Más de tres meses después de que España presentara su modelo de reparto interno de las ayudas comunitarias de la Política Agraria Común (PAC), Bruselas ha respondido y propuesto correcciones al documento. La más llamativa afecta a la regionalización. El documento español presentado por el Gobierno central contemplaba la distribución de fondos en 24 regiones. Cada una señala un tramo de subvención por hectárea en una horquilla similar, es decir, que contempla cultivos diversos con ayudas similares. Pues bien, la comisión ha recomendado al gobierno español que ese número de comarcas suba de 24 a 51.

El secretario general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, interpretaba esta recomendación –al anunciar la noticia- como una respuesta desde Bruselas a la petición de los agricultores españoles de aumentar el número de regiones como “la mayor garantía para que no haya trasvase de recursos entre territorios”. Este ha sido uno de los caballos de batalla de las organizaciones agrarias en Andalucía: afinar al máximo con las regiones, ajustar estrechamente su número para impedir la pérdida de dinero de unas comunidades a otras. Especialmente porque en esa fuga de fondos, la perdedora siempre es Andalucía.

La UPA ha contabilizado en 600 millones de euros las pérdidas previstas de Andalucía, en todo el periodo 2014-2020, aunque en esa cifra se incluyen las ayudas al desarrollo rural y la reducción de un 6% El subdelegado del gobierno en Jaén, Juan Lillo, confirmaba las modificaciones en el modelo de reparto de ayudas pero sin entrar en detalles que “corresponden a la ministra”.

Sin embargo, las expectativas de las organizaciones desaparecieron a lo largo de la jornada. A las 17 horas, el Ministerio de Agricultura los invitó a una reunión donde conocieron que el aumento del número de regiones que solicita Bruselas no responde tanto a un ajuste para atender “al estrato monetario de cada una” como a una recomendación técnica que refleje mejor los cultivos, explicó el secretario de COAG en Jaén, Juan Luis Ávila. Es decir, que será más bien una redistribución en función de lo que se cultive y sin atender a los criterios socioeconómicos, que las organizaciones reclaman, para que las ayudas repercutan en su zona de referencia, generando empleo y actividad económica.

Como ejemplo, el secretario de COAG en Jaén, Juan Luis Ávila, ha explicado que la comisión propone que la región 20, en la que se incluye el olivar junto con pastos y tierras de labor de secano y regadío, se separe en regiones diferentes: olivar, pastos, tierras de labor de secano y de regadío, aunque la horquilla de subvenciones sea similar. La mitad de las ayudas directas que recibe Andalucía provienen del olivar.

No obstante, tanto UPA como COAG apelan a conocer más en profundidad el documento final, pero consideran que los cambios no significarán mejoras para los agricultores andaluces. Según la primera, la pretensión es que esté cerrado en torno al 16 de diciembre y que serán 51 el número de regiones que se establecen para el reparto de ayudas.

¿Abrir la puerta a los especuladores?

Otra corrección de Bruselas es la que afecta a la figura del agricultor profesional o en activo. En el modelo español propone que sean aquellos que acrediten que el 20% de sus ingresos proceden de la actividad agraria. Bruselas propone que se elimine ese mínimo frente a la posición de las organizaciones que pedían elevarlo hasta un 40%, para garantizar que las ayudas llegan a quienes tienen la agricultura como primera actividad.

Para la UPA, eliminar ese 20% como mínimo equivale a “abrir de par en par la puerta a los especuladores”. COAG, que comparte este punto de vista, considera que el Ministerio va a rechazar esta recomendación ya que “se ajusta más a realidades de países del norte Europa” donde sí existen “explotaciones sin afán económico” algo que “no pasa en España”.

Mientras que COAG sostiene que se trata de recomendaciones y que el Ministerio ha decidido seguir la que afecta a la regionalización y no atender la que se refiere al agricultor profesional, UPA da por hecho que son imposiciones. Eso sí, Agustín Rodríguez señala que el documento parece apuntar que no cabe la trasferencia de derechos entre territorios lo que sí puede ayudar a fijar en cada zona las ayudas que recibe.

El secretario de UPA-Andalucía ha definido la del miércoles como “una mañana frenética” a juzgar por las informaciones sobre la corrección del modelo de la PAC –pendiente de revisión por Bruselas desde el pasado mes de agosto- que se iban conociendo. Este jueves, seguirán despejando incógnitas ya que, según ha podido confirmar eldiarioAndalucia, el Ministerio de Agricultura ha convocado a las comunidades autónomas a una reunión para analizar los cambios y la aplicación del modelo.

Un modelo que para UPA aún puede incorporar modificaciones, como incluir el olivar en pendiente y de baja producción en las ayudas asociadas que han reclamado los productores y que, según Rodríguez, “en Italia se ha hecho”.

Francisco Fonseca Morillo es, desde junio de 2009, el máximo representante en España de la Comisión Europea. Vinculado a la política comunitaria desde 1986, es doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, donde nació. Su experiencia de diez años en puestos clave del Ejecutivo de Bruselas antes de asumir su actual cargo le hacen uno de los grandes conocedores del entramado comunitario, que inicia ahora una nueva etapa con el ‘popular’ luxemburgués Jean Claude Juncker como presidente. Atendió a eldiarioandalucía minutos antes de participar como ponente en la mesa redonda ‘La Unión Europea renovada’, en el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada.

El nuevo presidente de la Comisión, J. C. Juncker, expuso, en su reciente agenda de “orientaciones políticas”, que las medidas de austeridad “evitaron lo peor” en la UE. ¿Qué hubiera sido ‘lo peor’? Mucha gente se ha empobrecido a unos niveles inéditos en decenios. agenda “orientaciones políticas”

Pero ahí no sé si hacemos todos el diagnóstico correctamente. Hay países que lo han pasado muy mal en la crisis, España por ejemplo. La pregunta es: ¿qué le habría ocurrido a España en esta crisis si no existiera el euro?

Es una buena pregunta, porque hay quien opina que el euro fue una “gran trampa”.

Respondo: todas las grandes economías necesitan financiación exterior. ¿Alguien puede pensar que recaudar ingresos en pesetas y pagar deuda en dólares hubiera sido más barato? Eso es evitar lo peor. Los europeos conseguimos salvar nuestro sistema bancario. Con [la caída de] Lehman Brothers, en EEUU, los ahorradores e inversores americanos han perdido el capital. Nosotros conseguimos que todos los europeos tuviéramos garantizados nuestros primeros cien mil euros. Yo no sé lo que tendrá usted ahorrado en el banco pero… [risas]. Hemos tenido un sistema de consolidación fiscal muy doloroso, pero no podíamos financiarnos sobre una deuda transmitida a las generaciones.

¿Era absolutamente necesario rescatar a los bancos tal y como se hizo?

Sí, por un motivo sencillo: lo que ha hecho el Banco Central Europeo es establecer un sistema de facilidades crediticias, que ha permitido que los bancos se puedan beneficiar a unos tipos prácticamente cero para garantizar que el co-capital, nuestros depósitos, no se tocase. Imagínese dejar caer a Deutsche Bank o al Banco Santander; hubiera sido un cataclísmico para las economías europeas. Yo creo que esta decisión fue adecuada. Hemos visto estos días los resultados de los test de estrés bancarios: quién nos iba a decir hace tres años que en España todos los bancos iban a aprobarlos. Eso demuestra que había grandes reformas que hacer y que se han hecho. Ahora falta la parte de estímulos para la economía, porque pensamos que el relanzamiento del empleo debe tener un estímulo público, una bonificación vía Banco Europeo de Inversiones (BEI), y una inversión privada.

¿Todo esto supondría que las condiciones laborales de los ciudadanos fueran mejores? En España cunde la impresión de que se trabaja cada vez más por menos.

Hay que luchar contra la precariedad, es evidente, pero luchar contra la precariedad laboral significa que la economía crezca. Significa tener mano de obra especializada, y exportaciones; que crean empleo, como lo ha hecho EE.UU con el fracking. Con lo cual la ley de la oferta y la demanda tirará para subir los salarios; yo creo que a medida que suba la economía, los empleos y la remuneración por los empleos irán creciendo. Creo que es evidente pero tenemos que poner las bases para que eso suceda.

Sobre exportaciones, sabrá que hay un asunto que inquieta cada vez más: el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TTIP). Se dice que supondría entre otras cosas subyugar sobre el papel la soberanía popular y los tribunales europeos al poder empresarial.

No está en el Mandato. Lo que es por ejemplo la seguridad alimenticia no está en el Mandato. Nosotros no podemos negociar la entrada en Europa de pollo hormonado, o de transgénicos, porque no está en el Mandato y porque el Parlamento Europeo no lo aceptaría.

¿No es cierto, entonces, que habrá una ola (mayor) de privatizaciones; que las empresas podrán demandar a los Estados ante un ‘tribunal internacional de arbitraje’ cuando consideren que las leyes perjudican a sus intereses, como hizo Philip Morris con Australia?

No, no, vamos a ver. En España hay sectores, como el aero-industrial, el automovilístico, la juguetería o los zapatos, que siguen teniendo unos aranceles enormes para entrar en EEUU; queremos reducirlos en un 95%. También queremos un sistema para que las empresas europeas no tengan tantos problemas para licitar en el mercado americano. Nosotros estamos dispuestos a abrirnos para que entren empresas americanas si las europeas pueden ir allí. Se dice: “la UE va a acabar con el nivel de protección de salud de los consumidores”; no, no es cierto. La sanidad no se va a privatizar; ahora bien, si yo permito que en la sanidad española una empresa privada como Quirón tenga los patrones homologados, tengo que permitir que con esas garantías entre una empresa americana, porque yo quiero que Quirón esté también en EE.UU con las mismas garantías que una empresa americana. Y luego tenemos en el capítulo de inversiones, un principio fundamental del derecho internacional económico, que es el de la seguridad jurídica en la inversión. Lo hemos visto con Repsol e IPF en Vaca Muerta [la principal causa del conflicto entre dichas petroleras]. Cuando una empresa hace una inversión fuerte, quiere tener garantías de que un cambio legislativo-normativo no afecte a sus inversiones. Hay dos soluciones: en el marco del derecho internacional clásico, vamos a un tribunal, que, no nos llevemos a engaño, sería el de derecho a la inversión… y otra solución, que está completamente normalizada, que es el ISDS [en español, Acuerdos de Conflicto Empresa-Estado], que son acuerdos por los cuales los Estados aceptan que una cámara arbitral pueda tomar decisiones sobre esa inversión [como el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), del Banco Mundial].

¿Y quiénes conformarían esa cámara arbitral?cámara arbitral

Hay tribunales de arbitraje, fundamentalmente en Nueva York. Vamos a hacer un sistema de homologación de árbitros, para que si hay un conflicto entre la empresa que invierte y el Estado en el que se ha invertido, se pueda resolver por vía arbitral.

¿Y quiénes arbitrarían?

Hay un cuerpo internacional de árbitros, homologado a nivel internacional. Entonces las dos partes se pondrían de acuerdo; no sería que la empresa americana en España escogiera al árbitro, o el Estado español; tendrían que ponerse de acuerdo. Lo que estamos diciendo es que queremos sustituir los acuerdos que existen por un solo acuerdo global para Europa-Estados Unidos. Pero este sistema arbitral está subordinado al sistema jurisdiccional ordinario; si no hay acuerdo con esta decisión se va a los tribunales. Y lo que ha dicho Juncker es: “En cualquier caso, si esto plantea problemas políticos irresolubles, renunciamos a él…”.“En cualquier caso, si esto plantea problemas políticos irresolubles, renunciamos a él…” Pero volver al sistema actual significa 1.400 acuerdos bilaterales…

Llama la atención el hecho de que Juncker diga explícitamente, al comienzo del punto 6 de su Agenda, que “dejaré bien claro que no sacrificaré en el altar del libre comercio las normas europeas en los ámbitos de la salud, la seguridad o la protección social (…) Tampoco aceptaré que la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros quede limitada por regímenes especiales para los litigios de los inversores…”. Suena como a excusatio non petita…Agenda, “dejaré bien claro que no sacrificaré en el altar del libre comercio las normas europeas en los ámbitos de la salud, la seguridad o la protección social (…) Tampoco aceptaré que la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros quede limitada por regímenes especiales para los litigios de los inversores…”.excusatio non petita…

Yo no sé si es excusatio non petita o forma parte del programa de gobierno. Si ha seguido usted las comparecencias de la comisaria Malström lo sabrá [“debemos demostrar que no estamos negociando un pacto secreto de espaldas al público...”, dijo]. Es un tema que preocupa; la prueba es que llevamos hablando de ello diez minutos.

