La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no ha disipado las dudas de los juzgados canarios sobre el índice IRPH, la polémica alternativa al Euríbor que ha encarecido en cantidades que oscilan entre los 200 y los 300 euros las cuotas mensuales que pagan por los préstamos hipotecarios más de un millón de familias en España, unas 50.200 en las Islas.

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha detenido por segunda vez procedimientos para los que había fijado fecha para votación y fallo. Este órgano ya había aplazado cualquier decisión sobre la materia hasta que el TJUE resolviera la cuestión de prejudicialidad planteada por un juez de Barcelona en un litigio entre un consumidor y Bankia. Tres meses después de que la Corte de Luxemburgo emitiera su veredicto, la Sección Cuarta de la Audiencia de Las Palmas ha vuelto a posponer la tramitación de estos pleitos, esta vez a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie. Su homólogo en Santa Cruz de Tenerife mantiene, de momento, las suspensiones decretadas antes de conocer la decisión del tribunal europeo, emitida el pasado 3 de marzo.

La respuesta de los tribunales españoles tras el fallo del TJUE ha sido muy desigual. En las sentencias que ha contabilizado después de este hito la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), las audiencias de Valencia, Toledo, Tarragona, Málaga y Álava han anulado el índice IRPH, posicionándose de este modo a favor de los consumidores, aunque con efectos dispares que, en algunos casos, tampoco han convencido a abogados y asociaciones de usuarios.

Los órganos provinciales de Madrid, Cáceres, Huelva, Sevilla, Granada y Alicante, por el contrario, se han alineado con las tesis de la banca y han mantenido la cláusula que fija este índice en los contratos hipotecarios. En Barcelona se ha dado la circunstancia de que las resoluciones varían en función de la sección en la que haya recaído el recurso. En la 4 y la 17 han fallado a favor de los consumidores. En la 15, a favor de la entidad financiera.

El IRPH fue comercializado como una alternativa al Euríbor, el tipo de interés utilizado en prácticamente en el 90% de las hipotecas concedidas en España en los últimos años. Se calcula a partir de los intereses aplicados por todas las entidades financieras, independientemente de su volumen de negocio, en los créditos de este tipo concedidos a más de tres años, incluyendo las comisiones. Los valores de este índice se han mantenido siempre muy por encima del Euríbor, encareciendo las hipotecas de los consumidores. Según expertos en la materia, el sobrecoste medio por la utilización del IRPH puede situarse en torno a los 20.000 euros por préstamo.

En la sentencia conocida apenas once días antes de la declaración del estado de alarma en España por la propagación de la COVID-19, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el uso del IRPH para fijar los precios de las hipotecas es abusivo si la entidad financiera no ha cumplido con sus obligaciones de transparencia, es decir, si al comercializarlo no ha proporcionado una información clara y comprensible al consumidor. No basta con que la redacción de la cláusula sea correcta. La banca debió asegurarse de que el cliente entendía el modo de cálculo del IRPH y su alcance económico, qué repercusiones podría tener ligar el préstamo a este indicador, aclara la sentencia de la Corte de Luxemburgo.

Las discrepancias de los tribunales españoles no se han ceñido a la nulidad del IRPH. También a los efectos de esta declaración. La sentencia del TJUE precisa que, en caso de que el contrato de préstamo hipotecario no pueda subsistir sin esa cláusula, el índice deberá sustituirse por uno supletorio, siempre que sea beneficioso para el consumidor. Hasta la fecha, tres han sido las soluciones adoptadas por los tribunales que han suprimido el indicador. La primera, la más favorable para los usuarios, asume que los préstamos pueden sostenerse sin el IRPH y que, por lo tanto, el consumidor solo tendrá que pagar el diferencial incluido en el contrato, de manera que las cuotas se reducen de forma considerable. En este tipo de préstamos, los diferenciales suelen ser bastante más bajos que los fijados en las hipotecas vinculadas al Euríbor.

La segunda vía, la mayoritaria hasta la fecha en las resoluciones judiciales que anulan el índice por falta de transparencia en su comercialización, consiste en sustituir el IRPH por el Euríbor, un tipo de referencia que lleva desde febrero de 2016 en cotización negativa.

La tercera es la más controvertida, por ser la más perjudicial para los consumidores y la más favorable a los intereses de la banca. Es la opción por la que ha abogado, por ejemplo, la Audiencia de Tarragona. En una sentencia dictada apenas ocho días después del fallo del TJUE, este órgano provincial decidió sustituir el IRPH Cajas (el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años concedidos por las antiguas cajas de ahorro) por el denominado IRPH Conjunto de Entidades, una modalidad que nació con la Ley 14/2013, la misma que decretó la desaparición completa de los otros índices oficiales que existían hasta la fecha, entre ellos el mencionado IRPH de las extintas cajas. En la práctica, esta fórmula apenas varía las cuotas de los consumidores, puesto que el índice solo reduce el porcentaje unas décimas sobre el anterior.

Pedro Revilla, abogado tinerfeño que representa a los consumidores en pleitos sobre el IRPH, defiende, en un artículo publicado en la revista especializada Economist & Jurist, que los contratos pueden subsistir si se elimina la cláusula que contiene el índice, puesto que queda el diferencial, un margen constante que permitiría al banco seguir obteniendo un rendimiento del préstamo. Sostiene además que el IRPH Conjunto de Entidades no se previó en la ley 14/2013 como un índice para suplir al IRPH Cajas en los préstamos hipotecarios en ausencia de pacto entre usuario y banca. Según el letrado, aplicar esa modalidad como índice supletorio solo beneficia a las entidades financieras, que ven cubiertas “sus expectativas de negocio”, frustrándose así “el fin disuasorio” perseguido por la normativa europea de protección al consumidor.

Revilla no comparte la decisión de la Audiencia Provincial de Las Palmas de suspender los procedimientos hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie y resuelva las discrepancias manifestadas por las audiencias provinciales. El abogado alude al artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que “los jueces y tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Para el letrado, el aplazamiento solo estaría justificado si se hubiera planteado una segunda cuestión de prejudicialidad a Europa. En este sentido, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana, responsable de la primera consulta al TJUE por la abusividad de la cláusula IRPH, ya ha manifestado su voluntad de repreguntar ante las dudas suscitadas. Bankia ha pedido la recusación de este juez por una presunta “falta de imparcialidad” por haber participado en un congreso de Asufin.

Por su parte, el abogado grancanario Andrés Roda, también especializado en la defensa del consumidor ante los abusos bancarios, celebra la postura adoptada por la Audiencia de Las Palmas ante los pleitos por IRPH. Considera que el aplazamiento es la decisión “más justa y prudente” en un momento “de gran inseguridad jurídica” que “solo beneficia” a las entidades financieras. “A los bancos no les cuesta nada seguir recurriendo. En cambio, los consumidores corren el riesgo de ir agotando las instancias”, de que se dilate un proceso durante años o de acabar con una sentencia desfavorable y no poder dar marcha atrás, ya que cualquier tipo de reclamación posterior, en caso de una eventual resolución del Supremo con una interpretación favorable a los intereses de los consumidores, se toparía con la institución de “la cosa juzgada”.

Roda es partidario de presentar las demandas “cuando no existan dudas sobre la interpretación que darán los tribunales españoles a la sentencia del TJUE”, es decir, cuando el Supremo siente jurisprudencia. El abogado explica que a partir de ese momento las entidades financieras dejarán de acudir a todas las instancias judiciales, evitando así que los procesos se dilaten y que afecten aún más a las maltrechas economías domésticas, o que, en algunos casos, opten por ofrecer acuerdos que puedan resultar atractivos para algunos consumidores afectados que se podrían librar de esta manera de los inconvenientes que acarrean estos procedimientos.

La sentencia voló desde un despacho de abogados en Las Palmas de Gran Canaria hasta Pukhet, a casi 12.000 kilómetros de distancia, el pasado 21 de abril. En esta isla tailandesa reside desde 2014 Miguel Ángel López, un entrenador de natación que un año antes de mudarse al país asiático, mientras esperaba en el aeropuerto de Madrid por un avión que debía trasladarlo a Fuerteventura, firmó el contrato para la utilización de una tarjeta de crédito fácil, de las denominadas revolving, que ahora ha sido anulado por un juzgado de la capital grancanaria por usurario, por fijar unos intereses desproporcionados.

“Me sentí muy aliviado cuando vi que ganábamos la demanda, pero también sentí rabia porque había intentado arreglar la situación en múltiples ocasiones y la empresa hizo todo lo posible para aprovecharse de mi”, resume López, que explica que, “de deber unos 2.500 euros” a la entidad financiera (WiZink) por un préstamo original de 2.000, podría recuperar, si el fallo judicial adquiere firmeza (se puede recurrir ante la Audiencia Provincial), 1.700 euros. “Había pagado la deuda dos veces”, dice. La sentencia, del Juzgado de Primera Instancia 17 de Las Palmas de Gran Canaria, aplica la doctrina fijada recientemente por el Tribunal Supremo con respecto a las tarjetas revolving y concluye que el interés impuesto por el banco, del 26,82% TAE, es “notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”.

Estos productos se comercializan con el aliciente de la disponibilidad inmediata de los fondos y la ausencia de requisitos vinculados con la capacidad de pago de los consumidores. Con estas tarjetas, los clientes pueden financiar de forma ágil compras hasta un determinado límite y aplazar su abono en cuotas muy reducidas, pero con unos intereses muy altos. ¿La consecuencia? El capital no se reduce y los intereses acaban ahogando a los usuarios y disparando la deuda.

Cuando López aceptó la tarjeta de crédito fácil se dirigía a Fuerteventura, isla en la que acababa de ser contratado como director deportivo de un hotel. “Mi caso es atípico, ya que en esos momentos no tenía necesidades económicas, pero me hablaron durante media hora sobre sus grandes ventajas, sobre la posibilidad de pagar al mes siguiente sin cargos, y la realidad es que con los gastos de la mudanza andaba sin mucha liquidez, aunque sin ahogos mensuales, así que la cogí y solicité que me pasaran el 100% de la facturación cada mes”, explica.

