Cuando la planta de biogás de Zaidín empezó a funcionar en marzo de 2024 parecía una excepción. Dos años después, el Alto Aragón se ha convertido en el principal foco de expansión del biometano en Aragón. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) tramita actualmente 31 proyectos en la provincia, una cifra que por sí sola supera las previsiones que el Plan Energético de Aragón Horizonte 2030 manejaba para toda la comunidad autónoma. Esto convierte a la provincia en uno de los territorios en los que más expansión experimenta esta industria.

La dimensión del fenómeno queda reflejada en los datos recopilados por el Gobierno de Aragón. De los aproximadamente 75 proyectos de biogás y biometano registrados en distintas fases de tramitación en la comunidad autónoma, 31 se localizan en territorio altoaragonés. La cifra supone cerca de la mitad del total de la comunidad y sitúa a la provincia como el principal laboratorio de una tecnología que aspira a transformar residuos ganaderos y agroalimentarios en gas renovable.

El crecimiento resulta especialmente significativo porque rompe las previsiones oficiales realizadas hace apenas unos años. El Plan Energético de Aragón contemplaba la implantación de entre 17 y 19 plantas en toda la comunidad para el horizonte de 2030. Hoy, Huesca por sí sola ya supera ampliamente esas estimaciones.

La explicación se encuentra en una combinación de factores. Aragón dispone de una de las mayores cabañas ganaderas de España, especialmente en el sector porcino. A ello se suma una potente industria agroalimentaria y la existencia de grandes volúmenes de residuos orgánicos susceptibles de ser aprovechados energéticamente. Además, el impulso europeo al biometano tras la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania ha convertido esta tecnología en una de las grandes apuestas de la transición energética.

Las plantas proyectadas comparten un mismo esquema de funcionamiento. Utilizan purines, estiércoles y residuos agroalimentarios como materia prima. Mediante un proceso denominado digestión anaerobia, esos residuos generan biogás. Posteriormente, el gas se depura hasta obtener biometano, un combustible renovable con características similares a las del gas natural convencional y que puede inyectarse en la red gasista.

La disponibilidad de residuos explica que buena parte de las iniciativas se concentren en comarcas con una elevada actividad ganadera como La Litera, Bajo Cinca, Los Monegros, el Somontano o la Hoya de Huesca.

Las empresas promotoras defienden estas instalaciones como una herramienta de economía circular. En abril de 2025, durante un foro agroalimentario celebrado en Aragón, la directora de Comunicación y Sostenibilidad de IAM Carbonzero, Miriam G. Armesto, resumía esa visión: “No hablamos solo de producir energía, sino de mejorar los suelos, proteger los acuíferos y gestionar residuos mediante economía circular”.

Ese planteamiento aparece de forma recurrente en las memorias técnicas presentadas ante la administración. El objetivo es convertir residuos que actualmente generan costes de gestión en recursos capaces de producir energía y fertilizantes.

Zaidín, la referencia que abrió el camino

La principal instalación operativa de la provincia se encuentra en Zaidín. Gestionada por el grupo Griñó, tiene capacidad para tratar unas 205.000 toneladas anuales de residuos procedentes de explotaciones ganaderas, industrias agroalimentarias y actividades agrícolas. Su historia refleja también la complejidad administrativa de este tipo de infraestructuras. Las instalaciones llevaban años construidas cuando finalmente comenzaron a funcionar en marzo de 2024. Durante ese tiempo se sucedieron distintas fórmulas de gestión y procedimientos administrativos hasta que la planta pudo entrar en explotación.

La instalación se ha convertido en la principal referencia del sector en Aragón. Su funcionamiento es observado con atención tanto por las empresas que impulsan nuevos proyectos como por las administraciones encargadas de evaluar los expedientes que continúan llegando al INAGA.

El mapa del biogás se extiende ya por buena parte de la provincia. Entre los proyectos más avanzados destacan las iniciativas promovidas por Glide Energy en Candasnos y Esquedas. Ambos fueron declarados de interés autonómico por el Gobierno de Aragón dentro de una inversión conjunta próxima a los 87 millones de euros.

La planta prevista en Candasnos contempla el tratamiento de unas 184.500 toneladas anuales de residuos orgánicos para producir biometano, fertilizantes y dióxido de carbono biogénico. El proyecto forma parte de una estrategia empresarial basada en el aprovechamiento de residuos ganaderos y agrícolas de la zona sureste de la provincia.

En Esquedas, a escasos kilómetros de la capital oscense, se proyecta otra instalación de características similares. La cercanía a Huesca ha contribuido a aumentar la visibilidad pública del proyecto y a situar el debate sobre el biometano en el entorno de la ciudad.

A estos expedientes se suman otros promovidos en municipios como Vencillón, San Esteban de Litera, Esplús, Barbastro o Loporzano. Algunos se encuentran todavía en fases iniciales de evaluación ambiental. Otros ya han pasado por periodos de información pública y esperan nuevas autorizaciones administrativas. La propia documentación autonómica permite observar que las iniciativas se distribuyen principalmente por las comarcas donde existe una mayor concentración de actividad ganadera, especialmente porcina.

Inversiones millonarias para el medio rural

La dimensión económica constituye uno de los principales argumentos utilizados por las empresas promotoras. Las memorias técnicas contemplan inversiones que en muchos casos superan los diez millones de euros por instalación. Algunos de los proyectos de mayor tamaño se acercan a los treinta millones. La planta promovida por Columbus Biogás en Esplús prevé una inversión aproximada de diez millones de euros. Por su parte, el proyecto impulsado en San Esteban de Litera forma parte de un paquete inversor superior a los sesenta millones de euros respaldado por el Ejecutivo autonómico.

En los acuerdos de declaración de interés autonómico, el Gobierno de Aragón destaca también la capacidad de estas instalaciones para generar actividad económica en municipios rurales. En el caso de las plantas promovidas por Glide Energy, la administración autonómica estimó la creación de 36 empleos directos y 105 indirectos durante la fase de explotación.

El elevado número de proyectos registrados no significa que todos vayan a convertirse en realidad. La experiencia acumulada durante los últimos años demuestra que la distancia entre la presentación de un expediente y la entrada en funcionamiento de una planta suele ser considerable. Los proyectos deben superar procedimientos ambientales, autorizaciones urbanísticas, informes sectoriales y, en muchos casos, nuevas infraestructuras asociadas al transporte del gas.

La planta de Zaidín constituye un ejemplo paradigmático de esos plazos. Aunque las instalaciones estaban terminadas desde años antes, no comenzaron a operar hasta 2024. Actualmente, según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón, trece de los 31 expedientes identificados en Huesca han alcanzado ya fases de información pública o las han superado. Los dieciocho restantes continúan en distintas etapas previas de tramitación.

Esa situación explica que resulte difícil anticipar cuántas de las iniciativas anunciadas llegarán finalmente a construirse. Aunque buena parte del debate se desarrolla en el ámbito administrativo, algunos proyectos han generado una notable movilización social. Los casos más visibles son los de Barbastro y Loporzano. En ambos municipios se han constituido plataformas ciudadanas y se han presentado alegaciones durante los procedimientos ambientales. En Barbastro, vecinos y colectivos locales han expresado sus dudas sobre la ubicación elegida y sobre las consecuencias derivadas del transporte de residuos.

Contestación ciudadana

La contestación ciudadana continúa organizándose en la Hoya de Huesca. Vecinos de Loporzano, Tierz, Siétamo y Quicena han constituido recientemente la asociación vecinal Estrecho Quinto, una plataforma creada para defender el territorio, el medio ambiente y la calidad de vida de los pueblos afectados por los proyectos industriales de biogás. La entidad surgió tras conocerse en enero el proyecto de instalación de una planta industrial en Loporzano y fija como primer objetivo la paralización de esta infraestructura.

Sus integrantes sostienen que el número de proyectos previstos en Aragón podría exceder las necesidades reales de gestión de residuos del territorio y denuncian la ausencia de una regulación autonómica específica que ordene el despliegue de estas instalaciones. Además, reclaman una mayor participación vecinal en la toma de decisiones y consideran que los municipios afectados deben tener más capacidad para evaluar el impacto acumulado de unas infraestructuras que, aunque se presentan como una solución para la valorización de residuos, están generando un creciente debate social en numerosas zonas rurales de España.

La cuestión ha llegado también al debate político. El concejal socialista en el Ayuntamiento de Huesca Fernando Sarasa advertía recientemente de la necesidad de ordenar el despliegue de estas instalaciones y señalaba que “estamos hablando de instalaciones que pueden afectar directamente al día a día de nuestros vecinos. No es un debate lejano ni teórico”.

La situación que vive Huesca encuentra paralelismos en otros territorios con una importante actividad ganadera, aunque pocas provincias concentran tantos proyectos en tan poco espacio. Castilla y León se ha convertido en la comunidad autónoma con mayor desarrollo previsto del sector, superando el centenar de iniciativas en distintas fases de tramitación, especialmente en provincias como Zamora, Valladolid, Segovia o Soria.

En Zamora, donde se acumulan más de una veintena de proyectos, la expansión del biogás ha provocado una fuerte movilización vecinal y la aparición de plataformas ciudadanas que reclaman una planificación más estricta. También Cataluña está experimentando un crecimiento notable, sobre todo en la provincia de Lleida, donde la elevada concentración de explotaciones porcinas ha favorecido la llegada de numerosas iniciativas vinculadas al biometano.

En Castilla-La Mancha destacan los proyectos promovidos en Toledo, Cuenca y Ciudad Real, mientras que en Andalucía el desarrollo se concentra principalmente en Sevilla, Córdoba y Jaén. Sin embargo, los 31 proyectos que actualmente tramita el INAGA en la provincia de Huesca convierten al Alto Aragón en uno de los territorios con mayor densidad de iniciativas de toda España, una cifra que supera el volumen total registrado en muchas provincias españolas y que explica la creciente preocupación social que ha comenzado a surgir en distintos municipios altoaragoneses.

La localidad oscense de Jaca ha acogido la reunión de lanzamiento de Legumis, una ambiciosa iniciativa de cooperación transfronteriza, en la que participa la Universidad de Zaragoza, a través del Instituto Agroalimentario de Aragón, y que combina la investigación con el compromiso social para transformar el cultivo de legumbres tradicionales en un motor de innovación, sostenibilidad e inclusión para zonas rurales de España y Francia.

Legumis tiene como objetivo fortalecer la sostenibilidad y la competitividad de las zonas rurales transfronterizas mediante la valorización de variedades locales de leguminosas. Para ello, el proyecto desarrollará actividades de investigación aplicada, caracterización de materiales vegetales, innovación alimentaria y transferencia de conocimiento al sector productivo. Una de las principales líneas de trabajo se centrará en el estudio del microbioma asociado a variedades tradicionales de judía y almorta. Esta investigación permitirá identificar microorganismos con potencial para mejorar la adaptación de los cultivos a condiciones de estrés hídrico y altas temperaturas.

Durante el transcurso de dos jornadas los pasados 21 y 22 de mayo se presentaron los objetivos del proyecto, las acciones a ejecutar y se sentaron las bases que van a regir el trabajo durante los tres próximos años, con un horizonte de ejecución que finalizará en marzo de 2029.

Estos trabajos incluirán análisis de secuenciación, el aislamiento de bacterias mediante técnicas de culturomics y ensayos para evaluar su capacidad de promoción del crecimiento vegetal. Entre los resultados previstos se encuentran la publicación de un informe técnico sobre los microorganismos identificados en las diferentes variedades, la creación de un banco de cepas bacterianas con potencial aplicación como bioinoculantes y la validación de su eficacia en condiciones reales de cultivo.

El proyecto abordará también la caracterización agronómica, nutricional y sensorial de cinco variedades locales españolas y francesas. Se estudiará su comportamiento durante el cultivo y tras la cosecha, evaluando aspectos relacionados con el secado, almacenamiento y conservación de la calidad. Asimismo, se analizarán sus propiedades nutricionales y tecnofuncionales con el fin de identificar oportunidades para el desarrollo de nuevos ingredientes y productos alimentarios. Se obtendrán recomendaciones de manejo postcosecha y perfiles de calidad para cada variedad, y se elaborará una guía de innovación alimentaria orientada al diseño de nuevos productos.

La transferencia de conocimiento al territorio constituye otro de los ejes fundamentales de Legumis. En colaboración con productores locales, se organizarán actividades formativas sobre el cultivo de variedades tradicionales, el manejo sostenible de los sistemas productivos y la aplicación de las innovaciones desarrolladas en el proyecto. También se impulsarán acciones dirigidas a la creación de productos de valor añadido y a la difusión del patrimonio gastronómico asociado a las legumbres del espacio transfronterizo.

