La reunión celebrada este miércoles en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) sobre el convenio colectivo de FCC Medio Ambiente en Zaragoza ha terminado “sin avances significativos”, según UGT Servicios Públicos Aragón. El sindicato atribuye el bloqueo a la “ausencia de una intención real de negociar”, pero no señala solo a la empresa. También exige responsabilidad a “todos los miembros de la mesa negociadora” y advierte del riesgo de “nuevas movilizaciones en noviembre en plena campaña electoral”. Son las que preparan CGT y CCOO, el bloque sindical enfrentado a UGT en la mesa.

El conflicto afecta a la plantilla de limpieza viaria, recogida de residuos y puntos limpios. UGT la cifra en cerca de 1.500 trabajadores, mientras que los datos expuestos en el pleno municipal de septiembre hablaban de unos 1.400. El convenio anterior está caducado desde diciembre de 2024 y la negociación del nuevo dura ya casi dos años. “La plantilla no puede seguir esperando indefinidamente”, señala Angélica Mazo, vicesecretaria general de UGT Servicios Públicos Aragón.

Según UGT, sobre la mesa hay “avances reales” que permitirían aplicar mejoras de forma inmediata. Entre ellos cita incrementos salariales que mantienen el sistema de antigüedad, el paso a jornada completa de unos 50 trabajadores, mejoras en los pluses de carga lateral y nocturno y una indemnización por fallecimiento o invalidez de hasta 40.000 euros. En conciliación, el sindicato menciona una hora de flexibilidad de entrada o salida para el acompañamiento escolar y la posibilidad de acumular los permisos de maternidad y paternidad a las vacaciones.

El comunicado, sin embargo, no cuantifica la subida salarial, que es el punto que más separa a las partes. FCC cifró su oferta en una subida acumulada del 9,4% para el periodo negociado, mientras la plantilla reclama recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos 15 años. Tampoco la conversión de medio centenar de contratos resuelve la parcialidad. De los aproximadamente 1.400 trabajadores de la contrata, solo unos 950 tienen jornada completa, según los datos del pleno, y hay empleados que llevan años, incluso décadas, trabajando solo los fines de semana.

Una mesa partida por la mitad

UGT sitúa el origen del bloqueo en el reparto de fuerzas. Según el sindicato, la mesa está dividida en dos bloques “de igual peso”: UGT, USO, CSIF y el representante independiente frente a CGT y CCOO. Ninguno de los dos cuenta con mayoría suficiente para firmar en solitario. El sindicato lo contrapone al convenio de Parques y Jardines de Zaragoza, otra contrata de FCC, que según UGT se desbloqueó en el SAMA y fue ratificado por la plantilla.

El tono de UGT se ha endurecido en dos semanas. El 15 de octubre, el sindicato pedía a FCC que “se remangue” para negociar de verdad, y ya entonces cargaba contra quienes “priorizan el enfrentamiento público sin ofrecer alternativas”. Mazo rechazaba en aquel comunicado que el conflicto se instrumentalizara con los calendarios electorales y reclamaba que la plantilla no se convirtiera en “rehén de calendarios políticos”. La nota de este miércoles mantiene esa crítica y añade una advertencia dirigida a los vecinos: la ciudadanía, dice, no puede seguir expuesta a nuevas movilizaciones en campaña.

CGT y CCOO llevan meses en la estrategia contraria. En junio, la plantilla respaldó en referéndum la huelga indefinida durante las Fiestas del Pilar, con 474 votos a favor, 24 en contra y 5 en blanco. La huelga arrancó en octubre, pero ambos sindicatos la desconvocaron una semana después. El Gobierno de Natalia Chueca había fijado unos servicios mínimos del 96%, alegando razones de salud pública, que según los convocantes anulaban la eficacia de la protesta. Un juzgado tumbó después parte de esos servicios mínimos.

Al desconvocar, CGT y CCOO anunciaron un nuevo calendario de huelga a partir de noviembre, coincidiendo con la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. También acusaron a la alcaldesa y a la consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, de alinearse con los intereses de la multinacional.

El Ayuntamiento sostiene que se trata de un conflicto entre empresa y trabajadores en el que no puede ejercer ningún papel negociador. Es, sin embargo, el titular de un servicio adjudicado a FCC por más de 600 millones de euros en diez años, cuyo coste anual ha pasado de 58,6 a unos 72,5 millones de euros. En septiembre, PP, Vox y la concejala no adscrita Marisa Gaspar rechazaron en el pleno una moción de ZeC, transaccionada con el PSOE, que instaba a FCC a atender las reivindicaciones de la plantilla.

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza pagarán a las aerolíneas hasta 3.665 euros, IVA aparte, por cada vuelo de ida y vuelta que operen desde el aeropuerto de Zaragoza. El contrato que tramita la sociedad pública Promoción de Actividades Aeroportuarias (PAA) se presenta como un servicio de promoción turística, pero el pliego de prescripciones técnicas calcula cada pago multiplicando las frecuencias operadas por un precio unitario. Y ese dinero no se destina solo a abrir rutas: once de las 31 conexiones licitadas ya se operan hoy.

El precio máximo de 3.665 euros se aplica en concreto a París, Budapest, Milán y Varsovia. La media del contrato es de 2.090 euros por frecuencia, resultado de repartir los 7,3 millones de euros del primer año entre las 3.476 frecuencias mínimas obligatorias. Solo pueden optar compañías aéreas autorizadas en la Unión Europea, y las “acciones de promoción” se ejecutan en sus propios canales: 'banners' en su web, diez publicaciones mensuales en redes sociales, reels, boletines electrónicos y logotipos a bordo.

El informe justificativo del contrato, que es público, enumera las rutas que operan en 2026. Ryanair cubre Londres, Bérgamo, Bruselas y Marrakech; Wizz Air, Bucarest, Cluj-Napoca, Roma y Milán; Binter, Tenerife y Gran Canaria; y Volotea, Menorca. Todas vuelven a aparecer como lotes. Solo queda fuera Palma.

Si cada compañía ganara a precio máximo los lotes de las rutas que ya opera, Ryanair ingresaría 1,3 millones al año por 728 frecuencias, a 918 euros por trayecto. Wizz Air cobraría 953.160 euros, Binter 270.400 y Volotea 50.530. Según el propio informe, los acuerdos que la PAA mantiene ahora con las aerolíneas suman 2,1 millones anuales. En 2017, el entonces consejero José Luis Soro reconoció que el Gobierno de Aragón pagaba a Ryanair 5,78 euros por pasajero, sin concurrencia competitiva.

El informe admite que los destinos son fruto de “un largo y sostenido proceso de sondeo con el sector de operación aeronáutica de transporte de pasajeros durante varios años”, con el objetivo de que la licitación no fracase “por la falta de concurrencia”.

Milán, una ruta nueva que ya existía

El lote más caro es Milán Malpensa, con 571.740 euros anuales sin IVA y un valor estimado de 3.430.440 euros. El informe lo clasifica como “nuevo destino en 'hub' o capital internacional” y le asigna el precio máximo. Sin embargo, AENA celebró el 15 de septiembre el vuelo inaugural de Wizz Air entre Zaragoza y Malpensa, con tres frecuencias semanales. Dos días después, el informe firmado por el director general de Transportes incluía esa conexión entre las que ya se operan.

La ruta de Roma, de la misma aerolínea, se paga como destino consolidado a 815 euros por frecuencia. Con ese precio, Milán costaría 127.140 euros al año, 444.600 euros menos que con la clasificación elegida.

Las categorías tampoco siguen el criterio del propio informe, según el cual la promoción debe ser más intensa –y, por tanto, más cara– cuanto mayor es el avión. Las rutas consolidadas con aviones de alta capacidad, las de Wizz Air a Roma, Bucarest y Cluj, cobran 815 euros por frecuencia. Las consolidadas con aviones de capacidad media, las de Ryanair a Charleroi, Bérgamo, Stansted y Marrakech, cobran 1.837 euros, más del doble.

Una salida si llega la competencia

El contrato permite rescindir la ruta si un competidor empieza a operarla, si uno existente dobla su capacidad o si la ocupación cae por debajo del 60 % durante diez semanas seguidas. En esos casos, la aerolínea puede dejar de volar y el precio se reduce en proporción a los vuelos cancelados.

La prima de 375.000 euros anuales por establecer una base permanente solo puede ir a una compañía. Si varias se comprometen a crearla, se la queda la que gane más lotes. El simple compromiso suma además cinco de los 100 puntos en todos los lotes a los que se presente la empresa. Si después no lo cumple, el pliego solo prevé que pierda la prima.

El informe dedica cinco páginas a un análisis de rentabilidad social que atribuye al proyecto un retorno de 10,1 euros por cada euro público. En cambio, no menciona ni una vez la normativa europea de ayudas de Estado.

Para justificar que los precios son de mercado, los compara con otras tres licitaciones de pagos a aerolíneas: las del Gobierno de Navarra, la sociedad pública de turismo de Asturias y el Patronato de Turismo de Granada.

45 millones en cinco años

El presupuesto base es de 7.266.686 euros para el primer año de operación, entre el 28 de marzo de 2027 y el 25 de marzo de 2028. El valor estimado de 45,5 millones de euros suma cuatro prórrogas anuales hasta 2031, modificaciones de hasta el 20% y la prima por base. Con IVA, el gasto máximo asciende a 55 millones. Corresponden 35,2 millones al Gobierno de Aragón y 17,6 al Ayuntamiento, que anunció en septiembre una aportación de 20,5 millones.

Entre los demás lotes, los destinos nuevos con aviones grandes, como Venecia, Nápoles y Palermo, Sofía, Pisa o Praga, se pagan a 3.035 euros por frecuencia. Los nuevos con aviones medianos, entre ellos Santiago, Málaga, Alicante, Oporto o Suiza, a 2.400. Ibiza se paga a 1.630 euros, y el precio más bajo, 650 euros, corresponde a Canarias.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este martes el anuncio por el que el Servicio Provincial de Zaragoza somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de la línea eléctrica que conectará el futuro campus de centros de datos de Microsoft junto a Puerto Venecia. La peticionaria es Microsoft 7724 Spain, la filial con la que la multinacional tramita sus proyectos en Aragón, y el presupuesto de la instalación asciende a algo más de 213.000 euros.

