Hay momentos en la vida de un país en los que votar no puede reducirse a elegir entre unas siglas y otras. Hay momentos en los que la ciudadanía tiene que detenerse, mirar a su alrededor y preguntarse qué sociedad quiere construir, qué derechos está dispuesta a defender y, sobre todo, qué futuro quiere dejar a quienes vienen detrás.

Nos encontramos ante uno de esos momentos.

El próximo 29 de noviembre, las trabajadoras y los trabajadores volveremos a tener en nuestras manos una herramienta que nunca debemos infravalorar: nuestro voto. Las elecciones generales decidirán la composición de las Cortes y, con ella, buena parte de las políticas que marcarán nuestro país durante los próximos años.

Y la clase trabajadora debería acudir a las urnas sabiendo perfectamente dónde está.

Porque sabemos de dónde venimos.

Sabemos lo que ha costado conquistar cada derecho laboral. Sabemos que la jornada laboral, las vacaciones, la protección frente al despido, las pensiones, el salario mínimo, la igualdad entre mujeres y hombres, la protección de la salud laboral o la negociación colectiva no fueron regalos concedidos por nadie. Fueron conquistas fruto de décadas de organización, movilización y lucha sindical.

Y también sabemos que ningún derecho está escrito en piedra.

Los derechos se pueden ampliar, pero también se pueden debilitar. Las condiciones laborales pueden mejorar, pero también pueden retroceder. Y por eso la clase trabajadora no puede permitirse mirar la política desde la distancia, como si las decisiones que se toman en las instituciones no tuvieran consecuencias directas sobre nuestras nóminas, nuestros convenios, nuestras pensiones, nuestras viviendas o nuestros servicios públicos.

Hoy tenemos delante problemas muy concretos.

Tenemos trabajadores y trabajadoras que, aun teniendo empleo, tienen dificultades para llegar a final de mes. Tenemos jóvenes que trabajan y, sin embargo, encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda y construir un proyecto de vida. Tenemos mujeres que siguen soportando una parte desproporcionada de los cuidados. Tenemos personas mayores preocupadas por sus pensiones y familias que necesitan unos servicios públicos capaces de responder a sus necesidades.

La propia agenda sindical está poniendo el foco precisamente en cuestiones como la vivienda, la reducción de la precariedad, la regulación de los contratos a tiempo parcial y la mejora de las relaciones laborales.

Y hay otra cuestión que no podemos esconder: el reparto de la riqueza.

España puede crecer económicamente y, al mismo tiempo, muchas familias trabajadoras seguir teniendo dificultades para vivir dignamente. Por eso no basta con hablar de crecimiento. Tenemos que preguntarnos quién se beneficia de ese crecimiento, cómo se distribuye la riqueza y si quienes generan esa riqueza con su trabajo participan de ella.

Desde el sindicalismo llevamos años defendiendo que trabajar debe permitir vivir con dignidad. En 2026 el SMI se sitúa en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, una evolución que UGT vincula a la dignificación salarial y a la convergencia europea.

Pero sabemos que queda mucho por hacer.

También está sobre la mesa el tiempo de trabajo. Porque reducir la jornada laboral no significa trabajar menos para producir menos. Significa avanzar hacia un modelo en el que los avances tecnológicos y la productividad también permitan a las personas trabajadoras disponer de más tiempo para vivir, cuidar, descansar y desarrollar sus proyectos personales. UGT viene defendiendo la reducción progresiva de la jornada sin pérdida salarial.

Y aquí es donde el voto adquiere toda su dimensión.

La clase trabajadora no debería votar olvidando su propia realidad.

Debería preguntarse qué propone cada opción política sobre los salarios. Sobre las pensiones. Sobre la sanidad y la educación públicas. Sobre la vivienda. Sobre los impuestos. Sobre la negociación colectiva. Sobre la igualdad. Sobre los derechos laborales. Sobre la prevención de riesgos laborales. Sobre los servicios públicos en nuestros pueblos. Sobre el futuro de nuestros jóvenes. Sobre la España rural.

Y, especialmente, debería preguntarse qué puede venir después de las elecciones.

Porque las campañas terminan. Los carteles desaparecen. Los discursos se olvidan. Pero las leyes permanecen y las decisiones políticas terminan entrando en nuestras empresas, en nuestros hogares y en nuestras vidas.

Como organización sindical no corresponde a UGT decirle a cada trabajador o trabajadora qué papeleta debe introducir en la urna. Esa decisión pertenece exclusivamente a cada persona.

Pero sí corresponde al sindicalismo recordar algo que considero fundamental: la democracia también se defiende desde el centro de trabajo.

Se defiende cuando una trabajadora reclama sus derechos. Cuando una plantilla se organiza. Cuando se firma un buen convenio. Cuando se combate la precariedad. Cuando se exige igualdad. Cuando se denuncia un accidente laboral. Cuando una persona joven reclama un futuro digno. Y también cuando millones de trabajadores y trabajadoras ejercen libremente su derecho al voto siendo conscientes de que las decisiones políticas tienen consecuencias sobre sus vidas.

La clase trabajadora tiene memoria.

Tiene memoria de los avances y también de los retrocesos.

Tiene memoria de lo que significa tener derechos y de lo que significa perderlos.

Por eso, ante las próximas elecciones, no deberíamos conformarnos con escuchar lo que unos y otros prometen. Debemos mirar lo que defienden, lo que han hecho y qué consecuencias pueden tener sus propuestas para la mayoría social.

No se trata de votar con miedo.

Se trata de votar con conocimiento.

No se trata de que nadie vote por nosotros.

Se trata de que nadie decida nuestro futuro sin que nosotros participemos.

Porque cuando una trabajadora introduce su papeleta en una urna no está dejando fuera de ella sus preocupaciones laborales. Cuando un trabajador vota, también está votando pensando en su salario, en su pensión, en la educación de sus hijos, en el precio de la vivienda, en la sanidad que recibirá cuando la necesite y en el futuro de su familia.

La política también habla de nosotros.

Y nosotros tenemos derecho a hablar a través de ella.

El próximo 29 de noviembre, cada persona decidirá libremente. Pero sería un error que la clase trabajadora acudiera a las urnas sin saber lo que está en juego.

Porque después de las elecciones seguiremos teniendo que trabajar, cuidar, cotizar, negociar y defender nuestros derechos.

Y porque el modelo de país que tengamos mañana dependerá también de las decisiones que tomemos hoy.

Desde UGT seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho: organizar, negociar, movilizar y defender a la clase trabajadora.

Pero el 29 de noviembre, la decisión estará en manos de cada ciudadano y cada ciudadana.

Y la clase trabajadora, que durante generaciones ha contribuido a construir este país, tendrá una oportunidad más para decidir qué sociedad quiere para el futuro.

Con memoria.

Con conciencia.

Con derechos.

Y, sobre todo, con conocimiento de lo que está en juego.

Con la amenaza de la huelga convocada para finales de mes, patronal y sindicatos han anunciado este jueves que han llegado a un principio de acuerdo para renovar el convenio del sector de la logística en la provincia de Guadalajara.

El preacuerdo incluye subidas salariales, reducción de la jornada laboral y mejora de los pluses de fines de semana.

Las subidas salariales serían del 4,25% en 2026 (atrasos desde el 1 de enero), 3,5% en 2027, 3,5% en 2028 y 3% en 2029, con cláusulas de revisión vinculadas al IPC real. Asimismo, destacan la reducción de jornada a 1.784 horas anuales desde 2027 y la mejora de los pluses vinculados al trabajo durante fines de semana y festivos.

Dicha propuesta viene después de que la convocatoria de huelga en el sector de Guadalajara, cuyos trabajadores están llamados a parar del 28 de octubre al 2 de noviembre.

UGT lo celebra, pero “seguirá peleando”

Desde UGT Guadalajara han celebrado “el desbloqueo” de las negociaciones y que las partes hayan llegado a un preacuerdo, algo que, según afirma el sindicato, “ha sido consecuencia directa y exclusiva de la presión, la movilización y la convocatoria de huelga impulsada por UGT”.

Desde el sindicato reconocen que hay reivindicaciones que se han quedado fuera -como la cuarta paga extraordinaria, o que se reduzca todavía más la jornada- pero por las que seguirán luchando “con uñas y dientes”. Aún así, se muestran satisfechos, argumentado que “de no ser por la presión del UGT no se habría logrado ningún avance para los trabajadores y trabajadoras”.

“Tras 9 meses de negociación durante los cuales las principales empresas del sector se han mostrado impasibles, y no han realizado ninguna oferta que mejorase las condiciones laborales de los más de 45.000 trabajadores y trabajadoras del sector en la provincia, UGT hizo lo que había que hacer: convocar la huelga”, han señalado desde el sindicato.

Los empresarios esperan cuatro años de estabilidad

Por su parte, desde la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España y la Asociación Provincial de Logística de Guadalajara, esperan que el acuerdo dote al sector “de un marco laboral estable durante los próximos cuatro años”, al tiempo que incorporan “mejoras en las condiciones económicas y laborales de las personas trabajadoras y aporta seguridad jurídica a las empresas”.

