A 25 metros de altura, sobre una grúa del astillero de Navantia en San Fernando, dos colchones, comida que les hacen llegar desde abajo y un teléfono sin cámara ni Internet marcan la rutina diaria de Manuel Balber y Jesús Galván. Los dos soldadores han cumplido 20 días encaramados en una protesta extrema que ha convertido su conflicto laboral en un foco político de alcance nacional.

Su reivindicación es conocida: denuncian que existen “listas negras” en el sector del metal de la Bahía de Cádiz que les impiden trabajar por su actividad sindical en los últimos años, cuando como miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) han participado en recientes paros y huelgas. Sostienen que, pese a su experiencia en otras zonas de España, llevan años sin ser contratados en un contexto de alta carga de trabajo en la industria naval de la Bahía de Cádiz.

Esa denuncia, apoyada por la CTM y otros sindicatos minoritarios, ha sido el motor de una protesta que no ha dejado de crecer en visibilidad, mientras que la empresa y los comités mantienen una posición tajante: niegan la existencia de cualquier veto laboral.

El conflicto estalla en un momento de especial actividad para los astilleros de la Bahía de Cádiz, que afrontan una de las mayores cargas de trabajo de las últimas décadas. Los programas de construcción naval, tanto civiles como militares, junto al volumen de reparaciones y trabajos auxiliares, sostienen miles de empleos directos e indirectos y han convertido al metal en uno de los principales motores industriales de la comarca. Este contexto de demanda de mano de obra es el que los dos trabajadores esgrimen para cuestionar por qué no logran ser contratados pese a su cualificación y trayectoria.

Navantia ha rechazado “de forma tajante” que existan listas negras en sus procesos de contratación y defiende que no interviene en la selección de personal de las empresas auxiliares, además de subrayar que atraviesa una etapa de elevada actividad y necesidad de mano de obra cualificada. La singular protesta ha generado una notable incomodidad entre sus responsables.

Primero, porque la entrada de ambos en el astillero ha evidenciado un fallo de seguridad inédito, ya que ni Balber ni Galván tenían permiso para entrar en una factoría que tiene especiales restricciones de acceso por su carácter militar. Segundo, por la dificultad de ponerle fin, dado que resulta complejo plantear un desalojo a 25 metros de altura. Y tercero, por las denuncias que reciben del trato “inhumano” dispensado a los dos operarios: sin luz, sin teléfonos móviles propios y bajo un control estricto de lo que reciben del exterior. La compañía insiste en que las condiciones en la grúa están condicionadas por criterios de seguridad, como la imposibilidad de conectar suministro eléctrico directamente a la estructura para no poner en riesgo a los manifestantes.

Dimensión política

En la misma línea se ha expresado el comité intercentros de la empresa, que engloba a los sindicatos mayoritarios como CSIF, UGT y CCOO. En un comunicado interno que trascendió públicamente en los primeros días de la protesta, la representación sindical aseguró que “no existe constancia ni pruebas” de persecución o discriminación por motivos sindicales en la contratación. El texto añade que dentro de la compañía “no consta ningún tipo de veto o discriminación” y que los procesos de incorporación se rigen por criterios de igualdad, mérito y capacidad, además de estar sometidos a control y normativa.

Mientras tanto, la protesta ha ido escalando en dimensión política. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, visitó el pasado viernes a los trabajadores después de un primer intento frustrado y tras obtener el amparo de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Allí denunció una posible vulneración de derechos laborales y reclamó la necesidad de investigar las supuestas listas negras. El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, se reunió la pasada semana con la Coordinadora de Trabajadores del Metal. También Adelante Andalucía ha respaldado la protesta y considera necesario amplificar la repercusión de un conflicto que, a su juicio, no se limita al ámbito industrial.

En el otro lado, el PSOE interpreta la escalada política como una estrategia de desgaste en plena antesala electoral andaluza, especialmente contra la que era vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (responsable política de Navantia), y ahora candidata a presidir la Junta.

En paralelo, el desarrollo de la protesta sigue condicionado por la resistencia física de los dos trabajadores. Viven en una estructura elevada, sin baño, con acceso limitado a la comunicación y dependiendo de la logística que les hacen llegar desde abajo. La situación se ha prolongado durante semanas, con episodios de tensión y negociaciones que, por ahora, no han desembocado en una solución.

Durante estos días ha habido intentos de mediación y dos ofertas laborales que no han prosperado. La CTM asegura que eran “engañosas”. Se mantiene la vía del diálogo para intentar reconducir el conflicto por vías institucionales y laborales, aunque no parece que Balber ni Galván tengan intención de bajar de la grúa. De hecho, para este miércoles se ha convocado una protesta por la tarde en Cádiz, que recorrerá la sede de la patronal gaditana, el astillero de Navantia en Cádiz y la sede de los sindicatos UGT y Comisiones en la capital gaditana. El objetivo será recordar que dos trabajadores llevan 20 días subidos a una grúa a 25 metros de altura.

Durante siglos, el fondo de la bahía de Cádiz ha guardado historias apenas visibles, fragmentos de madera sumergidos en silencio que apenas dejaban entrever su pasado. Uno de ellos, el conocido como pecio Delta I, ha salido literalmente a la luz para cambiar lo que se sabía, que era muy poco, sobre la construcción naval del siglo XVII. El hallazgo se produjo durante las obras de la nueva terminal de contenedores del puerto gaditano, pero lo que vino después ha sido lo verdaderamente excepcional: una intervención que ha permitido acceder a un nivel de detalle inédito en este tipo de investigaciones y que sitúa a Cádiz en el mapa de la arqueología subacuática internacional.

Por primera vez en España, un barco histórico fue extraído del mar para su estudio en tierra, en una operación impulsada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y ejecutada por el Centro de Arqueología Subacuática (CAS), dependiente del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. “Fue el primer barco que se trasladó desde el fondo marino a tierra para poder estudiarlo en detalle”, explica la investigadora del CAS Nuria Rodríguez. Estudiar un pecio fuera del agua permite acceder a niveles de información que bajo el mar resultan prácticamente inalcanzables, desde la observación directa de las conexiones entre piezas hasta la posibilidad de desmontar la estructura.

Durante diez meses y medio, el equipo trabajó sobre los restos en una zona habilitada en los astilleros, bajo condiciones controladas de humedad para evitar el deterioro de las maderas, extremadamente sensibles tras siglos bajo el agua. Allí pudieron desmontar, analizar y documentar cerca de 400 piezas de la embarcación, en un trabajo minucioso que ha requerido combinar técnicas arqueológicas con criterios de conservación.

A partir de ese puzle de madera, los investigadores han logrado identificar hasta cuatro niveles constructivos distintos y han podido seguir la lógica interna del ensamblaje, entendiendo cómo se conectaban las piezas entre sí y cómo se organizaba la construcción. “La deconstrucción del barco es lo que te permite entender cómo se construyó”, resume Rodríguez, que subraya la importancia de este tipo de análisis en un siglo XVII del que, paradójicamente, existe una notable escasez de información arqueológica directa.

El proceso constructivo arranca con la quilla, la pieza longitudinal que actúa como columna vertebral del barco, sobre la que se levantan las cuadernas principales, formadas por varias piezas ensambladas lateralmente. A partir de ahí se completa la estructura transversal y, finalmente, el casco se reviste tanto por el interior como por el exterior.

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que ha permitido identificar el carácter atlántico de la embarcación. El grosor de las maderas, su disposición y la robustez general de la estructura indican que se trata de un barco preparado para largas travesías oceánicas y grandes cargas, muy distinto de las embarcaciones mediterráneas. “Son barcos muy sólidos, construidos para soportar rutas largas y exigentes”, apunta Rodríguez. Esta conclusión encaja con el papel que Cádiz desempeñaba en el siglo XVII como nodo clave en los grandes circuitos marítimos, en un momento de intensa actividad comercial y conexión con América.

La propia localización del pecio dentro de la Bahía refuerza esa idea. Lejos de la imagen actual de un puerto con infraestructuras fijas, el Cádiz de la época funcionaba como una especie de “Cádiz flotante”, un espacio abierto lleno de barcos fondeados que no atracaban directamente en tierra. “El Delta I formaba parte de esa Cádiz flotante”, señala Rodríguez, que destaca cómo este tipo de hallazgos permiten conectar la evidencia arqueológica con lo que ya se conocía por fuentes documentales. La imagen que emerge es la de una bahía intensamente ocupada, donde el trasiego de embarcaciones era constante.

Más allá de la estructura, algunos hallazgos permiten acercarse a la vida cotidiana de la tripulación. Entre ellos, la aparición de semillas de frutas como melón, sandía o uva, un detalle que aporta información valiosa sobre la alimentación a bordo. “Son alimentos perecederos que solo se consumen cuando el barco está fondeado o muy cerca de la costa”, explica la investigadora. Su presencia indica que el Delta I llevaba un tiempo en la bahía, abasteciéndose desde tierra mediante pequeñas embarcaciones que trasladaban tanto víveres como mercancías, en un sistema logístico que formaba parte del funcionamiento habitual del puerto.

Otro elemento especialmente significativo son las marcas encontradas en la madera, pequeñas señales realizadas por los propios carpinteros de ribera durante el proceso de construcción. Estas marcas, aún en estudio, podrían indicar la posición de las piezas o reflejar fases del montaje, pero sobre todo tienen un valor añadido: permiten observar la intervención directa de los artesanos. “Es como ver la mano del carpintero, cómo organizaban el trabajo, cómo distribuían las tareas”, explica Rodríguez. Se trata de una información difícil de obtener por otras vías y que abre nuevas perspectivas sobre la organización de los astilleros.

Tras el intenso trabajo en tierra, el proyecto afrontó uno de sus momentos más delicados: decidir el destino de los restos del barco. La madera, estabilizada durante siglos en un medio húmedo, se deteriora rápidamente al exponerse al aire, lo que obliga a mantener condiciones muy estrictas de conservación. Ante la falta de recursos para garantizar su preservación integral en tierra, se optó por devolver el pecio al mar, en una zona controlada. “No es una renuncia, es una medida de protección”, aclara la investigadora, que insiste en que el objetivo es asegurar la conservación a largo plazo.

Lejos de cerrarse, la investigación continúa abierta y plantea nuevos interrogantes. Uno de los principales objetivos es identificar la “firma constructiva” del barco, es decir, los rasgos que permitan determinar su lugar de origen y, eventualmente, su nacionalidad. A partir de ahí, cruzando estos datos con la documentación histórica, podría ser posible conocer el nombre de la nave, sus rutas y las circunstancias de su hundimiento. “Si sabemos dónde se construyó, puede ayudarnos a identificar el nombre del barco y explicar por qué se hundió y en qué momento”, explica Rodríguez.

El Delta I no solo aporta respuestas, sino que también cuestiona algunas ideas previas sobre la construcción naval del siglo XVII. “Hay aspectos que dábamos por hecho y que no se están confirmando”, reconoce la investigadora. Porque la Historia es también una materia en permanente construcción.

En torno a 3.900 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentran desplegados para velar por la seguridad y garantizar el buen desarrollo del Gran Premio de España de Motociclismo, que se celebra este fin de semana en Jerez de la Frontera (Cádiz) y en la que se prevén medio millón de desplazamientos desde España y fuera del país. En paralelo, el Gobierno andaluz ha activado este viernes el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía con motivo de este evento.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los motoristas para que el resultado “sea un éxito de todos”, al tiempo que ha especificado que “las carreteras no son un circuito y se deben respetar escrupulosamente las normas de circulación”, tarea en la que “pondrá especial empeño” la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico.

En una nota, la Delegación de Gobierno ha indicado que el grueso del dispositivo de seguridad para el Gran Premio, así como la dirección del mismo en el circuito corresponde a la Guardia Civil, con cerca de 3.000 agentes en total: 1.900 en la zona de influencia directa del evento, 600 en localidades aledañas como Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera, La Barca de la Florida o Chipiona, y otros 450 de la Agrupación de Tráfico en comunidades y provincias próximas.

En el circuito y su entorno próximo, se desplegarán 16 especialidades diferentes con 22 capacidades operativas, como ciberpatrullajes, capacidades antiterroristas, dron y antidron o vigilancia del subsuelo, y contarán con agentes de la Guardia Nacional Republicana portuguesa, de la Gendarmería Nacional francesa y de una representación de Senegal para facilitar la atención a ciudadanos de otras nacionalidades e identificar buenas prácticas en materia de seguridad.

Tecnología satelital para garantizar las comunicaciones

“Estamos ante un dispositivo que se va reforzando y mejorando con la experiencia de las ediciones anteriores, de ahí que este año cuente con novedades destinadas a evitar actos ilícitos y garantizar la seguridad de quienes realmente vienen a disfrutarlo”, ha puntualizado Pedro Fernández, referenciando alguna de las novedades tecnológicas implantadas, como la posibilidad de formular denuncias desde dispositivos móviles o tablets para delitos menores o no complejos.

Así, se podrán denunciar hurtos leves o daños, delitos que requieran cierta urgencia en su comunicación, como sustracción de vehículos, documentación o tarjetas bancarias, o incidentes ya finalizados de escasa entidad en los que no exista intervención urgente en curso. Otra de las novedades es la incorporación de la tecnología satelital Starlink para garantizar las comunicaciones ante posibles fallos del sistema convencional.

En esta edición el despliegue de efectivos se adelantó al lunes 20 y se ha reforzado la presencia de unidades con alta capacidad de movilidad para una respuesta más rápida ante las incidencias. Al igual que en años anteriores, se ha establecido una reserva del espacio aéreo y prohibido el vuelo no autorizado de aeronaves, tareas en las que trabajará el Equipo Pegaso, y se ha instalado una oficina de denuncias activa las 24 horas para atender, informar y ayudar a víctimas de violencia machista o acoso sexual, compuesto por mujeres pertenecientes a la Guardia Civil y especialistas en la materia.

