Hola,

¿Cómo estás? Este fin de semana quiero arrancar el boletín con una noticia que nos lleva al plano jurídico, pero que me ha parecido muy interesante porque reconoce el derecho de una mujer a reclamar una indemnización por las consecuencias de una vasectomía fallida que se realizó su pareja, a quien no se le informó de este riesgo. 

Te cuento lo que ha pasado y después vamos con el debate que ha resuelto el Tribunal Supremo. Una pareja, en el ámbito de su planificación familiar, decide que él se haga una vasectomía, para lo que acuden al Hospital Severo Ochoa de Madrid. 

La intervención es, en general, permanente y reversible, pero tiene riesgos. Uno de ellos es lo que se conoce como una recanalización de los conductos deferentes, por la que las vías que transportan los espermatozoides vuelven a unirse de forma espontánea. Nadie informó al paciente de esta posibilidad que, finalmente, llegó a materializarse y acabó provocando que la mujer se quedara embarazada. Lo que la pareja quería evitar. 

Entonces, ambos inician un proceso legal para exigir una indemnización. Mejor dicho, dos: una para él y otra para ella. Tanto la Comunidad de Madrid como Relyens Mutual Insurance —la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud— se opusieron a ese doble pago, al considerar que el derecho a recibir la información es de carácter “personalísimo” del paciente, pero no de su pareja. 

El Supremo coincide en esa “exclusiva titularidad del paciente del derecho a la información previa y asistencial a la cirugía”, pero va más allá al reconocer a la “pareja estable” una “legitimación activa para reclamar responsabilidad patrimonial por haber sufrido un perjuicio propio”. Un perjuicio que atenta directamente contra su “capacidad reproductiva” y su “autodeterminación personal como consecuencia directa del funcionamiento anormal del servicio sanitario”. 

Es decir, el derecho a recibir información es del paciente, pero eso no impide que su pareja pueda reclamar por las consecuencias que ha sufrido personalmente. Finalmente, cada uno deberá recibir una indemnización de 35.000 euros. 

Prescripción rápida

El mercado del juego desembarca en la salud

Hace unas semanas, publicamos un reportaje sobre las apuestas climáticas. En algunas casas ya se pueden hacer predicciones sobre cuándo será la próxima catástrofe natural o cuántas vidas se llevará. Parece que la 'gamificación' no deja campo sin tocar, pero sobrepasa límites que sorprenden. Mi compañero Antonio Martínez Ron acaba de hacer una investigación en la que se muestra cómo la aprobación de medicamentos amenaza con convertir la investigación médica en un casino. 

Aunque pueda parecer inocuo, incluso divertido, los especialistas alertan del riesgo de desestabilizar ensayos clínicos y condicionar las decisiones de las autoridades públicas. Un artículo editorial publicado en 'Science' planteaba la posibilidad de que se filtre información confidencial sobre un determinado estudio, que pierda valor en las apuestas y que los pacientes o quienes financian la investigación pierdan la confianza en el propio ensayo. 

El tema es interesantísimo y algunas plataformas están abriendo los primeros mercados de predicción sobre el éxito de fármacos en investigación contra el alzhéimer y el mieloma múltiple. Te recomiendo que leas la información completa aquí. 

Con esto me despido por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final.

Buena semana y ¡salud!

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por las “graves y persistentes deficiencias” de seguridad y salud laboral que, según la organización sindical, afectan a las instalaciones de Sanidad Exterior en Las Palmas de Gran Canaria, donde se encuentran el Centro de Vacunación Internacional y el Laboratorio Oficial de Control de Drogas.

Así lo ha señalado este viernes el sindicato en un comunicado, donde advierte de posibles riesgos derivados de la manipulación y almacenamiento de sustancias químicas y estupefacientes, la insuficiencia de los sistemas de ventilación y extracción, las condiciones de evacuación y otras deficiencias estructurales.

Asimismo, sostiene que las medidas adoptadas han sido “insuficientes” y reclama una intervención para garantizar “unas condiciones de trabajo seguras”.

Para la organización, uno de los aspectos más preocupantes es la posible exposición a vapores y emanaciones procedentes de las sustancias manipuladas en el laboratorio. CCOO denuncia que existen puestos administrativos próximos a las zonas de trabajo y almacenamiento de estupefacientes, pese a que sus ocupantes no deberían estar expuestos a estos riesgos por razón de sus funciones.

El sindicato cuestiona que se plantee el uso de mascarillas como respuesta a estas situaciones, cuando considera necesario actuar sobre el origen del problema mediante sistemas adecuados de extracción, ventilación, aislamiento de las operaciones o reubicación de los puestos afectados.

La denuncia señala también las condiciones de la cámara acorazada donde se almacenan sustancias estupefacientes, cuya manipulación puede provocar la liberación de vapores al ambiente del laboratorio.

Asimismo, advierte de posibles exposiciones durante las operaciones de recepción y pesaje de drogas decomisadas, en las que también intervienen miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Deficiencias en las instalaciones y las medidas de emergencia

FSC-CCOO solicita que se comprueben las condiciones de evacuación de la planta superior del laboratorio, que cuenta con una única salida, así como la adecuación de las puertas, escaleras y planes de emergencia.

A estas circunstancias se añaden deficiencias denunciadas en instalaciones eléctricas, vestuarios, zonas de descanso y almacenamiento de residuos potencialmente peligrosos.

El sindicato advierte de que la retirada de estos residuos puede demorarse durante meses. También denuncia que se utiliza una zona del laboratorio para comer y beber, sin disponer de un espacio independiente y adecuado para esta finalidad.

“Sin garantías preventivas suficientes en las inspecciones a buques”

La denuncia incorpora igualmente la situación del personal de enfermería destinado a realizar inspecciones sanitarias a bordo de buques. En este sentido, la organización asegura que estos profesionales pueden ser enviados a embarcaciones sin información preventiva suficiente sobre sus características y riesgos, ni equipos de protección individual específicamente adaptados a las condiciones de cada intervención.

El sindicato advierte, además, de que algunas visitas se realizan por un único profesional, sin que conste un protocolo específico que garantice la comunicación, localización y asistencia inmediata en caso de accidente o emergencia.

Por ello, FSC-CCOO solicita una visita de la Inspección de Trabajo, así como mediciones técnicas de contaminantes, ventilación y ruido, la revisión de las medidas de emergencia y la comprobación de la formación preventiva del personal.

La organización reclama que se establezcan medidas correctoras concretas, con plazos verificables y seguimiento efectivo.

Además, pide que se adopten las actuaciones legalmente procedentes si se aprecia una situación de riesgo “grave e inminente”, concluye la nota.

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud ha dado por cerrado este viernes el brote de meningitis vírica por enterovirus detectado este mes de octubre en El Hierro, después de que no se hayan registrado nuevos casos durante el periodo de vigilancia establecido en el protocolo.

El episodio afectó a tres niños de tres, seis y siete años, alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Tigaday, en el municipio de La Frontera, que requirieron ingreso hospitalario, aunque los tres evolucionaron favorablemente y ya han recibido el alta, ha detallado el Gobierno regional.

Según ha informado la Consejería de Sanidad, el primer menor comenzó a presentar síntomas a principios de octubre, mientras que el último caso confirmado los manifestó a mediados de mes.

Tras conocer el primer caso, Salud Pública activó el protocolo establecido, que incluyó el seguimiento de los posibles contactos y la alerta a los profesionales sanitarios de la zona para facilitar la detección precoz de otros posibles afectados.

Al no detectarse nuevos casos y una vez transcurrido el plazo de vigilancia previsto, la Dirección General de Salud Pública ha comunicado este viernes el cierre del brote.

Meningitis vírica

La meningitis vírica aparece de forma esporádica o epidémica y, por lo general, presenta una evolución favorable, con recuperación completa y escasos casos de sintomatología grave.

Aproximadamente el 90% de los casos está causado por enterovirus, cuya transmisión se produce principalmente de persona a persona a través del contacto fecal-oral.

La infección puede manifestarse con fiebre de comienzo brusco, dolor de cabeza intenso y rigidez de nuca, además de náuseas, vómitos, dolor abdominal y faringitis.

Los síntomas suelen durar entre 10 y 14 días.

Sanidad recomienda reforzar las medidas de higiene en los entornos familiar y escolar, especialmente el lavado de manos con agua y jabón, la desinfección de superficies y la limpieza de los baños, así como evitar compartir vasos, cubiertos y botellas.

La Consejería recuerda que los enterovirus son resistentes al alcohol, por lo que el gel hidroalcohólico no debe sustituir al lavado de manos con agua y jabón.

Las urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) prestaron 77.906 asistencias en 2025, apenas 451 más que el año precedente. Sin embargo, en esos doce meses fallecieron en el servicio 660 personas (casi dos por día), 106 más (un 19%) que en 2024. 

La tasa de mortalidad alcanzó el 0,85% de los pacientes atendidos, el valor más alto del último lustro, según los datos que ha facilitado el Servicio Canario de Salud (SCS) a este periódico a través de una solicitud de información pública. 