No está de acuerdo entonces en que está habiendo cierta opacidad al respecto…

La Comisión desde el principio pidió que se publicara la negociación; se opusieron unos Estados porque son los dueños del papel; ahora han aceptado que se publique. Vamos a ver que no hay ningún fantasma escondido. Y desde que comenzó la negociación en enero hemos hecho una campaña conjunta (el Gobierno, la embajada americana y la representación de la Comisión en España), con una web informativa. Ahora, hay algo que no tenemos que olvidar: si usted quiere comprar algo y está dispuesto a pagar 200.000, pero puede llegar a pagar 240.000, usted no quiere que la otra parte lo sepa. ¿Usted se imagina que los americanos supieran que nuestro margen de maniobra está entre aquí y aquí…? Es un arma clásica de negociación.

¿Cuál es el impacto económico del cambio climático en el turismo o en la agricultura? ¿Es factible el equilibrio entre desarrollo industrial y protección del Medio Ambiente? ¿Cuáles pueden ser las verdaderas ventajas de la sociedad digital a retos sociales como el empleo, la salud o la educación? Desde Andalucía también se intentan responder este tipo de preguntas. Más concretamente, desde el Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, ubicado en Sevilla, que marca de alguna manera el diseño y la configuración del futuro de Europa mediante informes científicos y técnicos de las políticas públicas.

Demostrar con datos y números cómo nos influirán las decisiones de las instituciones que guían los destinos en el Viejo Continente es la labor encomendada a este centro de investigación, único en España y uno de los siete que operan en Europa. Con motivo de su XX aniversario, el IPTS va a tratar de acercar a la ciudadanía su trabajo a través de un ciclo de cuatro conferencias y coloquios (20 y 27 de octubre, y 4 y 10 de noviembre, en la Sala Fundición) donde diversos investigadores y especialistas explicarán el funcionamiento del centro, que actúa como una especie de “ministerio asesor” a la hora de observar pros y contras, y establecer previsiones y proyecciones bajo la influencia de diversos parámetros.

Un servicio científico interno de la Comisión Europea que “no funciona como una ciencia exacta” ni tiene “ninguna bola de cristal” para que lanza una mirada al futuro elaborando análisis de impacto y desarrollando modelos econométricos de las políticas europeas teniendo en cuenta el contexto legislativo y político desde el que surgen. Se trata de materias como las estrategias regionales de I+D y crecimiento económico, la innovación en los sectores industrial y agroalimentario, o los retos de la aplicación de tecnología en la salud, la educación y el empleo, según ha explicado Ramón Compañó, adjunto al director del IPTS.

Cerca de 300 profesionales de hasta 27 nacionalidades distintas trabajan en el asesoramiento técnico y la formulación científica de las políticas europeas. Una labor de anticipación, formulación, implementación y evaluación que colabora con más de veinte direcciones generales de la Comisión Europea elaborando dictámenes científicotécnicos a lo largo de las distintas fases del desarrollo legislativo como si se tratara de “una especie de ciencia aplicada”.

Al servicio de la CE, pero independientes

Compañó ha incidido en el carácter independiente del ente supranacional público, alejado “de posibles lobbies”, y en que su función se resume en aportar explicaciones plausibles de que las cuestiones en las que trabaja la Comisión Europea “son mejores de las que tenemos y que van a a funcionar”. A través de difentes metodologías según la materia el IPTS también “fija la conversación”. Incluso analizan la estrategia de cada región europea de forma previa a la concesión de fondos estructurales, antes dirigidos a nuevas infraestructuras y últimamente dedicados a innovación.

El hecho de celebrar un ciclo de conferencias también obedece a hacer hincapié en el papel que la ciencia y el conocimiento científico y técnico ocupa y puede ocupar en la toma de decisiones en los órganos de poder y en la configuración de las políticas públicas. La concreción principal de la misión del IPTS se traduce en una producción académica de unas 200 publicaciones propias anuales así como en la frecuente publicación de artículos en revistas científicas. La página web del IPTS está integrada en la plataforma web del Centro Común de Investigación, el conocido como Hub Científico del Joint Research Centre (JRC).

¿Cómo se aborda la Formación Profesional en Europa? ¿Hay objetivos y estrategias comunes? ¿Qué dificultades y retos emergen en tiempos de crisis? ¿Logros de estos ciclos académicos? Con Finlandia como referente del sistema educativo en la Unión Europea, otros países combaten el bajo rendimiento, las desigualdades sociales o el paso de la enseñanza obligatoria a FP. España copia del modelo alemán la FP Dual: estudio y trabajo a la vez. Mientras, afronta elevadas tasas de fracaso escolar y, como el resto, la dificultad del tránsito de la enseñanza al mercado laboral.

El Proceso de Copenhague (año 2002) encauzó una estrategia comunitaria destinada “a mejorar el rendimiento, la calidad y el atractivo de la formación profesional”. Antes, las recomendaciones partieron desde el Consejo de Lisboa (2000) hasta el Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad (2010) que establecen el Parlamento y Consejo Europeo. Fijan las “líneas de actuación y objetivos” de las Políticas Europeas Comunes.

Aunque la política educativa es competencia de cada país, para responder a esta red europea, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte diseña acciones formativas preparatorias “para la actividad en un campo profesional” o facilitar la “progresión en el sistema educativo”. La Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) traza el camino, incluidas las nuevas apuestas: FP Básica y FP Dual. En el Portal Todo FP del Gobierno central reza aún, no obstante, que el “marco nacional de referencia” es la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE).

Finlandia: la educación como prioridad social

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha analizado los itinerarios de Formación Profesional de países como Alemania, Finlandia, Dinamarca, Francia, Irlanda, Noruega o República Checa. También España, y otros como Australia, México, Nueva Zelanda, Chile o Turquía. Todos los sistemas evaluados enfrentan retos y posibles mejoras. Y alcanzaron logros, señalan, que pueden servir de ejemplo a otros estados.

Finlandia marca la pauta en el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas en inglés). La tasa de finalización de estudios supera la media de la OCDE. La educación básica se plantea de manera igualitaria y previene el bajo rendimiento. Luego ofrece flexibilidad entre la general y profesional y opciones de formación que conducen a ciclos superiores. El Gobierno esboza las prioridades cada cuatro años, en un acuerdo social y político que estabiliza esta estructura y sus características clave. La enseñanza, en el contexto finés, adquiere una consideración alta.

España, según el estudio del director y asesor especial de Política Educativa de la secretaría general de la OCDE, Andreas Schleicher, “tiene altas tasas de abandono educativo” que el Ministerio encabezado por José Ignacio Wert quiere reducir con una nueva reforma que permite “mayor flexibilidad” en la trayectoria académica del alumnado. Es decir, el nuevo ciclo de FP Básica que a partir de los 15 años oferta cursos “con una mayor orientación profesional”.

FP Dual: las dos caras del sistema alemán

Del modelo alemán, la ley Wert exporta la FP Dual, que permite prácticas y formación en empresas. Uno o dos días en el aula y el resto como estudiante trabajador, diseña Alemania. La otra cara del éxito de este sistema: uno de cada diez alumnos realiza tareas sin relación con lo que cursan, y el 40% hace horas extras y tiene algún empleo adicional. El principal desafío es el paso de la enseñanza obligatoria a FP, un déficit que intentan paliar con programas de apoyo preventivo. El objetivo es facilitar la creación de empleo y evitar el abandono escolar temprano.

Ahí está el reto en Dinamarca, “en que los estudiantes finalicen”. Con altos índices de matrícula, sólo el 52% de los alumnos de FP termina sus estudios. Las reformas danesas, dice Schleicher, tienden a mejorar la “flexibilidad y atractivo” de los ciclos, que los jóvenes podrán adaptar “según sus necesidades”. En 2015, un nuevo cambio educativo busca mejorar la calidad y aumentar las actividades de desarrollo profesional.

Francia también ha tocado su sistema formativo. Afrontar “las desigualdades sociales” dotará a la FP francesa de “un mayor equilibrio”: fomenta el “aprendizaje individualizado”, asegura el “éxito académico” y la elección, más formada, de una “carrera después de la escuela”. Preparan así el salto a la educación superior. A mejorar, como España, Alemania y Dinamarca, aparece la dificultad del tránsito al mercado laboral.

Almería se hizo con la victoria en la cuarta edición de 'Andalucía se mueve con Europa'. El equipo del Instituto de Educación Secundaria Carmen de Burgos de Huércal, formado por Marta, Eva, Laura y Jorge, podrá disfrutar como premio de un viaje a Bruselas para visitar y conocer el funcionamiento de las instituciones europeas.

Todas las provincias han estado representadas en esta final, a la que, además del centro almeriense, llegaron los equipos del IES Alto Conquero de Huelva, el IES Sierra de Líjar de Olvera (Cádiz), el IES Antonio de Ulloa de La Rinconada (Sevilla), el CEIP Virgen del Castillo de Carcabuey (Córdoba), el colegio Obispo San Patricio de Málaga, el IES Fray Luis de Granada y el IES San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén). Estos ocho equipos compitieron en semifinales, hasta resultar ganadores de los cruces el centro cordobés y el almeriense, que disputaron la Gran Final.

A lo largo de la competición, todos los participantes demostraron el conocimiento adquirido en los cuatro meses de preparación, desde el lanzamiento de la convocatoria a los centros escolares en febrero, y respondieron a preguntas sobre la UE, sus Estados miembros y los Fondos Europeos.

Según informa la Junta en un comunicado, “Andalucía se mueve con Europa” es una actuación financiada con Fondos Europeos, que ha sido posible gracias a la colaboración entre las Consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la de Educación, Cultura y Deporte, a través de las direcciones generales de Fondos Europeos y Planificación, y de Innovación Educativa y Formación del Profesorado y con la colaboración de Canal Sur TV.

El concurso escolar se consolida en su cuarta edición consecutiva, en la que han participado un total de 2,980 alumnos y alumnas de 1º y 2º de Secundaria inscritos, repartidos en 745 equipos de 121 centros educativos de toda Andalucía. En total, cerca de 12.000 escolares han jugado a “Andalucía se mueve con Europa” desde su puesta en marcha en 2010.

El certamen se lleva a cabo en tres fases. La primera se desarrolla en los centros educativos y de ella salen los equipos que pasan a la siguiente etapa, la fase provincial. Esta segunda fase se desarrolla a lo largo de una jornada de convivencia y de ella se obtienen los ocho finalistas provinciales. Por último, la fase final, que incluye los encuentros de semifinales y final y se emite en el programa “La Banda” de Canal Sur TV.

Hasta agosto, el Ministerio de Agricultura no tiene que dar cuenta a Bruselas del reparto interno de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y parece que las organizaciones agrarias andaluzas van a pelear hasta el último céntimo. Acaban de respaldar –UPA, COAG y ASAJA- un informe que el Consejo del Olivar de Jaén encargó a un equipo técnico en el que se integraron investigadores de la Universidad de Jaén. Ese informe señala la situación límite que vive el olivar de montaña y su baja producción, a la vez que señala una fórmula para garantizar su supervivencia.

El estudio, que se ha remitido al Ministerio de Agricultura, concluye que en España hay 594.264,75 hectáreas de olivar que se cultivan en zonas de montaña y con una baja rentabilidad, debida tanto a los altos costes como a una baja producción. En ese olivar, el déficit anual por hectárea oscila entre los 150 y los 240 euros. La media está en 173,45 euros. Lo que se propone desde Andalucía, para el conjunto del olivar en pendiente de España, es una ayuda acoplada (la que se destina directamente a un sector) de 150 euros por hectáreas a aquellas explotaciones situadas en pendientes de más de un 20%, con una producción inferior a 3.000 kilos por hectárea. Esta ayuda se limita a las 20 primeras hectáreas.

