El Gobierno del PP en Zaragoza ha pegado un gran bocado a la convocatoria de ayudas para autónomos y pymes en la capital aragonesa, al reducirla de un millón de euros con que contaba la partida el año pasado hasta 400.000 euros en 2026, lo que supone un recorte del 60%. Esta subvención fue caótica en la pasada edición, al ser devuelta hasta dos veces por Intervención por fallos en la tramitación municipal. El PSOE ha acusado a los populares de “hacer pagar” a los pequeños empresarios los “errores de gestión” del equipo de gobierno, mientras que Economía ha respondido que a las mencionadas ayudas se sumarán otros 700.000 euros específicos para jóvenes.

La línea de subvenciones recién aprobada, la cuarta edición, aspira a impulsar la competitividad de autónomos y pequeñas empresas, y permitirá impulsar actuaciones como la creación de contenidos digitales, acciones de marketing, digitalización o reformas orientadas a mejorar la accesibilidad.

En su presentación el martes participaron el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, y la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres. El primero de ellos cifró en 1.727 autónomos y pymes los beneficiados desde 2023, con un total de 3.592.800 euros invertidos, incluyendo la convocatoria de este 2026.

El consejero de Economía manifestó que el objetivo de esta iniciativa es que “ningún pequeño negocio renuncie a modernizarse por falta de recursos” porque “impulsar el tejido empresarial es una prioridad, como demuestra el presupuesto de los últimos cuatro años”. Y recalcó que el compromiso del Ayuntamiento es “acompañar a quienes generan empleo y actividad económica para que puedan crecer, innovar y ganar competitividad, porque el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial es también el fortalecimiento de Zaragoza”.

Dos líneas

Por su parte, la concejal de Vox recordó que esta iniciativa cuenta con el apoyo del grupo municipal de Vox para respaldar a los que “cada día levantan la persiana, arriesgan su patrimonio, pagan impuestos, generan actividad y crean empleo”. “Detrás de cada pequeño negocio, hay muchas horas de trabajo, sacrificio, incertidumbre y responsabilidad. Hay autónomos que no saben si al final del mes podrán pagarse un sueldo; pequeñas empresas que deben hacer frente al incremento de los costes, a nuevas obligaciones administrativas y fiscales y a una burocracia que no deja de crecer”, ha indicado, al tiempo que ha recordado que seguirán trabajando para “reducir impuestos, agilizar los trámites y eliminar burocracia”.

Hay dos líneas en esta ayuda. La primera de ellas, para la que se destinan 325.000 euros, busca impulsar el desarrollo de acciones para la mejora de la competitividad de autónomos, microempresas y pequeñas empresas. La segunda, dotada con 75.000 euros, busca subvencionar los gastos derivados de implantar, tal y como exige la normativa, cajas registradoras homologadas y sistemas de facturación electrónica (Verifactu).

La reducción afecta a ambas líneas. Así, la destinada a la competitividad pasa de 750.000 euros a 325.000 euros, mientras que la segunda desde los 250.000 euros del año pasado.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la web municipal en el plazo de 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, algo que se hará la semana del 20 de agosto para que las solicitudes puedan presentarse a la vuelta de las vacaciones.

Recorte “salvaje”

Este miércoles, el concejal socialista Guillermo Ortiz ha criticado el recorte, que después de que la convocatoria de 2025, que todavía no se ha pagado, ya sufriera otra reducción de un millón de euros. “Lejos de corregir los errores de gestión del área de Economía, el Gobierno de Chueca vuelve a hacer pagar las consecuencias a autónomos, comerciantes y pequeños empresarios”, ha lamentado.

El socialista ha recordado que en la última Comisión de Economía el propio Gobierno municipal reconoció que la convocatoria de 2025 se paralizó hasta en dos ocasiones por parte de Intervención al detectar propuestas de concesión de ayudas a solicitantes que no cumplían los requisitos establecidos. “Nos dijeron que existía un exceso de carga de trabajo para gestionar las ayudas. Y su solución ha sido recortarlas de forma salvaje en lugar de mejorar la gestión. Una vez más, quienes pagan la incompetencia del Gobierno municipal son los pequeños empresarios y comerciantes de Zaragoza”.

“El pequeño comercio y los autónomos son quienes mantienen vivos nuestros barrios y generan empleo de proximidad. Sin embargo, el Gobierno de Natalia Chueca vuelve a darles la espalda”, ha insistido Ortiz.

Subvenciones para jóvenes

En su respuesta a los socialistas, fuentes del equipo de gobierno han explicado que la caída en estas subvenciones en un 60% se debe a que se ha creado “otra nueva línea de ayudas para la contratación de jóvenes dotada con 700.000 euros”. De manera que entre las dos convocatorias, argumentan desde el Ayuntamiento, alcanzarían los 1,1 millones.

Además, el consejero de Economía Carlos Gimeno ha lamentado que el PSOE “cree alarmismo” en el tejido empresarial de la ciudad al asegurar en rueda de prensa que las ayudas del 2025 “no se han pagado, cuando se está efectuando el pago, como no podía ser de otra manera”, ha recalcado.

Un piso de vivienda protegida de 90 metros cuadrados útiles podrá venderse por un máximo de 189.393 euros en Aragón, más de 23.000 euros por encima del límite vigente hasta ahora, después de que el Gobierno autonómico haya aprobado este martes la actualización del módulo de este tipo de inmuebles. El Ejecutivo justifica la medida por el aumento de los costes de construcción y sostiene que servirá para incentivar nuevas promociones y ampliar la oferta disponible.

El Consejo de Gobierno ha acordado elevar el módulo de la vivienda protegida de 1.845,94 a 2.104,37 euros por metro cuadrado útil, un incremento del 14% que, según ha explicado el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, busca garantizar la viabilidad económica de las promociones impulsadas por el sector privado.

López, acompañado por la directora general de Vivienda, Pía Canals, ha asegurado que el objetivo del Ejecutivo es que cada año se construyan cerca de un millar de viviendas protegidas promovidas por empresas privadas, que se sumarán a las otras 1.000 viviendas públicas anuales previstas dentro del Plan Aragón Más Vivienda. “Una vivienda protegida que no se construye no ayuda absolutamente a nadie”, ha afirmado.

El consejero ha defendido que mantener un módulo “artificialmente bajo” desincentiva la promoción de este tipo de inmuebles y reduce aún más la oferta. Por ello, el Ejecutivo apuesta por actualizar el precio máximo para hacer viables las promociones sin renunciar, sostiene, al carácter asequible de la vivienda protegida.

Como contrapartida, el Gobierno de Aragón incrementará el presupuesto del programa Compra tu Vivienda, que pasará de 1,5 a 4 millones de euros. Además, las ayudas se extenderán a todos los compradores de vivienda protegida, cubrirán los gastos de formalización de la compraventa —como notaría, registro y gestoría— y contemplarán subvenciones de entre 5.000 y 18.000 euros en función de la renta, además de un aval complementario del 15% sobre el 80% que conceden las entidades financieras.

López ha defendido que se trata de una política de apoyo al incremento del parque de vivienda protegida y ha asegurado que, pese a la actualización, Aragón seguirá situándose por debajo de la media nacional en el precio del módulo, ocupando el noveno lugar entre las comunidades autónomas.

Durante su comparecencia, el titular de Vivienda ha insistido en que la alternativa no es “subir o no subir el módulo”, sino elegir entre “mantener un precio artificialmente bajo, aunque apenas se construya vivienda protegida, o actualizarlo para multiplicar la oferta y ofrecer más oportunidades a los jóvenes, las familias y los trabajadores”.

También ha señalado que las asociaciones de promotores reclamaban un incremento del 20% debido al aumento de los costes de personal y de materiales, mientras que el Ejecutivo ha optado finalmente por una subida del 14%, apelando al “equilibrio, la mesura y la ponderación”.

La gigafactoría que desarrollan Stellantis y la empresa china CATL en Figueruelas (Zaragoza) a través de una 'joint venture', a la que han denominado Contemporary Star Energy (CSE), ha recibido este lunes el visto bueno definitivo del Gobierno de Aragón. El anuncio ha servido para conocer más detalles sobre las obras en la planta: el más destacado, que la firma asiática ha optado al final por alojar dentro del recinto a los trabajadores chinos que vengan para levantar el complejo, y que alcanzarán una punta de 1.700 personas.

Esto es lo que ha trasladado el presidente autonómico, Jorge Azcón, en el acto por la aprobación definitiva del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), en el que ha estado acompañado por Andy Wu, director general de CSE. Los números aportados de la gigafactoría son los conocidos: una inversión de 4.100 millones de euros, una superficie de 89 hectáreas que se amplía en la actual planta, una capacidad de producción de 50 GWh y en torno a 4.000 puestos de trabajo directos. Pero lo que no se sabía, y cuya trascendencia aún está por determinar, son las condiciones residenciales con que contarán los empleados del país asiático que lleguen a Zaragoza para impulsar el complejo.

En la actualidad ya son 172 los empleados chinos, todos ellos a sueldo de CATL, los que están llevando a cabo los primeros trabajos, dentro de un contingente inicial que está ya trabajando ahí –el resto, de contratas españolas–. Pero con el paso de los meses el incremento será muy significativo. Así, según ha precisado Azcón de media habrá unos 1.000 empleados chinos en la factoría, y el “pico máximo” será de 1.700 personas. “Eso va a ser solo en la fase de construcción y debido al conocimiento especializado que tienen en este tipo de instalaciones –ha querido matizar el jefe del Ejecutivo autonómico–. Cuando esté en plena producción, serán 4.000 los trabajadores de nuestra comunidad autónoma los que habrá de manera continua”.

Azcón ha resuelto la incógnita del alojamiento, que había generado inquietud en los municipios del entorno dada las dificultades que podría suponer un fuerte aumento poblacional para por ejemplo los servicios sanitarios. En la zona, la localidad próxima más poblada es Pedrola con 3.800 vecinos. Sin embargo, los empleados chinos residirán en el mismo complejo de automoción: “La solución que se plantea es dentro de la fábrica, dentro de la gigafactoría. Se trata de un complejo de viviendas temporales, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y en el que el Gobierno ayudará”, ha explicado el dirigente popular.