Estas cifras coinciden con la crisis en el servicio de urgencias del complejo tinerfeño tras la marcha de decenas de médicos veteranos. Una crisis que se manifestó en la sucesión de movilizaciones que el personal comenzó a finales de 2024 para exigir una mayor dignidad en la atención. Tal y como publicó este medio en febrero, el HUC es, de los cuatro hospitales de referencia de Canarias, el que menos urgencias atiende, pero el que más pacientes ingresa en planta en proporción (un 16,5%, según la última memoria), 

El personal sanitario ha denunciado de manera reiterada la saturación en el servicio de urgencias, que se ha cronificado y que llegó a su culmen precisamente en 2025. En estos últimos años, los trabajadores han venido alertando de situaciones extremas, como esperas interminables para ser atendido, el bloqueo de ambulancias a las puertas del centro por falta de espacio o la utilización de pasillos y zonas de paso (incluso áreas de evacuación) para ubicar a los pacientes. Un escenario agravado por la falta de camas en las plantas de hospitalización y las dificultades para derivar a pacientes agudos desde urgencias. Las largas demoras obligan, además, al personal de enfermería a revaluar a los usuarios de manera constante para evitar complicaciones y empeoramientos.

El repunte de la tasa de mortalidad contrasta de forma sensible con los registros del resto de centros hospitalarios de tercer nivel de las Islas. Según los datos que maneja la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), en el Insular-Materno Infantil y el Doctor Negrín, en Gran Canaria, y en La Candelaria, en Tenerife, esa tasa oscila entre el 0,4 y el 0,5%. Muy inferior, por tanto, a la del HUC, que casi dobla al resto en este indicador. 

Entre 2021 y 2024 la tasa de mortalidad en las urgencias del HUC se había movido entre el 0,63 y el 0,72%. El aumento de 2025 (hasta el 0,85%) se concentra en dos grupos: los pacientes ambulantes (o en circuito ambulatorio, aquellos que acuden y son atendidos en áreas de consulta, sillones o salas de espera, sin llegar a ser encamados o asignados a un box formal de observación), donde se pasa de 24 a 84, y los pacientes en observación (a la espera de pruebas, tratamiento o cama en planta), de 530 a 576, el máximo de la serie. Frente a la media de 2021-2023 (530 fallecidos) al año, el dato de 2025 es un 25% superior.

El SCS precisa en su resolución que desde 2024 distingue la mortalidad del servicio de la de otras especialidades que tienen episodios en urgencias sin estar a su cargo. Además, las cifras son tasas brutas. No están ajustadas por edad ni por gravedad de los pacientes. La Consejería de Sanidad incide en que no existe una tasa estándar porque el indicador varía según el tipo de hospital, la edad de la población atendida y la gravedad de los casos. 

Esperas de hasta doce horas

José Manuel Pavón, presidente de SEMES en Canarias, señala que, si bien es cierto que la población que atiende el hospital tinerfeño (norte de la isla) está más envejecida y es de mayor complejidad, la diferencia con respecto al resto de hospitales es “muy marcada”, que la brecha es evidente. El especialista, que dirigió durante años el servicio de Urgencias del Negrín de Gran Canaria, explica que, cuando las estancias en urgencias se alargan en exceso por falta de camas en planta, los pacientes agudos sufren complicaciones añadidas. Los profesionales de urgencias llevan tiempo alertando de que los tiempos de espera en este servicio del HUC en ocasiones se prolongan hasta 12 y 14 horas. 

Pablo Febles, presidente del comité de empresa del HUC, expresa su preocupación por estos datos y exige la activación de la comisión de mortalidad para auditar qué está ocurriendo en las urgencias del hospital para que se hayan dado esas cifras. Ya ha solicitado una respuesta de la gerencia del hospital y de la dirección médica. 

Para la también representante de Intersindical Canaria (IC) Caty Darias, ese desglose confirma “una clara tendencia al alza en cuanto a la mortalidad” y evidencia “el deterioro provocado por la falta de personal cualificado y las deficiencias organizativas en el servicio”. La portavoz sindical recuerda que la salida de médicos veteranos se produjo tras un cambio de turnos “por imperativo legal” durante la etapa de Adasat Goya (actual director del SCS) como gerente y que los adjuntos fueron sustituidos por profesionales con título homologado pero sin especialidad que, a su juicio, “necesitan como mínimo un periodo formativo” y que “no son responsables de la falta de tutorización y supervisión”. 

A mediados de 2025, la consejera de Sanidad, Esther Monzón (Coalición Canaria), hablaba de una “normalización” y una “leve mejoría” en el servicio de urgencias después de que la Diputación del Común advirtiera en su informe anual de que la situación del servicio era “inaceptable” y reclamara al Gobierno autonómico una intervención directa para una reorganización operativa y para “revisar los perfiles” de la gerencia y la dirección médica.

De un 10% a un 70% de facultativos sin la especialidad

La Asociación MIR España ya denunció este verano que, de los 56 médicos de urgencias, sólo 15 tienen la especialidad para ejercer en urgencias. Fuentes sindicales consultadas por este periódico señalan que en 2024 solo el 10% de la plantilla de facultativos no contaba con la especialidad. Sin embargo, tras la marcha de los adjuntos veteranos y las posteriores contrataciones de profesionales sin MIR o sin la homologación oficial completa, esa cifra se ha disparado hasta alcanzar el 70%. 

Preguntado sobre este aspecto en la solicitud de acceso a la información pública, el SCS rehusó precisar cuántos facultativos ejercen en los hospitales públicos de las Islas sin el título MIR o sin especialidad homologada. La administración argumentó que no dispone de una aplicación informática que permita extraer esos datos de forma automatizada y que para obtener esa información sería necesaria una revisión manual expediente por expediente en todas las gerencias, lo que califica de una “carga desproporcionada”. 

Para los representantes de los trabajadores, esta respuesta constituye una “excusa” administrativa para evitar fiscalizar la cualificación real de los cuadros médicos de urgencias. 

Dudas sobre los jefes de unidad

La Asociación MIR España también había señalado que ni la actual jefa de Urgencias del HUC ni los cinco jefes de área disponen de la especialidad. Una orden de octubre de 2012 fija los criterios y requisitos legales para el acceso y desempeño de puestos directivos asistenciales. Para concursar a una jefatura de servicio o de sección en una unidad asistencial, la normativa exige ostentar la condición de personal estatutario fijo en activo de la correspondiente categoría y especialidad médica dentro del Sistema Nacional de Salud. 

En relación con este punto, la resolución del SCS sostiene que todos ellos “cumplen los requisitos legales para desempeñar sus funciones directivas según la normativa vigente”. 

Sin embargo, las fuentes médicas consultadas dudan de esta aseveración y de que todos cumplan el criterio de antigüedad, ya que tienen constancia de que varios de ellos son profesionales de incorporación reciente con tres o cuatro años en el centro. 

Intersindical Canaria, por su parte, señala que la jefa de servicio acaba de lograr la fijeza de la plaza a través del proceso de estabilización. 

Más revisitas a las 72 horas

Los datos remitidos a este periódico en respuesta a la solicitud de información reflejan también un deterioro en otros indicadores de calidad asistenciales. Así, las revisitas las urgencias del HUC en menos de 72 horas pasaron de 4.028 a 4.425 en 2025, casi un 10% más. La tasa subió del 5,5 al 6,1%. Las revisitas que acabaron en ingreso hospitalario también crecieron en el último año de 508 a 578, de una tasa del 0,7 al 0,8%.

Sin embargo, en estos indicadores el presidente de SEMES Canarias no ve un problema comparativo. La tasa de retorno con ingreso del HUC es, según los datos que maneja, inferior a la de los otros tres hospitales de referencia. Pavón señala, por ejemplo, que en La Candelaria esa cifra supera el 3%, aunque atribuye en parte este valor a que este hospital “mezcla adultos, niños y pacientes ginecológicos”. Aun así, pide prudencia: un hospital que ingresa mucho tendrá menos pacientes que vuelven y con una cifra aislada “es difícil de analizar”.

La huelga convocada por los médicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha registrado este jueves un seguimiento del 5,79 %, según la Consejería de Sanidad, una cifra que el Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) eleva al 43,7 %.

De los 7.301 efectivos convocados, 3.936 estaban afectados por la convocatoria y 228 secundaron la huelga, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario, ha indicado Sanidad.

Por áreas de salud, Gran Canaria ha registrado el mayor seguimiento, con 174 profesionales en huelga de un total de 1.542 afectados, lo que supone un 11,28 %. En Tenerife, el paro fue secundado por 46 de los 1.875 profesionales afectados, un 2,45 %.

En Lanzarote, un profesional participó en la huelga de los 217 afectados, el 0,46 %, mientras que en Fuerteventura lo hicieron cuatro de los 298 convocados, el 1,34 %. En La Palma secundaron el paro tres de los 172 afectados, un 1,74 %.

La Consejería de Sanidad ha señalado, además, que en La Gomera y El Hierro no se registró seguimiento de la convocatoria.

La jornada de mañana ha transcurrido “sin incidencias destacables” y ha contado con 1.423 efectivos en servicios mínimos, según la información facilitada por el Ejecutivo canario. 

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mérida al presunto autor de un ciberataque masivo contra los sistemas del Servicio Extremeño de Salud (SES). El arrestado logró vulnerar la seguridad del portal sanitario para acceder a la información confidencial de 18.416 pacientes, entre los que se encuentra la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, con la intención de comercializarla en foros ilícitos.

