La costa del Campo de Gibraltar conserva desde hace décadas un paisaje silencioso que muchos vecinos observan casi sin reparar en él. Entre playas, montes y acantilados sobreviven decenas de búnkeres y fortificaciones semienterradas, castigadas por la erosión y ocultas por la maleza, vestigios de una gigantesca red defensiva levantada durante el franquismo con mano de obra esclava de miles de presos republicanos. Ahora, ante el deterioro progresivo de esas construcciones y la ausencia de actuaciones institucionales, un movimiento ciudadano ha decidido intervenir directamente para evitar que este patrimonio termine desapareciendo.

La chispa que ha provocado esa movilización ha sido el documental “La Muralla de los Prisioneros”, una obra audiovisual que reconstruye la historia de los batallones disciplinarios que levantaron las defensas del Estrecho y que ha ido recorriendo distintos puntos de Andalucía, además de festivales y espacios culturales nacionales e internacionales. Tras varias proyecciones celebradas en Algeciras y San Roque, numerosos asistentes comenzaron a contactar con la asociación Tierra y Olvido para preguntar cómo podían colaborar en la recuperación de los búnkeres.

De aquella inquietud surgió la limpieza voluntaria del Fortín 323, situado en la zona de Getares, una actuación organizada por ciudadanos del Campo de Gibraltar que decidieron retirar basura, maleza y escombros acumulados durante años en el interior de la estructura. La escena sorprendió incluso a algunos vecinos de la zona, poco acostumbrados a ver iniciativas populares vinculadas a unas construcciones que durante décadas han permanecido prácticamente olvidadas.

Luis García, presidente de la asociación Tierra y Olvido y representante en Cádiz de la Federación Andaluza de Memoria Democrática, explica que el origen de todo se encuentra precisamente en la repercusión que ha tenido el documental. “Nosotros ayudamos a un proyecto documental que es ‘La Muralla de los Prisioneros’ y empezamos a moverlo por institutos y todos los sitios donde podíamos”, relata. Según explica, tras las proyecciones celebradas en la sede del PSOE de Algeciras y posteriormente en el Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque, comenzaron a recibir llamadas de personas interesadas en actuar directamente sobre el terreno.

“La gente se movilizó. Nos decían: ‘Queremos limpiar los búnkeres’”, recuerda. A partir de ahí, la asociación decidió informarse sobre los límites legales de una actuación de este tipo. “Nos dijeron que mientras limpiáramos y no se hiciera ninguna obra, ni se pusiera una ventana, ni una puerta, ni se tocara nada estructuralmente, no había problema”, sostiene García.

La jornada de limpieza se desarrolló sin incidentes y sin presencia de ninguna administración. “Pensábamos que podía aparecer Guardia Civil o Policía Nacional porque es una zona vigilada, pero no vino nadie”, explica. Los participantes retiraron residuos y vegetación acumulada durante años con la intención de devolver visibilidad a unas estructuras que muchos ciudadanos apenas conocen pese a encontrarse a pocos metros de zonas muy transitadas.

El dirigente memorialista lamenta que el patrimonio defensivo de la comarca continúe atrapado en una especie de vacío administrativo que dificulta cualquier actuación de conservación. “Hay un lío de competencias tremendo. Unos dicen que es de la Junta, otros que de Costas, otros del Ministerio de Defensa, otros del Ejército. Nadie termina de aclararlo y todo queda en silencio”, denuncia.

Ese abandono institucional es precisamente uno de los aspectos que más indignación genera entre quienes participan en estas iniciativas. Luis García insiste en que no se trata únicamente de conservar restos militares, sino de proteger una parte fundamental de la memoria histórica del Campo de Gibraltar. “Todo esto fue realizado con mano esclava de personas que estuvieron presas aquí en la zona”, subraya.

El representante de Tierra y Olvido recuerda que por estos campos de trabajo pasaron represaliados procedentes de numerosos puntos de España. “Había presos de Santander, Madrid, Barcelona, del País Vasco… Los trasladaban de una punta del país a otra para que no se conocieran ni tuvieran vínculos”, explica. Según añade, todavía existen numerosos aspectos sin investigar sobre aquellos campamentos y sobre las personas que murieron en ellos.

“Hay que pensar que toda esta costa se levantó con trabajos forzados”, insiste. A su juicio, adecentar los fortines y darles una utilidad cultural o divulgativa sería también una forma de rendir homenaje a quienes construyeron aquellas infraestructuras en contra de su voluntad. “Sería una buena manera de que no quedaran en el olvido”, afirma.

García considera además que el potencial patrimonial y turístico de estos enclaves está completamente desaprovechado. “Muchos están en sitios espectaculares. Podrían ser miradores, rutas históricas o espacios de interpretación”, señala. El activista sostiene que la red de fortificaciones del Campo de Gibraltar posee un valor excepcional. “Estamos hablando de más de 500 o 600 búnkeres. Es un patrimonio enorme”, asegura.

El documentalista José Luis Tirado, director de “La Muralla de los Prisioneros”, observa con satisfacción cómo el trabajo audiovisual ha servido para activar una conciencia colectiva sobre este patrimonio. El documental, explica, continúa ampliando su recorrido internacional. “Ahora se va a proyectar en Gibraltar y también se ha pasado en Francia. Además estuvo en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y en el Festival de Cine por la Memoria de Pamplona”, detalla.

Tirado cree que las actuaciones ciudadanas son necesarias, aunque advierte de que cualquier proceso de recuperación debe realizarse desde la perspectiva de la memoria democrática y no únicamente desde el interés por la arquitectura militar. “No tiene sentido reivindicar solo la arquitectura militar. Lo importante es explicar quién construyó estos búnkeres y en qué condiciones”, sostiene.

El cineasta compara la situación andaluza con la de Navarra, donde sí existen proyectos institucionales consolidados para recuperar y señalizar las fortificaciones del Pirineo levantadas también por presos franquistas. “Allí hacen rutas, restauraciones y señalización desde el punto de vista de la memoria histórica. Aquí, en cambio, el tema está abandonado”, lamenta.

En su opinión, la conservación de estos espacios debería ir acompañada de paneles explicativos, señalización histórica y rutas divulgativas que permitan contextualizar lo sucedido durante aquellos años. “Se sabe incluso qué batallones construyeron cada fortín”, explica. Tirado destaca especialmente el trabajo desarrollado durante años por el historiador José Manuel Algarbani, uno de los mayores especialistas en esta materia.

Precisamente Algarbani considera que las asociaciones memorialistas están cubriendo una labor que correspondería directamente a las administraciones públicas. “Es un patrimonio que habría que poner en valor y llevo muchísimos años peleando con políticos de uno y otro color sin resultados”, lamenta.

El historiador recuerda que alrededor de 30.000 prisioneros pasaron por los campos de trabajo del Campo de Gibraltar. Muchos familiares siguen contactando con él desde distintos lugares de España para intentar reconstruir el recorrido de sus antepasados. “Hay personas que me escriben preguntando por sus abuelos o bisabuelos porque saben que estuvieron aquí destinados”, explica.

Algarbani insiste en que el valor histórico de estas construcciones trasciende el ámbito local. “No hablamos solo de búnkeres. Hablamos de miles de personas sometidas a condiciones de semiesclavitud”, afirma. Según detalla, gran parte de los caminos y carreteras de la comarca fueron abiertos o mejorados por aquellos presos republicanos.

“Cuando haces senderismo por el Campo de Gibraltar, muchas veces estás caminando por caminos construidos por ellos”, señala. A eso se suma una red defensiva que se extiende desde Conil hasta Guadiaro y que tuvo especial concentración en la zona de Tarifa, Algeciras y La Línea por su proximidad estratégica a Gibraltar.

Aunque muchas de estas estructuras están catalogadas como Bien de Interés Cultural, el deterioro continúa avanzando. “Cada vez quedan menos. Algunos ya se han caído por la erosión y el abandono”, advierte el historiador.

Mientras tanto, las asociaciones y los vecinos que han impulsado estas limpiezas anuncian que continuarán organizando nuevas actuaciones sobre otros fortines de la costa gaditana. Consideran que, aunque sea de manera modesta, estas intervenciones sirven para llamar la atención sobre un patrimonio olvidado y para abrir un debate sobre la necesidad de preservar uno de los escenarios más desconocidos de la memoria democrática española.

El Teatro del Parque Genovés volverá a abrir el próximo 20 de agosto, 15 años después de su cierre por obras. Lo hará con su nombre histórico, Teatro Pemán, una decisión del Ayuntamiento de Cádiz que ha reactivado uno de los debates más sensibles de la política municipal. El alcalde, Bruno García, presentó la reapertura del recinto con una programación centrada en artistas gaditanos como David Palomar, José Luis García Cossío ‘El Selu’ con su espectáculo Universo Cádiz, Eduardo Guerrero junto a Pasión Vega y Riki Rivera con varios invitados. Sin embargo, buena parte de su intervención estuvo dedicada a justificar por qué el teatro mantiene la denominación de Pemán.

El principal argumento del equipo de gobierno del PP es que nunca se tramitó de forma oficial un cambio de nombre del espacio. A diferencia de lo ocurrido con el estadio Ramón de Carranza —rebautizado como Nuevo Mirandilla tras un procedimiento administrativo—, el anterior ejecutivo municipal utilizó la denominación Teatro del Parque sin completar el expediente necesario para hacerla plenamente efectiva.

El alcalde defendió además la dimensión cultural del escritor gaditano. Señaló que José María Pemán “ha sido y será uno de los mayores representantes de la letra gaditana”, recuperando unas palabras del anterior alcalde, José María González, quien posteriormente rectificó esa valoración tras conocer documentación sobre el papel del autor durante la Guerra Civil. Entonces historiadores e investigadores explicaron que existe abundante documentación sobre la relación de Pemán con la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, que presidió entre 1936 y 1938, que fue clave para la depuración y represión de numerosas personas.

La decisión del gobierno local se produce después de que Vox reclamara la recuperación explícita del nombre histórico del teatro, al subrayar la relevancia literaria e intelectual de Pemán en la historia de la ciudad. Aunque el alcalde no citó directamente a esta formación, su argumentación coincide en gran medida con esa defensa.

El respaldo jurídico de la decisión se apoya en una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El fallo anuló la retirada del título de Hijo Predilecto de Cádiz que el Ayuntamiento aprobó en 2021 al considerar que no se justificó adecuadamente que dicha distinción supusiera una exaltación del franquismo. La resolución sostiene que el reconocimiento se concedió por méritos literarios.

La reactivación del nombre de Pemán llega en un contexto político marcado por otra decisión reciente del alcalde: la retirada de honores y del nombre de un equipamiento municipal al autor de carnaval Juan Carlos Aragón tras conocerse una sentencia firme por malos tratos. Dos actuaciones que han encendido el debate sobre los criterios del Ayuntamiento en materia de reconocimientos públicos.

Adelante Izquierda Gaditana acusa al alcalde de vulnerar la ley de Memoria Democrática y de asumir posiciones próximas a Vox. La concejala Vanessa Sibón recuerda que los expedientes tramitados desde 2020 ya empleaban la denominación Teatro del Parque y subraya el papel de Pemán en la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado durante la Guerra Civil. El PSOE, por su parte, critica que el gobierno municipal reabra “un debate superado” en la ciudad y cuestiona la oportunidad política de la decisión.

Habrá denuncia ante la Fiscalía

A estas críticas se suman los colectivos memorialistas. La Asociación por la Recuperación y Divulgación de la Memoria Democrática de Cádiz considera que mantener el nombre de Pemán vulnera tanto la normativa estatal como la andaluza. Su presidente, Felipe Barbosa, sostiene que las instituciones “tienen una deuda con las víctimas de la represión, no con quienes participaron o colaboraron con el golpe de 1936”.