Ante las dudas planteadas, Azcón ha querido precisar que el recinto contará con “todos los permisos”. “Estamos teniendo un cuidado especial, tanto con los permisos administrativos y como con la construcción. Un proyecto de estas características trasciende las fronteras de Aragón y de España, no podemos permitirnos equivocarnos en una cuestión como esta”, ha incidido. También ha hecho alusión al Ministerio de Trabajo, del que depende la concesión de los permisos y los visados.

La “sólida tradición industrial” en Aragón

Sobre el proyecto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha manifestado que “sitúa a la Comunidad en el centro del nuevo mapa europeo de la automoción”. “El calendario previsto permitirá que las primeras fases de producción comiencen durante los primeros meses de 2027, un hito que supondrá el inicio de una nueva etapa para la industria europea de la automoción”, ha explicado el presidente.

Por su parte, el CEO de Contemporary Star Energy ha manifestado que la aprobación del PIGA supone “un reconocimiento a la importancia estratégica” de la futura gigafactoría y a la “visión compartida” que han “construido con las instituciones de Aragón desde el inicio de este proyecto”. Andy Wu ha querido agradecer al Ejecutivo autonómico su “confianza, compromiso y su apoyo continuo” y ha precisado que eligieron Aragón “por su sólida tradición industrial, por el talento de sus personas, por su ubicación estratégica y por su firme apuesta por la innovación y el progreso”. “Cada paso que damos confirma que fue la decisión correcta”, ha añadido.

“Este proyecto representa más que una inversión industrial: se trata de oportunidades, de crear empleo cualificado y generar crecimiento económico a largo plazo. Se trata de contribuir a creación un ecosistema que fomentará nuevas inversiones en Aragón, nuevas capacidades y nuevos socios en Aragón. Y sobre todo generar un impacto positivo y duradero para las futuras generaciones”, ha desgranado el empresario chino.

CEOE Aragón y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) presentarán alegaciones conjuntas al estudio informativo del tramo ferroviario Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo para reclamar que esta infraestructura se ejecute con doble vía electrificada.

Así lo han acordado este miércoles el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, y el presidente de la patronal valenciana, Vicente Lafuente, durante una reunión celebrada en la sede de la CEV, en Valencia, una semana después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el estudio informativo del trazado.

Las organizaciones empresariales rechazan que el documento plantee una única vía para todo el tramo entre Teruel y Sagunto, una solución que contrasta con la prevista para el recorrido Zaragoza-Teruel, actualmente también en información pública, y con el resto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Tesier ha advertido de que renunciar a la doble vía electrificada supondría crear “deliberadamente un cuello de botella” en un corredor que conecta a 17 millones de personas y a un territorio que genera el 29% del PIB nacional. A su juicio, carece de sentido reforzar la conexión hacia Zaragoza y el Cantábrico para limitar después su capacidad precisamente en el enlace con los puertos de Valencia, Sagunto y Castellón.

El presidente de CEOE Aragón ha defendido que, en un momento en el que la comunidad se ha consolidado como uno de los principales polos de atracción empresarial del norte de España, no se pueden “cercenar” las capacidades logísticas ni la competitividad de sus empresas. Por ello, ha anunciado que la organización implicará a administraciones, instituciones, agentes sociales y organizaciones empresariales para intentar revertir esta decisión.

En la misma línea, Vicente Lafuente ha asegurado que la defensa de la doble vía electrificada “no es una reivindicación localista”, sino una apuesta por una infraestructura estratégica para la economía española y europea. Según ha señalado, este eje resulta fundamental para el transporte de mercancías, la competitividad de los puertos, la industria y el desarrollo de un modelo logístico más sostenible.

El presidente de la CEV ha advertido de que reducir la capacidad del corredor supondrá generar un cuello de botella que terminará traduciéndose en mayores costes logísticos y una pérdida de competitividad para las empresas.

Reivindicación desde 2022

La colaboración entre ambas organizaciones empresariales en defensa del Corredor Cantábrico-Mediterráneo se remonta a 2022, cuando suscribieron una declaración conjunta reclamando la ejecución completa de la infraestructura y el incremento de la capacidad de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto tanto para mercancías como para viajeros.

Posteriormente impulsaron, junto con las organizaciones empresariales de Castilla y León, Cantabria y La Rioja, un foro para reclamar la incorporación del corredor a la Red Transeuropea de Transporte antes de 2030 como infraestructura de altas prestaciones.

Según recuerdan ambas patronales, los estudios sobre el potencial del corredor estiman que podría canalizar entre 48 y 54 trenes semanales de mercancías por sentido, aunque las limitaciones actuales del trazado impiden alcanzar esa capacidad y obligan a numerosas empresas a utilizar itinerarios alternativos, con mayores costes, tiempos de transporte y emisiones.

Por ello, CEOE Aragón y la CEV sostienen que la modernización integral del Corredor Cantábrico-Mediterráneo constituye una inversión estratégica para reforzar la competitividad de Aragón, la Comunitat Valenciana y el resto de territorios conectados por este eje, mejorar las conexiones ferroviarias con Europa e impulsar tanto el transporte de mercancías como la movilidad de los ciudadanos.

La aventura de Forestalia con los centros de datos ha quedado en el aire en los últimos tiempos tras los problemas judiciales ante los que se ha visto arrastrada. Una de estas instalaciones iba a estar ubicada en Botorrita y tiene nuevo impulsor: Merlin Properties. El Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles la declaración de interés general (DIGA) del proyecto, en el que la socimi española prevé invertir 1.225 millones de euros y que, según ha manifestado su consejero delegado, Ismael Clemente, no va a consumir agua.

El jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, y el propio Clemente han comparecido para hacer público el acuerdo y dar a conocer la iniciativa, que han denominado 'Zaragoza-WIND' (viento en inglés). Los promotores garantizan que el sistema de refrigeración modular de circuito cerrado minimizará las necesidades de agua. El objetivo, si la tramitación por parte del Gobierno de Aragón continúa teniendo viento favorable y el PIGA está aprobado el próximo verano, es iniciar entonces la obra, concluirla en 2029 y que a finales de ese año esté “terminada y equipada”. Ese será el momento, según ha trasladado Clemente, de “saber quién es el cliente final de computación”, que “lo normal” es que se trate de “un único cliente”.

Otra de las peculiaridades del proyecto, heredado de Forestalia, radica en el hecho de que el porcentaje de suministro eléctrico garantizado con parques de renovables –eólicos y fotovoltaicos– es uno de los más elevados, de un 87% “nativo” y “por encima del 95%” a través de un sistema de almacenamiento en baterías. Al menos, según Merlin, que anuncia la expectativa de que en al menos de la mitad del tiempo de explotación superará ese 95%, y el resto se prevé por debajo y deberá echar mano de la red convencional.

El centro de datos generará, sobre el papel, 5.040 empleos en la fase de construcción y 520 en la explotación, y los promotores aspiran a primar “la contratación local y comarcal de trabajadores cualificados para que el retorno económico se quede en el territorio”, según Clemente.

Una ausencia llamativa ha sido la del alcalde de Botorrita, en cuyo término municipal se va a instalar la infraestructura. En concreto, en una superficie de 28,8 hectáreas en el Polígono Industrial San Antonio y en parcelas colindantes. El CEO de Merlin Properties ha reconocido que aún no conocía al primer edil, pero que su “equipo sí”. “Lo haré en breve”, ha añadido. El presidente Azcón ha manifestado que para el Ayuntamiento de Botorrita el centro de datos supondrá unos ingresos de unos 900.000 euros por IAE e IBI, lo que equivale al presupuesto actual del municipio.

Potencia garantizada

El proyecto dispone ya de una potencia garantizada de 227,4 megavatios, gracias a los permisos de acceso asociados a las subestaciones María y Los Vientos, lo que permitirá alcanzar una capacidad de computación de 144 megavatios IT –la que realmente se destina a fines tecnológicos–. Además, Merlin Properties contempla una futura ampliación, condicionada a la disponibilidad energética, sobre otras 32,8 hectáreas, con la que la capacidad del campus podría alcanzar los 240 MW IT.

En su intervención, Azcón ha subrayado que no hay ninguna otra comunidad autónoma que esté creando tanto empleo ligado a la tecnología como en Aragón. “No es casualidad, son estos proyectos de inversión tecnológica en nuestra comunidad autónoma los que hoy nos permiten sacar pecho, estar orgullosos de que un empleo tan importante, con mejores condiciones salariales, con muchas más perspectivas de futuro, esté recalando en Aragón. Ese es el camino que iniciamos hace tres años y es el camino por el que queremos seguir”, ha enfatizado.

Parafraseando al cómico José Mota, Ismael Clemente ha aseverado que este proyecto ese “para siempre”, porque Merlin Properties es una compañía española, “no una multinacional, ni un fondo de inversión”. “Nuestra vocación es construir infraestructuras para operarlas siempre”, ha añadido.

Clemente ha recordado que Forestalia presentó en su momento el denominado Búfalo, con tres subestaciones, dos de las cuales han quedado afectas a este proyecto. La DIGA que tenía para la generación de renovable “sigue en vigor y ellos se ocuparán de la generación eléctrica renovable”, ha aclarado. La parte más intensiva en capital, que es la construcción del data center, “creo que no es ningún secreto que hubiera sido difícil que lo hubieran podido hacer. Ya antes, pero incluso más en las nuevas circunstancias” en referencia a la situación judicial.

Ha relatado que llegaron a este proyecto de Forestalia de la mano de Levitec, al ser si proveedor de instalaciones eléctricas en todos los data centers que han construido por España. “Llegamos muchos meses antes de que saltasen los escándalos y se negoció con ellos de buena fe y se pactaron precios cuando todavía no existía este tipo de presión a la que están sometidos hoy en día”.

La conexión física para alimentar este data center será con la energía renovable que “ellos” –por Forestalia– generen en su momento cuando construyan esos parques que tienen autorizados.

Las ayudas a la mejora de la competitividad, lanzadas hace casi un año y dotadas con un millón de euros, se le atragantan al Gobierno del PP en Zaragoza. La Intervención municipal ha devuelto hasta en dos ocasiones el expediente con estas subvenciones debido al sinfín de errores detectados por el órgano de control en su tramitación. Según ha dicho este martes la coordinadora del Área de Economía, el trámite se resolvió de manera definitiva el pasado 10 de julio.

La convocatoria repartía casi un millón de euros entre autónomos y microempresas de Zaragoza, en dos líneas de ayuda: una de mejora competitiva general y otra ligada a la obligación legal de instalar caja registradora homologada y facturación electrónica. Se presentaron más de 500 solicitudes.