Entre los materiales previstos figuran manuales técnicos para agricultores y productores, una guía de aplicaciones alimentarias innovadoras y diversas acciones de divulgación orientadas a fomentar el conocimiento y consumo de estas variedades locales.

Los beneficiarios, agricultores y productores locales

Con una duración de tres años (2026-2029), 'Legumis. Cooperación y transferencia para valorizar las legumbres locales como modelo de innovación y sostenibilidad en las zonas rurales' se encuadra en el programa Poctefa de la Unión Europea, entidad que cofinancia el 65% de su presupuesto total (más de 800.000 euros).

Los elementos innovadores del proyecto incluyen el estudio del microbioma de las leguminosas, la recuperación de variedades tradicionales para mitigar los efectos del cambio climático, la aplicación de tecnologías para modular el perfil nutricional y sensorial, y la integración de personas con discapacidad en la producción, promoviendo así la inclusión social. Los beneficiarios son principalmente agricultores, productores locales y personas con discapacidad, quienes podrán acceder a nuevas oportunidades laborales y económicas en el sector agrícola.

Participan ocho entidades socias, incluyendo universidades, centros de investigación, empresas y entidades sociales de España y Francia: liderado por la Universidad de Zaragoza a través del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), por la parte española participan además el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), ATADES y Sargantana; en la parte francesa encontramos a la Université de Pau et de Pays de L'Adour, IPREM-CNRS, Haricot Tarbais IGP, Les Insatiables-Groupe SOS. También participa UAGA como entidad asociada.

El trabajo contará además con la colaboración de cincuenta productores locales de leguminosas, que se beneficiarán de formación y transferencia tecnológica derivados del proyecto. También se espera que los eventos y actividades de divulgación que se desarrollen alcancen a más de 400 personas.

La directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, ha anunciado este lunes en Andorra (Teruel) que el Gobierno dará prioridad a los próximos proyectos adjudicatarios del Concurso de transición justa del Nudo Mudéjar para acelerar su implantación.

“El Consejo de Ministros, en una de sus próximas reuniones, otorgará la consideración de proyectos preferentes a las instalaciones de generación renovable y almacenamiento adjudicatarias del concurso; esto permitirá acortar sensiblemente los plazos para que la generación de empleo y los demás beneficios socioeconómicos asociados lleguen cuanto antes a los municipios de transición justa de Aragón”, ha detallado.

La directora del ITJ, organismo adscrito al Ministerio para la Transición Justa y el Reto Demográfico (Miteco), ha hecho estas declaraciones en Andorra (Teruel) durante una jornada de trabajo con los ayuntamientos de la Zona de Transición Justa de Aragón y con agentes sociales signatarios del Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre.

La visita de Carreras se produce después de que el ministerio otorgara a Enel Green Power la autorización administrativa previa para instalar unos 400 MW de instalaciones de generación renovable y almacenamiento vinculados al Concurso, lo que ha generado numerosas críticas tanto en el Gobierno de Aragón, como en el territorio y entre los agentes económicos y sociales, que ven el proyecto “insuficiente”.

Esta adjudicación implica la creación de unos 80 empleos directos y 1.300 indirectos, incluyendo los asociados a actuaciones socioeconómicas, hasta agosto de 2029 --empleos a tiempo completo anualizado--, entre otros compromisos.

Más de 900 MW de capacidad liberados

Con esta autorización administrativa previa se liberan más de 900 MW de capacidad de acceso del Nudo, que el ITJ ofrecerá al resto de los participantes, recogidos en la orden TED/1146/2022. A tal efecto, ya se está tramitando por la vía de urgencia la modificación de la orden TED/1182/2021. Estos proyectos también estarán ligados a la creación de un determinado nivel de empleo, entre otros compromisos.

Adicionalmente, el Ejecutivo central acordará en uno de los próximos Consejos de Ministros declarar que estos nuevos proyectos como instalaciones energéticas estratégicas, de modo que pasen a ser considerados proyectos energéticos preferentes, de acuerdo con lo dispuesto en el reciente Real Decreto-ley 7/2026.

Se considerarán urgentes los procedimientos de autorización, declaración de impacto ambiental, resoluciones administrativas y resolución de recursos administrativos. Además, se priorizará la emisión de los informes que deban emitirse durante los procedimientos de consulta establecidos en la normativa, siempre salvaguardando las garantías ambientales, energéticas o de ordenación territorial.

El ITJ ya ha concedido 520 millones de euros para 180 proyectos empresariales, municipales y de restauración ambiental en la zona de transición justa de Teruel, ligados al compromiso de creación de más de 500 empleos con las ayudas vigentes.

La continuidad de Escolarte, el programa que acerca la artesanía a los colegios aragoneses desde hace más de dos décadas, está en el aire. La Asociación Profesional de Artesanos de Aragón asegura que la falta de financiación y la incertidumbre sobre las ayudas públicas impiden planificar el próximo curso de una iniciativa en la que participan cada año cerca de 3.000 escolares de toda la comunidad.

El proyecto, que se desarrolla en colaboración con el Centro de Artesanía de Aragón, permite a los alumnos conocer distintos oficios a través de talleres impartidos por profesionales del sector. Ceramistas, joyeras, artesanas textiles o luthiers forman parte de una programación por la que pasan más de 80 centros educativos y que busca acercar a los jóvenes a unos oficios cada vez menos conocidos. “Es lo primero que se va a perder y no debería ser así”, lamenta la presidenta de la asociación, Alejandra Castro. “Lo que hacemos es promover la artesanía, explicar en qué consiste y conseguir que la gente tome conciencia de lo que significa ser artesano”.

Según explica, la situación está relacionada con la financiación que la entidad recibe —o recibía— para desarrollar distintas actividades vinculadas al Centro de Artesanía. La asociación gestiona este espacio desde 2014 y hasta el año pasado contó con subvenciones nominativas para impulsar programas como Escolarte. En 2025 la ayuda llegó con retraso y se redujo respecto a ejercicios anteriores. Este año, sin embargo, no se ha concedido ninguna aportación. Castro asegura que el Gobierno de Aragón considera incompatible recibir este tipo de subvenciones mientras la asociación mantenga la concesión del centro: “Estamos dispuestos a buscar soluciones y a ceder en algunas cuestiones si hace falta, pero necesitamos un compromiso para poder salvar programas como Escolarte”, afirma.

Así lo explican desde el Departamento de Economía, Empleo e Industria. Sostienen que la solicitud presentada por la asociación no puede atenderse por motivos legales. El Ejecutivo explica que la actual normativa limita la concesión de subvenciones nominativas y que los informes de Intervención consideran incompatible conceder ayudas a la entidad que gestiona el Centro de Artesanía para actividades que forman parte de sus obligaciones. El Gobierno de Aragón añade además que la legislación no permite una doble financiación pública y recuerda que la asociación podrá concurrir a futuras convocatorias competitivas. “No podemos ni vamos a incumplir la normativa”, señalan desde el departamento, que asegura haber estudiado distintas alternativas junto a Hacienda y mantener contactos con la entidad.

La preocupación se centra especialmente en los plazos. Los meses de junio y julio son fundamentales para diseñar los talleres, coordinar agendas y preparar la programación del curso siguiente. Sin una previsión económica clara, la asociación asegura que resulta muy complicado organizar una actividad que moviliza a decenas de profesionales y miles de alumnos. Además del impacto educativo, la entidad destaca que el programa supone una importante herramienta de visibilidad para el sector. “Más allá de lo económico, permite que los escolares conozcan nuestro trabajo y entiendan el valor que tiene la artesanía”, señala Castro.

Los artesanos aseguran que esperan una reunión con el Ejecutivo para tratar de desbloquear la situación y poder mantener este programa con más de veinte años de experiencia.

Segundo conflicto en menos de un año

La incertidumbre sobre la financiación no es nueva para el sector. El pasado diciembre, la Feria de Artesanía Aragonesa, que llevaba cerca de cuatro décadas celebrándose en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, tuvo que cambiar de ubicación, reducir su duración y contar con la mitad de expositores que en la edición anterior.

Los artesanos atribuyeron entonces la situación a los problemas presupuestarios derivados de la reducción de las ayudas públicas y alertaron del aumento de los costes que debían asumir los propios profesionales para participar en la muestra. El Gobierno de Aragón reconoció que la prórroga presupuestaria había dificultado la tramitación de algunas subvenciones, aunque defendió que mantenía su apoyo al sector a través de distintas líneas de financiación.

La presidenta de la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón, Alejandra Castro, sostiene que las ferias han podido mantenerse gracias a la aportación de los propios socios, pero advierte de que programas como Escolarte requieren de respaldo institucional. “Las ferias son lo que menos afectado se ve porque lo aportamos los socios, pero programas como Escolarte necesitan que haya un apoyo”, señala.

Este fin de semana se cumplen 18 años de la inauguración de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, el acontecimiento que transformó la ciudad con nuevas infraestructuras, equipamientos y espacios públicos ligados al agua. Casi dos décadas después, el balance de aquel legado es desigual. Mientras algunas de las obras construidas para la muestra forman parte ya de la vida cotidiana de Zaragoza o han encontrado una nueva utilidad, otros espacios permanecen cerrados, degradados o pendientes de un proyecto definitivo.

Las críticas se han intensificado en los últimos años de la mano de la asociación Legado Expo, que ha alertado en numerosas ocasiones sobre el deterioro de parte del recinto y del Parque del Agua. Este mismo viernes, coincidiendo con el aniversario, la portavoz municipal del PSOE, Lola Ranera, reclamó un plan específico para recuperar algunos de los espacios más deteriorados de la muestra de cara al vigésimo aniversario, que se celebrará en 2028: “Es prioritario que el Parque del Agua siga siendo un instrumento de las familias, siga siendo ese espacio de ocio, de hostelería, de restauración, que hemos disfrutado durante estos años”.

El Parque del Agua es uno de los grandes legados que dejó la Expo 2008 y el mayor espacio verde de Zaragoza. Sus 120 hectáreas transformaron el meandro de Ranillas en una zona de ocio, deporte y naturaleza articulada alrededor de un complejo sistema de canales, lagunas y filtros verdes que aprovechaba el agua del Ebro. Sin embargo, desde hace tiempo acumula denuncias por el estado de parte de sus instalaciones. La asociación Legado Expo alerta de problemas de mantenimiento en el sistema hídrico y advierte de que el deterioro de los filtros verdes, los canales y las lagunas puede afectar al funcionamiento de un espacio diseñado precisamente en torno a ese circuito. A ello se suman actos vandálicos, mobiliario deteriorado, señalización dañada y el cierre o la degradación de varias concesiones que durante años contribuyeron a dinamizar el parque.

Entre los ejemplos más visibles figuran las antiguas Playas de la Expo. Durante años fueron uno de los principales reclamos del Parque del Agua, con piscinas, zonas de baño y actividades recreativas que atraían a miles de usuarios cada verano. Sin embargo, permanecen cerradas desde 2024 y la vegetación ha acabado por adueñarse de buena parte de las instalaciones. La asociación Legado Expo ha llegado a comparar algunas zonas del parque con el “plató de Supervivientes” para denunciar la falta de mantenimiento y el crecimiento descontrolado de la maleza.

La situación está ligada al conflicto judicial abierto en torno a la concesión. En 2022 el Ayuntamiento adjudicó la gestión a una nueva empresa, que debía asumir inversiones superiores a 700.000 euros para completar actuaciones pendientes de la anterior concesionaria. La adjudicataria rechazó esa obligación, recurrió la decisión municipal y finalmente comunicó su renuncia al considerar inasumible la inversión exigida. El procedimiento continúa pendiente de resolución judicial y, mientras tanto, continúan cerradas y sin fecha de reapertura.

Otros espacios pendientes

El deterioro también alcanza a algunos de los edificios más emblemáticos de la muestra. El caso más evidente es el del Pabellón de España, diseñado por Patxi Mangado, que permanece cerrado desde el 14 de septiembre de 2008. Durante estos casi 18 años han pasado por la mesa distintas propuestas para darle uso, desde proyectos universitarios hasta iniciativas vinculadas a la investigación o la formación, pero ninguna ha llegado a materializarse. El último intento del Gobierno de Aragón ha sido solicitar al Estado la cesión del inmueble para trasladar allí el Conservatorio Profesional de Música o impulsar un centro de formación ligado a las nuevas tecnologías. Sin embargo, el Ejecutivo central mantiene la titularidad del edificio y asegura contar con un proyecto propio para su futuro, aunque por ahora no ha trascendido en qué consistirá.

