Una lucha de 16 años para retirar el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife (que no es BIC) y cumplir con las leyes

La Ley de Memoria Histórica de Zapatero de 2007 no solo abrió la posibilidad de sanear de las calles las huellas que enaltecen el pasado franquista sino que lo convirtió en una obligación legal para la convivencia democrática. 16 años han pasado y aunque en muchas zonas perviven calles y vestigios en honor al dictador, en la capital tinerfeña aún se erige un monumento que conmemora la partida de Franco de Canarias para iniciar el golpe de Estado. Desde entonces, la asociación para la Memoria Histórica de Tenerife, liderada por la nieta del último alcalde republicano, Mercedes Pérez Schwartz, sigue viviendo una odisea para que la figura sea retirada y no entiende que mientras quedan personas desaparecidas, tumbas que buscar y fosas que exhumar se mantenga la estatua a un dictador. 

El último revés lo ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al proteger cautelarmente la estatua por estimar un recurso de la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio San Miguel Arcángel. En la sentencia se señala que el Cabildo de Tenerife debe incoar un expediente para valorar si la estatua es Bien de Interés Cultural (BIC), una cuestión que ya en 2022 la Corporación Insular anunció que no correspondía ya que sus técnicos de Patrimonio y los expertos de la Universidad de La Laguna habían descartado que hubiera valores artísticos que obligasen al mantenimiento del monumento. 

Según informó entonces el Cabildo, “ambos estudios analizaron la importancia histórica de la producción escultórica de Juan de Ávalos, autor del monumento, así como su impacto y repercusión en la historiografía del arte y de su presencia en las principales colecciones y centros de arte contemporáneo”. También se llevó a cabo un análisis técnico y formal de la escultura, de sus aportaciones formales y conceptuales en su contexto histórico y de su repercusión y visibilidad en las principales fuentes bibliográficas de arte contemporáneo, y se concluyó que el monumento a Franco no posee valores artísticos excepcionales. 

La maniobra de declararlo BIC no es nueva

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (liderado también por el actual alcalde José Manuel Bermúdez) fue llevado a la Justicia en 2017 por incumplir la Ley de Memoria Histórica con este monumento y otras calles en honor a la dictadura. El abogado memorialista Eduardo Ranz (que impulsó la exhumación de Franco del Valle de Los Caídos en 2019) fue el promotor de ese recurso, después de haber dado tres meses al consistorio para que le respondiera, algo que nunca ocurrió. Sin embargo, en 2018, el Ayuntamiento pudo eludir responsabilidades jurídicas al alegar que había requerido un informe a Patrimonio Histórico del Cabildo de la Isla. Esta respuesta obligaba al abogado a desistir del procedimiento ya que, la Justicia no apreciaría “inacción” por parte de la administración local amparándose en esa respuesta. 

El consistorio también aludió entonces a que había encargado por 56.000 euros un catálogo de vestigios que determinara qué calles había que cambiar exactamente. Así mismo, en aquel año, Bemúdez respondió a los periodistas que preguntaron por este asunto en un acto que había encargado informes expertos a la Universidad de La Laguna (ULL), otro a la Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel de Arcángel y al Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) para conocer el valor “cultural y patrimonial” del monumento a Franco. Tanto la Academia como el CICOP concluyeron que sí que existían valores artísticos, pero este último informe, si se examina, puede observarse que en ningún momento hace referencia a por qué fue erigida la escultura, ni qué representa. 

La Ley de Memoria Histórica de 2007 recogía en su artículo 15 que “las administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Además, añadía que “no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley” y para ello las comunidades autónomas y las entidades locales elaborarán un catálogo de vestigios. 

El Catálogo de Vestigios elimina cualquier duda

El Catálogo de Vestigios de Canarias llega así para sacar de cualquier duda qué hay que hacer con cada uno de los elementos. Es un estudio elaborado por profesionales especializados donde justifican cada una de las decisiones con una extensa bibliografía y material que puede consultarse. El informe fue publicado oficialmente en el Boletín de Canarias en noviembre de 2022 y ha sido recurrido por el Ayuntamiento y por la asociación que logró protegerlo en la Justicia. Las razones del recurso no hacen referencia al contenido del catálogo en sí, sino a un tema administrativo: recurre por no incorporar al resto de municipios. El Gobierno regional ya ha advertido en varias ocasiones de que sus servicios jurídicos avalaron publicar dicho catálogo por fases y ha anunciado que en marzo estará listo el de todas las capitales canarias.

El extenso informe es determinante al reflejar que el complejo promovido como Monumento al Caudillo en 1964, se trataba del episodio final de todo un programa de imposiciones que transformó la ciudad entera de Santa Cruz de Tenerife en un escenario de referentes militares ocupando las principales vías programadas por el planeamiento de la República. Subraya que en torno a la fecha de 1964, en general, “se adoptó el método de conmemorar mediante acciones propagandísticas e informativas consistentes en exposiciones, publicaciones y carteles” la partida del dictador. 

La propuesta de construir un monumento al general Franco ya contaba con adeptos desde las primeras semanas posteriores al inicio de la guerra. El argumento que respaldó estas antiguas iniciativas se mantenía vigente en el año 1963 y la documentación generada por esta nueva propuesta revela que fue en esencia el mismo: “rememorar para la posteridad el papel que había jugado la isla en el éxito alcanzado por el general al organizar desde este enclave el inicio de la guerra convocando al ejército de África”. 