La primera resolución tuvo que corregirse de oficio poco después de aprobarse, por un error material en dos de sus anexos. El problema de fondo llegó cuando la Intervención General advirtió discrepancias en la imputación de gastos y en la acreditación de la cifra de negocio de los solicitantes, y obligó a repetir, solicitud por solicitud, el análisis de todas las candidaturas. Aquel parón obligó además a modificar las bases de la convocatoria para cargar el gasto al presupuesto del ejercicio siguiente.

Hecha esta corrección, el Gobierno municipal firmó una nueva resolución provisional que llegó a autorizarse y a contabilizarse. Pero entonces se produjo la segunda devolución: la Intervención remitió un nuevo informe en el que exigía corregir errores de puntuación y de porcentaje de subvención en varios expedientes. Así, se computaron puntos por tener trabajadores contratados que, según la Seguridad Social, no existían, lo que además cambiaba el porcentaje de ayuda aplicable; en otros casos ocurría lo contrario. El órgano de control detectó asimismo fallos en el criterio de antigüedad de la empresa, una entidad admitida pese a superar el límite de tamaño permitido y un solicitante que cobraba sin estar dado de alta como empresario. El informe instaba, además, a revisar el criterio de reparto entre gasto corriente e inversión para garantizar uniformidad en todas las solicitudes.

“Una chapuza”

Este martes, en la comisión de Economía, el concejal del PSOE Guillermo Ortiz ha puesto el acento en el retraso acumulado y en la gravedad de los fallos. Ha considerado “sorprendente ver que en la segunda parte de 2026 se estén resolviendo” subvenciones de 2025, y ha recordado que el propio expediente reconoce que Intervención detuvo la convocatoria al ver que era “una chapuza y una trapala del Área de Economía”. Lo más llamativo, a su juicio, es que el expediente refleja una segunda devolución, advirtiendo “numerosas irregularidades de nuevo”. Ortiz ha concluido que la falta de un “criterio uniforme en el reparto” –algo que Intervención reclama– revela un problema de fondo: “Si no les llegan a pillar, estaríamos hablando de que ustedes, presuntamente, están regalando dinero público a empresarios que no son beneficiarios de las ayudas”.

En su respuesta, la coordinadora del Área de Economía, Elena de Marta, ha reconocido que “ha sido una convocatoria muy complicada, con muchos problemas, fundamentalmente derivados del elevado volumen de solicitudes que ha habido”. Ha defendido el trabajo de su servicio y del propio órgano fiscalizador y ha matizado que desde su punto de vista “no se puede considerar que haya errores de bulto”. Y ha explicado que “el servicio tramitador ha asumido todos los criterios de Intervención, y de ahí la existencia de la resolución provisional”.

De Marta ha querido subrayar que el expediente ya cuenta con una “resolución definitiva con el informe favorable de la Intervención a todos y cada uno de los solicitantes”, aprobado el pasado 10 de julio, y ha relativizado que el expediente se devolviera tras estar ya autorizado, al recordar que “las resoluciones provisionales no generan derechos”.

Más del 47% de los trabajadores de la Administración autonómica en Aragón tienen contrato temporal, según muestra el último 'Boletín estadístico del personal al servicio de la comunidad autónoma'. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha denunciado que los datos oficiales “vuelven a poner de manifiesto la intolerable precariedad que el Gobierno de Aragón intenta ocultar y que va a terminar con sanciones millonarias de la Comisión Europea”.

Con los datos del último Boletín, la plantilla de la Administración autonómica está compuesta por 61.913 trabajadores, de los que 29.233 son temporales (47,2%) y 32.680, fijos (52,8%). En el momento de las últimas elecciones autonómicas y el inicio de la presidencia de Azcón, en junio de 2023, estos mismos datos eran 59.800 trabajadores y 30.500 temporales, el 51%, por lo que el índice de temporalidad se ha reducido en solo 3,7 puntos porcentuales. Todo ello pese a que la Ley 20/21, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, fijaba la obligación de que esta tasa debía estar por debajo del 8% a fecha 31 de diciembre de 2024.

STEPA subraya que además el boletín no especifica cuántos de estos temporales llevan más de tres años en sus puestos y por tanto están en fraude de ley y deben ser indemnizados, como han sentenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo. El sindicato estima que “en estos momentos son más de 20.000 los trabajadores abusados, un tercio de la plantilla total”. Y añade: “Esta cifra no deja de crecer, ya que inicialmente calculábamos que eran 17.000”.

“Este boletín estadístico nos muestra una Administración pública al borde del colapso por años de falta de planificación y unas ofertas de empleo que no han servido para acabar con la temporalidad estructural. El Ejecutivo de Jorge Azcón ha incumplido las leyes, ha mentido reiteradamente y ahora mismo no quiere escuchar nuestras propuestas para buscar una salida que evite sanciones e indemnizaciones”, resume STEPA.

“El compromiso de los trabajadores”

El sindicato ha subrayado que la misma fecha de publicación de este último boletín “ya muestra la caótica gestión y falta de transparencia en Función Pública”. El informe se publica semestralmente, con datos a 30 de junio y 31 de diciembre; pero se ha presentado el de diciembre de 2025 en la fecha en que debería hacerse público ya el siguiente, “fuera del periodo de sesiones de Cortes y en plenas vacaciones, en lo que parece un retraso deliberado para esconder sus falsedades e incumplimientos legales”.

STEPA ha incidido en que los datos oficiales muestran que los máximos responsables de Función Pública han dado datos falsos sobre la temporalidad, incluso ante las Cortes de Aragón. El panorama real es el de una temporalidad que no se permite en ninguna empresa privada. Por sectores es del 46,2% en Administración General, del 46,9% en Educación y del 48,7% en Sanidad.

Respecto al anterior Boletín, de junio de 2025, la temporalidad se ha reducido en un ligero 0,5%. Sin embargo, en ese momento en la plantilla había 184 empleados más, lo que muestra que parte de este resultado se ha conseguido con ceses de personal temporal cuyos puestos no se están cubriendo. “Función Pública solo busca maquillar los datos de temporalidad con ceses ilegales, aun a costa de cargarse y deteriorar gravemente servicios públicos, como muestran las constantes polémicas de plazas sin cubrir y servicios atascados”, afirma STEPA.

Los datos del Boletín oficial muestran que el Gobierno de Azcón también ha sido incapaz de conseguir los objetivos que pregona, de mejorar la organización y provisión de plazas, y así el porcentaje de empleados con destino fijo está en el 44,5%. Tampoco se está consiguiendo rejuvenecer la plantilla, y la media de edad está en 46,3 años.

Como resumen, STEPA señala que “es imposible que la Administración aragonesa pueda funcionar bien. Si mínimamente se sostiene es porque es una maquinaria pesada y los funcionarios están comprometidos; si no, tendría que reventar”.

Propuestas de STEPA

El sindicato ha destacado que los datos de este boletín se publican en un momento decisivo. Por una parte, la Comisión Europea está avanzando con celeridad en el procedimiento de infracción contra el Gobierno de España por incumplir la normativa europea sobre temporalidad. Igualmente, las últimas sentencias judiciales obligan también a indemnizar a los trabajadores que han sufrido abuso y si no se opta por la fijeza como compensación, se sumarán pagos millonarios, que ya están impidiendo avanzar en la preparación de los próximos presupuestos.

Como solución a nivel nacional, STEPA, junto con otras 56 organizaciones de toda España, presentó en el Congreso de los Diputados, en junio, una “lista de exigencias mínimas para una ley de punto final que transponga de forma íntegra las normas y sentencias europeas y que concrete medidas de reparación y para evitar que se repitan los abusos”.

Con el mismo objetivo presentó a la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Aragón una propuesta para llevar a la reunión de la Comisión de Coordinación del Empleo Público celebrada el pasado 8 de julio. El sindicato defiende un real decreto ley que revise el grado de aplicación de los concursos de méritos de estabilización, “que han supuesto que mientras unos pocos pasen a funcionarios de carrera, otros en la misma situación hayan sido despedidos a coste cero, al no haberse incluido sus plazas en los procesos”.

STEPA ha explicado que esta medida “no traspone la directiva comunitaria pero supone eliminar uno de los agravamientos que se señalan en el documento de líneas rojas registrado en el Congreso”. Al no tener respuesta, ha solicitado en la Mesa Sectorial información sobre las conclusiones de la reunión y que conste en acta la propuesta trasladada por nuestra organización para abordar la situación del personal en abuso de temporalidad.

“Si finalmente los incumplimientos acaban teniendo consecuencias económicas, será la ciudadanía, en última instancia, quien soporte el coste. Es legítimo preguntarse quién asumirá la responsabilidad por años de incumplimiento de la ley y mala gestión”, ha concluido el sindicato.

Pese a reconocer sin lugar a dudas el cuello de botella que genera, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha optado por sacrificar la doble vía electrificada para tramo ferroviario entre Teruel y Sagunto, dentro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo. La justificación es su elevado coste, casi 4.000 millones de euros, frente a la reducida demanda de viajeros prevista.

El Gobierno central tramita el mencionado corredor en dos tramos separados, cada uno con su propio estudio informativo: Zaragoza-Teruel, ya en información pública, y Teruel-Sagunto, sometido a consulta desde este 16 de julio, cuando ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las diferencias entre un tramo y otro son evidentes. El tramo primero se construirá con dos vías: a corto plazo, las dos de ancho ibérico; a largo plazo, una de ancho ibérico y otra estándar, con trenes circulando a una velocidad entre 200 y 250 km/h. En cambio, el trayecto Sagunto-Teruel tendrá una sola vía en toda su longitud, tal y como recoge la opción elegida por el Ministerio. La plataforma prevista mide 8,60 metros de ancho, muy por debajo de los 13 o 14 metros que suele necesitar una plataforma de doble vía, y el sistema de señalización elegido solo permite que un tren circule en cada momento, salvo en los puntos concretos habilitados para el cruce.

El resultado final será un corredor con dos velocidades: doble vía y alta capacidad en la mitad que va hasta Teruel, y vía única con paradas programadas de cruce en la mitad que llega a Sagunto.

