La comunidad autónoma de Canarias ha completado con éxito la emisión de su primer bono sostenible de referencia por un valor de 500 millones de euros y con un vencimiento a diez años. La comunidad autónoma recibió peticiones por 2.000 millones de euros, una cifra que cuadruplica la oferta emitida, según ha indicado la Consejería de Hacienda.

La operación marca el regreso del Gobierno de Canarias a los mercados de capitales en formato benchmark (estándar) tras una ausencia de cinco años. La emisión recibió un robusto apoyo de más de 70 inversores, con una destacada participación internacional. En este sentido, la demanda internacional concentró el 66% del volumen adjudicado, liderada por Reino Unido e Irlanda (20%), Alemania (16%), los países nórdicos (8%) e Italia (8%), frente a un 34% de demanda nacional.

Por tipo de inversor, destaca el peso de los fondos de inversión, que se sitúan a la cabeza con el 47%, seguidos de bancos y banca privada (40%), bancos centrales e instituciones oficiales (6%) y aseguradoras y fondos de pensiones (5%).

Para la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, esta buena respuesta del mercado demuestra que “los inversores internacionales y nacionales confían en la solvencia de Canarias y en su política económica y financiera”.

Los bonos sostenibles son instrumentos de deuda (renta fija), cuyo objetivo es financiar o refinanciar proyectos que generan beneficios tanto medioambientales como sociales de forma simultánea. “Con la emisión de su primer bono sostenible, la comunidad autónoma logra diversificar las fuentes de financiación más allá del crédito tradicional”, añadió la consejera.

El éxito de la emisión responde a la estrategia de financiación marcada por la consejería y la Dirección general de Tesoro y Política Financiera, que persigue la optimización de costes a largo plazo y la gestión de riesgos. Además, esta operación mejora la transparencia y la imagen de solvencia de la región, al volver a tener presencia y repercusión en el mundo financiero global.

La operación se enmarca dentro del recién publicado Marco de Financiación Sostenible de la Comunidad Autónoma de Canarias. El marco tiene el objetivo de integrar la sostenibilidad en la estrategia de financiación, apoyar la Agenda Canaria 2030, atraer a nuevos inversores y contribuir al mercado de las finanzas sostenibles. El marco está totalmente alineado con los principios y directrices de la International Capital Market Association (ICMA), la Taxonomía de la UE. La valoración externa del marco por la entidad Moody´s ha sido de “Muy Buena” con un resultado de SQS2.

La transacción, con fecha de emisión el 16 de junio de 2026, demostró un fuerte apetito del mercado. Las Indicaciones de Precio Inicial (IPTs) comenzaron en SPGB +20 puntos básicos. A pesar de la concurrencia en el mercado, la demanda creció constantemente, lo que permitió ajustar el diferencial. La demanda superó los 1.400 millones de euros por la mañana, y los 1.600 millones de euros al mediodía, cerrando finalmente los libros con una demanda total de más de 2.100 millones de euros. Esto permitió fijar el diferencial en SPGB +15 puntos básicos, lo que representa un recorte de 5 puntos básicos respecto a las indicaciones iniciales.

El Gobierno de Canarias someterá a un proceso de inspección a 78 estaciones de servicio repartidas entre todo el archipiélago para esclarecer las causas de la subida de precios “al unísono” entre diferentes operadoras nada más estallar la guerra en Irán.

El vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha explicado que esta es la principal razón que ha motivado al ejecutivo regional a dar este segundo paso, el de la inspección, que podría abrir la puerta a un tercer escenario, el de elevar el expediente a Competencia y la posibilidad de imponer sanciones.

La inspección consistirá en el requerimiento formal de documentación a esas estaciones de servicio para saber si se respetaron los derechos de los consumidores y cómo fue la estructura de formación de precios entre el 1 de enero y el 25 de mayo, con una fecha clave: el 28 de febrero, el primer ataque a Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, ha explicado el director general de Consumo, David Mille.

El objetivo de esta medida, ha continuado Domínguez, “es claro”: saber si se han cumplido los requisitos de Competencia y si la subida de precios “ha sido acorde a las circunstancias del mercado o ha habido otro efecto del que no somos conocedores y tengamos que tomar partido”.

Ha indicado que la decisión de iniciar una inspección se apoya en las conclusiones de los informes elaborados por el ejecutivo canario para analizar la subida de precios de los combustibles, que señalan varias “disfunciones”, tras analizar 499 estaciones de servicio, de las que se han seleccionado 78.

Una de esas “disfunciones” es de carácter estructural: el efecto cohete y el efecto pluma que se suelen dar en escenarios de incertidumbre, esto es, subidas de precios notables y repentinas, en apenas 48 o 72 horas, y bajadas más graduales, que tardan entre diez y trece días en notarse en el precio final para el consumidor.

Otra “disfunción” detectada es esa subida simultánea de precios entre diferentes operadoras, y es ahí donde surge “la principal duda” para el Gobierno de Canarias, un archipiélago donde cuatro enseñas controlan el 76,5% de la red de estaciones de servicio.

“Los precios pueden subir pero fluctuar entre diferentes operadores (...)”, lo cual no ha sido el caso; y “puede que los proveedores sean los mismos y quizá nos lleve a un comportamiento igual, o puede que no, y ahí asaltan las dudas”.

Ante este escenario surgen “varias preguntas”, ha ahondado Manuel Domínguez, y la principal es si “esto pasa por incidencias del mercado o intervienen otros factores”, y si existe “una posición dominante” en el mercado.

En base a los resultados de la inspección, que tendrá una duración de un mes y comenzará tan pronto sea publicada en el Boletín Oficial de Canarias, Economía deberá decidir entre archivar las actuaciones o, en su caso, tramitar un expediente sancionador que elevaría al Consejo Canario de Defensa de la Competencia o a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Manuel Domínguez ha subrayado que si, efectivamente, “ha habido una conducta irregular o un abuso”, el Gobierno de Canarias “actuará en consecuencia, porque no vamos a dejar pasar una situación que perjudica a los consumidores canarios”.

Por lo demás, el vicepresidente y consejero de Economía ha minimizado el efecto que pudiera tener en el precio de la gasolina y el gasoil la pérdida de vigencia, a finales de mes, del decreto de ayudas temporales como la aplicación del tipo cero del IGIC y la bonificación del 99% a los transportistas.

Y ha celebrado “las buenas noticias”, como el posible fin del conflicto bélico y la reapertura del Estrecho de Ormuz, ante el “aumento desmesurado” del combustible en los últimos meses.

De hecho, el precio del barril de crudo ha empezado a bajar, aunque su efecto aún no se nota en las estaciones de servicio, “y eso nos preocupa”, ha finalizado. 

Todo sigue igual o muy parecido para el archipiélago y sus trabajadores. El Instituto Nacional de Estadística (INE), según datos recogidos en su Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) más reciente, la de enero-marzo de 2026 conocida este martes, mantiene a Canarias en la penúltima posición, solo por delante de Extremadura, en la clasificación por comunidades autónomas españolas sobre salarios líquidos o netos medios percibidos al mes (por 12 meses) por el trabajador, el llamado coste salarial de la empresa. Este es siempre menor que el coste laboral, que incluye las cotizaciones a la Seguridad Social y otras aportaciones tributarias, por ejemplo, las retenciones del impuesto de la renta (salario bruto).

Canarias paga a sus trabajadores un promedio de salario líquido de 1.952,5 euros al mes, el 81,2% de la media nacional, en 2.403,8 euros y 452 euros por encima del umbral reconocido para las islas, el mismo que otorga a Canarias el penúltimo lugar en la tabla de comunidades autónomas, como así también fuera en el último trimestre de 2025. Nada ha cambiado, por ahora.

Ese registro isleño, que es el penúltimo en el ranking por autonomías, quizá esté demasiado lejos del nivel máximo, logrado por la Comunidad de Madrid, con 3.033,1 euros al mes, e incluso del de Illes Balears, por encima de la media nacional con 2.420,4 euros.

Extremadura y Canarias se mantienen a la cola según los resultados de la medición de ese parámetro, que se traduce en el disponible que maneja el trabajador de su salario bruto. El archipiélago canario es la segunda peor región que paga a sus empleados, siempre en término medio; la segunda donde más barato resulta para el empresario la contratación de un trabajador, con un coste laboral medio de 2.716 euros al mes, solo algo mayor que el extremeño, y donde más barato es el coste de la hora efectiva de trabajo, con 14,7 euros.

Pese a esos resultados tan poco halagüeños según la comparativa autonómica, el coste salarial o la nómina ingresada al trabajador en Canarias, en término medio, ha subido en un año el 4,3% (dato interanual), un aumento relativo que es menor que el definido para toda España, en el 4,9%.

