El Campo de Gibraltar se ha convertido en el escenario de una nueva controversia en torno a cómo se interpreta y se convierte en producto turístico su pasado más sensible. La reciente puesta en marcha de 'La ruta de los italianos', un itinerario histórico impulsado por la empresa GuiaTour, ha abierto un choque de lecturas sobre el papel de la memoria democrática, el rigor histórico y los límites del turismo cultural.

La propuesta plantea un recorrido por distintos enclaves de la Bahía de Algeciras y su entorno vinculados a las operaciones clandestinas de la Décima Flottiglia MAS, una unidad de buceadores de combate de la Marina italiana durante la Segunda Guerra Mundial, asociada al régimen fascista de Benito Mussolini.

El itinerario se articula alrededor de varios puntos clave. En el Puerto de Algeciras, según la documentación del proyecto, se encontraba uno de los principales centros de operaciones encubiertas, con el buque mercante Olterra como base secreta desde la que partían los torpedos tripulados conocidos como maiales. En La Línea de la Concepción y distintos puntos de la bahía se situaban áreas de apoyo logístico y vigilancia utilizadas por la red de espionaje que facilitaba estas incursiones. Y en Gibraltar, objetivo estratégico de las operaciones y lugar de actualidad por la caída de la Verja, se conservan vestigios de la presencia militar aliada durante la guerra, entre ellos los conocidos túneles excavados en el Peñón.

La ruta se apoya en trabajos de divulgación como Tras las huellas de los italianos. Guía del Campo de Gibraltar, del investigador Alfonso Escuadra, además de referencias literarias como la novela El italiano, de Arturo Pérez-Reverte, que ha contribuido a popularizar estos episodios históricos entre el gran público.

La empresa defiende una lectura “histórica, no ideológica”

El responsable de Guíatour, José Luis Benítez, rechaza que la ruta pueda interpretarse como una exaltación del fascismo o una banalización del contexto histórico.

“No estamos banalizando nada, sino haciendo una ruta por los lugares donde ocurrieron hechos históricos”, sostiene. El empresario insiste en que el objetivo es puramente divulgativo: “Simplemente estamos explicando lo que ocurrió en estos sitios en una época determinada”.

Benítez defiende que se trata de una lectura histórica sin carga política: “No es que estemos haciendo fascismo ni nada parecido”, afirma, y añade que el proyecto se limita a poner en valor episodios poco conocidos de la comarca.

También cuestiona las críticas por el enfoque del itinerario: “Es como decir que por visitar ruinas romanas se está haciendo apología de las conquistas”, señala, defendiendo que la ruta se basa en documentación histórica y en investigaciones previas.

“No podemos permitir que se idealicen ese tipo de unidades militares”

Frente a esta visión, el movimiento memorialista ha expresado su rechazo al enfoque del proyecto y ha advertido del riesgo de trivializar episodios vinculados a regímenes totalitarios.

Luis García, presidente de la asociación Tierra y Olvido, y delegado en Cádiz de la Federación Andaluza de Memoria Democráticca (FAMD), es especialmente crítico con la iniciativa y rechaza que pueda presentarse como un simple producto turístico desvinculado del contexto político de la época. “Están blanqueando la historia porque esto fue bajo el mandato de Mussolini, Hitler y Franco”, afirma.

García insiste en que el problema no es la existencia de la ruta, sino la forma en la que se narra: “La historia es para aprender, no para hacer caja despojando a los hechos de su gravedad ética y política”, sostiene.

En su opinión, el proyecto corre el riesgo de transformar un episodio ligado al fascismo europeo en una experiencia turística descontextualizada: “No estamos hablando de una historia neutra ni de aventuras, sino de una unidad militar de un régimen fascista que operaba en suelo español gracias al amparo de otra dictadura”, recalca.

El dirigente socialista va más allá y cuestiona el enfoque general del relato histórico que plantea la ruta: “La historia debe estudiarse con rigor científico, pero no puede convertirse en un reclamo turístico que despoje a los hechos de su gravedad”, insiste.

García advierte además de la necesidad de vigilar el tipo de público al que se dirige la iniciativa, especialmente si incluye a jóvenes o centros educativos. “Lo que no podemos permitir es que se idealicen este tipo de unidades militares ni que se conviertan en un reclamo atractivo sin el contexto adecuado”, subraya.

Un debate sobre cómo narrar el pasado reciente

El PSOE de Algeciras anuncia que seguirá de cerca el desarrollo del proyecto y reclama que cualquier actividad de este tipo se ajuste estrictamente a la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022).

Al mismo tiempo, la formación insiste en que el Campo de Gibraltar posee un patrimonio histórico relevante que puede y debe ser difundido, pero siempre desde una perspectiva crítica que evite la romantización de los regímenes totalitarios.

La propuesta de GuiaTour se enmarca en el crecimiento del llamado turismo histórico o “turismo oscuro”, que recorre escenarios vinculados a guerras, dictaduras o conflictos del siglo XX.

Mientras la empresa defiende el rigor documental y el interés divulgativo del proyecto, el PSOE insiste en que el relato debe contextualizarse políticamente para evitar interpretaciones que, a su juicio, puedan suavizar la naturaleza del fascismo europeo.

El resultado es un nuevo foco de debate en una comarca marcada históricamente por su papel estratégico en la Segunda Guerra Mundial y que ahora vuelve a situar su pasado en el centro de la discusión pública.

Mariano Zapico no fue un rebelde. No cometió delito alguno al negarse a entregar el mando de la provincia de Cádiz a los militares que se habían sublevado contra el Gobierno de la República. Fue víctima de una persecución política, condenado a muerte por un tribunal ilegítimo y ejecutado por defender la legalidad institucional vigente. 90 años después, todo ello ya no constituye únicamente una conclusión histórica o una reivindicación de sus descendientes y de los colectivos memorialistas. También lo ha declarado un juez.

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Cádiz ha dictado una resolución inédita en la provincia y una de las primeras de estas características en España al amparo del procedimiento introducido por la Ley de Memoria Democrática. El auto declara “ilegal y radicalmente nula” la condena a muerte impuesta el 5 de agosto de 1936 a Mariano Zapico Meléndez Valdés, gobernador civil de Cádiz cuando se produjo el golpe de Estado, y le reconoce oficialmente la condición de víctima de la represión franquista.

La decisión trasciende el caso individual de Zapico. Por primera vez en Cádiz, la reparación de una persona represaliada por el franquismo se concreta en una resolución judicial que reconstruye los hechos, examina las pruebas y concluye que la condena respondía a razones políticas. La memoria deja así de quedar limitada a los archivos, las investigaciones históricas o el reconocimiento moral para entrar también en los tribunales.

El juez José Gálvez Jiménez estima íntegramente la solicitud presentada por la Fiscalía de Memoria Democrática, que dirige José Miguel Ruiz Molina, a instancias de la Asociación para la Recuperación y la Divulgación de la Memoria Histórica de Cádiz. El procedimiento se había iniciado como un expediente de jurisdicción voluntaria, una vía incorporada al ordenamiento jurídico por la legislación estatal de 2022 para obtener declaraciones judiciales sobre hechos pasados relacionados con las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura.

No había acusados en el banquillo ni responsabilidades penales que depurar. Tampoco se reclamaba una indemnización. El propósito era que la Justicia verificara los hechos y declarara formalmente que Zapico fue perseguido y condenado por defender las instituciones democráticas frente a quienes intentaban derribarlas por la fuerza.

La conclusión del auto es rotunda. El gobernador civil “fue víctima de represión y enjuiciamiento sumario por un tribunal ilegítimamente constituido”, que le impuso una condena a muerte “radicalmente ilegal y nula por vicios de forma y fondo”. El juez reconoce además su derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal por las violaciones que padeció.

El consejo de guerra lo condenó a muerte por rebelión militar

Zapico había sido nombrado gobernador civil de Cádiz el 11 de marzo de 1936, durante la presidencia de Manuel Azaña. Cuando se produjo la sublevación militar del 18 de julio, rechazó entregar el control de la provincia a los golpistas. Permaneció en el edificio del Gobierno Civil durante el asedio sufrido aquella tarde y la madrugada siguiente, hasta que fue detenido y trasladado a la prisión militar de Santa Catalina.

El 5 de agosto fue sometido a un juicio sumarísimo. Durante su declaración sostuvo que no había cometido ningún delito porque se había limitado a cumplir con su deber como gobernador civil. También negó la legitimidad de la jurisdicción que lo estaba juzgando. Sin embargo, el consejo de guerra lo condenó a muerte por rebelión militar, una inversión de la legalidad mediante la cual quienes se habían alzado contra el Gobierno constitucional atribuyeron la condición de rebeldes a quienes permanecieron leales a él.

La resolución judicial considera probado que el verdadero reproche contra Zapico no fue una conducta delictiva, sino su negativa a reconocer el nuevo orden impuesto por las armas. El tribunal militar castigó esa actitud como un desafío al régimen que comenzaba a instaurarse y entendió que su negativa a aceptarlo suponía una amenaza para su consolidación.

La ejecución fue autorizada inmediatamente por Gonzalo Queipo de Llano. Zapico fue fusilado a las 17.30 horas del 6 de agosto de 1936 en el Castillo de San Sebastián. Después fue enterrado en el antiguo cementerio de San José de Cádiz, sin que conste siquiera la inscripción de su fallecimiento en el Registro Civil.

Para acreditar estos hechos, el juez ha valorado la sentencia de la causa sumarísima número 82, el informe elaborado por el historiador José Luis Gutiérrez Molina y la declaración de Hortensia Zapico Landrove, nieta del gobernador civil. Durante la vista celebrada en junio, la familiar expresó su conformidad con la petición de la Fiscalía y aportó al procedimiento el recuerdo transmitido dentro de la familia.

El auto no se limita a anular la condena. También ordena, una vez que sea firme, remitir la resolución al Archivo Histórico Territorial Militar de Sevilla para que la nulidad quede incorporada al legajo donde se conserva la sentencia franquista. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática deberá recibir igualmente una copia para incluir a Zapico en el Registro y Censo Estatal de Víctimas.

El juez reconoce además su derecho a una digna sepultura y ordena expedir testimonio de la resolución para que pueda inscribirse oficialmente su defunción. La reparación alcanza así no solo a la condena, sino también a una ausencia administrativa mantenida durante nueve décadas: para el Registro Civil, el que fuera gobernador de Cádiz ni siquiera había muerto formalmente.

“Es un día para anotar”

Su alcance, además, es esencialmente moral, histórico y jurídico, ya que la Ley de Memoria Democrática establece que estas declaraciones no generan por sí solas indemnizaciones ni responsabilidades patrimoniales del Estado. Su relevancia, sin embargo, trasciende cualquier compensación económica. La decisión demuestra que el procedimiento previsto por la ley puede servir para que los jueces examinen casos concretos de persecución durante la Guerra Civil y la dictadura, identifiquen a las víctimas y reparen oficialmente situaciones de injusticia histórica.

“Es un día para anotar”, valora Felipe Barbosa, presidente de la Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Democrática de Cádiz, impulsora del expediente junto a la Fiscalía. “Después de tanto tiempo, por fin se abre una vía que puede ser importante para que otros muchos casos de la anterior etapa democrática española, la Segunda República, tengan su reconocimiento. Fueron condenados precisamente por mantenerse en su papel de veladores de la legalidad democrática”.

El caso de Mariano Zapico es el primero de los cinco expedientes impulsados en Cádiz por la asociación memorialista y la Fiscalía. Los demás afectan al diputado republicano Manuel Muñoz Martínez; al médico Pablo Bauzano Guillén, perseguido por su militancia política y su pertenencia a la masonería; al capitán de Artillería Julio Ramos Hermoso, represaliado por su lealtad a la República; y al sindicalista de UGT José Díaz Díaz, asesinado tras el golpe.

Cada uno representa una forma distinta de la represión: el castigo a los responsables institucionales, la eliminación de los adversarios políticos, la depuración profesional, la persecución de los militares leales y la destrucción del movimiento obrero. Las futuras resoluciones determinarán si la vía abierta con Zapico se consolida y puede extenderse a otras víctimas en Cádiz y en el resto de España. Para ratificar de manera oficial que a quienes mataron por rebeldes hoy se les puede llamar víctimas.

