La CEOE de Tenerife ha advertido este viernes de que la escasez de vivienda va a ser el problema que estrangule a gran parte de la economía no sólo desde el punto de vista residencial, sino de la inserción laboral, una situación que a su juicio puede prolongarse entre tres y cinco años.

Sobre este asunto han efectuado una llamada de atención tanto el presidente de CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, como el director de Consultoría de Corporación 5, José Miguel González, durante la presentación del Informe de Coyuntura Económica correspondiente al segundo trimestre de 2026.

Al respecto, el presidente de la patronal se ha preguntado cómo pueden acudir a las islas trabajadores de otros lados si no hay vivienda disponible porque, ha añadido, aunque se sufrague con dos rentas tampoco es suficiente.

Además se ha producido un cambio en la demanda, de forma que antes había viviendas disponibles con cuatro o cinco habitaciones, para familias medianamente grandes, y ahora hay una gran número de familias monoparentales que necesitan pisos más pequeños y baratos, pero “tampoco se construyen”, ha indicado Alfonso.

Esta situación ocurre pese a que, según los indicadores del Informe de Coyuntura, la venta de cemento se ha situado en junio de este año en 62.921 toneladas, un dato relacionado con la construcción de infraestructuras.

Pero cuando se acude al número de viviendas terminadas “el dato no es tan halagüeño”, con sólo 182 unidades, ha subrayado José Miguel González, para quien el mercado está “prácticamente paralizado” y queda “mucho camino por recorrer”.

En cuanto a la perspectiva económica general, hay riesgos de que la ralentización que ya se está produciendo se convierta “en algo más grave” a lo largo de 2027, aunque este año se cerrará en positivo, si bien menos que el anterior.

La demanda de energía eléctrica se ha situado en los 716.268 MWH, un indicador de que el consumo es todavía creciente, pero en relación con la tendencia interanual hay “un cierto aplanamiento en la evolución”, ha continuado González.

En cuanto a la matriculación de vehículos, se han contabilizado 8.208 unidades en junio, pero también la variación interanual es negativa con un descenso en un 9%.

El comercio se mantiene estable desde de la época de recuperación tras la pandemia, si bien la creación de empleo en este sector ya no tiene la misma intensidad, ha añadido.

En cuanto al gasto turístico, se ha situado en 6.838 millones de euros, más de un 6% respecto al trimestre anterior y de un 3% en el interanual.

Respecto a la inflación, ha recordado que la variación del IPC interanual refleja un aumento en un 3,4% pero la que es preocupante, ha señalado, es la subyacente al ser de carácter estructural, con un incremento interanual en un 2,5%.

Los depósitos de ahorro ascienden a 50.293 millones de euros, un 7,3% más en la variación interanual, y el mercado del crédito se eleva a 39.711 millones de euros, con un 3,8% más interanual, lo que refleja que hay más renta disponible fruto de la mejora del empleo.

Sin embargo, José Miguel González también ha indicado que pese a que la disminución del empleo es siempre positiva, la otra cara de la moneda es que se ha reducido en 27.000 personas el número de ocupados no por tener trabajo, sino porque han dejado de buscar empleo.

Hay 60.694 empresas inscritas, lo que representa continuidad tras la “explosión” de la recuperación post covid, y la afiliación a la Seguridad Social se sitúa en 964.931 afiliados en junio, esto es, “dando pasos firmes” hacia el millón de inscritos.

Sin embargo, en el ámbito laboral la CEOE ha reiterado su preocupación ante la baja productividad y el absentismo laboral, algo en lo que Canarias se distancia del resto del Estado y que, en cuanto al segundo aspecto, supone un coste de 3.200 millones de euros, según ha indicado Pedro Alfonso.

Al respecto, la CEOE ha instado a la Consejería de Sanidad a estudiar en septiembre propuestas para mejorar las listas de espera y poner en marcha medidas para acotar esta situación, para lo que la patronal ha pedido que no olvide que las mutuas y las clínicas concertadas “ayudan a mejorar estos procedimientos”.

Canarias registró en mayo 1.959 operaciones de compraventa de viviendas, un 9,5% menos que en el mismo mes de 2025, con los precios subiendo en las islas un promedio del 13,7%, para situarse en 2.516 euros por metro cuadrado, según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

La compraventa de viviendas intensificó su caída en mayo hasta anotarse un descenso del 11,8% interanual, mientras que el precio de la vivienda se encareció el 8,8% hasta los 2.049 euros/m².

Con este nuevo retroceso, la compraventa de viviendas acumula ocho meses consecutivos de caídas, que comenzaron en octubre de 2025 (-1,9%) y que siguieron en noviembre (-2,4%), diciembre (-1%), enero (-11,4%), febrero (-7,7%), marzo (-4,7%) y abril (-10,2%) y mayo (-11,8%).

Todo ello en un mercado que arrastra un déficit de vivienda para atender a una demanda creciente, lo que está encareciendo los precios y dificultando el acceso, especialmente entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

Las compras de pisos disminuyen más del 14%

En mayo se contabilizaron 55.761 compraventas. Por tipo de vivienda, las de pisos disminuyeron un 14,1% interanual, alcanzando las 41.211 unidades, mientras que las unifamiliares disminuyeron un 4,7% interanual, hasta llegar a las 14.550 unidades.

Los notarios también detectan un descenso del 2,2% en la superficie media de la vivienda en España.

Las transacciones descendieron en 14 comunidades, siendo los mayores ajustes los registrados en la Comunidad Valenciana (-35,8%); Islas Baleares (- 20,6%); Cantabria (-19,7%); Asturias (-17,4%); País Vasco (-13,6%) o La Rioja (-11,7%).

En la Comunidad de Madrid descendieron un 10,6% y en Cataluña un 4,1%.

Por el contrario, se registraron ascensos en Navarra (8,2%), Castilla-La Mancha (4,5%) y Extremadura (0,2%).

Baleares, a la cabeza de las subidas de precios

En mayo, el precio del metro cuadrado subió un 8,8% interanual en España. En 16 de las 17 autonomías se registró un encarecimiento en el precio de la vivienda, siendo Galicia la única autonomía en la que cayó, un 6,8%.

Los mayores incrementos de precios se dieron en Islas Baleares (16,3%); Castilla-La Mancha (15,4%); Andalucía (14,4%); Islas Canarias (13,7%); Navarra (13,5%); Cantabria (12,3%); Comunidad Valenciana (11,9%); Murcia (10,7%); Comunidad de Madrid (9,2%); Asturias (8,5%) y Cataluña (8,2%).

Los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 14% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.455 euros/m², mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.445 euros/m², registrando un aumento del 2,7%.

Caen un 4% las hipotecas para vivienda

Por otro lado, la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda bajó en mayo un 4 % interanual, hasta las 30.577 operaciones. La cuantía promedio de estos préstamos aumentó un 3,9%, hasta alcanzar los 181.976 euros.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 54,8%. En estas operaciones, la cuantía del préstamo representó, de media, el 72,5% del precio de la vivienda.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda descendieron en diez autonomías, siendo los mayores ajustes los de la Comunidad Valenciana (-26,1%); Asturias (-15,4%); Castilla y León (-12,3%) o Aragón (-9,8%).

Los aumentos se produjeron, por su parte, en seis comunidades Castilla-La Mancha (14,2%); Cataluña (3,4%); Andalucía (1,5 %); Islas Canarias (1,1%); Extremadura (1%) y Murcia (1%). Por su parte, en el País Vasco se mantuvieron estables respecto al año anterior.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que Canarias no cumplirá con la regla de gasto ni en 2026 ni en 2027, a pesar del Plan Económico-Financiero (PEF) 2026-2027 como consecuencia de haber incumplido en 2025.

En su último informe sobre ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de Canarias, que incluye también un análisis sobre el Plan Económico-Financiero, la AIReF estima un crecimiento del gasto computable del 4,6% para este año, superando la tasa de referencia fijada en el 3,5%, mientras que para 2027 proyecta un incremento del gasto computable del 7,2%, cuando el límite está en el 4,0%.

La entidad fiscalizadora advierte de que a medio plazo persistirá este riesgo de desviación, con estimaciones de incrementos del gasto computable del 4,6% para 2028 y del 4,2% para 2029, frente a límites del 3,8% y 3,6% respectivamente.

