Cuando el pasado 9 de septiembre se publicó que se disparaba en dos años el número de mujeres a la espera de una mamografía en la Comunidad de Madrid y que 9.000 no tenían fecha asignada para esta prueba diagnóstica, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sacó pecho de su gestión sanitaria, en la misma línea que ya habían seguido en ocasiones anteriores: “Madrid tiene las listas de espera más bajas”, dijo el consejero portavoz autonómico. La región lleva tiempo presumiendo, pero tras conocer que uno de los principales hospitales de la capital rebajó la prioridad de 57 pacientes pendientes de una operación para mejorar sus números, surge una pregunta: ¿cómo de fiables son las listas de espera de la Comunidad para tener una imagen real y completa de la espera de los pacientes?

El “maquillaje” de las listas de espera es una antigua denuncia de sindicatos y asociaciones de pacientes. “No nos llama la atención. Es algo que hacen prácticamente la totalidad de centros para ocultar datos a la Consejería y es algo que hacen las Consejerías con el Ministerio. No es algo privativo de Madrid”, señalaba este martes la secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Ángela Hernández.  

La Comunidad, no obstante, lleva décadas arrastrando una hemeroteca que da muestra del trampeo en la forma de registrar el tiempo de espera. Ya en 2005, el Ministerio de Sanidad expulsó a Madrid del sistema nacional de cómputo por los incumplimientos del Gobierno de Esperanza Aguirre de la normativa estatal del momento. Si los pacientes tenían que ser incluidos en el momento en que el médico especialista indicase la intervención, la Consejería no los contabilizaba hasta que hubiesen pasado las pruebas previas a la operación —incluido el anestesista—, mucho después. 

“Maquillar los datos, desde el punto de vista político, da votos, pero se hacen trampas al solitario porque no solucionan el problema”, explica el presidente de Atención Hospitalaria de Amyts, Javier Ortega. Para él, que es cirujano general, lo ocurrido en el Hospital Ramón y Cajal va un paso más allá y es “muy grave desde el punto de vista quirúrgico”: “Es una cosa muy grave, se me ponen los pelos como escarpias”.

El jefe del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del centro, Basilio José de la Torre Escudero, y el director médico, Rafael Martínez Fernández, habrían rebajado la prioridad de hasta 57 pacientes de preferente a normal para ampliar el plazo máximo en el que debían ser intervenidos, de 90 a 180 días, a espaldas de los cirujanos, según ha publicado El País, que cita documentos y correos internos. 

Esta redacción se ha puesto en contacto con el hospital, pero no ha obtenido respuesta. 

114.000 personas en lista de espera

Según los últimos datos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), en julio había 114.627 pacientes esperando por una intervención quirúrgica en la región y la demora media estructural era de 57 días, aunque más del 40% sobrepasaban los tres meses de espera. Por esas mismas fechas, la lista de espera en traumatología del Ramón y Cajal superaba los 98 días de media, con 1.665 pacientes pendientes de una operación. 

Si se revisan los contratos de programa 2025 de los cinco grandes hospitales públicos madrileños —La Paz, 12 de Octubre, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal y el Clínico San Carlos— todos ellos recogen “objetivos institucionales” para rebajar las listas de espera de las intervenciones quirúrgicas, con indicadores y puntuaciones periódicas, además de aportaciones adicionales destinadas a la actividad extraordinaria de reducción de las listas de espera. 

“Los contratos programa que se acuerdan entre los servicios de salud y las gerencias tienen dos propósitos: asignar fondos que cubran los costes fijos y las variables de la actividad pactada; y dotar bolsas de productividad para bonificar los desempeños, en cantidad y calidad de servicios prestados”, explica el experto en gestión sanitaria y profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad, José Ramón Repullo, para quien esos incentivos son “el objetivo natural y universal de todos los modelos de gestión hospitalaria”. 

Pero, esos contratos, ¿pueden generar incentivos perversos? “Obviamente, sí. Por eso el arte de esos acuerdos radica en que sean inteligentes, bien gestionados, con fiabilidad de los indicadores de desempeño y con una evaluación objetiva y transparente del grado de cumplimiento y de las bonificaciones conseguidas”, continúa Repullo, para quien “cuanto peor gobernanza de un sistema o servicio, más fácil es caer en conductas oportunistas”. 

Para la secretaria general de Amyts, el problema de base es la propia organización de la gestión directa de la sanidad pública, con dos modelos compitiendo entre sí. “Cuánta más actividad hay en un hospital público, más gasto genera y más se aleja del cumplimiento presupuestario, así que lo único que te queda es la gestión de la lista de espera. Si cuando la aumentas vas a estar mal visto por la Consejería, se genera el incentivo de intentar ocultarla”, razona. Es, dice, “el modelo contrario a la [Fundación] Jiménez Díaz [de gestión privada], que cuanto más hace, más gana”. 

Solo en 2024, los hospitales de Quirón (Fundación Jiménez Díaz, Villalba, Infanta Elena de Valdemoro y Rey Juan Carlos de Móstoles) y Ribera Salud (que gestiona el Hospital de Torrejón) lograron captar 250.000 pacientes de la sanidad pública gracias a la libre elecciones impulsada por Aguirre. Este modelo, indican los expertos, convierte la sanidad madrileña en una suerte de “mercado persa”, donde los hospitales públicos acaban quedándose con las pluripatologías más complejas mientras los de gestión privada seleccionan las intervenciones más rentables. 

El caso del Hospital de Torrejón y la priorización de pacientes rentables

Es el caso del Hospital de Torrejón, gestionado por la empresa Ribera Salud. Aquí no se trataba de maquillar las listas de espera para cumplir unos objetivos, sino que, tal y como publicó elDiario.es a finales de 2025, en este centro sanitario se priorizaban pacientes que se consideraban rentables mientras los vecinos de Torrejón tenían que esperar más de dos meses para una cirugía una vez entraban en la lista de espera.

La libre elección que instauró el Gobierno de Esperanza Aguirre permite que los hospitales privados capten pacientes de la pública. Según un documento interno de la Comunidad, el “impacto económico” que ha tenido este sistema entre 2018 y 2023 ha sido de 1.268 millones de euros extra derivados a la sanidad privada. 

Tal y como publicó elDiario.es, en Torrejón el incentivo estaba motivado por la ganancia económica de la empresa gestora. Y para conseguir aumentar estos ingresos, el objetivo era hacer que los pacientes “no cápita” se operasen en este hospital a pesar de estar asignados a otros centros. Así, la Comunidad de Madrid tiene que pagar a ese centro elegido para la operación o tratamiento de dicho paciente externo. A muchos ellos se les ofrecían operaciones quirúrgicas tempranas y se les operaba antes que muchos otros que llevaban más tiempo esperando. 

elDiario.es ha remitido una serie de preguntas a la Consejería de Sanidad, como a partir de cuándo se contabiliza la espera para una operación, qué medidas pretenden tomar para evitar este tipo de situaciones en los hospitales públicos madrileños, o si tienen información sobre otras posibles alteraciones de las listas de espera. Desde el Gobierno autonómico no han respondido a estas cuestiones, haciendo alusión a que la “gestión de la lista de espera quirúrgica de todos los hospitales” madrileños “corresponde a los propios servicios asistenciales, de acuerdo con los criterios clínicos establecidos y con la responsabilidad de los profesionales implicados” y “refrendado por el comité semanal de quirófanos”. 

“Ni la Dirección Médica ni la Gerencia realizan directamente la gestión o modificación de las listas de espera quirúrgicas de los servicios. Por tanto, no cabe atribuir a estos órganos la realización de alteraciones individuales en las historias clínicas de los pacientes”, indican desde el Gobierno de Ayuso. La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha defendido este martes durante unos premios en los que se ha galardonado a Ayuso como “Política del Año” que en la región “no se falsean” las listas de espera, pero se abrirán “diligencias de información interna para volver a revisar todo” el sistema. “Es triste el ataque que se hace al tesoro que es la sanidad”, ha añadido la consejera, que no ha precisado si habrá ceses tras la polémica.

“Ni es nuevo, ni está penalizado”

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (Adspm) ha considerado “de extrema gravedad la información conocida sobre la modificación de la prioridad quirúrgica de pacientes del Hospital Ramón y Cajal para mejorar el cumplimiento de los tiempos de espera”. En un comunicado, han mostrado su preocupación porque “esto ocurra en un sistema en el que el cumplimiento de determinados objetivos con las listas de espera está vinculado a la productividad” y han reclamado a la Consejería que explique “qué controles existen para evitar que los objetivos de gestión puedan interferir en decisiones que deberían responder exclusivamente a criterios clínicos”. 

Esta organización ha recordado también que la lista de espera quirúrgica es solo el último escalón de la demora sanitaria. Además de los más de 114.000 pacientes esperando una operación en julio, había otros 670.000 pendientes de una primera consulta y otros 160.000, de una prueba diagnóstica y terapéutica. 

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mandado este martes una carta a la consejera madrileña para requerir información sobre lo sucedido y “solicitar garantías” de la veracidad de los datos de las listas de espera que son remitidos al Ministerio. En marzo, García anunció que modificaría la normativa para conocer exactamente los tiempos de todos los pasos por el sistema sanitario. “Necesitamos la colaboración de las comunidades para darle transparencia al proceso. Queremos saber, desde el Ministerio, cuál es el tiempo que pasa desde que un paciente va a atención primaria con cualquier tipo de patología o dolencia hasta que le ven un especialista, le hacen una prueba, le vuelve a ver al especialista y hasta que le operan o no le operan o le dan el tratamiento. Toda esa trazabilidad no la tenemos a día de hoy. No sabemos lo que pasa con nuestros pacientes”, indicó García. 

El Ministerio llevó la propuesta al Consejo Interterritorial —donde están presentes las consejerías— esos nuevos “criterios de transparencia y trazabilidad” que “no fueron aprobados por las comunidades autónomas”, ha lamentado la ministra García a través de su cuenta de X, donde afirmó que “manipular las listas de espera, engañando a cirujanos y pacientes, ni es nuevo ni está penalizado”. 

“No es una subida arbitraria de precios”. La Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas sostiene que el récord de ingresos obtenido en primas de seguros de salud en Canarias no se debe a un incremento de los márgenes de beneficio empresarial, sino a un encarecimiento de los costes asistenciales. Defiende, por tanto, que se cobra más por los seguros (hasta 94 euros más al año por persona) porque cuesta más prestar los servicios. 

Esa es la respuesta que ha ofrecido la patronal de las clínicas privadas de la provincia oriental a este periódico en respuesta a los datos que recoge el último informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).  