“¿No te parece muy raro?”. Dos canis en moto se gritaban al cruzar por la Verja de Gibraltar unos minutos después de que, a mediodía, una grúa hubiera retirado la herrumbrosa cancela que separó durante más de un siglo a La Línea y al Peñón.

Una grúa la había levantado en peso mecánicamente, ante la mirada protocolaria del presidente Pedro Sánchez, de su ministro de Exteriores, José Manuel Albares y un séquito que incluía a los alcaldes del Campo de Gibraltar, a la presidenta de la Mancomunidad, a Fabian Picardo, ministro principal de la Roca y su vice, el historiador Joseph García: “Estudiar un plan B por si el Tratado no salía adelante, fue terrible. Cada vez que sacaba una nota técnica, para tenerlo todo estudiado, temía que tuviéramos que aplicarla”, comentaba este yanito del Gibraltar Liberal Party, autor de The Gibraltarians, un libro fundamental, y cuyo padre, Joe García, fue un influyente periodista que hubiera merecido estar hoy en La Focona –The Four Corners--, si su muerte, hace años, no se lo hubiera impedido.

“Echo mucho de menos, aquí, a Bernard Linares y a Tito Benady, lo que hubieran dado por ver esto”, protestaba por los mismos motivos Francisco Oda, actual director del Instituto Cervantes en Dublín y único director del Instituto Cervantes de Gibraltar, hasta que lo cerró Margallo. Linares y Benady también causaron baja, por defunción, en las filas de quienes, a un lado y a otro de la Verja, defendieron durante décadas el entendimiento y el conocimiento recíproco.

Hoy, la frontera se ha convertido en una calle normal y corriente. Ya no está –lo volvió a decir el presidente Sánchez—el último muro de Europa. Mientras caía, quien tomó la palabra ante las autoridades fue Jesús Casas Gande, el presidente de la empresa pública Tragsa, que fue la encargada de la demolición. “Desde el punto de vista técnico no es complicado –advertía a quien se lo preguntase--, pero había que hacerlo bien y en muy poco tiempo. Se trataba de un acontecimiento histórico y no podía salir mal. ¿Ves esos dos cuernecillos que le salen a la terminal del aeropuerto? Ahí van a estar los policías españoles que hagan el control Schengen?”.

El comisario europeo Maros Sefcovic, uno de los muñidores del acuerdo, no estuvo en los fastos de este miércoles, pero el día anterior había vuelto a verse en Bruselas con el equipo negociador habitual. Incluso Albares le otorgó la Medalla al Mérito Civil. Quien lucía en cambio su Medalla al Mérito Policial era hoy Francisco Mena, presidente de la Coordinadora contra la Droga “Alternativas”. “La situación del narcotráfico en la comarca, hoy por hoy, no se parece en nada a la de hace ocho años”, repetía de micrófono en micrófono del ingente número de periodistas que ejercían de enviados especiales a la historia.

Antes de que Sánchez tomase la palabra bajo un sol de justicia aliviado por un poniente amable, un grupo de pavanas se enfrentaba a un dron fletado por una televisión para las tomas aéreas. Durante su discurso, despegó un avión de EasyJet rumbo a Gran Bretaña: buena señal. Y antes y durante, como un eco remoto, sonaban los gritos de un reducido grupo de allegados a Vox, que fracasaron la noche anterior a la hora de intentar convertir la euforia festiva en un tumulto patriotero. “A mi me encantaría librar un combate con Santiago Abascal, aunque sea por puntos”, bromeaba el boxeador y sindicalista gibraltareño Darren Cerisola, presidente del Grupo Transfronterizo, que reúne a sindicatos y a empresarios de los dos lados de la antigua frontera.

Hoy, los de los gritos de intenso rojigualda se confundían con un tipo vestido con los colores de la selección y una bandera española, que jugaba a dar paso a los vehículos que iban y venían junto al bulevar linense, justo en donde se alza la estatua a los trabajadores españoles en bicicleta que, presumiblemente, tendrá una escultura gemela pero con forma de mujer, el año que viene, si es que hay presupuesto.

Hasta allí se desplazaron Salvador Molina, presidente de la Asociación Socio Cultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (ASTEG), y su asesor legal, Antonio Sánchez Morodo, que están felices pero a verlas venir a medida en que el Tratado suscrito entre la Unión Europea y Gran Bretaña se haga efectivo y aparezcan los inevitables problemas y asignaturas pendientes: “El mayor problema hubiera sido que no hubiera acuerdo”, se felicitaban.

El evento transcurrió en modo de calma chicha. Tanto es así que el presidente del Gobierno tuvo ocasión incluso de hablar de fútbol y de la final del Mundial de este próximo domingo. A su vera, un allegado le susurró: “Pues mejor que sea con Inglaterra, porque como sea con Argentina, te veo en la tribuna con Donald Trump y con Javier Milei”. No se vio a Pedro Sánchez sonreír en ese momento, pero posiblemente lo hizo.

El acto protocolario se situó en el antiguo recinto de salida del Peñón donde la Guardia civil y Aduanas pedían la documentación y los papeles del camión, como en la vieja canción de los Chanclas. Alli habían ido apareciendo los alcaldes: el de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, del PSOE, feliz; el de Algeciras, Jose Ignacio Landaluce, que permanece aún fuera del PP, con cara de circunstancias--; el de La Línea, Juan Franco, cumplió lo prometido y le preguntó a Sánchez qué hay de lo mío. Lo suyo, lo de La Línea, es reclamar para esa ciudad sin término los terrenos que queden excedentes tras la caída de la zona fronteriza.

Carlos Fenoy, presidente de la Cámara de Comercio de la Bahía de Algeciras, también estaba allí pero sólo se acercó a Sánchez para estrecharle la mano: “Seguimos con nuestra petición de Zona Económica Especial para el Campo de Gibraltar. La semana que viene vamos a reunirnos con un director general en Madrid, a ver qué posibilidades hay de sacarla adelante”.

Es la mayor reivindicación, hoy por hoy, de la comarca circunvecina al Peñón. Aunque Gibraltar vaya a tener una carga impositiva mayor de la que tenía, se equipara con los IVAs más enclenques de la Unión Europea: Luxemburgo o Irlanda. Y los municipios de alrededor temen que eso de al traste con el mantra de la prosperidad compartida. Las ventajas fiscales de la Zona Económica Especial podrían aliviarle de ese luto.

“Ha sido un gusto entrar y salir del Peñón sin enseñar el carné de identidad y guardar cola como todos los días”, afirmaba José Contreras, veterano en ese ir y venir de trabajadores transfronterizos: 15 o 16.000 –no hay un censo exacto--, de los que más de 10.000 son españoles.

Como los cinco o seis churreros, que cruzan a diario hacia el Peñón. Como Dorothy y Cinthya, que volvía de La Línea al Peñón a eso de las tres de la tarde y volvían a asustarse al ver las colas de coches intentando cruzar: “¿Pero esas colas no iban a acabarse?”. No se acabarán definitivamente, pero ahora acaban pronto. En cualquier calle, también, se producen atascos.

Los portavoces de los tres grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Cádiz, Partido Popular, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, van a elevar a la Comisión de Honores y Distinciones una propuesta conjunta para la concesión de los Títulos de Hijos e Hijas Predilectas y Adoptivas y también para las Medallas de Oro de la Ciudad para este año 2026.

El periodista y escritor Juan José Téllez Rubio, colaborador de elDiario.es Andalucía, recibirá uno de esos reconocimientos, en concreto en el apartado de Hijos e Hijas Adoptivos y Adoptivas, junto a la docente Ana Rodríguez Penín; el que fuera director de Publicidad de Diario de Cádiz, Ildefonso Marqués Clavijo; la actriz y carnavalera Ana López Segovia; el director de la Andalucia Film Office, Carlos Rosado Cobián; y la política Carmen Romero López.

Para el título de Hijos e Hijas Predilectos y Predilectas se han propuesto al carnavalero José Luis García Cossío ‘Selu’; la sindicalista Carmen Pérez Fuentes; el dirigente vecinal José Rodríguez Vázquez; la científica Carola García de Vinuesa; el intelectual Francisco González de Posada; y la baloncestista Begoña García Piñero.

El periodismo, “una forma de servicio público”

Las Medallas de Oro de la Ciudad van a ser para el comercio Casa Serafín; la Compañía de la Tía Norica; el Colegio de Educación Infantil y Primaria San Rafael; y para la imagen de María Santísima de las Penas Coronada por su Coronación Canónica. Esta distinción cuenta con el respeto pero no con la unimidad de todos los grupos municipales, tal y como ha expresado Adelante Izquierda Gaditana.

Según explica este miércoles el Ayutamiento de Cádiz, Juan José Téllez Rubio nació en Algeciras pero ha estado ligado a la ciudad de Cádiz desde que tenía 12 años. Este periodista y escritor ha desarrollado durante más de cuatro décadas una labor cultural, literaria y periodística excepcional. Pocas personas han sabido encarnar con tanta naturalidad el espíritu abierto, multicultural, crítico y solidario que siempre ha caracterizado a nuestra ciudad. Ha ejercido el periodismo como corresponsal, reportero, columnista, director de Europa Sur y subdirector de Diario de Cádiz entre otros.

Su trayectoria profesional ha estado marcada por la defensa de los valores democráticos, la libertad de expresión, la justicia social y el diálogo entre culturas, haciendo del periodismo una forma de servicio público. Asimismo, ha construido una de las obras literarias más sólidas de la cultura andaluza contemporánea, donde ha cultivado la poesía, el relato, el ensayo y el género biográfico.

Téllez participó en la Transición en el colectivo Jaramago, que fue un vivero de escritora, pensamiento crítico militancia cultural.

Será ratificada el jueves 30 de julio

Una vez que se ha llegado a este acuerdo entre los tres partidos con representación plenaria, se elevará la propuesta a la Comisión Municipal de Honores y Distinciones que va a tener lugar el próximo lunes 27 de julio. Posteriormente, la propuesta será ratificada con la aprobación en el Pleno Ordinario que será el jueves 30 de julio.

Finalmente, se entregará cada uno de los títulos a todas las personas e instituciones el día 4 de noviembre en un acto que tendrá lugar en el Palacio de Congresos.

La Verja ha caído justo a las 0 horas del día 15 de julio de 2026 tras cinco años de intensas negociaciones, a las que la Unión Europea dio via libre precisamente en julio de 2021, para buscar un Brexit blando en la frontera gibraltareña. El baile de ministros de Exteriores y de primeros ministros en el Reino Unido no ha impedido que se alcance un acuerdo, cuya ratificación provisional se producía horas antes en Bruselas, que permitirá la libre circulación de personas y mercancías entre La Línea y Gibraltar, que pasa a incorporarse a los beneficios y responsabilidades de Schengen, sin llegar a estar en Schengen. Más allá del acuerdo político, el momento se ha vivido con una fuerte sensación de esperanza, pero también con cautela y un poso de incertidumbre, a un lado y a otro de la Verja que ya no existe.

Una muchedumbre, entre la que podían verse numerosas banderas españolas –eso sí, con el escudo constitucional—avanzó poco antes de la medianoche, desde La Línea al Peñón. La multitud, enfervorizada por la victoria española frente a Francia en el Mundial de Fútbol, aguó en cierta medida la fiesta de desaparición de la Verja, con gritos de “Gibraltar español” y algún ocasional exabrupto contra Pedro Sanchez, en vísperas de que el presidente del Gobierno español también se desplace hasta allí. Algunos habían logrado penetrar al interior de la Roca, ondeando la rojigualda desde Europa Point, en la costa de Levante, junto a la gran mezquita gibraltareña.

Para Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, la euforia futbolística podría explicar la manifestación espontánea, que fue contenida por la Guardia Civil, para que no irrumpiese en la Focona –The Four Corners—al otro lado de la zona fronteriza que ya no existe: “Lo importante es que Europa ha vuelto y tenemos un Tratado que permitirá que la frontera fluya”, aseguraba el líder gibraltareño, poco después de abrazar a Juan Franco, alcalde de La Línea, que también se desplazó hasta dicho punto de encuentro para vivir ese momento históríco.