La asociación ha anunciado que llevará el caso a la Fiscalía Provincial de Memoria Democrática, lo comunicará a la Secretaría de Estado y buscará respaldo en otros colectivos para intentar frenar la decisión municipal. “Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar”, advierte Barbosa.

El conflicto evidencia las tensiones en la política de memoria del propio Ayuntamiento. Mientras el equipo de gobierno ha impulsado actos de reconocimiento a víctimas del franquismo y mantiene una concejalía específica, también ha intentado recuperar denominaciones históricas controvertidas como las de Pemán o Ramón de Carranza.

Esa contradicción se refleja incluso dentro del Ejecutivo. El teniente de alcalde de Urbanismo y responsable de Memoria Democrática, José Manuel Cossi, presente en la rueda de presentación del renovado teatro, llegó a posicionarse en contra de devolver el nombre de Carranza al estadio, una iniciativa que finalmente fue descartada.

Frente a las críticas, Bruno García rechaza el enfoque de confrontación. Asegura estar “aburrido de la polarización” y defiende que la reapertura del teatro responde a la recuperación de un espacio cultural ligado a la memoria de varias generaciones de gaditanos. Los colectivos memorialistas mantienen una visión diametralmente opuesta. Para Felipe Barbosa, la memoria democrática no consiste en alimentar enfrentamientos políticos ni en reabrir heridas, sino en garantizar que las instituciones públicas no sigan otorgando reconocimiento a quienes contribuyeron a legitimar el golpe militar y la posterior represión franquista.

El PSOE de Cádiz ha salido este viernes al paso de la querella presentada por la Fiscalía ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, admitida a trámite contra el senador del PSOE y alcalde de Villaluenga del Rosario (Cádiz), Alfonso Carlos Moscoso González, por el nombramiento de su esposa como jueza de Paz diciendo que se trata de un cargo “honorífico y no remunerado, lo que refuerza su carácter de servicio comunitario más que de ejercicio profesional”.

“Queremos trasladar un mensaje de tranquilidad. La admisión a trámite de una querella no implica la existencia de responsabilidad penal, sino el inicio de un procedimiento para esclarecer los hechos”, ha trasladado el partido en un escueto comunicado oficial del alcalde y senador.

“Confiamos plenamente en la Justicia y colaboraremos con total transparencia para aclarar cualquier cuestión planteada. En el momento procesal oportuno se ofrecerán todas las explicaciones necesarias, estando convencidos de que los hechos quedarán debidamente aclarados y de que carecen de relevancia penal”, apunta el PSOE de Cádiz.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha propuesto investigar a Alfonso Carlos Moscoso, alcalde de Villaluenga del Rosario (464 habitantes, Cádiz) y senador socialista, por proponer como jueza de paz a su esposa, afiliada también al PSOE, lo que podría constituir un delito de nombramiento ilegal. La Sala ha acordado “abrir causa” a raíz de una querella de la Fiscalía contra Moscoso, pero aún debe solicitar el suplicatorio a la Cámara Alta y que este levante la inmunidad del senador.

En un auto firmado el pasado el pasado 1 de junio, la Sala de lo Penal explica que los jueces de paz, según su reglamento, no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos, algo que recoge también la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 127 de la Constitución prohíbe a los jueces la pertenencia a un partido político.

La Sala del Tribunal Supremo recoge en su resolución que la persecución de este delito pretende “fortalecer la independencia del Poder Judicial”, incluidos los jueces de paz, “de modo que desterrar cualquier sesgo de afinidad política partidista en sus componentes sea un objetivo esencial en un Estado de Derecho”.

Querella de Fiscalía

La Fiscalía del Tribunal Supremo se querelló contra Moscoso y su esposa el pasado mes de octubre, meses después de que la Fiscalía de Jerez recibiera una denuncia contra ellos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. La Fiscalía local remitió la denuncia a la del Supremo, por ser esta la que debe decidir si investiga a aforados.

Según esa denuncia, el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario, un pequeño pueblo en la Sierra de Grazalema (Cádiz), donde el senador es alcalde, anunció mediante edicto la elección de juez de paz en noviembre de 2022. La convocatoria se publicó también en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, pero surtió poco efecto: nadie se presentó. Así que en vista de que ningún habitante del pueblo manifestaba su interés en ocupar dicho cargo, E.S.G., esposa del alcalde y afiliada al PSOE desde octubre de 2007, cursó su solicitud, de común acuerdo según los denunciantes.

La mujer presentó su candidatura para jueza de paz el 30 de marzo de 2023, y el Pleno la aprobó por unanimidad, y elevó la propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que tampoco puso problemas: la Sala de Gobierno aprobó su nombramiento cuatro meses después. Según la Fiscalía, la mujer presentó al TSJA una declaración jurada en la que declaraba que no tenía incompatibilidades para desempeñar el cargo de Jueza de Paz no presentaba incompatibilidades, ya que su profesión es la de sanitaria.

En su querella, la Fiscalía concluye que hay indicios de que durante los casi dos años en que ejerció como jueza de paz E.S.G. asistió a los actos públicos del partido en el que milita, incluyendo mítines en la campaña electoral a las elecciones generales de 2023 en las que su marido se presentaba en la lista del Senado; hasta que el 2 de mayo del año pasado El Español publicó un reportaje con el siguiente titular: “El Senador y alcalde del PSOE Alfonso Moscoso colocó a su mujer como jueza de paz de su pueblo en Cádiz siendo afiliada”. Ese mismo día, la mujer renunció al cargo, según la denuncia.

El Tribunal Supremo asume la competencia para investigar tanto al aforado Moscoso como a su esposa. El artículo 405 del Código Penal castiga con multa de tres a ocho meses y suspensión de cargo público de uno a tres años a la “autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello”. El artículo 406 sanciona a “la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión (...) sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles”.

La aplicación práctica de la Ley de Memoria Democrática dará un paso inédito en Cádiz el próximo 17 de junio. Ese día comenzarán en los juzgados de San José las primeras vistas destinadas a declarar ilegítimas y nulas las condenas y represalias sufridas por cinco víctimas del franquismo, en unos procedimientos impulsados por la Asociación para la Recuperación y la Divulgación de la Memoria Histórica en Cádiz y la Fiscalía de Memoria Democrática. Es un paso que los colectivos memorialistas consideran histórico porque abre una vía judicial novedosa para reparar, aunque sea simbólicamente, a quienes fueron represaliados tras el golpe militar de julio de 1936.

No habrá acusados en el banquillo ni responsabilidades penales que depurar. Lo que se juzgará será la posibilidad de que el Estado reconozca oficialmente que cinco víctimas de la represión franquista nunca debieron ser perseguidas, condenadas o castigadas. La iniciativa parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de Cádiz, creada al amparo de la legislación estatal aprobada en 2022.

Según explica el presidente de la Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica de Cádiz, Felipe Barbosa, el origen de estos procedimientos se remonta a una reunión celebrada en otoño de 2024 con el entonces recién nombrado fiscal de Memoria, José Miguel Ruiz de Molina. Los memorialistas plantearon entonces una cuestión evidente: si la persecución penal de los responsables era ya imposible por el tiempo transcurrido, ¿qué mecanismos quedaban para hacer justicia?

La respuesta fue explorar la vía de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Un procedimiento civil que permite revisar y declarar ilegítimas las actuaciones represivas sufridas por determinadas personas durante la dictadura. El objetivo no es castigar a nadie, sino restaurar oficialmente el honor y la dignidad de quienes fueron convertidos en enemigos por defender la legalidad republicana o por su actividad profesional, sindical o política.

“Fueron asesinados, apartados de sus trabajos, humillados, y sus familias tuvieron que pasar un calvario muy grande”, resume Barbosa. Lo que se busca ahora es “recuperar su anterior estatus profesional y familiar”.

Una represión sistemática

Los colectivos memorialistas ven en estas vistas la apertura de una vía judicial que nunca existió para cientos de represaliados gaditanos. Durante décadas, historiadores, investigadores y familiares han reconstruido sus historias en libros, archivos y testimonios. Ahora será un juez quien reciba esa documentación, la incorpore a un procedimiento y determine institucionalmente que aquellas condenas y represalias fueron ilegítimas.

La historia de estos expedientes comienza en una provincia donde la violencia franquista se desplegó con rapidez tras el golpe militar de julio de 1936. Cádiz fue una de las primeras ciudades en caer en manos de los sublevados. La resistencia apenas pudo sostenerse durante unas horas. Hubo barricadas, enfrentamientos armados, el Gobierno Civil cercado y el Ayuntamiento convertido en uno de los objetivos prioritarios de los golpistas. Después llegó la represión sistemática. Historiadores como José Luis Gutiérrez Molina han documentado cómo jueces, abogados y fiscales militarizados instruyeron en 1937 un total de 456 procedimientos sumarísimos de urgencia que afectaron a unas 1.300 personas. Muchos otros represaliados nunca llegaron siquiera a tener un juicio formal.

Los cinco casos seleccionados pretenden representar distintas formas de esa represión. Uno de ellos es Mariano Zapico, gobernador civil de Cádiz cuando se produjo el golpe de Estado. Como máxima autoridad del Gobierno de la República en la provincia, intentó coordinar la resistencia frente a los militares sublevados. Su caso simboliza el derrumbe violento de las instituciones democráticas y la persecución de quienes intentaron mantener la legalidad constitucional en aquellos días decisivos de julio de 1936. Barbosa lo define como la figura que trató de organizar la respuesta de ciudadanos y fuerzas leales frente a unos golpistas que contaban con una aplastante superioridad militar.

El diputado y el médico

Junto a él figura Manuel Muñoz Martínez, probablemente el dirigente republicano más relevante de la provincia de Cádiz durante la II República. Diputado en Cortes y una de las figuras políticas más influyentes del republicanismo gaditano, su incorporación a estas diligencias ha sido promovida también por su familia, encabezada por su nieta Lola Esteban. Su caso representa la persecución contra quienes encarnaron el proyecto político derrotado por la fuerza de las armas.

La historia más detalladamente documentada es quizás la de Pablo Bauzano Guillén. Nacido en Chipiona en 1904, médico municipal, miembro de Izquierda Republicana y masón desde 1927, fue jefe del Servicio de Desinfección de la Beneficencia Municipal de Cádiz. Tras el golpe siguió atendiendo a heridos en la Casa de Socorro. Primero fue sometido a arresto domiciliario y después detenido de nuevo. Entre los hechos utilizados contra él figuraba la escucha de emisoras gubernamentales a través de un aparato de radio instalado en el Parque de Desinfección Municipal.

Aquellas acusaciones desembocaron en un consejo de guerra celebrado en mayo de 1937. Bauzano fue condenado a muerte por “rebelión militar”, una paradoja jurídica que convirtió en rebeldes a quienes permanecieron fieles al Gobierno legítimo. La sentencia fue anulada por defectos formales, pero la persecución continuó. Volvió a ser juzgado, fue condenado por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, sometido a un expediente de responsabilidades políticas y depurado profesionalmente. Su trayectoria resume el funcionamiento de una maquinaria represiva que no se limitó a los fusilamientos, sino que buscó la exclusión social, profesional y económica de los vencidos.

El capitán y el sindicalista

Otro de los expedientes corresponde a Julio Ramos Hermoso, capitán de Artillería destinado en Cádiz. Fue condenado a seis años de prisión. Su presencia en estas vistas recuerda que la represión también alcanzó a militares que permanecieron leales a la República y que fueron castigados precisamente por no secundar el golpe.

La quinta historia es la de José Díaz Díaz, secretario del metal de UGT de Cádiz. Fue asesinado y se ha convertido en el representante simbólico de miles de trabajadores, sindicalistas y dirigentes obreros perseguidos tras el triunfo de los sublevados. Su nombre lleva ahora ante los tribunales la memoria de un movimiento obrero que sufrió una de las represiones más intensas de toda la provincia.