Un coste cuatro veces mayor

La doble vía no es una idea nueva: se descartó ya en 2023. Era, de largo, la más ambiciosa de las opciones sobre la mesa: un trazado completamente nuevo, sin aprovechar ni un metro de la vía actual, diseñado para que los trenes circularan a 300 km/h. Sin embargo, su precio la alejaba del resto. Mientras la alternativa de vía única que se ha elegido costaba 717,9 millones de euros, y mientras las opciones intermedias –también de vía única– ascendían a 1.322,8 y 1.878 millones respectivamente, la opción de doble vía llegaba a 3.967,7 millones.

La cuestión, con los números ofrecidos por el Ministerio, es que la demanda no compensa ese desembolso. Así, el número de viajeros que se desplazarían por la doble vía en 2030 se estimaba en 547.752 al año, apenas 50.012 más que la opción de vía única mejor valorada. En mercancías, la diferencia tampoco era decisiva: 99 trenes semanales en el año 2061 con doble vía, frente a 86 con la vía única elegida.

De lo que no hay duda es que el tramo Teruel-Sagunto supone y supondrá un cuello de botella para el Corredor, tal y como reconoce el propio Ministerio. De hecho, ese trayecto marca el límite de capacidad de toda la delimitación, muy por encima del resto.

Mientras, para compensar la vía única, el Ministerio recurre a la denominada doble tracción: dos locomotoras unidas en un mismo tren de mercancías para que pueda arrastrar más peso sin necesidad de rebajar las pendientes más pronunciadas de la línea.

Indignación en el Gobierno de Aragón

Las explicaciones que recoge el estudio informativo, sin embargo, no son suficientes para el Gobierno de Aragón, que ha reaccionado este jueves con indignación y ha anunciado que presentará alegaciones al estudio informativo para exigir que el proyecto contemple una doble vía electrificada y de altas prestaciones. Así lo ha anunciado el director general de Transportes, David Sánchez Fraile, quien ha calificado la propuesta ministerial como un “error histórico” que compromete el futuro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo y el desarrollo logístico e industrial de Aragón.

Durante una rueda de prensa, Sánchez Fraile ha denunciado la “falta de ambición y de compromiso” del Ministerio con una infraestructura que considera esencial para la provincia de Teruel y para la competitividad de la comunidad autónoma. En este sentido, ha criticado que mientras el resto del Corredor se proyecta con doble vía electrificada, el tramo entre Teruel y Sagunto quede relegado a una solución de menores prestaciones.

El director general ha recordado que esta conexión enlaza Aragón con el principal puerto de España en tráfico de mercancías, el de Valencia, y ha advertido de que mantener una única vía supone crear un cuello de botella injustificado en un eje ferroviario estratégico para el transporte nacional e internacional. “Sin una doble vía electrificada este corredor no será una alternativa competitiva para el transporte de mercancías y viajeros”, ha afirmado, al tiempo que ha lamentado que el planteamiento del Ministerio deje de lado los intereses de Aragón.

Sánchez Fraile ha alegado que la actual propuesta limita la capacidad de la línea, dificulta la convivencia entre trenes de mercancías y de pasajeros y reduce la fiabilidad del servicio. Frente a ello, ha defendido que una doble vía permitiría incrementar las frecuencias, eliminar los cuellos de botella y dotar al corredor de las características técnicas necesarias para responder al crecimiento del tráfico ferroviario.

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) reclamará al Ayuntamiento de Zaragoza la devolución de dos millones de euros correspondientes al convenio 2021-2024 para inversiones en los barrios rurales al considerar que esos fondos fueron transferidos y no ejecutados. La institución provincial ha convocado para los próximos 27 y 28 de julio una comisión de seguimiento en la que abordará el cierre del acuerdo y planteará formalmente esa reclamación, mientras que el Consistorio rechaza esa interpretación y sostiene que ha ejecutado el 100% del dinero recibido.

La vicepresidenta primera de la DPZ, Teresa Ladrero, ha trasladado este martes la situación del convenio a los alcaldes de varios barrios rurales de Zaragoza en una reunión en la que también han participado el diputado delegado de Barrios Rurales, Miguel Sanz, y la diputada de Memoria Democrática y Solidaridad, Nerea Marín. Según ha explicado, el encuentro responde a una petición de los propios representantes vecinales para conocer el estado de las inversiones previstas.

Ladrero ha defendido que la Diputación ha actuado con voluntad de colaboración y ha atribuido al Ayuntamiento una gestión “absolutamente deficiente” del convenio. Además, ha asegurado que todos los datos presentados proceden de la documentación remitida por el propio Consistorio y ha advertido de que el incumplimiento del acuerdo puede tener consecuencias jurídicas que, si fuera necesario, podrían dirimirse en los tribunales.

La vicepresidenta ha repasado también la situación de los dos últimos convenios suscritos entre ambas administraciones. Respecto al correspondiente al periodo 2017-2019, prorrogado hasta finales de 2023, ha señalado que de los nueve millones de euros transferidos el Ayuntamiento ya ha devuelto 764.000 euros y todavía permanece pendiente el reintegro de otros 732.000, actualmente en fase de alegaciones, lo que elevaría la cantidad sin ejecutar a cerca de 1,5 millones de euros.

En cuanto al convenio 2021-2024, la DPZ ha explicado que contemplaba una aportación global de 16 millones de euros. De esa cantidad, cuatro millones estaban destinados a la colaboración en servicios como bomberos, tratamiento de residuos y protección animal; tres millones debían emplearse para completar actuaciones pendientes del convenio anterior y otros nueve millones estaban reservados para nuevas inversiones en los barrios rurales.

Según la Diputación, de esos nueve millones destinados a nuevas actuaciones únicamente se ejecutaron tres, por lo que quedaron seis millones sin invertir. La institución provincial sostiene que decidió no transferir la última anualidad de cuatro millones al constatar el bajo grado de ejecución, por lo que ahora reclamará la devolución de dos millones correspondientes a fondos ya abonados y que considera no justificados. Además, solicitará que el Ayuntamiento complete la justificación de otros 444.000 euros vinculados a actuaciones pendientes del convenio anterior.

La DPZ mantiene también que el convenio decayó al finalizar 2024 porque el Ayuntamiento no promovió a tiempo su prórroga. Según Ladrero, existía un informe de la Intervención municipal que advertía de la necesidad de ampliar o modificar el acuerdo antes de su vencimiento y la Diputación propuso convocar una comisión de seguimiento antes de esa fecha, aunque, asegura, el Consistorio no aceptó hacerlo.

Una vez cerrado el expediente, la institución provincial pretende sustituir el actual convenio por un nuevo plan de ayudas para financiar inversiones en los barrios rurales, con un sistema que, según ha explicado, ofrecería mayores garantías de ejecución y aplicaría a Zaragoza el mismo modelo que al resto de municipios de la provincia.

El Ayuntamiento niega el incumplimiento

Horas después, el Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado la versión de la DPZ y ha asegurado haber acreditado documentalmente la ejecución del 100% de los fondos transferidos para los barrios rurales.

La concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, ha defendido que la Diputación únicamente llegó a transferir ocho millones de euros para inversiones al no abonar la anualidad de 2024, cifrada en cuatro millones. Frente a esa cantidad, el Consistorio sostiene haber ejecutado 8,1 millones de euros, de los que 2,689 millones se destinaron a actuaciones y sobrecostes del convenio anterior y 5,32 millones a nuevas obras.

Espinosa ha asegurado que el Ayuntamiento remitió las certificaciones correspondientes a todas las anualidades abonadas y ha afirmado que no pudo hacerlo respecto a 2024 porque la DPZ nunca realizó ese ingreso. A su juicio, las actuaciones pendientes en barrios como Montañana o Juslibol no pudieron ejecutarse precisamente por la falta de esa financiación.

La concejal ha defendido además que el convenio tenía la naturaleza de un fondo incondicionado y no de una subvención sometida a la justificación individualizada de cada actuación, y ha sostenido que durante 2024 ambas administraciones contemplaban la posibilidad de completar la ejecución de las obras a lo largo de 2025. En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento solicitó formalmente el 27 de diciembre de 2024 la ampliación del convenio y la negociación de un nuevo acuerdo, una petición que, según ha indicado, sigue sin respuesta.

A 48 horas del debate sobre el estado de la ciudad, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este lunes un “proyecto de vanguardia pionero a nivel mundial”... que ya está en marcha a algo más de 200 kilómetros: en Tarragona. Se trata de una iniciativa para convertir la basura no reciclable en metanol, en la que el Gobierno municipal aspira a invertir 200 millones de euros –IVA incluido– y que Repsol ya impulsa en la localidad catalana, donde aspira a multiplicar por cuatro este desembolso. De hecho, la tecnología lleva en el mercado al menos desde 2012, al menos según la información trasladada a los medios.

El objetivo del denominado Zero Residuos, según Chueca, es publicar la licitación en otoño, adjudicarlo por concurrencia competitiva en la primavera del año que viene y que la planta entre en funcionamiento en 2030.

La iniciativa aspira a que las 150.000 toneladas anuales de residuos que hasta ahora se entierran en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos (CTRUZ) se transformen en energía y en distintos productos que son utilizables en la industria. “Es un hito revolucionario y es algo novedoso, vuelve a colocar otra vez Zaragoza a la vanguardia de nuestros compromisos medioambientales en Europa para que en el año 2030 seamos una ciudad climáticamente neutra”, según Chueca.

En España, sin embargo, Repsol ya tiene el desarrollo una planta de estas características, en la que va a invertir 800 millones de euros para una capacidad de procesamiento sensiblemente superior a la que se prevé en Zaragoza: hasta 400.000 toneladas anuales de materia sólida urbana no valorizable y biomasa. De ahí saldrán 240.000 toneladas al año de metanol renovable y circular, según anunció la propia compañía.

En el caso de Zaragoza, la novedad sería administrativa: mientras que en Tarragona fue la compañía la que propuso el proyecto a las instituciones, en la capital aragonesa sería el Ayuntamiento el que lanza el concurso público a la espera de promotores privados. Es una licitación “pionera en el mundo, no solamente en Europa”, ha señalado la alcaldesa, que más adelante ha insistido en que también era un “proyecto pionero a nivel mundial”.

Consultado por este periódico, fuentes municipales aseguran que la “diferencia” figura en que la de Repsol solo producirá metanol, mientras que en la de Zaragoza se generará “hidrógeno a partir de la electrólisis del agua a partir de la energía verde generada”, lo que constituiría “una segunda fase que va más allá” de la de Tarragona. Esta matización, que no aparece tal cual ni en la nota de prensa oficial ni en lo expresado por la alcaldesa, se referiría en todo caso a un proceso que también está ya en el mercado. A su vez, las fuentes municipales han remitido a los pliegos para poder comprobar “los detalles”.