Ambas patronales destacado que el acuerdo es fruto “del diálogo social y de la voluntad de entendimiento entre las partes”, destacando la importancia de contar con un marco laboral estable para un sector estratégico para la economía y el empleo de la provincia.

“Con este acuerdo, empresas y trabajadores dispondrán de un marco de referencia para los próximos cuatro años, que combina estabilidad, previsibilidad y mejoras en las condiciones laborales, contribuyendo al mismo tiempo a mantener la competitividad de las empresas del sector”, señalan las organizaciones empresariales.

Hay huelgas que necesitan explicarse y otras cuyas razones están a la vista de cualquiera. La que hemos acordado convocar junto a CCOO pertenece a las segundas. La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad: el precio de compra subió un 12,2% en el último año, según el INE, y encadena más de doce años de incrementos, mientras los alquileres hace tiempo que dejaron de guardar una relación razonable con los salarios.

Nada de esto ha ocurrido por accidente. Es consecuencia de una especulación desmesurada, de la falta de controles públicos eficaces y de la ausencia de una verdadera política de vivienda en buena parte de las comunidades autónomas. Algunas lo fían prácticamente todo al mercado; otras se mantienen en abierta rebeldía frente a los instrumentos de la ley de vivienda que podrían contribuir a rebajar la tensión sobre un bien que no es un lujo ni una mercancía cualquiera, sino una necesidad básica.

El malestar social que estamos viendo es la consecuencia. Acampadas, concentraciones y grandes manifestaciones se suceden en más de cincuenta ciudades. No son episodios aislados, sino la evidencia de un problema profundo al que durante demasiado tiempo no se le ha prestado la atención que merece.

Convocar esta huelga significa escuchar a toda esa gente. A quien trabaja en un supermercado o en una tienda y destina más de la mitad de su sueldo al alquiler. A quien, después de aprobar una oposición, debe renunciar a la plaza que ha ganado porque su salario no le permite encontrar una vivienda digna. Ocurre en las Islas Baleares, donde el propio delegado del Gobierno ha reconocido que el precio de la vivienda está expulsando a funcionarios y existen servicios públicos con graves dificultades para cubrir sus plantillas.

No es una huelga contra ningún partido político. Es una huelga contra la inacción de quienes, teniendo responsabilidades de gobierno en cualquiera de las administraciones, han preferido no actuar; contra quienes permiten que los fondos buitre campen a sus anchas y toleran que algunos se enriquezcan especulando con un bien esencial. Que cada cual recuerde dónde ha estado cuando se ha intentado intervenir para frenar esa especulación: cuando se reforzó por real decreto-ley la protección de los inquilinos, se limitaron las actualizaciones extraordinarias de los alquileres, se protegió frente al desahucio a las familias vulnerables o se han adoptado medidas para evitar que la vivienda sea tratada únicamente como un activo especulativo.

Pero esta es también una huelga contra la insuficiencia de los salarios. La inflación está desbocada: los precios aumentaron en septiembre un 4,9%, la tasa más elevada de los últimos tres años. Los salarios no avanzan al mismo ritmo y pierden capacidad adquisitiva. Comprar una vivienda se convierte así en una quimera y pagar un alquiler absorbe una parte insoportable de unos ingresos que alcanzan para menos.

Todo ello sucede mientras los beneficios empresariales continúan creciendo. El Observatorio de Márgenes Empresariales, elaborado por el Ministerio de Economía, el Banco de España y la Agencia Tributaria, sitúa el margen sobre ventas en el 12,8%, más de dos puntos por encima de la media registrada entre 2009 y 2021. En el sector inmobiliario alcanza el 31,1 %, el nivel más alto de la serie. Margen para mejorar los salarios existe; lo que falta es voluntad de repartir de manera más justa la riqueza que genera el trabajo.

Pese a ello, las organizaciones empresariales siguen tratando con desdén nuestra propuesta para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Queremos hablar de salarios, naturalmente, pero también de aquello que esos salarios permiten pagar. Por eso hemos planteado incorporar una cláusula vinculada a la vivienda. La negociación colectiva no puede permanecer ajena a uno de los problemas que más condiciona la vida de las personas trabajadoras.

Estamos, en definitiva, ante una crisis que afecta directamente a nuestras condiciones de vida: cuando se trabajan horas extraordinarias que no se pagan; cuando el salario no alcanza para cubrir las necesidades más elementales; y cuando disponer de un techo obliga a dedicar una parte insoportable de los ingresos familiares.

Nuestras reivindicaciones son claras: garantizar el derecho a un techo mediante un parque público suficiente y permanente, limitar los alquileres allí donde sus precios se han vuelto inasumibles, aplicar de forma efectiva la ley de vivienda en todo el territorio y asegurar que los salarios crezcan por encima de los precios.

Porque la crisis residencial y la de los salarios son ya dos caras del mismo problema. De poco sirve proclamar el derecho a una vivienda digna si acceder a un hogar resulta imposible para quien vive de un sueldo. Corresponde a los gobiernos poner límites allí donde el mercado ha demostrado que no sabe ponerlos por sí solo, y a la negociación colectiva asegurar que una parte justa de la riqueza que genera el trabajo vuelva a quienes la producen. Para eso vamos a la huelga. Sobran las razones.

Euskadi calienta motores para convocar una huelga general por la vivienda este otoño con la incógnita despejada de la fecha. La mayoría sindical vasca ha elegido también el 11 de noviembre para llevar a cabo el paro, la misma que CCOO y UGT habían pactado con el Sindicato de Inquilinas, justo a las puertas de la campaña electoral que comienza en la noche del 12 al 13. Así lo han comunicado ELA y LAB en sendos comunicados remitidos casi a la vez, después de que en las jornadas previas ambas centrales insistieran en que querían una convocatoria diferenciada, centrada en las exigencias al Gobierno autonómico para que ejerza las competencias que tiene en materia de vivienda, abriendo la posibilidad de que se convocase en otra fecha para marcar la diferenciación con el Estado. Finalmente, ha primado en la decisión la búsqueda de una unidad de acción en aras a un seguimiento lo más mayoritario posible, aunque dejan claro que coincidirán en el día de la huelga, pero no con idénticas reivindicaciones. Es decir, irán juntos, pero no revueltos.

Desde el sindicato ELA se ha insistido en que fijada la fecha para el día 11 de noviembre, se sigue “trabajando con otros agentes sociales y sindicales para acordar las reivindicaciones y el resto de características de la huelga”. “ELA priorizará enfrentar el problema desde Hego Euskal Herria y por eso sigue trabajando con los sindicatos de vivienda y demás agentes sociales y sindicales para aumentar la presión sobre todas las instituciones políticas, especialmente en la comunidad autónoma del País Vasco y Navarra, donde los Gobiernos tienen amplias competencias en esta materia”, dicen.

Ni UGT ni CCOO han hecho referencia en sus argumentos para sumarse a la huelga exigencias concretas al Gobierno, sino que, además de interpelar a las administraciones públicas, quieren reivindicar ante las empresas salarios dignos para poder acceder a la vivienda. Sin embargo, desde ELA, Aitor Murgia, responsable del Gabinete de Estudios del sindicato, ha insistido en que el Gobierno vasco y el navarro “pueden adoptar medidas para hacer frente a la crisis habitacional. ”Es injustificable que ante la crisis de acceso a la vivienda, provocada también por las nefastas políticas de nuestros gobiernos durante décadas, ni siquiera se lleve al límite las posibilidades competenciales actuales“, sostiene. Por eso, quiere servirse de la huelga para ”exigir un cambio radical de las políticas desarrolladas hasta ahora“, por el Gobierno español, pero también por el vasco y el navarro. ”El objetivo de la política pública no puede tener como prioridad la rentabilidad de propietarios, constructoras y fondos buitre. La prioridad debe ser garantizar el acceso a una vivienda digna“, ha señalado.

El sindicato LAB ha optado por proponer este jueves a su asamblea nacional convocar la huelga general el 11-N “por el derecho a la vivienda y por los salarios dignos tras el trabajo realizado por una convocatoria conjunta con agentes sindicales y sociales y mantener contactos con la Confederación de Sindicatos de Inquilinas del Estado español”. Pero el sindicato mirará también a los Gobiernos en sus reivindicaciones. En este sentido, recuerda que “se necesitan medidas estructurales para hacer frente a la emergencia de la vivienda” y que la responsabilidad recae en el Gobierno de España, y también en los gobiernos de la comunidad autónoma vasca y de Navarra. “El limitado nivel de autogobierno actual no se ha utilizado para mejorar las vidas de las y los trabajadores, ya que los que se han puesto en el centro han sido los intereses de la patronal”. Desde LAB han criticado al PNV “que se ha alineado en Madrid con la patronal inmobiliaria”, han dicho, y también al Gobierno vasco, que consideran que “está dando la espalda a las medidas por el derecho a la vivienda y del salario mínimo propio”. Y han exigido al Gobierno vasco que “deje de aplicar en Euskal Herria medidas que dan la espalda a las y los trabajadores, ya que los cambios que no son posibles en Madrid son posibles en Euskal Herria”.