Se trata de una línea subterránea de alta tensión, a 132 kV, que unirá el centro de seccionamiento ‘Puerto Venecia’ con la subestación del campus, de 132/33 kV. Aunque el anuncio habla de unos 105 metros de longitud, el proyecto de ejecución, redactado por la ingeniería Cobra y fechado en abril, detalla en realidad dos tendidos paralelos, de 81 y 102 metros, uno de los cuales funcionará como reserva. Ambos discurren por una única parcela, la 55 del polígono 88, en la Plana de Torrero, dentro del ámbito del propio campus.

La documentación permite dimensionar por primera vez qué parte del centro de datos se abastecerá con esta conexión. Según la memoria, cada línea tendrá capacidad para suministrar energía a un edificio de centro de datos con cinco módulos de servidores de 9,6 MW y edificios auxiliares, unos 50 MW en total. Con un índice de eficiencia energética máximo de 1,5, cada circuito debe poder transportar 75,78 MVA.

Una finca aún sin comprar

La relación de bienes y derechos afectados revela que la parcela por la que pasará la línea, de 16.381 metros cuadrados según el Catastro, no pertenece a Microsoft, sino a la sociedad Promoción Parque Sur. El documento señala que la tecnológica ha firmado un contrato privado de compraventa sujeto a condiciones suspensivas que todavía están pendientes de cumplirse.

La obra requerirá una servidumbre permanente de zanja de 110 metros cuadrados y una ocupación temporal de 661 durante los trabajos. El texto recuerda que, conforme a la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, la aprobación del plan de interés general implica la declaración de utilidad pública de las expropiaciones necesarias, y concluye que la documentación sirve de base para el “correspondiente expediente expropiatorio”.

Las alegaciones pueden presentarse en el Servicio Provincial de Industria de Zaragoza, en el paseo de María Agustín, durante 30 días. Según la web del Gobierno de Aragón, el plazo está abierto del 28 de octubre al 11 de diciembre.

Tres campus y más de 5.300 millones

El Gobierno de Aragón declaró el campus de Zaragoza inversión de interés autonómico el 28 de febrero de 2025. Es uno de los tres que Microsoft proyecta en la comunidad, junto con los de La Muela y Villamayor de Gállego, y que se tramitan conjuntamente en el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) ‘Región MSFT’. El consejero de Fomento, Octavio López, firmó su aprobación inicial el 14 de noviembre de 2025. El plan suma 283,79 hectáreas, 57 de ellas en Zaragoza, y más de 5.300 millones de euros en urbanización y construcción, de los que unos 1.443 corresponden al campus junto a Puerto Venecia.

La documentación del PIGA ya preveía subestaciones de 132 kV en cada campus en una primera fase y su actualización a 220 kV en una segunda, y la compañía ha solicitado 300 MW de potencia por emplazamiento, condicionados a la planificación eléctrica estatal.

El proyecto ha encontrado oposición vecinal. A finales de julio, el Gobierno de Aragón aceptó una modificación del PIGA con un nuevo estudio ambiental que ya no incluía el plan de gestión de las escombreras históricas del terreno, donde se han denunciado residuos con amianto. La plataforma ‘Salvemos los Pinares de Venecia’ anunció alegaciones y ha llevado los movimientos de tierra a la Fiscalía Provincial de Zaragoza como posible delito ambiental, mientras que varios propietarios afectados han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

El Gobierno de Aragón ha modificado el horario de trabajo del personal que atiende al público en la Biblioteca de Aragón y en las Bibliotecas Públicas del Estado en Zaragoza, Huesca y Teruel. La orden, firmada el 30 de septiembre por el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Aragón y entra en vigor este miércoles.

La norma da forma jurídica a un acuerdo que tiene ya más de dos años. La Administración constituyó en febrero de 2024 una mesa técnica para estudiar el horario del personal de estas bibliotecas, y el 12 de junio de ese año se cerró un acuerdo. Ese acuerdo no llegó a la Mesa Sectorial de Administración General hasta el 22 de mayo de 2025, y han pasado otros diecisiete meses hasta su publicación oficial. Según el texto, la orden cuenta con el “previo acuerdo de la mayoría” de los sindicatos presentes en esa mesa.

El principal cambio afecta al trabajo en sábado. Las horas trabajadas esas mañanas se computarán con “un factor multiplicador de dos”. Del total generado, con un mínimo de diez horas, siete horas y media corresponderán a un día de descanso, y el resto pasará a la bolsa de exceso horario. Con el turno obligatorio del sábado, de 9 a 14 horas, una trabajadora genera exactamente esas diez horas: siete y media se convierten en un día libre y dos y media van a la bolsa.

Ese día libre deberá disfrutarse en lunes o viernes, por turno rotatorio, dentro de las dos semanas siguientes al sábado trabajado, salvo necesidades del servicio justificadas.

La orden fija también por escrito el horario de presencia obligada: de 9 a 15 horas o de 15 a 21 horas entre semana, según el turno de mañana o de tarde, y de 9 a 14 horas los sábados. El resto de la jornada se cubrirá en régimen de flexibilidad, que ahora empieza a las 7:30 en lugar de a las 8:00 y se prolonga hasta las 21:30. Los sábados, la franja flexible se amplía media hora y pasa a terminar a las 14:30. La distribución de esas horas deberá pactarse con el responsable de cada unidad para garantizar que el servicio quede cubierto.

Además, la Dirección General competente en materia de cultura podrá fijar el calendario anual de apertura de los cuatro centros, incluidos los días de cierre al público, previa negociación con la representación de los trabajadores.

El resto del personal de estas bibliotecas, sin funciones de atención al público, seguirá rigiéndose por el horario general de la Administración autonómica.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este lunes una orden firmada por la consejera autonómica de Agricultura, Aránzazu Simón, con subvenciones por 550.000 euros para las explotaciones ganaderas cuyas superficies de pastoreo resultaron afectadas por los incendios de junio, julio y agosto de 2026. El crédito tiene carácter ampliable, de modo que puede aumentarse sin necesidad de una nueva convocatoria.

La ayuda no indemniza el pasto quemado en sí, sino el sobrecoste de alimentación que soportan las explotaciones al perder esa fuente de comida a diente. Según la exposición de motivos, la pérdida de los pastos ha obligado a los ganaderos a trasladar los animales fuera de sus zonas habituales, a consumir antes de tiempo las reservas guardadas para el invierno y a comprar alimento en el mercado. El texto advierte de que todo ello compromete seriamente la viabilidad económica de las explotaciones.

La orden menciona los incendios de Barbastro, Alcampell-Tamarite de Litera, Uncastillo, Leciñena, La Fueva, Loporzano, Castillonroy, Peñarroya de Tastavins, Orés, Ejulve, La Cerollera, Baells, las Peñas de Riglos, Almonacid de la Sierra y Villafranca de Ebro.

Todos ellos forman parte de las declaraciones de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil que aprobó el Consejo de Ministros el 28 de julio y el 15 de septiembre. Esas declaraciones abarcan en toda España 323 episodios ocurridos entre el 31 de marzo y el 31 de agosto. Según el Gobierno de Aragón, el ámbito de la convocatoria comprende zonas de 38 municipios: 21 de Huesca, 11 de Zaragoza y 6 de Teruel.

Quién puede pedirlas

Pueden acogerse los titulares de explotaciones de producción y reproducción de ovino, caprino, bovino y equino en régimen extensivo o semiextensivo. La explotación debe estar inscrita en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) antes de la publicación de la orden y contar con las autorizaciones administrativas obligatorias. Además, el titular debe tener pastos afectados dentro de los municipios incluidos y haber declarado esas parcelas en la solicitud conjunta de la PAC 2026.

Quedan excluidas las explotaciones intensivas, los cebos y cebaderos y las de autoconsumo. Quienes reciban la ayuda se comprometen a mantener durante un año, desde la concesión, al menos el 70% del censo ganadero que se haya tenido en cuenta para calcularla.

La cuantía de cada explotación parte de su grado de afección, es decir, la proporción de superficie pastable dañada sobre el total de la explotación. En ese cálculo, los recintos de rastrojeras y los declarados con el producto 358 computan solo a la mitad, por su menor capacidad forrajera o por el carácter temporal de ese aprovechamiento.

Ese grado de afección se multiplica por el número de unidades de ganado mayor (UGM) y por el periodo indemnizable. Ese periodo equivale a los días que el ganado permanece de media en esos pastos durante una campaña normal y varía según se trate de pastos húmedos o mediterráneos. El resultado se multiplica a su vez por un coste medio diario de alimentación por UGM, que el Gobierno de Aragón cifra en 3 euros.

La convocatoria se resuelve por concurrencia competitiva simplificada, de modo que reciben la ayuda todas las solicitudes que cumplan los requisitos. Si la suma de las ayudas supera el crédito disponible, se aplicará el mismo coeficiente reductor a todas ellas.

Las ayudas son compatibles con otras subvenciones y con las indemnizaciones de los seguros, siempre que el total no supere el valor del daño. Al acogerse al régimen europeo de minimis agrícola, ningún beneficiario puede recibir más de 50.000 euros por esta vía en tres ejercicios fiscales. Para el pago no se exige más justificación que la verificación de los daños por parte de la Administración.

Plazos y tramitación

El plazo para presentar solicitudes es de diez días hábiles y empieza este martes 27 de octubre, con una tramitación exclusivamente electrónica. Los ganaderos pueden presentar la solicitud a través de un representante, como una organización agraria o una gestoría.

La instrucción corresponde al Servicio de Modernización de Explotaciones de la Dirección General de Desarrollo Rural, y una comisión técnica valorará las solicitudes. El director general de Desarrollo Rural dispone de tres meses desde el cierre del plazo para resolver. Si no lo hace, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.

El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, CGT, CNT y OSTA han convocado una manifestación para el próximo miércoles 11 de noviembre en Zaragoza, coincidiendo con la huelga general. La movilización será a las 18.00 del Paraninfo bajo el lema “Contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos”. La convocatoria cuenta también con el apoyo de Intersindical, Confederación Intersindical, CUT y SOA, mientras que las organizaciones esperan que se sumen nuevos colectivos sociales en las próximas semanas.

La protesta pretende denunciar las dificultades que atraviesa la clase trabajadora, con especial atención al acceso a la vivienda, el estancamiento de los salarios, la inflación y el deterioro de los servicios públicos. Las organizaciones convocantes contraponen esta situación al incremento de los presupuestos militares y policiales y señalan a los intereses empresariales e inmobiliarios como responsables de unas condiciones de vida cada vez más difíciles.

