Numerosos médicos de la Atención Primaria de Canarias han dejado de prestar sus servicios en los centros de salud en los que llevaban años trabajando. Según ellos mismos han relatado a la Diputación del Común, ni siquiera recibieron una notificación de este cambio de destino. Sus quejas, trasladas a esta institución, han provocado que esta inicie actuaciones de oficio por la forma en que se están produciendo estos ceses de profesionales sanitarios, que coinciden con la incorporación del personal derivado del proceso de estabilización del empleo público.

Según indica la Diputación, ya se están ocupando plazas en distintos centros de salud, especialmente en Pediatría, lo que implica el cese de profesionales que desempeñaban sus funciones en comisión de servicio, muchos de ellos con más de diez años de experiencia en el mismo puesto.

Al llegar a consulta, muchos padres y madres, pero sobre todo, los menores, se encuentran con rostros desconocidos al otro lado de la mesa, en lugar de con su pediatra habitual y con quien ya estaban acostumbrados a tratar. “Y sin avisar, con la confianza que ya teníamos”, se queja una madre tras llevar a su hija a un centro de salud situado en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife y descubrir que la pediatra que siempre la ha tratado ya no está.

En algunos casos, los profesionales afectados han trasladado a la Diputación que se han enterado de que ya no ocupan su puesto al acudir a trabajar y encontrar a otra persona en su consulta o al comprobar que su nombre ha desaparecido de los partes de planificación, sin haber recibido una comunicación oficial previa.

Esta forma de proceder deja a los profesionales en una situación de indefinición sobre su puesto de trabajo y evidencia una gestión que, en opinión de la Diputación, no se ajusta a los principios básicos de una actuación administrativa ordenada y garantista.

Además considera que la ausencia de una comunicación formal tiene consecuencias directas sobre los trabajadores afectados ya que al no existir una notificación oficial de su cese, continúan acudiendo a su puesto de trabajo al entender que su situación laboral no ha sido formalmente modificada, lo que genera un escenario de incertidumbre prolongada y un creciente malestar en los equipos.

Agrega que la situación actual se incluye en un conflicto previo que ya fue trasladado a esta institución en 2022 por parte de un colectivo de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria con plaza fija.

En aquel momento, más de 120 profesionales constituyeron una plataforma para denunciar la ausencia de un concurso de traslados previo al proceso de estabilización, al considerar que esta circunstancia les impedía mejorar su destino tras años de ejercicio en el sistema sanitario público.

En la actualidad, el grupo de profesionales afectados se sitúa en torno a 90 y, según la Diputación del Común, se mantiene las preocupaciones sobre el desarrollo del proceso.

La incidencia de estas situaciones se está detectando en ambas provincias, con especial presencia en la de Las Palmas.

Recuerda la Diputación que esta nueva actuación se suma a la queja ya planteada con anterioridad, que continúa su curso por las vías correspondientes.

En este contexto, la Diputación del Común considera necesario poner el foco en la forma en que se están comunicando los ceses, y traslada la urgencia de que se realicen de manera clara, formal y garantista.

Ante estos hechos, la Diputación del Común considera imprescindible que cualquier cese se comunique de forma clara, formal y ordenada, y que se garantice que las personas afectadas conozcan su situación con certeza y se eviten situaciones de desprotección.

Por ello, la institución actuará de oficio para recabar información y mediar ante las administraciones competentes, con el objetivo de que se corrijan estas prácticas y se asegure un procedimiento adecuado en la comunicación de los ceses, en línea con los principios de buena administración.

La Diputación del Común reitera su compromiso con la defensa de los derechos de la ciudadanía y con el correcto funcionamiento de los servicios públicos, especialmente en ámbitos esenciales como la sanidad. 

El convenio singular de privatización sanitaria con el hospital privado religioso Santa Clotilde, que recibirá 256 millones de euros de dinero público en los próximos 16 años, ha protagonizado uno de los debates del Pleno de Presupuestos en el Parlamento de Cantabria. Ha sido con ocasión del debate de la Ley de Acompañamiento, una especie de cajón de sastre donde se modifican leyes y se incluyen algunas medidas fiscales que afectan a cualquier área del Ejecutivo.

Así, durante el desarrollo del debate, el diputado del PSOE y exconsejero de Sanidad durante la pasada legislatura, Raúl Pesquera, ha criticado la medida que ha introducido el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) -vía enmienda pactada con el PP- para que el Gobierno autonómico rinda cuentas anualmente en el Parlamento sobre el convenio singular con el hospital Santa Clotilde y sus respectivas adendas.

Un convenio que ha llevado a los tribunales la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública que también ha impugnado administrativamente la formación política Podemos. Además, el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo ha admitido a trámite el recurso presentado por Izquierda Unida Cantabria contra la resolución por la que se modifica el convenio singular de vinculación del Hospital Santa Clotilde de Santander.

Pesquera ha calificado de “milonga” la enmienda regionalista y la ha atribuido a que los diputados del PRC facilitaron con su voto que exista el convenio singular el año pasado, al aprobar una modificación en la ley que permite externalizar servicios sanitarios con entidades sin ánimo de lucro, como ha ocurrido con Santa Clotilde. “Ahora quieren enmendar su error”, ha reprochado.

Desde la tribuna parlamentaria, el diputado socialista ha explicado que estos convenios existen en España desde 1986, pero nunca han sido necesarios en Cantabria hasta el año pasado. En opinión del exconsejero de Sanidad, el Gobierno del PP ha creado así la “sanidad concertada, que antes no existía” y por eso no estaba recogido en la ley autonómica. Por eso, antes no se contaba a los médicos de Santa Clotilde como parte del sistema público de salud y ahora sí, según ha precisado.

Y es que desde el 1 de enero de 2026, el Servicio Cántabro de Salud (SCS) reconoce los méritos profesionales del personal que trabaja en el hospital privado Santa Clotilde como si fuesen personal público. Antes no se reconocían porque trabajaban en una entidad privada. “Desde el 1 de enero sí se cuentan porque están incorporados al Sistema Nacional de Salud, artículo 1 del convenio que han firmado. Ahora sí, antes no. Eso es nuevo”, ha denunciado Pesquera.

“Ustedes lo facilitaron con su voto” -se ha dirigido al PRC- “y, por tanto, ustedes son cómplices de que haya un convenio singular con Santa Clotilde”. Pesquera ha dicho que su partido lo avisó en las comisiones y que ahora “no pueden venir a lamentarse”. El Parlamento no tiene ninguna capacidad ejecutiva para rescindir un convenio por lo que no considera operativa la propuesta regionalista. “Tendremos Santa Clotilde para cinco legislaturas por lo menos”, ha advertido. “Tendremos 20 años de actividades sanitarias que deberían realizarse en el sistema público”, ha reiterado.

“Con lo beligerante que ha sido Paula Fernández [candidata electoral del PRC] con la sanidad, con qué poco se ha conformado”, ha subrayado durante su intervención, enla que ha lamentado que su aportación al presupuesto haya sido mover de destino una partida de cinco millones de euros ya que “no se ha aportado presupuesto adicional”. “Son ustedes los facilitadores de las politicas del Gobierno regional, ustedes les colocaron en el Gobierno y les aprobaron los presupuestos”, ha afeado a los regionalistas.

Pesquera ha subrayado que defender los servicios públicos “también es gestionarlos, que no consiste solo en aumentar el dinero que se gasta sino gastarlo de forma adecuada”. “Ustedes aumentan el presupuesto, pero no lo gestionan y si pueden lo externalizan para que sean otros los que gestionen ese dinero”, ha criticado al PP.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, le ha replicado que el convenio privatizador con Santa Clotilde ha existido y seguirá existiendo y los ciudadanos quieren saber que se cumplen los compromisos que recoge. Eso se consigue, a su juicio, haciendo que el Gobierno vaya cada año a rendir cuentas al Parlamento. “Hay otra vía, la judicial, que está abierta para quien quiera impugnarlo”, le ha recordado al PSOE. 

Decenas de profesionales de los servicios de Traumatología, Anestesia y Digestivo han anunciado en las últimas horas que no realizarán horas extra, las conocidas como peonadas, para reducir las listas de espera. Denuncian sentirse “señalados” por el Departamento de Salud que dirige Fernando Domínguez (Geroa Bai) como “responsables” del aumento del número de pacientes que aguardan por una primera consulta o por una cirugía.

Este anuncio aumenta la crisis generada en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en los últimos meses por los malos datos en las listas de espera, especialmente en Traumatología, especialidad que acumula 14.461 pacientes en lista para una consulta. En verano el consejero anunció que intervendría el área para tratar de reducir las listas, y hace unas semanas anunció un proyecto piloto de pago de incentivos a médicos por atender a más pacientes. Dos medidas que no se consultaron con el personal de Osasunbidea y que han generado rechazo entre la plantilla, que este fin de semana ha anunciado que no hará horas extra.

Al personal de Traumatología del Hospital Universitario de Navarra (HUN), el más grande de los tres públicos que hay en la comunidad foral, se le ha sumado en las últimas horas el de Anestesia y Digestivo, que también han anunciado su negativa a hacer 'peonadas'.

El Departamento de Salud ha considerado “legítima” esta decisión de los profesionales del HUN, si bien ha mostrado su “preocupación” por cómo afectará la negativa a hacer horas extra a los datos de las listas de espera. También ha expresado su “compromiso y firme objetivo de mejorar la atención sanitaria de toda la ciudadanía navarra como principal meta de toda nuestra gestión” y ha señalado que “la actividad extraordinaria es una de las herramientas de gestión puestas a disposición del sistema para atender la demanda actual que no se llega a cubrir con la jornada ordinaria de 8 a 15 horas”.

“Hoy en día no hay posibilidad de contratar más profesionales del estamento médico de muchas especialidades y, por ello, invertimos parte de nuestro presupuesto en financiar esta jornada extra que nos permite atender a más pacientes por las tardes”, ha explicado.

Sin embargo, el Departamento ha precisado que “esta actividad es voluntaria”. “Desde la Administración no sé puede obligar a hacer esta actividad. Hasta ahora hemos encontrado la disposición de los y las profesionales para ello, pero en los últimos días algunos han anunciado que no lo harán en los próximos meses. Una decisión legítima, aunque nos preocupa el impacto que tendrá sobre las listas espera”, ha subrayado.

Desde Salud han explicado que se mantiene esta herramienta “para todos aquellos profesionales que quieran sumarse a ella”. “En los próximos días, a diferentes niveles, mantendremos encuentros con los profesionales para intentar conocer sus reivindicaciones y atenderlas dentro de las posibilidades y la normativa vigente con el fin de amortiguar lo máximo posible el impacto. Diálogo y mano tendida a trabajar en conjunto y colaboración, reiterando nuestro compromiso con la ciudadanía y con su atención sanitaria, corrigiendo las ineficiencias del sistema y respetando los derechos de nuestros profesionales”, han señalado.

UPN pide la dimisión del consejero y los socios del Gobierno reclaman más medidas

La crisis en Osasunbidea ha saltado también al escenario político. UPN y PP han pedido la dimisión del consejero de Salud, Fernando Domínguez, a quien han señalado como responsable de la crisis generada con el personal sanitario y los malos datos de listas de espera y han reclamado a la presidenta, María Chivite, que asuma “responsabilidades”. “El consejero no tiene ni la confianza del conjunto de los profesionales sanitarios ni, evidentemente, de la sociedad navarra. Y Chivite no puede mirar hacia otro lado, algo tendrá que hacer. Es la presidenta del Gobierno. Es la máxima responsable”, ha señalado Javier Esparza, portavoz de UPN.

Mientras, los socios del Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) han mostrado su respaldo al consejero, si bien han coincidido en apuntar la necesidad de “reformas” en el sistema para mejorar los datos. En la misma línea EH Bildu, socio presupuestario, ha reclamado soluciones para “problemas estructurales” que a su juicio no se solucionan con horas extra.

El vicepresidente del Sindicato Médico de Cantabria, Santiago Raba, ha cifrado en el 60 por ciento el seguimiento de la primera jornada de esta nueva semana de huelga de facultativos, mientras que la Consejería de Salud señala que no llega al 20 por ciento el número de médicos que la ha secundado.

En declaraciones a EFE, Raba ha insistido en que el paro de los médicos, en contra del estatuto marco que regula la profesión y que plantea el Ministerio de Sanidad, esta teniendo las mismas cifras de seguimiento que en las dos huelgas anteriores.

Fuentes de la Consejería de Salud, han precisado que un 19,66 por ciento de los médicos de Cantabria ha secundado este nuevo paro en el turno de mañana y ese porcentaje ha bajado al 6,67 por ciento entre los médicos que trabajan por la tarde.

Raba ha explicado que la diferencia en los porcentajes se da porque hoy, lunes, libran los facultativos que han hecho guardia el sábado y el domingo, y la Consejería contabiliza al total de médicos.

Ha admitido que, desde el sindicato, se esperaba “más desgaste” por ser la tercera semana huelga en 2026 y la cuarta desde diciembre del año pasado, cuando comenzaron las movilizaciones, pero están “sorprendidos y satisfechos” con el seguimiento, que esperan que sea “estable” durante las cinco jornadas.

Ha precisado que en esta semana de huelga, los médicos no harán movilizaciones en Cantabria porque “los ciudadanos ya entienden el conflicto” por el que los médicos protestan y que solo habrá manifestaciones frente al Ministerio de Sanidad, en Madrid.

Los médicos están convocados a una huelga semanal cada mes desde que empezó el año, para exigir al Ministerio un estatuto marco regulatorio de sus condiciones laborales que tenga en cuenta a los facultativos para decidir sobre las cuestiones que afectan a su profesión. 

Los sindicatos médicos han arrancado este lunes su tercera semana de huelga en lo que va de año. Las movilizaciones tienen como objetivo principal reclamar un estatuto propio y ámbito de negociación específico, que les permita pactar sus propias condiciones laborales, al margen del resto de personal del sistema sanitario. Los paros de este lunes se alargarán hasta el jueves y llegan en un momento de plena tensión con el Ministerio de Sanidad, después de que la semana pasada saltaran por los aires los intentos de resolver el conflicto.

“La falta de propuestas reales que den respuesta a las principales reivindicaciones médicas ha llevado el Comité de Huelga a mantener el calendario de movilizaciones tal y como se fijó el pasado mes de enero”, indican las organizaciones, pese a las cuatro reuniones mantenidas con Sanidad desde el último paro, en marzo. Los sindicatos médicos acordaron a principios de año mantener una semana de huelga mensual, al menos, de febrero a junio.

La última propuesta de Sanidad pasaba por la creación de mesas técnicas a nivel autonómica, en las que estuvieran presentes estas organizaciones, en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público. Algo que el Comité de Huelga rechazó al estimar que no daba las garantías necesarias, por estar supeditadas a las mesas generales donde no se sienten representados por los sindicatos de clase, que son los que obtienen mayor representación.