La investigación se puso en marcha a raíz de la denuncia presentada por el propio SES tras detectar el pasado 5 de octubre una intrusión no autorizada en sus infraestructuras informáticas. Según los análisis técnicos, el ciberdelincuente lanzó un ataque automatizado y masivo desde un servidor virtual anónimo alojado en el extranjero contra la plataforma Centro de Salud Online (CSOnline), logrando sustraer más de 334.000 registros médicos correspondientes a aproximadamente el 1% de los usuarios de la sanidad pública de la región.

Tras complejas indagaciones informáticas, los agentes especializados lograron rastrear las conexiones hasta dar con el presunto responsable en la capital extremeña. En el registro practicado en su domicilio, la Policía Nacional intervino equipos de altas prestaciones en los que halló las huellas digitales del ataque y la totalidad de la base de datos robada.

La información comprometida incluía fichas personales, documentos y una base de datos indexada en la que figuraba el historial clínico detallado de los afectados, con diagnósticos, enfermedades y tratamientos, todo ello minuciosamente clasificado por año de nacimiento y código de identificación. Entre los ciudadanos que han recibido la notificación oficial de que sus datos fueron vulnerados figura la propia jefa del Ejecutivo regional, María Guardiola.

Refuerzo de la seguridad y avisos a los afectados

Desde la Administración autonómica se ha precisado que la vía de entrada empleada por el hacker ya ha sido identificada y se han aplicado de forma inmediata las medidas correctoras necesarias para blindar de nuevo las plataformas digitales del servicio de salud.

El incidente fue comunicado en su día a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), registrado a través de la herramienta LUCIA del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) y denunciado formalmente ante la Policía Nacional. Paralelamente, el SES ha procedido a notificar de forma individualizada a todos los afectados a través de mensajes SMS, la propia plataforma online, correo electrónico y carta postal.

La intervención policial ha permitido recuperar la totalidad de las copias de seguridad de las bases de datos y bloquear su difusión o venta en redes clandestinas. La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta la implicación del detenido en otros ciberataques contra distintas instituciones. Asimismo, la Junta de Extremadura ha habilitado el correo electrónico dpd@salud-juntaex.es para que los usuarios puedan resolver cualquier duda relacionada específicamente con la protección de sus datos.

El comité de huelga conformado por CESM Canarias-SEMCA ha remitido una carta al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la que comunica formalmente la “pérdida de confianza” en el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Gota, como interlocutor en el conflicto.

Las organizaciones convocantes consideran que sus recientes manifestaciones públicas, cuestionando la representatividad del comité de huelga y atribuyéndole motivaciones políticas “han deteriorado gravemente las condiciones necesarias para mantener una negociación basada en la confianza, el respeto institucional y la buena fe”.

Por este motivo, detallan en una nota que han solicitado a la Presidencia del Gobierno de Canarias la designación “urgente” de un nuevo interlocutor con “actitud y aptitud efectiva de negociación, respetuoso y acceso a los niveles de decisión política, organizativa y presupuestaria”.

Igualmente solicitan que “juegue limpio, sin recurrir a herramientas que siembran confusión, servicios mínimos que atentan contra el derecho de huelga, y fomentar la confusión utilizando 'caballos de Troya'”.

El comité reitera que mantiene “intacta su” voluntad de alcanzar un acuerdo y reclama que se restablezca “cuanto antes” una negociación real y efectiva que permita poner fin a la huelga médica.

Desde los históricos comicios de 1977, los partidos políticos elaboran sus propios programas electorales, con planes, valores y promesas que aseguran cumplir si llegan al poder. Pero, ¿qué pasaría si el orden fuera el contrario y fueran los ciudadanos quienes pusieran las soluciones sobre la mesa? Esa es la premisa de Adopta mi propuesta: el programa lo escribes tú, la iniciativa impulsada por el biólogo y profesor canario Romén Herrera para dar más protagonismo a la ciudadanía en la definición de las prioridades políticas.

El objetivo es invertir el orden habitual del debate político. Que cualquier persona pueda proponer medidas concretas, debatirlas, mejorarlas y votar aquellas que considere más importantes. Después, los partidos pueden decidir cuáles adoptan y construir parte de sus programas a partir de esas propuestas. La plataforma, que se presenta como independiente de las formaciones políticas, busca así cambiar el sentido habitual de la conversación electoral. En lugar de que los ciudadanos tengan que elegir entre programas ya elaborados, que sean sus propias demandas las que lleguen a las organizaciones políticas.

El funcionamiento se articula en tres pasos: proponer, votar y conseguir que los partidos adopten las medidas. La web permite consultar las propuestas, participar en las que siguen pendientes y revisar la actividad de la plataforma. También incluye un apartado dedicado a los partidos, con la intención de que la respuesta de cada formación quede documentada. La participación no exige registrarse obligatoriamente para intervenir, aunque los usuarios pueden crear su propio programa electoral seleccionando las doce medidas que consideran imprescindibles para el país. Son “sus doce prioridades personales, independientemente de las siglas políticas”, señala Herrera a Canarias Ahora.

La intención es que cada persona pueda identificar qué propuestas encajan con sus necesidades y comprobar si los partidos están dispuestos a asumirlas. “Es una forma diferente de evaluar la afinidad política. No por discursos, promesas genéricas o etiquetas ideológicas, sino por compromisos concretos”, explica el creador.

La plataforma acaba de aterrizar en la red y todavía espera las primeras respuestas verificadas de los líderes políticos. Ese será uno de los puntos decisivos del proyecto: comprobar si las propuestas ciudadanas consiguen trascender la web y entrar en el debate de las formaciones.

Una de las o de los apartados más notorios es El Observatorio. En él, se analizan los programas electorales y documentos oficiales de los partidos para comprobar si la propuesta está integrada entre sus compromisos. Si está incluido, se añade como referencia revisada y si no se identifica ninguna coincidencia específica verificable se denomina como documentacion analizada, lo que no quiere decir que quiere decir que sea una negativa, sino que no hay contraste documental publicado.

Pero lo más interesante, explica Herrera, es que las iniciativas se trasladan a los partidos, que disponen de un plazo máximo de siete días para responder oficialmente si las adoptan, las estudian o las rechazan, quedando reflejado públicamente.

El proceso se activa con el envío de un correo electrónico personalizado a la dirección de contacto institucional de cada formación, que incluye un enlace a un formulario en la propia web para comunicar su decisión.

Por el momento, el sistema cuenta con 21 referencias documentales revisadas y ha enviado 10 avisos a las formaciones políticas.

La vivienda, entre las prioridades ciudadanas

Las propuestas que van ganando apoyos dibujan un mapa de algunas de las preocupaciones que afectan a la vida cotidiana. La que destaca por encima del resto plantea fijar un objetivo anual de vivienda pública en alquiler, verificable municipio a municipio.

La medida propone establecer un calendario de construcción y rehabilitación de vivienda asequible, acompañado de presupuestos, plazos y cifras detalladas en un portal de datos abiertos. También contempla auditar trimestralmente las entregas y los retrasos, así como debatir las fórmulas de financiación para evitar que la oferta se concentre exclusivamente en las grandes ciudades.

La propuesta no se limita, por tanto, a reclamar más vivienda pública, sino que plantea mecanismos para seguir su evolución y comprobar los resultados. La publicación de datos permitiría conocer qué administraciones avanzan según lo previsto, dónde se acumulan los retrasos y qué recursos se destinan a ampliar la oferta de alquiler asequible.

La segunda medida más respaldada, con 80 votos a favor según los datos recogidos en la plataforma, pone el foco en las listas de espera sanitarias, uno de los problemas que más golpean a Canarias. Su autor propone publicar mensualmente los tiempos de demora por especialidad, intervención y área sanitaria, utilizando criterios homogéneos y datos anonimizados.

El objetivo es que los recursos se destinen a los servicios más saturados y que las administraciones expliquen las causas de cada plan de choque, sin comprometer en ningún caso la privacidad de los pacientes. Al igual que ocurre con la vivienda, la medida apuesta por la transparencia como herramienta para evaluar la gestión pública y pedir explicaciones cuando los resultados no sean los esperados.

Una de las medidas más recientes, con 11 apoyos en el momento en que se recogieron los datos, mira directamente al sistema electoral. Plantea estudiar la apertura de las listas electorales y exigir una rendición de cuentas individual a los representantes, con la intención de dar a los votantes más margen de decisión sobre los candidatos que resultan elegidos.

Para ello, propone realizar simulaciones públicas sobre cómo afectaría el cambio a la proporcionalidad, la paridad y la representación territorial, además de celebrar audiencias con especialistas antes de abordar cualquier modificación de la ley electoral. Se trata de estudiar las consecuencias de una posible reforma antes de llevarla a la práctica.

De las ideas a los compromisos políticos

Las propuestas se distribuyen en distintas categorías, entre ellas Vivienda, Sanidad, Educación, Economía, Empleo, Medioambiente, Democracia, Transportes, Derechos sociales, Justicia y seguridad, y Ciencia y tecnología. El abanico permite abordar desde problemas inmediatos, como el acceso a una vivienda asequible o las demoras sanitarias, hasta cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las instituciones.