“Yo pensaba que esto no iba a verlo. Esta Verja, lo único que ha hecho es separar a dos pueblos”, aseguró el alcalde linense, que, ante la creciente presencia de hinchas del nacionalismo español –futbolístico o político, que nunca se sabe--, se anticipaba a los acontecimientos: “Tendremos que disponer un dispositivo especial para el partido del domingo entre España e Inglaterra, porque además coincide con el domingo rociero de la Velada”.

Entre claxons y el sonido de las vuvuzelas, el oeee-oeee-oeee futbolístico sucedía en la banda sonora de la madrugada a la novena de Beethoven, el himno de la Unión Europea, que acababa de oírse, ante la comitiva gubernamental que se encontraba situada al pie de la antigua frontera y en la que figuraban todos los miembros del Ejecutivo de Picardo.

Entre su equipo, se encontraba Joe Bossano, el octogenario ministro principal de Gibraltar que ahora forma parte de su gabinete y al que los reporteros de la televisión gibraltareña le preguntaron qué opinaba de los gritos de ´Gibraltar español´ que seguían oyéndose entre banderas: “Si ellos dicen que Gibraltar es español, yo digo que Gibraltar es nuestro y vamos a ir por el Campo de Gibraltar, el Campo es nuestro”, bromeaba con cierta socarronería, mientras se dejaba abrazar por Juan Carmona, que era alcalde socialista de La Línea cuando se abrió la Verja en 1982, tras el cierre decretado por la dictadura de Francisco Franco, en 1969. Ahora, es miembro del Grupo Transfronterizo: “Yo lo único que quiero es saludar a mi viejo amigo. Lo somos desde hace cuarenta años o más”.

“En España, siempre están con las banderas, aquí sólo las sacamos el National Day –prosiguió Bossano--. Yo creo en la identidad de Gibraltar”.

Muy cerca, un reducido grfupo de gibraltareños asistía a los acontecimientos con una tranquilidad próxima a la flema británica, mientras coches y motocicletas salían o entraban con normalidad, para vivir la experiencia, mientras la euforia futbolística parecía atenuarse, tan sólo media hora después de que el último muro de Europa dejara de existir.

Las banderas de España, del Reino Unido y de Gibraltar seguían ondeando, sin embargo, entre algunas gibraltareñas, pero la sangre no parecía, a esas alturas, que fuera a llegar al río. Desde España, empezaron a gritar “vivan los llanitos”. Y, en el Peñón, una pancarta celebraba en español al líder gibraltareño que logró evitar un Brexit duro en una frontera que ya no existe desde la medianoche: “Picardo, la madre que te parió, eres el mejor”.

Visita de Sánchez

La celebración gibraltareña de la desaparición de la Verja precede al viaje de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que, en compañía de José Manuel Albares, ministro de Exteriores, tiene previsto reunirse este miércoles con representantes institucionales y de la sociedad civil y empresarial del Campo de Gibraltar, justo en el lugar en donde ya no estará la Verja que levantó Gran Bretaña en 1908.

A dicha cita acudirán sindicatos y empresarios. De entrada, la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) ya ha realizado, horas atrás, una primera valoración del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea, España y el Reino Unido sobre Gibraltar, destacando que supone un paso relevante para avanzar hacia un escenario de mayor estabilidad institucional, económica y social.

Este no es un día cualquiera, asegura Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, poco antes de firmar el acuerdo provisional que permitirá aplicar el Tratado suscrito entre Gran Bretaña y la Unión Europea a partir de este miércoles.

No es un día para la negociación sino para el consenso: «Este es el día en que engañamos al Brexit», declaró ufano el líder gibraltareño, cinco años después de comenzar el proceso negociador que ha cambiado las reglas del juego diplomático y suprimir el último muro de la Europa de Schengen.

Este mismo martes, en Bruselas, Picardo ha suscrito el prometido Concordato Reino Unido-Gibraltar en Bruselas, que permitirá al Peñón demandar a Londres que se retracte del Tratado en caso de que no satisfaga sus intereses. Él lo ha firmado en nombre de Gibraltar y el Secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, hizo otro tanto en nombre del Reino Unido. La firma tuvo lugar en Ducale, la residencia del embajador británico ante la Unión Europea, antes de la ceremonia formal del Tratado en el edificio Berlaymont de Bruselas.

Paca tenía nueve años cuando la guerra le cambió la vida para siempre. Nació y creció en San Pablo de Buceite, una pedanía de Jimena de la Frontera (Cádiz), donde su infancia quedó marcada por una huida desesperada, una familia rota y la ausencia de un padre al que nunca volvió a ver. Francisca Saraiba Acedo ha muerto a los 99 años sin haber podido cerrar la herida que la acompañó durante casi nueve décadas: saber dónde estaba enterrado José Saraiba Saraiba, su padre.

Su historia es la de muchas familias que todavía buscan respuestas sobre la represión franquista. Paca fue una de las últimas supervivientes que conservaba en primera persona el recuerdo de aquellos días de 1936 y 1937, cuando el miedo obligó a miles de personas del Campo de Gibraltar a abandonar sus casas ante el avance de las tropas sublevadas.

“Paca salió con su familia cuando tenía nueve años. Se fueron con lo puesto, como muchas otras personas, camino de Málaga”, explica a elDiario.es Andalucía el periodista e investigador Juan León Moriche, integrante del Foro por la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar. “Ella recordaba perfectamente aquel camino, cómo llegaron hasta San Pedro de Alcántara y cómo después tuvieron que regresar”.

La caída de buena parte del Campo de Gibraltar en septiembre de 1936 provocó uno de los primeros grandes desplazamientos de población vinculados a la Guerra Civil en Andalucía. Jimena de la Frontera resistió algo más que otros municipios de la comarca, al encontrarse en una zona de sierra, pero finalmente las tropas sublevadas entraron en la localidad. Muchas familias que habían huido regresaron después a sus pueblos pensando que podrían recuperar una vida normal. Para muchas de ellas comenzó entonces una nueva pesadilla.

Entre quienes volvieron estaba la familia de Paca. Su padre, José Saraiba, era zapatero y ejercía también como guardia municipal en San Pablo. Fue detenido y fusilado en 1937 junto a otros vecinos de Jimena. Su mujer, Josefa Acedo, estaba embarazada y tenía varios hijos a su cargo.

“La historia de Paca es la de una mujer que sobrevivió desde niña a una situación durísima”, señala Moriche. “Su madre se quedó viuda, embarazada y con varios hijos pequeños. Fue una superviviente en unas condiciones de absoluta precariedad, como tantas otras mujeres de aquella época”.

La búsqueda de José Saraiba comenzó muchas décadas después de aquel asesinato. Como otras familias de represaliados, los descendientes querían recuperar no solo unos restos, sino también una parte de una historia que durante años permaneció silenciada. El Foro por la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar inició en 2019 una investigación previa a los trabajos arqueológicos en el cementerio de Jimena, con la recopilación de testimonios de familiares.

En ese proceso entrevistaron a Paca. Su relato quedó recogido, junto al de otras familias, en el libro Jimena de la Frontera, 1936-1945. Testimonios. Hablan las personas que buscan a sus familiares asesinados, elaborado por Juan Miguel León Moriche y Jesús Román Román.

“Cuando la entrevistamos en 2020 ella tenía muy presente todo lo que había ocurrido. No era un recuerdo lejano, era algo que había formado parte de toda su vida”, cuenta Moriche. “Siempre estuvo vinculada a los actos de memoria que organizábamos en Jimena. Para ella no era una cuestión del pasado, era una búsqueda que seguía abierta”.

Los trabajos de exhumación realizados en el cementerio municipal durante los veranos de 2020 y 2021 permitieron localizar restos de 19 personas. Treinta familias aportaron muestras de ADN con la esperanza de que las comparaciones genéticas permitieran identificar a sus familiares desaparecidos. Entre ellas estaba Paca, que lo hizo en 2020.

Pero la respuesta nunca llegó. Los análisis quedaron pendientes y las familias continúan esperando los resultados que puedan confirmar si alguno de esos restos pertenece a sus seres queridos.

“Es muy frustrante porque las familias han hecho todo lo que tenían que hacer. Han aportado sus muestras, han dado sus testimonios y siguen esperando”, lamenta Moriche. “El problema es que el proceso está bloqueado. La Universidad de Granada es la que tiene que realizar los análisis comparativos y no se está avanzando”.

Paca, pese a su avanzada edad y sus problemas de movilidad, siguió participando en los homenajes. En octubre de 2022 acudió al cementerio de San Pablo, donde fueron depositados los restos recuperados durante las exhumaciones, aunque todavía sin identificar. Llegó en silla de ruedas, pero quiso levantarse para fotografiarse junto a otros familiares de víctimas.

Aquel día volvió a recordar a su padre. Lo hacía como había hecho durante toda su vida: sin olvidar su nombre y reclamando que su historia no quedara enterrada junto a él.

Paca deja cinco hijos, que han recibido de ella el testigo de continuar una búsqueda que empezó cuando era una niña y que nunca abandonó. Su muerte supone la desaparición de una voz directa de aquella generación que sufrió la represión, pero también deja un legado: el de quienes mantuvieron viva la memoria cuando durante décadas no hubo respuestas.

Casi 90 años después del asesinato de José Saraiba, la pregunta continúa sin resolver. Paca se marchó sin conocer la verdad completa, pero sus hijos y las familias que siguen esperando mantienen pendiente una deuda con quienes fueron asesinados y enterrados en silencio.

La historia de Paca no termina con su muerte. Continúa en una muestra de ADN, en una fosa todavía sin identificar y en la memoria de una familia que sigue esperando recuperar el nombre y los restos de un hombre que desapareció en 1937.

Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global, ha anunciado su renuncia al cargo tras verse vinculado a una referencia en uno de los grupos de redes sociales intervenidos al grupo de empresarios investigados por blanqueo de capitales y detenidos la pasada semana en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Según ha indicado a Europa Press, da este paso ante las informaciones publicadas “con el único objetivo de no perjudicar a la institución que hasta la fecha he representado y con plena confianza en que los hechos quedarán esclarecidos”.

La Guardia Civil llevó a cabo la semana pasada una operación contra el blanqueo de capitales con registros en un despacho de la Diputación de Cádiz, así como en oficinas y locales de hostelerías de El Puerto y de la provincia de Sevilla. Detuvo a once personas, de las que dos, tras pasar a disposición judicial, ingresaron en prisión y seis quedaron en libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial cuando sean llamados.

Se investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

Blanqueo a través de contratos de patrocinio

Los investigadores sospechan que el promotor portuense Pascual Llopis y el empresario sevillano Mario García, ambos en prisión preventiva, blanquearon dinero del narco a través de contratos de patrocinio de festivales y conciertos con la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, ambas gobernadas por el PP.

“Primero hay que usar siempre a Germán [Beardo, alcalde de El Puerto y vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz] y al PP”, señala García en una conversación de Whatsapp intervenida por los investigadores, y en la que se comenta su intención de expandir el Festival Puro Latino. Días antes, el propio García había intentado averiguar si se le había ofrecido o dado “algo” a Gordo, un alto cargo de la Junta de Andalucía. “Yo es que para eso soy muy generoso”, escribe, antes de sugerir una mordida del 10% y “regalitos todo el año”, según los mensajes desvelados por El País. “A ese le gusta tela”, dicen de él, antes que otro empresario proponga regalarle un jamón, y “dentro, métele tres o cinco mil euros”

Diario de Cádiz informó este jueves de que uno de los testigos ha declarado ante el juez que el político al que llamaban Gordo podía ser Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global, órgano dependiente de la Consejería de Turismo y Acción Exterior de la Junta, y ex delegado de Cultura en Cádiz.

Los investigadores creen que Mario García encabeza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y usaba a Pascual Llopis como testaferro y herramienta de blanqueo de los beneficios a través de conciertos y el festival Puro Latino. Los investigadores encontraron 1.166.000 euros en efectivo en el domicilio de Llopis, 455.000 de ellos envasados al vacío; y 572.000 en la de García. Este último está investigado por tráfico de cocaína y blanqueo en juzgados de Jerez y Sevilla y se sentará en el banquillo de los acusados por presuntamente inutilizar el Sistema de Vigilancia del Estrecho (SIVE) en 2015, un asunto por el que se enfrenta a seis años de prisión.

