El barrio del AVE de Zaragoza sigue completando los grandes vacíos que todavía permanecen alrededor de la estación de Delicias. Uno de los principales solares residenciales pendientes de desarrollo tiene ya propietario definitivo y un proyecto que incorporará otra construcción en altura al paisaje de esta zona de la ciudad: una torre de 20 plantas y 60 metros acompañada de otros tres bloques, con un total de 234 viviendas libres.

La promotora Naiz Homes ha formalizado este mes de septiembre la compra de la parcela que le fue adjudicada el pasado junio por Zaragoza Alta Velocidad. La operación asciende a 25,9 millones de euros y supone el desembarco de la compañía vasca  en el mercado residencial zaragozano.

Se trata de la parcela M5, ubicada junto al Centro de Especialidades Inocencio Jiménez, en las proximidades de la estación y con salida hacia la avenida de Navarra. El suelo cuenta con más de 31.800 metros cuadrados de edificabilidad, que se distribuirán entre cuatro edificios.

La pieza más singular será la torre residencial de 20 plantas, que alcanzará los 60 metros de altura. Junto a ella se levantarán otros tres bloques hasta completar las 234 viviendas previstas, todas ellas de promoción libre.

La operación había quedado encarrilada a comienzos del verano, cuando Naiz Homes ganó el procedimiento de venta de este suelo. La novedad ahora es la formalización de la adquisición, que convierte definitivamente a la promotora en propietaria de la parcela y permite avanzar hacia el desarrollo de la promoción.

El proyecto se incorpora a un entorno que ha ido modificando progresivamente su perfil urbano con nuevas promociones residenciales de considerable altura. Entre ellas se encuentra Adarve Residencial, con 258 viviendas y también una torre de 20 plantas, cuya construcción está prevista que finalice en 2027.

La compra del solar zaragozano no supone, sin embargo, que las obras vayan a comenzar de forma inmediata. Una vez formalizada la adquisición, la promotora deberá abordar los trámites urbanísticos necesarios para poner en marcha la construcción y, por el momento, no existe una fecha fijada para el inicio de los trabajos.

De hecho, Naiz Homes todavía incluye Zaragoza en su página web dentro del apartado de “próximas promociones” y ofrece a los interesados la posibilidad de registrarse para recibir información cuando se produzca su lanzamiento.

La promoción será la primera de Naiz Homes en la capital aragonesa. La compañía, constituida en septiembre de 2024 y presente hasta ahora en País Vasco, Madrid y Andalucía, ha protagonizado durante los últimos meses operaciones de considerable volumen. Entre ellas figura la adquisición de dos parcelas en La Térmica, en Málaga, donde proyecta alrededor de 500 viviendas.

La futura torre se sumará así a las construcciones que durante los últimos años han ido ocupando los terrenos próximos a Delicias y reforzará el carácter residencial de un barrio surgido de la profunda transformación urbanística vinculada a la llegada de la alta velocidad a Zaragoza.

El Gobierno de Aragón ha aprobado este lunes, en un Consejo de Gobierno extraordinario, el límite máximo de gasto no financiero para 2027, que asciende a 8.398,1 millones de euros, la cifra más elevada de la historia de la Comunidad Autónoma y un 11,6% superior al límite vigente, fijado en 2024 y prorrogado durante los ejercicios 2025 y 2026.

El incremento alcanza los 874,6 millones de euros, lo que permitirá afrontar la elaboración de las próximas cuentas autonómicas con una mayor capacidad de gasto para atender las prioridades de la Comunidad Autónoma. El límite de gasto se ha calculado a partir de una previsión de ingresos no financieros de 8.039,9 millones de euros. De ellos, 6.016,8 millones proceden del sistema de financiación autonómica y 715,9 millones corresponden a tributos propios y cedidos de la Comunidad Autónoma. El resto procede de fondos finalistas, enajenaciones reales, tasas y otros ingresos.

A esa previsión de ingresos se añaden 57,9 millones de euros asociados a la tasa de referencia de déficit del 0,1 % del PIB y 300,4 millones correspondientes a los ajustes de contabilidad nacional, hasta situar el límite máximo de gasto no financiero en los 8.398,1 millones de euros.

El acuerdo se adopta en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la evolución económica internacional, el sistema de financiación autonómica y la futura aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que las cuentas se elaborarán bajo criterios de prudencia y responsabilidad fiscal.

La aprobación del techo de gasto constituye el primer paso formal en el proceso de elaboración de las cuentas. Ahora el Ejecutivo deberá remitirlo a las Cortes de Aragón, el órgano que debe aprobarlo conforme a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Siguientes pasos

Una vez validado ese límite, la Dirección General de Presupuestos del Gobierno autonómico elaborará los estados de gastos del anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2027, un trabajo técnico que traducirá el techo global en partidas concretas por departamentos y políticas: la aprobación de este lunes no determina todavía cuánto recibirá cada Departamento ni qué inversiones concretas se incluirán en los presupuestos.

Con el anteproyecto cerrado, el Gobierno deberá aprobar el proyecto de ley de Presupuestos y remitirlo formalmente a la Cámara legislativa autonómica para su debate y tramitación parlamentaria, que constituye un nuevo paso en el proceso de elaboración de las cuentas y precede a la remisión a las Cortes del mencionado proyecto de ley.

Según ha avanzado la vicepresidenta Mar Vaquero, se prevé que se apruebe en la Cámara a finales de este mes, lo que marca el calendario inmediato antes de que arranque la negociación y tramitación parlamentaria del proyecto de ley de presupuestos propiamente dicho.

Entidades vecinales, colectivos ecologistas y asociaciones en defensa del territorio, al igual que distintos investigadores del ámbito académico, advierte desde Aragón en sus alegaciones al proyecto de real decreto sobre centros de datos de que, si no se refuerza el control sobre lo que ocurre dentro de estas infraestructuras, “España podría convertirse en una suerte de colonia digital que ceda sus competencias legales, financieras y económicas, así como sus recursos energéticos, hídricos y de suelos, a proyectos determinados por corporaciones privadas”.

A esa advertencia se suma un frente amplio. Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto a otras decenas de plataformas ciudadanas –como 'No es sequía, es saqueo'–, han presentado alegaciones conjuntas al mismo trámite. Consideran el proyecto “insuficiente para prevenir y reducir de forma adecuada sus impactos ambientales y sociales, en particular sobre dos recursos fundamentales: el agua y la energía”. “Mejorar la eficiencia de los centros de datos no basta si el consumo total de agua y energía sigue creciendo sin límites”, advierten, y reclaman tres cambios: límites ambientales máximos evaluados de forma acumulada por territorio, una planificación que exija cobertura 100% renovable, y garantías democráticas de transparencia y rendición de cuentas.

Las alegaciones censuran el propio proceso de consulta. La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) denuncia que “no es de recibo ni el momento en el que se abrió la consulta, durante el mes de agosto, ni la duración de la misma” –que finalmente fue ampliada–, mientras el documento colectivo recuerda que el artículo 6.3 del Convenio de Aarhus exige plazos razonables para una participación efectiva.

En materia hídrica, las alegaciones coinciden en que el decreto delega la sostenibilidad del agua en una etiqueta europea (WUE) autodeclarada por las propias empresas, sin inspección independiente. Para la FNCA, ese enfoque es “un error mayúsculo”: es, advierte, un indicador de eficiencia relativa que no informa sobre el consumo total ni sobre su compatibilidad con los recursos de cada cuenca.

El documento colectivo propone limitar el uso a 5.000 metros cúbicos anuales por centro en demarcaciones con estrés hídrico alto o severo, un umbral que en Aragón dejaría fuera solo a los proyectos de Amazon Web Services. Como referencia, los ecologistas citan el centro proyectado por Meta en Talavera de la Reina (Toledo), de 248 megavatios, que contempla consumir hasta 504 millones de litros de agua al año.

Una moratoria

En energía, las entidades reclaman suficiencia y una moratoria frente al crecimiento del sector, después de que Red Eléctrica haya concedido ya más de 12 gigavatios de acceso, muy por encima de los 4 gigavatios previstos para 2030. La Agencia Internacional de la Energía, citada por los ecologistas, calcula que un centro de datos de IA de 100 MW consume al año tanta electricidad como 100.000 hogares.

El documento colectivo pide además elevar del 80% al 100% la cobertura renovable exigida y del 80% al 90% la correlación horaria, y obligar a instalar baterías de respaldo –cuatro horas de autonomía– en centros de más de 5 MW. Denuncia también un “agujero legal” en el régimen sancionador: una empresa podría incumplir cuatro años seguidos, corregirlo puntualmente en el quinto y reiniciar el ciclo, por lo que propone reducir a dos años el margen tolerado y elevar el recargo hasta 20 veces el precio de mercado por cada MWh excedido.

Las alegaciones colectivas alertan asimismo de que la legislación aragonesa permite conexiones 'off-grid' –sin pasar por la red eléctrica general– a parques renovables que eludirían los límites del propio decreto.

Las alegaciones también ponen el foco en el suelo: piden limitar al 20% la ocupación no urbanizable por proyecto y fijar una distancia mínima de 1.500 metros entre centros de más de 50 megavatios y los núcleos de población, ante los efectos acumulativos –isla de calor, ruido o pérdida de hábitat– ya detectados en el área metropolitana de Zaragoza.

El documento señala por otro lado que el decreto carece de mecanismos de auditoría externa: no especifica qué administración debe verificar que los datos reportados por las empresas son ciertos, ni prevé sanción alguna si no lo son. Solo contempla, critican las entidades, la retirada del acceso a la red por no presentar documentación, no porque esta sea falsa.

Falta de información

Pedro Arrojo, relator especial de la ONU sobre el derecho al agua, pide en su informe de 2025 que los Estados promuevan “una moratoria de la puesta en marcha de centros de datos” mientras no haya información clara sobre su consumo de agua y energía. Otro informe citado en las alegaciones, el de la investigadora Aurora Gómez sobre Aragón, sostiene que la opacidad es una estrategia deliberada del sector, hasta el punto de que son “las propias resistencias quienes tengan que buscar la información”, en lugar de que las instituciones la publiquen de forma agregada.

