El Ministerio de Trabajo ha suspendido la tramitación del convenio colectivo de ARTE, el primero a nivel nacional de grandes cadenas del comercio textil y que afecta a cerca de 120.000 trabajadores, y requiere a la comisión negociadora la subsanación de numerosos aspectos del texto presentado para su registro por no ajustarse a la legislación vigente, según informa UGT en un comunicado.

En concreto, la Asociación Retail Textil España (ARTE), que cuenta entre sus asociados con Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras enseñas de moda, y los sindicatos CC.OO. y Fetico firmaron a principios de junio el texto definitivo de este convenio, ante el rechazo de UGT, que no rubricó el acuerdo, informa Europa Press.

Tras la decisión de Trabajo, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), a través de su Sector de Comercio y Grandes Almacenes, ha valorado “muy positivamente” la resolución dictada por la que se suspende su tramitación.

El sindicato ha señalado que esta resolución supone un “respaldo” a sus advertencias desde que CCOO, Fetico y la patronal decidieron firmar un convenio que, lejos de mejorar las condiciones laborales del sector, incorpora numerosos preceptos que ahora Trabajo considera “incompatibles” con la legislación vigente y que deben ser corregidos antes de que el procedimiento pueda continuar.

Defectos sobre la prioridad de convenios o las contrataciones

UGT ha explicado que presentó un escrito ante la Dirección General de Trabajo solicitando que el convenio no fuera registrado y promoviendo su impugnación judicial. Así, la resolución de Trabajo incorpora expresamente ese escrito, junto con los presentados por otras organizaciones sindicales, dentro del expediente administrativo.

Entre las deficiencias detectadas por la Dirección General de Trabajo figuran cuestiones de “enorme trascendencia” para los trabajadores del sector como la regulación de la prioridad aplicativa respecto de los convenios colectivos existentes, la contratación temporal, los contratos de sustitución, las excedencias, las reducciones de jornada o la jubilación forzosa, que deberán ser modificados antes de que el procedimiento pueda continuar.

UGT ha señalado que durante toda la negociación ya había advertido que el convenio de ARTE suponía un “grave retroceso” para miles de trabajadores y que, además, presentaba “importantes dudas de legalidad”.

Desde FeSMC-UGT reiteran que seguirán “utilizando todas las vías legales y judiciales necesarias para impedir que entre en vigor un convenio que, además de perjudicar a miles de trabajadores del comercio, debilita la negociación colectiva territorial y consolida un modelo que incrementa la flexibilidad empresarial en detrimento de los derechos laborales”.

La justicia acaba de declarar que Daniel Fernández Roig fue fusilado en 1938 sin haber cometido delito alguno. Nunca incumplió ninguna ley. Le mataron por ser socialista y defender la República. Su familia siempre ha sido consciente, pero ahora un juzgado de Santander -a petición de sus cuatro nietos- ha borrado la condena injusta que acabó con su vida durante la Guerra Civil.

Fernández Roig era un jornalero miembro del sindicato UGT y afiliado a la Asociación Socialista de Polaciones (Santander) desde abril de 1936. Vecino de Puente Pumar-Polaciones ejercía además como vocal de la Comisión Gestora y delegado de Abastos de Polaciones.

Cuando Santander cayó en manos del ejército golpista del dictador Franco fue detenido y encarcelado el 27 de septiembre de 1937. Dos meses más tarde se le condenó a muerte tras ser sometido a un proceso sumarísimo de urgencia por el Consejo de Guerra número 4 que sentenció que era culpable de un delito de adhesión a la rebelión. Su biografía se acabó de escribir el 12 de marzo de 1938 cuando le fusilaron en Santander.

La titular de la Plaza Civil número 7 del Tribunal de Instancia de Santander ha declarado que Daniel Fernández Roiz fue fusilado “sin quebrantar ley alguna y por su mera pertenencia política”. “No cometió delito alguno y fue asesinado de forma injusta e inhumana”, sentencia la magistrada en un auto notificado recientemente.

En la resolución, añade que “fue sometido a una privación arbitraria de su libertad, y posteriormente enjuiciado en un procedimiento sumarísimo y condenado a muerte con exclusión o negación absoluta de cualquier derecho de defensa, sin poder aportar prueba alguna o hacer alegaciones”.

La jueza atiende así a la solicitud de la Fiscalía de Memoria Democrática, que promovió un expediente de jurisdicción voluntaria para la declaración judicial sobre hechos pasados a petición de cuatro nietos de la víctima que han declarado y han aportado documentación a la causa.

De la misma se desprende que la sentencia dictada en Terán de Cabuérniga que le condenó estaba “carente de valoración de elemento probatorio de cargo en su contra” y en ella “no se aprecia que el señor Fernández Roiz contase con el más mínimo derecho de defensa”, según informa Europa Press.

“Se le atribuyen actuaciones de las que se desconoce actividad probatoria que haya servido de premisa, denotándose la animadversión del órgano sentenciador hacia el afectado por la condena, por motivos que no pueden ser otros que políticos, esto es, su condición de socialista y vocal de la Comisión Gestora y delegado de Abastos”, explica la magistrada.

Por eso, considera que se le enjuició con “arbitrariedad, injusticia y vulneración de los más elementales derechos de defensa”.

Finalmente, la jueza se refiere al contexto político y social en el que se produjo la condena de Daniel Fernández Roiz, en un territorio como el Valle de Polaciones que sirvió de delimitación del frente entre ambos bandos contendientes y donde imperaba la legalidad republicana.

“En dicho contexto bélico y acorde con aquella legalidad imperante se desarrollaron las actuaciones que las diligencias judiciales imputaban a Daniel Fernández Roiz y a otros compañeros calificadas de delito de adhesión a la rebelión y que sirvieron para justificar su acusación y posterior condena a la pena de muerte”, explica.

Concluye que en el caso de Fernández Roiz se “vulneraron las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, así como la concurrencia en estos procesos de intimidación e indefensión, sin prueba alguna obtenida de forma respetuosa con el derecho de defensa y sin que conste de manera incontestable que hubiera cometido delito alguno”.

El mes pasado, UGT La Rioja denunció la eliminación del complemento de disponibilidad que venía regulado en el acuerdo de funcionarios del Ayuntamiento de Lardero y que ha desaparecido con la aplicación efectiva de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la nómina correspondiente al mes de mayo de 2026. Y entre los funcionarios perjudicados, la Policía Local que ya ha manifestado “su profundo desacuerdo con la gestión realizada tras la entrada en vigor de la nueva Relación de Puestos de Trabajo”. Este miércoles, la denuncia va más allá porque según la formación sindical asegura que “el Ayuntamiento de Lardero ha comenzado a nombrar servicios extraordinarios mediante decreto de Alcaldía tras la eliminación del complemento de disponibilidad para su plantilla tras la aplicación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo”. Una medida que obliga a los agentes de la Policía Local a trabajar en sus días de descanso y, sin embargo, “ya no perciben el complemento de disponibilidad que compensaba esa obligación. Los policías realizan el mismo trabajo, asumen las mismas responsabilidades y sin cobrar la compensación por la disponibilidad”.

Y esta decisión para UGT incumple el “acuerdo-convenio que regula las condiciones laborales de la plantilla municipal y además supone un nuevo recorte de derechos para los trabajadores afectados porque el Ayuntamiento de Lardero mantiene las mismas necesidades de servicio, pero ha eliminado la compensación económica que percibían los agentes cuando debían acudir a trabajar fuera de su jornada ordinaria”.

“Falta de efectivos”

Y la situación es más “preocupante” aún porque aseguran que faltan efectivos. Según UGT, el Ayuntamiento de Lardero rechazó presupuestar y convocar una plaza que ya estaba catalogada. Tampoco la incluyó en la oposición conjunta de la Policía Local que se celebrará en septiembre. Una decisión que “impide reforzar la plantilla y obliga a recurrir a servicios extraordinarios para cubrir las necesidades del servicio”.