Paula Ríos, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, ha definido la movilización con la necesidad de señalar a quienes consideran responsables de la crisis: “El negocio de la vivienda, el estancamiento de los salarios, la inflación y el deterioro de los servicios públicos, frente al aumento de los presupuestos militares y policiales”.

“La vivienda debe dejar de ser un negocio y convertirse en un derecho universal. Esto exige acabar con la especulación inmobiliaria y expropiar a los especuladores”, defienden las organizaciones convocantes. Los sindicatos sitúan la convocatoria en un contexto de creciente conflictividad social en Europa, donde consideran que la clase trabajadora está mostrando su rechazo a un modelo económico que convierte las necesidades básicas en mercancía. En este sentido, sostienen que las mejoras no llegarán sin organización y movilización colectiva.

Una huelga independiente de los partidos parlamentarios

Las organizaciones convocantes defienden que la huelga general del 11 de noviembre debe servir para reforzar la organización de la clase trabajadora y los sindicatos laborales y de vivienda. En su planteamiento, existen dos formas de entender la huelga del 11N: “Una huelga meramente simbólica y subordinada al Gobierno, y otra huelga real, independiente del PSOE y de la izquierda parlamentaria, capaz de representar realmente a la clase trabajadora”.

La convocatoria también se dirige al conjunto de los partidos políticos, a los que responsabilizan de defender los intereses empresariales y rentistas cuando han gobernado. En su comunicado, las organizaciones extienden ese cuestionamiento desde Vox hasta las formaciones de la izquierda parlamentaria, entre ellas Sumar, Podemos, Izquierda Unida y CHA.

Además de participar en la manifestación, las organizaciones hacen un llamamiento a la ciudadanía para implicarse en los espacios de preparación de la huelga. Entre sus propuestas figuran la afiliación a los sindicatos laborales y al Sindicato de Inquilinas, así como el contacto con los comités de barrio a través de las redes sociales o del correo electrónico sindicatoinquilinaszgz@gmail.com.

Los cinco comités barriales de Zaragoza celebrarán asambleas abiertas el miércoles 11 de noviembre a las 19.00 para impulsar la participación y ampliar asi la implicación vecinal.

Hasta 35 trabajadores de Mercazaragoza mayores de 55 años y con décadas de antigüedad en la empresa pueden perder su empleo por un expediente de regulación de empleo (ERE) cuyas condiciones, según denuncia la familia de uno de los afectados, “van a arruinar su jubilación”. Así describe una familiar de uno de los trabajadores la situación que atraviesa su padre, de 59 años y con más de 30 años de trayectoria en la empresa pública, en medio de unas negociaciones que se han roto sin que la plantilla tenga certezas sobre su futuro.

“Mi padre está fatal”, explica, al tiempo que denuncia la falta de información durante el proceso. La familia asegura que inicialmente se plantearon 20 salidas voluntarias y pactadas, pero que la propuesta terminó ampliándose un ERE obligatorio que afectaría a 35 trabajadores. La familia teme las consecuencias que las condiciones económicas del ERE puedan tener sobre la pensión de los trabajadores en la misma situación. “Con indemnización que proponen y llevarlos al paro con esa edad después de toda la vida dedicándose a eso van a arruinar su jubilación”, advierte.

En redes sociales se ha difundido también un vídeo por parte de uno de los familiares de un trabajador: “35 currantes de más de 55 años a la calle como perros”, denuncia. En su mensaje reivindica la trayectoria de quienes han dedicado buena parte de su vida a la empresa: “Mi padre no es un número en Excel que puedan poner en negativo, es un currante”.

La familia no cuestiona que la empresa tenga que tomar medidas ante su situación económica, pero sí reclama que se tenga en cuenta el futuro de los afectados. “No digo que no los despidas, es que les tiendas un puente justo hacia la jubilación”, plantea. También pide que se respeten los compromisos que, según afirma, se habían trasladado durante las conversaciones: “Lo único que pido es que Mercazaragoza cumpla con su palabra”. La familia recuerda que los trabajadores han dedicado décadas a su trabajo, que no dejaron de trabajar ni durante la pandemia porque eran servicio esencial.

El comité rompe las negociaciones

La preocupación de los trabajadores coincide con el bloqueo de las conversaciones entre la empresa y la representación de la plantilla. El Comité de Empresa de Mercazaragoza ha comunicado la ruptura de las negociaciones del ERE ante las condiciones planteadas por la dirección: “Se ha producido la ruptura de las negociaciones del ERE ante unas condiciones inaceptables propuestas por Mercazaragoza por mandato del Ayuntamiento de Zaragoza”, afirma el comité en un comunicado. La representación de los trabajadores considera que la propuesta supone “un grave retroceso” respecto a los compromisos trasladados en reuniones previas y en el Pleno municipal.

“Lo que se trasladó a los trabajadores y lo que ahora se pone sobre la mesa no está a la altura de lo que se esperaba”, señala el texto. El comité exige a Mercazaragoza y al Ayuntamiento que reconsideren su postura y presenten una propuesta que garantice “unas condiciones de salida verdaderamente dignas”.

La reclamación incluye también a quienes permanezcan en la empresa después del expediente. El comité exige que se garantice la viabilidad futura de Mercazaragoza y que se mantengan las condiciones laborales y salariales de la plantilla que continúe trabajando en ella. “Los trabajadores no son números ni piezas prescindibles. Son personas con familias, responsabilidades y años de trabajo a sus espaldas”, recuerda el comunicado.

La representación de los trabajadores advierte sobre una posible privatización: “La propuesta presentada por la empresa supone, a nuestro juicio, la preparación del camino para proceder a su privatización”, sostiene. El comité reclama garantías sobre el futuro de la empresa, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Zaragoza y por Mercasa. “La plantilla ya ha soportado suficiente incertidumbre y no merece que sus derechos queden relegados durante este proceso”, concluye el comunicado, que atribuye la responsabilidad de desbloquear la situación a quienes tienen capacidad de decisión. Preguntado por este medio, el Ayuntamiento de Zaragoza ha remitido a la empresa, que por el momento no ha respondido.

La fábrica de Stellantis de Figueruelas (Zaragoza) ha iniciado un nuevo ciclo también el terreno de la representación de los trabajadores con la mayoría absoluta del sindicato UGT FICA en la nueva etapa de aumento de la producción con nuevbos modelos, incluidos los de la marca china Leapmotor y con la gigafactoría conjunta de CATL. UGT FICA ha logrado la mayoría absoluta en el comité de empresa por primera vez desde 1985, un resultado que modifica la correlación de fuerzas sindicales. Con esta victoria, el sindicato refuerza su posición en la industria del automóvil y amplía su presencia en las grandes plantas del país, donde ya cuenta con una posición dominante en Seat y Ford.

La organización sindical se ha impuesto en las elecciones celebradas este jueves en la factoría zaragozana, en las que se elegían 29 representantes, dos menos que en los comicios de 2022 debido a la reducción del censo electoral. UGT ha conseguido 15 delegados, frente a los 12 que tenía hasta ahora, mientras que CCOO mantiene seis, CGT obtiene cuatro y OSTA dos en el colegio de especialistas. En el de técnicos y administrativos, UGT logra tres representantes y CCP, dos.

La victoria supone un incremento de cuatro delegados para UGT respecto a los anteriores comicios y le permite consolidar su liderazgo en el comité, doinde hasta ahora era la primera fuerza pero sin mayoría. Según los datos difundidos por el sindicato, ha ganado en los dos colegios electorales, en 21 de las 24 mesas y en todas las naves de la fábrica. En el colegio de especialistas ha obtenido 1.435 votos, 779 más que en las elecciones anteriores, mientras que en el de técnicos ha sumado 349.

Alianza con las chinas Leapmotor y CATL

El resultado llega en un momento decisivo para el futuro de Figueruelas, que ha comenzado a fabricar el Leapmotor B10, el primer modelo de la marca china que sale de una planta española. La incorporación de este vehículo eléctrico, junto con los próximos lanzamientos previstos para las instalaciones aragonesas, abre una nueva etapa industrial para una factoría que aspira a recuperar volumen de producción y consolidar su carga de trabajo.

Stellantis ha realizado más de 450 contrataciones vinculadas a la llegada del B10, mientras prepara la incorporación de nuevos modelos. Entre ellos figura la próxima generación del Peugeot 208, cuya producción está prevista para julio de 2027, así como futuros vehículos eléctricos desarrollados con tecnología de Leapmotor.

La transformación de la fábrica también se extiende a la cadena de suministro. En Figueruelas se construye una gigafactoría de baterías impulsada por la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, con una inversión prevista de 4.100 millones de euros y una capacidad de producción de hasta 50 gigavatios hora. El proyecto contempla una plantilla de cerca de 4.000 personas cuando alcance su plena actividad.

El próximo convenio, en el horizonte

La nueva composición del comité tendrá consecuencias en las relaciones laborales de la planta. El principal reto será preparar la negociación del próximo convenio colectivo, cuya vigencia se prolonga hasta finales de 2027. La distribución de representantes determinará la capacidad de cada organización para influir en las condiciones salariales, la flexibilidad laboral y las garantías de empleo que se negocien con la dirección.

UGT FICA ha atribuido su victoria al respaldo de la plantilla a su política de negociación y diálogo social, así como a su actuación en defensa de los derechos laborales. Tras conocer los resultados, la sección sindical ha destacado que sumar cuatro representantes y alcanzar la mayoría absoluta constituye un aval a su gestión.

El sindicato afronta ahora la nueva etapa con el objetivo de que las inversiones y los nuevos programas industriales se traduzcan en empleo estable, mejores condiciones laborales y garantías para el futuro de la factoría. La evolución de la demanda de los nuevos modelos y el cumplimiento de los planes de producción serán determinantes para que Figueruelas recupere parte del volumen perdido en los últimos años.

Los comicios se han celebrado, además, con una plantilla más reducida que en 2022. El censo ha pasado de 5.229 trabajadores a 4.531, un descenso del 13,3%, pese a las contrataciones realizadas para preparar la fabricación del Leapmotor B10. La cifra refleja el ajuste de la actividad de los últimos años, aunque la llegada de nuevos proyectos abre la puerta a una recuperación progresiva.

