El pleno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado inicialmente la Ordenanza Municipal de Movilidad Sostenible. La alcaldesa Amparo Marco ha destacado que esta ordenanza “presta especial atención a los peatones, ciclistas y a los vehículos de movilidad personal (los que transportan a una sola persona, como los patinetes), y hace hincapié en las personas con movilidad reducida, el transporte público, las zonas de la ciudad con velocidad limitada y las zonas de baja emisión”.

El texto ha sido aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno (PSPV, Compromís y Podem-EU) y la concejala no adscrita, y los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox. Se expondrá al público durante un plazo de 30 días y se entenderá definitivamente aprobado en el caso de que no se presenten reclamaciones en ese plazo. “Castelló dispondrá así de la primera normativa de movilidad sostenible que armoniza los distintos usos de la vía pública y los espacios urbanos”, ha apuntado la alcaldesa.

“Esta es una ordenanza que defiende una ciudad que fomenta la creación de espacios verdes, la circulación de bicicletas y de vehículos de movilidad personal y, sobre todo, una ciudad que prioriza la creación de zonas peatonales en la que las personas seamos el eje de las políticas públicas”, ha explicado en la sesión plenaria el concejal de Movilidad Sostenible, Jorge Ribes. “Esta ordenanza pasará a ser un texto de referencia en materia de movilidad en Castelló, ya que en ella se encuentran reguladas la mayoría de las cuestiones que afectan a movilidad y vía pública dentro del ámbito local; y será también un texto de referencia de las políticas que impulsa este gobierno en materia de movilidad para avanzar en un modelo de ciudad sostenible, verde, amable y peatonal”, ha apuntado.

El texto adapta la normativa de Tráfico a las particularidades de Castelló y es de aplicación en todo el término municipal, en las vías urbanas y en las interurbanas cuya competencia hubiera sido cedida al Ayuntamiento. En su articulado, la Ordenanza Municipal de Movilidad Sostenible se ocupa de las normas generales de circulación y seguridad vial, estableciendo criterios para la necesaria convivencia en los espacios públicos, la limitación de velocidad en el núcleo urbano y los principales criterios de vigilancia y control de la seguridad vial. También aborda la circulación de vehículos a motor, estableciendo las restricciones a la circulación de vehículos pesados, las normas de circulación para motocicletas, ciclomotores y bicicletas, junto a las de los vehículos de movilidad personal.

Desarrolla, asimismo, las normas generales sobre la circulación de viandantes, las zonas de especial protección para el peatón, las zonas 30 y las de espacio compartido, las zonas de bajas emisiones y la regulación de las zonas peatonales de uso restringido. También recoge la distribución urbana de mercancías y las normas generales sobre carga y descarga. Además, regula las medidas de promoción del transporte público, especial o el transporte de mercancías peligrosas, así como el servicio de bicicleta pública municipal y servicios privados de arrendamiento, tanto de bicicletas como de vehículos de movilidad personal.

Establece los criterios para la emisión de las tarjetas de movilidad reducida, así como los de la parada, el estacionamiento y el estacionamiento regulado; y los usos temporales de la vía pública. Recoge, asimismo, el régimen sancionador, las responsabilidades y la clasificación de las sanciones.

Recientemente la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaba la intención del Gobierno de clausurar definitivamente la plataforma Castor, poniendo fin a un viacrucis que comenzó hace una década y que ha costado a las arcas públicas más de 4.000 millones de euros. Entre las voces más críticas con el desarrollo del proyecto se encuentra Josep Giner, doctor en Geología i profesor de la Universidad de Barcelona. Con décadas de experiencia en el sector, fue uno de los expertos llamados a declarar por el Parlament de Catalunya durante la Comisión de Investigación del Proyecto Castor celebrada en noviembre del pasado año.

¿Cómo es posible que el proyecto recibiese el visto bueno por parte de la Administración y resultase en un desastre que provocó centenares de movimientos sísmicos?

Hay que entender cómo funciona la Administración y para muestra ahí está el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) del 2007. En este informe, el cual sirve de base para aprobar el proyecto, y que responde a las dudas que se plantearon desde la Dirección General de Minas, básicamente lo que se dice es “nosotros no estamos aquí para decir si los informes técnicos están bien o mal hecho, sino para certificar que se han hecho conforme exige la ley. Nosotros, por tanto, no tenemos nada más que decir”. Más adelante les hacen otra pregunta y aquí categóricamente afirman no tener “ni conocimiento ni personal adecuado para responderle”. En función de todo ello, validan el proyecto. Yo he hablado con algunos de esos funcionarios y me confirman que no pueden decir si el informe está bien o mal hecho, lo único que pueden hacer es comprobar que se han hecho los informes requeridos. Clama al cielo lo que hicieron, hay un sistema de valoración que es incapaz de detectar las irregularidades y las cosas que están mal hechas. Desde el principio se puede ver que el proyecto no es viable y esto no lo detectó nadie. La Administración, por el sistema de funcionamiento que tiene, es incapaz de detectar nada e incapaz de modificar nada, por ahí pasa absolutamente todo. La prueba es que el informe de 2007 lo firma un señor que estuvo imputado por la Junta de Andalucía porque firmó el informe de validación para construir la balsa de lodos minerales de Aznalcóllar en el coto de Doñana.

¿Cree que se ignoraron los riesgos de llevar a cabo el proyecto?

Hasta que en 2013 no ocurren los terremotos, momento en que acuden otra vez al IGME, no aparecen técnicos competentes que sí dicen lo que ha pasado. Lo dicen bien y correctamente, pero no les hacen caso. Si hubieran hecho caso al informe del IGME de 2013/14, en el que ya te están diciendo porqué el proyecto está mal, no habría habido necesidad de gastarse 600.000 euros en el informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT). No les hicieron caso por intereses. Todos estos informes están controlados políticamente, desde un punto de vista técnico se llegan a unas conclusiones, pero en los respectivos apartados no hay rastro de dichas conclusiones. El aspecto más importante del informe del IGME aparece en un anexo que no está firmado y que ya advierte de que es inviable inyectar gas, pero eso no aparece en las conclusiones.

¿Por qué se decide dar pues luz verde al Proyecto Castor?

