El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado la activación de todas las unidades policiales disponibles para este fin de semana en respuesta a la convocatoria de protestas violentas realizada en redes sociales y ante el temor a que deriven en episodios vandálicos, un dispositivo que se ha coordinado con la Subdelegación del Gobierno.

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez (CC), ha asegurado en un comunicado que las administraciones competentes mantienen una conexión constante para atender cualquier eventualidad que pueda registrarse durante la jornada del sábado.

Todas las unidades policiales disponibles están activadas “por si fuera necesario intervenir ante cualquier hecho violento durante este próximo fin de semana” y la Policía Local y la Policía Nacional “están conectados y coordinados para atender cualquier eventualidad”, ha subrayado el alcalde.

“Santa Cruz es una ciudad pacífica y tolerante. Es algo que nos caracteriza y que debe seguir siendo así”, ha señalado Bermúdez después de que se haya difundido en las redes sociales algunas convocatorias.

El alcalde ha remitido una carta a la Subdelegación del Gobierno “para trasladar su preocupación ante los mensajes difundidos y la situación generada, así como para mantener la interlocución con la Administración del Estado en relación con los posibles escenarios de este fin de semana”.

La Subdelegación ha respondido que se ha dado traslado del asunto a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, “la cual está haciendo un seguimiento de la situación y se pondrá en contacto con los responsables de seguridad del Ayuntamiento ante cualquier circunstancia que requiera coordinación”, indica el Consistorio.

Bermúdez ha precisado que este fin de semana ya estaba previsto el retorno de la Unidad de Intervención Policial (Unipol), “un complemento necesario y requerido por la ciudadanía para mejorar la seguridad en el municipio”.

“Espero que se trate de una alerta infundada, pero estamos activados y preparados ante lo que pueda ocurrir, en coordinación con las autoridades competentes”, ha señalado José Manuel Bermúdez. 

La Unidad de Intervención Policial (Unipol) de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife comenzará a prestar servicio en el municipio a partir de este próximo fin de semana, después de cinco años de inactividad en la ciudad tinerfeña.

En un comunicado, el Ayuntamiento detalla que incorpora un total de 36 efectivos entre agentes y mandos.

Además, desde el consistorio señalan que la decisión de esta reactivación se fundamenta en recuperar la labor de la unidad para mejorar la seguridad y la convivencia tanto en los barrios de la capital tinerfeña como en los lugares en los que sea necesaria su presencia.

El Ayuntamiento asegura que los integrantes de la nueva Unipol llevan dos semanas de formación intensiva para aplicar sus métodos de trabajo, intervención y planificación de los servicios.

También se ha incluido en este plan formativo cuestiones básicas de la labor en equipo; instalación de Dispositivo Estáticos de Control (DEC); las habilitaciones necesarias para el uso de la dotación policial autorizada para este tipo de unidades; protocolos para intervenciones en locales; en plazas y parques; o incluso en eventos multitudinarios.

Por otro lado, se han aplicado bases teóricas normativas sobre el código de conducta, disciplina, imagen, responsabilidad, autoprotección y funcionamiento interno.

Junto a la preparación física, otro aspecto primordial para el trabajo de intervención, se han entrenado múltiples supuestos prácticos; realizado prácticas de reciclaje y perfeccionamiento en el uso y manejo del arma reglamentaria; junto al recordatorio del marco teórico normativo y los principios de actuación basados en la proporcionalidad y congruencia en el uso de los medios de defensa.

La Unipol mantendrá su base en la zona de Los Campitos, espacio en el que se vienen desarrollando mejoras para que cumpla con las mejores condiciones de trabajo para sus integrantes.

También, el Ayuntamiento señala que se ha actualizado todo el material de intervención y se contará con herramientas de trabajo como las pepper-ball o los dispositivos electrónicos de control, para lo que se han realizado las habilitaciones necesarias que permitirán a los agentes su manejo.

En principio, la Unipol también dispondrá de un total de cuatro furgones de intervención policial y una pick-up para su desplazamiento por el territorio municipal.

El estacionamiento subterráneo de la plaza de España de Santa Cruz de Tenerife parece gafado. Como otros cinco aparcamientos de la capital tinerfeña, fue concedido por el Ayuntamiento santacrucero a empresas privadas hace muchos años, en este caso a Interparking.

Sin embargo, desde enero de 2025 caducó la concesión de un espacio con 564 plazas para estacionar, que presenta desde hace tiempo múltiples problemas de filtraciones, humedades y desperfectos en parte de los techos; que requiere otras mejoras, como la creación (por normativa) de un ascensor, y que el Consistorio decidió recuperar para la gestión pública, aunque asumiendo precisamente con fondos públicos unas obras calculadas en unos tres millones de euros cuando el contrato obligaba a la compañía (que ha seguido con prórrogas) a asumir el mantenimiento.

Como los aparcamientos de Tomé Cano, Puerto Escondido, Puente Serrador, Plaza Weyler y Estadio, la explotación de este estacionamiento de la plaza de España o avenida de Anaga fue concedido por 50 años con un canon medio por plaza al año de 40,9 euros cuando un propio estudio del Ayuntamiento aconsejaba una muchísimo más elevado, de hasta 396 (y a 32 años), tal y como criticaron grupos de la oposición desde el mandato de 2019-23, sobre todo Ramón Trujillo (IU, Podemos y Equo). Es decir, que donde el ayuntamiento debía recaudar 1,44 millones al año de las distintas empresas concesionarias sólo recibía unos 148.000 euros, lo que supone un enorme margen para unas compañías que, encima, han ido aplicando un sobreprecio oscilante del 16 al 66%, el máximo permitido.

La media por plaza se sitúa en los 60,2 euros y el Ayuntamiento ha ido exigiendo a las compañías una reducción de tarifas que sí podrá aplicar una vez recupere la titularidad pública de, al menos, este aparcamiento, operación que, sin embargo, se ha ido complicando y retrasando desde enero de 2025.

Pese a ubicarse en una zona clave de la ciudad, junto al Cabildo, el Puerto, la Avenida Marítima o de Anaga y puntos estratégicos de la capital, este estacionamiento no ha corregido del todo sus problemas de filtraciones y humedad en varias zonas, lo que ha impedido el uso de esas partes. Unas obras calculadas ahora en esos tres millones (exactamente en 3,1) y que, pese a que el mantenimiento correspondía a la concesionaria, el Ayuntamiento prefiere asumir una vez se encargue de la gestión mediante la empresa Viviendas Municipales.

Problemas burocráticos que retrasan la reconversión  

Dificultades burocráticas para esa reconversión de la titularidad han ido retrasando el cambio desde julio pasado. Tampoco se pudo consumar en septiembre y, de momento, la concejal responsable de dicha compañía pública, Belén Mesa (CC), espera cerrarla antes de que llegue 2027, aunque los precedentes no resultan muy prometedores.

Los problemas con la estructura fueron constatados por los técnicos municipales hasta el punto de que advirtieron de los riesgos durante el pasado Carnaval porque encima (o muy cerca, depende de la gente que haya) va uno de los escenarios. Esas carencias permanecen y convierten ese desembolso de dinero en algo controvertido porque la concesión desde los años 80 (cuando se crea este subterráneo) apuntaba al mantenimiento por parte de la empresa adjudicataria, según consta en la documentación consultada por este periódico.