Control de la DGT en las carreteras

En cuanto al control en las carreteras, Fernández ha explicado que las medidas especiales de vigilancia en las principales vías están activas desde el jueves en previsión de los desplazamientos para asistir a los entrenamientos previos, y continuarán durante todo el fin de semana. El dispositivo de seguridad para el circuito y sus inmediaciones cuenta con agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, más de 50 funcionarios de la DGT y técnicos de instalación y mantenimiento de medidas especiales, cuyas tareas se complementan con la vigilancia desde el aire en las rutas más transitadas por los aficionados que se desplacen a Jerez.

Además, se han establecido “puntos especiales de vigilancia” de la Agrupación de Tráfico en un perímetro más amplio en diferentes puntos de Andalucía, Ciudad Real y Badajoz, dotado con otros 450 agentes. Velarán por la seguridad de todos los usuarios de las carreteras, evitando conductas de riesgo, como la no utilización de casco y cinturón de seguridad, excesos de velocidad, consumo de alcohol o drogas o adelantamientos antirreglamentarios.

Todos estos mensajes se transmitirán a través de paneles de información variable y cámaras de circuito de televisión portátiles, paneles luminosos fijos para informar de las incidencias o indicaciones relativas a la circulación porque, como ha enfatizado Fernández, “se trata de un evento deportivo destinado al disfrute y debemos evitar cualquier comportamiento que suponga un riesgo para sí o para los demás”.

En la zona de influencia de la celebración del circuito se realizarán tareas de vigilancia y regulación de la circulación desde el aire, contando para ello con helicópteros y drones, imágenes a las que se sumarán las de las cámaras de circuito cerrado de televisión. Se desarrollarán vuelos de vigilancia nocturnos y denuncia de todo tipo de infracciones, incluida velocidad, mediante grabación de imágenes.

Apoyo de las policías locales

También se establecerán puntos de vigilancia en periodos de mañana, tarde y noche para garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos, unido a un incremento de los controles de alcohol y drogas en las inmediaciones del circuito.

En cuanto a la Policía Nacional, está previsto que se empleen más de 835 efectivos, en coordinación con las policías locales de Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar, para atender la presencia de aficionados en los cascos urbanos de las ciudades, donde se procederá a abrir parcial y temporalmente algunas calles para la presencia de moteros, contribuyendo con ello al comercio local y al control de las molestias.

Durante los días de celebración del Gran Premio, utilizando medios propios de la comisaría de Jerez de la Frontera y refuerzos de unidades especiales, la actividad de la Policía Nacional se centrará en puntos críticos de gran concentración ya identificados, en línea con el actual nivel 4 del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, como son la avenida de Europa, Alcalde Álvaro Domecq, centro de la ciudad y Alameda Vieja. El dispositivo se refuerza con la participación de otras brigadas especializadas, como Policía Judicial, Extranjería y Fronteras, Información y Policía Científica, cada una desarrollando sus funciones específicas.

Plan Territorial de Emergencias

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha activado este viernes el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía. Como director del plan, Sanz ha puesto en marcha este dispositivo, que tiene como objetivo prevenir riesgos y garantizar la seguridad y protección de los miles de aficionados que se darán cita entre este viernes y el domingo 26 de abril en el circuito, ha indicado la Junta en una nota.

El consejero se ha reunido con los responsables de los grupos operativos en un encuentro junto al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, el secretario general de Interior, David Gil, y la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo.

Antonio Sanz ha explicado que el operativo cuenta con un total de 4.000 efectivos “de todas las administraciones”, con Fuerzas de seguridad del Estado, Dirección General de Tráfico, Policía Local, servicios sanitarios del 061, Cruz Roja, bomberos, operativos de emergencias, servicios del circuito, “todos alineados, sincronizados y bajo una única dirección operativa de la Agencia de Emergencias de Andalucía, la EMA”, ha subrayado, para matizar que “aquí no hay piezas sueltas, sino un sistema que responde como un solo equipo”.

El Plan este año incorpora mejoras en la gestión de accesos, tráfico y transporte, para adaptarse a la evolución del evento, donde la jornada del sábado alcanza ya niveles de afluencia similares al domingo. “Hemos adaptado el dispositivo a un nuevo ritmo, donde el sábado ya corre al mismo nivel que el domingo”, ha detallado Antonio Sanz, que también ha explicado que este evento “es velocidad en la pista, pero fuera de ella exige anticipación y coordinación”, algo que resume el lema de este año GP Jerez, tu seguridad, el gran premio.

Tecnología al servicio de la seguridad

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se erige como el centro neurálgico del dispositivo, donde se integran todos los organismos implicados para la toma de decisiones en tiempo real, garantizando una respuesta única, coordinada y eficaz ante cualquier incidencia. Para ello, se dispone de un avanzado sistema tecnológico que permite monitorizar, analizar y actuar de forma inmediata.

El plan cuenta con un avanzado sistema tecnológico que integra el sistema COA (control de aforo), mediante tecnología wifi inteligente, con 16 puntos de sensorización distribuidos por el circuito, así como el sistema Es-Alert de avisos masivos a la población, preparado para su activación inmediata. A ello se suma la red de comunicaciones REJA, reforzada con un repetidor específico para el evento, un despacho operativo integrado en el PMA y comunicaciones seguras y redundantes con conectividad satelital.

Asimismo, se dispone de un sistema de videocoordinación con diez cámaras, cuatro de ellas vía satélite, con visualización en tiempo real en pantallas de gran formato, vigilancia aérea mediante drones para el seguimiento de los aparcamientos y los flujos de entrada y salida y una actualización completa de la cartografía operativa con ortofotos de última generación, integradas en un visor accesible vía web y aplicación móvil para todos los intervinientes.

Mayte y Antonio llevan más de 20 años viviendo en la calle Botica, a escasos metros del número 12, un inmueble que esta misma semana ha sido tapiado por el Ayuntamiento de Cádiz tras ser señalado por los vecinos como un punto de venta de sustancias estupefacientes. Ambos superan los 70 años y, como tantas otras personas del barrio de Santa María, han empezado a cambiar rutinas. “Antes bajábamos tranquilos”, cuenta ella. “Ahora ya no”. Mayte ha dejado de llevar bolso por miedo a un tirón. Como ella, son muchos los mayores que evitan salir de noche y las familias que ya no dejan a sus hijos ir solos a comprar a las tiendas cercanas. El pasado viernes, Mayte y Antonio encabezaron la manifestación con la que el barrio quiso escenificar su rechazo a un mal que sienten de nuevo en sus calles: la droga.

Desde hace unos días, Santa María —el primer barrio del casco antiguo tras cruzar las Puertas de Tierra— está cubierto de pancartas hechas a mano, colgadas de los balcones. “Nuestro barrio no es un punto de venta”, se lee en una de ellas. La iniciativa ha sido fruto de una acción comunitaria acordada por una representación vecinal cansada de incidentes violentos, visitas indeseadas y una creciente sensación de inseguridad.

En los últimos meses se han sucedido los episodios que han colmado la paciencia del vecindario. La ocupación de una vivienda en la plaza de la Merced, que acabó derivando en una reyerta. Peleas con armas blancas. Y la detección de distintos puntos de compraventa de droga en pisos del barrio. La intervención policial en la finca de la calle Botica, con el desalojo y posterior tapiado del inmueble, ha sido el último ejemplo de una situación que ya había desbordado la convivencia.

El clamor vecinal se hizo visible el viernes pasado en una manifestación multitudinaria que recorrió todas las calles del barrio, sin dejarse ni una. El Ayuntamiento ha reforzado desde entonces la seguridad y la presencia policial en la zona.

“Menos menudeo y más menudo”

“Menos papelinas y más papelillos. Menos menudeo y más menudo”, reza otra de las pancartas, tirando de humor como forma de resistencia. Porque la inseguridad no solo está alterando hábitos y rutinas: también amenaza una de las señas de identidad de Santa María: su alegría.

Cuna de grandes flamencos y sede del Nazareno, alcalde perpetuo de Cádiz, en Santa María siempre se ha vivido todo con intensidad. Ha sido tradicionalmente uno de los núcleos más densamente poblados de la ciudad. Llegaron a concentrarse en torno a 5.000 en sus momentos de mayor ocupación repartidos en casas de vecinos, fincas antiguas y patios compartidos que alimentaban una vida comunitaria intensa. Hoy esa cifra ha descendido de forma notable: se estima que residen entre 2.000 y 3.000 personas, en un parque de viviendas compuesto por varios centenares de fincas, muchas envejecidas o transformadas por el auge del alquiler turístico.

“Lo más triste es que haya vuelto lo que conseguimos que desapareciera hace tiempo”, lamenta Antonio Setién, antiguo propietario de un comercio de alimentación emblemático del barrio y encargado de leer el comunicado final de la manifestación. En los años 80 y 90, Santa María protagonizó movilizaciones similares para expulsar el tráfico de droga de sus calles. Algunas de las personas que hoy vuelven a concentrarse ya estuvieron entonces.

“A nuestro barrio le han dado palos de sobra. Hemos visto cómo se marchaban los vecinos de toda la vida por problemas con las casas. Cómo cerraban las tiendas, entre ellas la mía. Y cómo nuestras plazas se quedaban sin niños. Nos han dejado de la mano de Dios. Pero después de todo lo que hemos pasado no vamos a permitir que la droga nos vuelva a robar la tranquilidad”, proclamó Setién entre aplausos. Las protestas actuales apelan a la memoria colectiva de un barrio que aún recuerda los estragos de la heroína, las vidas truncadas y las noches en vela.

“Los camellos, al desierto”

“Los camellos, al desierto”, se lee en otra tela que cruza de balcón a balcón. “Antes mandaban a los niños a comprar, ahora ya no bajan solos”, explica uno de los tenderos desde detrás del mostrador. Habla de consumidores que buscan dinero o cualquier objeto de valor con urgencia, y de un clima de amenaza constante que afecta tanto a los negocios como a la vida cotidiana.

Desde hace una semana, los vecinos se organizan en brigadas nocturnas para impedir que compradores y vendedores de droga actúen con impunidad. Cuando detectan movimientos sospechosos, avisan a la Policía. La presión vecinal ya ha tenido un efecto inmediato: tras la repercusión mediática, el Ayuntamiento ha incrementado la presencia de la Policía local. El alcalde, Bruno García (PP), que asistió a la protesta junto a concejales de su gobierno, recuerda no obstante que la lucha contra la droga y la seguridad ciudadana son competencias de la Policía Nacional, dependiente del Gobierno central.

Más allá del reparto de responsabilidades, los mensajes que cuelgan hoy de las fachadas del barrio insisten en una misma idea: frente al miedo, la unidad. Santa María ya sabe lo que es perder demasiado y no está dispuesta a repetir la historia. El barrio que un día se organizó para expulsar la droga vuelve ahora a hacerlo, con la memoria intacta y el miedo controlado. Para que las pancartas ya no hagan falta. Para que Mayte y Antonio puedan bajar otra vez tranquilos por la calle Botica.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que el modelo de relación entre Gibraltar y la comarca gaditana del Campo de Gibraltar “se transforma, en cosas prácticas y técnicas”, pero también en un nuevo modelo de convivencia, donde ha vaticinado “más encuentros” formales e informales con su “buen amigo” Fabián Picardo, ministro principal del Peñón.

“No será el último, sin duda alguna”, ha aseverado el ministro en referencia al mantenido este pasado miércoles en Madrid, durante una atención a medios en Algeciras, a donde ha acudido para mantener un encuentro técnico y de trabajo con distintos agentes de la zona sobre el tratado con la colonia británica.

Albares ha asegurado que el Campo de Gibraltar y el Peñón “caminan de la mano hacia un futuro compartido” y que por eso es “más normal” que se produzcan encuentros e intercambios “formal, informalmente, oficialmente, de todas las formas”, resaltando que eran “dos poblaciones que vivían de espaldas una a la otra” y que “se dan ahora la mano y van a caminar juntas”.

Trabajadores transfronterizos

En su intervención, ha explicado que durante el periodo de negociaciones, se tenía “claro” que que Gibraltar y Campo tenían que conformar “una única zona” y que la prosperidad tenía que ser “compartida”, mandando un mensaje de seguridad a la ciudadanía de que “todo lo que beneficie al Campo de Gibraltar beneficiará también a Gibraltar, como todo lo que beneficie a Gibraltar en adelante, por ese modelo de convivencia, beneficiará al Campo de Gibraltar”.

El ministro ha sido preguntado por la situación de los trabajadores transfronterizos tras el acuerdo, un tema que ha sido para él “la gran preocupación” en cuanto a garantizar sus derechos, algo que ha dicho “están totalmente garantizados”.

“No solamente los derechos presentes, sino los futuros y los de los futuros trabajadores transfronterizos. Hemos conseguido que no se produzca ningún tipo de discriminación, tampoco para los trabajadores por cuenta ajena, ni para sus familiares”, ha señalado, hablando de “equiparación” en derechos sindicales, seguros, prestaciones por desempleo y pensiones, entre otros asuntos que ha citado.

Abundando en este asunto, ha resaltado que “por primera vez en la historia” se crea un mecanismo de “cohesión financiero” centrado en la formación y el empleo, “pensando en esos trabajadores y también en el desarrollo del Campo de Gibraltar”. Con ello, ha comentado, “desaparecen discriminaciones, desigualdades, en ese terreno”.

También ha hecho hincapié en asuntos sociales, en una “armonización en fiscalidad indirecta” para garantizar que haya “un comercio equilibrado y una competencia equilibrada”, además de cuestiones relativas a medio ambiente, donde las normas comunitarias de la Unión Europea son las que van a regir la zona.

Según sus palabras, “las desigualdades y distorsiones son parte del pasado, la convivencia y el desarrollo futuro es el presente y el futuro que le espera el Campo de Gibraltar”.

“Acuerdo histórico”

“Este es un acuerdo histórico, un acuerdo que todos los gobiernos de la democracia han buscado y que por fin hemos conseguido”, ha aseverado el ministro Albares, quien ha recordado que era también “ampliamente demandado por la comarca”, como se lo han trasladado a lo largo de estos años de negociación los alcaldes y los actores sociales y económicos de la comarca gaditana.

El acuerdo, ha continuado, “abre, sin duda alguna, una nueva etapa de convivencia entre dos poblaciones que vivían de espaldas y que ahora se dan la mano y caminan juntos hacia el futuro y el desarrollo”.