Felipe Barbosa reconoce el carácter simbólico de estos procedimientos, pero rechaza que se trate únicamente de un gesto. Él y miembros de la asociación comparecerán como testigos para ratificar la documentación histórica aportada a la Fiscalía. También participarán familiares de las víctimas. El objetivo es que los tribunales declaren la ilegalidad y la ilegitimidad de las sanciones y condenas impuestas a estas personas y que esa declaración sirva de precedente para otros muchos casos.

La importancia de lo que ocurrirá el 17 de junio reside precisamente ahí. Durante décadas, estas historias sobrevivieron en archivos, investigaciones académicas y recuerdos familiares. Ahora pasarán a formar parte de un procedimiento judicial. La aspiración de quienes han impulsado el proceso es sencilla y ambiciosa al mismo tiempo: que un juez afirme oficialmente que aquellas personas no fueron culpables de nada. Fueron víctimas. Que se haga justicia, aunque sea 90 años después.

El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este jueves 28 de mayo el cesar los homenajes a Juan Carlos Aragón, reconocido autor de Carnaval fallecido en 2018, después de conocerse una sentencia firme sobre malos tratos a su expareja, en un pleno en el que el alcalde ha acusado al grupo Adelante Izquierda Gaditana de “tapar” estos hechos cuando gobernaban en la ciudad en la anterior legislatura.

En la moción, se ha aprobado también por unanimidad una enmienda de adición del PSOE en la que se apoya que el colegio Profesor Juan Carlos Aragón pase a llamarse Adela del Moral, corista gaditana que fue profesora de este centro educativo durante más de 30 años además de 12 de directora del mismo, una trayectoria que avalaría este cambio.

El alcalde de Cádiz, Bruno García (PP), que ha sido el encargado de cerrar el debate, ha defendido que su gobierno “reaccionó poniendo la defensa de la víctima por encima de cualquier otro asunto” en cuanto tuvieron conocimiento del asunto y cuestionando que “haya personas que, ante la misma situación, despreciaran a la víctima, la anularan y quisieran taparla”, en referencia a que el anterior gobierno de Adelante Cádiz, dirigido por José María González, “lo sabía y lo tapara”.

“Estar al lado de la víctima”

Esto lo ha argumentado en base a una carta remitida por Laura Jiménez, exconcejala de Adelante, en la que ha asegurado que su gobierno “lo sabía” y que se les advirtió que no dijeran “nada” de este asunto porque “se nos echaría todo Cádiz encima”.

“Solo hay dos opciones. Una, estar al lado de la víctima y respetarla. Otra opción es tapar lo que uno sabía”, ha expuesto el alcalde dirigiéndose al portavoz de Adelante, David de la Cruz, quien en un punto anterior había advertido al gobierno sobre dos formas de votar la propuesta llevada a pleno“.

Bruno García ha manifestado que, ante una situación de este tipo, “este ayuntamiento y todos los grupos que quieran reaccionen de la manera en la que hemos reaccionado, de la manera adecuada, de la manera correcta, de la manera que te permite dormir tranquilo cuando uno va a casa”.

Durante el debate de la moción, traída de urgencia por el grupo municipal del PP, la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha hecho un repaso de los acontecimientos tras tener conocimiento de la sentencia condenatoria contra Aragón y que desencadenó en la suspensión del homenaje previsto, afeando al grupo de Adelante Izquierda Gaditana que cuando gobernaban en Cádiz tuvieran conocimiento de los hechos y no actuasen en consecuencia, basándose también en la carta de la exconcejala del actual grupo de la oposición.

“Dé la cara”

La edil también ha puesto sobre la mesa que la propia víctima, la expareja del autor, les aseguró que había transmitido esta misma información al anterior gobierno y que no se sintió apoyada, criticando que Adelante los haya acusado de “querer confrontar” sobre este asunto. “Reflexionen, porque ustedes han abanderado el feminismo, y a mí me parece muy bien, pero no es justo. Ustedes están mintiendo a la ciudad, a las mujeres y a todo Cádiz”, ha aseverado. Este equipo de gobierno, ha continuado, “no quiere mirar a otro lado”, esperando que la oposición “tampoco” y que “Cádiz no calle ante el sufrimiento de una víctima” y “dé la cara y se ponga del lado de las víctimas siempre”.

El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha negado que tuviera acceso a la sentencia “antes del sábado” y que su reacción al saberlo fue “clara”, al apoyar que el Ayuntamiento suspendiera el homenaje previsto a Juan Carlos Aragón. “La ciudad tiene una herida abierta, los errores se han reconocido, por lo menos nosotros”, ha aseverado, indicando que ahora “tenemos la obligación de reparar” a la víctima el daño causado con los homenajes al autor de Carvanal.

Su compañera de partido, Lorena Garrón, ha evitado entrar en la polémica sobre el hecho de que el anterior gobierno de Adelante Cádiz conociera presuntamente estos hechos y los hubieran pasado por alto. Así, en su intervención ha asegurado que “la preocupación” de su grupo es que la expareja de Aragón y su hijo “estén bien” y que le “importa poco” lo que piense el PP y a que “armen una guerra” sobre el asunto, todo ello bajo los reproches verbalizados por los grupos feministas presentes en el salón de plenos.

“Aquí el único culpable es el agresor. Responsabilidad tenemos todos y todas, toda la sociedad, las administraciones y todas las personas por no haber sido capaces de escuchar los rumores que había en la ciudad y por no poder frenar el sufrimiento de tantas y tantas mujeres”, ha manifestado Garrón.

Unanimidad

Por su parte, el concejal del PSOE, Óscar Torres, ha trasladado su apoyo a los cinco puntos de la moción del PP, incluido un quinto en el que se piden “responsabilidades” al anterior gobierno de Adelante por su presunto conocimiento de los hechos, un punto en el que AIG se ha abstenido. Torres ha asegurado que en este hecho “no valen ambigüedades, ni equidistancias, ni dobles discursos” y que “lo único que hay que hacer es mostrar un posicionamiento radical en contra de la violencia machista”.

Desde el PSOE se ha mostrado su acuerdo a cesar los homenajes a Juan Carlos Aragón, de ahí además que haya traído una enmienda para apoyar el cambio del colegio a su nombre por el de Adela del Moral, asegurando además que tras conocerse los hechos, su grupo fue “muy prudente” al respecto para no colaborar en “la crispación” que se ha generado entre PP y Adelante. “Lo principal aquí es el apoyo a la víctima”, ha aseverado. La moción ha salido adelante por unanimidad de los tres grupos a excepción del punto quinto sobre pedir responsabilidades al anterior gobierno, donde Adelante se ha abstenido.

Después de presentar con éxito en Cannes y Sevilla su último filme, La vie après Siham, el cineasta Namir Abdel Messeeh, de 52 años, recala en el Festival de Cine Africano de Tarifa, donde se siente como en casa desde el primer minuto. “La luz es maravillosa, la gente es agradable, el festival es muy cálido, así que todo va bien”, celebra.

Su filme, un nuevo ejercicio de autoficción tras títulos como Toi, Waguih o La Vierge, les Coptes et moi, es una historia llena de ternura y desenfado que aborda el duelo tras la muerte de una madre, retratando las complejas dinámicas de la familia egipcia.

En La vie après Siham vuelve a poner la mirada sobre su familia, desde una óptica novedosa. ¿Es un tema inagotable?

He trabajado durante años sobre esa cuestión. Durante 20 años, casi todos mis filmes y cortometrajes han tenido como personajes principales miembros de mi familia: mi padre, mi madre, mis vecinos, mi familia en Egipto... Son mis personajes, los que grabé durante años. Es algo muy cercano, me gusta mucho porque los conozco muy bien y eso me lleva a querer grabarlos. Es un trabajo que conozco y que requiere una gimnasia un poco particular, porque no se trata simplemente de grabar a tu familia, sino también de contar una historia, de cómo transformar a quienes grabamos en personajes. La particularidad de este filme, que hizo el trabajo muy complicado y difícil, es que el personaje que quería grabar ya no estaba ahí, porque el filme comenzó después de la muerte de mi madre. Ahí se planteaba otro asunto complicado: cómo grabar a alguien que ya no está.

Esa idea, ¿estaba desde el principio?

Sí, el filme surgió como una especie de reacción a la muerte de mi madre, o de lucha, en realidad, contra la idea de la desaparición. Y así, con mis herramientas de cine, tenía el deseo de tratar de guardar a mi madre conmigo, de guardarla viva en un primer momento. Creo que eso fue el motor de este proyecto: una especie de reacción a la muerte y a la desaparición. Me di cuenta de que ella no estaba ahí, no podía grabarla. Así que, en un primer momento, intenté plasmarla a través de los testimonios de mi padre, de mi familia y de mis archivos. Poco a poco el filme se transformó y se dirigió más hacia cómo contar mi procedimiento; es decir, cómo contar el procedimiento de un hijo que intenta atravesar esta prueba que es la pérdida de una madre. Así que el tema evolucionó un poco. Quería grabar a Siham y después, en realidad, no quería grabar a Siham: quería grabar a Namir, quería grabar a Waguih, mi padre, quería grabar a mis hijos y a toda una familia que vive y sigue viviendo después de la pérdida y la desaparición de uno de los miembros de esta familia, uno tan importante como una madre.

El sentido del humor parece muy importante en el filme, ¿qué papel quería asignarle?

En realidad, no pienso en el humor. Cada uno tiene su forma de ser y su manera de relacionarse. Para mí, el humor es parte de mi manera de cambiar la realidad, de tomar distancia. Es también una manera de protegerme de momentos difíciles y todo eso. Y en el filme también fue así. Cuando hablo de crear personajes, el humor fue un medio para permitir al espectador entrar en una historia que no es suya, y que puede ser difícil. Tener ese alivio a través del humor permite encontrar una puerta para que el espectador pueda entrar en la historia. En el filme, mi padre dice algo que me gusta mucho. Cuenta que mi madre, al principio, tenía que casarse con otro hombre, pero a la hora de la verdad el compromiso fue anulado. De modo que mi padre le pidió matrimonio, y se casaron de un día para otro, con sacerdote y todo... Mi padre me cuenta esta historia y yo le digo: “Vaya, eso sería un buen tema de comedia”. Y mi padre me responde: “No, no es un tema de comedia, es un tema de tragedia”. Eso muestra realmente cómo hay una realidad y solo nuestra manera de verla hace que, para algunos, tenga un aspecto cómico y, para otros, un aspecto dramático. Y sin embargo, es la misma realidad.

Su madre le preguntaba cuándo iba a hacer “un verdadero filme”. ¿Qué era eso para ella?

“Un verdadero filme” significa, para mucha gente, una ficción. Es decir, un filme con actores. Cuando la gente pregunta qué hago como trabajo y digo que hago filmes, me preguntan: “¿Y qué es eso?”. Y si digo documental, responden: “Ah, sí, eso no son filmes, son documentales”. Entonces existe realmente esta idea de que un documental no es un filme y que un verdadero filme es un filme con actores. Y es divertido usar la palabra “verdadero” para definir algo que es falso, porque las ficciones y las novelas son ficción. Pero, en cualquier caso, para ellos eso es lo que da legitimidad, lo que hace que sea reconocido.

¿Qué momento vive el cine egipcio, y el africano en general? ¿Vive la industria un auge?

Hay más filmes que antes, creo, porque los medios de producción y fabricación se han simplificado. Hoy podemos hacer filmes con un teléfono móvil. Entonces hay realmente una facilidad para hacer filmes. Pero hacer filmes es una cosa y difundirlos en salas de cine y lograr que el público vaya a verlos es otra. Y eso es una paradoja bastante compleja: cuanto más oferta hay, y más posibilidades existen de ver filmes, menos espacio parece haber para ver ciertos filmes. Tengo la impresión de que hoy hay más producciones que antes, pero al mismo tiempo son a menudo los mismos filmes. Hay algo que hace más difícil que existan películas un poco diferentes.