Los problemas, dice, comenzaron cuando la entidad financiera empezó a cargarle en su cuenta “el mínimo”, unos 50 euros al mes, por las compras realizadas. “La empresa hizo caso omiso a mis instrucciones de pasar el total”, asegura el entrenador de natación, que un año más tarde se trasladó a Tailandia por motivos laborales. “Cuando me mudé solicité por correo que se cancelara la tarjeta y se me cobrara todo. Hablamos de 2014. La empresa ignoró mi solicitud en cuatro ocasiones”, denuncia. Tras un intento infructuoso en un primer regreso a Canarias dos años después, López volvió a intentar anular la tarjeta y librarse de la deuda en su última visita a las islas, en verano del año pasado. “Ante la falta de respuesta, y tras leer un artículo de periódico sobre las tarjetas revolving, me puse en contacto con un abogado (Andrés Roda), que me atendió ese mismo día. Todos los pasos posteriores fueron por correo electrónico”.  

“Lo curioso es que originalmente yo quería pagar la deuda que tenía, para evitar un interés excesivo, pero no me dejaron. Si la compañía hubiera aceptado en ese momento, yo nunca hubiera recuperado los intereses usurarios que me cargaron (…) Siempre estuve dispuesto a pagar el precio justo y se valieron de la burocracia para seguir lucrándose ilícitamente con unos intereses desorbitados”, sostiene López, que se muestra muy agradecido con su letrado.

Doctrina del Supremo

La resolución del Juzgado de Primera Instancia 17 de Las Palmas de Gran Canaria se basa en la doctrina fijada por el Supremo en la sentencia dictada el pasado 4 de marzo sobre las tarjetas revolving, también con WiZink como protagonista, y con el mismo TAE aplicado, del 26,82%.  En su fallo, el alto tribunal dio la razón a la financiera en una de sus tesis, la que defiende que para considerar que un interés es usurario se debe comparar con la media de los tipos aplicados en las operaciones de la misma categoría (los créditos fáciles), mucho más elevada (en torno a un 20%) que la registrada para los préstamos al consumo en general (un 10% en la fecha de celebración del contrato -agosto de 2013- en el caso del suscrito por Miguel Ángel López con WiZink).  

Sin embargo, también acogió parte de los argumentos esgrimidos por los consumidores y recordó que la denominada Ley Azcárate, en vigor desde 1908, sostiene que un crédito es usurario si arroja un interés “notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso”. El Supremo recalca que, si el tipo medio ya es muy elevado, como ocurre con las tarjetas revolving, el margen en el que se puede incrementar el precio de la operación sin incurrir en usura es mucho más reducido. De no seguirse este criterio, advierte el Supremo, para que un contrato de préstamo pudiera ser considerado usurario tendría que acercarse a un interés del 50%.

La resolución del alto tribunal incide también en la necesidad de analizar el perfil de consumidor al que van destinados estos productos, que suele ser aquel que “por sus condiciones de solvencia y garantías no puede acceder a otros créditos menos gravosos”. El Supremo recuerda que las tarjetas revolving se caracterizan por fijar unas cuotas no muy elevadas en comparación con las deudas pendientes, de manera que la devolución se alarga en el tiempo con una elevada proporción de pago de intereses y poca amortización de capital, generando así lo que denomina “deudores cautivos”. 

Además, precisa que el elevado nivel de impagos no puede justificar la imposición de intereses tan altos, máxime cuando los préstamos se conceden “de forma ágil”, con técnicas de comercialización “agresivas” y ·sin comprobar la capacidad de pago de los usuarios, facilitando los sobreendeudamientos.

WiZink no ha contestado a las preguntas formuladas por esta redacción sobre la reciente sentencia ni sobre la posibilidad de recurrir cuando se reabran los plazos procesales. Sin embargo, a raíz de la resolución del Supremo, la entidad financiera ha redefinido su estrategia y ahora ofrece las tarjetas a un interés de en torno al 20%, una decisión que, según una campaña publicitaria que difundió apenas una semana después del fallo, adoptó tras “escuchar” a sus clientes.

Darío (nombre ficticio) fue inscrito en dos ficheros de morosos cuatro meses después de fallecer por una deuda que Bankinter nunca le reclamó en vida. De nada sirvió que la esposa del difunto comunicara al banco la noticia de la muerte a los pocos días de que se produjera, que se interesara por los productos que tenía contratados su marido y que se ofreciera a hacer frente a los pagos pendientes a través de fórmulas aplazadas. La entidad financiera, que confirmó la recepción del certificado de defunción y su envío interno al departamento correspondiente para la gestión de cobros, mantuvo durante cerca de un año los datos personales de Darío en esos registros de solvencia, a disposición de cualquier operador económico interesado.

La jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, acaba de condenar a la entidad financiera por vulnerar el honor del fallecido. Bankinter deberá indemnizar a sus herederos con 10.000 euros por los daños morales causados, según recoge una reciente sentencia que aún se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Las Palmas y que impone el pago de las costas procesales al banco. 

La deuda reclamada por la entidad, cierta y reconocida, se había generado como consecuencia de la suscripción de dos contratos de tarjetas de crédito que, además, han sido anulados en la misma resolución judicial por usurarios, al fijar un tipo de interés remuneratorio (TAE) de hasta el 26,82% (en función de la operación), más del triple del normal que establecía el Banco de España en sus estadísticas para los créditos al consumo en el momento de la firma (finales de 2005 y principios de 2006). La sentencia estima en su integridad la demanda presentada por los afectados, representados por el abogado Andrés Roda, y obliga a la entidad a devolverles todas las cantidades que hubiera percibido al margen del capital prestado. 

La sentencia interpreta la inclusión del fallecido en el registro de morosos como una medida de presión a la familia para cobrar la deuda, una actuación “claramente ofensiva para la memoria del difunto”. Antes de dar este paso, y según consta en el relato de hechos probados, la entidad financiera había emprendido una agresiva estrategia consistente en una sucesión de llamadas telefónicas “a horas intempestivas”, desde las 07.00 de la mañana y “de muy malos modos”, en palabras de los afectados, para reclamar las cantidades pendientes de la tarjeta de crédito. 

En estas comunicaciones, los representantes del banco, que en ocasiones se presentaban como abogados, “trivializaban la memoria” de Darío al preguntar por él “a pesar de que sabían que había fallecido”. Con ello, no solo agudizaban el dolor de la familia, sino que además creaban “una sensación de zozobra y desasosiego” entre sus miembros, remarca la resolución. 

La contundente sentencia del juzgado majorero recuerda que la mujer del difunto no solo acudió a la oficina de Bankinter en Puerto del Rosario para tratar de resolver la situación, sino que también se desplazó hasta Santa Cruz de Tenerife e hizo gestiones telefónicas para saldar la deuda, llegando a ofrecer, antes de que su marido fuera incluido en los registros de solvencia, una solución de pago aplazado en seis cuotas que no fue aceptada por la entidad financiera. 

La resolución también incide en que el banco “hizo caso omiso” a las peticiones de información que los familiares cursaron para conocer tanto la cuantía de la deuda como las formas de pago. 

En su defensa, Bankinter alegó que el fallecido había sido dado de baja en los ficheros de morosos antes de que sus familiares presentaran la demanda. Para la jueza, este argumento no sirve para exculpar a la entidad, puesto que cuando adoptó esta decisión ya había transcurrido casi un año desde su inscripción, por lo que el daño moral “ya se había producido”. “La indemnización va encaminada a reparar el honor del ofendido, en este caso su memoria, y aliviar el dolor de sus familiares mediante la reparación de su reputación”, reza la sentencia. 

La ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, permite la protección del honor de las personas fallecidas. En su articulado, precisa que, aunque la muerte “extingue los derechos de la personalidad”, la memoria del difunto constituye “una prolongación” de aquella que también debe ser tutelada. El fallo alude a una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2009 que sienta como doctrina que la inclusión indebida de una persona en un fichero de morosos vulnera su derecho al honor, ya que “lesiona su dignidad, menoscaba su fama y atenta a su propia estimación”.  

Frente a la tesis defendida por la entidad financiera de que la Ley de Protección de Datos no se aplica a las personas fallecidas, la jueza sostiene que los herederos están legitimados para ejercer acciones en defensa de su honor y recalca que es “intrascendente” que el fichero haya sido consultado o no por terceras personas. “El derecho a cobrar las cantidades adeudadas no puede prevalecer en todo caso”, concluye la resolución. 

Bankinter ha declinado ofrecer su versión sobre estos hechos. 

Jubilado de 71 años con estudios básicos, que cobra una pensión que ronda los mil euros, que atesora un importante patrimonio gracias a la venta de dos viviendas familiares y que ha depositado una “fe ciega” en el personal de la entidad financiera que le asesora desde hace años. Es el retrato del cliente a quien el Banco Santander vendió en septiembre de 2007 un producto complejo y de alto riesgo, los denonimados Valores Santander, que le hizo perder el 70% de su inversión, 840.000 euros de un total de 1,2 millones. Seis años y medio después de que se consumara la conversión de esos bonos en acciones, la operación que provocó el quebranto, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha anulado el contrato, obligando a la entidad a restituir esa cantidad a través de una sentencia que sostiene que el banco no informó de manera clara y comprensible del funcionamiento del producto ni de los riesgos que acarreaba a un usuario sin conocimientos financieros específicos.

La resolución judicial, publicada por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), confirma una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Las Palmas de Gran Canaria y condena al pago de las costas al Banco Santander, que ha podido recurrir en casación al Supremo.

El Banco Santander comercializó sus Valores a partir de septiembre de 2007 con el objetivo de obtener 7.000 millones de euros a través de ahorros de pequeños inversores para costear su parte de la compra del banco holandés ABM Amro, dentro de un consorcio que completaban el Royal Bank of Scotland y Fortio. Para ello, la entidad ofrecía un potente incentivo inicial, un interés fijo del 7,5% durante el primer año y del Euribor más el 2,75% del segundo al quinto, fecha en la que, irremediablemente, esos valores serían convertidos en obligaciones y estas, a su vez, en acciones. El precio para el canje estaba fijado desde 2007 a partir de una compleja fórmula. La operación, por tanto, conllevaba un importante riesgo, derivado de la fluctuación del mercado. Si en el momento de la conversión (4 de octubre de 2012), el valor de la acción en bolsa era inferior al prestablecido cinco años antes, como finalmente ocurrió, los ahorradores perderían parte de su inversión.