Desde el primer trimestre de 2020 (valor base 100) hasta el actual, el de 2026, el coste salarial se ha incrementado en las islas el 35,3%, siempre atendiendo a los registros servidos este martes por el INE. Esa es una subida superior a la media nacional, en el 26,3%.

Coste laboral de la empresa en Canarias

En lo que respecta al coste laboral de las empresas (el pago total de la empresa por un contrato de trabajo), hay que destacar que aumentó el 4,9% en el primer trimestre de 2026 en relación con el mismo periodo del año anterior en España, media país. Se situó en 3.278 euros por trabajador y mes. El coste salarial también creció en el último año al mismo ritmo, el 4,9%.

Según los resultados corregidos de calendario y desestacionalizados, el coste laboral por trabajador se incrementó algo menos, el 4,5% en tasa anual, por el 1,4% en tasa trimestral, también para todo el país. El coste salarial anual subió el 4,9% como media española, hasta 2.403,80 euros al mes, mientras que los otros costes empresariales de la contratación lo hicieron el 4,8%. Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, principal componente del epígrafe de otros costes, se elevaron el 4,5%.

Por comunidades autónomas, Cantabria, País Vasco y Cataluña presentaron los mayores aumentos del coste laboral (el total de las empresas) este primer trimestre del año en tasa anual, mientras que Principado de Asturias, Illes Balears y Andalucía tuvieron los menores incrementos.

La ETCL tiene como objetivo esencial conocer la evolución del coste laboral medio por trabajador y mes, del coste laboral medio por hora efectiva de trabajo y del tiempo trabajado y no trabajado.

Además, es la fuente de información clave para la elaboración del Índice de Coste Laboral Armonizado, que forma parte de los euroindicadores de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat).

Los costes laborales en Canarias han aumentado un 4,3% en el primer trimestre de 2026, hasta situarse en los 1.952,54 euros, pero se mantienen como unos de los más bajos en España, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto nacional, el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 4,9% en el primer trimestre de 2026 en relación al mismo periodo de 2025, hasta situarse en 3.278 euros, su valor más alto en un primer trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie.

Con este incremento interanual del coste laboral, el más elevado desde el cuarto trimestre de 2023, se acumulan 21 trimestres consecutivos de alzas.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre enero y marzo, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron también un 4,9% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.403,8 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un primer trimestre desde el comienzo de la serie.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el primer trimestre 874,21 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4,8%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 4,5% interanual en el primer cuarto de 2026.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 5,4% en tasa interanual en el primer trimestre de 2026, hasta los 24,88 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 4,8% interanual, hasta los 21,62 euros.

El INE también proporciona datos corregidos de calendario y desestacionalizados de esta estadística. De acuerdo con esta serie, el coste laboral por trabajador subió en el primer trimestre un 4,5% en tasa interanual, seis décimas más que en el trimestre anterior. Con este incremento, se acumulan 22 trimestres consecutivos de alzas interanuales en la serie corregida.

En términos intertrimestrales (primer trimestre de 2026 sobre el cuarto trimestre de 2025), el coste laboral por trabajador y mes aumentó un 1,4% en datos corregidos de estacionalidad y calendario, tres décimas más que en el trimestre previo. Con esta subida trimestral, ya son 23 trimestres consecutivos en los que aumenta el coste laboral.

Suministro de energía y educación encabezan las subidas de los costes salariales

Por secciones de actividad, el coste laboral registró sus mayores incrementos interanuales en el suministro de energía (+15,1%, hasta los 9.043,7 euros por trabajador y mes) y en educación (+10,8%, hasta los 3.130,99 euros por trabajador y mes).

En el otro extremo, el único descenso interanual del coste laboral los experimentó el suministro de agua (-0,9%, hasta los 3.499,52 euros por trabajador y mes).

Por su parte, los ascensos interanuales menos pronunciados del coste laboral se dieron en la hostelería (+1,4%, hasta los 1.883 euros mensuales, el menor coste de todas las secciones de actividad) y las actividades artísticas (+2,3%, hasta los 2.127,8 euros mensuales).

Costes, por comunidades

Los salarios subieron en el primer trimestre en tasa interanual en todas las comunidades autónomas, especialmente en País Vasco (+8,7%), Cantabria (+8,4%) y Madrid y Castilla y León, ambas con un ascenso del 5,8%.

En términos absolutos, los costes salariales más altos los registraron Madrid (3.033,15 euros mensuales, un 5,8% más), País Vasco (2.765,8 euros, +8,7%) y Cataluña (2.641,81 euros, +5,7%). Por contra, Extremadura, con 1.923,49 euros (+4,8%), y Canarias, con 1.952,54 euros (+4,3%) registraron los salarios más bajos.

El salario por hora efectiva subió también en todas las regiones en el primer trimestre del año. Los mayores incrementos los protagonizaron País Vasco (+10,2%) y Cantabria (+6,8%).

Vacantes de empleo

El INE ha informado además de que en el primer trimestre se registraron 159.785 vacantes de empleo en España, lo que supone 6.900 más que en el mismo trimestre del año pasado y la cifra más elevada en cualquier trimestre desde el inicio de la serie, en 2013.

Del total de vacantes contabilizadas entre enero y marzo, el 86,6% pertenecían al sector servicios, con 138.379 vacantes, mientras que el 7,7% se englobaban en la industria (12.261 vacantes) y el 5,7%, en la construcción (9.145 vacantes).

Se entiende por vacante de empleo como el puesto de trabajo creado recientemente o que no está ocupado o que está a punto de quedar libre y para el que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa.

El 91,6% de las empresas preguntadas por el INE respondieron que no tenían vacantes que cubrir entre enero y marzo porque no necesitaban trabajadores adicionales y el 4,8% mencionaron el elevado coste de la contratación para explicar por qué no había vacantes en sus empresas.

Cataluña y Madrid concentraron el mayor número de vacantes en el primer trimestre, con 31.943 y 30.672, respectivamente, mientras que La Rioja y Extremadura presentaron las menores cifras, con 862 y 1.166 vacantes, respectivamente.

Más de dos años después de la entrada en vigor en Canarias del decreto estrella del Gobierno de Fernando Clavijo, el de vivienda, el precio de los inmuebles en las Islas ha batido (una vez más) su récord histórico. Según la estadística de valor tasado del Ministerio de Vivienda, que arranca en 1995, el precio medio alcanzó en el primer trimestre del año los 2.234 euros/metro cuadrado en las Islas. Con este son ya tres trimestres encadenados con precios por encima de los 2.000 euros. Y con respecto a hace un año, la subida registrada en el archipiélago es del 13,6%. El decreto, que se anunció como la solución a la crisis habitacional en el archipiélago, no ha conseguido por ahora ningún resultado.

El decreto del Gobierno canario, sin ningún efecto

El Gobierno de Canarias declaró durante esta legislatura la emergencia habitacional, pero se ha negado en reiteradas ocasiones a aplicar en las Islas la Ley estatal de Vivienda. Pese a ello, el Ejecutivo de CC y PP insiste en culpar a esta ley nacional de la subida de precios en las Islas.

El Gobierno de CC y PP optó por desdeñar la ley nacional y preparar un decreto propio hace ya más de dos años que, en resumen, fía la solución del problema habitacional a construir más y más rápido. Además, no incluye ninguna medida para evitar la acumulación de viviendas, la venta de viviendas a extranjeros o la especulación.

Este decreto, muy aplaudido por las patronales de la construcción, nació de una lógica simple: ante la escasez de oferta, es necesario ampliar el parque de vivienda con más edificaciones, reconversiones de locales comerciales, finalización de inmuebles inacabados por el crac financiero de 2008 y hasta la habilitación de suelo dotacional, pensado en un principio para levantar escuelas, hospitales o parques, y que ahora servirá también construir bloques de pisos. Según expresó el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), al presentar dicho decreto, “hay una necesidad mayor de construir viviendas que parques”.

Y así, el precio de las viviendas y los alquileres sigue disparados en las Islas. De hecho, es la región donde más suben.

Nada más conocerse el decreto (febrero de 2024) diferentes expertos consultados por este periódico señalaron que la norma aportaba de todo menos soluciones a corto plazo. La mayoría de las fuentes consultadas echaron en falta actuaciones a corto plazo, como la captación de inmuebles vacíos o regulación de alquileres, pues la estrategia de apostarlo todo al ladrillo tardará muchos años en tener resultados, si es que los tiene, que eso tampoco está tan claro.

