Los sindicatos CCOO y UGT saldrán a las calles de Aragón este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', puesto que “todas esas cosas están en riesgo” en la actualidad.

La manifestación en Zaragoza comenzará a las 11.30 horas, con salida desde la plaza de Sas, hasta llegar a la plaza Paraíso, frente al Paraninfo de la Universidad; mientras que en Huesca partirá a las 11.00 horas desde la plaza Santo Domingo para llegar a los porches de la calle Galicia. En cuanto a las concentraciones, la de Teruel saldrá a las 12.00 horas de la plaza de la Catedral. Asimismo, a las 13.00 horas, en Pozos de Caudé, habrá un homenaje a fusilados de la Guerra Civil.

La concentración prevista en Andorra empezará a las 12.00 horas, en la plaza del Regallo; previamente, a las 11.00 horas, habrá un homenaje a los Maquis en el cementerio. En el caso de Tarazona, será a las 12.00 horas, en la plaza de San Francisco.

“Un día sobre todo de lucha”

Los sindicatos mayoritarios han definido el Primero de Mayo como “un día sobre todo de lucha” en el que tratarán de hacer llegar sus mensajes a la sociedad. Entre ellos el rechazo a las guerras y al impacto directo que están teniendo en la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente a través del encarecimiento de productos básicos y la alteración de rutas comerciales.

Recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, mermado tras las “constantes subidas” del IPC y en un momento en el que las empresas “siguen batiendo récords de beneficios” sin que se trasladen de forma suficiente a los salarios son otras de las principales reclamaciones, que pasarán también por incluir “una línea roja frente a la criminalización del absentismo”, con el rechazo a discursos que cuestionan las bajas médicas y alertan de posibles recortes en complementos por incapacidad temporal.

Todo ello en un contexto en el que la patronal “se cierra en banda” a negociar la reducción de la jornada laboral, en la que van a “seguir insistiendo” hasta que las 37 horas y media sean una realidad en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Garantizar el acceso a una vivienda asequible, cuestionando su tratamiento principal “como un bien de mercado orientado al beneficio”, tal y como recoge la Constitución, es otra de las reivindicaciones, al igual que el apoyo a la regularización extraordinaria de inmigrantes y poner el foco sobre la calidad democrática en Europa, que “se está poniendo en riesgo” con el auge de los extremismos.

Siniestralidad laboral

CCOO y UGT defienden también el “valioso instrumento” que es el diálogo social, que ha permitido encauzar conflictos y generar consensos a través de organismos como el Consejo de Seguridad y Salud Laboral, el SAMA o el CESA“, a pesar de que no se haya remarcado en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox.

Subrayan que se trata de un elemento diferencial de Aragón, también valorado por empresas que deciden invertir en la comunidad autónoma por la posibilidad de coordinarse con administraciones y agentes sociales en aspectos como empleo y formación.

La siniestralidad laboral también estará en el centro de las reivindicaciones del Primero de Mayo, puesto que los accidentes laborales siguen creciendo y alcanzaron la cifra de 600.000 en España en 2025 –más de 700 mortales en el conjunto nacional y 35 de ellos en Aragón–.

La empresa Majorel SP —integrada en el grupo Teleperformance— ha iniciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 422 trabajadores en Zaragoza, dentro de un ajuste global de 769 despidos que también incluye 347 salidas en Barcelona. Según la información trasladada en la constitución de la mesa negociadora, el recorte en la capital aragonesa impactará tanto en personal de estructura como en agentes vinculados a los servicios de Lowi y Vodafone Perfect Star. Actualmente, la plantilla en Zaragoza ronda los 750 empleados.

La empresa ha justificado el expediente por causas económicas y organizativas, aludiendo a pérdidas desde 2024 y a la reducción de clientes. Desde CGT rechazan frontalmente este argumento y consideran que el ajuste responde a “una política continuada de recortes”: “No es un ERE, es una ejecución”, han señalado, al tiempo que advierten de que “cuando una empresa encadena siete EREs, ya no estamos ante medidas excepcionales: estamos ante un modelo de negocio construido sobre destruir empleo”.

Este ERE es el cuarto en Majorel y el séptimo dentro del grupo Teleperformance en apenas dos años, en los que se han superado los 1.000 despidos.

Durante la primera jornada de negociación, la representación legal de los trabajadores criticó la visión presentada por la empresa, que calificaron como una “fotografía apocalíptica” de los centros de Zaragoza y Barcelona para justificar el expediente.

Asimismo, los sindicatos solicitaron que la negociación se trasladara a Zaragoza, al ser el centro más afectado, aunque la dirección rechazó esta propuesta. Desde el sindicato SOA consideran que esta decisión busca “centralizar la negociación en Madrid y alejar el conflicto del foco de donde se genera”. La parte social también ha reclamado más información a la empresa, como el desglose de las “supuestas pérdidas” por centros y el número de trabajadores que han salido de la compañía en lo que va de 2026, en un contexto en el que denuncian un proceso sostenido de deslocalización.

“La comunicación de este ERE supone un durísimo golpe”, advierten desde el sindicato, que subraya el impacto sobre Zaragoza y su entorno. La plataforma, que opera desde hace 16 años en la capital aragonesa —antes como Qualytel—, llegó a superar los 2.000 trabajadores y ha sido un importante motor de empleo, especialmente femenino.

La mesa negociadora volverá a reunirse a partir del 11 de mayo, en un calendario que se extenderá durante varias sesiones. Los sindicatos no descartan movilizaciones.

El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén presentó el pasado 27 de enero ocho alegaciones contra el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) para la instalación de un centro de datos promovido por ACS y Benbros Energy, centrando sus objeciones en el fuerte incremento de los costes de urbanización y en la consiguiente inviabilidad del desarrollo del resto del polígono. Asimismo, advierte de que el proyecto tensiona el sistema de abastecimiento de agua y traslada al municipio cargas económicas y operativas que considera inasumibles. Como contrapartida, reclama la incorporación de medidas de retorno local, entre ellas una aportación económica cercana a los 27 millones de euros destinada al fomento del desarrollo económico y social.

El denominado ACS DC La Puebla obtuvo la declaración de interés general de Aragón (DIGA) en julio de 2025 y el plan de interés general de Aragón (PIGA) en diciembre de 2025. Está concebido como un complejo destinado al almacenamiento y procesamiento masivo de datos, ocupará más de 25 hectáreas de suelo industrial y contará con una potencia inicial de 150 megavatios, ampliable hasta 300 en fases posteriores, lo que lo sitúa dentro de la categoría de centros de datos de gran escala.

Las alegaciones, a las que ha tenido acceso elDiario.es, aún no han sido contestadas y “buscan defender el interés general del municipio”, según la alcaldesa, Pilar Villanueva, fundamentalmente en lo referente al uso del agua.

La expansión de los promotores genera costes, reduce ingresos y obliga al Ayuntamiento a asumir infraestructuras, además de no existir control efectivo sobre el planeamiento, según denuncia la oposición municipal. La multinacional persigue maximizar beneficios aportando lo mínimo posible: está exenta del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), lo que supondría dejar de ingresar alrededor de 40 millones de euros, y tampoco abonará el IBI durante cinco años. A ello se suma el uso de recursos municipales sin la presentación de medidas específicas de contraprestación social o cultural, ni de fomento de actividades o construcción de equipamientos.

El inviable desarrollo industrial

El análisis realizado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de La Puebla sobre la implantación de un Plan de Interés General de Aragón (PIGA) en el sector SP1 sostiene que su ubicación contradice el criterio legal de situarlo en suelos con mayor autonomía, dado que se inserta en un sector ya ordenado pero no desarrollado, alterando su equilibrio. El principal impacto es el fuerte incremento de los costes de urbanización, que pasan de 23 a más de 82 millones de euros, elevando la repercusión hasta 123,51 €/m² de suelo y 186,26 €/m² edificable, sin que se justifique adecuadamente su viabilidad. Además, el promotor obtiene un beneficio adicional del 10% al incluir la parcela de cesión al Ayuntamiento —exenta de estos costes— dentro del ámbito del PIGA.

Aunque formalmente no se modifican los porcentajes de contribución, en la práctica los gastos de urbanización del resto de parcelas casi se triplican, superando su valor de mercado y generando un escenario de inviabilidad económica, en el que las parcelas resultantes tendrían incluso un valor negativo. Esta situación se agrava porque el nuevo uso industrial tecnológico se concentra exclusivamente en el ámbito del PIGA, sin trasladar beneficios al resto del sector, que mantiene usos tradicionales menos rentables en un municipio con poco término municipal que hasta ahora había mantenido un crecimiento ordenado y que se pone en entredicho al acaparar el centro de datos todo el sector productivo.

Asimismo, las infraestructuras proyectadas responden únicamente a las necesidades del centro de datos, pese a lo cual su mantenimiento recaería posteriormente en el Ayuntamiento, incluso si el resto del sector no llega a desarrollarse ni a beneficiarse de dichas obras.

A ello se suma una importante complejidad jurídica, ya que cualquier desarrollo futuro queda condicionado a la participación de los propietarios del ámbito PIGA, dificultando posibles modificaciones del planeamiento o de las cargas urbanísticas. En conjunto, se concluye que, de no adoptarse medidas como la división del sector o la creación de ámbitos jurídicamente independientes, el PIGA compromete tanto la viabilidad económica como la gestión futura del sector SP1.

Afecciones al abastecimiento de agua

En la cuarta alegación se expone la interrelación y afecciones del PIGA a la ordenación estructural y a las infraestructuras y servicios municipales, poniendo de manifiesto, en primer lugar, las limitaciones del sistema de abastecimiento de agua. La tubería de captación desde Zaragoza presenta de forma recurrente tensiones de disponibilidad, hasta el punto de que la reserva anual asignada al municipio se agota cada ejercicio, generando sanciones en caso de sobreconsumo. Aunque cabe la posibilidad de solicitar ampliaciones a ACUAES, su concesión no está garantizada al depender de la disponibilidad global del sistema y de la concurrencia con otras solicitudes.

En este contexto, la documentación del PIGA no define con claridad la fuente de abastecimiento ni acredita la disponibilidad real de recursos para atender una demanda industrial intensiva adicional. Pese a que se prevé la conexión a la red municipal, lo que implica el uso de la reserva existente —ya insuficiente—, el proyecto no concreta el origen del agua ni justifica su suficiencia. Se limita a una estimación conjunta de consumo con el sector SP-1 de 3.465 m³ diarios, cifra que supera el consumo ordinario del municipio, sin desglose ni justificación técnica suficiente. Esta indeterminación, unida a la magnitud de la demanda, obliga a exigir un sistema de abastecimiento propio, garantizado y autosuficiente, que detalle recursos, reservas, alternativas e infraestructuras necesarias, evitando que el consumo industrial detraiga caudal del abastecimiento municipal o degrade la calidad del agua de consumo humano.

Asimismo, el proyecto no establece garantías operativas que aseguren la prioridad del consumo humano ni medidas que eviten afecciones a la calidad del agua de la red residencial. En paralelo, se plantea el derribo del depósito municipal existente, un bien patrimonial que costó 900.000 euros, y su sustitución por uno nuevo al norte del sector. Aunque no se rechaza esta actuación, se condiciona a que la nueva infraestructura sea financiada íntegramente por el promotor, tenga utilidad para todo el municipio y quede plenamente integrada en la red general, con capacidad operativa real. No resulta admisible sustituir una infraestructura de sistema general por otra de uso limitado al PIGA sin integración efectiva en la malla municipal.