Problemas en Canadá

Pero es que de hecho esa tecnología ya existe hace más de una década. Y por ahora no ha tenido excesivo éxito, a tenor de los resultados.

Uno de los actores del mercado que la ha desarrollado, y que en El Morell va por cierto de la mano de Repsol, es la firma canadiense Enerekem. A principios de la década pasada impulsó una planta en Edmonton con la perspectiva de que funcionase durante un cuarto de siglo y que sin embargo tuvo que cerrar sus puertas mucho antes, en 2024, por problemas de rentabilidad para la compañía, y tras una producción sensiblemente inferior a lo anunciado en un principio.

Con un problema añadido: la planta se encuentra ahora abandonada y está generando preocupación por la contaminación química que hay en el recinto. De hecho, el responsable de una organización ambientalista de la localidad canadiense, Environmental Law Centre, afirmó a un medio de comunicación que este caso mostraba la “necesidad de una supervisión municipal más sólida y proactiva de las instalaciones industriales”.

La titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza ha acordado nombrar un administrador concursal para la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, el principal ente gestor de Etopia, con el fin de revisar su gestión antes de dar por concluido el concurso de acreedores. Será el encargado de analizar si existen indicios de posibles irregularidades o responsabilidades que justifiquen continuar con el procedimiento.

La decisión llega después de que los trabajadores de la fundación, que representan más del 5% de la deuda de la entidad, solicitaran el nombramiento de un administrador concursal. La jueza ha designado para esa labor a Castillero Auditores SLP, que dispondrá de un mes desde la aceptación del cargo para elaborar un informe.

Ese informe deberá determinar si existen indicios de que durante la gestión de la fundación se realizaron actuaciones que perjudicaron a los acreedores, si procede reclamar responsabilidades a sus administradores o liquidadores o si el concurso reúne las condiciones para seguir una tramitación distinta. El auto no concluye que existan esas circunstancias, sino que encarga al administrador concursal comprobar si hay indicios suficientes para ello.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha expresado que no es patrono de la Fundación desde marzo 2024 y que la salida se realizó “cumpliendo la ley, igual que se seguirá haciendo ante cualquier paso judicial que pueda llegar hasta el consistorio”.

La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento fue el instrumento del Ayuntamiento de Zaragoza para gestionar Etopia y desarrollar proyectos de innovación financiados, en buena parte, con fondos europeos. En 2024 el Gobierno de la ciudad canceló la programación cultural de este espacio. Esta fundación ha terminado en concurso de acreedores tras dos años marcados por la devolución de proyectos europeos, la pérdida progresiva de personal, impagos a la plantilla y el desmantelamiento de parte de su actividad cultural y tecnológica. Los trabajadores que todavía continúan vinculados al proyecto sostienen que la situación actual no responde a una quiebra sobrevenida, sino a una estrategia de “abandono deliberado” para conducir a la entidad a la ruina.

El juzgado declaró inicialmente el concurso al considerar que la fundación no disponía de patrimonio suficiente para hacer frente a sus deudas. En ese primer auto también entendió que la entidad no tenía trabajadores en plantilla, aunque semanas después rectificó esa circunstancia al comprobar que sí los había. Ese cambio permitió a los empleados solicitar el nombramiento de un administrador concursal, posibilidad que prevé la Ley Concursal cuando representan al menos el 5% del pasivo.

La situación de la fundación ha estado rodeada de polémica desde su cierre. CCOO advirtió de que la renuncia a seis proyectos europeos podía obligar al Ayuntamiento de Zaragoza a devolver cerca de 700.000 euros de financiación comunitaria, mientras que los trabajadores denunciaron que el proceso de liquidación se llevó a cabo dejando proyectos sin ejecutar y con deudas pendientes.

Los ayuntamientos de Aínsa-Sobrarbe y Biescas han manifestado su oposición al anunció del Gobierno de Aragón contra la declaración de zonas tensionadas, incluso cuando sean los propios municipios los que lo soliciten. Los alcaldes de ambas localidades, Enrique Pueyo y Lorena Cajal, consideran que el Ejecutivo autonómico “abandona” a los municipios con mayor presión turística y sostienen que la negativa impedirá que sus vecinos puedan beneficiarse de las medidas previstas para facilitar el acceso a la vivienda.

Las críticas llegan un día después de que el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, anunciara que el Gobierno de Aragón no tramitará ninguna declaración de zona tensionada al considerar que la aplicación de la Ley estatal de Vivienda ha demostrado ser ineficaz y reducir la oferta de alquiler. El Ejecutivo autonómico defendió que mantendrá esta postura aunque los ayuntamientos lo pidan y apostó por incrementar el parque de vivienda pública como alternativa.

En ese escenario, Pueyo y Cajal recuerdan que ambos consistorios aprobaron a comienzos de junio solicitar formalmente la declaración de zona tensionada para poder acceder a las ayudas estatales y autonómicas vinculadas a vivienda asequible y alquiler social. “Registramos las solicitudes y más de un mes después nos enteramos de que nos niegan esa posibilidad”, lamenta el alcalde de Aínsa-Sobrarbe. A su juicio, el Gobierno de Aragón “no tiene ningún interés en solucionar el problema de la vivienda en municipios que cuentan con una gran presión turística” y su decisión “va claramente contra quienes vivimos en estos municipios”.

La alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal, sostiene además que el Ejecutivo autonómico “no respeta la autonomía de los ayuntamientos”. “Los alcaldes y alcaldesas transmitimos las necesidades que hay en nuestros pueblos y la respuesta del consejero Octavio López es decir no”, afirma. También reprocha que el responsable de Vivienda haya “cerrado la puerta a cualquier posibilidad de encuentro o diálogo” con los municipios, ya que, a su juicio, “negarse a esto es negarse a escuchar las necesidades de los habitantes de estos pueblos”.

Ambos alcaldes consideran que la decisión responde a un rechazo político a la Ley estatal de Vivienda y no a la realidad de los municipios afectados. “El Gobierno aragonés no está gestionando las necesidades de los aragoneses, está haciendo oposición con una ley estatal solo por el hecho de que la ha aprobado el Gobierno central”, sostienen.

Los dos responsables municipales insisten en que Aínsa y Biescas, al igual que otros municipios del Pirineo aragonés, soportan una fuerte presión turística, con un elevado número de segundas residencias y alojamientos de uso turístico que dificulta el acceso a la vivienda para quienes viven y trabajan durante todo el año. “Esto supone unos precios muy lejos de las posibilidades de quienes aquí viven o de personas que, por ejemplo, vienen a trabajar a estos pueblos”, señalan.

Además, critican la política de vivienda desarrollada por el Ejecutivo autonómico y ponen como ejemplo la promoción de vivienda de alquiler asequible de las Harineras, en Huesca. Recuerdan que, tras un acuerdo municipal alcanzado en octubre de 2025, las rentas previstas pasaron de algo más de 500 euros a superar los 800 euros mensuales. “800 euros por un alquiler en una ciudad como Huesca no es un precio de alquiler asequible”, concluyen.

El PSOE acusa a Azcón de actuar por “ideología” y despreciar la autonomía municipal

El PSOE también ha cargado este miércoles contra la decisión del Gobierno de Aragón de impedir que los municipios puedan ser declarados zonas de mercado residencial tensionado. El diputado socialista Darío Villagrasa ha calificado el anuncio de “error” y ha denunciado que supone “un desprecio a los ayuntamientos y a la autonomía municipal”, al impedir que sean los consistorios quienes decidan si recurren a esta herramienta prevista en la Ley estatal de Vivienda.

Villagrasa ha sostenido que el rechazo responde a una cuestión “ideológica” y a la oposición del Ejecutivo autonómico al Gobierno central. En este sentido, ha recordado que la decisión afecta ya a los tres municipios aragoneses que habían solicitado la declaración como zonas tensionadas: Alpartir, Aínsa y Biescas. Además, ha defendido que allí donde la norma se ha aplicado, como en Cataluña o Galicia, los precios del alquiler han descendido.

El parlamentario socialista ha alertado también de que el precio de la vivienda en Aragón se ha incrementado cerca de un 38% en los tres últimos años y ha criticado que el Gobierno autonómico considere “asequibles” promociones con alquileres de alrededor de 900 euros en Zaragoza o superiores a 800 euros en Huesca. Por ello, ha reclamado reforzar la vivienda pública y el alquiler protegido, aprovechar los 260 millones de euros que el Estado transferirá a Aragón a través del Plan Estatal de Vivienda y escuchar a los ayuntamientos para aplicar las medidas que demanda cada municipio.

El centro de datos que Azora proyecta en Villamayor de Gállego consumirá 2.628 gigavatios hora (GWh) de electricidad al año cuando funcione a pleno rendimiento. La cifra, incluida en la documentación ambiental del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) publicada este martes, equivale a cerca de una cuarta parte de toda la electricidad que consumió Aragón en 2025. Sumada a la demanda prevista para el proyecto de Blackstone en Calatorao, ambos complejos requerirán una cantidad de energía equivalente a casi el 70% del consumo eléctrico actual de la comunidad.

El proyecto de Azora, denominado Tillion Aragón, prevé una inversión de 2.360 millones de euros para levantar cuatro edificios de centros de datos en Villamayor de Gállego. La documentación ambiental estima un consumo de 2.628 GWh anuales una vez completadas las dos fases previstas, aunque la segunda queda condicionada a disponer de la capacidad eléctrica necesaria.

El único proyecto que supera esas cifras es Rhodes, el campus que Blackstone impulsa en Calatorao. Su estudio de impacto ambiental estima un consumo medio anual de 4.745 GWh, de modo que entre ambos complejos sumarían 7.373 GWh al año. La comparación se realiza con el consumo eléctrico registrado en Aragón durante 2025, por lo que el porcentaje variará a medida que entren en funcionamiento estos y otros centros de datos previstos en la comunidad.

El fuerte consumo energético contrasta con el reducido uso de agua previsto para ambos complejos. Tanto Blackstone como Azora recurrirán a sistemas de refrigeración por aire, una tecnología que reduce notablemente las necesidades hídricas frente a otros modelos. El proyecto de Calatorao estima un consumo anual de 4.782 metros cúbicos de agua y el de Villamayor, 6.066 metros cúbicos. En conjunto apenas superan los 10.800 metros cúbicos al año, una cifra muy alejada de la prevista para los campus de Amazon Web Services, que concentran alrededor del 95% del consumo hídrico estimado entre los grandes centros de datos proyectados en Aragón.