La sanidad privada facturó en seguros de salud 454 millones de euros en 2025 en Canarias. Esto supone 36 millones más que el ejercicio precedente. En términos porcentuales, un aumento del 8,6%. Lo curioso es que ese récord de ingresos vino acompañado por primera vez en años de una reducción del número de primas contratadas. Las Islas cerraron el año con 474.878 asegurados, prácticamente 10.000 menos que en 2024. En consecuencia, el gasto medio por persona con seguro de salud ascendió de los 862 a los 956 euros. 

El presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas, Sebastián Sansó, atribuye ese dato al encarecimiento de los costes asistenciales. “Las primas de salud llevan varios ejercicios ajustándose al alza en toda España por el coste creciente de la tecnología médica, los fármacos y, sobre todo, los salarios sanitarios, un sector con tensión de personal notable en Canarias”, señala el también director general de Hospitales San Roque, que coincide con Beatriz González López-Valcárcel, catedrática en Economía de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en que “sería útil un desglose sectorial más fino” para saber cuántas de esas primas son de empresas y cuántas son de familias. 

Según el informe de Tendencias Médicas Globales de Willis Towers Watson (WTW), una multinacional especializada en gestión de riesgos, correduría de seguros y consultoría empresarial, la inflación médica real en España, que recoge el coste real de la gestión sanitaria privada, los salarios, la tecnología y los fármacos innovadores, se sitúa en el 8,4%. 

Esa “tensión de personal” a la que alude Sansó en su respuesta se manifestó en el conflicto laboral que se prolongó durante cerca de dos años en las clínicas privadas de la provincia de Las Palmas. Tras vencer el anterior convenio, patronal y sindicatos iniciaron en enero de 2024 las negociaciones para renovarlo. El personal reclamaba una actualización de las tablas salariales para frenar la pérdida de poder adquisitivo tras años de congelación y en un momento en que las empresas del sector obtenían beneficios que, según los datos obtenidos del registro mercantil, situaban entre los 20 y los 25 millones de euros al año. 

Como exigencia inicial, los sindicatos pedían una subida salarial del 36% en tres años (un 12% anual). A principios de 2025, ya habían rebajado sus pretensiones a la mitad. Al final de ese año se alcanzó un acuerdo de mínimos para poner fin a la huelga. Se pactó un incremento del 14% en tres años. El primer escalón de subida era de un 6% con efectos retroactivos desde el 1 de abril. Es decir, con el pago de nueve meses de atraso. 

La patronal de la sanidad privada atribuye a esta actualización de salarios parte del incremento de los costes asistenciales que repercuten en el precio de las primas de seguros. También ese fue el motivo que arguyeron para explicar por qué quedó desierta la licitación de los conciertos de hospitalización de media estancia con el Servicio Canario de Salud. Las clínicas privadas entendieron que los 180 millones de euros eran insuficientes para cubrir el coste real del servicio y las plantillas y ninguna de ellas presentó ofertas. 

Los conciertos “no siempre cubren el coste real”

En este sentido, Sansó explica que los conciertos “no siempre cubren el coste real del servicio” y que la actualización de sus tarifas “no siempre sigue el ritmo de los costes (personal, energía, tecnología…)” El informe de la Fundación IDIS refleja que el 45,8% de los hospitales privados de Canarias (11 de 24 centros) opera sin concierto integral con el SCS cuando antes de la pandemia ese porcentaje era de apenas el 25%. 

“Un centro puede optar por no renovar o no firmar un concierto cuando la ecuación económica no es sostenible”, asevera el presidente de las Clínicas Privadas de Las Palmas. Sansó matiza que muchos centros no mantienen un “concierto integral o global” con el SCS pero sí colaboran con la administración autonómica mediante “convenios puntuales de derivación de pruebas diagnósticas u otras prestaciones específicas”. 

El SCS destinó 333 millones de euros en 2024 a los conciertos con la sanidad privada. Canarias sigue estando entre las comunidades que destina más porcentaje del gasto público (un 7,3%) a estas derivaciones, aunque su peso con respecto al total del presupuesto público ha caído en los últimos años. Al margen de los más de 400 millones de euros que factura al año de los seguros de salud y de los más de 300 de los conciertos, la sanidad privada se embolsa unos 800 millones del denominado gasto de bolsillo.

El informe de la Fundación IDIS también remarca que la sanidad privada cuenta con el 60% de los aparatos de Resonancia Magnética o el 56% de los mamógrafos. Sansó precisa que “no existe una cifra agregada pública y fiable” que desglose, equipo por equipo, “cuánta actividad” de esos aparatos (24 en total) corresponde a derivaciones del SCS y cuánta a demanda directa. “Varía mucho de un centro a otro. Algunos, como los especializados en diagnóstico por imagen con acuerdo marco, concentran gran parte de su actividad en la derivación pública”, mientras que otros “trabajan casi exclusivamente con aseguradoras y particulares”, apunta el presidente de la patronal de clínicas privadas de Las Palmas.

La consellera balear de Salut, Manuela García, ha expressat aquest dimarts al Parlament el seu suport a la gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, Cristina Granados, en plena polèmica per la successió de sortides en la cúpula del centre i la denúncia pública d'una extreballadora, qui assegura haver patit situacions d'assetjament i humiliació durant la seva etapa a l'hospital.

García s'ha remès a les declaracions realitzades divendres passat pel vicepresident primer i portaveu del Govern, Antoni Costa, en defensa de la responsable de l'hospital de referència de les Balears. “Li dono suport i ho subscric paraula per paraula. L'avala la seva gestió”, ha asseverat García,

La consellera ha respost a la diputada socialista Amanda Fernández, qui ha reclamat el cessament de Granados i ha advertit que el clima laboral a Son Espases és “insostenible i irresponsable”. Segons la parlamentària del PSIB, aquesta situació afecta tant els professionals com els pacients i respon a un servei “desmantellat”.

Fernández ha al·ludit a la sortida continuada d'alts càrrecs de l'hospital durant l'etapa de Granados, que ha xifrat en una dotzena en mig any. “Hem sabut que hi ha hagut humiliacions i maltractament”, ha assenyalat, en referència també a la recent marxa de la directora d'Infermeria.

García ha atribuït aquesta última sortida a “estrictes motius personals” i ha defensat la gestió de la gerent. Com a exemples, ha citat la posada en marxa d'un servei d'Al·lergologia, la millora de l'atenció als pacients amb ictus, la creació d'un servei de cures pal·liatives pediàtriques disponible les 24 hores durant tot l'any i la inversió de més de 20 milions d'euros en l'àrea quirúrgica.

“Estaven bloquejant les UCI i les reanimacions. Els pacients d'ictus estan molt millor cuidats. Cures pal·liatives pediàtriques 365 dies i 24 hores tampoc n'hi havia. S'han invertit més de 20 milions en l'àrea quirúrgica. Tot això s'ha fet sota aquesta gestió. Per tant, l'avala la gestió i li ho torno a repetir”, ha conclòs la consellera.

A principis de setembre, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), Javier Ureña, va rebutjar el cessament de Granados, assegurant que “en cap moment” s'ha plantejat la possibilitat d'apartar-la del càrrec. Preguntat pels mitjans, va defensar la trajectòria de la gerent així com la seva experiència al capdavant de diferents hospitals. “Tenim una gerent amb molt de coneixement i experiència, ha treballat en molts hospitals”, va incidir.

La consellera balear de Salud, Manuela García, ha expresado este martes en el Parlament su apoyo a la gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados, en plena polémica por la sucesión de salidas en la cúpula del centro y la denuncia pública de una extrabajadora, quien asegura haber sufrido situaciones de acoso y humillación durante su etapa en el hospital.

García se ha remitido a las declaraciones realizadas el pasado viernes por el vicepresidente primero y portavoz del Govern, Antoni Costa, en defensa de la responsable del hospital de referencia de Balears. “Lo apoyo y lo suscribo palabra por palabra. Le avala su gestión”, ha aseverado García,

La consellera ha respondido a la diputada socialista Amanda Fernández, quien ha reclamado el cese de Granados y ha advertido de que el clima laboral en Son Espases es “insostenible e irresponsable”. Según la parlamentaria del PSIB, esta situación afecta tanto a los profesionales como a los pacientes y responde a un servicio “desmantelado”.

Fernández ha aludido a la salida continuada de altos cargos del hospital durante la etapa de Granados, que ha cifrado en una docena en medio año. “Hemos sabido que ha habido humillaciones y maltrato”, ha señalado, en referencia también a la reciente marcha de la directora de Enfermería.

García ha atribuido esta última salida a “estrictos motivos personales” y ha defendido la gestión de la gerente. Como ejemplos, ha citado la puesta en marcha de un servicio de Alergología, la mejora de la atención a los pacientes con ictus, la creación de un servicio de cuidados paliativos pediátricos disponible las 24 horas durante todo el año y la inversión de más de 20 millones de euros en el área quirúrgica.

“Estaban bloqueando las UCI y las reanimaciones. Los pacientes de ictus están mucho mejor cuidados. Cuidados paliativos pediátricos 365 días y 24 horas tampoco había. Se han invertido más de 20 millones en el área quirúrgica. Todo eso se ha hecho bajo esta gestión. Por lo tanto, la avala la gestión y se lo vuelvo a repetir”, ha concluido la consellera.

A principios de septiembre, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), Javier Ureña, rechazó el cese de Granados, asegurando que “en ningún momento” se ha planteado la posibilidad de apartarla del cargo. Preguntado por los medios, defendió la trayectoria de la gerente así como su experiencia al frente de distintos hospitales. “Tenemos una gerente con mucho conocimiento y experiencia, ha trabajado en muchos hospitales”, incidió.

El hospital público Ramón y Cajal de Madrid modificó la gravedad de los pacientes en espera para cirugía para mejorar los datos de su lista de espera. Según una investigación publicada este martes por EL PAÍS, dos responsables del centro dieron la orden de rebajar la prioridad de los pacientes a espaldas de los cirujanos que los habían valorado previamente y habían determinado que debían ser operados cuanto antes.

Los cambios se realizaron entre el 28 febrero y el 14 marzo de 2025 en el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del hospital. En total, 57 pacientes pasaron de una categoría de prioridad “preferente” en la lista de espera quirúrgica, que establece una intervención en menos de 90 días, a otra considerada “normal”, con plazos de espera que pueden alcanzar los nueve meses.

El País señala que esta modificación permitía al hospital ganar tiempo para cumplir con los indicadores de productividad exigidos por la Consejería de Sanidad autonómica, lo que daba la posibilidad al centro de que los pacientes fueran operados dentro de plazo. 

Esta modificación fue descubierta por una doctora en marzo del año pasado, cuando comprobó que la prioridad de una niña de tres años había pasado de urgente a normal sin su consentimiento y sin avisar a los padres de la menor. Tras esto, constató que los cambios afectaban también a otros pacientes de 17 médicos diferentes.