Las entidades sociales, ambientales y vecinales aragonesas coinciden en que el proyecto de real decreto delega en las propias empresas promotoras el control sobre sus requisitos, sin techos absolutos de consumo ni evaluación de los efectos acumulativos de instalar varios centros de datos en un mismo territorio.

Por su parte, 'No es sequía, es saqueo' ha difundido además un comunicado propio que rebate directamente las críticas del Gobierno de Aragón al decreto, al que acusa de perjudicar la economía autonómica. “Lo imposible no es cumplir el real decreto. Lo imposible es convivir con 30 centros de datos depredadores de recursos”, señala el texto, que cita un estudio de la Universidad de Zaragoza según el cual 8.000 megavatios de centros de datos multiplicarían entre cinco y quince veces la demanda eléctrica de la comunidad.

El propio documento colectivo maneja otra proyección distinta y más alta: si se instalasen los 11.237 MW proyectados en Aragón, el consumo –73.827 GWh al año– equivaldría al 87% del consumo eléctrico regional actual y al 22% del nacional.

El acuerdo contempla la suspensión, de mutuo acuerdo, de la demanda interpuesta por la impugnación del convenio provincial de espectáculos y deportes

Un club de golf que va a la huelga: los trabajadores de La Peñaza, en Zaragoza, paran por las condiciones laborales

El sindicato CCOO y la dirección del Club de Golf La Peñaza (Zaragoza) han alcanzado hoy un acuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) que permite desconvocar la huelga de 48 horas prevista para los días 12 y 13 de septiembre.

El acuerdo contempla la suspensión, de mutuo acuerdo, de la demanda interpuesta por la impugnación del convenio provincial de espectáculos y deportes. Asimismo, empresa y representación de los trabajadores se han comprometido a negociar un pacto de empresa que permita actualizar las condiciones laborales de la plantilla.

Como primer acuerdo, se establece una actualización retributiva del 3% para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Además, se ha establecido un calendario de negociación para abordar diferentes materias que afectan a las condiciones laborales de la plantilla, entre ellas el mantenimiento de las cuatro pagas extraordinarias, la actualización del complemento de antigüedad, la mejora del complemento de incapacidad temporal (IT), el premio de jubilación, la jubilación parcial y anticipada, así como otros pluses y complementos.

CCOO ha calificado de “positivo” el acuerdo alcanzado en el SAMA, que permite desbloquear el conflicto y abre una vía de negociación para mejorar las condiciones laborales y retributivas de la plantilla del Club de Golf La Peñaza.

Ibercaja ha reunido este jueves a más de 1.500 invitados en el Auditorio Princesa Leonor de Zaragoza para conmemorar sus 150 años de historia con una gala en la que el consejero delegado, Víctor Iglesias, ha destacado la fortaleza financiera, el dinamismo y la transformación que impulsan en los diversos ámbitos de su actividad y “muestran una salud de hierro para afrontar el futuro con confianza e ilusión y dar continuidad a esta brillante trayectoria”.

El evento, que ha contado con representación de la sociedad española y de los grupos de interés vinculados a Ibercaja, ha reflejado la dimensión social y territorial que ha caracterizado a la entidad a lo largo de su historia, así como su compromiso con el desarrollo social y el apoyo a las personas y colectivos que más lo necesitan. Durante la tarde se han sucedido diferentes actuaciones artísticas, conversaciones y contenidos audiovisuales.

Entre los asistentes a la gala han figurado el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón; la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, directivos, profesionales y clientes del banco, organizaciones empresariales y otros representantes de las principales instituciones aragonesas.

El presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, ha resaltado durante su intervención que “cumplir 150 años supone conmemorar una trayectoria de éxito y reafirmar” su “compromiso con las personas y con los territorios” en los que desarrollan su actividad.

Serrano ha recordado la contribución del banco, desde su origen, al progreso económico y social de las comunidades autónomas en las que está presente, “manteniendo una estrecha vinculación con las personas, las familias, el tejido empresarial, y las instituciones locales”. “Hoy, gracias a una historia construida sobre este compromiso, la cercanía y la confianza, Ibercaja se consolida como un proyecto con propósito, independiente, solvente y competitivo plenamente preparado para seguir generando valor y acompañando el desarrollo de nuestros territorios durante al menos otros 150 años”, ha expresado, enfatizando en “la esencia de tradición y la confianza” como pilares de su actividad.

Por su parte, Víctor Iglesias ha aludido a “una trayectoria que ha estado basada en un modelo de banca de cliente y que seguirá siendo así puesto que para la entidad es una premisa irrenunciable y forma parte de nuestro ADN, de nuestra esencia corporativa”. En este sentido, el consejero delegado ha incidido en la importancia del factor humano de Ibercaja, en los empleados que “son el eje principal de nuestro modelo de relación con los clientes”.

“Estamos demostrando dinamismo y capacidad trasformación”, ha pronunciado Iglesias, al tiempo que ha aludido a los proyectos innovadores y líneas de negocio puestos en marcha por la entidad y a la incorporación de jóvenes perfiles profesionales. Del mismo modo, se ha referido a la creciente presencia de Ibercaja en el mundo digital y refuerzo de la resiliencia, todo ello, ha continuado, “preservando nuestra sensibilidad social y territorial”.

Víctor Iglesias ha insistido en mirar a la tecnología como “palanca” para ser más eficientes, pero “no deja de ser un medio para cumplir nuestro propósito corporativo”, que es “seguir ofreciendo soluciones personalizadas a nuestros clientes y acompañarlos a lo largo de su ciclo vital”.

En Aragón y Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado: “Ibercaja es una de las principales entidades financieras del país y eso significa que podemos seguir sintiéndonos orgullosos de proyectos que han salido adelante gracias a ella”. En este punto, Azcón ha señalado la participación de Ibercaja en iniciativas empresariales claves para el desarrollo de la comunidad autónoma, como es el caso de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), la fábrica de baterías de Stellantis y CATL, u otros proyectos vinculados a la nieve o la proyección de la figura del aragonés Francisco de Goya.

Para la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el hecho de que Ibercaja mantenga su sede central en la capital aragonesa sirve de “ejemplo de que desde esta ciudad se puede crecer a todo el mundo” y refleja que esta entidad bancaria “no ha perdido sus raíces ni esa cercanía que es su seña de identidad”. “Zaragoza y Aragón están en crecimiento y transformación, e Ibercaja va a seguir contribuyendo, como lo ha hecho estos 150 años, a través de financiación y vocación social, porque es un banco con alma de caja”, ha resumido Chueca.

Las asociaciones benéficas, entidades sociales y ONGs con las que Ibercaja y Fundación Ibercaja están vinculadas han tenido protagonismo en la gala y presencia en el escenario, reflejando de esta manera su propósito, su esencia corporativa y su forma de entender la banca.

La periodista Mónica Martínez y el humorista, escritor e ilusionista Luis Piedrahita han sido los encargados de conducir un evento que ha servido para conmemorar los 150 años de trayectoria de Ibercaja y reafirmar su compromiso con los clientes, el desarrollo económico y la cohesión social de los territorios en los que está presente.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha lanzado este 10 de septiembre el procedimiento para repartir casi un gigavatio de capacidad de acceso a la red eléctrica en el nudo de transición justa de Mudéjar (400 kV), en Teruel, con una premura poco habitual: la propuesta de orden ministerial se somete a audiencia pública por la vía urgente y el plazo de alegaciones se cierra el 22 de septiembre, apenas doce días después de su publicación.

Esos 937 MW son, en realidad, el saldo de un fracaso. El primer concurso del nudo Mudéjar se resolvió en noviembre de 2022 y adjudicó a Enel Green Power España, filial renovable de Endesa, los 1.202 MW disponibles, con un proyecto que llegó a plantear hasta 1.800 MW. La declaración de impacto ambiental de febrero obligó a recortar esa instalación hasta 406 MW autorizados, y en la práctica Enel solo conectará unos 265 MW, apenas el 22% de lo ganado en el concurso original. Casi ocho de cada diez megavatios adjudicados hace cuatro años no llegarán a construirse, y son esos 937 MW sobrantes los que el ITJ intenta colocar ahora cuanto antes.

El diseño del nuevo procedimiento evidencia la urgencia: en lugar de convocar un nuevo concurso, el ITJ ha optado por un sistema de concurrencia simple, por orden cronológico de recepción de solicitudes, que premia a los proyectos más maduros hayan concurrido o no al proceso anterior, y permite resolver cada petición individualmente según vaya llegando.

A esa celeridad se suma otro movimiento del Gobierno: el 28 de julio, el Consejo de Ministros declaró “instalaciones energéticas estratégicas” a los proyectos adjudicatarios en los nudos de transición justa. Esa condición implica tramitación por vía de urgencia –plazos reducidos a la mitad– y atención prioritaria de todas las administraciones implicadas.

El texto condiciona el reparto a un retorno para el territorio. Cada proyecto deberá presentar un plan socioeconómico –análogo al exigido en el concurso ya resuelto– que garantice un impacto positivo en la comarca: al menos un empleo a tiempo completo por megavatio, una persona formada con un mínimo de 60 horas, 2 kW de autoconsumo para usuarios de la zona y 10.000 euros de inversión en la cadena de valor de Teruel por cada megavatio, respaldados por una garantía de 120 euros por kW instalado.

El MITECO creará además una mesa de trabajo conjunta con la administración autonómica, los ayuntamientos y los agentes sociales para seguir los avances en la zona –incluida la capacidad del nudo Mudéjar y el Fondo de Transición Justa–, con primera reunión prevista el 1 de octubre, como continuación del encuentro celebrado el 15 de junio en Andorra (Teruel).

El Departamento recuerda que, desde 2019, ha destinado a los municipios turolenses afectados por el cierre de las minas y la térmica hasta 534 millones en ayudas a 182 proyectos.

La Plataforma 'Salvemos los Pinares de Venecia', en colaboración con el colectivo 'No es sequía, es saqueo', han convocado una charla informativa sobre el centro de datos que proyecta construir la multinacional Microsoft en los terrenos anexos a Puerto Venecia, en Zaragoza.

La charla se ha programado para este jueves, 10 de septiembre, en la sala Venecia, ubicada en la calle de Lasierra Purroy, 10, en el distrito zaragozano de Torrero.

La mesa informativa estará moderada por el periodista Juanjo Hernández e intervendrán expertos como el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Pedro Arrojo, y la representante de la plataforma convocante, Gracia Gómez, entre otros.