El incendio en el paraje de El Alamillo, en Grazalema (Cádiz), se ha dado por estabilizado en la mañana de este martes. “Ya no hay llamas”, ha anunciado el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que ha rebajado el nivel de la situación operativa del plan de emergencia a cero. Esto significa que la población que había sido evacuada puede volver. Además, implica también la apertura de instalaciones, como puede ser el Hotel Fuerte, donde se desalojó a 60 personas, así como la recuperación parcial de carreteras de acceso que fueron cortadas.

Según ha explicado Sanz en declaraciones a los periodistas, tras sobrevolar en la mañana de este martes la zona y mantener la reunión del Comité de Operaciones se ha comprobado que la evolución del incendio “ha sido muy favorable”, de hecho “no hay llamas en estos momentos, exclusivamente puntos calientes y la actuación de los medios aéreos se está circunscribiendo prácticamente a hacer de escoba, una labor de microcirugía ya de atender a puntos calientes que se puedan reavivar”.

En este sentido, ha explicado que “aunque el viento no va a ser protagonista, las altas temperaturas puede hacer que esos puntos calientes humeen, pero la gran actuación del dispositivo Infoca ha logrado que en este momento, tras lo vivido este lunes con un incendio muy complejo, ya no haya llamas, lo que lógicamente lleva a una situación de seguridad, tranquilidad y toma de decisiones como dar por estabilizado este incendio, se supera la fase de peligro, la fase más compleja”.

El consejero ha explicado que el dispositivo Infoca va a permanecer actuando hasta su control y hasta su definitiva extinción, que puede durar varios días, pero el incendio se da por estabilizado“.

El incendio obligó ayer al desalojo preventivo de un centenar de personas, unas 60 alojadas en el hotel, y a la movilización de 15 medios aéreos y 120 efectivos terrestres.

Un operativo de la Guardia Civil, dependiente de la Comandancia de Sevilla, realiza registros en el área de Diputación de Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María (PP), diputado provincial de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico y vicepresidente cuarto de la Institución Provincial.

En un comunicado, el portavoz del Gobierno provincial de la Diputación, Juancho Ortiz, ha explicado que miembros de la Guardia Civil procedentes de Sevilla se han personado en dependencias de la Institución Provincial, gobernada por el PP, ubicadas en el Edificio Roma para solicitar información sobre algunos expedientes de contratos de patrocinio en el marco de una investigación en curso.

Asimismo, ha asegurado que en todo momento el personal que desarrolla su trabajo en dicha sede ha prestado su “máxima colaboración”, así como la Institución, facilitando el acceso a toda la información del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico que han solicitado.

El operativo ha comenzado a primera hora de la mañana de este miércoles en El Puerto de Santa María en las oficinas y negocios de un conocido empresario de la ciudad, que cuenta en el municipio con negocios hosteleros y organiza eventos de grandes conciertos o festivales.

Cinco expedientes

El alcalde de El Puerto de Santa María y diputado provincial del Área de Planificación Estratégica de Diputación, Germán Beardo, ha señalado que la Guardia Civil no ha realizado “ningún registro” en su despacho de la Institución Provincial, sino que han requerido información sobre cinco expedientes de contratos públicos de patrocinio relacionados con conciertos de un empresario promotor de esos eventos que se les ha facilitado.

En un nota, Beardo ha explicado que los agentes de la Guardia Civil han solicitado cinco expedientes de contratos públicos de patrocinio relacionados con el empresario -del que supuestamente han registrado su oficinas también- sobre conciertos en diversas localidades la provincia de los cuales era promotor. Además, ha indicado que los agentes se han personado en otras administraciones con las que los empresarios han tenido contratos públicos.

“No ha habido ningún registro en mi despacho del Área de Planificación Estratégica en Diputación”, ha asegurado Beardo, que ha añadido que “sin ser requerido” se he personado en el Edificio Roma “para apoyar las actuaciones y apoyar al personal técnico, abandonando el área porque no era necesaria mi presencia”, ya que “el personal técnico de la Diputación ha facilitado toda la información requerida en máxima colaboración”.

Asimismo, ha lamentado “el uso político y torticero de una operación de investigación sobre la que no existe información oficial de un empresario local en la que nada tengo que ver”.

El PSOE pide responsabilidades

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha manifestado su “enorme preocupación” ante los registros que está llevando a cabo la Guardia Civil “tanto en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María como en la propia sede de la Diputación Provincial de Cádiz” y ha asegurado que están “expectantes y con incredulidad ante la información, todavía escasa, que llega de esta actuación”. No obstante, ha pedido responsabilidades al PP, del que ha criticado “su doble moral”.

“Esta es ya la segunda sede, la segunda Diputación Provincial de Juanma Moreno, que se ve afectada por una investigación que algunos medios de comunicación ya sitúan en el delito de blanqueo de capitales”, ha manifestado en una nota Ruiz Boix, que ha señalado “directamente a la cúpula del gobierno provincial, ya que ”parece que el despacho de Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la Diputación, puede ser uno de los afectados“.

Así, ha criticado “la evidente doble moral de la derecha” y ha exigido explicaciones al presidente provincial del PP, Bruno García, y al presidente regional, Juanma Moreno. “Pedimos la mayor transparencia y pedimos que el PP, que habitualmente actúa como Torquemada y que siempre exige dimisiones a los gobiernos socialistas, reflexione”.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Javier Pizarro, ha pedido a la presidenta de la Institución provincial, Almudena Martínez del Junco, “máxima transparencia ante los registros que ha realizado la Guardia Civil” y ha reclamado una “valoración inmediata” a La Línea 100x100 --socios de gobierno--, advirtiendo de que, como parte activa del gobierno de la Diputación de Cádiz “tendrán también que actuar con transparencia y decir si sabían algo y si comparten lo que ocurre en el edificio Roma”.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado el trámite para cambiar la denominación del puente José León de Carranza que da acceso a la ciudad de Cádiz por la del poeta Rafael Alberti, en cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática, que establece la obligación de retirar elementos, denominaciones y reconocimientos públicos que supongan exaltación de personas vinculadas al golpe de Estado, el bando sublevado de la Guerra Civil o la dictadura franquista.

En una nota, el Ministerio ha reseñado que José León de Carranza fue alcalde franquista en Cádiz durante 21 años y tuvo “una participación activa” en el golpe de Estado de 1936, mientras que Alberti representa “una de las figuras claves de la literatura y de las libertades democráticas en España”.

Este es el tercer cambio de denominación en Cádiz que afecta a la familia Carranza, de origen aristócrata y vinculada al régimen franquista. El padre, Ramón, fue alcalde de la ciudad durante la dictadura de Primo de Rivera y la guerra civil, y se puso inmediatamente a disposición del golpe de Estado antes de fallecer en 1937 a los 74 años de edad. El gobierno local anterior, liderado por José María González 'Kichi' (Adelante Cádiz), retiró su nombre de una de las principales avenidas de la capital gaditana e impulsó una consulta popular para limpiar también de vestigios franquistas el título del estadio, que desde 2021 pasó a denominarse 'Nuevo Mirandilla' (en honor al primer campo de fútbol de la ciudad).

Por su parte, su hijo José León de Carranza fue designado alcalde vitalicio de Cádiz por Franco, cargo que ejerció desde 1948 hasta 1969. Su hermano Ramón fue designado alcalde de Sevilla por Queipo de Llano (1936-1938) y presidente de la Diputación Provincial de Sevilla (1946-1961) por Franco.

Puente inaugurado en 1969

La nueva denominación garantiza el cumplimiento de la legislación vigente y convierte uno de los accesos clave a la ciudad gaditana en “un espacio de reconocimiento a un referente de la cultura española y de la defensa de las libertades”.

Rafael Alberti nació en El Puerto de Santa María (Cádiz) el 16 de diciembre de 1902 y falleció el 28 de octubre de 1999. Fue miembro de la generación del 27 y considerado uno de los mayores referentes de la literatura española. Fue reconocido con el Premio Nacional de Poesía en 1924 por su obra Marinero en Tierra y con el Premio Cervantes a su trayectoria en 1983.

De esta manera, la nueva denominación del puente refuerza la vinculación de Cádiz con la figura de Alberti. El cambio afecta exclusivamente a la denominación oficial de la infraestructura, manteniéndose inalteradas sus características y funcionalidad.

El Puente José León de Carranza se inauguró en 1969 como homenaje al alcalde franquista fallecido unos meses antes de la puesta en servicio y configura uno de los accesos más importantes a la ciudad de Cádiz.

Es una estructura de 1.400 metros de longitud formada por 29 vanos isostáticos de vigas de hormigón y un vano metálico móvil en la que, además, recientemente, el Ministerio ha destinado 4,02 millones de euros a las obras de emergencia para la sustitución de vigas de uno de los vanos para garantizar la seguridad y la circulación de esta infraestructura estratégica para la Bahía de Cádiz.

Cabe recordar que la solicitud del cambio de nombre de este puente fue impulsada por la formación de Sumar, que presentó varias iniciativas al Congreso al respecto.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha decretado alerta alimentaria sobre dos productos chicharrón grande y morcilla de la marca Carnes y Congelados Jupe Jerez SL, una empresa cárnica gaditana, por la presencia de Listeria monocytogenes.

En un comunicado, la Junta traslada que se trata de los lotes 6221, 6241 y 6252, con fechas de consumo preferente 03/08/2026, 17/08/2026 y 25/08/2026, respectivamente, de chicharrón grande, así como del lote 6244 de morcilla con consumo preferente 21/07/2026.

La empresa, que ha detectado la presencia de listeria en sus autocontroles rutinarios, de modo voluntario y bajo control de los Servicios Oficiales, ha procedido a la retirada y recuperación de los productos afectados, a la parada de producción de alimentos listos para el consumo, así como a la realización de actividades extraordinarias de limpieza y desinfección y de muestreos de superficie.

No consumirlos y devolución al punto de compra

Como consecuencia de las investigaciones de control, la Consejería ha decidido, en atención al principio de precaución y para mantener un elevado nivel de protección de la salud de los consumidores, retirar todos los lotes de estos productos que se han distribuido en establecimientos de Cádiz, Jerez de la Frontera, Rota, Prado del Rey, Vejer de la Frontera, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, la pedanía jerezana de La Barca de la Florida y la de Junta de los Ríos (Arcos de la Frontera).

Además, Salud Pública recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos y lo devuelvan al punto de compra. En caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la listeriosis (principalmente vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se aconseja consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).

Finalmente, la Junta ha señalado que esta información ha sido transmitida a la Aesan a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. Además, ha sido trasladada al Servicio de Control Oficial de Cádiz con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, cree que “sería tonto” el político que en un futuro quisiera revertir el acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre el Peñón por el que desaparecerá la Verja a partir del próximo 15 de julio, ya que beneficiará a los ciudadanos de ambos lados. Ese es el mensaje que lanza a un hipotético futuro gobierno en España encabezado por el PP y del que también forme parte Vox, a falta de menos de un mes para que se materialice un acuerdo criticado por ambas formaciones, en un encuentro con medios españoles, incluido Europa Press, preguntado por la posibilidad de que pudiera pedir la suspensión de lo acordado entre Londres y Bruselas y si le preocupa esa posibilidad.

“No vamos a entrar en un acuerdo mirando qué vamos a hacer para salirnos de él, aunque todos los acuerdos tienen que tener esa cláusula”, ha sostenido, en referencia a la posibilidad de que una de las partes puede denunciarlo en cualquier momento. En paralelo, ha defendido que lo que hay que hacer es “empezar a trabajar para que sea un absoluto éxito”. En su opinión, el acuerdo contiene las “oportunidades” para que sea así en “uno, dos, tres o cuarenta años”.

“Sería tonto el político que intentara traer menos fluidez, traer menos prosperidad compartida” a Gibraltar y el Campo de Gibraltar, ha subrayado, esgrimiendo los dos principales argumentos a favor del acuerdo que se han venido ofreciendo: que facilitará el movimiento de personas y mercancías y que contribuirá a reducir las desigualdades que imperan actualmente a ambos lados de la Verja.

Tras decir que no le corresponde a él dar “consejos a ningún político español, menos a los de la derecha”, ha añadido que “les aconsejaría que le echaran la culpa siempre al PSOE por este acuerdo, pero que permitieran que la ciudadanía siguiera teniendo el beneficio de la fluidez, el beneficio de la prosperidad compartida” y ellos el de no haber sido quienes lo habían firmado.

