectivas que pueden desarrollar para conseguir un sistema político más transparente y participativo, un control efectivo de los principales actores económicos, un sistema tributario equitativo, etc.

Y todo ello con el objetivo no de “despolitizar” la democracia sino, por el contrario, de “repolitizarla”, de darle más centralidad a lo político y eso implica que progresen, al mismo tiempo, la calidad de la regulación democrática y la atención a la construcción democrática.