En un correo remitido a la doctora que cuestionó las modificaciones, el jefe del servicio justificó la medida con el objetivo de eficiencia pactada con la Consejería de Sanidad y el compromiso del hospital de intervenir a los pacientes preferentes en menos de 90 días. Además, recomendó evitar “en la medida de lo posible” registrar a los pacientes como preferentes.

El cirujano, Luis Alberto Martos, fue quien denunció internamente estas alteraciones sin lograr una respuesta. Según EL PAÍS, semanas después se abrió un expediente disciplinario contra él por “conflictos internos y acoso”, que todavía continúa en curso. Martos sostiene que las modificaciones no responden a “criterios médicos” y han perjudicado a los pacientes al aumentar artificialmente el tiempo que debían esperar para ser operados. Según declaraciones de Martos recogidas por El País, algunos pacientes incluso “se retorcían de dolor”, debido a anomalías en la columna vertebral, síndrome de túnel carpiano o luxación (dislocación de los dos huesos de una articulación).

Los documentos internos a los que ha accedido EL PAÍS contienen anotaciones que atribuyen algunos cambios a órdenes del jefe de Traumatología, Basilio José de la Torre Escudero, y del director médico del hospital, Rafael Martínez Fernández. Según explica el diario, se pueden leer anotaciones de los cambios con mensajes como “cambio prioridad p.i. (por indicación) Dr. De la Torre” o cambio prioridad p.o. (por orden) de trah (traumatología) y direcc. médica“. 

La normativa de la Comunidad de Madrid establece que son los cirujanos quienes deben determinar la prioridad clínica de los pacientes incluidos en las listas de espera. El hospital, por su parte, niega haber cometido alguna irregularidad. En una respuesta remitida a EL PAÍS, una portavoz del hospital aseguró que “ni la Dirección Médica ni la Gerencia realizan directamente modificaciones individuales de las listas de espera” y defendió que su gestión corresponde a cada servicio asistencial siguiendo criterios clínicos. 

En este sentido, el cumplimiento de los plazos de las listas de espera está vinculado con los complementos de productividad de los responsables de los servicios. Según apunta EL PAÍS, tras acceder al contrato programa del Ramón y Cajal de 2025, uno de los indicadores utilizados para evaluar la gestión premia o penaliza en función del número de pacientes que supere la fecha de intervención establecida (90 o 180 días). El complemento de productividad de un jefe de servicio ronda los 3.579 euros. 

La formación política Cantabristas ha reclamado públicamente una valoración más justa de la experiencia profesional acreditada en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) dentro de los procesos selectivos de personal. El partido rechaza el criterio de la administración sanitaria que equipara los años de servicio en el sector público con la experiencia acumulada en mutuas y servicios externos.

Según denuncia la organización, el planteamiento de baremación que maneja actualmente la Consejería de Salud establece una puntuación idéntica para la trayectoria desarrollada en el ámbito público y en el privado. Esta baremación equipara de manera directa los servicios prestados en el SCS con la actividad en mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y otros servicios externos.

Ester López, portavoz de Cantabristas en materia sanitaria, ha valorado esta propuesta de la Consejería como un motivo de preocupación directa para el personal del sistema público de salud. La portavoz ha advertido de que esta equiparación supone “un agravio comparativo para los profesionales que han sostenido durante años con su trabajo el SCS”.

En este sentido, López ha alertado de que muchos trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública se enfrentan al riesgo de “verse desplazados en las listas con esta baremación que no protege y reconoce al personal que actualmente sostiene el Servicio Cántabro de Salud”. Para la formación, resulta indispensable que los procesos de selección reconozcan el papel de quienes mantienen en pie la red sanitaria pública.

Ponderación diferenciada

Ante este escenario, Cantabristas solicita que se aplique una ponderación diferenciada que distinga los servicios prestados en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de aquellos desarrollados dentro del Servicio Cántabro de Salud.

Desde la formación señalan que esta medida permite valorar el ámbito privado sin mermar los derechos de la plantilla pública. A este respecto, Ester López ha puntualizado que “es posible reconocer la experiencia en el ámbito privado sin perjudicar a quienes han desarrollado su trayectoria dentro del servicio público de salud”.

Disparidad en las condiciones para acumular experiencia

Para fundamentar la necesidad de esta valoración diferenciada, la portavoz sanitaria de Cantabristas ha recalcado las divergencias existentes entre ambos sectores laborales. López ha argumentado que “no han existido las mismas condiciones para acumular experiencia profesional en el ámbito público que en el privado”.

Debido a esta desigualdad en las condiciones de acceso y desarrollo profesional, la formación sostiene que “no puede hacerse una valoración idéntica que termine perjudicando precisamente a quienes durante años han sostenido nuestro Servicio Cántabro de Salud”. Por ello, instan a revisar los criterios planteados por la Consejería para no perjudicar a los profesionales del SCS en las listas selectivas.

Varios ciudadanos cántabros han denunciado presiones para realizarse pruebas médicas en el Hospital privado Santa Clotilde con la advertencia de que si lo rechazan, porque prefieren esperar a ser atendidos en la sanidad pública, perderán su puesto en la lista de espera y la demora será mayor. La Consejería de Salud había negado estas prácticas y hasta ahora mantenía que era una opción voluntaria. No obstante, los testimonios de algunos afectados coinciden en lo contrario.

“Vas a perder la prueba, te la van a quitar”, le dijeron por teléfono a Laura Colina cuando la llamaron del Hospital de Laredo para darle cita para una resonancia y dijo que prefería hacérsela en Valdecilla. “Me dijeron que si rechazaba ir a Santa Clotilde automáticamente me quedaba sin la prueba”, confirma. En esa misma llamada le aconsejaron no renunciar y hacer un escrito –que ya ha gestionado– pidiendo que la prueba se haga en la sanidad pública y que la mantengan en la lista de espera. “¡A qué punto hemos llegado, coaccionando a un paciente bajo la amenaza de perder la prueba diagnóstica”, denuncia.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública asegura que no es un caso único y que tiene varias reclamaciones de usuarios del Servicio Cántabro de Salud sobre las derivaciones a la sanidad privada. “Se les dice que deben aceptar la derivación a Santa Clotilde porque pertenece a la red del Servicio Cántabro de Salud”, explican desde la entidad. De hecho, según refieren los propios afectados, se les ha explicado que negarse a ello es como negarse a hacerlo en Valdecilla, perdiendo todos sus derechos a ser atendidos.

El Gobierno de Cantabria firmó un convenio de privatización de servicios sanitarios para derivar operaciones quirúrgicas y pruebas médicas al hospital privado Santa Clotilde, propiedad de una orden religiosa que recibirá 256 millones de euros de dinero público durante los próximos veinte años, hasta 2046.

A raíz de estas circunstancias, la Plataforma cree que se está coaccionando a los pacientes y que, probablemente, si alguno protesta se le atenderá según lo establecido, pero habrá otros muchos que creerán lo que les dicen e irán a Santa Clotilde aunque no quieran, por temor a las consecuencias.

En realidad, según explican desde el colectivo el protocolo establece que si un paciente rechaza hacerse la prueba en la sanidad privada sale de la lista “estructural” y pasa a estar en situación de “demora voluntaria”. Supone que se les cita por orden de antigüedad en función de la disponibilidad del centro público.

Hace unos meses, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria solicitó a la Consejería de Salud que aclare qué ocurre con los pacientes que rechazan ser derivados al hospital privado Santa Clotilde. Si cuando se rechaza operarse allí “se respeta íntegramente su posición en la lista de espera del Servicio Cántabro de Salud para ser intervenido en un hospital público” –preguntaron– “o si, por el contrario, ese rechazo supone algún tipo de perjuicio, retraso o pérdida de su lugar en la lista de espera”.

La cuestión afecta directamente a los derechos de los pacientes y a su capacidad para decidir dónde desean ser atendidos. En este sentido, desde la Plataforma insisten en que los ciudadanos tienen derecho a saber “si ejercer su libertad de elegir la sanidad pública puede tener alguna consecuencia sobre su posición en la lista de espera”. “La transparencia también forma parte del derecho a la salud”, subrayan.

Las obras de ampliación y modernización del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan comenzarán a partir de noviembre, tal y como ha adelantado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Ha sido durante su intervención con motivo de la inauguración de la Ciudad Administrativa de Ciudad Real, donde el presidente regional ha aprovechado para lanzar algunos anuncios en materia de sanidad.

Asimismo, y tras destacar los beneficios de la inteligencia artificial en la salud, García-Page ha anunciado que este martes, en la reunión del Consejo de Gobierno, se van a aprobar tres mesas de diagnóstico para el cáncer de mama “de las más avanzadas” que existen ahora mismo. Una irá al hospital de Ciudad Real, otra al Socorro de Albacete y otra a Guadalajara.

De otro lado, y en materia de empleo, también ha informado de que “antes de que acabe el año” se anunciará la nueva oferta pública de empleo que “no será menor de 3.500 puestos de trabajo públicos” para que “la ciudadanía siga regenerando el servicio público”.

También ha aprovechado para comentar que, en noviembre, Castilla-La Mancha va a contar con una ley que autorizará a la Junta a la reconversión de los edificios públicos para que se puedan convertir preferentemente en viviendas. Sin ir más lejos, ha dicho, este martes se aprobará en Consejo de Gobierno la operación para el Virgen de la Luz en Cuenca, que albergará viviendas o el Archivo Histórico, entre otros.

“Con la ley que aprobaremos, que será norma ya en noviembre, nos llevará a contar con una operativa mínima, con una estrategia de 1.000 viviendas que tendrán obviamente su protección pública, que irán a evitar problemas, pero sobre todo a dar soluciones”, ha dado a conocer el presidente.

El portavoz de Sanidad del PSdeG, Julio Torrado, ha comparecido este lunes con los datos oficiales de las listas de espera del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para denunciar el “récord histórico” alcanzado por el gobierno de Alfonso Rueda. 378.749 personas esperaban una cita médica a finales de diciembre, cuando la Consellería de Sanidade publicó la última actualización de los datos. Más allá del mal registro oficial, Torrado afirma que la realidad “es aún peor”.

Las cifras, colgadas en la web del Sergas, son 20.591 persona más que un año antes y 18.299 por encima de los seis meses anteriores. Por eso, el diputado socialista insistía: “No es una valoración nuestra ni un cálculo de parte”. Su crítica no acaba ahí: asegura que no sólo espera más gente, sino también más tiempo en las tres grandes categorías.

Así, la media para una prueba diagnóstica se eleva a 97,8 días –10,5 más que a final de 2024–; para una operación son 72,8 días –casi seis más– y para la primera consulta con el especialista, 62,6 días. Torrado llevó la comparación también a 2019, último año prepandemia. Entonces, confronto, en la lista quirúrgica esperaban 32.750 personas “y hoy son cerca de 50.000”.