Las obras previstas no sólo pretenden corregir las filtraciones, humedades y desperfectos, especialmente en los techos y cubiertas, sino reforzar en general la estructura (paredes, techos, pilares…), incorporar un ascensor (225.000 euros) e introducir otras mejoras en los servicios en pro de la modernización de un estacionamiento clave de 564 plazas, como todo lo relativo a la seguridad. Un proyecto que dependerá ahora de Viviendas Municipales, al encargarse de la gestión pública del aparcamiento.

Desde el vencimiento de la concesión, la empresa ha ido acumulando prórrogas sin que se cumplieran las fechas anunciadas por el gobierno local (CC-PP) para esa recuperación pública. Una reconversión con la que se busca reducir las tarifas de verdad y mejorar las prestaciones, aunque de momento sigue retrasándose y quizás se llegue a 2027 y hasta cerca de las elecciones con la misma situación: un estacionamiento en un sitio clave sin ser aprovechado como convendría, con prórrogas en la concesión y en una ciudad con un alarmante problema de plazas públicas, aunque sea pagando.

El Ayuntamiento, eso sí, quiere subrogar a los trabajadores y proveedores de los servicios de mantenimiento y rebajarle las tarifas a los abonados y clientes puntuales. Sin embargo, esto se topa con la complejidad de cambiar los sistemas informáticos que controlan las barreras y los datos bancarios de los que cuentan con bono para que, desde entonces, la empresa pública se ocupe de la recaudación.

El papel de una asociación vecinal

La situación de este aparcamiento no sólo fue denunciada hace años por Trujillo, sino, en los últimos ejercicios, por la asociación de vecinos El Perenquén, que no sólo critica su estado sino los incumplimientos constantes de plazos y, por tanto, las prórrogas de una concesión que considera fracasada y perjudicial.

Los informes existentes, como el del Carnaval, no hablan de “peligro”, pero sí de seguridad insuficiente por el estado de la estructura y siempre han recomendado las mejoras, que fue haciendo la empresa, pero sin evitar que ahora se necesite una inversión pública de esos tres millones. 

En los últimos Carnavales, tras la denuncia pública de dicha entidad vecinal, el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reconoció en una nota de prensa que este aparcamiento, en cuya superficie se celebra parte de la fiesta (muy cerca del escenario donde ha actuado Juan Luis Guerra y otros artistas de relieve mundial), no presenta la suficiente seguridad en diversos tramos por el estado de su techo. Es más, el Consistorio recalcó que le requirió “formalmente a la empresa concesionaria la adopción inmediata de nuevas medidas de seguridad tras constatar que las actuaciones ejecutadas hasta el momento resultan insuficientes”.

“El pasado 9 de febrero, técnicos municipales realizaron una visita de inspección en la que se detectaron daños estructurales derivados de procesos de corrosión en armaduras de los forjados, con pérdida de recubrimiento de hormigón y desprendimientos puntuales de cascotes. En ese momento, se indicó verbalmente a la concesionaria la necesidad de ampliar las medidas preventivas urgentes, reforzar el apuntalamiento en las zonas afectadas y mejorar el cerramiento y balizamiento de las áreas con riesgo”, señalaba la citada nota.

El viernes 13, los técnicos comprobaron que las actuaciones llevadas a cabo no fueron ejecutadas “de forma completa ni correcta, persistiendo deficiencias relevantes desde el punto de vista de la seguridad. En concreto, seguía habiendo zonas con armaduras vistas y pérdida de recubrimiento de hormigón que no fueron debidamente apuntaladas, ni se garantizó un cerramiento efectivo e infranqueable en áreas donde existen desprendimientos o riesgo potencial de caída de fragmentos de hormigón, y el balizamiento instalado no cumple en todos los casos con las condiciones mínimas de seguridad exigibles”.

Ante estos riesgos, la concejalía de Servicios Públicos concedió un plazo máximo de 72 horas para el cumplimiento íntegro de las medidas ordenadas. Pese a las intervenciones posteriores, el erario público deberá invertir tres millones de euros para completar las reformas y mejoras necesarias, reconociendo el propio gobierno local que la empresa ha preferido no incorporar el preceptivo ascensor porque le resultaba mucho más rentable seguir pagando las multas (solo de 90 euros) por su carencia que hacer una obra calculada ahora en 225.000 euros.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Sostenibilidad, llevará a cabo la próxima semana una nueva campaña de actuaciones de control integral de plagas en diferentes barrios de los distritos Centro y Anaga.

Los trabajos se enmarcan en la programación periódica que desarrolla el Consistorio para prevenir la aparición de focos y mantener unas adecuadas condiciones de salubridad en los espacios públicos, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

De esta manera, el calendario comenzará el lunes, con intervenciones en El Toscal, en el distrito Centro. El martes, los trabajos se trasladarán a Los Campitos, mientras que el miércoles, las actuaciones se desarrollarán en el barrio de La Alegría. La planificación continuará el jueves en Valleseco y concluirá el viernes en María Jiménez, todos ellos pertenecientes al distrito Anaga.

Las actuaciones comprenden labores de vigilancia y tratamiento destinadas a prevenir y controlar la presencia de roedores, insectos y otras especies que pueden generar incidencias en el entorno urbano.

El Ayuntamiento ha recordado aquí que la programación preventiva se complementa con las intervenciones que se activan cuando los servicios municipales reciben avisos de la ciudadanía. La información trasladada por los vecinos y vecinas permite localizar posibles puntos de incidencia y contribuir a una respuesta más rápida y ajustada a las necesidades de cada espacio.

En este sentido, el Consistorio recomienda utilizar la aplicación SC Mejora para comunicar la presencia de roedores, cucarachas, avispas u otras especies que puedan ocasionar molestias o riesgos en la vía pública. A través de esta herramienta, los avisos quedan registrados y pueden ser objeto de seguimiento por parte de los servicios municipales correspondientes.

Izquierda Unida Canaria (IUC) ha reclamado este martes al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), que deje de destinar dinero público a defender judicialmente la permanencia del monumento dedicado al dictador Francisco Franco y ha pedido transparencia sobre el coste de los procedimientos.

La organización critica la decisión municipal conocida este lunes de presentar un nuevo recurso judicial para mantener el monumento, y añade que los recursos públicos deberían destinarse a atender las necesidades sociales de la ciudadanía, mejorar los barrios y reforzar los servicios públicos.

IUC sostiene que la memoria democrática no implica borrar la historia, sino evitar los homenajes públicos a quienes acabaron con las libertades, y defiende que estos espacios deben abordarse desde el estudio y la contextualización histórica.

La organización también reclama conocer el coste acumulado de los procedimientos judiciales, los informes y los recursos destinados a mantener el monumento, así como el gasto previsto para la nueva iniciativa judicial, ya que el Ayuntamiento, tras varios recursos, no ha informado de cuánto están costando a los contribuyentes de Santa Cruz.

“El dinero público debe servir para mejorar la vida de la gente, no para perpetuar homenajes a una dictadura”, afirma el coordinador de IUC Tenerife, Francisco Santamaría, quien reclama al Ayuntamiento que priorice las políticas sociales y el cumplimiento de la legalidad en materia de memoria democrática. 