Las diferencias entre ambos proyectos también se reflejan en la inversión prevista. El campus de Blackstone contempla un desembolso de 11.805 millones de euros para desarrollar ocho edificios en Calatorao, mientras que Azora prevé invertir 2.360 millones en cuatro centros de datos en Villamayor de Gállego. Ambos forman parte de la oleada de proyectos tecnológicos que está convirtiendo Aragón en uno de los principales polos para la implantación de este tipo de infraestructuras en España.

El Gobierno de Aragón se suma a comunidades autónomas como Madrid, la Comunitat Valenciana o Extremadura y rechaza aplicar las zonas de mercado residencial tensionado previstas en la Ley estatal de Vivienda, incluso si los municipios las solicitan. El Consejo de Gobierno ha acordado de forma unánime no tramitar estas declaraciones al considerar que la limitación de los precios del alquiler “reduce la oferta de vivienda” y defender como alternativa el incremento del parque público.

El Gobierno de Aragón ha acordado de forma unánime rechazar la tramitación de procedimientos para declarar Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT), una decisión que impedirá su aplicación en la comunidad aunque los ayuntamientos la soliciten. El consejero de Vivienda, Octavio López, ha defendido este martes que no se trata de una “decisión ideológica”, sino adoptada “bajo los máximos criterios de responsabilidad pública”, al considerar que la solución al problema de acceso a la vivienda “no pasa por la regulación de precios privados, sino por el aumento de la oferta de promoción pública”.

El acuerdo, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), se fundamenta, según el Ejecutivo autonómico, en las competencias exclusivas de la comunidad en materia de vivienda y en la naturaleza potestativa de estas declaraciones, recogida en la Ley estatal de Vivienda y avalada por el Tribunal Constitucional. López ha defendido que el Estado no puede imponer la aplicación de las zonas tensionadas y ha asegurado que limitar las rentas del alquiler supone trasladar a los propietarios una carga que corresponde a los poderes públicos.

El consejero ha explicado que la decisión se apoya también en los “efectos perjudiciales” que, a juicio del Gobierno aragonés, ha tenido el control de precios en los territorios donde ya se aplica. Como ejemplo ha citado Cataluña, donde las limitaciones están vigentes desde marzo de 2024. Basándose en un informe elaborado para la Cátedra Unesco de la Universitat Rovira i Virgili, el Ejecutivo sostiene que la medida ha provocado una reducción de la oferta de vivienda en alquiler, ha favorecido el trasvase hacia el alquiler turístico, de temporada o la compraventa, ha reducido el tamaño medio de las viviendas disponibles y ha generado un “efecto frontera” al encarecer los municipios limítrofes no regulados.

“No nos hemos cerrado en banda a aplicar los escasos aspectos positivos de la ley de vivienda estatal”, ha señalado López, quien ha calificado la norma en su conjunto de “nefasta”. Por ello, ha reafirmado que “en Aragón no se tramitarán procedimientos para la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado hasta que no se disponga de informes científicos que contradigan los efectos negativos derivados de estas regulaciones”.

En este sentido, el consejero se ha referido expresamente a municipios como Aínsa o Biescas, que han manifestado su intención de solicitar la declaración de zona tensionada por los problemas de acceso a la vivienda. Aunque ha precisado que esas solicitudes todavía no han llegado formalmente al Gobierno de Aragón, ha garantizado que no serán aprobadas porque el Ejecutivo entiende que esta medida “perjudica gravemente” al mercado del alquiler.

Como alternativa, el Gobierno autonómico ha vuelto a reivindicar el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030. López ha destacado que desde el inicio de la legislatura se han impulsado unas 3.000 viviendas públicas y ha reiterado el objetivo de alcanzar las 7.000 antes de que termine el mandato. También ha puesto en valor el programa Más Vivienda, Mejor Turismo, con el que se proyectan 488 viviendas de alquiler asequible para trabajadores en 43 municipios turísticos mediante una inversión superior a 80 millones de euros.

La decisión formaliza una postura que el Ejecutivo de Jorge Azcón ya había expresado en varias ocasiones y que comparte con la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP. En octubre de 2024, los consejeros de Vivienda de estos territorios suscribieron un comunicado conjunto en el que rechazaban declarar zonas tensionadas aunque los ayuntamientos las solicitaran, al considerar que se trata de una medida ineficaz. Desde entonces, comunidades como Madrid o la Comunitat Valenciana han rechazado peticiones de municipios como Getafe, Rivas Vaciamadrid, Fuenlabrada, Sagunto o Dénia. La principal excepción ha sido Galicia, cuya Xunta autorizó en mayo de 2025 la declaración de A Coruña, aunque insistió en que lo hacía por imperativo legal y manteniendo sus críticas a la Ley estatal de Vivienda.

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, y la directora general de Grandes Inversiones, Marta Ríos, han visitado este martes las instalaciones que la compañía estadounidense Diamond Foundry está desarrollando en el polígono Empresarium de la Cartuja Baja (Zaragoza), un proyecto industrial que prevé una inversión total de 1.300 millones de euros y la creación de 300 puestos de trabajo directos.

El proyecto sitúa a Aragón dentro de la cadena global de valor de los semiconductores, uno de los sectores más estratégicos y con mayor proyección de crecimiento de la economía mundial. Durante la visita, Eva Valle ha subrayado que la implantación de Diamond Foundry confirma el atractivo de Aragón para las inversiones tecnológicas de vanguardia y refuerza el posicionamiento de la comunidad como uno de los principales polos industriales y tecnológicos emergentes del sur de Europa.

La consejera ha señalado que “Diamond Foundry permite posicionar a Aragón dentro de una nueva cadena global de valor, en este caso la cadena de los semiconductores, y complementar el ecosistema de inversiones tecnológicas que estamos consiguiendo atraer a nuestra comunidad autónoma”.

Valle ha añadido que “una de las razones por las que Diamond Foundry viene aquí es precisamente por este ecosistema que estamos creando, además del talento y de otras condiciones que ofrece nuestra comunidad autónoma”. La titular de Economía ha destacado además que el futuro pasa por consolidar un entramado productivo capaz de combinar grandes inversiones tecnológicas, capacidades industriales avanzadas y empleo cualificado concluyendo que “desde el Gobierno de Aragón estamos realmente entusiasmados con este proyecto muy innovador y vamos a seguir impulsándolo para que sea una realidad lo antes posible”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón ha recordado que la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, formalizó recientemente con Diamond Foundry una inversión de 752 millones de euros para fabricar en España componentes para microchips, parte de los cuales van a la planta de Zaragoza.

Diamond Foundry es una compañía tecnológica estadounidense especializada en la producción de diamante sintético avanzado para aplicaciones tecnológicas y está considerada una de las empresas más innovadoras en el ámbito de los nuevos materiales para semiconductores.

La empresa desarrolla diamantes monocristalinos sintéticos que ofrecen propiedades muy superiores a las del silicio tradicional para determinadas aplicaciones tecnológicas. El proyecto de la Cartuja Baja (Zaragoza) forma parte de la apuesta de la multinacional por España y complementa la actividad que la compañía desarrolla en Trujillo (Cáceres), donde se producen los lingotes de diamante sintético que servirán posteriormente como materia prima para los procesos industriales que se realizarán en Aragón.

La planta desarrollará una de las fases más sofisticadas y estratégicas de la cadena de valor de los semiconductores. En las instalaciones de Empresarium se llevará a cabo el procesamiento de las obleas de diamante sintético a partir de los lingotes producidos en la localidad extremeña de Trujillo. En concreto, la factoría se especializará en el corte de obleas, el lapeado, el pulido de precisión, la inspección y el control de calidad de los materiales, así como en su preparación para aplicaciones de electrónica avanzada.

Se trata de procesos de alto valor añadido y elevada complejidad tecnológica que convierten a Zaragoza en un eslabón fundamental dentro de la futura cadena de producción de materiales avanzados para semiconductores.

Inicio de actividad en 2027

Las obleas obtenidas en la planta aragonesa servirán como sustrato para la fabricación de chips de alta potencia destinados a sectores estratégicos para la economía digital, contribuyendo además a reforzar la autonomía tecnológica europea en un ámbito considerado prioritario por la Unión Europea y el Gobierno de Aragón.

La compañía ya ha formalizado la compra de las instalaciones de Empresarium y ha iniciado los trabajos previos para su puesta en marcha, además de continuar incorporando personal y estructura directiva para la futura planta.

Según las previsiones de la empresa, la actividad comenzará durante 2027, mientras que la planta alcanzará su funcionamiento a pleno rendimiento a lo largo del año siguiente, consolidando una de las inversiones industriales tecnológicas más relevantes que se están desarrollando actualmente en Aragón.

Más de 20 años después de que se anunciara el Corredor Cantábrico-Mediterráneo como una infraestructura estratégica para conectar el norte y el este peninsular, Teruel vuelve a levantar la voz para reclamar que el proyecto deje de ser una promesa sobre el papel. La manifestación celebrada este martes en la capital turolense ha reabierto un conflicto enquistado durante décadas, en el que plataformas ciudadanas, asociaciones vecinales y Teruel Existe denuncian que la provincia continúa sufriendo un agravio ferroviario mientras las administraciones incumplen los compromisos adquiridos.

La principal reivindicación no es únicamente la reapertura de la línea Zaragoza-Teruel-Valencia, cerrada desde hace más de diecisiete meses por las obras de modernización, sino la construcción del verdadero Corredor Cantábrico-Mediterráneo, una infraestructura de doble vía electrificada y altas prestaciones para viajeros y mercancías que consideran imprescindible para garantizar el futuro económico de la provincia.

La movilización a la que acudieron unas 3.000 personas —en torno al 8% de la población de la ciudad— estaba convocada por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel, la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales y el Movimiento Ciudadano Teruel Existe. Los organizadores elevaron la asistencia hasta las 5.000 personas, mientras la Federación de Asociaciones la situó en torno a 3.000, una cifra que representa aproximadamente el 10% de la población de la capital turolense.

El presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel, Pepe Polo, sostiene que el hartazgo de la ciudadanía responde a una larga cadena de incumplimientos institucionales. “Estamos hasta las pelotas de todos los incumplimientos y de todas las promesas que se nos han ido haciendo durante estos últimos veinte años”, resume.

