Un grupo de delegados sindicales de UGT, SIAT, CSIF, CCOO y CIG han aumentado este miércoles la presión en la Agencia Tributaria ante el despacho de la directora general, Soledad Fernández, por “la falta de respuesta a las demandas planteadas por los trabajadores en el conflicto declarado el 4 de abril”.

Como consecuencia de esta acción de protesta, y según han confirmado fuentes de los sindicatos y de la propia Agencia Tributaria, Soledad Fernández ha accedido a mantener una breve reunión con los representantes de los trabajadores, que exigen respuestas “a las demandas planteadas” sobre la carrera profesional, el convenio colectivo, la promoción interna o la movilidad.

“La directora general ha ofrecido un encuentro de cinco minutos, en un receso que tiene de una reunión, pero necesitamos un compromiso firme y real o vamos a seguir ante su despacho”, advierte Laura Belaire, portavoz institucional de UGT en la Agencia Tributaria. A las 20 horas, los sindicatos han confirmado que alargarían la protesta “toda la noche”.

“Tras una breve conversación de pasillo donde la directora, Soledad Fernández, nos asegura que no tiene capacidad para negociar ningún acuerdo y nos confirma que el secretario de Estado [no Jesús Gascón] tiene previsto recibirnos, nos ha emplazado a dirigirnos a la ministra de Hacienda [María Jesús Montero]”, detallan los representantes de los trabajadores.

“Han solicitado ser recibidos por la directora. Ella ha estado en una reunión con una delegación internacional toda la mañana”, explican fuentes de la institución. “Los sindicatos tenían agendada una reunión a las 12.30 con Relaciones Laborales, que es su interlocutor habitual”, añaden.

En este contexto, los sindicatos mantienen la amenaza huelga, aunque tienen la esperanza de que se reactiven las negociaciones antes de tener que parar de trabajar, lo que sería especialmente crítico cuando se han iniciado las citas presenciales de la campaña de la declaración de la renta, que se extienden hasta el final del mes.

Hace un par de semanas, estos mismos sindicatos mayoritarios de la Agencia Tributaria registraron en el Congreso de los Diputados una petición de reprobación de su presidente, el también secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, al que culpan de todo el caos en la institución. Entonces, fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por elDiario.es aseguraron que “la Agencia Tributaria ha trasladado a los sindicatos su disposición a reunirse periódicamente para aclarar los aspectos jurídicos y técnicos necesarios para la actualización del actual modelo de carrera administrativa y profesional”.

“Recordemos que este conflicto estuvo precedido de otro declarado en septiembre de 2022 y cerrado el 8 de marzo de 2023 en un documento de acuerdo que recogía compromisos de la directora general, todos ellos incumplidos una vez finalizado el plazo que habíamos acordado las partes”, inciden desde UGT.

“El acuerdo de carrera administrativa y profesional sigue sin reactivar, el convenio colectivo denunciado en septiembre de 2022 sigue sin ser negociado, los delegados territoriales siguen extorsionando a los trabajadores para que participen en el proyecto de información y asistencia fuera de su jornada de trabajo, el personal de vigilancia aduanera sigue sin ser reconocido como profesión de riesgo, etc. En más de dos meses de conflicto no ha habido ni un solo avance”, lamentan desde el sindicato.

“Paralelamente, la Agencia Tributaria sigue perdiendo sentencias que ponen de manifiesto que actúan fuera de ley, [...] y que han supuesto miles de euros de fondos públicos en costas para la institución y miles de euros para los trabajadores que han de contratar abogados y procuradores para solicitar el amparo de la justicia ante los abusos de la dirección de la Agencia”, concluyen.

Los sindicatos mayoritarios de la Agencia Tributaria han registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una petición de reprobación de su presidente, el también secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, por el bloqueo “de la carrera profesional, el convenio colectivo, la promoción interna o la movilidad”.

Esta petición (“una carta” que firman SIAT, UGT, CCOO, CSIF y CIG y a la que ha tenido acceso elDiario.es) denuncia que “el máximo responsable del actual caos organizativo” de la institución es Jesús Gascón, en el cargo desde junio de 2022. Los representantes de los trabajadores lamentan que es el primer secretario de Estado de Hacienda que “no ha recibido a las organizaciones sindicales ni una sola vez, a pesar de haberlo solicitado en diversas ocasiones”.

Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que “la Agencia Tributaria ha trasladado a los sindicatos su disposición a reunirse periódicamente para aclarar los aspectos jurídicos y técnicos necesarios para la actualización del actual modelo de carrera administrativa y profesional”.

“Por tanto, hay una fluida interlocución con los sindicatos. De hecho, este mismo jueves la directora general de la AEAT [Soledad Fernández] se reunirá con ellos, como ya ha hecho anteriormente”, continúan desde el Ministerio que lidera la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Los representantes de los trabajadores escalan el conflicto laboral en la Agencia Tributaria, en plena campaña de declaración del impuesto sobre la renta (el IRPF) y sobre el Patrimonio, tras convocar distintas movilizaciones desde abril. No se descarta “la convocatoria de huelga”, según recoge la nota de prensa de las concentraciones de este jueves 22 de mayo “en las delegaciones especiales de Madrid, Cataluña, Galicia, Valencia y Andalucía”.