“Yo no decido quién se sienta en la mesa de negociación sindical, ¿quién lo decide? Las elecciones”, afeaba la ministra Mónica García durante su comparecencia en la comisión de Sanidad del Senado el pasado jueves. En una entrevista concedida a elDiario.es y publicada este lunes, García afirma que se ve “atada de pies y manos”: “Hemos llegado cuatro veces a acuerdos y nada más salir por la puerta, los que firman el acuerdo, lo rompen”.

La comparecencia de la ministra en el Senado, donde acusó a los sindicatos de ser “desleales” con la negociación, por anunciar que continuarían con la huelga pese a tener una reunión pendiente el mismo jueves provocó el enfado de los sindicatos, que exigieron la dimisión de García por “la reiterada manipulación del relato en los últimos meses”.

Al margen de la huelga a nivel nacional, varios sindicatos médicos han convocado en varias comunidades huelgas autonómicas coincidentes con la nacional “para reclamar competencias propias a sus respectivos gobiernos”, indicaban en un comunicado.

Es el caso de Aragón, que tuvo paros ya del 20 al 24 de abril; la Comunitat Valenciana, esta semana; Canarias, que alargará del 30 de abril al 4 de mayo; y Catalunya, este mismo lunes, y Madrid, hasta el jueves.

Mónica García (Madrid, 1974) ha decidido oficialmente dar un paso al frente. Pretende ser la candidata de Más Madrid para intentar arrebatarle la mayoría absoluta a una presidenta autonómica que considera que encarna ahora “muchísimo mejor que Abascal” las políticas de la extrema derecha. Que no necesita a Vox porque, ideológicamente, es Vox. Y todo ello mientras Madrid se torna “más desigual, más difícil, más inaccesible”. Un Madrid “pensado para los fondos buitre”. Eso sí, un Madrid que, según las encuestas, podría volver a aupar al poder a Isabel Díaz Ayuso de cara a las próximas elecciones de 2027.

La suya es la única candidatura oficial anunciada, aunque otras figuras, como la de Emilio Delgado, han dejado la puerta abierta a presentarse también. “Hay algo que nos está pidiendo la ciudadanía, que es que dejemos de mirarnos el ombligo y vayamos todos a una, tanto a nivel regional como estatal”, dice García, en conversación con elDiario.es. “Nuestro adversario no está entre nosotros, está enfrente, es Ayuso, es el Partido Popular”, aunque también “los fondos buitre, los oligarcas, Trump o Netanyahu”.

La también ministra de Sanidad lleva estas últimas semanas bajo el foco mediático por el conflicto entre el Ministerio y los sindicatos médicos, que ha acabado en nuevas jornadas de huelga tras la última propuesta de la cartera que dirige García. “A los que me llaman traidora y dicen que tengo que dimitir, creo que les hubiera traicionado si hubiera dejado en el cajón estas mejoras y no hubiera hecho nada”, responde García.

Acaba de anunciar que se postula de nuevo para las primarias de Más Madrid. ¿Por qué ha decidido dar este paso? ¿Cuándo tomó la decisión?

Nunca me he ido de Madrid. Independientemente de que sea ministra de Sanidad, siempre he tenido el alma dividida entre la sanidad y la otra pasión, que es Madrid. Madrid es un freno para el avance de España. Todas las políticas progresistas que hemos puesto en marcha desde el Gobierno no han permeado a los madrileños y madrileñas. Y eso es porque tiene un gobierno que está haciendo un búnker ideológico y es el laboratorio de las políticas trumpistas y de la ultraderecha. Necesitamos cambiar la pieza de Madrid para cambiar el avance del resto de España.

Si finalmente es la candidata, ¿tiene pensado continuar en el Gobierno hasta que se anuncien las elecciones o pretende dejar el Ejecutivo antes?

No, nos queda un año en el Gobierno. Nos quedan muchas reformas y muchas transformaciones de nuestra sanidad pública por hacer. Desde que hemos llegado hemos impulsado medidas que llevaban en el cajón diez, quince o veinte años. Igual que estamos celebrando ahora los 40 años de la Ley General de Sanidad, necesitamos darle un impulso a nuestro sistema público, que es el eje vertebrador de nuestro estado de bienestar y que nos permite reconocer a la sociedad tal y como la reconocemos: una sociedad que no le pregunta a ningún paciente de dónde es, ni de dónde viene, ni cuánto dinero tiene en la cartera, sino qué le pasa y en qué le puede ayudar.

En las elecciones autonómicas de 2023, Más Madrid consiguió ser segunda fuerza en la Asamblea. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Cada vez que nos hemos presentado en Más Madrid hemos tenido más respaldo, más escaños y más reconciliación de la gente con la política. Ha cambiado que tenemos un Madrid más desigual, más difícil, más duro, más caro, más inaccesible. Un Madrid que no está pensado, ella misma lo dice, para los madrileños y los ciudadanos: está pensado para los fondos buitre. Ella quiere que Madrid sea Miami y yo quiero que Madrid sea Madrid. 

Madrid tiene un gobierno que está haciendo un búnker ideológico y es el laboratorio de las políticas trumpistas y de la ultraderecha. Necesitamos cambiar la pieza de Madrid para cambiar el avance del resto de España

También ha cambiado la percepción que se tiene de las políticas ultraneoliberales. Parecía que la señora Ayuso era una derecha supuestamente moderada y lo que ha hecho durante todos estos años ha sido materializar las propuestas más ultras. Ya no solo de Vox, sino las iniciativas de Trump, de Netanyahu y de toda esa Internacional del odio. Por eso creo que cambiar la pieza de Madrid va a ser algo fundamental. Nos lo va a agradecer el espacio progresista, pero también creo que nos lo va a agradecer la derecha moderada de este país.

Y, sin embargo, las encuestas para Madrid apuntan a que Ayuso podría revalidar su mayoría absoluta. ¿Cómo lo explica? ¿Qué ha hecho mal la izquierda?

Para darle la vuelta a la tortilla hay que tener en cuenta que la tortilla lleva pegada a la sartén 30 años. Ese búnker ideológico que hace que nada de la buena política pueda permear a los madrileños y madrileñas provoca que tengan cierta desconfianza a que la política les resuelva sus problemas. Sin embargo, desde el Gobierno hemos resuelto algunos de esos problemas. Hemos transferido a la Comunidad de Madrid muchos miles de millones de euros más de los que le transfería el señor Feijóo. Y eso no se ha visto: no se ha materializado ni en los sueldos de los profesionales sanitarios, ni en los centros de salud, ni en la educación, ni en la vivienda, ni en la facilitación de la vida ni en un Madrid más verde.

Ayuso encarna muchísimo mejor que el señor Abascal todas las políticas de la ultraderecha.

Ese búnker ideológico viene acompañado de un búnker mediático que hace que las buenas noticias no permeen a la ciudadanía madrileña. Y ese es nuestro trabajo, ir municipio a municipio, puerta a puerta, explicando que podemos tener un Madrid infinitamente mejor que el que tenemos.

En los últimos días, PP y Vox han pactado en dos comunidades diferentes. Uno de los puntos más comentados del acuerdo ha sido el concepto de ‘prioridad nacional’. Abascal ya ha adelantado que quieren incluirlo también en otros territorios. Aquí Ayuso, por ahora, se ha mostrado contraria. ¿En caso de que el PP de Ayuso necesite a Vox porque no consiga la mayoría absoluta, cree que cederían también en este asunto?

Ayuso no necesita a Vox porque encarna la mayoría de las políticas que dice Vox. Más allá de un aspecto muy concreto de esta prioridad nacional, en todo lo demás está a favor. La señora Ayuso ha criticado la sanidad universal, la regularización de los migrantes y todo aquello que nos hace ahora mismo el faro moral del mundo. Ha criticado al Gobierno por condenar un genocidio y por enfrentarse a Trump. 

Ayuso encarna muchísimo mejor que el señor Abascal todas las políticas de la ultraderecha. Nosotros tenemos una prioridad nacional: la sanidad universal y que no tengamos una universidad asfixiada. Nuestra prioridad nacional es que tengamos la factura de la luz más baja de toda Europa o que tengamos una transición ecológica, que tengamos unas ciudades verdes, futuro para los jóvenes. Y, sobre todo, que el acceso a la vivienda cumpla con el artículo 47 de la Constitución. Son diferentes prioridades y yo creo que las de Ayuso y las de la derecha han estado claras durante todos estos años.

En el acto donde se postuló como candidata defendió que lo haría sin “renunciar a ninguna bandera”. Su compañero Emilio Delgado sostiene que la izquierda tiene que cambiar su discurso en cuestiones como feminismo o como inmigración para atraer a una parte de la población que ha caído en manos de la extrema derecha. ¿Cree que son compatibles estas dos posturas?

Claro que son compatibles. Por eso digo que no tenemos que renunciar a ninguna bandera. Es compatible defender que tenemos que llegar a unas capas de la población más amplias, sin olvidar a las que hemos defendido y tenemos que seguir defendiendo. Es compatible hablar de las familias trabajadoras con que hay determinados colectivos que han estado históricamente marginados, que también tienen los problemas de los trabajadores y las trabajadoras.

No podemos dejar caer ninguna de las banderas, ni del colectivo LGTBI, ni de las mujeres trans, ni del feminismo, ni de los migrantes. Porque son precisamente esas banderas las que la ultraderecha ha ido a atacar en primera línea

El feminismo nos ha traído no solo el concepto de igualdad, sino una sociedad mejor. No podemos renunciar a esa bandera. Entre otras cosas porque las mujeres no somos una minoría, no somos una identidad que haya que proteger. No podemos dejar caer ninguna de las banderas, ni del colectivo LGTBI, ni de las mujeres trans, ni del feminismo, ni de los migrantes. Porque son precisamente esas banderas las que la ultraderecha ha ido a atacar en primera línea. 

Esto es perfectamente compatible con defender a la clase trabajadora. ¿Cómo lo hemos hecho? Aumentando el salario mínimo interprofesional, disminuyendo a la mitad el paro juvenil, disminuyendo la brecha entre hombres y mujeres en nuestro país. Nosotros no competimos con los de al lado. Los derechos no compiten entre sí. Nosotros competimos con quienes desde arriba nos están robando la sanidad, quienes nos están robando el derecho a la vivienda y que nos están robando el derecho a las oportunidades de tener una vida mejor. Contra esos competimos, no competimos entre nosotros.

Delgado abrió la puerta en una entrevista en octubre del año pasado a postularse a unas primarias. ¿Habló con él antes del anuncio del sábado para explicarle su intención?

Obviamente. No solamente he hablado con él, sino que llevamos hablando con él muchos meses sobre cómo podemos combatir a Ayuso juntos. Nos necesitamos todos. Esto no es ni tú ni yo, somos un nosotros que esperamos ampliar. En Más Madrid tomamos las decisiones de forma colectiva.

Hay algo que nos está pidiendo la ciudadanía, que es que dejemos de mirarnos el ombligo y que vayamos todos a una, tanto a nivel regional como a nivel estatal. Nuestro adversario no está entre nosotros, está enfrente, es Ayuso, es el Partido Popular

Por supuesto que le avisé, como también avisé al presidente del Gobierno y él me dijo que más o menos ya lo sabía porque yo durante los años que llevo de ministra nunca me he ido de Madrid. He estado en los barrios, he estado con mi organización haciendo calle, que es lo que necesitamos. Todos necesitamos la fuerza de Emilio, la templanza de Manuela, el arrojo de Rita Maestre, de Carla Antonelli, de nuestras diputadas en el Congreso y nuestras concejalas y concejales. 

¿Y le ha dicho Delgado si tiene intención de postularse? 

Lo que me ha dicho es que quiere acabar con Ayuso. Y cuando yo le dije que me iba a presentar me dijo que le parecía bien. Y, de hecho, le tendí la mano ayer para que fuéramos juntos, como se la he tendido a todos aquellos compañeros y compañeras de la organización que queremos ir a una. 

Hay algo que nos está pidiendo la ciudadanía, que es que dejemos de mirarnos el ombligo y que vayamos todos a una, tanto a nivel regional como a nivel estatal. Hay algo que ha calado, que trasciende a la unidad de la izquierda y que tiene que ver con que seamos capaces de entender quién es nuestro adversario. Nuestro adversario no está entre nosotros, está enfrente, es Ayuso, es el Partido Popular, que no ha sido capaz de poner ni una sola medida de mejora de la vida de la gente encima de la mesa. Nuestro adversario son los fondos buitre, los oligarcas, Trump, Netanyahu. No nos podemos equivocar de adversario y nos podemos equivocar tampoco de rumbo en el mapa.

Hablando de Ayuso, ahora mismo tiene varios frentes judiciales abiertos. El próximo 6 de mayo Miguel Ángel Rodríguez [su jefe de gabinete] tendrá que declarar como investigado por haber difundido los nombres de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. ¿Qué opinión le merece?

Están en su peor momento. Todos los frentes judiciales se los ha ido abriendo ella con tesón y muchos tienen que ver con su manera de entender la política y el poder. No tiene que ver con esa vocación de servicio público sino con una manera de entender el poder muy personalista que se ejerce a través del miedo y de la crueldad. Cualquiera que haya estado siguiendo a la señora Ayuso durante estos años ha visto lo cruel que ha sido, por ejemplo, con las familias de los mayores de las residencias, con los niños y niñas palestinos o con algunos compañeros suyos de partido, empezando por el señor Casado.

Esa manera de manifestar el poder con crueldad, con odio, con miedo y con mentiras le va a pasar factura. La ultraderecha del odio está empezando a estar de capa caída. Lo hemos visto con Viktor Orbán en Hungría y el siguiente paso es la señora Ayuso. 

Un juzgado acaba de admitir la querella de la exconcejala de Móstoles por acoso sexual y laboral contra el alcalde de esa localidad. Ayuso ha salido a defender a Manuel Bautista. Me pregunto cómo se debería actuar en este caso y qué mensaje se traslada desde las instituciones, especialmente a las mujeres.

Voy a dar la vuelta a la pregunta, porque no es desde las instituciones, es desde el PP. Las mujeres en el Partido Popular no están protegidas. Las mujeres en el resto de partidos hacemos para que estén protegidas. En el PP están al albur de los acosadores sexuales y laborales. Si te pasa, no vas a tener el apoyo de tu presidente ni de tu partido y lo que te van a aconsejar es que estés calladita. Ese es el mensaje que se le da a las mujeres del PP.

Todos los frentes judiciales de Ayuso se los ha ido abriendo ella con tesón y muchos tienen que ver con su manera de entender la política y el poder. No tiene que ver con esa vocación de servicio público sino con una manera de entender el poder muy personalista que se ejerce a través del miedo y de la crueldado

A las mujeres de la sociedad le estamos dando otro mensaje. Tenemos que proteger a las mujeres de los acosadores sexuales y de los acosadores laborales desde las instituciones, desde las organizaciones políticas, desde las empresas. Cuando Ayuso protege a todo aquel que tiene un mínimo rastro de duda de acoso sexual o laboral, como puede ser el señor Bautista o el señor Plácido Domingo o el señor Julio Iglesias, lo que le está diciendo a las mujeres es: yo no te voy a proteger. Es más, voy a proteger al acosador. 