“Nos hallamos ante un producto complejo, especulativo y de alto riesgo, que puede ocasionar importantes pérdidas para quien lo suscribe”, expone la Sala en la sentencia. Los magistrados Víctor Caba, Carlos Augusto García y Miguel Palomino (ponente) remarcan que el banco tenía la obligación de proporcionar información suficiente y comprensible y cerciorarse de que el cliente entendiera el alcance y los riesgos de la operación y reuniera el perfil de inversor con conocimientos financieros.

El Banco Santander alegó en su recurso de apelación que el demandante tenía un perfil inversor, un patrimonio medio-alto y “tolerancia al riesgo”, ya que contaba con experiencia en productos de renta variable, como las participaciones preferentes o fondos de inversión, instrumentos financieros que, a juicio de la entidad, no difieren “en complejidad o en riesgos” de los valores que comercializó en 2007 para financiar la adquisición de ABN Amro. Defendió además que proporcionó a los usuarios información suficiente de manera verbal y a través de un tríptico y de documentación complementaria. Una tesis que no comparten ni el abogado del cliente, Alejandro Castro, ni la Sala.

El letrado de los demandantes se opuso a las pretensiones del banco al considerar que el Santander en ningún momento ofreció información “clara, imparcial, comprensible, no engañosa, suficiente y leal”. “Si una persona es informada de lo que podía pasar, en su cabal juicio no suscribe el producto”, expuso en su escrito para negar que el cliente hubiera recibido y firmado el tríptico en el momento de la firma del contrato, como sostenía la entidad. Lo hizo, según su versión, en 2016, antes de presentar la demanda. El cliente afirmó que, de haberla recibido en ese momento, tampoco hubiera podido comprender la documentación, que contenía información compleja de índole fiscal.

La opinión es compartida por los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia de Las Palmas. La resolución judicial alude a otras sentencias del Supremo para incidir en el hecho de que el tríptico era “insuficiente” y no servía para aportar “un cumplido conocimiento de su funcionamiento y riesgos”, ya que no incluía ejemplos que contribuyeran a ilustrarlos. La posición de la Sala se ve reforzada con el testimonio del trabajador de la entidad que asesoró al demandante, que reconoció que desconocía que el cliente no era empresario, sino auxiliar administrativo, y que solo tuvo en cuenta que tenía un “patrimonio importante”. El testigo admitió además que el usuario nunca comprendió el funcionamiento del producto. “Es cierto que había invertido con anterioridad, pero siempre en productos garantizados o de bajo riesgo, sin que pueda sostenerse que Valores Santander pueda equipararse al funcionamiento de acciones cotizables en bolsa u otro mercado. Esta actividad no comporta que tenga conocimientos financieros suficientes para comprender el alcance y riesgo de la inversión”, explica la Audiencia de Las Palmas para zanjar el debate sobre el perfil del inversor.

El Banco Santander también trató de tumbar la sentencia de primera instancia aduciendo una supuesta caducidad de la acción, al entender que el plazo para poder presentar la demanda debió concluir, “como muy tarde”, en septiembre de 2009, fecha en la que, en su opinión, el cliente ya conocía, a tenor de las cartas emitidas por la propia entidad, que los bonos “nada tenían que ver con un depósito”, que cotizaban en el mercado y que no se garantizaba la recuperación del 100% del capital invertido. Frente a esta tesis, la Audiencia de Las Palmas recuerda que el Supremo ha interpretado que el inicio del cómputo del plazo de cuatro años para ejercer la acción debe quedar fijado el 4 de octubre de 2012, es decir, el día en que los valores se convirtieron en acciones. El abogado del cliente jubilado presentó la demanda un día antes de que concluyera, el 3 de octubre de 2016.

El importe que estaba en juego en el procedimiento que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas resolvió el pasado 21 de febrero es, probablemente, el más elevado de cuantos se hayan dirimido en ese órgano judicial con respecto a las hipotecas multidivisas. Los consumidores, dos familias que suscribieron hace más de una década un préstamo hipotecario conjunto de algo más de 650.000 euros, aportaron a la causa un informe pericial que cifraba el perjuicio económico en cerca de 200.000. En concreto, en los 191.322 euros en los que aumentó su deuda en nueve años, a pesar de pagar sus correspondientes cuotas y como consecuencia de la vinculación del crédito al franco suizo.

La sentencia, que aún no es firme (se puede recurrir al Supremo), supone un duro varapalo para la entidad financiera que suscribió la hipoteca, Bankinter, que ha sido condenada a eliminar la cláusula, a aplicar el tipo de interés pactado en euros y a recalcular el cuadro de amortizaciones. De confirmarse, el fallo supondrá una reducción del capital de la hipoteca que Rajesh Chellaram, abogado de los demandantes en representación de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), cifra ya en cerca de 200.000 euros (la pericial es de 2017).

La resolución judicial, firmada por el magistrado Juan José Cobo Plana, remarca que la entidad financiera no ha acreditado que los clientes tuvieran un conocimiento suficiente sobre el funcionamiento de la cláusula ni de los riesgos de su aplicación. Los demandantes suscribieron el contrato original, un préstamo hipotecario ordinario referenciado en euros, con el Banco Popular en octubre de 2006. Sin embargo, dos años después, una trabajadora de Bankinter les convenció, tras acudir al negocio que regentaban, para que lo cambiaran a la modalidad de multidivisas con el incentivo de que el tipo de interés a aplicar sería inferior. Se referenció al franco suizo.

La empleada, que ya no trabaja para la entidad financiera, reconoció en su declaración como testigo durante la vista oral que fue el banco quien ofertó el producto y quien fijó las condiciones y que ella se limitó a dar “una explicación genérica” de las multidivisas al carecer de conocimientos específicos.

La sentencia incide en que Bankinter no proporcionó a los clientes información suficiente sobre la naturaleza y el funcionamiento de este tipo de préstamos y que tan solo aportó un documento que, por sí solo, no permitía a consumidores sin especiales conocimientos financieros conocer las consecuencias de referenciar una hipoteca en una moneda diferente al euro. Es decir, no explicó que el préstamo quedaba sometido a los vaivenes del mercado de divisas y que, por tanto, si el euro se depreciaba frente a la moneda de referencia, en este caso el franco suizo, la deuda aumentaba.

La firma del nuevo contrato coincidió con un periodo especialmente delicado para el euro, una circunstancia que agravó la situación económica de los demandantes, que seguían pagando sus cuotas mientras veían como el capital pendiente de amortización, lejos de reducirse, se incrementaba. Las hipotecas multidivisas, dirigidas de manera específica a clientes con sueldo fijo, fueron comercializadas a partir de 2007, alcanzaron su auge con el estallido de la crisis económica y han afectado, según Asufin, a más de 70.000 familias en España.

Correos sin enviar y documentos sin firma

En el caso resuelto recientemente por la Audiencia de Las Palmas, la entidad financiera trató de demostrar que había cumplido sus obligaciones de información a los clientes con la aportación de varios correos electrónicos que fueron impugnados no porque se dudara de su autenticidad, sino porque no se acreditó que hubieran sido efectivamente remitidos a los demandantes. Bankinter también incorporó a la causa una serie de documentos para intentar probar que los consumidores tenían experiencia financiera, pero tampoco surtió efecto porque no estaban firmados.

En una resolución de 20 páginas con abundante jurisprudencia, la Audiencia de Las Palmas ha desestimado el resto de argumentos esgrimidos por el banco para tumbar la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 13 de la capital grancanario. Entre otras cuestiones, defendió la caducidad de la acción y la falta de legitimación de Asufin para presentar la demanda. Sobre la primera controversia, el órgano judicial recuerda que el contrato hipotecario no se consume hasta que se extingue la relación. En relación con la segunda, recuerda que el Tribunal Constitucional ha reconocido la legitimación activa de las asociaciones de consumidores y usuarios para defender los derechos y los intereses de sus asociados, en una interpretación amplia de la legislación sobre la materia.

Lunes, 25 de febrero de 2019. La fecha está marcada en rojo en los calendarios de los afectados por el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarias (IRPH), una fórmula utilizada por los bancos, principalmente en los años previos a la crisis, como una alternativa al Euribor que ha aprisionado a más de 1,3 millones de familias en toda España, 50.200 en Canarias, con cuotas mensuales hasta 300 euros más caras que las vinculadas al tipo de referencia más común.

Ese día se celebrará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la vista oral en la que se dilucidará si este índice puede ser catalogado como abusivo en caso de que los jueces nacionales estimen que ha habido opacidad en su comercialización, como sostiene la Comisión Europea, o si se trata de un indicador oficial, supervisado por el Banco de España, transparente y, por lo tanto, válido, como defendió el Tribunal Supremo en la polémica sentencia dictada a finales de 2017 con el voto discrepante de dos magistrados de la sala.

La proximidad de esta fecha ha llevado a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a cambiar el criterio que ha mantenido hasta ahora y a suspender los procedimientos abiertos por reclamaciones sobre el IRPH, siguiendo el ejemplo, aunque con meses de diferencia, del órgano homólogo en Las Palmas, que aplazó todos los pleitos el pasado 28 de septiembre, nada más conocer el informe de la Comisión Europea favorable a la tesis de los consumidores.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife dictó el pasado viernes, 15 de febrero, una providencia que estima la pretensión del abogado Pedro Revilla y suspende la deliberación, votación y fallo de un procedimiento hasta que el TJUE se pronuncie sobre la cuestión prejudicial planteada por un juzgado de Barcelona para resolver las discrepancias manifestadas en los últimos años por los jueces nacionales. Se da la circunstancia de que tan solo diez días antes esa sección había desestimado idéntica solicitud cursada en otro procedimiento sobre IRPH por el mismo letrado, que considera este cambio “una gran noticia”.