El Pabellón de Aragón tampoco ha encontrado todavía un uso estable. Cerrado desde el final de la Expo, el edificio ha sufrido durante años actos vandálicos y problemas de conservación mientras se sucedían las propuestas sobre su futuro. Entre ellas, el Gobierno de Aragón llegó a plantear su candidatura para albergar la futura Agencia Estatal de Salud Pública. Sin embargo, cualquier proyecto pasa por una rehabilitación integral que requerirá una importante inversión.

Durante la Expo 2008 se realizaron decenas de intervenciones artísticas repartidas por el recinto, el Parque del Agua y las riberas del Ebro con el objetivo de integrar el arte contemporáneo en el espacio público y dejar un legado cultural permanente para la ciudad. Esculturas, instalaciones y elementos paisajísticos de artistas como Jaume Plensa, Isidro Ferrer, Javier Peñafiel o Fernando Sinaga pasaron a formar parte del paisaje urbano de Zaragoza. Sin embargo, la asociación Legado Expo denuncia que algunas de estas obras presentan pintadas y signos de deterioro, otras han desaparecido y varias llevan años sin mantenimiento. Según la entidad, la falta de definición sobre la titularidad de algunas piezas ha dificultado su conservación durante estos años.

Tampoco todas las infraestructuras construidas para mejorar la conexión con el recinto se encuentran en perfecto estado. Aunque sigue siendo utilizada a diario por miles de peatones y ciclistas, la Pasarela del Voluntariado, diseñada por el ingeniero Javier Manterola para conectar el Actur y La Almozara, ha acusado el paso del tiempo y los actos vandálicos. El Ayuntamiento la ha incluido en un plan específico de revisión de puentes y pasarelas de la ciudad, después de que los estudios previos detectaran problemas de corrosión, rotura de cristales en los parapetos laterales y desgaste en distintos elementos y la previsión es acometer una intervención integral en los próximos años.

Entre los legados menos conocidos figura también el túnel de la A-68, terminado pero nunca inaugurado. Concebido para absorber hasta 2.500 vehículos por hora y facilitar la conexión entre el centro de la ciudad, la estación intermodal y la autovía, la infraestructura permanece cerrada 18 años después por la falta de financiación para completar su equipamiento.

Los iconos que buscan una segunda vida y los que funcionan

La Torre del Agua es uno de los ejemplos de recuperación del legado de la Expo. Tras permanecer sin uso público durante casi dos décadas, el Gobierno de Aragón ha iniciado ya las obras para transformarla en el denominado Faro de la Logística. La actuación incluye la reparación de desperfectos acumulados durante años, la construcción de un mirador panorámico, la creación de nuevos espacios multifuncionales y la renovación completa de su envolvente exterior y la reapertura está prevista para 2027.

Otro de los proyectos que simbolizan esta recuperación es el Canal de Aguas Bravas. Después de años cerrado y convertido en uno de los ejemplos más visibles del fracaso de algunas concesiones post-Expo, la instalación volverá a funcionar este mismo año. El Ayuntamiento adjudicó su gestión a Océano Atlántico por un periodo de 20 años y la empresa invertirá más de medio millón de euros en su puesta en marcha. La instalación combinará usos deportivos, turísticos y formativos, con actividades de rafting, kayak, hidrospeed y entrenamiento para competiciones de alto nivel. La previsión es que pueda acoger también pruebas nacionales e internacionales.

El Pabellón Puente es ahora el Mobility City, un proyecto impulsado por Fundación Ibercaja dedicado a la movilidad sostenible. Inaugurado en 2023, el centro acoge exposiciones, actividades divulgativas y eventos relacionados con la innovación y el transporte del futuro. Además de devolver la actividad a uno de los edificios más reconocibles de Zaragoza, el proyecto se ha consolidado como uno de los principales atractivos culturales del recinto Expo y recibió cerca de 200.000 visitantes en su primer año de funcionamiento. Este espacio, diseñado por la arquitecta Zaha Hadid y considerado una de las obras más emblemáticas de la Expo fue planteado a la vez como puente peatonal y pabellón expositivo sobre el Ebro. Sin embargo, permaneció durante años sin un uso estable tras la clausura de la muestra, aunque su situación cambió hace tres años.

El Puente del Tercer Milenio, construido como principal acceso al recinto desde la margen derecha del Ebro, forma parte de la red viaria habitual de la ciudad y soporta diariamente miles de desplazamientos de vehículos, peatones y ciclistas. Aunque el paso del tiempo ha dejado huella en elementos como los cerramientos de cristal y la infraestructura ha sufrido episodios de vandalismo, sigue siendo una de las obras de ingeniería más emblemáticas surgidas de la Expo y mantiene el título de mayor puente de arco suspendido de hormigón del mundo.

También se ha convertido en un espacio relevante en la ciudad el Palacio de Congresos, uno de los equipamientos que mejor ha aprovechado el legado de la muestra. Desde su inauguración en 2008 ha acogido congresos profesionales, ferias, convenciones empresariales, conciertos y eventos culturales, convirtiéndose en una referencia nacional en el turismo de reuniones y en uno de los principales espacios congresuales de Aragón.

Otro de los casos más exitosos es el Acuario Fluvial, el único gran pabellón de la Expo que nunca cerró sus puertas tras la clausura del evento. Considerado el mayor acuario fluvial de Europa, se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de Zaragoza y en 2025 registró cifras récord de visitantes, reforzando su posición como la instalación de pago más visitada de la ciudad.

La reconversión de los antiguos pabellones de países y comunidades autónomas constituye el ejemplo más discreto pero también más efectivo de reutilización del recinto. Lo que durante los tres meses de la Expo fueron espacios expositivos alberga hoy oficinas, servicios administrativos y equipamientos judiciales. El complejo empresarial gestionado por Expo Zaragoza Empresarial roza el 95% de ocupación y reúne a decenas de empresas y miles de trabajadores, mientras que edificios como Fueros de Aragón y Vidal de Canellas acogen la Ciudad de la Justicia.

Más allá de los edificios emblemáticos, buena parte de las grandes infraestructuras asociadas a la Expo se han integrado completamente en el funcionamiento cotidiano de Zaragoza. La estación intermodal de Delicias se ha consolidado como el principal nodo ferroviario y de transporte por carretera del noreste de España; la Ronda Norte continúa siendo una de las principales vías de distribución del tráfico urbano; y la ampliación del aeropuerto forma parte de la red logística que ha convertido a Zaragoza en uno de los principales polos de mercancías del país.

La provincia de Huesca ha pasado de emitir apenas 219 certificados sanitarios de exportación en 2022 a superar los 7.500 en 2025, un crecimiento de más del 3.300% que coincide con la puesta en marcha de la Terminal de Inspección de Mercancías (TIM) de Monzón y del servicio de inspección y certificación de exportaciones de la Unidad de Agricultura de la Subdelegación del Gobierno.

Desde su puesta en marcha, la Unidad de Agricultura ha emitido más de 14.400 certificados sanitarios para exportaciones a terceros países, consolidándose como un servicio estratégico para uno de los principales polos agroindustriales del país.

Hasta la creación de este servicio en junio de 2023, buena parte de las exportaciones agroalimentarias generadas por empresas del este de la provincia debían tramitarse en Cataluña, principalmente en Lleida, por lo que la actividad administrativa asociada a estas operaciones computaba fuera de Aragón. La apertura de la TIM permitió que las inspecciones y certificaciones necesarias para exportar a países de fuera de la Unión Europea comenzaran a realizarse en Huesca, acercando además el servicio a las empresas exportadoras.

Los datos reflejan con claridad esta transformación. En 2022, antes de la puesta en marcha del servicio, la provincia registró únicamente 219 certificados de exportación. Tras su entrada en funcionamiento en junio de 2023, se emitieron 2.141 certificados durante los primeros siete meses de actividad. En 2024 la cifra ascendió a 4.771 y en 2025 alcanzó los 7.535 certificados, un 57,9% más que el año anterior.

En 2022, Huesca ocupaba el puesto 40, el penúltimo de la lista y solo por delante de Melilla en el listado sobre la evolución de las unidades certificadoras para exportación. En 2025 ascendió al noveno puesto y en lo que va de 2026 ha subido otro escalón. Mientras tanto, Lleida registraba 29.477 certificados, situándose como la tercera unidad certificadora de España. En 2025 se situó por detrás de Huesca con 6.807 certificados.

La mayor parte de las empresas usuarias, cerca del 95%, se concentran en la franja oriental de la provincia, especialmente en Binéfar, Monzón, Tamarite de Litera, San Esteban de Litera y Fraga. Se trata de una zona con una potente industria cárnica y agroalimentaria cuya actividad exportadora tiene una importante presencia en mercados internacionales.

El crecimiento registrado en los últimos años ha situado además a Huesca entre las principales provincias españolas en actividad certificadora. Según los datos del Ministerio de Agricultura, la provincia ocupa ya el octavo puesto nacional en número de certificados de exportación animal, por delante de territorios con una larga tradición exportadora como Lleida, Tarragona o Toledo.

La evolución resulta especialmente significativa porque se ha producido en un contexto complejo para el comercio exterior. Durante 2025, la detección de casos de peste porcina africana en España provocó restricciones y cierres temporales en algunos mercados internacionales, entre ellos Japón, uno de los principales destinos de las exportaciones gestionadas desde la TIM de Monzón. Pese a ello, la actividad certificadora continuó creciendo y alcanzó un nuevo máximo histórico.

En la actualidad, la Unidad de Agricultura de la Subdelegación del Gobierno en Huesca cuenta con tres funcionarias adscritas y se ha consolidado como una herramienta fundamental para facilitar las exportaciones agroalimentarias a mercados extracomunitarios, garantizando el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos por los países de destino.

La puesta en marcha de la TIM de Monzón no solo ha permitido agilizar los trámites para las empresas altoaragonesas. También ha conseguido que una actividad económica generada en Huesca deje de contabilizarse en otras comunidades autónomas y pase a reflejarse en las estadísticas de la provincia, que en apenas tres años ha escalado hasta situarse entre las siete primeras de España en certificación de exportaciones animales.

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha notificado a la empresa Enel Green Power la firma de la autorización administrativa previa de 406,3 megavatios de potencia renovable y almacenamiento relativos al concurso de transición justa del Nudo Mudéjar de Andorra (Teruel).

Fuentes del Miteco han recordado que “el proyecto presentado por Enel ha experimentado una reducción de potencia significativa tras la Evaluación de Impacto Ambiental, que incorpora los condicionantes técnicos aportados por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y la Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca del Gobierno de Aragón, como los vinculados al control de escorrentías y a la protección de cauces y fuentes”.

Ahora el Ministerio va a proponer la modificación de la Orden TED/1182/2021, por la que se regula y convoca el citado Concurso, para que la capacidad de acceso del Nudo liberada por ENEL, de 937 MW, se reasigne dentro del propio Concurso y se maximice la eficiencia del procedimiento.

Esta modificación se someterá a consulta pública en las próximas semanas, con vistas a culminar el procedimiento administrativo el próximo otoño. Con ello, el Instituto para la Transición Justa (ITJ) podrá ofrecer individualmente la capacidad liberada a los demás concurrentes, de acuerdo con el orden de prelación resultante del Concurso.

Compromisos socioeconómicos

Tanto Enel como el resto de los adjudicatarios tendrán que cumplir con los compromisos socioeconómicos asociados al volumen de capacidad de acceso que obtengan, en beneficio de la zona de transición justa.

El ITJ, siguiendo con lo recogido en la base 23.3 de la Orden TED/1182/2021, procederá al reajuste proporcional de los compromisos de Enel, que supone mantener de 13 empleos directos equivalentes a tiempo completo (ETC) en construcción y puesta en marcha, otros 71 ETC directos en operación y mantenimiento y 1.310 ETC indirectos, todos ellos respaldados por la garantía asociada al Concurso.

De este modo, Transición Ecológica refuerza su apoyo al territorio, donde ya ha concedido 520 Meuro para 180 proyectos empresariales, municipales y de restauración ambiental, de los cuales hay el compromiso de creación de más de 500 empleos con las ayudas vigentes.

“Insuficiente” para el Gobierno de Aragón

Por su parte, la consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha afirmado que el proyecto de Enel Green Power para el Nudo Mudéjar es “claramente insuficiente” y que la autorización administrativa emitida este martes por el Ministerio “vuelve a perjudicar a la región”.

Es “una autorización que supone una reducción drástica de la inversión en casi un 80% del proyecto que el mismo Ministerio de Transición Ecológica había adjudicado hace casi cuatro años”, ha apuntado. “Se trata, por tanto, de una nueva decisión del Gobierno de España que vuelve a perjudicar a la región, que significa menos inversión, menos empleo y menos oportunidades para la zona, y que refleja, una vez más, la falta de planificación y la falta de visión integral del Gobierno de España, que se inició cuando, hace casi seis años, tomó una decisión puramente ideológica de cierre de la central de Andorra”.