Una huelga sería especialmente crítica a partir del 3 de junio, cuando se inician las citas presenciales de la campaña de la renta, hasta el final del mes.

“Caos organizativo”

La carta que los sindicatos dirigen a los grupos parlamentarios arranca transmitiendo “nuestra preocupación por el caos organizativo en el que está sumida la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), organismo encargado de la recaudación tributaria, así como de la lucha contra el fraude fiscal, aduanero, blanqueo de capitales, contrabando y narcotráfico”.

Esta misiva repasa el conflicto que comenzó en 2022. En la primera fase de la reclamación de “mejoras laborales”, 18.000 trabajadores de los cerca de 26.000 de la institución firmaron otra petición de reprobación del secretario de Estado de Hacienda. Entonces, se acordó la 'paz' con “un documento en el que la AEAT se comprometía a reactivar la carrera profesional, firmar un nuevo convenio colectivo y resolver otros asuntos fundamentales para desempeñar con eficacia las funciones asignadas”.

“La dirección de la AEAT ha incumplido todos los compromisos asumidos en dicho documento, motivo por el cual se ha declarado un segundo conflicto el 4 de abril de 2024 que ha desembocado en movilizaciones masivas respaldadas por miles de trabajadores y trabajadoras”, continúa la carta.

“Con la finalidad de que el modelo de carrera profesional a implementar se pueda hacer efectivo y para atender la demanda sindical de negociación de los aspectos relativos a la productividad, la Agencia ha propuesto la convocatoria de la mesa general para abordar el modelo de evaluación del desempeño, figura directamente ligada al desarrollo de la carrera horizontal y al abono de complementos”, defienden desde el Ministerio de Hacienda.

En un comunicado de principios de mayo, UGT incide en que la exigencia de mejoras laborales y salariales se dan “en un organismo cuya carrera profesional lleva años congelada y con un convenio colectivo firmado en 2006 y denunciado en 2022”.

Además, el documento que los sindicatos han registrado este miércoles en el Congreso advierte de que el secretario de Estado y presidente de la Agencia Tributaria permite “que determinados delegados y sus familias ocupen viviendas públicas y hagan uso y disfrute de sus plazas de garaje”. Asimismo, señala “su disposición para acudir a congresos de asociaciones profesionales de varios días de duración con el fin de opinar e influir en la dirección de las mismas, justificando con cursos fraudulentos la asistencia a esos congresos de cientos de inspectores e inspectoras de Hacienda que se ausentan de sus puestos de trabajo durante varias jornadas todos los años”.

“Estamos hablando de las mismas asociaciones profesionales que boicotean los acuerdos sindicales suscritos, relativos a temas como la carrera profesional, el convenio colectivo, la promoción interna o la movilidad”, prosigue la carta.

“SIAT, UGT, CSIF, CCOO y CIG, ostentando la representación de más del 80% de la mesa general de la AEAT, solicitamos la reprobación de Jesús Gascón Catalán por entender no respeta el ordenamiento jurídico ni cumple con las obligaciones inherentes a su cargo, lo que ha supuesto la pérdida de confianza de una inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras de la Agencia, así como la de sus legítimos representantes”, finaliza.

A la espera de la subida del 2%

Al margen de las reclamaciones específicas, el conjunto de los funcionarios y trabajadores públicos siguen esperando la subida salarial pactada del 2% para este 2024.

Ante la ausencia de Presupuestos Generales (PGE), el Gobierno de coalición incluyó el aumento de sueldo en el decreto anticrisis de finales de 2023, que todavía no ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados. Así, se van acumulando los meses de retraso.

Alquilar balcones con vistas a la carrera oficial en Semana Santa es legal, pero no declarar los beneficios a Hacienda puede salir muy caro, como advierten desde el Consejo Andaluz de Administradores de Fincas (Cafincas). Por tanto, los propietarios de inmuebles situados en puntos codiciados de la carrera oficial –como la zona de Campana en Sevilla– han de tener en cuenta la “necesidad y obligatoriedad de declarar los ingresos por el alquiler” para evitar así represalias por parte de la Agencia Tributaria.

Lo aconseja el presidente de Cafinca, José Feria, quien recuerda que las sanciones por no declarar esta ganancia son graduales y “pueden oscilar entre el 50 y el 150 por ciento del importe no declarado”, en virtud de lo establecido en la Ley General Tributaria. Teniendo en cuenta que los precios por arrendar un balcón durante estas fechas tan señaladas rondan los 6.000 u 8.000 euros (en función de los días y servicios que se contraten, según los colegios de administradores de fincas), la multa podría alcanzar los 9.000 o 12.000 euros, respectivamente. En ciudades como Sevilla, esta cifra sería aún más elevada, pues el coste llega a los 12.000 euros en algunos casos.

El alquiler de inmuebles en zonas de carrera oficial es una práctica muy extendida en Andalucía, sobre todo en ciudades como Sevilla, Málaga o Granada. La demanda de balcones, terrazas y ventanas de edificios ubicados en calles por las que transcurren las cofradías se disparó después de la pandemia. Pero esa “explosión” a la que se refiere el presidente de Cafinca se produjo en muchos casos de espaldas a la administración pública. “Nos consta que hay mucha gente que alquila balcones, pero no todos lo declaran y muchas veces no es por mala fe, sino por desconocimiento”, señala el presidente de los administradores de fincas en Andalucía.