Para garantizar la viabilidad del sistema sin perjudicar el abastecimiento, se considera imprescindible incorporar infraestructuras específicas de regulación y tratamiento, como una nueva balsa de agua bruta y el refuerzo o implantación de sistemas de potabilización, así como una red de distribución separativa que permita diferenciar el uso industrial del residencial, asegurando siempre la prioridad del consumo humano. Todas estas actuaciones, derivadas directamente del incremento de demanda asociado al PIGA, deben ser, según alega el Ayuntamiento de La Puebla, definidas, presupuestadas y financiadas íntegramente por el promotor, incluyendo su mantenimiento, evitando cualquier traslado de cargas al Ayuntamiento.

En cuanto al sistema de drenaje de aguas pluviales, la solución propuesta para el Barranco de Las Casas no acredita suficientemente la capacidad hidráulica del cauce receptor ni garantiza la ausencia de afecciones aguas abajo, especialmente en tramos no encauzados. Además, su viabilidad queda condicionada a la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Por ello, se exige que el PIGA incluya, como condición previa, la ejecución completa del encauzamiento y adecuación hidráulica del barranco en el tramo afectado, asegurando la continuidad del sistema, la estabilidad del cauce y la correcta laminación de avenidas. Estas actuaciones, necesarias por el incremento de escorrentía generado por el proyecto, deberán ser igualmente asumidas en su totalidad por el promotor.

Finalmente, en relación con el sistema de saneamiento y las aguas fecales, se considera imprescindible que el PIGA incorpore un estudio específico de capacidad y funcionamiento de la red aguas abajo, con modelización hidráulica que analice escenarios de caudal punta y situaciones desfavorables, identificando posibles puntos críticos. En caso de ser necesarias obras de refuerzo o ampliación para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, estas deberán ser igualmente definidas, ejecutadas y financiadas íntegramente por el promotor, sin que se produzca transferencia alguna de cargas al municipio.

Medidas de retorno local valoradas en 27 millones de euros

La quinta alegación municipal critica que el PIGA no contempla medidas específicas dirigidas al fomento de actividades económicas, sociales o culturales en el municipio afectado, lo que resulta especialmente relevante atendiendo a la magnitud de la inversión prevista. En este sentido, se considera necesario que el proyecto incorpore mecanismos concretos de retorno local que contribuyan al desarrollo del municipio, bien mediante actuaciones directas o, alternativamente, a través de la aportación de una cantidad económica destinada a tales fines, sujeta a la correspondiente fiscalización.

A efectos de cuantificación, el ayuntamiento tiene en cuenta que la inversión asociada al proyecto supera los mil millones de euros. Considerando que la normativa permite establecer un canon de hasta el 5% de la inversión, estima razonable fijar una aportación del 2,5%, lo que equivale a 27 millones de euros. Esta cuantía se considera proporcionada, máxime cuando el PIGA no prevé actualmente ningún tipo de canon o compensación económica para el municipio, lo que refuerza la necesidad de incorporar este mecanismo como medida de equilibrio y retorno social.

Opacidad

Los grupos de la oposición municipal han criticado la opacidad con la que se ha llevado el proyecto. El pasado mes de septiembre, con la Declaración de Interés General de Aragón ya obtenida, el PSOE solicitó una sesión pública informativa que permitiese conocer los efectos que va a tener en la localidad y en los servicios e infraestructuras el futuro centro datos, lo que fue aprobado por unanimidad, si bien luego no se llegó a concluir.

El concejal socialista Juan Ramón Enfedaque volvió a solicitarlo de urgencia incluir en el orden del día del pleno de enero, cuando ya estaba aprobado el Piga, sesión en la que la alcaldesa comunicó que se habían presentado alegaciones al Piga.

El pasado 10 de marzo, PSOE y Podemos organizaron una sesión informativa en el Hotel Alfindén con el grupo de acción “No es sequía, es saqueo”, a la que también acudieron la alcaldesa y el teniente de alcalde entre otro casi centenar de personas. Posteriormente, el 26 de marzo se convocó una sesión informativa en el Ayuntamiento de la mano de la Cámara de Comercio y la Fundación Basilio Paraíso.

Los socialistas pedían en su reclamación la presencia de técnicos municipales, del Gobierno de Aragón, así como de la promotora, ACS DC Infra La Puebla para conocer cómo va a ser el proceso de urbanización de la parcela municipal SP-1, ya que hay costes que se van a repercutir a pequeños propietarios no afectados por la expropiación. Y recriminaron a la primera edil la falta de información de las reuniones mantenidas con propietarios afectados.

Asimismo, se pidió conocer el impacto del proyecto en los servicios generales de La Puebla, desde la evacuación de aguas pluviales, vialidad, seguridad, limpieza, alumbrado público, hasta la demanda de aguas del complejo. De la misma manera, se inquirió por las nuevas infraestructuras que se han previsto para que no haya afecciones en las zonas residenciales e industriales del municipio, y sobre los beneficios y contraprestaciones que va a recibir la localidad.

“Nuestra petición no va contra nadie, pero parece lógico que los vecinos y los empresarios de la zona conozcan hasta el último detalle sobre las repercusiones de este centro de proceso de datos”, dijo el portavoz socialista, Juan Ramón Enfedaque, quien también recuerda que el Piga también afecta al PGOU del municipio, aprobado en 2025, dado que se pierde la unidad de acción de un proceso urbanizador del polígono industrial, que ahora se centrará en urbanizar las parcelas del centro de datos. Además, el Piga se impone al Plan General local y la altura del edificio será dos metros superiores a la altura máxima de 14 metros que establece el PGOU.

Para Enfedaque, la empresa actúa como un Balrog (un ser oscuro El señor de los anillos de Tolkien) frente a Goofy y Pluto (personajes de Disney), “a los que se ha comido crudos y ahora caen en la cuenta de que hay que presentar alegaciones”.

Este diario ha intentado sin éxito ponerse en contacto con la empresa para obtener su versión.

Centro de hiperescala

Con una inversión inicial de 1.254 millones de euros —ampliable hasta 2.580 millones—, el centro de datos de La Puebla de Alfindén alcanzaría una potencia de entre 150 y 300 MW, situándose en la categoría de hiperescala.

La inversión prevista supera los 1.200 millones de euros en su primera fase, con posibilidad de alcanzar cifras cercanas a los 2.500 millones si se completa la ampliación futura. Solo la construcción y urbanización del recinto ronda los 1.000 millones, a los que se suman decenas de millones adicionales en infraestructuras eléctricas, incluyendo nuevas subestaciones y conexiones a la red de alta tensión a través del nodo de Peñaflor.

El proyecto ha sido declarado inversión de interés autonómico por el Gobierno de Aragón, una figura que permite acelerar su tramitación administrativa al considerarlo estratégico para el desarrollo económico de la comunidad. Esta calificación refleja la apuesta institucional por convertir Zaragoza en un polo de infraestructuras digitales vinculado a la economía del dato, en línea con otros desarrollos similares en la región.

En términos de empleo, las previsiones apuntan a varios miles de puestos de trabajo durante la fase de construcción y a unos 500 empleos estables una vez el centro entre en funcionamiento, principalmente perfiles técnicos y de mantenimiento. A esto se suma un impacto fiscal significativo a nivel estatal y autonómico, con estimaciones que superan los 140 millones de euros en los primeros años de actividad.

Los centros de datos suelen presentarse como motores de desarrollo en cuanto a inversión, empleo y modernización. Pero los datos invitan a matizar ese relato, ya que se trata de infraestructuras altamente automatizadas, que generan relativamente poco empleo estable. Mientras tanto, los costes —consumo de recursos, presión sobre el territorio, necesidad de nuevas infraestructuras energéticas— se concentran a nivel local.

El agua y la energía, recursos en disputa

La expansión de centros de datos en Aragón supone un salto de escala sin precedentes en el consumo de recursos.

En la memoria del PIGA el centro de datos de La Puebla de Alfindén recoge que la potencia solicitada es un 34% inferior a la prevista según la Orden EIE/768/2016. Asimismo, surbraya que, en comparación con la previsión de desarrollo del sector planteada en 2011, que estimaba una potencia de 9,28 MW, la implantación actual supone una reducción del 65 % en la potencia requerida.

Pero en términos energéticos, algunos proyectos individuales de este tipo de infraestructuras ya alcanzan cifras cercanas o superiores a los 10.500 GWh anuales, lo que equivale prácticamente al consumo eléctrico total actual de la comunidad autónoma. En conjunto, el despliegue previsto podría llegar a duplicar —o incluso superar— la demanda energética regional, obligando a ampliar infraestructuras de generación, transporte y distribución.

En paralelo, el impacto hídrico resulta especialmente sensible. El centro de datos proyectado en La Puebla de Alfindén presenta una memoria de un consumo ordinario de agua de 9,31 m³ diarios, lo que equivale al 1,9 % de las previsiones establecidas en el planeamiento urbanístico vigente. Esta cifra implica una reducción de hasta el 98 % respecto al caudal inicialmente previsto. Durante el primer año, se contempla un consumo extraordinario asociado al llenado de los circuitos de climatización (1.200 m³) y de los tanques de incendios (385 m³), sumando un total de 1.585 m³. Este volumen representa el 0,16 % del consumo anual del municipio, estimado en 1.000.000 m³.

Según datos recogidos en proyectos y licencias de centros de datos en Aragón, el consumo de agua puede alcanzar los 755.000 metros cúbicos anuales. Esta cantidad equivale aproximadamente al riego de más de 200 hectáreas agrícolas.

En términos urbanos, distintos análisis sitúan su impacto potencial entre el 7,6% y el 22,9% del consumo anual de agua de Zaragoza. En escenarios agregados, el consumo de 14 hectómetros cúbicos anuales equivale a cerca de una cuarta parte del consumo urbano de Zaragoza.

Además, un elemento que suele quedar fuera del debate público es el consumo indirecto. La mayor parte del agua asociada a los centros de datos no se utiliza dentro de las instalaciones, sino en la generación de la electricidad que necesitan. Esto multiplica su huella hídrica real, situándola muy por encima de las cifras oficiales.

A escala global, un centro de datos medio puede consumir alrededor de 1,1 millones de litros de agua al día. Con el crecimiento de la inteligencia artificial, se estima que el consumo total podría superar el billón de litros anuales en 2028.

Voces como Aurora Gómez Delgado, del movimiento ‘Tu nube seca mi río’ advierten que este uso del agua se produce en un contexto de disponibilidad irregular y tensiones preexistentes, lo que implicaría no solo competir por el recurso, sino también desarrollar nuevas infraestructuras de regulación y almacenamiento. En este sentido, la clave no reside en el consumo de cada instalación por separado, sino en el efecto acumulativo de un modelo que, por su escala, tiene capacidad para desbordar los sistemas energético e hídrico existentes, obligando a redimensionar infraestructuras y reordenar prioridades en el uso de recursos.

Torres de Berrellén vuelve a ser conocido como “el pueblo de los melones”. Un apelativo que le acompañó durante décadas hasta que el paso del tiempo, la mecanización agrícola y el abandono de cultivos tradicionales provocaron la desaparición de este cultivo, uno de los productos más emblemáticos de la ribera alta del Ebro. La historia no ha acabado, solo ha sido un alto en un camino que, tras más de diez años de trabajo e investigación, continúa para el melón autóctono de Torres de Berrellén, que ha vuelto a abrirse paso en los campos aragoneses, convertido en símbolo de identidad, innovación y futuro rural.