El monumento, proyectado y construido en la encrucijada de la Rambla de Santa Cruz (antigua Rambla del General Franco) y la Avenida de Francisco La Roche (antigua Avenida de Anaga), se erigió por “suscripción popular” y la abundante documentación permite comprobar hasta qué extremo “se reprodujo la extorsión como procedimiento”. En el archivo municipal de la ciudad se conserva el expediente relativo a la solicitud de aportaciones dirigida a los funcionarios; se convocaba a todos los jefes de dependencias y servicios municipales “a realizar listados de todo el personal para hacer constar en ese documento el importe que, definido por el funcionario, le sería detraído de la mensualidad por la intervención de la administración municipal”, detalla el catálogo.

En octubre de 1964 se inicia la solicitud general por el alcalde Amigó de Lara acompañado del reconocimiento de la iniciativa como una muestra de la contribución de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife al 25 aniversario del final de la guerra: “Para la Isla de Tenerife, y en especial para su Capital, constituye un singular honor que el Generalísimo Franco haya dado su conformidad a la erección, durante su vida, de este Monumento”, se estaba en la solicitud, donde se añadía que durante el “mes de noviembre, permanecerá abierta la suscripción destinada a recaudar fondos”. 

Por qué no se puede resignificar

El catálogo concluye la imposibilidad de resignificar porque presenta numerosas vulneraciones contenidas en la Ley 52/2007. Entre sus símbolos, destacan: la victoria obtenida por el ejército sublevado en la Guerra Civil Española; la isla de Tenerife como referente geográfico de la planificación de la rebelión militar;  la relación de lealtad de la isla a la figura mesiánica del general Franco. Así mismo, la pretensión de elevar al general Franco al rango de referente metafísico sancionado por el auxilio del arcángel y la reivindicación de la iniciativa militar contra el gobierno de la República “como una guerra santa”, a través de la alegoría del general Franco como figura que sustenta la “paz armada mostrando la espada como cruz, símbolo de la cruzada de liberación, a pesar de que nunca fue reconocida como tal por el Vaticano”.  

Por último, se sitúan en el complejo escultórico la presentación de los escudos de los nueve partidos judiciales de la provincia como escenario de respaldo a la acción del vuelo del general Franco en el Dragon rapide para iniciar la sublevación militar, lo que constituye “una evidente vulneración de la verdad histórica y un símbolo que atenta contra los principios desarrollados en la ley”, detalla el catálogo. En conclusión, es “una interpretación que impone una versión distorsionada de la guerra y sus consecuencias a los vencidos y persigue la exaltación permanente de la victoria y, en este caso, una santificación de la figura del dictador”. En el estudio también se recuerda “el uso continuado de este espacio urbano como lugar memorial mediante una ocupación permanente de la escena pública conmemorando un evento de culto al dictador”.

No tiene protección por valor artístico

El catálogo también recuerda que el complejo escultórico carece en la actualidad de reconocimiento en el supuesto establecido por la Ley 52/2007 de Memoria Histórica en el artículo 15.2. Es decir, el que hace referencia a “las declaraciones de valor conducentes a la protección de los bienes del patrimonio artístico, arquitectónico o artístico-religioso por las administraciones competentes en la materia”. Desde esa perspectiva, remarca, “no es preceptiva su conservación como monumento en su conjunto, teniendo en cuenta que es un complejo que vulnera los principios democráticos de convivencia, y contribuye a la distorsión de la verdad histórica al tiempo que es la muestra más exacerbada de exaltación al dictador como figura mesiánica”. 

Por ello, insiste en “la retirada del grupo escultórico”, que está configurado por una base consistente en una alegoría de la isla de Tenerife, “que actúa como anclaje de las piezas superiores y como símbolo de la contribución de la isla de Tenerife a la sublevación militar”. También se compone de “la figura del arcángel”, que simboliza el vuelo realizado por Franco para iniciar la guerra en el avión conocido como Dragon rapide, y el “símbolo propio de la guerra de religión que recibe el auxilio divino a través de la figura angélica”. De hecho, es una vulneración de la ley esa figura alegórica del general Franco sobre el arcángel “representado como un joven atlético vestido con una túnica que alude a la bandera nacional y presenta al frente una espada que se identifica como una cruz”. El complejo también contiene los escudos alegóricos a los 9 partidos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en 1960, que representan la pretensión de significar el reconocimiento de la sublevación militar y de la Guerra Civil como causa justa y legal. 

Por todo ello, los expertos insisten en que a diferencia de las piezas que forman parte del conjunto del Monumento a los Caídos de la Plaza de España, el memorial del Monumento al Caudillo plantea “una problemática única en el contexto de los monumentos realizados”. De hecho, el eventual mérito técnico y artístico de las piezas escultóricas “no permite evitar su retirada del espacio público debido a que resulta inviable su contextualización, teniendo en cuenta el código de sacralización asociado a la figura del dictador y la colección de falsos argumentos históricos y simbólicos desarrollados en el conjunto”. 

En cualquier caso, no se habla de destruirlo: “Los elementos escultóricos deben ser retirados en condiciones de seguridad y ser custodiados en dependencias municipales sin posibilidad de ser exhibidos en un espacio público carente de recursos de identificación e interpretación”. 

Los recursos y la protección cautelar de la Justicia vienen a ralentizar y a añadir un nuevo capítulo en la compleja retirada de este monumento, por el que incluso se llegaron a promover vallas publicitarias por parte de la asociación San Miguel Arcángel, y que se convierte en lugar de culto al dictador en su aniversario. El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, ha asegurado que se seguirá luchando por su retirada, analizando las vías legales recogidas en la nueva Ley de Memoria Democrática publicada en 2022, donde se contempla incluso la creación de una Fiscalía de Memoria Histórica.

Ángel caído from Miguel G. Morales on Vimeo.