Mala relación con parte del PP

Picardo ha reconocido que con algunos elementos del PP “la relación es francamente mala” pero con otros “es muy buena”. En este sentido, ha recordado que la negociación arrancó cuando era ministro de Exteriores Alfonso Dastis, al tiempo de que se ha mostrado convencido de que los populares habrían rechazado el texto en cualquier caso.

“Yo creo que la reacción del PP al acuerdo en relación a Gibraltar siempre iba a ser la que ha sido, fuera cual fuera el acuerdo, mientras no lo hubiera hecho el PP”, ha valorado, incidiendo en que los de Alberto Núñez Feijóo están en el rechazo continuo a todo lo que hace el Gobierno.

“Si el PSOE dijera mañana 'vamos a dar a todos los españoles un millón de euros porque hemos convencido a la señora [Ursula] Von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea) de que nos los avance'”, el PP diría que es “una vergüenza y debería ser un millón y medio”, ha ilustrado.

Así las cosas, ha sostenido que la relación entre el Gobierno español y el gibraltareño, ambos del “mismo ámbito ideológico”, es “la mejor relación que ha habido en la historia entre los dos gobiernos”. Como resultado de ello, ha añadido, no sólo han trabajado “muy bien” en la elaboración del acuerdo sino también en otros momentos como durante la pandemia.

Mensaje a Vox

Por lo que se refiere a Vox, y a la posibilidad de que los de Santiago Abascal pudieran intentar promover algún tipo de marcha para reivindicar la españolidad de Gibraltar ahora que dejará de existir el control fronterizo en la Verja, Picardo ha defendido que el Peñón cuenta con leyes. “Si te quieres manifestar en Gibraltar tienes que obtener un permiso de la Policía Real de Gibraltar y si te manifiestas sin ese permiso estás actuando ilegalmente”, ha advertido.

Además, ha recordado que en la “base de datos” policial gibraltareña figura “en busca y captura” una persona que “ya no es miembro de Vox”, en referencia a Javier Ortega Smith, quien en 2014 se llevó un bloque de hormigón de un arrecife artificial de Gibraltar.

En otro orden de cosas, y volviendo al acuerdo, Picardo no ha dado por cerrado que la firma, paso necesario para que pueda empezar su implementación provisional, vaya a producirse el 13 de julio en Bruselas, dado que hay que cuadrar las agendas tanto de la Comisión Europea, como del Gobierno británico, el español y el gibraltareño. “Puede ser el 14 o la semana de antes”, ha señalado. “Lo que está claro es que estamos todos completamente comprometidos en que la aplicación provisional sea a partir del día 15 y no puede haber aplicación provisional antes de que haya firma”, ha remarcado.

Sin pistas sobre la celebración

Picardo tampoco ha querido adelantar detalles de cómo se pretende conmemorar el hito de que se vaya a suprimir la Verja, después de que el Gobierno español haya expresado en los últimos meses su intención de organizar un acto en La Línea y que se haya apuntado a la eventual presencia del presidente, Pedro Sánchez, o el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Como argumento, ha dicho que los ciudadanos “no perdonarían” que se hubieran concentrado en la celebración y no en la puesta en marcha del acuerdo. “Todo lo que sea celebrar este acuerdo me parece una cosa magnífica porque creo que es un acuerdo que tenemos que celebrar” pero “primero tenemos que implementarlo ya, porque venimos prometiendo la prosperidad compartida mucho tiempo y ahora hay que hacerlo realidad”, ha recalcado.

En lo relativo a la puesta en marcha del acuerdo, que conllevará entre otras cosas que los controles fronterizos se trasladen ahora al aeropuerto, donde se desplegará la Policía Nacional española para efectuar los controles Schengen una vez que quienes aterricen pasen el control policial gibraltareño, ha indicado que sólo habrá dos agentes españoles.

“El aeropuerto de Gibraltar es muy pequeño”, ha resaltado el ministro principal, de ahí que actualmente sean solo dos agentes gibraltareños los que lleven a cabo los controles. “Habrá también dos agentes españoles para controlar las entradas y las salidas”, ha precisado, en las instalaciones que se están erigiendo para tal fin en el aeropuerto.

El medio natural de Natalia Rodríguez es el agua. A los cuatro años contempló por primera vez el paso de los cachalotes en el Estrecho de Gibraltar, observó las ondulaciones en el mar, la línea de sus lomos y, aunque no lograba comprender tal imagen, supo que marcaría su devenir. “Sabía que era importante”, sonríe la adolescente de 17 años. Hace poco, logró bucear por primera vez junto a un tiburón en los fondos marinos de la isla de Tenerife, donde acompañó a un angelote que durante días se había escondido de la mirada de sus compañeros de ruta“. Se sumerge bajo la superficie, pero cada vez que asciende defiende el medioambiente. Esta pasión la llevó a ser nombrada como embajadora del Pacto Europeo por el Clima, un cargo dispensado por la Comisión Europea para el que tiene varias tareas que cumplir este 2026, como la protección de la vida marina en las costas andaluzas.

La protección por la biodiversidad marina viene de lejos, casi que desde que aprendió a hablar. Con el empeño de aprender a bucear, logró que sus padres la apuntaran al curso de iniciación después de recaudar el dinero de la inscripción mediante la venta de los collares de arcilla que hacía con forma de animales acuáticos. “Mi padre creía que con eso ya se me quitaría... Pero fue todo lo contrario”. El tesón que refleja la joven de Cádiz la llevó a ampliar sus conocimientos sobre el cuidado del ecosistema y divulgarlo a través de sus redes sociales. De tal manera, el cargo simbólico que ostenta a nivel europeo le ha permitido a lo largo de estos primeros seis meses desarrollar una labor encomiable que ha servido como inspiración para su generación y la ha llevado, entre otras cuestiones, a ser homenajeada en la Gala WITH Mujeres Líderes 2026, que celebró recientemente su cuarta edición en el Real Alcázar de Sevilla.

Amplía redes allá donde va con un propósito claro: “Proteger a los tiburones”. Esta especie, ubicada en lo alto de la cadena trófica, tiene un rol fundamental en la regulación de la vida acuática y en el control de la sobrepoblación de peces, sin embargo, está en peligro de extinción. Frente a los temores de la población, cuyo imaginario ha sido alimentado por toda una cultura popular en donde películas como Tiburón o sagas en los que muestran una faceta sanguinolenta eran protagonistas, Rodríguez prefiere “concienciar”. Para ello, escribió e ilustró el libro Sin aletas no hay paraíso, en el que profundiza sobre la práctica del finning en la que se corta las aletas a los animales para su consumo y luego se devuelven al mar. “Pronto saldrá la campaña de crowfunding para su publicación y, también, está proyectado otro cuento para los más pequeños que pude estrenar en un colegio”, indica.

“Una ITV del mar” en el Estrecho

Otra iniciativa puesta en marcha por la activista medioambiental es una petición en Change.org para el control del ruido de los fast ferris en el Estrecho de Gibraltar que provocan grandes perjuicios para los cetáceos. Con unas 1.500 firmas, la intención es dirigir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una petición para que se reduzcan las velocidades de las embarcaciones y, por tanto, del ruido de las hélices con el fin de rebajar la contaminación acústica a la que se ven sometidos los delfines, las orcas, los cachalotes o los rorcuales en esta “autopista vital” de vida marina. “Como consecuencia, los cetáceos no se pueden comunicar adecuadamente entre ellos, se pierden y desorientan”, provocando la muerte de los especímenes.

Con picos que sobrepasan hasta los 132 decibelios, el ruido al que se ven sometidos en esta área clave para el tráfico mercantil es una “exposición crónica e insoportable que anula sus sentidos y los hace vulnerables”. Es más, no pide que se frene el ir y venir de los barcos, sino tan solo reducir las marchas a entre 10 y 12 nudos en tramos concretos y establecer “una ITV del mar” para comprobar que el daño a la biosfera no aumenta. Al respecto, toma ejemplos de acciones ya cometidas en el pasado, como las decisiones tomadas en 2004 cuando España aprobó una moratoria sobre los sónares militares en Canarias y erradicó los varamientos masivos de zifios.

Rodríguez ha sufrido más de una vez la infantilización debido a su edad en los entornos científicos o colaborativos en los que se ha presentado. Pese a ello, reconoce que “he tenido suerte” porque, a pesar del sobresfuerzo, poco a poco ha adquirido un reconocimiento cada vez mayor entre quienes investigan y obran por que haya un cambio en la comunidad. En busca de nuevas vías para contribuir desde su campo de actuación en un tablero geopolítico en el que las cumbres climáticas batallan para sacar acuerdos con los que frenar el sobrecalentamiento del planeta, estudia un ciclo de grado medio de cultivos en acuicultura que le deja conocer más de cerca prácticas sostenibles.

Frente al negacionismo

Habla de Cádiz, como podría hablar de cualquier ciudad: “Se podría hacer mucho más por el medioambiente, como más actividades al aire libre. Más allá de la Noche Europea de los Investigadores, por ejemplo, se podrían diseñar este tipo de actividades a lo largo del año”. Más en un momento en el que, cuando publica un vídeo en cualquiera de sus redes sociales, se encuentra con los comentarios de quienes niegan la crisis climática. “Sé que no puedo convencer a todo el mundo, pero intento hacer algo”. Además, conoce los peligros que entraña la defensa del entorno frente a los intereses mercantilistas y nombra al también joven activista Francisco Vera, quien tuvo que huir de Colombia por las amenazas recibidas y con el que ha logrado hablar sobre su estado actual. “Ojalá avanzáramos más y lográramos convivir todos de forma segura”, comenta la joven.

De su joven compañero de viaje extrae un término que la acompaña allá donde va: la ecoesperanza. “Si no fuera por la esperanza, no estaríamos aquí”, mantiene frente al catastrofismo y el pesimismo que recorren a su generación y la venidera. No da nada por perdido, todavía menos cuando conecta con quienes comparten su preocupación y su motivación para seguir actuando en mejorar las condiciones de sus regiones, como con los compañeros de Sea Shepherd France, un movimiento internacional de acción directa para la conservación de los océanos. “Estuve con ellos en Barbate, donde trabajan para proteger a la orca ibérica frente a los veleros que las dañan con bombas u objetos similares cada vez que se acercan a ellos. Vigilan el hábitat y avisan con tiempo a los veleros para que no pase nada”, comenta. Un trabajo conjunto para el que espera que pronto haya una respuesta de la administración. Mientras, Natalia continúa cada día viviendo y ofreciendo experiencias y conocimiento sobre el cuidado del mundo marino.

Francisco Mena lleva cuatro décadas vinculado al movimiento asociativo de lucha contra las drogas. Presidente de la Coordinadora Alternativas y una de las voces más reconocidas en la batalla contra el narcotráfico en Andalucía, acaba de recibir en Madrid la Cruz de Plata de la Orden del Mérito a la Seguridad concedida por el Ministerio del Interior.

Empezó luchando contra la heroína en el Campo de Gibraltar. Ahora batalla contra la impunidad de los narcos, el efecto social de las drogas y la reclamación continua de que la lucha contra las mafias no puede ser solo una batalla policial.

¿Qué supone para usted recibir este reconocimiento del Ministerio del Interior?

He recibido esta cruz de plata con sorpresa, porque ni siquiera sabía que existía esta distinción, ni mucho menos que se me había propuesto para ella. Y después con mucha alegría y muchos recuerdos. Son 40 años involucrado en la lucha contra la droga, la inclusión social y el narcotráfico. Son muchas las personas que me han acompañado, algunas ya no están y otras afortunadamente siguen. He aprendido de todas ellas. Por eso recibo esta medalla a título personal, pero la comparto con toda la gente que he conocido en el movimiento de lucha contra la droga y con todos mis compañeros y trabajadores de la Coordinadora Alternativas.

Dice que esta distinción le despierta muchos recuerdos. ¿Cómo comenzó esa lucha contra el narcotráfico? ¿Qué le movió a iniciar este movimiento asociativo?

A mí no me movió tener un familiar con problemas de adicción, me movió la solidaridad. Tuve la suerte de cruzarme con Pepe Chamizo (sacerdote y exdefensor del Pueblo Andaluz) y, cuando a finales de los años ochenta morían miles de jóvenes por la heroína en el Campo de Gibraltar, me uní a aquel movimiento porque entendía que era un problema social enorme. También conocí a personas extraordinarias como Micaela Pérez, que tenía una valentía inmensa y se plantaba en la puerta de quienes vendían heroína para denunciarlos públicamente. Uno entra en este mundo y, cuando se da cuenta, lleva 40 años en él.

