Hay realidades cuya importancia solo descubrimos cuando dejan de estar presentes. Mientras funcionan, apenas reparamos en ellas; forman parte de la normalidad cotidiana. Sin embargo, basta imaginar su ausencia para comprender hasta qué punto sostienen nuestra vida.

Lo comprobamos cada día, aunque pocas veces nos detenemos a pensarlo. La escuela donde aprendieron nuestros hijos, el centro de salud que nos atendió de madrugada, el agua que brota al abrir un grifo, la carretera por la que viajamos con seguridad o la ayuda que recibe una persona dependiente forman parte de ese entramado silencioso que hace posible nuestra convivencia.

¿Qué ocurriría si mañana dejara de salir agua del grifo? ¿Si una ambulancia no llegara cuando la necesitamos? ¿Si la escuela pública dejara de ofrecer oportunidades a quienes nacen en familias con menos recursos?

Solo cuando imaginamos ese vacío comprendemos el verdadero valor de aquello que siempre ha estado ahí.

Los mejores servicios públicos son, muchas veces, aquellos cuya ausencia nunca llegamos a notar porque hicieron bien su trabajo antes de que apareciera el problema. Son la red invisible que sostiene la vida cotidiana y permite que la sociedad funcione con normalidad.

Los servicios públicos representan una de las mayores conquistas de las democracias modernas. Son mucho más que un conjunto de prestaciones: garantizan que derechos esenciales no dependan del patrimonio familiar ni del lugar donde una persona haya nacido. Constituyen el patrimonio común de la ciudadanía y la expresión más tangible del Estado del bienestar.

Detrás de ellos trabajan miles de profesionales —docentes, sanitarios, bomberos, agentes medioambientales, trabajadores sociales, jueces, policías, investigadores, técnicos y tantos otros servidores públicos— que convierten los derechos reconocidos por las leyes en una realidad cotidiana. Gracias a su labor, la igualdad deja de ser una aspiración para convertirse en una experiencia concreta.

¿Qué ocurriría si mañana dejara de salir agua del grifo? ¿Si una ambulancia no llegara cuando la necesitamos? ¿Si la escuela pública dejara de ofrecer oportunidades a quienes nacen en familias con menos recursos?

Defender los servicios públicos no significa ignorar que siempre pueden mejorar. Significa comprender que una sociedad solo puede aspirar a ser verdaderamente libre cuando garantiza unas condiciones básicas desde las que cada persona pueda desarrollar su propio proyecto de vida.

Educación y territorio: la mejor barrera contra la desigualdad

Si existe un instrumento capaz de reducir las desigualdades de origen, ese es la educación. Ninguna democracia puede considerarse plenamente justa cuando el lugar de nacimiento o la renta familiar condicionan las oportunidades de toda una vida.

Después de casi cuatro décadas en la enseñanza pública he comprobado que el talento no entiende de rentas, de apellidos ni de códigos postales. Lo único que necesita es un suelo fértil donde crecer. Para miles de niños y niñas, ese suelo sigue siendo la escuela pública.

He conocido muchas familias preocupadas por el coste de los libros o del comedor escolar y también cómo una beca, un profesor comprometido o una oportunidad ofrecida a tiempo pueden cambiar el rumbo de una existencia.

Cuando la educación funciona como un verdadero ascensor social, el esfuerzo y la capacidad pesan más que el patrimonio familiar. La igualdad de oportunidades deja entonces de ser un principio abstracto para convertirse en una posibilidad real. En cambio, cuando la calidad educativa depende cada vez más de la capacidad económica, la desigualdad termina heredándose de una generación a otra.

Algo semejante ocurre con la sanidad pública. Un sistema sanitario universal garantiza que nadie tenga que elegir entre recibir un tratamiento o comprometer la economía de su familia. La enfermedad no distingue entre ricos y pobres; la respuesta de una sociedad justa tampoco debería hacerlo.

En comunidades como Castilla-La Mancha, la dispersión geográfica convierte la prestación de los servicios públicos en un desafío permanente. Precisamente por eso resultan aún más necesarios.

Mantener un Colegio Rural Agrupado (CRA), un consultorio médico o una línea de transporte público significa mucho más que prestar un servicio: significa garantizar que vivir en un pueblo no suponga renunciar a derechos.

Los servicios sociales: una medida de humanidad

La calidad moral de una sociedad también se mide por la protección que ofrece a quienes atraviesan momentos de mayor vulnerabilidad.

La Ley de Dependencia constituye uno de los avances sociales más importantes de nuestra democracia. Gracias a ella, cientos de miles de personas pueden mantener su autonomía y afrontar la vejez o la enfermedad con mayor dignidad. Es una realidad que hoy observo muy de cerca en mi propia generación y en la de nuestros padres.

En una comunidad como Castilla-La Mancha, marcada por el envejecimiento de la población y la dispersión territorial, estas políticas adquieren una importancia aún mayor.

La ayuda a domicilio, la teleasistencia o los centros de día permiten que muchas personas mayores continúen viviendo en sus pueblos, rodeadas de sus recuerdos, de sus vecinos y de su comunidad. Al mismo tiempo, generan empleo, fijan población y contribuyen a mantener vivos numerosos municipios.

En una comunidad como Castilla-La Mancha, marcada por el envejecimiento de la población y la dispersión territorial, estas políticas adquieren una importancia aún mayor

Además, estas políticas han ayudado a corregir una injusticia histórica: durante décadas, el cuidado de las personas dependientes recayó casi exclusivamente sobre las mujeres de las familias. Profesionalizar esos cuidados también supone avanzar en igualdad.

Proteger a quien más lo necesita no es un acto de caridad. Es una obligación de justicia y una de las expresiones más nobles de una sociedad verdaderamente civilizada.

Los servicios públicos también crean riqueza

Con frecuencia se plantea un falso dilema entre lo público y lo privado, como si ambos fueran incompatibles. La realidad demuestra exactamente lo contrario. Las economías más dinámicas suelen ser también aquellas que cuentan con instituciones sólidas y unos servicios públicos de calidad.

Ninguna empresa puede prosperar sin infraestructuras adecuadas, seguridad jurídica, universidades que formen profesionales cualificados o un sistema sanitario que cuide de los trabajadores. Tampoco puede desarrollarse la innovación sin investigación pública ni atraer inversiones un territorio que carezca de estabilidad institucional.

Los servicios públicos no son un obstáculo para el crecimiento económico. Constituyen la infraestructura física, jurídica y humana que hace posible la actividad productiva. La educación forma el talento; la sanidad protege el capital humano; la justicia genera confianza; la investigación impulsa la innovación; la protección del medio ambiente preserva recursos que también son riqueza.

Por eso resulta un error contemplar el gasto público únicamente como un coste. Buena parte de él constituye una inversión que fortalece el desarrollo económico, mejora la competitividad, incrementa la cohesión social y genera confianza.

Cuando el monte arde, comprendemos el valor de la prevención

Estos días asistimos con preocupación a los incendios forestales que vuelven a golpear distintos puntos de nuestro país. Las imágenes de montes calcinados, vecinos desalojados y profesionales jugándose la vida nos conmueven porque recuerdan la enorme fragilidad de nuestro patrimonio natural y de tantas poblaciones que viven junto al bosque.

En esos momentos reconocemos el trabajo extraordinario de los equipos de extinción y comprendemos el valor de contar con unos servicios públicos preparados para responder ante la emergencia. Pero la verdadera reflexión debería comenzar cuando las llamas se apagan.

Los incendios no empiezan el día que vemos el humo. Empiezan mucho antes.

Empiezan cuando los montes dejan de gestionarse adecuadamente, cuando faltan labores preventivas, cuando disminuyen los recursos destinados a la limpieza forestal o cuando los profesionales que conocen el territorio solo encuentran trabajo durante la campaña de verano.

Por eso conviene recordar una idea tan sencilla como decisiva: los incendios se apagan en verano, pero se previenen en invierno.

Mantener equipos forestales estables durante todo el año, invertir en gestión forestal, conservar cortafuegos, apoyar la actividad del mundo rural y planificar con visión de futuro no son gastos prescindibles. Son inversiones que protegen vidas humanas, biodiversidad, economía local y patrimonio natural.

En comunidades como Castilla-La Mancha, donde el monte forma parte de nuestra identidad y muchos municipios conviven con amplias masas forestales, la prevención adquiere un valor todavía mayor. Proteger nuestros bosques es también proteger nuestros pueblos.

En comunidades como Castilla-La Mancha, donde el monte forma parte de nuestra identidad y muchos municipios conviven con amplias masas forestales, la prevención adquiere un valor todavía mayor. Proteger nuestros bosques es también proteger nuestros pueblos

Porque la prevención es, quizá, el servicio público más silencioso. Cuando funciona, apenas ocupa titulares. Cuando falla, el precio puede ser irreparable.

Cuando lo público se debilita

Precisamente porque los servicios públicos sostienen buena parte de nuestra vida cotidiana, conviene preguntarse por qué, en ocasiones, terminan deteriorándose.

Lo público rara vez se debilita de un día para otro. Normalmente es el resultado de un proceso lento y silencioso: inversiones que se aplazan, plantillas insuficientes, infraestructuras que envejecen y servicios que, poco a poco, van perdiendo capacidad de respuesta.

Resulta especialmente preocupante comprobar que algunas comunidades autónomas han convertido la reducción de la inversión en servicios públicos esenciales en una opción política. Mientras se anuncian rebajas fiscales o se destinan recursos a otras prioridades, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, la prevención de incendios o los servicios sociales ven cómo disminuye su capacidad para responder a las necesidades de la ciudadanía. Los presupuestos nunca son neutros: reflejan el modelo de sociedad que se quiere construir. Y cuando los servicios públicos dejan de figurar entre las prioridades, el deterioro acaba siendo inevitable.

Con frecuencia, ese deterioro sirve después para presentar la privatización como una solución casi inevitable. Sin embargo, el problema rara vez reside en la naturaleza pública del servicio. Lo que suele faltar son recursos suficientes, planificación a largo plazo y una voluntad política decidida de fortalecerlo.

La colaboración entre el sector público y el privado puede ser positiva cuando responde al interés general y contribuye a mejorar la calidad de los servicios. El problema aparece cuando la lógica del beneficio económico desplaza a la lógica del derecho.

La sanidad, la educación, la atención a la dependencia o la protección de nuestros montes no son simples bienes de consumo. Su finalidad consiste en garantizar que cualquier ciudadano reciba una atención digna, con independencia de su nivel de renta o del lugar donde resida.

La colaboración entre el sector público y el privado puede ser positiva cuando responde al interés general y contribuye a mejorar la calidad de los servicios. El problema aparece cuando la lógica del beneficio económico desplaza a la lógica del derecho

Cuando el acceso a esos derechos depende cada vez más de la capacidad económica, la sociedad comienza a fragmentarse. Quienes disponen de mayores recursos encuentran alternativas; quienes no pueden permitírselas dependen de unos servicios públicos que, si continúan debilitándose, tendrán cada vez más dificultades para cumplir su función.

Esa dinámica incrementa la desigualdad y erosiona uno de los pilares de toda democracia: la igualdad de oportunidades.