El Gobierno de Aragón ha dado el primer paso para desarrollar Atenea, un nuevo polo logístico e industrial en el corredor de la carretera de Huesca que movilizará más de 400 millones de euros de inversión privada y que, según las estimaciones de sus promotores, podría generar 3.500 puestos de trabajo. El proyecto ocupará 214 hectáreas –más de 2,1 millones de metros cuadrados– entre el barrio zaragozano de San Gregorio y la Ciudad del Transporte, en un suelo que lleva dos décadas recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin llegar a desarrollarse.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha avanzado la iniciativa este jueves en el Alia Logistics Summit, el encuentro del clúster logístico de la comunidad, y la ha presentado como la respuesta a proyectos empresariales que “están llamando a la puerta” de Aragón y que demandan grandes parcelas. El Ejecutivo, sin embargo, aprobó ya la Declaración de Interés General de Aragón (DIGA) el pasado 16 de septiembre en un Consejo de Gobierno extraordinario y no lo había comunicado hasta ahora. Tampoco ha querido identificar a las empresas interesadas: Azcón ha señalado que no lo hará hasta que esos proyectos estén “suficientemente maduros y suficientemente asentados”.

Una de esas compañías podría ser la multinacional farmacéutica suiza Roche. Según publican este viernes 'Heraldo' y 'El Periódico de Aragón', la empresa negocia instalarse en Atenea, aunque la operación todavía no está cerrada. Zaragoza compite por el proyecto con Barcelona y con otras ubicaciones en España y en el norte de Europa, y la decisión podría conocerse en cuestión de semanas. Ambos diarios coinciden en que el grupo ocuparía en torno a la mitad del suelo industrial del polígono. Se trataría de un complejo de 80 hectáreas con un centro de I+D+i ligado a la producción biofarmacéutica y con instalación logística propia.

Con la DIGA aprobada, el desarrollo se tramitará como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), la figura que permite a la DGA impulsar actuaciones de alcance supramunicipal. La planificación comenzó hace dos años y los promotores trabajan ya en la redacción de la iniciativa, que prevén presentar en el primer semestre de 2027. Con los plazos habituales de la Administración autonómica, la aprobación definitiva llegaría a finales de 2028 y las obras de urbanización arrancarían en 2029.

Como ocurrió hace veinte años con el complejo de Inditex en Plaza, la urbanización podrá simultanearse con la construcción de las naves de las compañías que adquieran suelo, lo que acortaría los plazos de implantación.

Quién está detrás

La sociedad promotora, Plataforma Atenea Zaragoza SL, se constituyó en junio de 2024 con un capital de 3.000 euros. Su objeto social se limita a urbanizar, construir, vender y alquilar inmuebles en un único suelo: el urbanizable no delimitado de uso productivo donde se proyecta Atenea. Su único socio inicial fue Zarages SL, que comparte domicilio con la promotora zaragozana Castillo Balduz en la calle de Jerónimo Zurita. En agosto de 2024 la sociedad pasó a tener un consejo de administración formado por Castillo Balduz SL, como consejero delegado, Zarages SL, Yolmence SL, Marta 1970 Inversiones SL y Monte Sarda SL.

Uno de los puntos clave para la viabilidad del proyecto era el suministro eléctrico, en un entorno de Zaragoza saturado por la acumulación de peticiones de centros de datos. Atenea tiene ya autorizada la conexión en la subestación de Los Leones, situada frente a los terrenos, a través de la red de distribución de Endesa. Los promotores aseguran tener también garantizado el suministro de agua.

Los terrenos se sitúan a la salida de la autovía de Huesca (A-23), pasado el falso túnel, con conexión directa al cuarto cinturón. Lindan además con la línea ferroviaria Zaragoza-Huesca-Barcelona por Lleida y con la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ), lo que permitiría reforzar el transporte de mercancías por tren si las empresas que se instalen apuestan por ese modo.

Azcón ha definido Atenea como “uno de los grandes proyectos logísticos” de los próximos años en una zona de expansión de Zaragoza hacia Huesca que considera “extraordinariamente interesante”. El nuevo polo se sumará a los otros dos desarrollos previstos junto a Plaza —Plaza 4.0 y el sector 90.1—, que suman en torno a 270 hectáreas.

El Canal Imperial de Zaragoza divide la ciudad y marca también la brecha en la renta media de los hogares. En el lado derecho del cauce, en la zona de Torrero, la renta bruta media por unidad familiar se encuentra entre el 15% más bajo del país, lo que contrasta con la realidad a apenas cinco minutos a pie, donde los hogares se colocan entre el 3% más rico de España.

Esta división económica se acentúa a medida que se sube por el curso del Canal. En el entorno de Ruiseñores y del Parque Grande José Antonio Labordeta, la renta bruta media supera los 90.000 euros y alcanza los 116.148 euros en algunas secciones. En Casablanca, el valor más alto localizado llega a los 167.076 euros anuales por hogar, frente a los 34.717 euros de media en los sectores de Torrero.

La densidad de población también condiciona estas zonas de Zaragoza y el tipo de edificios que se construyen. Frente a los pisos pequeños y en bloques de Torrero, las casas bajas y chalés de Ruiseñores y Casablanca. Los datos demográficos reflejan esta diferencia de modelo urbano: el distrito de Torrero-La Paz cuenta con 45.711 habitantes, frente a los 10.147 de Casablanca. Aunque son cifras que recogen espacios más amplios que las secciones censales de la renta, permiten contextualizar la cantidad de población en las dos zonas.

Los datos proceden de la estadística de renta media por persona y hogar del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge información de las declaraciones del IRPF por secciones censales. La renta bruta media por hogar refleja los ingresos declarados antes de impuestos, por lo que no incluye las rentas que quedan fuera de las declaraciones fiscales, como los ingresos no declarados o los procedentes de la economía sumergida.

Un origen común junto al Canal

El proyecto del Canal Imperial se remonta al siglo XVI, durante el reinado de Carlos V, aunque las obras concluyeron en el XVIII bajo el impulso de Ramón Pignatelli. Las aguas llegaron a Zaragoza en 1784 y, dos años después, se inauguraron los puertos de Casablanca y Torrero. El Canal permitió ampliar el regadío, abastecer de agua a la ciudad y desarrollar actividades vinculadas a la navegación y la energía hidráulica. A su alrededor crecieron asentamientos que, con el tiempo, evolucionaron de forma totalmente opuesta.

Torrero se convirtió en una zona habitada por las clases populares. El menor coste del suelo respecto al casco urbano y los ensanches favoreció la aparición de barriadas autoconstruidas. A comienzos del siglo XX, las canteras de yeso fueron una de sus principales actividades económicas y, en 1928, la construcción de la cárcel provincial terminó de marcar su carácter periférico. Tras la Guerra Civil, el barrio recibió una fuerte ola migratoria procedente del medio rural y experimentó un acelerado crecimiento residencial: en treinta años pasó de unas 1.200 a 12.000 viviendas. La Paz surgió como una extensión de Torrero a mediados de siglo, en una expansión que convivió durante décadas con situaciones de infravivienda.

Al otro lado, el desarrollo del eje de Sagasta siguió otra trayectoria. El antiguo camino de Torrero —hoy paseo de Sagasta— fue una de las principales vías de expansión de Zaragoza hacia el sur. A sus lados se levantaron casas de recreo, torres residenciales e industrias, comunicadas por el tranvía desde 1885. El paseo de Ruiseñores se trazó en 1903. Entre 1910 y 1925 se construyeron allí hoteles y residencias de familias acomodadas —como el chalet de la familia Ostalé, derribado en 1994—, en un proceso donde la burguesía local se implicó de lleno en el desarrollo del parque Pignatelli y su entorno.

Por su parte, Casablanca tomó su nombre de la casa blanca vinculada al molino situado junto a las esclusas del Canal. Su desarrollo se produjo sobre un territorio agrícola que durante buena parte del siglo XIX quedó al margen de la expansión urbana y de la residencia burguesa. El barrio conservó ese carácter rural durante décadas —algunas de sus calles no se asfaltaron hasta los años setenta—, hasta que su transformación residencial posterior, articulada en torno a viviendas unifamiliares y chalés, lo terminó convirtiendo en una zona residencial más exclusiva. 

Contemporary Star Energy (CSE), la 'joint venture' de Stellantis y CATL que construye la gigafactoría de baterías de Figueruelas (Zaragoza), avanza en la formación de su primer grupo de profesionales en las instalaciones de CATL en Xiamen (China).

Los equipos de producción y mantenimiento, contratados localmente, realizan ya la formación práctica en las líneas de fabricación de celdas y módulos de batería, junto a profesionales de CATL, han informado desde CSE.

El programa, anunciado el pasado 3 de septiembre, permite adquirir experiencia en un entorno de producción a escala industrial como preparación para la futura actividad de la gigafactoría de Figueruelas. Tras una primera etapa de familiarización con el programa, las instalaciones y los equipos que los acompañan, los profesionales de CSE han comenzado el aprendizaje práctico en las líneas.

La fabricación de celdas de fosfato de hierro y litio (LFP) requiere conocimientos especializados en procesos como la fabricación de electrodos, el ensamblaje y la formación de las celdas. La estancia en las instalaciones de CATL permite a los participantes conocer estos procesos de primera mano y desarrollar las competencias necesarias para sus futuras funciones.

A su regreso a Figueruelas, estos profesionales compartirán la experiencia adquirida y formarán a los siguientes profesionales que se incorporen a CSE mediante contratación local. Esta transferencia de conocimiento contribuirá a desarrollar en Aragón el talento y las capacidades industriales necesarios para operar en la gigafactoría.

El programa forma parte del plan de contratación y formación por fases de la compañía, que se puso en marcha el 9 de julio de 2025, con la creación de la sociedad conjunta, y que se encuentra en su segunda fase. Las siguientes etapas se desarrollarán de manera gradual, conforme avance el proyecto y sus necesidades de incorporación de profesionales.

La estancia incluye también actividades culturales compartidas entre los equipos de CSE y CATL para estrechar las relaciones entre compañeros y fortalecer la colaboración.

La gigafactoría de Figueruelas, con una inversión prevista de 4.100 millones de euros y una capacidad de producción de hasta 50 GWh, contribuirá al fortalecimiento de la cadena de valor europea de las baterías para vehículos eléctricos y al desarrollo de un ecosistema industrial competitivo en Aragón. La plantilla prevista a plena producción es de cerca de 4.000 personas.