En la charla se informará a la ciudadanía sobre los problemas que la implantación de este centro de datos puede ocasionar en el distrito y en la ciudad en cuanto a consumo de agua y de energía, así como el aumento de temperaturas en el entorno y su repercusión en el pinar.

Por otro lado, se comentarán también las actuaciones que desde la Plataforma 'Salvemos los Pinares de Venecia' se han desarrollado estos meses pasados “denunciando las irregularidades de Microsoft en el vallado del espacio, el corte de caminos y el movimiento de tierras en una escombrera con amianto, entre otras actuaciones”.

La plataforma ha presentado más de 400 alegaciones ante el Gobierno de Aragón en contra de la nueva evaluación de impacto ambiental del centro de datos que Microsoft planea instalar junto a Puerto Venecia, en Zaragoza.

Los trabajadoras del Club de Golf La Peñaza, con el respaldo de CCOO, ha convocado 48 horas de huelga para los días 12 y 13 de septiembre ante la negativa de la dirección del club para alcanzar un acuerdo que garantice el mantenimiento de las condiciones laborales y una actualización salarial para la plantilla.

El conflicto tiene dos motivos principales: por un lado, la intención de la gerencia del Club de Golf La Peñaza de sustituir el Convenio Provincial de Espectáculos y Deportes de Zaragoza por el Convenio Estatal de Clubes Deportivos y Gimnasios; y, por otro, la ausencia de cualquier incremento retributivo para los años 2025 y 2026, pese al aumento del coste de la vida.

CCOO denuncia que, tras varios intentos de negociación y de búsqueda de un acuerdo con la gerencia, la dirección mantiene su empeño en aplicar un convenio sensiblemente peor para la plantilla tanto en materia retributiva como en condiciones de trabajo.

El cambio de convenio supondría, entre otras consecuencias, la supresión de la antigüedad, la eliminación de dos pagas extraordinarias anuales –el convenio provincial contempla cuatro–, una reducción del valor de la hora nocturna del 25% al 15% y peores condiciones en materia de incapacidad temporal (IT).

A estas pérdidas se suma la falta de actualización salarial durante 2025 y 2026. Los trabajadores y trabajadoras no han recibido incrementos que permitan mantener su poder adquisitivo, sin que se haya compensado siquiera la evolución del IPC de 2024 (2,8%) y 2025 (2,9%).

Para CCOO, resulta especialmente injustificable que la empresa pretenda aplicar un convenio que implica menos derechos y menores retribuciones mientras mantiene congelados los salarios de la plantilla durante dos ejercicios.

La plantilla, reunida en asamblea el pasado 3 de septiembre, ratificó por unanimidad la convocatoria de huelga como respuesta al bloqueo de la negociación y a la negativa de la empresa a atender sus reivindicaciones.

Una última oportunidad para evitar la huelga

Está previsto que el próximo 10 de septiembre, a las 10:00 horas, se celebre un acto de conciliación ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), donde CCOO acudirá con voluntad de alcanzar un acuerdo que permita evitar la huelga.

CCOO reclama a la dirección del Club de Golf La Peñaza que aproveche esta vía de mediación para reconsiderar su posición, garantizar el mantenimiento de los derechos laborales y abordar un incremento salarial para 2025 y 2026 que permita recuperar, al menos, parte del poder adquisitivo perdido por la plantilla.

La organización sindical considera que no es aceptable que el coste de las decisiones empresariales recaiga sobre los trabajadores y trabajadoras mediante una reducción de derechos y una pérdida continuada de poder adquisitivo.

La plantilla no está dispuesta a aceptar un retroceso en sus condiciones laborales ni a seguir perdiendo poder adquisitivo. La huelga de los días 12 y 13 de septiembre pretende ser una llamada de atención a la dirección del Club de Golf La Peñaza para que retome una negociación real y permita alcanzar un acuerdo justo.

El de los centros de datos en Aragón comienza a ser un sueño inalcanzable. Al menos, al ritmo al que aspiran los promotores privados y el Ejecutivo autonómico. Los proyectos ya autorizados reclaman a la red más del doble de electricidad de lo que la comunidad es capaz de consumir en su momento de mayor demanda: ni sumando toda la energía renovable que hoy produce la región habría suficiente para alimentarlos. Cubrir esa diferencia exigiría multiplicar la potencia solar y eólica instalada y alfombrar de placas y aerogeneradores una parte sustancial del territorio. Y eso sin contar con las exigencias extras que introduce el decreto ley del Gobierno central para centros de datos, unos requisitos en fase de proyecto que el sector y el propio Ejecutivo aragonés consideran prácticamente imposibles de cumplir.

Aragón tiene una punta de demanda eléctrica de 1.700 megavatios (MW). Los centros de datos que ya cuentan con acceso concedido a la red acumulan, sin embargo, 3.600 MW: 2.400 en la red de transporte y 1.300 más en distribución. Más del doble de toda la punta de la comunidad. Y esa cifra no incluye ni los permisos pendientes de resolver ni las nuevas solicitudes que siguen llegando. Si se pusieran en marcha únicamente los proyectos que ya tienen luz verde, la demanda eléctrica aragonesa se triplicaría. Ni siquiera toda la generación renovable que produce hoy Aragón –18.721,6 GWh al año, según el Boletín de Coyuntura Energética del Gobierno de Aragón– bastaría para alimentarlos, sin contar el resto de la demanda residencial e industrial que ya sostiene la región. Los centros de datos se han llevado, por sí solos, el 67% de toda la nueva capacidad concedida a consumidores en la red de distribución aragonesa.

La foto no es exclusiva de Aragón. A nivel nacional, ya se han concedido derechos de acceso y conexión a la red eléctrica por más de 12 gigavatios (GW), el triple del objetivo que se marca la propia Estrategia de Inteligencia Artificial del Ejecutivo para 2030 (2,5 GW de computación acumulada, equivalentes a unos 4 GW de demanda eléctrica). Y hay, advierte el propio Ministerio, “un número muy relevante de solicitudes” todavía por resolver.

Un decreto para poner coto, en pleno agosto

Para intentar ordenar ese desbordamiento, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –junto con los de Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública– sometió a información pública el pasado 27 de agosto, por vía de urgencia, un proyecto de real decreto que fija requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital para los centros de procesamiento de datos.

El plazo inicial de alegaciones de siete días se amplió hasta este jueves “en aras de facilitar la participación de los interesados”, según el Miteco. El Gobierno accedió a la prórroga después de que la patronal SpainDC –que tiene como directora ejecutiva a la ex de Cs Begoña Villacís– trasladara su “preocupación” por un texto que, a su juicio, podría “comprometer inversiones reales” cifradas en hasta 60.000 millones de euros.

El borrador exige a los centros de datos de más de 1 MW un índice de eficiencia energética (PUE) de 1,15 o inferior y un índice de eficiencia hídrica (WUE) de 0,1 litros por kilovatio hora o menos, ambos más estrictos que cualquier normativa comparable en la Unión Europea. Obliga también a cubrir el 80% del consumo con energía renovable adicional –proveniente de plantas puestas en marcha en una ventana de dieciocho meses en torno a la conexión del centro de datos– y exige que esa cobertura se cumpla hora a hora, no en balance anual. El incumplimiento puede acarrear, en los casos más graves, la pérdida del permiso de acceso y conexión ya concedido.

Aragón apura el plazo para las alegaciones

El Gobierno de Aragón presentará sus propias alegaciones este jueves, último día de plazo, según avanzó el lunes la consejera Eva Valle. El Ejecutivo autonómico comparte, dijo la titular de Economía, “la necesidad de asegurar la sostenibilidad energética y medioambiental”, pero reclama hacerlo “de manera equilibrada y proporcional”, de forma compatible con el desarrollo de una infraestructura que considera “estratégica para la economía del futuro” y para la capacidad de competir de la región y de las empresas aragonesas. “Esto no es lo que hace el proyecto de real decreto, que de aprobarse como está constituye un verdadero riesgo para la implantación de centros de datos en todo el país, en particular en Aragón, que tiene un porcentaje más elevado de compromisos ya realizados y de tramitaciones ya en marcha de centros de datos”, recalcó Valle.

La consejera atribuyó ese riesgo a que el proyecto incorpora requisitos “casi de imposible cumplimiento” tanto para los proyectos ya en tramitación como para los nuevos, un diagnóstico en el que –subrayó– coinciden también las asociaciones del sector, que hablan de “la práctica imposibilidad de cumplir no solo individualmente cada uno de los requisitos, sino también todos ellos en su conjunto”. Valle reprochó además al Ministerio haber elaborado la propuesta “sin ningún tipo de diálogo previo”.

Antes que el Gobierno de Aragón, ha sido el propio sector energético el que ha puesto sobre la mesa sus alegaciones. El Clúster de la Energía de Aragón (Clenar), que representa a las empresas del sector ante las administraciones, ha registrado ya un escrito de 49 páginas ante la Dirección General de Política Energética y Minas con 68 propuestas de modificación. El argumento central de Clenar es jurídico: el real decreto no ofrece, sostiene la patronal, cobertura legal suficiente para limitar de forma tan severa la libertad de empresa que garantiza el artículo 38 de la Constitución. La disposición que habilita el desarrollo reglamentario es, en palabras del escrito, “una remisión en blanco” que no predetermina “los aspectos esenciales de la cuestión regulada”, lo que –de aprobarse tal cual está redactado– podría incurrir “en nulidad de pleno derecho”.

Clenar objeta también la aplicación retroactiva de los nuevos requisitos a proyectos con permisos ya solicitados u otorgados, y recuerda que el artículo 33.2 de la Ley del Sector Eléctrico solo permite denegar un acceso por falta de capacidad de red, no por incumplimiento de estos nuevos criterios de sostenibilidad, un argumento que ya esgrimió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en enero de 2026 para tumbar una propuesta anterior similar.

Lo que el propio sector calcula que haría falta

Es el propio informe de Clenar el que ofrece una radiografía de la magnitud del problema territorial que denuncia la consejera Valle. Tomando como referencia los 2.500 MW de centros de datos comprometidos en Aragón, la patronal calcula que cumplir los requisitos de adicionalidad y correlación horaria del borrador exigiría instalar en la región 15,1 GW fotovoltaicos y 12,4 GW eólicos –combinados con 12,5 GW de baterías de ocho horas de capacidad– o, si se optara solo por fotovoltaica, 25 GW con 10 GW de baterías.