En aquellos momentos se vivían momentos muy duros, ¿cuál era vuestro trabajo entonces?

Nuestro trabajo era manifestarnos todos los días y cortar la carretera Nacional 340. Miles de personas nos reuníamos cada tarde para exigir soluciones. En aquellos años los heroinómanos eran tratados prácticamente como enfermos mentales porque no existían recursos específicos para atenderlos. A partir de esas reivindicaciones entendimos que además de protestar teníamos que construir alternativas. Así nacieron asociaciones y recursos que todavía hoy siguen funcionando, como las comunidades terapéuticas Manantial y Montenegral. Aquella lucha estuvo liderada fundamentalmente por las madres. Siempre digo que el movimiento asociativo de lucha contra la droga fue un movimiento de madres. Fueron ellas las que se echaron a la calle y las que no tuvieron miedo a reconocer públicamente que sus hijos tenían un problema. Después llegó otra tragedia, el sida. Veíamos morir a muchos jóvenes sin entender bien qué estaba ocurriendo. Llegamos incluso a revisar registros de entierros en las parroquias para intentar saber cuántos habían fallecido. Fue entonces cuando empezamos a conocer mejor el VIH y su relación con el consumo de heroína mediante jeringuillas compartidas.

Tuvo que ser satisfactorio ver que, en algunas cosas, se iba evolucionando y se os iba escuchando.

Lo más importante que conseguimos fue que la sociedad entendiera que un heroinómano no era un delincuente. Había mucha estigmatización. También conseguimos extender el movimiento asociativo por toda la provincia. Llegamos a tener unas sesenta asociaciones de lucha contra la droga repartidas por prácticamente todos los municipios gaditanos. La provincia de Cádiz fue la que más asociaciones de este tipo tuvo en toda España. Todavía hoy existen entidades que siguen realizando un trabajo magnífico. Recuerdo manifestaciones multitudinarias como la de Barbate, donde participaron más de 7.000 personas, o las que organizamos en Cádiz y en muchos otros municipios para concienciar a la sociedad y reclamar respuestas a las administraciones.

La heroína fue la droga que os movió a muchos de aquellos colectivos, pero en estos 40 años el consumo ha variado y también el negocio de la droga. ¿Cómo ha sido esa evolución?

Cuando se superó la crisis de la heroína gracias a recursos como los centros de drogodependencias y la metadona, pensamos que habíamos conseguido acabar con el problema. Estábamos equivocados. Después apareció la cocaína y apareció también ese fenómeno nuevo que era el narcotráfico. Hasta entonces lo que predominaba era el contrabando de tabaco procedente de Gibraltar. Pero las organizaciones descubrieron que una embarcación cargada de hachís multiplicaba enormemente sus beneficios. Ahí empezaron a llegar las narcolanchas y se desarrolló el narcotráfico de hachís que afectó durante años al Campo de Gibraltar. Ahora estamos viendo otra evolución. El problema ya no se concentra solo aquí. Se ha extendido a lugares como la desembocadura del Guadalquivir o el río Guadalete. En algunos aspectos están sufriendo una presión incluso mayor que la del Campo de Gibraltar porque aquí se ha realizado un gran trabajo policial en los últimos años.

El movimiento asociativo también ha visto cómo ese negocio beneficiaba económicamente a muchas familias. ¿Contra eso también habéis tenido que luchar?

Sí, y seguimos luchando. Con los años hemos aprendido que la lucha contra el narcotráfico, si se hace solamente desde el plano policial y punitivo, está destinada al fracaso. Hay que seguir apoyando a las fuerzas de seguridad y dotarlas de más medios, pero también hay que actuar sobre la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. Hay jóvenes que terminan involucrándose en el narcotráfico porque es lo único que han conocido. Nosotros defendemos que tengan la posibilidad de decidir entre una vida honrada y una vinculada al narcotráfico. Ahora mismo muchos ni siquiera tienen esa oportunidad.

En el movimiento asociativo también habéis tenido que entrar en el debate sobre la legalización de las drogas. ¿Cuál es tu posición sobre este asunto?

Nosotros nunca hemos rehuido ese debate. Siempre hemos defendido el uso terapéutico del cannabis cuando está indicado médicamente. Sobre el uso recreativo hay experiencias muy diferentes. Creo que Canadá es probablemente el modelo más interesante porque el Estado controla la venta. Pero también hay que tener claro que regular no significa acabar con el mercado ilegal. Los datos demuestran que una parte muy importante de los consumidores sigue recurriendo a él. En cualquier caso, si algún día se produce una regulación, entendemos que debería abordarse en un marco europeo.

La violencia se ha incrementado en los últimos años. Tras lo sucedido en Barbate con la muerte de dos guardias civiles, el robo de material a la Armada o el asedio que sufren los cuerpos de seguridad, hay quien tiene la sensación de que los narcotraficantes están ganando la batalla. ¿Cómo aborda el movimiento asociativo este problema?

Lo abordamos con preocupación. El narcotráfico ha cruzado una línea roja. Hace 20 años quien transportaba hachís normalmente huía cuando aparecía la Guardia Civil. Hoy vemos organizaciones mucho más violentas. La entrada de la cocaína ha cambiado muchas cosas porque mueve muchísimo más dinero. Eso implica más armas, más violencia y mayores riesgos para los agentes. Por eso hay que protegerlos y darles todos los medios posibles. También es imprescindible mejorar el sistema judicial. No puede haber causas de narcotráfico que terminen archivadas después de 20 años. Hace falta una justicia rápida y eficaz. Por eso creo que Junta de Andalucía y Gobierno central deberían sentarse en una mesa y alcanzar un pacto de Estado. España se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de hachís y cocaína en Europa. Hace falta un pacto de Estado contra el narcotráfico como el que hubo contra el terrorismo.

Más allá del negocio de la droga, ¿qué es lo que más os preocupa ahora mismo de las drogas que están consumiendo los jóvenes?

Fundamentalmente el policonsumo. Ya no hablamos de una única sustancia. Muchos jóvenes consumen alcohol, cannabis, cocaína y otras drogas de manera combinada. Y también nos preocupa mucho el fentanilo. Lo que ocurre al otro lado del Atlántico suele terminar llegando aquí. Estamos viendo los estragos que está causando en Estados Unidos y Canadá y sabemos que antes o después llegará. Tenemos que estar preparados para afrontarlo con recursos suficientes y evitar que se reproduzcan aquí las situaciones dramáticas que estamos viendo allí.

La costa del Campo de Gibraltar conserva desde hace décadas un paisaje silencioso que muchos vecinos observan casi sin reparar en él. Entre playas, montes y acantilados sobreviven decenas de búnkeres y fortificaciones semienterradas, castigadas por la erosión y ocultas por la maleza, vestigios de una gigantesca red defensiva levantada durante el franquismo con mano de obra esclava de miles de presos republicanos. Ahora, ante el deterioro progresivo de esas construcciones y la ausencia de actuaciones institucionales, un movimiento ciudadano ha decidido intervenir directamente para evitar que este patrimonio termine desapareciendo.

La chispa que ha provocado esa movilización ha sido el documental “La Muralla de los Prisioneros”, una obra audiovisual que reconstruye la historia de los batallones disciplinarios que levantaron las defensas del Estrecho y que ha ido recorriendo distintos puntos de Andalucía, además de festivales y espacios culturales nacionales e internacionales. Tras varias proyecciones celebradas en Algeciras y San Roque, numerosos asistentes comenzaron a contactar con la asociación Tierra y Olvido para preguntar cómo podían colaborar en la recuperación de los búnkeres.

De aquella inquietud surgió la limpieza voluntaria del Fortín 323, situado en la zona de Getares, una actuación organizada por ciudadanos del Campo de Gibraltar que decidieron retirar basura, maleza y escombros acumulados durante años en el interior de la estructura. La escena sorprendió incluso a algunos vecinos de la zona, poco acostumbrados a ver iniciativas populares vinculadas a unas construcciones que durante décadas han permanecido prácticamente olvidadas.

Luis García, presidente de la asociación Tierra y Olvido y representante en Cádiz de la Federación Andaluza de Memoria Democrática, explica que el origen de todo se encuentra precisamente en la repercusión que ha tenido el documental. “Nosotros ayudamos a un proyecto documental que es ‘La Muralla de los Prisioneros’ y empezamos a moverlo por institutos y todos los sitios donde podíamos”, relata. Según explica, tras las proyecciones celebradas en la sede del PSOE de Algeciras y posteriormente en el Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque, comenzaron a recibir llamadas de personas interesadas en actuar directamente sobre el terreno.

“La gente se movilizó. Nos decían: ‘Queremos limpiar los búnkeres’”, recuerda. A partir de ahí, la asociación decidió informarse sobre los límites legales de una actuación de este tipo. “Nos dijeron que mientras limpiáramos y no se hiciera ninguna obra, ni se pusiera una ventana, ni una puerta, ni se tocara nada estructuralmente, no había problema”, sostiene García.

La jornada de limpieza se desarrolló sin incidentes y sin presencia de ninguna administración. “Pensábamos que podía aparecer Guardia Civil o Policía Nacional porque es una zona vigilada, pero no vino nadie”, explica. Los participantes retiraron residuos y vegetación acumulada durante años con la intención de devolver visibilidad a unas estructuras que muchos ciudadanos apenas conocen pese a encontrarse a pocos metros de zonas muy transitadas.

El dirigente memorialista lamenta que el patrimonio defensivo de la comarca continúe atrapado en una especie de vacío administrativo que dificulta cualquier actuación de conservación. “Hay un lío de competencias tremendo. Unos dicen que es de la Junta, otros que de Costas, otros del Ministerio de Defensa, otros del Ejército. Nadie termina de aclararlo y todo queda en silencio”, denuncia.

Ese abandono institucional es precisamente uno de los aspectos que más indignación genera entre quienes participan en estas iniciativas. Luis García insiste en que no se trata únicamente de conservar restos militares, sino de proteger una parte fundamental de la memoria histórica del Campo de Gibraltar. “Todo esto fue realizado con mano esclava de personas que estuvieron presas aquí en la zona”, subraya.

El representante de Tierra y Olvido recuerda que por estos campos de trabajo pasaron represaliados procedentes de numerosos puntos de España. “Había presos de Santander, Madrid, Barcelona, del País Vasco… Los trasladaban de una punta del país a otra para que no se conocieran ni tuvieran vínculos”, explica. Según añade, todavía existen numerosos aspectos sin investigar sobre aquellos campamentos y sobre las personas que murieron en ellos.

“Hay que pensar que toda esta costa se levantó con trabajos forzados”, insiste. A su juicio, adecentar los fortines y darles una utilidad cultural o divulgativa sería también una forma de rendir homenaje a quienes construyeron aquellas infraestructuras en contra de su voluntad. “Sería una buena manera de que no quedaran en el olvido”, afirma.

García considera además que el potencial patrimonial y turístico de estos enclaves está completamente desaprovechado. “Muchos están en sitios espectaculares. Podrían ser miradores, rutas históricas o espacios de interpretación”, señala. El activista sostiene que la red de fortificaciones del Campo de Gibraltar posee un valor excepcional. “Estamos hablando de más de 500 o 600 búnkeres. Es un patrimonio enorme”, asegura.

El documentalista José Luis Tirado, director de “La Muralla de los Prisioneros”, observa con satisfacción cómo el trabajo audiovisual ha servido para activar una conciencia colectiva sobre este patrimonio. El documental, explica, continúa ampliando su recorrido internacional. “Ahora se va a proyectar en Gibraltar y también se ha pasado en Francia. Además estuvo en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y en el Festival de Cine por la Memoria de Pamplona”, detalla.

Tirado cree que las actuaciones ciudadanas son necesarias, aunque advierte de que cualquier proceso de recuperación debe realizarse desde la perspectiva de la memoria democrática y no únicamente desde el interés por la arquitectura militar. “No tiene sentido reivindicar solo la arquitectura militar. Lo importante es explicar quién construyó estos búnkeres y en qué condiciones”, sostiene.