“En un momento en el que el Ministerio de Transición Ecológica prácticamente nada más haber llegado a la ministra Rivera, sentenció a este tipo de centrales. Pero además la situación en la que nos encontramos sigue siendo consecuencia de decisiones consecutivas del mismo Ministerio de Transición Ecológica”, ha continuado Valle.

Dijeron 'basta' y lo mantienen, pese al quebranto económico que les causa seguir de huelga tras dos semanas. Las trabajadoras del sector de la limpieza –en su inmensa mayoría son mujeres y de más de 50 años– de la provincia de Zaragoza se han concentrado este lunes para reclamar a la patronal un “convenio justo” ante una situación insostenible para ellas, con unos salarios al borde de la ilegalidad que ahora se pueden ver amenazados por nuevos recortes: la propuesta de actualización salarial no llega al IPC y encima va acompañada de recortes en los derechos laborales.

Con una ruidosa concentración convocada por los sindicatos UGT, CCOO y OSTA en la capital aragonesa a las puertas del edificio Aída, donde tiene su sede el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), y justo antes de la reunión convocada por la patronal –ASPEL y Asoal– para seguir negociando, cientos de personas han reivindicado lo que consideran de justicia. Tras seis horas, no ha habido acuerdo y las centrales han anunciado que la huelga continúa. Este martes por la mañana hay prevista una asamblea para dar a conocer los pormenores de la negociación.

“Estamos cansadas de que la patronal nos traten como basura, porque así es como nos trata”, ha lamentado María Gracia, que explica que lleva “23 años trabajando” y pese a ello bordea el salario mínimo: “No llego a los 1.000 euros al mes netos”. “Y encima nos quieren quitar días de incapacidad temporal es que es una barbaridad”, lamenta.

Milagros también cuenta su día a día. Trabaja para una entidad bancaria a través de una contrata y tiene jornada parcial de 35 horas. Su sueldo neto, incluido el plus del autobús, es de 991 euros. “Es que así no te da para hacer nada en la vida. Y yo tengo la suerte de que hago la que más oficinas, ¿eh? Tengo compañeras que hacen menos horas; alguna, en una sola oficina 36 minutos: le cuesta más desplazarse hasta ahí y volver que el tiempo de trabajo. Me parece vergonzoso”.

Esta empleada recuerda que la culpa no es de su empresa, sino del sector en general. “Yo pertenezco a una contrata que va a más sitios, también a fábricas. Nuestro sector es muy duro: solo quieren subirnos un 2,5%, quitarnos la IT y encima incluir el transporte en el sueldo para llegar al salario mínimo”, critica.

En su caso tiene también la fortuna de que no debe “nada a nadie”, porque asumir un alquiler sería “impensable”. “Las empresas grandes no nos consideran persona, sino números, procesos. Y eso que hacemos hasta de mantenimiento: cuando vemos una cosa rota, avisamos. Llevamos a cabo otras labores que no nos corresponden. Vamos, yo hablo por mí pero sé que mis compañeras también”, explica.

Cerca de ella, Raquel Rangil insiste en argumentos similares, ya que todas tienen interiorizadas las injusticias que denuncian. “Hay muchas mujeres que tienen jornadas de 3 horas y 20 minutos, que viven solas y que no se puede mantener, no pueden ni pagar la luz”, lamenta. Se muestra en contra de que la patronal quiera “absorber el plus del transporte para que alcance el salario mínimo interprofesional” y también que quieran recortar la incapacidad temporal: “Nos quieren quitar ese beneficio”. Y reclama “una jornada más de vacaciones” al año.

Ella hace jornada completa, pero muchas de sus compañeras afrontan situaciones críticas. “Nos están echando un pulso –ataca a la patronal–. ”El viernes podrían haber llegado a algún acuerdo y nos castigaron haciéndonos pagar el fin de semana (para alargar la negociación). Nos han mantenido hasta hoy a las tres de la tarde para ver cuánta gente volvía a trabajar dentro de su precariedad. Claro está que mañana habrá mucha más gente porque estamos ahogadas“, reivindica.

Marian Prado, también trabajadora de la limpieza, explica que el suyo es un “sector feminizado y muy precario”, en el que se abusa de las jornadas parciales: “Hay mujeres que para hacerse una jornada de siete horas emplean diez recorriéndose Zaragoza”, destaca. De ahí su lucha, que aspira a que dejen de ser “trabajadoras de cuarta o quinta categoría”.

Ella se considera dentro de lo que cabe privilegiada por una circunstancia: hasta 1994 estuvo cobrando el plus de antigüedad; después ese plus se esfumó, pero algo aún conserva. Pero no es la tónica general: “Una compañera mía limpia tres horas a la semana en un centro comercial, todo para completar un salario mierdoso. Y somos un sector que, como ves, tenemos todas 50 y pico años, ya con una edad en la que empezamos a tener achaques. No se puede vivir con estos salarios”, incide.

Un sueldo que no les da ni para el alquiler: “Si tuviera que asumirlo, no me daría. Hay muchas mujeres que aunque trabajan siguen en la pobreza.

La huelga de las trabajadoras de la limpieza en Zaragoza ha causado ya importantes problemas debido al gran seguimiento que está teniendo. Plantas como la de BSH en la capital aragonesa –donde han tenido que negociar un ERTE temporal– o la de Stellantis en Figueruelas presentan graves problemas, e incluso ha llegado a cernirse el fantasma del cierre obligado en las factorías por la imposibilidad de continuar en ese contexto.

De hecho, el comité de huelga denunció ya la semana pasada que algunas empresas estarían recurriendo a prácticas destinadas a reducir el impacto de los paros. Entre las situaciones trasladadas a los representantes sindicales figuraban precisamente presuntas sustituciones de trabajadores en huelga en los mencionados centros.

Asimismo, las organizaciones convocantes aseguran que se ha producido un despido relacionado con el seguimiento de la huelga en el servicio que la empresa Eulen presta para Profand, una circunstancia que consideran especialmente grave.

Ante esta situación, los sindicatos han anunciado un refuerzo de los piquetes informativos en distintos centros de trabajo para garantizar el ejercicio del derecho a la huelga y denunciar cualquier posible vulneración de este. Los representantes de los trabajadores sostienen que los servicios mínimos fijados por las administraciones están dificultando el desarrollo de la protesta y aseguran que en algunos centros el número de empleados presentes es similar al de una jornada ordinaria.

Aragón y la Región de Murcia registraron la mayor subida del precio de la vivienda libre en el primer trimestre del año con aumento del 15,6% respecto al mismo periodo de 2025, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes en el que se apunta un ascenso del 12,9% de media en todo el país, manteniendo el mismo crecimiento interanual que registró en el último cuarto del año pasado.

Esta tasa del 12,9% es la más elevada desde el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, y se produce después de que la vivienda de segunda mano haya experimentado en el primer cuarto del año su mayor incremento en 19 años, con un fuerte avance del 13,5%.

Con la subida del primer trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 48 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 9,1% interanual en el primer trimestre, 2,1 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el cuarto trimestre de 2023, mientras que el precio de la vivienda usada se disparó un 13,5%, tasa cuatro décimas superior a la del trimestre previo y la más elevada de toda la serie histórica, que arranca en 2007.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el primer trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos.

Además de en Aragón y Región de Murcia, los precios también crecieron especialmente en Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta, donde avanzaron un 14,9% en los dos casos.

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Cataluña y Navarra (+10,5% en ambos casos) y en País Vasco (+10,2%).

El precio acelera su avance trimestral

En tasa trimestral (primer trimestre de 2026 sobre cuarto trimestre de 2025), el precio de la vivienda libre subió un 3,5%, tasa 1,7 puntos superior a la del último trimestre del año pasado y la más elevada desde el segundo trimestre de 2025, cuando el precio creció un 4%.

Con la subida registrada entre enero y marzo de este año, el precio de la vivienda libre encadena nueve trimestres consecutivos de alzas trimestrales.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva subió un 3,5% trimestral, frente al incremento del 2,2% del trimestre anterior. El del primer trimestre de este año ha sido el crecimiento trimestral más elevado en esta tipología de vivienda desde el primer trimestre de 2025, cuando subió un 5,5%.

Por su parte, el precio de la vivienda de segunda mano aumentó también un 3,5% en comparación con el cuarto trimestre de 2025, tasa 1,7 puntos superior a la del trimestre anterior y la más alta desde el segundo trimestre del año pasado.

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de Zaragoza, donde fue recibido por la alcaldesa, Natalia Chueca Muñoz. Durante el encuentro, trasladó información sobre el plan de expansión de la entidad y sus perspectivas de futuro en Aragón, así como sobre su actividad en la capital aragonesa.

La reunión permitió abordar los avances de la red comercial que Eurocaja Rural está desplegando a nivel nacional y, de forma concreta, en Aragón, donde en febrero de 2025 abrió su primera oficina en Zaragoza, ubicada en la avenida Cesáreo Alierta, 24. Según la entidad, esta expansión se enmarca en su estrategia de implantación territorial en un contexto marcado por la reducción del número de oficinas bancarias en los últimos años. En este sentido, señala que es la única entidad financiera presente en 73 localidades, donde residen más de 89.000 personas, y que cuenta además con 266 oficinas en municipios de menos de 5.000 habitantes, que prestan servicio a más de 550.000 clientes.

Martín López trasladó a la alcaldesa la apuesta de la entidad por mantener un modelo basado en la atención personalizada y el asesoramiento profesional, así como su disposición a colaborar con las administraciones públicas dentro de su ámbito de actuación.

Asimismo, recordó que Eurocaja Rural, en su condición de cooperativa de crédito, desarrolla distintas iniciativas a través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (FEP), dirigidas a ámbitos como la acción social, la inclusión, la atención a personas con discapacidad y el desarrollo económico.

En este sentido, aludió a las Ayudas Sociales concedidas a entidades aragonesas, entre ellas la Fundación para la Atención del Menor (FAIM) de Zaragoza, en la categoría de Colectivos Vulnerables, por un taller dirigido a mujeres jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad; a Plena Inclusión Aragón, por el proyecto “¿Quién es más Saputo? Creación del primer juego de cartas en Lectura Fácil”, destinado a personas con dificultades de comprensión y orientado a divulgar el patrimonio histórico aragonés; y a la asociación ARAELA con motivo de la Carrera Solidaria contra la ELA de 2025, en la que participaron más de 5.300 personas y se recaudaron 103.400 euros. La cantidad obtenida se destinó íntegramente a ocho entidades vinculadas a la lucha contra esta enfermedad: ARAELA (Aragón), Asociación Regional ELA CLM-Adelante, ADELA Madrid, ELA Castilla y León, ADELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, CanELA (Cantabria) y VencELA (La Rioja).

En el encuentro también estuvieron presentes el director de la División de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Escalante Pinel; la directora territorial de la entidad en Aragón, Silvia Díaz Belver; y la directora de la oficina de Zaragoza, Paula García Ríos. Por parte del Ayuntamiento asistió asimismo la consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans García.

Actualmente, Eurocaja Rural está presente en once comunidades autónomas —Aragón, Extremadura, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Andalucía y Asturias—. Su red comercial cuenta con 517 oficinas y el Grupo Económico Eurocaja Rural integra a más de 1.400 profesionales.

El programa de apoyo al comercio local Volveremos arranca este miércoles una nueva edición con dos novedades principales: la incorporación de más actividades autónomas al tramo financiado por el Gobierno de Aragón y una funcionalidad similar a Bizum que permitirá transferir saldo entre usuarios. La iniciativa vuelve días después de las críticas desde algunos comercios incorporados por los problemas fiscales generados, pero el Ejecutivo autonómico ha relativizado estas valoraciones: “Siempre ha sido una subvención”, ha apuntado Carmen Herrarte, directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo.

La primera de las tres campañas previstas para 2026 contará con una bolsa inicial de 1,88 millones de euros en descuentos. De esa cantidad, el Ayuntamiento de Zaragoza aporta un millón de euros y el Gobierno de Aragón otros 882.000 euros.

Las compras realizadas los miércoles y viernes en los establecimientos adheridos generarán un saldo acumulable del 20%: un 10% financiado por el consistorio y otro 10% por el Ejecutivo autonómico.

Más allá de esta primera campaña, Volveremos movilizará durante 2026 en torno a 8,5 millones de euros en incentivos al consumo. El Ayuntamiento de Zaragoza ha consignado 4,5 millones de euros, mientras que el Gobierno de Aragón aportará 2,9 millones, una cantidad que podría ampliarse a lo largo del ejercicio. A estas cifras se suman las aportaciones de los otros 71 municipios participantes.