¿Siente que el suyo sea un cine africano, mediterráneo...? ¿A qué geografía pertenece su trabajo?

Es un cine que puede ser las dos cosas. Y este filme en particular me hizo muy feliz porque es mi primera obra estrenada en salas en Egipto. Me alegró mucho que el público, tanto en Francia como en Egipto, pudiera reconocerse en él. No es un filme colonial, no es un filme con una mirada francesa sobre el mundo árabe ni una mirada árabe sobre Francia. Creo que es un filme que intenta contar una historia humana integrando una doble cultura y una doble identidad. Es un largometraje que habla árabe y francés, que cuenta una trayectoria entre ambos mundos. Creo que mi lugar está en ese espacio entre los dos, un espacio que crea un puente entre el mundo árabe y Europa.

Una curiosidad: su padre, comunista encarcelado, fue liberado en 1964 y ese mismo año un escritor egipcio llamado Waguih Ghali publicó un libro llamado Cerveza en el club de snooker, que habla también de comunistas egipcios. ¿Tienen algo que ver?

Sí, conozco Cerveza en el club de snooker. Lo leí hace poco gracias al nombre del escritor. Es increíble: tiene el mismo nombre que mi padre, pero no somos familia. Él venía de un medio urbano, muy rico y muy burgués, mientras que mi padre venía de un medio muy modesto, del campo egipcio.

El comunismo, tal y como parece en su película, era una ideología muy fuerte en Egipto en los años 50, 60 y 70. ¿Los Hermanos Musulmanes llegaron después, o coexistían?

No, era la misma época. Mi padre, cuando estaba en prisión, compartía cárcel con los Hermanos Musulmanes. La prisión estaba dividida en dos: los comunistas de un lado y los Hermanos Musulmanes del otro. Todos los opositores a Nasser estaban encarcelados en los años 50. Los dos movimientos existían al mismo tiempo.

Ustedes son coptos. ¿Cómo era ser comunista y ateo en Egipto?

Creo que uno de los principales obstáculos para el comunismo en Egipto era precisamente el ateísmo. Egipto es un país culturalmente muy religioso. Sean cristianos o musulmanes, las personas tienen una gran relación con la tradición religiosa. Los comunistas no creían en Dios y eso creaba problemas. Cuando mi padre estaba en prisión, los Hermanos Musulmanes eran mejor tratados que los comunistas. Incluso siendo extremistas, para la policía y los militares seguían creyendo en Dios, mientras que los comunistas no. En Egipto hay que entender que la religión está escrita en el documento de identidad. Incluso hoy no existe realmente la categoría “ateo”. Eso era algo muy difícilmente compatible con la cultura egipcia. Necesitamos una religión registrada oficialmente.

La Fundación Juan Carlos Aragón ha defendido que el autor gaditano de Carnaval “cumplió su condena, redimió su pena, se trató de su adicción y rehízo su vida” tras la polémica generada por la difusión de una sentencia de 2010 por maltrato a su expareja Francisca Pino, que ha llevado al Ayuntamiento de Cádiz a suspender homenajes y retirar los honores que tenía vinculados.

En un comunicado firmado este miércoles por la presidenta de la Fundación, su viuda Luisa Tejonero, la entidad sostiene que es “absolutamente incierto” que Francisca Pino sufriera malos tratos durante toda la relación con Aragón y subraya que la propia denunciante pidió en distintas ocasiones que no se ejecutara la orden de alejamiento y que se archivara la causa judicial.

La controversia se desencadenó después de que la exmujer del autor entregara el pasado sábado la sentencia condenatoria dictada contra Aragón, fallecido en 2019, y relatara episodios de violencia sufridos durante la relación. Tras ello, el Ayuntamiento de Cádiz anunció la suspensión de cualquier homenaje institucional y la retirada de honores concedidos al autor, una de las figuras más influyentes del Carnaval gaditano contemporáneo.

Que no se ejecutara la sentencia

En su comunicado, la Fundación recuerda que el Juzgado de Instrucción número 4 de Chiclana dejó sin efecto en 2008 la orden de alejamiento después de que Francisca Pino manifestara que deseaba “cerrar todo este asunto” y que la medida era “desproporcionada” porque nunca dejaron de convivir. Asimismo, señala que en el acto de notificación de la sentencia condenatoria la denunciante expresó que estaba viviendo con Aragón y que no quería que se ejecutara la pena de alejamiento, una postura que reiteró posteriormente al ser consultada sobre la petición de indulto.

La Fundación añade que, tras la condena, la relación entre ambos continuó durante años y asegura que Francisca Pino acudió a homenajes y actuaciones vinculadas al autor sin mostrar reparos públicos. También afirma que intercambiaron mensajes hasta pocas semanas antes de la muerte de Aragón.

El texto considera “sorprendente” que la sentencia se haya hecho pública más de 15 años después de la condena y más de 20 desde los hechos denunciados. La entidad defiende además el principio de reinserción social y sostiene que Aragón “no volvió a cometer delito en su vida” y que “la condena no debe ser perpetua para quien ya ha cumplido su pena con la ley y la sociedad”.

Retirada de honores en el pleno

En la parte final del comunicado, la Fundación advierte contra lo que considera una “damnatio memoriae” (práctica del imperio romano para borrar la memoria de alguien considerado indigno) del autor y diferencia entre el recuerdo legítimo de unos hechos y el “escarnio” o el “señalamiento constante” de una persona fallecida.

La versión de la Fundación se hace pública horas antes de que, este jueves, el Ayuntamiento de Cádiz apruebe en pleno una moción para retirarle todos los honores a Aragón, incluida la estrella que se ha colocado ante el Teatro Falla y que se iba a inaugurar el pasado domingo, y para instar al colegio Profesor Juan Carlos Aragón que cambie de denominación.

A ello hay que unir que el grupo de Andalucía Por Sí (AxSí) en el Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) ha anunciado que llevará al próximo pleno una moción de urgencia para retirar y destruir la imagen de homenaje dedicada a Juan Carlos Aragón colocada en el centro cívico de la barriada del Río San Pedro. En la red social Facebook, la plataforma vecinal Río San Pedro ha reconocido que la imagen en homenaje al autor “está de más”, solicitando públicamente al Ayuntamiento que se retire de la fachada del centro cívico.

Tres años después de que su médico de familia solicitara una ecografía abdominal de control, una mujer de Cádiz recibió finalmente la cita para realizarse la prueba en el Hospital Puerta del Mar. La petición permanecía registrada desde julio de 2023 y no fue hasta mayo de 2026 cuando recibió una llamada telefónica desde el sistema sanitario público preguntándole si seguía interesada en hacerse la exploración.

La historia vuelve a poner el foco sobre las listas de espera diagnósticas en Andalucía, una situación que pacientes y profesionales sanitarios llevan tiempo denunciando por las demoras acumuladas para acceder a determinadas pruebas médicas. En este caso, además, no se trataba de una intervención quirúrgica ni de una consulta especializada, sino de una ecografía abdominal solicitada como seguimiento rutinario dentro de un control médico.

La paciente explica a este periódico que la prueba estaba relacionada con el seguimiento de un tratamiento con estatinas. “Era un control que me pidió el médico de familia, un control rutinario”, relata. Según cuenta, la ecografía derivaba de una revisión anterior y con el paso del tiempo llegó incluso a olvidarse de que seguía pendiente. “A mí hasta se me olvidó”, reconoce.

La sorpresa llegó cuando recibió una llamada para preguntarle si continuaba interesada en realizarse la prueba. “Lo que más me llamó la atención y lo que me molestó es que me preguntaran: ”¿Sigue usted interesada?“, explica. La mujer asegura que en ese momento recordó la solicitud y pidió que le confirmaran cuándo había sido registrada. ”Me dijeron que en septiembre del 23. Y claro que seguía interesada, porque me la había mandado mi médico de familia“, señala.

“Se están cargando la sanidad pública”

Según relata, durante esa conversación llegó incluso a preguntar si podían darle la cita a primera o última hora para no interferir con su trabajo, pero la persona que la llamó le respondió que únicamente estaba comprobando si mantenía el interés en la prueba. “Era para que corriera el turno”, afirma ahora la paciente, que considera incomprensible que una ecografía abdominal pueda acumular semejante demora.

La mujer decidió entonces comentar lo ocurrido con un responsable del área de calidad sanitaria para pedir orientación sobre cómo actuar. “Yo decía: ‘¿Qué hago, pongo una reclamación o denuncio?’”, recuerda. Finalmente, tras trasladar el caso, recibió la cita a través de WhatsApp y pudo realizarse la ecografía.

Afortunadamente, la prueba no detectó ninguna patología importante. Aun así, la paciente admite que la situación habría sido muy distinta si hubiera existido un problema de salud relevante. “Si hubiera sido algo importante, hubiera removido cielo y tierra o habría acabado haciéndomela en la privada, aunque soy contraria a eso”, afirma.

Pese a disponer de seguro médico privado, insiste en que apenas recurre a él y se define como “pro pública totalmente”. Reconoce, eso sí, que en otras ocasiones sí ha terminado acudiendo a la sanidad privada ante determinadas demoras. “Con una resonancia de la rodilla, por ejemplo, me la terminé haciendo fuera”, explica.

La paciente gaditana asegura que, pese a lo ocurrido, seguirá confiando en la sanidad pública. “Sé que se la están cargando y desgraciadamente la van a seguir deteriorando”, lamenta. Aun así, insiste en que su intención continúa siendo utilizar el sistema público siempre que sea posible.

Según la versión trasladada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a este periódico, se asegura que la mujer ha sido atendida y sometida a distintas actuaciones diagnósticas y asistenciales durante este periodo conforme al criterio médico. Asimismo, el SAS sostiene que la cita a la que se hace referencia corresponde a una revisión programada vinculada a un circuito asistencial concreto y no a una situación de falta de atención sanitaria durante estos años.

Demoras para pruebas diagnósticas

El médico que ha gestionado el caso recuerda que una ecografía abdominal no se solicita de manera arbitraria. “Cuando su médico de cabecera determinó que había que hacerle esta exploración es porque la sintomatología o el seguimiento clínico requerían de esta prueba diagnóstica”, sostiene. A su juicio, esperas tan prolongadas hacen que muchas pruebas “pierdan parte de su utilidad clínica”.

El facultativo asegura además que las demoras para pruebas diagnósticas se han convertido en una situación habitual en numerosos centros sanitarios andaluces. “Hay personas que llevan diez, doce o hasta dieciocho meses esperando determinadas pruebas”, afirma. También relaciona esta situación con el incremento de los tiempos de espera en Atención Primaria y con la falta de refuerzo de personal sanitario.

El problema, añade, no se limita únicamente a las consultas médicas. También afecta a extracciones sanguíneas, derivaciones y pruebas vinculadas a patologías graves. “Se están produciendo cuellos de botella en cáncer de mama, cáncer de pulmón o cáncer de próstata”, afirma, recordando que en las últimas semanas distintos medios gaditanos habían informado ya de retrasos en pruebas torácicas relacionadas con posibles diagnósticos oncológicos.

El médico describe además una sensación de descoordinación creciente dentro del sistema sanitario. Como ejemplo, relata que tanto él como su mujer recibieron mensajes automáticos para participar en el cribado de cáncer de cuello de útero pese a circunstancias médicas que hacían imposible esa convocatoria. “Hay un descontrol”, resume. Para este profesional, el problema de fondo pasa por la falta de refuerzo de personal sanitario en la atención directa al paciente.

