Una jueza de Valencia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por, presuntamente, matar el pasado lunes al logopeda de su hijo menor de edad en una clínica de esta ciudad y que posteriormente se entregó a la Policía.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:15 horas del pasado lunes en la clínica logopédica Diálogo, en la calle Ingeniero de la Cierva del distrito de Tránsitos de València.

Posteriormente, el autor confeso del crimen se entregó en la Comisaría de Burjassot con las manos manchadas de sangre y confesó haber apuñalado y acabado con la vida de otro hombre.

Los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia se desplazaron al lugar, confirmando el fallecimiento y haciéndose cargo de la investigación.

Además, la Policía Nacional recuperó el arma que supuestamente utilizó el homicida, una navaja de unos quince centímetros que fue hallada junto al cuerpo de la víctima.

Agentes del grupo de Homicidios y de la Policía Científica de la Policía Nacional registraron este martes la clínica de València, en una investigación que sigue en curso.

Según confirmaron fuentes policiales posteriormente, el autor confeso del crimen explicó a los agentes que había sorprendido a la víctima cuando se encontraba a solas con el menor y que éste tenía los pantalones y el pañal bajados, por lo que sospechó de una posible agresión sexual y atacó al logopeda.

À Punt estrena este viernes, a las 22:45 horas, “El caso Zapatero: los datos”, un reportaje de investigación que examina la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por un presunto delito de tráfico de influencias tras el hallazgo en su despacho de piezas de joyería cuyo valor supera el millón de euros. La televisión pública valenciana ha comprado este trabajo documental a Telemadrid aunque, por el momento, se desconoce cuánto le ha costado este trabajo audiovisual a À Punt.

Producido por La Cometa TV, el documental cuenta con firmas periodísticas de referencia —entre las que destacan Esteban Urreiztieta, Pilar Velasco o Ketty Garat— que ponen el foco en la investigación judicial y en el impacto social del proceso. Asimismo, el espacio recopila testimonios de antiguos compañeros de partido para valorar la repercusión de la medida en el seno del PSOE y la percepción ciudadana sobre la figura del exmandatario.

La producción analiza pormenorizadamente las actuaciones que motivaron la imputación, tales como la apertura de diligencias de investigación, los registros y el inventario de las joyas intervenidas. De igual modo, recoge el análisis de especialistas en derecho penal sobre el alcance de estas medidas de instrucción y detalla la evolución de la causa desde las pesquisas iniciales hasta la posibilidad de que surjan nuevos cargos.

La pieza también contextualiza las ramificaciones familiares y procesales de la causa, y traza escenarios en los que terceras personas podrían resultar investigadas. La narración incorpora la cronología detallada del caso, documentación procesal clave y abundante material de archivo para configurar un relato veraz y contrastado de los acontecimientos.

Comparecencia en la Audiencia Nacional

La emisión coincide en el tiempo con la comparecencia de Rodríguez Zapatero del pasado 17 de junio de 2026 en la Audiencia Nacional ante el juez José Luis Calama. El expresidente prestó declaración en calidad de investigado dentro de la causa que rastrea presuntos delitos de tráfico de influencias vinculados al rescate público de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra, así como el origen del lote de joyas intervenido en sus dependencias de trabajo. Tras un interrogatorio de tres horas, el exlíder socialista defendió ante los medios su inocencia de manera tajante y solicitó la “confianza” de la ciudadanía.

Con el objetivo de neutralizar las sospechas de la instrucción en torno a supuestos activos opacos en el extranjero, el expresidente entregó en el juzgado un escrito de “autorización universal voluntaria”. Este documento faculta formalmente al magistrado para verificar que el exmandatario no posee cuentas bancarias, bienes inmuebles ni productos financieros a su nombre fuera de España. En el plano político, mientras el ala mayoritaria del Gobierno de coalición mantiene de momento su respaldo al expresidente, el Partido Popular ha exigido la retirada inmediata de su carné de militancia socialista y el grupo Sumar ha tachado de “insuficientes” sus explicaciones ante la justicia.

Este miércoles ha tenido lugar en el municipio de Catarroja el desahucio de una familia compuesta por Maite, de cerca de 60 años, quien vivía con sus hijas Teresa y Lucía —esta última de 10 años— y con su nieto Juan José, de solo 2 años, hijo de Teresa. Maite y Teresa son víctimas de violencia de género; además, uno de los agresores se encuentra actualmente en prisión.

Este es el segundo intento de desahucio que sufren; el primero fue paralizado en los juzgados. La familia, en situación de vulnerabilidad reconocida, llevaba 10 años viviendo de alquiler en esta vivienda. Ahora se encuentran en una situación crítica: subsisten con un sueldo de 480 euros, ya que Maite está de baja por una fractura de menisco. Estas circunstancias les dificultan acceder a cualquier otra alternativa habitacional.

La vivienda pertenece a un particular jubilado, que tiene numerosas viviendas, según ha denunciado el Sindicat d’Habitatge. El propietario no ha querido hacer declaraciones ni hablar con la familia, aunque un familiar del mismo asegura que le debían 26 meses de alquiler y que ha sido un juez el que ha ordenado el deshaucio.

El Sindicat d’Habitatge de València convocó una concentración para tratar de detener el desahucio. Según explica Quique, portavoz del sindicato, también habían contactado con los comités sociales surgidos tras la dana, que cuentan con estructuras propias en los pueblos de L'Horta Sud, para tratar de movilizar a más gente. La idea era concentrar al mayor número de personas posible para presionar. Han intentado negociar, sin éxito, con la comitiva judicial para que se pusiera en contacto con los juzgados de cara a pedir un aplazamiento, pero finalmente se han negado a hacerlo. Desde el sindicato han ayudado a la familia a bajar sus pertenencias, y un conocido se ha acercado en coche para trasladarlas.

Ahora solo pueden recurrir a los servicios sociales para ver qué alternativas les ofrecen. Aunque, según comunica Quique, la alternativa probablemente sea un albergue en el que podrían separarlas, puesto que conforman dos núcleos familiares distintos. Antes, la única solución que habían recibido por parte de los servicios sociales fue indicarles que llamaran a los servicios de atención de urgencias sociales, donde les dieron cita para el 7 de julio.

Ante esta situación, el Sindicat d’Habitatge de València, que afronta cuatro desahucios en cinco días, denuncia que este caso no es aislado y forma parte de una crisis cada vez más cruel: “La única valoración que podemos hacer es que esto es un crimen, no hay derecho a que esto suceda y no hay derecho a que las instituciones defiendan a los rentistas”, concluye el portavoz del sindicato.

La sobrecogedora historia de esta familia permite observar de cerca y de una forma un poco más humana las diferentes dimensiones que adquiere la pobreza. Laura es una mujer luchadora, con problemas de salud que implican obstáculos en su día a día y un hijo de 18 años con discapacidad, así como un fuerte entusiasmo por ayudar a su madre. Carlos se ha criado en una familia compuesta por 10 hermanos, ha tenido una infancia llena de dificultades y ha enfrentado situaciones muy duras a lo largo de su vida.

Actualmente atraviesan una de las situaciones más extremas que han vivido. Por distintas circunstancias, han acabado malviviendo los tres en una habitación de alquiler por 330 euros mensuales, atrapados en un arduo debate: “o como, o pago el alquiler”, señala Carlos. En elDiario.es hemos tenido la oportunidad de escuchar la historia de esta familia que, lejos de quedarse en algo anecdótico, constituye un ejemplo paradigmático de la situación actual que viven muchas familias en España y que se ha ido agravando con el tiempo debido a la terrible crisis de vivienda.