Una sociedad cohesionada necesita un sector privado dinámico, innovador y creador de riqueza, pero también unos servicios públicos fuertes que garanticen derechos básicos para todos.

Defender unos servicios públicos sólidos no significa rechazar la iniciativa privada. Significa reconocer que existen bienes cuya protección afecta al conjunto de la sociedad y cuya garantía no puede quedar subordinada exclusivamente a las reglas del mercado.

Justicia fiscal: contribuir según la capacidad de cada uno

Nada de todo ello surge por generación espontánea. Cada colegio, cada hospital, cada carretera, cada ambulancia, cada agente forestal, cada parque de bomberos, cada brigada forestal o cada ayuda a domicilio existen porque millones de ciudadanos contribuyen mediante sus impuestos.

Ese esfuerzo solo resulta legítimo cuando se apoya en un principio esencial: la justicia fiscal.

Quien más capacidad económica tiene debe aportar más, no para castigar el éxito, sino para repartir el esfuerzo de manera equitativa y garantizar el sostenimiento de unos servicios públicos que benefician al conjunto de la sociedad.

Pero ese principio también obliga a las administraciones públicas.

Los ciudadanos tienen derecho a exigir que cada euro recaudado se gestione con honestidad, eficiencia y transparencia. La confianza en las instituciones se construye tanto mediante una fiscalidad justa como a través de una gestión ejemplar de los recursos públicos.

Porque el dinero malversado o el impuesto evadido nunca desaparecen en abstracto.

Siempre tienen un rostro concreto: un profesor menos en un aula, una lista de espera más larga, una carretera que tarda en repararse, un monte que no recibe el mantenimiento necesario, una ayuda a domicilio que no llega o una oportunidad perdida para quien más la necesita.

Cada fraude fiscal tiene una víctima invisible

Pero también la tienen las decisiones presupuestarias que relegan los servicios públicos esenciales. Reducir de forma continuada la inversión en aquello que garantiza derechos puede no producir efectos inmediatos, pero termina debilitando la cohesión social, aumentando las desigualdades y deteriorando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Una inversión en nuestro futuro

El siglo XXI nos enfrenta a desafíos que hace apenas unas décadas resultaban difíciles de imaginar: el envejecimiento de la población, el reto demográfico, la transición ecológica, la revolución tecnológica, el cambio climático, las nuevas desigualdades o el incremento de fenómenos extremos como los grandes incendios forestales.

Responder a todos ellos exige fortalecer unos servicios públicos capaces de anticiparse a los problemas, no solo de reaccionar cuando ya se han producido.

Porque una sociedad inteligente no espera a que un alumno abandone la escuela para apoyar a su familia. No espera a que una enfermedad se agrave para garantizar la atención sanitaria. No espera a que una persona mayor quede desatendida para ofrecerle ayuda. Y tampoco debería esperar a que un bosque arda para comprender la importancia de invertir en su cuidado.

La prevención, casi siempre silenciosa e invisible, constituye una de las formas más eficaces y rentables de proteger el bienestar colectivo.

Del mismo modo, los impuestos no son un castigo al éxito ni una carga arbitraria. Son la expresión práctica de un compromiso compartido: que cada persona contribuya según su capacidad para que nadie quede desprotegido cuando más lo necesite.

Defender unos servicios públicos fuertes, una fiscalidad progresiva, combatir el fraude y exigir una gestión pública honesta y transparente no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de responsabilidad democrática.

También lo es exigir que quienes gobiernan sitúen estos servicios entre sus prioridades presupuestarias. Porque gobernar consiste, en buena medida, en decidir qué merece ser protegido. Y pocas decisiones tienen mayor trascendencia que garantizar la educación, la sanidad, la dependencia, la protección del medio ambiente, la seguridad o la atención social como pilares irrenunciables del bienestar común.

La grandeza de un país no se mide por el número de sus millonarios ni únicamente por el crecimiento de su producto interior bruto.

Mientras haya responsables públicos que consideren estos servicios una prioridad, estaremos invirtiendo en un país más libre, más justo y más cohesionado. Pero cuando dejan de serlo, no solo se deterioran las prestaciones: se debilita el propio contrato social que sostiene nuestra convivencia democrática

También se mide por la escuela donde aprende un niño; por el hospital que atiende una urgencia; por la ayuda que permite a una persona mayor seguir viviendo en su casa; por el agente medioambiental que cuida del monte cuando nadie lo ve; por el bombero que acude cuando todo parece perdido; por la investigadora que busca nuevos tratamientos; por el trabajador social que acompaña a quien atraviesa un momento difícil.

Detrás de cada servicio público hay personas cuidando de otras personas.

Y mientras haya responsables públicos que consideren estos servicios una prioridad, estaremos invirtiendo en un país más libre, más justo y más cohesionado. Pero cuando dejan de serlo, no solo se deterioran las prestaciones: se debilita el propio contrato social que sostiene nuestra convivencia democrática.

Porque, al fin y al cabo, la definición más sencilla —y quizá también la más hermosa— de una sociedad digna es aquella en la que las personas cuidan de otras personas.

Los sindicatos médicos CESM Canarias, SEMCA y AME han rechazado la última propuesta del Servicio Canario de Salud (SCS) para acabar con la conflictividad sanitaria en las islas al considerarla insuficiente y han emplazado al director del SCS, Adasat Goya, a abrir nuevas negociaciones y sin la presencia de UGT.

“La negociación sobre el conflicto médico debe desarrollarse exclusivamente entre la Administración y los sindicatos profesionales médicos”, señalan en un comunicado conjunto, subrayando que UGT es una organización sindical “ajena a la profesión médica” y “no comparte” sus reivindicaciones.

En su opinión, “mantener futuras reuniones junto a UGT únicamente contribuye a trasladar una imagen de acuerdo que en realidad no existe, y demora el inicio de la auténtica negociación que afronte las reivindicaciones específicas de la profesión médica”.

Por ello, han remitido a Goya una propuesta de negociación “seria, sólida y bien estructurada” y que refleja una “posición unitaria” de los tres sindicatos médicos.

“Es hora ya que el Gobierno de Canarias adquiera plena conciencia de que el conflicto con los facultativos no terminará utilizando operaciones de imagen, ni poniendo en marcha anuncios de acuerdo sin base real que se pudieran establecer con organizaciones sindicales por completo ajenas a la profesión médica”, exponen.

En ese sentido avisan de que “solo se cerrará cuando el Gobierno abandone la estrategia de ganar tiempo y presente propuestas serias capaces de resolver los problemas estructurales de fondo, que vienen soportando los médicos y facultativos canarios desde hace décadas”.

Los sindicatos señalan que la campaña para no hacer peonadas “está causando un severo impacto sobre el funcionamiento del sistema público de salud canario” y sin embargo, la propuesta presentada por el Gobierno de Canarias “está muy lejos de resolver el contencioso”.

Así, detalla que el Ejecutivo solo ofrece “medidas de alcance limitado” mientras “deja sin respuesta” las reivindicaciones estructurales que han dado origen al conflicto como un marco propio de negociación para la profesión médica, una retribución y descanso adecuados de las guardias, el reconocimiento de los años de formación sanitaria especializada (MIR) para la carrera profesional y unas condiciones laborales acordes con la responsabilidad que asumen los facultativos.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes las convocatorias extraordinarias relativas al procedimiento de reconocimiento de grados I, II, III y IV en el sistema de carrera profesional y desarrollo profesional de todo el personal del Servicio Cántabro de Salud (SCS). A partir de ahora se abre durante un mes el plazo de presentación de solicitudes.

En las resoluciones de convocatoria publicadas en el BOC se establecen las normas generales y los requisitos y méritos que deberán aportar los solicitantes.

La Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias aprobó el pasado 18 de junio el acuerdo por el que se establecían los criterios generales del encuadramiento extraordinario de carrera y desarrollo profesional.

Fue suscrito por todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa (Sindicato Médico, CSIF, CCOO, ATI y SATSE) CSIF, SATSE y Sindicato Médico), a excepción de UGT. Tras la Sectorial, dicho acuerdo fue aprobado el pasado 9 de julio por el Consejo de Gobierno y publicado el día 22 de este mes en el BOC.

En base a este acuerdo, el SCS ha aprobado las convocatorias de este encuadramiento excepcional para poner al día los derechos del personal vinculados a los diferentes méritos y servicios prestados.

De esta manera queda actualizado el complemento de carrera y desarrollo profesional, tanto desde el punto de vista administrativo, como económico, continuando las convocatorias ordinarias.

El reconocimiento, que beneficiará a todas las categorías profesionales, implica una inversión económica de 17,5 millones de euros anuales, y tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025. Según Pascual, unos 6.000 sanitarios se beneficiarán del acuerdo del plus de carrera profesional.

Las solicitudes que se presenten serán analizadas por comités de evaluación y corresponderá al director de Recursos Humanos del SCS dictar resolución condiendo o denegando este reconocimiento del grado de carrera profesional.

En el acuerdo se indica que, “con carácter general, los efectos económicos y administrativos del grado reconocido, se producirán desde el día de presentación de la solicitud”.

Sin embargo, se producirán a 1 de enero de 2025 de reunir el solicitante los méritos y requisitos requeridos a esa fecha. De no ser así, la fecha de los efectos económicos y administrativos será aquella en la que se disponga de los necesarios con el límite de la fecha límite del día de la solicitud.

Julie Sedano vive en La Vega de Liébana desde 2020 y ha sido madre este año. Cuando estaba embarazada tuvo un virus, con mucha fiebre, pidió cita online al médico, pero se la cancelaron. “Me llamaron por la mañana para decirme que no era posible y tuve que coger el coche y hacer un viaje 40 minutos para ir a consulta en Camaleño. Ahora, después de de dar a luz, que lo he pasado mal, me tienen que hacen seguimiento de la tensión y la anemia, pero no se está haciendo”.

Sedano, profesora de francés en un instituto público, no recuerda haber tenido “nunca” un médico fijo. “El seguimiento es cero o muy escaso”, dice. Cada visita tiene que volver a contar tu historial: no hay trato. “Para mí, la conclusión es que no tengo médico”. Esta docente se muestra tajante: “Más de una vez se me han cancelado las citas que tenía aquí en el último momento”, reconoce resignada.

De los 114 consultorios registrados en Cantabria, la mayoría no tiene médico en algún momento del verano, ya sea 3 o 37 días, en los casos más extremos. Pero dentro de estos, hay situaciones todavía más drásticas que trascienden a tres meses. Porque directamente la plaza está vacante o porque su consultorio está cerrado. Sucede así en Cueto (Santander), en Castillo (Arnuero) La Gándara de Soba (Soba), Lamadrid (Valdaliga), Polientes y Villanueva de la Nía (Valderredible), Vega de Liébana, Cillorigo y Bejes.

Es, en estos casos, donde la falta de seguimiento y de confianza con el paciente se convierte en una complicación. Antes de tener un hijo, Sedano tuvo dos abortos y, en el segundo, percibió “falta de empatía” en el profesional que le atendió: “Se notó mucho que no nos conociamos: me mandó a trabajar de nuevo”.