Esta forma de actuar “perjudica el descanso de los agentes y dificulta su conciliación personal y familiar porque los policías no pueden planificar sus días libres ya que pueden ser llamados a trabajar por decisión unilateral del Ayuntamiento”. Toda esta situación ha generado una situación de “malestar” entre la plantilla y está “afectando a la seguridad del municipio porque en algunos turnos de noche se ha llegado a una situación en la que prácticamente todo el servicio ha recaído sobre un único agente”.

Por todo ello, solicitan a la alcaldesa de Lardero diálogo para solucionar este conflicto y respeto a los derechos de la plantilla. “En el atolladero están en juego el bienestar de la plantilla y la seguridad de los vecinos de Lardero”.

ELA, el principal sindicato vasco, ha anunciado este martes que a partir del mes de septiembre negociará únicamente en euskera los 27 convenios sectoriales que se encuentran actualmente en proceso “aunque no exista un servicio de traducción”. Es una medida que afectará por ejemplo a la negociación de convenios tan importantes como el Metal de Bizkaia y Álava, el de Intervención Social de Gipuzkoa y buena parte de los relativos a Servicios e Industria.

Paralelamente, ha solicitado al Consejo de Relaciones Laborales (CRL) que habilite los recursos necesarios para que las mesas de negociación puedan desarrollarse en euskera con normalidad. Según ha señalado el responsable de negociación colectiva del sindicato, Pello Igeregi, ELA “no renunciará al uso del euskera” y durante la negociación “corresponderá al resto de organizaciones sindicales y a las patronales buscar los medios necesarios para seguir el desarrollo de las negociaciones”.

El sindicato parte de la base de que ni la patronal ni el CRL están colaborando para favorecer el uso del euskera en la negociación colectiva. En este sentido, Igeregi ha recordado que en 2022, junto a LAB y Euskalgintzaren Kontseilua, propuso la universalización de los planes de euskera en las empresas, “una iniciativa que fue rechazada y en los convenios colectivos rara vez aceptan medidas a favor de los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes”. En este contexto, considera que el primer paso regular el euskera en los convenios es hacerlos visibles en las negociaciones.

En cuanto al CRL , ha señalado que “carece de un servicio estable de traducción e interpretación, por lo que las escasas negociaciones que se desarrollan en euskera dependen del trabajo de su propio personal que no cuenta con formación específica para desempeñar esa función”. En este sentido, ha señalado que se han reunido con la presidenta del CRL, Emilia Málaga, a quien han trasladado la necesidad de que el organismo disponga de medios para garantizar negociaciones en euskera.

ELA concluye del análisis de 1.499 convenios vigentes, que el 83,19% no incorpora ninguna medida para garantizar los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes en el ámbito laboral y que las medidas existentes son, en su mayoría, “de carácter simbólico” como el pago de los costes de cursos para aprender euskera y o la regulación del paisaje lingüístico. “Solo el 5,07% de los convenios cuenta con un plan de euskera o contempla el compromiso de elaborarlo. El 13,8% prevé ayudas para el aprendizaje de la lengua, el 4,37% permite estudiar euskera dentro de la jornada laboral y únicamente el 1,66% establece que el conocimiento del euskera se valorará en la contratación”, han señalado.

“Al igual que ocurre con cualquier otra opresión social, como las opresiones de género, clase o raza, la opresión lingüística solo puede superarse si se regula el uso de las lenguas y se destinan recursos para superar la situación de subordinación. El uso de la lengua que ha ganado la supremacía absoluta se naturaliza y el uso de otras lenguas se considera excepcional, a menos que existan normas y recursos para equiparar los derechos lingüísticos”, ha afirmado Igeregi. Como ejemplo, ha indicado que si una empresa no dispone de medios para celebrar reuniones en euskera y parte de la plantilla no conoce la lengua, estas se desarrollarán en castellano. Del mismo modo, si el aprendizaje del euskera no se reconoce como un derecho laboral, el único idioma cuyo conocimiento estará realmente garantizado será el castellano.

En este sentido, reconoce que el sindicato no ha conseguido “situar los derechos lingüísticos al mismo nivel que otras reivindicaciones laborales, como las mejoras salariales o la reducción de jornada”, una cuestión que atribuye tanto a la negativa de las patronales a negociar medidas de normalización del euskera como a la incapacidad de los sindicatos para organizar movilizaciones y huelgas específicas en defensa de estos derechos.

Tras el anuncio de ELA, el sindicato LAB ha dado la “bienvenida” a la iniciativa de usar solo el euskera, a partir de septiembre, pero ha asegurado que le sorprende que no haya contado con ellos porque “haberla impulsado conjuntamente, habría sido más eficaz”. El sindicato ha defendido que se necesitan garantías “para poder utilizar el euskera no solo en la negociación colectiva, sino también en los juzgados y en otras muchas instancias”. A través de un comunicado, LAB ha advertido, además, de que “en los últimos tiempos estamos viviendo una ofensiva contra el euskera”, por lo que ha defendido dar “un nuevo impulso a las medidas en favor del euskera” y que esta lengua adquiera “una centralidad aún mayor en la acción sindical”. “Seguiremos reclamando garantías para la euskaldunización de la administración pública y continuaremos impulsando planes de euskera en los centros de trabajo”, han añadido.

Por contra, UGT de Euskadi ha mostrado su “sorpresa” por el anuncio de ELA y ha apelado a “construir consensos por el euskera en vez de lanzar ultimátums y falsos debates en torno a su uso en el ámbito sociolaboral”. “Cabe preguntarse por qué no lo han hecho antes si lo estimaban necesario, dado que la misma cuestión, intervenir exclusivamente en euskera, es algo que ya venían haciendo con normalidad desde hace años en las negociaciones del sector público”, ha dicho el sindicato.

El sindicato UGT Castilla-La Mancha denuncia la situación de “precariedad” que siguen sufriendo muchas familias de la región a pesar de la “buena marcha” de la economía y del crecimiento experimentado en los últimos años.

Así lo demuestran, según afirma, datos como el aumento en tres puntos de la proporción de personas que no pueden permitirse irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año (el 38,3% de la población). Señala que también ha crecido un 3,9 % la de quienes no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, que alcanza el 41,4 % de la población castellanomanchega. Lo ha denominado “pobreza estival”.

Para la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT-CLM, Isabel Carrascosa, estos datos demuestran que el crecimiento económico y la creación de empleo son imprescindibles, pero “no suficientes”.

Las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma laboral, el refuerzo de determinadas prestaciones y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) han contribuido a evitar “un escenario peor”, pero “se evidencian problemas estructurales”. Pone como ejemplo, los salarios insuficientes, la parcialidad, la desigualdad territorial, las brechas de género, desigualdad territorial y, de forma cada vez más decisiva, el coste de la vivienda.

La mejora no se está traduciendo con suficiente intensidad en una reducción real de la pobreza

“Castilla-La Mancha presenta buenos datos económicos y de empleo, pero esa mejora no se está traduciendo con suficiente intensidad en una reducción real de la pobreza”, subraya.

Hace mención así a ña última tasa AROPE (el indicador oficial de la Unión Europea para medir la pobreza y la exclusión social), que sitúa a Castilla-La Mancha una de las autonomías que más personas en riesgo de pobreza o exclusión social tiene, concretamente un 34%.

“El elevado precio de la vivienda provoca que muchas personas trabajadoras sigan en situación de vulnerabilidad, incluso cuando tienen empleo. Una nómina no permite salir de la pobreza si queda absorbida por el alquiler, la hipoteca, los suministros y los gastos básicos del hogar. La vivienda ha dejado de ser solo un problema de acceso para determinados colectivos y se ha convertido en un problema central de redistribución de la riqueza y de pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora”.

Por ello, desde UGT-CLM reclaman seguir reforzando la negociación colectiva, elevar los salarios, combatir la precariedad, mejorar la protección por desempleo y garantizar que el empleo creado sea empleo con derechos.

UGT Servicios Públicos critica que el Servicio Riojano de Salud (SERIS) “continúa siendo el único organismo dependiente del Gobierno de La Rioja que carece de un Plan de Igualdad, una situación inadmisible tratándose del mayor organismo de la Comunidad Autónoma y de una entidad cuya plantilla está integrada de forma mayoritaria por mujeres”.