Problemas de salud como obesidad mórbida, apneas graves y severos problemas de salud mental –en gran parte derivados de la situación extrema en la que viven– dificultan aún más encontrar un trabajo. Carlos actualmente trabaja vendiendo cupones con un contrato de pocas horas semanales que no alcanza para cubrir poco más que el alquiler por lo que está buscando un trabajo, pero su pasado –del que no se encuentra orgulloso porque asegura porque cometió errores “para sacar mi familia adelante” que acabaron derivando en antecedentes penales– conforma una barrera difícil de traspasar: “Me dicen: tienes un buen perfil, pero por tus antecedentes no puedo contratarte”, menciona Carlos.

Laura ha trabajado toda su vida como feriante y vendedora pero siempre en negro, por lo que su vida laboral parece muy pobre en comparación con la gran experiencia que tiene, que no queda reflejada en ninguna parte. Adrián –hijo de Laura de una pareja anterior que se limita a aportar la pensión que le exige la ley– tiene una discapacidad reconocida del 33%. Debido a su entusiasmo y dedicación, su madre siempre le animó a seguir estudiando, pero él mismo decidió dejar los estudios después de finalizar la ESO para buscar un trabajo y poder ayudar en casa.

Una serie de circunstancias han ido agravando la situación hasta llegar a un punto crítico. Diferentes dificultades burocráticas para acceder a ayudas, problemas de salud graves y una vida, en general, muy complicada, han desembocado en un círculo vicioso del que les resulta muy complicado salir.

Por ejemplo, Laura cuenta cómo tuvo que posponer para otro momento su cirugía de bypass gástrico: “mi marido está enfermo, tiene una fuerte depresión por lo que yo no me puedo permitir operarme ahora y dejarlo solo, además, no tengo dinero para los medicamentos ni para hacer dieta”. Toda está situación le provocó un episodio de depresión severa que, según relata, le llevó a la idea de quitarse la vida: “La habitación se me venía encima, me provocaba una fobia terrible”. Por si fuera poco, muchos medicamentos que debía tomar para sus numerosos problemas le provocan alergia. Los problemas de salud sin resolver dificultan el acceso a un trabajo, pero la falta de ingresos y vivir en una situación tan precaria, supone una barrera para solucionar estos problemas: “Es la pescadilla que se muerde la cola”, señala Laura.

La situación es extrema: la casera amenaza con echarles, se ven obligados a limpiar el piso que comparten con otras tres personas que se desentienden de las tareas de limpieza, sin zonas comunes más que un baño y una cocina, y a arreglar las averías de la casa de las que la casera no se hace cargo.

Las administraciones públicas sí que tienen una línea de ayudas para estas situaciones pero las dificultades de empadronamiento –muchos propietarios no permiten el empadronamiento de los inquilinos– hace que su situación sea especialmente delicada y compleja.

Actualmente se ven respaldados por la Cruz Roja, dentro del programa de “atención a personas en extrema vulnerabilidad”, que les ayuda en la medida de lo posible puesto que los fondos son limitados. El apoyo se concreta en varios frentes: ayudas puntuales para el alquiler cuando la situación se vuelve crítica, acompañamiento emocional, orientación y formación laboral —Carlos llegó a impartir un curso de carnicería para la propia entidad, con buenos resultados entre sus alumnos—, y un sistema de ayudas alimentarias que evita la entrega directa de productos: en su lugar, acuerdos con comercios locales —carnicerías, pescaderías— para que las familias puedan elegir qué comprar, preservando así su dignidad y, de paso, apoyando al pequeño comercio del barrio. La trabajadora social asegura que son una familia encantadora: “Participan en todos los talleres, no son de esa gente que vienen a pedirte y se van”

La historia de esta familia no es excepcional. Según datos de Cruz Roja Valencia, el 80% de las personas que atiende la organización en la ciudad viven hoy en habitaciones de alquiler, pagando entre 300 y 700 euros al mes. Hace apenas cuatro o cinco años, la mayoría de familias podían aspirar a alquilar un piso completo. Ese cambio brutal, ha empujado a cientos de familias a una forma de vida que combina la falta de intimidad, la precariedad económica y, en muchos casos, la exclusión de las ayudas públicas que deberían protegerlas.

Desde la Cruz Roja señalan: “Las situaciones de desigualdad y falta de oportunidades son hereditarias”. Uno de los programas de la organización, dirigido a la promoción del éxito escolar, trabaja precisamente con menores de familias en dificultades para evitar que la precariedad de los padres se traduzca automáticamente en la de los hijos: apoyo con los deberes, una merienda digna, acompañamiento a las familias durante etapas más delicadas como la adolescencia.

En el caso de Adrián, el patrón ya se intuye: dejó de estudiar a los 16 para ayudar económicamente, igual que en su día Carlos —criado entre diez hermanos, sin apenas estudios— tuvo que buscarse la vida desde joven. La diferencia es que ahora hay una red, aunque limitada, que intenta cortar esa cadena antes de que se repita una generación más. El acceso a una educación pública, gratuita y de calidad, y las ayudas económicas, juegan un papel fundamental, son la única palanca real de movilidad social. Sin ellas, el origen familiar no es un punto de partida sino un techo.

Según datos de Cruz Roja Española, en lo que llevamos de año (del 1 de enero al 15 de junio de 2026), han atendido a más de 110.700 personas en situación de extrema vulnerabilidad, con una representación del 56% de mujeres, ofreciendo más de 563.000 respuestas. En 2025, la atención total a este colectivo alcanzó a más de 222.000 personas, con más de 1,2 millones de respuestas.

En la Comunitat Valenciana, en lo que llevamos de año, Cruz Roja ha atendido a más de 18.414 personas en situación de extrema vulnerabilidad, ofreciendo más de 78.087 respuestas. En 2025, la atención total a este colectivo en el territorio valenciano alcanzó a más de 36.166 personas, con más de 158.801 respuestas.

Pese a todo, ni Carlos ni Laura piden asistencia indefinida. Lo repiten varias veces durante la conversación, lo único que quieren es un trabajo digno: “No pido un piso con muchos requisitos. Con que tenga dos habitaciones, una para nosotros y otra para mi hijo, ya vamos para adelante. No pido más”, dice Carlos. Desde Cruz Roja coinciden en el diagnóstico: el problema de fondo ni siquiera es la vivienda, sino la falta de oportunidades laborales. “Es una familia que lo único que quiere es trabajar. Ese es el principal obstáculo con el que se encuentran”, resume la trabajadora social que les acompaña.

La portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Yaissel Sánchez, denunciará al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por ocultar a las Corts Valencianes datos sobre las contrataciones y derivaciones a empresas privadas en los departamentos de salud durante los ejercicios de 2024, 2025 y 2026 a la fecha de respuesta (5 de junio), y el porcentaje que estas externalizaciones –que incluyen la voluminosa cifra de servicios a empresas de la sanidad privada– supusieron sobre el gasto total en 16 departamentos de salud en 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 a fecha de respuesta.

La parlamentaria reclamaba asimismo el detalle por “concepto/servicios” de las externalizaciones y su importe, así como, respecto a las diferentes especialidades, el número, tipo de pruebas diagnósticas y servicios sanitarios derivados a entidades privadas y el importe abonado.

“Sorprendentemente, hemos vuelto a recibir una respuesta en la que el conseller Marciano Gómez da cifras globales por bienios y no por años, como se le solicitó, y en el caso del peso porcentual de la privada sobre el total del gasto en los departamentos sanitarios, ha comunicado datos del quinquenio 2022-2026, sin distinguir ejercicios. Además, no hay información de detalle sobre los servicios/conceptos externalizados, ni información sobre el coste por especialidades y servicios sanitarios privatizados”, recrimina la diputada socialista.

Yaissel Sánchez recuerda que ya tuvo que presentar una demanda después de que el conseller se negara a dar información sobre el coste de las derivaciones en 2024 y en 2025 a las empresas de la sanidad privada alegando que era “complejo”. Tras presentar la demanda, Marciano Gómez remitió a las Corts una “ampliación de información” en la que, ahora sí, ya aportaba cifras económicas, si bien las presentaba “por bienios”, concretamente, del periodo 2024-2025.