En este sentido, José Feria remarca la importancia de informar a los propietarios de la necesidad de “hacer las cosas bien para evitar una sanción”, ya que las inspecciones por parte de los organismos oficiales “son muy obvias”. Además, aboga por concienciar a la ciudadanía, ya que “ese dinero que no se declara perjudica a la hacienda pública”.

Lo primero, hacer un contrato

A la hora de poner en alquiler un inmueble durante la Semana Santa, el primer paso que recomiendan los administradores de fincas es formalizar un contrato de temporada mediante el cual se regule el arrendamiento “por la seguridad legal del inquilino y del propietario”. El escrito ha de contemplar aspectos como la fecha de duración, el aforo máximo y el precio, además de “proteger a ambas partes ante posibles problemas o imprevistos”.

Lo siguiente, una vez firmado el correspondiente contrato, sería incluir en la declaración de la renta del ejercicio siguiente los ingresos obtenidos por el arrendamiento, ya que “se contempla como incremento de patrimonio”. En este punto, Cafinca explica que es posible alquilar únicamente un determinado espacio del inmueble –como un balcón o una terraza–, o bien arrendar “la totalidad de la vivienda”.

En el primer caso, al declarar la actividad debe figurar en concepto de “rendimiento del capital inmobiliario, señalando el importe exacto que se ha recibido”. Por su parte, el propietario que opte por alquilar la vivienda completa deberá “contar con licencia turística y cumplir con la normativa que regula este tipo de alojamientos turísticos en nuestra comunidad”, como recuerdan los administradores de fincas.

Con todo, desde Cafinca recomiendan “un asesoramiento individualizado” para cada caso, en aras de resolver las dudas de cada arrendador en particular. Este año, después de que la temporada pasada dieran la voz de alarma sobre las posibles consecuencias de no informar en la declaración de la renta, los administradores de fincas en Andalucía afirman haber observado un incremento del número de propietarios que ha solicitado información antes de poner en alquiler sus balcones durante Semana Santa.

De esta forma, un año más, vuelven a insistir en que la devoción que conlleva rédito económico no está exenta de pasar por caja, y debe declararse ante Hacienda.

La Agencia Tributaria ha aflorado 5.578 millones de euros mediante inspecciones sobre la tributación internacional de las grandes empresas multinacionales, según ha anunciado este organismo en un comunicado. Esto obedece a la regularización de las bases imponibles —resultado a partir del cual se calcula el impuesto— tras 112 actuaciones inspectoras llevadas a cabo por el fisco durante el pasado año. Supone un crecimiento de más del 80% en las cantidades regularizadas respecto a lo que se logró en 2020 gracias a un actuación concreta que no identifica el organismo. Sin ella, el crecimiento habría sido del 35%.

El organismo ha publicado este jueves la memoria de sus actuaciones inspectoras del pasado año. En total se han realizado 1,8 millones de inspecciones durante el pasado año, lo que supone un incremento de más del 10% respecto a 2020 y supera en más de un 9% los datos de 2019, previos a la pandemia. La Agencia Tributaria destaca, de ese total, las casi 36.600 inspecciones que se han realizado sobre grandes empresas y patrimonios, abusos societarios y economía sumergida, con un incremento de más del 23%.

Estas operaciones han permitido a la Agencia Tributaria recaudar algo menos de 15.000 millones de euros, un 17% más que en 2020. Del total, algo más de 9.000 millones de euros corresponden a ingresos directos, otros 5.100 millones por reducir las devoluciones, y otros 755 millones por declaraciones fuera de plazo sin un requerimiento previo. Además, la Agencia Tributaria ha aflorado de grandes contribuyentes casi 5.000 millones de euros tras revisar las bases imponibles negativas que se habían declarado. “Se trata de actuaciones muy relevantes que, si bien no computan en los resultados de control, al no suponer ingreso ni minoración de devoluciones, resultan de una gran trascendencia para ensanchar bases imponibles futuras y elevar la recaudación”, ha señalado la Agencia Tributaria.

Uno de los pilares que señala la autoridad tributaria es la identificación y control de la tributación de los grandes patrimonios. En este campo se han realizado 1.165 actuaciones, un 57% más, con las que se ha liquidado 540 millones de euros de deuda. Desde 2018, cuando se creó una unidad de coordinación de patrimonios relevantes, se han liquidado más de 1.900 millones de 3.200 expedientes. Además, se han realizado más inspecciones, algunas mediante herramientas de big data, para la detección de falsos no residentes. Es decir, personas que viven en España pero que tienen fijada su residencia fiscal en otros países, principalmente de menor recaudación. Se han realizado 223 inspecciones que han finalizado con la detección de 69 contribuyentes con los que se han liquidado 24,5 millones de euros por encontrarse “artificialmente localizados en una treintena de países”.

Las inspecciones a los grandes patrimonios se han centrado, entre otros aspectos, en el uso irregular de sociedades para reducir la tributación. Así, entre otros datos, la Agencia Tributaria ha detectado 2.800 viviendas residenciales de alto valor a nombre de 2.500 sociedades.