Este acuerdo “de futuro” es “un enorme salto adelante” en términos de previsibilidad, de estabilidad y de prosperidad en la vida de los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar, porque con él se ha conseguido “eliminar desigualdades y distorsiones que ya son parte del pasado, garantizar la movilidad de personas y de mercancías para siempre, y proteger y blindar el futuro de los trabajadores, incluido las prestaciones de desempleo y las pensiones”, ha resumido.

Para Albares, el documento, que entrará en vigor previsiblemente el 15 de julio, “impulsa al Campo de Gibraltar como una zona de desarrollo, de oportunidades, de conectividad y de futuro”. Sobre la desaparición de la frontera, situada en La Línea de la Concepción, ha asegurado que los plazos “se van a cumplir” acorde al estado de las obras en la Verja que se están realizando y que ha visitado esta misma mañana.

Al respecto, ha explicado que además de eliminar las barreras físicas, se está trabajado parra que el resto de medios técnicos que van a permitir realizar los controles Schengen para personas y los controles de la unión aduanera estén en marcha desde el día 15 de julio.

ANDALUCÍA.-Cádiz.-Alcalde de La Línea valora que trabajadores transfronterizos cobren su pensión en función de su cotización previa

Cotización

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha mantenido un encuentro este jueves con el ministro, donde ha tenido “información importante” del acuerdo sobre Gibraltar, destacando que el de la atención a los trabajadores españoles en Gibraltar en relación a sus pensiones.

Sobre ello, ha dicho que, según le ha anunciado el ministro, “en función de la cotización previa que tenga el trabajador su pensión se equiparará a las mínimas que se obtienen como pensiones contributivas o no contributivas en España”. En declaraciones a los periodistas, Franco ha manifestado que “es una noticia muy importante, para estar contentos”, y ha señalado que estarán “pendientes y expectantes para ver de qué forma cristaliza en lo que es la normativa de aplicación”.

Órgano independiente de evaluación ambiental

Además, ha indicado que también ha tenido conocimiento de que existirá un órgano independiente de evaluación ambiental que servirá para comprobar que se están cumpliendo los estándares ambientales europeos en relación a distintas cuestiones, “algunas muy importantes, como pueden ser las de los rellenos”.

Igualmente, el alcalde de La Línea ha señalado que ha tenido también el compromiso por parte del ministro de trasladar al Ministerio de Hacienda “la posibilidad de contar con una zona económica especial en el territorio”, así como otras cuestiones “del máximo interés en relación a la aplicación del tratado, fundamentalmente lo que es el desmantelamiento de las fronteras y las instalaciones de tránsito para el próximo día 15 de julio”.

“Esperemos que todas estas cuestiones que se están planteando vayan cogiendo forma, vayan cristalizando en textos normativos y que distintos problemas que nos preocupaban y que como Ayuntamiento hemos estado reivindicando en todo momento, como es la situación de nuestros pensionistas, se vayan convirtiendo en realidades y acaben despejándose”, ha concluido.

La Comisión de Defensa del Congreso ha aprobado una proposición no de ley (PNL) impulsada por el Grupo Plurinacional Sumar para establecer una compensación económica al municipio gaditano de Barbate por el uso militar del Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín, una reivindicación reclamada en muchas ocasiones por el alcalde de esta localidad, y que ha sido trasladado a los ministerios de Defensa y Hacienda a través de un Plan Especial de Singularidad elaborado por el Ayuntamiento de Barbate.

La iniciativa, que se ha debatido este lunes por la tarde, ha contado con 19 votos a favor y 18 abstenciones, pertenecientes estas últimas al PSOE, que ha defendido esta postura asegurando estar de acuerdo “con el fondo” de la propuesta pero no “con las formas en las que se ha debatido” en esta comisión, como ha argumentado la diputada por Cádiz, Mamen Sánchez, en palabras recogidas por Europa Press.

La PNL es una declaración política y, como tal, no supone la aplicación de compensaciones, pero fija un posicionamiento mayoritario en el Congreso. La compensación tendría que ser incorporada a los Presupuestos o en una decisión en el Consejo de Ministros, donde cohabitan ministros del PSOE (que se ha abstenido) y de Sumar (que ha impulsado la iniciativa).

Compensación de cuatro millones anuales

El texto aprobado y defendido por la diputada de Sumar por la provincia de Cádiz, Esther Gil de Reboleño, contempla la creación de un mecanismo específico de compensación económica anual de cuatro millones de euros para Barbate, derivado de la servidumbre militar que implica la ocupación y uso de estos terrenos.

Esta compensación busca paliar tanto la pérdida de ingresos municipales como la limitación de usos del suelo que sufre el municipio desde hace más de cuatro décadas. “Esta iniciativa viene a responder a una reivindicación justa de Barbate, que lleva años exigiendo una compensación por el impacto que supone tener una parte muy importante de su territorio limitada por usos militares”, ha señalado Gil de Reboleño, quien ha añadido que “no es aceptable que durante tanto tiempo no haya habido una respuesta por parte del Ministerio”.

En el último informe presentado por el Ayuntamiento se refleja en una gráfica con forma de tarta cómo se reparten sus 13.626 hectáreas. 5.342 (39,20 %) están ocupadas por el acuartelamiento del Retín, un campo de adiestramiento junto al mar que es usado por la Defensa española y la OTAN para maniobras internacionales. Otras 5.931 hectáreas (43,53 %) corrersponden al Parque Natural de la Breña, espacio de pinares y otras especies, lo que limita cualquier proyecto. Así que el Ayuntamiento solo puede actuar sobre 2.353 hectáreas de la superficie municipal, un 17,27 %. 

En ese documento se calcula que desde 1982, cuando se aprobó la expropiación de los suelos para instalar el acuartelamiento del Retín, Barbate ha dejado de recibir más de 411 millones de euros euros, entre compensaciones no recibidas, la inflación y los intereses, y que cada año deja de ingresar 4.000.885,87 euros por impuestos de vehículos, actividades económicas, obras o basuras que no cobran ahora, más la imposibilidad que provoca el recinto militar. 

Gil de Reboleño ha pedido que la PNL se traduzca en compromisos concretos. La iniciativa también plantea determinar la fórmula concreta de esta compensación, ya sea una cuantía anual fija y directa incluida en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado o a través de un compromiso de inversiones finalistas. Estas inversiones estarían orientadas a impulsar una actividad industrial sostenible y respetuosa con el medioambiente, mejorar infraestructuras de comunicación, saneamiento y tratamiento del agua, así como reforzar los servicios públicos.

Además, el acuerdo contempla la puesta en marcha de un plan plurianual de compensación que permita atender la “deuda histórica” acumulada durante más de cuatro décadas de ocupación de los terrenos del Retín, una situación de “agravio” que Barbate “ha soportado durante demasiado tiempo”, ha añadido la diputada.

El PSOE niega diferencia de trato con Rota o Morón

La propuesta de Sumar ha contado con 19 votos a favor y 18 abstenciones de los diputados del PSOE, cuya postura ha defendido Mamen Sánchez, quien ha dicho “entender al pueblo de Barbate” en sus reclamaciones, pero ha señalado que “no es correcto que esté tratada injustamente en comparación con otros municipios que también tienen instalaciones de defensa”, como Rota o Morón, que cuentan con bases militares.

“En España a ningún municipio se le compensa económicamente por tener instalaciones militares en nuestro territorio. Cuando se habla de lugares como Rota o Morón, el Estado no le paga por tener bases militares”, ha advertido Sánchez, quien ha aclarado que se le abona una cuantía porque estas bases “no pagan tributos locales del personal que está allí y el Estado compensa a esos ayuntamientos por esos servicios públicos que tiene que dar”.

No obstante, ha reconocido que esta medida debería debatirse en otros foros, como el de Hacienda para valorar una “financiación local a todos esos municipios que tienen terrenos militares”, que obtengan un reflejo en los presupuestos.

Por su parte, Macarena Lorente, diputada del PP en esta comisión de Defensa, ha resaltado en su intervención que Barbate “lleva años sin obtener respuesta” a esta reclamación de compesación económica que ha trasladado en numerosas ocasiones al Gobierno de España.

“Estamos ante uno de los mayores niveles de afectación territorial por instalaciones militares en España y sin embargo, Barbate no recibe absolutamente nada a cambio, y no es porque no se haya planteado”, ha advertido la popular, que ha subrayado que “el problema existe y está acreditado”.

Lorente ha pedido a Sumar que actúe a través de los Presupuestos Generales del Estado, “si es que en algún momento se dignan a traer unos nuevos”, o mediante decisiones desde el Consejo de Ministros y ha afeado que el asunto se haya tramitado como proposición no de ley. “Estamos ante una cuestión de voluntad política. Existe o no existe, ¿qué es para ustedes Barbate?”, se ha preguntado, valorando en que se hayan incorporado a la moción varias de las enmiendas del PP.

Alba Blanco (La Línea de la Concepción, Cádiz, 1995) estaba empezado a dar forma a su proyecto musical, todavía sin nombre, cuando recibió un sms de una amiga en el que la llamaba sarcásticamente “La Perra Blanco”. El nombre le sonó tan bien, que lo adoptó como remoquete artístico y con él lleva ya varios años paseándose por toda Europa y firmando discos notables. En el último de ellos, Lovers and fears, se atreve a cantar por primera vez en español.

Hija de un miembro del grupo Los Destrozamitos, creadores del llamado Sonido Lineápolis, y de una profesora de piano, empezó a cantar y tocar la guitarra con 12 o 13 años, de forma autodidacta. Formó parte de un par de bandas locales, pero muy pronto se dio cuenta de que el rock no era el ámbito más hospitalario para una chica. “Aunque no creo que sea mala gente, sufrí un trato bastante horrible, se notaba la misoginia en el aire”, recuerda. “No contaban conmigo para ninguna decisión, y cuando había alguna reunión importante, me decían que me saliera fuera del local a fumarme un cigarrito”.

“No me gusta generalizar al hablar de los hombres, pero la Historia se ha escrito así”, puntualiza. “Al final, me echaron de dos bandas, una por discutir con el cantante, y la otra porque el guitarrista me dijo que haría mejor dejando el instrumento. Yo tengo mi carácter y me dije que, a partir de ese momento, no iba a estar bajo las órdenes de nadie, y menos de un hombre”.

Cambio de idioma

En ese proceso de emancipación fue providencial para Alba la cercanía con Gibraltar, adonde solía acudir para hacer jam sessions en locales como el Tunnel o el Lord Nelson. “Estuve dos años yendo todos los jueves y domingos, y cogí muchas tablas”, evoca. Así fue creciendo La Perra Blanco, y poco a poco fueron apareciendo discos que eran objeto de una espléndida acogida: La Perra Blanco, Won’t you come on, Pop & Shake, Get it out… Y finalmente Lovers and fears, producido y grabado entre Valencia, donde actualmente reside la cantante, y Chicago. “Tuve la oportunidad de viajar allí, pero preferí no hacerlo. Suponía dejar a mis músicos y grabar con gente de allí, además con jet lag y encerrada en el estudio, sin poder hacer turismo ni nada. Para eso, pensé, me quedo en casa”. 

El cambio de idioma, asegura, es algo que “se venía planteando desde hacía tiempo. Le tenía miedo porque no escucho bandas que canten en español, ni siquiera latinas. Pero mi manager, el productor y muchos colegas me insistían, ‘¡dale una oportunidad!’. Y yo pensé, ‘Bueno, si todo el mundo me lo dice…’ Pero no creas que ha sido fácil desterrar los prejuicios, he tenido que trabajar para eliminarlos. Ahora me arrepiento de no haberlo hecho antes, porque es muy chulo ver a toda la gente coreando conmigo las canciones, flipo con ese momentazo”.

“Aunque tengo un buen nivel de inglés, por mucho que quiera una, no es mi lengua nativa. Pero me había acostumbrado a escribir canciones en esa lengua, y creo que todavía tengo que aprender a hacerlo en castellano. Me gusta la literatura, la poesía, y eso me ayuda a continuar”. Sobre las lecturas, reconoce que sus preferencias en narrativa son “más bien oscuras: mi autor preferido es Dostoievski”, mientras que en poesía es devota de los hermanos Machado, “sobre todo de Manuel”, puntualiza.

Lejos de casa

Con todo, el lenguaje que La Perra Blanco domina mejor es sin duda el del escenario. Sus conciertos son un derroche de energía que se contagia al público, mientras que los discos parecen excusas para propiciar precisamente esos encuentros con los fans. “El estudio no me gusta, todo lo contrario, me agota, me aburre”, dice. “Lo que disfruto es la comunicación con la gente, que se ría, que baile, que me permita trazar ese puente comunicativo con ella y generar empatía. No hay nada comparable a eso”.

Es algo que saben bien en muchos rincones de España y el extranjero donde La Perra Blanco ya ha dejado su huella. Sin embargo, tiene la espinita de no ser muy requerida en su tierra, La Línea de la Concepción, y en la provincia de Cádiz en general. “A pesar de haber subido un escalón en los últimos tiempos, este año no tenemos ni un bolo en la zona”, lamenta. “Sé que no es culpa de la gente, porque continuamente me escriben preguntando cuándo volvemos, y no sé ni qué decirles. Hemos tenido a 1.100 personas en Madrid, a 800 en Barcelona, números muy buenos para un grupo como el nuestro. Ignoro si es cosa de las administraciones, pero lo seguro es que no nos quieren allí”.

“En español hay un refrán que dice que nadie es profeta en su tierra, y por algo será”, agrega. “No pasa nada, seguiremos en lo nuestro, pero no deja de darme pena que mi familia tenga que conducir dos horas hasta Sevilla para verme, y no puedan hacerlo en nuestra ciudad. Cuando vengan a buscarme, lo digo siempre, tal vez sea demasiado tarde”.

Esperando el cambio

De momento, La Perra Blanco es una artista que cuelga el cartel de ‘No hay billetes’ en casi todos sus conciertos, y cuando no tiene conciertos trata de relajarse y ejercitarse canalizando su desbordante energía sobre el saco de boxeo. “No soy una persona violenta, solo me sienta bien descargar así”, sonríe.