Tras el anuncio de la fecha por ELA y LAB siguiendo la senda marcada por CCOO y UGT y el Sindicato de Inquilinas, otros sindicatos que habitualmente secundan las convocatorias de estas dos centrales se han unido al paro. Es el caso, por ejemplo, de ESK o de Steilas. Ambos sindicatos han mostrado su disposición a participar en el paro y llevarán esta propuesta a sus órganos de decisión este jueves.

De esta forma, el 11 de noviembre habrá una convocatoria masiva al paro. Eso sí, los sindicatos de vivienda vascos, que han llevado la iniciativa en las movilizaciones por la vivienda en Euskadi, la Red de Sindicatos de Vivienda y el Sindicato Socialista de Vivienda, y que no están relacionadas con el Sindicato de Inquilinas que capitanea la convocatoria de huelga en el Estado, no han confirmado el día de la huelga. De hecho, el pasado fin de semana realizaron manifestaciones el viernes por la tarde, en las que reunieron a miles de personas en las capitales vascas, cuando el Sindicato de Inquilinas había convocado las marchas en la mayoría de ciudades del Estado el sábado.

A estas manifestaciones de los sindicatos de vivienda se sumaron otros como ELA o ESK, pero no LAB, que convocó su propia manifestación el domingo. LAB mantiene distancia con el Sindicato Socialista de Vivienda, del entorno de GKS (Gazte Koordinadora Sozialista), que es una organización juvenil que se presenta como una escisión de la izquierda abertzale tradicional y es bastante crítica con sus actuaciones. Esto podía haber sido otra fuente de conflicto para coordinar una fecha alternativa al 11-N en el encaje de bolillos del ya de por sí complicado y fracturado panorama sindical vasco.

Huelgas generales en días distintos

En Euskadi se ha repetido varias veces el esquema de que una convocatoria de huelga a nivel estatal se haya adelantado para los trabajadores vascos, e incluso que se haya ido a dos las convocatorias de paros cuando UGT y CCOO, por ejemplo, han seguido la convocatoria estatal y no la capitaneada por los sindicatos nacionalistas para diferenciarse precisamente del resto del Estado.

En mayo de 1992 hubo una huelga general por el recorte de las prestaciones por desempleo durante el Gobierno de Felipe González. En el Estado convocaron CCOO y UGT paros de media jornada el día 28 de mayo. En Euskadi se adelantó un día y se convocó un paro general de 24 horas el día 27. Los cuatro sindicatos principales en Euskadi secundaron al paro, ya que CCOO y UGT se sumaron finalmente a la convocatoria de ELA y LAB.

También fue en Euskadi un día antes que en el resto del Estado en el caso de la huelga convocada en el año 2002 contra el denominado 'decretazo' de José María Aznar para la reforma de las prestaciones por desempleo. En este caso hubo dos jornadas de huelga general consecutivas: los nacionalistas ELA y LAB convocaron el 19 de junio, mientras que CCOO y UGT de Euskadi mantuvieron la convocatoria a nivel estatal para el día siguiente, el día 20.

La reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero llevó también a dos convocatorias diferentes en 2010, aunque mucho más espaciadas en el tiempo. Los nacionalistas convocaron el 29 de junio, a los que se sumó también CCOO. Este sindicato junto a UGT convocaron el paro por este mismo motivo el 29 de septiembre en todo el Estado, pero en este caso no se sumaron las centrales nacionalistas. También fueron por separado en las huelgas que se celebraron en 2012, el 26 de septiembre convocaron los nacionalistas y el 14 de noviembre CCOO y UGT en todo el Estado.

La última huelga general en Euskadi se llevó a cabo el pasado día 17 de marzo con la reivindicación de un Salario Mínimo propio para Euskadi de 1.500 euros. Estuvo convocada por la mayoría sindical vasca, capitaneada por ELA y LAB, a los que se unieron Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT, el movimiento alrededor de GKS o los de pensionistas vascos. CCOO y UGT no se sumaron a esta convocatoria por considerar que la vía para conseguir un SMI propio en Euskadi, acorde con el coste de la vida, algo que comparten todas las centrales, debe ser la negociación colectiva.

UGT estima que en el año 2030 serán necesarios entre 261.000 y 400.000 profesionales más como mínimo en el sector de la Dependencia, entre 1.750 y 2.680 en La Rioja. Unas cifras que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar “sus condicionales laborales y salariales” para atraer talento y, sobre todo, “retenerlo”.

Así lo han explicado este miércoles la secretaria del Sector de Atención Social de UGT Servicios Públicos, Dary Saiz, y las trabajadoras, Inmaculada Rubio y Cristina Rodríguez.

Como han asegurado, el sector afronta “un importante reto de futuro” que hay que empezar a trabajarlo “desde ya” porque como ha indicado Dary Saiz, “se pierden hasta un 20 por ciento de profesionales cada año en busca de mejores condiciones”.

Con el fin de visibilizar el trabajo de estas profesionales que sostienen los cuidados y reivindicar sus derechos, desde UGT han presentado la campaña 'Que es profesional se nota en cada detalle', una iniciativa de ámbito nacional que durante un año ayudará a poner en el centro del debate las condiciones laborales, los salarios insuficientes, la parcialidad, la falta de profesionales, la sobrecarga física y emocional y las dificultades para conciliar en las que se encuentran.

La campaña llegará a residencias, centros de día, servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia de municipios y comarcas de La Rioja.

Entre los mensajes que se trasladarán en la campaña, desde UGT quieren recordar que las trabajadoras del sector de los cuidados cobran “un 35 por ciento menos por hora que el salario medio en España”.

Además aseguran que entre el 30 y el 40 por ciento de los contratos son a tiempo parcial y que el 72 por ciento de estos profesionales sufren problemas físicos derivados de las características de esta actividad.

Para observar cómo se encuentra la dependencia en la región, desde UGT explican que a 31 de diciembre de 2025, un total de 10.429 personas tenían reconocido un grado de dependencia con derecho a prestación, de las que 9.402 figuraban con prestación efectiva. La diferencia, 1.027 personas, muestra “que el reconocimiento del derecho y la atención efectiva no siempre se producen al mismo tiempo”.

Para el sindicato, la espera también es otro de los problemas ya que, a cierre de 2025, la primera resolución de prestación en La Rioja tardaba una media de 174 días, unos 5,8 meses. “Durante ese año fallecieron 3 personas solicitantes sin valoración y 171 personas dependientes pendientes de prestación”.

Desde UGT también critican que en el Servicio de Ayuda a Domicilio, la media del servicio fue de 28,71 horas mensuales. Repartidas matemáticamente entre 30 días, serían unos 57 minutos diarios. “Durante este tiempo, las profesionales pueden ayudar a personas a levantarse, asearse, vestirse, alimentarse o desplazarse, además de observar cambios, comunicar incidencias y coordinar la atención”.

A esta carga física, prosiguen, se suma la dimensión emocional del trabajo. “Las profesionales acompañan procesos de deterioro, dependencia, soledad y, en ocasiones, el final de la vida”. Por todo ello desde UGT reclaman que “se evalúen y prevengan los riesgos psicosociales actuando sobre sus causas mediante plantillas suficientes, sustituciones, descansos y una organización adecuada”.

Finalmente, y aunque desde el sindicato han puesto en valor el acuerdo alcanzado para el Convenio de Residencias y Centros de Día de La Rioja 2026-2028 “fruto de las movilizaciones y de la negociaciones sindicales” sí que siguen reclamando un convenio estatal eficiente.

En él piden que se contemple una financiación suficiente, más servicios públicos y menos espera, ratios y plantillas suficientes, salarios de convenio por encima del SMI y un empleo estable y menos parcialidad involuntaria.

También solicitan que se realice una valoración adecuada de los puesto de trabajo, prevención y reconocimiento de enfermedades musculoesqueléticas, formación, reconocimiento y promoción profesional, mayor protección en bajas y jubilación y contratos públicos suficientes y actualizados.

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado este miércoles concentraciones con motivo del Día Mundial por el Trabajo Decente, una jornada reivindicativa en la que han puesto el foco en la situación laboral de las personas trabajadoras del sector de la dependencia y de los cuidados. La protesta, bajo el lema Ante el incremento de financiación para la dependencia exigimos mejorar los salarios, se ha centrado en exigir que se garanticen salarios dignos, empleo estable, plantillas suficientes, mejores ratios, prevención de riesgos laborales, conciliación y reconocimiento profesional.

Dirigentes de ambas formaciones han participado en Sevilla en la concentración celebrada en la Plaza de la Contratación, ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. La protesta ha tenido como telón de fondo movilizaciones desarrolladas en todas las provincias andaluzas, para reclamar que la mejora de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia tenga una repercusión directa en las condiciones laborales de quienes trabajan diariamente atendiendo a las personas dependientes.

Por parte de UGT han participado la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román y el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés quienes han defendido la necesidad de avanzar hacia un modelo de cuidados que no sólo garantice una atención de calidad a las personas usuarias, sino también condiciones laborales dignas para las plantillas que sostienen el sistema.

Así, UGT considera que el debate sobre la dependencia no puede limitarse exclusivamente al número de prestaciones, plazas o personas atendidas, sino que debe incluir necesariamente la situación laboral de miles de profesionales que desarrollan su actividad en residencias, servicios de ayuda a domicilio, centros de día y otros recursos vinculados a la atención a la dependencia. En este sentido, Maribel Román ha insistido en que cualquier incremento de los recursos públicos destinados al sistema debe trasladarse también a una mejora real de las condiciones laborales.