Aunque Canarias se comprometió a aplicar controles mensuales de gasto en sanidad y educación y a diferir inversiones no urgentes, el PEF final se limita a mantener las medidas de ahorro propuestas originalmente en febrero, sin incorporar ninguna actuación adicional, señala la AIReF.

Señala el informe que en las medidas de ahorro de gasto sanitario, valoradas en 29 millones, no se describen las actuaciones concretas a adoptar, y tampoco se justifica la evolución del gasto.

En cuanto al escenario macroeconómico, Canarias prevé en 2027 un crecimiento del PIB nominal del 2,9%, pero la AIReF lo eleva al 4,9%.

La autoridad fiscal prevé un superávit del 0,3% en 2026 y del 0,4% en 2027, si bien Canarias apuesta por un déficit del 0,2% en 2026 y del 0,1% en 2027.

En cuanto a la deuda, la previsión de la AIReF la sitúa en el 8,3% en 2027, un nivel inferior al previsto en el PEF canario.

El informe de la AIReF recomienda a Canarias que incorpore nuevas medidas en el PEF que presentará ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para sustentar una senda de crecimiento del gasto computable que se ajuste de forma real a las tasas de referencia del 3,5 % y 4 %, detallando sus elementos, impacto presupuestario y calendario de implantación.

El aumento de los costes de construcción y la licitación de obras por parte de las administraciones por debajo de los precios de mercado ha provocado que 322 obras hayan quedado desiertas en Canarias entre 2025 y junio de este 2026, según la patronal de constructoras de Las Palmas (AECP).

La organización ha especificado que estas obras que han quedado desiertas en los procesos de licitación suponen una inversión de 456,66 millones de euros que se han quedado sin movilizar, por lo que ha instado a las administraciones a que adopten las medidas correctoras necesarias para evitarlo.

Según la conclusión de la patronal, el aumento de costes hace inviables obras ya en curso y “atenaza a las empresas por la inestabilidad económica y la situación geopolítica, lo que las obliga a abstenerse de acudir a las licitaciones, o abandonar las obras sin que las administraciones públicas adopten medidas al respecto”.

Y esa actitud, han alertado, no se corrige, más bien al contrario: Solo en junio de este año, el valor de las obras que han quedado desiertas supera en un 32 % el importe total de los proyectos que se licitaron sin éxito en todo 2025: pasó de 197,47 millones de euros a 259,19 millones de euros.

La AECP ha advertido además de que el sistema se pervierte “a zancadas gigantes” porque en el resto de las obras se está produciendo un vacío de licitadores, acudiendo un sólo licitador en el 36 % de los casos, lo que a juicio de la patronal “pone en riesgo la concurrencia competitiva y la fortaleza del tejido productivo”.

“Lo lamentable es que las Administraciones Públicas, además, 'se jacten' cuando esto último ocurre”, ha denunciado la patronal, quien ha agregado que esta situación ha sido advertida a las administraciones por escrito, sin que estas hayan puesto remedio.

Y ha abundado en que la huida hacia delante y “la soberbia” de las administraciones públicas termina adjudicando la obra a una empresa pública, que terminará cobrando unas tarifas por ella misma impuestas y que resultarán muy por encima del precio al que se licitó.

“Hacemos un llamamiento a la cordura, hacemos un llamamiento a la conciencia y responsabilidad pública para que depongan su actitud pues cuando una administración pública actúa ignorando la realidad, e incluso la ley de forma caprichosa, en ocasiones puede tratarse de arbitrariedad, pero si profundizáramos en ello, esa actitud podría tener denominaciones más comprometidas”, ha criticado la AECP.

Por ello, ha apelado a las administraciones públicas a que aborden este problema “de manera urgente, técnicamente solvente y políticamente responsable”.

En todo 2025, los ayuntamientos licitaron proyectos que quedaron desiertos por valor de 74,194 millones de euros, mientras que los Cabildos lo hicieron por importe de 41,3 millones de euros y el Gobierno de Canarias, por 46,739 millones de euros.

En el caso de junio de 2026, fueron los Cabildos insulares los que incrementaron considerablemente el valor de las licitaciones que quedaron desiertas, hasta los 171,594 millones de euros en 16 obras, seguidos por el Gobierno de Canarias, con 58,598 millones de euros y los ayuntamientos isleños, por 28,054 millones de euros.

Canarias entrega este segundo trimestre del año, tradicionalmente una etapa nada buena para las islas en las cuestiones macro sobre el mercado de trabajo (es la foto del tránsito de la temporada alta a la baja en turismo), unos indicadores de empleo que son poco halagüeños, tal y como se desprende de los indicadores ofrecidos este martes por la Encuesta de Población Activa (EPA) del periodo abril-junio de 2026, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De entrada, los datos más fresquitos de la EPA indican que Canarias ha destruido respecto al primer trimestre de 2026 nada menos que 25.100 empleos, la caída absoluta del número de ocupados (hay 1.035.000 empelados en las islas) y una marca que es la peor en ese periodo de estudio de toda España.

El archipiélago reduce así el 2,36% los puestos de trabajo activados al cierre del primer trimestre del año (enero-marzo), pero, pese a ello, logra un registro anual con aumento de los ocupados de 13.600 personas (más 1,33%), ya muy por debajo de la tónica habitual tras el bum turístico iniciado en 2023, entonces con valores más cercanos a la cifra de 20.000.

Aunque la destrucción de empleo es muy potente en el segundo trimestre del año, el dato de parados (son 135.900 desempleados en el archipiélago, según la EPA del segundo trimestre de 2026) se salva por los pelos, con 600 desempleados menos que en el primer trimestre de este mismo año. Esto tiene que ver con la también masiva reducción de activos, que alcanza el valor absoluto de 25.700 personas. Esta huida de potenciales trabajadores se explica en parte por el enfriamiento de la actividad turística en los meses de referencia.

La huida de activos salva el registro de parados

Al disminuir las personas activas en 25.700 personas y al reducirse en algo menos, 25.100, los empleados u ocupados, la cifra absoluta de parados presenta un descenso, una caída, aunque casi de forma testimonial: se aminora solo en 600 personas en el trimestre, el 0,45% menos. Sí hay, en cambio, una disminucion de los parados del 13,52% para el registro anual, lo que significa 21.200 menos en Canarias. En este valor también influye mucho el adelgazamiento de la cifra de activos, pues la creación neta de empleo en esos mismos últimos 12 meses ha sido menor, 13.600, que la de caída de parados, 21.200.

Esa combinación de variables a su vez ha producido que la tasa de paro en Canarias, antes, para el primer trimestre de este año, en el 11,40%, ahora experimente una ligera subida hasta el 11,60%, aún por encima de la media nacional, en el 9,87%. El de las islas es el cuarto peor registro de paro por comunidades autónomas en toda España. Andalucía tiene la tasa de paro más elevada, una vez más, con el 14,56% de sus activos en desempleo, seguida de Extremadura, otro clásico, con el 13,22%, y de Castilla-La Mancha, en el tercer lugar entre los peores, con el 11,81%, y muy cerquita del valor relativo de las islas, el señalado 11,60%.

La tasa de paro del segundo trimestre de 2026 para Canarias es la segunda mejor desde el inicio de la pandemia, incluso más baja que el hito de diciembre de 2024, con el 11,9%. Eso sí, sigue estando aún lejos del registro top de las islas: el logrado antes de la crisis económico-financiera mundial de 2008, con el 10,9% del cuarto trimestre de 2007, siempre según la EPA.

Resultados por comunidades autónomas

Hay que señalar que el mayor incremento del empleo este segundo trimestre se dio en la comunidad autónoma de Cataluña, con 130.800 personas más que en el mismo periodo precedente. En cambio, como ya se ha subrayado, el descenso de ocupados más intenso ha sido el de Canarias, con 25.100 personas menos en un trimestre. En términos relativos, el mayor aumento trimestral se dio en Illes Balears, con el 18,83%, lo que tiene que ver con el arranque de la temporada turística en este territorio.

En cuanto a los datos de paro, la mayor caída, un dato positivo, se registró en Cataluña, con 92.600 personas menos en desempleo pese al elevado incremento de los activos. Ahora bien, el mayor incremento del número de parados afectó a Andalucía, con 5.400 más en un trimestre. Canarias redujo sus parados en 600 personas, aunque no gracias a la creación neta de empleo.