El proyecto de recuperación arrancó en 2015 impulsado por vecinos del municipio, con el apoyo de instituciones científicas como el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). El objetivo era claro: rescatar el “melón verdadero”, una variedad tipo Tendral muy valorada en el siglo pasado, pero que había desaparecido sin causas del todo claras.

El punto de partida fue casi novelesco: unas semillas halladas en un antiguo granero fueron el detonante de un largo proceso de investigación, selección y cultivo experimental que se ha prolongado a lo largo de más de una década.

Un proceso científico, agrícola y social

La recuperación del melón de Torres de Berrellén ha sido el resultado de un largo proceso que ha combinado investigación científica, trabajo agrícola y colaboración social. Lejos de ser una iniciativa rápida, el proyecto se ha desarrollado por fases bien definidas. En primer lugar, se llevó a cabo la recopilación y conservación de semillas, gracias a la aportación de agricultores locales que aún guardaban variedades antiguas. A partir de ahí, se iniciaron ensayos de cultivo tanto en los campos del municipio como en las instalaciones del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), con el objetivo de comprobar su adaptación y calidad.

Posteriormente, los investigadores abordaron la selección y depuración genética mediante análisis físico-químicos y sensoriales, con los que se buscaba recuperar las características originales del fruto. Una vez estabilizada la variedad, se procedió a la multiplicación de semillas para facilitar su reintroducción entre los agricultores. Desde 2018, además, se han impulsado cultivos ecológicos y pequeñas pruebas de comercialización.

El proceso alcanzó un hito fundamental en 2025 con la inscripción oficial de la semilla en el registro de variedades de conservación, lo que asegura su protección y difusión a futuro. Tras una década de trabajo, el CITA ha logrado recuperar dos tipos de simientes —verde y blanco— que hoy se conservan en el Banco de Germoplasma Hortícola, donde permanecen deshidratadas y congeladas a -18 °C para garantizar su viabilidad a largo plazo. Además, el centro puso en circulación más de 6.000 semillas para su cultivo en la campaña de 2025, consolidando así el regreso de este producto emblemático a los campos aragoneses.

Actuaciones para consolidar el proyecto

Más allá del ámbito estrictamente agrícola, la recuperación del melón de Torres de Berrellén se ha apoyado en una serie de actuaciones de carácter social y cultural que han resultado ser claves para consolidar el proyecto y asegurar su continuidad. Entre ellas destaca la creación de la Asociación Amigos del Melón de Torres de Berrellén, entidad encargada de coordinar los esfuerzos y dar cohesión a la iniciativa. También se ha registrado una marca comercial que permite identificar y proteger este producto autóctono en el mercado.

El impulso de huertos comunitarios y cultivos ecológicos ha sido otra de las líneas de actuación, en algunos casos vinculados a proyectos de inclusión social, como Gardeniers, lo que ha añadido una dimensión solidaria al proyecto. Al mismo tiempo, se han ido desarrollando numerosas actividades culturales y divulgativas —como rutas, catas, talleres, publicaciones y documentales— destinadas a sensibilizar a la población y a dar a conocer el valor histórico y gastronómico de este particular melón.

Mientras tanto, la conservación de las semillas en el Banco de Germoplasma garantiza su preservación a largo plazo, evitando que esta variedad autóctona vuelva a perderse. En conjunto, todas estas iniciativas han permitido no solo devolver al presente un cultivo tradicional, sino también reconstruir en torno a él un auténtico ecosistema agrícola, social y cultural. Y todo esto ha sido posible gracias a la implicación de vecinos, entidades públicas y profesionales de múltiples ámbitos.

Mucho más que un melón: identidad y futuro

Por todo lo anterior, la recuperación del melón de Torres de Berrellén va mucho más allá de la simple reintroducción de un cultivo tradicional a la tierra de donde procede. Su regreso supone, en primer lugar, la recuperación de la memoria colectiva de todo un municipio, al devolver a sus vecinos un símbolo profundamente ligado a su historia y a su identidad. Este fruto, que durante décadas formó parte del paisaje y de la vida cotidiana del pueblo, vuelve ahora a ocupar un lugar central en la cultura local.

Al mismo tiempo, la iniciativa contribuye a poner más en valor el medio rural como un ejemplo de apuesta por productos de proximidad y de alta calidad frente a modelos agrícolas intensivos y de menor valor añadido. En este contexto, el melón se convierte también en motor económico, porque con su entrada de nuevo en escena ha impulsado la aparición de nuevas oportunidades en ámbitos como la producción, la comercialización y el turismo gastronómico, cada vez más vinculado a la autenticidad y a los productos de origen que cuentan su propia historia.

Otro de los pilares del proyecto es la preservación de la biodiversidad agrícola. La recuperación de este melón autóctono es un ejemplo de protección de una variedad tradicional que había estado al borde de desaparecer frente a la estandarización del mercado global. Finalmente, el proceso —en el que se han invertido mucho tiempo y recursos humanos y tecnológicos— ha servido para fortalecer la cohesión social al implicar en un objetivo común a agricultores, investigadores, instituciones y vecinos, demostrando que la colaboración puede ser clave para recuperar y proyectar el patrimonio rural —también el agroalimentario— hacia el futuro.

La historia ha sido recogida en un documental en el que se cita esta frase: “De una semilla nace un pueblo”. Y en este caso, no es solo una metáfora. El melón de Torres de Berrellén ha pasado de ser un recuerdo a convertirse en un ejemplo de cómo la tradición, la ciencia y la comunidad pueden unirse para recuperar el pasado y sembrar futuro.

Amazon ha anunciado la apertura de ZAZ8, su primer Distribution Center (DC) en España, ubicado en La Muela, provincia de Zaragoza. Se trata de un gran centro logístico que se ocupará de los productos de alta demanda. El objetivo es comenzará a operar en septiembre de este año y alcanzar las 600 personas empleadas en un plazo de tres años.

La inversión de 100 millones de euros servirá para reforzar su compromiso con Aragón, sumando un nuevo centro a la red de centros de operaciones que la compañía tiene en la comunidad autónoma.

El centro, que contará con una superficie de más de 30.000 metros cuadrados y estará ubicado en el polígono industrial Centrovía, en La Muela. La instalación ocupará el edificio del frustrado centro de reparto y clasificación de paquetería.

“Estamos muy orgullosos de anunciar la próxima apertura de este centro y así seguir impulsando el talento y el empleo de la región. Gracias a este centro ofreceremos una amplia variedad de empleo de calidad y crearemos oportunidades laborales para todo tipo de personas, con múltiples roles diferentes. Además, reforzamos nuestro compromiso con los clientes al mejorar la velocidad de las entregas mediante un centro especializado en productos de alta demanda”, ha señalado el responsable del centro, Jaime González del Palacio.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha apuntado que “la apertura del nuevo centro de Amazon en La Muela es una noticia magnífica para Aragón por su importantísima creación de empleo y porque consolida, aún más si cabe, la apuesta de la multinacional por nuestra comunidad autónoma”.

“Desde el Gobierno de Aragón siempre hemos apoyado y confiado en este proyecto de Amazon en Centrovía. Es una iniciativa que va a suponer un punto de inflexión para La Muela y su área de influencia, y que se suma a la ola inversora en Aragón, que ya supera los 90.000 millones de euros en poco más de dos años y medio”, ha celebrado Azcón, según han trasladado desde Amazon.

Asimismo, el alcalde del Ayuntamiento de La Muela, Adrián Tello, ha destacado que “una de las diez empresas más grandes del mundo se instale en tu pueblo es muy importante y una gran alegría, más si cabe creando 600 puestos de trabajo cuando no llegamos ni a 250 personas desempleadas. Va a ser un antes y un después para La Muela”.

Cuarto centro en Zaragoza

Este centro es el cuarto de Amazon en Zaragoza, donde cuenta con un Inbound Cross Dock (IXD), un centro Amazon Fresh y una estación logística. Además, en el área tecnológica, y desde 2022, Aragón posee tres zonas de disponibilidad con centros de datos de Amazon Web Services (AWS).

El nuevo ZAZ8 actuará como hub logístico especializado en productos de alta demanda como los básicos del día a día, entre los que destacan toallitas de bebé, leche en polvo o complementos alimenticios. Está ubicado en el polígono industrial Centrovía, a las afueras de la ciudad de Zaragoza, siendo una localización estratégica para dar servicio a toda España por la cercanía que tiene con diversas ciudades.

Se centrará en optimizar la cadena de suministro mediante el almacenamiento estratégico de aquellos productos que más se piden, garantizando un flujo constante de inventario hacia el resto de los centros logísticos que la compañía tiene repartidos en el país. Así, se crea una capa intermedia de almacenamiento regional que permite disponer del inventario más cerca del destino final, lo que mejora la velocidad de entrega.

En 2025, Amazon registró el año con las entregas más rápidas de su historia en España. La compañía entregó más de 190 millones de artículos el mismo día o al día siguiente en España, cifra que se eleva hasta los 13.000 millones de artículos en todo el mundo.

Los clientes Prime en España ahorraron una media de 120 euros en entregas rápidas y gratuitas en 2025, más del doble del precio de la suscripción anual. Millones de clientes Prime utilizaron el servicio 'Entrega hoy', disponible en 16 ciudades españolas, que permite recibir pedidos el mismo día en casa, en puntos de recogida o en Amazon Lockers.

Creación de empleo

Con la apertura de ZAZ8, Amazon refuerza su apuesta por la región como hub logístico estratégico, donde cuenta actualmente con más de 1.000 personas empleadas. Ya están disponibles las posiciones abiertas para el centro y los interesados pueden consultar las vacantes en amazon.jobs.

En la región de Aragón, Amazon ofrece un salario de entrada superior a 1.600 euros al mes y beneficios adicionales valorados en 3.500 euros anuales para puestos de operaciones que no requieren experiencia previa.

Entre estos beneficios se encuentran: plan de pensiones, programas de formación, seguro médico, descuentos para compras en Amazon, subvención para las comidas en los centros logísticos y permiso parental por nacimiento y cuidado del menor ampliado y retribuido.

Algunos de los roles disponibles se encuentran desde posiciones de ingeniería, recursos humanos, tecnologías de la información, salud, seguridad o finanzas hasta puestos de recepción, empaquetado y envío de pedidos. Amazon ofrece a las personas empleadas un lugar de trabajo que se sitúa entre los más avanzados del mundo, con salarios competitivos, y procesos y sistemas que garantizan el bienestar y la seguridad.

Amazon busca fomentar el empleo local de calidad y dar la oportunidad a profesionales de la zona para que desarrollen su trayectoria profesional. El centro logístico de Zaragoza ofrece oportunidades laborales para todo tipo de personas, cubriendo un amplio abanico de edades, niveles educativos y trayectorias profesionales; desde personas que acaban de incorporarse al mundo laboral hasta aquellas con décadas de experiencia.

Compromiso con las pymes

Desde 2011, Amazon ha invertido más de 20.000 millones de euros en España en sus operaciones comerciales, red logística, infraestructura cloud e IA y en programas de apoyo a la comunidad e innovación para clientes y empresas.