Y así, dos años y medio después de la entrada en vigor del decreto estrella del Gobierno de Clavijo se confirma que los precios, tanto de los alquileres como de la compraventa de inmuebles, sigue subiendo hasta cifras récord.

Clavijo culpa al Estado y a los ayuntamientos

Pese a estos datos, esta misma semana, Fernando Clavijo volvió a desechar la idea de declarar Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada e incluso afirmó que en las Islas no hay grandes tenedores de vivienda y que los pocos que hay no tienen miles de viviendas.

Los datos desmienten a Clavijo. Un informe del Ministerio de Consumo en colaboración con el CSIC publicado este mes de abril desvela que las dos capitales canarias registran la mayor concentración de multiarrendadores de viviendas del país: el 64,9% de los caseros con más de dos propiedades. Otro dato: según el Catastro, en Canarias hay 81.632 casas en manos de grandes tenedores, propietarios que poseen más de diez inmuebles de uso residencial. Esa cifra supone el 8,2% del parque total de viviendas del Archipiélago (999.056), lo que sitúa a las Islas como la comunidad con el porcentaje más alto de concentración inmobiliaria del país, algo que Clavijo negó este martes en sede parlamentaria.

Tras culpar al Gobierno central del problema de la vivienda, Clavijo señaló después a las administraciones locales. Según él, su “Gobierno [canario] ha hecho lo que ha podido” en este ámbito, que es habilitar espacios para facilitar la obtención de licencias pero, ha añadido, los ayuntamientos “se han negado”.

El precio de la vivienda en el resto del país

Además de Canarias, marcaron sus récord históricos Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, País Vasco, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Madrid, que fue la única comunidad que superó los 4.000 euros/m2.

Por el contrario, no se rebasaron los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Extremadura, que es la única comunidad en la que el metro cuadrado no llega a los 1.000 euros

En los tres primeros meses del año, la Comunidad de Madrid no solo batió su récord sino que fue la más cara de toda España al alcanzar los 4.075 euros/m2. Este importe es un 16,4% superior al registrado un año antes y un 3,7 % más alto que el del trimestre previo.

La segunda más cara fue Baleares, que se aproxima a los 4.000 euros (3.885,6 euros), el 13% más que un año antes. El precio en las islas no superaba los 3.000 euros/m2 desde 2004.

El top 3 lo cierra País Vasco, que supera los máximos del boom con 3.036 euros/m2, el 12% más. Con este precio, la vivienda vuelve a batir los 3.000 euros por primera vez desde el tercer trimestre de 2008.

La siguiente comunidad más cara fue Cataluña con 2.749 euros/m2, el valor más alto de toda la serie histórica. Este importe arroja una subida interanual del 12%.

Andalucía también registró entre enero y marzo valores récord con 2.316 euros, el 14% más que un año antes. Canarias, por su parte, marcó máximos con 2.234 euros/m2.

Aunque no batió récord histórico este primer trimestre, el precio en el resto de comunidades españolas subió entre enero y marzo a doble dígito.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se incrementó el 0,1% mensual en mayo de este año en Canarias, lo que ha permitido que el indicador general en lo que va de año, en cinco meses, ya acumule una subida de precios del 1,4%, que alcanza el 3,2% si se mide para los últimos 12 meses, de junio de 2025 a mayo de 2026.

Esta última variable, el IPC anual, es peor que la lograda en abril pasado, entonces en el 3% anual y por debajo del valor nacional, que fue del 3,2%. Ahora bien, ya con la medición de mayo publicada, dato que ha difundido este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias sube hasta igualar el indicador nacional, en el 3,2% también en mayo.

Esta evolución, con la incorporación de mayo, sitúa a las islas en el sexto peor puesto entre las 17 comunidades autónomas del país, aún a mucha distancia de la autonomía con peor IPC en mayo de este año, la de Madrid, con el 3,8%, y también lejos del mejor registro, el menos inflacionista, que benefició a Extremadura, con el 2,5%.

La marcha inflacionista de Canarias tiene que ver, en lo que concierne a su valor anual, el de los 12 últimos meses, con el comportamiento del transporte, sobre todo el aéreo, que experimenta un alza general del 9,6% anual. Luego están la restauración y la hostelería, con el 5,4%, y el grupo de seguros y servicios financieros, con el 4%.

Detrás de la dinámica de precios en el transporte sin duda se halla el conflicto bélico aún activado en Oriente Medio y sus consecuencias en los precios internacionales del crudo y el gas. El encarecimiento mundial de esos combustibles fósiles tiene efectos más críticos en Canarias por la dependencia extrema en las islas del transporte aéreo (también por su principal actividad económica, el turismo) y marítimo.

Como ya se ha señalado, la tasa de variación anual del IPC en el mes de mayo de 2026 se situó en el 3,2% en España, el mismo registro que en abril pasado y con una tasa anual de inflación subyacente (sin contabilizar la energía ni los productos frescos) que aumentó dos décimas, hasta el 3%. La variación mensual del índice general en España fue del 0,1%, como también se dio en Canarias.

Según el análisis del INE para todo el país, los grupos que más destacaron por su influencia positiva (aportaron más inflación) en la tasa anual fueron: las actividades recreativas, deporte y cultura, con una tasa anual del 2,6%, casi dos puntos por encima de la de mayo y un aumento debido principalmente a los precios de los paquetes turísticos (estos bajaron menos que en mayo de 2025); el transporte, cuya variación anual subió casi un punto, hasta el 7,4%, un alza que se explica sobre todo por el incremento de los precios del transporte de pasajeros por vía aérea frente a la bajada en el mismo mes del año anterior.

Los grupos que menos contribuyeron al incremento general de los precios fueron en España el vestido y calzado, con tasa anual del menos 1,1%, dos puntos y medio por debajo de la del mes anterior, y los alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 2,2%, cuatro décimas por debajo de la del mes anterior.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha incrementado un 3,2% en Canarias en mayo en tasa interanual, dos décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de mayo los precios encadenan tres meses de subidas en Canarias. En términos mensuales, la inflación en Canarias aumentó un 0,1%, mientras que en lo que va de año la subida ha sido del 1,4%.

Los precios en Canarias respecto al mismo mes del año anterior subieron principalmente en transporte, un 9,6% más que en mayo de 2025 (+1,9 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,4% más (+0,5 puntos); seguros y servicios financieros, un 4% más (+0,1 puntos), y bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,3% más (-0,2 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en vestido y calzado, un 0,5% (-0,6 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,9% (-0,3 puntos); actividades recreativas, deporte y cultura, un 1% (+1 puntos), así como información y comunicaciones, un 1,2% (+0,3 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,1% en mayo en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar mayo, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Cantabria (3,7%) y Galicia (3,5%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,5%), La Rioja (2,9%) y Murcia(2,9%).

Melilla (+0,5%), Cantabria (+0,4%) y Baleares (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Ceuta, Extremadura y Andalucía en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.

Canarias encabeza otra vez una clasificación en España con repercusión negativa en la calidad de vida de la ciudadanía. Ahora se trata del precio medio de venta en las islas de una vivienda nueva, que en los últimos 12 meses ha experimentado un encarecimiento promedio del 12%, nada menos que casi tres puntos relativos por encima de la misma variable a escala nacional, en el 9,1%.

Solo se acercan al indicador publicado para Canarias las comunidades autónomas de Aragón y Asturias, con variables, en ambos casos, en el 11,6%. Baleares ofrece el registro más bajo, del 2,5% anual.

La fuerte subida en el precio anual de la vivienda nueva en Canarias se produce principalmente por lo ocurrido en el primer trimestre de este año, en el tránsito de los tres últimos meses de 2025 a enero-marzo de 2026. Este dato trimestral (que coincide con el de lo que va de año) refleja, solo en tres meses, un subidón del 10%, por el 12% anual, este en el periodo de abril de 2025 a marzo de 2026.

Atendiendo a las estadísticas publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las del Índice de Precios de Vivienda (IPV), base 2015, los mayores aumentos de precios en las viviendas, en este caso sin diferenciar la nueva de la de segunda mano, se produjeron en Aragón y Región de Murcia (15,6% ambas) y en Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta (14,9% ambas). 

En cambio, los menores se localizaron en Cataluña y Comunidad Foral de Navarra (10,5% ambas) y País Vasco (10,3%).

Los precios medios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas, encarecimientos, en todas las comunidades y ciudades autónomas españolas en el primer trimestre de 2026, los datos oficiales publicados más recientes.