“Cuando hace viento, la casa se mueve”, se lamenta Estefanía Reyes. Asienten otra decena de vecinos que ven temblar sus viviendas cada vez que sopla con fuerza el levante o el poniente, algo habitual en Cádiz. Es solo uno de los numerosos problemas que sufren las 60 viviendas de la promoción conocida como Matadero Sur, a la entrada de la capital gaditana. Filtraciones de agua, cortocircuitos, puertas que se desploman o facturas de suministros básicos desorbitadas. Podría parecer que son deficiencias provocadas por el paso del tiempo, pero estas casas apenas tienen un año y medio. Las llaves se las entregó en mano el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en un día en el que presentó este edificio como un “símbolo de calidad y eficiencia energética”. Era la primera construcción de vivienda pública de la Junta en Cádiz tras 12 años. “El presidente nos dio coba”, resume Estefanía.

Las 60 viviendas protegidas de Matadero Sur, en la calle Nelson Mandela, fueron entregadas el 30 de septiembre de 2024. El presidente andaluz había estado en la colocación de la primera piedra y no quiso perderse el momento en que los vecinos accedían por primera vez a estas casas en alquiler. “Es una promoción de última generación, diseñada específicamente para resistir las condiciones climáticas de la ciudad: humedad, viento y salinidad”. Apenas un año y medio después, los vecinos aseguran convivir con goteras, filtraciones, problemas eléctricos, humedad, puertas descuadradas y cortes de agua.

Las denuncias han sido canalizadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha decidido, junto a varios afectados, denunciar públicamente la situación y reclamar una actuación urgente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), promotora pública de la obra. “Las viviendas son de pésima calidad”, sostiene Rafael Lara, portavoz de la APDHA en Cádiz.

La directora de AVRA, Susana Cayuelas, llegó a afirmar entonces que “la calidad del aire está garantizada en el interior de las viviendas” y que el diseño del inmueble había tenido en cuenta las singularidades climáticas de Cádiz, con una especial mención a “la protección térmica y acústica”. Los vecinos están hartos de escuchar ruidos extraños procedentes de las tuberías o del silbido del viento que se cuela por sus ventanas mal selladas.

“No había pasado ni un mes cuando me entró agua por el techo del cuarto de baño, la cocina y la ventana principal del salón”, relata Najat Abdelouarten. Según explica, los operarios acudieron en varias ocasiones, pero nunca solucionaron el problema. “Siempre dan largas”, lamenta.

Estefanía Reyes enumera una cadena de incidencias que comenzó prácticamente desde el día en que recibió las llaves. “Me vine a mi casa con un cortocircuito”, cuenta. Después llegaron las filtraciones, un agujero en el techo del baño, placas de pladur empapadas, una tubería de agua caliente reventada y cortes de suministro durante horas. Describe también situaciones difíciles de asociar a un inmueble recién construido: “Los pomos de las puertas están rotos, los marcos se caen, la placa de ducha se mueve… mi casa está llena de humedad”.

“O te asas de calor o te mueres de frío”

En las casas, que iban a ser un icono de climatización, “o te asas de calor o te mueres de frío: no hay término medio”. Además, no se pueden colocar aparatos de aire acondicionado porque las paredes de pladur no resisten. “No podemos poner ni cuadros ni estanterías porque se caen”.

Una de las anomalías que más inquietud genera es que “salen corrientes de aire por los enchufes”. Según la APDHA, no es un caso aislado y apunta a defectos de mayor alcance. “Para que salgan corrientes de aire por los enchufes debe haber un problema estructural en la construcción”, advierte Lara. Por eso, reclama un informe técnico independiente que evalúe el estado del edificio.

La APDHA sostiene que los defectos aparecieron desde el primer momento, por lo que rechaza cualquier argumento relacionado con un supuesto mal uso por parte de los inquilinos. Además, recuerda que las viviendas siguen dentro de los plazos legales de garantía.

La Junta ha argumentado que está a la espera de un informe de AVRA para determinar quién y cómo debe arreglar estos desperfectos. El Ayuntamiento ha derivado, hasta el momento, a los vecinos a la Consejería de Vivienda, al ser la competente, aunque los beneficiarios proceden del listado municipal de demandantes. La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el arrendador debe acometer las reparaciones necesarias para garantizar la habitabilidad. “Los vecinos están cumpliendo con sus contratos y pagando sus alquileres; la Administración también tiene obligaciones”, sostiene. Temen que la Junta esté dejando pasar el tiempo de garantía para no reclamarle los daños a la constructora.

La entidad asegura haber remitido escritos detallados a AVRA, solicitado reuniones con la delegada territorial de Vivienda, Carmen Sánchez, y enviado incluso una carta firmada por los vecinos al presidente andaluz. Pero no han obtenido respuesta. Ese silencio ha llevado a la APDHA a acudir al Defensor del Pueblo Andaluz y a estudiar posibles acciones judiciales. Aunque reconocen que la vía judicial supondría un gran esfuerzo económico para familias con recursos limitados, advierten de que podría acabar siendo inevitable si la Junta no interviene.

Otros edificios con problemas

Las quejas por el estado de las viviendas públicas se acumulan, ya que otros edificios de su competencia en Cádiz también presentan problemas. Los vecinos de la calle Explanada, en el barrio de Puntales, denuncian desde hace años el grave deterioro estructural de varios bloques, con grietas, hundimientos, apuntalamientos y desprendimientos que mantienen a decenas de familias viviendo “con miedo” ante un posible colapso. La situación se ha agravado en los últimos meses con el precinto y desalojo de algunas casas por motivos de seguridad, lo que ha incrementado la indignación vecinal en una zona donde varias familias llevan demasiado tiempo soportando condiciones de infravivienda. La diferencia es que estas casas tienen más de 60 años. Las de Matadero no llegan a dos.

La promoción de Matadero Sur tenía como objetivo ofrecer un respiro a familias expulsadas del mercado privado del alquiler en una ciudad donde la presión turística y la proliferación de viviendas vacacionales han disparado los precios. Cuando se entregaron las llaves, algunos adjudicatarios explicaban que llevaban hasta 20 años esperando una vivienda pública y que pagaban alquileres inasumibles en el mercado libre.

“Mi alquiler es de 425 euros, pero estoy pagando más de 600 al mes por la luz y el agua”, asegura Vanessa Lois, otra de las vecinas. Sus facturas de suministros básicos superan en algunos meses los 200 euros debido al sistema de bombeo o al mal funcionamiento de las placas solares instaladas. Por eso añade: “Yo invito a Moreno Bonilla a que venga aquí, que los 60 vecinos lo estamos esperando. Que venga y vea lo que vino a vender y lo que hay realmente”.

Juan Carlos Aragón iba a entrar este domingo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz con una estrella frente al Gran Teatro Falla. Menos de 24 horas antes del acto, una carta enviada por una de sus exparejas, acompañada de documentación judicial y una sentencia firme por malos tratos de 2010, frenó el homenaje y abrió una de las mayores sacudidas culturales y políticas que recuerda el carnaval gaditano. Caía el mito de una leyenda que nacía tras su temprana muerte en 2019.

El terremoto ha terminado este lunes de explotar. El alcalde de Cádiz, Bruno García, del PP, ha anunciado que el Ayuntamiento llevará al próximo pleno la retirada de los honores concedidos al autor, solicitará la revisión del nombre del colegio Profesor Juan Carlos Aragón y exigirá responsabilidades políticas a quienes “sabiendo que existía esta sentencia no hicieron nada”.

“Con una persona condenada, en este caso como se ha documentado, nuestra propuesta va a ser retirar esos honores”, ha afirmado el alcalde, quien asegura que el gobierno municipal ha decidido colocar “una frontera muy evidente en la sentencia”. “Cuando uno tiene la sentencia, tiene que elegir si está de un lado o del otro”, añadió.

El alcalde explicó cronológicamente cómo se produjo la suspensión del homenaje previsto para este domingo. Según detalló, el jueves recibieron una primera petición de una mujer identificada como Lola, a la que describió como “la primera esposa” de Aragón, alertando de que “la situación que ella había vivido no casaba con lo que iba a pasar el domingo”. El viernes, añadió, recibieron otra comunicación de Paqui Pino, madre del segundo de los hijos del autor, que posteriormente remitió documentación judicial, incluida una sentencia condenatoria firme.

“En ese mismo momento tomamos la decisión de aplazarlo”, aseguró García, que explicó además que mantuvieron una videollamada con la viuda del autor y promotora del homenaje, Luisa Tejonero, antes de anunciar públicamente la suspensión.

El alcalde ha confirmado que el gobierno municipal propondrá revocar definitivamente la estrella prevista frente al Gran Teatro Falla. “La estrella se va a quitar”, afirmó. También anunció que el Ayuntamiento pedirá al Consejo Escolar que revise el nombre del colegio Profesor Juan Carlos Aragón, un centro educativo donde habitualmente suena el Credo carnavalero, una de las coplas más emblemáticas del autor.

Hematomas en brazos y piernas

“Estamos hablando de si el Ayuntamiento tiene que ponerle de referente en la ciudad de Cádiz y darle un honor”, sostuvo el regidor. “No estamos evaluando su capacidad artística ni siquiera su reinserción en la sociedad”. También evitará cualquier colaboración con la Fundación que llevaba realizando desde 2024 actos como convocatorias de premios literarios y carnavalescos, además de organizar el homenaje en cada aniversario.

La documentación remitida por Paqui Pino Fernández incluye una sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz que condenó a Juan Carlos Aragón por un delito de lesiones en el ámbito familiar, otro de amenazas leves y una falta de vejaciones injustas.

La resolución judicial, fechada el 23 de marzo de 2010, considera probado que Aragón golpeó a su entonces pareja durante una discusión ocurrida el 30 de agosto de 2005 en presencia del hijo menor de ambos. La sentencia describe lesiones consistentes en “hematomas en el brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha y pie izquierdo y erosiones en el cuello”.

El fallo añade que posteriormente el autor envió “diversos mensajes con carácter intimidatorio” a la denunciante. Entre ellos, uno remitido el 26 de septiembre de 2005 en el que escribió: “En una tienda de deporte venden un rifle demasiado... sobre todo cuando me acuerdo de lo que habéis hecho con él... menos mal que ya no me queda dinero...”. El mismo documento recoge además insultos enviados a la víctima, a la que llamó “vieja, gorda, adúltera, mentirosa, mala madre, estafadora, choriza”, además de “hija de puta” en distintos mensajes y llamadas.

La sentencia condenó a Aragón a un año de prisión por lesiones en el ámbito familiar, once meses de prisión por amenazas leves y cuatro días de localización permanente por vejaciones injustas. También le impuso prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima, así como privación de tenencia de armas. La propia resolución judicial señala además que el acusado mostró “su conformidad con los hechos, la calificación jurídica y la pena solicitada”.

Junto a la sentencia se ha difundido también un parte médico fechado el 2 de septiembre de 2005 que recoge lesiones compatibles con malos tratos: hematomas en brazos y piernas, rasguños y erosiones en el cuello.

Además de la causa penal, la documentación aportada incluye la demanda de guarda y custodia presentada por la denunciante en 2005. En ese procedimiento civil —cuyos contenidos son alegaciones de parte y no hechos probados judicialmente— la expareja del autor afirmaba que Aragón padecía adicción “al alcohol y otras drogas, como la cocaína”, relataba episodios de violencia física y aseguraba que había tenido que abandonar precipitadamente el domicilio familiar.

El escrito sostiene que el comportamiento del autor “se achacaba a su adicción a las drogas” y afirma que había sido tratado “por médicos y psicólogos”. La demanda describe además situaciones relacionadas con el cuidado del hijo común, entonces un bebé de pocos meses. Según ese documento, Aragón decía que el niño “le da mucho calor y no lo puede coger” y necesitaba ayuda de terceros para cambiar pañales o darle el biberón.