Cuando un consultorio está cerrado, no hay más alternativa que desplazarse. Como el de Bejes está cerrado desde la pandemia, el paciente tiene que moverse desde este pueblo de Cillorigo de Liébana, enmarcado en Picos de Europa, al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) más próximo: por lo menos 30 minutos en coche hasta Potes. Si bien el Gobierno de Cantabria (PP) paga el taxi para traslados a otros centros de salud, solo lo hace para los pueblos por los que no pasa el autobús.

En la mayoría de los pueblos, lo que sucede es que médicos del centro de salud de la cabecera municipal se trasladan unas horas a los consultorios sin médico asignado, pero sin certeza de continuidad para los pacientes porque trabajan en turnos rotatorios. Este mecanismo se denomina “autocobertura”, que se traduce en consulta -algunas horas, a diario o algunos días-, por médicos que cambian por sistema.

“Una cosa incómoda”

Ni Polientes ni Villanueva de la Nía tienen médico asignado y son los únicos que tienen consultorio -siendo el principal el de Polientes- entre los 53 pueblos que forman parte del municipio de Valderredible. Dice el alcalde, Fernando Fernández, que “en principio” no hay una carencia de médico. “Hay una carencia de médico titular, pero no de atención sanitaria”, matiza. “Pero es fundamental tener un médico de referencia, sobre todo la gente mayor”.

En Polientes, tres médicos del SUAP se turnan, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Y, en Villanueva, se atiende dos días aproximadamente en unas horas por las mañanas antes de abrir Polientes. “Es una cosa incómoda, evidentemente, pero no es que no haya nadie”, enfatiza el alcalde de Valderredible, que ya ofreció hace años casa gratis para el médico sin éxito.

En Vega de Liébana, donde vive Julie Sedano, el médico va tres o cuatro horas al día, asegura el alcalde Goyo Alonso (PRC). “Ante la opción de no tener nada, pues esto nos parece que salvamos el panorama”, dice el regidor de un Ayuntamiento en el que viven “menos de 700 habitantes”, en 26 núcleos de población diseminados, que remodeló recientemente con fondos de la Consejería de Obras Públicas (PP) una casa gratis para el médico.

Pero ni por esas. Al alcalde, dice, le han contactado médicos latinoamericanos residentes en España e incluso estudiantes de medicina de otros países. Pero sin la carrera terminada y sin homologación, la casa del médico y la plaza siguen igual: vacías. Aún así, sí tiene la sensación de que los que rotan -a diferencia de Sedano- suelen ser los mismos. Da dos nombres de médicos y afirma que “un poco sí que van conociendo a la gente, que eso es importante para los pacientes”.

Vega de Liébana, “zona ultraperiférica”

Cuenta Goyo Alonso que le resulta “evidente” que se ocupen las plazas “más atractivas”. A la pregunta de cómo se mide ese atractivo, es claro: “El atractivo viene, sobre todo, en función de la distancia de Santander. Todo el mundo quiere el entorno de Santander y esta plaza será la más distante”, dice sobre un pueblo a casi dos horas de distancia de la capital. “A veces, en el Consejo Asesor contra el Despoblamiento (institución del Gobierno cántabro), planteo la posibilidad de que nos declaren como zona ultraperiférica como Canarias o Baleares”, asegura.

El alcalde de Valderredible no ha ido tan lejos con su propuesta, pero siente que ha hecho “todas las ofertas posibles” para cubrir la plaza del médico, pero desde la Consejería de Salud le hablan de “dificultades, de que la gente no viene”.

En Cillorigo, el consultorio principal está en Tama, pero sin médico asignado las urgencias se derivan a Potes. Recientemente, el médico que había estado de titular se encontró con un paciente que tuvo un problema cardíaco grave, por el que ya el año pasado acabó yendo a la privada después de que le retrasaran tres meses la cita. En esta ocasión, el paciente iba a hacerse unos análisis. Cuando le preguntó si le vería para cuando estuvieran los resultados, le respondió que no, que le atendería otro médico.

A la Consejería de Salud, dice el alcalde de La Vega, que le han pedido también que asuman el mantenimiento de los consultorios rurales: “Los consultorios grandes los asume el Gobierno de Cantabria y no discute. En el Hospital Valdecilla no pone el dinero el Ayuntamiento de Santander”.

Cada jornada comienza con la misma incógnita. No saben a qué hora acabarán el turno, si podrán hacer una pausa para comer o cuántos avisos atenderán antes de regresar a casa. Esa incertidumbre forma parte del día a día que describen los trabajadores del transporte sanitario en Canarias, inmersos en una nueva lucha junto a los sindicatos en la que denuncian unas condiciones laborales cada vez más precarias.

El conflicto se remonta a 2024, cuando la finalización III Convenio del Transporte Sanitario desencadenó una situación de bloqueo en la negociación del nuevo marco laboral. Desde entonces, se ha convertido en un cruce de responsabilidades. Mientras que las empresas aseguran carecer de margen para mejorar las condiciones laborales si la Consejería de Sanidad no dota de más recursos los contratos del transporte sanitario, la Administración, por su parte, insiste en que los salarios deben pactarse en la negociación colectiva entre la patronal y los sindicatos y que su papel se limita a financiar el servicio y facilitar la mediación.

Y es que, aunque el debate público se ha centrado en los salarios, el convenio colectivo regula muchos más aspectos de la vida laboral. El coordinador del sector de ambulancias de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Canarias, Enrique Espi, denuncia jornadas extenuantes, falta de relevos, ambulancias que permanecen fuera de servicio por averías, una pérdida de poder adquisitivo cercana al 25% y unas condiciones económicas que, asegura, han empujado a parte de la plantilla a buscar un segundo empleo para llegar a fin de mes. “Hay compañeros que necesitan otro trabajo para poder vivir”, explica a este periódico.

Todo ello llevó a que más de 2.000 técnicos de ambulancias de Canarias se concentraran en dos jornadas de huelgas indefinidas, el 8 y el 19 de junio de 2026, en los centros neurálgicos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, donde reclamaron un “convenio digno”, revisar los pluses de nocturnidad, los permisos, la organización de la jornada, los tiempos de presencia y otras condiciones que permanecen prácticamente sin cambios desde hace años. “En la pandemia eramos servicios esenciales, la gente nos aplaudía y parece que hoy seguimos siendo los mismos y se han olvidado de nosotros” lamentaba en una de esas movilizaciones José Miguel Perdomo, representante de USO.

La negociación salarial, condicionada desde el origen

Pero esta controversia ha bifurcado en una nueva línea de argumentación. Enrique Espi denuncia que, de forma paralela a la negociación del IV Convenio Colectivo, la patronal y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias están definiendo las condiciones económicas del futuro contrato del transporte sanitario. A juicio del sindicato, ese proceso condiciona desde el inicio el margen de mejora que puede alcanzarse en la mesa de negociación. “Intentan poner un techo a nuestras reivindicaciones mientras los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo”, asegura.

En este contexto, el papel del Gobierno de Canarias resulta determinante. El Ejecutivo autonómico condiciona el margen económico de esa negociación al ser el financiador del servicio a través del Servicio Canario de la Salud (SCS). Y aunque el convenio colectivo se negocia legalmente entre las empresas y los representantes de los trabajadores, las adjudicatarias dependen del presupuesto fijado en los contratos públicos para asumir cualquier incremento de los costes laborales.

A ello se suma la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, que limita con carácter general la revisión del precio de los contratos públicos en vigor para compensar aumentos de costes. En la práctica, si la licitación no contempla financiación suficiente, las empresas sostienen que carecen de margen para asumir mejoras salariales sin comprometer su viabilidad económica.

Este periódico ha intentado recabar la versión de la Consejería de Sanidad y de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), empresa pública adscrita al Servicio Canario de la Salud encargada de coordinar el transporte sanitario urgente. Tras varios intentos por diferentes vías, la única respuesta trasladada fue que “se trata de un conflicto entre patronal y trabajadores que ha de resolverse en ese ámbito”. Desde el GSC añaden que “se vela por el cumplimiento del contrato de las empresas prestatarias y se insta a la resolución del conflicto cuanto antes”.

En cambio, los sindicatos denuncian que, antes de licitar estos contratos, la Administración mantiene reuniones técnicas con las patronales para calcular el coste del servicio y garantizar la viabilidad del concurso público. Según esta crítica, en esos encuentros se fija de facto el límite del coste laboral que el Gobierno está dispuesto a financiar, de modo que la negociación colectiva llega condicionada desde el inicio para pactar mejoras salariales.

Un modelo de gestión bajo cuestionamiento

Aunque el transporte sanitario es un servicio público coordinado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), entre el 85% y el 90% de la prestación se encuentra externalizada y es gestionada por empresas privadas. Por eso, para Espi, este modelo “está completamente agotado”, ya que cuando una ambulancia queda fuera de servicio, la carga asistencial se redistribuye entre el resto de los equipos disponibles, uns situación que termina repercutiendo en la calidad de la asistencia.

Espi defiende de esta manera que la internalización del servicio -una propuesta que el sindicalista Iván Amador ya planteó en 2019- sería la única solución estructural para garantizar tanto la calidad asistencial como unas condiciones laborales estables. Asimismo, inisiste en que el estudio sobre la viabilidad de esa gestión directa, aprobado por el Parlamento de Canarias en julio de 2025, continúa sin desarrollarse.

El responsable sindical también cuestiona el grado de control que ejerce la Administración sobre las empresas adjudicatarias. A su juicio, la fiscalización resulta insuficiente y permite que determinados incumplimientos “salgan rentables”. Como ejemplo, asegura que existen ambulancias que rozan el millón de kilómetros con un mantenimiento deficiente y denuncia que, en algunos servicios, se movilizan menos vehículos o menos personal del contemplado en los contratos financiados con fondos públicos.

El conflicto llega a las instituciones

Estas críticas al modelo de gestión también han encontrado hueco en el ámbito institucional.

El pasado 20 de julio de 2026, la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna escenificaron un nuevo respaldo institucional a las reivindicaciones del personal del transporte sanitario, después de que el pleno municipal aprobara por unanimidad una moción en apoyo al colectivo.

A raíz de este acuerdo, el sindicato instó al Gobierno de Canarias a adoptar medidas concretas para mejorar las condiciones laborales, profesionales y salariales de los técnicos en emergencias sanitarias, recordando además que la negociación permanece bloqueada desde el 31 de diciembre de 2024 y que esta situación podría prolongarse hasta finales de 2027 o comienzos de 2028. Asimismo, CCOO reclamó que se impulse el estudio de viabilidad del transporte sanitario público aprobado por el Parlamento de Canarias el 9 de julio de 2025 para analizar un posible modelo de gestión directa del servicio, defendiendo que los recursos públicos se destinen a mejorar la asistencia y las condiciones del personal. Sobre esa base, los trabajadores reclaman una actualización salarial acumulada del 21% y una subida adicional del 4% con carácter retroactivo para 2026.

A este debate se ha sumado el PSOE de Fuerteventura, que acusó al Gobierno de Canarias de generar “falsas expectativas” tras anunciar la incorporación de tres nuevas ambulancias para reforzar el servicio en la isla. Los socialistas sostienen que esos recursos dependen de la futura licitación del transporte sanitario terrestre, la cual todavía no se ha iniciado y que, además, continúa condicionado por el conflicto laboral que mantiene bloqueada la negociación.