El SERIS es, en la actualidad, el organismo con mayor número de personas trabajadoras del Gobierno de La Rioja. Según los últimos datos oficiales, su plantilla está integrada por 5.882 profesionales, de los que 4.805 son mujeres y 1.077 son hombres, lo que significa que más del 81% del personal es femenino.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tras las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 6/2019, y desarrollada por el Real Decreto 901/2020, establece la obligación de que todas las organizaciones con 50 o más personas trabajadoras negocien, aprueben e implanten un Plan de Igualdad.

Además, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) obliga desde el año 2015 en su disposición adicional séptima a todas las Administraciones Públicas a desarrollar un plan de Igualdad, por lo que su obligatoriedad es anterior.

“Resulta especialmente llamativo que el mayor empleador del Gobierno de La Rioja y el organismo con mayor presencia de mujeres siga sin cumplir una obligación legal que sí se exige al sector privado y que otras entidades del propio Ejecutivo regional ya han asumido, como la propia Administración Autonómica, cuya vigencia concluye este mismo año”, indican desde UGT.

Un Plan de Igualdad constituye una herramienta imprescindible para analizar la realidad de una organización, detectar posibles desigualdades entre mujeres y hombres y establecer medidas concretas para corregirlas. Estos planes permiten avanzar en la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, la promoción profesional, la formación, las retribuciones, la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la corresponsabilidad, la eliminación de cualquier forma de discriminación por razón de sexo, así como la prevención y actuación ante el acoso sexual.

Las instituciones públicas “deben ser las primeras en cumplir la ley y en servir de ejemplo en la implantación de políticas de igualdad, especialmente cuando son ellas mismas quienes exigen ese cumplimiento al resto de empleadores”.

Por todo ello, UGT exige a la dirección del SERIS “que inicien de manera inmediata la negociación del Plan de Igualdad, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras”.

Un albañil de 53 años ha resultado herido este lunes tras sufrir una caída en altura en La Pesquera (Cuenca), por lo que ha tenido que ser hospitalizado.

Así lo han señalado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. El aviso se ha recibido a las 11.33 horas en la calle del Arrabal del municipio. Una UVI lo ha trasladado al Hospital Universitario de Albacete y hasta el lugar se ha trasladado un médico de Urgencias.

Tres muertes en los últimos días

Este suceso llega después de una semana en la que ha habido que lamentar tres muertes en accidente laboral en Castilla-La Mancha, la última de ellas ocurrida este sábado, cuando un trabajador de 22 años murió electrocutado en una urbanización de El Casar de Escalona.

La concurrencia de estos accidentes ha llevado a los dos sindicatos mayoritarios en la región a pronunciarse este lunes. CCOO estudia personarse en los accidentes mortales con indicios de incumplimiento de las medidas de seguridad, mientras que UGT insiste en la necesidad de poner en marcha “cuanto antes” la figura del delegado territorial de prevención de riesgos laborales, ante una situación que considera “preocupante” en Castilla-La Mancha.

El sindicato CCOO estudiará su personación en los procedimientos judiciales derivados de accidentes de trabajo mortales cuando existan indicios de incumplimiento de las medidas de prevención y seguridad por parte de las empresas.

A juicio del secretario regional de CCOO, Javier Ortega, “detrás de demasiadas muertes en el trabajo no hay fatalidad, sino fallos evitables en la organización preventiva, en las medidas de protección o en el cumplimiento de la normativa de seguridad”.

Por ello, CCOO anuncia que ofrecerá asistencia jurídica para estudiar la personación del sindicato en aquellos procedimientos judiciales relacionados con accidentes laborales mortales por causas materiales en los que existan indicios de incumplimientos preventivos.

El objetivo, explica Ortega, es “contribuir al esclarecimiento de los hechos, exigir responsabilidades cuando proceda y defender el interés colectivo de que ninguna muerte en el trabajo quede sin investigar hasta sus últimas consecuencias”.

UGT insiste en la figura del delegado territorial de prevención

Mientras, el sindicato UGT insiste en la necesidad de poner en marcha “cuanto antes” la figura del delegado territorial de prevención de riesgos laborales, ante una situación que considera “preocupante”.

Recuerda que esta es una reivindicación del sindicato y “una herramienta fundamental” para mejorar la seguridad en las pequeñas y medianas empresas, donde en muchas ocasiones no existe representación legal de las personas trabajadoras y, por tanto, tampoco delegados de prevención.

Esta figura, sostiene UGT, permitiría asesorar, impulsar la cultura preventiva, detectar deficiencias y promover el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud laboral, contribuyendo de forma decisiva a reducir la siniestralidad.

Tras expresar “su más profundo pesar” por las tres muertes en accidente laboral ocurridas en los últimos días, reclama que se investiguen “con el máximo rigor” las circunstancias de estos nuevos accidentes para esclarecer sus causas y depurar, si las hubiera, las responsabilidades correspondientes.

“La prevención no puede convertirse en un mero trámite administrativo ni quedar relegada por las prisas, la falta de inversión o la insuficiente organización del trabajo”, asegura la secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha, Silvia López, quien también reclamaba reforzar los recursos de la Inspección de Trabajo, incrementar las campañas de vigilancia y control, garantizar una formación preventiva de calidad y promover una mayor implicación de las empresas en la protección de la salud y la vida de las personas trabajadoras.

“No podemos normalizar esta tragedia. La seguridad y la salud en el trabajo son un derecho, no una opción. Es el momento de impulsar medidas eficaces y valientes que permitan llegar allí donde hoy la prevención sigue siendo insuficiente, especialmente en las empresas de menor tamaño, donde se concentra una parte importante del tejido productivo de Castilla-La Mancha”.

La defensa de la sanidad pública se ha convertido en el caballo de batalla del sindicato UGT frente a las privatizaciones y convenios singulares. El secretario de Sanidad, Fernando Carmona, alerta de que “preocupa mucho” que se derive “hacia una sanidad como la madrileña” después del acuerdo de 256 millones de euros con el hospital privado Santa Clotilde. A día de hoy no hay un red privada de sanidad como para llegar la nivel de la sanidad madrileña “pero se está empezando a tejer”, advierte. En este contexto hace referencia a las huelgas médicas cuyo impacto real se desconoce porque la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria no les ha facilitado datos. “No se si esta huelga tiene mucho sentido, si se está utilizando o no con fines políticos”, considera. Por otro lado, el sindicato incide en que la falta de gestión de los recursos humanos en atención primaria volverá a provocar que este verano hay 80 consultorios sin médico.

La Consejería de Salud ha informado que este verano no habrá médico en 80 consultorios rurales, una cifra similar a años anteriores, ¿qué valoración hacen de esta situación?

Como todos los años, hay falta de previsión. La gerencia de Atención Primaria ha cambiado de gerente no hace mucho tiempo y no es extraño: ni que cambien de gerente ni que falte previsión. Es cierto que hay problemas para contratar médicos pero en realidad es gestión de personal y de plazos. Tampoco hay enfermeras. En Laredo faltan quince por contratar de cara al verano, en Sierrallana y en Valdecilla también faltan y también hay problemas para contratarlas. Hay falta de profesionales de enfermería, en momentos puntuales. Pero lo que tienes que hacer es gestionar los recursos humanos que tienes para poder llegar a cubrir todo el periodo vacacional, del 1 de junio al 30 de septiembre.

Pero la Consejería había mejorado las condiciones laborales para conseguir interesar a más médicos.

Han intentado salvar la situación con 37 contratos sin cupo asignado y es una posible solución si se emplea bien. Esas 37 plazas que se firmaron pueden ser una solución, si no tienes profesionales para ir cubriendo uno a uno todos los que faltan con este tipo de plazas asignas un área en un tiempo determinado. A ese profesional con tiempo suficiente le puede ir utilizando en función de las necesidades. Esta sería una fórmula. Al final es gestión.