Recientemente, en marzo de 2026, anunció una inversión total de 33.700 millones de euros en España para ampliar su infraestructura de centros de datos en Aragón, consolidando el compromiso de la compañía con la región y el país.

En la actualidad, más del 60% de los artículos vendidos en Amazon proviene de vendedores externos, muchos de ellos pymes que encuentran en Amazon una oportunidad para crecer y llegar a millones de clientes. La compañía cuenta con alrededor de 40 instalaciones en toda España, que incluyen centros de operaciones y oficinas corporativas.

El impacto económico de Amazon no solo beneficia a las grandes áreas urbanas, sino también a municipios más pequeños en diferentes regiones donde las oportunidades de empleo son más limitadas.

En Aragón, más de 400 pymes venden actualmente en Amazon y, en conjunto, comercializaron más de 3 millones de productos en 2024, reflejando el dinamismo y la creciente adopción del canal digital por parte del tejido empresarial de la región.

Estas empresas superaron los 35 millones de euros en exportaciones (situando a Aragón como la octava comunidad autónoma en volumen exportador), lo que supone un crecimiento de más del 50% respecto al año anterior.

Igualmente, más del 75% de estas pymes exportan, evidenciando una fuerte vocación global y la importancia de la digitalización como motor de crecimiento. Este impulso no solo mejora su competitividad, sino que también facilita su acceso a nuevos clientes en todo el mundo y contribuye al desarrollo económico de la región.

La ganadería tradicional mediterránea moldea paisajes, fija población en el medio rural, mantiene vivos oficios centenarios como el pastoreo, y se enfrenta a un momento decisivo. El cambio climático, la falta de relevo generacional y la presión económica están poniendo en jaque a miles de explotaciones. Ante este escenario, el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM Zaragoza) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han impulsado la creación de una Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles para buscar soluciones conjuntas.

La iniciativa se gestó en el seminario internacional 'Sistemas ganaderos mediterráneos: retos y estrategias para la sostenibilidad' celebrado en Madrid los días 7 y 8 de abril, en el que participaron expertos de 16 países junto a representantes del sector y de la administración. Más que un encuentro técnico, fue un espacio para compartir preocupaciones y también oportunidades. “Un lugar de encuentro donde pensar juntos cómo debe evolucionar la ganadería en los próximos años”, explicó el director del CIHEAM Zaragoza, Raúl Compés. 

La nueva Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles, resultante de este foro, nace como una iniciativa que busca reforzar la cooperación científica y técnica ante los crecientes desafíos del sector de la ganadería en las regiones Mediterráneas, y especialmente en Aragón. 

Trabajar juntos para cambiar el modelo

El futuro de la ganadería mediterránea no es solo una cuestión del sector primario. Tiene implicaciones directas en la alimentación, el medio ambiente y el equilibrio territorial. Mantener vivos estos sistemas significa también conservar paisajes, pueblos, tradiciones y formas de vida. Pero algo no está funcionando. Por eso, iniciativas como esta buscan algo más que soluciones técnicas: aspiran a abrir un diálogo amplio sobre qué modelo de desarrollo rural quiere la sociedad para su futuro inmediato.

La nueva la Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles nace con la idea de conectar conocimiento, experiencias y soluciones. No se trata solo de mejorar la producción, sino de “repensar el sistema en su conjunto”, teniendo en cuenta el medio ambiente, la economía y la dimensión social.

“Necesitamos enfoques más amplios, que integren distintas disciplinas y realidades”, señalan desde la organización. Aprovechando las oportunidades que brinda la parte positiva de un mundo globalizado, la red servirá para impulsar proyectos de investigación, formación e innovación, así como para reforzar la cooperación entre países que comparten problemas similares. “Buscar soluciones reales a problemas comunes a todos”, aprovechando recursos ya existentes a través de las experiencias compartidas.

El cambio climático en el centro del problema

En los campos del Mediterráneo la ganadería extensiva, que aprovecha los pastos naturales, depende directamente del clima. Pero el equilibrio se está rompiendo. El cambio climático está haciendo que los pastos sean cada vez más escasos y menos predecibles. Llueve menos o en momentos poco habituales, y los veranos son más largos y secos, lo que dificulta que la hierba crezca con normalidad. Como resultado, hay menos comida disponible en el campo y de peor calidad.

Para los ganaderos, esto se traduce en más incertidumbre y más gastos, ya que muchas veces tienen que comprar pienso para alimentar a los animales —deben hacer frente a mayores costes y a una menor productividad—. Además, los suelos se van degradando y pierden fertilidad, lo que agrava el problema con el tiempo. 

A los problemas ambientales, se suman otros derivados de un sistema que prima el modelo industrializado, un enfoque que ha provocado que muchas pequeñas explotaciones tengan tantas dificultades para competir que ven peligrar su existencia, mientras que el relevo generacional no llega a otras tantas explotaciones, todas ellas ubicadas en zonas rurales. 

El resultado es un paisaje que corre el riesgo de vaciarse, tanto de personas como de actividad económica, empezando por la desaparición del modelo de ganadería familiar y tradicional.

La voz de la ganadería como parte de la solución

Sin embargo, lejos de ser parte del problema, cada vez más voces destacan que la ganadería extensiva puede ser clave para afrontar los grandes retos globales. “El pastoreo no solo produce alimentos, también conserva ecosistemas y culturas”, reivindican desde el sector en el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, impulsado por Naciones Unidas.

En esta misma línea, y tal y como han dejado claro en el seminario celebrado en Madrid, los responsables de la FAO insisten en que los pastores y los sistemas tradicionales “forman parte de la respuesta” frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Por eso, en la nueva Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles tendrán una posición destacada como colaboradores entidades como Oviaragón y Provacuno, en representación de las principales ganaderías del sector tanto en extensivo como en semiextensivo. 

Desde Oviargon valoran de manera muy positiva la iniciativa. El seminario sentó unas bases sólidas y presentó la fotografía real de la situación del sector en los diferentes territorios, conscientes de que la ganadería es una fuente de ingresos de economía familiar, sabiendo que es una forma de asentamiento de población rural, y pilar fundamental para el mantenimiento del ecosistema, evitar la erosión y conservar la biodiversidad. “Asistir al foro nos ha hecho darnos cuenta de que independientemente del lugar del mapa en el que estés, los problemas son compartidos: la mano de obra y la disminución del consumo en todo el mundo, y en Europa, sobre todo, la PAC”, explica Leticia Riaguas, veterinaria y responsable de coordinación de I+D+i en Oviaragón. 

Aunque no esperan obtener soluciones a corto plazo, desde Oviaragón valoran que esta Red se presenta como “una apuesta firme por la ganadería como solución” y como un altavoz en el que están representados todos los actores con sus singularidades: “Tener una voz más grande, que pueda tener una representación a través de CIHEAM Zaragoza y la FAO en los foros donde se toman las decisiones que nos afectan, es un paso importante para la ganadería”, asegura Leticia Riaguas.

El sector vitivinícola aragonés vuelve a quedarse fuera de una de las herramientas de apoyo contempladas en la Política Agraria Común (PAC). Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Aragón ha decidido no activar la llamada “cosecha en verde”, una medida destinada a equilibrar el mercado del vino y paliar las pérdidas de los productores. Para el sector, esta decisión tomada por el ejecutivo autonómico “coloca a los viticultores de la comunidad en una posición de desventaja respecto a otras regiones” que sí recibirán estas ayudas.

La organización agraria UAGA-COAG ha denunciado esta situación que califica de “perjuicio económico muy importante” para el sector aragonés. Mientras comunidades como La Rioja, País Vasco, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana o Cataluña ya han tramitado la solicitud ante el Ministerio de Agricultura y están publicando sus convocatorias, Aragón ha optado por no solicitarla.

La organización agraria asegura que trasladó esta problemática al Departamento de Agricultura en diciembre, y que desde entonces ha mantenido varias reuniones con la Dirección General de Innovación y Promoción Alimentaria. Sin embargo, la consejería ha optado por no activar una medida que, según el propio sector, está pensada precisamente para responder a momentos crisis como el actual —marcado por un exceso de stock en bodegas y precios en origen por debajo de los costes—.

Las explotaciones familiares y de libre mercado, las principales afectadas

La “vendimia en verde” permite a los viticultores eliminar parte de la producción antes de que madure, reduciendo así la oferta de uva y contribuyendo a estabilizar los precios en el mercado. A cambio, los agricultores reciben una compensación económica por la uva destruida y por los costes de la mano de obra. 

Sin embargo, los viticultores aragoneses no podrán acogerse a esta medida en 2026. La decisión llega en un contexto especialmente delicado para el sector. Los más afectados son los profesionales que están operando en el libre mercado y que comercializan su producción de uva por su cuenta. Según UAGA-COAG, tras la campaña de 2025, gran parte de estos productores se encuentran en una situación delicada: algunos aún no han cobrado por la uva entregada, otros han vendido por debajo de costes y, en los casos más extremos, ha habido cosechas que ni siquiera se han recogido por falta de compradores.

El contraste con otras comunidades autónomas es especialmente significativo. En territorios competidores directos, las administraciones sí han atendido la petición del sector y han solicitado al Gobierno central la activación de estas ayudas. Esto permitirá a sus viticultores ajustar la producción y recibir compensaciones económicas, mejorando su posición en el mercado frente a los productores aragoneses.

Una medida que el Gobierno de Aragón no comparte

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación asegura que “rechaza la aplicación de la vendimia en verde tras haber estudiado en profundidad la petición por parte de UAGA, incluso solicitando una prórroga al Ministerio de Agricultura, para poder analizarla con rigor y con todos los datos sobre la mesa”, apuntan fuentes de la consejería. Y añaden que “ningún interlocutor del sector” que ha sido consultado, “están a favor de la medida”.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que este es “un debate repetido” respecto al año pasado que plantea una solución que “el Gobierno de Aragón no comparte”. Así mismo, la consejería deja clara su postura: “La vendimia en verde no va a ser en beneficio de los viticultores, ni de las bodegas, ni resolverá los problemas estructurales del sector ya que las cifras proporcionadas por las bodegas aragonesas hasta la fecha no evidencian un exceso de stock”.

Agricultura apunta al “plan que contempla la promoción, la modernización y la capacidad comercial” como medida de apoyo al sector en línea con la filosofía del Gobierno de Aragón: “No producir menos, sino vender más y vender mejor, llegar a más públicos y a nuevos mercados, y reforzar la competitividad y el reconocimiento del vino aragonés”, concluyen.

Pérdida de competitividad y desigualdad 

Desde UAGA-COAG advierten de que esta diferencia de trato de Aragón hacia sus productores, frente a la decisión tomada por otras comunidades rompe, una vez más, el principio de igualdad de condiciones dentro del propio mercado nacional. “No se puede competir en las mismas condiciones cuando unos territorios cuentan con herramientas de apoyo y otros no”, señalan.

Más allá del impacto inmediato en las rentas agrarias, la decisión del Ejecutivo aragonés podría tener consecuencias estructurales para el sector vitivinícola de la comunidad, al acentuarse la pérdida de rentabilidad de las explotaciones afectadas. Por este motivo, el sector denuncia que dejarles sin las ayudas a la vendimia en verde no solo llega en el peor momento, sino que amplía la brecha competitiva entre Aragón y el resto del mapa vitivinícola de España.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recomendado, en un informe, al Gobierno de Aragón que tome medidas para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto en 2026.