En total, el programa llegará este año a 72 localidades aragonesas, 50 más que hace dos años. El Ejecutivo autonómico estima que la iniciativa alcanzará a cerca de 3.500 comercios y a casi 1,1 millones de potenciales usuarios, el 81% de la población aragonesa. Entre los nuevos municipios incorporados figuran Albarracín, Arens de Lledó, Ariza, Biescas, Calamocha, Calatorao, Daroca, Formiche Alto, Laspuña, Lécera, Mazaleón, Monreal del Campo, Montalbán, Mora de Rubielos, Urriés y Utrillas.

Las ventas generadas por la última edición superaron los 98 millones de euros, 28 millones más que el año anterior.

Para participar, los usuarios deben descargarse la aplicación disponible para Android e iOS, registrarse y presentar el código QR generado por la plataforma. El importe acumulado se incorpora a un monedero electrónico que puede utilizarse posteriormente en cualquiera de los negocios adheridos.

Novedades en 2026: bizum y más autónomos

La principal novedad tecnológica del programa será la posibilidad de transferir saldo entre usuarios registrados. A través de una nueva pestaña denominada “Transferir saldo”, los participantes podrán enviar parte de su monedero electrónico a familiares o amigos utilizando únicamente el correo electrónico asociado a la cuenta.

La directora general de Pymes del Ejecutivo autonómico ha explicado que la medida busca aportar mayor flexibilidad al sistema y evitar que el saldo acumulado quede sin utilizar. El mecanismo funcionará de forma similar a Bizum, aunque limitado al ecosistema de Volveremos, favoreciendo que el dinero continúe circulando dentro de la red de comercios adheridos.

La otra gran novedad es la ampliación de las actividades que podrán beneficiarse del tramo financiado directamente por el Gobierno de Aragón. Además del comercio, podrán participar profesionales autónomos y negocios de servicios de proximidad como peluquerías, centros de estética, fisioterapeutas y otros pequeños establecimientos.

Esta ampliación es posible por la integración de Comercio, Consumo y Pymes y Autónomos en una misma dirección general. Hasta ahora, las ayudas autonómicas se limitaban a determinados epígrafes comerciales del IAE, mientras que la nueva estructura permite incorporar actividades que anteriormente quedaban fuera.

Malestar de autónomos

A pesar de que Volveremos es un programa de apoyo a pequeños comerciantes, algunos han mostrado su malestar al desatarse un lío fiscal con autónomos que tributan por módulos y que niegan haber recibido subvenciones, pese a que se le obliga a ello. Algunos negocios ya han advertido, tal como publicó este periódico, que no volverán a participar en próximas campañas por sentirse “engañados” y “desamparados” ante un sistema que, denuncian, les ha generado un problema fiscal inesperado.

Carmen Herrarte ha respondido a las quejas recodando que Volveremos es, jurídicamente, una subvención al comercio local y que esta condición figura expresamente en toda la documentación de adhesión. “La convocatoria a la que los establecimientos se adhieren voluntariamente deja claro que se trata de una ayuda al comercio. No es una cuestión opinable, sino la naturaleza legal del programa”, ha señalado.

La responsable autonómica ha insistido en que la obligación de declarar las ayudas públicas no supone ninguna novedad para los autónomos. “Todos los autónomos conocen sus obligaciones tributarias y cuentan con asesores o gestores que saben cómo debe declararse cada ayuda en función de las características de cada negocio”, ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que no existe una única forma de tributación. “Hay autónomos que tributan por estimación directa y otros por módulos. Cada caso tiene su tratamiento fiscal y son los profesionales que les asesoran quienes deben determinar cómo proceder”, ha indicado.

“Un contacto frecuente”

Herrarte ha asegurado además que la mayoría de los comerciantes adheridos al programa no ha trasladado ninguna queja sobre esta cuestión. “Mantenemos un contacto frecuente con ellos y las encuestas que realizamos muestran que no existe un malestar generalizado. La inmensa mayoría está al corriente de sus obligaciones fiscales y conoce perfectamente el funcionamiento del programa”, ha afirmado.

La directora general ha recalcado que las condiciones de Volveremos no han cambiado desde su puesta en marcha. “Siempre ha sido una subvención y siempre se ha declarado como tal. No ha habido modificaciones en las bases de las ayudas ni en los documentos de adhesión que firman los comercios”, ha señalado.

Asimismo, ha defendido la utilidad económica de la iniciativa. Según ha explicado, se trata de una ayuda con un elevado efecto multiplicador sobre el consumo, que contribuye a generar hábitos de compra en el comercio de proximidad y a evitar la fuga de gasto hacia las grandes plataformas digitales.

“Es una herramienta que está al servicio de los municipios y de las asociaciones de comerciantes para atraer compras, fidelizar clientes y reforzar el comercio local. No es una subvención tradicional, sino una herramienta adaptada a los retos actuales del sector”, ha destacado.

Quién da más

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, han realizado este lunes a primera hora una gran puesta en escena para presentar el inicio del programa de apoyo al pequeño comercio, Volveremos. En el lugar elegido, la librería General, aunque el presidente Azcón la ha confundido con otra, la librería Central, se han dado cita numerosos cargos de ambas instituciones que, por momentos, parecían estar compitiendo en quién daba más.

Natalia Chueca comenzaba ufana la presentación, recordando que tanto comerciantes como ciudadanos que se encuentra cuando recorre barrios, “siempre me preguntan: ¿cuándo vuelve Volveremos?”. La alcaldesa, además, recordaba tres premios nacionales obtenidos como reconocimiento al programa y la mejora de la herramienta desde que lo pusiera en marcha por primera vez Azcón cuando fue alcalde de la ciudad.

Por su parte, el presidente aragonés avanzaba novedades de su gobierno: la incorporación de autónomos en su parte autonómica y el bizum como novedad. Y si Natalia Chueca sacaba pecho de los premios, Azcón llegaba al superlativo asegurando que no haya ciudad o comunidad autónoma en toda España que tenga un programa como Volveremos.

En lo que ambos están completamente de acuerdo es en no admitir preguntas tras sus intervenciones y en aprovechar las mismas para introducir alguna crítica al Gobierno central, como la subida del IVA de la luz y el gas desde hoy al 21%, tras desactivarse gradualmente algunas de las medidas incluidas en el plan aprobado por el Gobierno en marzo para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.

Volveremos en cifras

Volveremos genera un importante retorno económico para el comercio local. Según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón, por cada euro invertido por las administraciones se generan más de diez euros en ventas.

En Zaragoza, las operaciones vinculadas al programa alcanzaron los 81,3 millones de euros en 2025, un 30% más que el año anterior y la cifra más alta desde su puesta en marcha. Más de 2.300 comercios participaron en 937.000 transacciones, un 30% más que en 2024.

La facturación media asociada a Volveremos fue de 39.321 euros anuales por establecimiento, unos 3.276 euros mensuales, casi mil euros más al mes que en la campaña precedente.

La empresa Majorel SP —integrada en el grupo Teleperformance— ha culminado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 743 trabajadores en toda España, de los que 406 pertenecen a su centro de Zaragoza. El acuerdo, firmado por los sindicatos USO y CCOO, pone fin a un proceso iniciado esta primavera y que generó una fuerte contestación sindical y política en Aragón.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha cargado este viernes contra el resultado de la negociación y ha denunciado que se trata del octavo ERE ejecutado por el grupo. A juicio del sindicato, el acuerdo consolida un modelo basado en la reducción de empleo en España y la derivación de actividad a otros países.

El despido colectivo se cerró finalmente con indemnizaciones de 30 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades. Según CGT, este límite perjudica especialmente a trabajadores de centros como el de Zaragoza, donde una parte importante de la plantilla acumula una elevada antigüedad tras años vinculada a la empresa.

La organización sindical sostiene que la compañía ha intentado presentar el proceso como una medida de carácter voluntario, aunque asegura que la realidad “ha sido muy distinta”. Según sus datos, únicamente se ha retirado la afectación a dos puestos de jefatura durante toda la negociación, uno de ellos en Zaragoza. Asimismo, critica que la empresa “rechazara la mayoría de solicitudes de adscripción voluntaria” procedentes de otros departamentos pese a haber abierto inicialmente esa posibilidad.

Críticas por la falta de medidas de protección

CGT denuncia además que el acuerdo no contempla medidas específicas para proteger a colectivos vulnerables. Entre ellos cita a personas con reducción de jornada por guarda legal, víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo o trabajadores mayores de 50 años. En el caso de los empleados de más de 55 años, el sindicato señala que el acuerdo únicamente garantiza el pago del convenio especial con la Seguridad Social hasta los 61 años, una medida que considera insuficiente para asegurar su futuro laboral.

La central sindical también cuestiona que la empresa haya ejecutado el despido colectivo mientras mantenía personal contratado a través de empresas de trabajo temporal. Según indica, la documentación aportada durante la negociación recogía la existencia de 21 trabajadores de ETT en el servicio de Stellantis y de otros empleados temporales en el servicio Porta, puestos que, a su juicio, podrían haberse utilizado para facilitar recolocaciones internas.

“Estamos ante un despido colectivo completamente evitable. La empresa ha rechazado estudiar alternativas reales mientras sigue justificando supuestas causas económicas después de años obteniendo beneficios millonarios gracias al trabajo de la plantilla”, sostienen desde CGT.

El ERE, planteado inicialmente por la empresa cuando todavía operaba bajo la marca Majorel tras su integración en Teleperformance, provocó movilizaciones sindicales y llegó también al ámbito político, con la moción presentada ayer por el PSOE en las Cortes de Aragón de apoyo a la plantilla. Tanto los representantes de los trabajadores como distintas formaciones reclamaron alternativas para evitar el ajuste, especialmente en Zaragoza, donde se concentra la mayor parte de los despidos.

Pese a ello, el proceso ha concluido finalmente con la salida de 406 trabajadores del centro zaragozano, una cifra que convierte a Aragón en uno de los territorios más afectados por la reestructuración de la compañía. CGT ha anunciado que continuará denunciando las deslocalizaciones y la pérdida de empleo en el sector del contact center.

La dirección de Iberfoil Aragón ha comunicado este jueves el inicio de un proceso de despido colectivo en Sabiñánigo dentro de un plan de transformación operativa y reorganización industrial con el que la compañía busca “garantizar su continuidad en el largo plazo”. La empresa, que actualmente cuenta con unos 140 trabajadores, no ha concretado por el momento el número de empleos que podrían verse afectados por el ajuste.

La compañía ha trasladado ya la decisión a la plantilla y se abre ahora un periodo de 15 días para constituir la mesa negociadora con la representación de los trabajadores. El anuncio llega aproximadamente un año después de la puesta en marcha del proyecto Iberfoil Integra, la ampliación de la fábrica ubicada en Sabiñánigo, para la que se anunció una inversión de cerca de 48 millones de euros.

En un comunicado, la empresa justifica la medida por el “escenario complejo derivado de la coyuntura internacional” y asegura que en los últimos años se ha visto afectada por “la inestabilidad geopolítica internacional, el incremento de los costes energéticos y de producción, las dificultades en las cadenas de suministro, la incertidumbre de los mercados y la alta presión de precios de productos importados de fuera de Europa”.

La compañía añade además que el retraso acumulado “en la puesta en marcha y en los procesos de homologación del proyecto Iberfoil Integra” ha requerido “importantes esfuerzos financieros y de inversión”, unas circunstancias que, según explica, “han condicionado la evolución operativa y financiera de la compañía especialmente durante los dos últimos ejercicios”.

Ante esta situación, Iberfoil asegura haber definido “un riguroso plan de continuidad y transformación operativa validado por profesionales externos e independientes” con el objetivo de “preservar una estructura viable y sostenible acorde a su capacidad industrial y el arraigo territorial de la compañía”.

El plan contempla avanzar hacia “un modelo industrial plenamente integrado entre sus distintas áreas de actividad” para “maximizar la eficiencia operativa, optimizar recursos y reforzar la competitividad”. En este contexto, la empresa señala que acometerá “una adecuación de su estructura y de su organización a las necesidades operativas del nuevo modelo de negocio”.

La dirección de Iberfoil sostiene que afronta este proceso “con responsabilidad, transparencia y diálogo” y asegura haber trasladado ya la situación tanto a la representación de los trabajadores como a entidades financieras e instituciones. La compañía considera “fundamental” contar con ese apoyo “para culminar con éxito este proceso de transformación” y consolidar “un proyecto industrial estratégico para Aragón y para España”.

Iberfoil Aragón es la única planta en España especializada en la producción de hoja fina de aluminio para sectores como la alimentación y la farmacia. La empresa forma parte del grupo Alibérico.