En cuanto a la tasa de paro, Illes Balears, con el 6,11%, obtuvo el indicador más bajo este trimestre, el segundo del año en curso, mientras que Andalucía, con el 14,56%, presentó la tasa más elevada. Canarias tuvo un registro que es el cuarto peor según autonomías. El dato de España se situó en el 9,87%.

Canarias registró el mayor descenso del empleo en el segundo trimestre, al perder 25.100, un 2,36%, respecto al anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, en términos interanuales las islas registraban al cierre del pasado mes de junio 13.600 ocupados más, esto es, un 1,33% más, en relación al sexto mes de 2025.

A la vez, Canarias cerró el segundo trimestre del año con 25.700 trabajadores activos menos, un 2,15% menos, que los del trimestre anterior, un descenso que en términos interanuales fue de 7.700 personas, un -0,65%.

El número de activos se situó a cierre del segundo trimestre en 1.171.400 personas en la región.

Datos de paro

En cuanto a los datos del paro en las Islas, ha descendido en 600 personas en el segundo trimestre, hasta los 135.900 desempleados, un 0,4% menos que el trimestre anterior.

Con la bajada del segundo trimestre, se acumulan ya tres trimestres consecutivos de descensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 11,6%.

Esta cifra de parados es la más baja en un segundo trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha descendido en el segundo trimestre la mayoría de veces en Canarias (15 veces), mientras que ha subido en 10 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la caída más pequeña desde que hay registros.

En el último año el paro se ha reducido en 21.200 personas (-13,5%) en Canarias y se han creado 13.500 empleos (+1,3%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 7.700 personas (0,7%).

Por sexos, en el segundo trimestre el desempleo femenino subió en 1.100 mujeres (+1,5%), frente a un retroceso del paro masculino de 1.700 parados (-2,6%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 72.600 y la tasa de paro femenino en el 12,97%.

Por su parte, 63.300 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 10,34%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Canarias aumentó en 6.200 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 27,78%.

Tipo de contratos

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 16.500 personas en el segundo trimestre en la región y el de temporales se redujo en 24.300 asalariado. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 873.900 personas, de los que 739.600 tenían contrato indefinido (el 84,63%) y 134.300, temporal (el 15,37%).

La destrucción de empleo en el segundo trimestre en Canarias fue mayor en el sector público, que destruyó 15.300 puestos de trabajo, un -8,09% menos, hasta un total de 173.800 ocupados. Por su lado, el sector privado, se redujo en 9.700 empleos, un 1,11% menos que en el trimestre anterior hasta 861.800 empleos. .

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 14.600 personas en el segundo trimestre (-1,54%) en la comunidad hasta los 932.700 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 10.500 (-9,27%), hasta sumar 102.800 personas.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 2.600 menos (-32,5%); Agricultura, 800 menos (-50%); Servicios, 700 menos (-1,36%), mientras que se incrementó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 2.400 más (+3,27%); Industria, 1.100 más (+61,11%)

Datos por comunidades

Andalucía (+5.400), Murcia (+3.000) y Asturias (+900) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña, Baleares y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 92.600, 47.400 y un 23.200, respectivamente.

En cuando al empleo, durante el segundo trimestre se crearon puestos de trabajo en todas las comunidades siendo Cataluña (+130.800), Baleares (+108.000) y Andalucía (+63.300), excepto en Canarias en donde la ocupación se redujo en 25.100 personas y en Galicia con un descenso de 6.100 trabajadores.

Los tres años seguidos de bum turístico en Canarias (2023, 2024 y 2025, con tres récords consecutivos en llegadas totales de visitantes), que es el sector económico dominante en las islas (cada vez más en términos de participación en el PIB regional, con el 37,5%), nada han cambiado el puesto que ocupa el archipiélago en la clasificación por comunidades autónomas según salario o sueldo medio anual entregado a sus trabajadores: o sea, la cantidad líquida que recibe el empleado en su nómina o la que le llega a su cuenta bancaria.

En efecto, así es: Canarias cerró 2025 como la región con segundo peor salario medio anual de toda España, casi a la par que Extremadura (una relación ya clásica entre estos dos territorios), en el último lugar.

Esta es una dinámica que se repite año tras año, de forma mimética, se puede decir, desde que se dejara atrás la crisis económica por la pandemia de la covid. Y además es una realidad que perdura pese a los excelentes resultados que aporta el turismo en Canarias en el plano macroeconómico, según variables oficiales ya conocidas y publicadas. Este sector productivo, el de servicios, tan omnipresente en las islas, a su vez es el principal empleador privado.

El salario o sueldo promedio que percibió un trabajador local el año pasado, según la Encuesta Anual de Coste Laboral (2025), la servida este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), fue de 23.264 euros (28.411 euros al año es la media española, y 28.742 euros, la de Baleares, esta superior al dato país y muy alejada, para bien, de la canaria), por los 23.254 de Extremadura, la comunidad autónoma con sueldo anual más bajo del país. La historia, como se observa, se repite un ejercicio anual más.

A la vez que existe en Canarias el segundo sueldo promedio más pobre de toda España, casi el mismo valor que en Extremadura, el archipiélago es el territorio donde las contrataciones laborales son más económicas para el empresario (relación de causa-efecto), solo algo más gravosas que en la región extremeña.

El coste laboral neto (sin subvenciones ni deducciones) en las islas fue en 2025, dato promedio, de 32.017 euros al año, por los 31.657 de Extremadura.

Ahora bien, los costes laborales netos más elevados se dieron en el año de referencia en la Comunidad de Madrid (45.983 euros), País Vasco (44.034) y Comunidad Foral de Navarra (41.697).

Por el contrario, los más bajos fueron los ya mencionados, Extremadura y Canarias, en último y penúltimo lugar, seguidos de Región de Murcia (33.293).

El valor promedio nacional por trabajador para esta misma variable, pero en bruto, alcanzó los 38.749 euros en 2025, el 3,3% más que el año anterior. El neto, excluidas las subvenciones y deducciones, se elevó el 3,2%, hasta 38.512 euros.

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha expresado este jueves su “discrepancia” con algunos aspectos de la nueva regulación sobre el consumo de productos derivados del tabaco aprobada el martes por el Consejo de Ministros, que entre otras medidas, prohibe fumar en terrazas.

La patronal recuerda que el 35% del PIB de Canarias “depende del turismo”, y que gran parte de la experiencia del visitante se desarrolla en espacios exteriores como terrazas, chiringuitos, zonas recreativas y piscinas. Según esta organización, la prohibición de fumar en esas zonas comunes “puede alterar negativamente la competitividad del destino canario, sobre todo en comparación con otros territorios europeos donde la regulación es más flexible y diferenciada”, sin mencionar qué lugares.

Según la FEHT, “los espacios abiertos ya garantizan una adecuada convivencia entre personas fumadoras y no fumadoras, y de hecho numerosas empresas han aplicado medidas de autorregulación, como zonas separadas o mesas exclusivas, sin imposiciones”.

Para la patronal del turismo, la hostelería puede ser parte activa de una estrategia pública si se le permite adaptar su oferta en función del perfil de su clientela, “y no solo como un objeto pasivo de las restricciones”.

La FEHT reconoce la importancia de proteger a colectivos vulnerables, como menores, mujeres embarazadas o personas con patologías respiratorias, así como de avanzar en entornos más saludables, pero a renglón seguido insiste en que “no existen soluciones únicas”.

Por ello, insta al Gobierno central y a las fuerzas políticas representadas en el Congreso y el Senado a explorar fórmulas intermedias, como zonas habilitadas, separación física, criterios de ventilación o la diferenciación entre productos de combustión y aquellos que no generan emisiones directas.

Sobre este tema, la FEHT recuerda además que países europeos de primera línea, y que además son mercados turísticos emisores para Canarias, como Francia y el Reino Unido, han optado por “enfoques más graduados”, centrando las restricciones en entornos con presencia infantil o educativa, y permitiendo que productos sin combustión puedan usarse en espacios al aire libre, lo que permite preservar la libertad del consumidor sin comprometer la salud de terceros.

En este proceso, la patronal reclama “diálogo, una evaluación rigurosa de los impactos y sensibilidad hacia una realidad insular en la que la hostelería, el turismo y el ocio al aire libre forman parte esencial de la economía y de la experiencia del visitante durante todo el año”.

El tabaquismo provoca alrededor de 2.700 muertes anuales en Canarias, siendo la principal causa de muerte evitable en la región, según datos de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón, que ha alertado recientemente del auge del vapeo entre adolescentes en las Islas.