La institución ha publicado esta semana los informes sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas, con informes individuales para cada Comunidad Autónoma que completan el análisis del subsector del informe general.

En el informe de Aragón, la AIReF analiza el cumplimiento de la Comunidad de las reglas fiscales vigentes para 2026. La AIReF estima que, en 2025, el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional en Aragón habrá aumentado un 3,6 %, frente al límite vigente del 3,2%.

Considerando este punto de partida, el gasto computable en 2026 en la Comunidad crecerá un 4,2 %, por encima del límite del 3,5%. A efectos de la regla de gasto europea, el gasto primario neto de medidas de ingresos en Aragón crecerá en 2026 un 2,7%, inferior al 3,5% comprometido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) para el conjunto de las Administraciones Públicas.

La AIReF estima que Aragón cerrará 2026 con un superávit de 0,1% del PIB mejorando el saldo en dos décimas respecto al informe de noviembre. Además, considera que la deuda de Aragón se situará en 2026 en torno a un 17,1% del PIB, nivel inferior al previsto en el informe anterior.

El fabricante automotriz chino Chongqing Changan Automobile Co., que desembarcó en España a inicios de este año, está barajando la posibilidad de abrir una planta de producción de sus coches en el país, siguiendo los pasos de otros fabricantes de automóviles chinos de instalarse en el mercado español.

La planta se ubicaría probablemente en el norte de España, según han indicado fuentes conocedoras a Bloomberg y, de forma más concreta, en Aragón, por lo que podría unirse a su compatriota Leapmotor en la comunidad autónoma.

La llegada de Changan se une a otras propuestas de capital asiático para invertir en España, favoreciéndose de una sólida red de proveedores de automoción, una fuerte historia en este sector, unos costes energéticos relativamente bajos y unos menores costes laborales en comparativa con otros países europeos.

España, como segundo mayor fabricante de Europa, se ha convertido en un lugar cada vez más seductor para los fabricantes de automóviles chinos que buscan establecer plantas en la UE y sortear los aranceles de la Unión Europea a los coches fabricados en China.

De hecho, se ha rumoreado también la llegada de BYD en el futuro para establecer una sede en España, y Chery tiene también en el horizonte desarrollar modelos en suelo español a través de su marca Omoda & Jaecoo –ya lo hace con Ebro– y cuyos planes siguen vigentes, tal y como confirmó el vicepresidente de Omoda & Jaecoo Iberia, Francesco Colonnese en una reciente entrevista con Europa Press.

Por otro lado, el mayor fabricante del mundo, CATL, anunció que a mediados de este mes comenzaría a ensamblar baterías utilizando la factoría del grupo Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) por medio de una inversión de 4.100 millones de euros.

Mientras, la española Santana Motors tiene acuerdos de colaboración con Dongfeng Motor Group Co. y BAIC Motor Corp. para ensamblar coches también en el país en los próximos años.

El mes pasado, la Comisión Europea anunció la denominada Ley del Acelerador Industrial, diseñada para apoyar a las empresas europeas que se han visto perjudicadas por el aumento de las exportaciones procedentes de China desde la pandemia de la Covid-19.

Siete empresas y entidades, Inetum, Wanatop, el Clúster ALIA con Educatrafic, IA Experience, Omnitec, Deveco y Rasmia, han formalizado su interés por instalarse en el edificio de oficinas de DAT Alierta en Zaragoza y ocuparán 3.800 metros cuadrados. Estas nuevas incorporaciones, según avanzado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, “aterrizan en el DAT Alierta, que va a seguir posicionando a Aragón como el epicentro tecnológico más dinámico de Europa”.

Vaquero ha hecho pública esta información en la apertura de la tercera y última jornada de The Wave, dedicada al público joven. Como ha recordado la vicepresidenta, “el DAT Alierta tendrá más de 80 hectáreas en pleno corazón de Zaragoza y ”definirá un triángulo virtuoso en Aragón, con sus otros vértices en Huesca, con Walqa, y con Technopark, en Alcañiz, en el Bajo Aragón“.

Las siete nuevas compañías y entidades que se ubicarán en el DAT Alierta compartirán edificio con Siemens, empresa que ya confirmó su presencia en junio del año pasado, y se suman a otras dos presencias ya anunciadas en el DAT Alierta: Circe e Integra. La ubicación de las empresas en el nuevo edificio de oficinas, para el que ya se ha solicitado la correspondiente licencia urbanística municipal, está prevista entre finales de 2027 y principios de 2028.

Todavía queda espacio disponible en ese futuro edificio de oficinas, a pesar de que su ocupación está avanzando a un ritmo acelerado, dadas las altas expectativas empresariales que genera el DAT Alierta.

Mar Vaquero ha brindado al público joven “una jornada en The Wave pensada en vosotros, con temas que os interesan, ponentes y marcas que forman parte de vuestra vida cotidiana y referentes nacionales que vienen a contaros cómo una idea puede convertirse en una brillante realidad”.

Vaquero ha lamentado que “las generaciones jóvenes son vistas demasiadas veces con recelo, analizadas sesgadamente con el prisma de la experiencia, sin ser conscientes de que ese hecho sólo se supera con el tiempo”. “Debemos confiar en lo mucho que podéis aportar los jóvenes a nuestra sociedad”, ha afirmado: “Tenemos que confiar en vuestra capacidad de entender el mundo y transformar el futuro con vuestro talento”, ha asegurado.

“El futuro tiene vuestros ojos”

“El futuro tiene vuestra cara y vuestros ojos; las generaciones de hoy tenemos la responsabilidad de construir y mejorar Aragón”, ha apuntado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones.

“Aragón es una tierra de oportunidades, una comunidad que se ha empeñado en liderar y que sabe que este liderazgo solo será posible con el talento de su gente, de vosotros”, les ha trasladado Vaquero, insistiendo en la idea de la 'Generación DAT'.

“En Aragón tenemos un triángulo virtuoso, gracias a la tecnología y la innovación, que ya está marcando el rumbo de nuestro futuro, con tres vértices que laten con fuerza: el DAT Alierta en Zaragoza, Walqa, en Huesca, y Technopark, en Alcañiz, en el Bajo Aragón”, ha insistido.

“Estos tres espacios no son solo infraestructuras, sino puertas abiertas a cada uno de vosotros, oportunidades reales y el lugar en el que las ideas se convierten en proyectos y en futuro”, ha afirmado Vaquero.

“Creed en Aragón como lugar donde podéis crecer, vivir, desarrollar una carrera profesional, emprender e innovar”, les ha pedido. “Ayudadnos a construir el Aragón del mañana, y confiad en vuestras posibilidades porque sólo así levantaremos el mejor futuro juntos”, ha expuesto.

Con la llegada de la primavera, los campos de Aragón vuelven a llenarse de actividad. La comunidad ha dado inicio a una nueva campaña de recogida de fruta, uno de los motores económicos del medio rural y una actividad clave para comarcas como el Bajo Cinca, Valdejalón o La Litera. Este año está previsto que la temporada, que se prolongará hasta otoño, movilice a entre 20.000 y 25.000 trabajadores, en su mayoría personas migrantes, que sostienen una parte fundamental de la producción agroalimentaria de la comunidad.

Sin embargo, el inicio de la campaña vuelve a evidenciar un problema estructural que se repite año tras año: la falta de vivienda digna para los temporeros. Son manos imprescindibles para recoger la cosecha, sin embargo, mientras la fruta madura en los árboles, el problema de la vivienda sigue enquistado en el suelo.

Entidades como Cáritas o Cruz Roja han alertado en campañas anteriores de situaciones en las que, ante la escasez de alojamientos disponibles en las inmediaciones en las que se encuentran los campos, principalmente zonas rurales, los temporeros se ven obligados a recurrir a soluciones precarias: desde viviendas saturadas hasta asentamientos improvisados o pernoctaciones en vehículos y en la calle. Una realidad que se repite cada temporada.

Un Plan Pirineos, para el campo

La llegada masiva de trabajadores a municipios pequeños tensiona todavía más un mercado de vivienda ya de por sí limitado. En algunas localidades la población llega a incrementarse en pocas semanas hasta en 2.000 personas, como en La Almunia de Doña Godina, lo que hace prácticamente imposible absorber la demanda de alojamiento.

Las organizaciones agrarias advierten de que, aunque muchas explotaciones agrícolas han avanzado en la habilitación de alojamientos para sus empleados, con la instalación por ejemplo de viviendas prefabricadas, un año más, esta campaña recién comenzada, siguen existiendo importantes carencias, especialmente en el caso de trabajadores que llegan sin contrato previo “y sin vivienda”, apuntan.

Ante esta situación enquistada, el sector reclama soluciones estructurales, y ha puesto sobre la mesa la demanda de planes públicos para rehabilitar vivienda vacía en los pueblos y destinarla a alojamiento temporal vinculado al empleo agrícola. 

Si algo hay en los pueblos es “vivienda abandonada o desalojada”, con lo que no cuentan es con “dinero para ponerla en condiciones”, denuncian desde UAGA, que propone diseñar un “Plan Temporeros”, tomando como referencia el Plan Pirineos, una estrategia del Gobierno de Aragón para dinamizar el Pirineo, que contempla la construcción de vivienda asequible, facilitando el alojamiento a empleados locales y temporeros. Sin embargo, estas medidas avanzan lentamente frente a una necesidad que es inmediata.

Derechos laborales y obligaciones de los empleadores

En paralelo, las administraciones han intensificado los llamamientos para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales durante la campaña. La normativa vigente establece que los trabajadores deben contar con contrato de trabajo en regla, estar dados de alta en la Seguridad Social, percibir un salario conforme al convenio agrario y tener unas condiciones adecuadas de prevención de riesgos laborales. 

Además, es un derecho del trabajador disponer de un alojamiento digno, facilitado por el empleador cuando el trabajo implica desplazamiento temporal. En agricultura “somos los únicos que debemos proporcionar vivienda al trabajador”, apunta Asaja, aunque reconocen ser conscientes del volumen de mano de obra que emplean y que “tienen que proporcionarla”.

Desde la Inspección de Trabajo se recuerda que estas obligaciones no son opcionales, y que su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas importantes. En anteriores campañas se han interpuesto denuncias de los casos detectados de personas que, incluso con contrato, no han podido acceder a una vivienda y se ven obligadas a pasar la noche en la calle tras la jornada de trabajo, tal y como han reconocido desde FICA UGT Aragón.

Además, las autoridades alertan de la necesidad de prevenir situaciones de explotación laboral o economía sumergida, que todavía persisten en algunos casos vinculados a la contratación irregular.

Entre la necesidad económica y el reto social

La campaña de la fruta representa cerca del 10% de la economía aragonesa, y resulta esencial para mantener la actividad en zonas rurales, las principales afectadas por el fenómeno silencioso y persistente de la despoblación.

No obstante, este peso económico contrasta con los retos sociales que se le asocian, especialmente en materia de acogida, y que no terminan de encontrar solución. La falta de planificación y recursos sigue provocando situaciones de vulnerabilidad a las que los temporeros se tiene que enfrentar año tras año, como dificultades para acceder a alojamiento o servicios básicos, mientras desempeñan uno de los trabajos más duros y denostados por un alto porcentaje de la población nacional o de clase media.