La Junta Electoral Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado al Ayuntamiento de la capital la retirada inmediata de la nota de prensa titulada Bermúdez acusa al PSOE de engañar a los vecinos de Santa Cruz con la tasa de basura. La nota se publicó el pasado 6 de octubre en la web oficial municipal y se difundió en las redes sociales institucionales. El acuerdo, adoptado por unanimidad y fechado este lunes 19 de octubre, estima parcialmente la denuncia presentada por el Partido Socialista Obrero Español contra el alcalde, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La Junta declara que el comunicado vulnera el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El Ayuntamiento deberá eliminarlo de la web y de todas las redes sociales institucionales en las que se haya publicado, y comunicar después al órgano electoral que ha cumplido la orden. Además, requiere al alcalde a que, hasta la celebración de los comicios, se abstenga de difundir por medios institucionales comunicaciones que aludan a realizaciones o logros o que contengan valoraciones con connotaciones electoralistas. El órgano le advierte de las consecuencias legales si no lo cumple.

Carga partidista

En su resolución, la Junta Electoral reconoce que parte del contenido de la nota podía tener interés general en lo que tendría que ver con las explicaciones sobre el régimen jurídico de la tasa municipal de recogida de residuos, sobre su exigibilidad mientras no haya un pronunciamiento judicial que afecte a su aplicación y sobre las cautelas que deben tener los vecinos al ceder sus datos personales. Según la Junta, estos aspectos, aisladamente y expuestos de forma objetiva, podían considerarse información vinculada al funcionamiento de los servicios municipales.

Sin embargo, el órgano electoral aprecia que el texto incluye «expresiones de confrontación política directa» con el PSOE al atribuir responsabilidades políticas al presidente del Gobierno y a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Patricia Hernández. También contiene valoraciones críticas que van más allá de explicar el marco jurídico del tributo.

La Junta concede «especial relevancia» a la afirmación de que la tasa de basura se habría mantenido estable e incluso reducido durante los últimos años bajo la gestión municipal. Esa afirmación se contrapone a la responsabilidad que la nota atribuye al Gobierno de España por su incremento. A juicio del órgano electoral, esto introduce una valoración favorable de la gestión propia y otra desfavorable de una formación que concurre a las elecciones. Por ello concluye que la difusión de la nota a través de la web oficial «resulta incompatible con el deber de neutralidad exigible durante el período electoral».

Pese a todas estas consideraciones, la Junta Electoral de Santa Cruz de Tenerife ha decidido no abrir expediente sancionador contra el alcalde Bermúdez, y por eso la estimación de la denuncia del PSOE es solo parcial. 

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento (CC y PP) prepara un nuevo recurso contra la orden de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que exige retirar el monumentol dictador Francisco Franco situado en la capital isleña, al considerar que existen argumentos legales para mantenerlo por sus posibles valores artísticos. Cabe recordar que dichos supuestos valores han sido negados en más de una ocasión por diferentes comités de expertos y por ambas universidades públicas canarias y que solo un estudio sí reconocía esos valores, pero obviaba precisamente los valores franquistas del conjunto.

El propio Gobierno de Canarias concluyó el pasado agosto que la obra no puede ser catalogada como Bien de Interés Cultural, tras los dictámenes desfavorables de los órganos técnicos y del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias. Por otro lado, la justicia tampoco ha dado la razón a Bermúdez, ya que ha rechazado los recursos interpuestos contra la decisión de no catalogar como BIC la obra.

Pese a ello, el alcalde se aferra, una vez más, a los supuestos valores artísticos del monumento. Alega que la legislación de memoria democrática contempla la posibilidad de proteger elementos de estas características cuando concurran valores artísticos que deban ser ponderados por la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico. Es decir, ignorar los múltiples informes que niegan un valor artístico y fiarlo todo a un informe que haga el propio Ayuntamiento.

“¿Qué estoy pidiendo? Que se aplique la ley. No que no se aplique la ley. Que se aplique la ley como la ley está escrita”, ha afirmado Bermúdez, quien ha sostenido que determinados artículos de la norma deben tenerse en cuenta al valorar el futuro del monumento.

El regidor ha insistido en que su posición no supone rechazar la aplicación de la legislación vigente, sino defender que se tengan en cuenta todas sus disposiciones, incluidas las relativas a la protección patrimonial.

El Ayuntamiento trabaja en la preparación del recurso, que aún no ha sido presentado, según ha indicado Bermúdez, que no ha explicado cuánto dinero de los contribuyentes ha invertido ya para intentar mantener en las calles de Santa Cruz de Tenerife una escultura en homenaje a un dictador.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), ha dictado otra orden a los servicios jurídicos municipales para interponer un nuevo recurso, esta vez un contencioso-administrativo ante el Estado, para intentar evitar que se elimine de la ciudad el último gran vestigio del franquismo, el llamamo monumento a Franco en la Avenida de Anaga.

El alcalde emprende esta nueva cruzada una vez se rechazó el recurso de alzada contra la resolución de 29 de junio de 2026 de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática que incluye el monumento a Franco en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y dio seis meses de plazo para su demolición tras ser descartado como Bien de Interés Cultural (BIC).

De hecho, fue el propio Gobierno canario el que concluyó que el monumento no tiene ningún valor cultural y, por tanto, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, debe ser retirado, a lo que el alcalde lleva años oponiéndose.

La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ampara en la ley de bases de Régimen Local, la ley de municipios de Canarias y el propio reglamento orgánico del consistorio y da vía libre a las áreas de Cultura y de Patrimonio, en coordinación con la asesoría jurídica municipal, para presentar el recurso.

El Ayuntamiento sostiene que la orden de retirada del monumento de Juan de Ávalos debería quedar en suspenso mientras se tramita su inclusión en el catálogo municipal de bienes patrimoniales que tramita la Gerencia de Urbanismo.

El Ayuntamiento de Santa Cruz, gobernado durante más de 12 años por Bermúdez, junto al PP, lleva años dilatando el cumplimiento de la ley encargando diferentes estudios y recurriendo a los tribunales en busca de protección para la escultura, que representa al dictador y al avión Dragon Rapide. Por encargo de Bermúdez, el Ayuntamiento gastó más de 56.000 euros en un catálogo de vestigios que determinara qué calles había que cambiar exactamente, pese a que el Catálogo realizado por el Gobierno de Canarias ya lo especificaba. También recurrió ante la justicia este mismo catálogo.

En 2018 encargó más informes para tratar de encontrar los “valores artísticos” de la obra. Así, pidió un estudio a expertos a la Universidad de La Laguna (ULL), otro a la Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel de Arcángel y otro al Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) para conocer el valor “cultural y patrimonial” del monumento a Franco. La conclusión fue que dos de los informes negaron esos valores y el tercero sí lo reconoció, pero con un detalle: en el informe no se hace referencia ni una sola vez a por qué fue erigida la escultura, ni qué representa.

El grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al alcalde que realice los cambios en las áreas gestionadas por este partido para que la candidata del partido a la alcaldía en las próximas elecciones municipales, Carmen Pérez, asuma la portavocía del PP y la primera tenencia de alcaldía, desplazando así al hasta ahora cabeza de lista, Carlos Tarife.

Según ha informado este lunes el Ayuntamiento, el alcalde, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), ha firmado el decreto por el que se establece esa nueva distribución de las responsabilidades institucionales desarrolladas por el PP, su socio de gobierno en el consistorio.