La empresa Nueva Pescanova S.L. ha presentado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas su solicitud de desistimiento para instalar una granja de cultivos marinos para la cría de pulpo en el Puerto de Las Palmas, por lo que la institución portuaria procederá al archivo del expediente.

En un escrito, la empresa ha explicado que no le resulta oportuno continuar con la solicitud presentada en los términos planteados, dadas las circunstancias sobrevenidas durante el procedimiento y ante los nuevos requerimientos administrativos demandados por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, según ha informado este jueves Puertos de Las Palmas.

En él, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha indicado que procederá al archivo del expediente que se abrió en mayo de 2021, con lo que se pondrá fin al proyecto para instalar una granja de pulpos en el Puerto.

Nueva Pescanova ha señalado que dicha decisión responde exclusivamente a consideraciones empresariales y regulatorias derivadas de la evolución del procedimiento administrativo y que la decisión no implica reconocimiento alguno sobre la eventual viabilidad futura de otras alternativas técnicas, ambientales o de ubicación que pudieran analizarse en su caso.

La empresa aclara que la tramitación ambiental del expediente quedó condicionada a la obtención de los pronunciamientos ambientales preceptivos, con lo que la viabilidad ambiental del proyecto constituía un presupuesto esencial para la continuidad del mismo.

Dicha tramitación puso de manifiesto la necesidad de atender observaciones y condicionantes formulados por distintos órganos sectoriales, además de someter el proyecto al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria al apreciar la posible existencia de efectos ambientales que requerían de un análisis adicional, precisa la nota.

Todas estas circunstancias, según indica Nueva Pescanova, aunque no afectan a la viabilidad ambiental del proyecto, han supuesto una modificación sustancial de las condiciones, alcance, plazos y requisitos regulatorios de su planteamiento inicial, lo que ha obligado a la empresa a replantear su configuración y estrategia de desarrollo.

Por todos estos motivos, la entidad desiste expresamente de la solicitud de otorgamiento de concesión demanial presentada a la Autoridad Portuaria para el desarrollo del proyecto.

Posbiles consecuencias medioambientales

La instalación prevista por Pescanova era de algo más de 50.000 metros cuadrados en la dársena de La Esfinge. La compañía reservó 50 millones de euros para la ejecución de la granja, en la que pretendía producir unas 3.000 toneladas anuales de pulpo, cifra equivalente a más del 10% de la producción nacional de este animal.

El proyecto se sometió primero a una evaluación ambiental simplificada en la que se detectaron “posibles efectos adversos significativos”, como el riesgo de malos olores que afectarían a una terminal de pasajeros o el posible empeoramiento de la calidad del agua portuaria debido a los residuos orgánicos. Al advertir estos posibles impactos, el Gobierno de Canarias decidió someterlo a la evaluación ambiental ordinaria, más exhaustiva.

En octubre del año pasado, Compassion in World Farming publicó un informe advirtiendo del enorme coste ecológico del proyecto. La organización internacional calculó que se necesitarían hasta 28.000 toneladas de peces salvajes para alimentar a los pulpos sólo durante el primer año de funcionamiento de la granja marina.

Desde que Nueva Pescanova anunciara sus planes, numerosos científicos y colectivos se opusieron al proyecto y recordaron que el pulpo es una especie altamente sintiente, solitaria y aparentemente “incompatible” con su cría en cautividad.

La oposición al proyecto fue creciendo hasta sumar más de 42.000 mensajes enviados al correo electrónico de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, reclamando el cierre del expediente.

Las organizaciones AnimaNaturalis y Compassion in World Farming habían convocado para este sábado 25 de julio una protesta contra la granja de pulpos. El objetivo era, precisamente, “instar a la Autoridad Portuaria a archivar definitivamente el expediente”, como ahora ha ocurrido.

La protesta contaba con el apoyo de Eko, Ecologistas en Acción, Acción Océanos, We The Free, Raíces y Brotes, Turcón, WeMove Europe, Aquatic Animal Alliance, Aquatic Life Institute y Eurogrup for Animals.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que Canarias será la Capital de la Economía Social en 2027 y que contará por primera vez con dos sedes: una en Las Palmas de Gran Canaria y otra en Santa Cruz de Tenerife.

Según ha informado Díaz en el Consejo de Fomento para la Economía Social, celebrado este miércoles en Madrid, Canarias tomará el testigo de la ciudad catalana de Mataró como capital de la economía social por su trayectoria amplia de este modelo económico.

Asimismo, la ministra ha explicado que la decisión se apoya en una trayectoria amplia de este modelo económico en las islas. “Desde las cooperativas, las sociedades agrarias y las cofradías de pescadores, que han sido esenciales históricamente para la vida económica canaria, la economía social se ha extendido con el tiempo a la educación, la industria, el transporte y los servicios en el territorio”.

Además, señala que en los últimos años, Canarias ha reforzado este impulso con instrumentos concretos como la Ley de Economía Social de Canarias, la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias o el Libro Blanco de la Economía Social de Canarias entre otras, ha detallado Díaz.

Asimismo, la vicepresidenta segunda ha asegurado que Canarias conoce bien los desafíos que tiene por delante por su “insularidad, la crisis climática, la dificultad de acceso a la vivienda y su papel de frontera sur de Europa, con las necesidades de acogida e inclusión de quienes llegan”.

Esta capitalidad permitirá situar estos desafíos en el centro del debate, desde la experiencia y el buen hacer de las entidades canarias. “Será una oportunidad para compartir soluciones, reforzar alianzas y mostrar cómo la economía social puede ofrecer respuestas cercanas, sostenibles y duraderas a los retos del archipiélago”.

Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que la decisión cuenta con el respaldo de las entidades representativas de la economía social canaria y española representadas en CEPES, “cuyo compromiso y trabajo es fundamental para seguir consolidando este ecosistema en las islas”.

La Zona Comercial Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria, ha cerrado cuentas anuales alcanzando los 300 millones de euros de facturación, lo que consolida su posición como líder del comercio urbano de Canarias y polo de atracción para la economía de la isla, según resalta esta asociación empresarial. Con más de 1.300 establecimientos, una ocupación comercial superior al 85% y una trayectoria de más de tres décadas, este eje comercial continúa creciendo y reforzando su atractivo para residentes, visitantes y empresas.

La Asociación de Empresarios, fundada en 1995, agrupa actualmente a más de 160 empresas y entre sus objetivos está el fortalecer el comercio de proximidad, dinamizar la actividad económica y consolidar a Mesa y López como el principal destino de compras y servicios urbanos de Canarias.

Con 800.000 metros cuadrados, la Zona ha “pisado el acelerador con un ambicioso plan de mejora y crecimiento como destino comercial inteligente, moderno, completo y competitivo, poniendo la experiencia en el centro y respondiendo a varias de las demandas históricas de la ciudadanía”, expone la Asociación.

Prioridades de cara a la mejora de la zona

Este eje comercial, que se extiende desde el Estadio Insular hasta Franchy Roca y desde la Base Naval hasta la Plaza de América, según el plan director aprobado por las administraciones públicas, se ha consolidado como uno de los ecosistemas comerciales abiertos más completos del archipiélago, afrontando ahora una nueva etapa centrada en seguir mejorando la competitividad y la experiencia de quienes visitan la zona.

Entre las prioridades, la asociación destaca la necesidad de incrementar la disponibilidad de aparcamientos asequibles y cercanos, una de las principales demandas detectadas y un factor determinante para facilitar el acceso de nuevos clientes y aumentar la afluencia de visitantes. “La mejora de la movilidad y la accesibilidad se considera una actuación estratégica para seguir impulsando el crecimiento del comercio local”, recalca.

Junto a esta prioridad, la Asociación promoverá actuaciones dirigidas a mejorar la limpieza del entorno urbano, reforzar la iluminación en aquellas calles donde resulta insuficiente, favorecer una mayor integración de la zona comercial en la programación cultural de la ciudad y potenciar la conexión con el Puerto para incrementar la llegada de visitantes.

Se trata de medidas concebidas para ofrecer una respuesta moderna, eficaz y eficiente a las necesidades actuales del comercio urbano, contribuyendo a mejorar la calidad del espacio público y la experiencia de compra.