“Sinónimo de precariedad”

La secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía ha señalado además la importancia de visibilizar que se trata de un sector fuertemente feminizado, en el que las mujeres representan una parte mayoritaria de las plantillas y donde siguen existiendo situaciones de precariedad que deben ser corregidas.

En esta línea, han reivindicado que “cuidar no puede ser sinónimo de precariedad”. Por ello, el sindicato “considera imprescindible dignificar un trabajo que resulta esencial para el bienestar de miles de personas y familias andaluzas y que, sin embargo, continúa soportando en numerosos ámbitos bajos salarios, elevada carga de trabajo y dificultades para conciliar la vida personal y laboral”.

UGT reclama además que las mejoras presupuestarias destinadas al sistema tengan mecanismos que permitan garantizar que los recursos públicos repercutan realmente en las condiciones de las personas trabajadoras.

“Ya no valen las excusas”

Por otro lado, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha subrayado que “hay 957 millones para 2026 y más de 1.200 millones para 2027, así que ya no valen las excusas. Ese dinero tiene que llegar a las trabajadoras de la dependencia y no quedarse guardado en un cajón de Moreno, a ver si nunca van a llegar a los salarios ni a la estabilidad de las trabajadoras”.

López ha cuestionado las “duras condiciones de un sector sostenido mayoritariamente por mujeres”. “Son las que cuidan, protegen y acompañan a nuestros familiares más queridos, unas mujeres que se cargan a las espaldas el sistema de la dependencia y que están sufriendo unas condiciones laborales muy precarias”, ha advertido la dirigente sindical, quien ha recordado que soportan un 60% de contratos a jornada parcial y un grave desgaste de su salud laboral.

La responsable de CCOO de Andalucía ha señalado que históricamente las administraciones y las empresas se excusaban en la falta de presupuesto. Sobre esa situación, López ha declarado que ahora sí hay fondos disponibles, ante los que ha exigido subir los salarios el próximo año, acabar con los contratos a tiempo parcial, reconocer los desplazamientos, la disponibilidad horaria y aplicar coeficientes reductores para que las trabajadoras de la dependencia puedan jubilarse antes.

“Dignificar” las condiciones

“Tienen las espaldas molidas y las manos dobladas”, y por ello López ha exigido al Ejecutivo autonómico acabar con las “licitaciones a la baja y temerarias” y asumir su responsabilidad de garantizar contratos estables.

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales de CCOO de Andalucía, Inmaculada Sánchez, ha reclamado en esa misma línea que “cada euro de financiación a la dependencia vaya para subir salarios, aumentar las plantillas, mejorar las ratios y garantizar contratos estables”. Asimismo, ha urgido a aplicar la prevención de riesgos laborales y lograr convenios dignos en un sector feminizado donde trabajan 150.000 personas, de las que “más de 50.000 son trabajadoras esenciales de la ayuda a domicilio”.

Sánchez Allende ha instado al Gobierno andaluz a asumir “la corresponsabilidad necesaria para dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras y colocar, de una vez por todas, los cuidados profesionales en el centro de la agenda política”.

“¡A la huelga general!”. Era el grito de muchas de las concentraciones por el derecho a la vivienda de los últimos días en España, una petición expresa del Sindicato de Inquilinas y que finalmente ha encontrado el respaldo de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, además de CGT, de ELA en Euskadi y la CIG en Galicia. La patronal ha puesto en duda la legalidad del paro, por una supuesta desvinculación con los intereses profesionales de los trabajadores y una “motivación política”, algo que, sin embargo, choca con múltiples precedentes de huelgas “mixtas” en las que hay reivindicaciones políticas y también laborales, y que han logrado el respaldo de la justicia.

De momento, sin convocatoria formal del paro por parte de CCOO y UGT, ni día asignado todavía para la movilización, la información disponible es el anuncio de la huelga general de las dos centrales sindicales mayoritarias. En él, los sindicatos comunican un paro de 24 horas en todo el país “para reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna”, incorporando así “el conflicto de rentas en el marco de las grandes movilizaciones por la vivienda”.

Fuentes de CCOO y UGT destacan que los sindicatos llevan “mucho tiempo” incorporando la problemática de la vivienda a sus reivindicaciones y protestas laborales, así como a sus propuestas de políticas, tanto al Gobierno, como a los empresarios, a través del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que está aún pendiente.

Antonio Garamendi, reelegido líder de la patronal CEOE hace unos días, ha insistido este martes en que el paro general por la vivienda tiene un “claro componente político y electoral”, especialmente por el contexto electoral recién abierto, por lo que ha dudado de su legalidad. Las organizaciones CEOE y Cepyme han advertido de que analizarán la convocatoria cuando sea formal, reservándose la posibilidad de impugnarla en los tribunales, algo que también ha sostenido la patronal Conpymes.

Las huelgas pueden ser políticas, si tienen vinculación laboral

Fuentes de los empresarios se centran en la crítica a la motivación “política” porque la Ley de Huelga de 1977, previa a la Constitución, prohíbe las huelgas puramente políticas. La ley considera que una huelga es ilegal “cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”, recoge su artículo 11.

Así, fuentes de CEOE insisten en que el paro general nace de una “motivación claramente política”, para “defender unas políticas públicas” de las administraciones, en las que “las empresas no pueden hacer nada”. Por ello, ponen en duda la legitimidad de la huelga, así como su encaje jurídico, subrayan. El contexto electoral consideran que es clave para concluir que existe “una motivación política”. “Tenían ocho años para haber convocado esta huelga, pero lo hacen ahora”, dicen en la organización empresarial.

Sin embargo, las interpretaciones de los magistrados —hasta el Tribunal Constitucional— amparan paros y huelgas con motivos políticos, pero que también estén relacionadas con los intereses de los trabajadores, lo que se suele denominar huelgas “mixtas”. Incluso con vinculaciones más indirectas con los trabajadores que el actual caso de la vivienda.

“Es una huelga perfectamente legal”, valora Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, que cita “los niveles y políticas salariales” o el poder adquisitivo de los trabajadores como dos posibles justificaciones sencillas que vinculan las reivindicaciones del acceso a la vivienda con “los intereses de los trabajadores”.

La Carta Magna, recuerda, “reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses” en su artículo 28.2. En opinión de Urías, dado “que existe esa vinculación laboral”, bajo su criterio “es imposible que prohíban la huelga”, añade.

Más allá de que el paro ya está bautizado como “la huelga general por la vivienda”, Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona, precisa que “lo importante no son los titulares, sino el escrito que se presente para justificar los objetivos de la huelga”. Así, el jurista coincide en que los sindicatos pueden vincular el paro con motivaciones laborales, como los salarios. “En términos jurídicos tendrá que estar bien redactado y tendría cobertura jurídica”, valora.

Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid, añade además que “el derecho de huelga es un derecho fundamental”, por lo que “no debería estar sujeto a interpretaciones restrictivas”, siempre que cumpla “algunos requisitos formales (preaviso, mediación previa, entre otros) y también materiales, que vaya dirigido a tutelar un interés profesional y no sea abusiva”.

Los precedentes de huelgas “mixtas”

Uno de los ejemplos más paradigmáticos de “huelga mixta” es el paro del 8 de noviembre de 2017 convocado por sindicatos minoritarios a favor de la independencia de Catalunya. Denunciada como ilegal por la patronal catalana, Foment, fue respaldada por los tribunales, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya como el Supremo.

El catedrático Eduardo Rojo explica que es una muestra clara del respaldo de los tribunales, incluido el Constitucional, a “la huelga profesional-política”, que tiene componentes de ambos y que analiza en su blog. Así, aunque la huelga del procès fuera acompañada de un planteamiento claramente de ámbito político, los sindicatos también lo vincularon con los intereses de los trabajadores y la parte empresarial no pudo probar “el carácter ajeno al ámbito de laboral” ante la justicia.

Estas huelgas mixtas encuentran precedentes muy anteriores, indica Rojo, como el respaldo a “la huelga general del 14 de diciembre de 1988” contra el gobierno de Felipe González y sus reformas, en las que se avala el paro contra la regulación de un gobierno en materias relevantes para los trabajadores.

Luego, hay toda una serie de ejemplos de huelgas mixtas convocadas y celebradas con normalidad, no impugnadas en los tribunales por los empresarios. Por ejemplo, las huelgas feministas del 8M o los paros generales en solidaridad con Palestina ante el genocidio de Israel. En 2023, el sindicato de Vox convocó una huelga general contra la amnistía de políticos catalanes, y con apenas presencia a nivel estatal.

“El Tribunal Constitucional ha aclarado que la huelga es un instrumento de presión que puede utilizarse para 'la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos'”, subraya también la profesora Muñoz, citando la famosa sentencia 11/1981. “Y, en consecuencia, ha declarado la legalidad de las huelgas dirigidas a protestar contra la política social llevada a cabo por el Gobierno (STC 36/1993), reformas del mercado de trabajo, del sistema de protección social o del modelo de asistencia sanitaria”, añade.