La de segunda mano, a otro ritmo en las islas

En Canarias, la vivienda de segunda mano se ha encarecido el 10,6% anual, menos que la vivienda nueva y un alza inferior al promedio nacional, en el 13,5% y también para los últimos 12 meses. El análisis conjunto del precio de la vivienda en el archipiélago; esto es, sin contemplar la diferencia entre la nueva y la usada, concede a las islas un incremento promedio anual del 10,7%, por el 12,9% nacional.

En España, como ya se ha indicado, la tasa de variación anual del Índice de Precios de Vivienda (nueva y usada) se situó en el 12,9%, con una variación anual de la vivienda nueva del 9,1%, por el 13,5% de la de segunda mano. A escala nacional, los precios de la vivienda subieron el 3,5% respecto al trimestre anterior, el de octubre-diciembre de 2025.

El Índice de Precios de Vivienda, con base 100 en 2025, no se movió en España respecto al trimestre anterior pues se mantuvo en el 12,9% en el primer trimestre de 2026 (nueva y usada). Ahora bien, según el tipo de vivienda, la tasa anual de la nueva se redujo en 2,1 puntos porcentuales, hasta el 9,1%.

La variación del precio de la vivienda de segunda mano alcanzó el 13,5% anual, con un alza de 0,4 puntos respecto al registro del trimestre anterior, en ambos casos según el análisis para todo el país.

Por tipo de vivienda, tanto los precios de la vivienda nueva como los de la vivienda de segunda mano en España aumentaron el 3,5% en el primer trimestre de 2026 respecto al cuarto de 2025.

El precio de la vivienda, tanto nueva como usada, subió un 15,4% en mayo, el mismo porcentaje interanual que un mes antes, y el mayor incremento se dio nuevamente en Canarias, con un 19,3%, según los datos difundidos este viernes por la firma de tasación Tinsa.

Con este nuevo crecimiento, superior a la inflación, el precio de la vivienda acumula un alza del 14,9% en lo que va de año, todo ello en un contexto marcado por la falta de oferta de vivienda para atender a la creciente demanda, lo que está presionando al alza los precios y agravando los problemas de acceso.

Tras las islas, se situó la costa mediterránea, con una revalorización de precios del 17,6%; las áreas metropolitanas (16,8%); las capitales y grandes ciudades (15,4%); y el resto de municipios (10,3%), ha indicado en un comunicado.

Además, si se compara con el mes precedente, abril, el precio de la vivienda creció en mayo un 1,3% en tasa interanual.

Frente al mes anterior, las áreas metropolitanas registraron la mayor subida de precio, del 2,1%; seguida de la costa mediterránea (1,8%); las capitales y grandes ciudades (1,3%); y las islas (0,5%). En el resto de municipios la vivienda se encareció el 0,2%.

Tinsa destaca la resistencia del empleo y el mantenimiento de la solvencia de los hogares. Sin embargo, apunta que las compraventas se han moderado levemente en el primer trimestre del año.

Según la directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias, la asimilación por parte del mercado de las pasadas bajadas de tipos de interés, que a comienzos de 2025 aún no habían finalizado, así como la incertidumbre sobre la inflación y el coste hipotecario desde finales de febrero por la guerra en Irán explican esta situación.

Aun así, destaca que el volumen de hipotecas en el primer trimestre se ha sostenido y las compraventas de vivienda continúan mostrando niveles robustos y superiores a la media histórica.

Áreas metropolitanas, grandes ciudades e islas baten máximos

En mayo, la vivienda nueva y usada en España estuvo tan solo un 1% (en términos nominales) por debajo de los máximos registrados en 2007, en plena burbuja inmobiliaria, tras incrementarse un 75,4% desde el verano de 2015, cuando registró su mínimo tras la crisis inmobiliaria.

No obstante, descontando el efecto de la inflación, se mantiene un 34% por debajo de los máximos.

Las islas superaron en mayo en un 24,8% los precios de 2007, algo que también hicieron las capitales y grandes ciudades (0,8%) y las áreas metropolitanas (0,4%), en términos nominales.

Descontando la inflación en este periodo, los tres grupos analizados siguieron por debajo de los precios del “boom” inmobiliario.

Frente a los mínimos registrados tras el pinchazo de la burbuja, los mayores aumentos de precios se dieron en las islas (97,2%), en las áreas metropolitanas (86,2%) y en las capitales y grandes ciudades (85,1%). 

La Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) vuelve a incumplir, por segundo año consecutivo tras la reactivación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria el 1 de enero de 2024 (su aplicación se suspendió durante la covid), la regla de gasto presupuestario: al año confirmado de 2024 ahora se une, también como ejercicio confirmado, el de 2025. El aumento del gasto computable en 2025 ha sido del 9,1%, cuando el nivel autorizado estaba en el 3,2%. El desfase ha sido nada menos que de casi seis puntos porcentuales.

Esa afirmación sobre el año 2025 la avala el primer Informe sobre el cumplimiento de las reglas fiscales del ejercicio 2025, publicado por el Ministerio de Hacienda este 2 de junio. En él se recoge que Canarias es la segunda autonomía con mayor aumento del gasto computable en el año de referencia y además está muy por encima de la media de las comunidades autónomas del país, en el 5,6% (Canarias alcanzó el 9,1% en 2025).

El Gobierno de Canarias, de CC y PP, con la popular Matilde Asián como consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea (UE), ahora debe presentar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) un Plan de Ajuste a aplicar en los presupuestos de 2026, el vigente, y en el futuro de 2027. Esto supondrá eliminar 566 millones de euros en gastos para compensar el exceso computable en 2025.

El nuevo Plan de Ajuste se suma al ya presentado, el de 2024, aunque aún no aprobado por el CPFF, este con importe de 445 millones de euros. Este último se debe activar en 2026 y corresponde al incumplimiento de la regla de gasto en 2024.

Tras conocerse esta noticia, el grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC) ha subrayado que “la mala gestión presupuestaria del Gobierno de Clavijo obliga a hacer una reducción del gasto [en los presupuestos canarios de 2026 y los aún no aprobados de 2027] de 1.011 millones de euros” en dos años. Ello afectará “a los servicios públicos, al apoyo a las familias y a los sectores productivos”, sostiene la misma formación política.

NC considera que se trata del “evidente fracaso en la gestión de los recursos públicos del Gobierno de CC y PP, que, tras de dejar de gastar 1.289 millones en 2024 y 1.051 millones en 2025 del dinero presupuestado, además incumple la regla gasto esos dos años, lo que obliga a reducir el gasto en 1.011 millones entre 2026 y 2027”, exponen.

El informe ya reseñado del Ministerio de Hacienda empeora la previsión que hacía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acerca del aumento del gasto computable en su último informe (daba el 8%), el número 29/2026 y sobre previsiones de medio plazo de la CAC. Se publicó el pasado 14 de mayo. En ese informe, la AIReF ya avisa de que la CAC también incumplirá la regla de gasto este ejercicio, el de 2026, así como los de 2027 y 2028.

Tras el análisis de los sucesivos informes de la AIReF, los publicados desde 2024, se puede concluir que “el cumplimiento de la regla de gasto no forma parte clara de la política presupuestaria del Gobierno de Canarias, aun cuando no hay duda de que está en vigor la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, remarca NC.

El Ministerio de Hacienda ha comunicado este martes que Canarias recibirá este año 7.098 millones de euros, un 7,6% más que en 2025, la mayor entrega a cuenta que ha recibido en su historia hasta la fecha la comunidad autónoma.

Según ha informado el Gobierno central en un comunicado, si a esa cantidad se le suman los 1.069 millones correspondientes a la liquidación de 2024, que se abona este año, los recursos del Estado que va a recibir Canarias para financiar sus servicios públicos alcanzarán los 8.167 millones, lo que supone un 8,6% más.

En total, el Estado abonará a las comunidades autónomas 170.300 millones en concepto de entrega a cuenta y liquidación de 2024, lo que supone un año más la cifra más alta de la historia, con un incremento respecto al ejercicio anterior del 7,7%.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, recordó en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del correspondiente real decreto ley aprobado por el Gobierno, que el Congreso de los Diputados tumbó hasta en dos ocasiones la actualización de las entregas a cuenta, “generando tensiones de tesorería y perjudicando a los gobiernos autonómicos”, subraya en la nota.

En este sentido, instó a los grupos parlamentarios a apoyar una medida que es “beneficiosa” para el conjunto de la ciudadanía al servir “para incrementar los recursos en sanidad, educación o dependencia”, señala.