La intención es paliar los efectos de “algo que el reparto interno de la PAC no contempló: las dificultades que determinado olivar tiene y sus consecuencias desde el punto de vista económico y social”, ha señalado el presidente de la Diputación de Jaén y del Consejo del Olivar, Francisco Reyes. El informe incide sobre las repercusiones del olivar de montaña en el empleo. La mecanización es muy limitada por lo que la recogida puede generar hasta 15 jornales por hectárea.

En el contexto andaluz, ese olivar representa el 57,5% del total nacional, con 341.569,75 hectáreas. Un tercio de ellas, 112.335,2 están localizadas en Jaén, la provincia de la que parte la iniciativa. Sin embargo, siguiendo el rigor del informe, las ayudas no alcanzarán al 100% del olivar de montana, sólo al que reúna las características de inclinación y baja rentabilidad. No obstante, serían casi medio millón de hectáreas (490.430) en el territorio nacional, y 288.135,81 en Andalucía. En Andalucía, la superficie agrícola dedicada al cultivo de olivar es un millón y medio de hectáreas, por lo que esta medida afecta a casi el 20% del espacio destinado a la producción de aceituna.

UPA cree que la propuesta “es viable”

La estimación económica de esa ayuda acoplada es de 73,6 millones de eurosen total, de los que 43,2 corresponderían a los productores andaluces de este sector. El secretario general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, ha insistido en que la propuesta “es viable”. La cantidad que demandan supone apenas un aumento del 1% de los fondos reservados a ayudas acopladas. En ese apartado existe margen porque la conferencia sectorial de agricultura que decidió el reparto de las ayudas dejó abierta la posibilidad de llegar al 15% en este apartado y “y sólo se ha cogido el 12%. Tenemos margen más que de sobra. Con un 1%, nos vale”, ha sentenciado Rodríguez.

ASAJA ha respaldado la propuesta pero ha insistido en los escollos que puede encontrar, porque el Ministerio ya ha advertido que el olivar no es un cultivo en riesgo en desaparición, a pesar de las peculiaridades de la producción en pendiente y sus consecuencias sociales. El gerente de la organización en Jaén, Luis Carlos Valero, ha dicho que si las ayudas no pueden tener procedencia comunitaria “tendremos que buscar por otro lado porque la viabilidad de este tipo de olivar está cuestionada por la falta viabilidad económica, por la caída de precios y por la caída de nivel de producción”.

También el secretario de COAG, Juan Luis Ávila, ha subrayado que se trata de “una propuesta sensata, compatible con las ayudas de Bruselas” y que su autorización “puede llevar dinero a los agricultores que están en una situación crítica”. Este informe prueba, según las organizaciones agrarias, que no es necesario esperar a 2016 para valorar la situación crítica del olivar de montaña y adoptar medidas que impidan su abandono, dada la repercusión social que tiene en el medio rural andaluz y español por la capacidad para generar empleo.

¿Qué se puede hacer ante el drama humano en las fronteras de Ceuta y Melilla? Las imágenes desesperadas de subsaharianos tratando de pasar la frontera entre África y Europa se repiten cíclicamente mientras los CETI se colapsan. Bajo la premisa de que “seguir poniendo vallas es absurdo”, cinco asociaciones que trabajan mano a mano con personas inmigrantes y por los derechos humanos quieren pasar de la denuncia a la proposición. Así, con cuatro medidas “realizables” a desarrollar, quieren abrir un punto de encuentro y diálogo norte-sur entre las instituciones nacionales y europeas para que aborden de otra forma las políticas migratorias.

Las organizaciones de la red euro-africana Migreurop en España (APDHA, SOS Racismo, Andalucía Acoge, Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Asociación Elín) han elaborado un manifiesto para atajar las situaciones que se viven en las ciudades autónomas españolas y, por extensión, en la frontera sur de Europa (devoluciones ilegales, uso de material antidisturbios, instalación de concertinas, etc) que “están poniendo en peligro la vida de las personas que intentan llegar” al viejo continente en busca de un futuro mejor.

“Una tragedia ante la que es preciso actuar de manera inmediata poniendo en marcha medidas ajustadas a la legislación nacional, europea e internacional que garanticen el respeto de los derechos humanos y el principio de no devolución”, señalan en su escrito, y que están generando “graves situaciones de indefensión y desprotección” que podrían resolverse “de manera rápida, recurriendo a mecanismos ya existentes”.

La cuestión es “eliminar ruido” y poner el foco en las personas que se encuentran en Marruecos en situación de emergencia humanitaria y garantizar el respeto de sus derechos y el acceso a una adecuada protección. Según indica Miquel Araguás, secretario general de Andalucía Acoge, “existen 33 millones de personas moviéndose por África y las políticas migratorias prácticamente comienzan en el perímetro europeo; llevamos 20 años tratando de poner vallas más altas” y los inmigrantes “van a seguir intentando saltar siempre, aunque pongamos una tercera valla o una fosa de caimanes”.

“Seguir poniendo vallas es absurdo”, indica Araguás, quien apuesta por “dar un enfoque distinto” y sentar en la mesa no sólo a los gobiernos sino también a instituciones internacionales y a organizaciones que trabajan en el ámbito de las migraciones y los derechos humanos.

Garantizar los derechos

“Asumamos, por ejemplo, que hay 50.000 personas, como decía el ministro de Interior, esperando cerca de la frontera. Si lo dividimos entre los 26 países de la UE nos da una media de unas 800 personas por país. Eso no es un problema. Nos están vendiendo que es un problema. Asumamos que así fuera. Pues vamos a dar soluciones”. Así, proponen cuatro medidas urgentes y realizables “por una solución europea al drama en las fronteras de Ceuta y Melilla”:

1) Facilitando su regularización en el marco del actual proceso puesto en marcha en Marruecos, ampliando los criterios fijados y adaptándolos a la realidad que viven estas personas. Al mismo tiempo debe garantizarse que la información recogida no se usará para la aplicación del acuerdo de 1992 y del acuerdo de readmisión con la Unión Europea.

“Marruecos empieza a ser como la España de finales de los 80, donde la inmigración empieza a dejar de ser un movimiento de tránsito hacia el norte y donde la gente se empieza a asentar. Los criterios en el proceso de regularización son muy restrictivos pero, si fueran más amplios, muchas personas se quedarían en Marruecos porque, simplemente, habría más oportunidades”, explica Araguás. “La idea es tratar de fijar a un grupo de población en Marruecos en una situación regular; se trata de ir garantizando derechos a lo largo de todo el viaje”, añade.

2) Apoyando desde la UE esa ampliación de criterios e interpretando de una forma flexible la normativa sobre reagrupación familiar de forma que se permita el acceso de estas personas al país de la Unión Europea en el que tengan familiares residiendo, sin tener que volver a sus países de procedencia.

“Es de sentido común”, sentencia Araguás, que afirma haberse entrevistado con bastantes personas en los centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI). “La mayoría de ellas no quiere venir a España, porque tienen familia en otros países europeos y lo que persiguen simplemente es reunirse con su familia”. Y ejemplifica con el caso de una chica guineana, de 20 años, que tiene a su madre desde hace 15 años en Francia, regularizada, casada, con familia, y quiere reagrupar a su hija. “Pero las reagrupaciones familiares son muy complejas en mayores de edad”, por lo que apuesta por “flexibilizar todos esos procedimientos de regularización” en casos, por ejemplo como éste, de “familias nucleares” para “evitarles ese calvario”.

“Los CETI están llenos de gente que tiene familia en otros países europeos y lo que quieren es reagruparse con ella. Si lo puedes acreditar, para qué vas a tener que estar en un CETI español, ser irregular en España y luego ir a Francia. No tiene sentido”, añade.

“Respetar la legalidad vigente”

3) Garantizando una adecuada protección a las personas refugiadas y solicitantes de asilo posibilitando, de manera centralizada y segura, la llegada a los distintos países de la Unión Europea a las personas refugiadas y necesitadas de protección internacional a través de la puesta en marcha de un programa conjunto de reasentamiento y garantizando el acceso al procedimiento internacional por vía diplomática y en las fronteras europeas.

“Es algo tan básico como respetar la legalidad vigente”. Señala Araguás que, durante 2013, en Alemania, un país 'sin frontera' con el sur, se concedieron aproximadamente 22.000 asilos mientras en España fueron 500. “No tiene sentido que sólo el 8% del total de demandas de asilo en todo el Estado se conceda en Ceuta y Melilla. Los sirios o los malienses no demandan asilo. Algo está pasando”.

El hecho de que Ceuta y Melilla no sean 'espacios Schengen', la persona que solicite asilo entra en un “limbo jurídico” que limita su libertad de movimiento. Las ciudades autónomas se convierten, así, en “pequeñas cárceles” donde el estatus jurídico está “semireconocido” y que, para un sirio, por ejemplo, supone que no se le va a poder expulsar de España. “Igual lo que le merece la pena es no pedir el asilo, que le lleven a un CIE en la península y ya luego haré lo que yo quiera”. “Se está jugando con el asilo de esa forma”, lamenta.

Apuesta por “asumir la realidad” y observar que si los sirios están saliendo de su país es por la situación bélica, por ejemplo, o que hay otros que salen por hambrunas. “Si se reconociese el estatus real de la gente, muchas de estas personas no estarían en situación irregular”. En Italia, desde hace unos meses, se reconoce asilo al que lo pide casi de inmediato, expliica, y eso está provocando movimientos hacia arriba de gente que tiene protegida su situación y que está afectando a terceros países. “El norte se está dando cuenta que ese tipo de políticas de restricción de derechos al final lo que provoca es tapones en el sur, con situaciones tensas en España o Italia, mientras en centroeuropa no se acaba viendo”.

4) Reconsiderando la política de visados en relación a los países africanos que generan estos flujos, impulsando un acceso mucho menos restrictivo que el actual.

“Todos los ministros de Interior del mundo dicen que ellos defienden la inmigración regular. Vale, muy bien, pero si tú no concedes un visado de entrada en África, la gente que quiera venir a Europa va a tener que venir en situación irregular porque no se puede entrar de otra forma”, explica el representante de Andalucía Acoge, apostando por “una política más eficaz desde el origen”.

“También es de sentido común: si la gente está saliendo de África, ofrécele la posibilidad de que venga en situación regular y que las embajadas, en los países de origen, puedan ofrecerlo. Si ahí cierras la puerta, ya sabes lo que estás provocando”, señala.

El objetivo, según detalla Araguás, es hacer una presentación de esta iniciativa en Bruselas el próximo otoño con las firmas de apoyo al manifiesto que se hayan podido recabar, así como que estas propuestas se empiecen a debatir en otros países como alternativas, por ejemplo, a la 'directiva de no retorno', que “lo único que busca es blindar la frontera”. La idea es que diferentes parlamentarios “acompañen” la iniciativa y las medidas planteadas porque son ellos, finalmente, “los responsables finales de debatirlo en el Parlamento y de provocar ese debate”. “Porque en las elecciones europeas sólo se ha hablado de nombres, no de políticas”, lamenta.

Bernardo Hernández Bataller es uno de los más veteranos y activos miembros del Comité Económico y Social Europeo (CESE), el organismo de la UE encargado de aglutinar a las diversas voces de la sociedad civil en Bruselas. Secretario general de la Asociación de Usuarios de la Comunicación y miembro también de la Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo del mencionado organismo –entre otras responsabilidades–, Bataller atendió a eldiario.es/andalucia en Bruselas para hablarnos sobre algunos de los frentes que han llamado la atención del CESE en los últimos tiempos: la obsolescencia programada y el llamado consumo colaborativo.

Bataller pretende dar seguridad jurídica a nivel comunitario a las prácticas cada vez más extendidas de intercambio de bienes y servicios entre particulares (préstamos, transporte compartido, intercambio de casas…). Según reza el dictamen sobre el tema –que será presentado próximamente en Madrid, como ya se hiciera con el referente a la pobreza energética–, estos usos se están revelando como una verdadera “alternativa a los excesos del hiperconsumo”, al paliar “la infrautilización de los bienes y su rentabilidad”.