Frente a los 3,3 GW fotovoltaicos y los 5,7 GW eólicos instalados en Aragón a cierre de 2025 –según el Boletín de Coyuntura Energética del Gobierno de Aragón–, eso supondría instalar un 462,4% de la potencia fotovoltaica actual y un 216,8% de la eólica, además de la totalidad de los 12,5 GW de baterías necesarios. A escala del conjunto de España, solo para cubrir la demanda de los centros de datos aragoneses habría que sumar más de un 27% de fotovoltaica, un 36,9% más de eólica y un 4.807% más de baterías de las que existen hoy... en todo el país. A eso hay que sumar que la capacidad de baterías es todavía muy marginal: 46 MW instalados de dos parques y cuatro plantas y 809 MW en tramitación, según datos del propio Ejecutivo autonómico.

Esas cifras encajan con las que ya había adelantado un estudio del Instituto CIRCE y la Universidad de Zaragoza: el escenario sobre granjas de servidores que maneja el propio Gobierno central exigiría cubrir hasta el 39% del territorio aragonés con instalaciones renovables, de los que entre el 24% y el 32% corresponderían solo a los centros de datos. Y ese estudio, además, calcula sus cifras en balance anual, no en correlación horaria –el criterio más exigente que impone el borrador del Miteco–, lo que las convierte en un suelo mínimo: el despliegue real necesario sería aún mayor.

La renta agraria aragonesa alcanzó en 2025 los 2.855,36 millones de euros, frente a los 2.574,94 millones de euros registrados en 2024, lo que supone un incremento del 10,89%. Así lo recoge el avance de Macromagnitudes del Sector Agrario Aragonés 2025, presentado este martes por la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón.

La producción final agraria se situó en 6.786,76 millones de euros, frente a los 6.248,45 millones de euros del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 8,62%. La evolución positiva de esta magnitud se apoya tanto en el buen comportamiento del subsector agrícola, que aumentó un 10,37%, como en el crecimiento de la producción ganadera, que lo hizo un 7,78%.

La consejera ha destacado que estos datos reflejan “la fortaleza, la capacidad productiva y el peso económico del sector agrario aragonés”, aunque ha advertido de que el balance debe leerse también con prudencia, porque “no todos los sectores han evolucionado igual y la rentabilidad sigue siendo uno de los grandes retos del campo”. “Aragón cierra 2025 con más producción, más valor añadido y más renta agraria. Son datos positivos, pero debemos analizarlos con rigor para que esa mejora se traduzca en estabilidad, rentabilidad y futuro para agricultores y ganaderos”, ha señalado Simón.

Por provincias, Huesca continúa liderando la economía agraria aragonesa, con 3.359,1 millones de euros de Producción Final Agraria, lo que representa el 49,5% del total regional. Zaragoza aporta 2.440,5 millones de euros, el 36%, mientras que Teruel alcanza los 987,1 millones de euros, el 14,6%.

En renta agraria, Huesca aporta el 48,13% del total regional, Zaragoza el 30,30% y Teruel el 21,57%.

El informe recoge además que Teruel presenta el mayor crecimiento relativo durante 2025, impulsado por sectores como el olivar, la trufa y la ganadería.

Fuerte peso ganadero

Además, el informe confirma la especialización ganadera de Aragón. En 2025, el subsector ganadero generó alrededor del 68% de la Producción Final Agraria, mientras que el subsector agrícola representó en torno al 29%. Los servicios agrarios y las actividades secundarias completan el resto de la estructura productiva.

El porcino se mantiene como la principal actividad económica agraria de la Comunidad, con más de 2.569 millones de euros y alrededor del 38% de toda la Producción Final Agraria aragonesa.

La Producción Final Ganadera se situó en 4.620,56 millones de euros en 2025, con un incremento del 7,78% respecto al año anterior.

También destaca la evolución del bovino de carne, cuyo valor de producción alcanzó los 1.012 millones de euros, con un incremento del 66,7%.

“Aragón tiene un modelo agrario muy vinculado a la ganadería, con una gran capacidad productiva y un peso muy relevante dentro del conjunto nacional. Esa fortaleza exige seguir trabajando en sanidad animal, bioseguridad, competitividad y equilibrio territorial”, ha afirmado la consejera.

Recuperación de las producciones

La Producción Final Agrícola pasó de 1.799,36 millones de euros en 2024 a 1.985,89 millones de euros en 2025, con un incremento del 10,37%.

Esta evolución se explica principalmente por la recuperación de las producciones, especialmente en cereales, forrajes, olivar, almendra y otros cultivos leñosos.

Los cereales fueron uno de los principales motores del crecimiento agrícola. Su producción alcanzó 3,98 millones de toneladas, un 31,8% más que en 2024, y el valor de la producción aumentó un 23,3%, pese al descenso medio de precios del 6,4%.

El informe recoge también una evolución desigual entre sectores, condicionada por la climatología, los mercados y el comportamiento de los precios, por lo que el Departamento ha considerado necesario seguir trabajando para reforzar la rentabilidad y la estabilidad de las explotaciones agrarias.

Mejor que la media nacional

Los consumos intermedios del sector agrario aragonés ascendieron a 4.032,2 millones de euros, un 6,16% más que en 2024. Este incremento fue inferior al crecimiento de la Producción Final Agraria, lo que contribuyó a la mejora del Valor Añadido Bruto y de la renta agraria regional.

El Valor Añadido Bruto aumentó un 12,41% en Aragón, frente al 9,73% registrado en el conjunto de España, mientras que la renta agraria regional creció un 10,89%, por encima del incremento nacional, situado en el 8,86%.

También la Producción Final Agraria aragonesa registró una evolución más favorable que la media española, con un aumento del 8,62%, frente al 7,51% nacional.

“Aragón vuelve a demostrar que tiene un sector agrario fuerte, profesionalizado y con capacidad para generar riqueza. Nuestro peso agrario es muy superior al que nos correspondería por población y eso obliga a seguir defendiendo la importancia estratégica de agricultores, ganaderos, cooperativas e industrias agroalimentarias”, ha defendido Arancha Simón.

Fenómenos adversos

El avance incorpora también un análisis climatológico del año agrario 2024-2025, marcado por una elevada irregularidad, episodios tormentosos, pedrisco, lluvias torrenciales y fenómenos asociados a danas, con daños heterogéneos y dispersos por el territorio.

La consejera ha vinculado este contexto con la necesidad de reforzar herramientas de estabilidad para el sector, como el seguro agrario, la modernización de explotaciones, la eficiencia en el uso del agua, la sanidad animal y vegetal y el apoyo a la competitividad.

“Los datos económicos son positivos, pero el sector agrario trabaja cada día en un contexto muy exigente, condicionado por los precios, los costes, la climatología y los riesgos sanitarios”, ha reconocido la consejera, quien ha apuntado que su prioridad es “estar cerca del territorio y seguir impulsando políticas que ayuden a dar estabilidad, rentabilidad y futuro al campo aragonés”.

La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha vuelto a atacar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a cuenta de su política energética, que pone en riesgo “importantes inversiones” autonómicas por el “cuello generado” debido a su mala “planificación”. Valle ha recordado que Aragón genera más de 22.00 gigavatios hora, lo que representa el 8,2% de la capacidad de generación eléctrica de España, muy por encima del peso en el PIB y la población, que está en el 3%.

La Comunidad “genera mucha más electricidad de la que consume, aproximadamente el doble”, con lo que es capaz de “vender” energía a otras comunidades o al sistema nacional en más de un 50%, y la gran mayoría, más de un 83%, procede de fuentes renovables. Por tanto, Aragón “no tiene un problema de energía”, sino de falta de acceso a la red, que ha achacado a “la falta de planificación, de ejecución y de gestión adecuada de la red de transporte por parte del Gobierno de España”.

Ello ha creado un problema “colosal” de acceso al sistema eléctrico para cualquier tipo de actividad industrial y económica, pero también para la vivienda, ha asegurado Eva Valle.

En palabras de la consejera, la planificación actualmente en vigor lleva un retraso “sin precedentes” en su ejecución: “Llevamos meses, por no decir más de un año, esperando que se publique la nueva planificación para el periodo 2026-2030”.

Valle ha hablado también de nudos de conexión, sobre lo que también llevan “años” esperando a que se resuelvan los concursos de acceso a la red solicitados por diferentes tipos de actividades económicas en la Comunidad.

“Esto obviamente afecta a las actividades que han solicitado esos accesos, pero con carácter general afecta a la inversión, a la creación de riqueza, de empleo y daña la imagen no solo de Aragón, sino también del conjunto del país”, ha alertado.

Ello hace que una de las principales ventajas competitivas que tiene Aragón, que es la capacidad de generación de energía, acabe convirtiéndose en un “cuello de botella” al no poder acceder a ella, lo que puede terminar “impidiendo la llegada de importantes inversiones”, grandes y pequeñas, y afectar a la capacidad de crecimiento y de generación de empleo, además de a la capacidad de posicionamiento frente a otros competidores.

Decreto de centros de datosEn relación con ell decreto que regula la implantación de los centros de datos, la consejera ha avanzado que la intención es presentar el documento de alegaciones el mismo jueves, último día del plazo.

El punto de partida de este documento comparte la necesidad de asegurar la sostenibilidad energética y medioambiental, así como de asegurar la protección adecuada de los datos con los que se trabaje en estas instalaciones, pero apostando por hacerlo “de manera equilibrada y proporcional”, de manera que sea compatible con el desarrollo de una infraestructura “estratégica para la economía del futuro” y para la capacidad de competir de la región y de las empresas aragonesas.

“Esto no es lo que hace el proyecto de Real Decreto que ha presentado el Gobierno, que de aprobarse como está constituye un verdadero riesgo para la implantación de centros de datos en todo el país, en particular en Aragón, que tiene un porcentaje más elevado de compromisos ya realizados y de tramitaciones ya en marcha de centros de datos”, ha recalcado.