Los abogados que defienden a los consumidores entienden que, en este momento, una resolución de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife puede ocasionar un importante perjuicio a sus clientes, máxime si el TJUE se pronuncia en similares términos que la Comisión Europea, puesto que generaría los efectos de “cosa juzgada”. Y es que, hasta la fecha, el órgano provincial se ha alineado con los argumentos de la banca, en consonancia con la mencionada sentencia del Supremo, posteriormente cuestionada por Bruselas, que avala la transparencia del índice. Una resolución desfavorable para los afectados les obligaría, en caso de querer recurrir, a acudir al Tribunal Supremo, lo que les acarrearía, además, un elevado coste económico.

En resoluciones dictadas con posterioridad al informe de la Comisión Europea, la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha seguido dando por buenos los argumentos del Supremo, esto es, que la cláusula IRPH se refiere al “objeto principal del contrato” de préstamo hipotecario, que fija su carácter remuneratorio y que, por lo tanto, queda excluida de la exigencia del plus de transparencia que establece la legislación sobre protección a los consumidores, con el único requisito de que su redacción en el contrato sea clara y comprensible.

El mencionado informe de la Comisión Europea ha supuesto, en cambio, un triunfo parcial para los afectados y las asociaciones de consumidores, puesto que sostiene que la cláusula se puede eliminar de las hipotecas siempre que quede demostrado que su comercialización no ha sido transparente. Además, deja abierta la posibilidad de que esos préstamos se puedan quedar sin intereses, como reclaman abogados y asociaciones de consumidores y como ha resuelto la mayoría de los jueces que se rebelaron contra la sentencia del Tribunal Supremo de finales de 2017.

Las dos audiencias provinciales de Canarias mantienen criterios dispares en los pleitos en los que se dirime el carácter abusivo de las cláusulas de las hipotecas que vinculan los créditos al denominado Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), un indicador que, en la práctica, ha encarecido las cuotas de más de 50.000 familias en todo el Archipiélago. A la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fije una posición definitiva que acabe por fin con las discrepancias manifestadas en los juzgados españoles, la Audiencia de Las Palmas decidió a mediados de septiembre suspender todos los procedimientos abiertos hasta que se conozca el fallo de la institución comunitaria, ya que, a partir de ese momento, esa doctrina será de aplicación obligatoria por parte de los jueces nacionales.

No han corrido la misma suerte, sin embargo, los demandantes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cuya Audiencia sigue resolviendo recursos de procedimientos sobre IRPH con una tesis que se aleja de la que defienden abogados especializados en abusos bancarios, asociaciones de consumidores y la propia Comisión Europea (CE), que el pasado 17 de septiembre emitió, en el marco de una cuestión de prejudicialidad elevada por un juez de Barcelona para resolver las divergencias planteadas, un informe que ha dado esperanza a los afectados. Este informe sostiene que la cláusula IRPH se puede eliminar de los contratos siempre que se constate que no ha habido transparencia en su comercialización.

La posición de la Comisión Europea choca frontalmente con la que ha defendido el Tribunal Supremo desde que, en diciembre de 2017, dictara la conocida sentencia que negaba el carácter abusivo y opaco de las cláusulas IRPH. Un fallo que ha servido de base a la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife para resolver a favor de la banca y en contra de los intereses de los consumidores en sucesivas resoluciones durante el último año.

La última sentencia conocida sobre IRPH en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife fue dictada, precisamente, el 19 de septiembre, dos días después de que la Comisión Europea emitiera su informe y la misma fecha en la que trascendió su contenido a los medios de comunicación. Ese pronunciamiento de la Sección Cuarta incide, con argumentos idénticos, en otras resoluciones anteriores del mismo órgano para revocar el fallo de instancia, que daba la razón a los demandantes, María José y Rafael, una pareja del municipio de La Victoria de Acentejo que, tras pagar más de 80.000 euros desde que firmaran, en 2003, un crédito hipotecario de 128.000 euros con CajaCanarias (después integrada en Banca Cívica y en Caixabank), solo habían amortizado 30.000 de capital, ya que solo en intereses habían abonado durante ese periodo cerca de 50.000 euros.

Esa resolución de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, al igual que los pronunciamientos anteriores, remarca que la cláusula IRPH se refiere al “objeto principal del contrato”, puesto que establece “el carácter remuneratorio del préstamo”, y que, por ello, queda excluida del plus de transparencia exigido en la legislación sobre protección a los consumidores, con la única salvedad de que debe estar redactada de manera clara y comprensible.

El IRPH calcula la media de los intereses aplicados por las entidades financieras en las hipotecas concedidas a más de tres años, con comisiones incluidas. El Euribor, en cambio, se establece a partir de los tipos de interés a los que se prestan dinero entre sí los bancos. Una de las diferencias fundamentales entre ambos indicadores es que en el IRPH la media no es ponderada, es decir, todas las entidades tienen el mismo peso con independencia del volumen de préstamos que comercialicen, una circunstancia que, en opinión de Juan Etxeberria Murgiondo, catedrático de Estadística Aplicada en la Universidad del País Vasco, les confiere capacidad para “incidir, influir, manipular y condicionar” el resultado final.

Aunque las hipotecas referenciadas al IRPH suelen tener un diferencial más bajo, este índice ha cotizado en torno a los dos puntos por encima del Euribor, lo que se ha traducido en los últimos años en incrementos de cuotas de entre 200 y 300 euros al mes.

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, siguiendo la doctrina fijada por el Supremo a finales de 2017, ahora cuestionada por la Comisión Europea, continúa defendiendo que, al tratarse de un índice oficial, supervisado por el Banco de España y publicado periódicamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se aleja de cualquier sospecha de manipulabilidad. El tribunal provincial sostiene que la mera inclusión del IRPH en los contratos no es abusiva ni implica falta de transparencia.

La sentencia revocada, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de La Orotava, mantenía que la entidad financiera no había explicado suficientemente el funcionamiento de la cláusula a unos usuarios no expertos en productos bancarios. El fallo añadía que CajaCanarias (ahora Caixabank) no les ofreció ninguna simulación de escenarios ni una comparación con el resto de índices de referencia de los préstamos hipotecarios. Esta argumentación coincide con la expuesta por los dos magistrados del Supremo que emitieron un voto discrepante al sentir mayoritario de la Sala en la resolución de diciembre de 2017, al entender que es primordial conocer si cuando el banco ofrecía este tipo de hipotecas explicaba el significado del IRPH y daba a elegir, o no, entre varios indicadores.

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife sostiene, en cambio, que esas cuestiones “no son determinantes”, que el significado del IRPH aparece explicado en la cláusula “de forma razonable” y que su fórmula de cálculo, con independencia de la evolución que ha experimentado el índice, es “más sencillo” que el Euribor. “Los índices no son cuestionables salvo que haya sospecha de manipulación”, concluye el tribunal provincial.

Alegaciones y un 'copia y pega'

Frente a esta sentencia, el abogado de los afectados, Andrés Roda, presentó el 1 de octubre un escrito de corrección/aclaración en el que, además de alegar que la entidad financiera no había argumentado “de ninguna manera” la existencia de transparencia en la comercialización de la cláusula IRPH, pedía la suspensión de la tramitación del procedimiento para evitar causar “un daño irreparable a aquellas personas que no puedan acudir en (recurso de) casación ante el Supremo”. Máxime cuando, a raíz del informe de la Comisión Europea, “todo apunta a que el TJUE declare que es necesario que los profesionales expliquen al consumidor cómo se configura el tipo de referencia, su evolución hasta la firma del contrato y sus previsiones futuras”.

En el auto de contestación, emitido el 19 de noviembre, la Audiencia rechaza las pretensiones de los afectados y aduce, para ello, las mismas razones que en la sentencia dictada dos meses antes, esto es, acude de nuevo al criterio fijado por el Supremo.

Se da la circunstancia de que en la sentencia mencionada, el tribunal provincial alude al “testimonio de un empleado de la entidad”, cuando en la vista no se practicó ninguna prueba testifical. Al ser cuestionada por el abogado demandante sobre esta incongruencia, que atribuye a un corta y pega de sentencias anteriores, la Audiencia defiende que se trata de una “referencia genérica a las posibles formas de manifestarse la información que el banco ofrece al cliente”.

Al igual que ocurriera con las cláusulas suelo, el futuro judicial del IRPH está ligado a Europa. De momento, la Comisión Europea se ha pronunciado a favor de las tesis de los consumidores, pero la decisión definitiva compete al Tribunal de Justicia de la UE, previo informe del Abogado General. El Gobierno de España, por su parte, ha defendido abiertamente los intereses de la banca en esta batalla, al remitir al tribunal europeo una serie de observaciones para demostrar que hubo “buena fe” por parte de las entidades.

Los tribunales siguen descubriendo los abusos y excesos cometidos por la banca con la comercialización de las hipotecas, entre ellas las denominadas multidivisas, con casos tan llamativos como el que ha afectado a una pareja de médicos de la isla de Tenerife que, ocho años después de firmar un crédito de 311.000 euros, y a pesar de haber abonado durante ese periodo con sus cuotas mensuales cerca de 150.000, debía a Bankinter más dinero del que la entidad financiera le había concedido como capital inicial, en concreto 334.000 euros.

En una reciente sentencia, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha anulado la cláusula que referenciaba la hipoteca al franco suizo, eliminándola del contrato, y ha obligado al banco a recalcular la deuda, vinculando todas las operaciones al euro. De esta manera, la entidad financiera debe restar a la cantidad prestada el dinero amortizado por los clientes a lo largo de esos ocho años en concepto de principal e intereses.

En este caso concreto, la hipoteca fue concedida en agosto de 2008, en pleno estallido de la crisis económica y de la burbuja inmobiliaria. Las multidivisas se habían empezado a popularizar el año anterior en un sector concreto de la ciudadanía. Se trataba de un tipo de producto que estaba dirigido a clientes con sueldo fijo y funcionarios. Entre los perfiles más comunes se encontraban los sanitarios, empleados públicos, policías, guardias civiles, bomberos, controladores aéreos, pilotos, azafatas...