Con ello, “también se hace frente a disfunciones del mercado como la obsolescencia programada”: esa estrategia empresarial, iniciada en EE.UU para estimular la demanda durante la Gran Depresión de los años 30, consistente en acortar deliberadamente la vida útil de los aparatos. Es decir: que se rompan antes, sin posibilidad de arreglo, para que el usuario tenga forzosamente que comprar uno nuevo.

Su compañero de Sección en el Comité, el señor Jean–Pierre Haber, co-ponente del dictamen sobre obsolescencia programada, ha llegado a tildar de dictadura industrial a esta práctica, conocida eufemísticamente como “acortar el ciclo de sustitución” de los productos. ¿Está de acuerdo con la afirmación?dictadura industrial

Es un fraude al consumidor, claro. La obsolescencia programada es un fenómeno que se daba en Europa hace ya décadas, lo que pasa es que la sensación económica era buena y la gente no daba muchas vueltas cuando se le decía que cambiase algún producto rápidamente. Yo me empecé a interesar por este asunto hace dos años, en Brasil –donde las autoridades de consumo son francamente activas, lo tienen muy desarrollado–: en aquel momento le estaban planteando una demanda a Apple por acortar la vida útil de uno de sus aparatos hasta la semana siguiente de expirada la garantía. Yo entiendo que efectivamente es un fraude al consumidor, porque no te dicen “oiga, aquí tiene usted un producto que dura 24 meses, y después, se acabó”…

Es una de las cosas que se reclama a las empresas en el dictamen sobre obsolescencia (Por un consumo más sostenible: la duración de la vida de los productos industriales…): que, para empezar, se etiqueten los productos con el fin de que el posible comprador sepa cuánto duran exactamente… Pero, ¿cómo se pudo permitir algo así desde un principio?

Es que no está permitido. Pero, una vez descubierto cada caso, la cuestión es: primero, recoger las pruebas que certifiquen esa mala práctica. Segundo, que los tribunales lo declaren una práctica comercial desleal. Deberían obligarles a dejar de hacerlo, y obligarles también a indemnizar a todos los consumidores, con los libros de contabilidad de por medio, y con una sanción ejemplar. Aunque esto es como cuando pones demandas a los bancos y sabes que acabas en el Supremo… Pero bueno, hay que empezar algún día. Estas cosas son así. Sobre todo porque si se interpone una demanda de este tipo, la difusión del problema conciencia más a la gente, y entonces lo que empieza con una demanda puede convertirse en cien en toda España, por ejemplo.

¿Y los gobiernos, los Estados miembros, no tendrían nada que decir sobre esto?

Lo correcto, sí, sería que la administración de consumo tomara un caso paradigmático –un electrodoméstico bastante caro, no algo de diez euros–, y lo estudiara, solicitara buenos informes periciales (porque las empresas responden con tres, cuatro informes, para desacreditarlos…), y que acabe siendo incontestable. Debería ser la administración la que iniciara el gran proceso… O lo que le venimos pidiendo a la administración española, pero nunca nos hace caso: crear unos fondos, que ya existen en Alemania y en Canadá, que dependen de la administración de consumo y del ministerio de Justicia, y que sirven de cobertura para estos casos. Tú vas allí con una demanda colectiva, diciendo “mire, yo quiero defender aquí a diez mil consumidores”, y si se ve la viabilidad, se financia el proceso con esos fondos.

No les hacen caso sobre esto, en España…

Eso no existe en España; ni quieren que exista. Porque ahí entra en juego un concepto contrario a los intereses de la empresa, acuñado por los profesores alemanes de Derecho Mercantil: el beneficio ilícitobeneficio ilícito. Es decir, si se presenta una demanda de 10.000 personas contra una práctica industrial de este tipo, se contempla que no sólo deben ser indemnizadas esas 10.000 personas: es que se echan las cuentas, y si se establece que usted, durante 10 años, ha estafado a 120.000 personas, pues ese beneficio ilícito también es punible. Y en caso de condena el remanente va a ese fondo del que hablaba para cubrir futuras acciones… Porque a las asociaciones de consumidores, sólo con una condena en costas, las hacen polvo. Pero existe el marco jurídico para acabar con eso: está la directiva comunitaria de prácticas desleales, y en España la ley de competencia desleal. Y esto reúne todos los requisitos del engaño al consumidor, de afectar a su comportamiento económico.

Es que supone enfrentarse a intereses muy poderosos.

Los fabricantes van a decir siempre que les van a repercutir con menos ventas, pero bueno, es que hay sectores que prácticamente habían desaparecido y que pueden volver a aparecer: los que arreglaban televisiones, neveras, impresoras… Toda esa gente había desaparecido porque “como era más barato comprar que reparar”, fueron cerrando sus negocios. Así volverían otra vez a tener trabajo hasta la vida, digamos, útil, real, del producto. Yo creo que económicamente se compensaría la balanza, al fin y al cabo…

Todo esto tiene que ver quizás con un cambio de mentalidad también, de paradigma, como en el caso del consumo colaborativo: que la gente deje de comprar en serie lo que se fabrica en serie, desoyendo la lógica mercantil del comprar-quemar-tirar-comprar…lógica comprar-quemar-tirar-comprar

Es que la gente, antes, lo que quería, mucho más que ahora, era tener, tener cosas, propiedades…Yo creo que se está produciendo un cambio y que ahora a la gente le interesa mucho más utilizar, usar las cosas y no tener museos de todo en su casa…

¿Está seguro? Las empresas de telefonía sacan un juguete nuevo cada semana, prácticamente, y la gente tira el anterior para tener ése… juguete tener

Sí, claro: y además con conexiones incompatibles con el modelo anterior y tal… Pero estamos aún en la fase de detectar y difundir el problema y sus soluciones. Gracias a internet ya hay redes sin ánimo de lucro de amigos, de conocidos, de gente que quiere intercambiar cosas, e incluso empresas que se dedican a esto. Nuestro objetivo ahora es que la Comisión Europea les dé un marco jurídico en el que se puedan desarrollar; clarificar el mercado para, de una parte, dejar a un lado las actividades sin fines lucrativos, de mero trueque, y por otro regular lo que sean actividades económicas para sanear el mercado, que no haya piratas, que el consumidor tenga sus derechos y sus garantías...

Han salvado de la extinción al lince y al águila imperial. Le han dado alas al quebrantahuesos y han rescatado de su hundimiento a las praderas marinas. Han luchado contra los envenenamientos de especies protegidas y preservado nuestras costas y humedales. Los proyectos del programa Life han contribuido con 142 millones de euros a proteger la naturaleza andaluza durante más de dos décadas. Hoy en día sigue habiendo diez de ellos en ejecución.

Desde 1992, fecha en la que se lanzó el proyecto para salvar el águila imperial, Europa ha puesto casi 73,5 millones, es decir, más de la mitad de la financiación de los Life. Los expertos no dudan en calificar de “fundamental” esta herramienta de protección ambiental, que ha evolucionado desde la conservación pura y dura de la naturaleza hacia proyectos donde se prima la mejora de la ejecución de las leyes ambientales y la concienciación de los ciudadanos.

En estos 22 años se han llevado a cabo en Andalucía proyectos donde urgía salir al rescate de especies que estaban al borde de la extinción como el propio lince ibérico o el águila imperial. En el caso de esta última, por ejemplo, había que luchar contra la desaparición de su hábitat, la disminución de conejos, la caza o el veneno, entre otras presiones y, si por un lado, ha sido fundamental recuperar su hábitat mediante la compra de fincas o la sustitución de tendidos eléctricos peligrosos, las tareas de sensibilización han sido fundamentales.

Miguel Ángel Simón, director del programa del lince ibérico, subraya el cambio social que ha generado este programa en la sociedad y cómo hoy en día las revistas especializadas en caza inciden en el valor añadido que supone para sus cotos de caza tener una especie protegida. El lince y otras especies en peligro han dejado de ser vista por los cazadores como enemigos de su actividad a ser sus aliados naturales. Toda una revolución.

Esa concienciación se ha visto reflejada también en la manera de financiar estos proyectos. Si durante la década de los 90, Europa ponía el 75% de los fondos, el porcentaje de su contribución ha ido disminuyendo hasta situarse en el 56% de media en los proyectos en ejecución actuales. ¿Se ha reducido la financiación de Europa? Todo lo contrario, las partidas se han incrementado y sobre todo han aumentado los socios tanto públicos como privados que contribuyen a impulsar los proyectos. La sociedad está más implicada en la protección de la naturaleza.

El éxito del Life Iberlince

Si, por ejemplo, los primeros programas del lince ibérico se limitaron a hacer un censo de estos felinos con menos de medio millón de euros y tan solo fondos andaluces y comunitarios, el actual Iberlince cuenta con un presupuesto de 34 millones de euros y más de 20 socios diferentes entre los que se incluyen desde federaciones de cazadores hasta asociaciones ecologistas o agrarias, pasando por administraciones públicas nacionales (España y Portugal) y regionales (Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia y Andalucía). Enrique Segovia, director de conservación de la organización, destaca precisamente el éxito que ha tenido el proyecto y el esfuerzo que han hecho todos los socios para conseguir la recuperación del felino.

El programa del lince ha tenido tal éxito que hoy en día hay 319 ejemplares en libertad y la Unión Europea lo ha premiado en dos ocasiones con el galardón ‘Best of the best’ (‘Lo mejor de lo mejor’). Según el director del proyecto, en 2002-2006 se premió tanto que la población, que estaba a punto de extinguirse, se hubiera casi duplicado (pasando de 94 individuos a 177), como el empleo de estrategias de conservación novedosas. “Había fincas privadas y asociaciones de cazadores. Se premió la apertura a la participación directa en la ejecución de un programa. Hicimos además una selección de áreas de reintroducción, algo que era muy novedoso”, señala Simón.

En cuanto al premio del proyecto 2006-2011, el biólogo insiste en que se hizo “un reenfoque nuevo”. “Había disminuido la probabilidad de extinción. Hasta entonces no habíamos estado defendiendo y era hora de pasar al contraataque. Creamos nuevos núcleos de introducción y por primera vez en un proyecto de conservación se hizo una encuesta social para ver si teníamos el apoyo de los cazadores y la sociedad en general”, aclara Simón.

El apoyo social, un pilar básico

El apoyo y la conciencia social se han convertido así, poco a poco, en un pilar básico del programa Life y, por tanto, del peso que se le concede en la protección de la naturaleza. Prueba de ello es el proyecto de comunicación de la Red Natura, que cuenta con un presupuesto de más de dos millones de euros y con el que se pretende mejorar el conocimiento de la Red Natura 2000, a la que propia Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio define como “la mayor apuesta realizada por Europa para conservación de la biodiversidad”.

Hoy en día, Andalucía participa en diez proyectos Life diferentes que tienen en total un presupuesto de casi 76 millones de euros, de los que más de 42,5 los financia Europa. Al proyecto del Lince Ibérico, que es el de mayor presupuesto, o el de comunicación de la Red Natura, se unen otros para proteger las aves esteparias, mejorar las praderas de posidonia oceánica, promover la gestión sostenible de las dehesas, tratar las aguas contaminadas o restaurar suelos degradados por la actividad minera o promover una edición de libros sostenible, entre otros.

Desde organizaciones como WWF reclaman a la administración pública que los otros fondos europeos, aquellos destinados por ejemplo a la agricultura o las infraestructuras, se diseñen para propiciar un cambio de modelo de producción sostenible que prime las energías renovables, los espacios protegidos y la agricultura y la ganadería extensiva. Es decir, que los otros fondos europeos no terminen siendo un daño para el medio ambiente.

Podemos en Andalucía son medio centenar de círculos -la fórmula en la que se organizan- con presencia en todas las capitales de provincia y ciudades grandes y medias. La número 2 de la lista, Teresa Rodríguez, sale también de esta tierra. Es natural de Cádiz. Profesora de ESO, un colectivo bastante numeroso en este partido que ha sido la revelación de los comicios y un fenómeno en el que ya se fijan sociólogos y politólogos. Ella se vinculó a este proyecto a través de su participación en los movimientos sociales y decidió presentarse a las primarias. Siempre le ha gustado la movilización, desde su etapa de estudiante hasta la llegada de la Marea Verde, pasando por el colectivo Becarias Precarias, asambleas de barrio, movimientos feministas... Estos días recibe las felicitaciones de los alumnos y padres del instituto donde da clases. Se va a convertir en eurodiputada, y hace unos meses ni ella misma lo imaginaba.