Requisitos “casi imposibles”

Ha achacado este peligro a que el proyecto de real decreto incorpora unos requisitos que son “casi de imposible cumplimiento” tanto para los centros de datos en tramitación como para los nuevos proyectos, algo en lo que coinciden también en las asociaciones del sector, que hablan incluso de “la práctica imposibilidad de cumplir no sólo individualmente cada uno de los requisitos, sino también todos ellos en su conjunto”. Ello, ha reiterado, hace especial “daño” a Aragón, por el interés generado por el territorio para la instalación de estos centros.

A ello ha sumado que la propuesta del real decreto se ha hecho “sin ningún tipo de diálogo previo” ni con los centros de datos ni con las administraciones donde se prevén estas inversiones, y que “cambia radicalmente las reglas del juego”, lo que deja dos efectos inmediatos: “una enorme inseguridad jurídica” que puede afectar a los proyectos en tramitación y generar arbitrajes internacionales y hasta asunciones patrimoniales por parte del Estado, y también a la imagen y al deseo de los inversores de instalarse en Aragón; y coloca al país y a la Comunidad “en clara desventaja” con otros que tienen una regulaciones “mucho más acordes” con el desarrollo de esta actividad y que están “deseando que un competidor fuerte, como es Aragón y como es España, decida salirse del tablero de juego”.

Aragón generó casi 22.400 gigavatios hora (GWh) de electricidad en 2025, el doble del consumo eléctrico de la comunidad (11.190 GWh), según el último Boletín de Coyuntura Energética del Gobierno de Aragón. La comunidad sigue exportando prácticamente la mitad de lo que produce (46,5%), pero el margen se estrecha: la ratio entre producción total y consumo cae por segundo año consecutivo, al bajar en dos años del 213,4% al 200,1%. Las comunidades deficitarias que reciben este exceso de electricidad aragonesa son la Comunidad de Madrid, Cataluña, la Comunitat Valenciana o el País Vasco.

Es precisamente el peso de las renovables en ese modelo el que retrocede, y lo hace en los dos indicadores que mide el boletín a la vez, algo que no había ocurrido en ningún año en esta década. Sobre el consumo de energía primaria, la cuota renovable cae del 48% al 44,4%, mientras el gas natural recupera peso, del 23,3% al 27,8%. Sobre la producción eléctrica total, el retroceso es todavía mayor: del 90,1% de 2024 al 83,6% de 2025. Entre 2021 y 2024, ambos indicadores habían subido de forma casi ininterrumpida; 2025 es el primer año en que caen a la vez.

La eólica ilustra bien el fenómeno. La comunidad cerró el año con 5.709 megavatios (MW) de potencia eólica en funcionamiento –233 centrales, 409 MW y 16 centrales más que en 2024–, un máximo histórico. Y sin embargo produjo menos electricidad que el año anterior: 10.928 GWh, un 3,1% menos que los 11.278 GWh de 2024. El factor de capacidad –producción real frente a la máxima teórica– cayó al 21,8%, el segundo peor dato del periodo 2021-2025, solo por delante del 23,9% de 2022. Es la primera vez en la serie en que más potencia instalada no se traduce, como mínimo, en producción estable.

La fotovoltaica sí creció en todos los parámetros de potencia y producción, pero también perdió rendimiento. La potencia conectada a red aumentó un 28,9%, hasta 3.270 megavatios, y la producción subió un 5,5%, hasta 4.193 GWh. El autoconsumo –instalaciones que generan su propia electricidad– también se disparó: 19.888 instalaciones y 689 MW de potencia, frente a las 16.468 instalaciones y 560 MW de 2024. Pero el factor de capacidad fotovoltaico cayó del 17,9% al 14,6%, el nivel más bajo de todo el periodo junto al de 2021. La producción crece solo porque la nueva potencia instalada compensa sobradamente la pérdida de rendimiento por megavatio.

Gas natural

El hueco que deja la caída del peso renovable lo llena, sobre todo, el ciclo combinado, la central que quema gas natural para generar electricidad. Su producción se disparó un 115,3% en 2025, hasta 2.240 GWh, frente a los 1.040 GWh de 2024 –el mayor repunte porcentual de cualquier tecnología del año–. El propio boletín del Gobierno de Aragón vincula ese salto a un aumento directo del consumo de gas natural en la comunidad.

Ese repunte coincide con el año del apagón que se registró el 28 de abril de 2025, aunque los datos mensuales de Aragón apuntan a que el ciclo combinado ya producía muchísimo a principio de año que en 2024. La subida se intensifica en el segundo semestre, coincidiendo con las nuevas exigencias regulatorias.

Mientras, la hidroeléctrica protagoniza el mayor desplome porcentual del año: produjo 3.447 GWh, un 17,4% menos que en 2024. Ese año había sido excepcionalmente lluvioso —la producción hidroeléctrica subió un 61,1% sobre 2023—, y 2025 corrigió buena parte de esa subida puntual.

El dato más singular de todo el periodo 2021-2025, sin embargo, no está en ninguna de las grandes tecnologías, sino en el autoconsumo: las instalaciones se han multiplicado por 10,3 en cuatro años, de 1.924 en 2021 a 19.888 en 2025, y la potencia casi se ha quintuplicado, hasta 689 GW. Es el único indicador del boletín que crece todos los años sin excepción, mientras eólica, fotovoltaica a gran escala, hidroeléctrica y ciclo combinado oscilan al alza y a la baja según el año.

En realidad, el techo de la autosuficiencia renovable aragonesa no se tocó en 2025, sino antes: la producción renovable llegó a cubrir el 185,9% del consumo eléctrico en 2024, su máximo histórico, y ya bajó al 167,30% en 2025. Dicho de otro modo, la desaceleración empezó un año antes de que existiera ningún apagón al que atribuírsela.

Amazon da comienzo hoy a la actividad de ZAZ8, su primer Distribution Center (DC) en España, ubicado en el polígono industrial Centrovía, en La Muela (Zaragoza). Con una inversión de más de 100 millones de euros y una superficie de más de 30.000 metros cuadrados, el centro arranca su primera semana con más de 100 personas empleadas y tiene como objetivo alcanzar los 600 trabajadores en un plazo de tres años. ZAZ8 se une al resto de centros de Amazon en la comunidad, donde la compañía ya opera un Inbound Cross Dock (IXD), un centro Amazon Fresh, una estación logística y, desde 2022, tres zonas de disponibilidad de Amazon Web Services (AWS).

La instalación de La Muela cuenta con un logotipo propio inspirado en la silueta de la Basílica del Pilar y el Puente de Piedra sobre el Ebro. “Hoy es un día muy especial para todo el equipo. El inicio de las operaciones de ZAZ8 es fruto de un trabajo intenso y refleja la confianza de Amazon en Aragón como hub logístico estratégico. Este centro nos permite estar más cerca de nuestros clientes, mejorar la velocidad de las entregas y generar empleo de calidad en la región. Estamos orgullosos de contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad”, ha señalado Jaime González del Palacio, director del centro logístico ZAZ8.

“Que una de las diez empresas más grandes del mundo se instale en tu pueblo es muy importante y una gran alegría, más si cabe creando 600 puestos de trabajo en los próximos 3 años, cuando no llegamos ni a 250 personas desempleadas. Va a ser un antes y un después para La Muela. Hoy es un día muy importante porque finalmente estamos haciendo realidad este proyecto”, señala Adrián Tello, alcalde de La Muela.

El nuevo centro de distribución ZAZ8 actúa como hub logístico especializado en productos esenciales de alta demanda y uso diario, como toallitas y pañales de bebé, leche en polvo, complementos alimenticios, carretes de fotos instantáneas, cremas y serums faciales, cápsulas de café o snacks y comida para gatos, entre otros. Su función es optimizar la cadena de suministro mediante el almacenamiento estratégico de los productos que más se piden, garantizando un flujo constante de inventario hacia el resto de los centros logísticos que la compañía tiene repartidos por toda España. Con este centro se crea una capa intermedia de almacenamiento regional que permite posicionar el inventario más cerca del destino final, mejorando la velocidad de entrega.

En 2025, Amazon registró el año con las entregas más rápidas de su historia en España. La compañía entregó más de 190 millones de artículos el mismo día o al día siguiente en España, cifra que se eleva hasta los 13.000 millones de artículos en todo el mundo. Los clientes Prime en España ahorraron una media de 120 euros en entregas rápidas y gratuitas en 2025, más del doble del precio de la suscripción anual. Millones de clientes Prime utilizaron el servicio 'Entrega hoy', disponible en 16 ciudades españolas, que permite recibir pedidos el mismo día en casa, en puntos de recogida o en Amazon Lockers.Con una capacidad de almacenamiento de hasta 8,9 millones de productos y más de 30.000 metros cuadrados, ZAZ8 incorpora tecnología de última generación que lo convierte en uno de los centros más avanzados de su tipo.

Sistema de prevención de colisiones

Entre sus principales tecnologías destaca PID ('parcel identifier'), un sistema de imagen de alta resolución que captura imágenes de los seis lados de cada caja, lee los códigos de barras, mide las dimensiones y el peso, y permite recibir la mercancía de forma automática sin necesidad de abrir el paquete. También el UIS (Universal Item Sorter), clasificador automatizado que utiliza lanzaderas inalámbricas (iBOT) para transportar cada artículo hasta su destino final. Mientras, todas las máquinas del centro están equipadas con sistemas LiDAR de detección y prevención de colisiones, lo que garantiza la seguridad de las personas empleadas en todo momento.

El uso de tecnología avanzada en Amazon contribuye a eliminar la necesidad de transportar cargas pesadas y reduciendo las tareas repetitivas. Esto permite que las personas empleadas se centren en tareas de mayor valor añadido.La ubicación de ZAZ8 en el polígono Centrovía, a las afueras de Zaragoza, es estratégica para dar servicio a toda España por la cercanía que tiene con diversas ciudades y las principales rutas de transporte, reforzando la posición de Aragón como hub logístico central.

El Gobierno de Aragón ha rechazado este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica aprobada en la reunión y ha lamentado que una reforma de esta trascendencia haya salido adelante sin el consenso político y territorial necesario y sin atender ninguna de las propuestas planteadas por la Comunidad autónoma.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha defendido el voto contrario de Aragón y ha destacado que la propia votación evidencia la falta de acuerdo territorial. El modelo solo ha contado con el respaldo de Cataluña y Canarias, mientras que el resto de regiones se ha pronunciado en contra, incluidas Asturias y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por el PSOE.