El proyecto salió adelante porque el negocio no estaba en que funcionase. Tú cuando haces un proyecto de este tipo, que requiere una inversión tan importante, te aseguras de que vaya a funcionar porque todo tu beneficio viene de que el proyecto funcione. En el caso del Castor, en teoría, el beneficio tenía que venir de comprar y vender gas. Yo dudo mucho que esto en la práctica fuese así, el interés era que las empresas del señor Florentino Pérez pudiesen sacar beneficio construyendo la estructura, si luego funcionaba o no…ya no era su problema. Una prueba de que esto es así son las extrañas cláusulas del contrato. Su negocio no estuvo en que funcionara el proyecto, sino en construirlo. Aquí le vendieron la idea a una empresa canadiense que se dedicaba a especular y al Gobierno español. Este, a su vez, busca a Florentino Pérez para llevar adelante el proyecto. La intención de Escal UGS es librarse del proyecto tan pronto estuviera acabado. Al principio hay más inversores como La Caixa, El Santander, etc. Estos son los primeros que abandonan el proyecto, ¿por qué? Quisieron repetir la fórmula de los grandes proyectos de la burbuja, pero hacer un proyecto geológico no es hacer un aeropuerto. No estaban capacitados para llevar a cabo este tipo de proyecto.

En la actualidad la plataforma se encuentra en estado de “hibernación”. ¿En qué consiste exactamente dicho estado?

La hibernación quiere decir que los pozos están suspendidos. El pozo está cerrado temporalmente. Esto se hace normalmente en situaciones muy específicas, pero siempre suele ser una situación temporal que suele durar poco. Aquí llevamos seis años con los pozos suspendidos y sospecho que debe ser un récord mundial, yo no lo he visto nunca. Que esté así obliga a llevar a cabo un mantenimiento de la plataforma, lo cual implica unos costos excesivos para nada. Es sorprendente, si te fijas en las declaraciones del Gobierno hablaban de que la razón de la suspensión era hacer unos estudios… y de golpe dicen que lo cierran porque económicamente no es sostenible. Eso ya lo podían saber hace seis años…

¿Por qué decide ahora el Gobierno, después de seis años de mantener la planta en estado de hibernación, desmantelar toda la infraestructura?

No tienen más alternativa que cerrar el pozo y desmantelarlo todo. Es una obra inservible, un montón de chatarra en el que el Estado se ha gastado aproximadamente 4.500 millones de euros. Otro problema es qué hacer con la plataforma una vez desmontada. Este tipo de construcciones tienen unas especificaciones muy complejas y difícilmente podrán colocarlas en otro sitio. Todo esto era previsible cuando comenzaron el proyecto. De la misma forma que podían prever que se iban a producir los terremotos y, sobre todo, que no ibas a poder inyectar las cantidades de gas previstas. 

Desmantelar el proyecto fallido

En la actualidad, desde el Gobierno se insiste en que la mejor solución pasa por la clausura inminente y definitiva del almacén. Pese a ello, el ejecutivo todavía no ha lanzado ningún proceso para licitar los trabajos técnicos necesarios para el desmantelamiento de la planta. Tampoco queda claro cuál será el coste de este proceso, pues mantener inactiva la planta también consume recursos.

La propia ministra Ribera argumentaba en fechas recientes que en la actualidad los tapones que sellan los pozos de gas se acaban desgastando y es necesario cambiarlos cada cuatro años. Además, no descarta que el Gobierno emprenda acciones legales contra la concesionaria del proyecto Castor, Escal UGS, según prevé el decreto ley que extinguía la concesión que señala esta posibilidad en caso de “vicios o defectos de ejecución”.

El Consejo de Ministros evaluará y aprobará “en las próximas semanas” la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón), según ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Senado.

Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica del Senado, Ribera ha explicado que Enagás, la Dirección General de Política Energética y Minas, la Dirección General de Medio Marino y Evaluación de Impacto Ambiental ha trabajado en un proyecto para facilitar una “rápida propuesta” que será remitida al Ejecutivo en torno a “un mes o mes y medio”.

Ribera ha garantizado que “existe un compromiso político claro” del Gobierno de “no reactivar en ningún caso Castor” y de facilitar “la mejor opción posible” para su clausura definitiva.

“Es una decisión de gran envergadura que en todo caso debe garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, así como la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasístico”, ha manifestado la ministra que opina que a día de hoy “la solución más adecuada” es el sellado “definitivo”.

Si bien, ha admitido que “formalmente” no se ha adoptado “ninguna decisión de manera oficial” sobre el futuro del almacenamiento gasístico -que en 2013 durante las pruebas de llenado originó una intensa actividad sísmica en la zona por la que el Gobierno acordó su suspensión e hibernación-. La ministra ha asegurado que el Ejecutivo va a abordar “con las máximas garantías y rigor técnico” la cuestión y ha puesto en marcha “todo lo necesario” para evaluar la situación actual.

En este momento, Castor está en situación de hibernación desde 2016 y “no ha habido manifestación sísmica desde entonces”, pero ha añadido que esta es una situación “temporal” que “no puede prolongarse mucho tiempo”.

“Debemos adoptar una decisión respecto del futuro de la instalación que, a nuestro juicio, solo puede estar orientada a su clausura”, ha insistido, porque nuevas opciones temporales aplazarían el abandono definitivo de los pozos, lo que conllevaría unos costes adicionales que, en su opinión, serían “difícilmente justificables”.

Ribera insiste en que la voluntad del Gobierno es “actuar” porque “la única decisión viable” es facilitar su clausura “definitiva” ya que, además, la evolución de la demandada no hace necesario este almacén gasista ni en el corto ni en el medio ni en el largo plazo, cuando “lo razonable es que la demanda de gas vaya reduciéndose”.

En este contexto, ha añadido que los estudios necesarios sobre escenarios de riesgo, costes, etcétera, serán realizados mediante una contratación externa cuya licitación “es inminente”.

Así, ha dicho que una vez el Consejo de Ministros haya aprobado la propuesta de desmantelamiento, se remitirá al Parlamento para que sea sometida a consideración de las Cámaras y que su voluntad es “acelerar” este proceso.

Finalmente, ha incidido en que de forma “simplista” lo “fundamental” es acometer el sellado definitivo “cuanto antes” con independencia de lo largo que pueda ser el proceso de desmantelamiento de las instalaciones. “El convencimiento de que no debe ponerse en operación es firme. La necesidad de hacerlo (el desmantelamiento) con la máxima seguridad, también”, ha concluido.

En todo caso, ha precisado que no se compromete a desmantelar porque el Gobierno no tiene aún preparada “esa última etapa que puede ser complicada”.