En cuanto al machismo del medio, “sigo todavía sufriendo el mansplanning, esos hombres que me explican cosas sobre micrófonos como si yo no llevara diez años como profesional de esto. Por suerte, cada vez vienen más niñas a mis conciertos, les regalo púas y me cuentan que ellas también cantan y tocan… En 20 o 30 años, si el mundo no ha reventado antes, se notará el cambio”.      

Jóvenes cantando el 'Cara al sol' entre risas, la figura del dictador Francisco Franco convertido en meme o la historia reducida a eslóganes que circulan por redes sociales en publicaciones vacías de contexto. La escena se repite entre los estudiantes mientras el profesorado asiste a “una peligrosa banalización de las dictaduras y a la simplificación de los regímenes totalitarios entre las generaciones más jóvenes”.

Es el diagnóstico que hace Javier Giráldez, profesor de Historia en el IES Vía Verde de Puerto Serrano (Cádiz), uno de los siete institutos de la provincia de Cádiz que han participado en la última jornada de 'Estudiantes con memoria', organizada por el IES Carlos III en el municipio gaditano de Prado del Rey. Este instituto lleva 15 años celebrando este encuentro educativo “único en España”, en el que el alumnado investiga y comparte sus trabajos sobre memoria histórica para combatir desde las aulas lo que sus organizadores denominan “memoricidio”.

El director del IES Carlos III, David Fernández, resume el memoricidio como “negar las evidencias de lo que ha ocurrido en el pasado”. Frente a ello, en un contexto donde el profesorado percibe “un auge del fascismo entre los jóvenes”, cobra aún más sentido celebrar una iniciativa que reúne a cientos de estudiantes andaluces en torno a una idea sencilla: conocer la historia para entender el presente.

Sembrando democracia

Lo que comenzó en 2008 como un trabajo de clase ha terminado convirtiéndose en una cita consolidada en la provincia de Cádiz. Fernández recuerda cómo, al llegar al centro, empezó a escuchar a sus alumnos hablar de historias que les contaban sus abuelos, relatos que se quedaban encerrados en el ámbito familiar. “Empezamos a recopilar testimonios y aquello acabó en un primer encuentro con otro instituto de San Fernando”, explica.

15 años después, aquella intuición se ha transformado en una experiencia pedagógica que busca llenar un vacío. “Existe una profunda ignorancia sobre la historia contemporánea en España entre los jóvenes”, sostiene el director del IES Carlos III. Un desconocimiento que, en muchos casos, se ve agravado por el hecho de que el alumnado se acerca a episodios históricos clave como la Guerra Civil o la dictadura franquista a través de redes sociales, donde proliferan los bulos y la desinformación.

El resultado, advierte, es preocupante: “Alumnos cantando el Cara al sol o frivolizando con la dictadura y el franquismo”. Frente a ello, el objetivo es claro: “Formarlos para que tengan sentido crítico y sepan argumentar sus opiniones”. Fernández está convencido de que, si conocen con rigor lo que supusieron la guerra y los 40 años de dictadura, “van a optar por la democracia y no por ideologías que derivan en el totalitarismo”. No se trata solo de transmitir contenidos, sino de “enseñarles a pensar por sí mismos” para que sean ellos quienes confronten los discursos fascistas que proliferan en el entorno digital.

El alumnado, en el centro

La evolución del proyecto también se mide en cifras. De los dos institutos que participaron en los primeros años se ha pasado a siete centros en esta edición, con cerca de 400 estudiantes, desde tercero y cuarto de ESO hasta Bachillerato. Pero más allá de los números, lo que define el encuentro es su enfoque innovador: “Una experiencia por y para el alumnado”. Son ellos quienes protagonizan el encuentro, conducen el acto y se encargan de presentar los proyectos en los que han estado trabajando en sus respectivos centros.

Durante el curso, cada instituto desarrolla su propio proyecto, que luego comparte en Prado del Rey en formatos que van desde el teatro hasta los cortometrajes o las performances. “No es común que se organice un evento de este calibre con tanta libertad y tanta implicación por parte del alumnado”, destacan los docentes participantes, que destacan el carácter “reivindicativo de la memoria histórica y fortalecedor de la democracia” que propicia este encuentro.

Entre los participantes está el IES Vía Verde de Puerto Serrano. Su profesor de Geografía e Historia, Óscar, coincide en el diagnóstico de Javier Giráldez: “Hay un auge de discursos que banalizan el fascismo entre los jóvenes, que se lo toman como algo divertido cuando fue la época más oscura de nuestra historia”. A su juicio, ese fenómeno no puede entenderse sin el peso de una Transición que dejó muchas cuestiones sin abordar. “Se impuso la ley del olvido”, recuerda para señalar que eso hace aún más necesarias iniciativas que recuperen la memoria democrática empezando por las aulas.

En esa línea se expresan también las alumnas Claudia y Adriana, de 3º de ESO, que defienden la importancia de este tipo de actividades. “Es muy necesario porque muchos jóvenes se creen lo que ven en redes sociales sobre la época de Franco y piensan que fue algo bueno, cuando fue todo lo contrario”, aseguran. Para ellas, estos encuentros permiten “aprender todos de todos” y entender mejor “de dónde venimos para no querer volver a esa época”.

Igual de directo se muestra Jesús Hinojo, alumno de 2º de Bachillerato y uno de los presentadores del acto: “La derecha está blanqueando la historia”, señala. A las puertas de convertirse en votante, reivindica la importancia de conocer el pasado con rigor. “En Alemania e Italia tienen bastante conciencia sobre los totalitarismos, pero en España todavía no”.

La memoria como herramienta de futuro

Más allá de la teoría a la que están acostumbrados en las aulas, la jornada en Prado del Rey se convierte en una puesta en común práctica en la que el alumnado “expone, argumenta, comparte y vivencia” el contenido que han estado trabajando durante el curso desde una perspectiva interdisciplinar entre asignaturas.

La directora del IES Fuente Alta de Algodonales, Cristina Sánchez, explica que el proyecto de su centro se ha centrado este año en el intento de golpe de Estado del 23-F, a través de un enfoque de “microhistoria” que conecta los grandes acontecimientos con la experiencia cotidiana de la población. “El objetivo principal era recuperar el recuerdo de las personas que vivieron el golpe y que muchas veces no fueron conscientes de lo que estaba ocurriendo hasta mucho después”, señala al término del encuentro.

Sánchez, que es también profesora de Geografía e Historia, reconoce además que, pese a las dificultades del sistema educativo, iniciativas como esta generan cierta esperanza. “Cuando se dedica tiempo a trabajar la memoria, a reflexionar sobre la democracia y a desmontar bulos, se pueden hacer cosas como estas”, afirma. Tras quince años de recorrido, concluye, la experiencia del IES Carlos III de Prado del Rey se ha convertido en una referencia de trabajo colaborativo entre centros: “Ojalá hubiera más experiencias como esta”.

Quince años después, aquel experimento surgido casi por casualidad se ha convertido en una referencia entre centros andaluces. Una forma de sembrar preguntas más que certezas. De generar conciencia en lugar de consignas. Porque, como coinciden profesores y alumnos, la memoria no es solo pasado. Es, sobre todo, una herramienta para no repetirlo.

Un juzgado de Madrid ha citado a la exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a un acto de conciliación el próximo 4 de junio que reclamó el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, previo a decidir si se querella contra ella por presuntas injurias y calumnias. Así lo ha acordado la Plaza Número 56 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

Landaluce presentó una demanda de conciliación previa a la interposición de querella contra Montero tras unas declaraciones realizadas el pasado 13 de enero en un acto del PSOE en las que le “imputó falsamente haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género”, según explicó su abogado.

Su letrado detalló que en la demanda se le exige a la también exministra de Hacienda una retractación pública, que cese en sus declaraciones y el pago de una indemnización de 200.000 euros.

A la vez, indicó que son objeto de la demanda declaraciones posteriores en las que Montero “volvió a referirse a esa denuncia ocultando deliberadamente que la misma fue interpuesta por compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones de Alvise Pérez”, el eurodiputado, “en las redes sociales y que había sido ya archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero de este año”.

Para ese acto de conciliación, ni Montero ni Landaluce están obligados a acudir personalmente al juzgado, ya que en estos casos es suficiente que estén presentes sus abogados o procuradores.

Juliana Garrote ha necesitado casi nueve décadas para comprender quién fue realmente su padre y por qué desapareció de su vida cuando ella era apenas un bebé. Durante todo ese tiempo convivió con la idea de que aquel hombre la había abandonado. No ha sido hasta hace muy poco, cuando ya ha cumplido 87 años, que una fotografía, unas cartas y una investigación sobre memoria histórica la han obligado a rehacer por completo su propia biografía. Su padre siempre la quiso. Se propuso cuidarla con esmero en cuanto saliera de la cárcel, pero un pelotón de fusilamiento le impidió cumplir aquella promesa.

José Atienza Corrales era jornalero, estaba vinculado al movimiento obrero, a la CNT y participaba en organizaciones republicanas en Arcos de la Frontera (Cádiz). Tras el golpe militar de 1936, como tantos otros hombres señalados por su compromiso político o sindical, tuvo que huir y se sumó a distintos frentes en zona republicana. Fue en estas batallas cuando conoció a una miliciana, Guadalupe Garrote, con la que inició una relación extramatrimonial. Ella se quedó embarazada y dio a luz a Juliana en 1938. Fue, al terminar la guerra, cuando José fue detenido, sometido a un consejo de guerra y finalmente ejecutado en la plaza de toros de Jerez en el verano de 1940.

El investigador Antonio Ortega Castillo ha reconstruido su caso dentro de un trabajo más amplio sobre la justicia militar franquista en Arcos, que consiguió una de las ayudas públicas que el actual gobierno de la Diputación de Cádiz mantiene abiertas para proyectos sobre memoria histórica. Lo llamó Limpiar el pueblo de parásitos. La justicia militar en Arcos de la Frontera y arcenses en consejos de guerra. Ortega subraya que el proceso contra Atienza responde a un patrón repetido en la época: “Se le acusa de un asesinato que en ningún momento se llega a demostrar con pruebas sólidas. Es una justicia al revés, donde la acusación pesa más que la prueba y donde la pertenencia política o sindical acaba siendo, en la práctica, el verdadero motivo de la condena”.

Sin embargo, esa historia, que en los archivos puede seguirse con fechas, cargos y documentos, en la vida de Juliana fue durante décadas otra cosa muy distinta: un vacío difícil de explicar. Ni siquiera llevó los apellidos de su padre, porque cuando intentaron inscribirla él ya estaba en fuga. En la España de posguerra esa ausencia administrativa se convertía también en una marca social. “Decir que no tenías el apellido de tu padre era una deshonra”.

Pero lo más duro no fue solo la falta de un apellido, sino la construcción de un relato equivocado que Juliana asumió como propio desde niña. Durante años interpretó ese silencio, la ausencia de información sobre su padre, como la prueba de que aquel hombre se había desentendido de ella. Esa idea condicionó incluso su manera de relacionarse con el pasado. Años después, los cuatro hijos de Juliana seguían atentamente el programa de Televisión Española ¿Quién sabe dónde?, con el que el periodista Paco Lobatón buscaba en la década de los noventa a personas desaparecidas, algunas de ellas a causa de la guerra. “Mis hijos me decían que llamara para buscar a mi padre (entonces ninguno sabía que estaba muerto), pero yo les decía que si cuando era pequeña no se hizo cargo de mí, ahora no lo iba a buscar yo”.

La verdad, sin embargo, estaba más cerca de lo que parecía. Estaba en su propia casa, en forma de unas cartas que su padre le había escrito desde la cárcel. Su madre se las entregó cuando ya era adulta, pero ninguna de las dos pudo o supo leerlas en profundidad. María, una de las hijas de Juliana, incluso recuerda que jugaba con ellas, sin leerlas, sin saber que su autor era su abuelo. Y sin imaginarse, claro, que en esas cartas estaba todo.

José Atienza escribía desde la cárcel de Jerez tratando de mantener un vínculo con su hija a la que apenas había podido conocer. “Son documentos muy potentes desde el punto de vista humano”, explica Antonio Ortega. “En ellas se ve claramente que hay una preocupación por la niña, por su bienestar, por la familia que la está criando. Eso deshace por completo la imagen de desamparo con la que Juliana cargó durante décadas”. Ese gesto remite a una experiencia compartida por muchos represaliados de la época, que, como Miguel Hernández, tuvieron en esas cartas dirigidas a los hijos una forma de agarrarse a la esperanza y al futuro.

La carta más reveladora, sin embargo, no la escribió José Atienza, sino un compañero suyo. “Julianita, te escribo estas cuatro letras para hacerme lo que exige tu padre… y al mismo tiempo siento comunicarte que ha muerto de la enfermedad que padecía… Esto lo escribo porque él me lo encarga en sus últimos momentos…”. La carta está fechada el 15 de agosto de 1940 en Jerez y termina con un “mi más sentido pésame”. Pero José no había muerto por ninguna enfermedad. Lo habían fusilado.

Juliana no ha entendido el sentido de estas cartas hasta hace muy poco. Fueron sus hijos quienes empezaron a cuestionar la historia de su abuelo y a buscar respuestas. Esa búsqueda personal acabó cruzándose con la investigación histórica de Antonio Ortega. “Me llamó una de las nietas de José Atienza pidiendo información sobre José Atienza”. Y fue este feliz encuentro, casi fruto de la casualidad, el que ha permitido encajar todas las piezas. Ortega cuenta que otro investigador, Santiago Moreno, había desarrollado ya información sobre este caso en una etapa anterior, cuando en la Diputación gaditana el socialista Carlos Perales abrió una oficina de atención a las víctimas de la represión. En este mandato, con La Línea 100x100, socio de gobierno del PP, se han mantenido ayudas a la investigación sobre memoria que han contribuido al trabajo de Ortega. “Que Juliana complete la historia de su vida es una forma de reparación”.