Las reclamaciones volvieron el jueves pasado al Parlamento de Canarias, donde representantes de CCOO comparecieron junto a varios grupos de la oposición para advertir de que el conflicto trasciende la negociación del convenio colectivo. El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, Pedro Costeras, recordó que el transporte sanitario constituye una de las principales concesiones del Ejecutivo autonómico y defendió que, al tratarse de un servicio público esencial, el Gobierno también debe asumir responsabilidades sobre su calidad y sobre las condiciones en las que se presta.

Costeras recordó que, tras la huelga de la anterior legislatura, la Consejería de Sanidad se comprometió a crear una comisión de fiscalización de los contratos y a impulsar un estudio sobre la posible internalización del servicio. Según explicó, la comisión apenas llegó a reunirse en dos ocasiones y terminó paralizada, pese a que el sindicato había trasladado informes en los que denunciaba presuntos incumplimientos, como servicios realizados con menos ambulancias de las contratadas o traslados efectuados por un único profesional cuando el contrato contemplaba dos.

Durante esa comparecencia, los representantes sindicales insistieron además en que el Ejecutivo debería escuchar tanto a la patronal como a los trabajadores antes de fijar la financiación de las futuras prórrogas y de la próxima licitación del transporte sanitario, al entender que esa decisión condicionará nuevamente el margen real de la negociación colectiva.

La polémica de los voluntarios por la visita del papa

En medio del conflicto, con la llegada del papa León XIV a las islas, salió a la luz que la Administración había solicitado Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) voluntarios no remunerados para cubrir el dispositivo de seguridad. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) censuró firmemente esta petición, catalogando la situación como “un insulto a la dignidad de la profesión”. El coordinador del Sector de Ambulancias de FSC-CCOO Canarias recordó entonces que los técnicos en emergencias sanitarias “son personal cualificado, con formación específica y una elevada responsabilidad profesional”. “No somos voluntarios”, insistió.

La sanidad riojana ha incorporado nuevas instalaciones para tratamiento de hemodiálisis que han sido habilitadas en el hospital comarcal para mejorar la atención a pacientes dializados. La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y la directora del Hospital Universitario de Calahorra, Patricia Martín Rico, junto a la jefa de Servicio de Nefrología, Emma Huarte, las han visitado.

En concreto se trata de un nuevo box anexo a la zona común de prestación de este procedimiento médico que se ha construido para que pacientes con riesgo de enfermedades infecciosas puedan recibir tratamiento individualizado. Es una habitación aislada de 21,50 metros cuadrados, con aseo propio y adecuada ventilación natural que se limpia y desinfecta de manera específica después de cada sesión. De este modo se extrema la seguridad del paciente, así como su confort y privacidad.

La obra comenzó a principios de año y acaba de concluir de modo que las nuevas instalaciones ya han comenzado a utilizarse. En este box se ha habilitado un puesto, pero hay espacio para dos en caso de ser necesario, de modo que la capacidad de la unidad ha pasado de los 17 sillones (camas si así lo precisa el enfermo) actuales a 19.

La mejora de las infraestructuras del Servicio de Nefrología en el Hospital de Calahorra ha venido además acompañada de otras mejoras que han supuesto el incremento de la calidad en la asistencia sobre todo a los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada.

El Gobierno de La Rioja está, asimismo, invirtiendo en mejora de las instalaciones, como en el caso del box de Nefrología, o el proyecto de ampliación que incrementará un 40% el número de consultas y dotará al centro de un nuevo gimnasio de rehabilitación de 500 metros cuadrados.

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander ha ampliado el Código Trauma con la puesta en marcha de un protocolo específico para pacientes pediátricos, un modelo organizativo que adapta al ámbito infantil la coordinación multidisciplinar ya implantada con éxito en adultos.

Operativo desde el pasado 8 de junio, el dispositivo se ha activado ya en nueve ocasiones y permite movilizar de forma simultánea a los profesionales implicados en la atención de niños con traumatismos graves desde antes incluso de su llegada al Hospital, ha informado este viernes el Gobierno.

La instauración de este protocolo supone un paso más en la consolidación del Código Trauma de Valdecilla, un sistema que desde 2022 ha transformado la atención al trauma grave en adultos mediante la coordinación de todos los niveles asistenciales y que ha permitido reducir la mortalidad por traumatismos graves a menos de la mitad en sus cuatro años de andadura.

Ahora, esa misma filosofía de trabajo colaborativo se traslada al ámbito pediátrico, adaptando la organización asistencial a las necesidades específicas de estos pacientes. En este sentido, el objetivo del Código Trauma Pediátrico no es modificar el manejo clínico del paciente, sino mejorar la coordinación entre los profesionales que intervienen en su atención.

La activación del protocolo establece una prioridad asistencial para estos casos y permite que cada servicio conozca con antelación cuál será su cometido, reduciendo tiempos de respuesta y facilitando que todos los recursos necesarios estén preparados desde el primer momento.

Coordinación de servicios

El dispositivo coordina la actuación de profesionales del 061 y de más de una decena de servicios y unidades del Hospital, entre ellos Urgencias Pediátricas, Pediatría y Neonatología, Medicina Intensiva, Anestesiología, Cirugía Pediátrica, Cirugía General y Cirugía Cardiovascular, Neurocirugía, Ortopedia Infantil, Hematología, Radiología, Radiología Infantil y Radiología Intervencionista.

En este modelo de respuesta participan también profesionales de Enfermería, técnicos de Radiología, celadores y el Área de Coordinación de Calidad, conformando un dispositivo multidisciplinar preparado para actuar de forma coordinada ante situaciones de máxima gravedad.

La atención al trauma pediátrico exige una organización especialmente precisa, ya que se trata de situaciones poco frecuentes, pero de elevada complejidad clínica y con necesidad de intervención rápida por parte de diferentes especialistas. En este contexto, disponer de un procedimiento previamente definido permite evitar demoras, mejorar la coordinación y garantizar que cada paciente reciba la atención que precisa en el menor tiempo posible.

Como ocurre con el Código Trauma de adultos, la activación del dispositivo comienza habitualmente con el preaviso del 061, cuyos profesionales comunican al Hospital la llegada de un paciente con traumatismo grave. Esta información permite organizar la respuesta asistencial antes incluso de que el paciente llegue a Urgencias, movilizando de forma anticipada a todos los servicios implicados y reduciendo al máximo los tiempos de actuación.

La implantación del Código Trauma Pediátrico ha sido posible gracias al trabajo conjunto de los diferentes servicios implicados, que han consensuado los criterios de activación, los circuitos de comunicación y la distribución de responsabilidades para ofrecer una atención homogénea y protocolizada, independientemente del momento en que se produzca la urgencia.

Desde su puesta en marcha el pasado mes de junio, el dispositivo se ha activado en nueve ocasiones, una cifra que refleja la utilidad de este modelo organizativo para coordinar la atención de los casos más complejos y seguir perfeccionando un sistema basado en la mejora continua y el análisis conjunto de la práctica asistencial.

El PSOE de Cantabria ha denunciado “el abuso” de la empresa Serveo hacia los trabajadores de limpieza en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. En un comunicado, el secretario de Salud del PSOE, Marcos Agudo, tras la reunión celebrada con el comité de la compañía, ha afirmado que se están produciendo “nuevos abusos e incoherencias” por parte de Serveo.

En este sentido, ha opinado que, desde la entrada en vigor del convenio público-privado entre Ferrovial (hoy Serveo) y el Servicio Cántabro de Salud en 2014, los servicios no clínicos privatizados han supuesto “un problema, una ineficiencia constante y un quebradero de cabeza diario para los trabajadores y los pacientes del Hospital”.

“Los efectivos de limpieza de Valdecilla ya se redujeron en 42 trabajadores en 2014, repercutiendo en una peor prestación del servicio, ha tenido que seguir cubriendo, con menos efectivos, el mismo trabajo, o mayor, al haberse abierto nuevas unidades en el centro”, ha apostillado.

En este sentido, Agudo ha lamentado que, desde hace unos meses, Serveo se ha encargado “de forzar a trabajadores concretos para realizar coberturas de limpieza inasumibles para una sola persona, recurriendo posteriormente a la amonestación, y en algunos casos al despido”.

“El clima en el seno del personal de limpieza del hospital se ha vuelto irrespirable para sus trabajadores y la motivación de los despidos se da un contexto de profunda incoherencia de la empresa. Por un lado, a los trabajadores se les exige la cumplimentación de una guía de limpieza validada por el servicio de prevención de riesgos, pero a realizarse con los mismos efectivos, o inferiores, en un contexto de presión asistencial desbordante como es la época estival”, ha criticado.

Por otra parte, el portavoz sanitario socialista ha denunciado que el perfil de las trabajadoras despedidas es el de las limpiadoras de fin de semana, “donde se trabaja bajo peores circunstancias de personal que lo mínimamente exigido y aún así se les pide que todo se haga según protocolo”.

“No sé si Serveo o la gerencia del hospital saben cómo una sola limpiadora puede hacer la limpieza ordinaria de 24 habitaciones con su baño, las altas que vayan surgiendo y las contingencias que vayan apareciendo durante un turno. En semejantes circunstancias, y con tal carga de trabajo para tan poco personal, cumplir el protocolo marcado de limpieza es directamente imposible”, ha señalado.

Para el socialista “el cumplimiento de la guía de limpieza es incompatible con los tiempos, el ritmo de trabajo y los efectivos de limpieza del centro hospitalario en cualquier unidad, por lo que la persecución de algunos trabajadores hasta abocarles al despido es abusiva”. También ha destacado que las decisiones de reducción de personal vienen “bendecidas por la gerencia y el consejero de Salud del Gobierno cántabro, César Pascual”.

“Ha llevado hasta el extremo de que la jubilación de una limpiadora quede vacante y se cubra con una sola compañera, donde hubo dos, que se encarga de la limpieza de la segunda planta del 2 de noviembre y del área de hematología. Cualquier gestor mínimamente serio establecería, por seguridad, un personal inamovible para una planta como hematología”, ha criticado Agudo.

Según ha recordado, “esta situación no es nueva ni desconocida, ya que las mujeres del servicio de limpieza del Hospital de Valdecilla ya tuvieron que recurrir a los tribunales para que éstos les dieran la razón, en 2024, respecto a la discriminación que las limpiadoras sufrían en términos salariales, respecto de sus compañeros, varones, peones en la realización del mismo trabajo”.

Castilla y León cerró el primer semestre de 2026 con una demora media para ser operado de 101 días, dos semanas más que en el primer trimestre del año; con hasta 33.034 pacientes pendientes de ser intervenidos a finales de junio, que suponen 2.050 más que hasta marzo y casi 8.000 más que hace un año.

Son datos de las listas de espera de la sanidad de Castilla y León del segundo trimestre del 2026, publicados este jueves, y lastrados por la suspensión de operaciones y consultas debidas a la sucesivas semanas de huelga médica registradas en lo que va de año, dentro de las medidas de protesta para negociar un nuevo Estatuto Marco nacional, según ha señalado la Consejería de Sanidad.