Ahora hay problema con los facultativos porque han sacado a oposición 17 de estas plazas SCA (sin cupo asignado) creadas el año pasado con unas características especiales que se firmaron con todos los sindicatos. Las plazas tienen condiciones ventajosas para la administración y para los profesionales. Son de área y no funcionan por cupos. Es decir, no asignan una consulta fija con un número de pacientes fijo. En estas otras no hay cupo, hay un área asignado que son varios centros de salud, lo que da cierta flexibilidad a la administración siempre cumpliendo unas normas para cubrir todas las plazas que necesite cubrir.

Los médicos de atención primaria dicen que es negativo para el paciente porque pierdes el seguimiento, pero la compensación es que el tiempo trabajado en esas plazas puntúa más y, además, les pagan más. Unos 12.000 euros más al año. Esas 37 plazas que se firmaron pueden ser una solución, si no tienes profesionales para ir cubriendo uno a uno todos los profesionales con este tipo de plazas que a un profesional le asignas un área en un tiempo determinado, a ese profesional con tiempo suficiente les puedes ir utilizando en función de las necesidades. Esta sería una fórmula. Al final es gestión.

También es cierto que no hemos podido estudiar esta falta de profesionales y del cierre de los 80 consultorios rurales nos hemos enterado por la prensa. No se han sentado con los sindicatos o con los representantes de los trabajadores a decir tenemos esta falta de profesionales, cómo lo vamos a hacer. Directamente nos hemos encontrado con el titular en los medios de comunicación.

El Servicio Cántabro de Salud puede mantener abiertos los consultorios sin médico, con enfermeras y/o celadores ¿están de acuerdo con esta medida?

Estamos de acuerdo en que se atienda a la población, somos un servicio público y hay que dar cobertura. Si no hay médicos y hay que arreglarse con enfermeras, tendrás que hacerlo. ¿De acuerdo? no, creemos que tiene que haber una fórmula para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo con que el SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) de Reinosa se quede descubierto y no haya médicos? o el SUAP de San Vicente. No estamos de acuerdo. Pero entre cerrar el centro o que esté atendido por un celador y una enfermera...

Además de los consultorios que cierran o que están sin médico también se incrementa la carga de trabajo del SUAP con la saturación turística. ¿Tienen capacidad suficiente para gestionarlo?

Cantabria es una zona turística. Antes era estacional, ahora ya es prácticamente todo el año poque viene gente todo el año, especialmente los fines de semana. Vemos el éxodo que hay desde la comunidad vecina, País Vasco, pero ahora vienen también de Madrid, de Castilla-León. Se está viendo el problema tanto en los SUAPs como en los hospitales. Cada vez se atiende a más gente y la plantilla sigue siendo la misma. Si que es cierto que cuando se anunció que iban a cerrar consultorios pedimos reunión a la gerencia de Atención Primaria y nos expuso el plan de contingencias del verano y dentro de ese plan -aparte de tener médicos contratados para cubrir los SUAPS- se contemplaban un par de médicos más para cubrir los meses de verano en los SUAPs que más demandas tienen. Ha habido años que no ha habido años ni para reforzar. Este año en Meruelo, San Vicente e incluso Torrelavega se ha hablado de que los refuerzos se van a poder cubrir. De todos modos, no solo es el verano. Ha habido momentos del año en el que no ha habido médico en el SUAP de Reinosa, ni en el de San Vicente, pero hay médicos para hacer absorciones de demanda de tres a cinco, para eso no hay problema. No puedo entender como pueden estar cubiertas al absorciones de demanda, cubiertos SUAPS que cubren áreas geográficas menos expuestas como el de Polanco y puedan estar Reinosa sin médico, que hace a veces de UVI móvil porque se dota a una ambulancia medicalizada de enfermera y médico de SUAP. Cómo puedes tener cubierto Polanco o Puente San Miguel,que están relativamente cerca de un hospital, y no Reinosa.

El consejero de Salud insiste en que las huelgas médicas están perjudicando las listas de espera de la sanidad pública, ¿favorece esta situación que se estén desviando más operaciones hacia la privada?

Las huelgas médicas son convocadas a nivel nacional, no están hechan contra la Consejería sino que está promovida a nacional por unos sindicatos concretos y por unas comunidades concretas que tienen cierto sesgo ideológico y se traslada a las autonomías. Como las competencias están transferidas y las reivindicaciones que se hacen son a nivel nacional, a lo mejor en Cantabria no tendrían sentido, por condiciones de trabajo. Hay comunidades que están mejor y otras peor. Para nosotros, la huelga médica no tiene sentido porque están pidiendo un estatuto propio que es anticonstitucional. Están pidiendo una cosa que no tiene solución. Muchas de las cosas que piden como jornadas de trabajo o cargas laborales son de competencia autonómica y eso se tiene que solucionar a nivel sectorial, en la mesa autonómica. Nosotros desde UGT hemos hecho una propuesta, que hemos entregado por escrito al Gobierno: hay que elaborar una mesa de cargas de trabajo para analizar jornadas de trabajo reales. Hay que abordar una mesa retributiva y estamos esperando. No se si esta huelga tiene mucho sentido, si se está utilizando o no con fines políticos.

Pero, ¿qué efectos está provocando la huelga en Cantabria?

Está haciendo mucho daño. También le hemos pedido a la Consejería de Salud y a las distintas gerencias que nos pasen los datos de las nóminas de los dias de huelga, de la agendas de los días de huelga, de cuántos profesionales están haciéndola, porque en prensa salen muchas cifras, unas dadas por Consejería, otras por sindicatos convocantes. No nos pasan los datos y es difícil comprobar si se han anulado tantas cirugías y tantas consultas médicas. Que nos den los datos. No tenemos nada y no nos lo facilitan. Está solicitados por escrito y seguimos esperando. También estamos esperando información de cargas de trabajo y retribuciones por categorías. Cuando tengamos las cifras desmigaremos si todo lo que está saliendo es verdad o es una forma de meter presión a nivel central, desviar a la privada, pero no facilitan ningún dato.

Los profesionales que están haciendo huelga ¿también renuncian a hacer las peonadas, las jornadas extraordinarias voluntarias para reducir las listas de espera?

No. Se está haciendo huelga por la mañana y peonadas el mismo día por la tarde. Están aumentando las listas de espera y por lo tanto las peonadas, y los días que se hace huelga se hacen peonadas. Lo sabemos porque nos lo cuentan los trabajadores y afiliados de los centros. También nos cuentan que hay muchos profesionales que no es que estén haciendo huelga, sino que se están 'descitando' agendas. Nos lo trasladan los propios profesionales, por eso hemos pedido los datos para ver si eso es cierto.

Ahora mismo hay un debate público sobre las bajas laborales. La patronal las considera abusivas, dice que han subido mucho, y se refieren a ellas como 'absentismo laboral', ¿qué opinan de ello desde el sindicato?

Las bajas laborales son un derecho y pasan a través de un filtro que es el médico de Atención Primaria o la mutua correspondiente. Entiendo que todas las bajas están bien tramitadas y bien controladas y son las que son. Hay profesionales que se encargan de ellas que tienen toda mi confianza, Lo que sí nos consta es que las revisiones de las bajas se están endureciendo por parte de la administración y de las mutuas. Hay trabajadores a los que se está obligando a reincorporarse al mercado laboral cuando a lo mejor no están para ello. Hay personas a las que está penalizando este movimiento de la patronal.

Se habla mucho de no saturar las urgencias de Valdecilla, pero cada vez es más difícil para los ciudadanos tener una cita médica en su centro de salud en un plazo razonable ¿consideran que la atención primaria está suficientemente dotada?