El cineasta compara la situación andaluza con la de Navarra, donde sí existen proyectos institucionales consolidados para recuperar y señalizar las fortificaciones del Pirineo levantadas también por presos franquistas. “Allí hacen rutas, restauraciones y señalización desde el punto de vista de la memoria histórica. Aquí, en cambio, el tema está abandonado”, lamenta.

En su opinión, la conservación de estos espacios debería ir acompañada de paneles explicativos, señalización histórica y rutas divulgativas que permitan contextualizar lo sucedido durante aquellos años. “Se sabe incluso qué batallones construyeron cada fortín”, explica. Tirado destaca especialmente el trabajo desarrollado durante años por el historiador José Manuel Algarbani, uno de los mayores especialistas en esta materia.

Precisamente Algarbani considera que las asociaciones memorialistas están cubriendo una labor que correspondería directamente a las administraciones públicas. “Es un patrimonio que habría que poner en valor y llevo muchísimos años peleando con políticos de uno y otro color sin resultados”, lamenta.

El historiador recuerda que alrededor de 30.000 prisioneros pasaron por los campos de trabajo del Campo de Gibraltar. Muchos familiares siguen contactando con él desde distintos lugares de España para intentar reconstruir el recorrido de sus antepasados. “Hay personas que me escriben preguntando por sus abuelos o bisabuelos porque saben que estuvieron aquí destinados”, explica.

Algarbani insiste en que el valor histórico de estas construcciones trasciende el ámbito local. “No hablamos solo de búnkeres. Hablamos de miles de personas sometidas a condiciones de semiesclavitud”, afirma. Según detalla, gran parte de los caminos y carreteras de la comarca fueron abiertos o mejorados por aquellos presos republicanos.

“Cuando haces senderismo por el Campo de Gibraltar, muchas veces estás caminando por caminos construidos por ellos”, señala. A eso se suma una red defensiva que se extiende desde Conil hasta Guadiaro y que tuvo especial concentración en la zona de Tarifa, Algeciras y La Línea por su proximidad estratégica a Gibraltar.

Aunque muchas de estas estructuras están catalogadas como Bien de Interés Cultural, el deterioro continúa avanzando. “Cada vez quedan menos. Algunos ya se han caído por la erosión y el abandono”, advierte el historiador.

Mientras tanto, las asociaciones y los vecinos que han impulsado estas limpiezas anuncian que continuarán organizando nuevas actuaciones sobre otros fortines de la costa gaditana. Consideran que, aunque sea de manera modesta, estas intervenciones sirven para llamar la atención sobre un patrimonio olvidado y para abrir un debate sobre la necesidad de preservar uno de los escenarios más desconocidos de la memoria democrática española.

El Teatro del Parque Genovés volverá a abrir el próximo 20 de agosto, 15 años después de su cierre por obras. Lo hará con su nombre histórico, Teatro Pemán, una decisión del Ayuntamiento de Cádiz que ha reactivado uno de los debates más sensibles de la política municipal. El alcalde, Bruno García, presentó la reapertura del recinto con una programación centrada en artistas gaditanos como David Palomar, José Luis García Cossío ‘El Selu’ con su espectáculo Universo Cádiz, Eduardo Guerrero junto a Pasión Vega y Riki Rivera con varios invitados. Sin embargo, buena parte de su intervención estuvo dedicada a justificar por qué el teatro mantiene la denominación de Pemán.

El principal argumento del equipo de gobierno del PP es que nunca se tramitó de forma oficial un cambio de nombre del espacio. A diferencia de lo ocurrido con el estadio Ramón de Carranza —rebautizado como Nuevo Mirandilla tras un procedimiento administrativo—, el anterior ejecutivo municipal utilizó la denominación Teatro del Parque sin completar el expediente necesario para hacerla plenamente efectiva.

El alcalde defendió además la dimensión cultural del escritor gaditano. Señaló que José María Pemán “ha sido y será uno de los mayores representantes de la letra gaditana”, recuperando unas palabras del anterior alcalde, José María González, quien posteriormente rectificó esa valoración tras conocer documentación sobre el papel del autor durante la Guerra Civil. Entonces historiadores e investigadores explicaron que existe abundante documentación sobre la relación de Pemán con la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, que presidió entre 1936 y 1938, que fue clave para la depuración y represión de numerosas personas.

La decisión del gobierno local se produce después de que Vox reclamara la recuperación explícita del nombre histórico del teatro, al subrayar la relevancia literaria e intelectual de Pemán en la historia de la ciudad. Aunque el alcalde no citó directamente a esta formación, su argumentación coincide en gran medida con esa defensa.

El respaldo jurídico de la decisión se apoya en una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El fallo anuló la retirada del título de Hijo Predilecto de Cádiz que el Ayuntamiento aprobó en 2021 al considerar que no se justificó adecuadamente que dicha distinción supusiera una exaltación del franquismo. La resolución sostiene que el reconocimiento se concedió por méritos literarios.

La reactivación del nombre de Pemán llega en un contexto político marcado por otra decisión reciente del alcalde: la retirada de honores y del nombre de un equipamiento municipal al autor de carnaval Juan Carlos Aragón tras conocerse una sentencia firme por malos tratos. Dos actuaciones que han encendido el debate sobre los criterios del Ayuntamiento en materia de reconocimientos públicos.

Adelante Izquierda Gaditana acusa al alcalde de vulnerar la ley de Memoria Democrática y de asumir posiciones próximas a Vox. La concejala Vanessa Sibón recuerda que los expedientes tramitados desde 2020 ya empleaban la denominación Teatro del Parque y subraya el papel de Pemán en la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado durante la Guerra Civil. El PSOE, por su parte, critica que el gobierno municipal reabra “un debate superado” en la ciudad y cuestiona la oportunidad política de la decisión.

Habrá denuncia ante la Fiscalía

A estas críticas se suman los colectivos memorialistas. La Asociación por la Recuperación y Divulgación de la Memoria Democrática de Cádiz considera que mantener el nombre de Pemán vulnera tanto la normativa estatal como la andaluza. Su presidente, Felipe Barbosa, sostiene que las instituciones “tienen una deuda con las víctimas de la represión, no con quienes participaron o colaboraron con el golpe de 1936”.

La asociación ha anunciado que llevará el caso a la Fiscalía Provincial de Memoria Democrática, lo comunicará a la Secretaría de Estado y buscará respaldo en otros colectivos para intentar frenar la decisión municipal. “Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar”, advierte Barbosa.

El conflicto evidencia las tensiones en la política de memoria del propio Ayuntamiento. Mientras el equipo de gobierno ha impulsado actos de reconocimiento a víctimas del franquismo y mantiene una concejalía específica, también ha intentado recuperar denominaciones históricas controvertidas como las de Pemán o Ramón de Carranza.

Esa contradicción se refleja incluso dentro del Ejecutivo. El teniente de alcalde de Urbanismo y responsable de Memoria Democrática, José Manuel Cossi, presente en la rueda de presentación del renovado teatro, llegó a posicionarse en contra de devolver el nombre de Carranza al estadio, una iniciativa que finalmente fue descartada.

Frente a las críticas, Bruno García rechaza el enfoque de confrontación. Asegura estar “aburrido de la polarización” y defiende que la reapertura del teatro responde a la recuperación de un espacio cultural ligado a la memoria de varias generaciones de gaditanos. Los colectivos memorialistas mantienen una visión diametralmente opuesta. Para Felipe Barbosa, la memoria democrática no consiste en alimentar enfrentamientos políticos ni en reabrir heridas, sino en garantizar que las instituciones públicas no sigan otorgando reconocimiento a quienes contribuyeron a legitimar el golpe militar y la posterior represión franquista.

El PSOE de Cádiz ha salido este viernes al paso de la querella presentada por la Fiscalía ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, admitida a trámite contra el senador del PSOE y alcalde de Villaluenga del Rosario (Cádiz), Alfonso Carlos Moscoso González, por el nombramiento de su esposa como jueza de Paz diciendo que se trata de un cargo “honorífico y no remunerado, lo que refuerza su carácter de servicio comunitario más que de ejercicio profesional”.

“Queremos trasladar un mensaje de tranquilidad. La admisión a trámite de una querella no implica la existencia de responsabilidad penal, sino el inicio de un procedimiento para esclarecer los hechos”, ha trasladado el partido en un escueto comunicado oficial del alcalde y senador.

“Confiamos plenamente en la Justicia y colaboraremos con total transparencia para aclarar cualquier cuestión planteada. En el momento procesal oportuno se ofrecerán todas las explicaciones necesarias, estando convencidos de que los hechos quedarán debidamente aclarados y de que carecen de relevancia penal”, apunta el PSOE de Cádiz.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha propuesto investigar a Alfonso Carlos Moscoso, alcalde de Villaluenga del Rosario (464 habitantes, Cádiz) y senador socialista, por proponer como jueza de paz a su esposa, afiliada también al PSOE, lo que podría constituir un delito de nombramiento ilegal. La Sala ha acordado “abrir causa” a raíz de una querella de la Fiscalía contra Moscoso, pero aún debe solicitar el suplicatorio a la Cámara Alta y que este levante la inmunidad del senador.

En un auto firmado el pasado el pasado 1 de junio, la Sala de lo Penal explica que los jueces de paz, según su reglamento, no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos, algo que recoge también la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 127 de la Constitución prohíbe a los jueces la pertenencia a un partido político.

La Sala del Tribunal Supremo recoge en su resolución que la persecución de este delito pretende “fortalecer la independencia del Poder Judicial”, incluidos los jueces de paz, “de modo que desterrar cualquier sesgo de afinidad política partidista en sus componentes sea un objetivo esencial en un Estado de Derecho”.

Querella de Fiscalía

La Fiscalía del Tribunal Supremo se querelló contra Moscoso y su esposa el pasado mes de octubre, meses después de que la Fiscalía de Jerez recibiera una denuncia contra ellos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. La Fiscalía local remitió la denuncia a la del Supremo, por ser esta la que debe decidir si investiga a aforados.

Según esa denuncia, el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario, un pequeño pueblo en la Sierra de Grazalema (Cádiz), donde el senador es alcalde, anunció mediante edicto la elección de juez de paz en noviembre de 2022. La convocatoria se publicó también en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, pero surtió poco efecto: nadie se presentó. Así que en vista de que ningún habitante del pueblo manifestaba su interés en ocupar dicho cargo, E.S.G., esposa del alcalde y afiliada al PSOE desde octubre de 2007, cursó su solicitud, de común acuerdo según los denunciantes.

La mujer presentó su candidatura para jueza de paz el 30 de marzo de 2023, y el Pleno la aprobó por unanimidad, y elevó la propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que tampoco puso problemas: la Sala de Gobierno aprobó su nombramiento cuatro meses después. Según la Fiscalía, la mujer presentó al TSJA una declaración jurada en la que declaraba que no tenía incompatibilidades para desempeñar el cargo de Jueza de Paz no presentaba incompatibilidades, ya que su profesión es la de sanitaria.

En su querella, la Fiscalía concluye que hay indicios de que durante los casi dos años en que ejerció como jueza de paz E.S.G. asistió a los actos públicos del partido en el que milita, incluyendo mítines en la campaña electoral a las elecciones generales de 2023 en las que su marido se presentaba en la lista del Senado; hasta que el 2 de mayo del año pasado El Español publicó un reportaje con el siguiente titular: “El Senador y alcalde del PSOE Alfonso Moscoso colocó a su mujer como jueza de paz de su pueblo en Cádiz siendo afiliada”. Ese mismo día, la mujer renunció al cargo, según la denuncia.

El Tribunal Supremo asume la competencia para investigar tanto al aforado Moscoso como a su esposa. El artículo 405 del Código Penal castiga con multa de tres a ocho meses y suspensión de cargo público de uno a tres años a la “autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello”. El artículo 406 sanciona a “la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión (...) sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles”.

La aplicación práctica de la Ley de Memoria Democrática dará un paso inédito en Cádiz el próximo 17 de junio. Ese día comenzarán en los juzgados de San José las primeras vistas destinadas a declarar ilegítimas y nulas las condenas y represalias sufridas por cinco víctimas del franquismo, en unos procedimientos impulsados por la Asociación para la Recuperación y la Divulgación de la Memoria Histórica en Cádiz y la Fiscalía de Memoria Democrática. Es un paso que los colectivos memorialistas consideran histórico porque abre una vía judicial novedosa para reparar, aunque sea simbólicamente, a quienes fueron represaliados tras el golpe militar de julio de 1936.