En lo que se conoce como economía sumergida, la Agencia Tributaria ha realizado el año pasado 2.200 inspecciones en las que se encontraron ventas ocultas y con lo que se regularizó 400 millones de euros. Los servicios de auditoría informática del organismo permitieron liquidar cuotas y sanciones de 173 millones en casi 3.000 actas de inspección tras detectar rentas ocultas. Además, la Agencia Tributaria ha seguido realizando avisos a arrendadores para que tributen por estos ingresos. En seis años se ha logrado una recaudación añadida de 860 millones de euros tras aflorar más de 7.100 millones.

La asociación Inspectores de Hacienda del Estado ha presentado este jueves una batería de propuestas para reducir el fraude fiscal en España. Entre las medidas planteadas destaca la “muerte civil” para defraudadores fiscales para evitar que puedan acceder a subvenciones o la contratación pública. Esto se aplicaría para los casos más graves o en los que estén organizados. El informe ha sido presentado en Vigo donde la organización que engloba a los inspectores está celebrando su congreso anual. El documento señala que está “muerte civil” sería decretada para sociedades pantalla, testaferros o condenados por infracciones a partir de determinada cantidad que sería marcada por la ley. 

Esta muerte civil conllevaría que estos defraudadores no pudieran acceder a subvenciones públicas o contratar con la administración. Tampoco podrían expedir facturas al tener el NIF revocado. Revocar esta identificación cerraría también la puerta a la operativa financiera, ni podrían acudir a registros públicos (salvo el civil).

A este estatus para los mayores defraudadores, la IHE propone también crear dos nuevos delitos fiscales. El primero, en línea con recomendaciones de la OCDE, sería el de atacar la riqueza acumulada por personas cuyas actividades conocidas o sus rentas declaradas no justifiquen su patrimonio. Se conocería como “tenencia injustificable de bienes o derechos”. El segundo, tipificaría la conducta del ofrecimiento de servicios e instrumentos para cometer el delito fiscal, ya que, en la mayoría de los casos, son necesarios para la comisión, debido a que los autores de un delito fiscal no suelen tener conocimientos tan exhaustivos de esta materia por lo que necesitan ayuda y dirección.

El presidente de la asociación, Ransés Pérez Bogas, ha explicado que estas propuestas deberían ir igualmente acompañadas de una reforma estructural de la Agencia Tributaria. El documento plantea que se le deben otorgar nuevas facultades y capacidades para investigar posibles delitos fiscales. A ello se suma, según el representante de los inspectores, un camino hacia una mayor “eficiencia” de la Agencia, incentivando que los inspectores se especialicen por sectores y sin limitaciones territoriales, actuando a nivel nacional.

La batería de medidas propuestas por el organismo van más allá y afectaría a la revisión de determinadas figuras tributarias donde se encuentran niveles considerables de fraude. Uno de estos puntos sería la revisión de los beneficios fiscales, al igual que han pedido organismos como la Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal. “Se deberán introducir criterios de coste-beneficio a la hora de evaluar los más relevantes, dando a conocer a la opinión pública los niveles de eficacia y eficiencia de estos”, señala el documento. Además, cualquier nuevo beneficio incluido debería contar con este informe de coste-beneficio.

Entre las principales figuras a revisar por parte de la administración el documento señala al IRPF. En concreto, apunta a una mejora del concepto de residencia fiscal para “impedir que contribuyentes con una fuerte conexión con el territorio español eludan el pago de este impuesto logrando la residencia fiscal en otros, normalmente calificados como paraísos fiscales o de baja tributación, con unos requisitos menos exigentes para otorgar la residencia fiscal”. Considera que la actual norma contiene “ambigüedad ” que permite establecer vías para eludir impuestos.

Respecto al IVA, donde los inspectores ven “elevado fraude, el documento presentado este jueves plantea que se limiten los mecanismos que permiten deducir cuotas, especialmente en sectores económicos donde se están produciendo más casos de fraude. Igualmente, plantea un mayor control sobre el impuesto especial sobre hidrocarburos donde, ”una vez cometido el fraude resultan difíciles de perseguir e imposibles de cobrar“.

El documento también pone el foco en la “deriva” del fraude recaudatorio hacia el mecanismo conocido como alzamiento de bienes. Asegura que esta figura “típica del fraude” es “difícil de perseguir y consume muchos recursos -humanos- de la Administración Tributaria”. Entre otras cuestiones, en el caso de las empresas, proponen hacer responsable a cualquier sociedad de un grupo de estos delitos cometido por otra de las sociedades que lo componen. Además. plantean que se persiga a los despachos profesionales que sean “los verdaderos ideólogos” de estas estructuras. También a entidades financieras especializadas en la colocación y traslación de fondos y en la creación de productos financieros que cumplan esas mismas funciones de elusión y evasión fiscal. Por último, consideran necesario aplicar cambios en las normas mercantiles para complicar la creación de estos entramados societarios creados para reducir la factura fiscal de una empresa.