La reorganización contempla también una nueva distribución de las tenencias de Alcaldía del Partido Popular, de manera que Carlos Tarife pasa a ocupar la tercera tenencia de alcaldía; Zaida González ocupará la quinta, y Alicia Cebrián, la séptima, mientras que Santiago Díaz Mejías deja de ostentar esta condición.

En cuanto a las portavocías adjuntas del PP, estas serán desempeñadas por Carlos Tarife y Zaida González.

En lo que se refiere a las áreas de gobierno, se mantienen las competencias actualmente asignadas a los concejales del Partido Popular, con la excepción de las áreas de Planificación Estratégica y Mercado, que pasan de Carlos Tarife a Carmen Pérez.

El resto de las responsabilidades de gobierno mantienen su actual distribución.

El decreto incluye igualmente la modificación de la representación municipal en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, donde Carmen Pérez sustituirá a Carlos Tarife como vocal representante del Ayuntamiento.

Los problemas con el agua pública en diversas viviendas de Santa Cruz de Tenerife, sobre todo de los últimos pisos de edificios de núcleos como Cruz del Señor, Los Gladiolos o Alcalde Mandillo Tejera, continúan y aumentan la desesperación de sus propietarios o inquilinos. Aunque la presión del agua ha aumentado un poco en los últimos días, según señala a Canarias Ahora Domingo Valera Guimerá, uno de los afectados, sigue siendo claramente insuficiente para disfrutar de agua caliente, usar la lavadora (con lo que eso implica) o, en muchos casos, esperar a ver si cae alguna gota en otros grifos, pero nada, de ahí no cae nada, como muestran los vídeos que acompañan esta información.

Como adelantó Atlántico Hoy, en algunos casos, esta situación se produce desde el pasado mes de junio y, en otras viviendas, los cortes o la escasa presión surgió de repente en agosto. En el caso de Domingo Valera, experimentó una pequeña mejora tras semanas sin nada de presión, pero continúa viéndose obligado a usar agua embotellada, no puede bañarse con líquido caliente porque la fuerza es insuficiente para activar el termo, ha de recurrir a pequeños depósitos y bombas de agua para dar una presión mínima y poder ducharse y, eso sí, sigue pagando las facturas de Emmasa, la empresa concesionaria de este servicio en la capital tinerfeña.

Según sus cálculos, al menos en su entorno se ven afectados un centenar de personas, dado el número de viviendas con estos problemas, y la explicación que le ha dado hasta ahora la compañía es que tuvieron que reducir la presión, pero sin más soluciones y sosteniendo esta complicada situación en el tiempo.

El problema afecta a personas mayores, niños y familias enteras en edificios en los que no existe depósitos de agua en las azoteas para eventualidades. Una solución temporal que tampoco convencería ahora a Domingo, ya que son los últimos pisos los que más sufren la escasa o inexistente presión y esos depósitos, aunque pudiesen paliar un poco la falta de agua, al poco se acabaría la almacenada y no se podría reponer precisamente por situarse en la parte más elevada de cada edificación, “con lo que estaríamos en las mismas”.

Por supuesto, Domingo, como el resto de afectados, exigen una solución urgente para un servicio básico que, de momento, pagan pero no disfrutan en pleno verano de 2026. Por eso, no sólo han protestado y exigido medidas al consistorio y a la compañía (se plantearon opciones como un aljibe o una gran bomba), sino que algunos han recurrido a los juzgados y a la Diputación del Común.

Canarias Ahora intentó conocer la versión del concejal de Servicios del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife, sin éxito. Fuentes municipales indicaron que el edil ya hizo declaraciones en agosto sobre problemas con el agua, aunque en ese caso se refería a los barrios de Tío Pino, García Escámez, Chamberí y Los Moriscos, que perdieron el suministro por un problema puntual en el depósito de Puerta Grande, aunque con previsión de pronta resolución porque los operarios ya trabajaban en esa situación.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha vallado la céntrica plaza del Príncipe de la capital para desarrollar una campaña de control de plagas en el entorno del quiosco al detectarse indicios de la presencia de ratas.

La corporación local informa de una actuación reciente, a través del área de Servicios Públicos y la empresa Rentokil Initial, en este ámbito de la capital.

Los indicios de presencia de roedores observados en la plaza del Príncipe se corresponden con la rata negra o arborícola, una especie que puede desplazarse por zonas elevadas y resultar más visible, “circunstancia que puede incrementar la percepción ciudadana de su presencia”, indica el Ayuntamiento.

“Las medidas adoptadas han permitido contener la incidencia y el entorno continuará sometido a seguimiento técnico para evaluar su evolución y prevenir nuevas apariciones”, esgrime la corporación local.

El quiosco de la plaza del Príncipe está cerrado desde hace varios meses y sigue pendiente a una nueva adjudicación, por lo que desde entonces esa zona ha sufrido el deterioro de una zona en desuso.

La existencia de huecos, el sótano y el deterioro de la tarima de madera situada dentro del perímetro vallado pueden facilitar el refugio de estos animales, explica el Ayuntamiento.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, afirma que cuando se detecta alguna señal que pueda requerir una intervención, se activa el protocolo correspondiente y se trabaja de manera coordinada para atajar la incidencia y evitar que pueda extenderse.

Bermúdez subraya que existe una estrategia preventiva en toda la ciudad, con actuaciones programadas y atención a las incidencias que comunican los vecinos y vecinas.

El concejal de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, detalla que la intervención en la plaza del Príncipe ha consistido en una “limpieza intensiva” de ésta y su entorno, la retirada de restos vegetales y de la tarima deteriorada, el acondicionamiento preventivo del espacio y el refuerzo de las medidas de control de roedores.

Tarife recalca que el control de plagas urbanas es un servicio que se presta de manera continua y que requiere tanto actuaciones preventivas como una respuesta rápida ante cualquier incidencia detectada.

Actualmente, los equipos municipales y la empresa adjudicataria están completando las actuaciones previstas en los centros educativos, mientras continúan los trabajos programados en los barrios y la atención de las incidencias comunicadas, de acuerdo con su nivel de prioridad.

El Ayuntamiento de Santa Cruz recomienda recurrir a la aplicación 'SC Mejora' para notificar incidencias en los espacios públicos, como la presencia de roedores, y consultar servicios municipales en tiempo real.

Y recuerda que “la implicación de la ciudadanía es fundamental para que estas actuaciones sean realmente efectivas. Una gestión adecuada de los residuos y evitar dejar restos de comida en la vía pública son medidas sencillas que ayudan a reducir la aparición de plagas, ya que estos restos constituyen una fuente de alimento para animales como roedores e insectos”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pondrá en marcha una nueva medida de apoyo con motivo del inicio del curso escolar destinada a ayudar a las familias con mayores dificultades económicas a afrontar los gastos de la vuelta a las aulas. El Consistorio distribuirá tarjetas de ayuda de 50 euros para la adquisición de material escolar, una iniciativa posible gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Fundación DinoSol.

La planificación prevista permitirá distribuir estas tarjetas entre familias en situación de vulnerabilidad a través de la red de entidades colaboradoras que trabajan con el Ayuntamiento y, en concreto, mediante la entidad Bancoteide, encargada de canalizar su reparto.