Un “fiasco” pagado por los de siempre

Por su parte, el portavoz de Compromís, Jordi Navarrete, ha calificado de “fiasco” el proyecto Castor y ha celebrado el anuncio de Ribera de que “por fin” digan que lo van a desmantelar y ha propuesto revisar la normativa administrativa de evaluación de riesgos e impactos para no seguir “a pies juntillas” los informes realizados por las propias empresas implicadas en los proyectos y, al mismo tiempo, modificar la redacción de los contratos para que “no vuelva a suceder lo que en Castor” y no sean de nuevo “los mismos paganinis” -- los ciudadanos-- quienes asuman “el fiasco”.

En la misma línea, la senadora de PDCAT y la Agrupación Herreña Independiente, María Teresa Rivero Segalás, ha expresado su preocupación por la imputación del gasto a los ciudadanos de este “proyecto fallido” y ha apoyado la iniciativa de estudiar legislativamente una “profilaxis” para evitar un nuevo caso “tan lamentable”.

Desde ERC, el senador Miguel José Auba ha solicitado acceder a todos los informes cuanto antes mientras que la senadora de Unidos Podemos, en Comú Podem, En Marea Vicenta Jiménez ha comentado que le entra “cierta tranquilidad” la confirmación de que este “megaproyecto ruinoso” será desmantelado pero le preocupa quienes asumirán los costes.

“Van más de 1.350 millones de euros en indemnización, más de 295 millones en derechos de la concesionaria y 17 millones anuales de desmantelamiento. Estamos ante una estafa ante la ciudadanía”, ha denunciado, por lo que insta a que sea la empresa concesionaria la que se haga cargo del desmantelamiento.

Desde el PSOE, el senador Ángel Manuel Mato ha elogiado al Gobierno por asumir “sus responsabilidades” pese a que “muchas veces” se le haya criticado. Por el contrario, la senadora del PP Salomé Pradas ha espetado a Ribera que “no es digna” de ser ministra de Transición Ecológica porque Castor es “una realidad” porque ella firmó la declaración de impacto ambiental del proyecto.

“Usted que está en el origen del problema hoy nos viene a decir la solución. Esto es vergonzoso y más aún cuando se está dirimiendo en los tribunales”, ha criticado Pradas, que considera que el nombramiento como ministra por parte del presidente, Pedro Sánchez, fue “una burla” y un “insulto” para Castellón.

También ha recordado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de quien ha criticado el “tanto daño” que hizo también a Castellón con Castor y con las “ruinosas desaladoras”, pero de quien ha elogiado que en una visita a la provincia pidió perdón y asumió su responsabilidad.

Tras la réplica, la ministra ha reconocido que la cuestión de la repercusión de los costes es un tema “enormemente embrollado” y que es “complicado” encontrar una solución concreta, pero ha afirmado que el Gobierno está “estudiando” la manera de repercutir lo ya pagado por los ciudadanos.

El Tribunal Supremo (TS) ha obligado al Estado a reintegrar más de 100 millones de euros al sistema gasista en concepto de las sumas abonadas a Enagás durante 2016 por las tareas de mantenimiento del almacén de gas subterráneo Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), ahora hibernado.

En su sentencia, la sala de lo Contencioso-Administrativo, que el pasado noviembre ordenó el reintegro de otros 18 millones de euros por el mismo concepto en el ejercicio anterior, vuelve a estimar un recurso de la patronal catalana Cecot contra la orden ministerial de 2015 que establecía los peajes de acceso a estas instalaciones.

En el primero de sus escritos, la Cecot alegaba, entre otras cuestiones, que la orden recurrida se basaba en el Real Decreto-ley 12/2014, algunos de cuyos preceptos fueron declarados inconstitucionales en diciembre del año pasado.

Por el contrario, las partes demandadas -la Administración y Escal UGS, sociedad participada por ACS que construyó el almacén- sostenían que la declaración de inconstitucionalidad de determinados apartados de la norma no implicaba que fuera contraria de derecho.

A este “precedente de interés” remite el Supremo, que extrapola los argumentos del fallo dictado hace apenas un mes al presente caso, con la única diferencia de que en esta ocasión la orden enjuiciada es de 2015 “y se proyecta sobre el 2016”.

Por ello, explica la sentencia adelantada por el diario El País, acuerda unificar su doctrina, dándole la razón de nuevo a la patronal y condenando a las demandadas al pago adicional de 4.000 euros en costas.

Según el presidente de la Cecot, Antoni Abad, el éxito de estos recursos hará “que el resto (otros dos por las órdenes ministeriales para los ejercicios 2017 y 2018) tengan un veredicto positivo para los consumidores de gas”.

En un comunicado, la patronal explica que el Gobierno dispone de dos meses para reintegrar las cuantías; mientras tanto, permanece atenta a la articulación de un mecanismo de devolución del importe repercutido en las facturas de gas de los consumidores desde el 2014 “por el mantenimiento de una infraestructura que no se ha llegado a poner en funcionamiento, ni prestado servicio alguno”.

En septiembre de 2013, el Ejecutivo suspendió la actividad del almacén de gas tras los seísmos registrados en la zona; cuatro años después, el Tribunal Constitucional anuló la indemnización de 1.350,7 millones de euros concedida a Escal UGS por la hibernación del proyecto.

El diputado nacional del PSPV-PSOE por Castellón Artemi Rallo ha mostrado este viernes su “satisfacción” por el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anula la indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa promotora del almacén de gas Castor, y ha asegurado a Europa Press que el Gobierno, al arbitrar un mecanismo “tan urgente” para la indemnización, “antepuso los intereses privados a los generales”.

Rallo ha calificado la decisión que adoptó entonces el Gobierno de “arbitraria e injustificada”, pues -ha añadido- el decreto ley “hacía que se abonara de forma inmediata -en 30 días- una indemnización escandalosa, que los ciudadanos debían de pagar en 30 años”.

“Esto suponía un despropósito general que el Tribunal Constitucional ha reparado”, ha señalado el diputado, quien considera que el Gobierno “ha salido por peteneras aludiendo a un supuesto defecto formal que no es tal, sino que es una excusa recurrente y que también utilizó cuando se declaró inconstitucional la amnistía fiscal”.

Rallo ha resaltado el papel que jugó el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, “cuando se interpuso el recurso de inconstitucionalidad, que promovió el Grupo Parlamentario Socialista, para que se reparara esta situación lamentable”.