La web ofrece también un espacio para consultar las propuestas y documentar las respuestas de los partidos, pero el alcance real del proyecto dependerá de la participación que consiga reunir y de la disposición de las formaciones a convertir esas demandas en compromisos concretos.

Adopta mi propuesta plantea una pregunta de fondo que afecta a la relación entre representantes y representados: ¿tienen que ser los ciudadanos quienes se adapten a los programas que elaboran los partidos o deberían ser estos quienes expliquen qué están dispuestos a hacer para responder a las prioridades de la gente?

Satse Canarias ha alertado sobre la “grave situación” de “saturación” que atraviesa el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde alrededor de 60 pacientes permanecían este pendientes de ingreso hospitalario sin poder ser trasladados a una planta por falta de camas disponibles.

Así lo ha informado el Sindicato de Enfermería en un comunicado en el que ha apuntado que esta situación tiene “consecuencias directas” tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios.

Al respecto, incidió en que decenas de enfermos se ven obligados a permanecer durante horas, e incluso días, en camillas colocadas en los pasillos de Urgencias, un espacio que no está diseñado para estancias prolongadas, sino para una atención transitoria.

De esta manera, Satse ha tildado de “muy grave” que personas que precisan ingreso hospitalario permanezcan bloqueadas en Urgencias en unas condiciones que afectan “a su intimidad, su descanso y su dignidad”.

“Los pasillos no son un lugar adecuado para afrontar un proceso de enfermedad, recibir información clínica sensible o estar acompañado por los familiares con las garantías que merecen los pacientes”, expuso el sindicato.

Por su parte, ha recordado que el pasado 30 de septiembre ya trasladó a la Gerencia del centro la necesidad de anticiparse a los previsibles incrementos de presión asistencial y adoptar medidas preventivas para evitar situaciones como la que se está viviendo en la actualidad.

En este sentido, ha reclamado una “respuesta inmediata” que permita agilizar los ingresos hospitalarios, optimizar la disponibilidad de camas y reforzar los recursos necesarios para reducir la presión existente sobre las Urgencias.

Además, Satse ha resaltado el impacto que esta situación tiene sobre las enfermeras, “que continúan prestando cuidados en un entorno marcado por la sobrecarga asistencial, la falta de espacios adecuados y la necesidad de atender simultáneamente a pacientes distribuidos entre boxes, áreas de observación y zonas habilitadas de forma improvisada en los propios pasillos”.

Finalmente, la organización sindical aseguró que continuará realizando un seguimiento permanente de la situación y reclamando soluciones que eviten que pacientes y profesionales sigan soportando las consecuencias de una “falta de planificación” que vuelve a poner a prueba la capacidad asistencial del centro.

Aragón cerró septiembre con 9.301 pacientes pendientes de una operación desde hace más de seis meses, según los últimos datos del Departamento de Sanidad, publicados el 9 de octubre. La cifra supone un incremento del 51,7% respecto a agosto de 2023, cuando Jorge Azcón llegó al Gobierno de Aragón y había 6.149 personas en esta situación. En términos absolutos, son 3.152 pacientes más.

La evolución resulta especialmente significativa si se observa lo ocurrido durante los últimos siete meses. En febrero de 2026 había 5.453 pacientes con demoras superiores a seis meses, frente a los 9.301 de septiembre. El incremento alcanza el 70,6%, con 3.848 personas más esperando una intervención quirúrgica.

La comparación interanual tampoco ofrece mejores resultados, ya que respecto a septiembre de 2025, cuando había 5.640 pacientes, las listas han crecido un 64,9%, con 3.661 afectados más.

Los datos recuperan además el debate político sobre la gestión sanitaria. En noviembre de 2022, cuando el PP estaba en la oposición, calificaba de “colapso sanitario” la existencia de más de 7.300 pacientes esperando una operación durante más de seis meses y exigía responsabilidades al anterior Gobierno autonómico.

Entonces también criticaba que un plan dotado con 20 millones de euros hubiera conseguido reducir las listas únicamente en 64 personas.

Cuatro años después, con el PP al frente del Ejecutivo aragonés, la cifra asciende a 9.301 pacientes, aproximadamente 2.000 más que cuando los populares denunciaban aquel colapso.

La evolución contrasta igualmente con los anuncios presupuestarios de Azcón, que ha avanzado que Sanidad contará con unos 3.100 millones de euros en 2027, frente a los aproximadamente 2.500 millones de 2023. Son 600 millones más en términos nominales, aunque se trata de una previsión presupuestaria que no puede equipararse todavía al gasto ejecutado.

Cirugía vascular cuadruplica sus pacientes en espera

El deterioro no afecta por igual a todas las especialidades. Angiología y Cirugía Vascular presenta uno de los incrementos más acusados desde agosto de 2023: ha pasado de 304 a 1.348 pacientes, un aumento del 343,4%.

En Cirugía General y Digestiva, las personas con demoras superiores a seis meses han aumentado más del doble, de 632 a 1.408, un 122,8%. Igualmente, duplican la lista de Otorrinolaringología, que ha pasado de 427 a 1.090 pacientes, un 155,3% más, así como Urología, que ha crecido de 296 a 745, un 151,7%.

Traumatología concentra el mayor número de pacientes afectados, con 2.806 personas, frente a las 2.321 registradas al comienzo de la legislatura.

No todas las especialidades presentan una evolución negativa. Oftalmología ha reducido su lista de 957 a 515 pacientes, un descenso del 46,2%, que constituye la principal mejora respecto a agosto de 2023.

Salvo Oftalmología, en el conjunto del resto de las especialidades se produce un aumento de 3.594 pacientes, un 69,2 %.

La evolución interanual refleja un empeoramiento generalizado de las listas de espera quirúrgicas superiores a seis meses, con 3.661 pacientes más que en septiembre de 2025, un incremento del 64,9%, al pasar de 5.640 a 9.301. Prácticamente todas las especialidades registran aumentos, con la única excepción de Ginecología. El caso más llamativo es el de Angiología y Cirugía Vascular, donde los pacientes se han multiplicado por siete en apenas un año, al pasar de 188 a 1.348, un incremento del 617%. También destaca Cirugía General y Digestiva, que casi triplica sus cifras, de 511 a 1.408 pacientes (un 175,5% más), mientras que Traumatología suma otros 813 afectados, hasta alcanzar los 2.806, un 40,8% más que hace un año.

Los últimos datos reflejan una reducción de 48 pacientes respecto a agosto, equivalente al 0,5%. Sin embargo, este descenso llega después de varios meses consecutivos de fuertes incrementos, especialmente agosto, cuando las listas aumentaron en 1.232 personas.

La situación contrasta con las declaraciones del propio Azcón, que el pasado 16 de junio aseguró en sus redes sociales que su Gobierno había reducido las listas quirúrgicas un 27% en dos años. Pero las cifras de septiembre muestran, en cambio, un incremento considerable de los pacientes que llevan más de seis meses esperando una operación, casi un 65% en el último año.

César Alonso es un médico jubilado de 66 años. En agosto empezó a dolerle la pierna y su médico de cabecera le derivó al traumatólogo de manera “preferente”. A los dos días le llamaron del servicio de citas de la Comunidad de Madrid, pero para decirle que no le daban cita: “Me dijeron, literalmente, que no había lista de espera disponible, que ya me avisarían cuando se abriera”. Es decir, las agendas médicas se habían cerrado y le dijeron que todavía no había entrado en el sistema oficial que recoge cuánto espera cada persona en la región para ser tratado. César no contaba para el sistema porque el contador no se activa hasta que la cita se da. Su caso no es único.

En 2025 se contabilizaron 366.603 pruebas y visitas a especialistas que, habiendo sido ordenadas, no obtuvieron el volante, formando así una bolsa de pacientes oculta en los registros de la Comunidad de Madrid, que publica en abierto solo las esperas una vez la cita se ha dado (es más o menos coincidente con el número de pacientes, pero un mismo paciente puede estar en la lista de espera de pruebas diagnósticas y de especialista, por ejemplo).

Esas demoras de los pacientes “sin cita” solo se pueden obtener revisando año a año las memorias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), ya que la web del Gobierno de Ayuso no los contabiliza junto al resto. También figura en los datos que Madrid aporta al Ministerio de Sanidad, pero sin desglosar. Por eso la Consejería considera, a preguntas de elDiario.es, que no se puede calificar de “lista oculta”.

Estos pacientes sin cita se han quintuplicado desde 2023, el año en el que Ayuso ganó por mayoría absoluta. De 71.755 pruebas y visitas sin citar entonces se ha pasado a 366.603 en 2025, año con los últimos datos disponibles. Destacan especialmente (para mal) las especialidades de traumatología y ginecología.

El activista por la sanidad pública Óscar Hernández visualizó hace unos meses los datos de quienes no tienen un volante con fecha: “Lo de traumatología es un ejemplo significativo. Los pacientes atrapados en este limbo sin cita se han multiplicado por 22 en los últimos dos años”, explica.

“Estas dos especialidades, trauma y ginecología, son precisamente las que cuentan con más asistencia a la privada. Hay que preguntarse por qué”, señala José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y exdiputado del PSOE en la Asamblea. Este experto en gestión sanitaria apunta a los riesgos asociados a un sistema que te hace esperar meses o años. “En Madrid han aumentado mucho los seguros privados, lo cual deslegitima lo público. La gente se pregunta para qué pago impuestos si luego tengo que pagar una póliza para que me vea el médico en un tiempo razonable”. César lo sabe bien: “Mi caso ha sido calificado como preferente y ni siquiera me citaron. De hecho, ahora tengo síntomas neurológicos, como hormigueo”. Hace una semana le ofrecieron finalmente una visita para el 29 de octubre. Pero del año 2027.