Estas ayudas se financian a través de las tarjetas adicionales contempladas en el convenio firmado el pasado mes de julio entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación DinoSol. El acuerdo establece una aportación equivalente al 3% de la facturación anual de las tarjetas básicas adquiridas por el Consistorio para las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS), que podrá destinarse, entre otros fines, a la adquisición de material escolar.

El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Fundación DinoSol refuerza los recursos municipales destinados a la atención de personas y familias en situación de vulnerabilidad. Gracias a esta colaboración, la Fundación aporta tarjetas adicionales financiadas íntegramente por la entidad, que pueden destinarse a diferentes necesidades sociales, entre ellas la adquisición de material escolar.

Acogida temprana desde el primer día de clase

El Ayuntamiento de Santa Cruz activará también el servicio de acogida temprana desde el primer día de clase, el próximo 9 de septiembre, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias del municipio.

Para garantizar la prestación de este servicio, el Consistorio realiza una inversión de 420.000 euros, reforzando así una medida especialmente importante para muchas familias en el inicio del curso escolar.

Más de un millón de euros en mejoras en los colegios

La vuelta a las aulas llega también después de un verano en el que el Ayuntamiento ha realizado diferentes las actuaciones de mejora en los colegios públicos del municipio. En lo que va de año, el Consistorio, a través del área de Obras e Infraestructuras, ha destinado más de un millón de euros a obras dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y confort de los centros educativos.

Durante los meses de verano se han ejecutado actuaciones en diferentes colegios de Santa Cruz, aprovechando el periodo de menor actividad lectiva. Los trabajos han incluido la renovación de ventanas, la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas, la reforma de baños, la instalación y renovación de pérgolas, trabajos de pintura, la mejora de vallados y otras actuaciones de conservación.

Entre las intervenciones realizadas se encuentran el cambio de ventanas en el CEIP Julián Rojas de Vera y en las aulas de Infantil del CEIP Miguel Pintor; la impermeabilización de la cubierta y la renovación de bajantes del CEIP Salamanca; la instalación de una nueva pérgola en el CEIP Ágora y la reforma de los baños en los CEIP Chapatal y Los Verodes.

También se han desarrollado trabajos de pintura, impermeabilización y rehabilitación en otros centros del municipio, así como actuaciones para mejorar los espacios exteriores y las zonas comunes.

A esta inversión en obras se suma el esfuerzo económico que el Ayuntamiento realiza anualmente para garantizar el correcto funcionamiento de los colegios públicos de Santa Cruz. El Consistorio destina cerca de cuatro millones de euros cada año a servicios vinculados a los centros educativos, entre los que se encuentran el mantenimiento, la limpieza, el suministro eléctrico, los sistemas de alarma y contraincendios y el mantenimiento de los ascensores.

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, ante los incumplimientos de la prohibición de acceso a la playa de Benijo por grave riesgo de desprendimientos (la playa, una de las más emblemáticas de la isla, lleva cerrada dos años), ha anunciado que procederá a denunciar a todas las personas que no respeten estas indicaciones.

En la tarde de este jueves fue necesario desalojar de dicha playa, con apoyo de la Unidad de Drones (UDRON) de la Policía capitalina, a casi un centenar de personas que habían accedido a la zona pese a las restricciones.

Esta decisión se fundamenta en los riesgos que presenta el talud en ese punto del litoral donde se producen habitualmente desprendimientos que afectan tanto al acceso como a la propia playa, indicael Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ordenó en el año 2024, el cierre de esta playa hasta que se puedan realizar los trabajos necesarios para asegurar la estabilidad de la zona y prevenir accidentes entre los bañistas o usuarios.

A pesar de ello, es bastante habitual que tanto la Policía Local como otros servicios municipales tengan que intervenir en esa zona “ante la falta de respeto y conciencia de muchas personas que siguen accediendo a la playa”, indica el Ayuntamiento.

Añade que desde el cierre se han producido numerosos daños y actos de vandalismo tanto con la señalización de prohibición dispuesta en el lugar como con el vallado y cierres de los accesos.

Este comportamiento incívico, además de los costes materiales que supone, genera riesgos a otras personas que desconocen la prohibición y acceden a la playa sin saber esa información.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, hace un llamamiento a la responsabilidad y señala que el riesgo es real en este punto de la costa de Santa Cruz, donde se ha producido numerosos desprendimientos, motivo por el que se procedió al cierre de los accesos para evitar cualquier tipo de accidente.

Por su parte, la concejala de Seguridad, Gladis de León, apela al “sentido común” de quienes se acercan a ese punto de la costa de Anaga, y detalla que “junto con las sanciones, se incrementará la presencia de la UDRON ya que permite detectar si hay personas en playa y ordenar el desalojo de la misma”.

Desde el cierre de la playa la Policía Local ha utilizado muchas veces las unidades de dron para visualizar la presencia de bañistas y usuarios en la playa de Benijo y además con esa herramienta también se han registrado los desprendimientos que se han ido sucediendo a lo largo de este tiempo en la zona.

Como medida preventiva, los pilotos policiales de esta unidad generaron un audio preconfigurado que puede ser reproducido desde el dron y que se repite en bucle mientras la aeronave sobrevuela la playa.

La Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén, la misma que logró tumbar en los tribunales el polémico carril bici por el centro de la Santa Cruz de Tenerife y la Zona de Bajas Emisiones (en ambos caso, por defectos en su tramitación) ha expresado este martes su malestar por el hecho de que el Ayuntamiento, Gobernado por CC y el PP, no ha hecho efectivo el pase a gestión pública del aparcamiento de la Plaza de España el pasado 1 de julio, como había anunciado la corporación.

El colectivo vecinal califica en un comunicado esta situación como “un nuevo episodio del día de la marmota” y exige al gobierno local que abandone las promesas y actúe de forma inmediata, al tiempo que recuerda que la municipalización iba acompañada de una bajada de tarifas.

La entidad señala que el alcalde, José Manuel Bermúdez, anunció en 2023 que el aparcamiento sería “totalmente público” tras la finalización de la concesión en enero de 2025.

Sin embargo, el Ayuntamiento otorgó una prórroga a la empresa Interparking, aplazó la fecha en dos ocasiones más y, finalmente, la concejala de Viviendas Municipales, Ana Belén Mesa, fijó el 1 de julio como el “plazo definitivo”.

A día de hoy el aparcamiento sigue gestionado por la misma concesionaria, las tarifas no han bajado y los vecinos no han recibido ninguna comunicación oficial sobre el estado del proceso, afirma la Asociación, que asegura que le indigna “no solo el retraso, sino la falta de transparencia” y asevera “que esta es la cuarta vez que nos toman el pelo”.

El Perenquén insiste en que, mientras el Ayuntamiento dilata la municipalización, los ciudadanos siguen pagando unas tarifas que califican de “incomprensibles y desproporcionadas”.

Asimismo la asociación vecinal ha recordado que el aparcamiento está apuntalado por problemas estructurales y subraya que debe ser la empresa Interparking la que pague el arreglo “pero nos tememos que vamos a ser los ciudadanos”.

“Queremos que el parking de la Plaza de España sea público, barato y bien gestionado, y que dejen de tratarnos como si fuéramos ingenuos. Santa Cruz merece unos aparcamientos dignos de una capital de provincia”, concluye Urban Perenquén.