Ese proceso culminó de la manera más emocionante hace apenas unos días, cuando Juliana viajó por primera vez a Arcos de la Frontera junto a sus hijos. Allí recorrió los lugares vinculados a su padre, visitó su entorno y, sobre todo, vio por primera vez su rostro gracias a un retrato fotográfico que se conserva de él. “He sentido emoción, rabia y todo”, confiesa Juliana. Ella, que es muy fuerte, rompe a llorar cada vez que evoca esa imagen.

Ese “todo” incluye una infancia atravesada por la ausencia, pero también por la represión. Su madre fue encarcelada y ella quedó siendo muy pequeña con sus abuelos. “Un guardia civil le dijo a mi madre que me sacara de la cárcel, que allí estaban muriendo muchos niños”, recuerda. Años después, ya en Madrid, la familia se recompondría como pudo, entre trabajos precarios, instituciones del Auxilio Social y una vida marcada por las consecuencias de la posguerra. “Ver esta foto de mi padre es una alegría, pero me da mucha rabia porque yo cuando los necesitaba, a él y a mi madre, era cuando era niña”.

Queda una parte de la historia sin cerrar. Los restos de Atienza no han sido localizados y todo apunta a que podrían encontrarse en una fosa común o en un osario en Jerez. “Es una investigación que sigue abierta”, explica Ortega, aunque reconoce la dificultad de avanzar tras tantos años. Juliana, por su parte, no se hace demasiadas ilusiones. “Me encantaría, pero no tengo esperanza”, admite. Antonio Ortega sigue trabajando en profundizar en la historia de Guadalupe, la madre de Juliana, y en la de todos esos vecinos cuyas memorias fueron segadas tras la guerra. El investigador acompañó a Juliana y sus hijos por las calles de Arcos. Se hicieron fotos en sus calles, en el portal 34 donde estaba la casa de José Atienza. Un viaje por esos barrios que son el origen de esa familia. Una alegría mezclada con rabia por tardar 87 años en descubrirlo.

Javier Ruibal no tiene manías ni supersticiones, pero cada noche, justo antes de salir al escenario, acostumbra a contar hacia atrás desde 20, muy despacio: veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete… Un rito que volverá a repetir este viernes en el Teatro de las Cortes de San Fernando (Cádiz), con motivo de una ocasión muy especial: la grabación de un nuevo disco en directo, el quinto de su carrera tras Pensión Triana, Lo que me dice tu boca, Sueño y 35 aniversario.

Un reto “tan excitante como comprometido”, según este cantautor portuense de 70 años, ya que la experiencia acumulada no es ninguna garantía ante el vértigo del directo. “A mí me gusta mucho hacer directos, creo que es la verdad de la música, ¿no? Es más excitante que una grabación de estudio. La grabación del concierto ya se oirá después, pero la presencia del público es fundamental”.

En la receta de Ruibal, lo primero que hay que tener es “motivación y ganas y también un repertorio que permita la sorpresa”, comenta. “En este caso es todo inédito, a diferencia de los anteriores. En Lo que me dice tu boca había algunas canciones conocidas y muchas otras que no, en Sueño eran mis canciones acompañadas por la Orquesta de Córdoba… Aquí es todo nuevo, con arreglos nuevos de Javier López de Guereña y una banda preciosa”.

Compañerismos y complicidad

Ese factor, la banda, es otro de los ingredientes fundamentales en la cocina de su disco. En esta ocasión, Ruibal se rodea de un verdadero grupo de solistas, con Alberto Bocanegra al piano y teclados; Diego Villegas en los vientos; José Recacha en guitarras y bajos; y Joaquín Calderón, que aportará instrumentos de cuerda y violín, sin olvidar a su hijo, Javi Ruibal, a la batería, percusiones y producción.

“Javi, aparte de que tiene mucho criterio, me conoce lo suficiente y tiene la posibilidad de decirme: aquí creo que te estás pasando, o aquí te estás quedando corto. Y eso es estupendo”, comenta el artista. “Claro, él se ha criado escuchando mi música y me ha visto componerla incluso, entonces a él no le puedo yo engañar, es el único al que no puedo engañar de entre todo el planeta [risas]. Él sabe cuáles son mis cadencias y en todo caso, si las hay, mis virtudes”.

“Siempre he estado con músicos que tienen su propia expresividad y su trayectoria y sus propias carreras”, prosigue Ruibal. “Gente que también se la juega personalmente, fuera de mis grabaciones y de mis conciertos. Y eso a mí me provoca una idea de compañerismo muy interesante, porque nadie es más que nadie. Eso sí, cada uno toca y lo que se dedica a hacer, lo hace con la mayor excelencia posible. También me gustan los músicos que me dan la impresión de que, como solistas, son mejores que yo. Por eso es muy interesante la idea de no competencia en el escenario, pero sí hacer una puesta en común en la que todo el mundo pueda expresarse y estar a favor de obra”.

Por otra parte, el gaditano subraya que la preparación de un disco como este “exige más ensayos y más precisión que un disco convencional. El repertorio lo trabajo en solitario, indudablemente, dándole muchas vueltas a las cuestiones de melodía y de armonía y muchas más vueltas a la palabra y al verso, que para mí es tan importante como lo musical”.

De los arreglos a los ensayos

“Entonces, una vez que yo ya me he partido el coco y he llegado al convencimiento de que no doy más, entonces interviene la labor del arreglista”, agrega. Con Javier López de Guereña, con el que Ruibal ya ha trabajado en otras ocasiones, “hablo en unos términos que son muy curiosos porque de pronto, para referirme a qué arreglo veo yo para tal canción, por ejemplo, digo, aquí épico, aquí sensual, aquí jocoso. Ese tipo de expresiones que no tienen nada que ver con la idea que la flauta vaya en tal o cual tonalidad, o haciendo tal cosa. Es más bien una cuestión de sensaciones, algo que atañe a ciertas sutilezas que van más relacionadas con la emoción que yo quiero que conserve la canción arreglada, que ya estaba en la canción desnuda. Para que no se pierda eso que yo he sentido cuando lo he compuesto”.

Las nuevas tecnologías acuden aquí en auxilio de compositor y arreglista, pues hay emuladores muy aceptables que permiten hacerse una idea de cómo puede quedar el resultado final. “Yo no leo música más que lo imprescindible”, admire Ruibal, “a mí ya me puedes dar un kilo de papeles que me quedó indiferente. Pero si me das la sonoridad y el resultado, pues eso me anima mucho”.

Luego viene la labor de organizar todo ese material, repartir el trabajo entre los músicos y, naturalmente, hacerlo sonar. En este caso, Ruibal distingue entre ensayos “musicales” y “técnicos”, estos últimos en el propio teatro. Los ensayos domésticos, en cambio, se han repartido entre la casa de José Recacha, en Coria del Río, en los Tempo Estudio, en Sevilla, en Mairena. “Luego vamos al teatro y tendremos dos días para poder ensayar ya in situ. Al ser la grabación en directo, hay que ir ya al escenario con el máximo de trabajo técnico hecho, solventando los posibles problemas de amplificación que pueda estropear el sonido, y que en un estudio no existen”.

Un teatro con historia

La elección del Teatro de las Cortes viene de un ofrecimiento expreso de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y de la delegada de Cultura, Pepa Pacheco. “Me dijeron que les hacía una ilusión tremenda que eso se hiciera allí, y a nosotros nos gustaba el teatro por su sonoridad. Es un teatro entero de madera, lo cual quita un montón de asperezas a la hora de sonar y de grabar. Y luego es un teatro lleno de historia, un sitio donde se ha proclamado la primera constitución progresista de la historia europea, la de 1812. Una constitución tan bien hecha que fue odiada inmediatamente por los poderes absolutos y se la cargaron. Mira si estaría bien hecha, fue un peligro a la sostenibilidad del absolutismo. Cantar allí me parece un privilegio”.

Por la parte de sonorización y grabación, Ruibal cuenta con otro viejo cómplice como Javier Rondán, su técnico de sonido desde hace años. Entre unos y otros, reconoce el cantante, no tiene más remedio que rejuvenecer, “porque ellos están en esa cosa tan galana que tiene la primera madurez, mientras que yo ya estoy en la tercera. De alguna manera, yo me nutro de esa energía, pero ellos también me dan latiguito para que espabile. ¿Me explico? Quieren que tú estés lo más relajado posible, pero que también des lo mejor, y que si en alguna parte el fraseo que hace la voz puedes arriesgarte más, te lo dicen. Es muy bonito y es muy generoso por su parte, porque podrían limitarse a tocar tan bien como tocan y punto, y en cambio se involucran a fondo en el proyecto”.

Finalmente, tan importante resulta conocer los pasos de la receta como eludir los errores que eventualmente se hayan podido cometer en grabaciones anteriores. ¿Cuáles serían estos escollos a evitar, en el caso de Ruibal? “En Pensión Triana, por ejemplo, había un pulso muy fuerte, porque era un repertorio de mucha euforia. Es un disco muy optimista y muy eufórico y todos los músicos tocaron con una fuerza que luego, a la hora de mezclar, me las vi y me las deseé, porque de las dos tomas que se habían hecho, de los dos conciertos que hicimos, no sabía uno con cuál quedarse. Y no es como ahora que tú puedes tomar una parte de una y juntarla a otra toma anterior, como cortar y pegar, aunque para mí la gracia está en la naturalidad”.

Un viaje sonoro

“En Lo que me dice tu boca todo es mucho más relajado, y ahí sí tomé cartas en el asunto y pensé que, en lugar de estar todo el tiempo tocando con todos, iba a hacer una canción con Andreas Prittwitz, otra con Víctor Merlo… Traté de que eso fuera un poquito menos impetuoso que en la experiencia anterior. Luego Sueño era con la Orquesta de Córdoba, con lo cual yo ahí era quien menos mandaba. Me limité a cantar lo más bonito que pude. Y luego el 35 aniversario lo planteamos como una fiesta de duetos. Cantar con Martirio, con Miguel Ríos, con Drexler, con Pasión Vega, incluso con cada uno de los músicos que había tocado conmigo a lo largo de los años, dándole su sitio a cada uno”.

De contenido del álbum, Ruibal solo puede adelantar que “todo gira alrededor de un mismo asunto, es un objeto y un viaje, un largo viaje que ocurre durante un largo tiempo: una historia contada en doce capítulos, en doce canciones, donde hay guiños musicales a una serie de lugares diferentes y de épocas diferentes. Y luego el lenguaje es, en cierta medida, clásico, un lenguaje de época. Bueno, no voy a decir de Siglo de Oro, pero casi, casi. Con ese tipo de expresividad que hubo en la época en la que transcurre la historia”.

La cabeza del portuense ya está en el próximo viernes, y casi se ve entre las bambalinas del teatro de las Cortes. “Yo he sido siempre muy salvaje, salgo al escenario sin calentar la voz ni nada, ¿no? No me pongo a canturrear en el camerino ni nada de eso. Es una cosa un poco bruta por mi parte, pero como me ha ido muy bien, no quiero romper esa costumbre”, asegura. “Sigo saliendo con la misma chispa, y los mismos nervios, aunque ya un poco más controlados. Cuando solamente está la luz de escena esperándome, me doy el gusto de estar veinte segundos larguísimos ahí: veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete…”.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha revocado dos multas que le fueron impuestas a un conductor en los radares de tramo que se han instalado en la autovía A-7, en su tramo entre San Roque y Algeciras, en la provincia de Cádiz, tras recibir una denuncia del afectado en el que exponía que la señalización marcaba un límite de 100 km/h mientras que el radar lo fijaba en 80 km/h.

En la resolución, que fue adelantada por Europa Sur y a la que ha tenido acceso Europa Press, la DGT deja sin efecto las sanciones impuestas, de 300 euros en un caso y de 100 euros en el segundo, al mismo conductor.

“A la vista de las actuaciones obrantes en el expediente, se llega a la conclusión de que en el caso que se examina, no es procedente la imposición de la sanción a que se refiere el mismo, por lo que se acuerda su revocación de oficio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, señala la DGT en ambas resoluciones, fechadas a 5 de marzo de 2026.

“Sanciones ilegales”

Los hechos tuvieron lugar después de que un trabajador de la empresa Arreza Seguros recibiera dos multas tras pasar el 22 de septiembre y el 15 de octubre del pasado año por el citado tramo regulado por radares, que detectó que se habían superado en ambos casos los 80 km/h fijados por estos elementos.

Ante esto, el afectado reclamó las multas alegando que “el control radar de tramos está limitado a 80 km/h pero el conductor tiene una señal en el tramo de 100 km/h”, considerando dichas sanciones “ilegales”. Desde Arreza Seguros han advertido que puede haber “muchas personas que están pagando estas denuncias que son ilegales” al ser también multadas por este radar de tramo.

Según datos de la DGT, en la provincia de Cádiz hay instalados hasta siete radares de tramo en distintas carreteras gaditanas, como la propia A-7, la N-340, la CA-35, la CA-33, la A-48, la A-384, y la A-2001.

Los radares de tramo son un sistema de cámaras que graban de forma continua e identifica la matrícula de cada vehículo a la entrada y a la salida del tramo. Un ordenador relaciona las matrículas iguales, comprueba las tiempos de paso y calcula la velocidad media del vehículo. Cuando la velocidad media del recorrido está por debajo del límite, no hay infracción, pero si la velocidad media del trayecto supera el límite, se tramita la denuncia de la infracción, como define la DGT estos sistemas.

Jesús Galván y Manuel Balber llevan años haciendo lo mismo: actualizar el currículum, entregarlo en empresas del sector del metal en la Bahía de Cádiz y esperar una llamada que nunca llega. Lo hacen en un momento en el que hay más carga de trabajo que en la última década, con empresas que reconocen dificultades para encontrar mano de obra cualificada y perfiles como el suyo —soldadores con experiencia— especialmente demandados. En su caso, sin embargo, la respuesta siempre es la misma. “Hay trabajo, pero no para nosotros”, resume Galván. Ambos sostienen que detrás de esa situación hay un veto ligado a su actividad sindical. Esta semana pasada han formalizado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra varias empresas auxiliares a las que aseguran haber enviado sus currículums sin obtener respuesta.