La primera parte de mi vida laboral ha sido en Atención Primaria, vengo una atención primaria antigua que no tiene nada que ver con la de ahora, todo era cita presencial, todo pasaba por el mostrador a primera hora. No había ni cita electrónica ni estos sistemas que se han instalado a partir del COVID. De lo que yo viví a lo que vivo ahora no tiene nada que ver. Yo viví salas de espera de 15, 20 personas esperando sentados fuera de la consulta. Yo tenía compañeros médicos que veían 60 ó 65 personas, íbamos corriendo desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. De tres a cinco se hacía continuada dentro de la jornada, ahora se remunera. Era intenso. De aquello a ahora ha cmabiado mucho. Las agendas están super cerradas, fueron pactos con las organizaciones sindicales. Creo que el tope son 35 consultas al día, de las cuales 25 son presenciales y el resto para hacer atención telefónica, trámites, papeles. Ahora está todo más ordenado y las salas de espera están vacías. ¿Se tarda tanto en conseguir cita? no creo que la Atención Primaria esté infradotada y los últimos años las mejoras retributivas se están yendo a Atención Primaria, mejoras en los SUAPS, en el 061, mejoras en las agendas, en absorciones de demanda, en la autocobertura... miras los acuerdos y todas las mejoras y partidas van para Atención Primaria. ¿Que la cita previa conlleva que crezca la demora? puede que si. La administración debería hacer un estudio y evaluar los cambios, las agendas, las cargas de trabajo y esta transición de cuándo los profesionales estaban desbordados y de la actualidad. Una vez valorado, decidir si se deben ampliar las agendas o instalar otro tipo de medidas como ampliar plantilla. Las cosas hay que evaluarlas y llegar a un equilibrio en el que los profesionales y la atención al usuario sea la adecuada. A nivel retributivo, por ejemplo, hay un desfase entre Atención Primaria y Atención Especializada. Por ejemplo, en enfermería de Atención Primaria se ganan entre 400 y 800 euros más que en el hospital.

Una de las cuestiones más relevantes en este último año ha sido la movilización a favor de la sanidad pública frente a convenios como el de Santa Clotilde, que desvía 256 millones de euros a la sanidad privada ¿les preocupa esta utilización de fórmulas público-privadas de gestión de la sanidad pública?

Nos preocupa mucho. Formamos parte de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria. Nos preocupa que derivemos hacia una sanidad como la madrileña que es la que se pone de ejemplo cada vez que se habla de este tipo de convenios. Cuando haces convenios con la privada hay menos transparencia, menos control económico. Esto es un muy fácil: el dinero es lo que es. Si a parte de dar un servicio tienes que llevarte un beneficio... está todo dicho. En Cantabria, a día de hoy no hay una red privada de sanidad como para llegar la nivel de la sanidad madrileña pero se está empezando a tejer. Un ejemplo es el convenio con Santa Clotilde ¿cómo puedes hipotecar 256 millones de un servicio con una empresa que lo que estás firmando a día de hoy no te lo puede ofrecer porque tiene que hacer obras, porque tiene que contratar profesionales, porque tiene que hacer una gestión tan importante para dar ese servicio que a día de hoy no existe? No puedes hipotecarte tanto años con una empresa que a día de hoy no puede ofrecerte esos servicios. La pregunta está clara; si en la pública no tenemos profesionales para dar esos servicios ¿de dónde va a sacar profesionales la sanidad privada? No hay cirujanos, no hay anestesistas ¿cómo lo van a hacer?

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF han convocado una serie de paros que afectarán al personal artístico de la Compañía Nacional de Danza y del Ballet Nacional, ambas agrupaciones dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Se trata de una decisión que se ha tomado como respuesta directa al “incumplimiento de los principales compromisos adquiridos por el Ministerio de Cultura tras la desconvocatoria de los paros de diciembre de 2025”, lo que ha reactivado el conflicto laboral entre los trabajadores de estas instituciones.

La convocatoria de huelga tiene un impacto directo sobre la programación estival de la danza nacional, ya que los paros coincidirán con las funciones que ambas formaciones tienen previstas en el Teatro de la Zarzuela. El calendario de movilizaciones fija los paros para el próximo 11 de julio, en un horario que comprenderá desde las 19:00 hasta las 22:00 horas, mientras que durante las jornadas del 17 y del 22 de julio las interrupciones se realizarán entre las 19:00 y las 21:00 horas. Según detallan los representantes sindicales, la medida de fuerza afecta a la totalidad de las plantillas de ambas compañías, lo que se traduce en un total de 131 trabajadores y trabajadoras llamados a secundar la protesta.

El origen de la disputa se sitúa a finales del año pasado, cuando los sindicatos acordaron suspender de forma temporal las movilizaciones ante los compromisos asumidos por el Ministerio para avanzar en la mejora de las condiciones laborales y retributivas del sector. Sin embargo, tras el transcurso de varios meses de espera, las negociaciones se han encallado en su punto fundamental, dado que “la principal reivindicación, consistente en la equiparación salarial con el personal artístico de la Orquesta Nacional de España, ha sido finalmente descartada” por parte de la Administración.

Como alternativa, la Administración ha planteado la creación de un “complemento de productividad” para este colectivo. Sin embargo, las organizaciones sindicales denuncian que, “hasta la fecha no se ha concretado su cuantía económica ni se han adquirido compromisos firmes sobre su aprobación, financiación e implantación”. Asimismo, los representantes de los trabajadores critican que también “continúa sin materializarse el compromiso de impulsar la mejora del sistema de clasificación profesional del personal artístico de ambas compañías”.

Ante lo que consideran una notable ausencia de medidas concretas que puedan garantizar una mejora real de las condiciones profesionales y retributivas, CCOO, UGT y CSIF han determinado que es indispensable retomar las acciones de protesta. Las centrales sindicales advierten que mantendrán las movilizaciones hasta que la Administración ponga sobre la mesa una “propuesta definitiva, dotada presupuestariamente y acompañada de un calendario cierto para su ejecución”. A pesar del empeoramiento del conflicto, las tres organizaciones reiteran su disposición al diálogo y confían en que el Secretario de Estado de Cultura, la Subsecretaria de Cultura y el INAEM adopten medidas con celeridad para cumplir los compromisos previos y evitar la prolongación de la huelga.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FESMC) de UGT La Rioja denuncia una nueva agresión a un vigilante de seguridad en La Rioja, en esta ocasión en la tienda de Leroy Merlín en Logroño.

La agresión se produjo el pasado lunes 29 de junio en torno a las 18 horas de la tarde, cuando el vigilante de seguridad intervino para evitar la comisión de un hurto y posterior huida de una persona que, al verse sorprendida, agredió al vigilante, provocándole contusiones de diversa consideración que aún le mantienen de baja. Hasta el lugar se trasladaron varias patrullas de Policía Nacional que procedieron a la detención del agresor.

“En esta ocasión, la dotación de medios de protección adecuados hubiera sido determinante de cara a evitar la agresión al vigilante”, señalan desde el sindicato. De hecho, la necesidad de dotar de materiales adecuados de protección es una de las demandas constantes del colectivo, ya que estas personas se ven obligadas a intervenir en episodios que entrañan evidentes riesgos físicos sin medios adecuados más allá de su propia fuerza, exponiendo constantemente su salud y su cuerpo.

Por ello, FeSMC UGT reitera tanto a las empresas de seguridad, como a los clientes contratantes de servicios de seguridad (tanto privados como públicos) “la urgente necesidad de mejorar los medios de protección individuales de los vigilantes de seguridad para que sean capaces de resolver intervenciones cotidianas sin exponer su vida”. De igual modo, urge ofrecerles una mayor protección jurídica y aumentar las plantillas para garantizar la seguridad de los vigilantes en caso de intervención.

Por último, el sindicato desea una pronta recuperación al vigilante agredido y exige la adopción de medidas urgentes para el cese de estas agresiones en el desempeño del trabajo.

España necesita trabajadores y trabajadoras. Nuestra provincia también. La agricultura, la construcción, los cuidados, la hostelería o la logística dependen, en gran medida, del esfuerzo de miles de personas migrantes que sostienen sectores estratégicos de nuestra economía. Sin embargo, seguimos aceptando una contradicción que no puede normalizarse.

Defendemos la regularización administrativa porque nadie debe vivir en la clandestinidad, sin derechos y expuesto a la explotación. Pero la regularización, por sí sola, no resolverá la realidad cotidiana de miles de personas si permitimos que continúen viviendo en condiciones indignas, hacinadas y sometidas a las mafias que hacen negocio con la necesidad humana.

No podemos mirar hacia otro lado.