Según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que ejerció en 2016 las acciones contra  Bankinter en nombre de la pareja de médicos de Tenerife, son más de 70.000 los afectados en España por las multidivisas, un tipo de hipoteca que vinculaba el préstamo a la evolución de una divisa extranjera, normalmente el yen o el franco suizo. Las entidades financieras prometían cuotas más bajas porque los tipos de interés asociados a estas monedas (el Líbor) eran inferiores al de aplicación en la mayoría de los créditos hipotecarios en España, el Euríbor, que en aquella época se situaba en máximos históricos y llegaba a superar el 5%. Lo que ocultaban era que el préstamo estaba sujeto a los vaivenes del valor de las divisas, de tal manera que si el euro se depreciaba frente al yen o al franco suizo, la deuda aumentaba.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife declara nula por abusiva la cláusula multidivisa, al entender que hubo falta de transparencia por parte de la entidad financiera en su comercialización. A pesar de que la banca se ha intentado aferrar al perfil de cliente de estos productos, personas cualificadas con estudios superiores, para tratar de negar la existencia de engaño, el tribunal remarca el carácter de consumidores sin experiencia en finanzas e inversiones de los demandantes.

Siguiendo el criterio del Supremo, la Sección Cuarta del tribunal provincial remarca que el “plus de transparencia” que se exige a la banca con las hipotecas implica que el consumidor debe tener “un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar (la cláusula multidivisa) en la economía del contrato”. No basta con que la redacción sea clara y comprensible. La cláusula no puede “pasar inadvertida” si es capaz de alterar “el objeto del contrato o del equilibrio económico sobre el precio”.

Del análisis concreto de este caso, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife determina, en primer lugar, que la propia redacción de la cláusula ni es clara ni es comprensible. “No hay más que examinarla para darse cuenta de su inutilidad si va dirigida a una persona sin formación ni experiencia en el ámbito del mercado de divisas”, expone la resolución judicial, que incide en que esta complejidad queda demostrada con la cantidad de páginas utilizadas por la entidad financiera “para explicar en lo que consiste”.

Redunda el tribunal en el carácter abusivo de la cláusula al afirmar que, aun en el caso de considerar clara su redacción en el contrato, “en absoluto lo es en cuanto a exponer su significación y el alcance económico en función del recálculo permanente aplicable con proyección sobre las cuotas y el capital”, puesto que se limita a “dar explicaciones sobre la forma de pagar las cuotas”.

Concluye, por tanto, que la información proporcionada por el banco no fue completa, puesto que no advirtió a los consumidores de que, aparte de aumentar o disminuir la cuota hipotecaria como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de interés, podía incrementarse el capital pendiente de amortizar por la evolución del franco suizo en relación con el euro. La Audiencia destaca además que en aquel momento, verano de 2008, conocía a la perfección que la previsión de este tipo de cambio era perjudicial para los clientes.

Los magistrados entienden que Bankinter debió explicar a los demandantes circunstancias como que, con el mismo esfuerzo, la capacidad de reducir la deuda en una hipoteca referenciada al franco suizo era inferior a la prevista si la moneda fuera el euro o que las cuotas podían variar, además de por el tipo de interés, por el cambio aplicable.

La sentencia indica que el contrato utilizaba “fórmulas estereotipadas” para explicar los riesgos de los cambios de moneda, sin dibujar ni simular escenarios concretos. “Tampoco importa que los demandantes se percataran de los riesgos a través de la información postcontractual. Esa actuación no convalida la ausencia de información previa”, señala la Sala, que insiste en que la declaración de nulidad de la cláusula multidivisa tiene su fundamento principal en su condición abusiva. Defiende además la legitimación de Asufin, como asociación de consumidores y usuarios, para presentar la demanda individual.

La resolución judicial, que desestima el recurso de apelación de la entidad financiera contra la sentencia de primera instancia, impone el pago de las costas a Bankinter y es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Un consumidor puede recuperar todo el dinero que el banco le haya cobrado de más en aplicación de la cláusula suelo incluso aunque exista una sentencia anterior sobre el mismo contrato de préstamo hipotecario que haya limitado los efectos de la devolución para empezar a computar a partir del 9 de mayo de 2013, la fecha en la que el Tribunal Supremo fijó su posición sobre la materia, una doctrina que fue tumbada tres años y medio después por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Así lo ha determinado la titular del Juzgado Mixto número 6 de Puerto del Rosario en una reciente sentencia que da la razón a una pareja de Fuerteventura y condena por segunda vez a la entidad financiera, Caixabank, al rechazar que el caso sea “cosa juzgada”.

La jueza Ana María Sanz ha despejado a favor de los consumidores una de las principales incógnitas que se planteaban después del fallo del TJUE de diciembre de 2016, si era posible aplicar la retroactividad total, es decir, la restitución del importe íntegro, en los casos en los que hubiera un sentencia previa a esa resolución del tribunal europeo que se guiara por lo que decía entonces el Supremo, que limitaba en el tiempo los efectos de la anulación de la cláusula suelo. 

Gracias a esta interpretación, los demandantes, representados en este segundo litigio por el abogado Andrés Roda, han logrado recuperar más de 7.300 euros correspondientes a cantidades cobradas de forma indebida a partir del 9 de mayo de 2013. Una cifra que se suma a la que ya habían obtenido en la primera sentencia, de 2016, que ascendía a 4.000 euros, y  a los algo más de 600 euros que el banco debe abonar por haber impuesto el pago de los gastos de constitución de la hipoteca a los clientes. En total, 12.000 euros.

En su argumentación, la jueza rechaza que sea “cosa juzgada” puesto que el litigio “subsiste”. La doctrina en la que se basó la primera sentencia, la establecida por el Supremo en el fallo de mayo de 2013, es “inaplicable a día de hoy” a la luz de la resolución del TJUE, remarca. El tribunal europeo dictaminó que limitar en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo equivale a “privar a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de este tipo el derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya obtenido indebidamente la entidad bancaria”.

Es por ello por lo que condena a Caixabank a recalcular las cuotas del préstamo y devolver el dinero cobrado de más desde el inicio de la hipoteca, es decir, desde el año 2006.

La jueza también estima las pretensiones de los demandantes en relación a los gastos de la hipoteca y a la abusividad de los intereses de demora, que el banco fijó ocho puntos por encima del interés remuneratorio a pesar de que la legislación establece un máximo de dos.

En relación a los gastos, reprocha a la entidad financiera que haya atribuido a los clientes “de forma genérica, omnicomprensiva e indiscriminada” la totalidad de pagos derivados de la escritura de préstamo (gestoría, registro y notaría) “sin prever una mínima reciprocidad”  y sin posibilidad de negociación, lo que ocasiona “un grave desequilibrio en perjuicio del consumidor”. La sentencia concluye que Caixabank tiene que abonar el 100% de los gastos de gestoría y registro, al ser el principal beneficiado de su tramitación, y el 50% de los costes notariales, un acto en el que “ambas partes están interesadas”.

La sentencia rechaza los argumentos de defensa del banco, que esgrimió que había existido una negociación previa al otorgamiento de la escritura, que los clientes fueron informados de las cláusulas del contrato y de una modificación posterior (en 2012),  que las cláusulas de los gastos hipotecarios eran válidas y que,en caso de nulidad, no procedía la restitución, ya que los pagos habían sido realizados a terceros. Sobre esta última aseveración, la jueza precisa que no se trata de abonar esas cantidades a los profesionales que prestaron sus servicios (notario, gestor, registrador), sino de la obligación que tiene la entidad de devolver al consumidor a la situación que tendría de no haberle impuesto la cláusula abusiva.

La sentencia impone el pago de las costas procesales a Caixabank, que no ha presentado recurso, por lo que la resolución es firme.

La Comisión Europea ha dado un nuevo espaldarazo a los consumidores en su batalla contra la banca por las condiciones abusivas de las hipotecas. En esta ocasión, a los afectados por el denominado Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), la alternativa cara al Euríbor que sufren más de 1.300.000 familias en España y más de 50.200 en Canarias. Bruselas ya ha emitido su informe sobre la controversia generada a raíz del fallo dictado por el Tribunal Supremo en diciembre de 2017, favorable a la tesis de la banca, y sus conclusiones son alentadoras para los consumidores.

En un documento de 38 páginas que responde a una cuestión de prejudicialidad elevada por un juez de Barcelona ante las interpretaciones discrepantes sobre la materia, la Comisión Europea se distancia de la sentencia del Supremo que dictaminó que el IRPH no es abusivo ni opaco, que es un indicador supervisado por el Banco de España y que, por lo tanto, no hay posibilidad de declararlo nulo.

En la línea ya manifestada con la polémica de las cláusulas suelo, el informe europeo sostiene, por el contrario, que el IRPH se puede eliminar de los contratos hipotecarios si los jueces nacionales constatan que no ha habido transparencia en su comercialización y, además, abre la puerta a dejar esos préstamos sin intereses, como reclaman los consumidores y como ha resuelto la mayoría de jueces que se han rebelado contra la sentencia dictada por el Supremo a finales de 2017.

La Comisión Europea determina que el IRPH es una cláusula esencial del contrato y que, como tal, debe superar un control de transparencia que no se limita a que su redacción sea clara y comprensible. “Una práctica comercial consistente en omitir información sobre cómo se configura el tipo de referencia, cuál ha sido la evolución de dicho tipo en el pasado, así como su posible evolución futura, comparado con otros tipos empleado en el mercado, debe calificarse de engañosa (…) siempre que haga o pueda hacer tomar al consumidor una decisión sobre una transacción que, de otro modo, no hubiera tomado”, expone el documento.

El Euríbor, el principal indicador utilizado en España, calcula la media ponderada a la que se prestan dinero entre sí los bancos. El IRPH, en cambio, fija su valor a partir de los intereses aplicados por las entidades financieras en las hipotecas concedidas a más de tres años, incluyendo comisiones, independientemente del volumen de préstamos que comercialice cada una de ellas. En la práctica, los consumidores que tienen sus hipotecas referenciadas al IRPH pagan entre 200 y 300 euros más al mes. Y ello a pesar de que el diferencial suele ser más bajo que aquellas vinculadas al Euríbor.

La Comisión Europea alude a la Directiva 93/13 para concluir que incumbe al juez nacional dejar sin aplicación esa cláusula y mantener el resto del contrato, es decir, eliminar los intereses, la sanción ejemplarizante que reclaman asociaciones y abogados que defienden los intereses de los consumidores en este conflicto. “Corresponde en todo caso a dicho juez nacional valorar de forma objetiva y a la luz del derecho nacional si el contrato en cuestión puede subsistir tras la supresión de una cláusula abusiva”, reza el informe.