“Y, aún así, los datos reales son peores”. Para el portavoz socialista, la cifra oficial se queda corta. “Si a usted, o a alguien de su casa, le dicen en un hospital gallego 'ya lo llamaremos', usted está esperando, pero no entra en la estadística hasta que tiene una fecha puesta”. En ese limbo “pueden pasar semanas o meses, por eso todo el mundo en este país sabe que la lista real es mayor”.

“Presumimos constantemente de tener un sistema sanitario cada vez más moderno y hay una fascinación tecnológica del gobierno de Rueda, que inaugura máquinas como quein toma cafés, pero cada vez hay más gente esperando y cada vez espera máis tiempo”, censuró. “Eso es inasumible”.

Falta de transparencia

Torrado criticó la falta de transparencia del gobierno popular. Recordó que los datos de las listas de espera se presentan dos veces al año. Sin embargo, “estamos a mediados de septiembre y aún no se conocen los del primer trimestre”. Recordó que los socialistas llevan tiempo proponiendo cambios en el cómputo para que refleje “lo que pasa de verdad y se puedan evaluar las políticas públicas con criterio”, algo que “siempre chocó con la negativa del PP y la Xunta”.

El diputado socialista se dirigió directamente al presidente gallego, Alfonso Rueda, y al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para pedirles que entren en el debate: “Cada vez que presentamos un dato somos unos mentirosos, cada vez que hacemos una valoración somos unos alarmistas y la culpa siempre acaba siendo de Pedro Sánchez”. “Así no se puede debatir, concluyó”.

Un juzgado de Santiago de Compostela ha condenado al Servicio Galego de Saúde (Sergas) a indemnizar con casi 300.000 euros a la viuda y los hijos de José Manuel Brey, el hombre que falleció el 4 de agosto de 2018 en el PAC (Punto de Atención Continuada) de la localidad pontevedresa de A Estrada sin recibir atención médica porque no había ningún facultativo en el centro. El juez considera “innegable” que la tardanza privó al paciente “de la probabilidad o expectativa” de salvarse y culpa a las deficiencias del servicio. La familia lo consideró entonces “una consecuencia palpable” de los recortes en sanidad.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, fue emitida el pasado miércoles por la Plaza Número 1 de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia y adelantada por La Voz de Galicia. En ella se recuerda cómo José Manuel, paciente de párkinson, llegó a las cinco y media de la tarde de aquel sábado al PAC acompañado de su mujer. Presentaba un cuadro de fiebre, dolor abdominal y dificultad para respirar. A las 19:13 comenzaron los vómitos que le taponaron las vías respiratorias. Media hora despues, a las 19:45 –dos horas y cuarto después de llegar a urgencias–, fallecía en la sala de espera, ahogado en su popio vómito, sin que en todo ese tiempo apareciese ningún médico para atenderlo.

Aquella tarde, el centro debería haber contado con dos facultativos. Uno se encontraba a algo más de 30 kilómetros de allí, en el PAC de Vilagarcía. Según relató, lo convocaron por teléfono para cubrir los dos refuerzos y aceptó el de Vilagarcía. Sin embargo, en el sistema del Sergas aparecía con las dos guardias asignadas. Al mismo tiempo.

El otro médico de guardia sí estaba en su puesto, pero tuvo que salir a atender una urgencia. Cuando lo hizo, avisó a la central del Sergas de que el servicio quedaba descubierto. El Servicio Galego de Saúde explicaría después que fue imposible encontrar sustituto. Se escudó en la falta general de médicos a lo que se sumaba que la demanda aparecía en un sábado de agosto. En ese tiempo en el que el PAC quedó vacío, fue cuando llegó José Manuel. Sin nadie para atenderlo, murió en las propias instalaciones.

La familia del fallecido inició entonces una batalla legal que pasó primero por la absolución de los médicos pese a que la sentencia, penal, reconocía que el desenlace podría haber sido diferente si lo hubiese atendido un facultativo. “Si el médico no tuvo la culpa, la tiene el Sergas”, aseguró entonces su hija. Es lo que ha entendido, ocho años después, el juez compostelano que, en vía administrativa, condena al Servizo Galego y su aseguradora a pagar 120.000 euros –60.000 para la viuda y 30.000 para cada uno de sus hijos–, una cantidad que, aplicados los intereses, se espera que ronde finalmente los 300.000 euros.

La “pérdida de oportunidad” es el eje de la sentencia, una figura jurídica que se aplica cuando la falta de celeridad, el error o la demora diagnóstica privan al paciente de la probabilidad de curación, supervivencia o mejoría que habría tenido si se hubiese actuado a tiempo. Aunque no puede asegurar al 100% que el paciente se hubiese salvado con una intervención inmediata, se reconoce como “innegable que la tardanza le privó de la probabilidad o expectativa estadística de lograrlo”. Para el juez, entre otras carencias, faltó una valoración médica inicial o embrionaria del paciente y lo hizo por deficiencias del servicio. No lo ve por tanto, causa directa de la muerte, pero sí causa de la pérdida de oportunidad de haberse salvado.

La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, una posibilidad que ahora estudian los servicios juridicos del Sergas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la ampliación presupuestaria del 'Plan Veo', la estrategia para financiar gafas y lentillas a niños y adolescentes. En concreto, Sánchez ha avanzado 23 millones de euros más, que elevan la partida total a los 73 millones. “No es una medida puntual o aislada, forma parte de algo mucho más amplio, la salud de los menores”, ha defendido.

Desde la puesta en marcha de este plan, en el último trimestre de 2025, ya se han beneficiado de las ayudas directas, de hasta 100 euros, “casi medio millón” de niños, niñas y adolescentes, ha cuantificado Sánchez. En concreto, se han tramitado 454.650 ayudas.

Esa ayuda se gestiona a través del Colegio de Ópticos y Optometristas, que transfiere el presupuesto dedicado a esta medida. Las familias podrán descontar ese montante de la factura de los productos que adquieran en los centros ópticos. Por el momento, estará disponible hasta el 31 de diciembre.

La segunda fase del plan, presentada este lunes, dota con 23 millones de euros más esta estrategia, con la que el Gobierno quiere cubrir una brecha en salud. “Para descubrir el mundo, primero hay que verlo bien”, ha defendido Sánchez, que ha reclamado que “ningún niño o niña de nuestro país tenga que vivir sin ver bien porque no puede permitirse corregir su problema de visión”.

En España, según los datos del Gobierno, más de 700.000 menores sufren pobreza visual. Esto tiene repercusiones en todos los ámbitos. “Se estima que uno de cada tres niños con malos resultados académicos podría tener un problema visual no diagnosticado”, ha ejemplificado Sánchez.

En España trabajan más de 3,6 millones de empleados públicos, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora semestralmente el Instituto Nacional de Estadística. Son uno de cada 10 asalariados —el 11%—, que sostienen los pilares del Estado del Bienestar. Hay más de 780.000 profesionales en el sistema sanitario público; cerca de 600.000 profesores y profesoras en centros públicos; 40.000 funcionarios de universidad; o más de 5.000 jueces y cerca de 3.000 fiscales; entre muchos otros.

En los últimos años, se han realizado en España grandes procesos de oposiciones, con el objetivo de estabilizar unas plantillas que, en muchos casos, sufrían altas tasas de temporalidad —Europa impuso rebajarla, como máximo, al 8%— y rejuvenecer los equipos —solo la administración central afronta la jubilación de 95.000 funcionarios en la próxima década—. Y, en noviembre, el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO acordaron una subida de sueldo del 11%, entre 2026, 2027 y 2028.

Pero, ¿cuánto cobran los empleados públicos? Dar una cifra exacta es complicado. Depende de la administración para la que trabajen —algunos dependen de los ministerios, otros de las comunidades autónomas y otros de las corporaciones locales, que establecen sus propios rangos salariales—, de la profesión, sus funciones y responsabilidad, los complementos que reciben, dónde están destinados, si realizan guardias o turnos especiales, su antigüedad...

A partir de aquí encontrarás las retribuciones brutas anuales de los empleados públicos españoles en su nivel de entrada —es decir, sin antigüedad—. Todos ellos han sido obtenidos de fuentes oficiales de cada comunidad, pero cada una utiliza formatos distintos que desde elDiario.es hemos homogeneizado para poder hacer una comparación. Puedes consultar la metodología completa aquí.

Así se distribuyen los salarios de los funcionarios en España

En el siguiente gráfico, cada círculo representa un puesto específico en cada comunidad. Su posición en el eje horizontal (o vertical si lees esto desde un móvil) muestra su salario bruto —sin antigüedad— y su color, el sector al que pertenece. El sueldo más bajo es el de un ordenanza en Castilla y León —14.600 euros al año—, mientras los más altos son los de magistrados y fiscales, por encima de los 88.000 euros al año, sin complementos.

También puede verse que el grueso de los salarios se concentra entre los 30.000 y los 50.000 euros —donde se acumulan más círculos, principalmente de docentes—. O el gran salto que se produce entre los médicos: los residentes (MIR), empiezan por debajo de los 20.000 euros brutos anuales —sin guardias— y los jefes de servicio o de sección, alcanzan los 70.000. También los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los militares se distribuyen por toda la gráfica. En otras palabras, en estos sectores las retribuciones pueden variar mucho dependiendo del puesto concreto.

Los puntos del siguiente gráfico muestras el tamaño de cada grupo y su sueldo mediano —colocadas todas las cuantías (y no el número de trabajadores) de menor a mayor, es la que se sitúa en la posición central—. Los sueldos más altos, los de jueces y fiscales, son también los menos habituales. Los más repetidos son los profesores no universitarios, 577.000, que suponen el 41,7% del personal analizado.

Precisamente, los profesores de Primaria y Secundaria comienzan el curso con protestas en varias partes del país y una convocatoria de huelga en Madrid, Catalunya y Andalucía. Aunque la reivindicación salarial late de fondo, estos profesionales reclaman principalmente mejores condiciones en las que ejercer su trabajo, como plantillas reforzadas, menos horas lectivas o reducción de ratios. De hecho, en Catalunya llegaron a rechazar un incremento salarial de 600 euros al mes, porque no iba acompañado de otras medidas.

Jueces y fiscales, los que más cobran

Los funcionarios que más cobran son los jueces y fiscales. Sin complementos ni antigüedad, su primer año ya cobran unos 60.300 euros brutos, que pueden llegar hasta los 88.800 si trabajan en localidades grandes, como Madrid o Barcelona. Con antigüedades, complementos y en puestos específicos, esta cantidad puede dispararse fácilmente por encima de los 100.000 euros al año. Por ejemplo, la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, percibe anualmente 162.795 euros; sus vocales, más de 140.000; y el secretario general, 137.000. Todos ellos, sin antigüedad.