Cuando la concejala fue a Ayuso a pedirle ayuda, lo que se encontró es una puerta cerrada. Eso no ocurre en el resto de organizaciones políticas. Por lo menos en Más Madrid no ocurre ni ha ocurrido nunca. Siempre estamos con la víctima.

La Comunidad de Madrid ha perdonado 71 millones a Quirón y Ribera Salud después de asumir y tratar a sus pacientes. ¿Usted cree que es viable este modelo de sanidad? ¿Qué propone?

La señora Ayuso y el PP en la Comunidad de Madrid se han montado un subsistema sanitario para seguir alimentando a Quirón, más a Quirón que a Ribera Salud, del proyecto que tendría que ir a la sanidad pública para beneficio privado de sus amigos. No solamente son los 71 millones que les ha perdonado. Cuando tú no cobras una deuda, estás presuntamente malversando dinero público porque con esos 71 millones podrías haber contratado a 1.200 profesionales sanitarios. Son los 5.600 millones, que es la mitad del presupuesto para sanidad de un año, que se le ha dado en los últimos cinco años a Quirón. Es un artículo pagado por personas de Quirón que decía que lo hacían muchísimo mejor que la sanidad pública. Y Ayuso puso un tuit diciendo que qué bien lo hace Quirón, qué mal la sanidad pública. Que la sanidad pública tiene peores resultados, la que ella gestiona. Sabiendo que, de los 32 hospitales que tiene Madrid, solo cinco son del modelo sanitario que ella defiende. Los otros no van con ella. Si fuera eso real, tendría que estar cesando a la consejera de Sanidad inmediatamente.

Como venimos recordando con esta Ley General de Sanidad, los negocios y la protección de la salud colisionan. No se puede hacer negocio con la salud. El que quiera hacer negocio que lo haga en otro sitio.

En la última semana se han tensado aún más las relaciones con el comité de huelga. De hecho, los sindicatos de médicos han llegado incluso a pedirle su dimisión. ¿Es posible desbloquear este conflicto?

Dos no acuerdan si uno no quiere. El comité de huelga ha roto unas negociaciones que estaban yendo bien desde hace varias semanas y las ha roto porque tienen una visión del conflicto que es el conflicto en sí mismo. En las últimas semanas a la mesa de negociación no han llevado las reivindicaciones legítimas de los profesionales, las cuales yo agradezco porque son el fruto de un malestar de 20 años y han hecho que tengamos la normativa del Estatuto marco más ambiciosa que podríamos tener. Pero cuando el comité no lleva esas reivindicaciones, sino que lleva una propia como es tener sillas en las mesas de negociación saltándose la ley electoral, lo siento, pero una negociación en la que pides algo ilegal o irreal no es una negociación.

Algunas de las demandas son imposibles. Y cuando alguien viene a demandar algo imposible, no quiere resolver el conflicto, quiere poner alguna excusa para poder mantenerlo

Desde el Ministerio hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Hemos asumido la disminución de las horas de guardia, la disminución de las guardias, la conciliación, la materialización de la estabilidad en el empleo en nuestro sistema sanitario para que no haya nadie que esté más de dos años con un empleo interino. Todas aquellas normativas europeas no solo las hemos cumplido sino que las hemos rebajado. Europa dice que como máximo un facultativo puede trabajar 48 horas. Nosotros hemos puesto un plazo para que pasemos a 45, luego a 42 y luego a 40 horas semanales. Pero para que se cumplan todos esos límites, las comunidades autónomas tienen que contratar recursos. Yo no puedo hacer menos guardias si no tengo más compañeros para dividirme las guardias. 

Hay cosas que son imposibles. Una de las cosas que nos pedía el comité de huelga es que las guardias fueran voluntarias. Ante todo, la Ley General de Sanidad nos dijo que los facultativos y los profesionales sanitarios éramos servidores públicos 24 horas, siete días de la semana. Algunas de las demandas son imposibles. Y cuando alguien viene a demandar algo imposible, no quiere resolver el conflicto, quiere poner alguna excusa para poder mantenerlo.

Aun así, nosotros nos hemos reunido ya 28 veces, nos reuniremos las veces que haga falta. Hemos propuesto diferentes alternativas. Les hemos pedido tanto nosotros como las comunidades, como los pacientes, la Organización Médica Colegial, o el Foro de la Profesión Médica, que suspendan la huelga mientras seguimos encontrando soluciones y no ha habido manera. No puedes acordar con una mano y romper el acuerdo con la otra. Es un flaco favor a las pretensiones legítimas de mejora de las condiciones. 

Mencionaba antes a las comunidades. ¿Cree que están colaborando con el Ministerio?

Hay comunidades que están colaborando con el Ministerio, algunas también del PP. Incluso las hay que ya han pactado con sus comités de huelga de médicos salidas al conflicto que van en la línea del Estatuto marco. Y hay otras que están poniendo todos los obstáculos posibles para que el conflicto se mantenga, a pesar de que esto repercute en sus listas de espera, en sus pacientes y en el ánimo de los profesionales. 

¿Y cuáles son los próximos que pretende dar el Ministerio de Sanidad?

Me veo atada de pies y manos, porque hemos llegado cuatro veces acuerdos y nada más salir por la puerta, los que firman el acuerdo, lo rompen. Pido responsabilidad al otro lado. 

En 22 años que he estado trabajando en el hospital nunca he oído a ninguno de los sindicatos que hoy reclaman la huelga decir que hay que acabar las guardias de 24 horas. Nunca he oído a un sindicato médico decir que va a hacer movilizaciones para mejorar las condiciones laborales. Ha sido llegar nosotros al Ministerio de Sanidad y remover toda la legislación que llevaba 20 años obsoleta, para plantear el mayor conflicto de la sanidad. No encaja.

Los que me llaman traidora y dicen que tengo que dimitir, creo que les hubiera traicionado si hubiera dejado en el cajón estas mejoras y no hubiera hecho nada. Desde que hemos llegado al Ministerio hemos sacado el Estatuto marco, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, el Real decreto que regula las condiciones laborales de los MIR y de los EIR y de todos los residentes de nuestro país. Todo eso estaba sin tocarse y sin reivindicarse. 

Comentaba antes que la sanidad pública forma parte de su prioridad nacional. También mencionaba la vivienda, que en Madrid es uno de los problemas más acuciantes. El Gobierno de Ayuso se ha negado a aplicar la Ley de Vivienda. ¿Qué propone en este sentido Más Madrid?

Pues muy sencilla la propuesta, muy difícil el problema porque es un problema que llevamos arrastrando desde hace muchos años. En regiones como Madrid, el 40% de los ciudadanos dice que su principal preocupación es la vivienda. Está afectando a nuestra salud mental. 

Madrid es una región tensionada, no una zona tensionada, y el Partido Popular tiene que contarnos de qué lado está, si está del lado de la señora Ayuso y los especuladores o está del lado de los ciudadanos

Hay que hacer muchas cosas radicales a la vez, no solamente construir vivienda pública. El Plan Vive de la señora Ayuso ha sido un fraude más. No solo en número de viviendas, sino en el precio, que es el mismo del mercado. Hay que construir vivienda pública, hay que retener esa vivienda para que no pase al mercado. Y hay que poner un torniquete en esta sangría que es la prórroga de los contratos de alquiler. Tenemos dos días para convencer a la sociedad. El 74% de la población quiere que se prorroguen los contratos de alquiler, porque no podemos hablar de proteger a la ciudadanía en su cesta de la compra, en su gasto de electricidad o en su gasto en gasoil y no protegerla en lo más importante, que es la vivienda.

Y esa protección tiene que ver con que la gente pueda vivir tranquila, que no se expulse a las familias de los barrios. Es algo de sentido común. Y la señora Ayuso apuesta en su modelo de sociedad por un mercado especulador y voraz que se está haciendo con el futuro de los niños y las niñas. 

Madrid es una región tensionada, no una zona tensionada, y el Partido Popular tiene que contarnos de qué lado está, si está del lado de la señora Ayuso y los especuladores o está del lado de los ciudadanos. Por una vez en su vida tiene una oportunidad en toda la legislatura para demostrar de qué lado está.

¿Está de acuerdo con las propuestas de la ministra de Vivienda? ¿Considera que son suficientes?

Nosotros siempre hemos dicho que no son suficientes porque necesitamos abordar el problema del alquiler y necesitamos abordar el problema de las prórrogas de los alquileres. No basta con crear vivienda pública o construir. Necesitamos todo el arsenal de medidas y por eso hemos empujado al PSOE.

Por ejemplo, no estamos del todo de acuerdo con las rebajas fiscales a los caseros. Pero no solo por algo ideológico, sino porque no funcionan. Es un bizum que le damos del dinero de los impuestos directamente a los caseros. 

[El problema de la vivienda] es un destrozo social de tal calibre que tenemos que poner todas las medidas y ser todo lo radicales que tengamos que ser

Necesitamos medidas que nos cubran y que protejan al inquilino, a la gente que quiere comprar una casa, la gente que quiere tener acceso a una vivienda pública y medidas que bajen el mercado. Después de una crisis de vivienda, siempre va una crisis social y una crisis económica. Mientras, en estos años se van a forrar los de siempre, los grandes fondos, los grandes tenedores, ya estamos viendo las cifras en las cuales hoy está absolutamente sobredimensionado el mercado de los grandes tenedores, mientras que ese supuesto rentista que solo lo hace para compensar su renta o su pensión, es mínimo. 

Usted decía que el próximo martes se va a votar el decreto de los alquileres en el Congreso. ¿Dan por perdido ya el voto de Junts?

No lo damos por perdido, porque este problema también lo tienen los catalanes. Los catalanes y catalanas también están con el agua al cuello con sus alquileres y están pensando si se pueden quedar en su ciudad. Afecta transversalmente a todo nuestro país. 

Lo que se pide es una cosa muy sencilla que dice la Constitución, no es un invento de Sumar o de un ministro. Lo que dice la Constitución es que los poderes públicos tenemos que velar porque no se especule con la vivienda. Eso conlleva no solo malestar, también desarraigo, que la gente tenga que irse a vivir a 50 kilómetros de donde tiene que trabajar. Es un destrozo social de tal calibre que tenemos que poner todas las medidas y ser todo lo radicales que tengamos que ser. 

En estos meses estamos viendo movimientos por parte del espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE. En Podemos existe también el debate sobre la posibilidad de hacer primarias abiertas conjuntas con otras fuerzas políticas. ¿Estaría usted a favor de un proceso con el resto de organizaciones para elegir al candidato de la izquierda?

Bueno, es que nosotros llevamos meses en ese proceso. Varias fuerzas progresistas, las que nos juntamos en el año 2023 para gobernar y para contener a la derecha de la ultraderecha. Lo hemos llamado la Alianza de las Fuerzas Progresistas. 

Nunca en este país hemos tenido a las fuerzas progresistas tan cohesionadas como estamos ahora, pensando cómo ponemos en marcha las mejores políticas públicas y defendemos al Gobierno de España. Porque son las políticas del Gobierno las que nos están poniendo como faro moral del mundo y las que reavivan los rescoldos de la socialdemocracia europea. No han salido de Ferraz, han salido de años de izquierda transformadora. 

Hemos encontrado ya un consenso de abordar el momento actual y el contexto actual de manera conjunta, de manera fraterna. Y esto no había ocurrido nunca. Nadie nos tiene que decir cómo tenemos que hacerlo y cuáles son las recetas que ya desde hace muchos años estamos trabajando en ellas.

¿Tiene usted algún nombre en mente que pueda liderar este hipotético espacio?

No tengo ninguno y tengo muchos. Creo que al final llegaremos al quién y de manera consensuada. Espero que no haya una sola persona, sino muchas que se hagan cargo de este espacio. Nos necesitamos todos. Estamos ahora en el cómo, sabemos el para qué y ya encontraremos el quién.

Se ha hablado mucho del nombre de Gabriel Rufián. ¿Usted lo contempla como posible candidato?

Yo lo contemplo todo y no contemplo nada. Tendremos que decidir entre todos cuáles son las personas que pongamos al frente de este espacio progresista que tiene que responder a las sensibilidades que hemos construido. A mí Rufián me parece que no solo ha puesto encima de la mesa una preocupación legítima, la de cómo afrontamos esta ola reaccionaria. Me encanta escucharle mover el avispero e intentar proponer ideas. 

Necesitamos todas las herramientas porque ahora mismo estamos en una lucha desigual y muchas veces la izquierda nos hemos fustigado. Hemos estado resistiendo a este embiste y ahora tenemos que ir a la carga, motivo por el cual yo he dado un paso al frente en la Comunidad de Madrid. Si el principal laboratorio de las políticas más ultras se está dando en Madrid, donde tenemos que ir es a la raíz del problema que es Madrid.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) afronta desde este lunes 27 al próximo 30 de abril una nueva semana de huelga médica contra el Estatuto Marco impulsado por el Gobierno central. En términos de impacto asistencial, la semana de huelga del 16 al 20 de marzo –la última secundada por los profesionales– provocó la pérdida de más de 256.000 actos sanitarios. En total, con la huelga de diciembre y febrero, el impacto económico asciende a más de 111 millones de euros y más de 767.000 actos asistenciales suspendidos, según los datos oficiales ofrecidos por el SAS a Europa Press.

Los médicos llegan a esta nueva convocatoria de huelga con las mismas reclamaciones encima de la mesa: exigen mejoras laborales, un reconocimiento de la peligrosidad de la profesión, una regulación clara de las guardias, jornadas de 35 horas semanales, estabilidad laboral y un ámbito de negociación propio. El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, vaticina en declaraciones a Europa Press que “hasta que no haya un cambio de equipo [en el Ministerio de Sanidad] me temo que no vamos a poder tener posibilidad de llegar un acuerdo y buscar una salida al conflicto”.

“Esta ministra [Mónica García] ha demostrado que es incapaz de resolver el conflicto y de negociar”, sostiene, recordando que el comité de huelga ha pedido su dimisión. En estas condiciones, “tenemos que seguir con la huelga y exigiendo un Estatuto y una mesa propia de negociación porque desde luego en las condiciones en las que estamos trabajando en este momento no podemos seguir, con jornadas que constituyen una forma de explotación laboral con una propuesta de clasificación que no hace justicia a nuestra formación y cualificación”.

Atención primaria, la más afectada

Para Ojeda, la ministra García “no tiene verdadera voluntad de negociación. No hace más que manipular el contenido de las reuniones, tergiversando con mentiras directamente porque ha dicho que llegamos a un acuerdo y lo incumplimos, cuando es absolutamente falso que llegáramos a un acuerdo”. Hasta la fecha, el seguimiento de la huelga ha rondado entre el 20 y el 30%, según las cifras del SAS. La mayor afectación de los paros se ha concentrado en atención primaria, con más de 150.000 consultas perdidas sólo en la semana de huelga en marzo.