Ibercaja conmemora este jueves, 28 de mayo, sus 150 años de historia y su papel como “actor clave” en el impulso económico y social de Aragón, siempre manteniendo “a las personas en el centro”, según ha explicado la entidad. Para ello, se ha organizado una jornada de actividades abiertas a la ciudadanía cuyo acto principal es una muestra ubicada en su sede central que repasa su “compromiso” con la sociedad.

La inauguración de la exposición ha contado con la asistencia del presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano, el consejero delegado de la entidad, Víctor Iglesias, y el presidente de honor, José Luis Aguirre. Además, han participado representantes de las instituciones y organizaciones empresariales de la ciudad.

Igualmente, han estado presentes la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mar Vaquero, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; así como el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, el vicepresidente, Honorio Romero, y el director general, José Luis Rodrigo. Por otra parte, Fundación Caja Inmaculada ha estado representada por su presidente, José Ramón Auría.

Desde las organizaciones empresariales han acudido a la apertura institucional de la exposición conmemorativa el presidente de la Cámara de Comercio y Feria de Zaragoza, Jorge Villarroya, el presidente de AEFA, Ramón Alejandro, la presidenta de Cepyme, María Jesús Lorente, y la directora general de CEOE, Ana López.

Durante su intervención, el presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, ha aludido a la actualidad como “tiempos convulsos” y “de profundas transformaciones sociales y demográficas”, no obstante, ha señalado la confianza como “palabra clave” para sobrevivir a la “incertidumbre”.

De hecho, se ha referido a los 150 años de Ibercaja como una “historia de confianza”: “Es un gran orgullo haber llegado hasta aquí, gracias a la confianza de nuestros fundadores, accionistas, clientes, plantillas, órganos de gobierno y equipos directivos, también del conjunto de la sociedad”.

“Si los ilustrados levantaran la cabeza, se sentirían orgullosos del legado que han dejado, porque seguimos manteniendo la esencia”, ha opinado Serrano, agregando que tanto Ibercaja Banco como la Fundación “están en el mejor momento de su historia”.

Más de 5.000 empleados

El consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, ha recordado: “Hace exactamente 150 años abría sus puertas la primera oficina de la entonces Caja de Ahorros de Zaragoza” y “siglo y medio después, Ibercaja es una de las grandes entidades bancarias de nuestro país, con presencia en las 50 provincias y con un equipo humano excepcional, formado en este momento por más de 5.000 personas”.

“Somos un banco muy sólido, competitivo y moderno que, a la vez, mantiene su esencia corporativa, con una marcada vocación social y un firme compromiso con los territorios en los que operamos. Contamos con un modelo de negocio resiliente y rentable que practica una banca de relación con un modelo de servicio y asesoramiento experto e integral que consigue un alto nivel de satisfacción y de fidelidad de nuestros clientes, tanto particulares como empresas”, ha destacado.

Iglesias ha reconocido que, a lo largo de este siglo y medio, “ha cambiado casi todo, la economía y las finanzas, las necesidades de nuestros clientes, la arquitectura en nuestras oficinas, nuestro modelo de atención y servicio, los productos y servicios bancarios, la tecnología que utilizamos y el perfil profesional de nuestros empleados”.

Sin embargo, se ha referido a tres rasgos “que mantenemos intactos desde entonces” y se han convertido en “distintivos” de Ibercaja. Así, ha explicado que desde 1876 “las personas continúan estando en el centro” y la entidad “preserva una marcada orientación social, fieles a nuestro origen como caja de ahorros”, a pesar de ser un banco desde el punto de vista societario, además de mantener “un profundo arraigo con Aragón”.

“Nuestro propósito corporativo, ayudar a las personas y a las empresas a construir la historia de su vida, porque será nuestra historia, nos ha guiado siempre y sigue estando plenamente vigente en el contexto digital actual”, ha observado Víctor Iglesias, quien ha incidido en que Ibercaja Banco devuelve el cien por cien de los beneficios económicos de la entidad bancaria a la sociedad a través de la labor social y cultural de sus fundaciones. En definitiva, “Ibercaja ha sido un actor clave en el impulso del progreso económico y social de la ciudad de Zaragoza y del conjunto de Aragón”, ha aplaudido Iglesias.

La evolución en siglo y medio

Fundada en Zaragoza, en 1876, Ibercaja ha evolucionado a lo largo de siglo y medio, pero manteniendo su esencia como banca centrada en las personas y comprometida con la sociedad. Algo que se refleja en su propósito corporativo de “ayudar a las personas a construir la historia de su vida porque será nuestra historia”.

En la actualidad, Ibercaja cuenta con más de 1,7 millones de clientes, cerca de 900 oficinas y una más de 5.200 profesionales en plantilla, con un volumen de negocio superior a los 110.000 millones de euros. Uno de sus rasgos diferenciales es su modelo de propiedad, ya que el cien por cien de su capital pertenece a fundaciones, siendo la Fundación Ibercaja su principal accionista, con un 88% de la propiedad, lo que permite revertir la totalidad de los beneficios a la sociedad a través de iniciativas sociales, culturales y educativas, tal y como ha subrayado Víctor Iglesias.

Bajo el lema '150 años moviéndonos por ti', Ibercaja celebra este aniversario reafirmando su identidad y vocación de futuro: seguir siendo una entidad cercana, sólida y socialmente comprometida.

UNA EXPOSICIÓN CON HISTORIA

La exposición '150 años moviéndonos por ti' constituye el eje central de la conmemoración y ofrece un recorrido inmersivo por siglo y medio de historia de Ibercaja, entendida como reflejo de la evolución económica, social y cultural de su entorno. Concebida como un homenaje a las personas –clientes, empleados y sociedad–, presenta distintos ámbitos temáticos. Partiendo de 'Los orígenes (1876), donde se recrea el nacimiento de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, el recorrido continúa con 'El túnel del tiempo', que reúne documentos históricos, objetos originales y herramientas de la práctica bancaria que ilustran la evolución de los procesos financieros desde el trabajo manual hasta la digitalización.

'La expansión y consolidación' es una sección que ahonda en el crecimiento territorial y transformación de la entidad en un banco de dimensión nacional, manteniendo su compromiso con el desarrollo socioeconómico de los territorios; mientras que 'La identidad, el diseño y la comunicación' analiza la evolución de la marca y la publicidad como reflejo de los cambios culturales y tecnológicos.

La contribución histórica en ámbitos como la educación, la cultura, el deporte y la inclusión financiera se plasman en 'El compromiso social y la obra social', y el valor de la conservación del legado histórico-artístico y su integración en la vida social y cultural, en 'El patrimonio y la arquitectura'. Por último, el ámbito 'Las personas, protagonistas' subraya el papel clave de clientes y empleados en la construcción de la historia de Ibercaja y en su evolución hacia un modelo de banca cercano y humano.

Documentos históricos, piezas originales, fotografías de archivo, recursos audiovisuales y elementos experienciales configuran una propuesta divulgativa que conecta pasado, presente y futuro. El proyecto, además, suma una cuidada de piezas artísticas y patrimoniales que dialogan con la arquitectura de la sede, como obras de artistas de referencia como Pablo Serrano o Ángel Orensanz.

Las entidades ecologistas agrupadas en la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón han llevado ante los tribunales el proyecto del telecabina entre Astún y Candanchú al considerar que “incumple” la normativa ambiental y que no se ha evaluado correctamente su impacto sobre espacios protegidos y especies de fauna amenazada, entre ellas el quebrantahuesos. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción Aragón, SEO/BirdLife y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos contra el proyecto impulsado por el Gobierno de Aragón y financiado parcialmente con fondos europeos Next Generation.

Las organizaciones sostienen que el principal incumplimiento radica en la ausencia de una “evaluación ambiental adecuada” sobre la afección del telecabina a espacios incluidos en la Red Natura 2000 y a zonas protegidas próximas, tanto en Aragón como en el lado francés de los Pirineos. En este sentido, denuncian que “tampoco se ha realizado la obligatoria evaluación ambiental transfronteriza pese a la cercanía con el Parque Nacional de los Pirineos francés”.

El recurso llega apenas unas semanas después del inicio de las obras, que arrancaron a finales de abril, y mientras continúa la tramitación ambiental del proyecto. El propio Documento Ambiental Estratégico del PIGA reconoce que la infraestructura atraviesa zonas catalogadas como suelo no urbanizable especial y áreas incluidas dentro del ámbito del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos.

Las entidades ecologistas ponen especialmente el foco en el estudio de avifauna incluido en el expediente ambiental. Consideran “irregular” que se realizara únicamente durante unos meses y no a lo largo de un ciclo anual completo, algo que, según afirman, impide evaluar correctamente los riesgos para las aves y la fauna protegida. “El estudio de avifauna se ha realizado sorprendentemente en un período de unos meses, y no analizando un ciclo anual como indica la lógica, las evidencias científicas y la normativa”, sostienen en la demanda.

También cuestionan que no se haya tenido en cuenta el plan de gestión de la ZEPA Los Valles, que no se haya evaluado correctamente el riesgo de inundaciones o catástrofes naturales y que el proyecto afecte a bienes protegidos como el Camino de Santiago.

El telecabina forma parte del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) impulsado por el Ejecutivo autonómico para conectar las estaciones de Astún y Candanchú mediante una infraestructura de transporte por cable. El Documento Ambiental Estratégico presentado este junio por Turismo de Aragón señala que el objetivo es “potenciar el sector turístico aragonés” y mejorar la conectividad entre estaciones de esquí.

El trazado proyectado contempla dos tramos entre Candanchú y Astún y discurre por los términos municipales de Aísa y Jaca. El documento reconoce además que la actuación se ubica sobre suelos de especial protección paisajística y recreativa y zonas de valor ambiental.

Las organizaciones recuerdan además que el proyecto ha multiplicado su coste previsto —de unos 11 millones iniciales hasta alrededor de 35 millones de euros— y critican que se financie íntegramente con fondos públicos “pese a beneficiar a empresas privadas”. También cuestionan que reciba financiación europea destinada, precisamente, a proyectos de sostenibilidad ambiental.

El recurso judicial coincide además con las dudas sobre los plazos de ejecución. Los fondos Next Generation fijaban como fecha límite para completar la obra el 30 de junio de 2026, un calendario que las entidades consideran ya “difícilmente cumplible”.

Por parte del Gobierno de Aragón, el proyecto continúa su tramitación ambiental. El Documento Ambiental Estratégico reconoce que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental sigue abierto y que el INAGA requirió el pasado 19 de mayo nueva documentación dentro del expediente.

La Cámara de Cuentas de Aragón ha alertado de importantes deficiencias en el sistema de control horario del Servicio Aragonés de Salud (Salud) después de detectar que casi 300 empleados realizaron durante 2024 jornadas complementarias equivalentes a otro año completo de trabajo añadido a su jornada ordinaria. El informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma refleja además que, en total, 2.932 trabajadores superaron el límite legal de horas complementarias fijado para el personal estatutario y que el organismo abonó 16,11 millones de euros en complementos por prolongación y exceso de jornada sin contar con mecanismos efectivos para verificar ni la jornada ordinaria ni el derecho a percibir esos pagos.

El informe recuerda que el artículo 48 del Estatuto Marco del personal de los servicios de salud regula la jornada complementaria y señala que 2.932 trabajadores del Salud superaron en 2024 las 475 horas de atención continuada realizadas fuera de la jornada ordinaria, el umbral utilizado por la Cámara de Cuentas en su fiscalización. En el Salud, la jornada anual ordinaria oscila entre las 1.370 horas del turno nocturno y las 1.547 del diurno, por lo que superar las 1.500 horas complementarias supone realizar prácticamente otro año laboral completo además de la jornada habitual. Pese a ello, la Cámara concluye que casi el 10,5% de los trabajadores que percibieron nómina del Salud en 2024 superaron el umbral utilizado por la Cámara de Cuentas para detectar excesos de jornada complementaria

Los datos reflejan además situaciones especialmente llamativas. Más de un millar de empleados realizaron entre 701 y 1.000 horas complementarias; otros 606 superaron las 1.000; y 293 rebasaron incluso las 1.500 horas en un solo año. Dentro de esos casos más extremos, 62 trabajadores llegaron a acumular más de 2.500 horas complementarias y 13 superaron las 3.500.

Entre los casos analizados por los auditores aparecen situaciones todavía más extremas. La Cámara revisó una muestra de los 14 empleados con mayor acumulación de horas complementarias y señala que, a partir de las retribuciones abonadas en nómina, se deducen jornadas equivalentes de entre 13,31 y 20,41 horas diarias durante 335 días al año, descontando el mes de vacaciones.