Asimismo, España ha resaltado que las comunicades tendrán con estas entregas a cuenta “los mayores recursos de la historia” y ha pedido a los gobiernos autonómicos que ese aumento de la financiación y esos recursos “históricos” se vean reflejados “en la calidad de sus servicios públicos”, algo que considera que no siempre ocurre. “La pregunta es, ¿a qué están destinando ese volumen extra histórico de recursos? ¿A luchar contra las listas de espera? ¿O están bajando los impuestos a las rentas más altas o privatizando?”, se ha preguntado.  

Entidades locales

Respecto a las entidades locales, ha señalado que los ayuntamientos obtendrán también este año una cifra “histórica”, con 29.247 millones de euros, un 8,8% más que en 2025 y un 67,5% más que en 2018 que, sumado a la liquidación, el volumen de fondos será de 30.073 millones de euros para financiar los servicios de proximidad que ofrecen a los ciudadanos.  

En el caso de Canarias, las entregas a cuenta alcanzarán los 1.437 millones, un 9,2% más que el pasado ejercicio.

El texto normativo aprobado por el Consejo de Ministros también contempla que las entidades locales podrán utilizar el superávit de 2025 para acometer Inversiones Financieramente Sostenibles.

En este sentido, se estima que esta medida permitirá que unas 2.544 entidades locales puedan destinar 3.168 millones a inversiones, cuyo plazo de ejecución se prolonga hasta 2027.  

Como novedad, el Gobierno informa que se habilita un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan utilizar, además del superávit de 2025, los de 2026, 2027, 2028 y 2029 a inversiones financieramente sostenibles en vivienda.

Canarias suma su tercer mes de cinco este 2026 con caída del paro total registrado, según los datos servidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Ya lo consiguió en febrero y abril del año en curso, aunque también ha habido dos meses con crecimiento del desempleo: enero y marzo del mismo año.

Ahora, este mes de mayo aporta otro registro positivo en las islas, lo que se consigue en exclusiva a la creación neta de empleo: el incremento del número de afiliaciones a la Seguridad Social en el periodo de análisis. Hay 1.076 cotizantes más respecto al mes precedente, el 0,11% de aumento mensual, lo que permite llegar a una cifra global de 963.972 afiliados a la Seguridad Social en Canarias. Esta cifra se halla aún lejos del indicador récord histórico, de diciembre de 2025 con 967.275 cotizantes.

La reducción del número de parados en mayo se produce por la creación neta de empleo, con 1.076 afiliados más, y pese a que el número de activos crece; esto es, las personas que conforman la lista oficial de demandantes de un puesto de trabajo. Hay 313 activos más en mayo, lo que explica la disminución del paro en menos personas: 763 (menos 0,52% mensual), valor absoluto que es la diferencia entre ambas variables.

En abril pasado, el desempleo total en Canarias también cayó, pero algo más, en 1.138 efectivos. El descenso interanual del paro fue del 4,98%, con 7.573 personas menos en el cálculo de 12 meses respecto a mayo de 2025. Así, el número de desempleados quedó en 144.598 en las islas, por debajo de la cota 145.000, un registro no visto desde diciembre de 2007.

En la provincia de Las Palmas, el paro registrado bajó en mayo en 397 personas, el 0,53%, en términos mensuales, con 4.541 personas, el 5,75 % menos, en términos interanuales. En Santa Cruz de Tenerife, los parados llegaron a 70.150 personas al término de mayo, tras descender en 366, el 0,52%, respecto a abril y el 3.032 anual, el 4,14% en relación con mayo de 2025.

Por sectores de actividad, la agricultura aglutinó en mayo en Canarias 2.329 parados; la industria, 5.290; la construcción, 11.632; los servicios, 114.583, y el colectivo sin empleo anterior, 10.764 personas.

Activada la generación de empleos

Canarias sumó en mayo 1.076 afiliados a la Seguridad Social, el 0,11% más, con lo que la cifra total de cotizantes alcanzó las 963.972 personas, según informó el Ministerio del ramo. En términos interanuales, la afiliación ha subido en las islas en 25.804 personas, el 2,75%.

Por provincias canarias, ese indicador creció en mayo en 472 personas, hasta llegar a las 502.720, en Las Palmas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife el aumento mensual de afiliados a la Seguridad Social fue de 603 personas, lo que dejó en 461.252 el número de cotizantes. La afiliación ha aumentado en ambas provincias canarias en 12.538 y 13.267 personas en el último año.

El paro registrado bajó en mayo en Canarias en 763 personas, un 0,52%, respecto al mes anterior, lo que representó un descenso interanual del 4,98%, al reducirse en 7.573 personas respecto al quinto mes de 2025, con lo que el número de desempleados de las islas quedó en los 144.598.

Según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el archipiélago contabilizaba al cierre de mayo 216.129 demandantes de empleo, de los que 38.090 eran ocupados, 22.662 demandantes de empleo con condiciones especiales de trabajo y 155.377 no ocupados, entre los que figuraban 10.779 trabajadores eventuales agrarios subsidiados y 144.598 desempleados.

Este último grupo llegó a las 74.448 personas en la provincia de Las Palmas, donde el paro registrado bajó en mayo en 397, un 0,53 %, en términos mensuales y en 4.541 personas, un 5,75%, en términos interanuales.

En Santa Cruz de Tenerife los parados ascendieron a 70.150 personas al término de mayo tras bajar en 366, un 0,52%, respecto a abril y en 3.032, un 4,14%, respecto al quinto mes de 2025.

Por sectores de actividad, la agricultura aglutinó en mayo en Canarias 2.329 parados, la industria 5.290, la construcción 11.632, los servicios 114.583, y el colectivo sin empleo anterior lo conformaron 10.764 personas.

Con respecto al mes anterior, el paro registrado en cada uno de estos sectores productivos bajó en 22 personas, en el caso de la agricultura, en 57 en la industria, en 177 en la construcción, en 655 en los servicios, y subió en 148 respecto a las personas que no habían trabajado antes.

Un colectivo este último conformado por 10.764 personas, de las cuales 4.756 tenían 44 o más años.

En mayo se suscribieron en Canarias 51.926 contratos, 1.104 menos que en abril y 2.577 menos que en el quinto mes del pasado año, y de los que 51.926 fueron indefinidos y 29.118 temporales.

Los de la primera modalidad bajaron en 1.279, un 5,31%, respecto a los firmado en abril y en 300, un 1,30%, respecto a los del mismo mes de 2025, mientras que los contratos temporales aumentaron en 175, un 0,60%, en términos mensuales, y descendieron en 2.277, un 7,25%, en términos interanuales.

En abril se solicitaron en Canarias 29.561 prestaciones por desempleo, de las que 28.363 recibieron el alta en un plazo medio de 0,43 días, y el número de beneficiarios llegó a los 93.766, lo que elevó el gasto público destinado a sufragar estas ayudas a los 102.941.000 euros. 

El salario más frecuente en España fue en 2024 de 16.520,2 euros brutos, un 6% superior al de 2023, pero un 10,5% inferior al de 2018, tras el fuerte aumento experimentado por el salario mínimo interprofesional (SMI) en los últimos años. En Canarias, el salario medio bruto se mantuvo en los 25.120,38 euros anuales por trabajador.

Según la Encuesta de Estructural Salarial 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves, muchos trabajadores de sueldos bajos se han desplazado al intervalo de los 16.000 - 17.000 euros anuales, haciendo de esta banda salarial la más frecuente en 2024.

Entre 2018 y 2021, el salario bruto anual más frecuente superó los 18.000 euros, pero a partir de 2022 fue bajando, hasta situarse aquel año en 14.586,4 euros.

Estos 16.520 euros de salario bruto más frecuente en 2024 lo percibieron el 3,8% de los asalariados.

No obstante, el INE explica que también destacaron por su frecuencia los salarios de entre 17.000 y 23.000 euros anuales brutos, percibidos por el 3,5% de los asalariados. De este modo, en total, tres de cada diez asalariados (29,5%) cobró en 2024 entre 16.000 y 23.000 euros anuales.

El salario mínimo interprofesional se situó en 2024 en 15.876 euros anuales o 1.134 euros al mes por catorce pagas, un 5% más que en 2023.

Según Estadística, el salario medio anual por trabajador fue de 29.540,2 euros en 2024, un 5,3% superior a la del año anterior. Con este incremento, se acumulan ya 11 años de crecimientos del salario medio.

El INE recuerda que una característica de las funciones de distribución salarial es que figuran muchos más trabajadores en los valores bajos que en los sueldos más elevados. Este hecho da lugar a que el salario medio sea superior tanto al salario mediano, como al más frecuente.

Así, el salario mediano (el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior) alcanzó en 2024 los 24.497,17 euros anuales, el más elevado de toda la serie del INE, frente a los 29.540,2 euros del salario medio y los 16.520 euros del salario más frecuente.