Según Sanidad, “el aumento responde a la adecuación de la actividad tras la pandemia: el Sermas ha recuperado y superado su actividad previa —13,7 millones de consultas en 2025, frente a 13,5 millones en 2019— para atender a una población que ha crecido en más de 440.000 personas desde 2020” y destaca que los “sin cita” no son un grupo homogéneo, ya que también hay reprogramaciones o derivaciones según prioridad.

Respecto a las pruebas médicas con más atasco y con más pacientes esperando sin siquiera tener fecha están las resonancias magnéticas (más de 42.000 “sin cita”) y las ecografías (casi 30.000 en 2025). También hay esperas de volante de derivación en mamografías: de las 20.000 pendientes de hacer el año pasado, casi la mitad era de mujeres que ni siquiera habían sido citadas.

elDiario.es ha hecho un análisis de datos sumando en una lista el total de personas esperando (con cita y sin cita). En 2025 había más de 1,4 millones de personas aguardando operación, pruebas o que le visitara un médico especialista. Esta última es la bolsa de espera más alta, con casi un millón de personas.

Pese a que el Gobierno de Ayuso saca pecho en algunos indicadores de demora de especialidades concretas o usando medias globales, la realidad es que desde 2017, y especialmente desde la pandemia de 2020 (el primer gobierno de la presidenta se inició en 2019), han empeorado especialmente los indicadores de la lista de espera para el especialista: se ha duplicado el número de pacientes en espera (+92%), la demora media ha subido un 86% y los pacientes que aguardan más de tres meses para ver al especialista se han incrementado un 321%.

La población de la región ha aumentado en más de 600.000 personas en ese tiempo. Mientras, el dinero destinado a personal sanitario se contiene cada año, incluso se presupuesta de manera tan escasa que no da para pagar las plantillas y hay que hacer constantes parches, como admitía la propia consejería de Sanidad en un documento interno que publicó elDiario.es. Las pruebas diagnósticas es el único indicador que ha bajado mínimamente en ese periodo (en 23.000 personas respecto al año anterior, aunque son casi 300.000 pruebas a la espera).

La Comunidad de Madrid, que en julio aseguró en una comunicación oficial que había reducido las listas de espera en el primer semestre de 2026, también utiliza la derivación a los hospitales públicos de gestión privada para reducir las demoras. A muchos pacientes se les ofrece como alternativa que acudan a hospitales de Quirón (hay cuatro en la región, entre ellos la Jiménez Díaz) o Ribera Salud (el de Torrejón), que pueden contratar o ampliar horario sin tener que cumplir con las estrictas normas del sistema público. Se ha llegado a citar a pacientes de madrugada.

Si el paciente no acepta porque quiere seguir en su hospital de referencia público se contabiliza como “rechazo de derivación”. Quienes no pueden ser operados por cualquier motivo (por ejemplo, están convalecientes de otra operación) se contabilizan como “transitoriamente no operable”. La lista de espera quirúrgica los suma a todos (no pasa lo mismo en pruebas y especialista, que se desagregan, lo que impide tener una visión global del problema).

Cuando las esperas son muy largas, también hay pacientes que deciden cambiarse de hospital desde el público a alguno de estos privatizados, gracias a la ley de libre elección que instauró Esperanza Aguirre y que convierte al paciente en un posible cliente para empresas con interés en captar desde la pública: “En traumatología, decenas de miles de pacientes salen del Ramón y Cajal (-7.809), 12 de octubre (-7.920) o La Paz (-8.018) y son absorbidos por hospitales de Quirón, como la Fundación Jiménez Díaz (+38.247), Rey Juan Carlos de Móstoles (+18.252) o Villalba (+9.363)”, explica Hernández.

La libre elección de primeras consultas en 2024 era de 11% y en 2025, a falta de que se publiquen todos los datos, al menos de 12,2%. La ganancia está en que los hospitales privatizados cobran al Servicio Madrileño de Salud por cada paciente extra que atienden de fuera de su zona de influencia, de manera que las largas listas de espera en la pública son una oportunidad de negocio para estos gigantes sanitarios. También para los seguros privados, que han crecido exponencialmente en esta región (cuatro de cada diez madrileños paga ya póliza privada).

“En los hospitales se cierran las agendas y así tu volante se mete en un cajón hasta que se abren agendas de nuevo. ¿Por qué? Así se controla la lista de espera, se engrosa o reduce. Cuando te llaman, te ofrecen el hospital público y luego muchas veces te ofrecen en Quirón más pronto”, resume Ana Encinas, testigo de los procesos como médico de Atención Primaria en Madrid y defensora de la sanidad pública en distintas plataformas. La portavoz de Sanidad de Más Madrid, Marta Carmona, explica que el Gobierno de Ayuso saca pecho de algunas cifras porque maquilla datos: “La actividad de poca complejidad es muy rápida y sale adelante también por la libre elección, pero hay otra lista de espera muy larga. Si yo me como dos pollos y tú ninguno, la media dirá que nos hemos comido un pollo por persona, pero no es así”, resume como metáfora del conteo de esperas en Madrid.

“Pero el gobierno regional sabe perfectamente cuál es la espera real, como también lo saben los médicos por el sistema interno, lo que pasa es que han diseñado una serie de buzones distintos donde meten a distintos pacientes para que los datos den mejor imagen”, explica Carmona.

El Ministerio de Sanidad anunció en junio un real decreto que unificaría los criterios y datos que aparecen en las listas de espera de todas las comunidades autónomas para evitar diversidad de datos, con la intención de tener una radiografía clara y con criterios técnicos que diera una imagen fiel en cada territorio. Los consejeros autonómicos no pusieron grandes pegas en asumir criterios uniformes al inicio, pero el pasado viernes acabaron por votar en contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha explicado a este medio que se está trabajando en reducir las esperas con “la priorización clínica de las derivaciones, adecuación de la citación a quienes más tiempo llevan pendientes a misma prioridad clínica, codificación del motivo de cada solicitud, derivación a centros con menor demora” o las consultas telemáticas, una nueva apuesta que ha crecido un 800%, según datos de la propia Sanidad.

César Alonso, que ha sido médico y ahora paciente por su dolor en la pierna, sigue esperando a ver si le adelantan la cita, mientras que se ha pagado un fisio por su cuenta. Cuando le vean su dolencia “preferente”, en 2027, es muy probable que ya no le duela o que se haya buscado una solución de pago, aunque por el momento no quiere pasar a los hospitales privatizados de Quirón o Ribera si se lo ofrecen, cuenta a elDiario.es. “Me parece increíble y un descontrol que Madrid tenga miles de pacientes, algunos más graves que yo, sin control, esperando a ser atendidos o a tener una cita sin que nadie se interese por si han mejorado o empeorado”, concluye.

¿Tienes una pista que pueda llevarnos a destapar una información relevante? Puedes hacernos llegar documentación o datos confidenciales a la redacción por correo electrónico: pistas@eldiario.es.

Tras la ley aprobada por unanimidad en diciembre de 2025 sobre las plazas sanitarias de difícil cobertura en Castilla y León, este martes la Gerencia Regional de Salud ha trasladado a los sindicatos qué puestos serán los primeros con esa consideración: 22 de anestesistas y otorrinos en siete hospitales de la comunidad.

El pasado 17 de julio, en la comparecencia para explicar el programa de legislatura, el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, ya anticipó que en ese desarrollo de la ley de puestos sanitarios de difícil cobertura habían comenzado por dos especialidades prioritarias: Anestesiología, al menos en los hospitales Ávila, El Bierzo, Segovia, Soria y Miranda de Ebro; y Otorrinolaringología en los de Palencia, El Bierzo y Soria.

Ávila, Bierzo, Aranda, Miranda, Soria, Palencia y Segovia

Este martes, la Consejería ha detallado en un comunicado que en la especialidad de Anestesia y Reanimación se declararán doce puestos de difícil cobertura: tres en el hospital de Ávila, cuatro en el del Bierzo (León), dos en el de Miranda de Ebro y uno en el de Aranda de Duero, ambos en Burgos, y dos en el de Segovia.

Y en la especialidad de Otorrinolaringología son diez los puestos de difícil cobertura, tres en el hospital del Bierzo, cuatro en el de Palencia, dos en el de Soria, y uno en el de Miranda de Ebro.

El estudio seguirá con el resto de especialidades

“De manera progresiva se continuará con el estudio y desarrollo de los puestos en el resto de las especialidades y/o centros en las que resulte preciso, con el compromiso de esta Consejería de llevar a cabo un seguimiento continuado y permanente de este tipo de puestos, siempre en función de la evolución de las necesidades asistenciales; para posteriormente continuar con el desarrollo e implementación de la Ley en todos sus aspectos”, explicó el pasado julio el consejero.

La Gerencia ha trasladado este martes a los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad que procederá a esa primera declaración de puestos de difícil cobertura.