Ante esta situación, “el Gobierno andaluz está lógicamente preocupado por las repercusiones de las huelgas convocadas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la situación de la negociación del nuevo Estatuto Marco”, ha apuntado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. “Los facultativos tienen todo el derecho a manifestarse, pero estas movilizaciones generan un problema muy grave para el sistema sanitario público andaluz, cuyas consecuencias, una vez más, terminan pagando los ciudadanos. Queremos trasladar apoyo y comprensión a los profesionales médicos”, apostilla.

Impacto en la sanidad andaluza

“Es inconcebible –continúa el consejero– el desprecio y el ninguneo al que están siendo sometidos por parte del Ministerio de Sanidad, que sigue sin ser capaz de aportar soluciones. Es evidente que a la ministra Mónica García no le preocupa esta situación, porque son las comunidades autónomas y, en este caso, los andaluces, quienes están asumiendo el coste de su falta de diálogo y de gestión”.

En este sentido, subraya que Andalucía, como una de las comunidades con mayor peso en el sistema sanitario público europeo, “sufre de manera especialmente intensa las consecuencias de estas convocatorias”. “Desde el Gobierno andaluz seguimos trabajando para minimizar al máximo el impacto asistencial y garantizar la atención sanitaria”, sentido en el que apunta a un “ambicioso Plan de Garantía Sanitaria para reducir las listas de espera que ya está dando resultados”.

Moisés murió en una celda de aislamiento de la prisión Las Palmas II (en Juan Grande, en el sur de la isla de Gran Canaria) sobre la una de la tarde del 9 de noviembre de 2023. El recluso, de 41 años, llevaba tres días quejándose de fuertes dolores. El médico del centro penitenciario le había dado paracetamol, convencido de que se trataba de dolores musculares. Su sufrimiento quedó documentado en las grabaciones de seguridad que la familia ha logrado recabar. “Se desmayó en dos ocasiones”, cuenta su hermana Ángeles. 

El facultativo anotó en su informe que el interno estaba “fingiendo un desvanecimiento” y “alterando el orden”. Moisés fue conducido a una celda de aislamiento. Horas después, falleció. La autopsia desveló que había sufrido un infarto de miocardio. “Si se le hubiese tratado, mi hermano estaría vivo”, dice Ángeles. El caso se judicializó y ya hay escritos de acusación. La familia del recluso y la Fiscalía piden para el médico que lo atendió cuatro años de cárcel, seis de inhabilitación para ejercer la profesión y una indemnización de cerca de un millón de euros. Instituciones Penitenciarias figura como responsable civil subsidiario.

Dos años después de la muerte de Moisés en Gran Canaria, otro recluso falleció en el centro penitenciario Tenerife II. Ocurrió el 21 de diciembre de 2025. Según recoge una denuncia presentada por la asociación Adepres (Asociación de Derecho Penitenciario Rebeca Santamalia) al Defensor del Pueblo a partir del testimonio de una persona “allegada” al fallecido, el preso solicitó asistencia a finales de noviembre con síntomas “de una gran congestión”. Su requerimiento “no fue atendido” y los síntomas “se fueron agravando con los días”, expone el escrito.  

La noche del 19 de diciembre tocó el timbre de alarma “sin ser atendido”, por lo que reclusos de celdas contiguas “empezaron a dar golpes y gritos pidiendo auxilio”. La escena se repitió un día después. Siempre según la denuncia, entre la activación de la alarma y la activación de los funcionarios pasaron cuatro horas. A la mañana siguiente, el preso fue trasladado en silla de ruedas desde su celda hasta el servicio médico, donde falleció. 

La queja incide en el perfil de vulnerabilidad del preso fallecido, una persona migrante sin apenas redes de apoyo en el exterior, y en “los antecedentes de desatención médica” en el centro penitenciario y solicita que se averigüen las circunstancias de la muerte y el grado de cumplimiento del Protocolo de Minnesota, una guía de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar de forma independiente las muertes potencialmente ilícitas. Fuentes del Defensor del Pueblo han confirmado a este periódico que la queja ha sido admitida y está “en trámite”, pero evitan dar más información por la confidencialidad del expediente. 

Dos tercios de las plazas médicas vacantes

Esos “antecedentes de desatención médica” que señala la queja apuntan a una crisis estructural en la atención sanitaria en las prisiones canarias. Las cifras son demoledoras. Según los datos facilitados a este periódico por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en las cárceles del Archipiélago apenas están cubiertas 11 de las 30 plazas de médicos que, según los sindicatos, están contempladas en las plantillas. Casi dos tercios de los puestos están vacantes. 

Uno de los casos más llamativos es el de Las Palmas II, uno de los centros donde se produjeron los fallecimientos. Solo tiene una plaza cubierta, la de subdirector médico, que además realiza las consultas a través de telemedicina, según señalan portavoces de los sindicatos Acaip-UGT y CCOO. En la otra cárcel de Gran Canaria, Las Palmas I (Salto del Negro), hay ahora cuatro facultativos gracias a “incorporaciones recientes”, señala Laura Rodríguez, miembro de la Ejecutiva Nacional de CCOO Prisiones y destinada en Canarias. Óscar Raluy, de Acaip-UGT, precisa que la prisión “ha soportado momentos sin médico”. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) prevé diez plazas.

Tenerife II (La Esperanza) cuenta en la actualidad con tres médicos para atender a más de un millar de presos. El Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus funciones como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, visitó el centro por última vez en octubre de 2022 y advirtió del “déficit crítico de personal médico”. 

En aquel momento, el puesto clave de subdirección médica se encontraba vacante (ahora está cubierto) y había cinco facultativos, de los que dos “estaban a punto de jubilarse”. Ese informe detectó que ni siquiera se garantizaba el material médico necesario para que los internos controlaran enfermedades previas. Así, detectaron a diabéticos sin aparatos para controlar la glucemia y el caso de un interno al que, al entrar en prisión, se le retiró el dispositivo de ayuda respiratoria que usaba en el exterior. Según los libros de registro, la asistencia a demanda estaba limitada a un máximo de diez internos al día, con demoras de unos veinte días para pedir una nueva cita. “Nosotros siempre atendemos las indicaciones del Defensor del Pueblo”, señalan fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias. 

Los recursos médicos de las cárceles canarias se completan con dos facultativos en la prisión de Lanzarote y uno de La Palma. El Centro de Inserción Social de Tenerife no tiene. 

“La falta de médicos se ha institucionalizado”, advierte Óscar Raluy, trabajador penitenciario y delegado de Acaip-UGT. “El modelo preventivo ha muerto. Ahora solo se atiende lo urgente, no hay tiempo para otra cosa”, señala. Ante la escasez de médicos, la presión asistencial recae sobre el personal de enfermería. Según denuncia Laura Rodríguez, estos profesionales se ven abocados a tomar decisiones “para las que no están preparados”, lo que les obliga a ejercer bajo una “grave indefensión jurídica”. 

Canarias sigue sin asumir su competencia

Todas las fuentes consultadas coinciden en situar el origen de esta crisis en el incumplimiento de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En su disposición adicional sexta, esta normativa ordenó la transferencia de los servicios sanitarios dependiente de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas, con el objetivo de “lograr su plena integración en los servicios de salud autonómicos”. 

La ley daba un plazo máximo de 18 meses para ejecutar el traspaso. Han transcurrido 23 años desde entonces y solo Euskadi, Catalunya y Navarra han asumido formalmente estas competencias. Joaquín Leyva, portavoz nacional de Acaip-UGT, sitúa este bloqueo como uno de los principales factores para explicar la crisis de la sanidad penitenciaria, ya que, según explica, durante años “no se dotaron los servicios médicos” ni se renovó al personal de Instituciones Penitenciarias ante la expectativa de una transferencia de competencias que en la mayoría de las comunidades sigue sin llegar. 

Organizaciones como Rehoyando, en Gran Canaria, u Orahan, en Tenerife, han comenzado a movilizarse para exigir el efectivo traspaso de las competencias a las comunidades autónomas y la dignificación de la atención sanitaria dispensada a la población reclusa. 

Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, aseguran que su determinación de transferir las competencias a Canarias “es clara” y achacan la parálisis a una “falta de voluntad política por parte de quien tiene que recibirla”. La Consejería canaria de Sanidad no ha contestado a las preguntas de este periódico. 

Para los sindicatos, este bloqueo en el traspaso se explica por dos razones: la falta de “voluntad política” y una cuestión económica. Laura Rodríguez (CCOO) sostiene que las comunidades no quieren estas competencias “por el gasto que genera”. La representante sindical define el escenario actual como un “negocio” para las comunidades autónomas. Cuenta que cuando un recluso tiene que ser excarcelado y trasladado a un hospital, el Servicio Canario de Salud (SCS) factura unos gastos a la administración estatal que, en caso de asumir la asistencia directa de los precios, ya estarían cubiertos. 

Detalla que “el traslado en ambulancia son 80 euros por trayecto”, las consultas externas rondan los 150 euros o que un parto “cuesta 4.000 euros”. Según la información de la que dispone CCOO, el gasto sanitario anual en una prisión grande (como las dos de Gran Canaria o la de Tenerife II) se sitúa alrededor de los 625.000 euros. El gasto total farmacéutico es de 415.000 euros, indica la portavoz sindical. 

Las comunidades autónomas se quejan de que Instituciones Penitenciarias no les paga por atender a los reclusos. Rodríguez señala que esa deuda es consecuencia directa de no haber asumido las competencias que le corresponden desde 2003. “Si se hubiera cumplido la ley desde el minuto uno no habría esa deuda y si seguimos esperando a transferir las competencias se seguirá generando más deuda”, sostiene la representante de CCOO. 

Una visión que comparte Joaquín Leyva (Acaip-UGT), quien cuestiona la inacción de comunidades como Canarias: “No sabemos si es un problema financiero, de organización o simplemente un problema político que no se quiere resolver”. 

La brecha salarial que ahuyenta a los médicos

A la desidia autonómica para asumir la sanidad en las prisiones se suma la falta de incentivos para atraer y retener profesionales. “No hay médicos en prisiones porque cobran menos”, resume de forma tajante Rodríguez, que precisa, a modo de ejemplo, que los facultativos del SCS cobran alrededor de un 35% más por hora de guardia que los de Instituciones Penitenciarias. La portavoz de CCOO añade que las diferencias salariales pueden rondar los 1.000 o 1.500 euros al mes “dependiendo de las guardias y los centros”. 

“En el Estado, a nivel general, es la administración que menos paga a los facultativos”, redunda Joaquín Leyva. A los peores salarios, el representante de Acaip-UGT añade las limitaciones que tienen los facultativos de Instituciones Penitenciarias para ejercer en la sanidad privada o tener otros trabajos complementarios. “No es ya que cobren menos de por sí, sino que, además, no pueden incrementar de ninguna manera sus retribuciones”. 

La salud mental

Los sindicatos sostienen que los principales damnificados de estas carencias son la población reclusa y la plantilla de las cárceles. Leyva incide en que la escasez de médicos dificulta la detección temprana de patologías, con especial gravedad en el caso de las enfermedades mentales. El portavoz sindical explica que el ingreso en prisión suele actuar como un “estresor” que “desenmascara” patologías psiquiátricas latentes que, al no ser detectadas a tiempo por un médico, acaban produciendo brotes que “a menudo” derivan en agresiones entre internos o hacia los propios trabajadores. 

El último informe del Defensor del Pueblo sobre la prisión de Tenerife II constató que casi el 63% de los internos estaba bajo tratamiento con psicofármacos. Los centros penitenciarios no disponen de psiquiatras propios en la plantilla. Solo se programan visitas de profesionales externos a los centros “una o dos veces al mes”, según los sindicatos. El Defensor del Pueblo advierte de que, al no haber psiquiatras ni psicólogos clínicos, los programas de atención a la enfermedad mental no funcionan de forma adecuada. Los reclusos “no tienen una intervención especializada, sino un control basado en la farmacoterapia”. Ante la falta de un diagnóstico claro, muchos internos “descompensados” acaban siendo clasificados en módulos de “conflictivos”. 

Leyva señala que la figura del médico es, además, “un requisito legal indispensable” para la aplicación de medidas disciplinarias. “Tú no puedes aislar a un preso que está violento si no hay una supervisión médica”, dice el portavoz de Acaip, que también subraya el perfil del paciente recluso, que suele requerir mayor atención que la población general debido a la alta prevalencia de problemas graves derivados de afecciones o enfermedades como la diabetes o la hepatitis.

A Silvia le diagnosticaron hace quince meses un cáncer de mama triple negativo. Este subtipo representa alrededor del 10% de todos los tumores que se encuentran en este órgano. Suele afectar a mujeres jóvenes —ella tenía 50 años— y es bastante agresivo. Si se detecta pronto, con el tratamiento habitual de quimio e inmunoterapia, para reducirlo al máximo, y una cirugía para extirpar la mama, la tasa de supervivencia a cinco años supera ampliamente el 70%. Pero, si tras la operación, el tejido retirado conserva restos de células tumorales, el pronóstico es más sombrío.

Un grupo internacional está probando una combinación de fármacos innovadores con estas pacientes, para comprobar si su uso puede prevenir el desarrollo de metástasis. “Mi oncóloga me propuso meterme en un ensayo clínico y le dije que sí a todo. Mi cáncer es de los peores y yo confío plenamente en los médicos. Si no hay investigación, estamos perdidos”, explica Silvia.

En este ensayo, en el que participa el Hospital Gregorio Marañón, están incluidas unas 1.500 mujeres en todo el mundo. “Afortunadamente, no son muchas, pero nosotras queremos curarlas a todas”, explica la oncóloga Sara López Tarruella. Este centro es uno de los que más ensayos clínicos en cáncer realiza en España, pero el país se ha convertido en un referente a nivel Europeo y es uno de los destinos preferidos por los laboratorios a escala internacional.

Solo en 2025, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) autorizó 962 ensayos clínicos, aquellos en los que participan humanos. “Somos líderes en ensayos clínicos en Europa. Hemos llevado esos ensayos a hospitales de todo el país”, presumía este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad. Actualmente, se están desarrollando 2306 ensayos.

“España ocupa una posición de privilegio en cuanto a investigación clínica”, explica el jefe de la división de ensayos clínicos de la AEMPS, Juan Estévez. El ecosistema español presenta fortalezas por varios frentes, pero el pilar principal es la infraestructura de su Sistema Nacional de Salud. “La investigación queda embebida dentro de la atención sanitaria, lo que es muy positivo para el paciente y la lleva su médico o un médico que conecta con el suyo”, desarrolla. Este contacto favorece la captación de voluntarios y pacientes para quienes, en muchos casos, esa prueba es su última esperanza.

“Si [quien entra al ensayo] es tu paciente, la participación es más fácil, porque dibujas un plan terapéutico, pero si vienen de otros centros, suelen hacerlo muy motivadas para buscar esas alternativas”, explica la doctora López Tarruella.