En el caso de que no pueda subsistir y la nulidad del contrato sea perjudicial para el consumidor, Bruselas defiende que el juez competente debe dar al hipotecado la posibilidad de declarar su intención de que el contrato se mantenga y, de ser la respuesta afirmativa, otorgar un plazo a ambas partes para que “de buena fe” se pongan de acuerdo sobre un índice sustitutivo “respetando el principio de transparencia y con la plena restitución de las cantidades indebidamente pagadas”. Si no hubiera acuerdo entre consumidor y banco, será el propio juez quien decidirá qué índice se aplica.

El informe de la Comisión Europea es sólo el primer paso para resolver la brecha abierta en España por el IRPH. Ahora deberá ser el Abogado General quien se pronuncie antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicte definitivamente una sentencia que, de mantener la línea de defensa del consumidor ya manifestada con respecto a las cláusulas suelo, puede abrir otra crisis en el sector bancario.

El magistrado del Tribunal Supremo Francisco Orduña aseguró este sábado que “la transparencia va camino de convertirse en un derecho constitucional” de los ciudadanos, ya que deben recibir una información veraz y comprensible, por eso especificó que la firma de un contrato, como los de compraventa, no equivale a que el cliente lo haya entendido ni sepa los riesgos que conllevan cláusulas “sorpresivas” que ni siquiera estaban estipuladas de forma clara.

Orduña es experto en las cláusulas suelos abusivas y de hecho participó en la sentencia que las anuló y emitió un voto particular en la línea de defender los derechos de los consumidores y pedir que los bancos devuelvan lo indebidamente cobrado sin límite temporal. Y no ha sido el único voto particular en fallos judiciales, ya que también lo hizo en otra sentencia en la que declaró que una cláusula era nula por falta de transparencia.

Y ha sido este principio, el de transparencia como nuevo valor del cambio social, el tema que centró este sábado su ponencia y que abrió las Jornadas sobre vivienda, hipotecas y abusos bancarios que organiza en Teror la Asociación de Afectados Hipoteca Norte Gran Canaria (Ahinor) con la financiación del Cabildo.

Y otro ejemplo claro de la falta de transparencia son las titulaciones o la venta que han hecho los bancos de las deudas hipotecarias a otros fondos. Por ese motivo, la magistrada de Castellón y experta en titulizaciones Carolina Castillo advirtió de que las entidades bancarias no pueden reclamar el impago de un crédito si no es el titular de la deuda porque esto conlleva que una causa judicial pueda archivarse, precisamente porque nadie puede pedir que le devuelvan algo que ya no le pertenece debido a que no está legitimado para hacerlo.

En este sentido, explicó que lo más importante es saber quién es el acreedor para conocer si quien lo reclama está legitimado y eso puede solicitarse en el Registro de la Propiedad porque desde 2015 los fondos pueden figurar como los titulares y entonces deben ser ellos los responsables de exigir lo adeudado y no el banco.

Los abusos que han cometido los bancos en la concesión de las hipotecas por falta de información también son palpables para los expertos en los Índices de Referencia de Préstamos Hipotecarios, que son un tipo de Tasa Anual Equivalente (TAE) que suma varios conceptos. La letrada de Abogados Res Maite Ortiz explicó junto a José María Erauskin que los detalles que han dado las entidades a los consumidores han sido escasos y opacos, lo que ha conllevado que por desconocimiento un hipotecado termine pagando más intereses de lo que lo hubiera hecho, por ejemplo, si optaba por el Euribor.

Ortiz hizo también hincapié en otras cláusulas abusivas que perjudican al consumidor y llevan aparejadas un perjuicio económico, como las fianzas o avales que exigieron los bancos y que en muchas ocasiones han llevado a perder la vivienda hipotecada y también la que fue puesta como aval.

Las Jornadas sobre Abusos Bancarios también permitieron conocer hoy más detalles sobre una gran desconocida aún: La Ley de la segunda oportunidad para las personas, que permite al deudor hipotecario acogerse a una ley concursal, al igual que las empresas, para parar las ejecuciones y anular la deuda.

En este sentido, el magistrado de Barcelona Manuel Ruiz explicó que cuando entró en vigor en 2015 los juzgados esperaban una avalancha de peticiones, que, sin embargo, no se ha producido fundamentalmente por desconocimiento y también por la dificultad de acogerse debido a los requisitos que exige.

El encuentro inaugurado este viernes en las Casas Consistoriales de Teror por la consejera de Vivienda del Cabildo, Minerva Alonso, ha programado para su cierre las ponencias del juez Aarón Andueza para explicar los pormenores de los ficheros de morosos, mientras que el registrador de la propiedad de Bilbao Carlos Ballugera expone los mecanismos de reequilibrio en el contrato por adhesión. El economista y auditor Gonzalo Ascanio es el último ponente con la conferencia La pérdida económica en las hipotecas multidivisa.

Usura, letra pequeña y falta de transparencia. Un juez del municipio tinerfeño de Arona ha condenado a la entidad financiera Wizink (antes Citibank) a devolver los intereses desorbitados que cobró durante más de una década a un recepcionista de hotel por un crédito rápido asociado al uso de una tarjeta de las denominadas revolving, una modalidad  que ofrece como atractivo la posibilidad de aplazar el pago en cuotas bajas y que suelen ofrecer centros comerciales, hipermercados o tiendas para facilitar las compras.  

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia 4 de Arona da la razón al consumidor, que reclama unos 16.000 euros, y declara la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios al entender que el banco no informó de forma adecuada de las condiciones financieras de la tarjeta ni de la carga económica y jurídica que acarreaba.

El préstamo, suscrito en junio de 2006, era de 6.000 euros, aunque posteriormente se realizaron otras disposiciones que elevaron la cifra a los 12.000. La trampa, como suele ser habitual, se encontraba en la letra pequeña, diminuta hasta ser ilegible, como acredita la resolución judicial. La entidad financiera imponía al consumidor un interés del 24,71% TAE en compras y del 26,82% TAE para las disposiciones en efectivo.

Con estas condiciones, el demandante había pagado hasta julio de 2017 cerca de 23.000 euros a través de esa tarjeta de crédito, de los que sólo 6.920 euros correspondían a amortización de capital y el resto, unos 16.000, a intereses, según los datos proporcionados por su abogado, Ymer González. En este tipo de productos los intereses devengados se acumulan al capital y generan nuevos intereses, lo que redunda en los beneficios del banco y crea un efecto 'bola de nieve' para el consumidor y facilita el endeudamiento. En este caso concreto, los intereses acaparaban casi el 80% de la cuota de ese último mes, 105,86 de un total de 132,89 euros.

Letra “difícil de leer”

El juez Francisco Borja Abeijón estima íntegramente la demanda del consumidor. La sentencia concluye que la entidad financiera no ha probado “de ninguna forma” que el mismo día de la firma le diera una copia del contrato al recepcionista de hotel, que tuvo que insistir para que finalmente se la remitiesen a través de un fax. “Esto implica que, en el momento de la firma, la parte no podía reconocer efectivamente qué condiciones se le iban a aplicar a su tarjeta de crédito”, recoge la resolución judicial.

En esa copia, la cláusula de intereses remuneratorios, uno de los elementos esenciales del contrato, se inserta con una letra “muy pequeña y difícil de leer”. Las condiciones, que  figuran en el Reglamento de la Tarjeta de Crédito, aportado como anexo del contrato, resultan “ilegibles si se analiza el documento”, lo que impide al consumidor conocer “cuál es su contenido real”.

Esas dos circunstancias (no haberle dado copia del contrato en el momento de la firma y la letra pequeña del anexo) llevan al juez a determinar que la entidad financiera no cumplió con el control de transparencia e incorporación de la cláusula de intereses remuneratorios aplicable a este tipo de supuestos. Por ello declara su nulidad y condena a Wizink a reintegrar las cantidades abonadas durante la vida del crédito por ese concepto.

La resolución judicial, contra la que se puede recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, impone el pago de las costas procesales al banco.

Caixabank ha reconocido en un juzgado de Gran Canaria que aplicó durante años un tipo de interés mínimo del 3% en las cuotas de la hipoteca de una pareja residente en la zona de El Doctoral, en el municipio de Santa Lucía, a pesar de que la mencionada cláusula suelo no figuraba en el contrato de préstamo. La entidad financiera ha accedido a las pretensiones de los demandantes, se ha allanado en argot judicial, y ha aceptado devolver las cantidades indebidamente cobradas por este concepto, que ascienden a 8.774,33 euros.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 BIS de Las Palmas de Gran Canaria, especializado en cláusulas suelo, ha condenado además a Caixabank al pago de las costas procesales al apreciar “mala fe” en su actuación, ya que los clientes habían formulado, sin éxito, dos requerimientos previos extrajudiciales, una vía amistosa para resolver el conflicto y recuperar ese dinero, antes de la demanda, que fue presentada en octubre de 2017.

En el escrito de allanamiento, la entidad financiera admitió que había aplicado “una limitación a la variabilidad del tipo de interés que no estaba contenida en la escritura de préstamo”. Sin embargo, negó haber actuado de mala fe.

La defensa jurídica de Caixabank alegó que en el momento en que los demandantes presentaron los requerimientos extrajudiciales existían dudas “de hecho y derecho” sobre las consecuencias de la declaración de nulidad de una cláusula suelo considerada abusiva. Unas dudas que fueron resueltas por  la conocida sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de diciembre de 2016 que se opuso a la jurisprudencia nacional, que había establecido un límite temporal para la devolución del dinero cobrado de más en aplicación de la cláusula suelo. En concreto, el 9 de mayo de 2013, día en el que el Tribunal Supremo dictó su primera resolución declarando nula, por abusiva, esta cláusula.

El TJUE dictaminó que los clientes tenían derecho a recuperar esas cantidades con carácter retroactivo total, es decir, desde el momento de la firma del préstamo hipotecario y no desde la fecha en la que el alto tribunal español emitió aquella sentencia entonces pionera.