Esta misma asociación ya denunció hace meses la “situación crítica” de los aparcamientos en la ciudad. Citando un informe elaborado por la propia asociación, esta aseguró que la gestión por parte de empresas privadas de los aparcamientos públicos de la ciudad, pese a que estos han sido financiados y construidos con dinero del Ayuntamiento, ha derivado en un modelo que “prioriza el beneficio económico frente a las necesidades reales de la ciudadanía”.

El estudio, que analiza las condiciones de parkings clave como Plaza de España, El Pilar, Plaza Weyler o Prolongación Ramón y Cajal, evidencia, según la asociación, que los vecinos que residen en el centro se enfrentan a “precios abusivos, falta de transparencia, listas de espera cerradas y un acceso limitado a abonos mensuales que realmente se ajusten a un uso residencial”.

“Empresas como Interparking, APK2 Gestión o Telpark aplican tarifas que varían sin justificación, eliminan la cartelería con los precios de los abonos y dificultan deliberadamente el acceso a la información. En el caso del Parking El Pilar, no existe ni web ni teléfono de contacto, obligando a acudir físicamente para conocer las tarifas”, denunció la asociación.

Lo dice la Ley y lo dice el propio Gobierno de Canarias: el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife no tiene valor artístico y, al ensalzar la dictadura de Franco, debe ser retirada de la vía pública. El Ayuntamiento dispone de menos de seis meses para cumplir y quitar ese vestigio de la dictadura de las calles de la capital tinerfeña, pero este lunes el alcade, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), ha anunciado un nuevo intendo de la corporación para evitar dar cumplimiento a las leyes de Memoria Democrática.

En esta ocasión, dedicará recursos públicos y el dinero de los contribuyentes a encagar un nuevo estudio para incluir la escultura en el catálogo municipal de patrimonio con un grado de protección integral, “por sus posibles valores artísticos”, valores que ya han sido descartados en diversas ocasiones por expertos de las universidades canarias y, más recientemente, por el Consejo de Patrimonio Cultural del Gobierno canario.

Sin embargo, Bermúdez intenta de nuevo eludir cumplir la Ley. Tras una reunión del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz, el alcalde, que gobierna con el PP, ha asegurado que entiende que, tras esta decisión, la orden de retirada dictada por el Ministerio de Memoria Democrática, que había dado seis meses para quitar de la vía pública la escultura, debería quedar en suspensión, pues “hay una expectativa de protección y parece lógico que no se actúe”.

El regidor municipal ha asegurado que todas las administraciones incluidas en el Consejo Municipal, como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife o la Universidad de La Laguna, se han mostrado favorables a estudiar la protección del monumento, tras rechazarse recientemente el grado máximo (Bien de Interés Cultural, BIC) por parte del área de Patrimonio del Ejecutivo autonómico.

Los hechos confirman lo contrario: el monumento no ha sido declarado BIC tras el rechazo mayoritario del Consejo: 16 votos en contra de la declaración, una abstención y ningún voto favorable. El órgano concluyó que la escultura no reúne los valores patrimoniales necesarios para su protección mediante la máxima figura de tutela prevista en la legislación canaria de patrimonio cultural.

El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias es el principal órgano de coordinación, consulta y participación en materia de patrimonio cultural del archipiélago. En él están representados el Gobierno de Canarias, los siete cabildos insulares, la Federación Canaria de Municipios, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, los colegios profesionales de arquitectos, las universidades canarias, museos de reconocido prestigio, asociaciones dedicadas a la defensa del patrimonio cultural y personas expertas en la materia, garantizando una amplia representación institucional, técnica y social en la adopción de sus acuerdos.

El Ayuntamiento de Santa Cruz, gobernado durante más de 12 años por Bermúdez, junto al PP, lleva años dilatando el cumplimiento de la ley encargando diferentes estudios y recurriendo a los tribunales en busca de protección para la escultura, que representa al dictador y al avión Dragon Rapide. Por encargo de Bermúdez, el Ayuntamiento gastó más de 56.000 euros en un catálogo de vestigios que determinara qué calles había que cambiar exactamente, pese a que el Catálogo realizado por el Gobierno de Canarias ya lo especificaba. También recurrió ante la justicia este mismo catálogo.

En 2018 encargó más informes para tratar de encontrar los “valores artísticos” de la obra. Así, pidió un estudio a expertos a la Universidad de La Laguna (ULL), otro a la Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel de Arcángel y otro al Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) para conocer el valor “cultural y patrimonial” del monumento a Franco. La conclusión fue que dos de los informes negaron esos valores y el tercero sí lo reconoció, pero con un detalle: en el informe no hace referencia ni una sola vez a por qué fue erigida la escultura, ni qué representa.

Santa Cruz de Tenerife volverá a trasladarse a 1797 con motivo de la conmemoración del 229 aniversario de la Gesta del 25 de Julio. Del viernes 24 al domingo 26 de julio, la ciudad desplegará un amplio programa de actividades que combinará recreaciones históricas, propuestas culturales, divulgativas y religiosas con los tradicionales actos institucionales de homenaje a quienes defendieron la capital frente al ataque británico liderado por el almirante Horacio Nelson.

La programación comenzará el viernes 24 de julio con la reunión de los recreadores en el Puente de El Cabo, que marcará el inicio de un intenso fin de semana de actividades. A partir de ese momento, la ciudad volverá a convertirse en un gran escenario al aire libre con el tradicional videomapping proyectado sobre la fachada del Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), una propuesta audiovisual que recreará los principales episodios de la defensa de Santa Cruz en 1797. La jornada continuará con el inicio de la recreación histórica en el Barranco de Santos y finalizará con la escenificación de la rendición inglesa en el Palacio de Carta.

El sábado 25 de julio, coincidiendo con la festividad de Santiago Apóstol, estará dedicado a la divulgación histórica y a la vida cotidiana de finales del siglo XVIII. La Alameda del Duque de Santa Elena acogerá el tradicional campamento de época, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de talleres artesanales, demostraciones de oficios tradicionales, exhibiciones de esgrima histórica, un mercado ambientado en la época y diferentes actividades que permitirán conocer cómo era la vida de los soldados y la población durante aquellos días. La jornada concluirá con la agrupación de las tropas y la tradicional procesión de Santiago.

Los actos culminarán el domingo 26 de julio con la celebración del tradicional Acto de Capitulación, la entrega de las Medallas al Mérito de la Gesta y el homenaje a los caídos, en una ceremonia que pondrá el broche final a esta edición de la conmemoración histórica. Durante el acto también se formalizará el hermanamiento entre la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797 y la guarnición de los Doce de Su Majestad, procedente de Santa Cruz de La Palma.

Entre los aspectos destacados de este año se encuentra la participación de recreadores del Regimiento Fijo de Puerto Rico llegados desde la isla caribeña y Estados Unidos, reforzando el carácter internacional de una celebración que cada año reúne a cientos de participantes y miles de visitantes.

En esta edición, las Medallas al Mérito de la Gesta reconocerán al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, por su papel histórico durante los acontecimientos de 1797, y al teniente general y jefe del Mando de Canarias, Julio Salom Herrera, por su apoyo a la conservación y difusión del patrimonio histórico militar de Canarias.