En paralelo al salto en la autorización de ensayos clínicos que se produjo a partir de 2020, España ha ganado peso en el registro de estos proyectos a nivel europeo. “Fuimos pioneros en implementar una regulación que nos ha posicionado en el contexto mundial”, indica Amelia Martín, directora de investigación de Farmaindustria, la asociación que agrupa al grueso de las empresas dedicadas a la investigación, el desarrollo y la comercialización de medicamentos, quien señala que, “para muchas compañías, después de Estados Unidos y China, España es el segundo o tercer país por volumen de investigación clínica”.

Como muestra el siguiente gráfico, España está a la cabeza en registro de ensayos clínicos en Europa, con 849 investigaciones. Muy por delante de Francia (732), Alemania (711) e Italia (593).Y, como recordaba el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz, durante el VI Foro Económico de elDiario.es, este país “coordina o lidera uno de cada dos ensayos clínicos internacionales” que se realizan en el entorno europeo.

Para Martín Uranga, una de las claves de este éxito está en la “cualificación de nuestros profesionales sanitarios, en un sistema nacional de salud excelente, con unos hospitales públicos que tienen un peso muy importante, y en pacientes solidarios y altruistas, que participan en ensayos que tal vez no funcionen para ellos, pero sí para quienes vienen después”.

Aunque el peso de la investigación clínica recae sobre la red pública, el grueso de la financiación proviene del sector privado, que sufraga el 80% de los ensayos, a través de acuerdos con los hospitales, por los que se hacen cargo de los gastos derivados de esos estudios, la contratación de los investigadores y el tratamiento de los pacientes que se someten a esas pruebas, con fármacos innovadores y carísimos.

“El retorno que tienen esas investigaciones en cuanto a aprendizaje por parte de los sistemas de salud en nuevas terapias en desarrollo es muy positivo, tanto para los profesionales como para los pacientes. Y, aunque no suele gustar que se mezcle medicina y economía, hay que tener en cuenta que todas las actividades relacionadas con los ensayos clínicos las paga el promotor, por lo que los pacientes participan en un tratamiento por el que pueden obtener potenciales beneficios para su salud si todo va bien”, desarrolla el especialista del servicio de farmacología clínica de la unidad de ensayos del Hospital Clínic de Barcelona, Pau Alcubilla.

Entre los promotores con más ensayos autorizados por la AEMPS en 2025 están los laboratorios Merck, AstraZeneca, Novartis y Pfizer. Según los datos da la encuesta de I+D en la industria farmacéutica, elaborada desde el sector, las compañías aumentaron su inversión en un 40% en cinco años, hasta los 1.775 millones de euros en el último ejercicio. El presupuesto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en 2025 fue de 17.797 millones.

No obstante, algunos ensayos se realizan desde los hospitales, sin soporte de las farmacéuticas. Son, principalmente, aquellos que buscan 'rescatar' medicamentos antiguos para nuevos usos u optimizar combinaciones ya existentes. Por ejemplo, en el Clínic, donde trabaja el doctor Alcubilla, se realizan muchos de estos ensayos clínicos académicos. “Entre los años 2003 y 2015, la unidad estuvo muy centrada en dar soporte a ensayos de optimización en pacientes con VIH, para los que había más de 30 terapias antirretrovirales. Ahora tenemos muy claro cuál es su manejo, pero hace 20 años era muy relevante hacer este tipo de ensayos”, explica.

Actualmente, la mayoría de ensayos clínicos que se autorizan lo son para tratamientos oncológicos. No es casualidad, ni fruto de una decisión improvisada. “Hace 20 años se empiezan a investigar biomarcadores genéticos y toda esa investigación básica, llega ahora a la clínica”, explica Juan Estévez.

“En los próximos años veremos medicina de precisión cada vez más desarrollada, porque un tumor de mama o de pulmón tienen muchas clases diferentes. Además, vamos a ver esperanza en enfermedades neurodegenerativas, que es una de las grandes áreas donde se esperan cambios significativos. O en las autoinmunes y las inflamatorias en el ámbito respiratorio”, pronostica la directora de investigación de Farmaindustria.

Ana Martínez es investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, del CSIC. Su grupo ha conseguido diseñar una molécula que, en modelos animales, ha corregido una de las patologías más frecuentes en pacientes con ELA. “Nos pareció muy oportuno dar el paso al desarrollo clínico y comprobar que eso que vemos en nuestros modelos se replica en pacientes”, explica. Para hacerlo, ha fundado Molefy, una spin-off del centro, que cuenta con la financiación mayoritaria del grupo español Arquimea. “Se puede hacer público cuando tienes un fármaco de reposicionamiento, pero en cuanto hay una innovación, necesitas que el sector privado te apoye”, admite la científica.

First in human

El fármaco desarrollado por Martínez y su equipo consiguió hace unas semanas la autorización de la Agencia para comenzar su periplo en fase I, lo que se conoce como 'first in human'. El objetivo ahora es comprobar la seguridad de este tratamiento en voluntarios sanos, tras una serie de requerimientos en las fases previas. Aunque hay riesgos, “la seguridad está muy probada, se empieza por dosis muy bajas y están muy controlados”, aclara.

¿Qué lleva a una persona sana a ofrecerse para que le administren un fármaco que nunca antes ha sido probado en humanos? En el caso de este ensayo contra la ELA, “mucha gente se presenta voluntaria porque algún familiar tiene la enfermedad y, en algunos casos, hay un pequeño interés económico, porque reciben unos honorarios”, explica. Sin embargo, el dinero no debe suponer la única motivación. “Es un incentivo, pero nunca debe inducir a la participación”, añade el responsable de la Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos del Hospital La Paz, Alberto Borobia.

La investigación española es un polo de atracción de ensayos en fase I, aquellos en los que participan unas decenas de personas, que pueden ser voluntarios sanos en función de la patología. Este factor ancla la participación de los centros en las siguientes fases: en la II se amplía la población a unas 200 o 300 personas; en la III comienza a confirmarse la eficacia del fármaco en miles de participantes; y en la IV se realizan estudios a largo plazo, una vez los medicamentos se han autorizado, por si surgieran posibles reacciones adversas, que suelen ser poco frecuentes.

Ramón tiene 29 años, está terminando su residencia de farmacología clínica en La Paz y acaba de participar en uno de esos ensayos fase I. En concreto, para una vacuna contra el virus respiratorio sincitial en adultos que, junto a la gripe y el SARS-CoV-2, es actualmente uno de los virus que producen una alta morbimortalidad en mayores de 65 años. “Hay cierto riesgo, pero la investigación en humanos está hiperregulada y ningún ensayo clínico se va a realizar si se sospecha que los riesgos son mucho mayores que los posibles beneficios para los pacientes”, explica.

“A mi círculo cercano ya lo tengo bastante entrenado”, bromea Ramón, “pero en ocasiones [los ensayos en fase I] causan algo de rechazo, por la incertidumbre y el desconocimiento, que provocan miedo”. Él, insiste, confía en la investigación y en que está “contribuyendo a que haya más información y que se pueda desarrollar una vacuna que se utilice masivamente en una población que la necesite”. ¿La remuneración? No niega que está bien. En su caso, unos 700 euros por tres visitas médicas y alguna analítica.

“Todos los ensayos en Fase I son de alta incertidumbre, pero previamente se han hecho estudios con animales, de toxicidad y tienes evidencia suficiente como para iniciar de forma segura las pruebas en voluntarios sanos”, tranquiliza el doctor Borobia. Además, estas primeras fases se hacen con pocos voluntarios y se comienza por parejas: a uno se le da una pequeña dosis del fármaco y al otro, placebo. Si no se percibe riesgo, van ampliándose los sujetos.

En este proceso, juegan un papel relevante los Comités de Ética de la Investigación, órganos independientes que evalúan los aspectos éticos, metodológicos y legales de los ensayos. En el Hospital Gregorio Marañón, está compuesto por 25 profesionales de todas las especialidades, que se reúnen cada dos semanas. “Revisamos unos formularios establecidos, en los que aparecen desde el currículum del investigador hasta su capacitación en buenas prácticas clínicas a su equipo, evaluamos ensayos multicéntricos, la idoneidad del centro, se revisa el objetivo del ensayo, en qué población se va a llevar a cabo, la memoria económica, cuáles son los consentimientos informados y toda la información que se le va a dar al paciente, para que su participación sea totalmente libre y no sea inducido a participar”, enumera su presidenta, María Luisa Navarro.

Los puntos de mejora: representatividad y acceso

Pese a los avances y el impulso del país como un polo de atracción, en parte por la apuesta por las unidades de ensayos en Fase I, la mejora de las infraestructuras y, también, por el éxodo de las compañías de Reino Unido tras el Brexit, sigue habiendo líneas de mejora. “Los dos problemas clásicos en la investigación clínica han sido que los resultados de los ensayos en los que se basa la autorización de nuevos medicamentos en ocasiones no son representativos de la población que recibe esos tratamientos y, a nivel europeo, hay inquietud porque se ha identificado una falta de equidad en el acceso a ensayos clínicos con terapias innovadoras”, explica Borobia, que coordina desde La Paz el proyecto Readi —Research in Europe and Diversity Inclusion—, una iniciativa europea coordinada desde este hospital, en la que participan 73 organizaciones de 18 países.

El objetivo de Readi es “transformar el ecosistema de los ensayos clínicos fomentando la participación de poblaciones infrarrepresentadas y desatendidas”. Así, se evitarían situaciones como que la mayoría de participantes en ensayos sobre insuficiencia cardiaca sean varones de en torno a los 67 años, cuando la mayoría de pacientes con estas patologías son mujeres por encima de los 85 años. O que el nivel sociocultural acabe influyendo en el acceso a terapias innovadoras.

La accesibilidad es clave, no tanto en ensayos con voluntarios sanos, como en fases con pacientes que pueden ver mejorada su supervivencia o optar a un último salvavidas terapéutico. “Pueden acceder pacientes de cualquier punto de España, pero donde más ensayos clínicos se realizan es en los grandes núcleos. Y ese es uno de los aspectos que generan más debate y necesidad de mejora: vivo en Madrid, tengo más posibilidades; vivo en Zamora, tengo menos”, explica el jefe de la AEMPS. Para paliar este problema, la Agencia elabora una guía de elementos descentralizados, que facilitan la digitalización del ensayo y ahorra desplazamientos. Además, hay programas y ayudas para sufragar determinados gastos de desplazamiento y alojamiento en algunos casos.

Catalunya se encuentra a la cabeza en número de centros que realizan ensayos, hasta un total de 807; seguido de Madrid, con 86 centros y 757 ensayos; y Andalucía, con 64 centros y 522 ensayos. Los ensayos no se realizan en un único hospital, sino que se desarrollan fruto de un trabajo de colaboración.

Silvia se encuentra ahora en mitad del ensayo. Y suma a la lista de fortalezas del sistema la empatía del equipo médico que lleva su caso. “Un trato humano tan necesario en estas circunstancias”, dice. En ese equilibrio entre incertidumbre y confianza transcurre su día a día. “Si no lo hacemos nosotras... todo lo que se pueda hacer para beneficiar a otras personas, allá vamos”.

El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha ha celebrado este sábado en Albacete el acto oficial de traspaso de poderes, en el marco de las III Jornadas de la Profesión Médica que durante dos días ha reunido a representantes institucionales, expertos y profesionales de toda la región.

Tras dos años al frente de la institución, Blas González Montero, presidente del Colegio de Médicos de Albacete, ha cedido la presidencia a Carlos Molina Ortega, actual presidente del Colegio de Médicos de Cuenca, que asume desde el 25 de abril la representación autonómica de la profesión médica, ha informado el Colegio en nota de prensa.

Durante su intervención de despedida, Blas González ha realizado un balance de su mandato, marcado, según ha dicho, por el compromiso con la deontología, la defensa de la profesión y la atención integral a los médicos.

Ha recordado hitos como la presentación del Código Deontológico renovado, el impulso al PAIME, la participación activa en los debates sanitarios regionales y la representación de Castilla-La Mancha en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Ha subrayado que estos dos años “han estado guiados por la responsabilidad, la ética y el cuidado de quienes cuidan”, y agradeció el trabajo de los colegios provinciales y de todos los miembros del Consejo.

“Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico”, ha indicado.

Nueva etapa “con gratitud y humildad”

Por su parte, el nuevo presidente, Carlos Molina, ha expresado su reconocimiento a los anteriores responsables autonómicos y destacó que inicia esta etapa “con gratitud, humildad y la convicción de que la profesión médica es la mejor del mundo”.

En su discurso, ha señalado que su mandato estará centrado en cuestiones clave como el Estatuto propio del médico, la LOPS y la coordinación institucional entre los colegios provinciales.

Ha subrayado que cada colegio desarrolla una labor esencial en formación, deontología e intrusismo, pero que el papel del Consejo Autonómico debe ser “unir, coordinar y representar la voz común de la profesión en Castilla-La Mancha”.

Molina ha dedicado una parte de su intervención al PAIME, anunciando la necesidad de avanzar hacia un modelo autonómico reforzado y solicitando el apoyo de todos los colegios para garantizar su sostenibilidad.

Ha concluido poniéndose “a disposición de todos los compañeros” y reafirmando su compromiso con una profesión que definió como “un acto de humanidad basado en ayudar a los demás”.

El acto de traspaso se ha celebrado en presencia de los representantes de los cinco colegios provinciales y de los miembros del Consejo Autonómico, en el marco de unas jornadas que han reunido a profesionales de toda la región para analizar los retos actuales de la profesión médica.

Hola,

Antes de empezar, deja que me presente. Soy David y, desde hace unas semanas, me encargo de la información sanitaria en elDiario.es. Te confieso que tenía muchas ganas de recuperar este espacio, donde espero que podamos reflexionar sobre los asuntos más relevantes de la semana al margen del lío del día a día. Si me lo permites, me tendrás en tu bandeja de entrada todos los sábados a primera hora. 

Uno de los temas que nos ha tenido más (pre)ocupados esta semana ha sido la "prioridad nacional" en el acceso a “todas” las prestaciones públicas, entre ellas la sanidad, en unos acuerdos que el Partido Popular y Vox han firmado en Extremadura y Aragón. La deriva de la derecha es preocupante. Porque la medida es profundamente racista y, actualmente, ilegal. Pero, además, supone un peligro para todos: todavía no hay evidencia científica que permita sostener que una pulsera con la bandera de España actúa como vacuna contra ningún virus. 

Al margen de esa “prioridad nacional”, otro punto de esos pactos habla de la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular”. Hace una excepción en los casos de “urgencia vital”. Y, ¿mientras tanto?

Esta polémica llega unas semanas después de que el Gobierno aprobase un real decreto que refuerza el acceso a la sanidad pública para los extranjeros sin residencia legal —una exclusión sanitaria que Mariano Rajoy impuso en 2012— y en pleno proceso de regularización de miles de personas, que habían reclamado movimientos sociales, la Iglesia, los sindicatos y hasta la patronal, pero al que la derecha y la extrema derecha se oponen. La ministra Mónica García advirtió que llevaría a los tribunales “cualquier mínimo atisbo de desmantelamiento de la sanidad pública universal”. 