“Fuera de toda lógica”

El PSPV-PSOE de Castellón también ha celebrado el fallo del Tribunal Constitucional (TC), con el cual -según ha apuntado- adquiere “rango de verdad judicial” lo que el Partido Socialista ya advirtió en 2014, que el Gobierno de Rajoy “no gobierna para el conjunto de la sociedad, sino para favorecer a los sectores más poderosos, a cuyo dictado parece actuar”.

Como el PSPV-PSOE puso de manifiesto en 2014, estaba “fuera de toda lógica” que en un momento como aquel, en el que se estaba aplicando una “despiadada” política de recortes sociales, se decidiera aprobar un decreto ley para tramitar por la vía de urgencia el pago de una indemnización multimillonaria, “a todas luces injusta”.

El PSPV ha pedido que el PP aclare cuáles fueron los motivos que le llevaron a pagar de forma “tan rauda y veloz” una indemnización de 1.350,7 millones de euros a las empresas de Florentino Pérez. “Lo que se imponía en un momento como aquel era realizar un análisis de la situación medioambiental, administrativa, jurídica y económica que se creaba a partir del momento en el que se produjeron los terremotos, para tomar una decisión con calma, que se ajustara al Derecho y a la lógica”, ha concluido.

Compromís solicitará la creación de una comisión de investigación para que se estudian las irregularidades del proyecto Castor que ha desvelado el programa 'Salvados' de Jordi Évole.

Según la diputada por Castellón, Marta Sorlí, en el documento del Ministerio de Energía que ahora sale a la luz “se demuestra que el proyecto fue una autoadjudicación sin precio, es decir, que el concurso fue redactado expresamente porque la concesión fuera para ACS, la empresa de Florentino Pérez”. “El PP y el PSOE se llenen la boca hablando de libro Mercado mientras arreglan concursos públicos porque empresas amigas hagan negocio con el medio ambiente”, explica la diputada de Compromís.

Compromís apunta que Castor se inició el 2007 con 400 millones de euros de presupuesto y acabó con 1.272 millones, el 2010. Según Sorlí, “no se puede saquear las arcas públicas con negocios oscuros que han llegado a provocar terremotos y que no haya un sol responsable político. La gente necesita que se aclare quién hizo qué hasta llegar a la chapuza del Castor en Vinaròs ”.

El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas de Castellón, ha ordenado a las dos acusaciones particulares personadas en la causa que actúen bajo la misma dirección letrada.

El instructor, Sebastián Isael Pla Martorell, ha determinado que sea el abogado que representa a la primera afectada que se personó en la causa, María José Boix Alfafar, la que defienda los intereses de otros dos particulares personados, Cabré Rius y Plana Garcés, tras expirar el plazo de 10 días otorgado por la Audiencia de Castellón para que se pusieran de acuerdo y designaran una sola defensa (letrado y procurador)

El juez elige a dicho abogado porque su cliente fue la primera que se personó en el procedimiento y para evitar que la falta de acuerdo entre las acusaciones dilate el procedimiento.

En noviembre de 2015 el instructor acordó la personación de las acusaciones particulares que lo solicitaron, pero unificadas bajo una misma dirección letrada. Las partes recurrieron esta decisión a la Audiencia Provincial de Castellón, quien estimó parcialmente su petición y acordó que fueran las mismas partes quienes designaran a su representante.

María José Boix Alfafar pertenece, como secretaria y tesorera, a la asociación de Afectados por la plataforma Castor, Aplaca, que ha solicitado al Juzgado de Instrucción que los investigados por la causa depositen una fianza de 1.000 millones de euros ante el temor de que Escal UGS, como promotora del proyecto, se declare insolvente y ninguna entidad responda a las posibles compensaciones.

De acuerdo a esa cantidad a cada uno de los habitantes donde se sienten los seísmos le correspondería 12.000 euros de indemnización en caso de obtener una sentencia favorable. El área de influencia abarca las localidades de Benicarló, Ulldecona, Alcanar, Sant Carles de la Ràpita y Vinaròs, con una población total de 86.284 habitantes.

La Asociación de Afectados por la Plataforma Castor (Aplaca) solicita al Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs que los investigados por presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gasdepositen una fianza de 1.000 millones de euros. La desorbitante cantidad responde a la estimación de indemnización para cada uno de los residentesde la zona donde se sienten y sufren los seísmos desde 2013. El área de influencia abarca las localidades de Benicarló, Ulldecona, Alcanar, Sant Carles de la Ràpita y Vinaròs, con una población total de 86.284 habitantes, a cada uno de los cuales le correspondería 12.000 euros, de acuerdo a los cálculos del propio colectivo, constituido en marzo y que se ha personado en la causa penal.

Según la reclamación presentada el 29 de junio, las empresas Escal UGS SL (entidad concesionaria del proyecto), ACS Actividades de Construcción y Servicios SA (socio al 66,67% de Escal), Castor Limited Partnership o CLP (socio al 33,33% de la entidad concesionaria) y Dundee Energy Limited (propietaria del 73,7% de Castor Limited Partnershio), así como el Gobierno español, tendrán que aportar a partes iguales el multimillonario depósito en el juzgado al responder de manera solidaria.

Desde Aplaca existe la sospecha de que Escal UGS, que debería hacer frente a hipotéticas indemnizaciones en el supuesto de una sentencia condenatoria, terminará por declararse insolvente a consecuencia de un vacío patrimonial. Así, la asociación ha constatado un reciente cambio de domicilio social de la empresa, habiendo además desaparecido la página web.

Los abogados del colectivo prevén que la solicitud presentada ante el juzgado de Vinaròs se admitirá a trámite antes de agosto. Otra cosa bien distinta será que el instructor de la causa acepte la reclamación.

En el escrito formulado por Aplaca se hace referencia a la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2016 (Sala de lo Civil, sección primera, ROJ 1420/2016), en el caso del hundimiento en Italia del buque Costa Concordia. En aquel procedimiento, una asociación de víctimasdemandó en nombre de sus adherentes a los responsables del hundimiento, reclamando para algunos de ellos indemnizaciones por daños corporales y para todos ellos una compensación por perjuicio moral.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, que instruye el ‘caso Castor’, amplía la investigación y eleva a 20 el número de imputados (anteriormente eran 18). Así, cita a declarar al exsubdirector general de Evaluación de Impacto Ambiental, Ángel Muñoz, y al director General de Escal UGS en el momento de los hechos.