“Es extravagante y es ridículo –señala la parlamentaria- porque no hay una sola información económico-presupuestaria de la Generalitat que se maneje por bienios. Ni por bienios, ni por quinquenios, ni por fases lunares. Es caprichoso y es simplemente el intento del conseller de ocultar la inyección de dinero público a la sanidad privada que hizo en 2025 ofreciendo datos globales del bienio 2024-2025, para compararlos con los del bienio 2022-2023, obviando que en 2022 se venía de una pandemia que provocó el cierre de los quirófanos durante meses. En cualquier caso, es improcedente que Marciano Gómez dé a las Corts datos sesgados, manipulados o parciales, y no los que se le solicitan y que son los habituales en la gestión de una Administración”.

“Ejerce de comercial de la privada”

La parlamentaria recuerda que tanto los indicadores de gasto, pagos, déficit o cuenta 413 son obviamente anuales, “como anual es la información del gasto de sanidad que figura en la Memoria de Gestión de la conselleria en 2024, publicada recientemente”. Además, recuerda que el conseller Gómez tiene “fuertes vinculaciones personales con destacadas empresas de sanidad privadas contratistas de la Generalitat”, motivo por el que, “lamentablemente, vemos que es más un comercial de la sanidad privada que un conseller de todos los valencianos y valencianas”.

Como muestra, Sánchez recuerda que Marciano Gómez firmó en 2025 decenas de liquidaciones anuales de las concesionarias de los departamentos de salud con una cápita (pago por habitante en esa área de salud) totalmente hinchada tras la pandemia, según advirtió la Intervención, y sin asumir el criterio del auditor público de esperar al informe del Consell Jurídic Consultiu para decidir qué camino seguir, en lo que supuso “todo un pelotazo a favor de la privada, a costa de los recursos de la sanidad pública, presentes y futuros”.

“La marca de opacidad del Consell de Pérez Llorca”

Sánchez señala la “incongruencia” del conseller, que alega que no puede disgregar el gasto de 2024 y 2025, “pero en cambio sí que distingue el gasto del bienio 2024-2025 del de ejercicios anteriores a esos años”. A su juicio, la respuesta del conseller Gómez “vuelve a demostrar la marca, el sello de identidad del Partido Popular de Pérez Llorca, que es ocultar información cuando no son capaces de responder con transparencia para conocer hacia dónde se está derivando el dinero de la sanidad pública valenciana”. “Estamos pidiendo información concreta sobre externalizaciones, pruebas diagnósticas y cuánto dinero reciben las empresas privadas con los recursos públicos, y el Partido Popular, con reiteración, niega esta información detallada”, recrimina.

“Ya no se trata de una cuestión técnica, es una decisión política de esconder la información a la ciudadanía. Y esto lo único que demuestra es la política sanitaria del Partido Popular, que lo que hace es debilitar progresivamente la sanidad pública valenciana”. “Y mientras faltan recursos para reducir las listas de espera quirúrgica, para liberar la saturación de las urgencias o incluso para adecuar las infraestructuras y evitar lo que ha sucedido en el Hospital Clínico de València, vemos cómo se derivan centenares de millones de euros a la sanidad privada sin ofrecer ningún tipo de transparencia.”

Por eso, advierte: “Utilizaremos todas las vías legales necesarias para obtener la información que se nos niega, porque la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gestionan sus impuestos y qué modelo sanitario es el que está fomentando el Consell de Pérez Llorca, que es deteriorar la sanidad pública para beneficiar a unas cuántas empresas en la sanidad privada.”

En este caso concreto, la portavoz socialista de Sanidad en las Corts se amparó en el artículo 12 del Reglamento de las Corts para requerir al conseller el “detalle del gasto total como consecuencia de la contratación y/o derivación externa (a empresas y cualquier tipo de entidad privada o ajena al sistema público) en 16 departamentos de salud, especificando en cada uno de ellos el concepto/servicio y el importe pagado en los ejercicios de 2024 y 2025, y en 2026, a la fecha de respuesta a la presente solicitud.” También le exigió el “detalle del porcentaje que representa el gasto en la contratación y/o derivación externa (a empresas y cualquier tipo de entidad privada o ajena al sistema público) sobre el total del gasto en los departamentos de salud anteriormente mencionados, especificando, además, respecto a las diferentes especialidades, el número, tipo de pruebas diagnósticas y servicios sanitarios derivados a entidades privadas, así como el importe abonado, en los ejercicios de 2022, 2023, 2024, 2025 y, en 2026, a la fecha de respuesta a la presente solicitud.”

“Dedica más tiempo a manipular los datos que a contestar”

En el primer caso, el conseller ha contestado, como se ha dicho, con cifras globales del bienio 2024-2025, comparándolas con el bienio 2022-2023, unos datos que no se le habían solicitado, y con los números de 2026 hasta principios de junio. No se hace referencia alguna a que se reclamaba también información sobre el “concepto/servicio” y el “importe pagado”. “Dedica más tiempo a manipular los datos y presentarlos sesgadamente que a contestar lo que le preguntábamos sin más. Es intolerable que el conseller incumpla la ley retorciendo de forma ilegítima las cifras solicitadas para ‘cocinarlas’ sectariamente, en lugar de limitarse a cumplir con el artículo 12 del Reglamento de les Corts”, advierte Sánchez.

Aún así, llaman la atención algunas de las cifras presentadas, que revelan que el Consell de Mazón y Pérez Llorca contrató servicios o derivó a empresas privadas 439 millones de euros en el bienio 2024-2025, mientras en los cinco primeros meses de 2026 el coste de las externalizaciones en 16 departamentos de salud ha ascendido a 106,8 millones de euros. En el periodo 2022-2023, los departamentos de Dénia y Manises figuran con cero euros, ya que la gestión estaba privatizada, con un pago anual a estas empresas de entre 120 y 160 millones de euros.

Las áreas con mayor externalización de contratos y servicios y negocio de la sanidad privada en 2024-2025 son el departamento València Arnau de Vilanova-Llíria (67 millones), el de València-Hospital General (63 millones) y el València Clínico-La Malva-rosa (43,5 millones). En cinco meses de 2026, el Arnau-Clínico ya ha reconocido 19,5 millones.

En cuanto al segundo bloque de solicitud de documentación, referido a las derivaciones en los ejercicios de 2022, 2023, 2024, 2025 y, en 2026, a la fecha de respuesta a la presente solicitud, el titular de Sanidad responde con la media global de todo el periodo 2022-2026. La diputada explica que esta respuesta por quinquenios “es inaceptable e ilegal”. Según estos datos, las áreas donde el recurso a las externalizaciones más dinero público consumieron fueron los departamentos de salud València Arnau-Llíria, donde absorbieron el 8,41% del gasto total, y el departamento de València-Hospital General, con el 8,06%. Donde menos peso tuvieron las externalizaciones fue en el departamento de Alicante-Hospital General (3,47%) y los de Alicante-Sant Joan d’Alacant y de Castelló, ambos con 4,26%.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través de la Dirección General de Centros Docentes, ha establecido que el próximo curso escolar 2026/2027 en la Comunitat Valenciana comience el 9 de septiembre de 2026 en las etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, tanto en FP Grado Básico (FPB) como en las titulaciones de Grado Medio y Superior.

Asimismo, el último día lectivo del curso será el 18 de junio de 2027 en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP Grado Básico y titulaciones de grado Medio y Superior. En total, el curso 2026/2027 contará con 179 días lectivos.

Así lo ha trasladado el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, tras el proceso de negociación con los distintos sectores de la comunidad educativa en el que se han abordado las fechas del calendario escolar para el próximo curso.