Podemos ha defendido que su funcionamiento no va a responder a las fórmulas de los partidos tradicionales. ¿Cómo van a organizarse a partir de ahora tras unos resultados en las europeas que todos han calificado de espectaculares?

Queremos seguir trabajando como hasta ahora, porque hemos visto que funciona, incluso siendo una fuerza política con tan pocos recursos materiales. Sólo con aportaciones de la gente, y sin préstamos, hemos demostrado que una buena organización, participada, permeable y atractiva, es capaz de diseñar una campaña. Cualquier persona, al margen de su pertenencia, puede incorporarse en cualquier momento a nuestro proyecto y opinar sobre el programa, elegir a los candidatos, incluso presentarse… Más allá de la burocracia y aparatos clásicos de los partidos. No queremos listas negociadas en los despachos, sino que todo el mundo se presente en igualdad de condiciones: poder ser elegido y poder elegir. En cuatro meses, hemos conseguido que hayan participado más de 33.000 personas, un récord en primarias en Europa.

También han dicho que van a fijar un sueldo muy razonable para sus eurodiputados, 1.900 euros. ¿Qué se va a hacer con el resto del dinero?

Lo tendremos que acordar. Seguramente en los propios círculos en Madrid, el 4 de junio. Hemos estado organizándonos y haciendo campaña al mismo tiempo, por lo que ahora toca pararse y ver cómo continuamos. No queremos políticos que estén alejados de los representados. Es una cuestión de principios. El sueldo de un eurodiputado puede estar por encima de los 6.000 euros, por lo que el resto teníamos el compromiso de destinarlo a causas sociales. Serán los círculos los que decidan y el destino de ese dinero será público y detallado, como hemos hecho con los ingresos y gastos de la campaña.

Las próximas elecciones son las municipales. ¿Qué calendario manejan para ver si se presentan? Y si es así, ¿lo harán en los municipios grandes? ¿en aquellos donde hayan conseguido mejores resultados?

Todo está por decidir. Dependerá de los círculos a nivel local presentar o no candidatura y tomarán la decisión en sus municipios. Lo mismo se hará a nivel autonómico. Los resultados animan a presentarse en todos lados…

Desde la derecha se les ha tildado de frikis, antisistema, populistas… ¿Cómo encajan estos calificativos?

Uno de los logros de de esta iniciativa es que ha sido de sacar a la luz ideas de sentido común en los tiempos que corren. Como se pudo leer en alguna pancarta del 15M, nosotros no somos antisistema. El sistema es antinosotros. Los que nos gobiernan nos recortan los derechos, no se presentan a las elecciones pero nos obligan a pagar una deuda ilegítima, que haya desahucios masivos… Realmente es el propio sistema el que coloca fuera a la mayoría de la ciudadanía y no a una minoría hiperidiologizada. Hemos recogido ese sentido común y lo hemos puesto a funcionar. Es la clave del éxito de este proyecto.

En Andalucía se ha convertido en tercera fuerza en algunas capitales, por delante de IU. Es el caso de Cádiz y Sevilla. ¿Significa que han recogido votos de IU o de descontentos del PSOE?

Creo que nuestro voto viene sobre todo de los que no iban a votar, o sea que se iban a quedar en casa, y de los descontentos del PSOE. IU también ha crecido dentro de horquilla prevista, por lo que no hemos ocupado un espacio que le pertenecía, sino que nos hemos alimentado de otro perfil de votante.

¿En un hipotético adelanto electoral en Andalucía, estarían ustedes en un buen momento?

Yo creo que sí. En cuatro meses hemos preparado una campaña para las europeas. Si hubiera adelanto electoral tendríamos capacidad de continuar con el mismo impulso y con la participación de más gente. Esperamos también que a raíz de los resultados del 25M, se acerque más gente a la iniciativa y ser capaces así de formar ese frente ciudadano amplio para poner un freno de emergencia a lo que esta ocurriendo.

¿Puede Podemos arrancar más sufragios en próximos procesos electorales de esa izquierda que, no muy convencida, ha votado al PSOE o a IU porque pensaba que era mejor no arriesgarse y recurrir al voto útil?

Sí. Quien en la mañana de las europeas, ante un posible miedo del avance de la derecha, ha votado a otros, ahora se da cuenta de que es posible que otras fuerzas políticas consigan representación, y el mensaje es contundente. La gente está empezando a no creerse más mentiras. La perdida de esos votos duele mas todavía a los que están recortando derechos, permitiendo el fraude fiscal o participando de la corrupción.

¿Cómo valora una posible alianza futura de la izquierda a nivel nacional, pero sobre todo regional?

Es la idea desde el principio. La oferta suena ahora diferente. No pretendemos ser una fuerza política más que ocupe una determinada horquilla del porcentaje de votos. Se trata de configurar un frente amplio contra el bipartidismo y contra la dictadura de la troika. Nuestra propuesta ha sido siempre la de establecer diálogo con organizaciones que estén en contra de la austeridad brutal que estamos padeciendo.

Dos fuerzas políticas entran en el mapa electoral andaluz tras los resultados de estas elecciones europeas: UPyD y Podemos. En el primer caso, UPyD se ha consolidado en estos comicios como el cuarto partido político en la comunidad autónoma con el 7,13% de los votos frente al 2,54 de 2009, y ha sumado más de 120.000 votos respecto a la cita europea anterior con un total de 190.148 papeletas. Podemos, que se estrenaba en unas elecciones y con una vida de sólo cuatro meses ha logrado 189.536 votos, lo que supone un 7,11% del total y lo coloca como la quinta fuerza política en Andalucía.

De hecho, ambas fuerzas junto a IU suman el 26% de los votos en unos comicios en los que el bipartidismo ha sufrido un importante varapalo. En el caso de Andalucía, en las elecciones de 2009 PP y PSOE sumaron practicamente el 90% de los votos cuando en esta ocasión se han quedado en el 60% aproximadamente. El 14% restante se lo han llevado en la región otros partidos pequeños, muchos de los cuales era la primera vez que presentaban candidatura en unas elecciones.

A distancia, el resto

A considerable distancia tanto de UPyD como de Podemos se encuentra Ciudadanos, que no se presentó en Andalucía en 2009 y que ha logrado el 1,73% (46.183 votos); el PA, que sube ligeramente respecto a anteriores comicios europeos (del 1,01 al 1,69% de los votos) pero no logra situarse ni de lejos en sus cifras de voto históricas; Vox, consigue un discreto 1,20% (32.169 votos); Primavera Europea 0,95% (25.382 votos) que ha obtenido una cifra de papeletas similar al PACMA (0,93%) cuyos resultados se han multiplicado por cuatro; Partido X se ha quedado en el 0,68% (18.351 votos); Movimiento Red, un 0,62% (16.665) o Escaños en blanco 0,56% (14.941 votos).

Salvando las distancias de una elecciones europeas con la cita electoral municipal (la más próxima), resulta interesante desglosar algunos resultados en los que UPyD y Podemos, que se presentaban como minoritarios, han demostrado su fuerza y ahora alternan el tercero, cuarto y quinto lugar como partidos con más votos en muchas provincias y ciudades. De hecho, Podemos se ha convertido en la cuarta fuerza política en Sevilla y Cádiz por detrás de IU, pero supera a la coalición de izquierdas en las dos capitales de provincia. En Huelva, también Podemos se ha colocado como la cuarta fuerza más votada por detrás de IU. En Jaén capital UPyD se convierte en la tercera fuerza política más votada, con Podemos como cuarto partido y dejando a IU en quinto lugar. Y en Málaga, tanto provincia como capital, UPyD se coloca en el cuarto lugar y Podemos en el quinto.

Por si no ha habido suficientes muestras de descontento político en estos comicios, los votos en blanco casi se han triplicado en Andalucía llegando a los 71.865 votos (el 2,69%), y los votos nulos se han multiplicado por cuatro con casi 50.000 votos (1,82%), cifras mayores que las obtenidas por cualquiera de los partidos pequeños, salvo UPyD y Podemos.

La abstención en Andalucía en estas Elecciones Europeas de 2014, con el 98,49% del voto escrutado, ha sido del 56,94%, la menor de los tres últimos comicios electorales. La participación en esta ocasión ha superado en un 1,32% la de 2009. Hace cinco años, hubo hasta un 58,26% de abstención en Andalucía. En 2004, un 59,12%.

Comparado el dato con el total de España, donde la participación ascendió al 45,58% y la abstención fue del 54,42%, la participación en Andalucía ha sido menor que en el conjunto del Estado. Las encuestas predecían en España un récord en la abstención, pero los resultados, al menos en la comunidad autónoma, son de menor abstención que en las dos citas continentales precedentes:

34,21% en 1987

47,25% en 1989

32,77% en 1994

36,38% en 1999

59,12% en 2004

58,26% en 2009

56,94% en 2014 (con el 98,49% de voto escrutado)

Otro de los datos representativos en estas Elecciones Europeas es el aumento de los votos por correo en Andalucía, un total de 44.871, con un incremento del 9,8% respecto a las anteriores elecciones europeas, subiendo en todas las provincias, excepto en Sevilla y Huelva. De esta manera, en Almería se ha incrementado en un 18%, Cádiz (+17%), Córdoba (+3,5%), Granada (+11%), en Huelva ha disminuido en un 4%, Jaén (+9%), Málaga (+21%) y en Sevilla ha decrecido en un 2%.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, destaco durante este domingo la “normalidad” de la constitución de las mesas electorales en toda la comunidad autónoma, a excepción de algunos incidentes puntuales. Por ejemplo, en el colegio 'Europa' de Sevilla la presidenta de una mesa ha sufrido un accidente de tráfico que le impidió continuar la jornada; en un colegio de San Pedro de Alcántara (Málaga) hubo un “forcejeo entre interventores de IU y PP” a cuenta de un reparto de propaganda electoral y, finalmente, en un colegio de El Ejido (Almería) se pidió al presidente de una mesa que se quitara una camiseta a favor de la educación pública por considerarla propaganda.

En Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se sustrajeron dos sobres a un representante de la Administración que contenían un total de 375 euros destinados a pagar a los miembros de la mesa electoral. Tras esto, se puso la pertinente denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de la localidad, y por el momento, están investigando “cómo se ha podido producir esta sustracción”, así como “la identificación del presunto autor”.

La anécdota estuvo en Ventorros de San José, en el término municipal de Loja (Granada), donde la mesa quedó constituida con los primeros electores que acudieron a las urnas puesto que “no se habían presentado los miembros”.

Del 1,72 millones de nacionales que viven en otro país europeo, solamente 78.000 han visto aceptada su solicitud de ejercer su derecho al voto.

Supondrá un descenso drástico en el voto del colectivo emigrante respecto a las elecciones europeas de 2009, en las que votaron más de 170.000 emigrantes.

Es la primera vez que en unos comicios europeos está implantada la modalidad de "voto rogado", en la que los residentes en el extranjero tienen que solicitar la documentación de voto para participar.

La participación electoral de los emigrantes andaluces tiene un comportamiento similar al resto de emigrantes españoles.

El 77% de los comunitarios residentes en Andalucía no votará listas españolas.

El 95% de los españoles en el exterior no votará este domingo en las elecciones europeas. ¿Por qué? Una de las causas puede que sea que es la primera vez que los residentes en el extranjero tienen que solicitar la documentación de voto para participar en unos comicios europeos, en virtud de la reforma electoral de 2011 que implantó esta modalidad, llamada 'voto rogado'.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de electores españoles residentes o ausentes que se encuentran en el extranjero asciende a 1.725.655, de los que tan sólo 78.930 han visto aceptada hasta la fecha su solicitud de voto en las elecciones europeas de este 25 de mayo.

Los datos provisionales de la Oficina del Censo Electoral son claros y se obtienen de dividir los datos que aparecen en las tablas del INE referentes a 'Voto por correo de electores residentes en el extranjero, por provincias y por países' y 'Número de electores residentes en el extranjero por países, total nacional, comunidades autónomas y provincias'. La participación electoral de los emigrantes andaluces tiene un comportamiento similar al resto de emigrantes españoles. La estadística de Andalucía se eleva al 96% en cuanto a residentes andaluces en el extranjero que no votará.