El salario medio bruto anual de los hombres se situó en 2024 en 32.057,5 euros, un 5,5% superior al de 2023, en tanto que el de las mujeres avanzó un 5,1%, hasta los 26.904,9 euros. De este modo, el salario medio anual femenino representa el 83,9% del masculino (84,3% en 2023). No obstante, el INE subraya que esta diferencia salarial se reduce si se consideran puestos de trabajo similares.

Hostelería, el sector con los sueldos más bajos

La actividad económica con mayor remuneración anual en 2024 fue el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (57.931,8 euros), que casi duplicó la media nacional, seguido de las actividades financieras y de seguros (51.862,9 euros).

En cambio, los asalariados de hostelería (17.653,4 euros anuales) y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (20.383,1 euros) obtuvieron las remuneraciones más bajas, inferiores en un 40,2% y un 31% a la media.

Los salarios de los hostelería crecieron un 3,9% respecto a 2023, pero los de actividades artísticas fueron los únicos que descendieron en 2024, con un retroceso del 1,2%. Los aumentos salariales más pronunciados se dieron en las actividades profesionales (+8%), industrias extractivas (+7,9%) e información y comunicaciones (+7,7%).

En todas las actividades económicas en las que la representación muestral femenina es significativa las mujeres tuvieron un salario inferior al de los hombres.

El sueldo más alto, en Euskadi

Los directores y gerentes presentaron en 2024 un salario anual de 63.865,4 euros. Son los que más cobran por grupo de ocupación, con una retribución un 116,2% superior a la media.

En cambio, los salarios más bajos son para los trabajadores no cualificados del sector servicios (16.062,5 euros anuales), trabajadores de los servicios de restauración y comercio (18.918,6 euros anuales) y trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas (19.479,9 euros anuales).

Por comunidades autónomas, la clasificación no ha cambiado respecto a otros años: País Vasco (35.170,2 euros anuales por trabajador), Madrid (34.410 euros) y Navarra (32.605,2 euros) siguieron registrando en 2024 los salarios más elevados, mientras que Extremadura (23.684,2 euros), Canarias (25.120,38) y Castilla-La Mancha (26.062,05) presentaron los más bajos.

Todas las regiones elevaron en 2024 sus salarios medios en relación con 2023, especialmente Madrid (+6,8%), Cataluña (+5,8%) y La Rioja (+5,8%), en tanto que los repuntes menos acusados correspondieron a Cantabria (+2%), Asturias (+2,3%) y Castilla y León (+3,8%).

La compraventa de viviendas cayó en marzo un 4,7%, cerrando un primer trimestre con descensos, mientras que el precio de la vivienda acentuó su subida al 7%, que en el caso de Canarias es de un 10%, y la concesión de préstamos para la compra de una casa aumentó ligeramente un 0,3%, un 11,9% en las islas, según el Consejo General del Notariado.

Con esta nueva caída, la compraventa de viviendas acumula seis meses consecutivos de retrocesos, que comenzaron en octubre de 2025 (-1,9%) y a los que siguieron los de noviembre (-2,4%), diciembre (-1%), enero (-11,4%), febrero (-7,7%) y marzo (-4,7%).

Al igual que los notarios, el Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta que la compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2% interanual y contabilizó 61.295 operaciones, dejando un descenso acumulado en el año del 2,6%.

Todo ello, en un mercado que arrastra un déficit de vivienda en el mercado para atender a una demanda creciente, lo que está encareciendo los precios y dificultando el acceso, especialmente entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

El precio acentúa su subida al 7%

En marzo, el precio de la vivienda subió un 7% interanual, hasta los 2.009 euros/m². El mayor incremento lo registraron los pisos, con un ascenso del 9,7% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 2.332 euros/m². En el caso de las viviendas unifamiliares, el precio promedió los 1.454 euros/m², el 2,2% más.

El precio de la vivienda subió en todas las comunidades autónomas, salvo en La Rioja (-9,5%) y Navarra (-6,8%).

Los incrementos más acentuados, de dos dígitos, se dieron en Asturias (22,2%), Comunidad Valenciana (17,9%), Cantabria (14,5%), Comunidad de Madrid (12%), Murcia (11,2%) y las Islas Canarias (10%).

También crecieron en Cataluña (7,1%), País Vasco (6,7%), Galicia (6,4%), Castilla-La Mancha (5,6%), Islas Baleares (4,2%), Aragón (3,5%), Andalucía (3,1%), Castilla y León (2,1%) y Extremadura (1,9%).

65.725 transacciones de vivienda

En marzo, se contabilizaron 65.725 compraventas de vivienda, el 4,7% menos que un año antes.

Por tipo de vivienda, las compraventas de los pisos disminuyeron un 5,8% interanuales ,hasta las 49.751 unidades; mientras que las unifamiliares descendieron un 1,1%, con 15.974 operaciones.

La compraventa de vivienda experimentó descensos en trece comunidades autónomas, siendo los descensos más acusados los de Navarra (-33,4%), Islas Baleares (-17,8%), Cantabria (-13,7%), Andalucía (-8,5%), Comunidad Valenciana (-7,4%), Galicia (-7,2%), Murcia (-6,2%), Asturias (-5,6%) y La Rioja (-5,4%).

Los únicos aumentos se registraron en Castilla-La Mancha (8,2%), Extremadura (4,8%), Aragón (4%) y Comunidad de Madrid (0,1%).

Por su parte, la superficie media de la vivienda en España también experimentó en marzo un ligero descenso interanual, del 0,4%.

La cuantía de los préstamos sube un 10,3% con 182.170 euros

Según los notarios, en marzo los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron un 0,3% interanual hasta las 35.388 operaciones.

La cuantía promedio de estos préstamos ascendió un 10,3% interanual, alcanzando los 182.170 euros en promedio.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 53,8%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,1% del precio.

Las hipotecas de vivienda descendieron en once autonomías restantes y Navarra (-28,8%), Cantabria (-12,4%) y La Rioja (-12,3%) presentaron los mayores retrocesos.

Por el contrario, crecieron en seis comunidades: Islas Canarias (11,9%); Extremadura (10,8%); Cataluña (7%); Comunidad de Madrid (6,1%); País Vasco (4,1%) y Murcia (2%). 

Canarias solo es capaz de terminar y poner en uso (con lo que de verdad se logra amplía la oferta habitacional en las islas), al menos por ahora, una (el 13,2%) de cada diez viviendas previstas (el 100%) en el planeamiento urbano (nuevas de iniciativas privada y pública), según se desprende de los resultados obtenidos a partir del análisis de una muestra de sectores de desarrollo residencial definida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con el objeto de realizar el estudio Sectores residenciales de España (2025), publicado este mes de marzo.

En el archipiélago, se estudian al detalle 38 sectores de desarrollo urbanístico pertenecientes a 17 de los 88 municipios existentes en las islas, y esos son casi todos los más poblados en las dos provincias canarias. Los dos requisitos concretados para establecer esa elección han sido el número previsto de viviendas igual o superior a las 1.000 unidades (en el planeamiento aprobado) y el grado de edificación inferior al 70%.

Es justo lo que ocurre con ocho municipios de la provincia de Las Palmas (Antigua, Arrecife, La Oliva, Pájara, Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana y Yaiza) y con nueve de Santa Cruz de Tenerife (Adeje, Arona, Candelaria, Granadilla de Abona, La Orotava, El Paso, Puerto de la Cruz, San Miguel de Abona y Santa Cruz de Tenerife).

Tal y como se cita en el reseñado trabajo técnico, que depura 1.069 sectores de desarrollo residencial en 400 municipios del país (con 38 en Canarias dentro de las 17 localidades ya mencionadas), la capacidad de construir viviendas en España, según el planeamiento aprobado y la muestra identificada de sectores, era en 2025 de 2,4 millones de unidades, con solo el 9% realizadas y el 91% pendientes de construirse (2,2 millones de viviendas). La velocidad de ejecución de los desarrollos residenciales previstos supera la media de 15 años a escala nacional.

En el archipiélago canario, en cambio, esa misma variable alcanza las 67.301 viviendas previstas, de las que 58.464 no se han terminado o están pendientes de finalizarse, bien porque no se han construido, porque están en esta fase pero aún no ha habido entrega o porque son simplemente urbanizaciones fantasma (las iniciadas, frenadas y/o abandonadas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económico-financiera de 2008).