La asociación incluye una propuesta para reducir el nivel mínimo para entrar en la lista de morosos. Hasta la fecha era de un millón de euros, aunque en la reforma de la ley de lucha contra el fraude de este año se ha reducido hasta los 600.000. La IHE defiende que se reduzca hasta los 300.000 euros. “El impacto social de las deudas impagadas no viene por un puñado de grandes deudas, sino por millones de deudas de elevada, mediana y pequeña cuantía”, justifica.

La mayoría de los principales impuestos españoles registrarán cambios o incrementos en el año 2021, ya que subirá el IRPF a las rentas altas, se limitará la exención sobre dividendos o plusvalías de filiales en Sociedades, se elevará un 1% Patrimonio, aumentará del 10% al 21% el IVA de bebidas edulcoradas, se reducirán las desgravaciones de los planes de pensiones y se incrementarán las primas de seguros, según informa Europa Press.

A ello se sumará a lo largo del año las tasas 'Google' a las grandes empresas digitales y 'Tobin', sobre las transacciones financieras, aunque el impuesto a la banca, acordado entre los partidos de la coalición, se quedó en un cajón. También se añadirá un nuevo impuesto a los envases de plástico de un solo uso y otro a los residuos, así como un tipo del 15% a beneficios no distribuidos de las 'socimi', entre otros.

Estos son algunos de los principales cambios y subidas de impuestos recogidos en los Presupuestos de 2021 o previstos al margen de las cuentas públicas por el Ejecutivo para el nuevo ejercicio, como primer paso de la futura reforma fiscal en profundidad que planea realizar una vez que un comité de expertos revise todas la fiscalidad.

Desde el Gobierno han defendido constantemente que los cambios e incrementos aprobados se dirigen a “rentas altas y grandes empresas” y son de “limitado alcance”, dejando al margen a la clase media y trabajadora, sin perjuicio de que un comité de expertos se encargará de revisar las figuras para acometer en el futuro una reforma tributaria integral y reducir la brecha de recaudación de unos 7 puntos que calcula respecto a la media europea.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido en reiteradas ocasiones la necesidad de un sistema “progresivo” con “justicia fiscal”, que “el que más tiene, pague más, y se reciba según las necesidades”.

IRPF, Patrimonio y Sociedades

Entre las novedades fiscales de 2021 se incluye un aumento de dos puntos el IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros, elevando el tipo marginal dos puntos al 47%, y tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros, hasta el 26%, lo que afectará a un número “reducido” de 36.194 contribuyentes (0,17%), con un impacto de 491,4 millones de euros (144 millones en 2021 y 346 millones en 2022).

Además, se reducirán las desgravaciones de planes de pensiones privados individuales a 2.000 euros la aportación máxima, mientras se eleva el límite conjunto de reducción (partícipe y empresa) de 8.000 a 10.000 euros en los planes de empresa, con lo que se potencian las aportaciones empresariales y se corrige la “regresividad” de estos beneficios. La medida aportará una recaudación de 580 millones en 2022.

Igualmente, se prorrogan los límites vigentes del régimen de módulos de autónomos para la aplicación de la estimación objetiva en el IRPF y en el IVA.

También sube un 1% el impuesto para patrimonios de más de 10 millones, hasta un tipo del 3,5%; y se limita la exención en el Impuesto de Sociedades sobre dividendos y plusvalías en filiales al 95%, que afecta a 1.739 empresas (0,12%), exceptuando a las empresas con facturación inferior a 40 millones durante los tres primeros años. La limitación aportará 473 millones en 2021 y 1.047 millones en 2022.

Seguros e IVA de bebidas azucaradas

A su vez, se incrementa del 6% al 8% el impuesto sobre las primas de seguros, aunque seguirá en el tramo bajo de la UE. Para el seguro a terceros de un automóvil supondrá 6,20 euros más al año y para el seguro del hogar, unos 3,98 euros al año.

Además, se subirá al 21% el IVA de bebidas azucaradas y edulcoradas al ser un “compromiso social para racionalizar el consumo responsable en la población infantil y juvenil” y combatir las dietas poco saludables, aunque se exceptúa a los lácteos. El alza de la tributación afecta a la venta de estos productos en supermercados, si bien la consumición en bares y restaurantes seguirá tributando al 10% para no perjudicar a la restauración.

Igualmente, se prorrogan los límites para aplicación del régimen simplificado y especial de agricultura, ganadería y pesca en el IVA.

Con todos estos cambios, el Gobierno prevé recaudar 1.862 millones en 2021, el 0,8% del total de ingresos, y prevé 2.135 millones en 2022.

Por su parte, durante la tramitación de los Presupuestos en el Congreso se descartó la reducción a la bonificación del diésel para equipara su fiscalidad a la de la gasolina, si bien subirá el impuesto de matriculación, ya que finaliza la moratoria de 2018 del WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado para el Ensayo de Vehículos Ligeros), un sistema que determina las cifras de emisiones y consumo de los vehículos, lo que repercutirá en el precio de los vehículos nuevos y previsiblemente pagarán más por el impuesto de matriculación al mostrar más emisiones.

Por el contrario, finalmente no se aplicará tampoco el impuesto sobre los hidrocarburos que planeaba el Ejecutivo y que habría afectado sobre todo a vehículos diésel, con unos 2,3 euros por depósito.