La zona comercial cuenta actualmente con unos 36.000 residentes, una cifra que se multiplica durante la celebración de eventos organizados por la Asociación. Iniciativas como el Market de Zona Mesa y López han reunido a más de 65.000 personas en apenas tres días, mientras que actividades como los concursos de pintura rápida y fotografía continúan registrando una elevada participación, consolidando el área como un espacio comercial y social de referencia.

Con estas mejoras, entre otras centradas en la gestión, logística, tecnología y digitalización, Zona Mesa y López afronta el reto de seguir creciendo de forma sostenible, con una estrategia para aumentar en un 20% la afluencia peatonal y llegar a un mercado potencial de más de 150.000 personas.

Esta área comercial se caracteriza por una gran diversidad de actividades, que abarca desde el comercio minorista y grandes superficies hasta servicios, restauración y ocio, aglutinando pequeño comercio, asesorías jurídicas y fiscales, hostelería, clínicas de salud y belleza, centros estéticos y otros servicios profesionales en un mismo espacio en equilibrio, defiende la asociación.

Crecimiento continuado

La Zona Comercial Abierta Mesa y López es uno de los principales referentes del comercio urbano en Canarias y un espacio cuya evolución ha estado estrechamente ligada al crecimiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su origen se remonta al desarrollo de la ciudad hacia la zona Puerto durante el siglo XX, impulsado por hitos como la construcción del Puerto de La Luz, la apertura del Mercado Central, el Estadio Insular o la consolidación de la propia avenida Mesa y López.

Desde entonces, este eje comercial ha acompañado la transformación de la capital, convirtiéndose en una auténtica historia viva del desarrollo económico, social y urbano de la ciudad.

Aena ha dado marcha atrás y aplazará hasta enero el cobro a las guaguas por superar los 60 minutos de cortesía en los aparcamientos habilitados para este tipo de vehículos en los aeropuertos de Tenerife Sur y Lanzarote. La medida, que retrasa la aplicación de las tarifas previstas para las empresas de transporte, busca facilitar la adaptación del sector a la nueva operativa aeroportuaria mientras se revisa el sistema junto a las administraciones y los operadores.

La decisión se ha tomado tras una reunión entre responsables del gestor aeroportuario con representantes del Gobierno de Canarias, cabildos de Tenerife y Lanzarote, Federación de Empresarios del Transporte de Canarias (FET) y varios operadores para detallar el funcionamiento de este tipo de aparcamiento.

Asimismo, Aena también se ha comprometido a dotar a las bolsas de espera de elementos adicionales para la seguridad y el confort de los trabajadores que hagan uso de ellas, como zonas de sombra, aseos y máquinas 'vending'.

Todas estas medidas se suman y complementan a las que Aena ya había dado respuesta tras reuniones previas, como son la implantación de una tarjeta de proximidad que simplifica el acceso y permite el abono en diferido y la habilitación de bolsas de espera, detalla en una nota.

El gestor aeroportuario apunta también que trabajará conjuntamente con el gobierno canario, cabildos y empresarios con el objetivo de optimizar el proceso y los flujos, así como establecer un seguimiento a la adaptación de los procesos por parte de los usuarios.

Por parte de Aena han participado en la reunión María José Cuenda, directora general de Comercial e Inmobiliaria; Carmen Peraita, directora de Movilidad; Luis López Chapí, director de Aeropuertos del Grupo Canarias, y Juan Carlos Peg, director del Aeropuerto de Tenerife Sur, quienes han dado respuesta a las cuestiones planteadas por los asistentes, con el fin de resolver cualquier tipo de duda sobre el proyecto.

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha valorado el resultado del encuentro y ha agradecido “las disculpas trasladadas por Aena y su disposición a frenar la medida y replantear el calendario previsto, así como la fórmula adaptada a cada realidad insular”.

“Lo importante es que se ha abierto un espacio de diálogo para analizar, con datos objetivos, cuál es la mejor solución para ordenar el funcionamiento de los aeropuertos sin perjudicar al transporte colectivo ni a la movilidad en Canarias”, ha señalado.

Fernández ha recordado que el Gobierno de Canarias venía reclamando desde hace meses que cualquier modificación de este tipo debía abordarse en los órganos de coordinación aeroportuaria y con la participación de las administraciones y del sector.

“No cuestionábamos el objetivo de mejorar la gestión de los espacios aeroportuarios, sino que una medida diseñada de forma homogénea para todo el territorio se aplicara sin tener en cuenta la realidad de Canarias y sin haber sido previamente dialogada con quienes iban a verse afectados”, ha indicado.

La consejera de Transportes del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, ha explicado que “desde el primer momento, el Cabildo mostró su desacuerdo con esta medida, adoptada por Aena de forma unilateral y sin consenso y que, además, afectó al transporte público regular”.

Por eso, ha dicho, “impulsamos reuniones tanto con la dirección del aeropuerto como con los representantes del sector y los sindicatos para reconducir esta situación, hoy se han escuchado las demandas que veníamos trasladando y se ha dado un primer paso para encontrar una solución consensuada”.

El Cabildo defiende adaptar la medida a la realidad de Canarias

García ha subrayado que desde el Cabildo se ha hecho una “apuesta decidida” por el transporte colectivo como una herramienta clave para mejorar la movilidad en la isla y no se puede “permitir que decisiones de este tipo supongan un paso atrás”.

En su opinión, “era imprescindible abrir un espacio de diálogo que permitiera analizar esta medida con todas las partes implicadas y adaptarla a la realidad operativa del aeropuerto”.

Por su parte, el consejero de Transporte y Movilidad del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Miguel Ángel Jiménez, ha agradecido la receptividad mostrada por Aena y ha destacado la importancia del acuerdo alcanzado.

“Hemos trasladado una preocupación compartida por las administraciones y por el sector del transporte, ya que esta medida estaba generando problemas operativos que afectaban tanto a las empresas como a la movilidad en el entorno aeroportuario. Valoramos que haya atendido esta petición y haya optado por suspender temporalmente los cobros mientras trabajamos conjuntamente en una solución definitiva”, ha comentado.

El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (FET), José Agustín Espino, ha valorado el acuerdo alcanzado y ha señalado que permitirá trabajar durante los próximos meses para mejorar la organización de la operativa aeroportuaria antes de adoptar decisiones definitivas.

Durante la reunión, los representantes del sector han trasladado las principales dificultades que ha generado la implantación del sistema, entre ellas las retenciones registradas en los accesos, el incremento de los tiempos de espera y el impacto económico que supone para las empresas de transporte.

Asimismo, han defendido que las guaguas prestan un servicio esencial para el funcionamiento de los aeropuertos y que los tiempos de espera responden, en muchos casos, a circunstancias propias de la operativa aeroportuaria y ajenas a las empresas transportistas.

Espino también ha destacado que el sector participará de forma activa en las reuniones de seguimiento previstas para los próximos meses, aportando su experiencia para contribuir al diseño de un modelo que permita mejorar la organización de los accesos sin perjudicar la prestación del servicio.

El Gobierno celebra que Aena aplace el cobro

Por su parte, el Gobierno de Canarias ha celebrado la decisión de Aena y ha valorado la apertura de un proceso de negociación para adaptar el sistema a las particularidades de las islas.

En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha asegurado que Aena “trasladó sus disculpas” por la forma en que gestionó la implantación del nuevo sistema.

Asimismo, se constituirá una mesa de seguimiento integrada por Aena, la Dirección General de Transportes y Movilidad, los siete cabildos insulares y representantes del sector, que celebrará reuniones entre octubre y diciembre para analizar los resultados obtenidos y acordar las mejoras necesarias antes de la implantación definitiva.

“Lo importante es que se ha abierto un espacio de diálogo para analizar, con datos objetivos, cuál es la mejor solución para ordenar el funcionamiento de los aeropuertos sin perjudicar al transporte colectivo ni a la movilidad en Canarias”, ha señalado la directora general de Transportes, María Fernández.

El Cabildo de Gran Canaria ha inaugurado una nueva planta solar fotovoltaica con baterías en el Intercambiador de Mogán, una infraestructura que permitirá aumentar el autoconsumo energético, reducir la dependencia de la red eléctrica y avanzar en la transición hacia un modelo basado en energías renovables. La instalación, ubicada sobre las marquesinas de la estación de guaguas, cuenta con una potencia pico de 65,88 kWp y contribuirá a mejorar la eficiencia energética de uno de los principales nodos de transporte del sur de Gran Canaria.