Por su parte, los programas formativos de cualificación básica y FP de segunda oportunidad comenzarán el curso el 14 de septiembre y finalizarán el 18 de junio.

Se unifican las fechas para la Formación de Personas Adultas, Enseñanzas Artísticas de Música y Danza, elementales y profesionales y Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño que comenzarán el 14 de septiembre de 2026 y finalizarán el 11 de junio de 2027.

Los alumnos de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial comenzarán el curso el 21 de septiembre y finalizarán el 18 de junio. Las Escuelas Oficiales de Idiomas comenzará el curso el 28 de septiembre de 2026 y finalizará el 18 de junio de 2027.

Periodos de vacaciones

Los periodos no lectivos durante el curso 2026/2027 comprenden las vacaciones de Navidad, que serán desde el 22 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos inclusive; y las vacaciones de Pascua, que engloban desde el 25 de marzo a 5 de abril de 2027, ambos inclusive.

Además, durante este curso escolar no serán lectivos los días festivos 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana; 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional; 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción; y 19 de marzo, Día de San José.

Refuerzo de la autonomía municipal

Los Consejos Escolares Municipales seguirán disponiendo de tres días festivos a efectos escolares, que podrán distribuir a lo largo del curso según sus necesidades.

Asimismo, una vez aprobada la modificación normativa de la actual Orden que regula el calendario escolar con carácter excepcional y previo acuerdo del propio Consejo Escolar Municipal, podrán solicitar la modificación del calendario mediante el intercambio de entre uno y cuatro días lectivos por otros no lectivos consecutivos, siempre compensándolos por el mismo número de días lectivos.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en relación con el asesinato por estrangulamiento este martes de una mujer en Callosa de Segura (Alicante), según han informado a EFE fuentes conocedoras del caso, que han precisado que se trata de la pareja sentimental de la víctima.

El crimen ha ocurrido esta mañana en el domicilio en el que se supone que convivían el asesino y la víctima, ambos españoles de 48 años y sin antecedentes por violencia de género entre ellos. La víctima y el detenido no tienen hijos en común ni convivían con menores de edad en su vivienda.

La investigación corre a cargo del equipo de la Mujer y Menor de la Guardia Civil (EMUME), que en estos momentos se encuentra en el domicilio, situado en el centro urbano de Callosa de Segura.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado, a través de la red social X (antigua Twitter), de que está recabando datos “del asesinato por presunta violencia de género” de esta víctima de Alicante.

Tres días de luto oficial

El ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) ha decretado tres días de luto oficial por el crimen cometido este martes y ha convocado a los vecinos a un minuto de silencio en memoria de la víctima para esta misma tarde a las 19:30 horas.

A través de la red social Facebook, el consistorio ha informado de que los tres días de duelo se extienden entre hoy y el próximo jueves “como muestra del dolor y rechazo unánime de toda la ciudadanía ante este trágico suceso”. Además, ha añadido que durante este periodo las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta.

Al mismo tiempo, ha convocado a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio en memoria de la víctima este mismo martes a las 19:30 horas a las puertas del ayuntamiento para que los vecinos expresen el “respeto, duelo y repulsa”.

“Callosa de Segura dice NO a la violencia de género”, ha continuado el mensaje del ayuntamiento, que ha trasladado el “más sentido pésame a la familia y allegados” y la “profunda consternación y la más firme condena ante el asesinato de nuestra vecina”.

“La violencia de género constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y una de las expresiones más extremas de la desigualdad y la violencia contra las mujeres”, según el ayuntamiento, que ha incidido en el ánimo de “trasladar el apoyo, cercanía y solidaridad a la familia, amistades y personas allegadas de la víctima en estos difíciles momentos”.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 23 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.364 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Una jueza de Madrid ha establecido en una sentencia que una mujer debe ser indemnizada con 13.300.000 euros por las lesiones neurológicas sufridas por su hijo tras una deficiente asistencia sanitaria durante el parto el 17 noviembre de 2019 en el hospital de Sagunto. El abogado de la demandante, Rafael Martín Bueno, destaca que es la mayor indemnización concedida en España por una negligencia médica.

La resolución, dictada por la magistrada de la Plaza 103 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, condena a las compañías aseguradoras de la ginecóloga y la matrona que intervinieron en el parto a pagar una indemnización de 6.106.275 euros más los intereses desde la fecha de los hechos y las costas del procedimiento.

La jueza estima íntegramente la demanda y concluye que durante el parto se produjeron fallos en la vigilancia del bienestar fetal y en la interpretación de las señales de alarma, lo que impidió adoptar a tiempo las decisiones médicas necesarias.

Como consecuencia, el menor padece una parálisis cerebral infantil grave con afectación cognitiva y de la comunicación comprensiva y expresiva que le obliga a depender de cuidados constantes durante toda su vida, al tener reconocido un 87 por ciento de discapacidad.

La resolución subraya que la indemnización debe responder a las necesidades reales del menor teniendo en cuenta la asistencia, tratamientos y apoyos que precisará toda su vida.

La demandante acudió a las 6:31 horas del 16 de noviembre de 2019 al servicio de Urgencias del hospital de Sagunto embarazada de 4z0 semanas de gestación y el niño nació a las 00:05 horas del día siguiente “en un lamentable estado de salud”, por lo que fue llevado al Servicio de Neonatología intubado y luego trasladado al hospital Clínico, donde ingresó en la UCI con asfixia perinatal.

En un comunicado, Rafael Martín Bueno subraya que esta resolución “refuerza la importancia de garantizar una adecuada vigilancia del bienestar fetal durante el parto y de actuar con rapidez ante cualquier signo de deterioro”.

Asimismo destaca que la sentencia pone el foco en la necesidad de asegurar que las víctimas de este tipo de situaciones cuenten con los recursos necesarios para afrontar las consecuencias derivadas de una discapacidad tan grave.

El sindicalista Miquel Coll, la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, i el conjunt d’associacions de víctimes de la dana de 2024 han sigut distingits amb el Premi Vicent Ventura 2026.

El guardó, instaurat per la Universitat de València, ret homenatge a la memòria del periodista, polític i activista cívic Vicent Ventura, mort en 1998. El lliurament del premi se celebrarà el pròxim 15 de maig, a les 19 hores, a l’Aula Magna del Centre Cultural La Nau.

L’acte comptarà amb la presència de les persones i col·lectius premiats. En representació de les associacions de víctimes de la dana assistiran, entre altres, Rosa Álvarez Gil, presidenta de l’Associació Víctimes Mortals de la Dana 29-O, i Mariló Gradolí, periodista i presidenta de l’Associació de Víctimes de la Dana-29 d’octubre de 2024.

Este premi distingeix persones i col·lectius que han destacat per la seua trajectòria cívica, el seu compromís democràtic i la seua defensa de la cultura i la llengua valencianes. La comissió organitzadora i el jurat estan integrats per la Universitat de València, la Universitat Jaume I, la Universitat d’Alacant, persones vinculades a Vicent Ventura, així com organitzacions socials i sindicals com CCOO, Intersindical Valenciana, UGT, i la Unió de Periodistes Valencians.

Nascut a Castelló de la Plana en 1924 i mort a València en 1998, Vicent Ventura va ser cofundador del Partit Socialista del País Valencià i del sindicat CCOO del País Valencià. D’ideologia socialista i nacionalista, va participar en 1962 en una reunió de demòcrates a Múnic que li va suposar l’exili i el confinament. En tornar a València va trobar vetat l’exercici del periodisme, cosa que el va portar a crear una empresa de publicitat. En 1995 va rebre la Medalla de la Universitat de València, que posteriorment va editar una selecció dels seus articles sota el títol Un home de combat.