La crisis de acceso a la vivienda llegará a los centros de trabajo aragoneses el próximo 11 de noviembre. Los sindicatos OSTA, CGT y CNT, junto al Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, han anunciado este miércoles el registro de una convocatoria de huelga de ámbito autonómico con la que pretenden trasladar al terreno laboral las reivindicaciones por una vivienda asequible y denunciar el deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora.

La iniciativa cuenta también con el respaldo de CUT, Intersindical y SOA, además de la Asamblea de Inquilinas de Teruel y el colectivo Vivienda Digna Viello Aragón, con presencia en el Pirineo. Las organizaciones promotoras aspiran a ampliar los apoyos durante las próximas semanas y subrayan que la convocatoria está abierta al conjunto de trabajadores, movimientos sociales y colectivos que quieran sumarse.

El acceso a la vivienda constituye el principal eje de una movilización que, sin embargo, incorpora otras reivindicaciones laborales y sociales, como la subida de los salarios, la reducción de la jornada laboral y la defensa de los servicios públicos.

Los convocantes hacen un llamamiento a la clase trabajadora aragonesa para secundar el paro y expresar su rechazo al actual modelo inmobiliario. “Queremos acabar con el negocio de la vivienda”, señalan las organizaciones, que consideran incompatible garantizar este derecho con mantener su utilización como instrumento de inversión y obtención de beneficios.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza sostienen que “la vivienda no podrá ser un derecho universal mientras siga tratándose como un bien de mercado”. A su juicio, su función debería ser exclusivamente residencial y no lucrativa, por lo que defienden la expropiación de inmuebles en manos de quienes obtienen beneficios privados de un bien que consideran esencial.

La convocatoria se articula en torno a una tabla reivindicativa común que incluye la expropiación de viviendas propiedad de fondos de inversión y grandes tenedores, una reducción drástica de los precios de la vivienda y el establecimiento de contratos de alquiler indefinidos.

Las organizaciones también exigen el fin de todos los desahucios, incrementos salariales y una reducción de la jornada laboral. A estas demandas añaden el cese de lo que consideran represión contra los movimientos sociales y la derogación de la denominada ley mordaza.

Los sindicatos vinculan el encarecimiento de la vivienda con una pérdida generalizada de poder adquisitivo. Denuncian que el aumento del coste de la vida, el estancamiento de los salarios y las pensiones y el deterioro de los servicios públicos están agravando las dificultades económicas de numerosos hogares.

En este sentido, insisten en que la huelga no se limita a las personas que viven de alquiler, sino que pretende implicar al conjunto de la población trabajadora, al entender que los problemas de acceso a la vivienda forman parte de un deterioro más amplio de sus condiciones materiales de vida.

Las organizaciones convocantes dirigen sus críticas tanto a los gobiernos autonómicos de PP y Vox como al Ejecutivo central de PSOE y Sumar, a los que responsabilizan de mantener políticas que, a su juicio, favorecen los intereses de propietarios, grandes tenedores y empresarios.

En particular, reprochan al Gobierno central que durante los últimos siete años se hayan producido más de 250.000 desahucios, una cifra aportada por los convocantes, y que los precios de la vivienda hayan alcanzado máximos históricos.

Los promotores de la huelga consideran que “no se puede confiar la solución al problema de la vivienda a los partidos políticos existentes” y defienden que cualquier avance en materia de vivienda y derechos laborales dependerá de la movilización social y la organización colectiva.

Los secretarios generales de CCOO y UGT Aragón, Manuel Pina y José Juan Arceiz, han vinculado la huelga con el bloqueo de la negociación colectiva y el encarecimiento de la vivienda, que está absorbiendo buena parte de las subidas salariales. Pina ha denunciado la falta de avances en la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y ha advertido de que la dificultad para acceder a una vivienda está llevando incluso a rechazar ofertas de trabajo. También ha recordado el caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años fallecida tras su desahucio, para reclamar respuestas coordinadas de todas las administraciones.

Arceiz ha señalado que el precio de la vivienda en Aragón ha aumentado cerca de un 14 % en el último año, muy por encima de las subidas salariales, y ha exigido medidas para contener los alquileres y ampliar la oferta asequible. Además, ha reclamado el desbloqueo de la negociación colectiva y la actualización de la legislación de prevención de riesgos laborales. “Esta huelga va dirigida contra las organizaciones patronales que no quieren sentarse a negociar y contra todas las administraciones que tienen algo que hacer y no han hecho en el tema de vivienda”, ha subrayado.

Asambleas en Zaragoza, Sabiñánigo y Teruel

La preparación de la huelga se está extendiendo a distintos barrios y municipios de Aragón mediante la creación de comités unitarios, concebidos como espacios abiertos de organización y participación.

En Zaragoza, el Sindicato de Inquilinas ha anunciado para este miércoles, a las 19.00 horas, asambleas simultáneas de los cinco comités barriales constituidos en la ciudad. El objetivo es incorporar a nuevos participantes, coordinar las actividades previas al 11 de noviembre y extender la convocatoria a los centros de trabajo y de estudio.

La movilización también se organiza fuera de la capital aragonesa. En Sabiñánigo, el comité de huelga impulsado por Vivienda Digna Viello Aragón celebrará este miércoles una reunión a las 19.00 horas en el CSA A Melonera.

Por su parte, la Asamblea de Inquilinas de Teruel ha convocado una asamblea abierta para el jueves 22 de octubre, a las 18.30 horas, en el CSA A Ixena.

Las organizaciones insisten en que el éxito de la convocatoria dependerá de la implicación de trabajadores y colectivos sociales más allá de los sindicatos promotores. Para facilitar la participación han habilitado la plataforma Toka, desde la que se puede acceder a información sobre los comités de huelga y las actividades preparatorias.

Con esta convocatoria, los sindicatos y movimientos por la vivienda buscan convertir una reivindicación que ha ganado presencia en las calles en un conflicto también laboral, mediante una jornada de huelga que pretende implicar a trabajadores de distintos sectores de toda la comunidad autónoma.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este miércoles, 21 de octubre, que el presupuesto sanitario autonómico alcanzará aproximadamente los 3.100 millones de euros en 2027, frente a los 2.500 millones de 2023, lo que supone un incremento de 600 millones y del 24%. El jefe del Ejecutivo ha avanzado esta previsión durante su visita al Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, en Zaragoza, con motivo del vigésimo aniversario de la institución, acompañado por el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, y la directora del centro, Rosa Plantagenet-Whyte.

Azcón ha defendido que la evolución presupuestaria refleja la apuesta de su Ejecutivo por reforzar la sanidad pública y ha vinculado el aumento de los recursos con los proyectos hospitalarios y asistenciales impulsados en la comunidad. “Invertir en Sanidad es invertir en bienestar, en igualdad de oportunidades y en calidad de vida”, ha afirmado durante su intervención en las instalaciones de la calle Ramón Salanova.

El presidente autonómico ha precisado que la cifra de 2027 se encuentra todavía pendiente de cerrar los últimos flecos entre los departamentos de Sanidad y Hacienda, aunque ha asegurado que las cuentas supondrán un “máximo histórico de recursos” para el sistema sanitario aragonés. El presupuesto previsto para 2024 se situó en torno a los 2.762 millones, de modo que la cantidad anunciada para 2027 sería unos 332 millones superior a aquella referencia, aproximadamente un 12 por ciento más.

“El presupuesto de Sanidad de cara al año que viene significará un incremento hasta los 3.100 millones de euros”, ha indicado, antes de subrayar que el proyecto presupuestario también priorizará otras materias como la educación, la vivienda, las carreteras y las políticas de prevención y extinción de incendios. Sobre su presentación, ha apuntado que el Ejecutivo trabaja para cerrar las cuentas en los próximos días, sin concretar una fecha.

Alcañiz, Teruel y el nuevo Royo Villanova

Entre las actuaciones que ha puesto como ejemplo de la inversión sanitaria, Azcón ha citado el nuevo Hospital de Alcañiz, que permitirá dar respuesta a las necesidades asistenciales de unos 73.000 aragoneses con mayor capacidad, tecnología y prestaciones. También ha destacado el nuevo Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel, una infraestructura que ha calificado de realidad tras año de espera y que incorpora avances destinados a mejorar la atención en la provincia.

En este último centro, Jorge Azcón ha resaltado la llegada de un acelerador lineal de radioterapia, cuyo funcionamiento está previsto para el primer semestre de 2027. Su puesta en marcha permitirá que pacientes oncológicos reciban tratamiento en Teruel sin tener que desplazarse a Zaragoza. Asimismo, ha mencionado el inicio previsto del primer grado universitarios vinculado al ámbito sanitario de la ciudad.

Otro de los proyectos destacados ha sido el futuro Hospital Universitario Royo Villanova, que Azcón ha definido como el primer hospital público que se construirá en Zaragoza desde la creación de la comunidad autónoma. El centro está llamado a atender especialmente a los más de 200.000 habitantes de la margen izquierda y, según el presidente, tendrá un perfil tecnológico y prestaciones adaptadas a las necesidades del siglo XXI.

La ubicación del nuevo equipamiento se decidirá este jueves en el Consejo de Salud, según ha avanzado Azcón. Una vez seleccionada la parcela, comenzará la redacción del proyecto, un proceso que requerirá la participación de los distintos servicios sanitarios para definir sus necesidades. El presidente ha indicado que habrá una partida presupuestaria para esta infraestructura y ha recalcado que la prioridad es elegir el emplazamiento más adecuado tanto para los profesionales como para los pacientes.

A estas inversiones se suman los nuevos centros de salud previstos en Cuarte de Huerva, Utebo, Caspe, Zuera, Azuara y Arcosur. “La mejor sanidad es la que está cerca de las personas y responde a las necesidades allá donde vivan”, ha manifestado el jefe del Ejecutivo aragonés.

Veinte años de actividad del banco de sangre

La visita ha servido también para repasar la evolución del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, inaugurado en septiembre de 2006 y convertido en una infraestructura estratégica para garantizar el suministro de componentes sanguíneos a los hospitales de la comunidad. El centro desarrolla además tareas de procesamiento y custodia de tejidos humanos y leche materna.

Actualmente, la institución cuenta con 85 profesionales y una red de 28.000 donantes de sangre. A lo largo de sus dos décadas de actividad, más de 90.000 personas han donado sangre en Aragón, según los datos expuestos por Azcón, que ha destacado la dimensión solidaria de esta actividad. En 2025, el Banco gestionó cerca de 45.000 donaciones y coordina la obtención de unas 200 unidades de sangre al día, con capacidad para organizar hasta seis colectas diarias.