Los datos están actualizados a 18 de mayo y aún pueden recibirse solicitudes válidas, si bien no variará en gran medida la cifra. La fecha tope para enviar estas solicitudes era el 26 de abril y la administración electoral acepta las que tengan un matasellos válido.

Según informó recientemente la agencia EFE, estos datos supondrán un descenso drástico en el voto del colectivo emigrante respecto a las elecciones europeas de 2009, en las que votaron más de 170.000 emigrantes. En aquella ocasión, los emigrantes recibieron directamente la documentación y sólo tuvieron que enviar el voto. Sin embargo, la cifra de solicitudes apunta a una caída en picado del voto de los emigrantes en una convocatoria europea. En 2009, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) era de 1,23 millones de españoles y votaron casi 172.000, un 14%. El CERA para las próximas europeas ha crecido hasta los 1,72 millones de españoles, de modo que en términos porcentuales el descenso será mayor.

La aplicación del llamado “voto rogado” también se tradujo en una caída drástica del voto emigrante en las generales de noviembre de 2011. En aquel momento, de un censo de 1,48 millones de emigrantes, se aceptaron 138.037 solicitudes de voto y, de ellas, votaron sólo 73.361, menos de un 5% del CERA, frente al 31,74% de marzo de 2008.

De hecho, está por ver si todas las solicitudes de voto se traducen finalmente en votos efectivos. Con la nueva ley, los residentes en el exterior tienen que solicitar la documentación tanto para votar por correo como para hacerlo en sus respectivos embajadas y consulados.

El 81% de los comunitarios residentes en España no votará listas españolas

Por otra parte, como expone en un artículo del estadístico Juan Antonio Domínguez sobre la participación electoral de ciudadanos de la Unión Europea que residen dentro de la UE pero en un país distinto al suyo, no es previsible que los más de 200.000 residentes comunitarios en Andalucía se hayan inscrito en sus países para elegir sus listas, y por tanto son ciudadanos que tienen bloqueada su participación electoral.

A nivel nacional, no votará el 81% de los residentes. Podrán votar sólo 337.729 residentes, y en España con el padrón actualizado a enero de 2014, hay más de 1,7 millones de residentes comunitarios mayores de edad. La participación será inferior al 19% porque ese es el porcentaje que se ha inscrito sobre el total de los comunitarios con derecho a voto en España, y de enero a mayo las circunstancias cambian por lo que no todos los inscritos en ese selecto grupo podrán o querrán ejercer su derecho. Francia y Holanda son los países con más ciudadanos inscritos (26%) y con menos sorprenden los suecos con tan sólo 128 personas inscritas.

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Este viernes es el último día de campaña para las elecciones europeas del 25 de mayo y los políticos apuran las últimas horas para arañar votos en Andalucía, el territorio más poblado y clave a la hora de mover la balanza para uno u otro lado. La abstención es un temor generalizado y por esos los mensajes de las últimas horas han insistido en la necesidad de que el ciudadano vote el 25 de mayo.

De este modo, el cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, ha elegido su tierra, Andalucía, para hacer campaña este jueves, y ha insistido en vender su gestión en materia agraria, con la negociación de la PAC como hito en su etapa de ministro. Frente a ello, ha puesto el caso de los gobiernos del PSOE, que “no han hecho nada” para defender este sector. Ha criticado, de hecho, que los candidatos rivales “no hayan hablado aún de temas de competencia europea, como la agricultura, que consume el 40% del presupuesto”.

También por el PP ha hecho campaña en Andalucía el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien este jueves ha manifestado en Córdoba que a los populares no les va a quedar “más remedio que ganar”, porque, su juicio, “es lo que nos conviene como país y como Europa”. Ha defendido al cabeza de lista de su partido por ser “un excelente candidato, que se ha fajado tantas veces por todo lo que depende España de Europa en fondos estructurales”, de manera que “es un magnífico representante”.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha dicho que Europa es “un tren que ha dado mucho a Andalucía y que tiene que seguir dándole”. Pero, según ella, hay que cambiar a los maquinistas de ese tren porque nos están llevando al desastre y al sufrimiento“. En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), ha asegurado también que ella haría, al frente de la Junta de Andalucía, ”mucho más“ si tuviera ”la ayuda del Gobierno de España y de Europa“. Pero sobre todo se ha mostrado contenta tras los miles de kilómetros que se ha hecho por la región porque lo que siente ”en todos los rincones“ es que la gente ”quiere salvar lo que tenemos en Andalucía y levantarla“.

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha pedido este jueves el voto “práctico” y ha dicho que los ciudadanos que “se queden en casa” el domingo “estarán votando a Mariano Rajoy, y respaldando las políticas crueles que el PP ha impulsado en contra de la recuperación económica y el empleo”. No acudir a las urnas, en su opinión, es “apostar por un país con millones de desempleados sin derechos ni oportunidades”.

Entretanto, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, se ha referido este jueves durante un mitin a la crisis de gobierno que se vivió por el realojo de las familias de la Corrala Utopía en Sevilla y a las críticas que recibió cuando se “abrazó” con algunas de las personas que acababan de recoger las llaves de una vivienda, facilitadas por la Consejería de Fomento y Vivienda. “Prefiero darme uno y cien abrazos con una desahuciada, frente a quienes besan las manos de Emilio Botín”, ha apuntado. El líder de IU en Andalucía, que ha estado acompañado en Sevilla por el cabeza de lista de Willy Meyer, y otros dirigentes del partido, se ha dirigido personalmente a una de las vecinas de la Corrala a las que abrazó esa noche y que ha estado estaba sentada detrás de él en el escenario desde el que ha intervenido.

Los actos centrales en Andalucía se reparten este viernes entre Sevilla y Granada. De este modo, Susana Díaz cerrará en Sevilla, junto a la cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, Elena Valenciano. También en Sevilla será el acto central del PA, con su secretario general Antonio Jesús Ruiz y su cabeza de lista Pilar Távora. Mientras, el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, y Antonio Maíllo han coincidido en escoger la ciudad de Granada para el último evento de campaña. Por su parte, UPyD opta por Málaga, con su portavoz en Andalucía, Martín de la Herrán y los candidatos andaluces.

El acto central de cierre de campaña del PSOE-A se celebrará en el Muelle de las Delicias de Sevilla, a partir de las 22.00 horas; el del PP-A en el Paseo del Salón de Granada, desde las 20.30; el de IU, media hora antes, y en la Plaza de las Pasiegas; el de UPyD en la calle Alcazabilla, a las 19.00; y el del PA, en la Plaza de San Lorenzo de Sevilla.

“Ninguna situación puede justificar la agresión y el uso de la fuerza contra las personas más vulnerables; la vida humana está por encima de cualquier medida”. La plataforma 'Somos Migrantes' pide a los partidos que se presentan a las elecciones europeas del 25 de mayo que se aseguren los derechos de las personas en las fronteras. En un documento firmado por 13 colectivos solicitan la eliminación de las concertinas en las vallas fronterizas, la incorporación obligatoria de una red de protección de derechos humanos en las principales fronteras, el acceso público a grabaciones e información sobre acciones en las fronteras y el cese de los acuerdos que suponen la externalización de las fronteras de la UE a terceros países.

El objetivo es “compartir las reflexiones y propuestas” ante las políticas migratorias europeas, que han leído públicamente en pleno centro de Sevilla y que surgen de un debate interno así como de la experiencia y contacto de otras redes a nivel local, nacional, europeo e internacional. Esperan “aportar una acción común junto con otros actores de la sociedad civil en medidas reales a nivel de políticas europeas”, a los que invitan a adherirse al documento y a “compartir debates futuros para enriquecerlo y hacerlo real”, más allá del espacio de las elecciones del 25 de mayo.

“No podemos dejar solo en manos de los políticos la construcción de estas políticas de tan enorme importancia, por afectar a millones de personas”, por lo que hacen “un llamamiento a la ciudadanía al compromiso y a la movilización social, única forma de construir una Europa de derechos, justicia y libertades”. “Ninguna política migratoria será válida si no se incide sobre los procesos de expolio y extorsión de un sistema sin control basado en la concentración de capital en una minoría que obliga a millones de personas en el mundo a la migración forzada tanto en el sur como en el norte”, sentencian en el documento.

Otro aspecto del contexto sobre el que lanzan sus propuestas se refiere a que “las tragedias y violaciones de derechos que en la actualidad se están produciendo son fruto de las políticas internacionales y de inmigración y, por tanto, son responsabilidad de los gobiernos y susceptibles de ser construidas desde otros principios”, considerando que “se ocultan otras medidas viables que serían más ajustadas a los procesos humanos y que permitirían potenciar los aportes positivos de la migración”.

Regularización progresiva de la población

Entre esas medidas contemplan la eliminación del sistema Frontex y Eurosur y reorientación de los fondos hacia la mejora del proceso de entrada (visados, red protección de derechos, sistema de asilo y refugio) y asentamiento de personas migrantes y refugiadas (acogida, orientación, convivencia), así como mejorar la situación actual en la frontera de Ceuta y Melilla, y asegurar el derecho de asilo, “un derecho reconocido pero violado por la ausencia de mecanismos efectivos”. También reclaman “no forzar el uso de las vias de migración clandestina en condiciones inhumanas” y “no bloquear la vuelta de personas inmigrantes a sus países de origen”.

En cuanto al reconocimiento de derechos entienden necesario “frenar los procesos de exclusión que originan tensión social, vulnerabilidad y precariedad para todo el conjunto de la sociedad (bajadas salariales, explotación, etc.), así como, entre otras cuestiones, la desvinculación del permiso de residencia al mercado laboral, un proceso de regularización progresiva de la población que se encuentra actualmente en Europa y que comience con situaciones de especial vulnerabilidad (mujeres, niños) y de mayor antigüedad en el territorio UE hasta reconocer el derecho de ciudadanía a todas las personas.

La plataforma 'Somos Migrantes' nace de la unión de la plataforma contra la violencia institucional y la plataforma multicultural por una sanidad universal, aglutinando a todos sus colectivos. Tiene como objetivos la lucha por los derechos de los inmigrantes, rechazar la violencia institucional o de grupos racistas, trabajar en unión con otras organizaciones para transformar las políticas migratorias europeas de fronteras y apoyar la autorganización de los colectivos migrantes en la ciudad. El documento que contempla las propuestas citadas está suscrito también por Alianza por la Solidaridad, APDHA, Comunidades Cristianas Populares, Fundación Sevilla Acoge, Iniciativa Cambio Personal Justicia Global, Izquierda Unida, Mad África, Mesa de Inmigración, Oficina de Derechos Sociales, La Casa de Todos, Solidaridad Internacional y Voluntariado Claver.

“España será el país de la UE donde se cree más empleo los próximos años”, ha asegurado este lunes en Sevilla Mariano Rajoy, quien ha vendido su gestión de estos dos años -ha asegurado que incluso se la alaban líderes del socialismo europeo- como aval para pedir el voto para el PP el próximo 25 de mayo. En el tramo final de la campaña, el PP ha organizado un mitin en la capital hispalense que ha clausurado el presidente del Gobierno de la Nación, en una de las dos visitas que hará a Andalucía, territorio clave en la carrera para las elecciones europeas.

Ha insistido en que hay que votar a los populares para “no volver atrás”, en alusión a los datos de desempleo heredados de la anterior legislatura. “Quieren que en media hora resolvamos los problemas que ellos crearon durante sus años”, ha proseguido, convencido de que el PSOE “antes negaba la crisis y ahora niega la recuperación”. Por ello, ha avisado de que su partido va a mantener “la misma línea para continuar creciendo”, y ha puesto el ejemplo de la reforma laboral como medida que hasta han reconocido el primer ministro de Italia, Mateo Renzi, “socialista”, y el presidente francés, François Hollande, “también socialista”, “e incluso” el candidato europeo de éstos, Martin Shultz, “que ha valorado de forma muy positiva las reformas estructurales que se hicieron en España”.