En este contexto, administraciones públicas, organizaciones agrarias y entidades sociales coinciden en la necesidad de avanzar hacia un modelo más estructurado que garantice tanto la viabilidad del sector como unas condiciones de vida y trabajo dignas para quienes hacen posible que cada campaña la fruta se recoja de los árboles y siga funcionando la cadena de producción en el sector agrario. 

Porque detrás de cada campaña no solo hay cosechas, también conviven en la sombra las historias de movilidad, esfuerzo e incertidumbre de miles de personas.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha calificado de “histórica victoria tras más de 25 años” la sentencia hecha pública hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dictaminado que España no tiene medidas conformes con el Derecho de la Unión para sancionar la utilización abusiva de los contratos temporales en el sector público. El fallo avala la fijeza de todos los afectados como solución y subraya que si no se hace así, deberían abonarse a las víctimas indemnizaciones muy superiores a las máximas fijadas actualmente en la ley, lo que supondría “un colapso económico y judicial, ya que la estimación teórica calculada a la baja, con datos oficiales, es en total de más de 40.000 millones de euros”.

El sindicato ha celebrado con una concentración ante la sede del Gobierno de Aragón este histórico fallo, del que han destacado que “incide de pleno en Aragón, al ser una comunidad que mantiene un abuso estructural de temporalidad”. Según sus cálculos, unos 20.000 trabajadores de la Administración autonómica tendrán que pasar a ser fijos. A nivel nacional, la cifra total, entre empleados estatales, autonómicos y de entidades locales, llega al millón de personas.

Los jueces europeos castigan así la “reiterada utilización en todas las Administraciones de personal temporal para cubrir necesidades permanentes”, exponen desde el sindicato. Actualmente, uno de cada tres empleados públicos tiene contrato temporal, y en casos como la DGA se llega al 47,7%, según los últimos datos del Boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma. La sentencia exige sanciones efectivas contra esta situación y señala que si no son económicas, solo pueden basarse en la fijeza de los afectados, ya que la convocatoria de procesos de estabilización no es una medida suficiente.

“Una sentencia que obliga a actuar”

STEPA ha destacado que esta sentencia “después de décadas de hacer caso omiso, obliga, de una vez por todas, a actuar a la Comisión Europea, al Estado en todos los niveles de la Administración y a los Tribunales”.

Además, el sindicato ha recordado que la Comisión Europea solo esperaba esta sentencia para avanzar en una sanción económica a España por incumplir la directiva sobre abusos en la temporalidad “que va a ser elevadísima” porque se compondrá de dos tipos de multa. Por una parte, una sanción a tanto alzado por incumplir la Directiva 1999/70/CE; un motivo por el que ya ha retenido más de 600 millones de euros, vinculados a fondos Next Generation. Por otro lado también una multa coercitiva, que supone una cantidad por cada día que nuestro país se retrase en aplicar la norma “por lo que es evidente que el Gobierno tendrá que actuar si no quiere arruinarse”.

Esta actuación pasa por una ley nacional que convierta en fijos a todas las víctimas del abuso de temporalidad, para lo que ya se cuenta con un texto “apoyado por muchos partidos de todo el arco parlamentario, desde Vox hasta Bildu”. STEPA ha reclamado la máxima celeridad para que “nuestros políticos legislen para resolver el problema de la temporalidad en el sector público de una forma definitiva, no con la chapuza que fue la Ley 20/2021, que ha sido un completo fracaso y a los cinco años de su entrada en vigor sigue siendo temporal uno de cada tres empleados”.

Finalmente, ha incidido en que esta sentencia del TJUE llega por una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de España sobre cómo cumplir con la normativa europea “por lo que evidentemente tiene que aplicarse en los miles de procesos de interinos que han recurrido su cese”. 

Demandas al Gobierno de Aragón

STEPA ha llamado especialmente a asumir sus responsabilidades al Gobierno de Aragón, “uno de los principales incumplidores, con una temporalidad por encima de la media, que supera el 43% de los empleados autonómicos”. Según el cálculo de STEPA, la sentencia afectará a unos 20.000 trabajadores en la DGA, en su mayoría mujeres con una edad media de 50 años. Este número incluye tanto a trabajadores que continúan como interinos, como a quienes han sido cesados y han denunciado su despido.

Según explica el sindicato, cuando la Ley 20/2021 obligó a sacar a procesos de estabilización las plazas ocupadas por personal en abuso, “el Gobierno de Aragón no realizó ni lo esencial: identificar las plazas susceptibles de sacarse a este procedimiento, pese a ser un mandato recogido en la disposición transitoria sexta de los presupuestos vigentes, a propuesta de Vox y aceptada por el actual Gobierno del Partido Popular”. De esta manera, se han convocado “ofertas ridículas, de apenas 2.500 plazas, frente a los 28.000 temporales existentes en diciembre de 2021”. Así, “no solo la gran mayoría de las víctimas no han visto reconocidos sus derechos, sino que muchos han sido despedidos sin compensación”.

Las demandas al Ejecutivo de Jorge Azcón, en espera del necesario cambio estatal, incluyen así presentar este listado de trabajadores con derecho a la fijeza, paralizar cualquier nuevo cese y retirar sus plazas de las convocatorias de empleo en marcha. Igualmente se reclama una nueva Ley de Función Pública que avance en la planificación de los recursos humanos y garantice la calidad del servicio público. “Acabar con el abuso de temporalidad debe ser una cuestión prioritaria esta legislatura autonómica”, asegura.

STEPA ha subrayado que la fijeza del personal en abuso beneficiará a toda la sociedad, “frente al actual desmantelamiento de los servicios públicos, mantiene a los empleados con mejor formación y experiencia de años; y no perjudica a quienes busquen una nueva plaza, dado el volumen de jubilaciones en los próximos diez años”.

“Esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que suponer el principio del fin para acabar finalmente con décadas de injusticia; y para garantizarlo, vamos a continuar presionando a los responsables políticos y animando a todas las víctimas del abuso a que reclamen su estabilización en sus Administraciones y en sede judicial”, han concluido desde STEPA.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha resuelto dos iniciativas de hibridación de energías renovables en la comarca de Tarazona y el Moncayo, ambas de empresas bajo el paraguas del grupo Forestalia. Mientras el denominado proyecto Castor ha recibido una declaración de impacto ambiental favorable, aunque condicionada y limitada a determinados suelos, la planta fotovoltaica Los Borjas II ha sido declarada “incompatible con la protección del medio ambiente” por su afección a la fauna, el paisaje y la normativa urbanística.

En el caso de Castor, promovido por Habidite Energy SL, se trata de la hibridación fotovoltaica de 17,58 megavatios sobre una superficie de 40 hectáreas en Tarazona, Grisel y Vera de Moncayo, integrada con el parque eólico Castor ya operativo.

El Inaga concluye que la actuación puede ser compatible con el medio ambiente siempre que se ajuste a las condiciones impuestas, especialmente en lo relativo al suelo. El organismo limita su viabilidad a las zonas clasificadas como suelo no urbanizable genérico y excluye aquellas áreas protegidas por interés forestal o de pastos, conforme al planeamiento urbanístico de Tarazona, declarando dichas zonas como “incompatibles con la adecuada conservación de los valores naturales y patrimoniales”.

El informe también impone restricciones para minimizar el impacto ambiental, como la obligación de implantar los seguidores solares exclusivamente “mediante hinca en el terreno” , la prohibición del uso de herbicidas y la gestión de la vegetación mediante métodos como el pastoreo. Asimismo, el proyecto deberá respetar la regeneración de las zonas afectadas por el incendio de Añón de Moncayo de 2022, ya que los desarrollos en ese suelo no pueden obstaculizar la regeneración vegetal por un plazo de diez años.

Lo que se deberá dirimir es el conflicto con la empresa de renovables RWE, impulsora del parque eólico Grisel y que alegó el solapamiento de terrenos, algo en lo que la DIA no entra.

'Los Borjas II': rechazo total

Frente a este escenario, el Inaga ha rechazado de forma íntegra el proyecto Los Borjas II, promovido por Innovación Energética Sostenible SL—empresa también vinculada al grupo Forestalia—, al considerar que resulta “incompatible con la protección del medio ambiente y desfavorable”. Se trata de una planta fotovoltaica de 20,118 MW sobre 41,5 hectáreas también en Tarazona y con línea de evacuación de 15,4 kilómetros hasta la SET Castor.

La resolución se apoya, en primer lugar, en su ubicación sobre suelo no urbanizable protegido por razones de interés forestal o de pastos (SNU-FP) del municipio de Tarazona, donde este tipo de instalación “no es viable urbanísticamente” según el planeamiento urbanístico vigente, de 1985.

A ello se suma que todo el suelo del proyecto se ubica en el monte de utilidad pública denominado Valcardera, de titularidad municipal , sin que el promotor haya “justificado adecuadamente la imposibilidad de emplazamiento alternativo fuera del monte” ni tramitado la correspondiente concesión de uso privativo.

El expediente señala además un impacto significativo sobre la avifauna, en un entorno de alta sensibilidad ecológica. La planta se proyectaba a solo 245 metros del área crítica Mochales, vinculada a la conservación de la alondra ricotí, especie en peligro de extinción, y en zonas consideradas clave para aves esteparias. El Inaga advierte de la “presencia muy significativa de especies de avifauna incluidas en los catálogos aragonés y español de especies amenazadas”, como el milano real, el cernícalo primilla o la ganga ibérica, cuya presencia ha sido “constatada en el estudio de avifauna de ciclo anual”.

Alta presión energética y transformación del paisaje

La evaluación ambiental también incorpora el efecto acumulativo de las infraestructuras energéticas en la zona. En un radio de diez kilómetros, el Inaga identifica la presencia de decenas de proyectos eólicos y fotovoltaicos en funcionamiento o tramitación, lo que ha provocado una transformación progresiva del paisaje.

Mientras que en el caso de Castor el organismo considera que el impacto global puede ser asumible bajo condiciones estrictas , en Los Borjas II concluye que la actuación supondría una “transformación significativa del entorno” y una pérdida de conectividad ecológica en un área de alta sensibilidad ambiental, próxima a espacios de la Red Natura 2000 como la ZEC Peñadil, Montecillo y Monterrey.

La resolución subraya que, en este caso, ni las medidas correctoras ni los condicionantes propuestos por el promotor serían suficientes para garantizar la compatibilidad del proyecto con la conservación de los valores naturales del entorno. Así, el principio de cautela se utiliza como criterio determinante para su rechazo.

Aragón destina en 2026 cerca de 4.800 millones de euros al conjunto de sus políticas sociales —sanidad, educación y servicios sociales—, una cifra muy similar a la del año anterior debido a una situación que se repite por tercer año consecutivo: el Gobierno de Jorge Azcón solo ha aprobado unos presupuestos propios desde su llegada en 2023 y mantiene prorrogadas las cuentas de 2024.

Según los datos del último informe del Ministerio de Hacienda, actualizado a marzo de 2026, la comunidad ha pasado de registrar una de las mayores caídas del gasto social durante la crisis a situarse entre las que más lo incrementaron en la fase de recuperación, para posteriormente moderar su crecimiento en el periodo más reciente.