El presidente Pedro Sánchez aprovechó el acto institucional para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, que señaló el camino de la universalidad del sistema, para lanzar un mensaje: "Si no es por humanidad, que sea por eficiencia". Expertos y organismos internacionales llevan tiempo advirtiendo que garantizar el acceso sanitario a toda la población beneficia, precisamente, a toda la población. Previene enfermedades, problemas de salud pública, supone un ahorro económico y reduce desigualdades. Y, sobre todo, no lleva a nadie al borde de esa “urgencia vital”. 

Tal vez la urgencia no sea dejar fuera del sistema a nuestros vecinos, amigos o compañeros, sino rebajar las listas de espera, que están ya en 121 días de media para una operación, que llegue los resultados de un cribado antes de que sea demasiado tarde o que se resuelva el conflicto laboral con los médicos, que este lunes comienzan un nuevo paro. 

Prescripción rápida

El párkinson más allá de los temblores

El párkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, por detrás del alzhéimer. Solo en España, hay diagnosticadas más de 160.000 personas. Los temblores son el síntoma más habitual, pero esta patología presenta más de un centenar de sintomatologías. Sin embargo, hace unos días estuve hablando con varios pacientes, que me contaban que todavía existe desconocimiento y estigma en torno a ellos. 

Domingo me explicaba que, cuando va paseando por la calle, sabe perfectamente quién se va a dar la vuelta a mirarle. Hace el juego de comprobarlo y casi siempre acierta. “No me voy a parar a explicarle que no voy 'pedo', sino que tengo párkinson”, bromea resignado. 

La Federación Española de Párkinson ha creado un brazalete para concienciar sobre algunos de estos síntomas. He podido probarlo y me ha hecho reflexionar sobre cómo los avances médicos debe ir de la mano de un contexto social adecuado para vivir con enfermedades crónicas. Porque, como me decía Domingo, lleva 20 años conviviendo con la enfermedad... ¡Y espera convivir otros 20 más! Si quieres echarle un vistazo, te dejo el enlace a nuestro TikTok.

Con esto me despido por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. El sábado que viene me tienes de nuevo por aquí.

Muy buen fin de semana y ¡salud!

El programa de cribado de cáncer de mama de Cantabria, cuya privatización anunció el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) dentro del convenio singular con el hospital religioso Santa Clotilde, sigue haciéndose en la sanidad pública sin demoras que justifiquen su privatización.

El propio Ejecutivo del Partido Popular reconoce textualmente que “actualmente no se están realizando lecturas de mamografías” en el centro sanitario privado. Lo ha hecho a preguntas del Grupo Parlamentario Socialista que había pedido información sobre otra cuestión pararela: cuál es la titulación, especialidad y experiencia previa específica que tienen los profesionales que realizan las mamografías en Santa Clotilde. El Gobierno ha eludido responder directamente a esta cuestión bajo la premisa de que todavía el hospital privado no ha iniciado la gestión del programa.

En cualquier caso, la privatización del cribado de cáncer de mama se anunció tras haberse detectado un presunto atasco en la lectura de 3.900 mamografías. El consejero de Salud, César Pascual (PP), informó de esta cuestión, dijo que la sanidad pública no tenía radiólogos suficientes y ofreció la solución: que el hospital privado leyese un millar de mamografías pendientes para disolver la lista de espera en la comunicación de resultados.

Finalmente, se descubrió el engaño: Santa Clotilde llevaba leyendo mamografías desde nueve meses antes. Ese encargo ya se había hecho en enero de 2025, cuando no había atasco. El hospital privado Santa Clotilde, perteneciente a la Orden de San Juan de Dios, llevaba meses haciendo los informes de las mamografías públicas cuando el consejero de Salud anunció que se le había encargado este servicio para aligerar los resultados del programa de cribado de cáncer de mama. Lo hizo con un contrato menor —al que tuvo acceso elDiario.es— de seis meses que entró en vigor en enero y había caducado a final de junio por importe de 14.900 euros.

Pese a estas circunstancias, el Gobierno de Cantabria firmó un convenio singular con el Hospital Santa Clotilde para los próximos 16 años, prorrogable hasta los 20, por importe 256 millones de euros, que incluye los cribados de cáncer de mama y de colon. Aunque entró en vigor el pasado mes de enero, el centro sanitario no está gestionando por el momento las mamografías, según admite el propio Ejecutivo del PP en su respuesta parlamentaria.

Ese es otro de los puntos polémicos del acuerdo. Santa Clotilde carece de la infraestructura y medios necesarios para desarrollar este programa y prevé hacerlo en colaboración con otra empresa, HT Medica —propiedad de un fondo internacional de capital riesgo—, que opera dentro del propio centro sanitario.

En cualquier caso, la necesidad de la externalización queda cuestionada porque el programa sigue funcionando en la sanidad pública con normalidad. Las mamografías se siguen realizando según el calendario de cribados y los resultados se comunican a las participantes en un plazo máximo de un mes.

A estas circunstancias se une el compromiso adquirido por el Partido Popular en el pacto para la aprobación de los presupuestos de Cantabria de 2026. El PRC incluyó una partida de cinco millones de euros para el programa de prevención del cáncer de mama “dentro de la sanidad pública”, según matizó con insistencia la candidata electoral regionalista, Paula Fernández.

Desde el Gobierno de Cantabria no se ha confirmado si se ha renunciado a la privatización del programa o si el hospital privado lo gestionará en un futuro, como está firmado en el convenio singular que entró en vigor en enero.

Los principales indicadores de listas de espera sanitaria en Aragón reflejan un deterioro durante los dos primeros años y medio de gobierno de Jorge Azcón, en contraste con sus compromisos de mejora que lanzó en la campaña de 2023. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, a 31 de diciembre, la comunidad no solo no ha reducido los tiempos de espera, sino que ha empeorado en la mayoría de parámetros clave con respecto a 2023. La comunidad suma cerca de 3.000 pacientes más pendientes de una operación y más de 26.000 en consultas externas, mientras la espera quirúrgica se eleva a 132 días —por encima del objetivo fijado— y la demora para ver a un especialista se dispara hasta los 138 días (46 días más que hace dos años y medio), el mayor incremento registrado entre las comunidades autónomas.

El problema sigue recogido en el documento del pacto cerrado entre PP y Vox para la conformación del gobierno de coalición para la próxima legislatura, en el que se contemplan varias medidas en materia de sanidad y políticas relacionadas con la familia, la vida y los hábitos saludables. Entre ellas, se plantea un refuerzo global del sistema sanitario aragonés, comenzando por el compromiso de incrementar el presupuesto de Sanidad “al menos al mismo ritmo que el presupuesto autonómico, con el fin de garantizar recursos suficientes”. Desde el inicio de la legislatura se prevé también un plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas mediante una mejor gestión y el apoyo subsidiario de la sanidad privada.

El primer punto sí fue cumplido por el primer gobierno de Azcón, al aumentar el presupuesto de Sanidad de 2024 sin reedición desde entonces. Sin embargo, eso no ha logrado reducir las listas de espera quirúrgicas ni de consultas de especialidades.

En Aragón hay 2.961 pacientes más en lista de espera quirúrgica que en junio de 2023, al pasar de 22.822 a 25.783, (un 13% más), lo que supone el quinto mayor aumento absoluto entre las comunidades autónomas, solo superado por Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Baleares, regiones con una población significativamente superior. En cuanto al tiempo medio de espera quirúrgica, el anterior Gobierno de Aragón lo situó en 126 días, lo que en ese momento colocaba a la comunidad como la sexta con mayor demora, frente a una media nacional de 112 días. Dos años y medio después, a 31 de diciembre de 2025, Aragón ha pasado a ser la quinta región con mayor tiempo de espera, alcanzando los 132 días, es decir, seis días más que al inicio del periodo, mientras que la media estatal se sitúa en 121 días.

El empeoramiento es aún más acusado en consultas externas. El tiempo medio de espera ha aumentado de 92 a 138 días, un incremento de 46 días —el mayor de todas las comunidades—, y la diferencia con la media nacional se ha disparado hasta los 36 días. Aragón ha pasado de ser la sexta a la tercera comunidad con mayor demora.

Asimismo, el porcentaje de pacientes que esperan más de 60 días para una consulta ha crecido del 46,9% al 73%, superando en más de 11 puntos la media española. En términos absolutos, hay 26.178 pacientes más en lista de espera para consultas externas que al inicio del mandato al pasar de 98.304 con el gobierno de Lambán a 124.482 pacientes a 31 de diciembre de 2025, un aumento del 26,6%.

El 17 de mayo de 2023, en plena antesala de las elecciones autonómicas, Jorge Azcón lanzó una de las promesas más ambiciosas de su campaña al señalar la gestión sanitaria como el principal fracaso del gobierno de Lambán. Con una retórica contundente, calificó la situación de las listas de espera como una muestra del perjuicio que un mal gobierno supone para los ciudadanos, situando la reforma de la Sanidad como la piedra angular de su proyecto de cambio. Su compromiso era claro y cuantificable: modificar el decreto de garantías para rebajar el plazo máximo de espera quirúrgica de los seis meses vigentes en aquel entonces a tan solo cuatro meses. Según sus propias palabras, ningún aragonés con necesidad de cirugía debería esperar más de 120 días, fijando incluso un objetivo optimista de alcanzar los 100 días antes de concluir la legislatura.

Sin embargo, el balance al cierre del año 2025 ofrece una realidad distinta a la proyectada en aquel discurso. A fecha del 31 de diciembre de 2025, tras concluir la XI Legislatura bajo su mandato, el tiempo medio de espera quirúrgica se situaba en 132 días, lo que supone un incumplimiento directo de la palabra dada a los electores. Esta cifra resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que, durante su gestión, Azcón ha presumido de forma casi diaria de un aumento presupuestario en materia de salud, centrado principalmente en las cuentas aprobadas para el ejercicio 2024. Pese a ese incremento en la inversión y a la firmeza de sus críticas iniciales, la administración no ha logrado ajustar los tiempos de respuesta a los límites que el propio presidente definió como la medida indispensable para revertir lo que él mismo denominó un fracaso institucional.

Lista de espera quirúrgica por especialidades

En relación con la evolución por especialidades quirúrgicas, Aragón presenta algunos de los incrementos más elevados en número de pacientes en espera estructural. En cirugía general y del aparato digestivo, los pacientes han pasado de 3.606 en junio de 2023 a 4.721 en diciembre de 2025, lo que supone un incremento de 1.115 personas y un aumento relativo del 30,9%, el mayor entre las comunidades autónomas. En términos absolutos, este incremento solo es superado por Cataluña y la Comunidad de Madrid.

En urología, el número de pacientes en espera ha pasado de 1.802 a 2.841, con un incremento del 57,6%, también el más elevado del conjunto de comunidades, y un aumento absoluto de 1.039 personas, solo por detrás de Madrid y Cataluña. En otorrinolaringología, los pacientes en espera han aumentado de 1.318 a 2.084, lo que supone un incremento del 58,1% y un aumento absoluto de 766 personas, situando a Aragón como la segunda comunidad con mayor incremento relativo.

Consultas externas

En el ámbito de las consultas externas, el tiempo medio de espera ha pasado de 92 días en junio de 2023 a 138 días en diciembre de 2025, lo que supone un incremento de 46 días, el mayor registrado entre las comunidades autónomas. Esta evolución amplía significativamente la diferencia respecto a la media estatal, que se sitúa en 102 días, de modo que Aragón presenta una demora 36 días superior. En términos relativos, el incremento alcanza el 50%, casi tres veces más que el registrado en el conjunto del país.

Como consecuencia, Aragón ha pasado de ocupar la sexta posición en tiempo de espera a situarse como la tercera comunidad con mayor demora en consultas externas.

Asimismo, el porcentaje de pacientes que esperan más de 60 días para ser atendidos en una primera consulta ha experimentado un incremento notable. En junio de 2023, el 46,9% de los pacientes se encontraba en esta situación, lo que situaba a Aragón por debajo de la media nacional, fijada en el 51,6%.

Sin embargo, a diciembre de 2025 este porcentaje asciende al 73%, lo que supone un aumento de 26,1 puntos porcentuales y sitúa a la comunidad 11,5 puntos por encima de la media estatal, que es del 61,5%. Este incremento es más del doble que el registrado a nivel nacional y coloca a Aragón como la tercera comunidad con mayor proporción de pacientes con demoras superiores a 60 días.

En términos de volumen, a 31 de diciembre de 2025 Aragón cuenta con 124.482 pacientes en lista de espera para consultas externas, lo que supone 26.178 más que en junio de 2023, cuando la cifra era de 98.304. Este incremento del 26,6% convierte a Aragón en la segunda comunidad con mayor aumento relativo en este indicador.

El análisis por especialidades en consultas externas muestra igualmente una situación de elevada demora. Aragón se sitúa entre las comunidades con mayores tiempos de espera y lidera la demora en varias áreas.

En ginecología, el tiempo medio alcanza los 88 días, el más alto del país. En oftalmología, la espera se sitúa en 211 días, superando los siete meses, mientras que en traumatología alcanza los 188 días, más de medio año. En dermatología, el tiempo medio es de 143 días, lo que posiciona a Aragón como la quinta comunidad con mayor demora.

Asimismo, lidera la espera en otorrinolaringología con 241 días, más de ocho meses, y en neurología se sitúa como la tercera comunidad con mayor demora, con 127 días. En cirugía general y digestiva, aunque el tiempo medio es menor, con 66 días, Aragón sigue ocupando la quinta posición en términos de mayor espera.

El crecimiento de las listas es generalizado en prácticamente todas las especialidades. En ginecología, el número de pacientes en espera ha pasado de 5.348 a 10.828, lo que supone un incremento de 5.480 personas y un aumento del 102,5%.

En oftalmología, los pacientes han pasado de 27.405 a 30.563, con un incremento de 3.158 personas. En dermatología, el aumento es de 2.281 pacientes, al pasar de 15.666 a 17.947. En otorrinolaringología, la lista crece en 6.599 personas, desde 16.793 hasta 23.392, lo que representa un incremento del 39,3%.

Especialmente relevante es el caso de neurología, donde el número de pacientes en espera para una primera consulta ha pasado de 2.367 a 6.620, lo que supone un incremento de 4.253 personas y un aumento relativo del 179,7%, el mayor registrado entre las comunidades autónomas.

Este incremento adquiere especial relevancia por tratarse de una especialidad vinculada al diagnóstico de patologías graves y de alta prevalencia en población envejecida, como el alzhéimer, el párkinson o las secuelas de ictus. En este contexto, el acceso a una primera consulta no solo tiene implicaciones clínicas, sino también un impacto significativo en el bienestar psicológico de pacientes y familiares, al condicionar el proceso de diagnóstico y la evolución posterior de la enfermedad.

