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Tres altos cargos del Instituto Geológico declaran como imputados por el proyecto Castor

El juzgado tomará declaración a 18 imputados para averiguar si hubo prevaricación en los permisos y delito contra el medio ambiente en las inyecciones de gas 

Los primeros informes geológicos obviaron la existencia de fallas activas en el subsuelo y del riesgo de sismicidad inducida 

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Vista aérea del almacén Castor, actualmente en desuso.

Vista aérea del almacén Castor, actualmente en desuso.

Tres altos cargos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) declararán durante esta semana ante un juzgado de Vinaròs. Están imputados en la causa que investiga los seísmos que se produjeron en el sur de Tarragona y el norte de Castellón en 2013, presuntamente a causa de las inyecciones de gas en el subsuelo del proyecto Castor. Los tres firmaron un informe en 2007 que consideró la estructura “apta”. El documento fue clave para que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto ese mismo año.

El primero de ellos en comparecer lo ha hecho hoy, lunes. Se trata de Jesús Gómez de las Heras, el coordinador de la elaboración del informe. De las Heras ha declarado durante más de tres horas ante el juez y los representantes de las partes personadas. El martes será el turno de José Antonio Fernández Sánchez, director de Recursos Minerales del IGME. El jueves declarará Roberto Rodríguez Fernández, director de Geología y Geofísica del mismo organismo. Los tres tendrán que enfrentarse a la contradicción entre el documento que ellos firmaron y el que el mismo IGME emitió seis años después, tras los seísmos.

Contradicciones entre los informes del mismo organismo

En el nuevo informe hecho público tras los terremotos, los técnicos del Instituto Geológico y Minero reconocieron que “la inyección de fluidos en el subsuelo” puede causar “sismicidad inducida”, hasta el punto de poder causar “terremotos dañinos en las infraestructuras civiles”. Esta peligrosidad se agrava por las “condiciones geológicas locales”, y se cita literalmente “la presencia de fallas activas”. Sin embargo, en el informe firmado por los tres imputados en 2008 no había ninguna referencia a tales fallas, ni a la posibilidad de que se produjeran seísmos, y tampoco a la necesidad de realizar estudios de peligrosidad sísmica.

Los tres altos cargos del IGME son los primeros imputados en declarar en la instrucción de este caso. El juzgado encargado de la causa es el número 4 de Vinaròs. En concreto, se investigan los delitos de prevaricación y contra el medio ambiente. En el caso de este segundo delito, se investiga la comisión en su modalidad agravada ya que, según los autos judiciales, “las consecuencias de la actividad realizada son las de imposibilidad de que el medioambiente se regenere por sí mismo y aumento artificial de la peligrosidad sísmica natural de la zona”.

Intento de trasladar la causa a Madrid 

La causa tiene otros 15 imputados. Entre ellos, está el representante legal de ESCAL UGS S.L., la adjudicataria del proyecto Castor, que cuenta entre sus integrantes con la compañía ACS. También están imputados todos los miembros de su consejo de administración, otros miembros del IGME, y también tres altos cargos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, firmantes de la Declaración de Impacto Ambiental.

En los últimos meses, la empresa ESCAL UGS ha intentado trasladar la causa a juzgados de Madrid, con el argumento de que los permisos se dieron allí. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la otra parte personada como acusación, la ONG Arca Ibérica, se negaron. El juzgado decidió finalmente que el caso había de instruirse en Vinaròs ya que el delito más importante- el medioambiental- se habría producido en su territorio.

El proyecto Castor pretendía desarrollar un almacén subterráneo de gas aprovechando una estructura geológica del antiguo yacimiento petrolero de Amposta. El depósito está situado a más de 1.700 metros de profundidad y a 22 kilómetros de Vinaròs.

En octubre de 2014, el Gobierno aprobó un decreto por el que aceptó un la renuncia de Escal UGS a la concesión del almacén subterráneo de gas Castor y fijó una indemnización para la compañía de 1.350 millones. Hoy, con motivo del inicio de las declaraciones en esta localidad castellonense, el ministro de Energía, José Manuel Soria, ha defendido la gestión del Ejecutivo. Ha afirmado que el Gobierno “ha hecho lo que tenía que hacer en este asunto” y ha detallado los trámites que siguió el Ejecutivo tras los terremotos, entre los que estuvo la paralización de las inyecciones de gas.

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