“Lo que nos jugamos son dos cosas: la primera quién va a defender en Europa los intereses de los españoles y la segunda si se va a mantener la senda de la recuperación”, ha continuado el también presidente del PP, quien ha querido dejar claro que esta cita con las urnas es una antesala de las elecciones generales. Luego ha bajado a Andalucía. “Somos el primer partido de Andalucía y vamos a seguir trabajando para continuar mereciendo la confianza”, ha recalcado, en referencia a la victoria de su partido en los tres últimos comicios: generales, municipales y autonómicos. “El Gobierno de España mantendrá, y no con discursos, sino con hechos, su apoyo a Andalucía”, ha enfatizado.

“Si tenemos coraje, voluntad y determinación, estaremos muy pronto donde nos corresponde, que es en el centro de Europa (...). Las cosas han cambiado mucho y para bien”, ha concluido Mariano Rajoy, en una cita organizada en uno de los patios del Palacio de Exposiciones y Congresos, alfombrado en azul y donde protagonistas y asistentes han lidiado con la ventolera.

Para ganar Andalucía, “hay que ganar Europa”

Previamente había intervenido el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, que vive su particular campaña para las próximas elecciones autonómicas. De hecho, dice que ya le ha dado “siete u ocho vueltas a Andalucía” para reunirse con todos los sectores posibles. “Todos me dicen lo mismo: 'Juanma, en Andalucía no hay gobierno'”, ha aseverado. En su discurso, ha animado a los ciudadanos a mandar “un mensaje nítido y claro: el cambio también está en marcha en Andalucía, votando al PP, el próximo 25 de mayo”. Se ha mostrado convencido de que para conseguir gobernar en Andalucía, el PP tiene “una estación en medio, que es ganar en Europa”.

Por su parte, la número 3 de la candidatura, Teresa Jiménez Becerril, ha hablado de las políticas de la mujer que defiende el PP, en respuesta a la polémica originada por las palabras del cabeza de lista, Miguel Arias Cañete, quien tras protagonizar el debate con su rival del PSOE, Elena Valenciano, justificó la sensación de derrota que dejó aludiendo a que no quiso demostrar “superioridad intelectual” para no parecer machista si ella se sentía acorralada. “Que no se hable de machismo (…). De lo único de lo que se le puede tachar es de haber hecho una buena PAC. Pero seguirán con estas cosas porque no tienen argumentos y sólo dicen tonterías: como que hay que exportar el modelo de Andalucía a Europa. ¡Toma ya! ¡Échale más arroz!”.

Mientras, el alcalde de Sevilla y expresidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha animado a elegir porque en juego están dos modelos: la política del “despilfarro” con la que ha querido caracterizar a los socialistas frente a la de la “recuperación” que atribuye a su partido.

“Tenemos que participar porque nos estamos jugando mucho”, ha dicho. Ha recordado que desde Sevilla “salieron las naves para descubrir América”, y “aunque digan que fue desde Palos” de la Frontera (Huelva), “es mentira”, ha dicho en tono de broma para continuar: “En Sevilla está el kilómetro cero para conquistar Europa”.

Los ministros andaluces Fátima Báñez y Cristóbal Montoro han seguido el mitin desde la primera fila, así como los alcaldes Teófila Martínez (Cádiz) y Pedro Rodríguez (Huelva) y la delegada del Gobierno en Andalucía Carmen Crespo.

Han participado 1.800 personas, según la organización, pero posiblemente eran algunos menos porque, de hecho, momentos antes de empezar ya se estaban retirando algunas sillas de las últimas filas porque iban a quedarse vacías.

Clara Aguilera (Obéilar, Granada, 1964) llevó durante tres años las manijas de la agricultura, la pesca y la ganadería de Andalucía. Ahora es secretaria de Acción Ciudadana del PSOE andaluz y ocupa el puesto 11 en la candidatura socialista al Parlamento Europeo. A pesar de que apenas coincidió unos meses con Arias Cañete de ministro, entre diciembre de 2011 y marzo de 2012, el cabeza de lista del PP está muy presente en sus pensamientos, a menos de una semana para los comicios. El futuro del campo y del mar de Andalucía se juega mucho en Europa.

¿Cómo es de importante que una andaluza con experiencia en el sector agrario y pesquero tenga escaño en el Parlamento Europeo?

Personalmente es una oportunidad que agradezco y humildemente aportaré mi conocimiento de la realidad agraria y pesquera andaluza que, y hay que recordarlo, no es igual que la de la cornisa cantábrica, la de Castilla y León, o la del norte de Europa. La agricultura mediterránea, a la que se le suele prestar menos atención que a la llamada continental, habitualmente suele ser la perdedora de Europa y quiero aportar una voz del sector en su nombre. El modelo agrícola andaluz es un modelo de éxito, que ha servido además para asentar la población en el territorio.

¿Qué tipo de políticas defiende su partido en Europa respecto al campo andaluz?

Las subvenciones son una parte muy importante de la renta agraria pero no hemos resuelto el problema principal que es la regularización de los mercados. La Política Agraria Común (PAC) ha sido una oportunidad perdida que no ha sabido aprovechar Cañete en su defensa de la reforma. Nuestra aspiracion para trabajar en Europa en los próximos años es cambiar los mecanismos de la gestión de los mercados.

Por ejemplo, en el aceite de oliva nos hemos centrado en la defensa de subvenciones, unas subvenciones que no van a tener repercusion en el olivar tradicional o en ese olivar con dificultades como es el de pendiente, con mayores costes. Había que haber hecho una diferencia en Andalucía para que pueda seguir teniendo rentabilidad y que la gente no se vaya de los pueblos si no se le da un apoyo especial.

Pedíamos que en el sistema de almacenamiento privado se actualizaran los precios. Son los mismos que los de 1998. Respecto a los precios que percibe el agricultor y su regulación en los mercados hemos perdido una oportunidad. Eso hay que trabajarlo en Bruselas. La ley sobre la cadena alimentaria del Gobierno es una gran fracaso de Cañete. Eso también hay que regularlo en la UE. Esas son nuestras propuestas principales para la agricultura.

Ya le ha nombrado un par de veces. Se las ve con 'su' exministro en la campaña. Usted ha dicho de Arias Cañete que, respecto a Andalucía, es “jerezano de fin de semana” Arias Cañete

Es que si veo la herencia que nos ha dejado... Ha tomado decisiones más perjudiciales para Andalucía que las que se han tomado en Europa. Como ministro, en la conferencia sectorial ha restado más de 500 millones de euros en el reparto de la PAC. Si discrimina a Andalucía respecto a otras regiones, desde luego creo sinceramente que lo que pueda hacer el señor Cañete no va a estar en el interés general ni de la agricultura, ni de la ganadería ni de la pesca de Andalucía. No digo que no conozca, pero lo digo como lo siento. Tengo escasa confianza en el modelo que defiende Cañete.

¿Por qué los resultados de la PAC son buenos para España pero, según usted y los responsables actuales de la Consejería, malos para Andalucía? ¿El reparto no es equitativo?

Hay dos pilares, las subvenciones, que suponen para Andalucía una media del 40%, y los precios de los productos, la venta, que es el 60%. La merma en la dotación financiera ha sido del 12%. El Gobierno de España ha decidido menos recursos en las ayudas directas a nuestros agricultores. En ese reparto de ayudas en Andalucía hemos perdido 330 millones pero además, en las políticas de desarrollo rural, en el recorte general para España, hemos dejado de percibir 228 millones. Es decir, 558 millones menos para Andalucía en el reparto de la PAC. ¿Y qué pasa con las otras comunidades? Pues que no sucede así: o mantienen sus ingresos o algunas, como Valencia, lo incrementan en un 14% o incluso en un 20%. ¿Por qué? Hay un agravio hacia Andalucía.

¿Ofreció alguna aclaración el entonces ministro sobre dicho reparto?

Ha dicho que antes había un reparto desequilibrado. Pero el dato de ahora es objetivo: 558 millones menos para nuestra comunidad. ¿Y ahora si hay equilibrio? Pues si este es el equilibrio del PP, quizá por eso no lo votan en Andalucía.

Pero, ¿los intereses andaluces no son los mismos que los españoles en general?

Hemos trabajado conjuntamente con el Gobierno. En mi último año como consejera, en 2011, empezamos a trabajar en el documento de la PAC actual en la que defendíamos varias líneas prioritarias de nuestro modelo agrario. Tras el cambio de Gobierno central, el consejero Luis Planas mantuvo una estrecha colaboración con el Ministerio para sacar en Europa una PAC en función a los intereses de España, el tercer país en beneficio, después de Alemania y Francia. Hemos achuchado mucho y hemos trabajado con mucha lealtad al Gobierno de España. La quiebra se produce en el reparto nacional.

Después de 15 años de mayoría de derechas, queremos que el Parlamento Europeo cambie: centrar la importancia que tiene la agricultura en Europa. Vamos a trabajar conjuntamente con quien sea, siempre y cuando el modelo agrícola sea el mismo. El modelo que defiende Cañete, que lo conozco bien, no es el mismo que defiende el PSOE. Cuando se ha tenido que defender España ante Bruselas, hemos estado. Cuando ha querido ningunear a Andalucía, nos hemos dividido.

El hecho de que la empresa aceitera Deoleo vaya a trasladar, parece, su sede social a Córdoba no significa que deje de pagar impuestos en Madrid para hacerlo en Andalucía, ¿no cree? ¿es sólo una cuestión de imagen y de marketing?

Es importante que se venga a Andalucía pero para mí no es lo más sustantivo. Al sector lo que le interesa es que en el accionariado esté España y que no sean grupos especulativos. Quiero un consejo de administración y un accionariado repartido entre el sector y el Gobierno de España a través de la SEPI.

Pero Dcoop, la mayor cooperativa andaluza y una de las mayores de España, parte aún del Grupo Deoleo, anunció su intención de vender sus acciones a CVC, el fondo de inversión británico que se hará con la compañía

Ha sido una oportunidad perdida que Bankia, un banco nacionalizado con el dinero de todos, haya vendido sus acciones a CVC. Me parece esplédido que vengan a Andalucía, pero que pague impuestos aquí también eh. Lo digo claro. Y que tenga un consejo de administración en favor del sector, cooperativo a poder ser y con apoyo del sector público. No quiero minusvalorar el traslado. Me parece importante, pero para mí no es suficiente. En la medida en que empresas importantes paguen aquí, más recursos públicos habrá para todos los ciudadanos. Me consta que el Gobierno de Andalucía está haciendo todos los esfuerzos por conseguirlo, pero hay una dejación del Gobierno de España. Cañete insiste en que la SEPI va a intervenir, pero no sé cuando.

Respecto a la campaña anunciada por Susana Díaz para promocionar los productos andaluces, las organizaciones agrarias no quieren que se quede en una mera campaña. ¿Qué les diría para ganarse su confianza en una verdadera apuesta de la Junta por el producto andaluz?

Es algo importante pero es difícil, tengo que decirlo. Es una apuesta valiente y con coraje. Los mecanismos de competencia hacen que cada vez sea más complicado hacer ese tipo de promoción general. Lo que quiere la gran distribución es la desregulación y la no identificación. Les diría que tengan confianza, que la presidenta y el Gobierno de la Junta lo tienen claro. Hay muchísimos andaluces que les gustaría saber cuáles son productos de su tierra para poderlos comprar.

¿Cuándo se va a poner en marcha el acuerdo de pesca con Marruecos?

Desgraciadamente para el sector. Y otra vez tengo que hablar de Cañete. Cuando fue ministro no fue capaz de culminar que la flota del golfo de Cádiz pudiera faenar en el caladero marroquí. ¿Hay acuerdo cerrado desde Bruselas? Sí ¿Hay un problema con el rey de Marruecos? Sí. Pero a la flota de Barbate, que lleva años sin poder faenar, lo que les preocupa es poder hacerlo. No sabemos bien cuál es el problema pero en definitiva es una mala gestión de las instituciones europeas pero mucho tiene que ver también el Gobierno español.

¿Va a ser una de sus prioridades cuando esté sentada en el hemiciclo europeo?

Por supuesto. En los últimos meses de consejera, uno de los hechos que más lamento fue cuando se rompió el acuerdo de pesca. En una de nuestras primeras reuniones, le pedí ayuda al ministrio Cañete para esos barcos de Barbate. Y la tuvieron. Por experiencia sabíamos que esto se iba a un año o dos años. Ahora no hay ayudas y la situación sigue estando igual. El ministro se ha ido y es uno de los compromisos que no ha cumplido.