El informe recoge incluso el caso de un trabajador que acumuló 5.261 horas complementarias en un solo ejercicio. Según los cálculos del órgano fiscalizador, esa cifra equivaldría a unas 20 horas diarias durante prácticamente todo el año. También apunta que dos empleados realizaron guardias localizadas durante 323 y 335 días del año, respectivamente, sin que ninguna de ellas llegara a convertirse en guardia presencial.

La Cámara de Cuentas subraya, no obstante, que esas cifras se obtienen a partir de los importes retribuidos en nómina y vincula precisamente estas situaciones a la “ausencia de un sistema real de control horario”. Según el informe, “la única acreditación” de que se realizó la guardia es la firma del coordinador del servicio, que además “no está presente durante su ejecución”.

El órgano fiscalizador añade que la aplicación utilizada en los hospitales funciona únicamente como un sistema de planificación de turnos, pero no como un mecanismo de control de presencia efectiva. También señala que no existe seguimiento del acumulado anual de horas complementarias por empleado y que los excesos detectados se infieren únicamente de las nóminas abonadas.

La situación se enmarca, además, en un contexto de aumento sostenido del gasto de personal. El informe cifra en 2.989 millones de euros el gasto agregado de personal del sector público autonómico en 2024, un 7,4% más que el año anterior. Solo el Salud destinó más de 16 millones a retribuciones por prolongación y exceso de jornada.

Ante esta situación, la Cámara de Cuentas recomienda implantar sistemas efectivos de control presencial para verificar la realización de guardias y el cumplimiento de la jornada ordinaria antes de abonar los complementos. También insta a establecer un seguimiento individualizado del acumulado anual de horas complementarias para detectar excesos sobre el límite legal.

En las alegaciones presentadas al informe, el Gobierno de Aragón defendió que algunas de las incidencias detectadas por la Cámara de Cuentas son “muy difíciles de subsanar sino imposibles” debido al funcionamiento del Salud y a la gestión de las guardias y sustituciones de final de año. La Intervención General argumentó que parte de esas retribuciones no pueden imputarse al ejercicio correspondiente porque la información completa se conoce después del cierre de nómina e incluso tras el cierre contable del año. El Ejecutivo autonómico sostuvo además que, aunque existan desajustes entre ejercicios, “las diferencias se compensan de manera natural” y aseguró que esta situación “no compromete la imagen fiel de las cuentas”.

En otra de sus alegaciones, el Gobierno también justificó algunas de las deficiencias contables por la complejidad de gestionar una plantilla de más de 45.000 empleados públicos de perfiles muy distintos, entre ellos sanitarios, docentes y funcionarios de la Administración. La Cámara de Cuentas, sin embargo, rechazó estas alegaciones y mantuvo íntegramente las observaciones incluidas en el informe definitivo.

El malestar crece entre los pequeños comerciantes adheridos al programa Volveremos, la iniciativa estrella del PP para incentivar el consumo en el comercio local, después de que muchos hayan descubierto que Hacienda les obliga a tributar por cantidades que aseguran no haber recibido como ayudas reales. Algunos negocios ya advierten de que no volverán a participar en próximas campañas por sentirse “engañados” y “desamparados” ante un sistema que, denuncian, les ha generado un problema fiscal inesperado.

La polémica ha evidenciado además el desacuerdo sobre la responsabilidad de cada administración en la gestión del programa: mientras numerosos comerciantes sitúan el origen del problema en la entrada del Gobierno de Aragón, Zaragoza en Común señala directamente a la falta de transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza en la comunicación de las subvenciones.

Todo ello ocurre, además, en un momento de incertidumbre sobre el futuro de Volveremos, cuya nueva edición sigue sin arrancar pese a las expectativas generadas entre comercios y consumidores.

El funcionamiento del programa se articula a través de una aplicación móvil. Los clientes generan un saldo o reembolso al realizar compras en establecimientos adheridos y posteriormente pueden utilizarlo en futuras adquisiciones dentro de la red comercial participante.

Según los comerciantes, el conflicto surge, especialmente entre los que tributan por módulos, tras la incorporación del Gobierno de Aragón al programa en 2025. Según explican, el dinero que adelantaron a los clientes aparece ahora computado automáticamente como subvención en una casilla de la declaración de la renta. “Los autónomos por módulos no nos podemos escapar”, resumen tres comerciantes del barrio de San José. Esto implica que muchos autónomos tienen que tributar por un dinero que, aseguran, nunca ha supuesto un ingreso real para ellos. Las cuantías oscilan entre los 100 y los 500 euros, según los afectados consultados.

“Yo no he recibido ninguna subvención”

L.V., propietario de una charcutería en el barrio de San José, asegura que nunca ha percibido una ayuda directa, sino únicamente el reembolso del dinero adelantado a los clientes mediante la aplicación del programa. Explica que los consumidores generan un saldo que utilizan en distintos comercios y que, hasta ahora, “el Ayuntamiento nos devolvía el dinero adelantado, tramitado a través de la Cámara de Comercio”.

El comerciante critica además la falta de información. Afirma que conoció esta situación a través de la asociación de comerciantes del barrio y denuncia que Hacienda ya refleja el importe como subvención.

“Durante años hemos funcionado muy bien con el Ayuntamiento y no ha pasado nada de esto. El problema ha sido al entrar el Gobierno de Aragón. Esto no tiene ni pies ni cabeza porque yo no he recibido ninguna subvención. He facilitado una gestión y no he recibido más cantidad que la venta de mis productos”, sostiene.

Aunque reconoce que en las bases de la DGA aparece expresamente el término “subvenciones”, considera que “es un sinsentido y está mal hecho”. Además, teme que puedan producirse revisiones fiscales con carácter retroactivo.

“Me siento engañado y estafado”

También C.M, propietario de una tienda de moda y complementos en la avenida San José, expresa su malestar: “Me siento engañado, estafado y, si esto sigue así, no volveré a participar en el programa”, afirma.

Este comerciante coincide en que la situación cambió con la incorporación del Gobierno de Aragón a las últimas campañas. Insiste en que el verdadero beneficiario del programa es el cliente, ya que los descuentos recaen sobre sus compras, mientras que los comerciantes únicamente adelantan el dinero.

“El saldo generado lo paga tarde y mal la Cámara de Comercio y encima ahora nos computa como subvención”, denuncia.

Además, critica las diferencias entre quienes tributan por estimación directa y quienes lo hacen por módulos. Según explica, a los primeros se les han ofrecido indicaciones sobre cómo proceder fiscalmente, mientras que quienes tributan por módulos no tienen margen de actuación porque “la casilla ya aparece”.

“Estoy esperando que alguien me explique qué subvención he recibido. Yo lo que he hecho es el favor de adelantar una gestión, pero no me he beneficiado de ninguna cantidad. El dinero era mío y la venta es de mi producto”, añade.

C.M. también subraya que negocios como el suyo, dedicados a productos no esenciales, reciben un impacto distinto al de otros sectores como alimentación o electrodomésticos. Explica que muchos clientes terminan gastando los restos del saldo acumulado en comercios más pequeños o especializados y por tanto, tienen menos margen de beneficio. A esto se suma, dice, la atención que deben prestar a los clientes cuando la aplicación falla, pese a no tener ninguna responsabilidad técnica sobre ella.

“Es una labor social. Es bonito ver que los clientes se pueden beneficiar de descuentos y es verdad que el comercio se dinamiza, pero nosotros no ganamos nada”, concluye.

“El beneficiario es el cliente”

S.S., propietaria de una tienda de ropas de hogar también rechaza que las cantidades adelantadas puedan considerarse subvenciones. “Eso sería recibir una cantidad sin contraprestación de servicio o producto y yo estoy ofreciendo un producto. El beneficiario es el cliente”, afirma.

La vendedora insiste en que los negocios han dejado de cobrar temporalmente una parte de sus ingresos, pero sin obtener ningún beneficio adicional.

Sánchez considera igualmente que el problema surge tras la entrada del Ejecutivo aragonés en el programa: “Es un programa maravilloso nacido en la post-pandemia para incentivar el pequeño comercio, que ha tomado unas dimensiones y se les ha ido de las manos”.

Como solución, propone aplicar en la declaración del próximo año una desgravación autonómica equivalente al importe tributado este año en la declaración de la renta. “Este año no nos libramos: nos toca pagar y aguantarnos, pero el siguiente tiene que venir con la solución o no nos sumaremos al programa”, advierte.

S.S. habla de una “total injusticia” y asegura que “los gestores están que trinan”. En su caso, ha tenido que pagar 120 euros adicionales, aunque asegura conocer compañeros que han llegado a abonar más de 500 euros. “Es una pena porque se ha hecho con buena voluntad, pero se ha liado”, lamenta.

Ante la creciente preocupación, la Asociación de Comerciantes convocó una reunión este miércoles en las oficinas de FECOM, en Plaza Roma, con un responsable técnico de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Aragón para resolver dudas sobre la tributación del programa, si bien los afectados no salieron satisfechos por la falta de empatía: “reconocen que algunos tenemos un problema pero te dicen que si no te interesa, que no te apuntes. Sin embargo, la clientela ya está acostumbrada y si ahora les dices que no estás en la aplicación, podríamos perder clientes”, se queja C.M. Igualmente, lamenta que las asociaciones de comerciantes no se hayan implicado a defender a una parte del comercio.

Zaragoza en Común responsabiliza al Ayuntamiento

Frente a la opinión de los comerciantes sobre las responsabilidades administrativas, el grupo municipal Zaragoza en Común (ZEC) considera que el problema deriva de la “opacidad y mala gestión” del Ayuntamiento de Zaragoza en la comunicación de los datos a la Base Estatal de Subvenciones.

El concejal Suso Domínguez sostiene que el Consistorio solo habría subido información de 752 de los 2.352 comercios adheridos al programa, lo que habría provocado que algunos establecimientos hayan recibido avisos fiscales mientras otros no han obtenido ninguna información clara ni instrucciones por parte del Ayuntamiento o de la Cámara de Comercio. “Mientras el Gobierno de Aragón subía los datos a transparencia, el Ayuntamiento ha seguido sin hacerlo”, compara.

Según Domínguez, ya en la segunda convocatoria del programa en 2021 existían informes de la intervención municipal que calificaban estas ayudas como subvenciones sujetas a la Ley General de Subvenciones. Sin embargo, denuncia que el Gobierno municipal de Natalia Chueca no ha actualizado correctamente los datos en la plataforma estatal y que solo recientemente, tras las quejas de ZEC, se han incorporado algunos registros de 2024.

El edil alerta de que esta situación está generando “incertidumbre y malestar” entre comerciantes que participaron “de buena fe” y que ahora se sienten desamparados ante posibles consecuencias fiscales. Además, teme que Hacienda pueda revisar ejercicios anteriores.

ZEC asegura que en el programa Volveremos de 2024 aparecen computados 4,9 millones de euros gestionados por la Cámara de Comercio, aunque solo constan registrados 2,3 millones en la base nacional de subvenciones. Es decir, “hay 2,5 millones que siguen sin aparecer pese a ser obligatorio y no sabemos a qué han sido destinados”, denuncia el grupo municipal.

Según Zaragoza en Común, muchos comerciantes descubrieron en esta campaña de la renta cantidades que desconocían y que nunca se les había advertido que debían declarar. Solo consta, aseguran, una circular enviada por la Cámara de Comercio en abril de 2026 informando de que algunas cuantías podrían aparecer reflejadas en Hacienda.

Para ZEC, todo ello evidencia “el caos y la falta de control” en el Área de Economía del Ayuntamiento y exige máxima transparencia sobre los 20 millones de euros destinados al impulso del comercio local. A juicio de Suso Domínguez, “son los datos mejor guardados del mundo”, aludiendo a la “opacidad” de las cuentas, por lo que ha vuelto a exigir una auditoría externa e independiente.

Por su parte, el consejero municipal Carlos Gimeno (PP) respondió a las críticas acusando a Zaragoza en Común de mostrar “una clara aversión a todo lo que sea bueno para el pequeño comercio”.

Respecto a la petición de una auditoría externa, Gimeno defendió los mecanismos de control del Ayuntamiento y recordó que las subvenciones están sujetas tanto a la intervención municipal como al control financiero posterior.

El edil explicó además que la publicación de ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP) tiene un periodo de visibilidad limitado por ley. Según detalló, el Real Decreto 130/2019 redujo el tiempo de permanencia pública de las ayudas concedidas a personas físicas para evitar la elaboración de perfiles personales.

De este modo, las subvenciones concedidas a personas físicas permanecen visibles durante el año de concesión y el siguiente, mientras que las destinadas a personas jurídicas se mantienen publicadas durante cuatro años.