Miquel Coll

Miquel Coll i Huerta (Quart de Poblet, 1951) prové d’una família de rajolers de Quart de Poblet. Va estudiar el batxillerat en l’Institut Vives de València. Son pare era membre d’una cooperativa de 12 famílies i va morir als 42 anys. I ell, que era el major de tres germans, es va deixar els estudis de Magisteri per a incorporar-se a la fàbrica de rajoles.

Des de ben jove participà ben activament en tots els moviments antifranquistes i va ser membre actiu d’associacions culturals del seu poble, com també de partits polítics i sindicats. Va militar en Acció Comunista i després va ser membre fundador de la primera Esquerra Unida del País Valencià. També va participar en la posada en marxa de la Unitat del Poble Valencià.

Ara la seua passió militant se centra en el Partit Obrer d'Unificació Marxista (POUM) i en la Fundació Andreu Nin.

Però pot ser que el seu vessant més conegut siga la seua militància en el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV-IV) tant a la Universitat de València com en l'àmbit nacional.

Com a membre del STEPV, ha estat en tots els òrgans sindicals de la Universitat de València (Junta de Personal, Mesa Negociadora, Claustre i Consell de Govern). Mai, però, no ha volgut tenir càrrecs representatius, perquè ell sempre s’ha sentit més còmode en l’activisme que no en un càrrec institucional. La prova és que mai no n’ha tingut cap.

Tant dins de la Universitat de València com fora, s’ha caracteritzat sempre per la defensa activa dels drets dels treballadors, per la recuperació de la memòria històrica i per un compromís insubornable amb la llengua i la cultura del País Valencià. I en això continua encara i continuarà.

Verònica Cantó

Verònica Cantó Doménech (Cocentaina, el Comtat, 1964) és llicenciada en Filosofia i Lletres (Secció de Filologia Catalana) per la Universitat d’Alacant (1987). És presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua des del 8 d’abril de 2022. Prèviament, en va ser secretària des d’octubre de 2006 fins a març de 2022, i n’és membre des de l’any 2001.

Ha col·laborat amb Ràdio València i Ràdio Alcoi de la Cadena SER, així com amb els programes Al Ras i Gravetat 0 d’À Punt Mèdia. Entre 1989 i 2006 va ser directora de publicacions de l’Editorial Marfil d’Alcoi. També ha dirigit la Biblioteca d’Autor Enric Valor, integrada en la Biblioteca Joan Lluís Vives de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, i ha sigut comissària de l’exposició Enric Valor, el valor de les paraules, organitzada per l’AVL.

Ha coordinat diversos cursos d’estiu de la Universitat de València al Centre Internacional de Gandia. Va ser presidenta de l’Associació d’Editors del País Valencià entre 1999 i 2002, i membre dels equips de treball Arc Mediterrani i Cultura Popular del CEP de Torrent entre 1995 i 1998.

Va col·laborar amb el diari Levante-EMV en els cursos de valencià publicats en el suplement ‘Aula’ entre 1999 i 2001. En l’àmbit docent, va ser professora de valencià a l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat d’Alacant durant el curs 1987-1988, i als IES de Novelda, Miguel Hernández i Jaume II d’Alacant durant el curs 1988-1989.

És autora de diversos llibres destinats a l’ensenyament no universitari i a l’aprenentatge del valencià, com ara Ortografia valenciana, Els nostres verbs, Els pronoms febles, Diftongs, accentuació i dièresi, Valencià pas a pas (nivells elemental, mitjà i superior) i Gramàtica valenciana.

Ha estat guardonada amb el Premi Joan Valls i Jordà per l’ús i la promoció del valencià (2003), atorgat per l’Associació Cultural Amics de Joan Valls i Jordà d’Alcoi, i amb el Premi Marc Granell 2025 en la modalitat individual, concedit per Comissions Obreres del País Valencià.

La manifestación por el 25 d'Abril, que ha reunido este sábado en València a decenas de personas por las calles de la ciudad, suma este año las diferentes luchas que se están produciendo en la Comunitat Valenciana, como la del territorio o la de la libertad de expresión.

Así lo han explicado a EFE desde Acció Cultural del País Valencià (ACPV), organizadora de la marcha, que ha recorrido varias calles del centro de València encabezada por una pancarta con el lema de este año: 'Davant les agressions, som la força del país'.

La manifestación ha puesto el foco en las “múltiples amenazas que atraviesa la sociedad”, como a la lengua, a la cultura, a las tradiciones, al territorio, al medio ambiente o los ataques al feminismo y al colectivo LGTBI.

La presidenta de ACPV, Anna Oliver, ha explicado a EFE que este 25 de abril se manifiestan “las entidades que reivindican un País Valencià soberano, libre y con plenos derechos democráticos, un país que respete nuestra identidad nacional y la diversidad ideológica y de pensamiento”.

Reclamamos que la Generalitat Valenciana haga políticas a favor de la vivienda, de la juventud, de la sostenibilidad medioambiental y sobre todo, que respete los derechos lingüísticos de los valencianohablantes y de nuestra cultura y deje de acosar al mundo cultural y educativo“.

Según Oliver, la manifestación de hoy “demuestra otra vez la perseverancia y la capacidad de organización y de sumar proyectos de la sociedad civil valenciana, así como la resiliencia de su pueblo”.

La manifestación por el 25 d'Abril ha recorrido varias calles del centro de València como un “espacio de encuentro, reivindicación y expresión”.

Han explicado que su reivindicación conjunta de las “las luchas que afectan al territorio” hace que se hayan sumado a la marcha representantes de la Unió de Llauradors, la plataforma 'València no está en venda', Comités Locales d'Emergència i Reconstrucció, asociaciones sanitarias o Asociaciones per la Memòria Democràtica del País Valencià, entre otras.

En un comunicado ACPV ha informado de que miles de personas han respondido a su llamado a una manifestación multitudinaria en “una demostración de fuerza colectiva y capacidad de movilización”.

La marcha ha recorrido las calles de la ciudad en un “ambiente reivindicativo y firme, sin incidentes destacados hasta el momento y situando el 25 d'Abril como la ”Diada popular, política y social“ de la Comunitat Valenciana.

El sábado 25 de abril, a las 12:00 horas, la Plaza de la Virgen de València se convertirá en un escenario de reivindicación del espacio público a través de la performance colectiva “Paz-Haré-La”. En palabras de la organizadora Patricia Ariza —dramaturga, activista feminista y exministra de Cultura de Colombia— lejos de las pasarelas hegemónicas que ejercen una “dictadura” estética basada en el silenciamiento y la imposición de roles corporales, esta propuesta performativa movilizará a “una treintena de mujeres de todas las edades, tallas, diversidades y procedencias”. El evento, planteado como un acto de afirmación y autonomía, clausurará las quintas jornadas internacionales “Mujeres, Derechos Humanos y Paz en Colombia”, impulsadas en la ciudad del 23 al 25 de abril por Atelier ONGD y la plataforma Mesa de Apoyo.

A escasas semanas de unos comicios presidenciales determinantes para el país latinoamericano, y a casi una década de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las extintas FARC, Colombia atraviesa una coyuntura crítica. Este escenario se agrava ante un orden geopolítico internacional cruzado por tensiones crecientes que amenazan con invisibilizar y/o desfinanciar los frágiles avances conseguidos en materia de igualdad y construcción de paz. Las jornadas, cofinanciadas por la Generalitat Valenciana, responden a esta doble urgencia: la de Colombia y la del mundo.

Construyendo la paz

Entre las ponentes que se dan cita en el Centre Cultural La Nau y en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València, destacaremos algunas figuras históricas del activismo que han sostenido la paz desde los territorios más afectados por el conflicto armado colombiano. Marina Gallego Zapata, fundadora y coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres —una organización que ha congregado a más de 100.000 mujeres en movilizaciones por una salida negociada al conflicto—, explicará el legado de la Comisión de la Verdad de Colombia. Su participación ilustra un hito en la justicia transicional: la coordinación del proyecto de la Comisión de la Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas Víctimas, consolidando la primera comisión de la verdad articulada desde las organizaciones de base.