En el escrito presentado para oponerse al pago de las costas, de los gastos en que debe incurrir cada una de las partes durante el procedimiento judicial, Caixabank defendía que la posición adoptada por el tribunal europeo se contradecía con la manifestada por el abogado de esta institución unos meses antes y por el propio Tribunal Supremo, partidarios de la limitación temporal. Para la representación legal de la entidad financiera, estas interpretaciones “contradictorias” eran “una prueba palpable de que nos encontrábamos ante un caso que presentaba serías dudas de hecho y de derecho”.

La magistrada del juzgado especializado en cláusulas suelo de Las Palmas de Gran Canaria rechaza los argumentos de Caixabank y recuerda que los ahora demandantes intentaron en dos ocasiones llegar a un acuerdo extrajudicial, conocedores de que habían estado pagando cuotas con un tipo de interés mínimo que no constaba en el contrato, y que, a pesar de ello, la entidad se negó a acceder a sus pretensiones.

Caixabank también admitió en el mismo procedimiento judicial que los intereses de demora en el pago de las cuotas que había impuesto a los clientes eran abusivos y, por lo tanto, debían ser anulados, puesto que se situaban ocho puntos por encima del interés remuneratorio cuando el Supremo establece que como máximo lo puede superar en dos.

La sentencia aún no es firme, se puede recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Intentos infructuosos en la sucursal

Intentos infructuosos en la sucursalPara Andrés Roda, abogado de los demandantes, la resolución judicial “acierta plenamente” al declarar la mala fe de la entidad financiera. El letrado recuerda que, antes de presentar la demanda, los afectados acudieron “en numerosas ocasiones” a su sucursal para solicitar que se les devolviera el dinero. “Se llegaron a presentar, además, varios escritos de intento de solución extrajudicial, pero el banco no accedió a llegar a ningún acuerdo hasta que llegamos a tribunales”, afirma. 

Para Roda, este caso evidencia que las entidades financieras, o al menos la mayor parte de ellas, “se niegan a revisar si han cometido o no un abuso hasta que se encuentran delante de un juez”. 

Una pareja firma con un banco un préstamo para la adquisición de una vivienda. La entidad financiera vende la hipoteca a uno de los denominados fondos de titulización, sociedades instrumentales que empaquetan créditos para obtener liquidez y vender a inversores. La familia no puede afrontar las cuotas y acumula deuda. El banco inicia un procedimiento de ejecución hipotecaria por impago, los tribunales le dan la razón, se subasta la vivienda y se adjudica a la inmobiliaria del banco prestamista por un 70% de su valor.

El siguiente paso en esta sucesión de acontecimientos sería la fijación de una fecha de lanzamiento hipotecario y el desahucio de la pareja del inmueble. Sin embargo, un matrimonio residente en Las Palmas de Gran Canaria, en la zona de San Lorenzo, ha logrado frenar el proceso después de ganar el pleito contra el banco gracias a una resolución judicial pionera en las Islas.

Un juzgado de la capital ha anulado la ejecución hipotecaria y, por lo tanto, el desahucio, al entender que el banco no estaba legitimado para iniciar el procedimiento porque había cedido los derechos del préstamo a una de estas sociedades de titulización de activos. Es decir, la entidad financiera no puede ejecutar una hipoteca que ya no es suya, aunque siga administrando el préstamo.

El auto, dictado el 11 de mayo por el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Las Palmas de Gran Canaria, estima el recurso presentado por la pareja, representada por el abogado Andrés Roda en colaboración con la Asociación de Afectados por la Hipoteca de Norte de Gran Canaria (AHINOR), contra el decreto de adjudicación.

La vivienda fue adjudicada el pasado mes de febrero a BuildingCenter, inmobiliaria de Caixabank, por 282.000 euros, el 70% de su valor de tasación (404.000 euros). Los afectados habían suscrito el préstamo hipotecario con Barclays Bank, entidad absorbida en mayo de 2015 por Caixabank, el banco que continuó el procedimiento de ejecución iniciado en 2014 y el que se iba a quedar con la vivienda, a través de una de sus filiales, de no haber prosperado la última acción judicial de la pareja residente en Gran Canaria.

Antes de presentar la demanda de ejecución hipotecaria, paso previo al desahucio, Caixabank cedió el crédito a la entidad AYT Goya Hipotecario V, fondo de titulización de activos. Desde ese momento “dejó de ostentar” los derechos y la garantía de la hipoteca, dejó de tener legitimidad para ejecutar la hipoteca. Es por esta razón por la que el titular del Juzgado de Primera Instancia 10 de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado el archivo y sobreseimiento de la ejecución hipotecaria.

Para defender su posición, la representación legal de CaixaBank invocó el Real Decreto 716/2009, aún en vigor, que reconoce que el ejercicio de la acción de ejecutar la hipoteca corresponde a la entidad emisora, esto es, al banco que concedió el préstamo. El juez, sin embargo, recuerda en el auto que ese real decreto tiene un carácter reglamentario, pues emana del poder ejecutivo (el Gobierno) y no el legislativo (Parlamento), y es de rango inferior a las leyes formales, entre ellas la de enjuiciamiento civil, que dicen que la legitimación para instar los procedimientos de ejecución hipotecaria en este tipo de casos recae en las sociedades gestoras de los títulos.

La resolución judicial explica que estos fondos de titulización pueden presentar las demandas. A pesar de son entidades sin personalidad jurídica (concepto que, en el ámbito del Derecho, reconoce a una entidad la titularidad de deberes y obligaciones), es a estas sociedades a quienes corresponde el ejercicio de las acciones y su defensa en el proceso, según la resolución del juzgado de primera instancia de la capital grancanaria.

Al estimar en su integridad el recurso presentado por la pareja contra el decreto de adjudicación de la vivienda, se anulan todas las actuaciones hasta el momento anterior a dictar el auto que desestimó la oposición a la ejecución hipotecaria, fechado el 9 de septiembre de 2015. El auto no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Las Palmas en el plazo de veinte días.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Las Palmas ha decretado la nulidad de las cláusulas de comisión de apertura en los créditos hipotecarios, al entender que no corresponden a servicio o gasto real y efectivo alguno por parte de las entidades bancarias y tampoco es una actividad inherente a las mismas.

Según informa el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el tribunal que preside el magistrado Juan José Cobo y que completan los magistrados Elena Corral Losada y Jesús Ángel Suárez Ramos establece que la citada comisión no responde más que a costes inherentes a la explotación del negocio bancario que las entidades financieras sufragan con sus propios recursos.

La sentencia que fija el criterio que deben seguir a partir de ahora todos los juzgados de la provincia de Las Palmas -de momento no hay jurisprudencia del Supremo- estima parcialmente un recurso de apelación presentado por Bankia y revoca una sentencia anterior como consecuencia de un recurso de una cliente de Gran Canaria.

Este fallo de la Sección Cuarta, que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, condena a la entidad con la que se suscribió el crédito hipotecario, Bankia, a devolver a la demandante los 1.189,26 euros que había abonado por este concepto.

La sentencia reitera la doctrina que ya había plasmado esta misma Sala en anteriores pronunciamientos conforme a lo ya declarado por la Audiencia de Asturias y que el tribunal “comparte plenamente”.

Así, el banco debe pagar la totalidad de los gastos de notario, del Registro de la Propiedad, de la gestoría y de la tasación del inmueble, el banco y el cliente abonan a partes iguales los gastos del timbre que se incluyen en la factura del notario y el cliente prestatario es quien debe asumir los impuestos de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El hecho de que un préstamo hipotecario no sea concedido directamente al consumidor, sino que este se subrogue en un crédito al promotor, no exime a las entidades financieras de su obligación de informar de manera clara y comprensible al primero de las cargas económicas que contrae y de los riesgos que acarrea la operación. Así lo ha dictaminado la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en un reciente auto que anula una cláusula suelo (2,75% de interés minimo) inserta en el contrato rubricado por el demandante en 2007 a través de la denominada Hipoteca Joven Canaria, un producto comercializado bajo el supuesto manto protector del Gobierno regional y su Plan de Vivienda. 

La resolución del alto tribunal desestima el recurso presentado por la entidad financiera, CajaSiete Caja Rural, y declara firme la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a favor del consumidor en septiembre de 2015. El banco alegaba que el préstamo fue firmado en el marco de un convenio con el Gobierno de Canarias y que las obligaciones de transparencia no eran las mismas “al tratarse de una subrogación y no la concesión” de un nuevo crédito hipotecario. Según la representación legal de Cajasiete, la Audiencia se oponía con su decisión a la jurisprudencia del Supremo.

La Sala de lo Civil, con el magistrado Francisco Marín de ponente, tumba los argumentos de la entidad financiera. El auto recuerda que una parte considerable de las compras de viviendas en construcción se financian mediante la subrogación del comprador en el préstamo hipotecario concedido al promotor, “con modificación, en su caso, de algunas de sus condiciones”. Por ello, los bancos deben suministrar al consumidor “información que le permita adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá subrogarse (...) sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato”.

El auto concluye que la cláusula suelo incluida en la Hipoteca Joven Canaria no superó el control de transparencia exigido, al no habérsele dado “la importancia ni el tratamiento que debía” ni en los folletos informativos ni en la oferta vinculante ni en el propio contrato. “Ni siquiera ha quedado acreditado que el documento que recoge la oferta vinculante fuera suscrito y entregado al actor antes de la suscripción del préstamo”, remarca.

En la línea de pronunciamientos anteriores, el Supremo explica, en relación al control de transparencia, que las entidades financieras no sólo deben redactar las cláusulas de forma clara y comprensible, sino que, además, tienen que asegurarse de que el consumidor adquiera “un conocimiento real” de las mismas, de forma que “pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas”.

El alto tribunal subraya que, como condición general de contratación, es decir, determinante del préstamo, a las cláusulas suelo, que “no son ilícitas por sí mismas”, se les exige “un plus de información” que permita que el consumidor pueda adoptar su decisión “con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá concertar el contrato”.

Con respecto a la alegación de que la cláusula proviene de un convenio con el Gobierno de Canarias, la Sala alude a un caso de Extremadura para recordar que “la autoría material de una cláusula es indiferente, puesto que lo relevante es su utilización e incorporación a una serie de contratos”.

El auto del Supremo, contra el que no cabe recurso, impone a la entidad financiera el pago de las costas procesales.