La llegada de Jorge Azcón al Pignatelli ha traído consigo un escenario cambiante. Si bien el ejercicio 2024 arrancó con un fuerte impulso presupuestario —un aumento del 9,49% en políticas sociales—, la parálisis legislativa posterior ha pasado factura. Debido a la ausencia de nuevos Presupuestos para 2025 y 2026, la comunidad funciona con cuentas prorrogadas. Esto ha provocado que, en el balance acumulado hasta 2026, Aragón se sitúe como la quinta región con menor incremento relativo (9,27%), quedándose 2,5 puntos por debajo de la media nacional.

En áreas como Sanidad, el crecimiento bajo la actual administración (8,47%) es inferior a la media de las comunidades autónomas (12,11%). El informe ministerial destaca que, tras el aumento inicial de 2024, la dotación para el área sanitaria ha permanecido prácticamente inamovible, registrando incluso ligeros retrocesos técnicos en la actualización de 2025.

Aragón no es la única comunidad en situación de prórroga. Junto a ella, Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia tampoco han aprobado presupuestos propios para 2026. Sin embargo, entre las comunidades que sí han presentado proyecto presupuestario, el crecimiento medio en gasto social supera el 11%, por encima de lo que refleja Aragón.

El Ministerio de Hacienda incorpora en sus cálculos los importes prorrogados de esas ocho comunidades para elaborar el total agregado, advirtiendo que el dato global puede no reflejar el comportamiento real de las que sí han aprobado nuevas cuentas.

De la 'tijera' de Rudi al incremento de Lambán

Entre 2011 y 2015, bajo la presidencia de Luisa Fernanda Rudi, se produjo el mayor ajuste presupuestario en Aragón. En esos años, la comunidad fue la tercera que más redujo el gasto en el conjunto de políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales), con un descenso del 11,88%.

La 'tijera' fue especialmente incisiva en Sanidad, donde el presupuesto de 2015 terminó siendo un 13,43% inferior al de la etapa anterior y situó a la comunidad como la segunda que más recortó en salud de todo el país. El año 2013 marcó el punto de inflexión negativo, con una caída de 391 millones de euros en un solo ejercicio que, según Hacienda, no se recuperó en los años posteriores.

Bajo la Administración de Lambán, el presupuesto sanitario solo registró un descenso anual en 2022, año en el que se redujo el gasto extraordinario derivado de la fase más crítica de la pandemia. Esta bajada se produjo tras un aumento del 13,78% en 2021. Pese a dicha reducción, la partida de 2022 se mantuvo un 8,19% por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria (2020). Posteriormente, en 2023, la dotación volvió a subir un 13,64%, situándose como el mayor incremento anual registrado entre todas las comunidades autónomas ese año.

Educación y servicios sociales

La educación aragonesa sigue un patrón similar. Tras la fuerte recuperación en la era Lambán (+55,07%), el crecimiento actual se sitúa en el 10,44%, lo que coloca a Aragón como la sexta comunidad por la cola en este apartado.

Donde Aragón sale peor parada históricamente es en Servicios Sociales. Aunque entre 2015 y 2023 se produjo un aumento del 49,2%, fue el área donde la comunidad mostró un perfil más discreto en comparación con el resto de España, donde la media de incremento superó el 76%. Actualmente, con un aumento del 10,1% frente al 15,7% de la media nacional, la región sigue sin lograr posicionarse en la vanguardia de la protección social.

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado este jueves el acuerdo que formaliza la expansión de Amazon anunciada días atrás: la declaración de interés general del Plan para la consolidación de la Región AWS en Aragón, que contempla 30 edificios de centros de datos, 10 subestaciones y 12 edificios auxiliares repartidos en tres nuevos campus. Es el tercer proyecto de expansión de la compañía en la comunidad desde que en 2019 instalara sus primeros centros de datos en Villanueva de Gállego, Huesca y El Burgo de Ebro. La segunda fase, aprobada en 2024, extendió esa presencia a Zaragoza y La Sotonera, también en Huesca, y sus obras de urbanización todavía están en marcha en tres de los cuatro emplazamientos previstos.

El nuevo plan contempla tres campus —en la capital altoaragonesa, en La Puebla de Híjar y en Azaila (Teruel) y San Mateo de Gállego (Zaragoza)— que ocuparán 459 hectáreas. Sumados los tres proyectos, la huella de AWS en Aragón rozará las 800 hectáreas, según la documentación hecha pública. El plan incluye 30 edificios de centros de datos, 10 subestaciones y 12 edificios auxiliares, con toda la infraestructura eléctrica, hídrica y de fibra óptica que eso requiere. La inversión prevista es de 33.700 millones de euros para 2026-2035 en toda España, con una generación estimada de 13.400 empleos anuales en Aragón, según la compañía, entre la construcción y la fase operativa. AWS, eso sí, rehúsa dar a conocer cuántos puestos de trabajo generan las instalaciones que ya tiene en marcha en la comunidad.

La declaración de interés autonómico tiene además consecuencias jurídicas: el acuerdo reconoce la utilidad pública implícita de los terrenos y declara la urgente ocupación de los bienes incluidos en la relación de expropiaciones, publicada como anexo en el propio BOA. Los titulares tienen veinte días hábiles para presentar alegaciones.

En San Mateo de Gállego, el proyecto ocupa terrenos calificados como ecosistema natural en el PGOU de 2004, una protección que se acordó como compensación de la fallida urbanización de Martinsa-Fadesa, que nunca llegó a ejecutarse. En La Puebla de Híjar, el ámbito incluye suelos con protección vinculada a la futura autovía A-68.

En cuanto a la energía requerida, la Dirección General de Energía y Minas respaldó el proyecto, pero con matices: el informe favorable se limita a las fases iniciales de San Mateo de Gállego y La Puebla de Híjar, y queda condicionado a que haya capacidad eléctrica suficiente para las segundas fases. Una incertidumbre nada menor sobre la ejecución completa del plan.

Y respecto del agua necesaria para refrigerar los centros de datos, el documento no ofrece cifras de consumo previsto. Sí obliga a Amazon a alinear la expansión con la Planificación Especial Sequía 2023 y a confirmar la disponibilidad del recurso antes de iniciar cada implantación. Los compromisos específicos por emplazamiento incluyen restaurar el barranco de San Mateo de Gállego, mantener la acequia de riego de Fodaleza en La Puebla de Híjar —dominio público hidráulico— y preservar el embalse de Pebredo en Huesca.

El calendario previsto: adquisición de suelo en 2026, construcción entre 2027 y 2031, y finalización de edificios entre 2031 y 2036.

La incidencia del fuego bacteriano (Erwynia Amilovora) en las plantaciones de peral, de las variedades conferencia, blanquilla y ercolini, en las comarcas de Comunidad de Calatayud y Valdejalón está provocando la alarmante desaparición de este cultivo tradicional en la zona, ha alertado este martes la organización agraria UAGA.

En los últimos diez años se han perdido un total de 700 hectáreas de perales en esas dos comarcas, así lo certifican los datos del Gobierno de Aragón de superficie productiva declarada en la PAC.

La superficie destinada a la producción de pera se ha reducido un 42% en diez años, y de este porcentaje casi el 50% de las hectáreas corresponden a las Comarcas de Calatayud y Valdejalón.

Pese al trabajo continuo de los fruticultores de esas dos comarcas para frenar el juego bacteriano, la enfermedad sigue avanzando y puede acabar, no solo con el cultivo del peral, sino también con muchas explotaciones familiares. Ante esta situación, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, solicitará al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón que contemple indemnizaciones por lucro cesante e, incluso, por cese de actividad en el caso de que una explotación agraria se viera obligada a cerrar por la magnitud de los daños.

La Orden de subvenciones publicada el 29 de agosto de 2025 ha resultado, según UAGA-COAG, “totalmente insuficiente” porque únicamente contemplaba ayudas por arranque y replantación, llegando solo al 50% del gasto total, y dejaba sin cubrir la pérdida de renta que sufren las agricultoras y agricultores que se han visto obligados a arrancar sus perales. Un frutal tarda unos 4 años en empezar a producir y, aproximadamente, unos 7 años en llegar a plena producción, de ahí que haya explotaciones que vean totalmente comprometida su viabilidad por falta de ingresos.

Además, viendo el repunte, en los dos últimos años, de esta enfermedad, la organización agraria pide también a la consejería que delimite con precisión la afección del fuego bacteriano en el territorio de Aragón y que cuantifique su impacto en el sector transformador.

Por último, UAGA-COAG ha destacado “la necesidad de que las fruticultoras y fruticultores afectados reciban el mismo rigor, compromiso y solidaridad institucional que otros sectores productivos, y que se contemple, de forma expresa, el lucro cesante en el caso de las explotaciones en las que la cosecha de pera supone su principal fuente de ingresos o en aquellas zonas donde existen pocas alternativas agrícolas rentables”.

“La población extranjera ha venido para quedarse y debe ser parte activa de la sociedad”. El secretario general de UGT en Aragón, José Juan Arcéiz, ha resumido así el papel de la inmigración en el mercado laboral autonómico, que el año pasado fue la base del crecimiento registrado en la comunidad. Basta un dato: frente al aumento de 13.600 ocupados extranjeros en 2025, se produjo una caída de 8.800 nacionales. Hay sectores en los que la preponderancia del empleo foráneo es muy elevada, como en el caso de los trabajadores del hogar, en el que alcanza un 78,12% de los afiliados a la Seguridad Social.

Estos son algunas de las cifras expuestas por la central con motivo de su ya tradicional informe sobre el mercado laboral en Aragón respecto al ejercicio pasado. Un documento que destaca la importancia creciente de la población inmigrante, que ha favorecido el crecimiento y explica el aumento de la población activa y de la ocupación. Un fenómeno ante el que UGT pide que se le facilite el aprendizaje del idioma y se promueva su participación laboral y social, por ejemplo con acciones educativas y deportivas.

En conjunto, 2025 se cerró con un incremento del 2,29% en cuanto a los afiliados a la Seguridad Social en Aragón. Arcéiz ha llamado la atención sobre el hecho de que desde el sindicato observan una “renovación en la mano de obra” del mercado laboral, con un crecimiento en el número de menores de 35 años, que suponen “el grueso de la afiliación” a la Tesorería.

La presencia de trabajadores extranjeros en Aragón continuó creciendo el año pasado: llegaron a 109.300 en diciembre, frente a 95.700 un año antes. Estos 13.600 ocupados más entre el colectivo inmigrante sirvió para compensar la caída de la ocupación en nacionales en 8.800 personas, hasta 559.100. “La evolución positiva de la economía produce un efecto arrastre en la ocupación”, ha recordado Arcéiz. A su vez, “el incremento de ocupados en personas extranjeras” ha llevado a un nivel de desempleo en “mínimos históricos”.

Hoy por hoy, uno de cada seis afiliados a la Seguridad Social en Aragón es ya de origen extranjero: ha pasado en solo un año de tener un peso del 16% al 16,63%, seis décimas más. Por actividades, tanto en el Régimen General como en el de los autónomos, los inmigrantes están principalmente ocupados en la industria manufacturera y en la hostelería, por delante del comercio o las actividades administrativas.

Brecha de género

Otro de los puntos sobre los que UGT pone el foco es la brecha de género, que sigue siendo profunda. Más del 60% de los trabajadores en paro, ha recordado Arcéiz, son mujeres: “Desde luego, eso no es admisible”.