Con este programa, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reafirma su compromiso con la preservación de uno de los episodios más relevantes de la historia de la ciudad, acercando a la ciudadanía un acontecimiento que forma parte de la identidad de la capital a través del rigor histórico, la participación ciudadana y una amplia oferta cultural.

Reordenación del tráfico y recorridos de guaguas

La celebración de la Gesta del 25 de julio irá acompañada de una reordenación del tráfico en el entorno de la plaza España y el Barranco de Santos, que incluye prohibiciones de circulación y estacionamiento tanto para mañana como para el sábado. En concreto, mañana, a partir de las 15:00 horas, se procederá a cerrar la circulación por la calle Ni Fú Ni Fá. Asimismo, se prohibirá aparcar en un tramo de la avenida Marítima y de las calles Charco de La Casona y Campo Castro, salvo vehículos expresamente autorizados.

En la jornada del sábado se extenderá la imposibilidad de estacionar en el tramo final del viario del Barranco de Santos, en la explanada de Fuente Morales, en el tramo inferior de la calle Imeldo Serís, así como en las calles Cruz Verde y General Gutiérrez.

Desde el Ayuntamiento, se ruega a la ciudadanía que respete la señalización circunstancial y las indicaciones de los agentes de la Policía Local.

Los cambios de tráfico irán unidos también a modificaciones en el recorrido de las líneas 909 (Intercambiador-Barrio de La Alegría), 919 (Intercambiador-Barrio de La Salud-Cuesta Piedra) y 920 (Intercambiador-Plaza España-La Marina-Ramblas-Reyes Católicos-Tres de Mayo-Intercambiador) mañana y el sábado.

En el caso de la 919, desde las 15:00 y hasta las 23:00 horas de mañana, cambiará el recorrido en sentido al Barrio de La Salud desde José Hernández Alfonso, continuando por puente Galcerán y las calles Miraflores, Dr. Miguel López González, prolongación de Ramón y Cajal y Aguere, retomando desde aquí su recorrido habitual.

En sentido desde el Intercambiador, la línea desviará su ruta en dicho horario desde el Barranco Santos por la calle Luis de la Cruz, avenidas Bélgica y San Sebastián y continuará por José Hernández Alfonso. Asimismo, las paradas del TEA y Fuente Morales se anularán, sirviendo como alternativa la de Aguere.

Durante el sábado, las líneas 909 y 920 cambiarán la ruta en sentido Muelle Norte a partir de las 12:00 y hasta la finalización del evento, de forma que las guaguas circularán desde la avenida San Sebastián hacia la rotonda de Hacienda, el túnel de la plaza España y la avenida Francisco La Roche, desde donde retomarán el recorrido habitual. Esto conllevará la anulación de la parada del Cabildo, quedando como alternativa la de la estación marítima.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, explica que “la Gesta del 25 de Julio es una de las señas de identidad de Santa Cruz y una oportunidad para que vecinos y visitantes conozcan de una forma cercana y participativa un episodio que marcó el devenir de nuestra ciudad. Durante todo el fin de semana, la capital ofrecerá una programación pensada para todos los públicos, que combina historia, cultura y tradición y que nos invita a seguir poniendo en valor nuestro patrimonio”.

Además, el regidor municipal invita a toda la ciudadanía a disfrutar de estos actos y “a sentirse parte de una celebración que mantiene viva nuestra memoria colectiva y que cada año contribuye a fortalecer el orgullo de pertenencia a Santa Cruz”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, destaca que “hemos preparado una programación amplia y variada para que la ciudad vuelva a vivir intensamente la Gesta del 25 de Julio. Desde el videomapping y las recreaciones históricas hasta el campamento de época, los talleres o el mercado tradicional, cada actividad está diseñada para acercar este episodio histórico de una forma didáctica y atractiva”.

Varias formaciones de izquierdas en Santa Cruz de Tenerife han convocado una asamblea abierta este viernes, a las 19:00 horas en el Parque de Los Gladiolos, para abordar las desigualdades entre barrios y anunciar el inicio de conversaciones para un futuro acuerdo político conjunto. La cita reunirá a vecinas y vecinos con representantes de Podemos, Nueva Canarias, Izquierda Unida, Sí Se Puede y Movimiento Sumar Canarias en un “momento clave” para el futuro municipal.

El encuentro, bajo el título Barrios iguales, barrios diversos, busca analizar las diferencias en acceso a servicios públicos, transporte, vivienda y recursos culturales entre el centro y la periferia. La convocatoria pone el foco en una realidad persistente: mientras algunas zonas concentran inversiones, otros barrios afrontan carencias estructurales que afectan a miles de personas.

Los convocantes sitúan el debate en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y la falta de planificación urbana inclusiva. Según datos recientes, el precio del alquiler ha aumentado más de un 20% en los últimos años en la capital tinerfeña, dificultando el acceso a un hogar digno, especialmente en barrios con menor renta. A esto se suma una oferta limitada de transporte público y escasos espacios culturales en zonas periféricas, lo que refuerza la desigualdad social y territorial.

La asamblea no solo pretende diagnosticar, sino activar soluciones desde la participación ciudadana. La iniciativa, defienden, responde a la necesidad de construir una alternativa política sólida que evite la fragmentación del espacio progresista, ya que en las elecciones municipales anteriores, miles de votos no se tradujeron en representación suficiente, lo que abrió el debate sobre la importancia de la unidad.

En este contexto, el encuentro servirá también para anunciar el inicio de conversaciones entre las fuerzas convocantes con el objetivo de explorar un acuerdo amplio de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. La meta es clara: articular una propuesta común que permita a la izquierda gobernar el Ayuntamiento de Santa Cruz y revertir las desigualdades actuales.

Los organizadores señalan que “esta asamblea es un primer paso para escuchar a la ciudadanía y construir una ciudad más justa desde abajo”. Añaden que “la unidad no es solo una estrategia electoral, sino una herramienta para garantizar derechos, redistribuir recursos y asegurar que ningún barrio quede atrás”.

La convocatoria se presenta como un espacio abierto, participativo e inclusivo, donde la voz de los barrios será protagonista en la definición del futuro de la ciudad.

Podemos Canarias ha dado este viernes un ultimátum al gobierno municipal de Coalición Canaria y Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife para que inicie de inmediato la retirada del monumento a Franco, después de que el Gobierno de España haya ordenado su eliminación en un plazo máximo de seis meses. La formación anuncia que, si el Ayuntamiento mantiene su estrategia de retrasar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, ampliará la denuncia presentada hace seis meses ante la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación.

Podemos sostiene que la resolución del Estado demuestra que tenía razón cuando denunció que el expediente para declarar el monumento Bien de Interés Cultural era una maniobra para bloquear su retirada. Tras el rechazo del BIC por el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias y la orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la organización considera que el Ayuntamiento ha agotado todas las excusas para mantener un símbolo de exaltación franquista en el espacio público.

La coordinadora autonómica de Podemos Canarias y diputada en el Congreso, Noemí Santana, afirmó que “hace seis meses denunciamos ante la Fiscalía que el Ayuntamiento estaba utilizando todas las herramientas posibles para incumplir la ley. Hoy el tiempo nos da la razón. La coartada del BIC se ha derrumbado y ya no existe ninguna excusa para retrasar la retirada del monumento. Si CC y PP persisten en desobedecer la Ley de Memoria Democrática, ampliaremos la denuncia con todos los hechos ocurridos desde entonces”.