Bermúdez de Castro ha señalado, además, que buena parte de las comunidades han coincidido en sus objeciones al modelo. Aragón, Asturias, Extremadura, Castilla y León o Castilla-La Mancha comparten problemas de despoblación, envejecimiento y dispersión que, a juicio del Ejecutivo aragonés, no quedan adecuadamente reflejados en el nuevo sistema.

El consejero ha reiterado que Aragón comparte la necesidad de reformar el actual modelo, pero considera que ello exige un gran acuerdo político y territorial. “Ahora no se dan en España las condiciones políticas para hacer una reforma de esta importancia”, ha señalado Bermúdez de Castro, quien ha insistido en que la financiación autonómica debe ser fruto de un acuerdo amplio entre las comunidades y no de acuerdos particulares dirigidos a conseguir los apoyos necesarios.

En este sentido, ha criticado que el nuevo modelo tenga su origen en el acuerdo alcanzado con Cataluña y ha señalado que responde al sistema pactado previamente con Oriol Junqueras. Aragón considera que una reforma que debe aplicarse al conjunto de las comunidades de régimen común no puede llegar prácticamente cerrada después de una negociación bilateral con uno de los territorios. Y Bermúdez de Castro ha lamentado que el Ministerio no haya aceptado ninguna de las propuestas aragonesas.

El Ejecutivo autonómico había reclamado, entre otras cuestiones, un mayor reconocimiento de la despoblación, el envejecimiento, la dispersión, la superficie y la orografía.

La propuesta aprobada mantiene, sin embargo, un peso del 97% para las variables estrictamente poblacionales y deja en el 3% los factores correctores territoriales. Además, reduce del 1,8% al 1,6% el peso de la superficie, pese a que Aragón había defendido que esta variable alcanzase al menos el 2%.

Más recursos para Aragón

Bermúdez de Castro ha rechazado que el incremento de recursos que recibirá Aragón pueda utilizarse como prueba de que el nuevo sistema beneficia a la Comunidad. La reforma incorpora alrededor de 21.000 millones de euros adicionales al conjunto del sistema y Aragón recibiría unos 600 millones más, pero su posición relativa empeora respecto al resto.

“No es una cuestión de pedir más o menos dinero, sino de hacer un reparto justo”, ha señalado el consejero. Aragón reclama que el sistema tenga en cuenta las variables que determinan realmente cuánto cuesta prestar los servicios públicos en cada territorio.

Con los datos de 2023, Aragón pasaría de un índice de financiación por población ajustada a competencias homogéneas de 105,56 a una estimación de 99,3, por lo que dejaría de situarse por encima de la media para quedar por debajo de ella.

El consejero ha advertido de que el nuevo sistema beneficia especialmente a Cataluña y que el reparto de los 21.000 millones de euros adicionales no corrige adecuadamente las dificultades específicas de comunidades como Aragón.

Bermúdez de Castro ha señalado que el resultado puede ser que los ciudadanos dispongan de distintos niveles de servicios públicos en función del territorio en el que residan: “Vivir en Cataluña no puede significar tener mejores servicios públicos que al otro lado de la frontera aragonesa, donde además tenemos más dificultades para prestarlos”, ha afirmado.

El consejero ha insistido en que la baja densidad de población, la existencia de numerosos municipios pequeños y la dispersión territorial obligan a mantener centros educativos, consultorios, transporte, infraestructuras y plantillas aunque haya pocos usuarios, por lo que el coste por habitante es necesariamente mayor.

“En lugares donde la densidad de población es muy pequeña, donde hay dificultades para vivir y muchos municipios muy pequeños, con el paso del tiempo puede llegar a ser prácticamente imposible prestar los servicios si el sistema no tiene en cuenta esa realidad”, ha advertido.

Bermúdez de Castro ha recordado que garantizar la igualdad exige que una persona que vive en Madrid, Alcorcón o Fuenlabrada pueda disponer de los mismos servicios públicos que otra que reside en Fago, Fanlo o Las Peñas de Riglos.

Desequilibrios

Aragón ha cuestionado asimismo la creación de fondos y mecanismos posteriores para compensar situaciones que, a juicio del Ejecutivo autonómico, deberían resolverse dentro del propio sistema de financiación.

Aragón considera que las necesidades de cada territorio deben incorporarse desde el principio a unas reglas comunes, objetivas y transparentes, y rechaza que las deficiencias del modelo se corrijan posteriormente mediante instrumentos adicionales o negociaciones particulares.

Entre esos mecanismos se encuentra el fondo climático, dotado con alrededor de 1.000 millones de euros y que reserva dos tercios de sus recursos a las comunidades del litoral mediterráneo.

Aragón considera injustificado ese reparto y defiende que se tengan en cuenta fundamentalmente la superficie y los riesgos reales a los que está expuesto cada territorio.

El Ejecutivo autonómico ha recordado que Aragón ha sufrido este verano 26 incendios forestales que han quemado más de 40.000 hectáreas, además de estar expuesto a inundaciones, sequías, desertificación y otros fenómenos extremos.

Aragón considera que los problemas de financiación deben solucionarse dentro del propio modelo y no mediante fondos posteriores destinados a determinadas comunidades, porque ese sistema puede generar nuevas diferencias y romper la necesaria solidaridad entre territorios.

Al Congreso

Bermúdez de Castro ha mostrado también su preocupación por el recorrido parlamentario de la reforma y por la posibilidad de que el Gobierno introduzca nuevas concesiones para conseguir en el Congreso de los Diputados los votos de los grupos que necesita para aprobar definitivamente el nuevo sistema.

El consejero ha advertido de que, si los apoyos parlamentarios se consiguen mediante nuevos acuerdos particulares, el resultado puede ser un modelo todavía “más insolidario y más injusto”.

“Lo que más preocupa es que, para intentar sacar esto adelante en el Congreso, haya que ir entregando partes del pastel a unos grupos u otros. Si para conseguir cada voto hay que dar más recursos a un territorio determinado, Aragón acabará todavía más perjudicado”, ha señalado.

El titular de Hacienda ha insistido en que esta no es una discusión abstracta entre gobiernos, sino una cuestión que afecta directamente a los ciudadanos. “Estamos hablando del dinero que recibe cada comunidad autónoma para poder prestar una mejor sanidad, una mejor educación y unos mejores servicios sociales”, ha recordado.

El consejero ha reconocido que el ambiente ha mejorado respecto a etapas anteriores, pero ha lamentado que esa mayor disposición formal de Arcadi España no se haya traducido en cambios en el contenido del modelo.

“El talante del ministro y del Ministerio es mucho mejor, pero aparte del talante hacen falta ganas de acordar. Hay buenas palabras, pero el Gobierno sigue en la misma baldosa y no se ha movido de ella”, ha afirmado.

El jueves, día 3 de septiembre, ya es una fecha marcada en rojo en el calendario de la ganadería española. La Unión Europea anunciaba la suspensión de la entrada de carne de vacuno procedente de Brasil al considerar que el país sudamericano no ha aportado las garantías necesarias para demostrar que cumple las exigencias comunitarias sobre el uso de determinados medicamentos antimicrobianos.

La decisión, prevista en el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1189, ha sido acogida con ganas por el sector en España. Las organizaciones agrarias y cárnicas la interpretan como una primera victoria después de meses —y años— reclamando que los productos importados se sometan a unas condiciones equivalentes a las que soportan los productores europeos.

La organización agraria ASAJA habla directamente de un “paso hacia la reciprocidad real” y exige a Bruselas que mantenga la firmeza y aplique la suspensión sin prórrogas. En el comunicado por la organización, recuerda que los ganaderos europeos están obligados a cumplir unas exigencias cada vez mayores en seguridad alimentaria, trazabilidad y bienestar animal y, por lo tanto, considera lógico que esas mismas reglas se apliquen a quienes quieran vender carne en el mercado comunitario.

Sin embargo, este sindicato profesional va más allá y advierte que el veto sólo tendrá verdadero efecto si se controla su cumplimiento en frontera. Según ASAJA, el protocolo brasileño de certificación se encuentra todavía en una fase inicial y “ninguna granja ha sido certificada”, por ello reclaman que se refuercen los controles y que las restricciones no se limiten exclusivamente a los antimicrobianos, sino que tengan en cuenta también las demás irregularidades detectadas en las auditorías comunitarias.

Por su parte, la Comisión Europea explica que sus normas forman parte de la estrategia comunitaria contra la resistencia a los antimicrobianos. Entre otras cuestiones, la normativa europea prohíbe utilizar determinados antimicrobianos para promover el crecimiento de los animales y reserva algunos medicamentos para su utilización en seres humanos. En este sentido, Bruselas sostiene que Brasil no ha presentado las garantías necesarias para demostrar que sus sistemas cumplen estas exigencias.

“Las mismas reglas para todos”

Durante años, el malestar del campo español ha ido en aumento y sin frenos por una situación enquistada: mientras las explotaciones europeas acumulan obligaciones sanitarias, ambientales, administrativas y de bienestar animal, los ganaderos llevan tiempo reclamando que la carne importada no pueda competir en el mercado comunitario con unas reglas diferentes.

Desde ARAGA, Federico Lorente, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Aragón, lamenta que esta decisión no se haya tomado antes, y subraya que la suspensión de las importaciones procedente de Brasil “confirma que nuestra oposición al acuerdo Mercosur estaba más que justificada” ya que se trata de “países que no cumplen con las mismas garantías sanitarias con las que estamos cumpliendo los ganaderos europeos y españoles”, asegura Lorente.

La Asociación de Ganaderos 19 de Abril, de Salamanca, también reclamó en el mes de julio que la suspensión no esperase hasta septiembre. El colectivo denunciaba entonces el “agravio comparativo” y los “dobles estándares” que, a su juicio, sufren los productores locales frente a los de terceros países. También en ese momento puso de manifiesto que los ganaderos españoles afrontan exigencias estrictas en sanidad, medicamentos veterinarios, bienestar animal, medio ambiente, sostenibilidad y trazabilidad.