La modernización tecnológica ha permitido mejorar la separación y el procesamiento de los componentes, reforzar la trazabilidad y la seguridad y optimizar la logística. Entre los avances figura la donación por aféresis, una técnica que permite obtener selectivamente plasma y plaquetas: de unas 300 donaciones de este tipo en 2006 se pasó a cerca de 3.000 en 2025.

El centro dispone, además, de la primera unidad móvil de donación de plasma de Aragón, un recurso destinado a acercar esta práctica a las comarcas y los municipios e incrementar la capacidad de producción de un componente esencial para determinados tratamientos.

Azcón ha considerado que los veinte años de trayectoria reflejan la evolución de la sanidad aragonesa y la colaboración entre profesionales y ciudadanía. “La sangre no se puede fabricar. La sangre solamente la podemos obtener con la generosidad, con la solidaridad de aquellos hombres y mujeres, de aquellas personas que quieren donarla”, ha señalado.

El presidente ha concluido que disponer de una red sólida de donación y de un sistema capaz de garantizar el suministro sanguíneo constituye una garantía de seguridad y cohesión social, y ha defendido que la inversión sanitaria debe traducirse en mejores servicios para los aragoneses.

Leapmotor Internacional, la 'joint venture' constituida por la china Leapmotor y Stellantis, ha dado el pistoletazo de salida para el inicio de la producción de su primer vehículo en España, el Leapmotor B10.

Al acto de han asistido el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón y el embajador de China en España, Yao Jing; mientras que, por parte de las empresas han acudido la directora de Implementación del Plan Estratégico y Joint Ventures de Stellantis, Silvia Vernetti; la consejera delegada de Stellantis en España y Portugal, Zineb Ghout; el consejero delegado de Leapmotor International, Danilo Annese; y el fundador y presidente de Leapmotor, Jiangming Zhu.

El B10 es el primer vehículo de una serie de modelos que la Leapmotor espera fabricar en España en los próximos años, y el modelo más vendido por la marca en lo que va de 2026, con 2.790 matriculaciones al cierre de los nueve primeros meses del año, muy por encima de otros modelos que comercializa en España, como el C10 o el T03 (con 1.381 y 1.233 unidades, respectivamente, en segundo y tercer lugar).

Stellantis tiene previsto introducir nuevos modelos en la fábrica aragonesa. El siguiente en la lista será el Leapmotor B05, un modelo tipo compacto (hatchback) cuya producción a gran escala está programada para 2027.

El Leapmotor B10 es un SUV eléctrico dentro del segmento C (4,5 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,65 metros de alto). En términos de prestaciones, el B10 dispone de una potencia única de 160 kWh (218 CV), con tracción trasera al alojarse su motor debajo del maletero y la batería debajo de los asientos delanteros, permitiendo una autonomía superior a los 430 kilómetros.

Además del B10, el Opel Corsa, el Lancia Ypsilon y el Peugeot 208 también salen de las líneas de producción de la fábrica. A partir de 2028, Stellantis prepara la fabricación de un nuevo SUV-C eléctrico de Opel desarrollado junto a Leapmotor en la planta aragonesa.

Esta misma semana, el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de ampliar la colaboración con Leapmotor para producir vehículos del grupo “en otras plantas”. Para Filosa, estas alianzas, como la que tiene en Francia con Dongfeng, permiten mejorar la accesibilidad y la calidad de los productos, ya que se combina el conocimiento en tecnología y electrificación de las marcas chinas con el posicionamiento y el saber hacer en producción de Europa.

“Pese a que se ha reducido la capacidad de producción en Europa, nosotros no queremos cerrar plantas, sino que estamos buscando buenos socios con los que hacer alianzas y crecer, con los que compartir nuestra capacidad logística y conocimiento, como en Zaragoza con Leapmotor, y quizás en otras plantas”, ha afirmado.

Una alianza “histórica”

Las distintas autoridades que han participado en el acto han destacado el papel que juega la planta de Stellantis no solo en el impulso de la economía aragonesa sino dentro del conjunto de la industria automovilística de Europa.

“Estamos orgullosos del inicio oficial de la producción del B10 en Zaragoza. Este es un gran paso para Leapmotor en el mercado global. Es el primer vehículo chino realizado en España, ya que no se trata únicamente de un proceso de ensamblaje sino que supone aunar la tecnología y la innovación de Leapmotor a los estándares de calidad y producción de Stellantis”, ha resaltado Annese.

Por su parte, el fundador y presidente de Leapmotor, Jiangming Zhu, ha señalado que esta colaboración es el ejemplo de que una empresa china puede cooperar con una empresa “internacional” como Stellantis.

Del lado de Stellantis, la directora de Implementación del Plan Estratégico y Joint Ventures de Stellantis, Silvia Vernetti, ha destacado que esta colaboración es “beneficiosa” para ambas partes, al tiempo que permite “optimizar” la presencia industrial de Stellantis en Europa, “arraigada siempre” al territorio.

“No competimos entre nosotros, sino que trabajamos juntos. Este proyecto envia una clara señal de confianza en la industria, en la innovación y en las personas que trabajan en los equipos de fabricación cada día”, ha afirmado.

“Hoy es un día histórico. Le damos la bienvenida a un nuevo vehículo que va a permitir que Aragón siga liderando un sector tan importante como el de la automoción”, ha subrayado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien ha celebrado la buena noticia “para todo el país”. Además, el presidente se ha mostrado “convencido” de que el modelo de Leapmotor “lo va a petar en el mercado” y va a seguir contribuyendo a que se estén registrando cifras récord de producción de vehículos en España.

De su lado, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha puesto de ejemplo la alianza entre Stellantis y Leapmotor como un caso de “inversiones bien hechas”. “Ambas empresas son referencia. Hoy, tanto Europa como China están mirando esta planta de Zaragoza, en la que se ofrece un nuevo modelo electrificado, económico y 'Made in Europe'”, ha resaltado.

San Mateo de Gállego, cerca de Zaragoza, puede ser destino de hasta dos centros de datos. Al campus que Amazon Web Services tramita en los terrenos de la frustrada urbanización de Martinsa-Fadesa, se une el que promueve Copiapo Renovables, que ya analiza el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Prevé alcanzar 570 megavatios en diez años, pero por ahora solo tiene asegurados 90, y ni sumando las peticiones pendientes ante Red Eléctrica llegaría a esa cifra. Tampoco concreta cuánta agua consumirá: el documento de inicio sometido a consultas previas plantea una captación en el río Gállego, pero solo cuantifica la demanda de la primera fase y deja la tecnología de refrigeración en manos de “los futuros clientes”.

El proyecto no es nuevo. Es el campus de centro de datos que Vantage Data Centers y un socio local, Desarrollos Ecoindustriales La Cartuja, planeaban en Villanueva de Gállego, junto a la Universidad San Jorge. El Gobierno de Aragón lo declaró de interés autonómico en septiembre de 2025 y lo presentó como una inversión de 3.200 millones de euros. En julio, los promotores renunciaron a aquellos suelos y empezaron a buscar un nuevo emplazamiento.

Desarrollos Ecoindustriales La Cartuja nació de la alianza de los grupos Atalaya, Posidonia y Aptimus. El Registro Mercantil sitúa a Atalaya Generación Eólica y Posidonia Inversiones en su consejo de administración, junto a los empresarios Pedro Machín y Emilio Garcés. El documento de San Mateo presenta a Copiapo como fruto de la alianza de Atalaya y Posidonia.

La energía también coincide. Villanueva iba a arrancar con 90 MW de la red de Endesa y dependía de otros 300 MW en las subestaciones de alta tensión de Villanueva y Peñaflor. San Mateo parte exactamente de los mismos 90 MW y las mismas peticiones a Red Eléctrica.

Siete edificios hasta 2035

El plan ocupa 122,1 hectáreas al sur del polígono industrial Río Gállego, junto a la carretera que une San Mateo con Zaragoza, a 1,7 kilómetros del casco urbano. Prevé siete edificios de una planta en cuatro fases. La primera, con un edificio de 90 MW, se completaría en 2029; la segunda llevaría el campus a 240 MW, la tercera a 420 y la cuarta a 570 ya en el año 2035. Según el documento, el campus está diseñado para “centros de datos de hiperescala y de IA de alta densidad”.

Lo único asegurado son dos permisos de acceso a la red de distribución de Endesa: 80 MW en la subestación de Peñaflor, en Villamayor de Gállego –que caduca si en 2029 no se ha formalizado el acceso a la red–, y 10 MW en la de Villanueva de Gállego. Mientras, las dos peticiones de 150 MW a Red Eléctrica dependen de que el Ministerio para la Transición Ecológica convoque los concursos de capacidad en los nudos saturados del entorno de Zaragoza. Amazon Web Services, Microsoft o Azora, entre otros promotores, compiten por esa misma capacidad.

Aunque Red Eléctrica atendiera todo lo pedido, el campus sumaría 390 MW, con lo que faltarían 180 para el objetivo, y el documento no dice de dónde saldrían. Solo apunta que, “en función de la disponibilidad de capacidad derivada de la planificación de la red de transporte”, se “podrán solicitar nuevos permisos”. El calendario de las tres últimas fases se apoya así en una potencia que hoy no figura en ninguna tramitación. El propio promotor admite que ese calendario “dependerá de numerosos factores, entre ellos de la futura asignación de potencia y de la demanda de los clientes finales”.

Cada edificio contará además con generadores de emergencia para soportar toda su carga crítica, con entre 60 y 95 MW de generación de reserva por edificio. Por ese volumen de combustión, el documento reconoce que el campus necesitará Autorización Ambiental Integrada y una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Agua: una cifra para la primera fase

El agua de refrigeración se tomará del río Gállego. Se almacenará en una balsa de 2,3 hectáreas en San Mateo y se bombeará hasta el campus por una conducción de unos 900 metros. El documento solo da un consumo: 225 metros cúbicos diarios para los 90 MW de la primera fase, con una ratio de 2,5 metros cúbicos por megavatio y día. No ofrece ninguna cifra para el campus completo ni concreta el volumen anual que se pretende derivar del río.