El juez responde así a la petición del Ministerio Fiscal, que solicitó estas nuevas diligencias en la causa abierta por presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas de la provincial de Castellón. Los nuevos investigados están citados para el 30 y 31 de mayo. Además, un total de 13 testigos y cinco peritos van a tener que testificar ante el instructor entre el 1 y el 6 de junio.

Entre otras diligencias, el juez ha pedido también a la empresa Escal UGS que aporte la filiación y los cargos de los operarios que se encontraban en la plataforma Castor durante la tercera fase de inyección de gas colchón.

El procedimiento abierto por el ‘caso Castor’, que superará los 13.000 folios, ha sido declarado causa compleja por el número de investigados, la complejidad de los delitos y el volumen de documentación susceptible de ser sometida a análisis periciales.

La declaración de causa compleja, acordada por el magistrado el pasado mes de enero, permite ampliar el plazo de instrucción de 6 a 18 meses.

Cabe recorder que la Sección Primera de la Audiencia Provincal de Castellón confirmó recientemente la competencia del Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs para que continúe investigando el ‘Caso Castor’. La Sala desestimó el recurso interpuesto por la empresa Escal UGS y su gerente, Recaredo del Potro, contra el auto del instructor que rechazó la cuestión de competencia planteada. Los recurrentes pedían que la causa, en la que hay ya 20 investigados por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, y tres delitos de prevaricación ambiental, se instruyera en los juzgados de Madrid.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) ha declarado “causa compleja” las diligencias del caso Castor, en las que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación del proyecto del almacén subterráneo de gas de Escal UGS, que supuestamente provocaron seísmos en las provincias de Castellón y Tarragona en 2013. La consecuencia de esta decisión del juez es que el plazo máximo de instrucción se amplía de seis a 18 meses. La declaración fue propuesta por el fiscal y apoyada por la acusación popular representada por la asociación Arca Ibérica. La Abogacía del Estado se opuso con el argumento de que no era el momento procesal adecuado. 

El juez explica en un auto, hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, las razones de la complejidad del caso que le han llevado a apoyar la petición del fiscal. Por un lado, el número de 18 imputados “es a todos los efectos una cantidad lo suficientemente amplia como para adoptar esta decisión”. Añade que la “revisión de la gestión de al menos una persona jurídica, cual es Escal UGS -propietaria de la planta-, es también motivo de declaración de complejidad, atendida la consideración de investigada de la misma y de los miembros de su consejo de administración”.

Más de 13.000 folios 

El instructor de esta causa recuerda, además, que ya ha superado los 13.000 folios y considera que la naturaleza de los delitos investigados exigirán de la “realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis”. La instrucción está abierta por prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

El pasado 19 de octubre declaró ante el juez el primero de los 18 investigados en esta causa sobre la planta situada frente a la costa de Vinaròs, cuya actividad se paralizó después del incremento de la actividad sísmica en Castellón y Tarragona. Desde entonces, han declarado otras 15 personas. 

El ingeniero Jesús Gómez de las Heras, el primero de los dieciocho imputados en la causa abierta en el juzgado de Vinaròs que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del proyecto Castor, ha manifestado hoy que desconocía por completo la existencia de riesgo sísmico en la zona. Así lo ha explicado a los medios de comunicación una vez acabada la declaración el abogado Jorge Casal, de la Asociación Nacional Arca Ibérica, personada en el proceso como acusación popular.

Gómez de las Heras ha comenzado a declarar a las 9.50 horas y ha concluido a la una del mediodía. Ha respondido a las diferentes partes a excepción de las defensas, que no han formulado preguntas. A la salida de los juzgados ha declinado hacer declaraciones. Se ha limitado a decir que ha respondido a las preguntas y ha añadido: “Lo que tenía que decir, ya lo he dicho”.

De las Heras ha sido imputado porque en 2007 coordinó el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que sirvió para que el Consejo de Ministros diera permiso para la puesta en marcha del proyecto Castor, que consistía en convertir una estructura geológica del antiguo yacimiento petrolero de Amposta en un almacén subterráneo de gas. El depósito está situado a más de 1.700 metros de profundidad y a 22 kilómetros de Vinaròs, y en la actualidad se encuentra inactivo. 

De las Heras, junto a otros dos firmantes del proyecto, declaró “apta” la estructura. Sin embargo, seis años después se produjeron 550 seísmos en el norte de Castellón y el sur de Tarragona. Tras los terremotos, el propio IGME elaboró otro informe en que se reconocía la existencia de “fallas activas” en el subsuelo de la zona, con el consiguiente peligro de “sismicidad inducida”, según recoge uno de los autos judiciales recogidos en la causa. 

Quejas de la falta de evaluación de riesgos sísmicos 

Por su parte, el abogado Jorge Casal ha añadido que el imputado se ha limitado a poner de manifiesto que “él solo informó sobre los extremos que le habían sido requeridos para la elaboración del informe, y que desconocía por completo la existencia de riesgos de sismicidad en la zona”.

El letrado ha dicho que en la concesión de las autorizaciones para la inyección de gas del proyecto Castor “es evidente que en el procedimiento administrativo se ha obviado un elemento muy importante, como es la evaluación de los riesgos sísmicos derivados de la actividad”.

Preguntado sobre si el imputado se ha referido a si el IGME “admitía que no tenía conocimientos suficientes como para valorar qué podía ocurrir si había inyección de gas en el subsuelo”, el letrado ha dicho que éste “ha insistido en que no tenía conocimiento porque no se les había facilitado ningún testimonio sobre la existencia de posibles riesgos sísmicos derivados de la inyección”.

El fiscal no descarta que haya nuevos imputados 

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castellón, José Luis Cuesta, ha recordado que la denuncia que presentó la Fiscalía, y que elaboró él mismo, se produjo a raíz de los movimientos sísmicos que se apreciaron en la zona de Vinaròs en octubre de 2013. Ahora, ha dicho Cuesta, se trata de “reconstruir toda la historia de la tramitación del proyecto y que ha desembocado precisamente en algo que no se debía haber producido y se debía haber hecho una tramitación adecuada”.

El fiscal ha explicado que el proceso deberá esclarecer “la responsabilidad en la que han podido incurrir tanto la Administración como posteriormente la empresa”. Asimismo, Cuesta ha indicado que “podría ampliarse el número de imputados” a medida que vaya progresando la investigación.