La actuación ha supuesto una inversión de 190.860,43 euros, de los que 147.949,34 euros han sido financiados por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation EU, en el marco de la convocatoria de ayudas de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Este proyecto apuesta por el autoconsumo energético en infraestructuras públicas y la reducción de las emisiones de CO₂ mediante el uso de energía solar.

Al acto de inauguración asistieron el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, y el concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mogán, Ernesto Hernández.

García Brink recalcó que “seguimos acelerando la transición energética de Gran Canaria, impulsando la implantación de energías renovables en infraestructuras públicas estratégicas, como es el principal intercambiador de transporte público de un enclave turístico tan importante como Mogán”.

Asimismo, señaló que esta instalación nace con una visión de futuro, ya que la energía que produzca podrá destinarse más adelante al punto de recarga para vehículos eléctricos que el Cabildo proyecta junto al Ayuntamiento de Mogán en esta zona, así como a abastecer a la futura comunidad energética del municipio.

Por su parte, el concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mogán, Ernesto Hernández, aseguró que esta instalación fotovoltaica “refuerza la sostenibilidad del municipio y mejora la eficiencia de un espacio público clave para Mogán y Gran Canaria”. En ese sentido, señaló que la Administración local valora “muy positivamente esta actuación, que complementa el trabajo que por nuestra parte venimos desarrollando en edificios municipales como el Centro para la Autonomía Personal, el Centro Cultural El Mocán, el Centro Polivalente y las Oficinas Municipales de Arguineguín, donde ya hemos instalado paneles solares para autoconsumo”.

Más de 129.000 kWh de energía renovable al año

La instalación, ubicada en la también conocida como Estación de Guaguas de Puerto de Mogán, cuenta con 108 módulos fotovoltaicos, que alcanzan una potencia pico total de 65,88 kWp, y dispone de dos inversores de 50 kW. Además, incorpora un sistema de almacenamiento mediante baterías con una capacidad de 197,12 kWh, que permitirá aprovechar la energía generada fuera de las horas de mayor producción solar, aumentando la autonomía energética del intercambiador.

La planta producirá una media estimada de 129.237 kWh al año, contribuyendo a reducir el consumo eléctrico de la infraestructura y su dependencia de la red.

Gracias a esta actuación se evitará la emisión de 67,07 toneladas de CO₂ al año, una reducción equivalente al consumo eléctrico anual de 37 viviendas.

La iniciativa, promovida por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, se enmarca dentro de la estrategia del Cabildo para impulsar la implantación de instalaciones de autoconsumo en edificios e infraestructuras públicas, favoreciendo un modelo energético más sostenible, eficiente y resiliente, al tiempo que reduce la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones asociadas al consumo eléctrico.

Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, ha sido noticia nacional en las últimas semanas tras proponer bajar el sueldo a las personas de baja para combatir “el cáncer” del absentismo. Unas afirmaciones en las mezclaba incapacidades temporales con absentismo laboral, definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el hecho de que un trabajador no se presente a su puesto de trabajo “sin motivo justificado”. Un supuesto en el que no entrarían las bajas por enfermedad como afirmó Feijóo en sus declaraciones. Se trata de un discurso en el que lleva tiempo incidiendo la CEOE de Tenerife, por ejemplo, que incide en ello en sus informes y que ha llegado a promover un “buzón de bajas fraudulentas”. Y es además un discurso al que se ha sumado recientemente la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón anunciando una comisión para combatir el “absentismo” pero incidiendo en que se han incrementado con especial atención a las bajas vinculadas a problemas de salud mental leve.

CCOO y UGT remarcan que se vuelve a mezclar absentismo laboral confundiéndose con bajas médicas e incluso permisos de paternidad y maternidad y por otros motivos. “El absentismo en Canarias no llega al 1%”, remarca, mientras insisten en que de lo que no se habla es de salud laboral.

Para Ignacio Hernández, secretario de Acción Sindical de CCOO, “todas estas palabras que hemos escuchado a Feijóo que no son nuevas, y las calificamos de lamentables, surrealistas incluso, y encima es un insulto a la clase trabajadora, pero es que también a los profesionales médicos, porque de alguna manera está diciendo que están prevaricando, que están en un fraude de ley, cuando da baja sin tener que dar esa baja, ¿no? O sea, un despropósito, un insulto, una falta de respeto, y encima habla del cáncer, sabiendo que hay 14.000 procesos oncológicos en este país, y son de origen laboral, o sea, y que en España cada año mueren 6.000 personas, 6.000 fallecimientos son cánceres originarios de trabajo, por tanto, todo esto es un despropósito”.

Hernández añade que se está hablando además con “datos manipulados” haciendo referencia al bajo porcentaje de absentismo que existe realmente. “Hay régimen sancionador, si tú faltas a trabajar se te sanciona, se te descuenta el día”, recuerda.

Considera además que está empezando a calar un relato entre patronales, extrema derecha y derecha que es perseguir las enfermedades comunes. “O sea, tienes un proceso de cáncer, estás con quimio, lo quieren perseguir, quieren recuperar algo que ya puso Rajoy en 2012 con su reforma magnífica, que era el despido por estar de baja, el despido, aunque esté justificada, eso se derogó, pero quieren volver a retomarlo”, lamenta.

Para Héctor Fajardo, de UGT, Feijóo “parece que demuestra su desconocimiento del derecho laboral, de cómo funciona el tema de las bajas laborales, la baja por IT por incapacidad temporal. Algo que no nos sorprende, no nos sorprende demasiado, pero sí nos preocupa, porque, por otra parte, esto ya viene a decir que en su programa de gobierno lo que pretende es recortar derechos a los trabajadores. Hay que recordar a Feijóo también que las bajas, las personas que estén de baja por enfermedad, por IT, en la normativa básica ya cobran menos del 100% de su base de cotización, ya por estar de baja se cobra menos”.

“Otra cosa es que a través de la negociación colectiva, a través de los pactos entre patronal, sindicato o la representación legal de los trabajadores en una empresa, y la empresa se complementa el 100% de la cotización de baja por IT, pero esto cuenta con el acuerdo entre patronal y sindicato o entre empresa y la representación legal de los trabajadores. Entonces, esto que dice él de que aunque haya pacto al contrario, ello aboga por pagar menos a un trabajador que esté de baja, aparte de ser ilegal lo que está diciendo, muestra un desprecio absoluto hacia el diálogo social y la negociación colectiva. Y también muestra un desprecio absoluto hacia la propia patronal, a pesar de que está planteando defender sus decisiones”, agrega Héctor Fajardo.

Fajardo también incide en la idea de que “confundir absentismo con incapacidades temporales, aparte de que vuelve a demostrar su desconocimiento, pero aparte vuelve a hacerle el juego a la patronal con una campaña que está desarrollando a todos los niveles, no solamente a nivel estatal, sino aquí a nivel regional a patronal en Canarias. Están fomentando un discurso que es falaz, que lo que viene es a criminalizar a los trabajadores, dando por hecho no solamente a los trabajadores, sino también a los profesionales, a los facultativos, acusando los de fraude. Que nos parece muy grave”.

A Fajardo le sorprende que el Colegio de Médicos, por ejemplo, “tanto de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife ”no haya puesto el grito en el cielo, ante las acusaciones de la patronal de estar acusando a los médicos de realizar fraude y de mentir en esas bajas, en esas bajas que las da un facultativo, y precisamente es un facultativo su rigor científico a la hora de establecer si la persona puede trabajar o no, si le está haciendo esas acusaciones“.

Alarma ante la mesa que anuncia la consejera de Sanidad

El vicesecretario General de Organización y Comunicación de UGT añade que otra cuestión que preocupa al sindicato y que no es la primera vez que pasa, es que la administración, el Gobierno regional “le compre también el mismo discurso a la patronal y ahora haya creado una mesa de absentismo vinculada con la ITE, la Consejería de Sanidad, que quiera crear una mesa de absentismo. Oye, si vamos a hablar de bajas, si vamos a hablar de incapacidades temporales, es cierto que hay un porcentaje alto de incapacidades temporales, pero eso tiene que ver con la escasa política de prevención de riesgos laborales, la escasa política de promoción de la salud en los entornos laborales. Esto es responsabilidad única y exclusivamente, bueno, principalmente vamos a decir, de las empresas”, asegura.