Nueva imposición a plásticos y residuos

A estas subidas y modificaciones se sumarán a lo largo de 2021 cambios recogidos en otras leyes, con 4.223 millones más de ingresos tributarios, como las tasas 'Google', cuya liquidación comenzará el 30 de abril sobre el primer trimestre, y 'Tobin', con inicio de liquidación desde el 22 de febrero a realizar de manera mensual en torno al día 20 de cada mes. Ambos impuestos entrarán en vigor el 18 de enero.

También se contempla la creación de un nuevo impuesto a envases de plástico de un solo uso y otro nuevo sobre residuos, que se deriva de la modificación de una directiva que insta a que en 2035 solo el 10% de residuos municipales generados acaben en vertederos y hay un “problema” en España por la variedad de impuestos autonómicos y el turismo de residuos, por lo que se garantizará una estrategia nacional en diálogo con CCAA sobre su gestión y recaudación.

Entrarán en vigor también en 2021 las medidas de la ley de lucha contra el fraude ya aprobada, que aportará 828 millones y que incluye la prohibición de las amnistías fiscales, la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo para determinadas actividades económicas entre profesionales y empresas, disminuye a 600.000 euros el umbral para entrar el la lista de 'morosos' o recoge un mayor control sobre el uso de nuevas tecnologías, como las criptomonedas o la prohibición del software de doble uso.

Nuevos requisitos a Sicav y Socimi

A su vez, sobre las 'sicav' se establecerán requisitos adicionales para beneficiarse de su régimen especial, como exigir a accionistas una participación mínima de 2.500 euros y se otorga a la AEAT competencia para comprobar el requisito. Para las 'socimi' se establecerá un gravamen del 15% para beneficios no distribuidos. En 2022, las nuevas medidas aportarán 50 millones.

Previsión de aumento de un 7,6% de la recaudación

Con todas estas medidas Hacienda augura que crecerá la recaudación de todas las figuras: IRPF (+7,8%) por la recuperación de las rentas del hogar y la actividad económica; Sociedades (+20,7%) por la recuperación de los beneficios empresariales; IVA (+13,9%) gracias a la mejora del consumo interno y el aumento de las transacciones de vivienda; e Impuestos Especiales (+12,4%) por el consumo.

La previsión del Gobierno es que los ingresos tributarios cedieron un 7,6% en 2020, hasta los 196.537 millones de euros, la mayor caída en once años, pero se elevarán un 13% en 2021, hasta los 222.107 millones.

A la espera de la reforma fiscal

En cualquier caso, el Gobierno proyecta una reforma fiscal “en profundidad” conforme a la recuperación económica, en paralelo a los trabajos técnicos que buscan un consenso multilateral aplazados a mediados de 2021.

En paralelo, prevé abordar desde febrero la reforma del sistema de financiación autonómica, y ya ha avanzado su intención de acometer una armonización fiscal que podría producirse en impuestos como Sucesiones y Donaciones, Patrimonio o Actos Jurídicos Documentados.

La Agencia Tributaria ha cifrado en 56 el número de empresas cotizadas españolas cuyas acciones, a fecha de 16 de diciembre de 2020, presentaban un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros y a cuya compra de títulos se le aplicará el nuevo impuesto sobre transacciones financieras, conocido como 'tasa Tobin'.

Así se desprende de la lista de sociedades españolas cuyas acciones presentaban un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros a fecha del pasado 16 de diciembre, publicada por la Agencia Tributaria, ya que hasta la entrada en vigor de la ley de la 'tasa Tobin' se estableció que se tomaría como referencia las compañías cuya capitalización presentase un mes antes un valor de mercado superior a esa cifra.

A esa fecha, un total de 56 sociedades españolas tenían acciones con un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros, estando a la cabeza Inditex (82.778 millones), Iberdrola (71.501 millones) y Banco Santander (46.455 millones), junto a BBVA (27.044 millones), Amadeus (26.579 millones), Cellnex (24.578 millones) y Endesa (23.832 millones).

Les siguen Aena, Siemens Gamesa, Naturgy, Telefónica, Ferrovial, la filial española de EDP Renovaveis, Grifols, CaixaBank, Repsol, Red Eléctrica, IAG, ACS, Acciona, Enagás, Mapfre, Bankia, Colonial, Bankinter, Fluidra, Merlin Properties, FCC, Grupo Catalana Occidente, Ebro Foods, Viscofan, Zardoya Otis, Vidrala, Solaria Energía y Medio Ambiente, CIE Automotive o Acerinox.

También gravará la tasa 'Tobin' a la compra de acciones de Corporación Financiera Alba, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Logista, Gestamp Automoción, Banco Sabadell, Almirall, Euskaltel, NH Hotel Group, PharmaMar, Prosegur, Mediaset, Amrest Holdings, Prosegur Cash, CAF, Meliá Hotels International, Sacyr, Applus Services, Indra, Unicaja y Faes Farma.

La liquidación del nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, que entra en vigor el 18 de enero, comenzará el próximo 22 de febrero y se llevará a cabo de manera mensual en torno al día 20 de cada mes, según el calendario del contribuyente de 2021 publicado por la Agencia Tributaria y recogido por Europa Press.