“Son lícitas, por tanto, las huelgas político-laborales cuya finalidad es presionar sobre los poderes públicos con fines sociales o profesionales”, sostiene la jurista.

Ana Belén Muñoz destaca además que “el origen de las preocupaciones sobre las condiciones de la vivienda obrera se encuentra unida a la cuestión social”. Así, la problemática de “la insuficiencia de las viviendas y el riesgo de hacinamiento de las familias obreras con peligro para la salubridad” han sido reivindicaciones históricas laborales, recuerda. En el contexto actual, en el que la vivienda es origen de muchos problemas económicos e incluso de la pobreza de muchos hogares, Muñoz recuerda que la vivienda ha vuelto a estar más presente en las reivindicaciones laborales, por ejemplo en las propuestas de complementos y de subidas salariales en los acuerdos de negociación colectiva.

Después de varios días de protestas en las ciudades de toda España, con miles de ciudadanos y ciudadanas pidiendo una huelga general por la crisis de la vivienda que está sufriendo el país, los principales sindicatos han comenzado a trabajar para oficializar dicha convocatoria.

Ha sido este lunes cuando CCOO y UGT acordaron llamar a los trabajadores a un paro general de 24 horas este otoño para reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna.

Las organizaciones han dado así el paso que adelantaban el pasado viernes, cuando, tras el rechazo del Congreso de los Diputados a los reales decretos-leyes de vivienda, anunciaron que reunirían a los órganos de dirección para decidir cómo incorporar el mundo del trabajo a la movilización, en unidad de acción sindical y en confluencia con los movimientos sociales, vecinales y de inquilinas e inquilinos.

No obstante, la decisión aún no es definitiva y tendrá que ser ratificada por sus máximos órganos de dirección. Aunque esta huelga todavía no sea oficial, su anuncio ya ha producido diversas reacciones gubernamentales y de agentes sociales en Castilla-La Mancha.

Desde UGT Castilla-La Mancha, ha sido su secretaria general, Lola Alcónez, quien ha justificado esta jornada de paros para interpelar a las administraciones y a la patronal para que, “de una vez por todas”, “los salarios garanticen el acceso a un bien básico como es la vivienda”.

La responsable sindical ha planteado que la protesta también busca desbloquear los convenios colectivos y poner encima de la mesa “la necesidad” de renovar el VI Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Alcónez ha recordado que los motivos de esta huelga que tendrá lugar este otoño son reivindicaciones “que vienen de largo y que llevan tiempo paradas”. Muchas de ellas vienen recogidas en las demandas de UGT para ese VI AENC, entre otras, un incremento salarial de entre el 4 y el 7%, cláusulas de revisión salarial o cláusulas para facilitar el acceso a la vivienda, según ha planteado.

También ha subrayado la Propuesta Sindical Unitaria en la que UGT y CCOO reclaman una respuesta al problema de vivienda que tiene la ciudadanía, que pasa por el cumplimiento efectivo de la Ley de Vivienda; regular las viviendas de uso turístico; limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, y crear un parque público de vivienda.

“Hacemos un llamamiento a las personas trabajadoras para que se unan y se sumen a esta huelga en la que reclamaremos que los salarios permitan vivir dignamente a todos y todas y poder pagar una vivienda”, ha concluido Alcónez.

Gobierno: “Con la ultraderecha pueden peligrar derechos sociales”

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que respeta la convocatoria de la huelga general, al tiempo que ha dicho que entiende aquellas movilizaciones que protejan el sentir social desde el movimiento sindical.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha afirmado que “el derecho a la huelga general es inherente a la actividad sindical y, por tanto, lo respeto profundamente”, añadiendo que, ante la convocatoria “precipitada” de elecciones, entiende las movilizaciones “por un tema tan esencial y tan preocupante para la gente”.

Ha dejado claro que “siempre” ha sido respetuosa con los movimientos sindicales y con las decisiones de la patronal, “y lo voy a seguir siendo en mis competencias en la Consejería de Economía, que tiene en su seno el diálogo social”.

“Por tanto, respeto y entendimiento a aquellas personas que ven que, ante un posible gobierno muy dirigido hacia la ultraderecha, puedan peligrar algunos de sus derechos sociales más básicos, como es el tema de la vivienda”, ha concluido.

Empresarios: “Las reivindicaciones no son laborales”

Menos satisfecha con la posibilidad de huelga se ha mostrado las patronales de empresarios, CEOE y CEPYME, que en un comunicado conjunto al que se ha sumado su delegación en Guadalajara ha asegurado que el paro se convoca por motivos que están “al margen” de la gestión de las empresas y “no son” de naturaleza laboral.

“Supone una medida de prensión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda. Son estas cuestiones cuya responsabilidad y competencia son de la Administración y que, por tanto, quedan al margen de la gestión de las empresas”, aseguran las patronales.

Así, CEOE y CEPYME encuentran “inadmisible” que se traslade “a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una ”medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión“.

UGT La Rioja denuncia que la empresa de seguridad privada HETECSE ha dejado de abonar las nóminas a cuatro trabajadores que prestan servicio en distintos centros de La Rioja, concretamente en la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades de Logroño y en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social de Arnedo, Haro y Nájera.

La situación se produce después de varios meses en los que la empresa venía abonando los salarios con retraso, según recoge UGT y afecta también a trabajadores de HETECSE en otros territorios, entre ellos Andalucía, Asturias y Castilla y León. Por ello, el sindicato reclama que se garantice de forma inmediata el derecho de las personas trabajadoras a percibir sus salarios en tiempo y forma. Rioja2 ha intentado ponerse en contacto con la empresa sin obtener respuesta.

Para FeSMC-UGT, lo ocurrido vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las plantillas de seguridad privada cuando una empresa atraviesa dificultades económicas. “Los trabajadores y trabajadoras no pueden ser quienes paguen las consecuencias de una situación empresarial que termina poniendo en riesgo el cobro de sus salarios”, defienden.

Además, UGT recuerda que HETECSE desarrolla buena parte de su actividad para distintas Administraciones Públicas, lo que debe servir para abrir una reflexión sobre el actual modelo de contratación de los servicios de seguridad privada. “Las empresas adjudicatarias deben contar con la solvencia y capacidad suficientes para prestar el servicio y cumplir, al mismo tiempo, con sus obligaciones laborales y salariales”, señala UGT.

La seguridad privada es un sector intensivo en mano de obra y sus trabajadores y trabajadoras son su principal activo. Por ello, UGT advierte de que establecer presupuestos de licitación por debajo de los costes reales del servicio puede terminar afectando directamente a las condiciones laborales, al empleo y, como ocurre ahora en HETECSE, incluso al cobro puntual de las nóminas.

UGT Serveis Públics PV y la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) han presentado este martes el informe íntegro (completo en este enlace) de su investigación conjunta sobre la violencia laboral externa en los servicios públicos esenciales de la Comunitat Valenciana.

Las conclusiones definitivas del estudio ponen el foco en las gravísimas secuelas que esta situación está dejando en la salud mental de los profesionales ya que casi el 90% padece cuadros de estrés y el 71,4% afirma sentir miedo o inseguridad en el desempeño de sus funciones.

El estudio evidencia, además, que este problema está muy extendido y es una realidad cotidiana ya que cerca del 80% de las plantillas, es de decir cuatro de cada cinco profesionales, ha sufrido algún episodio violento en la última década. Además, el 90% del personal considera que es un riesgo importante para ellos. Es, por tanto, una realidad estructural, creciente, multidimensional y sistémica que impregna las condiciones de trabajo cotidianas de miles de profesionales en la Comunitat Valenciana.

El estudio, basado en una metodología mixta (cuantitativo y cualitativo) que incluye entrevistas a 39 informantes clave y una encuesta general a 279 personas trabajadoras de las tres provincias del colectivo docente, sanitario y el servicio de ayuda a domicilio, analiza la exposición del personal a agresiones, insultos, amenazas y acoso por parte de pacientes, alumnado, familiares y personas usuarias. La conclusión principal para la organización sindical es demoledora: la prevención actual por parte de las administraciones es un fracaso y está en jaque la viabilidad de los servicios públicos y la salud de sus trabajadores y trabajadoras.

Para UGT Serveis Públics PV, los datos reflejan que la violencia externa no puede seguir tratándose como un “gaje del oficio”. El impacto en la salud de las plantillas es gravísimo: al 89,3% del personal afectado que sufre estrés y ansiedad y al 71,4% que siente miedo, se suma un 65% que reconoce que estos episodios afectan directamente a su salud mental.

Además, el 64,3% de los encuestados reporta una pérdida de motivación y el 62,1% padece alteraciones del sueño. Las consecuencias de esta desprotección repercuten también en el propio funcionamiento del servicio a la ciudadanía: la mitad de los y las profesionales (50%) vincula directamente las situaciones de violencia vividas con periodos de baja laboral. Cuatro de cada cinco encuestados perciben bastante o mucho daño en su salud y en su desempeño profesional a causa de estas agresiones.

El estudio ha sido presentado en una rueda de prensa en la que ha participado Marisa Baena Martínez, vicesecretaria general y de Salud Laboral, Medio Ambiente de UGT País Valencià, Miguel Ángel Gimeno Navarro, profesor del Dpto. Administración de Empresas y Marketing de la Universitat Jaume I de Castelló, Elena Espinar de las Heras: responsable Departamento Salud Laboral de UGT Serveis Públics PV y Mayte Montaner Soria, secretaria general de UGT Serveis Públics PV.