“Si hubiera una política fija de prevención de las enfermedades, no solamente de enfermedades de origen laboral, sino de prevención de la salud o de promoción de la salud, seguro que las incapacidades temporales se reducen. También mejorando las condiciones de trabajo, mejorando las sobrecargas laborales que hay, también se reducen las incapacidades temporales”, advierte.

“Entonces, eso es mejor manera de resolver este problema que no mirar a los trabajadores y criminalizarlos. Porque al final lo que están intentando hacer es trabajar enfermos. Y eso, a la larga, aparte de ser una política bastante estúpida, porque lo que va a provocar eso es que bajas se alarguen, se cronifiquen”, agrega.

En este punto, Ignacio Hernández añade que a esa mesa que ha anunciado la consejera de Sanidad no se ha invitado a los sindicatos. “Vamos a hablar, pero vamos a hablar de verdades, de lo que realmente está pasando. Porque están pasando cosas, por ejemplo, ¿por qué no hay inversión en prevención de riesgos laborales? Vamos a buscar el origen de esas bajas médicas, de esos accidentes. El año pasado murieron 30 personas en Canarias, no volvieron a su casa a ver a su familia. Pues no se ha invertido en prevención de riesgos laborales, inviertan en prevención de riesgos laborales, evalúen por qué esas ansiedades, por qué esas hernias, por qué esas intoxicaciones de los bomberos forestales…

Asimismo, apunta que cuatro de cada diez horas extras que se hacen, ni se pagan, ni se cotizan, ni se compensan y pese a ello al Gobierno de Canarias solo le interesa hablar de productividad. “Un informe del BBVA dice que en los últimos 25 años ha aumentado la productividad de las personas trabajadoras un 22%, producimos mejor las personas trabajadoras, mientras que en nuestros últimos 25 años, la productividad de las empresas, que son otros factores que se miden distintos, ha caído hasta un 21%”, apunta. “Entonces, el problema no son los trabajadores, las trabajadoras, el problema es otro”, agrega.

El secretario de Acción Sindical de CCOO pone el ejemplo de la hostelería en Canarias, con jornadas de turnos partidos, salarios más bajos que en el resto de España y muy precarizada. “En Canarias se produce, los trabajadores producen, pero es el sistema productivo canario el que no es eficiente”, sostiene.

La secretaria general de CCOO Canarias, Vanessa Frahija Betancort, también se ha pronunciado recientemente en comisión parlamentaria acusando al Gobierno de Canarias de “comprar el relato a la patronal” sobre el absentismo laboral y de criminalizar a la clase trabajadora mientras se evita abordar problemas como la pobreza, los bajos salarios, la economía sumergida o las horas extra sin remunerar.

Según sus declaraciones, recogidas por EFE, rechazó también que se identifiquen como absentismo las bajas médicas, los permisos de maternidad o paternidad, los accidentes laborales y otros derechos reconocidos legalmente, y ha asegurado que la ausencia injustificada del puesto de trabajo “no llega al 1 %” en Canarias.

Además, afeó al Ejecutivo autonómico asumir el discurso empresarial mientras guarda silencio sobre el fraude derivado de la economía sumergida, las más de 32.000 horas extraordinarias semanales que, según el sindicato, no se pagan ni cotizan, o la derivación de pacientes desde las mutuas al Servicio Canario de la Salud, que contribuye a aumentar las listas de espera.

Canarias fue en mayo la segunda comunidad autónoma con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas, al registrar, tras Navarra, con un incremento del 33,5%, una subida del 16,5%.

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas cedió en mayo el 0,1% en tasa interanual, hasta 42.213 operaciones, con lo que ha roto una racha de 22 meses ininterrumpidos al alza, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde enero el número de hipotecas sobre viviendas ha crecido un 6,2% y el importe medio de estas transacciones alcanzó en mayo 174.866 euros, un 9,7% más que en el mismo mes de 2025.

El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) creció un 12,1%, indica el INE.

Canarias fue en 2025 la tercera comunidad que menos inversiones reales recibió del Estado, con 227,86 millones de euros, el 1,5% del total de la inversión regionalizable, listón por debajo del cual solo están La Rioja y Navarra, con un 0,6% y un 1,2%, respectivamente.

La Comunidad de Madrid es la que más inversiones reales recibió del Estado en 2025, con 3.217 millones de euros, lo que supone un 20,9% del total regionalizable, por delante de la Comunitat Valenciana (11,3%), Andalucía (10,5%) y Galicia (10,3%).

Cataluña ocupa el cuatro lugar, con 1.321 millones de euros, un 8,6% del total.

Así se desprende de los datos de distribución territorial de la inversión del sector público estatal de 2025 recopilados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), y a los que ha tenido acceso EFE.

De acuerdo con esos datos, marcados por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para ese ejercicio, la suma de las inversiones reales del sector público estatal fue de 25.764 millones de euros, que incluyen las de la Administración General del Estado, los organismos autónomos y otras entidades, el sector público administrativo y el sector público empresarial.

Más de la mitad de esas inversiones no son regionalizables por diversas razones (se ejecutan en el extranjero o por parte de servicios centrales de la administración, por ejemplo), de modo que el total regionalizable es de 15.369 millones de euros.

Tras Madrid, Comunitat Valenciana, Andalucía, Galicia y Cataluña, se sitúan Castilla y León, con 1.221 millones, Murcia con 936, Aragón con 716 y Castilla-La Mancha con 676.

El Grupo Lopesan, a través de sus entidades vinculadas Isla Marina, S.L. y Lopesan Touristik, S.A.U., ha manifestado este viernes que reafirma su compromiso con “la legalidad, la transparencia y la viabilidad económica” en el proceso de liquidación de la sociedad Mar Abierto, S.L., algo que considera “imprescindible” para preservar la seguridad jurídica del concurso y garantizar el cumplimiento de las bases que rigen la subasta, en beneficio de los acreedores y de la confianza en las instituciones.

En un comunicado, el grupo hotelero ha asegurado que este compromiso quedó acreditado el pasado 12 de febrero de 2026, cuando Isla Marina, S.L. y Lopesan Touristik, S.A.U. formalizaron en escritura pública y abonaron íntegramente los Lotes 2, 3, 4 y 7 adjudicados.

Con esta actuación, las sociedades del Grupo aportaron liquidez inmediata al concurso, asumieron el pago de los créditos con privilegio especial y promovieron el levantamiento de las cargas registrales, cumpliendo en tiempo y forma todas las obligaciones establecidas en las bases del procedimiento.

El Grupo Lopesan quiere subrayar que no solicita un trato de favor ni una interpretación singular de las bases del concurso. Su única pretensión es que las mismas reglas y plazos que fueron exigidos a sus sociedades se apliquen de forma idéntica al resto de participantes, garantizando así la igualdad de trato entre licitadores, la seguridad jurídica del procedimiento y la máxima protección de los intereses de los acreedores.

Lopesan considera que la situación actual resulta “difícilmente compatible” con el desarrollo ordinario del concurso, al persistir adjudicaciones provisionales cuyos importes no han sido consignados pese a haber transcurrido ampliamente el plazo de diez días previsto en las Reglas VIII y IX de la subasta.

A juicio de la compañía, esta circunstancia está retrasando innecesariamente la liquidación y afectando a los intereses de la masa de acreedores.

La situación de los Lotes 5 y 6 mantiene paralizada parte de la liquidación

En relación con el Lote 6 (Derechos Económicos de Calificación), adjudicado provisionalmente a División Turística Valle Taurito por 1,9 millones de euros, el Grupo Lopesan entiende que la obligación de consignar el importe de la oferta no queda suspendida por la interposición de un recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 451.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La compañía considera que el mantenimiento de esta situación prolonga innecesariamente el procedimiento concursal y retrasa la satisfacción de los acreedores.

Por su parte, la tramitación del Lote 5 (Cornisa de Arguineguín) sufrió una nueva incidencia tras la renuncia de Servatur, comunicada el pasado 14 de mayo de 2026. La empresa decidió no formalizar la adquisición del activo alegando supuestas complejidades registrales sobrevenidas, pese a que las Reglas VI y X de la subasta establecen expresamente que los bienes deben adquirirse en su estado físico y jurídico, renunciando los licitadores a formular reclamaciones posteriores por dicha causa.