La formación advierte además de que prolongar este incumplimiento puede salir muy caro a la ciudadanía de Santa Cruz. La Ley de Memoria Democrática contempla sanciones para las administraciones que incumplan sus obligaciones y el Gobierno de España ya ha advertido de que, si el Ayuntamiento no actúa dentro del plazo fijado, ejecutará subsidiariamente la retirada y repercutirá el coste al consistorio.

El secretario de Comunicación de Podemos Canarias, Fernando Ruiz, señaló que “si CC y PP siguen anteponiendo su defensa de un monumento franquista al cumplimiento de la ley, serán las chicharreras y los chicharreros quienes acaben pagando la factura con sus impuestos. No solo por las posibles sanciones, sino también por una ejecución subsidiaria que podría haberse evitado”.

Ruiz añadió que “nos preocupa que ahora intenten justificar un gasto millonario para conservar el monumento una vez retirado. No vamos a permitir que conviertan la protección de un símbolo franquista en otro despilfarro de dinero público. Lo que corresponde es retirarlo cuanto antes y cumplir la ley sin más maniobras dilatorias”.

Para Podemos Canarias, la resolución del Gobierno marca el final de una estrategia de bloqueo que la formación denunció hace seis meses ante la Fiscalía. “Se acabó el tiempo de las excusas. Ahora toca cumplir la ley”, concluye la organización.

La asamblea de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife decidió en la noche de este jueves, con el apoyo de los sindicatos, negarse desde ahora a cubrir cualquier servicio extraordinario que se les pida por desacuerdos con cómo se están organizando y otras diferencias con la gestión del cuerpo. A partir de esta decisión, los agentes municipales de la capital tinerfeña eludirán reforzar cualquier acto, actividad o dispositivo entendidos como horas y trabajos extras “por cualquier causa”.

De esta forma, y atendiendo a lo ocurrido en otros muchos años, se verán debilitadas coberturas en verano como las playas, los numerosos festejos, los refuerzos de fin de semana (dadas las vacaciones de muchos policías) y numerosos actos por las fechas estivales, según apuntan a este periódico fuentes del cuerpo.

Para ello, los agentes que secunden la protesta presentarán un parte interno con su número profesional en la que dejan claro que desean “aplazar temporalmente su disponibilidad voluntaria para participar en cualquier evento, servicio extraordinario, actividad o dispositivo que deba desarrollarse fuera de su jornada y funciones ordinarias de trabajo, así como en cualquier otro proyecto, iniciativa, unidad, servicio o actividad cuya participación tenga carácter voluntario”.

Los agentes aclaran que esta decisión tendrá carácter temporal hasta una nueva comunicación de cada uno de los policías que la presenten y confirma las malas relaciones con los gestores locales.

El gobierno de Santa Cruz de Tenerife rehusó este jueves dar su versión sobre esta protesta, aunque sí recalcan que respetan la postura de los sindicatos, “como no puede ser de otra forma”, según fuentes del equipo gobernante.

No es la primera vez que los agentes y sindicatos de la Policía de Santa Cruz se quejan de los servicios extra, al considerar insuficiente lo que se paga por esta carga de trabajo. El pasado Carnaval, por ejemplo, el sindicato CSIF alertó de la falta de policías voluntarios para servicios tan complejos como los de esos días y, sobre todo, noches. Según esta central, la protesta se debe, sobre todo, a la “negativa reiterada” de la concejala de Recursos Humanos, Purificación Dávila, “a reconocer la penosidad y especial carga laboral que sufren los policías de servicio en las fiestas”.

Una carga que, según detallan, supone “jornadas extraordinarias, exposición a riesgos, trabajo nocturno continuado, gestión de aglomeraciones y un nivel de exigencia física y psicológica que requiere de un tratamiento específico por parte de la corporación, pero, con esa negativa, no se aplican compensaciones, descansos, incentivos y medidas de protección imprescindibles”.

La situación también se dio en enero pasado con el rastro de la ciudad y el malestar ha continuado, con lo que ahora se verán afectados los servicios especiales del periodo estival.

Representantes de Drago Santa Cruz de Tenerife y de los comerciantes del Rastro de la capital chicharrera mantuvieron recientemente varias reuniones para conocer de primera mano las circunstancias que han llevado al cambio de ubicación, así como para exigir al Ayuntamiento, dirigido por CC y el PP, el retorno a la ubicación original.

Asimismo, ambas partes grabaron un vídeo para redes sociales en el que los comerciantes expusieron los motivos por los que entienden que la ubicación original es la más adecuada.

Tal y como explican los comerciantes, la decisión del traslado no fue participada por las personas afectadas, y sostienen además que no existió escucha ni actitud negociadora por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Además, en el nuevo espacio se pierde la retroalimentación que se generaba con el Mercado Nuestra Señora de África, al encontrarse en sus inmediaciones; y tampoco se cuenta con baños ni sombra. De hecho, hace unos días se conoció que la licitación para colocar unas carpas quedó desierta, así que el Rastro continuará expuesto al Sol.

Por otro lado, los comerciantes aseguran que el Ayuntamiento se apoya en argumentos de seguridad que no se sostienen técnicamente, por lo que están dispuestos a pagar una evaluación externa que garantice que se cumplan las medidas legales de seguridad.

El Ayuntamiento también alega que se están produciendo prácticas fraudulentas, como la venta falsificaciones o problemas de licencias, cuestiones particulares que en ningún caso deberían extrapolarse y perjudicar al conjunto de los comerciantes.

Un modelo de ciudad

Para Aitor Montelongo, la reubicación del Rastro de Santa Cruz de Tenerife está motivada por el modelo de ciudad que el actual Equipo de Gobierno está construyendo, “centrado, principalmente, en el turismo y en el apoyo a las grandes cadenas comerciales”.

“Sacar el Rastro del centro de la ciudad supone un mensaje claro —prosiguió Montelongo—, se está buscando que el comercio local haga la menor competencia posible a las multinacionales y grandes empresas de la zona centro”.

“Están buscando ampliar la zona de gran afluencia turística para poder abrir los centros comerciales los domingos y de forma paralela se llevan el rastro, que también abre los domingos, lo más lejos posible: blanco y en botella”, sentenció Montelongo.

En este sentido, el portavoz de Drago Santa Cruz de Tenerife hizo hincapié en que “nuestra organización apostará siempre por un municipio pensado para sus habitantes, en el que se respete el comercio local y el bienestar de la mayoría de chicharreros y chicharreras”.

Por último, Montelongo reprochó la “actitud clasista” del concejal responsable, Carlos Tarife, que “en ningún momento ha tratado de llegar a un acuerdo con los comerciantes y que parece que solamente gobierna para el turista y los vecinos y vecinas de la zona centro”.

Cabe recordar que son precisamente los vecinos de la zona centro quienes, a través de organizaciones como El Perenquén, han frenado planes de este Ayuntamiento como el carril bici o la zona de bajas emisiones, que contenían defectos de forma y fueron anulados por la justicia tras denuncias de este colectivo. También son vecinos de la zona centro quienes han protestado por el encarecimiento de los aparcamientos privados con concesión pública, la eliminación de plazas de parking, la falta de limpieza o el maltrato a los árboles y jardines de la ciudad, entre otras cuestiones.