Polo recuerda que el corredor fue anunciado en 2004 y que pocos años después se llegó incluso a presentar públicamente un proyecto que contemplaba un trayecto entre Zaragoza y Teruel de apenas 55 minutos, enlazado con la alta velocidad. Sin embargo, denuncia que los estudios informativos llegaron a caducar hasta en dos ocasiones pese a haber sido aprobados tanto por el Gobierno de Aragón como por la Generalitat Valenciana.

Según explica, la provincia también sufrió un importante revés cuando el corredor dejó de figurar entre las prioridades europeas para recibir financiación, una decisión que logró revertirse gracias a las movilizaciones ciudadanas impulsadas en 2017. Sin embargo, considera que los avances posteriores no se han traducido en obras reales. “Lo que están haciendo no es el corredor”, insiste. A su juicio, la electrificación que actualmente ejecuta ADIF forma parte de antiguos planes de electrificación ferroviaria previstos desde los años setenta y ochenta y no supone la construcción de una infraestructura moderna capaz de reducir tiempos de viaje ni aumentar la competitividad del transporte de mercancías.

Una de las principales críticas se centra precisamente en esa diferencia entre electrificar una línea y construir un nuevo corredor ferroviario. Polo sostiene que las actuaciones previstas mantienen intacto el trazado actual, con curvas y desniveles que limitan la velocidad de circulación. “Una curva permite una velocidad determinada y el tren seguirá pasando a esa velocidad, sea eléctrico o diésel”, explica. Por ello considera imposible cumplir los tiempos de viaje que durante años se prometieron para conectar Zaragoza y Teruel.

También denuncia contradicciones en la planificación de las obras. Según afirma, entre Zaragoza y Cariñena ya se han instalado postes de electrificación en un tramo por el que, según la planificación del futuro corredor, debería discurrir una segunda vía. “Habrá que volver a mover toda esa electrificación cuando llegue el corredor. Es un insulto a la inteligencia”, critica.

El temor a perder el tráfico ferroviario

Más allá de las obras actuales, la preocupación de las plataformas se centra en el futuro del tráfico de mercancías. Polo sostiene que existe una pugna entre distintos intereses logísticos para que el corredor ferroviario termine discurriendo por Lleida y Tarragona, dejando fuera a Teruel y Sagunto. A su juicio, el prolongado cierre de la línea Zaragoza-Teruel-Valencia favorece precisamente ese desplazamiento progresivo del tráfico ferroviario hacia otros itinerarios: “Si durante meses o años las mercancías circulan por otro corredor, luego será muy difícil recuperarlas”, advierte.

La plataforma también teme que esa situación termine frustrando proyectos logísticos previstos para la provincia. Polo recuerda que en 2018 el Puerto de Valencia planteó trasladar actividad logística vinculada al movimiento de contenedores a La Puebla de Valverde, una iniciativa que podía generar más de un centenar de empleos. Ahora, asegura, existe el riesgo de que esas inversiones acaben instalándose en Zaragoza.

El portavoz del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, Manolo Gimeno, defendió en la movilización también que la protesta no reclama nuevas infraestructuras, sino el cumplimiento de acuerdos ya aprobados por las administraciones. “Lo que exigimos es lo que se ha publicado en el BOE. No pedimos nada más que lo que se nos ha dicho. Lo que está sucediendo con el ferrocarril es un engaño insoportable”, afirmó durante la concentración.

Gimeno recordó además que el corredor permitiría unir mediante una línea directa Zaragoza y Valencia, tercera y cuarta ciudad de España, evitando recorridos mucho más largos como los actuales, que en algunos casos obligan a pasar por Madrid. Por su parte, el portavoz de Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, reclamó acelerar las obras y poner todos los recursos necesarios para que la línea vuelva a abrir cuanto antes. Considera que mantener cerrada una infraestructura ferroviaria durante más de dos años supone un grave perjuicio porque tanto los viajeros como las empresas terminan buscando rutas alternativas. “No lo podemos consentir”, afirmó.

Acusan a las administraciones de décadas de incumplimientos

Al final de la marcha, se leyó un manifiesto para denunciar el “abandono institucional” que viven con este asunto. Las entidades convocantes denunciaron la falta de transparencia de ADIF y del Ministerio de Transportes respecto a la planificación de las obras, criticaron los sucesivos retrasos en la reapertura de la línea Zaragoza-Teruel-Valencia y recordaron que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo anunciado en 2004 continúa sin superar la fase de estudios mientras otros tramos del mismo eje ferroviario sí avanzan con inversiones millonarias.

Por ello exigieron la finalización inmediata de las obras actuales, la licitación sin más demoras de la electrificación entre Teruel y Sagunto, la puesta en funcionamiento de las infraestructuras logísticas ya construidas en la provincia y el inicio definitivo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo con las mismas características técnicas previstas para el tramo Bilbao-Pamplona-Zaragoza.

Para los convocantes, el conflicto ferroviario trasciende el transporte. Lo consideran una cuestión de igualdad territorial y de oportunidades para una provincia que lleva más de dos décadas esperando una infraestructura que, aseguran, nunca dejó de figurar en los discursos políticos, pero que sigue sin convertirse en realidad.

El conductor y único ocupante de un tractor agrícola ha fallecido en la mañana de este jueves tras volcar este vehículo en un camino paralelo a la altura del kilómetro de la A-222, en el término municipal de Muniesa (Teruel).

El accidente se ha registrado a las 10.00 horas. La víctima es un varón, de 65 años, vecino de Muniesa. Se investigan las causas del accidente. El Juzgado de Calamocha instruye las diligencias.

Este suceso es el segundo de las mismas características en lo que va de año. El pasado 22 de marzo, un hombre falleció en Alcañiz (Teruel) al quedar atrapado bajo su tractor, según informaron la Guardia Civil de Teruel y los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel.

El aviso se recibió sobre las 11.30 horas. Los efectivos de rescate se desplazaron hasta el lugar del accidente, el polígono de la localidad alcañizana, y realizaron maniobras de excarcelación para liberar a la víctima, que atrapada bajo el tractor. Sin embargo, no pudieron hacer nada por su vida.

Mientras, el 7 de abril resultó herido un joven agricultor de 20 años en la comarca del Sobrarbe al salirse de la vía con su tractor cuando circulaba por una pista forestal en San Juan de Plan-Ibón de Sen. Fue trasladado por el helicóptero del 112 SOS Aragón al hospital Miguel Servet de la localidad de Zaragoza.

Y el 28 de febrero una persona resultó herida al volcar el tractor que conducía y caer por un terraplén de unos dos metros en la carretera autonómica A- 211 a la altura de Daroca (Zaragoza). Tras ser auxiliado, fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

El servicio de estudios de BBVA estima que el incremento del PIB de Aragón alcance el 2,2% en 2026, significativamente por encima del resto de la Eurozona y del promedio registrado entre 1995 y 2019 (1,8%), aunque levemente por debajo del previsto para el conjunto de España (2,4%). La recuperación de las exportaciones de bienes y el mejor comportamiento de la industria habrían apoyado la actividad. Hacia delante, BBVA Research prevé que el PIB de Aragón aumente un 2,3% en 2027, por encima del promedio nacional. De cumplirse estas previsiones, en 2027 el PIB regional superaría en 11,5 puntos el nivel de 2019. Además, la tasa de paro podría reducirse hasta el 7,7% de media en 2027 y se podrían crear en torno a 26.500 nuevos empleos entre 2025 y 2027.

Según el informe ‘Situación Aragón 2026’ de BBVA Research, presentado este martes por Miguel Cardoso, economista jefe para España y Portugal de BBVA Research, y por Marta Alonso, directora de la territorial norte de BBVA en España, la economía aragonesa mantiene un crecimiento sólido, impulsado por la mejora del empleo, la recuperación del sector exterior y el buen comportamiento del consumo privado. Hacia delante, las interrupciones de las cadenas de suministro y el encarecimiento de la energía y de otros insumos clave podrían afectar a la producción industrial y a las exportaciones en el corto plazo. No obstante, la progresiva resolución de estos problemas, junto con la inercia positiva del empleo, el buen tono del consumo y de la inversión, y una política fiscal más expansiva, continuarán sosteniendo el crecimiento.

El avance de la afiliación en Aragón se acelera en el primer semestre de 2026, apoyado en la fortaleza de Huesca, el área urbana de Zaragoza y las zonas rurales. Por sectores, los servicios públicos, el comercio, las actividades profesionales y la construcción impulsaron la afiliación en 2025, explicando el 77% del incremento total. En 2026, la aceleración del ritmo de crecimiento se explica gracias, sobre todo, al mayor empuje del sector manufacturero.

En cuanto a la demanda interna, el consumo de los hogares en Aragón continúa mostrando fortaleza. El gasto presencial realizado por clientes de BBVA y con tarjetas de otras entidades nacionales y extranjeras registrado en TPV de BBVA en Aragón alcanzó el 16,5% en 2024 y se moderó hasta un todavía dinámico 10,9% en 2025. Hasta mayo de 2026, el crecimiento se situó en un 9,0% interanual, con aumentos especialmente en grandes superficies, vehículos y restauración, mientras que se observa una caída en alojamiento, transporte y electrónica.

Con respecto al turismo, tras aumentar un 8,9% en 2025, el gasto con tarjetas de extranjeros en TPV de BBVA en Aragón se desaceleró en el inicio de 2026, aunque siguió mostrando una evolución sólida, con un crecimiento del 5,5%. Por su parte, las pernoctaciones de viajeros extranjeros repuntaron hasta el 1,8%, tras el retroceso observado el año anterior.

Además, las exportaciones de bienes vuelven a crecer en Aragón tras la caída de 2025, apoyadas en la mejora del sector automotriz. En lo que va de año, las ventas al exterior avanzan un 6,6% nominal, frente al 2,0% de España. Por destinos, la aceleración de las ventas a las economías europeas compensa el freno observado en el resto del mundo. Aunque en términos nominales las exportaciones de bienes superan en un 19% el nivel de 2019 (+34% en España), en términos reales aún se sitúan 4 puntos por debajo del nivel prepandemia (+5 puntos en España).