La ley aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla y León introduce incentivos para que los profesionales puedan ocupar esas plazas de difícil cobertura, tanto de carácter retributivo como en forma de puntuación para posteriores concursos de traslados.

6.000 euros anuales más para los médicos

La norma hace referencia a los incentivos económicos ya recogidos en el decreto ley de febrero del 2019, de 6.000 euros anuales para los médicos, 1.300 para las enfermeras y 300 para resto de profesionales, aunque los grupos parlamentarios han defendido la necesidad de actualizar estas cuantías por el efecto de la inflación.

Además, establece que los médicos puedan realizar de forma voluntaria guardias en un centro de salud diferentes al suyo, con un complemento salarial que irá desde los 51,7 euros entre semana; 57,6 euros los fines de semana y los 74,1 euros los festivos.

Como medida de conciliación, plantea que se podrán distribuir la jornada semanal ordinaria del personal que ocupe puestos de difícil cobertura en horario de mañana y tarde para concentrar la jornada semanal en cuatro días, de lunes a viernes, no festivos, respetando los periodos mínimos de descanso diario y semanal.

Los médicos, facultativos y residentes de Castilla-La Mancha están llamados a una huelga autonómica indefinida a partir del próximo 16 de noviembre, convocada por el Sindicato Médico (CESM-CLM), con paros de 24 horas todos los lunes, miércoles y viernes, ante la “falta de negociación” con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para mejorar sus condiciones laborales y reforzar las plantillas sanitarias.

Así lo han anunciado el presidente del sindicato, Jorge Curiel, y el secretario general, Óscar Quintana, quienes han explicado que los paros se desarrollarán desde las 00.00 hasta las 23.59 horas, sin fecha prevista de finalización.

El sindicato ha justificado esta convocatoria en la “paralización de las negociaciones con el Sescam desde junio”, cuando, según denuncian, la Administración regional suspendió las reuniones para abordar las reivindicaciones del colectivo.

Entre las principales reivindicaciones figura la ampliación de las plantillas, adaptándolas a las necesidades asistenciales reales de cada centro sanitario para reducir la sobrecarga de trabajo.También reclaman el establecimiento de una jornada laboral de 35 horas semanales, considerando extraordinaria y voluntaria toda actividad que supere ese límite, así como una revisión de las guardias médicas para regular su duración, mejorar su remuneración y garantizar los descansos de los profesionales.

Listas de espera y calidad asistencial

A estas peticiones se suman mejoras salariales y laborales, además de medidas estructurales para reducir las listas de espera y las demoras en las consultas, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y evitar situaciones de agotamiento entre los facultativos.

Jorge Curiel, ha asegurado que el sindicato ha entregado al Sescam estudios detallados sobre las necesidades de personal en cada centro de salud, consultorio local y hospital de la región, rechazando que las soluciones se planteen exclusivamente a partir de cifras globales de contratación.

“Detrás de nosotros están personas enfermas”, ha recordado, advirtiendo del desgaste emocional que sufren los profesionales cuando no pueden prestar una atención adecuada. “Cuando ves que hay pacientes que no puedes atender, tú sufres”, ha reconocido.

En lugar de dar a cada paciente una fecha cuando le toque, para que eso no se conozca se envía a un buzón y el paciente no sabe cuándo le van a llamar

Asimismo, ha recordado que el acuerdo para reactivar la carrera profesional, suspendida durante más de 14 años, supuso un primer avance, pero ha denunciado que el Sescam interrumpió posteriormente las negociaciones para abordar el resto de las reivindicaciones. “No hemos tenido noticias desde junio”, ha lamentado, asegurando que, al insistir en retomar los contactos, la Administración respondió que no había más dinero porque se había realizado un importante esfuerzo económico con la carrera profesional.

El sindicato también ha cuestionado la gestión de las listas de espera sanitarias, denunciando la existencia de un sistema denominado “buzón”, en el que, según Curiel, se incluyen pacientes que todavía no tienen asignada una fecha para ser atendidos. “En lugar de dar a cada paciente una fecha cuando le toque, para que eso no se conozca se envía a un buzón y el paciente no sabe cuándo le van a llamar”, ha criticado.

Según ha asegurado, en ese sistema hay “miles y miles de personas” sin una fecha concreta de atención, por lo que ha reclamado mayor transparencia. “Las cosas tienen que ser con luz y taquígrafos”, ha exigido. Asimismo, ha cuestionado que se destinen recursos públicos a conciertos con la sanidad privada en lugar de reforzar los medios y las plantillas del Sescam, reclamando que ese dinero se invierta directamente en la sanidad pública.

Como ejemplo, ha mencionado la derivación de operaciones de cataratas a centros privados en Talavera de la Reina, mientras, según ha denunciado, existen carencias de oftalmólogos en los hospitales públicos. Pese a todo, CESM CLM ha insistido en que “todavía existe margen para evitar la huelga” si el Sescam retoma las negociaciones interrumpidas en junio y ofrece respuestas concretas a sus reivindicaciones.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una mujer a ser indemnizada con 35.000 euros por una vasectomía fallida realizada a su marido, que provocó su embarazo no previsto por la falta de información médica sobre los riesgos de la intervención.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha estimado un recurso interpuesto por el matrimonio y reconoce que la pareja de un paciente sometido a una vasectomía también tiene legitimación para reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración sanitaria cuando la intervención fracasa y no se informó adecuadamente de ese riesgo.

La reclamación tiene su origen en una vasectomía realizada a un paciente en un centro sanitario público de la Comunidad de Madrid tras la cual “se produjo una recanalización espontánea de los conductos deferentes que provocó el fracaso del procedimiento de esterilización y un embarazo no previsto”, inica el alto tribunal en un comunicado.

Tanto la Administración como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) reconocieron que existió un déficit de información sanitaria y concedieron la indemnización al paciente por el daño moral derivado de la vulneración de su derecho al consentimiento informado, pero rechazaron la reclamación formulada por su esposa al considerar que carecía de legitimación activa.

El Supremo subraya que el derecho a la información asistencial y al consentimiento informado corresponde exclusivamente al paciente al estar vinculado a su autonomía y a su integridad física y moral. No obstante, la Sala distingue entre la titularidad de ese derecho y las consecuencias derivadas de su vulneración.

Según razona el Alto Tribunal, aunque la falta de información médica lesiona directamente el derecho del paciente, las consecuencias del fracaso de la vasectomía afectan también a su pareja. Y añade que la ausencia de información sobre el riesgo de recanalización impidió a ambos adoptar decisiones plenamente informadas en materia de planificación familiar y utilización de otros métodos anticonceptivos.

El Supremo reconoce que la mujer sufrió un daño propio, autónomo e individualizado consistente en la frustración de su capacidad de autodeterminación reproductiva y de planificación familiar.

La Sala fija como doctrina jurisprudencial que en los casos de omisión de información relevante sobre el riesgo de fracaso de una vasectomía, la pareja estable del paciente puede reclamar responsabilidad patrimonial por los perjuicios propios derivados de dicha omisión. Esa legitimación, aclara, no nace de una titularidad compartida del derecho al consentimiento informado sino de la existencia de un daño autónomo sufrido por la persona que resulta afectada por las consecuencias de la falta de información.

De esta forma, el Tribunal Supremo estima el recurso del matrimonio, anula la sentencia del TSJM y reconoce el derecho de ambos recurrentes a ser indemnizados con 35.000 euros cada uno.

Hospital Perpetuo Socorro (HPS) impartió este lunes un curso de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica y primeros auxilios a un grupo de trabajadores de la Unión Deportiva Las Palmas, en una iniciativa que se enmarca en el acuerdo de colaboración entre ambas entidades, por el que HPS ejerce como servicio médico oficial del club amarillo.

La jornada, celebrada en las oficinas de la UD Las Palmas, tuvo una duración aproximada de dos horas y fue impartida por el doctor Federico Lübbe, especialista en Medicina Intensiva del grupo hospitalario. Durante la sesión, los participantes pudieron adquirir conocimientos básicos sobre cómo actuar ante una emergencia, resolver sus dudas y poner en práctica las técnicas y procedimientos abordados durante la formación.

El curso se desarrolló de manera dinámica y participativa, combinando explicaciones teóricas con ejercicios prácticos. El objetivo era sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de conocer las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar y los primeros auxilios, herramientas que pueden resultar decisivas para salvar una vida mientras llega la asistencia sanitaria.

El doctor Federico Lübbe, quien se mostró satisfecho con el interés y la implicación de los trabajadores de la UD Las Palmas, que participaron activamente en la jornada, planteando preguntas y realizando las prácticas propuestas para afianzar los conocimientos adquiridos, destacó la importancia de acercar este tipo de conocimientos a la ciudadanía. “Desde HPS siempre alentamos a que se lleven a cabo iniciativas como estas, que contribuyen a que nuestra sociedad esté cada vez más cardioprotegida y más preparada ante una emergencia”. 

Además, el especialista subrayó el valor de estos talleres como herramienta de sensibilización y aprendizaje práctico. “Son sesiones en las que buscamos que las personas aprendan de forma rápida y práctica unas nociones fundamentales que pueden marcar la diferencia y salvar una vida”, señaló.