Gimeno recordó que el programa Volveremos 2024 en la capital contó con un importe final de 4,86 millones de euros y 2.045 beneficiarios únicos, y aseguró que la información sigue conservándose internamente, aunque ya no sea visible públicamente pasado el plazo legal. Asimismo, defendió que los datos correspondientes a 2025 sí pueden consultarse íntegramente en la plataforma estatal.

Volveremos en cifras

El programa Volveremos nació en 2020 impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza y en 2024 se incorporó el Gobierno de Aragón. Su objetivo es fomentar las compras en pequeños comercios y dinamizar la actividad comercial en zonas urbanas y rurales de Aragón.

Según el informe de la Cámara de Comercio publicado este año, para los establecimientos adheridos “la aceptación de este saldo Volveremos como medio de pago se traduce en la percepción de una subvención a fondo perdido que cubre el 100% del importe del saldo admitido”.

El documento añade que la ayuda se clasifica como subvención a la explotación destinada a compensar parte del precio de venta de las operaciones comerciales, conforme a la Orden EEI/691/2024.

En 2025, el programa generó compras por valor de 98 millones de euros en el comercio de proximidad aragonés. El Gobierno de Aragón aportó 5 millones de euros, cantidad similar a la invertida por 62 ayuntamientos. A través de Volveremos se realizaron más de 1,15 millones de transacciones en 3.412 comercios y actualmente la plataforma cuenta con 136.400 usuarios.

El programa ha pasado de contar con 22 municipios participantes en 2024 a 72 en 2026 y, según los datos oficiales, por cada euro invertido se generaron más de diez euros en actividad comercial.

Además, las compras realizadas permiten pagar hasta el 50% del importe del ticket utilizando el saldo acumulado, tanto autonómico como municipal.

Mientras se desarrolla este momento de incertidumbre sobre el futuro de Volveremos, la nueva edición sigue sin arrancar pese a las expectativas generadas, especialmente entre los consumidores.

La escalada del precio de los fertilizantes químicos, provocada por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, está reconfigurando el modelo agrario europeo. En este contexto, el sector ganadero español —y especialmente el aragonés— emerge como un proveedor estratégico de fertilizantes orgánicos, a través del aprovechamiento de purines y estiércoles generados en sus explotaciones.

En apenas tres meses, el precio de la urea ha pasado de 430 a 750 dólares por tonelada, un incremento del 75% que ha elevado significativamente los costes de producción agrícola. España, que importa cerca del 60% de los fertilizantes que consume, afronta un sobrecoste anual superior a los 1.000 millones de euros, con especial impacto en cultivos intensivos como el maíz, el trigo o las hortalizas.

Frente a esta dependencia exterior, los nutrientes orgánicos producidos por la ganadería se presentan como una solución inmediata, local y competitiva. Según datos del propio sector, una explotación porcina media —con unos 4.000 animales— puede generar hasta 7.000 metros cúbicos de purín al año, equivalentes a más de 63.000 kilos de urea, con un valor agronómico que puede alcanzar los 49.000 euros anuales y un margen neto superior a los 30.000 euros.

Aragón: potencia ganadera y reserva de nutrientes

Aragón se sitúa entre las comunidades con mayor peso ganadero del país, especialmente en porcino, con una cabaña que supera los 9,6 millones de cabezas y más de 4.000 explotaciones intensivas. Estas cifras la convierten en una pieza clave en este nuevo escenario. 

La comunidad genera anualmente más de 20 millones de metros cúbicos de purines, a los que se suman importantes volúmenes de estiércol procedente de explotaciones de vacuno, ovino y avícola, una cifra que refleja tanto el potencial agronómico como el reto de gestión de estos recursos.

Lejos de ser un residuo, estos subproductos contienen nitrógeno, fósforo y potasio en proporciones que los hacen comparables —e incluso superiores en algunos aspectos— a los fertilizantes sintéticos. Mientras el purín destaca por su efecto inmediato como sustituto de la urea, el estiércol aporta materia orgánica y mejora la estructura del suelo a medio y largo plazo.

Este potencial está favoreciendo la aparición de un mercado emergente en torno a los nutrientes orgánicos. En regiones como Aragón ya se están consolidando prácticas como el transporte de purines entre comarcas, acuerdos directos entre ganaderos y agricultores o inversiones en tecnologías de valorización como la digestión anaerobia para la producción de biogás.

Precios que están soportando los agricultores

España, el impacto es doble: compramos en el exterior el 60% de los fertilizantes que consumimos. Los sindicatos también alertan de que muchos agricultores están reduciendo entre un 40% y un 60% el uso de fertilizantes por su elevado coste. El maíz, el trigo, el arroz y las hortalizas, algunos de los cultivos más intensivos en nitrógeno, “están encajando subidas de entre 80 y 250 euros por hectárea en el coste de fertilización”, aseguran desde UAGA-COAG.

Esta reducción del consumo, prevén las organizaciones agrarias, que puede llegar a traducirse en caídas importantes de producción en cultivos como el cereal y el olivar. Según UAGA-COAG y la UPA —Unión de Pequeños agricultores y ganaderos—, esto pone en riesgo la “soberanía alimentaria” europea y podría acabar repercutiendo en el precio final de los alimentos.

La situación es tal que las organizaciones agrarias españolas han vuelto a movilizarse esta semana para denunciar el fuerte encarecimiento de los fertilizantes y reclamar medidas urgentes tanto al Gobierno español como a la Unión Europea. Las protestas se han desarrollado en Valladolid y también frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, hasta donde se han trasladado profesionales del campo aragonés convocados por los sindicatos ASAJA, UPA y COAG.

En la otra cara de la moneda, el valor agronómico del purín porcino puede alcanzar los 5 o 7 euros por metro cúbico, frente a un coste de gestión en torno a 2,5 euros —datos del CITA de Aragón, Porcinova—. “Lo que antes era una partida de gasto se ha convertido en un activo económico con margen positivo”.

Una oportunidad estratégica

Desde el sector agrario se insiste en que esta situación representa una oportunidad histórica. “El ganadero español está siendo reconocido por lo que siempre ha sido: un productor de alimentos y, ahora también, un proveedor esencial de nutrientes para la agricultura”, Jaume Bernis, responsable de sectores ganaderos en COAG.

No obstante, las organizaciones agrarias reclaman cambios normativos que permitan aprovechar plenamente este potencial. Entre las principales demandas destacan el reconocimiento del purín y el estiércol como recursos y no como residuos, la flexibilización de los límites de aplicación de nitrógeno y el impulso a infraestructuras que faciliten su gestión y transporte.

Algunos países europeos ya han avanzado en esta línea, permitiendo superar los límites actuales de 170 kg de nitrógeno por hectárea bajo condiciones controladas. El sector considera que España no puede quedarse atrás si quiere reducir su dependencia exterior y avanzar hacia un modelo agrario más sostenible y autosuficiente.

En un contexto de incertidumbre global, Aragón y el conjunto del sector ganadero español se posicionan así como actores clave en la transición hacia una agricultura más resiliente, basada en la economía circular y el aprovechamiento de recursos propios.

La Comisión de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este jueves la declaración de especial interés o utilidad municipal para tres proyectos empresariales que podrán acogerse al Plan Fiscal de Atracción de Inversiones impulsado por el Gobierno municipal. Las empresas beneficiarias son Enjoy Wellness Promoción Deportiva SL, Alier SA y Nook Ventures SL, cuyos proyectos suman una inversión global de más de 35,9 millones de euros y la creación de 149 puestos de trabajo.

Gracias a esta declaración –que deberá ser ratificada en pleno– las compañías podrán beneficiarse de las bonificaciones contempladas en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), de acuerdo con los criterios fijados en el Plan Fiscal de Atracción de Inversiones, que tiene en cuenta tanto el volumen de inversión como la generación de empleo estable en la ciudad.

La consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, ha destacado el carácter positivo de esta iniciativa, alineada con la “apuesta decidida del Ayuntamiento para que Zaragoza sea una ciudad en la que se invierte en proyectos de calidad”. Ha recordado que las bonificaciones son graduales, ya que las ordenanzas fiscales modulan el porcentaje de bonificación de acuerdo al retorno social que tienen los proyectos empresariales en términos de inversión y de empleo.

En concreto, Enjoy Wellness Promoción Deportiva SL podrá acogerse a una bonificación del 59% en el ICIO tras acreditar una inversión de 7.914.790 euros y la contratación de entre 28 y 30 trabajadores. Esta empresa es la adjudicataria para la construcción y explotación del nuevo Centro Deportivo Municipal Distrito Sur, en el barrio de Valdespartera.

Alier S.A. podrá beneficiarse de una bonificación del 94% en el ICIO gracias a una inversión de 22.037.638,46 euros en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) López Soriano de Zaragoza, donde pondrá en marcha una planta de recuperación y fabricación de placas de yeso, que creará 114 puestos de trabajo.

Nook Ventures SL, que construirá una residencia de estudiantes de 401 plazas con aparcamiento en la Ronda Hispanidad nº 10, contará con una bonificación del 39%, vinculada a una inversión de 5.975.942,14 euros y la creación de 5 empleos.

En fases posteriores, una vez avanzada la implantación de sus respectivos proyectos estas empresas podrán solicitar también la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

El Plan Fiscal de Atracción de Inversiones es impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza desde 2022 como una iniciativa pionera entre las grandes ciudades españolas para favorecer la implantación de empresas y el crecimiento de proyectos generadores de riqueza y empleo. El plan contempla bonificaciones en impuestos municipales para empresas de nueva implantación o para ampliaciones de actividad que supongan un incremento del empleo indefinido en Zaragoza.

Las bonificaciones se establecen por tramos en función del empleo generado y pueden incrementarse en función del volumen de inversión acreditado, hasta alcanzar un máximo del 95%.

La llegada de la compañía china Leapmotor a la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) se traduce ya en más empleo. La firma ha lanzado una gran oferta de entre 450 y 500 puestos de trabajo con una duración de entre seis meses y un año, periodo ampliable en función de la acogida en el mercado del nuevo modelo B10.

Así lo ha dado a conocer el sindicato UGT, que ha comunicado la oferta para los departamentos de producción. El salario y las condiciones serán según convenio, informa la central. Los turnos de mañana (de 6:00 a 14:00 horas) y de tarde (de 14:00 a 22:00 horas) serán rotativos, una semana cada uno, y el de noche (de 22:00 a 6:00 horas) será fijo.

“Nuestra factoría va a ser pionera una vez más, trabajará junto con Leapmotor en un nuevo modelo de Opel que se implantará en el año 2028”, explica UGT en una nota enviada a los afiliados.

Precisamente Stellantis presenta este jueves su nuevo plan estratégico en el marco de su Investor Day, que tendrá lugar en la ciudad de Auburn, en Michigan (Estados Unidos), y en el que el consejero delegado de la compañía, Antonio Filosa, desvelará el plan de acción del grupo para los próximos años con el fin de dar rentabilidad a las 14 marcas que lo componen.

Respecto a España, la compañía ya adelantó hace un par de semanas cuáles eran algunos de sus planes. Se trata de uno de sus principales mercados y centros de producción en el continente.

En concreto, el grupo anunció una ampliación de sus planes de producción en España, con la previsión de fabricar modelos de Leapmotor en su planta de Villaverde (Madrid) y un nuevo vehículo SUV 100% eléctrico de la marca Opel, en colaboración con Leapmotor, en la planta de Figueruelas de cara a 2028.

Esta decisión garantiza el futuro de la planta de Stellantis en Madrid ya que, una vez se concluya la producción del Citröen C4, el ë-C4 y las variantes C4 X y ë-C4 X, que actualmente son los modelos que se ensamblan en la sede de Villaverde, se comenzará a trabajar en los modelos de Leapmotor, todavía sin una fecha confirmada.

“Este plan para expandir nuestra exitosa asociación con Leapmotor apoyará la producción y avance en la localización en Europa de la fabricación de vehículos eléctricos de clase mundial a precios accesibles para satisfacer las necesidades reales de los clientes”, apuntó el consejero delegado del grupo Stellantis, Antonio Filosa.

Por su parte, Opel contará en su oferta de producto con un nuevo SUV eléctrico del segmento C, que se producirá en Zaragoza a partir de 2028 y que se convertirá en el segundo modelo producido en configuración conjunta entre Stellantis y la firma asiática.

Así, este nuevo ejemplar compartirá líneas de producción junto al modelo C-SUV B10 de Leapmotor que iniciará su fabricación en la sede aragonesa del grupo franco-italiano a partir del segundo semestre. La planta zaragozana ya monta las versiones de combustión, híbridas y eléctricas de Opel Corsa, Peugeot 208 y Lancia Ypsilon.