Un sentimiento que se ha repetido en distintas partes del territorio. En Galicia, el presidente de la Asociación de Gandeiros da Suprema, Santiago Rego, resumía este desacuerdo ante las diferencias entre ambos modelos productivos así: “Aquí levamos tempo con esixencias, alí cabe todo” -“Aquí llevamos tiempo con exigencias; allí cabe todo”-.

Este no es el punto final, es el comienzo

La decisión llega en un momento especialmente delicado para el vacuno español, que afronta un escenario de precios debilitados, costes elevados y dificultades para colocar la producción en determinados mercados exteriores.

En Galicia, por ejemplo, el sector ha alertado durante los últimos meses de la caída de los precios en origen y de una rentabilidad cada vez más ajustada. La situación resulta especialmente sensible después del fuerte incremento de precios registrado durante 2025 y comienzos de 2026. Por eso, para los ganaderos, que Brasil deje de tener acceso al mercado comunitario mientras no acredite el cumplimiento de las exigencias europeas supone, sobre todo, una cuestión de igualdad de condiciones.

Las organizaciones representativas de toda la cadena ganadero-cárnica —entre ellas ASAJA, ASOPROVAC, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias, ANICE y otras— coinciden en calificar la entrada en vigor de la medida como un “punto de inflexión”. El mensaje común es claro: si Brasil quiere volver a vender carne en Europa, tendrá que demostrar primero que cumple las reglas. Sin embargo, también reclaman que no se convierta en una actuación temporal.

En este sentido, el campo sabe que la celebración de hoy tiene letra pequeña. ASAJA considera que el 3 de septiembre “no es un punto final”, sino el comienzo de una política de reciprocidad que debe poder comprobarse sobre el terreno. La organización reclama controles fronterizos más fuertes y que cualquier eventual reapertura esté respaldada por garantías reales y parámetros que se puedan verificar.

Las organizaciones ganaderas y cárnicas han pedido a Bruselas que se comprometa, y que no se conforme con el papel así como que mantenga los controles hasta que Brasil pueda acreditar de forma “plena, verificable y auditable” que cumple los requisitos comunitarios. Y es que el foco también está puesto sobre el acuerdo UE-Mercosur ya que Brasil es uno de los cuatro países integrantes del bloque junto con Argentina, Uruguay y Paraguay, y ASAJA considera difícil separar completamente la suspensión del debate comercial abierto tras el acuerdo. Un acuerdo que, tal y como recuerda la organización agraria, todavía debe superar el proceso de ratificación en el Parlamento Europeo.

Brasil, un proveedor más allá del vacuno

Brasil fue en 2025 el segundo mayor proveedor de carne de vacuno de la Unión Europea, con más de 92.000 toneladas exportadas al mercado comunitario por un valor superior a 713 millones de euros. Por eso, esta decisión no es menor desde el punto de vista comercial para el sector ganadero español. Pero esta suspensión no afecta solo al vacuno, también lo hace a otras categorías de productos de origen animal procedentes de Brasil, entre ellas équidos, tripas, productos de acuicultura, miel y aves de corral -especialmente al pollo-.

En cuanto al plazo en el que podrían reanudarse las importaciones desde Brasil, el Ejecutivo europeo no ha querido adelantar fechas, aunque se desprende de sus declaraciones que los plazos serán distintos para cada sector afectado. En el caso de las aves de corral y la miel tienen una particularidad, y es que podrían volver a ser autorizadas en las próximas semanas si la auditoría en curso concluye con resultados satisfactorios. Sin embargo, la Comisión Europea apunta a que, en el caso de la carne de vacuno, los plazos se podrían alargar más en el tiempo debido a la duración de los ciclos de producción.

En este sentido, fuentes directas de la Comisión Europea han precisado que “Brasil es un socio importante de la UE” y que por ello: “Estamos trabajando en estrecha colaboración para garantizar que cumpla con estos requisitos. Una vez que se demuestre dicho cumplimiento, podrán reanudarse las exportaciones a la UE”.

La Agrupación Parlamentaria Aragón-Teruel Existe ha registrado una pregunta al Consejero de Medio Ambiente y Turismo para garantizar que Microsoft no utilice el vertedero de Las Canteras, clausurado desde 2009, para depositar restos de amianto que se han encontrado en las obras del centro de datos proyectado junto a Puerto Venecia, en Zaragoza capital. “Queremos saber qué medidas va a adoptar el gobierno de Aragón para garantizar la salud pública y evitar exponer a los vecinos al amianto”, ha indicado el coordinador local de Aragón Existe en Zaragoza, Pepe Tricas.

Desde Aragón Existe, han señalado que el 15 de diciembre de 2009 se dictó el acuerdo del Gobierno de Aragón en el que se notificó la suspensión del vertedero de “Las Canteras”, decisión refrendada por el Tribunal Supremo en 2015, por lo que ese lugar no reúne las condiciones adecuadas para el tratamiento y depósitos de residuos de amianto.

Por parte de la multinacional, han indicado que los viajes de camiones a Alfajarín provocarían incidencias de tráfico, con un sobrecoste que amenazaría la viabilidad económica del centro de datos.

Pepe Tricas ha apuntado que “el Gobierno PP-VOX ha puesto a una alfombra roja a los centros de datos a través de los PIGA, pero poner en riesgo la salud de los zaragozanos por una inversión es cruzar una línea roja que no se debe permitir que se cruce”.

El Ejecutivo aragonés ha acordado este miércoles, en la reunión del Consejo de Gobierno, declarar como Inversión de Interés Autonómico (DIIA) el proyecto de construcción de tres plantas de gestión de residuos orgánicos para la producción de gas renovable –biometano– en los municipios de Caspe (Zaragoza), La Puebla de Híjar (Teruel) y Fraga (Huesca), promovido por las sociedades BDP Bioenergy VIII, BDP Bioenergy IX y BDP Bioenergy XII, integradas en el grupo empresarial ABEI Energy.

La actuación prevé una inversión global de 58,7 millones de euros y permitirá la puesta en marcha de tres instalaciones destinadas a valorizar residuos, procedentes principalmente de la actividad ganadera y agroalimentaria al transformarlos en biometano, un gas renovable plenamente compatible con las infraestructuras de gas natural existentes.

El conjunto de las tres plantas tendrá capacidad para tratar 537.000 toneladas anuales de residuos orgánicos. Una inversión de 58,7 millones en las tres provincias de la comunidadLas tres plantas, ubicadas en las localidades de Caspe, La Puebla de Híjar y Fraga, supondrán una inversión conjunta de 58,72 millones de euros -19,99 millones en Caspe, 19,02 millones en La Puebla de Híjar y 19,70 millones en Fraga.

Cerca del 90% de la inversión se ejecutará entre 2026 y 2028, con la puesta en funcionamiento prevista para junio de 2028 en Caspe, agosto de 2028 en La Puebla de Híjar y octubre de 2028 en Fraga.

El proyecto generará además un importante impacto económico y laboral en el territorio, con la creación de unos 180 empleos directos durante la fase de construcción y 48 puestos de trabajo estables una vez entren en funcionamiento las plantas, a los que se sumarán alrededor de 90 empleos indirectos vinculados a actividades auxiliares como transporte, mantenimiento, logística y servicios especializados.

En conjunto, los estudios incorporados al expediente estiman que la iniciativa podría alcanzar un impacto total de hasta 462 empleos entre directos, indirectos e inducidos durante las fases de construcción y operación.

La declaración de inversión de interés autonómico reconoce la especial relevancia económica, social y territorial del proyecto para Aragón y permitirá agilizar su tramitación administrativa mediante el impulso preferente y urgente de todos los procedimientos vinculados a su desarrollo, sin menoscabo del cumplimiento de todas las autorizaciones y requisitos legales exigibles.

Con esta declaración, el Gobierno de Aragón refuerza su apuesta por proyectos vinculados a la transición energética, la economía circular y la valorización de recursos locales, impulsando nuevas inversiones industriales, la creación de empleo y la actividad económica en el medio rural de las tres provincias aragonesas.

El presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, ha vuelto a situar a Aragón como víctima del Ejecutivo de Pedro Sánchez, esta vez a cuenta del decreto que centros de datos que proyecta, y que aún está en fase de alegaciones. El dirigente popular ha sacar el fantasma de un supuesto privilegio a Cataluña con esta cuestión y ha indicado que, de salir adelante la normativa, constituiría “una amenaza muy seria” de perder “miles de millones de euros de inversión”.

Azcón ha afirmado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez trata de “boicotear” los proyectos empresariales que se instalan en Aragón, en alusión a real decreto sobre granjas de servidores, al que el Ejecutivo autonómico presentará alegaciones.

En declaraciones a los medios tras presentar alegaciones al tramo ferroviario Teruel-Sagunto, Azcón ha apuntado que la mencionada normativa “afecta directamente a Aragón, al trabajo que hemos venido haciendo para atraer no solamente miles de millones de euros de inversión, sino para crear decenas de miles de puestos de trabajo”.

“Si lo que el Gobierno de España quiere, respecto a los centros de datos, se convierte en realidad, existe un riesgo muy serio de que decenas de miles de puestos de trabajo estables, de calidad y bien remunerados no se creen en Aragón”, ha advertido.

“Una vez más, llama la atención que el Gobierno de España esté impulsando un centro de datos y una gigafactoría con empresas en Cataluña, en concreto en Tarragona, y que los proyectos empresariales que vienen a Aragón a invertir trate de boicotearlos”, ha agregado. Hay que recordar que la gigafactoría que se está construyendo en Figueruelas ha contado con 300 millones de euros de fondos europeos gestionados por el Ejecutivo central y que el conjunto de iniciativas de granjas de servidores que se han anunciado cerca de Zaragoza superan por mucho las que se plantean en el entorno de Barcelona.

“Después del esfuerzo que toda la sociedad aragonesa ha hecho para que esas inversiones vengan a nuestra comunidad autónoma, ahora nos encontramos no con palos en las ruedas, con un bloqueo por parte del Gobierno de España que significa una amenaza muy seria, una amenaza como nunca había tenido la economía de Aragón hasta este momento”, ha sentenciado Azcón.