De esta forma, el día 22 de febrero se liquidará el impuesto correspondiente a enero y así sucesivamente todos los meses del año hasta finalizar el ejercicio, dado que su liquidación será mensual.

El Gobierno prevé recaudar con la 'tasa Tobin' 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) va a reforzar este año el control sobre sociedades como la que propició la caída del exministro de Cultura Màxim Huerta, dimitido a los seis días de ser nombrado tras trascender que había sido sancionado por defraudar al Fisco con la empresa que utilizaba para facturar por sus servicios profesionales.

El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019, publicado este jueves en el BOE, recoge que la agencia llevará a cabo este ejercicio “actuaciones tendentes a detectar y evitar la utilización abusiva de formas societarias que, careciendo de sustrato real o sin intervenir directamente en la realización de una actividad determinada, obedezcan a un interés del socio de eludir parte de la carga fiscal que le correspondería satisfacer. Asimismo, se potenciará el control de aquellas otras formas societarias que, carentes de una actividad económica real, ostenten la titularidad de bienes y derechos con el objeto de reducir la tributación derivada de su uso por parte de los socios o de personas de su entorno”.

Fiscalistas consultados consideran que ese perfil de sociedad encaja con las utilizadas para facturar por actividades profesionales, como fue el caso del periodista, escritor y exministro.

El plan de 2019 contempla la creación de la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes y prevé ampliar el número de grandes patrimonios propuestos para inspección mediante una nueva herramienta de selección enfocada a supuestos con rasgos de opacidad o deslocalización.

El plan recuerda que las características especiales de estos contribuyentes, que pueden tener una parte de su patrimonio en el extranjero, requieren el uso de mecanismos de análisis “sofisticados” para investigar y comprender los “complejos” entramados financieros y societarios que utilizan.

Hacienda seguirá perfeccionando sus mecanismos internos para un rápido tratamiento de la información fiscal recibida de forma automática en el marco del CRS (Common Reporting Standard), respecto de las cuentas financieras que se mantienen en el extranjero por contribuyentes con residencia fiscal en España, así como el de otras rentas y bienes procedentes o situados en el exterior y que también son objeto de intercambio en el ámbito internacional.

Para “garantizar con éxito la implementación efectiva del CRS en España como piedra angular en la que descansa el sistema de intercambio de información y, por tanto, la transparencia fiscal”, la AEAT se encargará de “verificar” que las entidades financieras cumplen sus obligaciones “en relación con los procesos de diligencia debida que deben seguir al objeto de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras”.

El plan también fija su atención en las tecnologías Fintech, las ventas por Internet y las monedas virtuales. Así, Hacienda realizará un estudio inicial de las tecnologías Fintech “para evitar que su despliegue altere el grado de conocimiento que la Agencia Tributaria mantiene sobre la actividad económica”, al tiempo que se analizan sus posibilidades para mejorar el servicio a los contribuyentes, informa Europa Press.

El plan contempla asimismo actuaciones sobre los nuevos modelos de distribución, en particular sobre el comercio electrónico, la llamada 'triangulación de envíos', en la que las ventas realizadas por una empresa son entregadas por otras, y “tiendas de tiendas” instaladas en páginas web.

En relación con las criptomonedas, Hacienda analizará y explotará este año la información obtenida en 2018 que se requirió a los intermediarios de las operaciones realizadas con estas divisas y estudiará la posibilidad de realizar nuevos requerimientos para obtener información adicional.

De cara al Brexit

Como cada año, la represión del contrabando y del tráfico de drogas serán también ámbitos prioritarios de la AEAT. Y, ante la posibilidad de que no se alcance un acuerdo sobre el Brexit, Hacienda realizará las adaptaciones necesarias en los sistemas informáticos para garantizar la normal tramitación aduanera tras la salida del Reino Unido y se intensificará la información a los operadores.

La AEAT continuará este año vigilando la economía sumergida y el manejo de dinero negro en la actividad empresarial, la utilización abusiva de figuras que permiten la ocultación de rentas y patrimonios mediante estructuras societarias interpuestas, paraísos fiscales o territorios de nula tributación, y tramas que las organizaciones delicitivas usan para eludir impuestos en la comercialización de bienes y servicios.

También se prevén medidas relativas a las sociedades inactivas o con escasa o nula actividad, “muy perjudiciales para la adecuada gestión de los recursos” de la AEAT; la incorporación de la Agencia al modelo anglosajón de relación cooperativa con los grandes contribuyentes; y el aprovechamiento de la información obtenida de las multinacionales a través de los denominados informes “país por país”.

Respecto al Impuesto sobre Sociedades, además de las habituales actuaciones con grandes empresas, Hacienda controlará a pequeñas sociedades comerciales o industriales cuyos volúmenes de actividad, beneficios, ventas o cobros resulten incoherentes con los normales de su sector.

En el IRPF, se vigilarán los rendimientos de capital inmobiliario con explotación de la nueva declaración informativa sobre arrendamientos turísticos, las retenciones y la utilización abusiva del régimen de las actividades sin fines de lucro. Y en IVA, se seguirá dando prioridad a las actuaciones sobre tramas, reforzando el control a través del Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI), al tiempo que vigilará el cumplimiento de la prohibición de software de doble uso para evitar dobles contabilidades.