Son cifras bastante alejadas de las que perciben, por ejemplo, los ministros. La mayoría cobra entre 84.000 y 90.000 euros al año, aunque algunas, como la de Defensa, Margarita Robles, superan los 100.000. Su secretaria de Estado, María Amparo Valcarce, está en 149.000. De hecho, las secretarías y subsecretarías de Estado llevan aparejadas mayores retribuciones que los titulares de los departamentos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, percibió en 2025 cerca de 96.000 euros, 40.000 euros menos que su director de Gabinete, Diego Rubio.

La nómina de un juez o un fiscal no depende tanto de la comunidad, sino del tamaño de la localidad donde ejerce. En Madrid o Barcelona, cobran unos 88.000 euros, un 47% más que en un partido judicial pequeño (60.300 euros).

El salario mediano de jueces y fiscales fue de 75.000 euros en 2026. Ningún otro colectivo superó los 60.000 brutos ese ejercicio. El más cercano fue el de los médicos, con 57.000 euros —sin tener en cuenta guardias, considerando que tienen dedicación exclusiva y no trabajan en la privada y teniendo en cuenta a los MIR—.

El siguiente gráfico muestra el salario mediano de cada grupo en España. Utilizamos este cálculo para evitar las distorsiones de los valores poco habituales, pero inusualmente altos o bajos, aunque también se puede consultar la media en cada desplegable. La línea de puntos indica el salario mediano nacional de los casi 32 millones de asalariados españoles: 24.497 euros. Solo tres grupos de funcionarios están por debajo de este umbral: auxiliares administrativos, auxiliares de enfermería — TCAE — y subalternos.

Diferencias por comunidades

Las grandes diferencias salariales entre profesionales del mismo rango se encuentran entre comunidades. El grueso del empleo público —profesores, sanitarios y administración— depende de los gobiernos autonómicos, que pueden definir sus propios sueldos y complementos. En el siguiente gráfico se muestra la diferencia entre la comunidad que menos paga de base a sus trabajadores y la que más. Se incluyen también policías y guardias civiles, porque cuentan con un complemento de destino importante, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que en áreas como la sanidad, dependen del Ministerio.

Según los datos extraídos de fuentes oficiales por elDiario.es, un técnico superior puede cobrar hasta 21.000 euros más de Balears a Euskadi; un médico especialista gana 18.000 más al año en Ceuta que en Navarra; y un maestro de primaria, 8.000 más en Castilla-La Mancha que en Murcia.

Cuánto se puede progresar salarialmente

Los datos mostrados hasta ahora tienen en cuenta el salario de entrada, pero ¿cuánto puede progresar salarialmente un empleado público que llega al nivel más alto? La mayor diferencia se da entre los médicos. Hay más de 50.000 euros entre los 19.700 que cobra un residente de primer año y los 71.100 de un jefe de servicio.

Los médicos son los que más escalan, pero no son los únicos. Del militar de más bajo rango, al más alto hay más de 40.000 euros al año; en la Guardia Civil, 28.600; y en la carrera judicial, 28.500. Al otro lado están los maestros, que ganan apenas 7.400 euros más si llegan a directores; 9.800 más en el caso de secundaria; y 3.200 euros más para un administrativo que salta a jefe de negociado.

La longitud de ese salto entre el sueldo de entrada y la jefatura, también depende de la las comunidades. En medicina, por ejemplo, el sueldo de entrada es bastante similar en todo el territorio —entre el MIR que más cobra y el que menos hay 3.700 euros de diferencia—, pero en el nivel máximo, la diferencia puede multiplicarse por seis —hasta los 23.500—. De hecho, tras las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla —por la indemnización por residencia—, Murcia es la que mejor paga de base a sus médicos y Asturias, la que menos.

En profesores y administrativos pasa lo contrario: el recorrido es pequeño y similar en todas las comunidades. Llegar a director de instituto vale 12.300 euros más en Catalunya pero solo 8.400 en Extremadura. Pasar a jefe de negociado como administrativo vale 8.000 euros en Murcia y apenas 1.200 en Aragón.

En el siguiente gráfico pueden consultarse esos saltos, pero también cuanto cobran otros profesionales del mismo rango. Y comparar cuáles son los trabajadores mejor pagados en cada comunidad. Por ejemplo, Navarra es una de las comunidades que peor paga de base a sus sanitarios —aunque tiene complementos forales, infraestimados en la metodología—, pero de las que más retribuye a sus docentes en la pública.

Euskadi tiene la administración general mejor pagada del país, a todos los niveles. Un ordenanza vasco cobra casi el doble que uno de Castilla y León.

Y en los policías, la geografía marca la diferencia más notable, incluso más que el rango. Un policía de base en Melilla (37.365 euros) cobra prácticamente lo mismo que un inspector en la península (37.631 euros): el plus de residencia e insularidad de Ceuta, Melilla, Canarias o Euskadi, por el antiguo complemento por peligrosidad, vale casi lo mismo que dos ascensos.

Las guardias médicas, en el punto de mira

Las guardias que realizan los médicos han estado en los últimos meses en el punto de mira de los profesionales. El nuevo Estatuto Marco, pactado entre Sanidad y los sindicatos UGT, CFIS, CCOO y Satse, ha soliviantado a las organizaciones sindicales del ramo, que no están presentes en la mesa de negociación. El texto, que enfila su trámite parlamentario, reduce las horas de guardia máximas obligatorias de 24 a 17 horas —incluyendo la jornada ordinaria— e incluye la reducción de la jornada laboral máxima a 45 horas semanales.

Sin embargo, al margen de otras demandadas —como un estatuto propio—, los sindicatos médicos reclaman una jornada semanal de 35 horas, como ocurre con el resto de empleados públicos, y que las horas de guardia se paguen por encima —y no más baratas, como ocurre ahora— de la hora ordinaria.

Estas jornadas extra permiten compensar sueldos exiguos en el caso de los médicos residentes y complementar salarios más elevados para los facultativos. Las comunidades autónomas son las que determinan cómo se organiza la jornada y a cuánto pagan cada guardia médica. Por ejemplo, en Balears, Castilla-La Mancha y Murcia, cuatro guardias al mes inflan la nómina anual en unos 38.000 euros. En Andalucía, son 27.000 euros más y en Madrid, casi 29.000.

Un especialista en Murcia con esas guardias llega a 100.158 euros —el único que supera los seis dígitos—; en Madrid, con el mismo esfuerzo, se queda en 81.225. Pesan más donde el salario base es más bajo: en Asturias y Navarra las guardias suman un +71%, es decir, casi igualan el sueldo.

En enfermería la historia es distinta: siete noches al mes suman de media 3.900 euros (un 12%). La comunidad que mejor paga las noches es Andalucía con una diferencia de 5.376 euros más si una enfermera realizase siete noches cada mes durante un año. Muy lejos de los 27.348 euros extra de un médico con las guardias, aunque Andalucía sea la comunidad que mejor paga las noches de enfermería y la que peor paga las guardias de los médicos.

De nuevo, estas cifras no tienen en cuenta la antigüedad. Según datos en poder de la OCDE, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la retribución media anual de un médico en España —con guardias, antigüedad y complementos, sin contar a los MIR— oscila entre los 88.000 anuales de un especialista en medicina familiar y comunitaria, hasta los 107.000 de un radiólogo; los 108.000 de un cirujano general y de aparato digestivo; o los 109.000 de un anestesista. Un pediatra cobraría, de media, 93.000 euros al año y un obstetra, 95.000. Los psiquiatras públicos percibirían 86.000 euros al año.

En cuanto al resto de profesionales sanitarios, una enfermera de atención primaria tiene un salario medio de 53.000 euros y en especializada, 48.000. Las auxiliares de enfermería reciben, de media, 31.000, según estás fuentes.

La gestión de un dirigente político suele estar marcada por dos aspectos: sus leyes aprobadas —no solo en cantidad, también la pertinencia de las mismas y su necesidad— y la gestión pura y dura, es decir, la transformación de los recursos públicos para mejorar la vida de los vecinos. Cuando se nombra a personajes que han marcado la política madrileña, es posible que una de las cuestiones que se le venga a la cabeza a un ciudadano medio sean las corruptelas y los escándalos que han marcado sus nombres para siempre. Pero también otros hitos que caracterizaron su gestión. Puede suceder con, por ejemplo, Esperanza Aguirre, que construyó ocho hospitales. O con Alberto Ruiz-Gallardón, que llevó a cabo una ampliación del metro de la capital de más de 100 kilómetros. Pero ¿qué hay de Isabel Díaz Ayuso, al margen de polémicas? ¿Qué es lo que define su gestión después de siete años de gobierno?

Le hemos hecho esta pregunta también a todos los grupos políticos de la Asamblea de Vallecas y a expertos que resumen las legislaturas de la baronesa del PP en una oposición constante desde la capital al Gobierno de Pedro Sánchez y no tanto en labrarse un perfil de gestora pública. “El modelo de neoliberalismo puro norteamericano es claramente lo que representa a Ayuso”, resume Carmen Lumbierres, doctora en Ciencia Política.

El Hospital Zendal y los pagos a Quirón

Para Lumbierres, no solo es necesario ver cuánto dinero en los presupuestos va hacia un departamento u otro, sino también realmente cómo se ha ejecutado esa inversión. Pone como ejemplo a Esperanza Aguirre y su modelo sanitario, que, aunque es cierto que construyó ocho hospitales, también cambió el modelo en la Comunidad de Madrid e introdujo el modelo de la sanidad público-privada, modificando “un consenso sobre la sanidad pública que existía en toda España”.

Esa fórmula es la que hereda después Ayuso, muy vinculada políticamente a Aguirre desde el inicio de su carrera y que acaba asumiendo esas propuestas neoliberales. “Ella no se siente elegida para crear infraestructuras o para ampliar el Estado del bienestar porque no cree en ese modelo”, explica la politóloga, en conversación con elDiario.es. Y ejemplo de ello es el Hospital Zendal.

Cuando se inauguró en 2021 durante la pandemia, se convirtió en uno de los grandes hitos de la presidenta autonómica. A partir de entonces, ha sido regado por millones de euros de dinero público y Ayuso asegura que es el “mejor hospital de pandemias del mundo”. En la memoria de 2024, reflejaba 266 ingresos y 331 altas en la Unidad de rehabilitación Funcional y 120 “canalizaciones” a otros centros sanitarios en el centro de día especializado para el ELA. En los últimos años, el centro busca asentarse como un “centro de neuro-rehabilitación” y, a pesar de que se planteó como un centro para pandemias, no acogió a los españoles que viajaban en el crucero del hantavirus porque no estaba preparado para ello.

Para el PSOE de la capital, es la “prueba irrefutable” de que la gestión de Ayuso “es nefasta”: “La presidenta se preocupó mucho de que llevara su mismo nombre de pila [Hospital Enfermera Isabel Zendal] en un alarde absurdo de egocentrismo muy característico de su forma de desgobierno”. “Carece de servicios, de personal y de dotaciones”, critican los socialistas, que aseguran que han denunciado ante los tribunales “esa opacidad”.