La consejera aragonesa de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha cargado este jueves contra el proyecto de real decreto que impulsa el Ejecutivo central para regular los requisitos para la instalación de centros de datos. Es “especialmente dañino” y está “especialmente diseñado para hundir” el programa de inversiones del sector en la Comunidad, ha acusado Valle. Según el delegado del Gobierno en Aragón, sin embargo, la iniciativa busca que la proliferación de granjas de servidores no cause “un incremento en la factura de la luz de todos los aragoneses y aragonesas”.

La titular de Economía ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar “ocultar su incapacidad para planificar, ejecutar y gestionar la red de transporte”, lo que ha creado “un problema colosal de acceso al sistema eléctrico”.

La propuesta normativa, a la que se podrán presentar alegaciones hasta el próximo 4 de septiembre, exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético.

Asimismo, recoge medidas en materia de resiliencia y soberanía digital, como la obligación de que la operación del centro y el control de los datos asociados a la operación correspondan a entidades sujetas al derecho de la UE, y también en materia de sostenibilidad ambiental y energética, como la obligación de consumir energía renovable de nueva implantación, además de cumplir criterios de eficiencia energética y de consumo de agua.

Alegaciones

La consejera aragonesa ha expresado su “sorpresa” por el escaso margen de maniobra para presentar alegaciones, después de que el Ejecutivo estatal haya estado cinco meses en los que “ni ha presentado un proyecto ni ha dialogado con los sectores afectados ni con las administraciones públicas en las que se han comprometido las inversiones”.

“Ahora solo tenemos ocho días para presentar alegaciones a un Real Decreto que cambia radicalmente las reglas del juego y que contradice las propuestas normativas anteriores”, ha protestado. En todo caso, el Departamento ya ha mantenido varias reuniones para comenzar a plantear dichas alegaciones antes del 4 de septiembre.

Según el primer análisis realizado, han constatado la “alarmante inseguridad jurídica” que va a provocar este real decreto al afectar a todos los proyectos en tramitación, que “tienen que cumplir unos requisitos legales extremos y muy alejados de los iniciales”.

Un país “sostenible y eficiente”

Para el máximo representante del Gobierno central en Aragón, Fernando Beltrán, el proyecto de real decreto busca que el país en su conjunto, incluido Aragón, “sea sostenible, eficiente y soberano en todo lo relacionado con los centros de datos”. “Para ello es fundamental conocer cuál va a ser el consumo energético y de recursos de cada uno de los centros y exigirle los máximos estándares europeos de eficiencia en el uso de nuestra agua y energía”, ha apuntado Beltrán, para quien la preocupación debería dirigirse a que las granjas de servidores “no se tramiten con los debidos controles y estándares sobre el uso de nuestros recursos”.

“Es una cuestión que preocupa a los aragoneses y a la que quiere dar respuesta el Gobierno de España. Entre otras cuestiones, por ejemplo, esta norma busca que el gran consumo de electricidad de los centros de datos no cause un incremento en la factura de la luz de todos los aragoneses y aragonesas”, ha indicado el delegado del Gobierno, quien ha indicado que una vez que el proyecto ha salido a audiencia pública “todas las partes interesadas pueden remitir sus aportaciones al proyecto”.

En su respuesta a Beltrán, sus palabras suponen “crear una alarma sobre la base de una falsedad” y ha responsabilizado al Gobierno de España de haber creado un problema “colosal” de acceso al sistema eléctrico para cualquier tipo de actividad e incluso a la vivienda.

“Esto no tiene nada que ver con los precios y sí con dañar el futuro de nuestra comunidad y con destruir una credibilidad que no solo afectará a los centros de datos sino a todas las inversiones que puedan querer llegar”, ha concluido.

El Gobierno de Aragón y el sector del taxi de Zaragoza crearán una mesa de trabajo para revisar la regulación de las autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) interurbanas y preparar una nueva resolución interpretativa que aporte mayor claridad y seguridad jurídica a la aplicación de la normativa. El objetivo es mejorar la convivencia entre el taxi y las VTC y reforzar la capacidad de los agentes para actuar ante posibles incumplimientos.

Así lo ha anunciado este jueves, 27 de agosto, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón Octavio López, tras reunirse con representantes de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza. En el encuentro también han participado la consejera de Movilidad de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, y el presidente de la asociación provincial del taxi, Miguel Izaguerri.

López ha explicado que el Ejecutivo autonómico dictó en marzo de 2025 una resolución para regular la movilidad entre los distintos sectores del transporte y que transcurridos 18 meses, el encuentro ha servido para analizar cómo se ha desarrollado y aplicado esa norma. A partir de esta evaluación, ha avanzado que la comisión de trabajo se constituirá “de manera inminente” y permitirá preparar durante septiembre una nueva resolución.

El consejero ha señalado que la previsión es que esta nueva orden, “más aclaratoria” y “más eficiente en la gestión”, pueda publicarse en el Boletín Oficial de Aragón antes de que termine septiembre. La intención, ha añadido, es establecer con mayor precisión las reglas de convivencia entre el taxi y las VTC en Zaragoza, de manera que se respeten los derechos de ambos colectivos y se pueda actuar de forma contundente cuando se produzcan infracciones.

“Unas reglas del juego claras”

López ha insistido en que la cuestión no pasa por perseguir a las VTC por el hecho de serlo, sino por garantizar que cualquier operador cumpla las obligaciones establecidas. Ha indicado que las nuevas disposiciones deberán precisar las consecuencias de determinados incumplimientos y proporcionar a los agentes que intervienen en el control herramientas jurídicas suficientemente claras para imponer sanciones o adoptar, cuando corresponda, medidas como la inmovilización de vehículos.

El responsable autonómico ha subrayado que el sistema jurídico español es garantista y que quien recibe una sanción tiene derecho a defenderse, pero ha defendido igualmente que los agentes deben disponer de un marco normativo sólido para que sus actuaciones tengan seguridad jurídica. “Hay que darle carta de naturaleza a algunas normas para que se sepa cuáles son las sanciones que llevan acarreadas comportamientos que no están dentro del marco de la legalidad”, ha manifestado.

El presidente de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza, Miguel Izagueri, ha agradecido la disposición del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza para continuar trabajando con el sector, pero ha advertido de que el taxi no da “un cheque en blanco” al Ejecutivo. “Hay que seguir trabajando en este tema”, ha recalcado, después de precisar que en la reunión no se ha firmado ningún acuerdo, sino que se ha acordado mantener una mesa de trabajo.

Izaguerri ha defendido que la reivindicación del taxi no consiste en perseguir a las empresas o conductores de VTC por pertenecer a este sector, sino en exigir que se cumpla la legislación. “Nosotros no pedimos perseguir a las VTC por ser VTC, lo que perseguimos es que se cumpla la ley, nada más”, ha señalado. A su juicio, el taxi cumple diariamente sus obligaciones y las plataformas que realizan transporte de viajeros en la ciudad deben hacer lo mismo.

El representante del sector ha considerado que la regulación aprobada en 2025 “se nos ha quedado un poco coja” porque su aplicación durante estos meses no ha funcionado como se esperaba. Por ello, ha reclamado que la futura resolución permita a los agentes disponer de “más armas” para actuar con seguridad jurídica.

Por su parte, la consejera de Movilidad y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha calificado el encuentro como un ejemplo de “trabajo y lealtad institucional” entre las dos administraciones y de escucha a un sector que considera fundamental para la dinamización económica de la ciudad. Ha señalado que el Ayuntamiento mantiene abierta la colaboración con el taxi para abordar sus distintas reivindicaciones.

Las demandas del taxi

Gaudes ha explicado que los asuntos relacionados con la movilidad y el taxi se están tratando a través de una mesa de trabajo municipal en la que se abordan cuestiones diversas, entre ellas el taxi adaptado y las afecciones derivadas de las obras que se están ejecutando en Zaragoza. La consejera ha defendido que este mecanismo permite estudiar las demandas del sector “una a una” y buscar soluciones para cada una de ellas.

La responsable municipal ha situado parte del origen de las dificultades actuales en el marco normativo estatal y europeo que afecta al transporte con conductor. En concreto, ha aludido a la denominada 'ley Ábalos', que, según ha señalado, fue tumbada por contravenir el derecho europeo, una situación que, a su juicio, ha dejado en ocasiones a ayuntamientos y comunidades autónomas “huérfanas” a la hora de afrontar determinados problemas de movilidad.

En este contexto, el Gobierno de Aragón considera necesario dotar a la Comunidad de una legislación propia que permita ordenar de manera más completa los diferentes escenarios del transporte. López ha anunciado que el Ejecutivo autonómico pretende iniciar durante esta legislatura la tramitación de una nueva ley de transporte de Aragón.

López ha defendido que esta futura legislación permitirá ofrecer un marco normativo más claro ante situaciones que actualmente generan dificultades de interpretación y conflictos entre operadores. La intención es que durante la presente legislatura Aragón pueda disponer de una nueva ley que regule estos escenarios y contribuya a mejorar la movilidad de los ciudadanos.

La futura norma abordará, según ha detallado, cuestiones relacionadas con la movilidad sostenible y con el conjunto del transporte en la comunidad, más allá de la problemática concreta de las VTC. El consejero ha vinculado su impulso a la necesidad de aportar seguridad jurídica a las administraciones, a los agentes que aplican las normas y a los propios colectivos profesionales.

Más seguridad jurídica

Gaudes ha reiterado que el Ayuntamiento seguirá acompañando al sector del taxi y ha destacado la importancia de la coordinación entre las dos administraciones. A su juicio, la reunión celebrada con el Gobierno de Aragón demuestra que existe voluntad de diálogo y de buscar soluciones mediante la colaboración institucional.

El encuentro deja así dos vías de trabajo diferenciadas. Por un lado, la comisión que Gobierno de Aragón y taxistas constituirán de forma inmediata permitirá revisar la regulación de las VTC y preparar la nueva resolución que se pretende aprobar antes de finalizar septiembre. Por otro, el Ejecutivo autonómico iniciará en septiembre la tramitación de una nueva ley de transporte que aspira a establecer un marco general para Aragón.

De esta forma, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y sector del taxi afrontan los próximos meses con una agenda centrada en mejorar la regulación de las VTC, reforzar los mecanismos de control y avanzar hacia una legislación autonómica de transporte. El objetivo común es aportar mayor seguridad jurídica y ordenar la convivencia entre los diferentes servicios de transporte de viajeros que operan en la capital aragonesa.