Acuerdos sanitarios del pacto PP-Vox y la prioridad o no nacional

En medio de esta realidad, surge la duda de si la atención sanitaria, hasta ahora universal, se recoge en el reciente acuerdo entre PP y Vox, impresicindible para la conformación del nuevo gobierno de coalición, que tiene como base el principio de 'prioridad nacional', por el que se prioriza a los españoles en el acceso a los servicios públicos. Sin embargo, el propio presidente ha asegurado que no se aplicará en casos de urgencia vital: “En Aragón se va a atender a todo el mundo en los hospitales y en los centros de salud exactamente igual que se les atendía, no va a haber ningún solo cambio, ningún solo cambio”. El presidente en funciones ha apuntado que “es muy irresponsable que se haga política del miedo con este tipo de cuestiones. Es un debate interesado en lo que lo único que se está intentando inocular es el miedo”.

Más allá de la prioridad o no nacional, el documento del pacto alcanzado entre PP y Vox recoge otras medidas genéricas que, en el ámbito de infraestructuras, pasa por la construcción de un nuevo Hospital Royo Villanova en Zaragoza y nuevos centros de salud en Utebo, Arcosur, Zuera y Cuarte de Huerva, además de la ampliación del de Caspe, con avances previstos antes de finales de 2026. Asimismo, se mantendrá y reforzará el sistema extrahospitalario de atención urgente primaria (DUAP) durante toda la legislatura.

En salud mental, se pondrá en marcha un plan específico infanto-juvenil con nuevas unidades en Zaragoza y refuerzo en Huesca y Teruel, además de mejorar la atención a trastornos de la conducta alimentaria, con avances antes de 2026.

También se contempla el refuerzo de los cuidados paliativos desde el primer momento, así como un plan de mejora de los recursos sanitarios que incluye la implantación de radioterapia en Teruel antes de 2027, así como incentivos para cubrir plazas de difícil acceso y la conversión de los hospitales generales en universitarios hacia 2027-2028.

En materia de servicios, se ampliará la atención bucodental infantil hasta los 16 años a partir de 2027.

En salud pública, se endurecerán las sanciones por fraude en el etiquetado de alimentos para garantizar la transparencia sobre su origen, con medidas a desarrollar en 2027. Finalmente, se promoverá el deporte como base de un estilo de vida saludable mediante un plan de infraestructuras deportivas a lo largo de toda la legislatura.

Paralelamente, se reforzará la atención a las personas mayores mediante más plazas en residencias y centros de día, mayor presupuesto y ampliación de conciertos, de forma continuada en cada presupuesto.

El acuerdo incorpora un enfoque transversal de familia en todas las políticas públicas, obligando a evaluar su impacto en este ámbito desde el inicio del mandato.

La familia del tercer paciente oncológico fallecido en el hospital de Burgos, de los cinco que recibieron una dosis seis veces superior a la pautada por un error en la preparación del fármaco, consideran que la muerte debe tratarse como un homicidio por imprudencia profesional grave, al igual que la de los otros dos pacientes que fallecieron en diciembre.

El abogado de la familia, que también forma parte del equipo jurídico que colabora en Castilla y León con el Defensor del Paciente, Santiago Díez, ha explicado a EFE que una vez entró en el hospital y fue derivado a la UCI no ha salido de allí, y ha pasado cuatro meses en estado crítico hasta que falleció el miércoles.

“Se ha muerto de otra cosa, no de su cáncer”, ha afirmado la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, quien ha estado en contacto con la familia todo este tiempo y asegura que la sobredosis del fármaco -seis veces superior a la dosis pautada- y la falta de atención han acabado en el fallecimiento.

Tanto el Defensor del Paciente como la familia del fallecido han solicitado que se le practique la autopsia, como parte de la investigación abierta por el Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Burgos plaza 1 por delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y lesiones por imprudencia profesional grave.

El fallecido, que como los otros cuatro pacientes estaba siendo tratado de cáncer de próstata, sobrevivió en un primer momento a la intoxicación derivada de recibir un fármaco con exceso de concentración, pero su cuerpo se vio muy afectado, con daños vitales importantes, y ha permanecido en la UCI cuatro meses.

Además, Carmen Flores ha cuestionado que el hospital suspendiera el tratamiento contra el cáncer, una situación por la que también está pasando uno de los dos supervivientes -ambos dados de alta-, según el abogado, quien ha indicado que el hombre está centrado en recuperar la movilidad.

Confían en la justicia para una sentencia ejemplar

La presidenta del Defensor del Paciente confía en que la justicia aclare lo sucedido, y quién o quiénes son los responsables de que estos cinco pacientes recibieran una dosis seis veces superior a la pautada, de lo que el hospital ha calificado de “error humano” pero por el que nadie ha dimitido o ha sido apartado.

Carmen Flores espera que haya una sentencia “ejemplar” para evitar que esta situación se repita, y ha lamentado la falta de “humanidad y respeto” del hospital y la Junta de Castilla y León, que no han informado a las familias -incluso las ha “engañado”-, ni les ha pedido perdón ni han asumido responsabilidades.

El Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Burgos número 1, por su parte, y tras recibir denuncia de la Fiscalía, avanza en la investigación y ha solicitado información sobre la trazabilidad del medicamento al servicio de Farmacia del hospital y a los responsables del sistema informático de prescripción.

Un error en la ficha del medicamento

La denuncia de la Fiscalía recoge que el hospital implantó el 2 de diciembre de 2025 un nuevo sistema de prescripción electrónica en Oncología y Hematología, para sustituir la prescripción médica habitual que era manual o a través de orden médica informatizada.

Dicho cambio requirió la configuración de una base de datos en la que la empresa responsable del nuevo programa volcó de manera automática los datos generales de los medicamentos oncológicos, si bien la Fiscalía recoge que la mayor parte de esos datos fueron revisados por farmacéuticos del hospital.

Por ese motivo, la Fiscalía dirigió su denuncia contra los profesionales implicados y responsables en la grabación errónea en el sistema informático de la ficha del medicamento; también contra la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León como responsable civil directo o subsidiario.

Seamos egoístas, pero también honestos. Reconozcamos que la regularización es, en parte, la consecuencia de un fracaso: el fracaso de una política migratoria incapaz de responder a una realidad evidente. Un fracaso que se agrava porque la situación política del país impide modificar o aprobar una nueva Ley de Extranjería —una Ley Orgánica que requiere mayorías hoy inexistentes—, porque algunas interpretaciones judiciales se alejan del espíritu de la norma y porque miles de personas llevan años trabajando y arraigando aquí sin posibilidad, hasta ahora, de acceder a una autorización para residir y trabajar.

Seamos egoístas y queramos esas nuevas cotizaciones que llegarán, esos contratos que se firmarán, esos impuestos que se pagarán.

Pero seamos aún más egoístas.

Queramos más profesionales sanitarios en nuestros centros de salud. Más del 13% de las personas extranjeras afiliadas al Régimen General en Extremadura trabajan en ocupaciones vinculadas a la salud y los servicios sociales, el porcentaje más alto del país.

Queramos más emprendedores en nuestros pueblos. Según el proyecto GEM, la población extranjera presenta una tasa de emprendimiento superior a la española en todos los rangos de edad y niveles educativos.

Queramos más manos trabajando en el campo. Más del 35% de las personas afiliadas al sistema especial agrario en España son extranjeras.

Queramos más personas sosteniendo los cuidados en nuestros hogares. Más del 40% de quienes cotizan en el sistema especial de trabajadores del hogar son de origen extranjero.

Y vayamos al egoísmo máximo: pidamos que quienes trabajan no sean, además, quienes más prestaciones reciben. La población extranjera supone el 20% de la población total y el 25% de la fuerza laboral, pero percibe menos del 15% de las prestaciones por desempleo.

Seamos egoístas y queramos rejuvenecer nuestra población. La edad media de las personas españolas es de 45 años; la de las personas extranjeras, de 41, y menor de 40 si excluimos a quienes proceden de la Unión Europea. El 23,5% de la población española tiene 65 años o más, frente al 9,2% de la población extranjera.

Seamos egoístas y aceptemos que necesitamos a alguien que cotice para sostener nuestras pensiones. La población en edad de trabajar ya ha empezado a disminuir y, en 2050, será 2,5 millones menor que la actual.

Seamos egoístas y facilitemos la regularización de quienes llegaron buscando un futuro mejor para ellos y sus familias, huyendo en muchos casos de situaciones de peligro. Personas que afrontan dificultades para alquilar una vivienda, convalidar sus títulos o acceder a un empleo, y que cargan además con un sentimiento de culpa por haber dejado atrás tanto, aun sabiendo que marcharse fue, para muchos, la única opción.

Y aun así, siguen adelante.

Seamos egoístas porque la realidad, los datos y la experiencia nos dicen que su presencia no solo no nos perjudica: nos sostiene. Nos conviene. La necesitamos.

El conflicto entre Sanidad y los sindicatos médicos se ha elevado este jueves el enésimo escalón. La ministra Mónica García ha aprovechado su intervención en una comisión del Senado para hacer pública una pequeña parte de la transcripción de la última reunión con el Comité de Huelga, que los sindicatos había pedido grabar. Según estos entrecomillados, las organizaciones sindicales del ámbito habrían circunscrito sus reivindicaciones a obtener mayor representación en las mesas generales. “Si nos dais un ámbito de negociación propio, no vamos a negociar ninguno de los otros aspectos”, leyó García.

El Ministerio y el Comité de Huelga habían mantenido la semana pasada encuentros discretos y Sanidad había emplazado a los sindicatos médicos a una nueva reunión con las comunidades este jueves. Esa cita saltó por los aires cuando las organizaciones emitieron un comunicado en la noche del martes en el que avanzaban que continuaban con la huelga de cuatro días prevista para el próximo lunes.

“Creo que a las comunidades lo que hay que decirles es que estamos dispuestos a suspender la huelga después de esta reunión, si hay buen rollo. Eso lleva dos cosas, primero que vayan y segundo que entren, porque tiene que haber cierto acuerdo. Cada uno de nosotros va a ir a hablar con nuestros consejeros y vamos a decirles: ”Oye, que sí, que hay intención de que esto funcione“”, ha desvelado García que dijeron los negociadores del Comité de Huelga.

El Comité de Huelga está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

García ha acusado a los sindicatos médicos de “deslealtad”, en la negociación y con los profesionales, “a quienes no les están llevan los acuerdos, las ventajas y las mejoras que estamos acordando en las mesas de negociación”.

“Eso es lo que se cuenta dentro y fuera se mantiene el conflicto. Esto es asi. Hemos llegado a acuerdos cuatro veces. (hemos mantenido) 26 reuniones en un tono muy constructivo desde las dos partes, que se pierde cuando se atraviesa la puerta. Yo voy a seguir intentándolo, porque nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando que los profesionales no tengan ni siquiera los mínimos, que sigan haciendo dos guardias a la semana, cuando el Estatuto Marco dice que podrán hacer como mucho una; que sigan haciendo guardias de 24 horas, cuando el Estatuto Marco dice que solo podrán hacer dos turnos seguidos o que puedan organizarse por turnos; o que sigan teniendo OPEs cada 10 años, cuento el Estatuto Marco dice que se pueden hacer cada dos”.

La propuesta de Sanidad pasaba por “utilizar el Estatuto Básico del Empleado Público y los recursos jurídicos que tienen para que los médicos tengan un ámbito de negociación propio formal”, ha explicado en el Senado Mónica García, donde ha insistido en que “esto es lo que se ha estado negociando en las últimas semanas”. “Un solo punto, al cual hemos dado respuesta”, ha asegurado. “¿A usted le ha pasado alguna vez negociar una cosa y romperla al salir por la puerta?”, ha preguntado García al senador madrileño y ex consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. “A mí me parece desleal”, espetó.

El Comité de Huelga pide la dimisión de la ministra

El Comité de Huelga ha respondido a la ministra a través de un comunicado en el que piden su dimisión “ante las mentiras reiteradas del ministerio”. “Sostiene que la reunión [prevista para este jueves con las comunidades autónomas] había sido solicitada por el Comité, al que le reprocha haber rechazado su última propuesta y mantener convocada la huelga que tendrá lugar la próxima semana”, indican. Una versión de los hechos que, dicen, “no se ajusta a la realidad”.

Según este relato, el Comité habría manifestado su disposición a estudiar la propuesta de la creación de mesas de negociación específica para el colectivo médico y facultativo, pero habría quedado “expresamente establecido que la reunión con las comunidades autónomas solo tendría lugar en caso de que dicha propuesta fuese aceptada”. Algo que finalmente no ocurrió tras el “análisis” de la misma, que la reveló “inviable desde el punto de vista jurídico”.

La clave está en que las mesas sectoriales podrán constituirse dependiendo de las mesas generales de negociación, donde estos sindicatos no tienen representación. “Yo no decido quién se sienta en la mesa de negociación sindical, ¿quién lo decide? Las elecciones. ¿Me van a decir que yo me tengo que saltar la representación sindical, que es la que representa a los trabajadores?”, ha afeado la ministra.

Por eso, para los sindicatos médicos, “cualquier solución efectiva al conflicto requiere necesariamente una reforma de la legislación básica del Estado, que permita la creación de una mesa de negociación propia, así como el establecimiento de un estatuto específico para médicos y facultativos”. “Estos son los primeros pasos imprescindibles para abordar el resto de demandas en materia de clasificación, jornada, jubilación, etc.”.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha presentado hoy el Plan regional para el Mantenimiento y Desarrollo de la Ganadería Extensiva en Castilla- La Mancha, “un plan que apuesta por un modelo que combina tradición, con competitividad y sostenibilidad”, tal como ha manifestado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la presentación del documento junto a la directora de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez.

Con este plan, que ha sido demandando por las organizaciones agrarías, “cumplimos el compromiso del presidente Emiliano García-Page con el sector para impulsar políticas de apoyo al sector ganadero y en particular a la ganadería extensiva, en este caso con el Plan Estratégico de la Ganadería Extensiva”.

La Estrategia, “que está viva y tendrá que ir desarrollándose en virtud de la realidad” ha sido elaborada junto a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y ha estado trabajada y consensuada con organizaciones agrarias, asociaciones ganaderas (AECERIBER. ASOPROVAC, AGRAL, ANABE, GRAPA, RAEANI, etc.), colegio de veterinarios y Fundación Global Nature, participes activos en el proceso de elaboración. Por último, ha estado abierta a la participación de la ciudadanía de Castilla-La Mancha recibiendo más de 60 aportaciones en el proceso de exposición pública.

Todo ello para reconocer el “papel social de los ganaderos que son esenciales para fijar población, generar empleo y mantener vivos nuestros pueblos, no en vano la ganadería constituye un pilar estratégico dentro del sector primario, con una contribución relevante al PIB regional agrario de un 4%”, ha manifestado el consejero.

Contenido del Plan: objetivos, ejes y medidas 

Julián Martínez Lizán ha comenzado explicando que en la región conviven el modelo intensivo y el extensivo y este Plan Estratégico reconoce su complementariedad y promueve su convivencia equilibrada, entendiendo que ambos modelos son necesarios y compatibles para asegurar la sostenibilidad económica, social y ambiental del sector ganadero. “No tiene por qué haber dicotomías entre la ganadería intensiva y la extensiva porque son compatibles y todas son importantes, pero en la extensiva es donde hemos visto mayor incidencia en la desaparición progresiva de este tipo de ganado y por lo tanto tenemos que intentar apoyarla”, en palabras del consejero.