Los responsables del estudio han explicado que estas situaciones de acoso y violencia se han incrementado en los últimos años como consecuencia de la polarización que sufre la sociedad, que se traduce en situaciones de mayor conflictividad, y en el caso de la sanidad al deterioro del servicio por falta de plantillo unido a los ritmos actuales de la población que hacen que los pacientes pierdan antes la paicencia si no son atendidos en un plazo corto de tiempo.

El fracaso preventivo: protocolos que “solo existen en papel”

Uno de los hallazgos más graves del informe es la percepción de desamparo institucional por parte del personal de sanidad, educación y el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). El 75,9% del personal encuestado considera que la protección real frente a la violencia laboral externa es inexistente o mínima. Asimismo, el 69,8% califica las medidas preventivas como escasas o nulas, un porcentaje casi idéntico al de quienes perciben que el apoyo institucional ante una agresión no existe o es mínimo (69,1%).

La investigación cualitativa revela que, aunque existen normativas y protocolos formales en la Administración autonómica, hay un profundo desconocimiento de estas herramientas, una falta de formación e información, y una sensación extendida de que muchos protocolos «solo existen en papel». Las medidas que el personal valora como realmente útiles son aquellas tangibles y directas, como el acompañamiento por parte de personal de seguridad o fuerzas del orden, así como un apoyo institucional que sea verdaderamente visible y rápido tras sufrir un incidente.

La cara oculta de la violencia: un evidente sesgo de género

La dimensión de género es uno de los ejes centrales del estudio de la UJI y de la lectura sindical de UGT Serveis Públics. Los sectores analizados están profundamente feminizados: las mujeres representan el 76,11% del personal en sanidad, alrededor del 70% en educación y entre el 85% y el 90% en el servicio de ayuda a domicilio.

El informe demuestra que la prevención no puede seguir planteándose como neutra. Las trabajadoras perciben un mayor grado de exposición, otorgan más importancia a este riesgo y declaran sufrirlo con mayor intensidad y frecuencia. Los datos reflejan que las mujeres sufren una mayor incidencia de violencia psicológica (un 62,1% frente al 56,5% de los hombres). De igual forma, las profesionales padecen con más frecuencia tácticas de aislamiento y desprestigio profesional, formas de violencia sumamente dañinas diseñadas para mermar su autoridad y erosionar sus redes de apoyo en el entorno laboral.

Causas estructurales: saturación, soledad y pérdida de autoridad

El estudio académico va más allá de las cifras y ahonda en las causas que actúan como caldo de cultivo para estas conductas. La violencia externa está directamente ligada a deficiencias estructurales: sobrecarga de trabajo, déficit de plantillas, la presión asistencial y educativa, espacios de trabajo inseguros, mala organización y una alarmante normalización social de las agresiones.

“Si cuatro de cada cinco profesionales han sufrido agresiones, el problema no es la capacidad de aguante de las plantillas, lo que falla es el sistema de prevención de la Administración”, ha señalado Montaner. “Proteger a quienes curan, cuidan y educan es una obligación, no una opción”, ha añadido la secretaria general de UGT Serveis Públics PV, Mayte Montaner Soria

Por ámbitos, en la sanidad el detonante principal es la saturación asistencial y las largas listas de espera. En el ámbito educativo, el origen radica en la erosión sistemática de la legitimidad y autoridad moral docente. Finalmente, en el SAD, la vulnerabilidad viene dictada por el trabajo en solitario y el aislamiento laboral dentro de los domicilios.

Exigencias de UGT: pasar de las palabras a los hechos

Ante la presentación del informe definitivo, la secretaria general de UGT Serveis Públics, Mayte Montaner, ha exigido a las administraciones implicadas, principalmente Generalitat y ayuntamientos, un cambio de paradigma urgente y estructural.

El informe detalla un paquete de medidas específicas adaptado a la realidad de cada ámbito. En sanidad, se urge a reforzar plantillas para evitar los tiempos de espera, instaurar el trabajo en pareja en contextos de riesgo y sustituir la identificación personal por el número de empleado en las denuncias. En educación, se propone una bajada preventiva de ratios y planes de acogida para el personal interino y novel. Por su parte, en el servicio de ayuda a domicilio (SAD) exigen la evaluación previa y obligatoria de los domicilios antes de iniciar la atención.

Además, se plantean soluciones transversales que deben aplicarse al conjunto de los servicios públicos. Entre ellas, exigen la creación de un observatorio unificado de violencia laboral externa, la incorporación ineludible de la perspectiva de género en las medidas preventivas y el impulso de campañas de sensibilización ciudadana que pongan en valor el trabajo de los profesionales.

También reclaman reforzar la formación específica y obligatoria (tanto para las plantillas como para mandos directivos) y promover una verdadera coordinación interinstitucional, recordando que «la violencia laboral externa no es inevitable, es prevenible“. ”Si cuatro de cada cinco profesionales han sufrido agresiones, el problema no es la capacidad de aguante de las plantillas, lo que falla es el sistema de prevención de la Administración“, ha señalado Montaner. ”Proteger a quienes curan, cuidan y educan es una obligación, no una opción“, ha añadido la secretaria general.

Los sindicatos UGT y CCOO han acordado convocar una huelga general en otoño en respuesta a la crisis de la vivienda, haciendo suya la propuesta del Sindicato de Inquilinas, que ya contaba con el respaldo de CGT. La fecha, eso sí, está todavía por definir.

Ambas centrales han emitido un comunicado conjunto después de la reunión de sus ejecutivas en la tarde de este lunes y tras el anuncio de elecciones anticipadas el 29 de noviembre, un extremo que adelantó elDiario.es y que ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta misma mañana.

“La fecha definitiva de la huelga se analizará con las organizaciones sociales y el sindicato de inquilinas, con el objetivo de movilizar a las personas trabajadoras para secundar este paro general de 24 horas, por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla”, dice la nota enviada por ambas organizaciones.

El Sindicato de Inquilinas lleva días presionando a los representantes de los trabajadores para convocar una huelga general por la crisis de la vivienda, después de las semanas de movilizaciones tras el desahucio de Maricarmen y en respuesta, también, al voto de PP, Vox y Junts en el Congreso, partidos que tumbaron los dos Reales Decretos-Ley del Gobierno en respuesta a la emergencia habitacional.

“La huelga general es la única manera de que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo, gobierne quien gobierne”, aseguró Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en la primera reacción del movimiento que inició la acampada en Sol después del anuncio del adelanto electoral para el 29 de noviembre.

Si bien la CGT ya había anunciado su respaldo, el aval de los dos sindicatos mayoritarios es clave en términos de movilización y apoyo.

El comunicado de UGT y CCOO destaca que las manifestaciones del fin de semana “han mostrado la fuerza” del movimiento por la vivienda y recuerdan que entre sus propuestas para negociar con la patronal el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), la guía para los convenios, ya incluían cláusulas relativas al acceso a una casa y un “decálogo por el derecho a la vivienda, que reclama un pacto social y político, un parque público de vivienda protegida y permanente, la limitación del precio de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios”.

“La huelga general interpela a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a las organizaciones empresariales que deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda; la renovación del AENC y el desbloqueo de los convenios colectivos, son ámbitos para demostrarlo”, aducen desde los sindicatos mayoritarios.

El apoyo de las dos centrales principales a escala nacional también es necesario de cara a la argumentación jurídica de la convocatoria. La ley de huelga, que es preconstitucional, establece que una convocatoria así puede ser declarada ilegal en el caso de “se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, reelegido la semana pasada, ya avanzó el fin de semana que una convocatoria así sería, a su juicio, ilegal al no tratarse de un conflicto laboral.

“Que la ciudadanía pueda manifestarse, opinar y hacer lo que crea es algo normal, porque lógicamente ahí está la democracia”, dijo en el Foro La Toja, pero sin que eso suponga que “invadamos los derechos de los demás”.

“CCOO y UGT llaman a las personas trabajadoras a sumarse a esta campaña, en los centros de trabajo y en la calle, y a secundar la huelga general. Seguiremos en la movilización y en la negociación colectiva hasta que la vivienda deje de ser un privilegio, y los salarios permitan vivir con dignidad”, concluyen los sindicatos.

Los principales sindicatos de la región han reaccionado al anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre.

UGT, CCOO y CSIF en Castilla-La Mancha piden a los partidos que la campaña gire en torno a los problemas de la clase trabajadora y advierten de las reformas que pueden quedar paralizadas.

UGT reclama que la vivienda, los salarios, la subida del SMI y el control horario estén en el centro del debate. CCOO denuncia una situación de “bloqueo institucional” que ha hecho decaer los decretos de vivienda y llama a la participación para reforzar mayorías que defiendan los derechos laborales. CSIF, por su parte, exige que se cumplan los acuerdos retributivos con los empleados públicos y alerta de que la disolución de las Cortes deja en el aire el Estatuto Marco del personal sanitario.