El Zendal es un símbolo, según la politóloga Lumbierres, de la política de la líder regional, que es “reactiva”: “Ante un problema saca rápidamente de la manga una ocurrencia, pero no porque tuviera una planificación sobre que la Comunidad necesitaba un hospital, sino porque a medida que van sucediendo las cosas, ella intenta poner parches”. Pero más allá del simbolismo, la apariencia o la retórica, para la experta la gestión sanitaria sigue siendo una extensión de ese modelo heredado de la Aguirre de 2003, cuando repetía el mantra de que la gestión privada para los centros de salud públicos era la “más eficaz”.

Ahora, uno de los planes que destacan desde el Grupo Popular de la Asamblea de Vallecas es el conocido como “Ciudad de la Salud”, que va de la mano de la polémica Ciudad de la Justicia, cuya construcción ha vuelto a impulsar Ayuso. Cuando se presentó, la baronesa del PP dijo que era el “proyecto más importante de la legislatura” y, en la práctica, se trata de la ampliación y reforma del Hospital Universitario La Paz. Las obras acaban de empezar y se espera que se extiendan durante los próximos años.

Eso sí, la Comunidad de Madrid ha duplicado los pagos a Quirón desde que gobierna en solitario. A partir del 2021, el gigante sanitario aumentó el dinero recibido de las arcas madrileñas en cuatro centros que gestiona. En 2020, esos hospitales ingresaron 504 millones por prestar servicios, por deudas de años anteriores y por otros pagos. En 2024, ese dinero ascendía a 1.611 millones. La oposición insiste en sus críticas que se trata de un modelo que, a su juicio, erosiona la sanidad pública. “Hoy hay el doble de personas en una lista de espera sanitaria que hace siete años, se ha convertido en normal esperar dos semanas para ver al médico de familia y han dejado de funcionar las urgencias extrahospitalarias tal y como las conocíamos”, recoge el balance de Más Madrid.

Durante el Debate sobre el Estado de la Región celebrado el jueves y viernes en la Asamblea de Vallecas, la presidenta autonómica anunció un paquete de “100 medidas” que querían implantar en la Comunidad. Algunas de ellas eran nuevas y otras anunciadas anteriormente o ampliadas, como es el caso de la intención de eliminar las guardias obligatorias de 24 horas, un plan que pretende chocar contra el Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García. También aseguraron que querían implantar mejoras salariales para sanitarios o ampliar el programa de cribado natal.

“La región más próspera y dinámica de España”

“La gestión de Isabel Díaz Ayuso está transformando Madrid. Su modelo de libertad ha convertido a la Comunidad en la región más próspera y dinámica de España”, resume el PP de la Comunidad, que saca pecho de otra de las medallas que se ha colgado la presidenta: las bajadas de impuestos. Un informe del think tank Fedea de 2024 recogía las consecuencias de esa política fiscal, situando entonces a la capital como la región donde los más ricos destinan menos renta a pagar impuestos. Una estrategia que, en la zona más rica de España, tiene inevitablemente éxito y que bebe de ese nuevo ultra neoliberalismo que se aplica también en Estados Unidos o Argentina.

Esa gestión de libertad total en lo económico se hizo patente sobre todo durante la pandemia de la covid-19, cuando mientras el resto de España apostaba por los cierres perimetrales, Madrid decidió mantener abierta la hostelería pese al criterio de los expertos epidemiólogos, convirtiendo el tomarse una caña en prácticamente un acto de rebeldía frente al Gobierno de Pedro Sánchez.

Posiblemente por esa idiosincrasia de la capital y esas altas rentas se explican también sus mayorías absolutas. Unas características que ella aprovecha para sustentar el nacionalismo madrileño, que cada vez está más extendido, explica Lumbierres: “El sentimiento de nacionalidad es otra de las cosas que les favorece en intención de voto”. ¿Y cómo lo hace? Situando la capital en un agravio constante respecto a otros territorios como Catalunya: “¿A quién no le gusta ese nacionalismo populista de ”nosotros aportamos más y nos tratan peor?“, se pregunta la politóloga.

Ese nacionalismo se materializa también a través de la experiencia de vivir en Madrid bajo ese paraguas construido por Ayuso del neoliberalismo, el entretenimiento y el “estar de moda”. Ejemplos de ello son los macroeventos como conciertos multitudinarios, cada vez más habituales, pero también la Fórmula 1, que llega este fin de semana a la capital pese a las críticas de los vecinos y asociaciones y que se presenta como otra de las grandes apuestas del Ejecutivo autonómico de los últimos años.

“El proyecto de Ayuso”, indica la experta en política, “ha sido hacer de Madrid una ciudad de diversión y espectáculos, que no de cultura”. “Pues sí, nos gustan. Sí que somos callejeros. Somos de Madrid, nos gustan las terrazas, la alegría, la cervecilla, el vino. ¿Qué pasa?”, es una las frases de la presidenta de la anterior precampaña.

Vivir en Madrid

Al margen de los grandes proyectos y de las ocurrencias de la líder madrileña, vivir en Madrid no son solo los atascos, tomar cervezas o no encontrarse con un ex. Otro de los grandes hitos de los que saca pecho el Ejecutivo regional es su plan de vivienda que, por otro lado, es también uno de los constantes focos de críticas de la oposición y de organizaciones sindicales. En 2025, Ayuso anunció un nuevo plan a pesar de negarse a aplicar la ley estatal en una nueva pelea contra Sánchez.

Las medidas contemplaban un relajamiento de los controles de los usos del suelo y del proceso de construcción de vivienda protegida del Plan Vive. Este último proyecto, además, también nació con críticas de los inquilinos, que cargan contra el Gobierno madrileño por los precios finales que tienen que pagar, entre otros problemas. “Nadie está obligado a permanecer en su vivienda”, dijo el consejero del ramo sobre las críticas hace unos meses. “Hoy comprar una vivienda para vivir es mucho más difícil que hace siete años y alquilar se ha convertido prácticamente en pagar un impuesto feudal. Hoy las universidades públicas están peor financiadas y pierden terreno ante las privadas por no tener dinero para dar más plazas en las carreras más demandadas”, critican desde Más Madrid sobre el modelo propuesto en la capital.

Los socialistas también critican este tipo de proyectos: “Al Plan Vive renuncian los propios adjudicatarios porque las casas son tan caras como la vivienda libre, mientras pone alfombras rojas a los fondos buitres”.

Además de los planes de vivienda, la Comunidad de Madrid también presume públicamente de otro aspecto muy conectado con la vida en la capital: el metro. En la época de Alberto Ruiz-Gallardón, su gobierno construyó más de 100 kilómetros de red, uniendo cinco municipios del sur que supuso 1.700 millones de euros a las arcas públicas. A lo largo de las últimas legislaturas, Ayuso ha introducido modificaciones como la automatización de la línea 6, aunque la gran apuesta es la ampliación de la línea 11. Este proyecto ha contado con algunos problemas recientes porque su trazado afectaba a instalaciones del Ministerio de Defensa.

Ahora, entre las medidas adelantadas en el Debate de la Asamblea, Ayuso anunció también una ampliación del Metro de Madrid de la línea 10 por Alcorcón hasta Móstoles después de que su grupo lo rechazara hace seis meses, además de la intención de abrir la nueva línea Circular sin maquinistas 24 horas todos los fines de semana.

Las leyes aprobadas

¿Y qué hay de las leyes aprobadas? En el último balance del Grupo Popular, el partido aseguraba que había consolidado su “liderazgo legislativo” con 29 iniciativas aprobadas y el “96% del programa electoral ya cumplido”, pero de nuevo, esta es una visión que no comparte la oposición.

“Toda la actividad legislativa de Ayuso se ha dirigido a construir una agenda ideológica reaccionaria, como vimos con el vaciado de las leyes trans y LGTBI que fueron sus primeras leyes de esta legislatura, o a aumentar los poderes discrecionales del ejecutivo y, por lo tanto, debilitar las instituciones democráticas madrileñas. Como ha ocurrido con la reforma de Telemadrid, la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia, que han perdido independencia en favor del control de la Comunidad de Madrid”, resumen desde Más Madrid.

“Algunos ejemplos de leyes aprobadas: la de vivienda que favorece la especulación, la de concebido no nacido, que no ayuda a las familias más vulnerables. Es más importante las que ha derogado: Leyes Trans y LGTBI o la que no ha aprobado, la Ley de Igualdad”, critican desde el PSOE.

La mayoría absoluta del PP en la capital legisla con lo ideológico y lo identitario, explica Carmen Lumbierres. “Buscan el espacio de Vox, que en la Comunidad lo tiene Ayuso también hasta este momento. Legislan buscando a una parte de sus votos más fieles e intentando ampliar los votos por la derecha, demás de buscando el conflicto, ya que ella se crece en él”, argumenta a elDiario.es. Dos de los ejemplos más claros se han dado en esta última legislatura.

Por un lado, la modificación de las leyes trans y LGTBI para esquivar los recursos del Gobierno ante el Constitucional. El PP eliminó el “requisito” de contar con informes médicos para que los menores puedan recibir tratamientos hormonales y se limitó a establecer el “apoyo” de esos profesionales. Pero también una de sus últimas y más polémicas normas, la conocida como “Ley del Concebido No Nacido”, que pretendía considerar al embrión como miembro de la unidad familiar. Una norma muy influida por la estrategia antiaborto de la ultraderecha de Estados Unidos y que, con su aprobación, marcó de nuevo el paso a la política nacional del líder de su propio partido, Alberto Núñez Feijóo, que acabó anunciando una ley similar a nivel estatal.

Incluso Vox, que puede que entre en el próximo gobierno autonómico como ha ocurrido en otras regiones de España, habla de las dificultades de jóvenes que no pueden emanciparse, de las listas de espera o de familias que no pueden acceder a una vivienda, aunque lanzando proclamas xenófobas contra los inmigrantes y asegurando que “Madrid está colapsado”, sin mencionar la gestión de la presidenta más allá de la migración.

“Ayuso sabe que parte de las leyes que aprueban se las van a tumbar [el Gobierno central o los tribunales] porque choca, pero así ocupa foco durante días, espacio en los periódicos, se habla de ella. Su mayor objetivo es la supervivencia, sobrevivir a sí misma y generar un ambiente para que crezca su figura política”, asegura la politóloga, que sitúa como clave esta permanente confrontación con Sánchez para entender el balance de la presidenta madrileña a lo largo de los años.