El sector almadrabero, acuícola y pesquero pide más cuota en el Total Admisible de Capturas (TAC), ¿qué les puede decir?

El organismo que regula estas limitaciones recortó hace unos años la cuota del atún, especialmente, y ha tenido una gran repercusión en nuestras almadrabas y también en la pesca artesanal. Lo que espero es que no siga la comisaria europea de Pesca, María Damanaki, porque ha sido nefasta su gestión y no ha sido nada sensible con el sector, que ha estado muy colaborador. Es una situación que hay que resolver. Las especies tienen que tener un equilibrio. Si limitas el propio sistema natural, junto con la recuperación, pues puede haber especies, como el atún rojo, que aghora está dando ya, por su gran recuperación, problemas con otras pesquerías. Y sin embargo no se ha querido ampliar la cuota.

Las almadrabas están intentando comprar la cuota pesquera de otros lugares para poder subsistir. En todos estos años ha habido una merma de la actividad pesquera y creo que se podía hacer mucho más de lo que se está haciendo. Tampoco se está llevando bien la situación con Portugal y espera que la nueva ministra ponga solución también a esa situación, que está afectando la pesquería de la parte atlántica de Andalucía.

La familia de un hombre que vivió en la playa de La Antilla (Lepe, Huelva) hasta 1997, José Luis Danta Gil, vive un curioso calvario cada vez que se acercan unas elecciones. No porque tengan discusiones sobre el sentido del voto, o porque siempre les toque una mesa electoral, o porque el trabajo les obligue a tramitar el voto por correo, sino porque a Danta Gil le siguen convocando a votar cada vez que se acerca una cita con las urnas. Hasta ahí todo normal, porque nació en 1926 y tendría todas las características para poder votar, aunque en el caso de este hombre nacido en Sevilla se da una circunstancia muy concreta: está muerto. Falleció hace 17 años, pero para el censo electoral sigue vivo. Y no parece que haya forma de convencerle de lo contrario.

De esta forma, como pasa cada vez que hay una cita con unas elecciones, la oficina del censo electoral de Huelva le ha convocado para votar en las elecciones europeas del próximo 25, sin que su hijo, José Luis Danta Rubio, se pueda explicar como han podido cometer este fallo, que en la familia. Su hijo mezcla la ironía con la indignación al hablar de este asunto con eldiario.es/andalucia, pero está claro que en la familia están hartos de que su padre “no descanse en paz” para vez que hay que acudir a votar. Su padre falleció el 1 de agosto de 1997, y fue enterrado en el cementerio municipal de Lepe dos días después, “en un nicho que se dio de alta en el Ayuntamiento con un alquiler para los siguientes 40 años”. Es decir, en el Ayuntamiento saben desde el 3 de agosto de ese año que su padre falleció, y a todas las administraciones se les informó debidamente, como siempre que fallece una persona.

“Desde la familia informamos a todas las instituciones habituales de la defunción, sin embargo se le ha convocado a votar mediante el envío de su tarjeta censal a su casa”, explica Danta Rubio, mientras muestra la tarjeta censal que especifica que su padre sigue viviendo en la Avenida de Huelva de la playa onubense. “No es la primera vez que pasa, pero ya empezamos a cansarnos”.Según ha dicho, la familia hay veces que se lo toma ya como una anécdota, un punto en el que asegura que “el día que lo designen para acudir a una mesa electoral, nos vamos a hartar de reír en casa”. Y es que esa posibilidad existe, ya que al estar incluido en el censo electoral sin haber sido modificados sus datos, podría haber sido llamado perfectamente para ocupar cualquier cargo en una mesa electoral. Lo enrevesado sería que, en caso de no presentarse, la familia tendría que iniciar un proceso para demostrar su fallecimiento, con el fin de evitar la consiguiente multa. Para más Inri, los partidos políticos le envían también los sobres a su nombre para que pueda votar en las elecciones con su correspondiente papeleta dentro. Todo muy de Berlanga.

Un minero nacido en Sevilla

José Luis Danta Gil nació en Sevilla, y trabajó como minero en distintos destinos. El primer contacto que tuvo con la playa de La Antilla fue en 1974. Como otras muchas personas de la época, se fijó en la tranquilidad de esta zona del litoral onubense, y compró una vivienda en la urbanización 'Las Flores', a unos 300 metros de la playa. No estuvo allí demasiado tiempo, ya que sus obligaciones profesionales le llevaron a Galdakao (Vizcaya), aunque sus últimos días de vida sí los pasó en la playa lepera.

Su hijo, que es natural de otra zona minera, la localidad onubense de Nerva, “heredó” la pasión de su padre por la playa, y decidió quedarse a vivir en ella durante todo el año. Algo que ahora, cada vez que hay cita electoral, le provoca un disgusto.Danta Rubio ha enfatizado que en su día “pagué y liquidé todos los impuestos de mi padre contraídos con el Ayuntamiento de Lepe, incluido el ultimo, el de su nicho, de modo que ha ironizado con que ”saben ustedes de sobra que su dirección no es la Avenida de Huelva de La Antilla, sino el cementerio de Lepe“.”Ya estoy cansado de hacer de correo de la administración, así que lo tienen que hacer es darle de baja de una vez y dejarlo descansar en paz, y al mismo tiempo a mi familia“, ha terminado.

Precedentes con su madre

A los Danta parece perseguirles una maldición en forma de error adminstrativo con este caso. Y con otro lamentablemente similar. La madre de José Luis murió hace siete años, y también está enterrada en el cementerio de Lepe. Desde que falleció le ha seguido llegando la documentación para votar con total regularidad, “pero en las tres últimas elecciones ya se dieron cuenta del error y decidieron subsanarlo, con lo que no nos explicamos qué puede pasar para que con mi padre, porque nosotros seguimos el mismo trámite que se realiza cuando fallece una persona, así que no entendemos nada”.

De momento, a la familia la han explicado que la oficina del censo electoral se basa en el padrón local a la hora de mandar las tarjetas de información censal. Cuando su padre murió en 1997 nadie le dio de baja como vecino de Lepe, de modo que ahí sigue inscrito. Y cada vez que nuestros políticos nos convocan a meter una papeleta en una urna, solo es cuestión de esperar, y la tarjeta para su padre llega con macabra puntualidad.

Nuevas Generaciones de Linares recibe al líder del PP-A poniéndole letra de campaña a la exitosa canción de Marc Anthony.

Ya circula por internet el tema interpretado por Carlos Vela mientras su presidente no tiene más remedio que arrancarse a bailar.

“Y para qué seguir así, si Juanma Moreno es el pueblo. Para ti quiero vivir y trabajar y que Andalucía despierte ya...”. Es parte de la letra de la canción con la que los jóvenes de Nuevas Generaciones (NNGG) de Linares han recibido al presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno durante una parada en la provincia de Jaén por la campaña de las elecciones europeas del 25 de mayo. La canción, compuesta a partir de Vivir mi vida de Marc Anthony, la canta el secretario general de NNGG de Linares, Carlos Vela, y ya circula por internet.

El presidente de los populares, agradecido, no duda en moverse al ritmo de la música mientras el líder de NNGG, micro en mano, interpreta esta popular adaptación del exitoso tema del cantante de origen portorriqueño.

La número 3 de la candidatura del PP a las elecciones europeas del 25 de mayo, Teresa Jiménez Becerril, cree que “muchos partidos han visto el filón y quieren entrar en Europa para destruirla desde dentro”. En el marco del Forum Europa Tribuna Andalucía, celebrado en Sevilla este miércoles, ha insistido en que “el riesgo está ahí” y evitarlo es una de las razones para votar.

Jiménez Becerril ha criticado también a los que intentan diferenciar entre el modelo social de la izquierda y el de la austeridad de la derecha porque cree que no es real. “La palabra austeridad no debe asustarnos. Todos la conocemos en casa: cuando no hay para gastar, no se gasta”, ha ejemplificado. Habla también de inmigración: “Mi opinión es que lo primero son los derechos humanos y eso lo ha demostrado el Gobierno de España”.

Pero se ha centrado sobre todo en su trayectoria como eurodiputada en la legislatura que ahora termina, para posteriormente someterse a las preguntas de los asistentes.

¿Cómo se combate la abstención?

No tiene una solución rápida. Hay que comunicar con los ciudadanos (...). Nuestros intereses se defienden en Europa y los ciudadanos tienen la opción de participar de verdad, por ejemplo haciendo peticiones.

El desinterés de la ciudadanía ¿puede deberse a la falta de poder real del Parlamento Europeo frente a otros organismos como el Banco Central Europeo, la Comisión Europea... que no se eligen? ¿Qué piensa su partido de la necesidad de democratizar más la UE?

Hay que ir avanzando, pero es cierto que se hace muy lentamente. Pero no hay que olvidar que ésta es la primera legislatura en la que el Parlamento Europeo ha tenido poder de codecisión con el Consejo de la UE. No puede llevar medidas legislativas que no hayan sido aprobados por los parlamentarios (...). Pero claro que queremos más poder de iniciativa legislativa para el Parlamento Europeo.

¿Cómo se evita ese peligro en el que dice que está la UE? ¿Cómo se combate por ejemplo por el auge de la ultraderecha?

La solución la tienen los ciudadanos en su mano: no votar a los partidos que no creen en Europa. Los hay de ultraderecha y también de ultraizquierda y nacionalistas. Con sus alianzas luego se hacen fuertes y se ponen a nuestro nivel (...). No nos van a dejar avanzar, que ya es difícil hacerlo en Europa (...). No creen en la libertad de movimiento y van a boicotearnos. Tienen un caldo de cultivo en el desencanto.

¿No cree que los eurodiputados también deberían aplicarse la austeridad en sus sueldos?

Tenemos el sueldo congelado desde hace años (...). Pero sí, estamos excesivamente remunerados. Pero yo no estoy ahí por el dinero y hay mucho sacrificio detrás, con la familia y de todo.

¿Es un error estrapolar los resultados de estos comicios a otros?

Yo no lo considero un error. Europa es España. Sevilla es España. Chipiona es España. Pero no deben usarse las europeas como chivo expiatorio para castigar a nadie (...). El Gobierno del PP nos está sacando de la crisis. Ha frenado la caída y eso es una evidencia (...). Es importante que la gente diga que estos gobernantes nos han sacado de la situación en la que estábamos y espero que nos den la confianza en otros comicios.

¿Qué opina de los sondeos que se han ido publicando?

Me encantan cuando dicen que el PP saca mucho puntos de ventaja (...). Pero el equipo favorito no es siempre el que gana (...). Me preocupa el sondeo de la abstención. No quiero salir con una participación tan baja (...). Creo que la gente nos va a reconocer, a pesar de los sacrificios.

¿Qué piensa de los que han criticado un excesivo triunfalismo en su partido por ejemplo con los resultados del desempleo?

Comparto la idea de que no se puede caer en el triunfalismo. No lo veo en el ánimo de nuestro presidente. Es una realidad que las cifras del paro han mejorado ligeramente y es un signo. Son signos de que España y Europa está mejorando y se puede hablar con un poco de esperanza.

Ha dicho que es necesario ayudar a los bancos porque de ello depende que el crédito fluya luego, por ejemplo para las pymes y las familias. Pero tras miles de millones de euros destinados al rescate de la banca, el crédito sigue sin fluir en nuestro país...

(...) Es cierto que tenemos que tomar las medidas para que esto sea obligatorio.

¿Cómo cree que se han usado los fondos de desarrollo en Andalucía?

Ya se ha visto que ha habido parte que no ha ido adonde tenía que ir y ¡cuesta mucho negociarlos! (...) Pero siempre hay tiempo de cambiar las cosas y empezar de cero.

¿Está el Gobierno de España solo en el tema de la inmigración, por ejemplo con el problema de las vallas de Ceuta y Melilla?

España no está sola. Está con Italia, con Grecia... con la frontera sur. Se va a potenciar Frontex (la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores)...

¿Somos dueños de nuestro destino?

Sí. Hubiéramos dejado de serlo si nos hubieran rescatado, por lo menos en un 50%. Nuestro presidente lo ha hecho posible (...). Ha sido gracias al PP.