UGT CLM: “Quedan reformas y avances por hacer”

La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha pedido a los partidos políticos que la campaña para la próxima cita electoral esté centrada en los problemas de la ciudadanía y de la clase trabajadora. Tras el anuncio del presidente del Gobierno de adelantar los comicios al 29 de noviembre, ha puesto de manifiesto que, en esa agenda de prioridades, además de la vivienda, las organizaciones políticas deben incluir los salarios, el encarecimiento de los precios, la subida del SMI, la seguridad y salud de las personas trabajadoras, el control horario…

Ha remarcado que el sindicato –como integrante de la Plataforma por la Vivienda de Castilla-La Mancha- seguirá movilizándose para que la vivienda sea “un derecho real y efectivo” para la clase trabajadora y que el Congreso debe escuchar las protesta que se están produciendo en España en esta materia y “tenerlas muy en cuenta”.

No obstante, asegura que en España “aún quedan muchas reformas y avances por hacer”, citando entre ellas la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incrementar el Salario Mínimo Interprofesional y hacer realidad el control horario y de las horas extras.

La líder sindical teme que un cambio de paradigma paralice medidas “que iban en el buen camino para el conjunto de la ciudadanía”.

CCOO CLM: “Reforzar políticas que velen por los trabajadores”

Por parte de CCOO CLM, la valoración de la convocatoria electoral la ha realizado su secretario general, Javier Ortega, quien ha mostrado su deseo de que este hecho sirva para “conformar una propuesta política fuerte y progresista capaz de llevar a término todos los desafíos que han quedado pendientes con una perspectiva social”.

Ortega ha hablado de una situación de “bloqueo institucional” que asegura que “va en contra” de los intereses de la ciudadanía porque no se pueden desarrollar políticas “que son urgentes y necesarias como hemos visto estos días con los decretos de vivienda que han decaído”.

El sindicato pide que el Gobierno que salga de las urnas sirva al fortalecimiento del Estado del Bienestar en un momento en el que la ultraderecha pide paso para arrasar con los derechos ya consolidados imponiendo su dialéctica de prioridad nacional y frentismo a favor de los intereses privados y el capital.

“Por tanto, desde CCOO vamos a apelar a la participación en las próximas elecciones como un derecho democrático fundamental que sirva para reforzar mayorías políticas que velen por los derechos de la clase trabajadora y los más vulnerables. Al mismo tiempo mantendremos nuestra estrategia de movilización permanente, en alianza con movimientos sociales, para reivindicar mejoras laborales, salariales y el derecho a la vivienda”.

CSIF: “Queda en el aire el estatuto sanitario”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a Pedro Sánchez que cumpla los acuerdos en materia de retribuciones y condiciones laborales alcanzados en noviembre de 2025.

El sindicato también ha solicitado la convocatoria de la mesa de seguimiento del Acuerdo Marco, el cual supone una hoja de ruta con medidas y compromisos asumidos hasta 2028 y el adelanto de elecciones no debe interferir en su desarrollo: retribuciones, empleo público, planificación de recursos humanos, mejora de procesos selectivos, digitalización, igualdad, carrera profesional, reclasificación, conciliación, salud laboral, la mejora del mutualismo administrativo y la atención sanitaria, la prevención de riesgos laborales o las mejoras en las condiciones de jubilación.

“Este adelanto electoral también provoca que se quede en el aire el Estatuto Marco para el personal de ámbito sanitario, ya que su tramitación parlamentaria se verá interrumpida por la disolución de las Cortes”.

Por otra parte, CSIF considera fundamental aprovechar el debate público que se va a generar durante la precampaña electoral para llevar encima de la mesa los temas que preocupan a los empleados públicos, como es la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010.

Cada dos días y medio, muere una persona en un accidente laboral en Andalucía: 95 trabajadores han perdido la vida, a fecha de octubre, tal y como muestra el análisis elaborado por UGT Andalucía a raíz de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Una cifra que supone un 10% más que en el mismo período del año anterior. “Está en juego la vida de los trabajadores”, remarca Pablo Sánchez Villegas, secretario de Salud Laboral del sindicato, para lo que pide medidas urgentes, como la implantación de la figura del delegado territorial y, sobre todo, más prevención.

“Cuando ocurre un accidente mortal, en más del 40% de las ocasiones la empresa donde ha ocurrido no tenía hecha la evaluación de riesgos laborales”, subraya Sánchez, “hay un incumplimiento bastante grande”, que hace que se desconozcan las zonas de peligro en los puestos laborales y, en consecuencia, no se les ponga remedio. Al respecto, describe que el tejido empresarial de la región está mayormente integrado por pymes y micropymes, por lo que en muchas de ellas no hay representación sindical ni delegado de prevención a causa del reducido número de trabajadores: “No llega la cultura preventiva”.

De los 95 accidentes mortales (los datos oficiales hasta agosto arrojan 90 fallecidos), 15 decesos se produjeron en Almería, mientras que en Cádiz ascienden a 11, Córdoba con nueve personas; Granada le sigue con siete fallecimientos; Huelva con otros seis; y Jaén notifica cuatro a lo largo de este 2026. Las provincias con mayor incidencia fueron Málaga, con 20 trabajadores muertos, y, en Sevilla, con 23 muertes. Del total de accidentes, alrededor del 60% se produce en el sector servicios por número de trabajadores, si bien el mayor índice de incidencia se da en Construcción seguido de Industria.

Más recursos y actualización de la ley

En este sentido, UGT pide una mayor investigación por parte de la Junta de Andalucía, que notifica por ley a la Fiscalía estos siniestros: “Pero hay varias excepciones, como los accidentes laborales in itinerie o salvo una patología no traumático, como puede ser un infarto o un derrame cerebral, algo que pedimos que se modifique: se debe informar siempre al Ministerio Fiscal”.

El informe anual de la Fiscalía de Andalucía, correspondiente al año 2025, apunta a que las causas pendientes de tramitación aumentan en Almería, Cádiz, Sevilla y Jaén, mientras que se reducen en Huelva, Granada y Málaga, manteniéndose el número en Córdoba. Aunque notifican que los plazos de tramitación se están reduciendo, la “elevada complejidad técnica” hace que haya una duración media de cinco años, “pese a los intentos de impulso procesal”, resolviéndose causas que datan de los años 2014 o 2017.

Por otra parte, Sánchez Villegas hace hincapié en que el estrés o la ansiedad sufrida en el entorno laboral puede afectar al individuo de tal manera que, por ejemplo, le provoque una parada cardiorrespiratoria, así que contempla que hay relación entre ambas variables. “No se informa a priori, pero, si hubiera más inspección de trabajo, se llegaría al fondo de estas cuestiones”, expone. Por ello, esgrime la figura del delegado territorial como indispensable para que, aún sin haber representación sindical en estos centros de trabajo, se pueda notificar el cumplimiento o no de las normas en prevención de riesgos laborales.

Al respecto, también clama por una actualización de la ley, que tiene más de 30 años. “A día de hoy, muchos riesgos han cambiado, como la digitalización o los riesgos psicosociales”, reflexiona, “necesitamos la actualización de una ley que, una vez más, no llega al Congreso”. En una jornada marcada por la convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez, esta solicitud sindical se queda en agua de borrajas una vez más. “Hay que ir a por los empresarios incumplidores, más en un momento en el que va ‘in crescendo’ los riesgos psicosociales con niveles de presión que crean más ansiedad y estrés”, añadiendo que no se están realizando las mediciones adecuadas. “Es el elefante en la habitación”.

Paso a paso: qué hacer en caso de un accidente laboral

Pero, ¿qué hay que hacer en caso de un accidente de trabajo? Primero, hay que avisar inmediatamente al responsable y recibir los primeros auxilios antes de acudir a la mutua. Si es grave, habría que llamar al 112 y, al mismo tiempo, también se avisará a los delegados de prevención. Seguidamente, se deberá entregar el volante de asistencia, un documento indispensable para que el trabajador recibe atención médica por la mutua, en la que se debe informar claramente de lo sucedido y que no haya incongruencias.

Si la mutua no considera el accidente de trabajo como laboral, habrá que acudir al INSS para solicitar el cambio de contingencia. Previamente solicitar a la Mutua un informe donde motive el por qué no lo considera accidente de trabajo y presentar una reclamación en la mutua.

A partir de ahí, hay un plazo de cinco días para que la empresa emita el parte de accidente por la plataforma Delt@. En concreto, sería cinco días hábiles para accidente con baja, mientras que se debe dispensar en 24 horas para los grave, muy grave o mortal. Aquellos que no requieran de baja médica, contarán con un mes de margen.

¿Y si la mutua rechaza el accidente? Por una parte, el trabajador tendrá que acudir a la Seguridad Social y solicitar al médico de cabecera un informe que refleja la contingencia como laboral. Al mismo tiempo, deberá presentar una queja formal por escrito ante la mutua o la Oficina Virtual de Reclamaciones de la Junta de Andalucía.

El Consejo Riojano de Comercio ha acordado que los domingos y festivos que abrirá el comercio riojano son: 3 y 10 de enero, 25 y 29 de marzo, 1 de mayo; 9 de junio, 5 de septiembre, y 6, 19 y 26 de diciembre. Decisión que rechaza UGT La Rioja y, sobre todo, el 1 de mayo (Día Internacional de las Personas Trabajadoras) y el 9 de junio, Día de La Rioja.