Esas viviendas, actualmente no consolidadas, son, por lo tanto, las que no han entrado en el mercado en las islas y con ello se impide elevar la ya de por sí muy reducida oferta habitacional de primera residencia nueva. Aquella relación supone que Canarias solo consigue ofertar, siempre según el identificado estudio del Ministerio, el 13,2% de las viviendas previstas en el planeamiento; esto es, las que se podrían edificar atendiendo al suelo con ese uso aprobado, siempre según la muestra de análisis elegida en las islas. Ese paupérrimo registro se consigue, sin duda, por la combinación de varios factores.

Canarias, con dos provincias, 88 municipios, una población de derecho de 2,2 millones de personas (más de 18 millones de turistas atendidos en todo 2025) y 1,1 millones de viviendas según su censo oficial de 2021, ofrece comportamientos casi calcados en sus dos territorios administrativos principales.

En efecto, así mismo es. En Las Palmas de Gran Canaria, con ocho municipios a examen, el resultado que aporta el mencionado estudio es del 87,7% de viviendas pendientes de construir; o sea, 35.305 unidades de una posible oferta de 40.255 viviendas, que son las totales previstas según el planeamiento en los sectores de desarrollo residencial analizados en esos términos municipales. De aquí resulta que solo se ha concluido el 12,3% de las viviendas posibles, algo más de una por cada diez, menos incluso que el promedio relativo que se da para Canarias (13,2%).

En Santa Cruz de Tenerife, se puede decir que hay más de lo mismo: las viviendas previstas son menos, 27.045, y las no terminadas alcanzan las 23.159, con el 85,6% de las posibles aún pendientes de edificar, según el planeamiento, en este caso, de los nueve municipios tinerfeños en la muestra. En la provincia occidental, se consigue ofertar el 14,4% del potencial de construcción de viviendas, lo que no alcanza ni el 1,5 de cada 10 potenciales.

Hay que señalar que el estudio Sectores residenciales en España (2025), publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, es un “documento estratégico que analiza la situación y evolución de los principales ámbitos de desarrollo urbanístico residencial, para lo que parte de los datos recogidos en el Sistema de Información Urbana (SIU)”. El fin de este trabajo técnico es “ofrecer una visión clara sobre la ubicación de las principales bolsas de suelo disponibles en el país para la construcción de nuevas viviendas”.

El propio Ministerio recalca que, para determinar el grado de evolución de las áreas de desarrollo que son objeto de este estudio, se analiza el nivel de urbanización a través de trabajos de fotointerpretación de imágenes satelitales y ortofotografías más recientes del Plan Nacional de Ortofotografía Área (PNOA). Luego, se define el grado de edificación utilizando la información procedente de la cartografía catastral, según los criterios de la Dirección General del Catastro.

Principales conclusiones a escala país

Atendiendo a lo descifrado para el conjunto de los sectores de desarrollo residencial de la muestra nacional (1.069), la base de este estudio, en el documento del Ministerio se concluye lo siguiente:

-Se analizan 1.069 sectores residenciales en 400 municipios de las 17 comunidades autónomas, con capacidad país para más de 2,4 millones de viviendas, lo que evidencia una cobertura territorial muy amplia y pone de manifiesto un gran potencial de desarrollo.

-La mayoría de los sectores presentan un grado de edificación inferior al 30%, lo que indica que aún queda por materializar una parte significativa de las previsiones del planeamiento, especialmente en municipios donde la potencialidad de viviendas supera el parque actual.

-El 25,8% de los sectores dispone actualmente de suelo urbanizado apto para edificar, con cerca de 489.000 viviendas pendientes, mientras que el 74,2% restante de los sectores carece de condiciones para iniciar la edificación, lo que limita la respuesta inmediata a la demanda.

-Predomina la localización en municipios del interior, aunque la actividad edificatoria es más intensa en zonas costeras y provincias del litoral mediterráneo, donde se observa mayor dinamismo en los desarrollos.

-Más del 60% de las viviendas pendientes se concentra en municipios con más de 50.000 habitantes. Destacan Madrid, Orihuela, Zaragoza, Dos Hermanas y Málaga, lo que refleja una fuerte presión urbanística en áreas metropolitanas y turísticas.

-La densidad media del conjunto de sectores analizados es de 28,6 viviendas por hectárea. No obstante, en los sectores urbanizados se registran valores que pueden llegar a superar las 100 viviendas por hectárea, mostrando un patrón más compacto en fases avanzadas del desarrollo.

-El análisis revela una brecha significativa entre planeamiento y ejecución: el 64,4% de los sectores no ha iniciado la urbanización, mientras que solo el 9,6% se encuentra en fase avanzada de edificación.

-Casi la mitad de los municipios sin suelo urbanizado disponible tiene menos de 20.000 habitantes, lo que en ocasiones puede ser indicativo de una baja demanda que podría retrasar la activación de estos desarrollos a corto plazo.

-Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha concentran más de la mitad de las viviendas pendientes en sectores urbanizados, con lo que acaparan en buena medida el potencial de expansión residencial.

-La evolución temporal muestra menor actividad edificatoria entre 2010 y 2015, seguida de una reactivación desde 2016 y una estabilización tras la pandemia, lo que condiciona la velocidad de ejecución de los desarrollos previstos, que de media superan los 15 años.

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas cayó un 8,5% en marzo con respecto al mismo mes de 2025 en Canarias, quedando en 1.408 frente a las 1.539 de un año atrás, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El archipiélago fue una de las únicas cinco comunidades donde la cantidad de nuevas viviendas hipotecadas descendió de marzo a marzo, que, por contra, creció en el resto, arrojando en España, de media, un aumento del 9%.

La subida fue mucho mayor en las comunidades donde más aumentó el volumen de dichas operaciones en relación a marzo del año pasado, llegando a anotar incrementos del 60,4% en Navarra, el 45,4% en Aragón y del 19,1% en Madrid, de acuerdo a la última Estadística de Hipotecas elaborada por el INE.

Los mayores descensos los anotaron Galicia (-20,7%), Castilla y León (-16,6%) y País Vasco (-12,3%), detalla.

En Canarias, el capital suscrito a cuenta del total de hipotecas sobre viviendas firmadas en marzo de 2026 ascendió a 223,64 millones de euros, superado en más de 30 millones la cuantía de lo prestado a cuenta de las constituidas un año antes que fue de 190,61 millones, pese a corresponder a un numero de operaciones mayor.

Iberdrola ha generado un impacto económico de más de 300 millones de euros en Canarias en los dos últimos años -en torno a 150 millones de euros cada ejercicio-, ha dicho este martes la compañía a través de un comunicado. De este modo, “ratifica su papel como uno de los principales motores económicos de esta comunidad autónoma”. 

Iberdrola presume de ser una de las empresas que más aporta a la región y lo argumenta en que su contribución fiscal “se ha incrementado más de un 3% en 2025, hasta rozar los 125 millones de euros”.

Iberdrola define su proyecto como “un modelo empresarial de largo plazo, que es capaz no solo de conseguir resultados económicos sino de generar progreso y bienestar en nuestro entorno, a través del fomento del tejido empresarial, con compras, inversiones y creación de empleo, y cuyo objetivo es la electrificación de la economía”.

Iberdrola llega a su Junta General de Accionistas, la de su 125 aniversario, que se celebra este viernes 29 de mayo, cerca de máximos históricos de capitalización bursátil con 135.000 millones de euros, lo que la consolida como la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo. Este año, además, pone a disposición de sus accionistas múltiples canales para participar a distancia y la posibilidad de asistir de forma telemática, además de la asistencia presencial con reserva de asiento.

Durante la reunión, la compañía someterá a sus accionistas la aprobación de los resultados del ejercicio 2025, en el que invirtió 14.460 millones de euros e incrementó su beneficio neto en un 12% hasta alcanzar los 6.285 millones de euros.  

Iberdrola cuenta con cientos de accionistas en Canarias que este año recibirán un dividendo de 0,68 euros por acción. De hecho, en el orden del día se ha propuesto un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, que se suma a los 0,253 euros por acción abonados el 2 de febrero como dividendo a cuenta. De esta manera, se destinarán 4.500 millones a dividendos correspondientes al ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 12% respecto a la cuantía distribuida el año pasado.

Adicionalmente, la compañía ha propuesto por cuarto año consecutivo un dividendo de involucración de 0,005 euros brutos por acción (1 euro bruto por cada 200 acciones) que cobrarán todos los accionistas con derecho a participación si se alcanza un quórum de constitución de, al menos, el 70% del capital social. 

En cuanto al mercado local, durante 2025 Iberdrola ha alcanzando una cuota en el mercado eléctrico canario superior al 10%. Además, dispone de una infraestructura de recarga para vehículo eléctrico de 310 puntos distribuidos en 56 ubicaciones repartidas por todas las islas.