El jefe de la Delegación de Grandes Contribuyentes, Ignacio Ucelay, vinculó el cese fulminante de la trabajadora a que no obedeció en la tramitación de la sanción a la multinacional cementera

Un alto cargo de Hacienda reconoció ante una docena de sus subordinados que la causa de la destitución de una inspectora fue su trabajo en la inspección a la multinacional cementera Cemex, según informa la cadena Ser. En una reunión convocada con carácter urgente, el director de la delegación de Grandes Contribuyentes, Ignacio Huidobro, explicó que la inspectora sancionada había cerrado el expediente sin consultarlo con la dirección.

Huidobro convocó a los inspectores que habían participado en el expediente así como a los jefes de equipo de las dependencias de control tributario de Grandes Contribuyentes. En total, unos 12 altos cargos de la Delegación.

Siempre según la cadena Ser, Huidobro vinculó el cese fulminante de la inspectora a que no incluyó en el expediente abierto a la multinacional cementera un criterio que habría rebajado la sanción a Cemex de 450 millones de euros a apenas 15 millones.

El cese de la inspectora provocó la dimisión del jefe de control tributario, Ignacio de Ucelay, y un gran enfado entre los técnicos de Hacienda. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda envió un comunicado interno a sus 1.400 asociados en el que alertaba de ceses fulminantes en el curso de inspecciones a grandes empresas “con un sesgo ajeno a criterios técnicos”

Nóminas en A, pagos en B, gastos en viajes en...¿C? En esta semana una marea de conceptos tributarios ha acompañado los titulares ligados a la corrupción, generando cierta confusión sobre lo que es legal o ilegal en la nómina de un asalariado. Para aclararlo, eldiario.es ha hablado con Julio Ransés Pérez Boga (La Coruña, 1968), presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado e interventor y auditor del Estado en excedencia. En síntesis: hay que guardar factura de absolutamente todo.

Pregunta: ¿Qué puede cobrar, en concepto de retribución, un trabajador además de su salario?

Respuesta: Las nóminas se pueden completar con dietas, que se conocen como “indemnizaciones por razón de servicio”. Se pueden costear ciertos gastos por razón de trabajo que puede incluir pernoctaciones, billetes de transporte o kilometraje, pero hasta cierto límite. Es decir, no se puede pagar una dieta de 1.000 euros al día y pensar que pueda estar libre de impuestos. Por la parte que se excede y que viene recogida en cada caso en el artículo 9 del reglamento, se debe tributar. (Por ejemplo, la dieta por manutención por la pernoctación de una noche fuera de España es de 91,35 euros) Además, Hacienda debe estar informada de este pago de dietas para hacer la retención correspondiente al exceso.

¿Y qué pasa si se hacen cargos a la empresa, por ejemplo con la tarjeta de crédito corporativa, para hacer gastos personales?

A esto lo llamamos “suplidos”, son gastos que hace el empleado con una tarjeta de la empresa o con una factura a nombre de la entidad. En general, a las empresas no les interesa porque es un gasto que no pueden justificar como deducible. Pero, efectivamente, al empleado no le afecta tributariamente en nada. Ahora bien, si se demuestra en el curso de una inspección que estos gastos eran para disfrute de un empleado en su tiempo libre se los imputamos como retribución en especie.

¿Y en el caso de que parte de la remuneración se haga efectivamente en especie?

Se imputa el valor que tienen y se tributa exactamente igual que si fuera en metálico. Hay algunas excepciones, como las de los diputados, que cobran por dietas de alojamiento en Madrid que no están sujetas a retención.

Si la empresa le compra unos trajes o unas corbatas a su responsable. ¿Pueden considerarse gastos de representación?

Digamos que ese es un caso que está un poco en una nebulosa. Puede ser cuestionable. Ahora bien, ya le adelanto que a la Dirección General de Tributos no le gustan nada ese tipo de prácticas y es complicado demostrar que son realmente en beneficio de la imagen de la empresa.

Pongamos otro supuesto. ¿Cómo afecta fiscalmente el hecho de que un trabajador tenga que hacer unos pagos en el transcurso de su trabajo que luego le abona la empresa?

A priori con eso no hay problema, lo permitiríamos. Ahora bien, la empresa tiene que tener todas las facturas que expliquen esos pagos. Es una aclaración muy fácil de demostrar.

Con lo que se ha conocido hasta ahora, ¿hay material suficiente para que la Agencia Tributaria inicie una inspección al Partido Popular?

Los partidos tienen un régimen específico que está exento de tributación central. Así que no podemos abrir una inspección al Partido Popular porque el Tribunal de Cuentas es el encargado de su fiscalización. A quien se puede investigar es a las personas que aparecen involucradas en esos supuestos pagos en B.

Y, ¿se va a hacer?

Se debería hacer. El año pasado se hizo especial hincapié en la Agencia en que dentro del Plan 2012 de lucha contra el fraude se persiguiera especialmente a los contribuyentes con “signos exteriores de riqueza” que no estuvieran en línea con sus ingresos.

¿Hasta dónde podría investigar la Agencia Tributaria a estos contribuyentes?

Se podría comenzar con los ingresos de 2008, el último año que no ha prescrito.