La asociación que logró la protección del monumento a Franco en la Justicia también recurre el Catálogo de Vestigios de Canarias
La Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio San Miguel Arcángel, que consiguió recientemente la protección cautelar del monumento a Franco en la Justicia, ha recurrido también el catálogo de vestigios de Canarias. El recurso ha sido notificado este jueves al Gobierno de Canarias, que tiene unos días para presentar alegaciones y los servicios jurídicos ya se encuentran preparándolas.
La asociación, que también puso carteles en las calles de Santa Cruz de Tenerife en apoyo al monumento a Franco, ha recurrido la orden del catálogo (publicado en noviembre en el BoletÍn Oficial de Canarias) por las mismas razones que ya lo hizo el Ayuntamiento, es decir, por una cuestión administrativa al no estar aún actualizado el de todo el Archipiélago.
El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, ya había explicado que el catálogo se aprobaría por fases y que así lo avalaban los servicios jurídicos del Ejecutivo.
“Ya son tres recursos, el del Ayuntamiento y los dos de la asociación. Por tanto, yo creo que aquí ya, estamos hablando de una ofensiva filofranquista contra la Memoria Histórica”, señala este jueves Márquez a este periódico.
Dos recursos contra el catálogo
El Catálogo de Vestigios de Canarias instaba a la retirada del monumento a Franco de las calles de Santa Cruz de Tenerife, así como otros 79 vestigios franquistas. Se trata de un extenso documento, de más de 2.000 páginas, que fue elaborado por el equipo de investigación de la Universidad de La Laguna (ULL) integrado por las doctoras María Isabel Navarro Segura y Yolanda Peralta Sierra, y el doctor Ricardo Guerra Palmero, por encargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.
Tras su publicación, se especificó que Ee catálogo “deberá someterse a cuantas actualizaciones sean precisas al objeto de incorporar al mismo la totalidad de los existentes” en el ámbito territorial de Canarias, se indica en la citada resolución, contra la que cabe interponer recurso de reposición por la vía administrativa o la judicial, en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Ya son dos los recursos interpuestos, el del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, conocido la pasada semana y ahora el de la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio San Miguel Arcángel.
Se da la causalidad que el material concluido por los investigadores es bastante similar al de otro trabajo que se realizó por encargo del alcalde José Manuel Bermúdez tras ser denunciado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por incumplir la Memoria Histórica en el año 2017. La forma del consistorio de eludir responsabilidades jurídicas fue encargar un estudio, que fue concluido en 2019 durante ya el corto mandato de la socialista Patricia Hernández.
Es por ello que Mercedes Pérez Schwartz, nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife y presidenta de la Asociación para la Memoria Histórica de Tenerife, no comprende por qué el consistorio sigue dilatando el limpiar de vestigios franquistas sus calles. Actualmente, Coalición Canaria gobierna en la capital tinerfeña con el PP, que ha llegado a defender la permanencia de dicha escultura y su restauración como “reclamo turístico”.
Un catálogo que se sigue ampliando
El Gobierno de Canarias ratificó un convenio en junio del año pasado con la ULL para que completara el Catálogo de Vestigios de Canarias. Se comenzó con el de la capital tinerfeña porque había un trabajo previo realizado y cuenta con una de las manifestaciones franquistas más llamativas de toda España; un monumento al caudillo. En marzo se espera contar con el catálogo del resto de capitales canarias, donde pueden quedar restos franquistas, pero donde no hay esculturas de esas dimensiones.
Muchas de esas ciudades han ido anunciando cambios de calles y de vestigios en los últimos años, lo que no quita para que aún queden huellas y es eso precisamente lo que dilucidará el catálogo.
La protección cautelar de la Justicia
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias concluía en una sentencia el pasado 13 de enero la “protección cautelar” del monumento hasta que se resuelva el expediente de Bien de Interés Cultural que recurrió esta misma asociación al ser rechazado por el Cabildo de Tenerife.
El TSJC, estimando el recurso de la asociación, señala que “se ha resuelto no tramitar un expediente (el de BIC) cuya tramitación, cualquiera que sea la decisión final, implicaría un tramite de audiencia pública (art. 10 Decreto 111/2004), y la adopción de las medias cautelares de protección del bien sobre el que se suscita la cuestión mientras dura la tramitación del expediente”. En consecuencia, “sin tramitación del expediente, la medida cautelar de protección al objeto litigioso, en tanto se discute el fondo de la cuestión (el posible interés cultural del monumento ) ya solo puede ser invocada judicialmente como se ha hecho”.
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