Con iniciativas como esta, HPS refuerza su compromiso con la prevención, la educación sanitaria y la promoción de la salud más allá del ámbito asistencial. La formación en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios constituye una herramienta esencial para capacitar a la población y favorecer una respuesta más rápida y eficaz ante situaciones de emergencia.

Esta acción se suma a las iniciativas desarrolladas en el marco de la colaboración entre HPS y la Unión Deportiva Las Palmas, fortaleciendo el vínculo entre ambas entidades y su compromiso compartido con la salud y el bienestar.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha lanzado este lunes un mensaje de “absoluta tranquilidad” ante la situación del virus Shamonda y ha asegurado que, si bien hubo casos, actualmente no hay ninguno constatado en Castilla-La Mancha, al tiempo que ha señalado que se mantiene la vigilancia para detectar “posibles focos” que pudieran aparecer, tanto de esta enfermedad como de cualquier otra.

“Ahora no hay ningún caso constatado por ningún veterinario en toda Castilla-La Mancha”, ha afirmado el consejero, quien ha recordado que los casos detectados en la región se remontan al pasado mes de septiembre pero “pasó la enfermedad y no hay ninguno”.

En relación con el fallecimiento en Francia de un hombre en cuyo organismo se detectó el virus, Martínez Lizán ha señalado que el paciente presentaba un cuadro clínico “severo” y que, aunque el virus estaba presente en su cuerpo, no se ha determinado si tuvo relación con su muerte o si esta se debió a otras causas.

El consejero ha indicado que existen científicos que apuntan a que el virus no supone un problema para la salud humana, aunque ha insistido en que se mantiene la vigilancia. “Las medidas están en todo momento”, ha afirmado, al referirse al seguimiento para comprobar la posible aparición de nuevos focos.

En este sentido, ha remarcado que estas circunstancias pueden conllevar un “alarmismo exagerado”, insistiendo en que tanto médicos como científicos autorizados están diciendo que no existe ningún problema para la salud humana. “Pedimos responsabilidad” porque “no hay ningún caso en Castilla-La Mancha” y espera que no haya repercusiones en el sector.

Igualmente, ha apuntado que las medidas están implementadas en todo momento, asegurando que siempre hay un seguimiento “muy coordinado y riguroso” en la aparición de enfermedades y que siempre intentan actuar lo más rápidamente posible.

La Fundación César Manrique (FCM) analizará este jueves a partir de las 19.30 horas el impacto de la masificación turística en la sanidad canaria. Será en una mesa redonda en la que participarán Vanesa Frahija, Beatriz González, Cecilia López y María de los Ángeles Sabalich. 

La periodista de Canarias Ahora Natalia G. Vargas, que también se ha encargado de coordinar la actividad, será la moderadora. El acto tendrá lugar en la Sala José Saramago (La Plazuela, Arrecife) y se transmitirá en directo a través de la web y el canal de Youtube de la fundación. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Esta mesa redonda, dedicada a la situación de la sanidad en Canarias, será la primera de una serie de encuentros centrados en el impacto de la masificación turística en sectores esenciales del Archipiélago. 

En este encuentro se compartirán experiencias y reflexiones sobre cómo el modelo turístico de masas vigente repercute en uno de los pilares básicos de la sociedad: el sistema sanitario. Los testimonios de las ponentes, procedentes de diferentes ámbitos vinculados a la salud, permitirán conocer de primera mano distintas realidades, que van desde el día a día de los profesionales de Urgencias de Lanzarote hasta la experiencia personal de una familiar que acompañó a su madre durante 22 días en las urgencias de un hospital de Tenerife.

El coloquio permitirá también analizar la capacidad del sistema sanitario público de Canarias para responder a las necesidades de la población en un contexto de creciente presión turística, así como abordar las dificultades y los retos a los que se enfrentan sus profesionales. Asimismo, se plantearán propuestas relacionadas con la defensa de los derechos e intereses laborales y sociales del sector sanitario y se reflexionará sobre el papel de la sanidad privada ante las dificultades y los retos que afronta el sistema público.

Vanesa Frahija es secretaria general de Comisiones Obreras en Canarias. Comenzó su labor como representante sindical en 2003. En 2014, asumió la Secretaría General del Sindicato de Comercio y Hostelería en Lanzarote y, entre 2016 y 2025, ocupó la Secretaría General de Comisiones Obreras en Lanzarote, ampliando su ámbito de representación a todos los sectores laborales. Además de la Secretaría General de CCOO en Canarias, también es consejera del Consejo Económico y Social de Canarias y del Consejo Canario de Relaciones Laborales; miembro asesora del presidente del Gobierno de Canarias y miembro en la Mesa de Concertación Social.

Beatriz González es catedrática de Economía en Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigadora en Economía de la Salud. Es socia de Honor de la Asociación de Economía de la Salud, patrona de la Fundación Ernest Lluch y académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias de Galicia. También es miembro del Comité Asesor de la Sociedad Española de Directivos de Salud y del Gabinete Científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, entre otros organismos. Ha recibido la Cruz de la Orden del Mérito Civil de Sanidad y ha sido nombrada Hija Adoptiva de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla de Gran Canaria.

Cecilia López es licenciada en Teología y profesora de Religión, Filosofía y Formación y Orientación Personal y Profesional. Actualmente ejerce como docente en la Comunidad de Madrid. Desde hace años acompaña a personas en procesos de especial vulnerabilidad y de transición vital. La experiencia de cuidar a su madre durante su enfermedad reforzó su deseo de reinventarse y seguir profundizando en el acompañamiento al final de la vida y en otros procesos de transformación personal.

María A. Sabalich es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias, acumulando más de 15 años de experiencia asistencial. Actualmente coordina el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Dr. José Molina Orosa. Es máster en Dirección de Hospitales y Servicios de Salud, instructora acreditada de ITLS y de simulación clínica. Compagina la actividad asistencial con la gestión clínica y la docencia, con especial interés en la seguridad del paciente, la simulación clínica y la mejora continua de la calidad asistencial.

Natalia G. Vargas es periodista especializada en derechos humanos y migraciones. Es máster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización y, desde 2019, trabaja en Canarias Ahora, periódico regional asociado a elDiario.es. Ha cubierto, entre otros acontecimientos, la crisis migratoria de 2020 en Canarias, la erupción del volcán de La Palma y las movilizaciones en defensa del territorio y por un cambio en el modelo económico en Canarias. Ha colaborado con el Centro Pulitzer realizando investigaciones sobre la vulneración de derechos a menores migrantes en Canarias y proyectos urbanísticos en espacios protegidos del Archipiélago. También ha trabajado en La Opinión de Tenerife y como periodista independiente en Senegal, Gambia y Cabo Verde.

El PSOE ha denunciado “una cacería política” contra su presidenta en Cantabria y exconsejera de Sanidad, María Luisa Real, y ha acusado al Gobierno del PP de María José Sáenz de Buruaga de “poner en la diana” a quienes defienden la sanidad pública.

Así ha reaccionado su portavoz, Ainoa Quiñones, a la información publicada este domingo por El Diario Montañés sobre la investigación abierta a Real por posibles citas falsas en su agenda médica y la petición del PP de su cese “fulminante” como presidenta de los socialistas cántabros.

En un comunicado, Quiñones ha cuestionado la actuación de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y la difusión pública de “una denuncia anónima”, así como la apertura de una investigación “sin que se haya puesto en conocimiento de la persona investigada”.

La portavoz socialista ha defendido a la exconsejera para lo que ha sostenido que “nadie que la conozca puede creerse que establece citas para no atender a pacientes, porque quienes la conocen como profesional sanitario saben que lo que hace es todo lo contrario, trabajar de más”.

De este modo, ha afirmado que “los hechos que denuncian es que los servicios informáticos reconocen que hay registros horarios fuera de su horario laboral en el propio centro de salud”.

Seguimiento de pacientes

Para la portavoz socialista, “como ellos mismos reconocen, el sistema informático demuestra que establece citas fuera de su jornada laboral o que se marca recordatorios en la agenda con los que hace seguimiento de los pacientes”.

“Lo que hace Luisa Real en su agenda es hacer un seguimiento de los pacientes y establecer citas de libre disposición, que como su nombre indica, son de libre disposición, para llevar un control del historial clínico de cada paciente. Eso es lo que el Gobierno de Buruaga dice que está investigando”, ha dicho.

Para la dirigente del PSOE, “antes de lanzar acusaciones o alimentar sospechas sobre una profesional sanitaria”, lo que corresponde es “esclarecer los hechos, garantizar sus derechos y actuar con rigor”.

“No se puede convertir una denuncia que ellos mismos reconocen que no puede acreditarse en una condena pública”, ha defendido.

Campaña de desprestigio orquestada

En este sentido, Quiñones ha explicado que la presidenta del PSOE está valorando las acciones a emprender “para defender su honor frente a esta campaña de desprestigio orquestada”.

Y es que, a su juicio, el Gobierno de Buruaga a través del Servicio Cántabro de Salud “lleva desde septiembre cocinando esta noticia, primero sembrando la duda para ahora ponerle nombre”.

“Su único objetivo con esta denuncia es correr una cortina de humo para tapar los escándalos de su privatización sanitaria”, ha señalado la portavoz, quien también ha denunciado que “van por capítulos para intentar darle carta de veracidad a esta fábula para tapar las vergüenzas de sus recortes y privatizaciones”.