Concentración de ciudadanos a las puertas del juzgado 

Al inicio de la declaración del imputado se ha concentrado ante las puertas del juzgado una veintena de miembros de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Su portavoz, Joan Ferrando, ha vaticinado que esta fase de instrucción “tendrá como resultado una sentencia condenatoria y demostrará que se han producido delitos medioambientales” que han “perjudicado” tanto al territorio como a sus habitantes, provocando a estos “daños morales y algunos físicos”.

En la causa están imputadas dieciocho personas, la primera de las cuales ha declarado hoy y le seguirán mañana José Antonio Fernández Sánchez y el jueves, Roberto Rodríguez Fernández, ambos trabajadores del Instituto Geológico Minero.

La Fiscalía es una de las partes personadas junto a dos acusaciones populares -Arca Ibérica y Responsabilidad y Transparencia-, una acusación particular, la Abogacía del Estado en representación de los funcionarios imputados y dos abogados de Escal, la empresa adjudicataria, -uno para su presidente, Recadero del Potro, y otro para el resto de trabajadores de la empresa-.

Tres altos cargos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) declararán durante esta semana ante un juzgado de Vinaròs. Están imputados en la causa que investiga los seísmos que se produjeron en el sur de Tarragona y el norte de Castellón en 2013, presuntamente a causa de las inyecciones de gas en el subsuelo del proyecto Castor. Los tres firmaron un informe en 2007 que consideró la estructura “apta”. El documento fue clave para que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto ese mismo año.

El primero de ellos en comparecer lo ha hecho hoy, lunes. Se trata de Jesús Gómez de las Heras, el coordinador de la elaboración del informe. De las Heras ha declarado durante más de tres horas ante el juez y los representantes de las partes personadas. El martes será el turno de José Antonio Fernández Sánchez, director de Recursos Minerales del IGME. El jueves declarará Roberto Rodríguez Fernández, director de Geología y Geofísica del mismo organismo. Los tres tendrán que enfrentarse a la contradicción entre el documento que ellos firmaron y el que el mismo IGME emitió seis años después, tras los seísmos.

Contradicciones entre los informes del mismo organismo

En el nuevo informe hecho público tras los terremotos, los técnicos del Instituto Geológico y Minero reconocieron que “la inyección de fluidos en el subsuelo” puede causar “sismicidad inducida”, hasta el punto de poder causar “terremotos dañinos en las infraestructuras civiles”. Esta peligrosidad se agrava por las “condiciones geológicas locales”, y se cita literalmente “la presencia de fallas activas”. Sin embargo, en el informe firmado por los tres imputados en 2008 no había ninguna referencia a tales fallas, ni a la posibilidad de que se produjeran seísmos, y tampoco a la necesidad de realizar estudios de peligrosidad sísmica.

Los tres altos cargos del IGME son los primeros imputados en declarar en la instrucción de este caso. El juzgado encargado de la causa es el número 4 de Vinaròs. En concreto, se investigan los delitos de prevaricación y contra el medio ambiente. En el caso de este segundo delito, se investiga la comisión en su modalidad agravada ya que, según los autos judiciales, “las consecuencias de la actividad realizada son las de imposibilidad de que el medioambiente se regenere por sí mismo y aumento artificial de la peligrosidad sísmica natural de la zona”.

Intento de trasladar la causa a Madrid

La causa tiene otros 15 imputados. Entre ellos, está el representante legal de ESCAL UGS S.L., la adjudicataria del proyecto Castor, que cuenta entre sus integrantes con la compañía ACS. También están imputados todos los miembros de su consejo de administración, otros miembros del IGME, y también tres altos cargos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, firmantes de la Declaración de Impacto Ambiental.

En los últimos meses, la empresa ESCAL UGS ha intentado trasladar la causa a juzgados de Madrid, con el argumento de que los permisos se dieron allí. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la otra parte personada como acusación, la ONG Arca Ibérica, se negaron. El juzgado decidió finalmente que el caso había de instruirse en Vinaròs ya que el delito más importante- el medioambiental- se habría producido en su territorio.

El proyecto Castor pretendía desarrollar un almacén subterráneo de gas aprovechando una estructura geológica del antiguo yacimiento petrolero de Amposta. El depósito está situado a más de 1.700 metros de profundidad y a 22 kilómetros de Vinaròs.

En octubre de 2014, el Gobierno aprobó un decreto por el que aceptó un la renuncia de Escal UGS a la concesión del almacén subterráneo de gas Castor y fijó una indemnización para la compañía de 1.350 millones. Hoy, con motivo del inicio de las declaraciones en esta localidad castellonense, el ministro de Energía, José Manuel Soria, ha defendido la gestión del Ejecutivo. Ha afirmado que el Gobierno “ha hecho lo que tenía que hacer en este asunto” y ha detallado los trámites que siguió el Ejecutivo tras los terremotos, entre los que estuvo la paralización de las inyecciones de gas.

18 altos cargos tendran que rendir cuentas ante el juez de Vinaròs desde este lunes 19 de octubre por los más de 550 seísmos provocados por la planta de gas subterráneo Castor en septiembre de 2013 y que se dejaron notar en las localidades del norte de Castellón y del sur de Tarragona.

El proceso enfrenta a diversos altos cargos del anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a imputaciones de prevaricación medioambiental y delito ambiental por haber autorizado este almacén.

Las instalaciones de almacenamiento de Castor cesaron su actividad de forma temporal en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad sísmica detectada en la zona, con el fin de solicitar información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta.

El Instituto Geográfico Nacional comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una “relación directa” entre la actividad de la planta Castor y los movimientos, informe que corroboraba lo afirmado anteriormente por el Instituto Geológico y Minero.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha defendido este martes la decisión del Ejecutivo de “hibernar la instalación” del proyecto Castor, que se controlará de forma “exhaustiva”, mientras se realizan los estudios geográficos y geológicos para despejar dudas de que pueda ser causa de terremotos.

Moragues ha añadido que se está revisando la resolución de la concesión para el almacén de gas Castor, la exigencia de reclamaciones y “todas las aristas de esta instalación tan sensible y compleja”, con el objetivo prioritario de “preservar la seguridad de los vecinos de las costas de Castellón”.

Según se conocía este lunes, Enagás Transporte SAU se encargará de realizar los estudios necesarios que determinarán la decisión definitiva sobre el futuro del almacén de gas, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), y se procederá a su desmantelamiento cuando puedan existir riesgos.