Duro enfrentamiento político

La documentación económica incorporada a esa demanda aporta además una imagen muy concreta del momento de máximo auge creativo y popular de Aragón. Según el escrito, el autor dirigía personalmente la comparsa El Cojo de Loreto y una chirigota, además de escribir repertorios para otras agrupaciones. La demanda afirmaba que percibía de la SGAE “unos altos ingresos anuales” que en 2004 “alcanzaron en torno a los 90.000 ó 120.000 euros”.

La controversia ha provocado además un duro enfrentamiento político. Adelante Izquierda Gaditana afirmó que “hace tiempo que en los mentideros corría la voz de que era un maltratador y, sin embargo, se ha querido hacer como que no nos enterábamos”. El PSOE respaldó la suspensión del homenaje y sostuvo que “ya no hay lugar a dudas sobre los hechos acontecidos”.

Pero el alcalde fue mucho más allá y dirigió gran parte de su comparecencia contra el anterior gobierno municipal de Adelante, al que acusó de haber conocido la existencia de la sentencia sin actuar. “Prefirieron mirar para otro lado”, afirmó. Es, por eso, que en el pleno de este jueves pedirá responsabilidades a su antecesor, José María González. Ha sido durante el gobierno del PP cuando se han ejecutado los homenajes permanentes a Aragón como la creación de premios en su memoria o la instalación, aunque frustrada, de su estrella. “La diferencia es que cuando yo he accedido a la sentencia, he actuado”, se ha defendido el alcalde.

El largometraje Memory of Princess Mumbi (Memorias de la princesa Mumbi), de Damien Hauser, ha abierto este viernes la 23ª edición del Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger (FCAT) reivindicando el “nuevo misticismo africano”. Una inauguración que ha recuperado la Cinemateca de Tánger como espacio de proyección y que ha acogido una gala inaugural en la que se ha nombrado como nueva embajadora del festival a la actriz, productora y periodista Cayetana Guillén Cuervo, quien se une así a Rossy de Palma en el madrinazgo de la cita con los cines de África.

Memory of Princess Mumbi fue la ganadora de FCAT LAB 2025 y se estrenó mundialmente en el Festival de Venecia. El joven cineasta keniano-suizo Damien Hauser, junto a la actriz protagonista de la película, Shandra Apondi, han acudido a la gala de apertura para acompañar este original filme que reivindica el misticismo africano. Según ha compartido el director, la película se pudo terminar gracias al FCAT LAB y “venir aquí a presentarla es como cerrar el círculo”.

En la gala inaugura, el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, ha reconocido en su intervención que “la cultura hay que transmitirla desde la infancia, es el dinero mejor invertido”. Por su parte, José María Davó, delegado de Cultura de la Embajada de España en Rabat, ha recalcado la importancia cultural de los pueblos hermanos: “Hay que convertir a España y Marruecos en un centro de intercambio cultural”.

El FCAT ha recibido en Tánger a Cayetana Guillén Cuervo, nueva embajadora del FCAT, “una mujer que hace y protege el cine”. La presentadora y actriz ha querido agradecer al FCAT considerarla como madrina por su “energía, marca y activismo cultural”. En palabras de Guillén Cuervo, “este festival ayuda a entendernos a nosotros mismos y a entender al otro, teje una telaraña de protección, de respeto y de cercanía a la cultura”.

Batucada y proyecciones especiales en Tarifa

La gala ha sido presentada por la actriz y cantante Mouna Diaj, y ha contado con la bienvenida musical de la agrupación local Dakka Marrakchia y la actuación de Chica del Bosque & Sirifo Kouyate, cantautora sevillana y cantautor senegalés, que fusionan la kora africana con la guitarra y voz andaluza.

En Tarifa se ha celebrado de forma simultánea el arranque de la 23ª edición, también con la proyección de Memory of Princess Mumbi, en un acto de bienvenida acompañado por Bastián Castillo, coordinador de Árbol de las Palabras, y Daniella Verektenidi, responsable de personas invitadas.

El inicio de esta bienvenida ha corrido a cargo de la batucada Levantuka, que ha llenado de ritmo y música las calles de Tarifa en un recorrido desde la Calzada hasta la Alameda. El pasacalles, iniciado en la iglesia de San Mateo y culminado en el teatro, ha congregado a numeroso público y ha creado un ambiente festivo en las inmediaciones del FCAT.

También ha tenido lugar, de forma previa a la inauguración oficial, la proyección especial de El sueño de Íñigo, un guión imaginado, de Nieves García Benito. La tarifeña ha presentado el documental junto a Valeria Reyes, una obra concebida para honrar la memoria de su hijo, Íñigo Vallejo, y arrojar luz sobre las circunstancias de su fallecimiento en 2010 mientras trabajaba en Salvamento Marítimo. El joven perdió la vida en un accidente de helicóptero y, años después, su madre ha querido profundizar en las causas de aquel trágico suceso a través de esta película.

La ciudad de Tarifa ha sido escenario este miércoles de la presentación de la 23ª edición del Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger a dos días de su inauguración en ambas orillas del Estrecho este viernes. A la cita han acudido el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos Perea, el diputado provincial de Educación y Juventud en la Diputación de Cádiz y segundo teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Tarifa, Ignacio Trujillo, junto al portavoz del comité de dirección del FCAT, Federico Olivieri.

Los organizadores del festival y los representantes municipales, acompañados en el vestíbulo del Teatro Alameda por una decena de patrocinadores y colaboradores del festival en el Campo de Gibraltar, han desvelado los últimos detalles de esta edición, además de congratularse porque un año más, el Parlamento Europeo vuelve a patrocinar el #FCAT2026 reconociendo “su impacto social y reforzando su papel como actor y dinamizador de la sociedad civil”. Se trata de un reconocimiento que se otorga cada año a un número limitado de eventos y el FCAT lo consigue por cuarto año consecutivo.

Mane y la gran idea

Entre los anuncios que se han hecho durante la presentación en el Teatro Alameda de Tarifa, se encuentra el homenaje que el FCAT 2026 dará a su fundadora y directora durante 22 ediciones, Mane Cisneros. Bajo el título, Mane y la gran idea, el equipo, colaboradores, amigos y los espectadores del festival rendirán gratitud a Cisneros a través de la conversación y ante un desfile de mensajes llegados de todas las latitudes por parte de cineastas que han pasado por el festival.

En este acto se repasarán las más de dos décadas de visión y dedicación de Mane Cisneros al FCAT, un proyecto que nació con el fin de acercar las historias del continente vecino a través de un cine desconocido en España, como lo era el africano hace 23 años.

Junto al FCAT, Mane Cisneros creó también Al Tarab, el centro de Divulgación Cultural del Estrecho con el que el FCAT ha podido crecer gracias a numerosos apoyos institucionales y privados, visibilizando películas, autores y cineastas africanos.

Premio 'Miradas Africanas'

Por su parte, Canal Sur vuelve a apoyar el Festival de Cine Africano, gracias a un convenio firmado por ambas partes, y concederá el Premio 'Miradas Africanas' a la directora y productora franco-tunecina Erige Sehiri en el marco del festival. El galardón reconoce su importante trayectoria cinematográfica, así como el compromiso social.

La Agencia Pública de la Radio y Televisión de Andalucía destaca con este galardón la labor de una cineasta que promueva la unión entre culturas. En este sentido, Sehiri reúne en sus trabajos todas estas cualidades que favorecen la visibilidad de la realidad de los países africanos a través del cine. De esta forma, se potencia y visibiliza tanto los talentos consolidados como los emergentes. Su largometraje Promis Le Ciel (Prometido el cielo) es uno de los que se presentan a competición en esta edición del FCAT. La cinta se estrenará en los cines españoles solo unos días después del festival, el 6 de junio.

Erige Sehiri es directora y productora franco-tunecina. En 2022, su primer largometraje, Entre las higueras, un retrato intimista de la juventud y el trabajo en la Túnez rural, se estrenó en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes y fue premiado en numerosos festivales internacionales, entre ellos el FCAT. Prometido el cielo, su segundo largometraje, se estrenó en Un certain regard del Festival de Cannes de 2025. Esta película, centrada en la historia de mujeres en Túnez, habla de solidaridad, fragilidad y esperanza en un mundo convulso.

Espacio Escuela y Cine en familia

En su parte online, el Espacio Escuela del FCAT volverá a proyectar películas tanto en Tarifa como en las aulas, para transformarlas en foros de debate. Acompañadas de guías didácticas, las tres historias escogidas esta edición demuestran que el cine es un vehículo idóneo para que los alumnos analicen de manera crítica los derechos humanos, la diversidad cultural y los lazos que nos unen a todos, sin importar las fronteras geográficas. Presencialmente, el Espacio Escuela se desarrollará tanto en Tarifa como en Tánger, con escolares de centros educativos llenando las salas.

Desde el 22 de mayo hasta el 12 de junio de 2026 los centros educativos de España y los centros educativos españoles en Marruecos podrán acceder, previa inscripción, a tres títulos en versión original subtitulada en español y a sus correspondientes fichas didácticas. Las películas estarán accesibles a través de la plataforma Vimeo.

Las obras elegidas para esta edición son la keniana Supa Modo (Likarion Wainain), un drama luminoso, vitalista y conmovedor idóneo para trabajar en el aula la solidaridad comunitaria, el duelo infantil y el poder del cine y la imaginación como refugio frente a la adversidad. Kabri i manz salad (La cabra come ensalada), de Nicolas Séry, un cortometraje que ofrece una base excelente para debatir sobre la convivencia intercultural, los prejuicios religiosos en entornos urbanos y la necesidad de empatía entre jóvenes de diferentes orígenes. Y, por último, La vérité sur Alvert, le dernier dodo (La verdad sobre Alvert, el último dodo), de Nathan Clément. Una propuesta de gran belleza plástica que destaca el valor de la tradición oral, el amor familiar intergeneracional y el uso de las leyendas locales como un mecanismo de esperanza y resiliencia psicológica ante la enfermedad de un ser querido.

El FCAT, con la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa, la Diputación de Cádiz, la Embajada de España en Marruecos, el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Fundación Bancaria La Caixa, acerca un año más el cine a los escolares en su compromiso con una educación de calidad para todos y todas.

En cuanto a las sesiones de Cine en familia, gratuitas y destinadas a niños, niñas, padres y madres, tendrán lugar el martes 26 y el sábado 30 de mayo por la tarde en el Teatro Alameda de Tarifa con la proyección el martes del corto Kabri i manz salad (La cabra come ensalada), de Nicolas Séry, y de La vérité sur Alvert, le dernier dodo (La verdad sobre Alvert, el último dodo), de Nathan Clément. El sábado 30 será el turno del filme de animación, Allah n’est pas obligé (Alá no está obligado) de Zaven Najjar. Una adaptación de la aclamada novela homónima del escritor marfileño Ahmadou Kourouma, ganadora del Premio Renaudot en el año 2000 sobre un niño soldado y la pérdida de la inocencia.

Atún Experience

Otra alianza del festival este año ha sido con Tarifa Destino Gastronómico, quienes han ideado una ruta del atún africano por los bares y restaurantes de Tarifa y Tánger y que amplía el universo del festival más allá de las salas de cine.

Restaurantes, bares y espacios gastronómicos de toda la ciudad participarán en esta iniciativa ofreciendo creaciones exclusivas. La idea es sencilla: convertir Tarifa en un gran mapa de sabores donde cada parada sea una experiencia distinta. El hilo conductor no es casual. El atún rojo, uno de los grandes símbolos históricos de la ciudad y del estrecho de Gibraltar, será el protagonista indiscutible de cada plato. Pero con una condición clave: todas las elaboraciones deberán incorporar también inspiración africana, en homenaje al espíritu del FCAT y a la conexión natural entre ambas orillas.

El objetivo es impulsar la innovación en la cocina local sin perder la identidad de Tarifa, reforzando al mismo tiempo el vínculo cultural con África. La experiencia tendrá además un componente competitivo. Un jurado formado por tres miembros vinculados al Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger FCAT realizará una cata a ciegas de los platos participantes.