“Hay una carga de trabajo descomunal, se dice que hace falta gente y se está contratando incluso fuera, pero a nosotros no se nos da la oportunidad de trabajar”, explica Galván. Los dos trabajadores, miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, vinculan esa situación a la existencia de listas negras que afectarían a empleados señalados por su participación en movilizaciones laborales o por su actividad sindical, una práctica difícil de probar pero que, según denuncian, opera de forma efectiva en el sector. Esta coordinadora ha sido protagonista de las recientes huelgas del metal de Cádiz, con movilizaciones al margen de las propuestas o sugeridas por los sindicatos mayoritarios.

La denuncia se refiere a su caso concreto, aunque ambos apuntan a que podría haber más afectados, la mayoría portavoces o referentes de la coordinadora. “No sabemos cuántos hay, pero sí sabemos que no somos los únicos”, señala Balber, que insiste en que su única reivindicación es poder trabajar en el sector en el que llevan años desempeñándose.

Su relato sitúa el origen de esta situación en 2017, cuando participaron en procesos de selección para empresas auxiliares del metal. Tras superar pruebas y reconocimientos médicos, aseguran que su acceso fue frenado en el último momento. “Teníamos todo hecho y, cuando íbamos a entrar, se nos impidió el acceso”, recuerda Balber. Aunque finalmente lograron incorporarse, su permanencia fue breve. “A los pocos días buscaron la forma de echarnos”.

“Queremos trabajar, no vivir de una ayuda”

La situación se repitió posteriormente en otra empresa auxiliar que operaba en Navantia San Fernando. En 2020 fueron despedidos y el caso llegó a los tribunales. Según explican, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció que ese despido se produjo en un contexto de represalia sindical, aunque no pudieron recuperar sus puestos al tratarse de contratos de obra.

Desde entonces no han vuelto a trabajar en el sector en la Bahía de Cádiz. La falta de ingresos estables ha marcado su situación en estos años. “Yo no cobro nada y él está con una ayuda para mayores de 52 años”, explica Galván. Balber lo concreta: “Tengo tres hijos, él tiene dos. Con lo que entra no nos llega. Pero nosotros queremos trabajar, no vivir de una ayuda”.

Balber y Galván aspiraban a trabajar aquí en este contexto de auge laboral, pero las puertas siguen igual de cerradas para ellos. Ante esta situación, han optado por intensificar la presión institucional. En las últimas semanas han mantenido reuniones con representantes de distintas formaciones políticas, en un contexto marcado por la precampaña de las próximas elecciones andaluzas. Según explican, estos encuentros buscan forzar un posicionamiento claro ante una situación que consideran evidente. “Ahora, con la coyuntura electoral, es el momento de que se retraten”, sostienen. Creen que la llave de la solución la tiene el Ministerio de Hacienda, al ser el responsable de la SEPI, de la que depende Navantia, o el Ministerio de Trabajo. 

Precisamente, tras organizar movilizaciones como la acampada en las inmediaciones de Navantia San Fernando la semana pasada, han decidido trasladar el caso a la Inspección de Trabajo, en parte a raíz de contactos con el entorno de Sumar y del Ministerio de Trabajo. “Nos dicen que, aunque es difícil de demostrar, hay que dejar constancia para que se pueda actuar”, señala Balber. Ambos admiten la complejidad de acreditar la existencia de listas negras. “No hay nada escrito, pero la realidad es la que es”, añade Galván.

Movilizaciones en Dragados Offshore

La denuncia se produce en un momento especialmente relevante para el sector del metal en la provincia de Cádiz, uno de los principales motores industriales del territorio. Según datos del convenio colectivo firmado en 2025, el sector agrupa a más de 31.000 trabajadores, articulados a través de un entramado de alrededor de 5.000 empresas entre grandes compañías y auxiliares.

Tras varios años marcados por la escasez de contratos, el sector vive ahora un cambio de ciclo impulsado por la proliferación de encargos en empresas tractoras como Navantia, Dragados Offshore o Airbus, que tiran del conjunto de la industria auxiliar. Este incremento de la actividad ha elevado la demanda de mano de obra, especialmente en perfiles cualificados. En Dragados, por ejemplo, han sido contratados en origen unos 300 trabajadores peruanos que comparten faena con cerca de un millar de empleados locales. Es en ese contexto donde los denunciantes sitúan su caso. “Se dice que falta gente, pero nosotros llevamos años sin poder entrar”, afirma Balber.

La cuestión plantea un escenario complejo desde el punto de vista jurídico. La legislación prohíbe cualquier discriminación por razón de afiliación o actividad sindical. Así lo recoge el artículo 28 de la Constitución. Pero la acreditación de estas prácticas resulta especialmente difícil en ausencia de pruebas documentales.

Por el momento, las empresas señaladas, consultadas por elDiario.es Andalucía, no se han pronunciado sobre la denuncia. La actuación de la Inspección de Trabajo será clave para determinar si existen indicios suficientes que permitan avanzar en la investigación. El caso coincide además con un nuevo escenario de conflictividad laboral en el sector. El comité de empresa de Dragados Offshore ha anunciado movilizaciones que podrían desembocar en una huelga indefinida en los próximos días por la falta de acuerdo en su convenio colectivo.

Para Galván y Balber, dos soldadores, el objetivo sigue siendo el mismo desde hace años. “Nosotros lo único que queremos es trabajar. Siempre lo hemos hecho y queremos seguir haciéndolo. No puede ser que nos pongan en una lista negra por defender los derechos laborales de nuestros compañeros”.

Las graves inundaciones registradas en febrero en la Sierra de Cádiz han vuelto a poner en primer plano una realidad que los municipios de la comarca llevan años denunciando: la fragilidad de sus infraestructuras y una sensación persistente de abandono institucional. Los daños provocados por el tren de borrascas —carreteras cortadas, caminos rurales intransitables y problemas en suministros básicos— no solo han generado una situación de emergencia, sino que han evidenciado carencias estructurales previas.

“Es raro el municipio que no tiene un problema en alguna de sus carreteras comarcales”, advierte la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma. Su diagnóstico apunta directamente al estado de la red secundaria: “Hay un deterioro permanente por el escaso mantenimiento. Eso significa que las carreteras sufren el doble cuando viene una inclemencia de estas características”. Las consecuencias son inmediatas y tangibles para la población. “Un trayecto que se hace en diez minutos, pues ahora se hace en unos cuarenta o cuarenta y cinco”, explica, en referencia a conexiones habituales que han quedado inutilizadas o gravemente afectadas.

La situación no es puntual ni aislada. La red de carreteras comarcales —competencia en muchos casos de la Diputación, que ha destinado 20 millones en contratos de emergencia para las vías afectadas— constituye la principal vía de conexión entre municipios en la sierra, un territorio donde las distancias, la orografía y la dispersión poblacional hacen que cualquier incidencia tenga un impacto directo en la vida cotidiana. A ello se suma la falta de desarrollo de infraestructuras estratégicas. La Junta ejecuta en la provincia de Cádiz 11 actuaciones de emergencia con una inversión de 107 millones de euros a través del Plan Andalucía Actúa.

El alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, recuerda un proyecto largamente esperado que nunca llegó a materializarse: “Cuando se planteó la autovía Jerez-Antequera se quedó paralizada en Arcos y lo que se ha ido haciendo es parcheo sobre parcheo”. Ese “parcheo”, como lo define, afecta especialmente a la carretera A-384, uno de los ejes fundamentales para la movilidad en la comarca y su conexión con Málaga. “Tiene un tráfico impresionante y cuando lo que se hace es parcheo sobre parcheo, pues pronto se le ven las costuras, sobre todo cuando las circunstancias son tan complicadas como estas últimas”, señala. Las lluvias han agravado una situación ya delicada, provocando cortes totales y desvíos provisionales que generan incertidumbre. “Estamos siempre con las carnes abiertas de que se vuelva a ir el desvío provisional”, añade.

La imagen turística

Las consecuencias trascienden el ámbito de la movilidad y afectan a servicios esenciales. “Nuestro hospital de referencia es el de Ronda y hay pacientes que tienen que ir tres días a la semana a diálisis”, explica Acuña, quien también menciona el impacto en estudiantes y trabajadores que se desplazan diariamente fuera del municipio. En una comarca donde muchos vecinos trabajan en la Costa del Sol, la conectividad no es solo una cuestión de comodidad, sino de acceso al empleo.

A esta situación se suma el deterioro de los caminos rurales, fundamentales para el sector primario, que sigue siendo el principal sustento económico en buena parte de la sierra. “El que no está cortado le falta un telediario”, resume el alcalde de Algodonales. Los desprendimientos y movimientos de tierra, favorecidos por la naturaleza arcillosa del terreno, han dejado aisladas explotaciones agrícolas y ganaderas, dificultando el acceso a fincas y poniendo en riesgo la actividad diaria de muchos profesionales.

“Esto es una postal, pero no es un decorado”, insiste la alcaldesa de Olvera, en referencia a la imagen turística de la sierra. “Aquí vive gente, que tiene que ir a hospitales, a trabajar, a estudiar”. La reivindicación no es nueva: distintos análisis sobre el medio rural andaluz llevan años señalando déficits en transporte público, infraestructuras viarias y conectividad, factores que contribuyen a la desigualdad territorial y a la pérdida de población.

El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García Ramírez, sitúa el foco en esa dimensión estructural del problema. “Ha quedado patente la necesidad de un plan de inversiones real, cierto, y acompasado con las necesidades reales que tiene la sierra”, afirma. A su juicio, los daños provocados por el temporal no pueden desvincularse de la falta de mantenimiento e inversión acumulada durante años. “Algunos de estos daños probablemente eran evitables si hubiera habido una mayor intervención presupuestaria en un entorno históricamente abandonado desde el punto de vista de las inversiones”, sostiene.

Aunque reconoce la respuesta de emergencia por parte de las administraciones, García Ramírez insiste en la necesidad de ir más allá: “Entendemos la situación de urgencia, pero también hacen falta compromisos a futuro”. La reclamación, compartida por otros alcaldes de la comarca, apunta a un modelo de financiación que, según denuncian, prioriza los grandes núcleos urbanos frente a los territorios interiores. “Al final estaremos como siempre castigando a esos entornos rurales”, advierte.

Cortes eléctricos “reiterados”

Las carencias no se limitan a las carreteras. Los problemas en el suministro eléctrico y en las telecomunicaciones forman parte también de la realidad cotidiana de la sierra. “La semana pasada tuvimos un corte a las once de la mañana. No es algo puntual, es algo reiterativo”, explica Palma. Incidencias de este tipo afectan directamente a empresas, servicios y vecinos, en una comarca donde la calidad de las infraestructuras básicas sigue siendo una asignatura pendiente.

En Grazalema, aunque la situación ha mejorado en los últimos años, el alcalde reconoce que los problemas persisten en otros municipios de mayor tamaño. “Hay entornos urbanos que no tienen dimensionada la necesidad en comunicaciones y son muy habituales este tipo de situaciones de cortes”, señala García Ramírez, quien resume la percepción generalizada con una frase contundente: “Parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

Tras el impacto de las inundaciones, las administraciones trabajan en la reparación de daños y en la habilitación de pasos provisionales. Sin embargo, los alcaldes coinciden en que la solución no puede limitarse a la emergencia. “Tenemos que reponer, pero también tiene que haber un plan de mantenimiento permanente”, reclama Palma. En un contexto de creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, la resiliencia del territorio dependerá, en gran medida, de que esas reivindicaciones históricas dejen de serlo y se traduzcan en inversiones sostenidas en el tiempo.

Francisco Holgado, conocido como el Padre Coraje por su incansable lucha para esclarecer el asesinato de su hijo, ha fallecido este miércoles en Jerez de la Frontera a los 82 años, sin haber logrado que se hiciera justicia en un caso que marcó su vida durante más de dos décadas. Fuentes del Ayuntamiento de Jerez han confirmado a EFE el fallecimiento de Holgado, figura muy conocida en la ciudad por su perseverancia y por haberse convertido en símbolo de la lucha de las víctimas que reclaman justicia.

El caso se remonta a la madrugada del 20 de noviembre de 1995, cuando su hijo, Juan Holgado, de 22 años, fue asesinado a puñaladas mientras trabajaba en el turno de noche en una gasolinera de Jerez, un crimen que conmocionó a la sociedad local.

Años después, en 2000, cuatro personas fueron detenidas como presuntos autores, pero el proceso judicial estuvo marcado por la falta de pruebas concluyentes y diversas irregularidades. Finalmente, el Tribunal Supremo confirmó en 2006 la absolución de los acusados, dejando el caso sin culpables condenados.

Batalla contra el olvido

Lejos de resignarse, Francisco Holgado inició entonces una prolongada batalla para evitar que el crimen quedara en el olvido. Durante años encabezó movilizaciones, acudió a medios de comunicación y reclamó a las instituciones que se reabriera la investigación, insistiendo en que los responsables debían ser identificados y juzgados.

Su constancia y exposición pública le valieron el apodo de Padre Coraje convirtiéndose en un referente en España de la lucha de las familias de víctimas frente a casos sin resolver. Su ejemplo de vida dio pie incluso a una serie, Padre Coraje, en la que el actor Juan Diego le daba vida. Estrenada en 2002, fue dirigida por Benito Zambrano.

Holgado mantuvo hasta el final su reivindicación de justicia para su hijo, en un caso que sigue sin esclarecerse. Su fallecimiento pone fin a una vida marcada por la defensa de la memoria de Juan Holgado y la exigencia de que su asesinato no quedara impune.

Los Veintisiete han respaldado este miércoles por unanimidad la firma y aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido que redefine la relación del bloque comunitario con Gibraltar y derribará la verja, lo que allana el camino para que esa entrada en vigor pueda producirse el 15 de julio, tres meses después del calendario con el que inicialmente contaban Bruselas y Londres.

El aval político de los países de la Unión se ha producido este miércoles en una reunión de embajadores en Bruselas, tal y como ha confirmado en un comunicado el Consejo (gobiernos). Fuentes europeas confirman a Europa Press que ningún país se ha opuesto al acuerdo.