Así lo ha asegurado el Gobierno en una respuesta parlamentaria a la diputada de CiU Lourdes Ciurò el 16 de junio, publicada el pasado día 5 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Aeropuerto de Castellón

Por otra parte, Moragues, preguntado por la inyección de 12 millones de euros al aeropuerto de Castellón dos meses antes de las elecciones por parte del Gobierno valenciano del que formaba parte como conseller de Hacienda, según una información que hoy publica el diario Levante-EMV, lo ha justificado como “una ampliación de capital que se hizo en muchas empresas del sector público”.

Y ha añadido que este ingreso tenía con finalidad pagar toda la deuda a los proveedores contraída en años anteriores, “atender compromisos y obligaciones” y pagar los gastos de mantenimiento y conservación del aeropuerto para “regularizar” así su situación.

El exconseller ha destacado que en la anterior legislatura la Comunitat Valenciana “se situó a la cabeza de la reestructuración económica del sector público empresarial y fundacional”, con un ahorro de 3.264 millones de euros, y ha pedido al actual Consell que continúe con esta reestructuración.

El Gobierno realizará estudios adicionales sobre el almacenamiento subterráneo de gas Castor, construido frente a las costas de Castellón, antes de decidir si desmantelar las instalaciones de forma definitiva o volver a ponerla en funcionamiento, ya que el proyecto “mantiene su interés estratégico” para España.

Así se pone de manifiesto en una respuesta que el Gobierno ha enviado a la diputada de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el Congreso Lourdes Ciurò, quien preguntó por escrito cómo se repartirá entre los consumidores la factura de 1.350,73 millones de euros de indemnización que se debe pagar a Escal UGS por el cierre del almacén o si se tendrán en cuenta las situaciones de especial vulnerabilidad económica.

Dos aspectos a los que el Gobierno no hace referencia en su texto, que recoge Europa Press, donde se limita a recordar cómo se sucedieron los hechos que condujeron al cierre de Castor en octubre de 2014, tras registrarse dos episodios sísmicos un año antes.

Solución equilibrada

Así, en la respuesta parlamentaria el Ministerio de Industria defiende que la decisión de extinguir la concesión de explotación, hibernar las instalaciones y encargar a Enagas Transporte S.A.U. las labores de mantenimiento y operatividad de las instalaciones fue una “solución equilibrada”.

Con ella, además, se gana tiempo para realizar los estudios necesarios que permitan la “profundidad de juicio precisa” para tomar una “decisión definitiva” sobre el futuro de Castor. “La hibernación de estas instalaciones ya construidas permitirá su futura explotación siempre que se realicen los estudios técnicos necesarios que garanticen la seguridad”, insiste el Ejecutivo, que no quiere renunciar a este proyecto que “mantiene su interés estratégico”.

Por eso, y dado que los informes actuales emitidos por el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico Minero de España “no permiten aún emitir una conclusión definitiva” sobre los terremotos registrados en la zona, se realizará “una serie de estudios adicionales de cuyo conocimiento deberá obtenerse la información precisa” para decidir.

En cualquier caso, el Gobierno reitera que el almacenamiento “se desmantelará cuando puedan existir riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente que lo aconsejen”.

En cuanto a la indemnización que el Estado debe pagar a la concesionaria para compensar la inversión ya acometida -1.461,42 millones de euros menos la retribución provisional ya abonada, que asciende a 110,7 millones-, Industria asegura que “no implica en modo alguno la extinción de la responsabilidad” que tanto la empresa como sus accionistas “deban, en su caso, afrontar por su gestión del proyecto, y que será convenientemente exigida una vez se dispongan de todos los elementos de juicio necesarios”.

Cuatro entidades industriales y empresariales han presentado una denuncia ante la Comisión Europea (CE) en contra del pago de los 1.350 millones de euros de indemnización por el almacén Castor porque, a su juicio, “altera la competitividad” y es “discriminatoria”.

El presidente de la patronal Cecot, Antoni Abad, junto con los dirigentes del Consejo Intertextil Español, Alejandro Laquidain, y del Centro Metalúrgico, Carles Garriga; así como la abogada y coordinadora del equipo jurídico, Asun Cirera, han explicado este viernes en rueda de prensa el contenido de la denuncia presentada.

Abad ha señalado que se sienten legitimados para interponer esta demanda “por la legislación y por todo el tejido empresarial de Cataluña y España”, y ha añadido que “las ayudas de Estado representan una alteración a la competitividad” y “no deberían ser admitidas”.

Los impulsores de la iniciativa creen que se cumplen todas las condiciones para que la demanda prospere en Bruselas, ya que la indemnización por el almacén Castor constituye una ventaja, es una medida selectiva, afecta a la competencia y no es compatible con el Mercado Único, entre otros factores.

En este sentido, Asun Cirera ha comentado que “es cierto que el pago de la indemnización se hace a través de Enagás”, pero porque “lo ordena el Estado en base a una norma jurídica”. Además, ha añadido la abogada, “recibir 1.300 millones mejora la posición financiera de cualquier empresa, indudablemente”.

“El refuerzo económico coloca a Escal UGS -la concesionaria del almacén de gas, participada por ACS en un 66,67 %- en posición de fuerza”, ha subrayado Cirera, que ha recordado que “se trata de una empresa con un 80 % de comercio exterior y con una presencia importante en Europa”.

La experta ha agregado que a veces “hay determinadas medidas que se pueden tomar si el interés es prioritario”, pero que en este caso “no hay ningún motivo que lo justifique”.

El presidente del Centro Metalúrgico, Carles Garriga, ha advertido además que si la denuncia no prospera y la indemnización se hace efectiva, ello repercutirá en un aumento del 4,5 % de la factura del gas para los consumidores españoles.

Estas cuatro entidades empresariales comunicaron ayer al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, la interposición de la denuncia.

En julio del pasado año, Escal UGS presentó un escrito de renuncia a la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, proyecto paralizado por el Ministerio de Industria en septiembre de 2013 tras los seísmos detectados frente a la costa de Tarragona y Castellón.

En octubre de 2014, el Gobierno aceptó en un real decreto-ley la renuncia a la concesión y fijó una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones, cantidad que se cargará al recibo del gas durante 30 años.

El Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PSOE, la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Cataluña contra el real decreto por el que se cierra de forma temporal el almacén subterráneo de gas Castor y se indemniza a sus promotores.