Una familia canaria recuperará los 145.000 euros que invirtió en 2007 en la suscripción de Valores de Santander para la adquisición de acciones del citado banco al no haber recibido información suficiente por parte de la entidad, según una sentencia de un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria.

La Asociación de Usuarios Financieros, que representó a la familia, ha informado este martes de esta sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 12 de la capital grancanaria, que declara la nulidad de la suscripción de los valores suscritos por vicio de consentimiento y la resolución del contrato de uno de los miembros de la familia.

Los afectados se dieron cuenta de que el dinero invertido se había quedado en casi nada cuando tuvieron que canjear los valores de forma obligatoria por acciones de ese producto único que les vendieron de alta rentabilidad.

Se trata de un abuelo, un médico de 84 años ya jubilado cuando se produjo la compra, que era cliente habitual del Santander, y que recibió la recomendación de adquirir este producto como una oportunidad única para él y para su hijo y nietos, con la finalidad de sacarle mejor rendimiento a sus ahorros.

Según se indica en la sentencia, el primer contacto fue telefónico y al observar un interés en el cliente, horas después de esa llamada los empleados de la entidad se personaron en el domicilio del afectado, donde “en pocos minutos” se les explicó el producto.

Se les dijo que se trataba de una ocasión “extraordinaria”, con rentabilidad garantizada, con un interés del 7,5% el primer año y del Euribor + 2,75% durante cuatro años más, hasta el 2012.

Tras la breve explicación, la familia aceptó depositar sus ahorros en los Valores Santander dada la confianza que tenían en su sucursal, pero no se les advirtió de que eran para adquirir acciones del Banco Santander, lo que suponía asumir el riesgo de la volatilidad en el precio a la hora de la obligada conversión.

Los valores se pusieron a nombre de los hijos, estudiantes entonces, el padre y la abuela y cuando se produjo el canje en 2012 la familia constató que el producto era una “ruina”.

Los que canjearon antes de que pasaran los cuatro años previstos por la ley por vicio en el consentimiento han recuperado sus 95.000 euros que invirtieron y uno de los miembros, que canjeó de forma voluntaria el 4 de junio de 2012 y cuya acción por vicio ha caducado, ha recibido los 50.000 euros de su inversión como indemnización.

El 98,3% de las más de 9.000 sentencias dictadas en España por los juzgados especializados en materia hipotecaria durante 2017 fueron favorables a los clientes (98,9% en Las Palmas y 100% en Santa Cruz de Tenerife), según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que cifra en 154.156 el número de litigios registrados.

El CGPJ destaca que en 22 de las 50 provincias españolas que disponen de estas sedes desde la entrada en vigor del plan de urgencia sobre cláusulas abusivas, el porcentaje se eleva hasta el 100%, entre ellas Toledo (con 277 resoluciones), Badajoz (223), Zamora (216), Barcelona (210) y Santa Cruz de Tenerife (196)

Los juzgados de Las Palmas tramitaron durante el pasado año 254 litigios por este asunto y el 98,9% de las resoluciones fueron favorables a los clientes.

Así lo revelan los datos del anexo sobre cláusulas suelo cumplimentados por los letrados de la Administración de Justicia desde el tercer trimestre de 2017, los cuales muestran el incremento “notable” de estas sentencias entre octubre y diciembre, cuando se alcanzaron las 8.096, de las que el 98,1% fueron a favor de los consumidores.

Respecto al juzgado de Primera Instancia número 101 bis de Madrid, de los 904 expedientes tramitados en el último semestre del año, el 99,3% (883) acabaron por dar la razón al cliente.

En funcionamiento desde el pasado 1 de junio, el plan de urgencia sobre cláusulas abusivas preveía la especialización de 54 juzgados de Primera Instancia, uno por provincia en la Península y en cada una de las principales islas de los archipiélagos canarios y balear.

Aunque inicialmente la medida fue adoptada para reducir la esperada sobrecarga de trabajo por el aumento de demandas sobre cláusulas suelo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), estas sedes también conocen otros asuntos como el vencimiento anticipado, los gastos de formalización de hipotecas, los intereses moratorios, o las hipotecas multidivisa.

A finales de diciembre, el CGPJ aprobó un nuevo plan, con vigencia hasta el próximo junio, que preveía dotar de más recursos a los juzgados e incrementar en casi medio centenar el número de magistrados a fin de agilizar la tramitación de los procedimientos aún pendientes de registro y estudio.

Quienes tengan una hipoteca, da igual si con cláusula suelo o no, de si se trata de fincas urbanas o rústicas, pueden reclamar a su banco los gastos de constitución de hipoteca, como los de notaría y registro de la propiedad, pero queda fuera el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, según ha fallado este miércoles el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que considera que ese tributo corresponde al cliente bancario. 

Era un pronunciamiento esperado desde que en 2015 la misma Sala de lo Civil del TS avaló que cargar sobre el cliente hipotecario todos los gastos de constitución de una hipoteca era abusivo, y por lo tanto, la cláusula que los imponía era nula. En la mayoría de los contratos hipotecarios se incluía en la misma el controvertido impuesto de Actos Jurídicos Documentados. 

Pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en otra sentencia sobre gastos hipotecarios falló a favor del banco y en contra de los clientes bancarios por considerar que, de acuerdo con la Ley General Tributaria, el sujeto pasivo es quien se hipoteca. Lo que ha hecho el Alto Tribunal es aclarar su doctrina. 

En el pronunciamiento de este miércoles, el Supremo ha seguido el criterio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en contra de los clientes y a favor de la banca, aunque el detalle de esta sentencia no se conocerá hasta dentro de unos días. 

“Un paso atrás” 

Para las asociaciones de consumidores y abogados especializados en la defensa de los clientes bancarios la decisión del Supremo supone “un paso atrás” y la esperanza ahora se centra en que un juez o una jueza eleve una cuestión de prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Manuel Fajardo, portavoz en Canarias de la asociación de clientes bancarios Adicae, opina que “estamos como al inicio de las reclamaciones por  cláusulas suelo. A falta de analizar los fundamentos de Derecho de la resolución del Tribunal Supremo, consideramos que es un paso atrás, vemos como el Supremo favorece una vez más a la banca y que finalmente será el Tribunal de la Unión Europea el que aclare si es abusivo el cargo de este impuesto a los clientes hipotecados”. 

En el mismo sentido se pronuncia Ángel Eguren Goya, abogado de Legalaria, que califica la resolución del TS como “una mala noticia” que espera que llegue al TJUE. “Ya veremos en qué deriva esta sentencia.  En la actualidad, el asunto es complejo porque no hay doctrina jurisprudencial, no hay unidad de criterio. No cabe duda en que los gastos de Registro de la Propiedad, de aranceles notariales y de gestoría y tasación, si las impuso el banco, corren de cuenta del banco, pero en cuanto al impuesto hay una gran disparidad de sentencias, en todos los sentidos”. 

En efecto, no hay unidad de criterio. De las 52 Audiencias Provinciales de España, diez han sentenciado que todos lo gastos de la constitución de una hipoteca corresponden a los bancos (como es el caso de la Audiencia Provincial de Las Palmas), ocho han estimado que todos los gastos corresponden al cliente bancario y las restantes, como en la provincia tinerfeña, consideran que, como el Tribunal Supremo, los gastos se reparten y el Impuesto de Actos Jurídicos Constituidos corresponde al cliente a favor de los bancos. 

Sin embargo, los jueces ya no están obligados a seguir los razonamientos del más alto tribunal español. “El Supremo dijo que el referencial de una hipoteca variable de acuerdo con el IRPH no era abusivo, pero tenemos una reciente sentencia en Las Palmas de Gran Canaria que ha anulado ese índice de cálculo del interés variable por abusivo”. 

Sea como sea, el cliente hipotecario tiene poco camino que recorrer ya que en caso de que en instancias menores los jueces le den la razón, si su causa llega al Tribunal Supremo, este dará la razón una vez más a la banca.

El Tribunal Supremo dará a conocer este miércoles, 28 de febrero, la sentencia en la que aclara si son los bancos o los clientes quienes deben abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de una hipoteca. Se trata del mayor gasto, con una media de entre 900 y 2.500 euros, que hasta ahora han tenido que afrontar los consumidores al firmar un crédito hipotecario.

La sentencia tiene repercusión ya que afecta a la totalidad de las hipotecas firmadas, con cláusula suelo o sin cláusula suelo, lo que diversas asociaciones de consumidores estiman en unos 15 millones en toda España (entre millón y medio y dos millones en Canarias), y sin prescripción para su reclamación, ya que otra  reciente sentencia del Alto Tribunal establece que el periodo de cuatro años para reclamar a los bancos computa desde que el contrato se extingue y no a su firma.

También tiene su repercusión porque urgía que el Supremo se aclarase de una vez, dado que en 2015 falló que las cláusulas que imponían a los clientes bancarios todos los gastos de la formalización de las hipotecas eran abusivas y por lo tanto, nulas, pero no matizó a qué gastos se refería.

No hay dudas en que los gastos de notaría y registro de la propiedad debe afrontarlos cada entidad bancaria porque son esenciales para que el banco pueda constituir el título ejecutivo del préstamo y con ello, una garantía real sobre el mismo. Tampoco hay dudas con respecto a los gastos de gestoría y tasación cuando el banco los impone, pero en cuanto al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es el propio Tribunal Supremo el que tiene sus contradicciones, ya que la Sala de lo Contencioso-Administrativo falló en contra de una sociedad mercantil y a favor del banco, pero otra sentencia de la Sala de lo Civil dio la razón a los clientes y se la quitó a las entidades financieras.

Si el Tribunal Supremo falla contra la banca, ésta debería devolver, en teoría, en torno a 18.300 millones de euros, según estima Facua, es decir, unos ocho mil millones de euros más que las cantidades estimadas por cláusula suelo.

En la actualidad, hay disparidad de criterios entre las diferentes audiencia provinciales españolas. Diez de dieciocho fallan en contra de la banca. Las restantes dejan fuera el polémico Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. La clave es si el banco, que es parte interesada en la concesión de las hipotecas, es o no sujeto pasivo de acuerdo a la normativa que regula la Administración Tributaria.