Sin embargo, se trata de un acuerdo de principio que necesita aún de la adopción formal por parte de la misma institución para que se concrete la firma y su aplicación provisional, lo que requiere de más tiempo, al menos dos meses para que se lleven a cabo las revisiones legal y lingüística de los textos del tratado, que deben ser traducidos a todas las lenguas de la UE.

El Acuerdo UE-Reino Unido relativo a Gibraltar completará el marco jurídico de las relaciones entre la UE y Reino Unido establecido por el Tratado de Comercio y Cooperación que normalizó las relaciones entre europeos y británicos tras la consolidación del Brexit y en cuyo ámbito de aplicación, en vigor desde 2021, no está incluido el Peñón.

Nuevo sistema de control de la UE

Según recuerda en un comunicado el Consejo, con este nuevo acuerdo la UE busca eliminar “todas las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, al tiempo que se salvaguardan plenamente el espacio Schengen, el mercado único de la UE y su unión aduanera”.

Con la señal de este miércoles, los Veintisiete buscan responder a la urgencia de avanzar en la tramitación de un tratado cuyo acuerdo se anunció en diciembre de 2024, pero cuya falta de adopción formal puede complicar la situación en la verja ante la inminente entrada en vigor del nuevo sistema de control de la frontera exterior de la UE el próximo 10 de abril, que obligará a un control reforzado en los pasos fronterizos con terceros países.

El Sistema Europeo de Entrada y Salida de la Unión (EES, por sus siglas en inglés) empezó a aplicarse gradualmente en los países de la Unión el pasado otoño, pero su entrada en vigor plena está prevista para dentro de diez días, cuando deberá estar operativo en todas las entradas a la Unión Europea el nuevo registro digital que sustituirá al sellado manual de pasaportes en las fronteras del espacio Schengen.

Fuentes del Ministerio de Interior consultadas por Europa Press afirman que las instalaciones y equipamiento técnico necesario para el control en el paso de Gibraltar a suelo comunitario están “operativos y disponibles”, aunque no aclaran el calendario de aplicación.

España, en consulta con la Comisión

En todo caso, y al margen de la preparación técnica, lo cierto es que la falta de aplicación del tratado que enmarca la relación de Gibraltar con respecto a la Unión Europea cuando entre en vigor el sistema EES supone, en la práctica, que este territorio siga siendo considerado a efectos de control fronterizo como país tercero y que los viajeros que quisieran cruzar desde o hacia el Peñón desde suelo español debieran someterse al registro en el nuevo sistema europeo.

Para evitar este vacío, el Gobierno ha presentado una propuesta a la Comisión Europea para flexibilizar la aplicación del sistema EES en ese punto, aunque no han trascendido detalles de la misma ni si Bruselas –que rechaza de manera general revisar el calendario para el sistema fronterizo– ve factible la iniciativa española. “La Comisión ha recibido la carta del Gobierno español relativa al Acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar y el EES y responderá a la misma en su debido tiempo”, se ha limitado a responder un portavoz del Ejecutivo comunitario.

La mayoría de los países de la UE ya registran “más del 75% de los cruces fronterizos”, pero algunos de ellos siguen experimentando “dificultades técnicas” a pesar de que el calendario fue acordado y validado por los 27, recuerda el portavoz, que añade que la Comisión mantiene “contacto estrecho” con ellos para asegurar que el sistema funciona correctamente.

Quejas desde Algeciras

Ante esta situación, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a criticar que la comarca del Campo de Gibraltar tenga información sobre el tratado y el fin de la verja a través de los medios de comunicación y no por el Gobierno de España, resaltando “las dudas” que se siguen planteando en esta zona de la provincia de Cádiz.

En declaraciones a Europa Press, Landaluce ha lamentado que como uno de los alcaldes de la comarca campogibraltareña, no se le haya informado sobre cuándo y cómo entrará en vigor el sistema de entrada y salida en la frontera, que debería empezar a funcionar provisionalmente el 10 de abril, una fecha que “llegado este mes, parece imposible”.

“Ya se habla de prórroga pero como es habitual nos hemos enterado por un medio de comunicación”, ha advertido el alcalde de Algeciras, quien ha señalado que “cada vez que un colectivo expone sus dudas o sus preocupaciones, el Gobierno nacional emite información o convoca un seminario”.

“Nos merecemos un trato más digno”

En su opinión, esas “no son las formas adecuadas”, teniendo en cuenta que “las semanas van pasando y seguimos teniendo muchas dudas”, unos interrogantes que no sólo se plantean los políticos sino también “colectivos, transportistas, empresas de aduanas o Policía de frontera”, como ha enumerado.

Con respecto al sistema de entradas y salidas, ha pedido que los agentes conozcan los detalles de cómo van a tener que desarrollar su trabajo y en qué condiciones, recordando que “nos dijeron a bombo y platillo que en abril íbamos a ver la caída de esa histórica frontera”, encadenando eso con “la prosperidad compartida”.

“Pues abril ha llegado y ni una cosa ni la otra”, ha lamentado Landaluce, quien ha hecho hincapié en que el Gobierno de España “no aparece” por la comarca para informar de “los supuestos benéficos de este acuerdo” y que la ciudadanía del Campo de Gibraltar “nos merecemos un trato más digno”.

La empresa de telemarketing Majorel, integrada en el grupo Teleperformance, ha ejecutado un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 279 trabajadores en España, entre ellos decenas en su centro de Jerez de la Frontera. El proceso, que se ha cerrado sin acuerdo con la representación sindical, se salda con 88 despidos forzosos y condiciones económicas más duras que las planteadas durante la negociación.

La decisión fue comunicada a la plantilla por correo electrónico tras concluir sin consenso el periodo de consultas, un trámite obligatorio en este tipo de procedimientos. Al no alcanzarse acuerdo, la empresa ha optado por aplicar las condiciones mínimas previstas en la legislación para los despidos colectivos: 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades para las salidas forzosas.

El ajuste, el tercero en apenas dos años en la compañía, supone además un empeoramiento respecto a la última oferta que la dirección había puesto sobre la mesa, que incluía menos despidos obligatorios y mayores indemnizaciones. Finalmente, el ERE afecta a 279 personas, con 88 despidos forzosos, 191 salidas voluntarias y solo 50 trabajadores que quedan fuera del proceso.

Tanto CCOO como UGT han rechazado el resultado y han anunciado su impugnación en los tribunales. Los sindicatos consideran que no concurren las causas alegadas por la empresa y denuncian que no ha existido una negociación real. Desde UGT, además, apuntan a la falta de transparencia en la documentación facilitada, especialmente en lo relativo a la contratación a través de empresas de trabajo temporal, y sostienen que la compañía ha priorizado un criterio estrictamente económico, concentrando los despidos en los trabajadores con menor coste.

Entre la plantilla, el impacto del ERE se interpreta como parte de un proceso más amplio. Varios trabajadores del centro de Jerez, que prefieren mantener el anonimato, apuntan a una reducción progresiva de la actividad local en favor de plataformas en Latinoamérica. “Lo que están tratando por todos los medios es deslocalizar, mandar el trabajo fuera”, explica uno de ellos. “En poco tiempo han abierto varias plataformas en Colombia y cada vez se llevan más carga de trabajo”.

Ese traslado, aseguran, se percibe claramente en el día a día. “Puedes empezar con 1.800 gestiones y en cuestión de minutos ver cómo bajan a 300 mientras aumentan en otros países”, relata otro trabajador. “Esto no es solo un ERE, es un cierre progresivo”.

Este periódico ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con la empresa para conocer su posición. Desde UGT comentan que, hasta ahora, la empresa se ha negado a hacer declaraciones a los medios de comunicación.

“Una sensación muy dura después de tantos años”

El momento de las comunicaciones de despido ha dejado una huella especialmente dura en la plantilla. “Fue brutal. Veías cómo llamaban a compañeros, los llevaban a un despacho y ya no volvían”, cuenta una trabajadora. “Desviaron las llamadas y apenas trabajamos ese día. Fue una sensación muy dura después de tantos años”.

Más allá del ajuste, los testimonios coinciden en señalar un deterioro continuado de las condiciones laborales. “Por siete horas cobro unos 1.100 euros netos con las pagas prorrateadas. Allí, por ese dinero, tienen varios trabajadores”, explica un empleado. Otro añade: “La mayoría somos mujeres con hijos, con contratos parciales y sueldos muy bajos. No compensa para nada”.

La presión se articula, según describen, a través de objetivos de rendimiento que consideran inalcanzables. “Nos exigen niveles de satisfacción del 95% o incluso del 100%, algo que es totalmente irreal”, señala una trabajadora. “Todo lo que no sea un 9 o un 10 te penaliza, aunque hayas hecho bien tu trabajo”.

Ese sistema de evaluación tiene consecuencias directas en el ambiente laboral. “Con una sola mala valoración puedes perder todo lo anterior. Es una presión constante”, explican. A ello se suma la dureza de la atención telefónica: “Te pueden decir de todo y no puedes colgar. Tienes que tragártelo”.

El desgaste psicológico es una de las denuncias más repetidas. “La gestión del estrés la haces tú por tu cuenta. La empresa no te ayuda”, relata una empleada. “Para sobrellevarlo, muchas acabamos medicándonos. Es muy complicado salir de una llamada así y seguir como si nada”.

La incertidumbre sobre el futuro es ahora generalizada. “No sabemos qué será lo próximo. Nos tienen en esa inseguridad constante”, resume otra trabajadora. Muchos ya buscan alternativas fuera del sector: “La gente se está preparando oposiciones o buscando otra cosa porque no hay futuro aquí si siguen llevándose el trabajo fuera”.

Tras la ejecución del ERE, el conflicto se traslada ahora a los tribunales. Los sindicatos han iniciado la impugnación colectiva y animan a los trabajadores a recurrir también de forma individual. Entre la plantilla, las expectativas son contenidas. “Ojalá se pueda conseguir al menos que se declare improcedente y mejorar las condiciones”, señala un trabajador. “Pero la empresa ya avisó de que si no había acuerdo, las condiciones serían peores. Y así ha sido”.

Cádiz, marzo de 1976. España aún no era una democracia, los sindicatos seguían sin ser legales, y el sistema educativo continuaba anclado en los esquemas del franquismo. En ese contexto incierto, con el país apenas iniciando su transición política tras la muerte de Franco, unos 150 docentes se reunieron en el Colegio San Felipe Neri, en la capital gaditana, para debatir cómo debía ser la enseñanza en un futuro que todavía no estaba garantizado. Aquella cita, organizada por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT), acabaría convirtiéndose en uno de los momentos más influyentes —y poco conocidos— en la construcción del modelo educativo de la España democrática.

El aniversario del congreso, que se conmemora este miércoles en Cádiz con un encuentro impulsado por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA) junto a UGT, sirve para recuperar aquella memoria y proyectarla hacia el presente. Se organiza en un colegio concertado y religioso, pero es un guiño para este centro cuya elección hace medio siglo no fue casual. La celebración del congreso en Cádiz fue posible gracias a la mediación de Javier Anso, entonces responsable del colegio mayor Chaminade, que facilitó aquel encuentro en un momento en el que cualquier reunión sindical se movía en los márgenes de la legalidad. Clave fue también un joven Manuel Chaves para elegir la capital gaditana como sede de este congreso estatal.

El encuentro se celebró entre el 19 y el 21 de marzo de 1976 en una suerte de limbo político. El franquismo había muerto con el dictador, pero seguía vivo en las estructuras del Estado. El Gobierno de Carlos Arias Navarro ensayaba una apertura limitada, sin romper con el régimen, y los sindicatos continuaban sin reconocimiento legal —UGT no sería legalizada hasta abril de 1977—. En ese escenario, la reunión de Cádiz fue posible porque el sistema empezaba a resquebrajarse, aunque el control y la incertidumbre seguían presentes.

“Lo hicimos ya tolerado. Ni autorizado, ni prohibido”, recordó años después el exdiputado Rafael Román en su libro Crónica de una generación, donde define aquel momento como una “democracia tutelada”. La expresión resume bien el equilibrio inestable en el que se movían quienes participaron en el congreso: podían reunirse, pero no sabían hasta dónde llegaban los límites.

El miedo formaba parte del ambiente. “Sensación de triunfo no había ninguno todavía. Al contrario, había miedo”, recuerda Carmen Romero, entonces joven docente y una de las participantes. La ausencia de libertades, la vigilancia política y la memoria reciente de la represión hacían que cualquier paso tuviera un componente de riesgo. Aun así, el congreso salió adelante y reunió a profesores de todos los niveles educativos —desde primaria hasta universidad— junto a representantes internacionales del ámbito educativo europeo.

Igualdad de oportunidades

Al ser clandestino, de aquel congreso no quedan fotografías, pero sí una pequeña nota en Diario de Cádiz, que refleja una asistencia de alrededor de 150 personas, organizadas en comisiones para debatir distintas ponencias: desde una “Alternativa socialista para la enseñanza” hasta un manifiesto pedagógico, pasando por cuestiones político-sociales, la formación profesional o la estructura organizativa del sindicato. Aquellos debates no eran meramente técnicos. En realidad, lo que se estaba discutiendo era el papel de la educación en la futura democracia.

Lo que salió de Cádiz fue una propuesta de transformación profunda. Los participantes defendieron una escuela pública, gratuita, laica y democrática, pero también introdujeron matices que marcarían el desarrollo posterior del sistema educativo. “No era una escuela estatal autoritaria, sino una escuela participativa y democrática”, explica Romero. “Meter ese funcionamiento democrático en la escuela era esencial”. La idea no era solo cambiar contenidos, sino transformar la propia cultura escolar, convertir los centros en espacios de participación y aprendizaje en libertad.

Otro de los ejes fue la coeducación, en ruptura con un sistema que había separado a niñas y niños durante décadas. También lo fue la voluntad de evitar la segregación social desde edades tempranas. Frente a modelos que diferenciaban itinerarios educativos según el origen o el rendimiento, los docentes apostaron por el llamado “ciclo único”, una enseñanza común que garantizara la igualdad de oportunidades.