En demasiados municipios, una cama compartida cuesta lo que hace unos años valía el alquiler de un piso. Viviendas sin condiciones mínimas de habitabilidad se alquilan a precios abusivos. Habitaciones donde conviven diez o quince personas. Garajes, naves o infraviviendas convertidas en negocio para quienes saben que la desesperación no permite elegir.

Esta realidad no solo vulnera el derecho constitucional a una vivienda digna. También alimenta un modelo laboral basado en la precariedad. Porque quien depende de un empresario para conservar el empleo y de un intermediario para conservar un techo tiene mucha más dificultad para denunciar abusos, exigir el cumplimiento del convenio colectivo o reclamar salarios justos.

La explotación laboral y la explotación residencial forman parte del mismo problema.

Desde UGT llevamos años defendiendo que el acceso a la vivienda debe convertirse en un verdadero derecho garantizado por los poderes públicos y no en un privilegio reservado para quien pueda pagarlo. El sindicato reclama reforzar las políticas públicas de vivienda, ampliar el parque de alquiler asequible y combatir la especulación inmobiliaria porque considera que el acceso a una vivienda digna es una condición indispensable para una vida y un trabajo dignos.

Quienes intentan enfrentar a trabajadores españoles y trabajadores migrantes se equivocan de adversario. El problema no es quien viene a trabajar y contribuir con su esfuerzo. El problema son quienes obtienen beneficios de la vulnerabilidad ajena: quienes pagan salarios miserables, quienes incumplen la legislación laboral y quienes convierten la vivienda en un negocio sin límites.

No tiene sentido impulsar procesos de regularización si después consentimos que esas mismas personas sigan atrapadas en redes de explotación residencial. No podemos permitir que una persona obtenga un permiso de residencia y continúe pagando cantidades desorbitadas por una cama en una vivienda insalubre mientras otros se enriquecen.

La integración comienza por garantizar derechos efectivos. Un contrato de trabajo digno necesita una vivienda digna. Una sociedad cohesionada necesita barrios donde nadie tenga que esconderse para vivir. Y una economía fuerte no puede sostenerse sobre trabajadores pobres.

Las administraciones públicas deben actuar con mayor contundencia. Es necesario perseguir el fraude en los alquileres, reforzar la inspección sobre las condiciones de habitabilidad, aumentar la oferta de vivienda pública y coordinar las políticas de empleo, vivienda y servicios sociales. Del mismo modo que existe una Inspección de Trabajo que combate la explotación laboral, debe existir una respuesta firme frente a quienes comercian con la necesidad de tener un techo.

Como sindicato seguiremos defendiendo la regularización de las personas migrantes porque es una cuestión de derechos humanos, de justicia social y de dignidad laboral. Pero también exigiremos que esa regularización vaya acompañada de políticas públicas que impidan que la explotación simplemente cambie de escenario.

Porque regularizar personas mientras permitimos que las mafias de la vivienda sigan haciendo negocio con ellas no es una solución. Es trasladar la injusticia de un ámbito a otro.

La dignidad no termina cuando acaba la jornada laboral. También empieza al cerrar la puerta de casa.

La conciliación sigue teniendo rostro femenino en Castilla-La Mancha. El 88% de las excedencias por cuidado de menores y el 75% de las destinadas al cuidado de familiares las solicitan mujeres, según los datos aportados por UGT, que ha puesto en marcha un nuevo servicio de asesoramiento para ayudar a trabajadores y familias a conocer sus derechos, avanzar hacia un reparto más equilibrado de los cuidados y favorecer la conciliación de la vida personal y laboral.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto '+Corresponsables, +Iguales' promovido por el sindicato para desarrollar acciones de formación, sensibilización e información sobre conciliación y para fomentar especialmente la implicación de hombres y jóvenes en los cuidados corresponsables, favoreciendo el reparto equilibrado de las responsabilidades de cuidado y contribuyendo a la transformación de los usos del tiempo.

Aquellas personas que quieran acceder a este buzón de consultas lo pueden hacer a través de este formulario o bien mediante el correo electrónico consultascorresponsables@clmancha.ugt.org. En él podrán resolver dudas relacionadas con los derechos de conciliación, permisos, medidas de corresponsabilidad o recursos disponibles.

El objetivo es ofrecer información y orientación personalizada para facilitar el ejercicio de estos derechos y avanzar hacia entornos laborales y familiares más igualitarios, ha informado UGT en un comunicado.

La “necesidad” de masculinidades corresponsables

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, defiende la necesidad de una transformación cultural y social hacia modelos de masculinidades corresponsables y apunta que en la región alrededor del 88% de las excedencias por cuidados de menores son solicitadas por mujeres así como el 75% de las excedencias para el cuidado de familiares.

“La existencia de medidas de conciliación no implica que estas sean utilizadas de manera corresponsable. Esto se debe al desconocimiento y a que, culturalmente, en el ámbito empresarial y social no se abordan los cuidados desde un enfoque de corresponsabilidad social si no como una cuestión privada que deben resolver las familias de forma privada. Es imprescindible, por tanto, el asesoramiento sobre medidas de conciliación y la sensibilización para un uso corresponsable de estas”, ha añadido.

Este buzón de consultas es una actuación de UGT Castilla-La Mancha financiada con cargo a los fondos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el marco del Plan Corresponsables, y en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han anunciado este martes una importante iniciativa para fortalecer la lucha por un aumento de los salarios y mejoras en los convenios colectivos. Las centrales lanzarán este año un “fondo de solidaridad” con cuatro millones de euros –en realidad dos fondos paralelos de dos millones cada uno – que compense los salarios de sus afiliados durante los procesos de huelga.

Los líderes de ambos sindicatos, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), han presentado la iniciativa “experimental” en una rueda de prensa. El fondo se pondrá en marcha de momento por dos años, en 2026 y 2027, con cuatro millones al año, que saldrán de las cuotas que pagan el conjunto de afiliados y afiliadas a ambas organizaciones.

Los “fondos de solidaridad” garantizarán “al menos el salario mínimo” interprofesional (SMI) a los trabajadores y trabajadoras en huelga afiliados a sus sindicatos en aquellos conflictos por el aumento de salarios o por la mejora de convenios colectivos que logren la aprobación de las comisiones internas de sus organizaciones.

Aunque se tratará de dos fondos paralelos, estos funcionarán con cierta “coordinación”, han explicado Sordo y Álvarez, que han situado la iniciativa como una muestra de “unidad sindical” y no una herramienta para competir entre ambas organizaciones de trabajadores.

Pepe Álvarez ha explicado que este tipo de iniciativas abunda en otros países europeos, como Alemania, Bélgica y Francia, donde la afiliación a los sindicatos marca una mayor protección de los trabajadores. En cualquier caso, el líder de UGT ha recordado que los sindicatos sufragan con las cuotas de sus afiliados decisiones y medidas que repercuten en el conjunto de empleados en España, como las mejoras de convenios y la negociación de planes de igualdad en muchas compañías.

Fortalecer a los trabajadores para dar la batalla salarial

Los dirigentes sindicales han subrayado que el objetivo es “reforzar la posición de la clase trabajadora en los convenios colectivos” y en las pugnas para subir los salarios. “Es una medida ambiciosa. No busca la huelga por la huelga, pero sí dar poder de negociación a los sindicalistas que se las ven canutas para sacar adelante convenios colectivos”, ha afirmado Unai Sordo.

Álvarez y Sordo han recordado que siguen insistiendo a la patronal para que negocie un gran acuerdo de negociación colectiva (AENC), con un marco acordado para las subidas salariales de los próximos años. Esta negociación está bloqueada de momento por el lado empresarial, ante lo que CCOO y UGT han advertido de que no se van a quedar “con los brazos cruzados”, impulsando movilizaciones y huelgas allí donde sea necesario.

Ultimátum al Gobierno con el registro horario: 31 de julio

Además, los líderes de CCOO y UGT han dado un ultimátum al Gobierno para que apruebe el registro horario pactado con los sindicatos “antes del 31 de julio”. “Ya vale de estar mareando la pelotita, ya vale de juego de trileros”, ha afirmado Unai Sordo, que ha afirmado que de lo contrario los sindicatos no participarán en más acuerdos con el Ejecutivo.