Arcéiz ha llamado la atención sobre “una inmovilidad geográfica de las personas que buscan empleo”, apuntando que el 81% de los desempleados que buscan trabajo lo hacen en su entorno familiar. La provincia de Zaragoza acumula el 63% de todos los parados de la comunidad autónoma, aunque también aglutina “un porcentaje similar” en cuanto a productividad, en términos de PIB, lo que “no genera problema en el resto de la Comunidad”.

“El paro encuestado se ha reducido en mil trabajadores y se produce principalmente en agricultura y servicios, y también entre el colectivo que busca un primer empleo. Sube, sin embargo, en la construcción y en la industria”. Sin embargo, el sector servicios aglutina el 69% del desempleo y la industria el 11%.

El dirigente de UGT Aragón ha apostado por implementar políticas activas de empleo y de inserción laboral destinadas a la mujer, políticas que les permitan una mayor empleabilidad tanto a las mujeres como a los mayores de 45 años, así como a los migrantes que están llegando a Aragón, con medidas para facilitar que aprendan el español, ya que su desconocimiento les dificulta acceder a la formación laboral.

“Lo que nos ha sorprendido es que la presencia en el desempleo, la media está en tres meses y sin embargo luego el siguiente dato de población que está en el desempleo es a más de dos años, lo que quiere decir que hay gente que está buscando un empleo y lo encuentra con cierta rapidez, sin embargo, el que se cronifica en el desempleo tarda mucho en poder salir de él”.

Empleo tecnológico

Hay nuevas demandas de empleo en los sectores tecnológicos, pero “desde luego las TIC no van a ser la exclusividad”, sino que también hay demanda de empleo en sectores más tradicionales, como los empleos relacionados con la electricidad, la mecánica y otros.

Arcéiz ha recomendado intensificar la coordinación entre el asesor laboral y el asesor escolar a edades tempranas para que los jóvenes tengan claro cuáles van a ser las ofertas de empleo en el futuro. Ha propuesto asimismo crear una Mesa para la Transición Digital.

El reciente cambio de rumbo tras la 'jibarización' del proyecto energético de Enel-Endesa, adjudicataria del concurso del Nudo Mudéjar para reindustrializar la zona tras el cierre de la central térmica, clausurada en 2020, y que ha pasado de solicitar 1.844 MW a dejarlo en 406, ha obligado a los alcaldes de las localidades afectadas y a los gobiernos central y autonómico a mover ficha y buscar alternativas que garanticen inversión, empleo y futuro para las comarcas turolenses afectadas por el cierre de la central.

El desarrollo del proyecto ha acumulado retrasos y no fue hasta febrero de 2026 cuando el Ministerio emitió la declaración de impacto ambiental (DIA), que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. Muchos de estos reparos venían precisamente del Gobierno de Aragón, que a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) puso pegas, por ejemplo, a cinco parques eólicos y a otro fotovoltaico.

Un mes después, Enel (Endesa) respondió con una drástica reducción del proyecto —al que se vinculaba una inversión de 1.600 millones de euros— para dejarlo en 350 millones de euros.

En la reunión de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, con diez alcaldes de las comarcas afectadas, ya se avanzó la petición de una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para exigir el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos con el territorio, especialmente en lo relativo al plan socioeconómico vinculado a la transición justa. Asimismo, se expresó el rechazo al tiempo irrecuperable perdido por la tardanza de la DIA ministerial.

Por su parte, Judith Carreras, directora del Instituto para la Transición Justa —organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico—, justificó la tardanza en la emisión de la DIA, en febrero de 2026, que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. Entre dichos condicionantes, señaló que “muchos de ellos vienen también marcados por las comunidades autónomas, ya que las DIA son un ejercicio que realiza el Ministerio de Transición Ecológica, pero que cuenta con informes técnicos, como en este caso los del Inaga”, justificó Carreras tras su reunión con el alcalde de Andorra, Rafael Guía.

Larga serie de reparos

De hecho, el Inaga formuló una larga serie de reparos a lo largo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Nudo Mudéjar. Estos afectaban a la ZEPA «Desfiladeros del Río Martín», a la fauna y la avifauna (tanto en informes de información pública como en consultas posteriores), así como a distintos proyectos: el Parque Eólico (PE) Empeltre, el PE Ítaca, el PE La Torica, el PE La Plana, el PE El Castillo y el PE Pitarra. También se refirieron a las plantas solares fotovoltaicas (PSFV), a los efectos acumulativos y sinérgicos y a las medidas de seguimiento.

El Gobierno de Aragón reclama que el Ministerio trabaje ya en alternativas que permitan atraer nuevas inversiones a la zona. En cuanto a posibles compensaciones o a un plan de acompañamiento desde el Ejecutivo autonómico para facilitar inversiones en el territorio, Vaquero se remitió al Ministerio, señalando que “la prioridad es garantizar alternativas reales a la inversión, el empleo y el desarrollo”, sin descartar pedir responsabilidades en el futuro.

El Ejecutivo autonómico ha reiterado además su apoyo “sin fisuras” a los municipios y su compromiso de acompañarlos en sus reivindicaciones. Sobre los plazos para un eventual plan alternativo, el Ejecutivo autonómico ha insistido en que “es el Ministerio quien tiene que establecer los plazos y plantear las alternativas”.

La directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, se ha reunido este martes con el alcalde de Andorra (Teruel), el socialista Rafael Guía, y le ha trasladado que desde el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) trabajan para que Enel optimice el volumen de potencia renovable que puede instalarse en el Nudo Mudéjar, de acuerdo con las condiciones de la declaración de impacto ambiental del proyecto. Carreras ha descartado un nuevo concurso y ha manifestado que la energía sobrante, unos 800 megavatios, se adjudicarán a otras empresas para que “esa capacidad se quede en el territorio”.

Así se lo ha trasladado en una reunión mantenida para abordar la situación del concurso de transición justa, tras la propuesta provisional de Enel Green Power España de modificar su proyecto, ganador del concurso, e instalar 406,3 MW de potencia renovable, apenas una quinta parte de lo que pretendía.

Carreras ha informado a Guía sobre el detallado estudio que el ITJ está realizando sobre dicha propuesta, así como sobre su incidencia sobre los compromisos socioeconómicos vinculados al proyecto, de acuerdo con las reglas del concurso. También ha confirmado a Guía la voluntad del ITJ de que la capacidad de acceso a la red eléctrica del Nudo Mudéjar que finalmente no utilice el proyecto de Enel sea aprovechada por otros proyectos en beneficio del territorio, empleando mecanismos propios de transición justa, descartando la celebración de un nuevo concurso.

La directora del ITJ ha querido dejar claro que la capacidad sobrante “no se pierde”. “Es muy importante asegurar que esa capacidad se quede en el territorio con criterios de transición justa y por eso estamos trabajando en las opciones administrativas para que así sea”. Eso, ha explicado, “no significa un nuevo concurso”, y ha recordado que hubo “una lista de adjudicatarios muy larga”. “Estamos trabajando para ver cómo ofrecérsela a los siguientes adjudicatarios”, ha incidido.

520 millones en ayudas

Carreras ha recordado que el ITJ ya ha concedido 520 millones de euros en ayudas a 180 proyectos empresariales, municipales y de restauración ambiental, junto con ayudas sociales; y ha insistido en que el ITJ seguirá trabajando con el alcalde de Andorra y la zona afectada para seguir apoyando el territorio, incidiendo en que en el segundo semestre de este 2026 habrá una nueva convocatoria de ayudas.

Hay que recordar que el que prometía ser el mayor desarrollo de energía renovable proyectado en España se quedará reducido a casi una quinta parte. Endesa comunicó hace diez días que solo ejecutará instalaciones con una potencia conjunta de 406 megavatios en el Nudo Mudéjar de Andorra, en el punto de conexión a la red que quedó libre tras el cierre de la central térmica de carbón de Andorra hace casi seis años. La cifra supone apenas el 22% de los 1.844 MW que su filial renovable, Enel Green Power España, había planificado mediante la combinación de siete parques eólicos, otras tantas plantas fotovoltaicas y sistemas de baterías.

La compañía remitió el pasado 17 de marzo al Instituto para la Transición Justa, del Ministerio de Transición Ecológica, la nueva configuración, dentro del plazo fijado en las bases del concurso adjudicado en 2022. El plan contempla únicamente tres parques solares y uno eólico, frente a las catorce instalaciones del diseño original.

El Gobierno del PP en Aragón ha tratado de enmendar este martes su error y ha corregido la exclusión en las ayudas por la dermatosis nodular contagiosa de la principal raza de vaca que hay en la zona afectada, la parda. Sin embargo, la modificación se queda a medias: aparece en los anexos pero no en el cuerpo de la orden. Esta nueva “chapuza”, como la denominó el sector ganadero la semana pasada, ha vuelto a motivar un alud de críticas al Departamento de Agricultura. La semana pasada se pronunciaron los ganaderos a través de Arapad, tanto por lo que calificaron de “falta de profesionalidad”, como por el “desprecio” percibido por parte de la Consejería, con la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, a la cabeza.

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado una corrección de errores de la orden de 23 de marzo que estableció los baremos de indemnización por el sacrificio obligatorio de animales frente a la mencionada enfermedad. Los brotes detectados en dos explotaciones pirenaicas han obligado en las últimas semanas a sacrificar 160 reses. La mayor parte eran de raza parda, cuando la mencionada orden solo incluía originalmente la raza limusina, de origen francés, y la pirenaica; ahora, el Departamento se ha limitado a decir en los anexos que sustituye esta última por la parda, que suponía tres cuartas partes de los animales sacrificados. “Es una chapuza detrás de otra”, ha asegurado el director ejecutivo de la Asociación de Criadores de Raza Bovina Parda de Montaña (Araparda), José Manuel Macarulla, que asegura no entender este “despropósito”.

Los datos que recoge el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación son, además, significativos, ya que como raza, en 2025 se registraron 619 animales de raza Limusina frente a los 19.200 ejemplares de raza parda aragonesa en el árbol genealógico.

Además, Maraculla ha puesto en evidencia “el copia y pega” de la orden de Cataluña, que se demuestra al usar terminología propia de la comunidad vecina, pero no de Aragón, como es el tratamiento de “bravas”a las hembras preñadas, “lo que también podían haber corregido ya”, apunta Maraculla.

Los ganaderos también muestran su enfado por la actitud “rastrera” del Departamento a la hora de indemnizar, ya que en vez de hacerlo con animales a partir de seis meses, lo han limitado a animales hasta cinco meses. La diferencia son 200 euros pero es la mayoritaria, ya que en Aragón comienzan a venderse las reses a partir de los 6-8 meses. Por otro lado, animan al Ejecutivo de Aragón a igualar el pago de las ayudas de la PAC, que se van a prolongar durante dos años, en vez de uno que recoge el punto 4 de la orden aragonesa, tiempo insuficiente para poder aumentar la ganadería en los mismos niveles.

Llegados a este punto de desavenencias, los ganaderos cuestionan que el Ejecutivo hable de “gestionar” tres millones de euros en ayudas, cuando la mitad proceden de la Unión Europea y el Ministerio, por lo que consideran las explicaciones del Departamento de Agricultura de “medias verdades”.

Junto a las discrepancias en materia de ayudas, el sector también reprocha el trato recibido y comparan “el tono colaborativo y voluntad de diálogo y entendimiento” en la reunión mantenida el lunes con los responsables de los festejos taurinos. “Ya nos hubiera gustado obtener el mismo tono que con el sector del ganado de lidia”, afea Maraculla.