“Había una educación para pobres y otra para ricos, y eso lo habíamos vivido”, recuerda Romero. “No queríamos que esa segregación empezara desde el principio”. La educación debía ser, en su planteamiento, un instrumento de cohesión social, no un mecanismo de reproducción de desigualdades.

El congreso también abordó uno de los debates que marcarían las décadas siguientes: el papel de la enseñanza privada. En aquel momento, la posición de los sectores más comprometidos con la escuela pública era clara, pero el desarrollo político posterior obligaría a matizarla. La Constitución de 1978, fruto del consenso, reconoció en su artículo 27 tanto el derecho a la educación como la libertad de creación de centros, dando lugar a un modelo mixto que sigue vigente. “Fue un pacto”, señala Romero. “Tuvimos que aceptar esa libertad, pero con la idea de que la educación pública debía ser el referente”.

“La clave no es hacer leyes, es financiarlas”

La influencia del congreso de Cádiz no se limitó al plano teórico. Muchos de sus participantes desempeñaron después un papel relevante en el desarrollo de la educación en democracia. El encuentro, presidido por un joven Manuel Chaves, fue un auténtico semillero de dirigentes políticos y sindicales. Estaban Romero, Román, Manuel Gracia, Javier Solana... Por sus filas pasaron nombres que más tarde ocuparían responsabilidades institucionales y contribuirían a diseñar el sistema educativo.

50 años después, buena parte de aquellas reivindicaciones forman parte del paisaje educativo español. Sin embargo, los debates de fondo siguen abiertos. La financiación de la educación pública, la situación del profesorado, el papel de la enseñanza privada o el desarrollo de la formación profesional vuelven a situarse en el centro de la discusión.

Romero insiste en que el principal problema no es normativo, sino material. “La clave no es hacer leyes, es financiarlas”, advierte. A su juicio, la falta de inversión y de planificación está generando nuevas desigualdades, especialmente en ámbitos como la formación profesional, donde el crecimiento de la oferta privada está marcando el acceso de muchos jóvenes.

A estos retos se suman otros completamente nuevos, como el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza o la transformación del papel del profesorado en un contexto de acceso masivo a la información. “Es un cambio brutal”, afirma. “El profesor tiene que orientar en un mundo en el que el alumno puede acceder a todo el conocimiento”.

La jornada reunirá a protagonistas de la época, responsables sindicales e historiadores, y actuales dirigentes y docentes, en un ejercicio que combina homenaje y reflexión, además de servir de encuentro intergeneracional. Una de sus mesas se llama ‘De la tiza a la IA’.

Ni Santiago Auserón ni sus seguidores olvidarán el concierto del pasado viernes en el Teatro de las Cortes de San Fernando (Cádiz), y no precisamente para bien. Desde la salida a escena del artista, icono de la movida madrileña, era evidente que algo no funcionaba. El respetable esperaba que el recital remontara en algún momento, pero el reloj iba corriendo y la situación se volvía angustiosa. Una noche tan pésima que el artista ha acabado pidiendo disculpas en redes sociales, renunciando a su caché y prometiendo un concierto de resarcimiento cuando su salud mejore.

Antonio es uno de esos espectadores que vieron al ídolo en sus horas más bajas. “Empezó extrañándome la forma de tocar al principio, luego los continuos parones y el hecho de que prácticamente no terminara ni un tema. Santiago decía todo el tiempo, ”voy a hacer esta canción otra vez, quiero hacerla bien’, pero la gente le decía que siguiera, aplaudía y le daba ánimos. Pero la cosa no mejoró. Alguien se marchó al grito de ‘¡Santiago, que te den!’, pero la mayoría nos quedamos. Estábamos todos consternados, esa es la palabra“.  

Hubo algún momento extravagante, como cuando pasó cerca del teatro una banda de música de las que ensayan estos días para la Semana Santa, y el músico propuso salir afuera a escucharla. Sin embargo, el concierto se cubrió de tintes más bien dramáticos. “Santiago discutió con el tipo del sonido por alguna cuestión técnica, mientras intentaba en vano sacar el concierto adelante. Nos decía cosas como ‘me parece que no estoy conectando con vosotros. Yo estoy aquí para que lo paséis bien, pero no sé qué me pasa’. Estábamos viendo a un tipo brillante, pero que tocaba en la luna”. Quienes grabaron esa noche con sus teléfonos móviles han evitado hasta ahora difundir las imágenes, por temor a dañar la imagen del cantante.

Dos meses de baja

Al día siguiente de esta cita, el propio Santiago Auserón se dirigía a través de las redes sociales a sus “queridos amigos” de San Fernando, Cádiz. “Anoche en el Real Teatro de San Fernando me fallaron las fuerzas. Sabía que me arriesgaba a ello, porque me habían aconsejado la baja médica por hipertensión debida a agotamiento extremo y, pese a todo, quise intentarlo. No salió bien. Lo siento mucho. Algunos incidentes técnicos me complicaron aún más la cosa. Pero no valen excusas. En cuanto me recupere un poco, me gustaría corresponder de algún modo a quienes tuvisteis la amabilidad de comprar la entrada. Así lo voy a plantear a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Salud”.

Este lunes, Auserón anunciaba la cancelación de un concierto previsto en la Casa de la Cultura de Peralta (Navarra) para el 28 de marzo, con este mensaje: “Por indicación médica, y a raíz de los acontecimientos del pasado viernes, el artista deberá suspender su actividad profesional durante los dos próximos meses para atender su recuperación”.

Fuentes del Ayuntamiento de San Fernando comentaban a elDiario.es Andalucía que, a pesar de lamentar las condiciones en que transcurrió el recital, no procedía una reclamación por incumplimiento de contrato ni diligencias similares, pues el concierto se había realizado. Poco después, en las mismas redes, Auserón confirmaba que “hemos acordado con el Ayuntamiento la devolución íntegra del importe de las entradas. Asimismo, y pese al esfuerzo por cumplir con los compromisos adquiridos en una situación de evidente agotamiento, hemos decidido renunciar al cobro del caché, en coherencia con nuestro compromiso artístico y por respeto al público y a la institución. El espectáculo no pudo desarrollarse conforme a lo previsto, y entendemos que la confianza de quienes adquieren una entrada para asistir a nuestros proyectos debe ser siempre correspondida”.

“La Concejala de Cultura María José Pacheco Guerrero, a quien agradecemos personalmente, la comprensión y el cariño recibido, nos ha informado que hoy mismo se ha enviado un correo a los compradores informándoles de esta decisión. El reembolso del importe de las entradas se efectuará automáticamente a través del mismo método de pago utilizado en la compra. Gracias por vuestra comprensión y por el cariño recibido. Esperamos reencontrarnos con todos vosotros cuando Santiago esté plenamente recuperado”.

Personas frágiles

El incidente pone de relieve la presión a la que está sometida esta profesión, y que se manifiesta en sonados hitos como el desmayo que sufrió la cantante Pastora Soler, el trastorno de ansiedad reconocido por Beret o las más recientes cancelaciones de Morrisey. Circunstancias que incluso han apartado de los escenarios para siempre a intérpretes talentosos y de éxito.

El sevillano David Linde ha sido tour manager de numerosas bandas, así como responsable de festivales como Nocturama o Microclima. La noticia de San Fernando le sorprende y no. “He trabajado con Santiago y sé que es un profesional super serio, que se cuida mucho. Pero también he aprendido en estos años que un artista es una persona muy frágil, que carga sobre sus hombros un peso muy grande. Lo raro es que estas cosas no pasen más a menudo”.

Linde ha vivido todo tipo de peripecias con los músicos a los que ha acompañado, desde ataques de agorafobia a pánico a que falle la memoria. “Muchos, si pudieran, actuarían para un solo espectador, y de espaldas”, asevera. El manager se sorprende de no haber tenido que cancelar nunca por estos motivos, “aunque luego he tenido que ir con muchos al hospital”, y desde luego asegura que la leyenda de la fiesta eterna durante una gira es precisamente eso, leyenda: “A partir de un nivel, un camerino es un lugar sagrado en el que no entra ni el tato. Después del concierto, sí, puedes tener alguna fiesta, pero si al día siguiente viajas y tienes bolo, te aseguro que te lo piensas. Lo del alcohol y las drogas está sobredimensionado: ahora lo que más consume un músico es omeprazol, porque el estómago es el que más sufre estas presiones”.  

“Tenemos que pensar que un futbolista, si tiene una molestia, no sale a jugar”, concluye Linde. “Pero yo he visto salir a tocar a gente horas después de un accidente de tráfico, o a la que se le ha comunicado un rato antes que se ha muerto su madre. Y tienes que salir a convencer a cinco o diez mil personas de que no te cansan los kilómetros ni te duele la rodilla. Eso no hay cerebro que lo aguante”.

Los síntomas del 'burnout'

Del cerebro de los artistas sabe, y mucho, Rosana Corbacho, psicóloga clínica con más de 15 años de experiencia especializada en la industria musical. Tal vez por eso, lo sucedido con Santiago Auserón no le sorprende. “En la consulta los casos de burnout es lo que más frecuentemente atiendo”, comenta. “El estrés crónico tiene consecuencias físicas en el cuerpo. A cada persona le afecta de una manera. Los síntomas más comunes de burnout son: irritabilidad, problemas de sueño, de estómago, tensionales, ansiedad, disminución de la productividad y la motivación, dolores de cabeza e intensificación de los síntomas de otras enfermedades que la persona pueda padecer (i.e. tinnitus en los músicos)”. 

Para esta especialista, “uno de los problemas del estrés es que no nos damos cuenta de cuando va aumentando porque se produce una exposición muy gradual o lo sentimos prácticamente como 'parte del trabajo'. Y si nos damos cuenta, lo que hacemos para aliviar las sensaciones desagradables de tensión suele empeorar la situación a medio plazo. En psicología lo llamamos mecanismos de afrontamiento. Uno de los más llamativos es cancelar encuentros con amistades o actividades de ocio para seguir trabajando. Ésto alivia el malestar inicial, pero hace que el nivel de estrés se vaya acumulando. En el caso de los músicos, el trabajo es lo primero. La obra, el concierto, la grabación.. Ocupa la vida entera de los artistas que se identifican con su rol laboral. Esto deja poco espacio para recuperarse y aún menos cuando se pasa por una mala época”. 

“El estrés es tensión”, añade Corbacho. “Sólo es dañina cuando se acumula o es crónica. Si un artista está notando fallos o que no llega a donde antes llegaba, seguramente experimentará señales de alerta intensas. Si además tiene un concierto y percibe las expectativas del público y de su equipo, más tensión sufrirá. Enfrentarse a cancelar es una de las peores pesadillas de cualquier artista. Yo diría que habría que hacer un trabajo de reestructuración y recuperación. Cuando ya tenemos signos de burnout el simple descanso no lo cura”. 

Eso y, por supuesto, aprender a reconocer límites. “Cuanto antes se aprende a gestionar el estrés y los límites del cuerpo, más se recupera la autonomía. Elegir las estrategias de afrontamiento más saludables y lidiar con qué se mueve dentro de uno mismo ante decepcionar al público o al equipo. A veces se tiene que llegar a situaciones extremas para evaluar y priorizar el cuidado. Y no hacerlo a tiempo siempre acaba pasando factura: al artista, a su equipo y también al público”. 

Dos altos cargos de la sanidad andaluza han declarado este martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz como investigados en una pieza separada sobre los contratos de emergencia. Es de recordar que este juzgado, cuya investigación que se centraba en el presunto abuso de contratos menores del SAS como un “fraccionamiento masivo” para burlar la ley, abrió a comienzos de año nuevas diligencias a partir de la ampliación de la querella presentada por el PSOE, que se unificó con la investigación ya en curso a raíz de una denuncia de Podemos.

El exgerente del hospital Puerta del Mar en Cádiz, Sebastián Quintero, y al jefe de compras de la Junta del SAS en esta provincia, Demetrio González (que ya declaró en abril del año pasado), han rehusado responder a preguntas de los abogados de ambas formaciones políticas, según comentan fuentes cercanas al caso, que añaden que la Fiscalía no ha comparecido a las citaciones judiciales.

Apenas tres días después de que un juzgado de Sevilla archivase la causa contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno por prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas, otro juzgado en Cádiz ha abierto una “pieza separada” para investigar la misma querella del PSOE -personado como acusación popular- y ha citado a declarar como imputados a:

La causa original en el juzgado de Cádiz se centraba en el abuso de contratos menores del SAS como un “fraccionamiento masivo” para burlar la ley. La nueva línea de investigación apuntaba a otro tipo de adjudicaciones directas: los contratos de emergencia con clínicas privadas, es decir, la misma causa que fue archivada por un juez de Sevilla.

Ambas causas parten de las mismas denuncias de los interventores del SAS en las ocho provincias, que alertaron en sus informes desfavorables de las irregularidades en la contratación directa, sin publicidad ni concurrencia, con un puñado de clínicas privadas.

La querella que se archivó en Sevilla era la más trabajada -15 meses de instrucción- y documentada de las tres causas judiciales contra el SAS, aunque la Junta no estaba personada. Sí lo está -como responsable civil subsidiaria- en esta causa que instruye el juzgado de Cádiz por malversación en el fraccionamiento masivo de contratos menores.

Tanto en el juzgado de Sevilla, como en Cádiz y en otro tribunal de Córdoba, los socialistas presentaron cientos de expedientes de gasto del SAS con empresas privadas para denunciar hasta cinco delitos de corrupción: prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, malversación de fondos y pertenencia a organización criminal.

Las adjudicaciones a dedo del SAS a la sanidad privada están siendo investigadas por estos dos juzgados andaluces, aunadas ya la denuncia del PSOE y la de Podemos: los contratos de emergencia sin aparente cobertura legal tras la pandemia; y el “abuso” de contratos menores encadenados, a través del fraccionamiento irregular de contratos por valor de 235,4 millones para “vulnerar” la ley, que es lo que investiga el tribunal de Cádiz.

El Gobierno de Moreno sólo está personado en el causa de los contratos troceados, primero se presentó como parte perjudicada y al poco modificó su personación a “responsable civil subsidiario”, admitiendo por primera vez que pudo haber algún desfalco en las cuentas públicas.