Junto a ella, Leidy Pai Nastacuas, mujer indígena del pueblo Awá del resguardo Tortugaña Telembí y consejera de Mujer y Familia de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), pondrá sobre la mesa la realidad y los derechos colectivos de las comunidades indígenas en la construcción de paz territorial. También participará Dora Landazuri Cortés, lideresa social afrodescendiente del Pacífico colombiano y directora de la Corporación Vive Mujer para la Paz en Tumaco, quien conoce de primera mano el impacto estructural del desplazamiento forzado en contextos urbanos y rurales y su posterior transformación en acción política en defensa de las víctimas.

La presencia de Nelly Velandia Avendaño, presidenta nacional de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia (ANMUCIC) y una de las voces clave en la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz que impulsó la incorporación del enfoque de género en los Acuerdos de La Habana, ilustra hasta qué punto las mujeres de base han sido las grandes artífices de un proceso histórico frecuentemente analizado de manera reduccionista desde las cúpulas. Una desproporción narrativa que las jornadas buscan, precisamente, corregir.

Durante las sesiones del jueves y el viernes, contamos, además, con las aportaciones de Laura Gil Savastano, Secretaria General Adjunta de la OEA; la investigadora del CIDOB, Anna Ayuso; y María Paz Lara Camacho, asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia. En la intersección entre el derecho penal, la investigación de violencias en el marco del conflicto y la defensa comunitaria, intervendrán expertas como Luz Piedad Caicedo, Katerin Jurado, Gloria Amparo Suárez y Beatriz Quintero. Asimismo, la memoria de la diáspora y la dimensión transnacional del conflicto armado serán expuestas por Alba Teresa Higuera y María del Rosario Vázquez, quienes articulan la resistencia política desde la condición de refugiadas y exiliadas. Las jornadas se articularán a través de mesas dinamizadas por perfiles académicos y activistas como Lola Bañón, Rocío Rodríguez, Charo Altable, Leonora Castaño, Penélope Berlamas y Cándida Barroso, sumando además la perspectiva de incidencia ante la Unión Europea de la experta Francesca Nugnes.

La Política Exterior Feminista

Las jornadas no se limitan a la realización de un diagnóstico. Uno de sus ejes centrales es el análisis de la Política Exterior Feminista y la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad impulsada por la Resolución 1325 de Naciones Unidas. Este marco normativo establece la obligación de garantizar la protección de los derechos de las mujeres en conflictos y su inclusión estructural en los procesos de paz. En este ámbito intervendrá Miriam Císcar, subdirectora de Cooperación Feminista de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y coordinadora de la Estrategia de Cooperación Feminista y la Estrategia de Paz de la cooperación española, junto a Manuela Mesa, directora de CEIPAZ y vicepresidenta de WILPF-España, quien dirige desde 2009 el programa “1325 mujeres tejiendo la paz”.

También tomarán la palabra representantes parlamentarias como Susana Ros, presidenta de la Comisión de Igualdad y de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados, e Isaura Navarro, diputada por Compromís en Les Corts Valencianes, cuya trayectoria está ligada a los derechos humanos y a la acción exterior. Su presencia subraya que el apoyo de la comunidad internacional al proceso de paz colombiano no es solo una cuestión humanitaria, sino también un compromiso sociopolítico que debe sostenerse en el tiempo.

El arte como herramienta contrahegemónica y de memoria colectiva

El jueves a las 20:00 horas, el coro Dona Veu actuó en La Nau. El viernes a las 19:00 horas, la compañía La Hongaresa Teatre representó su obra Encendidas en l'Octubre Centre de Cultura Contemporània. Y el sábado, la performance de Patricia Ariza cerrará los tres días de debate con un acto de presencia colectiva que evidencia que los cuerpos de las mujeres son también un territorio político en disputa.

La elección de la Plaza de la Virgen como escenario final para la performance no es casual. La ocupación del espacio público en el corazón de València, con cuerpos diversos y voces que vienen del exilio, del campo, de las comunidades indígenas y de las instituciones, es en sí mismo un mensaje político claro: que la paz no se construye solo en las mesas de negociación, sino también desde la movilización civil de quienes deciden quebrar el silencio.

Sonia y Dorvin, un matrimonio hondureño, han vivido como familia dos procesos de regularización. Ella, llegada a España en el verano de 2024 con su hija, sufrió la dana y después pudo acogerse al procedimiento extraordinario. Él, llegado meses después con su hijo mayor, afronta ahora con ilusión la regularización que arranca este 20 de abril. “Con este paso de regularización estamos con la esperanza de ir un paso adelante, de mejorar”, señala.

Vivieron primero en Alfafar y después en la pedanía valenciana de La Torre, donde están en una habitación con sus dos hijos. Ambas localidades fueron fuertemente golpeadas por la dana de octubre de 2024. “Tuvimos que venir de Honduras, mi país, huyendo prácticamente de la delincuencia y para ofrecerles un mejor futuro, lejos de la delincuencia a nuestros hijos”, explica Dorvin, que lleva en la cola de los servicios sociales de València desde primera hora. En su caso, ya había reunido toda la documentación, salvo el informe de vulnerabilidad, un requisito introducido a última hora en el decreto, que ha pillado a muchos por sorpresa.

Dorvin es ingeniero naval y ya cuenta con varias ofertas de empleo en empresas del Puerto de València. La potencia portuaria de la capital fue uno de los puntos llamativos para mudarse a Valencia. De momento, explica, no está trabajando porque “no puedo homologar mis títulos, no puedo acceder a una bolsa de empleo normal, porque me falta la documentación”, pero se muestra esperanzado para trabajar con su titulación. Ha tenido trabajos precarios por debajo de su cualificación, y el proceso de regularización será clave para que pueda optar a un mejor empleo.

Demostrar la vulernabilidad es un requisito complejo, casi una paradoja. Muchos trabajan en economía sumergida o no tienen contrato de alquiler, lo que dificulta el acceso a otros trámites. El ministerio que dirige Elma Saiz ya ha reconocido en alguna ocasión que los migrantes que carecen de documentación son, precisamente, los más vulnerables.

— ¿Cómo se acredita la vulnerabilidad?

— “Como no tengo vida laboral, entonces ese es el punto de partida. Es un bucle burocrático que los maneja. La falta de acreditación ya lo implica”, explica Dorvin.

El formulario se puede obtener desde la web específica de Regularización, pero ha de ser validado por la administración o por entidades adheridas en el RECEX. El personal de los servicios sociales rellena con los solicitantes los documentos.

Sonia ya tiene el permiso de residencia desde hace tiempo. En su caso, cuenta que fue más fácil, vio mayor “voluntad” de las administraciones por resolver los problemas. “El problema no es tanto conseguir el papel sino el proceso de extranjería, conseguir cita, el proceso para las huellas”, narra. Con la dana, explica, les pidieron un certificado de empadronamiento y demostrar que no tenían antecedentes penales en su país de origen. “Tuvimos que buscar un hacker y pagar 40 euros por tener cita”, explica. La primera cita con extranjería la obtuvieron gracias a Cáritas: “Las ONG apoyaron bastante, fue más rápido”, cuenta esta mujer, que actualmente trabaja en hostelería.

Con todo, señala, se enfrentan a conflictos como el problema de vivienda, que ha crecido de manera brutal, explica mientras muestra algunos anuncios de alquiler que ha ido recopilando. Ahora paga 700 euros por una habitación pero ha de mudarse porque el propietario, con quien comparten piso, se ha casado y les dice que no puede haber tanta gente empadronada en la vivienda. Por un piso en las afueras de València le piden 1.200 euros, un inmueble de dos habitaciones, pero el propietario no quiere que sean una familia en la casa, les dicen que solo parejas.