La socialista cántabra ha hecho hincapié en el contexto en el que se han producido los acontecimientos, dado que “esta polémica coincide primero con las derivaciones de pacientes a la sanidad privada y ahora con un Gobierno en desbandada”.

Así, Quiñones ha incidido en que “primero se publicó una denuncia anónima y, un mes más tarde, cuando el Gobierno de Buruaga atraviesa una situación política marcada por las salidas de responsables públicos hacia Madrid, se pone nombre y apellidos a la profesional investigada. La secuencia de los acontecimientos no deja lugar a dudas”, ha dicho.

En su opinión, “todo evidencia la intencionalidad política de la denuncia y la intencionalidad mediática de su difusión”.

Privatización sanitaria

La portavoz del PSOE de Cantabria ha vinculado “esta polémica fabricada” con las críticas a la política sanitaria del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, al que ha acusado de “impulsar recortes, deteriorar la pública y favorecer la privatización de la asistencia sanitaria”.

“Por mucho que Buruaga intente desviar la atención, los cántabros saben cuál es su modelo sanitario. Ya lo aplicó cuando fue consejera y lo está volviendo a aplicar como presidenta: más presión sobre la sanidad pública y más inversión en la privada”, ha afirmado.

Quiñones ha advertido que “la sanidad pública de Cantabria está en riesgo” y ha mostrado su “preocupación” por que también pueda estar en riesgo “la tranquilidad profesional y la reputación de quienes la defienden, como Luisa, a la que están persiguiendo políticamente”.

“Los profesionales sanitarios necesitan garantías, respeto y procedimientos rigurosos, no sospechas difundidas antes de tiempo”, ha subrayado, a la par que ha sostenido que es “inaceptable” convertir “a quienes piensan diferente en objetivos de sospechas públicas”.

“Cantabria merece un Gobierno que defienda sus servicios públicos y respete a quienes trabajan por ellos, no una política de señalamiento que termine dañando tanto a las personas como a la confianza en las instituciones”, ha enfatizado.

Por último, Ainoa Quiñones ha destacado la “extraordinaria trayectoria profesional y la calidad humana de Luisa Real”, tanto por su labor como consejera de Sanidad y directora general del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), durante la que se desplegó el sistema de la Ley de Dependencia en Cantabria.

“Luisa Real ha dedicado su vida al servicio público y a la sanidad pública. Incluso pudiendo estar jubilada, ha decidido seguir trabajando con el mismo compromiso que ha demostrado siempre”, ha concluido.

El Partido Popular ha exigido a Pedro Casares el “cese fulminante” de María Luisa Real como presidenta del PSOE de Cantabria, tras la información publicada hoy por El Diario Montañés sobre la investigación abierta en relación con la gestión de la agenda médica de la exconsejera de Sanidad.

El portavoz de Salud del PP, Miguel Ángel Vargas, considera de extrema gravedad que la que fuera consejera de Sanidad y máxima responsable de salvaguardar las garantías del sistema sanitario con el Gobierno PRC-PSOE, haya presuntamente manipulado su agenda médica “para escaquearse de su trabajo”.

“La situación exige un plus de responsabilidad, porque no estamos ante una médica cualquiera, ha sido la guardiana de la sanidad pública de todos los cántabros. Y lo que hemos conocido hoy es suficientemente grave como para que no siga en el cargo ni un minuto más”, ha dicho Vargas.

El diputado del PP ha pedido al secretario general del PSOE cántabro que “deje de mirar hacia otro lado y de blanquear a una dirigente que, sentada a su derecha, es la ideóloga de su discurso en sanidad, después de ser tan inmoral y presuntamente corrupta”.

Según Vargas, “la pregunta es si Casares lo conocía y lo está encubriendo, porque de ser así ha sido cómplice, y si no la cesa inmediatamente es que lo consiente”.

La gestión irregular de las agendas es “una conducta ilegal e inmoral y un fraude que inhabilita a Real deontológicamente, profesionalmente y, desde luego, social y políticamente, porque está haciendo daño enorme a los ciudadanos y a la sanidad pública”, ha sentenciado.

Vargas ha recordado que, según la información publicada, el informe de la Gerencia de Atención Primaria recoge comprobaciones sobre la ocupación de agendas hasta febrero de 2027, entradas a episodios correspondientes a citas futuras, accesos fuera del horario laboral y modificaciones posteriores de horas registradas. Además, la propia Gerencia considera necesaria una revisión exhaustiva para esclarecer lo ocurrido porque al bloquearse los huecos con identidades o citas falsas, los pacientes reales sufren demoras críticas en su asistencia y se ven forzados a saturar las urgencias médicas.

El Partido Popular considera que la relevancia pública de María Luisa Real exige una respuesta política por parte de la dirección socialista. “¿Cómo va a explicar Casares a los cántabros que los que dicen ser defensores de lo público, manipulan y trampean lo público? No cabe duda: el sanchismo solo está en condiciones de dar lecciones de hipocresía, degradación y corrupción”, ha sentenciado.

Crisis en el SCS durante su gestión

El portavoz popular ha señalado que durante la etapa de María Luisa Real al frente de la Consejería de Sanidad se produjo una crisis relacionada con la contratación del Servicio Cántabro de Salud que terminó con condenas a antiguos responsables del organismo: dos directivos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) terminaron condenados por prevaricación, con penas de 14 y 11 años de inhabilitación. “Aquellas condenas corresponden a sus autores. El balance político de aquella gestión también corresponde a quien dirigía la Consejería”, ha dicho.

Además, ha recordado que en 2018 rechazó dimitir incluso después de que el Parlamento solicitara su cese. “Un antecedente que debería haber reforzado su compromiso con la transparencia, el cuidado y la rendición de cuentas”, ha afirmado Vargas.

Centenares de personas recorrieron este sábado las calles del centro de València hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento para exigir una apuesta decidida por la salud mental por parte de todas las administraciones con competencias en la materia, principalmente la Generalitat Valenciana.

En la manifestación participaron entidades como la Asociación de Orientación y Apoyo en Salud Mental (Asiem) o la Asociación Valenciana de Trastornos de la Personalidad, que reivindicaron “una tención pública, accesible y de calidad, con más apoyos, acompañamiento y cero estigmas”.

Asiem es, desde el año 1999, la entidad más representativa de la Comunitat Valenciana, al agrupar a cerca de mil familias con problemas de salud mental graves y sus familias. Su objetivo es acoger, defender, acompañar y representar al colectivo de personas con problemas de salud mental grave y sus familias para mejorar su calidad de vida.

Según explican, los problemas de salud mental afectan a un porcentaje significativo de la población: “La prevalencia de los trastornos psicológicos graves en España es extremadamente alta. Se conoce que, aproximadamente, entre el 2,5% y el 3% de la población cumple los requisitos para el diagnóstico de un trastorno mental grave. Y de estas cifras, más de la mitad no reciben el tratamiento que necesitan”.

En la Comunitat Valenciana la incidencia es significativamente mayor que en el resto de España. En 2023 la población diagnosticada de trastornos mentales de todo tipo se situaba en el 25,1% frente al 15% estatal, con una escasa dotación de recursos asistenciales. Con el fin de mejorar la situación se elaboró el Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2023-2027, que ha supuesto un incremento de recursos asistenciales notable, aunque todavía insuficiente.

“El contexto socioeconómico y político, con la incertidumbre y crispación que generan, favorecen la desestabilización psicológica de la población y la aparición de diagnósticos de trastorno mental grave”, aseguran.

Desde la entidad afirman que superado el planteamiento exclusivamente psiquiátrico-farmacológico, prevalece ahora entre los profesionales una visión comunitaria de la atención a las personas con problemas de salud mental, avanzando hacia un sistema de salud mental con más profesionales, más atención comunitaria, mayor protección de derechos, atención específica a la vulnerabilidad y mejores datos para evaluar las políticas; criterios contemplados asimismo en el mencionado Plan Valenciano Salud Mental y Adicciones 2023-2027.

En esa dirección cabe apuntar el importante papel de los Servicios Sociales, tanto autonómicos como municipales: “Mucho es lo logrado en los últimos años con la implementación de diversos recursos, pero aún es mucho lo que queda por hacer en cuanto a dotación de más efectivos humanos, atención a las necesidades habitacionales o ejercicio de las facultades de curatela por designación judicial son algunos ejemplos de lo que debe seguir mejorándose”.

Mucho más grave es la situación de las personas diagnosticadas de patología dual (trastorno mental y adicciones). Desde la asociación afirman que la permisividad social sobre cierto tipo de sustancias consideradas erróneamente poco peligrosas perjudica gravemente a las personas con trastorno mental grave, más vulnerables ante los diferentes tipos de adicción; especialmente entre los adolescentes.

“Debemos insistir en la importancia de la sensibilización social y de los poderes públicos para eliminar el estigma estructural que rodea al paciente enfermo mental grave. Deben emprenderse campañas institucionales. Los medios de comunicación pueden contribuir a ello poderosamente a través de la disminución de mensajes prejuiciosos y poco realistas”, exponen.

Además, añaden que “debe revisarse el marco legal para garantizar los derechos y la autonomía de las personas con problemas de salud mental, pues los operadores jurídicos coinciden en que la figura de la curatela introducida en 2023 es muy mejorable”.