Esto, para Lumbierres, la convierte en todo un “animal político”, la que “mejor maneja el populismo” y con un equipo a su alrededor que la ayuda en esa construcción no tanto centrada en la gestión o legislación, sino más en llamar a las emociones, en decir “yo soy una persona normal como vosotros, una madrileña más. Eso ha calado mucho”. E incluso ha hecho que cuando otros políticos, especialmente de su mismo signo, intentan imitarla, no les sale igual la jugada: “Si Feijóo intenta hacer lo que ella hace, queda en evidencia”, zanja la experta.

El Govern balear del PP ha elegit un exdirectiu del grup Quirón, Alberto Anguera Puigserver, com a director de l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears, un organisme amb competències en promoció, prevenció, protecció i vigilància de la salut. L’Agència va ser creada legalment el 2021 i els seus estatuts es van aprovar el 2023, però la seva posada en marxa s’ha reactivat enguany amb la constitució del seu Consell Rector el passat mes de març.

Anguera, que va ser gerent d’Àrea de Quirónsalud entre 2018 i 2024 i anteriorment director territorial de Sanitas, ocupava fins ara la direcció del Departament de Prevenció de la Malaltia i Promoció de la Salut del mateix Executiu autonòmic. El Consell de Govern ha aprovat ara el seu nomenament com a director de l’Agència de Salut Pública.

La seva relació amb Quirónsalud també té una vessant societària. Segons la informació registral consultada per elDiario.es, l’agost de 2021 Anguera va ser inscrit com a apoderat solidari d’Integración Sanitaria Balear SL, vinculada a Quirónsalud i titular de diversos dels seus centres sanitaris a Balears. El poder va ser revocat el febrer de 2022, quan la societat va ser absorbida per IDCQ Hospitales y Sanidad.

Anguera també va passar per Transportes Sanitarios Clinic Balear, una de les societats de Quirónsalud dedicada al transport sanitari. El juliol de 2022, l’exdirectiu, que aleshores exercia com a gerent de la companyia, va lliurar una ambulància de la seva flota destinada a Ucraïna.

El Govern de Marga Prohens destaca, en la nota de premsa difosa després del nomenament, que Anguera compta amb més de 30 anys d’experiència i que ha desenvolupat la seva trajectòria tant en el sector públic com en el privat. Entre els seus càrrecs, cita dues etapes com a director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, entre 2004 i 2007 i entre 2014 i 2015, el seu pas per Sanitas entre 2009 i 2013 i la seva etapa com a gerent d’Àrea de Quirónsalud entre 2018 i 2024.

Un perfil sanitari amb passat al PP

Anguera té, a més, una trajectòria política prèvia en el PP. El 2003 es va incorporar com a regidor a l’equip de govern popular d’Estellencs i el 2007 va concórrer com a número tres de la candidatura del partit al municipi.

La seva primera etapa al capdavant d’Atenció Primària va coincidir amb els anys del Govern de Jaume Matas. El 2014 va tornar a la gerència d’Atenció Primària, durant el Govern de José Ramón Bauzá, després de la seva etapa a Sanitas. La premsa sanitària d’aleshores destacava precisament la seva experiència tant en l’Administració com en la sanitat privada.

Anguera arriba a la direcció de l’Agència després d’haver ocupat fins ara la direcció del Departament de Prevenció de la Malaltia i Promoció de la Salut de la Direcció General de Salut Pública. De fet, aquest mateix any ha participat en l’elaboració del diagnòstic que servirà de base al Pla Estratègic de Salut de Balears 2026-2030.

L’Agència no és un organisme acabat de crear: la Llei balear de Salut Pública estableix la seva existència com a organisme autònom i li atribueix l’execució de les polítiques i els serveis de salut pública. Els seus òrgans superiors inclouen el Consell Rector i el director executiu. La seva posada en marxa efectiva s’ha produït durant aquesta legislatura. El passat mes de març es va constituir formalment el Consell Rector, presidit per la consellera de Salut, Manuela García, en una sessió amb la qual el Govern va assegurar que es «reactivava» la posada en marxa de l’organisme.

El Govern balear del PP ha elegido a un exdirectivo del grupo Quirón, Alberto Anguera Puigserver, como gerente de la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears, un organismo con competencias en promoción, prevención, protección y vigilancia de la salud. La Agencia fue creada legalmente en 2021 y sus estatutos se aprobaron en 2023, pero su puesta en marcha se ha reactivado este año con la constitución de su Consejo Rector el pasado mes de marzo.

Anguera, quien fue gerente de Área de Quirónsalud entre 2018 y 2024 y anteriormente director territorial de Sanitas, ocupaba hasta ahora la jefatura del Departamento de Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud del propio Ejecutivo autonómico. El Consell de Govern ha aprobado ahora su nombramiento como director de la Agencia de Salud Pública.

Su relación con Quirónsalud también tiene una vertiente societaria. Según la información registral consultada por elDiario.es, en agosto de 2021 Anguera fue inscrito como apoderado solidario de Integración Sanitaria Balear SL, vinculada a Quirónsalud y titular de varios de sus centros sanitarios en Balears. El poder fue revocado en febrero de 2022, cuando la sociedad fue absorbida por IDCQ Hospitales y Sanidad.

Anguera también pasó por Transportes Sanitarios Clinic Balear, una de las sociedades de Quirónsalud dedicada al transporte sanitario. En julio de 2022, el exdirectivo, quien que entonces ejercía como gerente de la compañía, entregó una ambulancia de su flota destinada a Ucrania.

El Govern de Marga Prohens destaca, en la nota de prensa difundida tras el nombramiento, que Anguera cuenta con más de 30 años de experiencia y que ha desarrollado su trayectoria tanto en el sector público como en el privado. Entre sus cargos cita dos etapas como director gerente de Atención Primaria de Mallorca, entre 2004 y 2007 y entre 2014 y 2015, su paso por Sanitas entre 2009 y 2013 y su etapa como gerente de Área de Quirónsalud entre 2018 y 2024.

Un hombre del aparato sanitario del PP

Anguera tiene además una trayectoria política previa en el PP. En 2003 se incorporó como concejal al equipo de gobierno popular de Estellencs y en 2007 concurrió como número tres de la candidatura del partido en el municipio.

Su primera etapa al frente de Atención Primaria coincidió con los años del Govern de Jaume Matas. En 2014 regresó a la gerencia de Atención Primaria, durante el Govern de José Ramón Bauzá, después de su etapa en Sanitas. La prensa sanitaria de entonces destacaba precisamente su experiencia tanto en la Administración como en la sanidad privada.

Anguera llega a la dirección de la Agencia después de haber ocupado hasta ahora la jefatura del Departamento de Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública. De hecho, este mismo año ha participado en la elaboración del diagnóstico que servirá de base al Plan Estratégico de Salud de Balears 2026-2030.

La Agencia no es un organismo recién creado: la Ley balear de Salud Pública establece su existencia como organismo autónomo y le atribuye la ejecución de las políticas y servicios de salud pública. Sus órganos superiores incluyen el Consejo Rector y el director ejecutivo. Su puesta en marcha efectiva se ha producido durante esta legislatura. El pasado marzo se constituyó formalmente el Consejo Rector, presidido por la consellera de Salud, Manuela García, en una sesión con la que el Govern aseguró que se “reactivaba” la puesta en marcha del organismo.

Sindicatos médicos de todo el país han acordado la convocatoria de una huelga indefinida estatal, que comenzará el próximo miércoles 28 de octubre, en protesta por el Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales presentes en el ámbito de negociación —CCOO, UGT, CSIF y Satse— y que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros.

Según ha avanzado este viernes la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en un breve comunicado, la decisión la tomaron durante la tarde del jueves los actuales integrantes del Comité de Huelga. La decisión se enmarca en la estrategia de paros que vienen realizando desde principios de año y que les llevó a protagonizar un paro semanal cada mes, de febrero a junio.

Aunque había dudas sobre la nueva convocatoria, tras los acuerdos alcanzados por los sindicatos en algunas comunidades, finalmente se ha convocado una huelga indefinida para el 28 de octubre, aunque “queda pendiente cerrar el calendario del resto de actuaciones que forman parte de la movilización frente al Estatuto Marco”, indican desde CESM.

En el Comité de Huelga están presentes CESM, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi y el de Facultativos de Galicia Independientes (O'mega).

Desde la Unión Médica y Facultativa, indican que “la movilización persigue que el Ministerio de Sanidad reconsidere su planteamiento y abra una negociación real que permita avanzar hacia un Estatuto Médico y Facultativo propio, capaz de reconocer las particularidades de la profesión y de garantizar unas condiciones de ejercicio acordes con su nivel de responsabilidad y formación”.

El conflicto, encallado durante meses, tiene su origen varias reivindicaciones de los profesionales médicos. Por un lado, exigen un Estatuto propio y un ámbito de negociación donde abordar sus condiciones laborales al margen del resto de trabajadores del sistema. Por otro, mejoras en esas condiciones, como la jornada semanal de 35 horas o que las horas de guardia se remunere por encima de la ordinaria, que se reduzcan y que sumen para adelantar la jubilación —en España, para este supuesto, se cotiza por día trabajado, no por cantidad de horas—.

El texto, pactado entre Sanidad y los sindicatos del ámbito, incluye algunas mejoras, como la reducción de las guardias obligatorias de 24 a 17 horas o la jornada laboral máxima de 45 horas semanales, insuficiente para las organizaciones sindicales médicas.

El argumento que esgrimen desde Sanidad para no atender a esas demandas es que muchas de ellas escapan de sus competencias y que, incluso, supondrían incumplir la ley. Por ejemplo, los cambios en la jubilación corresponderían al Ministerio de Seguridad Social —aunque desde el departamento que dirige Mónica García se habrían abierto a negociar para que se tuviera en cuenta la penosidad de las guardias en los coeficientes reductores— y el grueso de las competencias en sanidad son de las comunidades autónomas, que también han pedido que se reinicie la negociación.

En un mensaje publicado este viernes en la red social X, la ministra Mónica García ha defedido que llevar el Estatuto Marco al Congreso “no puede ser una ofensa para nadie, excepto para quienes quieren eludir sus responsabilidades o esconder sus competencias tras las del Ministerio”. En ese sentido, ha insistido en que “las competencias exclusivas en materia de planificación, ordenación y recursos humanos corresponde a las comunidades autónomas”.

Pese al malestar generado entre los médicos, desde el Ministerio nunca han dado muestras de plantearse retirar el texto, que enfila ya su trámite parlamentario. “Las leyes se aprueban, se rechazan o se enmiendan en el poder legislativo, no en un despacho”, ha escrito García. De hecho, desde CESM avisaban este miércoles de que la estrategia debía pasar también por un “conflicto permanente” y avanzaban su intención de realizar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios que deben aprobar o tumbar esa medida.

La Federación de Servicios Públicos de UGT La Rioja ha exigido a la dirección del Servicio Riojano de Salud (SERIS) la articulación de un complemento salarial específico para las categorías de celadores y pinches de cocina. La central sindical denuncia que la gran mayoría de estas trabajadoras y trabajadores percibe retribuciones que rozan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que consolida una brecha económica preocupante dentro del propio sistema público de salud regional.