No habrá acusados en el banquillo ni responsabilidades penales que depurar. Lo que se juzgará será la posibilidad de que el Estado reconozca oficialmente que cinco víctimas de la represión franquista nunca debieron ser perseguidas, condenadas o castigadas. La iniciativa parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de Cádiz, creada al amparo de la legislación estatal aprobada en 2022.

Según explica el presidente de la Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica de Cádiz, Felipe Barbosa, el origen de estos procedimientos se remonta a una reunión celebrada en otoño de 2024 con el entonces recién nombrado fiscal de Memoria, José Miguel Ruiz de Molina. Los memorialistas plantearon entonces una cuestión evidente: si la persecución penal de los responsables era ya imposible por el tiempo transcurrido, ¿qué mecanismos quedaban para hacer justicia?

La respuesta fue explorar la vía de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Un procedimiento civil que permite revisar y declarar ilegítimas las actuaciones represivas sufridas por determinadas personas durante la dictadura. El objetivo no es castigar a nadie, sino restaurar oficialmente el honor y la dignidad de quienes fueron convertidos en enemigos por defender la legalidad republicana o por su actividad profesional, sindical o política.

“Fueron asesinados, apartados de sus trabajos, humillados, y sus familias tuvieron que pasar un calvario muy grande”, resume Barbosa. Lo que se busca ahora es “recuperar su anterior estatus profesional y familiar”.

Una represión sistemática

Los colectivos memorialistas ven en estas vistas la apertura de una vía judicial que nunca existió para cientos de represaliados gaditanos. Durante décadas, historiadores, investigadores y familiares han reconstruido sus historias en libros, archivos y testimonios. Ahora será un juez quien reciba esa documentación, la incorpore a un procedimiento y determine institucionalmente que aquellas condenas y represalias fueron ilegítimas.

La historia de estos expedientes comienza en una provincia donde la violencia franquista se desplegó con rapidez tras el golpe militar de julio de 1936. Cádiz fue una de las primeras ciudades en caer en manos de los sublevados. La resistencia apenas pudo sostenerse durante unas horas. Hubo barricadas, enfrentamientos armados, el Gobierno Civil cercado y el Ayuntamiento convertido en uno de los objetivos prioritarios de los golpistas. Después llegó la represión sistemática. Historiadores como José Luis Gutiérrez Molina han documentado cómo jueces, abogados y fiscales militarizados instruyeron en 1937 un total de 456 procedimientos sumarísimos de urgencia que afectaron a unas 1.300 personas. Muchos otros represaliados nunca llegaron siquiera a tener un juicio formal.

Los cinco casos seleccionados pretenden representar distintas formas de esa represión. Uno de ellos es Mariano Zapico, gobernador civil de Cádiz cuando se produjo el golpe de Estado. Como máxima autoridad del Gobierno de la República en la provincia, intentó coordinar la resistencia frente a los militares sublevados. Su caso simboliza el derrumbe violento de las instituciones democráticas y la persecución de quienes intentaron mantener la legalidad constitucional en aquellos días decisivos de julio de 1936. Barbosa lo define como la figura que trató de organizar la respuesta de ciudadanos y fuerzas leales frente a unos golpistas que contaban con una aplastante superioridad militar.

El diputado y el médico

Junto a él figura Manuel Muñoz Martínez, probablemente el dirigente republicano más relevante de la provincia de Cádiz durante la II República. Diputado en Cortes y una de las figuras políticas más influyentes del republicanismo gaditano, su incorporación a estas diligencias ha sido promovida también por su familia, encabezada por su nieta Lola Esteban. Su caso representa la persecución contra quienes encarnaron el proyecto político derrotado por la fuerza de las armas.

La historia más detalladamente documentada es quizás la de Pablo Bauzano Guillén. Nacido en Chipiona en 1904, médico municipal, miembro de Izquierda Republicana y masón desde 1927, fue jefe del Servicio de Desinfección de la Beneficencia Municipal de Cádiz. Tras el golpe siguió atendiendo a heridos en la Casa de Socorro. Primero fue sometido a arresto domiciliario y después detenido de nuevo. Entre los hechos utilizados contra él figuraba la escucha de emisoras gubernamentales a través de un aparato de radio instalado en el Parque de Desinfección Municipal.

Aquellas acusaciones desembocaron en un consejo de guerra celebrado en mayo de 1937. Bauzano fue condenado a muerte por “rebelión militar”, una paradoja jurídica que convirtió en rebeldes a quienes permanecieron fieles al Gobierno legítimo. La sentencia fue anulada por defectos formales, pero la persecución continuó. Volvió a ser juzgado, fue condenado por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, sometido a un expediente de responsabilidades políticas y depurado profesionalmente. Su trayectoria resume el funcionamiento de una maquinaria represiva que no se limitó a los fusilamientos, sino que buscó la exclusión social, profesional y económica de los vencidos.

El capitán y el sindicalista

Otro de los expedientes corresponde a Julio Ramos Hermoso, capitán de Artillería destinado en Cádiz. Fue condenado a seis años de prisión. Su presencia en estas vistas recuerda que la represión también alcanzó a militares que permanecieron leales a la República y que fueron castigados precisamente por no secundar el golpe.

La quinta historia es la de José Díaz Díaz, secretario del metal de UGT de Cádiz. Fue asesinado y se ha convertido en el representante simbólico de miles de trabajadores, sindicalistas y dirigentes obreros perseguidos tras el triunfo de los sublevados. Su nombre lleva ahora ante los tribunales la memoria de un movimiento obrero que sufrió una de las represiones más intensas de toda la provincia.

Felipe Barbosa reconoce el carácter simbólico de estos procedimientos, pero rechaza que se trate únicamente de un gesto. Él y miembros de la asociación comparecerán como testigos para ratificar la documentación histórica aportada a la Fiscalía. También participarán familiares de las víctimas. El objetivo es que los tribunales declaren la ilegalidad y la ilegitimidad de las sanciones y condenas impuestas a estas personas y que esa declaración sirva de precedente para otros muchos casos.

La importancia de lo que ocurrirá el 17 de junio reside precisamente ahí. Durante décadas, estas historias sobrevivieron en archivos, investigaciones académicas y recuerdos familiares. Ahora pasarán a formar parte de un procedimiento judicial. La aspiración de quienes han impulsado el proceso es sencilla y ambiciosa al mismo tiempo: que un juez afirme oficialmente que aquellas personas no fueron culpables de nada. Fueron víctimas. Que se haga justicia, aunque sea 90 años después.

El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este jueves 28 de mayo el cesar los homenajes a Juan Carlos Aragón, reconocido autor de Carnaval fallecido en 2018, después de conocerse una sentencia firme sobre malos tratos a su expareja, en un pleno en el que el alcalde ha acusado al grupo Adelante Izquierda Gaditana de “tapar” estos hechos cuando gobernaban en la ciudad en la anterior legislatura.

En la moción, se ha aprobado también por unanimidad una enmienda de adición del PSOE en la que se apoya que el colegio Profesor Juan Carlos Aragón pase a llamarse Adela del Moral, corista gaditana que fue profesora de este centro educativo durante más de 30 años además de 12 de directora del mismo, una trayectoria que avalaría este cambio.

El alcalde de Cádiz, Bruno García (PP), que ha sido el encargado de cerrar el debate, ha defendido que su gobierno “reaccionó poniendo la defensa de la víctima por encima de cualquier otro asunto” en cuanto tuvieron conocimiento del asunto y cuestionando que “haya personas que, ante la misma situación, despreciaran a la víctima, la anularan y quisieran taparla”, en referencia a que el anterior gobierno de Adelante Cádiz, dirigido por José María González, “lo sabía y lo tapara”.

“Estar al lado de la víctima”

Esto lo ha argumentado en base a una carta remitida por Laura Jiménez, exconcejala de Adelante, en la que ha asegurado que su gobierno “lo sabía” y que se les advirtió que no dijeran “nada” de este asunto porque “se nos echaría todo Cádiz encima”.

“Solo hay dos opciones. Una, estar al lado de la víctima y respetarla. Otra opción es tapar lo que uno sabía”, ha expuesto el alcalde dirigiéndose al portavoz de Adelante, David de la Cruz, quien en un punto anterior había advertido al gobierno sobre dos formas de votar la propuesta llevada a pleno“.

Bruno García ha manifestado que, ante una situación de este tipo, “este ayuntamiento y todos los grupos que quieran reaccionen de la manera en la que hemos reaccionado, de la manera adecuada, de la manera correcta, de la manera que te permite dormir tranquilo cuando uno va a casa”.

Durante el debate de la moción, traída de urgencia por el grupo municipal del PP, la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha hecho un repaso de los acontecimientos tras tener conocimiento de la sentencia condenatoria contra Aragón y que desencadenó en la suspensión del homenaje previsto, afeando al grupo de Adelante Izquierda Gaditana que cuando gobernaban en Cádiz tuvieran conocimiento de los hechos y no actuasen en consecuencia, basándose también en la carta de la exconcejala del actual grupo de la oposición.

“Dé la cara”

La edil también ha puesto sobre la mesa que la propia víctima, la expareja del autor, les aseguró que había transmitido esta misma información al anterior gobierno y que no se sintió apoyada, criticando que Adelante los haya acusado de “querer confrontar” sobre este asunto. “Reflexionen, porque ustedes han abanderado el feminismo, y a mí me parece muy bien, pero no es justo. Ustedes están mintiendo a la ciudad, a las mujeres y a todo Cádiz”, ha aseverado. Este equipo de gobierno, ha continuado, “no quiere mirar a otro lado”, esperando que la oposición “tampoco” y que “Cádiz no calle ante el sufrimiento de una víctima” y “dé la cara y se ponga del lado de las víctimas siempre”.

El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha negado que tuviera acceso a la sentencia “antes del sábado” y que su reacción al saberlo fue “clara”, al apoyar que el Ayuntamiento suspendiera el homenaje previsto a Juan Carlos Aragón. “La ciudad tiene una herida abierta, los errores se han reconocido, por lo menos nosotros”, ha aseverado, indicando que ahora “tenemos la obligación de reparar” a la víctima el daño causado con los homenajes al autor de Carvanal.

Su compañera de partido, Lorena Garrón, ha evitado entrar en la polémica sobre el hecho de que el anterior gobierno de Adelante Cádiz conociera presuntamente estos hechos y los hubieran pasado por alto. Así, en su intervención ha asegurado que “la preocupación” de su grupo es que la expareja de Aragón y su hijo “estén bien” y que le “importa poco” lo que piense el PP y a que “armen una guerra” sobre el asunto, todo ello bajo los reproches verbalizados por los grupos feministas presentes en el salón de plenos.

“Aquí el único culpable es el agresor. Responsabilidad tenemos todos y todas, toda la sociedad, las administraciones y todas las personas por no haber sido capaces de escuchar los rumores que había en la ciudad y por no poder frenar el sufrimiento de tantas y tantas mujeres”, ha manifestado Garrón.

Unanimidad

Por su parte, el concejal del PSOE, Óscar Torres, ha trasladado su apoyo a los cinco puntos de la moción del PP, incluido un quinto en el que se piden “responsabilidades” al anterior gobierno de Adelante por su presunto conocimiento de los hechos, un punto en el que AIG se ha abstenido. Torres ha asegurado que en este hecho “no valen ambigüedades, ni equidistancias, ni dobles discursos” y que “lo único que hay que hacer es mostrar un posicionamiento radical en contra de la violencia machista”.

Desde el PSOE se ha mostrado su acuerdo a cesar los homenajes a Juan Carlos Aragón, de ahí además que haya traído una enmienda para apoyar el cambio del colegio a su nombre por el de Adela del Moral, asegurando además que tras conocerse los hechos, su grupo fue “muy prudente” al respecto para no colaborar en “la crispación” que se ha generado entre PP y Adelante. “Lo principal aquí es el apoyo a la víctima”, ha aseverado. La moción ha salido adelante por unanimidad de los tres grupos a excepción del punto quinto sobre pedir responsabilidades al anterior gobierno, donde Adelante se ha abstenido.