Las colas en el Ayuntamiento de València han empezado de madrugada, con decenas de personas plantadas horas antes de abrir. Algunas incluso comentan que han pasado la noche para poder obtener el trámite cuanto antes, dado que la validez de algunos certificados, como el de antecedentes penales, caduca. Desde primera hora el número de personas a la espera se ha incrementado por centenares, ocupando casi cien metros de forma constante. El consistorio ha enviado a varios equipos de la unidad de seguridad ciudadana (la USAP) para mantener el control de las colas, de forma disuasoria, en una jornada sin incidentes. A las 11, los servicios municipales pedían a los interesados que dejaran de hacer cola y les instaban a volver al día siguiente. La cantidad de personas que esperaba ya hacía ver que no podrían asumirse todas las peticiones en el horario de oficina.

La barrera lingüística se ha hecho evidente, con personas extracomunitarias con problemas para comprender los formularios o plantear sus dudas en la cola. Con todo, los servicios municipales han estado presentes en la calle, tratando de aclarar los trámites.

La alcaldesa de València dice que ha sido “una chapuza”

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha tildado de “verdadera chapuza” del Gobierno de España el proceso de regularización de personas extranjeras porque ha “volcado” a los municipios gente que deambula “sin información y sin conocer bien el proceso”, lo que ha calificado de “barbaridad” contra los ayuntamientos.

La dirigente popular asegura que se está enviando a ciudadanos de otros municipios al Ayuntamiento de València y ha pedido una revisión de los empadronamientos especiales. “Todos los municipios tienen oficinas del padrón y pueden hacer informes de vulnerabilidad porque tienen servicios sociales”, ha apuntado. “Colaborar es para todos, y si no, creo que alguien no está cumpliendo su labor”, según la alcaldesa.

Un ciclista de 57 años ha fallecido este domingo tras colisionar con un coche en la carretera N-332 en el término municipal de Calpe (Alicante), según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso de este accidente de tráfico se ha recibido sobre las 16:20 horas y hasta el lugar se han desplazado una Unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y otra del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

El equipo médico ha practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada al ciclista, pero no ha habido respuesta y finalmente solo ha podido confirmar su fallecimiento.

El viento que afecta a la provincia de Castellón, en alerta amarilla durante la jornada de este jueves y con previsión de rachas fuertes, ha obligado a la dirección del festival SanSan, que arrancaba este jueves en Benicàssim, a suspender los conciertos previstos para hoy por motivos de seguridad.

Desde la dirección del festival han anunciado esta decisión, que se ha tomado tras la reunión de seguridad con las autoridades municipales competentes convocada a las 15.00 horas y en la que se ha analizado la situación meteorológica.

En este sentido, se ha tomado la decisión, oídas las recomendaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Bomberos, de cancelar la primera jornada del festival por “seguridad de los asistentes, artistas y personal”, según un comunicado publicado por la organización en sus redes sociales.

Para esta primera jornada estaban previstas actuaciones como las de Of Monsters and Men, Love of Lesbian, Siloé, León Benavente, Califato 3/4 o Rufus T.Firefly.

La dirección ha transmitido que “lamentan profundamente” esta decisión, pero han asegurado que “garantiza la seguridad” que es “nuestra prioridad absoluta”.

En cuanto a las entradas, han explicado que la devolución de las entradas de día correspondientes al jueves se realizará de manera automática.

Al mismo tiempo, han señalado que las personas que habían comprado el abono podrán obtener un reembolso de la parte proporcional a la jornada de hoy. En los próximos días se comunicará el procedimiento y los canales para obtener estos reembolsos.

En cuanto al resto de festival, desde el SanSan han explicado que las previsiones son “muy favorables” y mañana “os recibiremos para brindaros la experiencia que merecéis”.

El viernes y el sábado el cartel tendrá artistas como Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Xoel López, La Casa Azul, Chiquita Movida, La M.O.D.A., Ultraligera, Barry B, Maria Arnal, Allizz, Ángel Stanich o Sanguijuelas del Guadiana, todo ello con una previsión diaria cercana a los 15.000 asistentes, según los cálculos de la organización.

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al actor porno Ignacio Jordà, conocido como Nacho Vidal, a la pena de tres años de prisión por traficar con 'cocaína rosa' en una zona de ocio de la Plaza Xúquer de Valencia.

Así se desprende del acuerdo alcanzando entre la Fiscalía y la defensa del acusado, ejercida por el letrado Emilio Pérez Mora, por el que se ha impuesto a Vidal los tres años de prisión por un delito contra la salud pública y el pago de una multa de 5.800 euros, según ha podido saber Europa Press.

El actor, que ha reconocido los hechos que se le atribuyen, no ingresará prisión al recomendar el fiscal que se les suspendiera la pena por tiempo de cuatro años --con la condición de no volver a delinquir-- y aceptarlo el tribunal. Se le ha aplicado la atenuante de toxicomanía y la obligación de acudir a un curso de rehabilitación.

Se da la circunstancia de que Nacho Vidal fue condenado recientemente, el pasado mes de enero, al pago de una multa de 2.160 euros por romper la barrera del parking del Mercado de Russafa de Valencia cuando iba ebrio y drogado.

Además, tiene otro procedimiento pendiente por el que se le piden cuatro años de prisión --que solicita la Fiscalía-- por la muerte del fotógrafo José Luis Abad durante la celebración del denominado 'rito del sapo bufo'.

En esta ocasión, se le ha condenado por traficar con droga, tal y como ha adelantado Las Provincias. Los hechos se remontan a febrero de 2025, cuando el actor fue detenido por agentes de Policía Nacional cuando llevaba 103,05 gramos de tusi, 'cocaína rosa', en la Plaza Xúquer de València.

Las drogas que portaba encima el día en que fue arrestado iba a ser destinado a la venta y hubieran alcanzado un valor en el mercado de unos 5.700 euros. El actor actuó así por su adicción a las sustancias estupefacientes, según ha quedado probado.

El magistrado de la plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha dictado un auto por el que prohíbe cautelarmente a dos presuntas carteristas entrar en el término municipal de Valencia durante el periodo de Fallas.

El instructor adoptó ayer domingo esta decisión tras recibir durante su guardia a estas dos mujeres en calidad de detenidas por un delito de hurto y de pertenencia a grupo criminal, “a fin de evitar la continuidad delictiva”, pues existen indicios que apuntan a una actuación “coordinada con otros autores que no pudieron ser detenidos”.

La prohibición de acceso a la ciudad de Valencia estará vigente hasta las 20 horas del próximo 20 de marzo y en caso de incumplimiento las investigadas podrían incurrir en un delito de quebrantamiento y “motivarse la agravación de las medidas, incluida, en su caso, la prisión provisional”, señala la resolución judicial.

Las dos mujeres fueron arrestadas por robar presuntamente al descuido la cartera que una turista llevaba en su bolso. “Véase cómo en grupo, mientras nos distraían a la víctima, nacional italiana de turismo en las fallas, otros vigilaban y otros se dedicaban a hurtar la cartera de dentro del bolso”, recoge el auto a partir del atestado policial.

A juicio del magistrado, esa forma de actuar “revela una casi profesionalidad típica de los grupos organizados que se dedican a tales menesteres delictivos, y que eligen grandes ciudades como Valencia, y más particularmente en periodos de gran afluencia como son las Fallas”.

El juez aplica a este caso lo dispuesto en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la prohibición cautelar de residir o acudir a determinados lugares e incluso ciudades o provincias, ya que considera que no es “posible evitar de otro modo” esta forma de actuar y resulta una medida menos gravosa que la prisión provisional.