En este momento, en Castilla-La Mancha hay más de 10.000 explotaciones de ganadería y en la PAC 5.600 piden ayudas vinculadas a pastos, lo que indica que el porcentaje de explotaciones vinculadas a la ganadería extensiva está por encima del 50 por ciento “y sobre todo, son las que más nos preocupan en su continuidad futura”.

La Estrategia combina modernización, sostenibilidad ambiental, sanidad animal, innovación y valorización de los productos, con el objetivo de reforzar la competitividad y viabilidad de la ganadería extensiva en Castilla-La Mancha.

Todo ello se ha articulado en 5 ejes de actuación y 40 medidas específicas. El Eje 1 dedicado a la ‘Mejora de la competitividad’ incluye medidas para reforzar la viabilidad económica de las explotaciones como la caracterización de los grados de extensividad, el análisis de los costes de producción, el apoyo a las razas autóctonas y mejora genética, incluyendo además trabajos en aras de simplificación administrativa y flexibilidad normativa

El Eje 2 sobre ‘Sostenibilidad ambiental’, reconoce la ganadería extensiva como una herramienta clave de gestión del territorio, fomentando el pastoreo como medida de conservación, prevención de incendios y protección de la biodiversidad, además de reforzar las ayudas agroambientales y poner en valor prácticas tradicionales como la trashumancia y la dehesa.

El tercer eje sobre ‘Sanidad animal’ prioriza la prevención y el control de enfermedades mediante una mejor comunicación con el sector, el refuerzo de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas y la aplicación del enfoque One Health, integrando salud animal, humana y ambiental.

El Eje 4 sobre ‘Formación, I+D+i’, apuesta por la profesionalización y la innovación a través de la colaboración con centros de investigación, la creación de una red de explotaciones de referencia, el impulso de la formación especializada y la transferencia de conocimiento al sector.

Y, por último, el Eje 5,‘Comercialización y promoción’, está orientado a mejorar la rentabilidad de los ganaderos mediante la diferenciación y promoción de los productos de origen extensivo, el impulso de figuras de calidad, la presencia en ferias y eventos y el fomento de canales cortos de comercialización.

Fondos e inversión

Desde el punto de vista económico, el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha explicado que, en total, son más de 184 los millones de euros que el sector ganadero tiene en estos momentos que vienen de fondos europeos, la Administración General del Estado y fondos propios de la Comunidad Autónoma “y queremos reforzarlo”. Algo que se hará en la medida en que, en la revisión para la aplicación del próximo programa de la PAC que se está negociando, “se puedan implementar nuevas medidas que contribuyan a seguir revitalizando la ganadería en nuestro territorio. Ganadería extensiva, pero también la intensiva que también supone una aportación importantísima en ese desarrollo socioeconómico de nuestra región”.

A ese importe, se suman otras líneas de ayuda que no son anuales y que se articulan dependiendo de las necesidades del sector, o la línea de Ayuda de Extensificación Avícola con casi 12 millones de euros.

También hay que añadir las ayudas a la incorporación de jóvenes y mejoras, “en las que vamos a seguir trabajando por su importancia para el futuro del sector”, y que han hecho posible que desde que Emiliano García-Page es presidente se hayan incorporado más de 1.400 jóvenes a la ganadería, recibiendo una ayuda de 48,5 millones de euros. En cuanto a la mejora de las explotaciones, han sido 1.025 jóvenes ganaderos los han recibido más de 55 millones de euros de ayudas, promoviendo una inversión 92,5 millones de euros.

En cualquier caso, ha abogado por hacer el sector todavía más atractivo “para que haya más chicos y chicas que quieran enfrentar este nuevo reto. El relevo generacional, en una actividad que tiene que dedicarle 365 días al año a mantener a sus animales, requiere de un gran sacrificio y de un gran amor al desarrollo de esta actividad, por eso vamos a ver si somos capaces entre todos le poder hacer atractivo este sector”.

Ni los fondos que destina la Xunta a la atención primaria son suficientes ni ha puesto remedio al problema de la falta de personal o de la temporalidad ni ha conseguido que la demora para ir al médico de familia sea de menos de 48 horas. El Consello de Contas confirma que esta área de la sanidad se ha deteriorado drásticamente: recibe el 12% del gasto sanitario, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda más del doble -un 25%-; solo la Comunidad de Madrid le destina menos; el 40% de los ayuntamientos no tienen pediatra y otro 30% lo comparte con otros territorios; el 28% de las plazas están vacantes y las demoras para ver al médico de familia se han incrementado. El informe analiza estos datos de espera solo en las áreas sanitarias de Pontevedra y Ferrol, pero recalca que los pacientes tienen que aguardar más de cinco días en el 39% de los casos en Pontevedra y en el 30% de las ocasiones en Ferrol.

El análisis de Contas -el ente que fiscaliza a las administraciones públicas en Galicia- llega en medio de protestas nunca desactivadas por la situación de la sanidad pública, en una jornada de huelga convocada por el sindicato CIG, cuando la Xunta anuncia una reforma de la atención primaria y con el debate abierto por el plan para limitar las bajas laborales. En este contexto, el informe hace una fotografía de la situación y señala que ese 12% del gasto destinado a primaria está por debajo también de la media estatal, que es del 14%

El documento añade que hubo, entre 2013 y 2023, una disminución de la población gallega y, a la vez, un envejecimiento, de modo que los mayores de 85 años aumentaron un 32%. Estos cambios, sumados a la dispersión de la población, “inciden directamente en las necesidades de la asistencia en atención primaria”. Pese a ello, el incremento en el gasto del Servizo Galego de Saúde (Sergas) -que fue del 27,5% entre 2019 y 2023- se dirigió sobre todo a atención hospitalaria y gasto farmacéutico. Para las consultas especializadas se destinó el 62% del gasto sanitario.

El análisis se refiere también al equipo humano en atención primaria, en donde están vacantes el 28% de las plazas. La falta de profesionales es, añade, “uno de los principales problemas estructurales”, reconocido por la propia Xunta. La cuestión se agudiza en medicina de familia y pediatría, recalca Contas, que indica que hay 120 ayuntamientos gallegos (el 40% del total) en los que los niños no tienen un especialista propio que los atienda y otros 96 en los que comparten pediatra, según los datos actualizados en octubre de 2025. En estos casos, los menores son derivados al médico de primaria, pero se pone de manifiesto “una cobertura insuficiente y desigual, especialmente en las zonas rurales”.

El personal sanitario tenía una tasa de temporalidad del 28%, según datos de principios de 2023. Hay una reducción tras la convocatoria de 468 plazas lanzada ese año, pero sigue sin alcanzarse el objetivo de que esa tasa se sitúe por debajo del 8% en todas las categorías profesionales.

Los documentos publicados este jueves son varios y se refieren, además de a la atención primaria y al Sergas, a las cuentas generales de la Xunta de Galicia en 2024 y al sector instrumental, es decir, entes que dependen de la administración autonómica o empresas en las que tiene una participación mayoritaria. Sobre estos puntos, Contas pone varios reparos. Señala que el Gobierno gallego incumplió la regla de gasto -que se determina cuánto puede aumentar el gasto de una administración teniendo en cuenta sus ingresos-, con un aumento del 9,1%, por encima de la media de las comunidades autónomas, que fue del 7% y del 2,6% que se había marcado.

Contratos sin concurrencia competitiva

El Consello de Contas señala que las rebajas fiscales aplicadas se incrementaron un 15,9% y representan 686 millones de euros que se dejan de recaudar. Estos beneficios fiscales, añade, equivalen al 0,66% del producto interior bruto (PIB) gallego, mientras que las normas que implican subir impuestos equivalen a solo el 0,27% del PIB.

El ente fiscalizador vuelve a poner el foco en la contratación, en la que el 42% del gasto -2.941 millones de euros- se tramita con procedimientos sin concurrencia competitiva entre varios candidatos. También afea que haya gastos corrientes registrados incorrectamente como inversiones, lo que “contribuye a proporcionar una imagen sobredimensionada del esfuerzo inversor de la administración”. Entre las partidas que no se pueden considerar inversiones cita las destinadas a la defensa contra incendios, la publicidad realizada en medios de comunicación y el contrato de seguimiento y gestión del plan de transporte público. Esta cuestión, recuerda Contas, se pone de manifiesto año tras año en sus controles.

Otra de las críticas se refiere a la falta de transparencia sobre entidades como la empresa público-privada Impulsa Galicia (disuelta en 2025 y a través de la que se promovió el proyecto de Altri y mediante la que se firmó un memorándum de entendimiento secreto con la empresa portuguesa) o la sociedad Recursos de Galicia. Contas señala que no se ha aprobado un marco normativo que aumente el nivel de supervisión sobre las mismas.

Habían mantenido reuniones discretas la semana pasada, pero volvieron a volar los puentes hace apenas unas horas. Los sindicatos médicos han confirmado que mantendrán la huelga de cuatro días prevista para la próxima semana ante la “ausencia de avances sustanciales” en las conversaciones con el Ministerio de Sanidad. Las nuevas propuestas que ha puesto sobre la mesa el departamento que dirige Mónica García han sido insuficientes para el Comité de Huelga.

Que los sindicatos médicos hayan avanzado que retomarán los paros del próximo lunes, dentro del calendario de movilizaciones mensuales que iniciaron en febrero, ha hecho que Sanidad desconvoque la reunión prevista para este mismo jueves, a la que se estaba llamando a las comunidades autónomas a asistir de forma telemática. Según fuentes cercanas a la negociación, habían sido los propios sindicatos médicos quienes habían pedido la participación de las consejerías en el proceso.

Representantes del Ministerio y el Comité de Huelga se habían reunido en dos ocasiones la semana pasada, el lunes y el viernes. Estos encuentros se produjeron tras la negativa de los médicos a que la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar, mediara en el conflicto. Para rebajar las tensiones, los equipos negociadores habían acordado no pronunciarse sobre el contenido de esos encuentros.

Sanidad no realizó ninguna comunicación de esas reuniones y los sindicatos médicos apenas emitieron una breve nota el viernes. En ella, informaban de que se había mantenido “una reunión de trabajo en la que ambas partes se han comprometido a seguir intercambiando propuestas y a mantener próximos encuentros para continuar con la negociación”.

Esos encuentros no han llegado a producirse. En la noche del martes, el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) avanzaron que las movilizaciones continuarían.

“Aunque la propuesta ministerial generó inicialmente ciertas expectativas, su análisis detallado evidencia que no da respuesta suficiente a los problemas estructurales del colectivo médico ni garantiza mejoras reales en sus condiciones laborales”, indicaban en un comunicado que dinamitó la reunión que estaba preparándose.

Uno de los puntos de fricción que ha frenado las conversaciones ha sido la representatividad de los sindicatos médicos, minoritarios en las mesas generales de negociación. Sanidad había propuesto al Comité de Huelga la creación de mesas técnicas a nivel autonómico en las que estuvieran presentes estas organizaciones, en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público. Para ello, se requiere del consenso de las comunidades autónomas, que estaban siendo convocadas, y finalmente desconvocadas, para este jueves.

“Esas mesas técnicas están supeditadas a las generales en las que, como todo el mundo sabe, están únicamente los sindicatos generalistas. Es decir, aquellos que tienen una alta implantación por número de afiliaciones y de trabajadores a los que representan”, explica el secretario general de CESM, Víctor Pedrera.

En este sentido, los médicos reclaman un estatuto y una voz propia, frente al resto de trabajadores de la sanidad pública, que cifran en el 85% del total y exigen a Sanidad un estatuto médico. “En toda Europa, menos en España, Croacia y Rumanía, los médicos se regulan de forma individual”, señala Pedrera, que indica que los sindicatos de clase representan a médicos, pero también a otros profesionales del ámbito sanitario.

Además de este estatuto propio y un ámbito de negociación específico, los médicos reclaman una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación, un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico y una clasificación profesional justa. “Debe contemplarse de forma clara el nivel de responsabilidad. La persona que le acerca las pinzas al cirujano y el cirujano que decide por dónde se corta no pueden estar encuadrados en un mismo nivel de catalogación laboral”, considera Pedrera.

A principios de marzo, en el Foro de la Profesión Médica, el Ministerio se comprometió a reforzar el papel de la entidad en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, a reconocer la penosidad de las guardias y a “estudiar” la aplicación de coeficientes reductores para la edad de jubilación. Pero desde Sanidad llevan semanas insistiendo en que muchas de las reivindicaciones escapan de su ámbito competencial, algo que reconocen incluso desde los sindicatos convocantes de la huelga.

Con todo, desde la CESM indican que la negociación del Estatuto Marco se llevó a cabo con el Ministerio quien, dicen, “tiene la potestad de modificar una ley”. El Estatuto Marco, señala Pedrera, “era necesario abrirlo, pero no puedes cerrarlo en falso y dejar a los médicos como estaban. El médico moderno quiere tener unas condiciones laborales exactamente iguales que un celador o una enfermera y negociar con la administración”.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) ha manifestado su “profundo disgusto” ante lo que consideran una “falta de transparencia” en los llamamientos de las bolsas de empleo del Servicio Riojano de Salud (SERIS). Según denuncia el sindicato, a pesar de haber mantenido reuniones con la Dirección de Recursos Humanos durante más de dos años, siguen sin cumplirse las promesas de implementar una aplicación móvil que permita a los aspirantes consultar su posición en las listas de contratación de manera directa.

Desde la organización sindical aseguran que esta ausencia de mecanismos claros genera malestar entre el personal de una misma categoría y “alimenta la desconfianza hacia quienes gestionan las bolsas”, una labor que se realiza bajo las indicaciones de la Administración. El sindicato recuerda que herramientas tecnológicas similares ya funcionan desde hace años en comunidades vecinas como Asturias, País Vasco y Navarra, donde se garantizan procesos basados en los principios de mérito, capacidad e igualdad.

Para la FSS-CCOO resulta “incomprensible” que en La Rioja se argumente una supuesta falta de medios informáticos para no facilitar el acceso a la información. “No aceptamos esta excusa”, subrayan desde la formación, insistiendo en que existen ejemplos funcionales en el Sistema Nacional de Salud que demuestran que no hay razones técnicas para que el SERIS permanezca al margen.

Asimismo, el sindicato ha trasladado sus dudas sobre la calidad del software actual utilizado para los llamamientos. Según explican, han recibido numerosas quejas del personal encargado de manejar estos programas, señalando que están “obsoletos” y que no permiten cumplir con las garantías de un sistema justo.

Ante esta situación, la FSS-CCOO ha reafirmado su compromiso con los profesionales del SERIS que demandan una gestión “clara y actualizada”. El sindicato advierte que seguirá luchando para que la Dirección de Recursos Humanos cumpla con su “obligación de garantizar la transparencia” que merecen los trabajadores del servicio de salud riojano