Por especialidades, las que más pacientes suman en el segundo trimestre del año para una intervención son traumatología, con 10.479; cirugía general y digestivo, con 5.640; y oftalmología, con 6.092 (tres especialidades acumulan alrededor del 67 % de los pacientes en espera).

Las especialidades que menos acumulan son cirugía cardíaca, con 120, y cirugía torácica, con 79 pacientes.

Por diagnósticos, los cuatro procesos con mayor número de pacientes en espera de intervención a 30 de junio de 2026 han sido: cataratas (4.739 pacientes), artrosis de rodilla (1.676), hernia inguinal (1.745) y deformidades de los dedos de manos y pies (1.232).

En cuanto al criterio de prioridad para ser intervenido -uno de los parámetros más importante a la hora de analizar las listas de espera-, en el nivel 1, es decir, con indicación de ser operados antes de 30 días dada su patología, hay registrados 938 pacientes, con una demora media de 10 días.

En prioridad 2 (máximo idóneo de 90 días para pasar por quirófano), había en la fecha analizada un total de 5.001 pacientes, con una demora media de 91 días. En prioridad 3 -plazo hasta 180 días- se han registrado en junio un total de 27.095 pacientes, con una demora media de 106 días.

Consultas externas

En cuanto a los datos referidos a demoras para una consulta externa hospitalaria, el balance a final de junio de 2026 indica que la espera media estructural se ha situado en 104 días. El sistema de información en los hospitales de Sacyl refleja un total de 205.627 consultas externas en espera estructural a esa fecha.

Pruebas diagnósticas

El número total de pruebas pendientes en técnicas diagnósticas en los hospitales de Sacyl se ha situado así: el TAC suma 3.582 pruebas pendientes; la resonancia magnética, 7.801 pruebas; las ecografías, 10.408; y las mamografías pendientes suman 601.

La espera media estructural de los pacientes pendientes de pruebas diagnósticas a 30 de junio queda de la siguiente manera: el TAC, 44 días de demora media; la resonancia magnética, 98; la ecografía, 109 días; y las mamografías, 52.

Respecto a la huelga de los profesionales sanitarios, la Consejería de Sanidad y Bienestar Social ha asegurado que va a poner en marcha esta legislatura un nuevo Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención. E

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado una condena al Servicio Canario de la Salud (SCS) por la muerte de una enfermera de 51 años en el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria con cuatro litros de líquido en las cavidades pleurales, e impone una indemnización que suma más de 745.000 euros.

La sentencia remitida por el bufete Henríquez y Carnero Abogados, encargado de la defensa legal de los demandantes, se basa en la doctrina del “daño desproporcionado” para justificar su decisión, ya que las circunstancias en que se produjo la muerte eran incompatibles con la evolución clínica que se esperaba.

En ese sentido, razona que el tratamiento o la técnica quirúrgica empleada en este caso falló sin que los profesionales sanitarios sepan dar una hipótesis alternativa de lo sucedido que sea solvente.

La víctima, una mujer de 51 años con enfermedad de Crohn, fue intervenida quirúrgicamente en el hospital público antes citado en enero de 2022 y como parte del tratamiento, se le implantó un catéter venoso central de inserción periférica para administrarle nutrición parenteral.

Si bien este tratamiento terminó causándole una lesión que hizo que esa nutrición administrada terminara acumulándose en las cavidades pleurales de la paciente, lo que causó su progresiva asfixia, tal y como concluye la sentencia, que ha devenido firme.

El TSJC razona que frente a las pruebas presentadas por la parte de la familia de la víctima, con informes periciales “contundentes”, lo que ha hecho la administración ha sido presentar sus conclusiones en informes documentados en notas clínicas.

Y ha insistido en que la administración, en su recurso, sigue sin probar suficientemente las causas del daño y no ha explicado de manera racional por qué se produjo la muerte de la paciente, fuera por acumulación de linfa o de nutrición parenteral.

“No podemos aceptar como explicación que no se lo explican los propios médicos”, ha concluido la resolución judicial.

Es por todo ello que confirma una indemnización principal de 659.387 euros, además de los intereses legales devengados desde la reclamación administrativa presentada por la familia el 18 de enero de 2023, lo que eleva la cantidad total a percibir por encima de los 745.000 euros.

En su recurso, la administración advirtió una errónea valoración de la prueba en la sentencia de primera instancia dictada por la Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Contencioso-administrativo) cuando señaló que no existe prueba de laboratorio del líquido en los pulmones para determinar si era linfa o nutrición parenteral.

Según la sanidad canaria, sí se llevó a cabo un análisis bioquímico del líquido extraído a la paciente, el cual vendría a demostrar con datos científicos que sí es linfa.

Pero entiende el TSJC que, de existir error en la sentencia, sería “irrelevante” de todas maneras, ya que se está condenando por daño desproporcionado.

En cualquier caso, la resolución, cuya ponente fue la magistrada Inmaculada Rodríguez Falcón, considera que el motivo de impugnación “no es del todo exacto”, ya que el análisis bioquímico consta sólo a través de una nota clínica de los doctores de guardia, que no puede considerarse un informe como tal.

Un mes sin ser atendida por un psicólogo al recibir el alta médica o una única consulta psicológica en seis meses de ingreso en la unidad especializada de trastornos de la conducta alimentaria (TCA) del Hospital Provincial de Zaragoza. Estas son algunas de las situaciones que relatan madres de pacientes con esta enfermedad y que, según denuncian, las hacen sentirse “abandonadas” por el sistema.

“No cuestiono el esfuerzo de los profesionales, que trabajan bajo una enorme presión asistencial, pero sí me pregunto si el sistema dispone de los recursos necesarios para atender adecuadamente a personas con trastornos alimentarios”, escribe una madre de una joven de 21 años en una carta remitida a este periódico. En ella relata años de ingresos hospitalarios marcados, asegura, por “una profunda sensación de desamparo”, “escasa intervención psicológica” y la impresión de que el tratamiento “no abordaba el origen” de una enfermedad mental que puede llegar a ser mortal.

En este caso, su hija salió del hospital después de diez días hospitalizada por una grave adicción a los laxantes y recibió el alta para continuar el tratamiento de forma ambulatoria. Sin embargo, según denuncia su madre, pasó cerca de un mes sin ser atendida ni por un psicólogo ni por un psiquiatra. Mientras tanto, asegura, la joven seguía sufriendo crisis prácticamente diarias y expresando con frecuencia deseos de quitarse la vida.

No es un caso aislado, según explica María Consuelo Alcalá, presidenta de la asociación de familias de TCA Aragón y madre de una joven con un trastorno de la conducta alimentaria. “Entiendo perfectamente las quejas de esta madre, esa unidad funciona fatal, los pacientes se cronifican porque es una atención precaria”, explica. Añade que, en su caso, puede pagar la atención psicológica de su hija, “pero no en todos los casos es así”.

Una enfermedad grave que va mucho más allá de la alimentación

Los trastornos de la conducta alimentaria han aumentado en los últimos años, afectan cada vez a personas más jóvenes y requieren un abordaje multidisciplinar que combine atención médica, psicológica, psiquiátrica, nutricional y familiar.

“La anorexia es el trastorno de la conducta alimentaria más frecuente”, explica Sandra Gallego, psiquiatra infanto juvenil tutora de residentes del HURV. La especialista recuerda que suele comenzar entre los 13 y los 18 años y afecta aproximadamente a diez mujeres por cada hombre. También advierte de su gravedad: presenta una mortalidad cercana al 5% por década y, entre los pacientes hospitalizados durante largos periodos, puede alcanzar el 10%. La primera causa de fallecimiento es la inanición y la segunda, el suicidio.

Por eso insiste en que el tratamiento debe ser integral e implicar a psiquiatras, psicólogos, enfermería, familias y, cuando es necesario, hospitalización. “La recuperación podemos dividirla en tres grupos: un tercio de los pacientes se recupera completamente, otro tercio lo hace de forma parcial y un tercio evoluciona hacia la cronicidad”, resume.

La prevención, añade, resulta “fundamental”. Detectar precozmente señales como una pérdida importante de peso, una preocupación excesiva por la imagen corporal, la ansiedad o la obsesividad puede evitar que la enfermedad avance. También considera necesario reforzar la educación en colegios e institutos y formar a docentes y monitores de comedor para identificar los primeros síntomas.

Cuatro camas para toda Aragón

En la atención a adultos, Aragón cuenta con una única unidad especializada, ubicada en el Hospital Provincial de Zaragoza, que da servicio a toda la comunidad autónoma. Su jefe de servicio de Psiquiatría, Miguel Martínez Roig, explica que dispone de cuatro camas de hospitalización, seis plazas de hospital de día y consultas externas. El equipo está formado por dos psiquiatras, una psicóloga especializada, una enfermera específica para consultas y el personal de enfermería del hospital.

La unidad atiende a todos los pacientes adultos de Aragón y Martínez reconoce que la presión asistencial es constante. “Siempre hay demanda de camas. Hay momentos en los que tenemos alguna libre y debemos decidir qué paciente tiene prioridad, pero otras veces no disponemos de ninguna y los casos más graves deben ingresar provisionalmente en las unidades de agudos de sus hospitales de referencia”, explica. Sin embargo, la presidenta de TCA Aragón, asegura que esto “no es una solución”: “La unidad de agudos no nos sirve, no está preparada, nadie controla lo que comen o los baños no están cerrados”, ejemplifica.

El especialista defiende que se trata de “un dispositivo que funciona”, aunque admite que existen importantes márgenes de mejora. Entre ellos, señala la necesidad de reforzar los programas intensivos ambulatorios para evitar ingresos, crear recursos intermedios para pacientes con enfermedades cronificadas y ampliar la plantilla de profesionales. “Tenemos un psicólogo para consultas externas y el de ingresos lo compartimos con Rehabilitación Cardíaca. Nos gustaría contar con un psicólogo exclusivo para la unidad”, reconoce.

El Departamento de Sanidad se remite a las explicaciones ofrecidas por el jefe del servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial, quien reconoce la necesidad de reforzar algunos recursos. Respecto a las quejas de las familias, señala que lo habitual es programar citas de seguimiento tras el alta.

“La atención psicológica acaba saliendo del bolsillo de las familias”

Alcalá considera que la principal carencia de la unidad de adultos es precisamente “la falta de profesionales” especializados. “Hay una enorme rotación de psiquiatras. A estos pacientes les cuesta muchísimo crear un vínculo terapéutico y, cuando por fin lo consiguen, vuelven a cambiarles el profesional”, lamenta.

Según explica, muchas familias acaban recurriendo a consultas privadas porque consideran insuficiente la atención pública: “Si puedes pagar un psicólogo privado, todavía puedes complementar el tratamiento. Pero si no tienes recursos económicos es muy complicado. Mi hija ha estado seis meses ingresada y solo pudo hablar una vez con el psicólogo”, afirma.

Alcalá habla en todo momento como madre y como presidenta de la asociación. No lucha solo por el caso de su hija, sino por todas las personas afectadas por esta enfermedad. La asociación también denuncia la ausencia de nutricionistas específicos, la escasez de endocrinos, la falta de terapias familiares y el cierre del hospital de día durante el mes de agosto: “Precisamente el verano y la Navidad son las épocas más difíciles para estas pacientes y, sin embargo, es cuando menos recursos hay”, critica.