“Se acuerda la medida por tiempo estrictamente necesario y, ponderando que su libertad deambulatoria debe ceder frente al derecho a la propiedad y a la seguridad ciudadana”, argumenta el responsable de la plaza 13 de Instrucción del Tribunal de Instancia valenciano.

“Es imprescindible a fin de evitar la continuidad delictiva de las detenidas, manifestada tanto en su forma de actuar en grupo coordinado con otros autores que no pudieron ser detenidos, como en los antecedentes penales obrantes”, concluye.

Entidades feministas plantan a la concejala de Igualdad de València, Rocío Gil, como reproche al “bpicot” que el Ayuntamiento hace a la manifestación del 8 de marzo. La Coordinadora Feminista ya acusó al gobierno local de poner trabas a la marcha, convocada para el próximo domingo, al programar a las 20 horas un castillo pirotécnico en el centro de la ciudad, condicionando el recorrido de la protesta que se realiza cada año.

En señal de protesta, 19 colectivos rechazaron el martes acudir al Consell de la Dona, órgano de participación municipal, y acusan a la responsable de igualdad de censurar propuestas de acuerdos así y negarse a incluir puntos en el orden del día propuestos por entidades. Las organizaciones recuerdan que pidieron el año anterior que se respetaran las convocatorias del 25N y el 8M.

En la sesión del martes, apuntó el consistorio, Igualdad propuso abordar la coincidencia de la manifestación del 8-M con el espectáculo pirotécnico programado y planteó dos opciones a la organización, propuestas por la Policía Local: cambiar el recorrido de la manifestación o cambiar el horario, adelantando media hora la marcha y retrasando una hora el castillo.

Desde la Concejalía de Igualdad lamentan que algunas entidades no hayan querido participar en la sesión del Consell de les Dones i per la Igualtat convocada para la tarde de hoy y recuerdan que el Ayuntamiento de València mantiene la mano tendida para seguir trabajando por la igualdad en la ciudad. El consistorio se comprometió a trasladar la propuesta por escrito.

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija, una niña de 12 años, en la localidad castellonense de Xilxes. Los cuerpos los han encontrados este martes dos patrullas de la Policía Local y del Instituto Armado que se trasladaron hasta el lugar de los hechos, una vivienda de Xilxes, después de recibir el aviso del posible crimen.

La mujer pertenecía al sistema VioGén por sufrir violencia machista y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció “riesgo medio”. Su marido, del que se había separado, tenía una orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027, según informan fuentes de la investigación a la Agencia EFE, que añaden que aun no ha sido detenido por las autoridades.

Según informan diversos medios, el marido de la mujer –y padre de la menor– habría recibido una foto de su hija a través de WhatsApp, alertándole de lo sucedido. Las primeras investigaciones se centran en el círculo próximo de las víctimas.

Al parecer, la foto de la niña muerta también la recibió el jefe de la Policía Local de Xilxes, que avisó de inmediato a la Guardia Civil. Agentes del Grupo de Personas (Grupo de Homicidios) y del laboratorio del Servicio de Criminalística de la Comandancia de Castellón se han desplazado también al lugar.

Fuentes municipales han indicado que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

El juez de la plaza número cuatro de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca (Valencia) ha acordado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre que se entregó el pasado sábado a la Guardia Civil y confesó haber matado a un menor de 13 años de edad.

El hombre queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El detenido, de 48 años de edad, se presentó la tarde del pasado sábado en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca, nervioso y agitado, con manchas de sangre en la camiseta, pidió ser engrilletado y confesó que había matado al menor, que se encontraba en su vivienda.

En su primera declaración, manifestó a los agentes que, en un momento dado y sin motivo aparente, agredió al menor, amigo de su hijo, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El hombre entregó las llaves su casa a los agentes que acudieron a la vivienda y encontraron a la víctima en el suelo del baño, tumbado boca arriba y rodeado de sangre.

El detenido señaló asimismo a los agentes en su primera declaración en el cuartel que había tenido problemas judiciales y con la custodia de su hijo.

La Guardia Civil investiga también si el hijo del detenido hubiera tenido algún antecedente de episodios violentos o agresivos en el colegio, han señalado a EFE las mismas fuentes.

Varios medios de comunicación locales señalan que la autopsia ha confirmado que el menor fue acuchillado de forma reiterada en la parte frontal del tórax, algunas de ellas mortales de necesidad, compatibles con la fuerza de una persona adulta.

Tensión entre los familiares fuera del juzgado

Vecinos y familiares del menor, entre ellos sus padres, esperaban esta mañana la llegada al juzgado del detenido con grandes muestras de tensión y nerviosismo.

Han colocado frente al juzgado una gran pancarta con una imagen de espaldas del niño, con su nombre, Alex, en su equipación del club de fútbol Promeses en el que jugaba como defensa y centrocampista, y un lazo negro.

La Guardia Civil y la Policía Local han cortado los accesos al juzgado con vallas y han desplegado un fuerte dispositivo de seguridad para evitar altercados. Al lugar se ha trasladado también una ambulancia.

El furgón de la Guardia Civil que trasladaba al detenido ha llegado al juzgado sobre las once de la mañana, escoltado por un grupo de agentes a pie, y ha sido recibido con insultos por parte de los vecinos y familiares y gritos de “metedlo en la cárcel” y “asesino”.

El detenido ha salido sobre las 14:20 horas del juzgado, donde se han vuelto a repetir las escenas de tensión entre los familiares, que visiblemente afectados han intentado cruzar las vallas para alcanzar el vehículo, pero han sido retenidos por los agentes.

La Guardia Civil investiga el asesinato de un menor de 13 años cometido este sábado por la tarde en la localidad valenciana de Sueca, después de que un hombre de 48 años se entregase en el cuartel de este municipio y confesase el crimen.

El cuerpo del menor fue hallado en el domicilio que indicó el supuesto homicida con golpes y heridas por arma blanca, ha informado la Comandancia Provincial

El autor confeso de estos hechos se presentó en el cuartel a las 18:30 horas y ha sido detenido. El grupo de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Varios medios de comunicación han informado este domingo de que la víctima era amigo del hijo del detenido.

El Ayuntamiento de Sueca ha decretado dos días de duelo oficial, durante los cuales las banderas del consistorio ondearán a media asta. Asimismo, traslada el pésame y el apoyo del equipo de gobierno local a los familiares y amigos de la víctima.

Protocolo de acompañamiento

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Educación, ha activado el protocolo de acompañamiento emocional tras la muerte violenta del chico. Tras conocerse los hechos, el servicio de Inspección educativa ha activado de manera urgente la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Convivencia para asesorar al centro educativo donde estudiaba la víctima sobre cómo dar respuesta a la comunidad ante una situación de especial dolor.

Según ha informado la Conselleria de Educación, orientadoras de esta unidad acompañarán al centro educativo, apoyando la intervención en los distintos grupos y generando espacios de “ventilación emocional”, con el fin de sostener al alumnado, al profesorado y al resto de la comunidad educativa que lo requiera.

Asimismo, se realizará una comunicación a las familias del centro con orientaciones para saber cómo acompañar emocionalmente a sus hijos e hijas en estos momentos.

El primer día se generarán espacios de escucha en todos los grupos, partiendo de la comunicación de la noticia de forma objetiva, lo que dará inicio a la primera fase, denominada “acogimiento emocional”, del proceso M.A.R. (Movimiento hacia el Agradecido Recuerdo), desarrollado por Carlos Odriozola.

También se habilitará un espacio de despedida en el centro, donde el alumnado y el resto de la comunidad educativa podrán dejar mensajes, flores o velas, han informado las mismas fuentes.

Durante aproximadamente dos semanas, y en función de las necesidades del centro, se mantendrán espacios de “ventilación emocional” conducidos por personal del propio centro. Finalmente, y siempre con el consentimiento de la familia afectada, el centro educativo realizará un acto de despedida.