Con la misma ratio, los 570 MW consumirían unos 1.425 metros cúbicos diarios, cerca de 520.000 al año, según un cálculo de este medio que no figura en el expediente. Es el equivalente al consumo doméstico de unas 11.400 personas, más del triple de la población actual de San Mateo de Gállego.

La cifra final dependerá de una decisión que el promotor aún no ha tomado. Según el documento, la disipación de calor “podrá realizarse mediante tecnologías de refrigeración seca, híbrida o evaporativa, en función de los requisitos operativos de los futuros clientes”, y el consumo “podría ser considerablemente menor” si se opta por la refrigeración seca.

“Area crítica de cernícalo primilla”

De las 122,1 hectáreas, 34,4 son del Ayuntamiento de San Mateo y 84,3 pertenecen a Nivalia Hispania, una sociedad administrada por la gestora zaragozana LMT Asset Management, según el Registro Mercantil. Las líneas eléctricas soterradas hasta Peñaflor y Villanueva, de 11,5 y 13,3 kilómetros, y los trazados de fibra óptica atraviesan también los términos de Villanueva, Zaragoza, Zuera y Villamayor de Gállego. Una de las zanjas cruza la Zona de Especial Conservación del Bajo Gállego, y el documento reconoce que el recinto queda “íntegramente dentro de un área crítica de cernícalo primilla”.

El análisis de alternativas compara el emplazamiento elegido con dos parcelas en Zuera. No menciona el de Villanueva, donde el proyecto llegó a someter su evaluación ambiental a información pública.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) prevé que la red de transporte eléctrico atienda en Aragón una demanda adicional de 8 gigavatios (GW) con el horizonte 2030, la mayor de todas las comunidades autónomas. Así lo recoge la nueva propuesta de planificación que el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha expuesto este jueves en Madrid a la consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle. La dirigente autonómica, sin embargo, ha cuestionado que se trate de capacidad nueva y ha pedido celeridad ante el “cuello de botella” que se genera en la comunidad actualmente en la red.

El documento, revisado tras analizar las 2.566 alegaciones presentadas en la fase de audiencia, contempla para la comunidad diez nuevos parques de subestaciones y 2.146 kilómetros de líneas, entre nuevas y repotenciadas.

En la reunión del 22 de septiembre de 2025 con la vicepresidenta aragonesa Mar Vaquero, el Miteco habló de un aumento de capacidad para proyectos de demanda de “más del 250%” sobre el pico de consumo de 2024, que fue de 1,6 GW. Sumado a los 5,1 GW de accesos ya concedidos desde 2020, eso permitiría a la comunidad multiplicar por siete su consumo en 2030. Ahora, Transición Ecológica eleva ese múltiplo a ocho. En notas previas, el Ministerio anunció una asignación a Cataluña de 3,8 GW de demanda adicional y a Galicia, de 1,6 GW.

Aquella propuesta inicial solo hablaba para Aragón de actuaciones en “más de 180 posiciones” de la red, sin concretar kilómetros. La nueva sí lo hace: 957 kilómetros de líneas nuevas y la repotenciación de otros 1.189 kilómetros de tendidos para aumentar su capacidad. Son el 14,3% de los 6.706 kilómetros de líneas nuevas previstos en toda España y el 14,6% de los 8.164 kilómetros que se repotenciarán. A ello se suman actuaciones en la mayoría de las subestaciones existentes.

Prioridad al Anillo de Zaragoza

El Miteco da además la consideración de proyectos preferentes, que serán atendidos de forma prioritaria, a las actuaciones que vertebran la red de transporte en la comunidad, como el Anillo de Zaragoza y el eje Aragón-Navarra. También a las que buscan maximizar la interfaz entre las redes de transporte y de distribución.

Los centros de datos siguen acaparando la mayor parte de la nueva capacidad. Tras la fase de audiencia, sin embargo, el Miteco ha incrementado la destinada a la producción de hidrógeno y a otros desarrollos industriales, a la electrificación del transporte y al refuerzo de las infraestructuras ferroviarias. La propuesta prevé también 5,8 GW de capacidad de acceso para generación renovable, la mayoría eólica, y 1,4 GW para almacenamiento, incluidas nuevas centrales hidroeléctricas reversibles.

En el conjunto de España, la vicepresidenta tercera y ministra Sara Aagesen anunció el 16 de septiembre en el Congreso que la inversión superará los 17.000 millones de euros. La propuesta sometida a audiencia preveía 13.600 millones, y la planificación vigente, 6.964 millones.

Dudas sobre los plazos

La consejera Valle ha explicado a los medios tras la reunión que la información recibida había sido “de carácter oral”, sin “ningún documento escrito”, y que el Gobierno de Aragón tendrá que analizarla en detalle. La consejera ha valorado que lo expuesto “parece positivo” y ha señalado que “algunos de los elementos que aparecen ahora en la planificación son nuevos con respecto a lo que había en la versión inicial de octubre del 25” porque el Ministerio ha atendido parte de las alegaciones aragonesas.

La consejera ha calificado de “muy importante” el incremento de la inversión, pero ha advertido de que la planificación acumula “más de un año de retraso”. Ha recordado que en Aragón los “cuellos de botella” en la red de transporte “están operando realmente como restricciones para la inversión, para la actividad, para la construcción de viviendas”. El Gobierno de Aragón ha pedido al Ministerio que priorice y acelere las actuaciones.

En cuanto a su aprobación con unas Cortes disueltas por la convocatoria electoral, Valle se ha mostrado escéptica de que pueda cumplirse, porque la Diputación Permanente “no es hábil para conocer este tipo de actuaciones de carácter más rutinario”. Según la consejera, el Ministerio estudia la fórmula y no lo ha descartado. Quedan pendientes, además, la declaración ambiental y un trámite ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Valle no cree que la planificación esté aprobada antes de primavera, lo que a su juicio supone “un gran problema”.

En la reunión también se ha abordado el proyecto de Real Decreto de centros de datos. El Gobierno de Aragón ha pedido formalmente al Ministerio que congele su aprobación por el periodo preelectoral, para negociarlo con el próximo Gobierno y llegar a “una versión que sea mucho más equilibrada” que la conocida hasta ahora.

La huelga de las brigadas forestales de Sarga continuará suspendida hasta el próximo 15 de noviembre después de que el Gobierno de Aragón haya mantenido este jueves una nueva reunión con el Comité de Huelga en la que se ha informado sobre la situación de las medidas previstas en el principio de acuerdo alcanzado el pasado 7 de septiembre en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

Durante el encuentro, el Gobierno ha informado de que se está tramitando el incremento salarial del 10% acordado, al que se añadirá la subida del 5% correspondiente al personal del sector público para 2026-2027.

Asimismo, se ha trasladado que se está trabajando en la contratación al cien por cien de la jornada de las brigadas dobles y de los puestos fijos de vigilancia.

Además, se ha informado sobre la previsión de aplicar, una vez se produzca la desconvocatoria de la huelga, el reconocimiento económico de 500 euros previsto por la excepcionalidad de la campaña a los trabajadores del Instituto de Formación Agroambiental de Jaca, del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, del Parque Natural de los Valles Occidentales y al personal de las emisoras que participaron activamente en las labores de extinción de los incendios forestales durante este verano.

Por último, ambas partes han acordado mantener una nueva reunión cuando el Gobierno de Aragón pueda trasladar nueva información sobre la organización del operativo de incendios forestales para 2027.

Durante el encuentro se ha señalado que se está trabajando en la planificación del próximo dispositivo y que su concreción estará vinculada a la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027.

Aragón pone el suelo, el agua y la electricidad para los centros de datos de Amazon. Sin embargo, los municipios que los acogen tienen que reclamar que el impuesto sobre su actividad llegue a sus arcas. El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego han anunciado un frente común para reclamar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que la multinacional abonaba mediante una cuota nacional. Y en Huesca, el Ayuntamiento asegura que ha realizado gestiones ante la compañía y que esta ha anunciado un compromiso de pago de apenas 5.000 euros anuales por la instalación de Plhus, con efecto retroactivo desde 2023.

Esta batalla pone el foco en el retorno fiscal de las grandes infraestructuras tecnologías que se extienden por Aragón. Los municipios cuestionan que el impuesto que grava su actividad no llegue directamente al lugar donde se encuentran los centros. Mientras, las obras de expansión tampoco generan los ingresos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que reclaman los consistorios.

El Burgo y Villanueva han expresado su voluntad de actuar conjuntamente pare exigir ese cobro, según adelantó Heraldo de Aragón. Su reivindicación reside en que el IAE se ingrese donde se desarrolle la actividad económica. El alcalde de El Burgo, el socialista Vicente Royo, ha llevado esa presión a la negociación de las ampliaciones, anunciando que no firmará el convenio previsto en el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) hasta que no se alcance un acuerdo económico sobre el IAE y la compensación por el ICIO.

La respuesta de Huesca introduce un elemento distinto en esta batalla. El Ayuntamiento que dirige la popular Lorena Orduna sostiene que AWS se ha dado de alta en el epígrafe 845 del IAE y que “tributará este impuesto en Huesca desde 2027”. Añaden fuentes municipales que la empresa ha confirmado que abonará “con carácter retroactivo desde 2023 el IAE correspondiente al centro de datos de Plhus”. La cuantía, según el Ayuntamiento, será de aproximadamente 5.000 euros por año.

El Ayuntamiento de Huesca no concreta cuándo se ingresarán las cantidades retroactivas ni qué recaudación prevé por el nuevo centro de datos en construcción en Walqa, a unos 400 metros del centro de datos de Plhus, al otro lado de la autovía A-23. Tampoco describe lo ocurrido hasta ahora como un incumplimiento fiscal. Según el consistorio, la compañía había pagado el IAE mediante la cuota nacional, “tal y como indicaba la normativa estatal para la actividad en la que estaba inscrita”.

Esta distinción afecta a la reclamación de la formación política Aragón Existe, que este miércoles pidió a Orduna exigir a AWS unos 91.000 euros y sumarse a los otros dos ayuntamientos. “El Ayuntamiento de Huesca debe ser valiente y reclamar a Amazon 91.000 euros que le deben a todos los oscenses, un dinero que ayudaría a nuestra ciudad y mejoraría los servicios municipales”, sostiene su portavoz, Daniel Ferraz.