A su juicio, la unidad necesitaría al menos duplicar su capacidad de hospitalización. “Con cuatro camas para toda Aragón es imposible responder a la demanda. Nosotros creemos que harían falta, como mínimo, ocho”, sostiene.

Años de tratamiento y la importancia de la prevención

Los trastornos alimentarios no suelen resolverse en unos meses. Son enfermedades complejas que, en muchos casos, acompañan a quienes las padecen durante años. El propio jefe de la unidad reconoce que más de un tercio de los pacientes presenta recaídas o evoluciona hacia formas crónicas y que algunos llevan décadas siendo atendidos en el dispositivo.

Por ello, las asociaciones insisten en la importancia de la continuidad en el tratamiento: “Cuando una paciente recibe el alta y pasan semanas hasta volver a verla, siente que el sistema la abandona”, resume Alcalá. “Y no estamos hablando solo de anorexia. Hay otros trastornos, como el trastorno por atracón, cuyos pacientes también sufren enormemente y muchas veces no encuentran recursos específicos”.

Especialistas y asociaciones coinciden en que prevenir sigue siendo la mejor herramienta. Gallego apuesta por reforzar la educación emocional desde edades tempranas, enseñar a los adolescentes a interpretar críticamente el contenido que consumen en redes sociales y formar a los profesionales educativos para detectar los primeros síntomas.

Las familias, por su parte, reclaman que esa prevención vaya acompañada de más inversión cuando la enfermedad ya ha aparecido. Porque, como recuerda la madre que decidió hacer pública la situación de su hija, “los trastornos de la conducta alimentaria no se curan en unos días”. Requieren tiempo, profesionales especializados y un seguimiento continuado: “Solo espero que ninguna familia vuelva a sentirse tan sola como nos hemos sentido nosotros”.

Durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), celebrado de forma telemática este miércoles, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón (CC), y el resto de representantes del área, han instado al ministerio a retomar desde el inicio la negociación para la reforma del Estatuto Marco, un asunto que ha generado ya una treintena de jornadas de huelga entre los médicos facultativos de todo el país. Sin embargo, esta petición común ha sido rechazada por la responsable del departamento, Mónica García, porque, según ha advertido, no se mejorarían las condiciones laborales solicitadas por los profesionales en esta legislatura.

Según informa el Ejecutivo regional, Monzón expuso la posición común de todas las comunidades autónomas respecto a la necesidad de reiniciar el diálogo con las fuerzas sindicales que permita desconvocar la huelga de médicos que desde hace meses mantienen activa en contra de la reforma del Estatuto Marco.

El Gobierno canario recuerda que se trata del tercer posicionamiento común de todas las autonomías en un mes y medio para reclamar al Ministerio consenso y soluciones a este conflicto con los médicos.

En este sentido, y en nombre de los responsables sanitarios de todas las regiones del país, Esther Monzón leyó el acuerdo conjunto de todas las CCAA en el que se insta a la ministra a “reiniciar la negociación desde el principio, con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes y permita construir un texto consensuado, equilibrado y sostenible para el conjunto del SNS”.

En el documento también se recoge que la prolongación del conflicto laboral y las convocatorias de huelga por parte del personal facultativo en contra de la propuesta de reforma del Estatuto Marco están teniendo un impacto directo sobre la actividad asistencial y compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía.

Ya desde el pasado mes de marzo, Esther Monzón, junto a los consejeros de Sanidad de Euskadi y Castilla-La Mancha, remitió una carta a la ministra de Sanidad en la que planteaban la necesidad de designar una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico, con el objetivo de contribuir a desbloquear el conflicto derivado de los desacuerdos en torno al Estatuto Marco.

El Gobierno canario asegura que los responsables de las consejerías de Sanidad de las diecisiete comunidades autónomas muestran su “preocupación” por esta situación, pues “repercute negativamente en la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, Mónica García ha rechazado “empezar de cero”, porque, según ha dicho, no se va a saltar la ley y romper el acuerdo que alcanzó con los sindicatos del ámbito del ámbito de la negociación (SATSE, FSS-CCOO UGT y CSIF), ni va tampoco va a dejar en suspenso las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Si se reiniciarán las negociaciones, según ha advertido, no se mejorarían las condiciones laborales que piden los profesionales en esta legislatura, se quedaría el asunto “aparcado” y se tendría que saltar la ley.

“No lo voy a hacer -ha insistido (..)Yo ni voy a romper el acuerdo con los sindicatos, ni voy a romper tampoco el acuerdo con los profesionales de mejorar a día de hoy las condiciones laborales. No voy a traicionar a los profesionales en sus justas demandas”.

La ministra ha rechazado algunos de los argumentos aludidos para empezar de cero como el no eliminar las guardias de 24 horas. “Lo que es destructivo es mantenerlas y mantener el texto del año 2003. Eso sí que es destructivo para el Sistema Nacional de Salud”, les ha replicado.

“No hay ninguna excusa para retrasar y volver a poner el marcador en cero, para volver a debatir las mejoras de las condiciones laborales y por eso nosotros ni vamos a romper el acuerdo ni por supuesto vamos a dejar en standby y ni vamos a dejar en un cajón todo lo que llevamos trabajando desde hace tres años”, ha sentenciado.

Además, ha recriminado a las comunidades que hayan pedido a Sanidad retirar los artículos que se refieren a la jornada laboral y las guardias. “Nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales, y con la otra nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Son como el perro del hortelano, que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros tampoco mejorar las condiciones”, ha apostillado.

Para García, es el momento adecuado para reformar el sistema y mejorar las condiciones de los sanitarios porque además las comunidades, según ha comentado, tienen más transferencias que nunca, existe un crecimiento económico “histórico” y también más profesionales y formación que nunca.

“Desde el Ministerio tenemos las condiciones perfectas para ponernos a trabajar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales. No hay ninguna excusa para retrasar y volver a poner el marcador en cero”, ha hecho hincapié la ministra, que ha dicho que no va a dejar en un cajón todo lo que llevan trabajando desde hace tres años.

El Gobierno de Asturias se ha sumado hoy a la petición de todas las comunidades y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para que el Ministerio de Sanidad reinicie las conversaciones sobre el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, con el objetivo de definir un texto “consensuado, equilibrado y sostenible”.

Las diferentes administraciones consideran que la trascendencia de esta norma exige “el máximo consenso institucional y profesional”, por lo que reclaman retomar el diálogo “con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes”.

Reclaman el máximo consenso

En un escrito dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, las diferentes administraciones autonómicas defienden que una norma de la trascendencia del Estatuto Marco debe sustentarse en el máximo consenso institucional y profesional posible y contar tanto con quienes tienen la responsabilidad de gestionar los servicios sanitarios como con los profesionales que trabajan en ellos. También expresan su confianza en que su petición conjunta sea atendida.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha participado este miércoles por vía telemática en la reunión del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Al finalizar la sesión, ha subrayado la importancia del estatuto marco, que considera “una norma fundamental para los profesionales y para toda la ciudadanía, porque indica el futuro del sistema sanitario público”.

Tras ofrecer colaboración institucional al ministerio, ha recordado que las competencias en materia sanitaria pertenecen a las comunidades.

“Somos responsables de la gestión directa de la salud en nuestros territorios y tenemos la obligación de intentar solucionar un conflicto que está perjudicando a los pacientes”, ha añadido.

La amenaza de huelga médica

En ese sentido, ha alertado de que la amenaza de huelga médica indefinida a partir de septiembre tendría serias repercusiones tanto en la salud de la ciudadanía como en el propio sistema sanitario a nivel nacional.

“En Asturias hemos hecho nuestros deberes porque nosotros hemos negociado, hemos alcanzado acuerdos que ya se han puesto en marcha y seguimos manteniendo el diálogo para avanzar en un nuevo modelo organizativo”, ha valorado. Según ha precisado, muchas de las medidas acordadas están relacionadas con cambios contemplados en el Estatuto Marco, especialmente en ámbitos como la flexibilidad laboral y la conciliación familiar.

El conflicto entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos ha vuelto a colarse este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Los responsables de las consejerías del ramo han solicitado a la ministra Mónica García e “reinicio de la negociación del Estatuto Marco”, pactado entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales presentes en la mesa del ámbito, CCOO, UGT, CSIF y Satse.

Ese texto, que limita las guardias obligatorias a 17 horas —frente a las 24 actuales—, mandata oposiciones cada dos años y limita la jornada laboral máxima a 45 horas, entre otras medidas, se topó con la oposición de los sindicatos médicos, que han convocado paros semanales cada mes desde febrero hasta junio y amenazan ahora con una huelga indefinida en septiembre si no hay avances en sus demandas. Estas pasan por un ámbito propio de negociación, un estatuto médico, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y una clasificación profesional “justa”.

“El proceso no ha logrado el consenso necesario entre las administraciones sanitarias, las organizaciones sindicales y el Ministerio de Sanidad”, lamentan las comunidades en una carta trasladada a García, a la que ha tenido acceso elDiario.es, y en la que consideran que es aconsejable “abrir una nueva etapa de diálogo”.

Para la ministra, la petición tiene “dos consecuencias”. Por un lado, que “no mejoremos las condiciones laborales de los profesionales”, que “llevan 20 años esperando” por cambios en su forma de trabajo. La postura del Ministerio es que reiniciar las negociaciones dejaría en “stand by” mejoras con el fin de las guardias de 24 horas, una de las reclamaciones que se han visto en las pancartas que los profesionales médicos han agitado en las protestas de los últimos meses y que sí contempla el texto que defiende García.

Por otro lado, la ministra ha insistido tras la reunión con las consejerías, que tumbar el trabajo hecho hasta ahora supondría “saltarse la ley y romper el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios”. “Si alguna comunidad quiere romper los acuerdos que pacta, es libre de hacerlo”, ha afeado García, que ha repetido que el Estatuto Marco nace de “acuerdos legítimamente acordados en la mesa sectorial que ordena la ley”.

No obstante, ha recordado que las comunidades autónomas son competentes para alcanzar otros acuerdos, “como han hecho Galicia, Euskadi y la Comunidad Valenciana”, ha enumerado.

Estas, por su parte, advierten que “la prolongación del conflicto laboral y de las convocatorias de huelga está teniendo un impacto directo sobre la actividad asistencial y compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada a los ciudadanos”. Y les “preocupa especialmente”, dicen, “que esta situación continúe prolongándose y repercuta negativamente en la calidad de la atención y en la seguridad de los pacientes”.

Para García, el objetivo de fondo de las comunidades es mantener el statu quo. “Creen que no es el momento de reformar el sistema”, ha dicho en rueda de prensa, donde ha expresado que las consejerías reclaman que se eliminen los artículos que tienen que ver con la jornada laboral y las guardias. “Ni quieren mejorar las condiciones, ni nos dejan a nosotros mejorar las condiciones”, ha insistido la ministra, que ha asegurado que los responsables autonómicos “creen que no hay que eliminar las guardias de 24 horas” porque en los informes que le trasladan al Ministerio indican que es “destructivo e irrealizable”.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva ley de medicamentos y productos sanitarios, con la que establece un periodo de negociación máximo de 180 días mediante un sistema para incorporar nuevos fármacos innovadores mientras se acuerdan los precios con las farmacéuticas, incluye precios dinámicos para los genéricos y reconoce nuevas competencias de prescripción a enfermería y fisioterapia. Con estas novedad, Sanidad estima un ahorro al sistema de 2.100 millones de euros al año.