Un crecimiento sólido en un entorno de mayor incertidumbre

Entre los factores que apoyarán el crecimiento en 2026 y 2027 se encuentra el dinamismo de la demanda interna. El crecimiento del empleo, el aumento de la renta disponible y la mejora de la riqueza inmobiliaria seguirán sosteniendo el consumo privado, aunque con una moderación gradual. Asimismo, la inmigración continuará apoyando el crecimiento de la población y del empleo, compensando parcialmente las limitaciones demográficas existentes. En Aragón, la regularización de trabajadores extranjeros podría afectar a alrededor de 1.700 personas.

La inversión residencial también seguirá creciendo, impulsada por la creación de hogares, la evolución favorable del mercado laboral y unas condiciones financieras todavía relativamente positivas. En este contexto, la vivienda en ejecución podría aumentar un 3,5% en 2026 y un 12,4% en 2027, hasta alcanzar unas 3.700 unidades el próximo año.

Por último, la política fiscal seguirá apoyando la actividad. La finalización de la licitación y adjudicación de los fondos NGEU, junto con el mayor gasto en defensa, impulsarán la demanda interna. Además, las medidas para limitar el impacto del encarecimiento del petróleo podrían beneficiar a sectores intensivos en el uso de combustible y a determinados hogares. A este respecto, el peso de los combustibles en la cesta de consumo de las familias aragonesas es similar al promedio nacional.

Perspectivas positivas, pero con retos estructurales

Aunque Aragón mantiene una senda de crecimiento sólido, el deterioro del contexto externo introduce riesgos para los próximos trimestres. El encarecimiento de la energía y de otros insumos clave, junto con las interrupciones en las cadenas de suministro, podría frenar la actividad industrial y elevar la inflación. La economía aragonesa resulta especialmente expuesta a estos factores por el mayor peso de la industria.

Asimismo, el deterioro del entorno europeo podría afectar al dinamismo exportador y a la producción industrial. Tras crecer un 3,1% en 2025, el Índice de Producción Industrial (IPI) apenas avanza un 0,1% en el primer semestre de 2026, con un fuerte retroceso de la energía y, en menor medida, de los bienes de consumo, que compensa el avance de los bienes intermedios y de equipo.

La escasez de mano de obra también podría limitar el avance en determinados sectores. El porcentaje de vacantes sin cubrir en Aragón se sitúa en niveles históricamente elevados y por encima del promedio nacional, mientras que los ocupados que no trabajaron alcanzan el 5,5%, en línea con el conjunto de España.

A estos retos se suma la necesidad de incrementar la productividad. En Aragón, la productividad por hora se mantiene en niveles similares a los de 2019, lo que limita el avance del PIB per cápita y exige reformas que permitan sostener un crecimiento más competitivo a medio plazo.

Por otro lado, la mayor actividad constructora no será suficiente para satisfacer la demanda acumulada de vivienda. Desde 2021, en Aragón se han creado 30.000 hogares y se han construido solo 12.000 viviendas, lo que puede dificultar la atracción y retención de capital humano.

En este contexto, avanzar en productividad, reducir los cuellos de botella en el mercado laboral, mejorar la disponibilidad de vivienda asequible y sostener la inversión serán elementos clave para consolidar un crecimiento más equilibrado y resiliente en los próximos años.

El megaproyecto Catalina, que aspira a producir 84.000 toneladas de hidrógeno verde desde una planta de nueva construcción en Andorra (Teruel), ha recibido un primer visto bueno del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), aunque con reparos. La promotora, el fondo danés Copenhaguen Infrastructure Partners (CIP) –en consorcio con Enagás–, urge al Gobierno central a que adapte la normativa europea para poder continuar con la tramitación, para una inversión prevista que supera los 2.100 millones de euros. Más dudas genera la iniciativa a los ecologistas y a Teruel Existe, que alegaron contra el troceamiento del proyecto: se tramitan por canales separados la propia planta, los parques eólicos y solares que surtirán de electricidad al complejo y el ducto de 40 kilómetros para transportar el hidrógeno hasta la red troncal.

La instalación se ubica en el Parque Empresarial de Andorra, el entorno de la antigua central térmica y a unos cuatro kilómetros del núcleo urbano. Abarca una superficie de 77 hectáreas y aspira a crear 400 empleos en la fase de operación, que serían el triple (1.200) durante la construcción.

El punto ambientalmente más espinoso de la Declaración Ambiental Estratégica conjunta –aglutina la evaluación ambiental estratégica ordinaria del Plan de Interés General Autonómico (PIGA) y la del proyecto de urbanización– es el consumo de agua, cuyo elevado volumen protagonizó un informe de la Fundación Renovables, según el cual este llegaría requerir el 10% del abastecimiento total de Aragón. De hecho, la tramitación ha conllevado cambios: la promotora reduce la demanda de agua desde el embalse de Calanda, en el río Guadalope, para la fase 1 desde los casi 5,4 hectómetros cúbicos al año que planteaba en un inicio a 4,2 hm³, un 20% menos.

Aun así, este es uno de los aspectos principales de las alegaciones de la organización ecologista Ansar, Teruel Existe y Amigos de la Tierra. Las tres entidades coincidieron en destacar que, de desplegarse el proyecto completo, este pasaría de los 500 megavatios de la primera fase a un total de 2 gigavatios, y que esto requeriría 17 hm³ anuales. En población equivalente, supondría más que toda la provincia de Teruel junta.

Las tres organizaciones presentaron otra alegación relevante: el supuesto fraccionamiento de los expedientes, en vez de hacerlo de manera integrada, de manera que se diluye el impacto conjunto. Por un lado, la propia planta de hidrógeno, que ahora ha recibido el visto bueno. Por el otro, los siete parques eólicos y seis fotovoltaicos con los que se prevé producir los 500 MW necesarios para el electrolizador –el dispositivo que separa las moléculas de agua para producir el hidrógeno–. Y, en tercer lugar, el hidroducto de 40 kilómetros que deberá transportar todo el material generado hasta la Red Troncal Española de Hidrógeno, en Caspe.

Para el promotor, sin embargo, no hay fraccionamiento de proyectos porque cada uno de los tres activos se tramita ante la administración ambientalmente competente, y el Inaga evita entrar en esta cuestión.

Trasposición de la directiva europea

Consultada por este periódico, fuentes de CIP recuerdan que esta evaluación ambiental estratégica es “el primero de los permisos principales recibidos por el proyecto” y que aún faltan el resto, incluida “la concesión de agua tramitada” por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Junto a esto, el fondo de inversión danés recuerda que el Gobierno central aún tiene pendiente adaptar a la normativa española la directiva europea de la RED III. “Sin esta transposición, los proyectos de hidrógeno no podrán avanzar, ya que es la directiva que marca los objetivos de descarbonización de los consumidores” y sin ellos no se podrán cerrar “los contratos de compraventa de hidrógeno”, advierte Copenhaguen Infrastructure Partners.

“CIP y Enagás Renovable siguen plenamente comprometidos con el proyecto Catalina”, aclaran en cualquier caso, y muestran su esperanza con los avances “aparecidos en la prensa” sobre la mencionada trasposición. “Si las últimas noticias se materializan y las administraciones y empresas involucradas cumplen sus compromisos, Catalina seguirá adelante y será una realidad pronto”, añaden las mismas fuentes.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica recuerdan que las directivas se trasponen normalmente en “varias normas”. En este caso, se encuentra ya “muy avanzado” el real decreto de combustibles renovables, que será aprobado en breve plazo de tiempo- De hecho, para ganar tiempo se han tramitado en paralelo dos órdenes ministeriales que emanan de él. Y, por otro lado, se está preparando una reforma de la Ley de Hidrocarburos con otra parte de la directiva europea, pero en este caso aún no hay borrador.

Un mapa elaborado por los colectivos No es sequía es saqueo y Ecologistas en Acción identifica un total de 28 centros de datos proyectados en Aragón con una potencia estimada conjunta de 11.237,3 MW. De ellos, únicamente tres se encuentran actualmente en funcionamiento, con una potencia total de 140 MW. Además, 24 de los 28 proyectos se localizan en la provincia de Zaragoza y todos ellos se sitúan en los principales ejes de desarrollo eléctrico.

Dado que un centro de datos opera las 24 horas del día durante los 365 días del año, ambos colectivos estiman que, si todos los proyectos llegaran a materializarse, su consumo eléctrico superaría en más de nueve veces el consumo anual actual de toda la comunidad autónoma, que alcanzó los 10.659 GWh en 2025.

La rápida implantación de centros de datos en Aragón impide disponer de una imagen actualizada de su ubicación, dimensiones y tipología de los promotores. Esta falta de información dificulta conocer la magnitud real de esta industria y evaluar su impacto sobre el consumo de energía eléctrica, agua y suelo, además de limitar los procesos de información pública y fiscalización social.

Con el objetivo de paliar esta carencia, No es sequía es saqueo y Ecologistas en Acción han elaborado y publicado un mapa que localiza todos los proyectos de macrocentros de datos previstos en Aragón. El mapa identifica el municipio donde se ubica cada instalación, su potencia y la empresa promotora.

Para su elaboración se han recopilado datos procedentes de cuatro fuentes, priorizando la información sobre la potencia instalada en el siguiente orden: (1) autorizaciones ambientales integradas e informes de evaluación ambiental; (2) Boletín Oficial de Aragón o, en su defecto, informaciones publicadas en prensa; (3) estimaciones basadas en el Informe Colliers (octubre de 2025-marzo de 2026), aplicando un PUE estimado de 1,5; y (4) estimaciones realizadas a partir de la superficie comunicada por la empresa promotora.

Según denuncian ambas organizaciones, este consumo, que califican de “absolutamente desproporcionado” para un único sector económico, no está siendo analizado por el Gobierno de Aragón. En su opinión, no existe un estudio que evalúe cómo la implantación de 28 macrocentros de datos puede afectar a la saturación de la red eléctrica ni cómo podría limitar la descarbonización del resto del tejido empresarial, así como de la movilidad y la vivienda.

Los colectivos sostienen que a esta falta de análisis se suma la ausencia de transparencia y de un enfoque agregado por parte de la Administración autonómica. Consideran necesario no solo disponer de un registro público de los centros de datos proyectados, sino también realizar un análisis exhaustivo del impacto conjunto de estas instalaciones y de los proyectos de energías renovables que serán necesarios para abastecerlas.

Por ello, defienden que este mapa debe servir tanto para informar a la ciudadanía como para exigir al Gobierno de Aragón que asuma una labor que le corresponde y que, sin embargo, está recayendo en la sociedad civil.