El trasfondo del conflicto radica en el reciente incremento presupuestario de 30 millones de euros anunciado por el Gobierno de La Rioja para la mejora de la plantilla del SERIS. Desde UGT critican que este aumento de recursos económicos haya “olvidado” de manera explícita al colectivo de pinches y celadores, una decisión que, a su juicio, amplía la desigualdad retributiva existente entre las distintas categorías profesionales en lugar de corregir las situaciones de partida más desfavorables.

Desde el sindicato subrayan que la reordenación de los fondos públicos en materia sanitaria debe abordar de forma prioritaria la adecuación de complementos a quienes sostienen las retribuciones más bajas. Para la organización representativa de los trabajadores, resulta inaceptable que una inyección económica de tal envergadura por parte del Ejecutivo autonómico excluya a colectivos esenciales, agrandando la brecha salarial con respecto a otras categorías sanitarias.

Más allá del apartado puramente retributivo, la organización sindical reclama una mejora integral en las condiciones cotidianas de trabajo del personal celador. UGT alerta de que estos profesionales, cuya labor resulta indispensable para la atención directa al paciente, desempeñan sus funciones con equipamiento obsoleto o en mal estado, como camas de movilidad compleja o defectuosas que conllevan un sobreesfuerzo físico constante y un riesgo directo para su salud laboral.

Asimismo, la denuncia pone el foco en el deterioro de determinados espacios de trabajo e infraestructuras del SERIS. La central sindical señala deficiencias en materia de seguridad y acondicionamiento en almacenes y cuartos técnicos —con especial atención al retén de ambulancias de urgencias— e insta a la administración a aprovechar el plan de obras en marcha para corregir de forma inmediata estos problemas, así como para acometer la optimización integral de las cocinas del Hospital San Pedro.

UGT ha concluido advirtiendo de que el paquete de 30 millones de euros debe destinarse a dignificar las condiciones del conjunto del personal del servicio de salud sin discriminación alguna. En caso de que el SERIS y la Consejería de Salud no den pasos firmes para reincorporar a estos colectivos al acuerdo de mejoras y responder a sus reivindicaciones salariales y organizativas, la central sindical adelanta que iniciará un calendario de movilizaciones en defensa de ambas categorías profesionales.

El suicidio se puede prevenir. “El primer paso es preguntar acerca de si en algún momento han pensado que, para vivir así, mejor no vivir”, explica Ana Fernández Villar, psiquiatra y coordinadora del área sanitaria de Salud Mental en el Centro Hospitalario Padre Menni. Escuchar, sin juicios ni valoraciones, y después, buscar ayuda de profesionales, ya sean psiquiatras o psicólogos.

Este 10 de septiembre, se celebra el Día Mundial para la prevención del Suicidio bajo el lema Cambiar la narrativa. Habla de seguir trabajando sobre aquellos mitos acerca del suicidio, como que “quien lo dice, no lo hace”, “el suicidio no se puede prevenir”, que “es algo de valientes” o que “preguntar acerca de ideas de suicidio propicia que las personas se suiciden”, explica.

Contra esas creencias, sí que necesario preguntar acerca, siempre en un contexto adecuado. “El suicidio no habla de valientes ni cobardes, nos comunica un profundo sufrimiento”, expresa. “Se puede prevenir y muchas veces las personas hablan acerca de esa ideación antes de hacer un intento, por lo que hay que tenerlo en cuenta”, recomienda.

A su juicio, lo que puede llevar a una persona a suicidarse son múltiples factores “que enraízan en un profundo sufrimiento y en un deseo, no tanto de morir, sino de no continuar viviendo así”. La doctora considera que la desesperanza, la soledad no deseada, el dolor físico o el trastorno mental grave influyen en esa decisión.

El perfil de la persona que llega con ideación suicida a consulta en los últimos años es el de una persona relativamente joven, a veces sin un trastorno mental, pero con una crisis vital sobrevenida. Algunos de los factores que podrían estar influyendo son la soledad que se percibe entre los jóvenes que está generando un mayor aislamiento relacionado con el papel de las redes sociales y los cambios estructurales familiares. También la impulsividad acrecentada por consumo de sustancias o la pérdida de sentido vital entre muchos jóvenes y adultos, considera Fernández Villar.

Por otro lado, no hay que olvidar el suicidio “oculto” de los ancianos. “Una realidad poco evidenciada y hablada, pero que requiere nuestra atención y nuestros esfuerzos por abordarlo y tratarlo”, advierte. En estos casos, algunos factores podrían ser el envejecimiento incapacitante o soledad no deseada.

La experta añade que también existe una relación entre el suicidio y el trastorno mental grave, como la esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno depresivo y trastorno por abuso de sustancias. El riesgo de la conducta suicidio “se incrementa de forma significativa en los casos de comorbilidad psiquiátrica, es decir, cuando coexisten dos o más trastornos mentales en un mismo individuo”. Esta situación intensifica el malestar psíquico y dificulta el acceso o adherencia a tratamiento adecuados, aumentando así la vulnerabilidad.

Señales de alarma

Para poder prevenir el suicidio hace falta advertir las señales de alarma. Hay algunas circunstancias que en algunas personas pueden ser factores de riesgo. Conflictos interpersonales, pérdidas recientes, diagnósticos médicos graves o situaciones de crisis agudas “pueden activar la ideación de poner fin a su vida”. Por otro lado, resulta importante observar si la persona empieza a resolver asuntos pendientes con premura, cambios de carácter bruscos, autolesiones, aumento de la impulsividad, mayor aislamiento. “Ante estas situaciones, es importante aproximarse a la persona, preguntar acerca de la ideación autolítica y buscar ayuda de profesionales”, recomienda la psiquiatra.

En la Comunidad de Madrid hay más de 19.000 mujeres esperando para que se les realice una mamografía y más de 9.000 que todavía no tienen siquiera una fecha asignada para esa prueba diagnóstica, un aumento respecto a años anteriores, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado elDiario.es tras la publicación de la última memoria del Sistema de Salud Madrileño, el SERMAS.

El año pasado esa cifra era algo menor: algo más de 18.000 mujeres esperaban para una primera prueba y cerca de 8.000 no tenían fecha asignada, aunque la diferencia más notable es respecto al informe de 2024 (con datos de 2023): eran unas 10.500 mujeres las que esperaban para hacerse una mamografía después de que esta fuera solicitada por el personal sanitario y 671 sin fecha, una cifra significativamente menor que las 9.000 de este último documento.

Tanto PSOE como Más Madrid han denunciado este miércoles las cifras. Óscar López, el secretario general de los socialistas madrileños, ha lamentado que haya “19.000 mujeres en Madrid en lista de espera para hacerse una mamografía, casi el doble que hace dos años” mientras Isabel Díaz Ayuso “sigue regando con dinero a Quirón”. “Este modelo de desmantelamiento de la sanidad pública pone a miles de mujeres en peligro”, ha criticado.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, también ha censurado este miércoles la “inquina” que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, muestra hacia las mujeres y ha denunciado que el Gobierno que preside está siguiendo “el mismo guion” que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, con las listas de espera para mamografías.

Desde el partido han advertido de que estas cifras podrían aumentar si, tal y como anunció el Gobierno autonómico, se amplía el programa DEPRECAM a mujeres de 45 a 75 años, según recoge Europa Press.

Sin embargo, fuentes de Sanidad niegan estas críticas y aseguran que se está adaptando el programa de cribado a “aquellas zonas y ámbitos de mayor demanda, con tramos etarios más susceptibles de ser antendidos” con una apuesta “firme y progresiva”.

El portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado en rueda de prensa este miércoles que “no hay listas de espera para el cribado” de cáncer de mama y que la media de espera estaría en “39 días, menos de 15 días cuando hay signo de malignidad”.

“No tiene nada que ver con el programa Deprecam y con Cervicam. En Cervicam no hay lista de espera. En Deprecam la espera para realizarse una prueba es de 39 días a datos de agosto 2026. Estos datos están dentro de los estándares y parámetros asistenciales normales”, han apuntado fuentes de la Consejería de Sanidad a Europa Press.

“De los datos de estas 19.000 mujeres en listas de espera hay muchas de ellas que se encuentran en listas estructurales, o bien en primera en consulta o que no han acudido a la prueba deliberadamente pero que aún permanecen en el sistema”, han asegurado.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón (CC), ha proclamado este miércoles en sede parlamentaria su “plena confianza” en el personal de la Dirección General de Salud Pública, pero ha evitado “reavivar polémicas” en torno a los episodios de contaminación en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz.

La “polémica” surgió después de que se conociera que el agua estaba contaminada por bacterias fecales y que el alcalde lo sabía, pero no procedió al cierre de la playa, que sufre recurrentes episodios de contaminación fecal y que incluso estuvo clausurada al baño durante un año entero por este motivo. Según el alcalde, la comunicación por parte de Salud Pública no llegó por canales oficiales y se limitó a un “correo electrónico”.

Monzón ha dado esta explicación tras ser cuestionada por la diputada del PSOE Tamara Raya, a quien ha reprochado que busque “embarrar aún más y cuestionar si cabe el trabajo de las autoridades sanitarias”, y le ha advertido de que no le va a “seguir el juego en un asunto tan serio como la vigilancia de las aguas”.

Ha afirmado que las actuaciones de los profesionales de Salud Pública “no responden a decisiones personales o arbitrarias, sino que se ajustan a la legislación vigente y a los protocolos y planes aprobados”, sin explicar por qué no informó por los canales oficiales al alcalde, tal y como él explicó.

Tamara Raya (PSOE) le ha recriminado que el Gobierno de Canarias, con su presidente, Fernando Clavijo, al frente saliera “desde el primer minuto a alertar de un riesgo que no existía” por el desembarco del pasaje del crucero en el que se detectó un brote de hantavirus y, sin embargo, “ante un riesgo real testado por los técnicos de Salud Pública” en Playa Jardín el pasado 23 de junio, “ni un responsable de su departamento ni del Gobierno de Canarias haya dado la cara” ante el cuestionamiento de su labor por parte del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que encargó contraanálisis privados.

Raya ha hecho hincapié en que mantener la playa abierta en la Noche de San Juan “puso en riesgo real a más de 5.000 personas” en lo que cree supuso “el colmo del sinsentido: hemos pasado de que la verdad no te estropee un titular a que un científico no te estropee una verbena en año electoral”.

La diputada socialista ha juzgado más grave “el desdén institucional” con el que se ha tratado el cuestionamiento de los científicos que la ausencia de avances en las obras comprometidas por el Cabildo de Tenerife para acabar con los problemas de contaminación en Puerto de la Cruz o que la falta de coordinación entre instituciones.