El objetico, indican desde el Ministerio, es “adaptar el sistema a los desafíos científicos, industriales y sociales” y “garantizar el acceso equitativo a la innovación, asegurar el abastecimiento de fármacos críticos y fortalecer la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud mediante un modelo de evaluación independiente y sistmas de precios competitivos”.

El principal ahorro estimado por el Ejecutivo proviene de la nueva herramienta de precios dinámicos, orientada principalmente a aquellos medicamentos fuera de patente, como genéricos, híbridos y biosimilares, y a mercados consolidades en los que su penetración se haya estancado. “El sistema permitirá ajustar los precios de forma progresiva y automática en función de la cuota de mercado alcanzada”, indican.

Este sistema, que convivirá con el de los precios de referencia —para las agrupaciones homogéneas de fármacos equivalentes, cuyos precios se revisan año a año—, permitirá activar descuentos en los precios cuando los medicamentos lleguen a porcentajes elevados de penetración en el mercado. “El precio de los genéricos en España es notablemente más alto que en países de nuestro entorno, lo que no tiene mucho sentido”, explican fuentes de Sanidad, que pretenden revertir esta situación.

En los casos de los fármacos que pertenezcan a una agrupación homogénea —mismo principio activo y vía de administración—, el nuevo sistema establecerá un precio máximo de financiación. Esto permitirá que coexistan diferentes medicamentos con diferentes precios. El paciente podrá elegir cuál prefiere y, si opta por uno por encima de ese precio de financiación, deberá pagar la diferencia.

Financiación condicional para tratamientos innovadores

La nueva ley establece también un sistema de “financiación condicional para la innovación”. La norma permite incorporar rápidamente a la prestación pública medicamentos que cubran una necesidad médica no resuelta, aunque exista “incertidumbre sobre su eficacia”.

¿Cómo? Los laboratorios y la administración se dan 180 días para negociar el precio, pero el fármaco puede utilizarse durante el primer día. Si duante ese tiempo “se confirma el beneficio esperado, la financiación podrá consolidarse en las condiciones acordadas. Si los resultados no son satisfactorios, o si el precio definitivo resulta inferior al provisional, el laboratorio deberá compensar o devolver las cantidades correspondientes”.

Garantizar el abastecimiento

La norma introduce el concepto de “medicamento estratégico” y contempla medidas económicas —por ejemplo, subidas de precios— y regulatorias especiales para evitar desabastecimientos. Y, ante emergencias de salud pública, “se refuerzan las obligaciones de comunicación de existencias por parte de laboratorios, distribuidores y oficinas de farmacia”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley del tabaco, con la que el Ejecutivo quiere actualizar la normativa que aprobó hace 16 años. La nueva norma amplía los espacios libres de humo y equipara las nuevas formas de consumo, como los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, así como los productos a base de hierbas para fumar o shishas, las bolsas de nicotina y otros productos que “imitan o se asocian al acto de fumar” al tabaco convencional. Además, incluye por primera vez sanciones para los menores que fumen o vapeen.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que el tabaco “provoca 50.000 muertes al año” y es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. “Es el principal factor de riesgo evitable”, ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha estimado que la nueva norma supondrá un ahorro de entre 100 y 200 millones de euros al año en gasto sanitario, que podrán destinarse a otras enfermedades no evitables.

A falta de su trámite parlamentario, el texto aprobado por el Gobierno confirma la prohibición de fumar y vapear en terrazas de bares y restaurantes al aire libre, instalaciones deportivas y recintos donde se desarrollen espectáculos públicos y parques nacionales. Entre las novedades que incorpora esta segunda vuelta se incluye la prohibición de fumar y vapear en playas, tanto marítimas como fluviales.

La prohibición de fumar en terrazas es una de las medidas que más polémica levanta. En 2023, cuando el Ministerio de Sanidad anunció su intención de recuperar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que incluía esta ampliación de los espacios libres de humo, la líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso en duda los informes “que nos dicen que fumar en terrazas es tan perjudicial”, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida calificó la medida de “disparatada”.

Espacios de protección reforzada

Fuentes del departamento que dirige Mónica García aclaran que ampliar los espacios libres de humo “es una medida ampliamente eficaz” que, además de limitar la exposición pasiva, “desnormaliza el consumo”.

El nuevo texto crea además espacios de “protección reforzada”. No se podrá consumir tabaco ni productos relacionados en un radio inferior a 15 metros de los accesos a edificios públicos, centros sanitarios públicos y privados, centros sociales, educativos, universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, centros culturales, deportivos, parques o recintos infantiles.

Prohibición a menores

La ley ya prohíbe la venta y distribución de tabaco a menores de 18 años, pero el nuevo proyecto amplía también esa limitación al consumo por parte de este grupo tanto de cigarrillos convencionales como electrónicos, bolsas de nicotina o shishas. Los jóvenes que lo hagan se enfrentan a sanciones leves, de 200 a 600 euros, a la que deberán hacer frente sus padres, madres o responsables legales. La multa se rebaja —para las leves antes iba de 300 a 600— y se puede sustituir por trabajo comunitario.

Según los datos de la encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, ETUDES 2025, la prevalencia de fumadores diarios entre personas de 14 a 18 años es del 4,3%, la cifra más baja desde que comentaron los registros en 1994. Sin embargo, los y las jóvenes que admiten haber consumido tabaco en el último mes se sitúa en el 15.5%. En el caso de los cigarrillos electrónicos, este último indicador ha pasado del 14,9% en 2019 al 27,1% en 2025.

Esta nueva puerta de entrada es la que quiere cerrar Sanidad con esta nueva ley antitabaco y la equiparación de estos dispositivos al tabaco convencional. “Incorporar [a la normativa] a estos nuevos productos evitaría este efecto de desplazamiento que se beneficia de esa ausencia de regulación”, consideran fuentes gubernamentales, que consideran que “la innovación comercial no puede ir por delante de la protección de la salud”.

Dónde comprar tabaco y cigarrillos electrónicos

La equiparación se traslada también a los puntos de venta, que solo podrán ser tiendas especializadas, cuyos requisitos se desarrollarán en una orden ministerial. Además, “la norma refuerza las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio”: se aplicarán a todos los medios y soportes, incluidas las máquinas expendedoras, internet y cualquier otra forma de promoción directa o indirecta.

La promoción se limitaría a los puntos de venta. En este sentido, la principal novedad es que las acciones no podrán realizarse en escaparate. Y las que se hagan en el interior del local no podrán verse desde la calle.

Sin empaquetado genérico

El texto enfrenta ahora su trámite parlamentario, que desde el Ministerio confían en que concluya antes del fin de la legislatura, en 2027. Fuentes ministeriales esperan además poder introducir, vía enmiendas, el empaquetado genérico, que ha quedado fuera del proyecto aprobado en el seno del Gobierno. La idea de los de García es que lo incluya a través de esta vía el grupo parlamentario de Sumar, ante la negativa socialista a incorporarlo a la redacción original.

El texto también ha dejado fuera la prohibición de los vapers desechables, a la espera de que Bruselas se pronuncie al respecto. Desde el Ejecutivo confían que la resolución europea será favorable a sus intenciones y, en su momento, se incorporará a la norma. “No queríamos dilatar la aprobación así que se ha sacado con la idea de incorporarlo en la tramitación una vez tengamos el informe”, aclaran estas fuentes. Además, la prohibición de saborizantes se llevará a cabo a través de un decreto ley.

Más de 7.800 aragoneses llevan más de seis meses esperando una operación en la sanidad pública. A 30 de junio eran 7.813 los pacientes que permanecían en lista de espera quirúrgica de larga duración, según los últimos datos publicados por el Departamento de Sanidad. Son 162 más que el mes anterior y 2.360 más que en febrero, lo que supone un incremento del 43,3% en apenas cuatro meses.

El dato también empeora respecto al año pasado. En junio de 2025 había 5.463 pacientes esperando desde hacía más de 180 días una intervención quirúrgica, de modo que en doce meses el aumento ha sido de 2.350 personas, un 43%.

Traumatología sigue siendo el principal cuello de botella, con casi 2.500 pacientes esperando una intervención tras medio año de espera. Le siguen Cirugía General y del Aparato Digestivo, con 1.002 pacientes; Angiología y Cirugía Vascular, con 952; Otorrinolaringología, con 875; Urología, con 699, y Neurocirugía, con 662. Oftalmología registra 594 pacientes con esperas superiores a los seis meses.

La evolución del último mes refleja que los mayores incrementos se produjeron en Angiología y Cirugía Vascular, que sumó 133 pacientes respecto a mayo, y en Traumatología, con otros 110. También crecieron las listas de Cirugía General y del Aparato Digestivo, con 56 personas más, y de Cirugía Pediátrica, con 37. Por el contrario, Oftalmología fue la especialidad que más redujo la demora, al registrar 158 pacientes menos que el mes anterior.

Con este dato se encadenan cuatro meses consecutivos de aumento: la lista de espera de más de seis meses aumentó en 571 pacientes durante marzo, en 880 durante abril y en otros 747 en mayo. Desde febrero, el número de personas que llevan más de medio año esperando una operación ha crecido en 2.360 pacientes.

El Departamento de Sanidad atribuye este aumento al impacto acumulado de la huelga convocada por organizaciones médicas contra el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Según explica, los paros han obligado a suspender más de 4.900 intervenciones quirúrgicas y han alterado la planificación de la actividad asistencial, lo que ha provocado un efecto que, sostiene, seguirá notándose durante los próximos meses, especialmente en el periodo estival.

El Ejecutivo aragonés defiende, además, que el plan extraordinario de dinamización de la actividad quirúrgica permitió reducir durante 2025 la lista de espera de larga duración cerca de un 27%, al pasar de 7.526 pacientes a 5.540. Asegura que esa evolución descendente se ha visto interrumpida por las jornadas de huelga y señala que, mientras persista esta situación, se seguirá priorizando la atención de los pacientes con patologías más graves o cuya demora tenga un mayor impacto en su calidad de vida.

Sanidad destaca también que el 34,4% de los pacientes que llevan más de 180 días esperando una intervención, un total de 2.684 personas, aguardan procedimientos que no requieren ingreso hospitalario. Asimismo, subraya que más de siete de cada diez intervenciones realizadas este año se han llevado a cabo antes de superar los seis meses de espera.

Por provincias, Zaragoza concentra la mayor parte de la lista de espera quirúrgica de larga duración, con 6.959 pacientes, seguida de Teruel, con 579, y Huesca, con 275. Respecto al mes anterior, el incremento fue de 139 pacientes en Zaragoza, de 12 en Teruel y de 11 en Huesca.