Su valoración supondrá el 50% de la puntuación final. El otro 50% dependerá del público, que podrá votar directamente desde cada establecimiento mediante un sistema de códigos QR. Una fórmula que mezcla participación ciudadana, gastronomía y ambiente festivalero en un mismo recorrido urbano.

La tensión laboral vuelve a instalarse en la Base Naval de Rota. La plantilla de la empresa concesionaria de los servicios aeroportuarios, VERSAR Global Services, afronta un nuevo escenario de incertidumbre tras la apertura de un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que afectará a buena parte de los trabajadores entre el próximo 25 de mayo y el 15 de julio, en un contexto marcado por años de conflicto sindical, negociaciones enquistadas y acusaciones de imposición empresarial.

El último episodio se ha producido esta misma semana, durante la primera reunión oficial entre la dirección de la multinacional y el Comité de Empresa después de que la compañía comunicara el 8 de mayo su intención de aplicar un ERTE alegando causas organizativas y productivas derivadas de las obras en la pista de vuelo del aeropuerto militar. El encuentro, celebrado en un hotel de la localidad gaditana, reunió al director de la empresa, responsables de Recursos Humanos y representantes legales de la compañía, además de los miembros del comité y sus asesores sindicales.

Sin embargo, lo que inicialmente se había planteado como una negociación sobre un único expediente acabó derivando en un escenario mucho más complejo. Según denuncia la representación de los trabajadores, la empresa comunicó “sin previo aviso” un cambio sustancial en su estrategia laboral al anunciar que prevé ejecutar dos ERTE distintos. El primero, inicialmente justificado por motivos organizativos y productivos, pasaría a tramitarse como un ERTE por causa de fuerza mayor, manteniendo el mismo calendario previsto entre mayo y julio.

La principal preocupación de la plantilla llegó con el anuncio de un segundo ERTE posterior, esta vez nuevamente por causas organizativas y productivas, pero sin fecha concreta de finalización. La empresa habría vinculado esta segunda medida a una supuesta reducción de vuelos y actividad en las instalaciones aeroportuarias de la base, llegando incluso a apuntar, según trasladan los representantes sindicales, a las restricciones del Gobierno español sobre determinados vuelos relacionados con operaciones militares de Estados Unidos en el conflicto con Irán.

Una década de enfrentamientos laborales

El Comité de Empresa rechaza frontalmente esa argumentación y sostiene que la actividad vinculada a los destructores estadounidenses destinados al escudo antimisiles mantiene una importante carga de trabajo logístico tanto en el aeropuerto como en el muelle marítimo de la base. De hecho, aseguran que preguntaron directamente a la dirección si existía algún perjuicio económico derivado de esa situación y que la empresa negó que estuviera alegando pérdidas económicas.

El trasfondo del conflicto se remonta a más de una década de enfrentamientos laborales entre la concesionaria y la representación sindical. Los trabajadores llevan años reclamando un convenio colectivo propio adaptado a las particularidades del servicio que se presta a la Marina de Estados Unidos, al considerar que muchas de las funciones que desempeñan no están reconocidas ni remuneradas adecuadamente bajo el convenio Handling que, según denuncian, fue impuesto de forma unilateral por la empresa.

Ese clima de desconfianza había provocado ya inquietud desde el primer momento en que se comunicó el expediente temporal. La plantilla temía que la medida pudiera convertirse en una antesala de nuevos recortes laborales tras varios años marcados por despidos y reducciones de personal. La modificación del planteamiento inicial durante la reunión del pasado día 18 ha intensificado aún más esas sospechas.

Desde el Comité de Empresa también critican que durante el periodo de ERTE la compañía pretenda que los salarios sean asumidos por el Estado mientras, sostienen, continúa percibiendo los ingresos derivados de su contrato con la Marina estadounidense. “No entendemos que semejante situación pueda asumirse con normalidad”, apuntan los representantes de los trabajadores, que consideran insuficientemente aclarado el impacto económico real de las medidas planteadas por la empresa.

La negociación continúa abierta, aunque todavía no se han abordado las condiciones concretas de los expedientes planteados. Mientras tanto, el comité ya estudia posibles acciones legales, movilizaciones y nuevas protestas sindicales ante una situación que consideran “injusta” para la plantilla y sus familias.

La Guardia Civil de Cádiz está investigando la muerte de dos hermanos, cuyos cuerpos han aparecido con signos de violencia en Estella del Marqués, una pedanía de Jerez de la Frontera.

Las causas de este suceso se siguen investigando, aunque fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que uno de los hermanos tenía antecedentes por episodios de esquizofrenia, y que podría haber sido el que provocó la muerte de su familiar al suministrarle un medicamento para dejarlo inconsciente y causarle la muerte con un arma blanca. Posteriormente, esta persona se habría quitado la vida.

Los hermanos tenían 57 y 60 años de edad y presentaban heridas por arma blanca cuando han sido encontrados por los agentes de la Guardia Civil, que continúa investigando los hechos para esclarecer las causas que han derivado en este hecho.

El revuelo causado por el intento del PP de censurar las comparsas del Carnaval de Cádiz en un evento programado en Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, para este sábado ha provocado la reacción de Jesús Bienvenido, letrista de DSAS3, quien ha publicado un vídeo en redes sociales señalando el “lápiz rojo” con el que los populares intentan “volver a su puerca dictadura”. “Nunca váis a entender la libertad y la democracia si pretendéis que Cádiz apague su voz”, canta a viva voz en la publicación que ha corrido como la pólvora.

Armado con su guitarra, los versos de Bienvenido critican “la censura después de 40 años de terror”, en referencia a la dictadura franquista, y claman por que “a Cádiz nadie lo calla porque nació libre”. Nada más comenzar el clip, le lanza una retahíla de descalificativos a Juanma Moreno, líder popular y candidato a la Junta de Andalucía para los comicios de este 17 de mayo, al que llega a denominar como “suavón” o “fascista embaucador”. “Para censurarme a mí tienes que nacer mil veces”, trayendo a colación la memoria histórica de sus propios antepasados: “Mis abuelos gaditanos, murguistas del Carnaval, a los que repersaliaron y asesinaron solo por cantar, voz de la clase obrera y la libertad”.

La grabación del autor de la comparsa ganadora del COAC 2026 ha tenido un especial impacto en este día de reflexión, ya que ha sido compartida por personalidades como el futbolista bético Hector Bellerín o el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Así, la polémica suscitada por una denuncia presentada por los populares de Alcalá de Guadaíra ante la Junta Electoral, en la que adjuntaban vídeos y letras de algunas agrupaciones en las que se criticaba el deterioro del sistema sanitario, ha metido en un lío a sus homónimos en Cádiz.

Retirada de la denuncia

Por tal motivo, la Junta Electoral de Zona de Sevilla inició el miércoles 13 de mayo un expediente tras la denuncia contra el festival Carnaval de Primavera. En el escrito remitido al órgano electoral, los populares sostenían que varias de las agrupaciones anunciadas —un coro, una chirigota y dos comparsas— incluían en sus repertorios letras de contenido político y crítica social que podrían vulnerar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que limita los actos de propaganda electoral durante ese día.

Finalmente, el PP decidió retirar la denuncia después de que el propio alcalde de Cádiz y presidente del PP en esa provincia, Bruno García, se pusiese en contacto con los populares sevillanos para que diesen marcha atrás porque el Carnaval de Cádiz “es libertad y la expresión de un pueblo que no sobra en ningún momento”. Por su parte, el Ayuntamiento de Alcalá, gobernado por el PSOE, seguirá adelante con el evento carnavalesco que empieza a las 17.00 horas. El recital estaba previsto desde antes que el presidente de la Junta convocara las elecciones, de ahí que se negara la voluntad política en el día y las agrupaciones escogidas.

La viuda de Julio Pose nunca pudo rezar su cuerpo ni llevarle flores. Vivió creyendo que el cadáver de su marido se había hundido para siempre en el mar después del siniestro del 6 de febrero de 1973, cuando el pesquero gaditano Domenech de Varó naufragó en la escarpada costa de Mala (Lanzarote) y dejó diez muertos y dos supervivientes. Ella, que murió hace ya 18 años, nunca supo que en realidad, el cuerpo de Julio yacía enterrado en un nicho sin nombre en un cementerio a casi 2.000 kilómetros de Cádiz, en la ciudad de Arrecife.

Este viernes, 15 de mayo de 2026, el habitual viento de Lanzarote agitaba los árboles del camposanto de San Román. A primera hora de la mañana, resguardándose de la lluvia en uno de los pasillos, esperaba inquieto José Manuel Pose (Cádiz, 71 años). En apenas unos minutos, después de 53 años creyendo que a su padre se lo había tragado la marea, recuperaría sus restos para llevarlos a su ciudad y enterrarlos junto a su madre. En su mano, con la que sostiene decenas de documentos judiciales que avalan la exhumación, lleva la alianza de su padre, que pudo recuperar cuando abrieron su tumba para practicarle las pruebas de ADN. 

Pocos minutos después de las nueve, dos hombres abrieron tres nichos: el 68, donde yacía Julio Pose Canto; el 69, de Jaime Roselló Zaragoza; y el 70, de Antonio Rodríguez Rivero. ''Ya tienes a tu padre contigo'', decía Ana Rodríguez, hermana de uno de los fallecidos, a José Manuel. Su turno fue el último. ''Por fin, 50 años después…'', celebraba ella nerviosa y con los ojos vidriosos sin dejar de mirar el hueco número 70, de donde sacaron una pequeña caja de madera que pertenecía a su hermano mayor. 

Con esta última exhumación termina un periplo de tres años que nació de un homenaje. En 2023, cuando se cumplía medio siglo de la tragedia, los hijos de los marineros se reunieron para conmemorar la memoria de sus padres y hermanos. Movidos por la curiosidad, se desplazaron hasta Lanzarote para investigar las causas del naufragio. 

El Domenech de Varó se dirigía al norte de África a faenar cuando, después de repostar en Ceuta, sufrió una avería en el motor que le obligó a hacer escala en el puerto de Arrecife. Ya en la isla, una tormenta y la falta de visibilidad provocaron el trágico desenlace. Pero esto no fue lo único que descubrieron en Lanzarote.

''Cada vez que tirábamos del hilo se nos ponía la piel de gallina'', cuenta José Manuel en una entrevista concedida a este periódico. Después de bucear en decenas de archivos y noticias de prensa, averiguaron que el mar fue escupiendo cuerpos los días posteriores a la catástrofe y que en esas fechas habían sido enterrados en la isla cuerpos sin identificar. 

Fue entonces cuando los familiares constituyeron una asociación para poder financiar todos los engorrosos trámites a los que debían hacer frente para localizar, desenterrar y recuperar a sus seres queridos. Elaboraron un dossier de 225 páginas con pruebas y argumentos que presentaron ante la Justicia, que autorizó la apertura de cinco nichos sin nombre del cementerio de Arrecife. ''Empezamos a ver que hubo fallos en los enterramientos'', cuenta José Manuel.

Antonio, el más joven del barco

Ana Rodríguez, que se ha desplazado hasta Lanzarote desde Huelva, es una de las afectadas por estos errores. Tras el siniestro fueron identificados tan solo tres cadáveres. Entre ellos estaba, supuestamente, el de su hermano Antonio. ''Un primo de mi padre, que estaba en otro barco, lo identificó'', explica. Antonio Rodríguez era el más joven del barco. Tenía solo 19 años cuando se incorporó a la tripulación del Domenech de Varó. El de febrero de 1973 era su primer viaje, y también fue el último. 