Según la memoria económica del PIGA de expansión de AWS, estima que el centro de datos de Walqa generará para Huesca 90.817,74 euros anuales por el IAE y otros 35.599,82 euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Esa previsión corresponde a una instalación distinta del centro de Plhus, para el que el Ayuntamiento ha anunciado aproximadamente 5.000 euros anuales de IAE y pagos retroactivos desde 2023. La respuesta municipal no concreta cuánto tributará el complejo de Walqa ni cómo se materializará la recaudación prevista.

El ICIO, otro frente en la batalla

El ICIO abre otro frente en la batalla por los impuestos. Aragón Existe denuncia el trato que recibe AWS frente a empresas que sí pagan el impuesto por construir en Plhus. El Ayuntamiento de Huesca responde que las exenciones de las obras en curso están recogidas en el PIGA, “sistema de legislación y tramitación autonómica por que el se ha desarrollado el proyecto”. Respecto al IBI asegura que Amazon “está al día” con Huesca.

La tramitación autonómica también limita los ingresos municipales derivados de las obras de Walqa. Según la memoria económica del PIGA, la tasa por licencia urbanística “no se devengaría” y el ICIO “no resultaría de aplicación”, porque considera que “no se cumple el hecho imponible porque las obras no requieren un título habilitante urbanístico”. El acuerdo del Gobierno de Aragón, que aprobó los proyectos de edificación en mayo de este año, confirma que son “directamente ejecutables sin necesidad de título habilitante de naturaleza urbanística”.

Aragón Existe también reprocha al consistorio oscense una “información insuficiente” sobre el empleo, el consumo de agua y electricidad y los impuestos de las instalaciones. El Ayuntamiento remite a los correspondientes PIGA y señala que las estimaciones de empleo y recursos son públicas.

Así, la documentación ambiental del proyecto permite concretar algunas previsiones. Según la autorización del Inaga, el complejo de Walqa “empleará un total de 150 trabajadores”, distribuidos entre sus cinco edificios de almacenamiento de datos que ocupan un emplazamiento con una superficie total de 57 hectáreas. Además, fija “el consumo anual de electricidad para el desarrollo de la actividad” en “2.270.600 MWh/año”.

En materia de agua, la autorización ambiental del Inaga recoge una “necesidad de abastecimiento de agua de 152.892 metros cúbicos al año”, con un reparto de “143.402 metros cúbicos al año para refrigeración y 9.490 metros cúbicos al año para uso sanitario y protección contra incendios”. Además, indica que el promotor prevé emplear para refrigeración “94.157 metros cúbicos al año de agua de lluvia acumulada en los reservorios que se construirán en los centros de datos”. Estas cifras son previsiones, no consumos medios, y dependerán de situaciones como olas de calor o periodos de sequía. El abastecimiento de agua se realizará desde dos fuentes: la red de agua potable del Parque Tecnológico Walqa para uso sanitario, limpieza, y sistema contraincendios, y la red municipal del Ayuntamiento de Huesca que suministrará el agua bruta a los reservorios junto a las pluviales recogidas en la parcela.

Oposición vecinal

El debate sobre cuánto influirán los centros de datos de AWS en el territorio se cruza con la oposición vecinal. En Cuarte, barrio rural de Huesca muy próximo a Walqa, el 99,1 % de los participantes en una consulta organizada por la asociación de vecinos rechazó el centro de datos previsto en el parque tecnológico.

Participaron 117 de las 144 personas que podrían votar. El 95 % consideró que la declaración como PIGA no estaba justificada términos de balance entre beneficios y costes ambientales, energéticos y sociales. Carlos Oliván, representante vecinal, describió un clima de “incertidumbre” y “miedo”. La asociación avanzó que trasladaría los resultados al Ayuntamiento y Gobierno de Aragón y que impulsaría nuevas acciones contra un centro de datos que ya está en construcción.

El Gobierno de Aragón no ha aclarado qué ocurrirá a partir del próximo 1 de enero con cinco contratos de asistencia sanitaria adjudicados a Ribera Salud que finalizan el 31 de diciembre. En conjunto, estas adjudicaciones suman 1.265.300,18 euros y permiten cubrir consultas externas, guardias, urgencias y procedimientos quirúrgicos en los hospitales de Teruel, Alcañiz, Calatayud y Barbastro.

El Departamento de Sanidad asegura que por el momento no dispone de información sobre cuáles de estos servicios continuarán en 2027 ni sobre si la actividad que ahora se presta mediante estas adjudicaciones se recuperará con medios propios del sistema público. Tampoco ha concretado si se recurrirá a nuevas contrataciones una vez finalicen los expedientes actuales.

La cuestión fue planteada esta semana en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón por la diputada socialista María Rodrigo, que reclamó al Gobierno información sobre el futuro de estos servicios. El director general de Planificación Sanitaria no respondió durante la comisión a qué contratos se prorrogarán y cuáles finalizarán: “No sabemos qué contratos se van a prorrogar de nuevo con empresas privadas, no sabemos qué contratos van a finalizar directamente, no sabemos qué actividad piensan recuperar con medios propios y no conocemos tampoco ningún calendario para hacerlo”, señaló la diputada.

Cinco contratos que vencen en diciembre

Los cinco expedientes que tienen como fecha de finalización el 31 de diciembre suman 1.265.300,18 euros. El de mayor importe corresponde al Hospital de Calatayud, donde Ribera presta consultas externas de Traumatología, atiende urgencias no ingresadas y realiza procedimientos quirúrgicos con hospitalización. La adjudicación asciende a 356.675,65 euros.

Le siguen el servicio contratado en Barbastro, por 288.250 euros, que cubre consultas de Otorrinolaringología y Urología y guardias de Urología, y el de Alcañiz, de 222.374,53 euros, destinado a consultas, urgencias y procedimientos quirúrgicos de Traumatología. Estos dos últimos expedientes contemplan una posible prórroga: de seis meses en el caso de Barbastro y de doce meses en el de Alcañiz.

En Teruel hay dos adjudicaciones diferentes para cubrir guardias de Ginecología, Anestesia, Urología y otros servicios que resulten necesarios, ambas por 199.000 euros. Una comenzó en febrero y la otra en junio, por lo que durante varios meses coincidieron para cubrir esta actividad en el Hospital Obispo Polanco. La documentación consultada no recoge una prórroga para ninguno de los dos expedientes.

Los cinco contratos están adjudicados formalmente a Ribera Medical, una de las sociedades del grupo Ribera Salud. En expedientes anteriores aparece Torrevieja Salud, que figura como denominación anterior. Para este artículo se utiliza Ribera Salud para referirse al grupo empresarial.

La posibilidad de continuidad no es igual en todos los casos. Dos de los cinco contratos —los de Alcañiz y Barbastro— contemplan expresamente una prórroga, mientras que en los otros tres no figura esta opción en la documentación consultada. El Gobierno de Aragón no ha aclarado si hará uso de esas prórrogas ni qué fórmula aplicará para mantener, modificar o recuperar el resto de la actividad.

Más de dos millones de euros adjudicados desde 2025

Los cinco contratos que vencen a final de año forman parte de una sucesión de adjudicaciones a Ribera Medical y a Torrevieja Salud, su anterior denominación, para cubrir actividad sanitaria en distintos hospitales aragoneses. Según la relación de contratación consultada, desde abril de 2025 estas adjudicaciones suman 2.359.264 euros.

Entre ellas figuran servicios de Rehabilitación y Otorrinolaringología en Huesca, consultas de Otorrinolaringología, Rehabilitación y Urología en Barbastro y consultas de Rehabilitación, Otorrinolaringología y Dermatología en Teruel. También se adjudicaron servicios de Traumatología en Calatayud y distintas guardias médicas en Teruel.

Durante 2026 se han sucedido nuevas contrataciones para cubrir actividad asistencial en los cuatro hospitales que ahora concentran los cinco expedientes con vencimiento a 31 de diciembre. La cuestión pendiente es qué ocurrirá con esos servicios cuando termine el año.

Rodrigo sostiene que una eventual prórroga podría servir al Ejecutivo autonómico para disponer de tiempo para incorporar profesionales al sistema público. “Si durante esos seis o doce meses el Gobierno no trabaja en captar profesionales, esto está ocultando una cuestión más de fondo: ese cambio de modelo a un modelo totalmente privatizador que tiene el Gobierno de Azcón”, afirmó la diputada. Esta última consideración corresponde a la valoración política del PSOE sobre la estrategia del Ejecutivo autonómico.

Ribera Salud tampoco confirma por ahora si continuará prestando estos servicios en 2027. Consultada por este medio sobre la previsión para los contratos que finalizan a finales de año, la compañía señala que está “a disposición del Gobierno de Aragón y de todos los gobiernos que necesiten colaboración para mejorar la accesibilidad a los servicios sanitarios de los ciudadanos, especialmente en especialidades y áreas de difícil cobertura”.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 170 personas en septiembre en Aragón en relación al mes anterior (+0,3%), hasta los 50.344 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de septiembre, se acumulan ya cuatro meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de septiembre desde 2024. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en septiembre la mayoría de veces en Aragón (20 veces) mientras que ha bajado en 10 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2022. En el último año el desempleo acumula un aumento de 2.520 parados lo que supone un 5,3% más.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 188 menos (-0.55%); Industria, 91 menos (-1.7%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 205 más (+3.19%); Agricultura, 182 más (+10.11%); Construcción, 62 más (+2.42%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (33829), Sin empleo anterior (6635), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1983), Construcción (2625), Industria (5272).

En cuanto a sexos, de los 50.344 desempleados registrados en septiembre, 30.446 fueron mujeres, 78 menos (-0,3%) y 19.898, hombres, lo que supone un aumento de 248 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+1,3%).

En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 410 parados más que a cierre del pasado mes (+8,6%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 240 desempleados (-0,53%). Por provincias, el paro bajó en Zaragoza(-283) mientras que subió en Huesca(+299), Teruel(+154).

Andalucía (+6.733), Madrid (+2.773) y Galicia (+2.746) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias CEUTA y La Rioja en donde menos, con retrocesos de 4.156, 328 y un 135, respectivamente.

En septiembre se registraron 53.240 contratos en Aragón, un 5,8% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 19.590 fueron contratos indefinidos, cifra un 7,9% superior a la de septiembre del año anterior y 33.650, contratos temporales (un 4,6% más).

Del número de contratos registrados en septiembre, el 63,2% fue temporal (frente a un 66,13% del mes anterior) y un 36,8%, indefinidos (el mes precedente fue un 33,87%).