En la misma línea, Pepe Álvarez ha insistido al Gobierno en que cumpla sus compromisos, con la aprobación del refuerzo del registro horario antes de que termine julio, pero también con la reforma de la compensación de pluses para que no absorban los aumentos del salario mínimo.

UGT ha estrenado en Cantabria la Oficina de Asesoramiento de la Vivienda para los más de 19.000 afiliados que tiene en la región, que podrán disfrutar de un nuevo servicio que el sindicato aprobó en su último congreso confederal y que presta desde hace tres meses en distintas comunidades autónomas.

Según ha informado en una rueda de prensa el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, la Oficina de Asesoramiento de la Vivienda iniciará su servicio de manera online (vivienda@cec.ugt.org) en la región hasta la apertura de una oficina presencial según la demanda existente.

La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, ha indicado que la oficina cántabra de asesoramiento de la vivienda se agrega a las ya inauguradas en otras comunidades porque “la vivienda se ha convertido en un tema central de nuestro programa de acción”.

“Se están comiendo cualquier mejora que se ha conseguido en la negociación colectiva o en el diálogo social y, hoy en día, no hay convenio colectivo que pueda sostener el aumento de sus precios”, ha incidido Navarro, que ha destacado que uno de sus objetivos es reducir la conflictividad entre inquilinos y propietarios.

Jornada en Puente Viesgo en septiembre

“Como organización sindical, sabemos asesorar, sabemos negociar, sabemos mediar y encauzar conflictos y es lo que queremos trasladar a todo lo relacionado con la vivienda”, ha recalcado Navarro, que ha avanzado que el sindicato tiene previsto organizar a finales del mes de septiembre en Puente Viesgo una jornada para abordar de una manera global la vivienda y desde la perspectiva del mundo rural de Cantabria.

La vicesecretaria general de UGT y el secretario general del sindicato en Cantabria han mantenido distintas reuniones institucionales este mismo martes para analizar las políticas de vivienda y los retos demográficos de la región. Así, Lola Navarro, Carmona y Eduardo Magaldi, responsable de Políticas Territoriales de UGT, se han reunido con la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, para abordar los retos demográficos que afronta la región.

De otro lado, una delegación de UGT ya analizó este lunes 29 de junio la situación actual y las políticas autonómicas de vivienda con el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medioambiente, Roberto Media.

Navarro ha insistido en que la vivienda se ha convertido en “una cuestión prioritaria” en las organizaciones sindicales, tanto en UGT como en CCOO, y quieren implicar a la patronal CEOE “porque la vivienda va a afectar a los empresarios y ya hay sectores de actividad profesional con déficit de cobertura de mano de obra porque no se desplazan personas trabajadoras por los altos precios de las viviendas”.

Dudas sobre seguridad jurídica

Según el coordinador estatal de la Oficina de Asesoramiento de la Vivienda de UGT, Víctor Escorsa, en los tres meses de funcionamiento del recurso, la mayor parte de las consultas atendidas solicitaban seguridad jurídica “porque hay un gran desconocimiento de la ley, tanto por parte de inquilinos como de propietarios”.

“Ya se ha trabajado también en la intermediación en algún desahucio”, ha indicado Escorsa, que ha señalado que la prórroga del Real Decreto sobre los alquileres ha “disparado” las consultas y que un 65% de todas las atendidas hasta ahora están relacionadas con el alquiler y un 40% se centra en la duración del contrato y en la preocupación por extender su presencia en la vivienda. Además, un 65% corresponde a mujeres.

La Oficina de Asesoramiento de la Vivienda de UGT inició sus servicios con una encuesta a más de 4.700 afiliados al sindicato “que reafirma los grandes problemas que existen hoy con la vivienda”. Asimismo, una tercera parte de los encuestados manifestó su temor por perder su casa, un 40% consideraba insostenible el precio de los alquileres que absorbía más de un 40% de su salario y otra tercera parte estimaba que la hipoteca de la vivienda venía a representar entre un 31 y un 40% de su salario.

La plantilla de Teknia Santander ha aprobado por unanimidad (78 votos favorables) el principio de acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) alcanzado el pasado viernes 26 de junio en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA).

El acuerdo, que el comité de empresa (UGT-FICA y CCOO) y Teknia firmarán este martes en la propia fábrica en Ampuero, fue en una votación que se prolongó hasta última hora del lunes con la correspondiente al turno de noche.

El acuerdo reduce nueve despidos de los inicialmente planteados (de 28 a 19); acepta voluntariedad en las salidas, y estipula una indemnización de 29 días por año trabajado con un tope de 19 mensualidades.

Además, recoge la oferta de una empresa de recolocación; una bolsa de trabajo hasta el 31 de octubre de 2027; mejora el convenio regulador hasta los 63 años, y también compensa económicamente la afectación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) aplicado en el año 2021, al incluirlo en las condiciones de la indemnización, ha informado en un comunicado el presidente del comité de empresa de Teknia Santander, Iñaki Martín (UGT-FICA).

El acuerdo del ERE aprobado por la plantilla de Teknia en Santander surge de una negociación que se inició el pasado 1 de junio y que se cerró el pasado viernes 26 de junio, en víspera de una huelga de dos días (29 y 30 de junio) convocada por el comité de empresa.

El sindicato UGT ha reclamado la aprobación de una ley LGTBI+ en Castilla y León, ya que es una las tres únicas comunidades autónomas que no cuenta con una normativa en este ámbito, así como el impulso de un observatorio de agresiones lgtbifóbicas, ha indicado el responsable de acción del área de LGTBI de UGT, José Álvarez, con motivo del Día del Orgullo que se conmemora este 28 de junio.

Álvarez ha celebrado la reforma del Código Penal, en cuanto a las sanciones de las llamadas 'prácticas de conversión' a personas LGTBI, pero ha insistido en la necesidad de seguir avanzando y ha advertido que “la realidad de las personas LGTBI no puede esperar al color político que gobierne la Comunidad Autónoma”.

Durante la jornada contra la lgtbifobia organizada por el sindicato, Álvarez ha reivindicado el impulso de un observatorio de agresiones lgtbifóbicas en la Comunidad, que cuente con participación de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.

“Es una cosa que se dijo, pero luego no se ha probado, y al final depende de la propia Junta de Castilla y León que convoque un Consejo de Gobierno mañana mismo si quiere”, ha denunciado Álvarez.

El representante ha señalado que, según un estudio de principios de año de UGT, cerca del 50 % de las personas LGTBI perciben que no están aceptadas socialmente; entre el 30 y el 50 % afirman haber recibido agresiones verbales y el 50 % están en desempleo.

El estudio también ha revelado que el 70 % de las personas LGTBI consideran que las medidas que se aplican en las empresas siguen siendo insuficientes, por lo que Álvarez ha afirmado que UGT continuará negociando para que las empresas dispongan de planes LGTBI, tal y como recoge la ley Trans.

La secretaria de formación para el empleo y diversidad de UGT en Castilla y León, Ana del Ser, ha recordado que en la Comunidad han aumentado los delitos de odio un 46 % en 2025, con 136 infracciones, según el último estudio de delitos de odio del Ministerio de Interior.

Por ello, UGT ha organizado para este viernes diálogos sobre los derechos de las personas LGTBI+ frente a los discursos de odio y la necesidad de impulsar protocolos de atención y acompañamiento en las empresas, en los que participará Marina Sáez, catedrática de Derecho Mercantil de la UVa e impulsora de la conocida como ley Trans estatal, y José Manuel Rubia, secretario de políticas LGTBI+ del PSOE en León. EFE

'Lesbianas visibles, activas y con derechos' es el lema con el que UGT celebra el Orgullo LGTBI en Castilla-La Mancha, dentro de una campaña centrada en la realidad económica y laboral de las mujeres lesbianas.

A lo largo de este mes de junio desde los Servicios Públicos de este sindicato se está poniendo el foco en su situación. Consideran que sufren una “mezcla de discriminaciones” donde la precariedad económica está muy presente, junto con las dificultades para conciliar y la discriminación por orientación sexual.