Ana tenía 16 años cuando le informaron del naufragio, una noticia que cayó sobre su familia como un jarro de agua fría. ''Él era muy alegre, estábamos siempre juntos'', dice. Aunque ella y sus padres siempre creyeron que Antonio había podido ser identificado, hace unos meses recibió una llamada de José Manuel Pose, presidente de la asociación de familiares afectados por la tragedia. El cuerpo que descansaba en el nicho de su hermano no era de él, sino de otro marinero. 

''Cuando exhumaron los cadáveres para hacer las pruebas de ADN, encontramos que entre los restos que supuestamente eran de su hermano había una alianza, pero él era soltero'', cuenta el portavoz de los afectados. El anillo estaba grabado con una fecha y unas iniciales que se correspondían con los nombres de los padres de otro miembro de la asociación y con el día en el que se casaron. Por suerte, el cuerpo del hermano de Ana fue hallado en otro de los nichos, y una prueba de ADN ha corroborado que se trataba del joven marinero del Domenech de Varó. 

Un regalo de Navidad inesperado

José Manuel también ha podido encontrar a su padre ''en el tiempo de descuento''. Aún se emociona cuando recuerda la llamada que recibió el pasado 14 de diciembre desde el laboratorio genético de Madrid. ''Tuvimos un regalo de Navidad y de Reyes que no esperábamos'', dice. Ese día apenas pudo reaccionar a las palabras que sonaron al otro lado del teléfono: con un 99,99% de fiabilidad, los restos enterrados en el nicho 70 del cementerio de San Román pertenecían a su padre. 

''Yo lo deseaba, pero no lo esperaba ya. Cuando me llamaron les dije: ''Ah, pues muy bien, gracias''. Y colgué. A los dos o tres minutos volví a llamar porque no había sido capaz de reaccionar. ¿Habrá algún error?, pensé'', cuenta sin dejar de sonreír. Cuando su padre murió, José Manuel tenía 18 años. ''No recuerdo mi dolor, sino el de mi madre. Para ella, su marido se perdió en la mar. Desgraciadamente, no ha podido ver esta resolución del tema'', lamenta.

A lo largo de la investigación, la asociación ha recibido subvenciones de diferentes administraciones públicas y de la Fundación Unicaja. Ahora, que se acerca el final, los familiares se han topado con un obstáculo para la repatriación de los cuerpos. José Manuel se ha puesto en contacto con el Instituto Social de la Marina para solicitar una ayuda económica, atendiendo al Real Decreto 869/2007 de 2 de julio que contempla prestaciones para el traslado de cadáveres de trabajadores del mar. Sin embargo, hasta el momento la respuesta ha sido negativa porque han pasado cincuenta años desde el siniestro. 

Tras la exhumación, los familiares se reúnen en la ermita del cementerio de San Román en torno a tres pequeñas cajitas de madera protegidas con unas flores blancas. José Manuel, que se había mantenido entero durante toda la mañana, se rompe cuando el cura despide por fin a su padre. Para que ellos mismos puedan llevar los restos a la Península, los cuerpos serán incinerados, ya que trasladar los cuerpos es más costoso y debe hacerse ''de funeraria a funeraria''. 

Mientras tanto, a unos 20 kilómetros del cementerio, está el punto en el que empezó todo. En la costa de Mala, el mar que hace medio siglo vio morir a diez hombres, este viernes está en calma. Algunos de ellos, a quienes por mucho tiempo se dio por desaparecidos, este fin de semana podrán volver a casa.

Un estudio científico internacional en el que participa la Universidad de Cádiz (UCA) ha constatado un aumento de la intensidad de las tormentas marinas en el entorno del Estrecho de Gibraltar, tras analizar el comportamiento de estos fenómenos entre 1985 y 2024, así como cambios relevantes en su frecuencia y estacionalidad.

El trabajo, publicado en la revista Estuarine, Coastal and Shelf Science, ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar en el que participan los investigadores de la UCA, Rosa Molina y Giorgio Anfuso, del departamento de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, ha indicado la Universidad en una nota.

Su aportación ha sido “clave” para el análisis del litoral del sur peninsular, una zona “especialmente compleja” por la interacción entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. A partir del estudio de datos de oleaje de alta resolución en ocho puntos costeros situados a ambos lados del Estrecho, la investigación describe un comportamiento diferenciado entre ambas cuencas.

Mientras el Atlántico concentra tormentas más energéticas aunque menos frecuentes, el Mediterráneo registra un mayor número de episodios pero de menor intensidad. Esta dualidad convierte al Estrecho de Gibraltar en un espacio de transición climática “singular”, donde confluyen dinámicas marinas distintas que condicionan la evolución del litoral.

Más hacia finales de invierno

Más allá de esta diferencia estructural, el estudio pone de manifiesto una transformación progresiva del régimen de tormentas. Y es que en las últimas décadas se observa un incremento de la energía de los temporales en el Atlántico, especialmente en zonas expuestas del Golfo de Cádiz, así como una mayor recurrencia de episodios extremos en el Mediterráneo.

A ello se suma un desplazamiento en el calendario habitual de estos fenómenos, cuyos picos tienden a producirse cada vez más hacia finales del invierno e incluso comienzos de la primavera, junto a la aparición de nuevos patrones cíclicos vinculados a grandes dinámicas atmosféricas.

Estos cambios tienen una traducción directa sobre el territorio, ya que las tormentas marinas son uno de los principales factores responsables de la erosión costera, las inundaciones y los daños en infraestructuras situadas en primera línea de costa.

Así, su intensificación y variabilidad refuerzan la necesidad de incorporar este conocimiento a la planificación litoral y a las estrategias de adaptación frente al cambio climático, especialmente en áreas tan sensibles como el sur de la península ibérica.

José Ignacio García saca el colmillo ante las grandes fortunas y pone en entredicho las políticas de la bancada conservadora en estas dos últimas legislaturas, para las que busca una alternativa dentro de la izquierda. El candidato de Adelante Andalucía a la Junta “cuestiona” tanto a los bancos, a los fondos de inversión o a los rentistas. “A la derecha no se le echa comportándonos bien, sino con un programa que diga que ni una universidad privada más o expropiando las viviencas vacías”, dijo, “les vamos a freír a impuestos”, mantuvo en referencia a las grandes fortunas.

El discurso del candidato andalucista pasa por proponer en esta recta final de campaña un tranvía para el Campo de Gibraltar y limitar el precio del alquiler, dos cuestiones que “preocupan especialmente” a La Línea de la Concepción, en Cádiz, donde realizó ayer jueves un encuentro ciudadano. Partiendo de la idea de que esta campaña “no consiste solo en proponer, sino también en escuchar”, como ha remarcado García, Adelante Andalucía ha defendido la necesidad de construir “políticas basadas en las vivencias reales de la ciudadanía”.

Así, desde la formación andalucista se ha reiterado uno de los compromisos centrales adquiridos al inicio de la campaña, la de exigir un tranvía para el Campo de Gibraltar que conecte La Línea, San Roque, Los Barrios y Algeciras y que cuente con paradas intermedias para facilitar la movilidad de las más de 300.000 personas que se desplazan diariamente por la comarca.

“Insostenible”

Actualmente, como ha recordado la formación, la principal vía de conexión en esta zona es la autovía A-7, que está “saturada”. “Gobierne quien gobierne”, ha prometido García, Adelante Andalucía llevará “en los primeros 30 días de legislatura” una propuesta para que el Campo de Gibraltar cuente con un tranvía “público, accesible y para los trabajadores, estudiantes y la gente que tiene que ir a los centros hospitalarios”.

Junto a Leti Blanco, número dos de Adelante por Cádiz, García también ha puesto el foco en el problema de la vivienda en la comarca, denunciando que en La Línea “el metro cuadrado está a 1.400 euros” y los alquileres son “absolutamente insostenibles”. Frente a esta situación, Adelante ha propuesto una ley de regulación del precio del alquiler que vincule los precios de los barrios a los salarios, así como una revisión del modelo de VPO.

“El problema de la vivienda no es ya exclusivamente un problema de jóvenes o de grandes ciudades, es un problema de todas las edades y que afecta ya a todos los municipios”, ha concluido García en este acto en la localidad linenese.

El PP de Alcalá de Guadaíra ha metido en un enorme lío a sus compañeros en Cádiz a dos días de que termine la campaña electoral a las autonómicas al presentar una denuncia ante la Junta Electoral para intentar prohibir que el sábado, durante la jornada de reflexión, canten mensajes políticos las agrupaciones invitadas a un certamen de carnaval organizado por el Ayuntamiento (gobernado por el PSOE). La enorme polémica que se estaba creando, con ataques al PP por este intento de censura sin precedentes en democracia, llevó al presidente provincial del PP y alcalde de Cádiz, Bruno García, a pedir a primera hora de hoy a la dirección sevillana de su partido a reclamar la retirada de la denuncia.

La Junta Electoral de Zona de Sevilla inició este miércoles 13 de mayo un expediente tras la denuncia presentada por el PP contra el festival Carnaval de Primavera, previsto para el próximo 16 de mayo, jornada de reflexión de las elecciones andaluzas, en Alcalá de Guadaíra. En el escrito remitido al órgano electoral, los populares sostienen que varias de las agrupaciones anunciadas — un coro, una chirigota y dos comparsas— incluyen en sus repertorios letras de contenido político y crítica social que, interpretadas durante la jornada previa a la votación, podrían vulnerar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que limita los actos de propaganda electoral durante ese día.

La denuncia, según recoge el acuerdo firmado por el secretario de la Junta Electoral, adjunta vídeos y letras de algunas agrupaciones para justificar la petición. Entre ellas figura la comparsa de Jesús Bienvenido, DSAS3, cuyo repertorio de este año gira en torno a la defensa de la sanidad pública andaluza y las críticas al deterioro del sistema sanitario y al SAS.

Impedir opinión política

El PP no solicita la suspensión del festival, pero sí reclama que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra impida que las agrupaciones incluyan “letras con alusiones políticas” o expresen “opinión política de cualquier signo” durante sus actuaciones. Además, pide que se identifique a las delegaciones municipales y personas responsables de la organización del evento “para su posible individualización de responsabilidades” en caso de incumplimiento.

La Junta Electoral, por el momento, no ha adoptado ninguna medida cautelar. Ha incorporado la denuncia al expediente y ha dado traslado al Ayuntamiento, al que concede un plazo de 24 horas para presentar alegaciones antes de resolver si procede actuar sobre el contenido del espectáculo. Pero en cuanto la denuncia se ha hecho pública en Cádiz la polémica no ha hecho más que crecer. Varios de los componentes de la comparsa DSAS3 y reconocidos autores y personalidades de la fiesta gaditana han denunciado una censura “sin precedentes”. Y varios colectivos se estaban movilizando para inundar el sábado de coplas de carnaval las redes sociales.

Bruno García comparecía en rueda de prensa muy temprano y, sin esperar a preguntas de la prensa, tomaba la palabra para intentar detener la polémica, que ya le había acarreado más de un disgusto político. “Me he enterado de esta denuncia por la radio. Y en cuanto lo he sabido he llamado a la dirección provincial del PP de Sevilla y he pedido que se retire. Y me consta que la van a retirar. El carnaval es libertad”.

“Querían silenciarnos y nos han puesto un altavoz. Gracias al PP por la campaña de marketing. Si no queríais que se escuchara, este sábado vamos a cantar con los pulmones en la mano”, ha escrito en sus redes sociales el guitarrista de la comparsa, Pedro Campos.

El Ayuntamiento de Alcalá, gobernado por el PSOE, ha confirmado que seguirá adelante con el evento carnavalesco. Asegura que el recital estaba previsto desde antes que el presidente de la Junta convocara las elecciones, de ahí que niegue voluntad política en el día y las agrupaciones escogidas. No le consta que el PP haya retirado la denuncia y ha alegado a la denuncia de manera formal aludiendo al artículo 20 de la Constitución Española, que defiende y protege la libertad de expresión.