Tras esta renuncia, Isla Marina, S.L. solicitó formalmente al Juzgado la adjudicación del Lote 5 como siguiente mejor postor, manifestando su plena disposición para formalizar inmediatamente la operación y aportar los 2,64 millones de euros previstos para la masa del concurso. Con ello, el Grupo Lopesan vuelve a acreditar su compromiso con la correcta culminación del procedimiento y con la protección efectiva de los intereses de los acreedores.

Asimismo, el grupo manifiesta su preocupación por los cambios de criterio que, a su juicio, se han producido durante la tramitación del procedimiento respecto a la valoración de determinadas ofertas, al entender que pueden afectar a los principios de igualdad, objetividad y seguridad jurídica que deben regir cualquier proceso competitivo.

Además, la compañía considera que el respeto escrupuloso a las reglas fijadas desde el inicio constituye la mejor garantía para preservar la confianza de los operadores económicos y la credibilidad de los procedimientos concursales.

Salvaguarda del empleo y estabilidad institucional

En cuanto a la “incertidumbre” del futuro de la plantilla, el Grupo Lopesan recuerda que su proyecto empresarial contempla “expresamente” la subrogación de los trabajadores conforme a la normativa aplicable, “garantizando la continuidad de los derechos laborales vinculados a la actividad hotelera”, subraya.

Este compromiso con la protección del empleo y con la estabilidad institucional, asegura la compañía hotelera que ya quedó demostrado el pasado 18 de febrero de 2026, cuando Isla Marina, S.L. y Lopesan Touristik, S.A.U. ofrecieron al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana un aval extraordinario de 500.000 euros que permitió impulsar la propuesta de archivo del expediente de resolución de la concesión del Hotel Las Tirajanas, favoreciendo así la continuidad de la actividad turística y de los puestos de trabajo.

El Grupo Lopesan reitera que continuará defendiendo el cumplimiento estricto de las bases del concurso y la seguridad jurídica del procedimiento, por entender que constituyen la mejor garantía para proteger los intereses de los acreedores, preservar la igualdad de trato entre todos los licitadores y reforzar la confianza en las instituciones y en el marco jurídico que regula los procedimientos concursales.

El objetivo del Grupo Lopesan sigue siendo el mismo desde el inicio del procedimiento, que es “contribuir a que la liquidación de Mar Abierto concluya con la mayor celeridad posible, aportando seguridad jurídica, liquidez inmediata y soluciones que beneficien al conjunto de los acreedores y garanticen la estabilidad de los activos y del empleo asociado a los mismos”, concluye.

La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias seguirá aplicando el tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a los combustibles durante todo el mes de agosto, ha informado la Consejería.

Esta medida tributaria fue una de las contempladas en el Decreto ley 3/2026, de 6 de abril y prorrogada por el Gobierno de Canarias a través del Decreto ley 4/2026 del pasado 29 de junio.

La prórroga contempla como plazo temporal hasta el 30 de septiembre, pero la propia norma establece su permanencia conforme a la actualización del diferencial del IPC del mes de junio para gasolinas y gasóleos, se indica en un comunicado.

En este caso, y dado que la variación en Canarias del IPC de las gasolinas y gasóleos supera en más de un 15% del IPC del mismo mes del año pasado, se mantiene la reducción del tipo cero durante el mes de agosto.

La aplicación temporal del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) sobre combustibles tiene como objetivo abaratar el precio final para los consumidores.

La persistencia de elevados costes energéticos y logísticos continúa afectando a la competitividad de las empresas canarias y al poder adquisitivo de las familias, indica la Consejería.

La experiencia acumulada durante los meses de vigencia del Decreto ley 3/2026 y la posterior prórroga permite afirmar que esta medida ha contribuido eficazmente a mitigar los efectos económicos de la crisis sobre el tejido productivo canario.

Las medidas tributarias han permitido contener parcialmente el incremento de los costes energéticos soportados por hogares y empresas.

Canarias se mantiene como una de las comunidades más caras para vivir de alquiler en España, con un precio medio de 1.154 euros, lo que supone una subida del 3,68% con respecto al segundo trimestre de 2025 y un 1,67% en relación al primero de 2026, según el Observatorio del Alquiler. Hay que señalar que las Islas tienen los segundos sueldos más bajos (solo por delante de Extremadura) y unos niveles de pobreza y exclusión social de los más elevados del país.

Solo Baleares, Cataluña, Madrid y País Vasco superan los precios de alquiler de Canarias, donde el precio medio por alquilar una vivienda en la provincia de Las Palmas durante el segundo trimestre de 2026 era de 1.176 euros, un 1,55% más que en los primeros tres meses del 2026, y en Santa Cruz de Tenerife, de 1.131 euros, con una subida de un 1,8%, respecto al primer trimestre de este año.

En Las Palmas, el número de viviendas que se prevé en promoción este último año crecerá en un 1,84% con respecto al último trimestre de 2025, fijando un total de 17.955 inmuebles, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se calcula una subida de un 3,09% respecto a los últimos meses del 2025 con un total estimado de 16.211 viviendas.

En conjunto, la previsión es que en Canarias se mantenga estable, con un aumento del 2,43% que se produce por la compensación entre los dos territorios, pasando de 33.356 viviendas a 34.166.

Según el Observatorio, las dos provincia canarias figuran entre las que presentan mayores niveles de presión de España por el número de personas que se interesan por cada vivienda que sale al alquiler en los primeros diez días de promoción, que la cifra media asciende a 120, solo por detrás de Cataluña, País Vasco, Baleares y Madrid.

Por provincias, Las Palmas muestra unos mayores niveles de presión, con hasta 123 interesados por inmueble en diez días, cifran que en los últimos meses del 2025 eran 121, mientras que en Santa Cruz de Tenerife, la cifra es ligeramente menor, aunque de igual manera muestra una gran competencia entre inquilinos por acceder a una misma vivienda.

En la provincia tinerfeña, cada oferta recibe un total de 116 contactos, un aumento notable respecto a los 102 que se registraron en el cierre de 2025.

Hay que señalar que según los últimos datos analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network, a través del infome elaborado por la Eurostar sobre las reservas en plataformas de Airbnb, Booking y Expedia, Canarias se sitúa como la cuarta región con mayor presión turística de Europa. En un espacio de apenas 7.447 kilómetros cuadrados, repartidos entre sus ocho islas habitadas, se registraron alrededor de 13.000 noches reservadas en viviendas turísticas por cada 1.000 habitantes, casi el doble que en comunidades como Andalucía o la Comunitat Valenciana, lo que refleja la elevada intensidad del uso turístico del territorio en relación con su población residente.

Además, según datos del INE, Canarias es la cuarta comunidad autónoma con mayor número de viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales.

El Gobierno de Canarias ha solicitado una línea de crédito a corto plazo por un importe máximo de 300 millones de euros y un plazo de hasta un año como herramienta preventiva para optimizar la gestión de la tesorería autonómica.

Así lo ha anunciado en un comunicado la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Ejecutivo regional, donde ha señalado que este tipo de operaciones está en consonancia con la gestión habitual de la tesorería de la mayoría de las comunidades autónomas y permiten acompasar de forma “eficiente” los flujos de cobros y pagos.

Tras un periodo de elevada liquidez sostenido principalmente por la captación y el avance en la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que evitó recurrir a financiación externa en los últimos años, la tesorería autonómica afronta ahora una normalización de sus saldos ordinarios y una progresiva reducción de dichos fondos europeos, según ha señalado la consejera del área, Matilde Asián.

Ante la progresiva reducción de estos fondos europeos y el incremento estacional del volumen de pagos previsto para el segundo semestre, el Ejecutivo canario considera que estas líneas de crédito temporales permitirán resolver desfases puntuales de liquidez y garantizar la continuidad de los pagos a proveedores.

El Gobierno canario ha recalcado que la operación no afecta a la solvencia financiera de Canarias ni a la confianza de los mercados y ha recordado que en junio la comunidad completó su primera emisión sostenible por 500 millones de euros, que recibió peticiones por un importe cuatro veces superior a la oferta.

Asimismo, ha precisado que el último informe de Standard & Poor’s mantiene la calificación crediticia de la comunidad autónoma en A+ con una perspectiva estable.

Según asegura el Gobierno regional, la agencia sitúa a la comunidad “entre las regiones con mejor perfil crediticio del sistema autonómico, por su desempeño presupuestario, su baja carga de deuda y su posición de liquidez”, concluye.