En el ámbito de la Administración Pública, ha formalizado contratos de suministro de energía eléctrica con 27 administraciones, reforzando así el posicionamiento de la compañía en el sector institucional.

Generación renovable

Iberdrola ha construido en estos últimos meses el parque eólico Finca San Juan, ubicado en Arico, en Tenerife. Con una potencia de 17,3 MW, produce energía limpia y renovable equivalente al consumo de cerca de 16.000 hogares, lo que supone una población cercana a la de La Orotava. Su producción llega a los 56 GWh/año, evitando 28.000 toneladas de emisiones de C02. 

También en Tenerife, Iberdrola España opera el parque eólico de Chimiche. Desarrollado con una agrupación de pequeños empresarios locales, cuenta con una potencia de 18,3 megavatios (MW). Actualmente, el parque abastece de energía limpia a una población equivalente a 15.000 hogares, evitando la emisión de 33.000 toneladas de CO2 al año. Además, cuenta con su primera planta fotovoltaica en Canarias desde 2023. Con 7 MW, Llanos Pelos III, en Fuerteventura, permite abastecer de energía limpia a más de 4.000 hogares. La planta ha recibido el Sello de Sostenibilidad de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) por todas las medidas ambientales emprendidas en el proyecto, relata la compañía en un comunicado.

Mercadona, empresa de supermercados físicos y de venta online, cerró el año 2025 con más de 700 proveedores canarios de producto, no comerciales y de servicio, con compras por valor de más de 810 millones de euros. 

En términos de empleo, Mercadona creó el año pasado 300 nuevos puestos de trabajo en las Islas, donde dispone de una plantilla compuesta por más de 5.100 personas. La compañía señala que ha sido pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad, y pone como ejemplo de ello la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento de IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos (en concreto en marzo de este año han sido dos mensualidades a los trabajadores con menos de 4 años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad).

Más de 810 millones de euros en compras en Canarias

El apoyo al tejido productivo se ha visto reflejado en un volumen de compras a proveedores canarios que alcanza los 810 millones de euros durante el 2025. Entre las compras a proveedores de producto, especialistas claves en la estrategia de Mercadona para ofrecer un surtido de calidad contundente que responda a las expectativas de sus clientes, figuran los 1,2 millones de kilos de pimiento; 1,8 millones de kilos de papaya; los más de 2 millones de kilos de aguacate; los 2,3 millones de kilos de sandía; los 5 millones de kilos de papa; los 7 millones de kilos de tomate y los 70 millones de kilos de plátano; cifras todas ellas que reflejan la apuesta decidida de la compañía por el sector agroalimentario del archipiélago.

20,7 millones de inversión

La inversión de Mercadona en Canarias también ha sido una constante en 2025, ya que ha ascendido a 20,7 millones de euros. De este total, 17,5 millones de euros han ido destinados a la mejora de su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección Listo para Comer; y 3,2 millones de euros, a actuaciones de mejora en los dos bloques logísticos de la compañía, sitos en Ingenio (Gran Canaria) y Granadilla (Tenerife), así como en su almacén satélite de Fuerteventura.

En cuanto a la mejora de la red de tiendas, la compañía ha abierto un supermercado (que han supuesto el cierre de otros dos por no cumplir los estándares requeridos por la compañía) en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria), y ha reformado una tienda en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife). A cierre de 2025, Mercadona contaba con 82 supermercados, 71 de los cuales respondían al modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Tienda 8), 70 tenían la sección Listo para Comer y 54 disponían de puntos de carga para vehículos eléctricos.

Cabe destacar asimismo que, en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado en la región 985 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 37 entidades sociales con las que colabora diariamente en Canarias, lo que equivale a más de 16.420 carros de la compra.

Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad. 

La apuesta de Mercadona por el sector primario español le ha permitido consolidar así su compromiso de disponer de producto origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable. De esta manera más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español, y todos los cítricos en temporada, destaca la compañía. 

De este modo Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización.

En 2025, este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, ha vuelto a “consolidar el liderazgo de Mercadona en el sector”, tal y como demuestran las cifras aportadas por la compañía. En 2025 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4% más que al año anterior.

Triple fracaso del Gobierno de Canarias con la bonificación del impuesto de sucesiones: las renuncias a herencias aumentan, las donaciones caen y la recaudación se desploma hasta niveles que solo se habían visto en 2020, el año de la pandemia, y en 2019.

Los últimos datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) confirman que el Archipiélago recaudó por este gravamen apenas 30,1 millones de euros en 2025, el dato más bajo en cinco años. En 2023, el último curso antes de que el Ejecutivo regional, formado por Coalición Canaria (PP) y el Partido Popular (PP), aprobara una bonificación del 99% del impuesto, la recaudación alcanzó los 82 millones. El agujero supera ya los 52 millones.

La intención de la Administración liderada por Fernando Clavijo (CC) era frenar las renuncias a herencias en las Islas y estimular las donaciones mediante la práctica supresión de este tributo, en línea con la política fiscal aplicada por las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Sin embargo, la realidad es tozuda: ni se han reducido las renuncias a herencias ni han aumentado las donaciones. Más bien al contrario.

Las renuncias “puras y simples” a herencias alcanzaron el año pasado los 2.133 actos, más que en 2024 (2.123) y 2023 (2.045), de acuerdo con los datos del Consejo General del Notariado. Las donaciones, lejos de aumentar, descendieron hasta las 9.448, frente a las 9.785 del ejercicio anterior.

El Gobierno de Canarias celebró inicialmente los efectos de la medida. En agosto de 2024, menos de un año después de aprobar la bonificación, el vicepresidente regional, Manuel Domínguez (PP), aseguró que las renuncias a herencias habían descendido durante el primer trimestre de ese año y que las donaciones se habían incrementado un 18% en el mismo periodo de tiempo.  

La bonificación del impuesto “dinamiza la economía canaria y contribuye a que las familias puedan mantener su riqueza patrimonial. Además, las viviendas también se pueden usar como residencia habitual o como activo económico y financiero”, dijo Domínguez. “No procedía trasladar una mayor carga final a las familias, tal y como hacía el Gobierno anterior, por la transmisión de unos bienes que constituyen, en esencia, el objeto de toda una vida de ahorro y trabajo”, agregó.

A largo plazo, no obstante, la imagen es otra. Y eso que la tendencia de la última década ya lo anticipaba: las renuncias a herencias se han cuadriplicado en Canarias en quince años y, según expertos en la materia, las causas tienen más que ver con la existencia de deudas asociadas al legado, conflictos personales o familiares y los costes derivados de aceptar la herencia que con la carga fiscal.

Pero el mantra de que la supresión de este impuesto aliviaría el bloqueo en las herencias ha continuado siendo bandera de la derecha en España allá donde gobierna, aplicando rebajas fiscales que provocan agujeros en las arcas públicas de más de 2.000 millones de euros al año, según un informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). En Canarias, las pérdidas entre 2002 y 2022 han sido de más de 350 millones, según ese mismo análisis.

“Lo advertimos desde el primer día, esta medida no tenía nada que ver con aliviar la situación de las familias canarias, y todo que ver con regalar beneficios fiscales a quienes más tienen”, señaló la diputada de Nueva Canarias Esther González. “Hoy los datos lo confirman, que se suprimió el impuesto y las renuncias a herencias no han bajado, sino que han subido”, remachó.

El grupo parlamentario de Sumar ha registrado precisamente este viernes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para crear un nuevo impuesto a las herencias y donaciones que superen el millón de euros, con el objetivo de que actúe de forma complementaria al tributo que ya existe sobre suceciones y donaciones para “combatir el ‘dumping’ fiscal entre comunidades autónomas”.

La iniciativa plantea que el gravamen garantice un suelo común de justicia tributaria y busca combatir prácticas de algunas comunidades, como Madrid o Canarias, donde se aplican bonificaciones que “benefician a grandes fortunas incluso con la exención”, apuntó el portavoz económico de Sumar en la Cámara Baja, Carlos Martín.

Martín ha subrayado que “España necesita un sistema fiscal que no mire hacia otro lado cuando se transmiten patrimonios millonarios”, enfatizando que “la igualdad de oportunidades no puede depender del código postal ni del tamaño de la herencia familiar”.

Hasta la Organización Internacional de Países Desarrollados lo ha dejado claro: “Unos impuestos de sucesiones bien diseñados pueden aumentar los ingresos y mejorar la equidad, con una eficiencia y costes administrativos inferiores a los de otras alternativas”, concluyó en un extenso informe publicado en 2021.