En cuanto a la evolución anual por especialidades, Angiología y Cirugía Vascular es la que experimenta el mayor incremento, al pasar de 181 pacientes en junio de 2025 a 952 este año. También aumentan de forma significativa Cirugía General y del Aparato Digestivo, con 517 pacientes más; Traumatología, con 515, y Urología, con 257. Por el contrario, Otorrinolaringología es la especialidad que registra la mayor reducción interanual, con 247 pacientes menos que hace un año.

UGT Servicios Públicos La Rioja ha exigido al Servicio Riojano de Salud (SERIS) que “deje de descontar días de vacaciones al personal que disfruta del permiso parental de 8 semanas”, después de que el Tribunal Supremo aclarara el pasado enero que este permiso debe considerarse tiempo de trabajo efectivo y, por tanto, genera derecho a vacaciones.

El sindicato denuncia que “el SERIS continúa aplicando un criterio contrario a esta doctrina”, al entender que durante el disfrute del permiso el contrato queda suspendido y, en consecuencia, reduce los días de vacaciones que corresponden a las trabajadoras y trabajadores que ejercen este derecho de conciliación.

Consultado por esta denuncia pública, el Gobierno de La Rioja ha señalado que el Servicio Riojano de Salud ya ha adaptado sus sistemas de gestión para que el disfrute del permiso parental de ocho semanas no suponga ningún descuento indebido en los días de vacaciones. “Tras realizar los ajustes técnicos necesarios, la parametrización ya está corregida”, explican. Añaden que en caso de que algún profesional se hubiera visto afectado, su situación será revisada y regularizada conforme a la normativa vigente.

UGT recuerda que el permiso parental de 8 semanas, aunque actualmente no sea retribuido, constituye un derecho reconocido para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. Por ello, consideraba “inadmisible” que quienes deciden acogerse a este permiso vean mermados sus derechos laborales con la pérdida de días de vacaciones.

UGT Servicios Públicos La Rioja advierte, además, de que esta práctica tiene un impacto especialmente negativo sobre las mujeres trabajadoras, que siguen asumiendo mayoritariamente las responsabilidades de cuidado, por lo que supone un obstáculo añadido al ejercicio efectivo del derecho a la conciliación. En este sentido, UGT pone sus servicios jurídicos a disposición de las trabajadoras y trabajadores afectados para estudiar cada caso y emprender las actuaciones necesarias en defensa de sus derechos, al tiempo que continuará exigiendo al SERIS el cumplimiento de la doctrina del Tribunal Supremo y el respeto a los derechos de conciliación de toda la plantilla.

Igualmente, recuerdan que el reconocimiento de este derecho tiene efectos retroactivos, por lo que las trabajadoras y trabajadores que hayan visto reducidos sus días de vacaciones por disfrutar del permiso parental de ocho semanas pueden reclamar la restitución de ese derecho respecto de los últimos cuatro años.

Estanislao García no olvidará el fin de año de 2025. Fue el día elegido por el servicio de urología del hospital de Santiago de Compostela (CHUS) para comunicarle que padecía un cáncer de grado dos. Hoy, casi siete meses después de aquel diagnóstico, cuenta con un punto de amargura que, por lo menos, pudieron dejarle tomar las uvas en paz. Lo dice así porque han pasado casi 200 días desde aquella noticia y Estanislao sigue esperando una operación mientras sus peticiones chocan contra el muro de silencio del Servizo Galego de Saúde (Sergas). “Tengo miedo y esta situación me parece una vergüenza”, confiesa.

“La única respuesta es que espere”, narra este periodista televisivo de 62 años, que lleva oficialmente en la lista para una intervención quirúrgica desde el pasado 12 de febrero. Aquel día, en el servicio de admisión, ya le advirtieron de que los 60 días comprometidos por el Sergas para pasar por quirófano “no se cumplían” y, por eso, la daban la opción de derivarse a alguna otra área sanitaria, como Ferrol o, en su caso, Lugo.

Antes de tomar una decisión, Estanislao ejerció su derecho a una segunda opinión. El médico consultado en el hospital de A Coruña (CHUAC) fue contundente: “Me dijo: 'Yo me quedaría'”. Y fue lo que hizo. A diferencia de las alternativas, en Santiago decía tener garantizado el uso quirúrgico del robot Da Vinci para practicarle una prostatectomía radical, “la mejor opción” para un paciente de sus características: una intervención compleja, de unas cuatro horas de duración, y con un postoperatorio complicado. La conversación tuvo lugar en aquel mes de febrero. La previsión del facultativo coruñés era entonces que estaría operado “una o dos semanas después de Semana Santa”.

Pero pasó la Pascua sin recibir noticias, así que se acercó de nuevo por su hospital a recabar información. “Me fueron dando largas. En abril me dijeron que todavía estaban operando a los de enero y me remitieron a finales de junio o mediados de julio”. El 16 de mayo presentó una queja ante el Defensor del Paciente del CHUS, de la que sigue sin saber nada. En poco más de tres semanas, el 11 de agosto, se cumplen los 180 días de espera máxima recogidos por la ley. Lo que más le asusta es no saber cómo ha evolucionado el tumor en todo este tiempo.

“Era un caso grave ,pero sin peligro vital ni una evolución muy rápida. Además, fue detectado muy rápido, que hoy sé que tuve suerte viendo cómo está la lista de primer diagnóstico”. Siete meses después, sin embargo, desconoce lo que ha podido pasar. “Imagina que me van a operar y descubren que ya saltó alguna célula a otro sitio”. Estanislao no lo oculta: “Estoy preocupadísmo y acojonado”

Él lo sobrelleva gracias a la terapia psicooncológica que le ofrece Andrea, la especialista de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Compostela con la que está “encantado”. Mientras, sigue de baja laboral –una de esas largas incapacidades que tanto preocupan a la Xunta y al PP– a la espera de que, algún día, suene por fin el teléfono y pueda poner fin a esta angustia.

Esa angustia se la trasladó por carta al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño –oncólogo radioterápico en el mismo CHUS–. Un escrito en el que, además de las quejas por la “situación insostenible” provocada por la “negligente gestión” sanitaria, le cuenta el “enorme coste personal, emocional y familiar” que le está suponiendo esa espera interminable. Como el resto de sus iniciativas ante el Sergas, esta –al menos, de momento– tampoco ha obtenido respuesta.

Sanidade sí ha contestado a las preguntas de elDiario.es, pero sin entrar en el caso particular de Estanislao. Se limita a decir que la inclusión en las listas de espera “se realiza siempre siguiendo criterios clínicos de prioridad” y “otorgando una atención preferente a las patologías oncológicas urgentes”. “En el Servizo galego de Saúde la categoría de prioridad 1 registar un tiempo medio de espera de 20,2 días”. Ni una palabra sobre el grado 2.

En su respuesta, la Consellería saca pecho con las cifras de urología, “la quinta especialidad con mayor volumen quirúrgico de Galicia” con “más de 20.700 intervenciones quirúrgicas realizadas en 2025”. “Para garantizar un diagnóstico ágil, Galicia cuenta con nueve vías rápidas de cáncer, entre las que se incluye la de próstata y que en 2025 atendió a 4.457 pacientes, con un plazo medio de citación de 5,6 días”. Este domingo se cumplen 200 días desde que Estanislao conoció su diagnóstico.

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez (PP), ha prometido para esta legislatura algo que, según él, ya se cumplía hace un año. En su comparecencia para explicar su programa, Vázquez ha garantizado el mantenimiento de la atención presencial en centros de salud, consultorios locales y en el domicilio y el acceso a las consultas del médico de familia en un plazo que no supere las 48 horas. En agosto de 2025, en un desayuno de la Agencia Ical, Vázquez aseguró que la demora media para conseguir cita en Atención Primaria no superaba 1,9 días, si bien reconocía “tensiones” en centros de salud urbanos.

De hecho, en invierno de 2024, en plena epidemia de gripe llegó a asegurar que se estaba citando con menos de 48 horas de mientras la mayoría de centros de salud colapsaron por la demanda y la espera superaba los 15 días. En su exposición este viernes en las Cortes de Castilla y León, Vázquez ha sostenido que para garantizar esa atención presencial incidirán en la capacidad resolutiva de los equipos de atención primaria, mejorando la organización asistencial y dotando a los profesionales de más recursos y herramientas que permitan ofrecer una atención ágil, cercana y de calidad en todo el territorio, informa Efe.

Para mantener un acceso a las consultas de medicina familiar y comunitaria que no supere las 48 horas, el consejero ha basado su estrategia en la organización de las agendas, la optimización de la gestión de la demanda, y el refuerzo los Puntos de Atención Continuada (PAC) y circuitos de urgencias extrahospitalarias. Así, con una cuestión de mera organización “de agenda” ha intentado minimizar la saturación de los centros de salud.

Pero también ha apuntado a una reducción de la atención presencial en favor de la consulta telefónica: “La tecnología nunca sustituirá la atención presencial, cuando esta sea necesaria, pero sí nos permitirá superar muchas de las limitaciones derivadas de la dispersión geográfica y avanzar hacia una sanidad más accesible, más cercana y más equitativa para todos los castellanos y leoneses”, ha afirmado. También ha anunciado una Estrategia de Optimización de las Emergencias Sanitarias de Castilla y León, orientada a reforzar la atención extrahospitalaria, especialmente en las zonas rurales y más alejadas.

Por otro lado, ha anunciado nuevo Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, un problema estructural lastrado por el conflicto médico por el estatuto marco, del que ha culpado a la ministra, y que ha dejado 12.500 operaciones menos en el primer semestre en la comunidad, que podrían ser 25.000 a final de año. El Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, orientado a incrementar la eficiencia de los recursos disponibles, reducir las diferencias existentes entre las distintas áreas de salud y garantizar una respuesta más homogénea, ágil y equitativa para todos los castellanos y leoneses.

Se ha referido al conflicto generado en torno a la reforma del Estatuto Marco promovida por el Ministerio de Sanidad, que ha desembocado en movilizaciones y huelgas de ámbito nacional con un impacto directo sobre la actividad asistencial. “Un conflicto que persiste ante la incapacidad de la única responsable con competencias para resolverlo: la ministra de Sanidad del Gobierno de España” y que “está teniendo un coste inasumible para los pacientes y amenaza con comprometer seriamente la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud”, ha explicado.

En concreto, en el caso de Castilla y León durante el primer semestre de este año se han realizado 12.500 intervenciones quirúrgicas programadas menos que en el mismo periodo de los dos años anteriores. “De haberse mantenido el nivel habitual de actividad, más de 11.000 pacientes habrían abandonado la lista de espera quirúrgica”, ha sostenido. “No estamos simplemente ante una interrupción de la tendencia de mejora que veníamos consolidando. Las listas de espera han vuelto a crecer y seguirán haciéndolo mientras el Gobierno de España no afronte con la seriedad y la responsabilidad necesarias una situación de esta magnitud”, ha lamentado.

“Si la huelga se prolonga, estimamos que a final de año habremos dejado de realizar más de 25.000 intervenciones quirúrgicas”,

Vázquez ha explicado que pese a ello, el objetivo es “recuperar los niveles de actividad alcanzados, revertir esta situación y situar de nuevo a Castilla y León entre las comunidades con mejores resultados en accesibilidad y tiempos de espera del Sistema Nacional de Salud”.