En tres autos conocidos hoy, el Supremo da traslado de sendos recursos al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, con el objetivo de que en quince días puedan personarse en el proceso.

El Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre de 2014, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares regula la renuncia a la concesión del almacenamiento subterráneo de gas Castor por parte de su promotor, la sociedad Escal UGS, controlada por ACS.

En concreto, el recurso del Grupo Socialista en el Congreso se dirige contra la totalidad de la normativa; el del Parlamento catalán, contra los artículos 2 y 4, este último en sus apartados 1 y 3; y el de la Generalitat, contra toda la ley excepto su disposición adicional segunda.

En septiembre de 2013, el Gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, ubicado frente a las costas de Castellón, después de que se registraran cientos de pequeños seísmos en la zona.

Desde entonces se han sucedido los informes y peticiones de información a expertos con el objeto de determinar si el proyecto es seguro, es decir, si puede volver a la actividad sin provocar nuevos seísmos, una cuestión que todavía no se ha resuelto.

Mientras tanto, la sociedad promotora Escal UGS, propiedad en un 67 % de ACS, decidió renunciar a la concesión del almacenamiento, lo que, de acuerdo a la normativa que rige el proyecto, le daba derecho a una indemnización por valor de la inversión menos las cantidades que ya hubiera cobrado, esto es, 1.350 millones de euros.

El Gobierno aceptó esta renuncia en un real decreto ley aprobado el 3 de octubre de 2014, junto con la indemnización y la planificación para el futuro del almacenamiento.

De acuerdo a esta normativa, el almacén Castor pasa a ser gestionado por Enagás, que es quien inicialmente se ha hecho cargo del pago de la indemnización, aunque recuperará este desembolso a lo largo de treinta años mediante cobros del sistema gasista, es decir, de la tarifa que pagan todos los consumidores, que abonarán esa suma con intereses durante ese plazo.

El juez de instrucción de Vinaròs encargado del caso Castor ha abierto una causa, en la que ha imputado a 18 personas, tras la denuncia presentada por la Fiscalía, contra el almacén de gas por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), la Fiscalía dirige sus acusaciones contra el Ministerio de Medio Ambiente cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto, contra el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y contra la empresa que construyó y explotó la planta, Escal UGS.

Cese de actividad

Las instalaciones de almacenamiento de Castor cesaron su actividad de forma temporal en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad sísmica detectada en la zona, con el fin de solicitar información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta.

El Instituto Geográfico Nacional comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una “relación directa” entre la actividad de la planta Castor y los movimientos.

“Celeridad y precipitación”

El diputado de EU en el Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, ha valorado muy positivamente las 18 imputaciones, “se viene a dar la razón a todos los colectivos y entidades sociales que se han posicionado durante años en contra de esta plataforma y que sobre todo han contestado de forma contundente todas las tramitaciones que se han realizado”.

Sixto insiste en que les viene a dar la razón en la “celeridad y precipitación con la que el Gobierno ha indemnizado a la empresa Escal-UGS cuando parece que, con esta apertura de causa, queda más que manifiesto que esa indemnización ha sido muy apresurada”, denuncia el diputado.

Así, añadía que “se tendría que haber dejado que la justicia continuara su camino para investigar todo lo que se ha producido y en última instancia haber determinado si la empresa se merecía aquella indemnización o ha actuado de una forma tan negligente que no está justificado en ningún caso la enorme cantidad de dinero con la cual se le ha indemnizado”.

El Grupo Socialista presentará este viernes ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el Real Decreto de medidas urgentes en relación con la indemnización a la empresa ACS con motivo de la suspensión del proyecto Castor.

El portavoz socialista, Antonio Hernando, junto con los secretarios adjuntos del Grupo Socialista Francesc Vallés y José Luis Ábalos, así como con el secretario general del PSPV, Ximo Puig, serán los encargados de presentar dicho recurso ante el Constitucional.

De esta forma, registrarán su oposición al Real Decreto de medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, con el que se cierra de forma temporal el almacén Castor, situado frente a las costas de Castellón y Tarragona, y por el que se fija una indemnización de más de 1.350 millones de euros a la empresa concesionaria, ACS.

Los socialistas buscan mostrar, de esta forma, su rechazo al pago de esta indemnización “exprés”, que, en su opinión, ha sido fijada “sin transparencia” y sin que exista motivación suficiente respecto de la urgencia. Según el Grupo Socialista, esta decisión tendrá una repercusión sobre el recibo del gas durante los próximos 30 años.

“El origen de la sismicidad acontecida durante los meses de septiembre y octubre de 2013 en el entorno del almacén de gas subterráneo Castor, situado frente a la cuesta norte de la provincia de Castelló está temporalmente relacionado con las operaciones de inyección de gas que se llevaron a cabo en dicho almacén durante el periodo del 2 al 17 de septiembre, coincidiendo con el comienzo de la serie sísmica con un fuerte incremento en el volumen inyectado del día 4 al 5 del mismo mes”. De esta forma o expresa el informe del Instituto Geológico y Minero (IGM) según ha desvelado el diputado de EUPV-Los Verdes, Ricardo Sixto, que lo ha hecho público y ha criticado que el informe “demuestra que todo lo proyecto Castor fue un desastre y una temeridad extremadamente irresponsable”.

Sixto recuerda que “la responsabilidad de PP y PSOE en este asunto va más allá del rescate de Florentino Pérez porque con su temeridad se ha puesto en un grave peligro a la población norteña de Castelló y de los alrededores”, ha explicado el diputado de izquierdas quienes también ha recordado que cuando se planteó lo proyecto Castor, ya había antecedentes muy negativos en varios países así como movimientos ciudadanos que advertían de la peligrosidad de este proyecto“.

Además, las conclusiones del informe, firmado con fecha de 14 de febrero del 2014 por el coordinador científico-técnico y por el director del departamento de investigación y Prospectiva Geocientífica del IGME, señalan: “atendidas las características de la sismicidad generada hasta el momento (inducida y disparada) y de la presencia constatada de fallas importantes en el entorno del almacén, susceptibles de generar seísmos de cierta magnitud, circunstancias todas ellas que introducen una elevada incertidumbre sobre el nivel de riesgo concurrente, se recomienda, con objeto de concretar dicho riesgo en aquello posible y con arreglo al estado actual de la ciencia, profundizar en las conclusiones apuntadas en este informe mediante la realización de los estudios complementarios”.