Lo han detallado la secretaria de Igualdad y Bienestar Social de UGT Servicios Públicos de Castilla- La Mancha, Lola Hernández, y el ortavoz del departamento LGTBI del sindicato, Adrián Carbajo. “Numerosas mujeres lesbianas ocultan su orientación sexual en sus centros de trabajo por temor a sufrir represalias, situaciones de acoso o cambios en su valoración profesional. Esta invisibilidad puede provocar incluso la renuncia a permisos y derechos laborales consolidados”.

Por todo ello, reclaman entornos laborales seguros, la aplicación efectiva de los planes LGTBI y de los protocolos contra el acoso, procesos de promoción libres de sesgos y el reconocimiento pleno de las familias diversas. “Porque mientras las trabajadoras lesbianas sigan enfrentándose a la invisibilidad, la precariedad y la discriminación, no habrá igualdad real en los centros de trabajo”.

Un 40% de las mujeres lesbianas oculta su orientación sexual en sus centros de trabajo, lo que les supone en muchos casos problemas de ansiedad y estrés

La responsable regional de Igualdad de UGT Servicios Públicos también ha ofrecido datos que ponen de manifiesto la difícil realidad de las mujeres lesbianas. “Casi un 20% de las lesbianas tienen ingresos inferiores a 1.000 euros al mes, además, un 40% de ellas, ocultan su orientación sexual en sus centros de trabajo, lo que les supone en muchos casos problemas de ansiedad y estrés e incluso la renuncia voluntaria a derechos sobradamente consolidados como el permiso por matrimonio o por hospitalización del cónyuge. Y en el caso de las madres lesbianas, la madre gestante pierde alrededor del 13%de sus ingresos, y su compañera un 5%”.

Añade que, además, muchas mujeres lesbianas están especialmente expuestas a los vaivenes económicos, con trabajos más precarizados, una mayor tasa de desempleo, así como más dificultades para promocionar.

Desde UGT piden la visibilidad de las mujeres lesbianas en sus centros de trabajo sin que esto implique ningún tipo de represalia, la aplicación efectiva de los planes LGTBI y del protocolo contra el acoso por lgtbifobia (también en las Administración Pública) y garantizar procesos de promoción transparentes y libres de sesgos.

Un “doble techo de cristal”

También reclaman romper el “doble techo de cristal” para que puedan acceder a mejores salarios y puestos, incorporar en los planes de igualdad la violencia específica que sufren las mujeres lesbianas, y exigir un compromiso real de las empresas con la diversidad, así como reconocer a las familias diversas, para que la diversidad familiar no suponga ningún obstáculo para poder conciliar.

Con carácter general, ambos representantes sindicales han informado de que UGT ha realizado diversos estudios que ponen de manifiesto una realidad “muy preocupante” que siguen sufriendo las personas LGTBI en las empresas. Y es que aún son muchos quienes, por miedo y presión, “deciden volver al armario en sus entornos laborales”. Además, aproximadamente el 40% evita hablar de su vida privada, 3 de cada 10 manifiesta haber sufrido agresiones verbales y el 75% considera que no tiene las mismas oportunidades laborales que las personas heterosexuales“.

“Seguimos realizando estudios para conocer la realidad del colectivo en el ámbito laboral. Además, hemos elaborado una guía de recomendaciones para la negociación e introducción en los convenios de las medidas obligatorias dirigidas a garantizar la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas, así como campañas como la puesta en marcha por Servicios Públicos”, han concluido.

También los funcionarios del Ayuntamiento de Logroño están padeciendo altas temperaturas en su jornada laboral. Así lo denuncia UGT La Rioja que asegura que la temperatura en varias oficinas supera los 30 grados por la avería de los sistemas de climatización en varias estancias.

“Decenas decenas de trabajadores y trabajadoras están atravesando el verano y la actual ola de calor en unas condiciones de trabajo deplorables, ya que las estancias en las que desarrollan su labor tienen averiados desde hace tiempo sus sistemas de climatización, lo que está provocando que sus jornadas se desarrollen con temperaturas extremas”, aseguran desde el sindicato. En concreto, el personal municipal de las áreas de Informática, Registro y Estadística “que ha tratado de sofocar el calor con sus propios medios porque la única solución propuesta por el Consistorio ha sido proporcionar ventiladores”. Una medida que consideran “insuficiente e inoperante porque los ventiladores se limitan a remover el mismo aire de las estancias, sin rebajar en absoluto la temperatura ni resolver un problema que afecta directamente a la salud y a las condiciones de trabajo del personal”

Aseguran que la técnica municipal de Prevención ya conoce la situación de estos trabajadores: “tras comprobar la situación existente, emitió un informe en el que dejó constancia de las condiciones inapropiadas en las que se está desarrollando el trabajo en la actualidad”.

Así, y aunque la Unidad de Arquitectura, responsable del mantenimiento de los edificios municipales, está tratando de solucionar la avería existente, UGT insiste en que “deben adoptarse medidas urgentes y extraordinarias mientras se resuelve la incidencia”. Y plantean la posibilidad de que el personal pueda teletrabajar o que se instalen elementos de climatización provisionales en las zonas afectadas. De momento aseguran que el Ayuntamiento de Logroño no ha adoptado ninguna de las dos opciones y advierten de que si no se adoptan medidas urgentes que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente y permitan que las trabajadoras y trabajadores desarrollen su labor en unas instalaciones adecuadas, pondrán estas irregularidades en conocimiento de la Inspección de Trabajo“.

El mercado laboral extremeño crece a dos velocidades y amenaza con dejar atrás a una parte importante de la población activa. UGT Extremadura ha alertado este viernes de que el paro de larga duración se ha convertido en un problema “estructural, injustificado y desproporcionado” en la región. Según un informe elaborado por el sindicato a partir de datos oficiales, un total de 28.051 personas acumulaban más de un año inscritas en las listas del desempleo al cierre del último ejercicio, lo que representa el 43,6% del total de parados en la comunidad autónoma.

A pesar de que el paro registrado en la región ha experimentado un notable descenso del 46,9% en la última década, el desempleo cronificado se reduce a un ritmo mucho más lento (un 41,7%). Esta resistencia a la baja confirma la existencia de un “núcleo duro” de desempleados que no se corrige de forma automática con la mejora general de la economía o el aumento de la afiliación a la Seguridad Social, situando a miles de familias en un alto riesgo de exclusión y pobreza.

La radiografía del paro de larga duración en la región muestra una profunda brecha de género y de edad. El sindicato denuncia que esta realidad tiene un claro rostro de mujer: hay 19.080 mujeres atrapadas en el desempleo prolongado frente a 9.061 hombres. En términos relativos, la situación golpea al 46,5% de las mujeres desempleadas extremeñas ante el 38,8% de los varones, debido a barreras añadidas como las cargas de cuidados, trayectorias laborales intermitentes o la experiencia concentrada en sectores precarizados.

Por otro lado, la edad es el otro gran factor de exclusión. Las personas mayores de 50 años concentran de forma alarmante el 70% de todo el paro de larga duración en Extremadura. Se trata de trabajadores que han cotizado durante años y que, tras perder su puesto de trabajo, encuentran enormes dificultades para reincorporarse, una situación que no solo destruye sus ingresos actuales sino que compromete gravemente sus futuras carreras de cotización y sus prestaciones de jubilación.

Exigencia de un SEXPE reforzado frente a los recortes

Ante este panorama, UGT considera “inaceptable” normalizar que casi una de cada dos personas en paro permanezca estancada en la búsqueda de empleo en pleno contexto de expansión económica. Por ello, ha exigido a la Junta de Extremadura una revisión urgente de la eficacia de las políticas activas de empleo y un refuerzo inmediato del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE).

El sindicato reclama dotar al SEXPE de los medios técnicos y humanos necesarios, argumentando que sin recursos públicos estables es imposible garantizar itinerarios de inserción personalizados. “Detrás de las cifras hay 28.000 personas trabajadoras. Extremadura no puede permitirse dejarlas atrás”, han zanjado, instando a la Administración a diseñar planes específicos de orientación, formación y recualificación profesional conectados de verdad con el tejido productivo de la región.