El calendario de aperturas comerciales para 2027 se ha aprobado por mayoría de las organizaciones empresariales en el Consejo de Comercio y se trata de aquellos domingos o días festivos en los que, de acuerdo con el calendario comercial aprobado por la Comunidad Autónoma, determinados establecimientos pueden abrir sus puertas al público. Su establecimiento supone, por tanto, que las personas trabajadoras del sector del comercio pueden verse obligadas a prestar servicio durante jornadas que, “con carácter general, estarían destinadas al descanso y a la vida personal y familiar”.

Y para UGT La Rioja “no existe una necesidad comercial real que justifique el número de aperturas planteado para 2027” porque “ampliar los días de apertura no garantiza por sí mismo un mayor beneficio para el comercio y, en cambio, tiene un impacto directo sobre las condiciones de trabajo de quienes sostienen diariamente el sector. La apertura en festivos dificulta la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las personas trabajadoras del comercio”.

Especial rechazo al 1 de mayo y al 9 de junio

Y el total de festivos y domingos, UGT La Rioja considera especialmente inapropiado que se haya incluido el 1 de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras, entre los festivos de apertura comercial. Fechas que tienen “un marcado carácter social y reivindicativo y representa históricamente la defensa de los derechos laborales y de las condiciones de trabajo”. Por lo califican de “indignante que una jornada tan vinculada a los derechos de las personas trabajadoras se convierta en un día de actividad comercial ordinaria”. Y con respecto al 9 de junio consideran que “se trata de una jornada de especial significado para la Comunidad Autónoma que debe poder disfrutarse como día festivo y de descanso por las personas trabajadoras del sector”.

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha valorado la convocatoria de elecciones como algo previsible. “Nos estábamos encontrando cómo la derecha y la ultraderecha estaban bloqueando cualquier avance social y conquista de un nuevo derecho. Hemos visto hace unos meses cómo tiraron por tierra la reducción del tiempo de trabajo a 37,5h semanales y hace apenas unos días hicieron lo mismo con los decretos sobre la vivienda que tenían un fuerte impacto positivo sobre cientos de miles de personas de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma”, ha justificado.

Por eso, para el secretario general de UGTCYL, “es el momento de decidir qué modelo de país y de sociedad” se quiere para los próximos cuatro años. “Claro que estas elecciones del 29N nos incumben a todas y todos. Por eso, desde el sindicato, vamos a trabajar y concienciar para que el conjunto de la ciudadanía sepa qué es lo que realmente está en juego”, ha anunciado. De hecho, también ha aludido Lobo a las concentraciones y manifestaciones que se están llevando a cabo en todo el país: “estas últimas semanas se han producido muchas movilizaciones sociales porque la vivienda no puede ser un derecho solo para ricos. Ha habido un clamor social en la calle de indignación, de cabreo, pero, sobre todo, para pedir soluciones sobre el modelo que queremos la inmensa mayoría”.

Para finalizar, el secretario de UGT en Castilla y León ha instado a la ciudadanía a votar porque tiene “la oportunidad de acudir a las urnas y no hay mayor movilización que hacerlo para decidir qué derechos, qué oportunidades y qué medidas sociales y condiciones laborales” se quieren para el día a día y “conformar un proyecto de vida profesional y personal para los próximos cuatro años”.

UGT y CCOO Albacete han vuelto a concentrarse hoy viernes ante la sede de la patronal FEDA para mostrar, una vez más, su rechazo por el último accidente laboral mortal de la provincia, ocurrido ayer en la pedanía de Nava de Abajo, donde un hombre de 50 años fallecía tras caerle encima una pinza de maquinaria pesada.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de UGT Albacete, Francisco Javier González, daba cuenta de las “trágicas cifras” que recoge el Ministerio de Trabajo: “En lo que va de 2026, de enero a julio (que son los últimos datos oficiales), en la provincia han perdido la vida cuatro trabajadores. Esta semana tenemos que sumar otra víctima más, así como todas aquellas en las que se está pendiente de determinar si han sido por accidente laboral”. Aunque el cómputo general de accidentes laborales ha bajado, González señala que los accidentes grave y mortales están teniendo un “importante” crecimiento: “En Castilla-La Mancha ya van siete fallecidos más que en 2025”.

“La relajación en materia de seguridad y salud viene a confirmar una regla negra: la falta de medidas preventivas cuesta la salud y la vida de muchos trabajadores y trabajadoras. No son meras estadísticas; estamos hablando de dramas familiares, de vidas truncadas y de compañeros y compañeras que ya no vuelven a casa. Esta realidad requiere de una respuesta contundente”, sostiene.

González recordaba la obligación del empresario de implementar en los centros de trabajo medidas de prevención de riesgos laborales. No obstante, “nosotros no escurrimos el bulto; queremos trabajar de la mano de las administraciones y de las empresas para acabar con este drama que sufren las personas trabajadoras, siendo siempre muy exigentes y firmes con aquellos empresarios incumplidores”.

Por su parte, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha insistido en la necesidad de delimitar las responsabilidades de una manera clara “porque, aunque lo decimos abiertamente cada vez que podemos, algunos parecen no enterarse de la situación. La ley de prevención de riesgos establece que son las empresas las que deben tomar medidas para que no se produzcan accidentes. Es necesario establecer esa cultura preventiva y que esté incluso por encima de los intereses empresariales y de los objetivos empresariales de la maximización del beneficio”.

Paco Gómez se ha referido también a la fijación de las empresas con el tema del absentismo, asegurando que “de una manera vergonzante se están preocupando únicamente de sus bolsillos sin importarles nada la salud de las trabajadoras y los trabajadores”. A este respecto ha añadido que “tenemos que decirles que las jornadas interminables, las horas extraordinarias que no se pagan y la sobrecarga de trabajo también generan incapacidades temporales en las trabajadoras y trabajadores”.

El sector de la cuchillería en la provincia de Albacete ya ha firmado su convenio sectorial tras una “compleja negociación” que se inició a principios de 2026, según señalan los sindicatos CCOO Albacete y UGT-FICA tras alcanzar un acuerdo en lo que a la subida salarial se refiere.

El convenio firmado este jueves entre los sindicatos y la parte empresarial afecta alrededor de 700 personas trabajadoras. Desde los sindicatos apuntan que han alcanzado “el objetivo perseguido” de equiparar las tablas salariales del sector del metal, que contempla una subida salarial del 3% más un punto de actualización en el caso de que el IPC supere el porcentaje para 2026 y del 3,5% más un punto de actualización para 2027.

Según informan los sindicatos, este es el aspecto más destacable del nuevo convenio que ha estado precedido de unas negociaciones “complejas”, muy participadas y condicionadas por la “incertidumbre” que generó en las empresas la propuesta de modificación del Reglamento de Armas que acarreaba importantes restricciones para el uso de la navaja, y por tanto para su producción y comercialización.

En este sentido, Comisiones Obreras Albacete y UGT FICA señalan que se sumaron a la defensa de la cuchillería, compartiendo su preocupación “por el riesgo que esta propuesta suponía para el futuro y el empleo de una industria que es seña de identidad de la provincia”.

Los turnos ordinarios con un solo polícía en Lardero continúan. Y ante la inacción del Ayuntamiento de la localidad, UGT La Rioja ha pedido la intervención del Gobierno de La Rioja “ante el grave riesgo laboral y la desprotección que sufren los agentes”. La formación sindical alerta del peligro que entraña que un solo policía tenga que afrontar en solitario servicios de seguridad ciudadana que pueden implicar situaciones de riesgo y especialmente por la noche. Y ha trasladado la queja por escrito a la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja y ala Inspección de Trabajo porque recuerdan que “la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud.

UGT La Rioja recuerda que desde el pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Lardero viene recurriendo de forma continuada a decretos de Alcaldía para obligar a los agentes a realizar servicios extraordinarios, con el objetivo de cubrir las necesidades de personal. Sin embargo, “esta fórmula no ha solucionado el déficit de efectivos y la situación ha llegado al extremo de que varias semanas se han cubierto turnos completos con un único policía, una situación especialmente preocupante cuando se produce durante las noches”

Una semana con un solo polícía por las noches

La gravedad de la situación quedó especialmente patente durante la semana del 14 al 20 de septiembre, en la que el turno de noche estuvo cubierto por un solo agente. Durante esa semana, cuentan desde la formación sindical, el policía tuvo que afrontar en solitario dos intervenciones que evidencian los riesgos de mantener este tipo de servicios. En una de ellas, recibió un aviso urgente de SOS Rioja por la presencia de un varón bajo los efectos de las drogas y armado con un cuchillo, mientras varios familiares permanecían encerrados en una habitación. 

Dos días después, el mismo agente tuvo que acudir nuevamente solo y con carácter urgente en apoyo de una patrulla de la Guardia Civil, que había solicitado asistencia ante una pelea entre varias personas. Estos hechos demuestran que “un servicio policial no puede organizarse sobre la premisa de que un único agente debe afrontar en solitario cualquier incidencia que se produzca durante su turno. Un único agente no puede garantizar simultáneamente la vigilancia y patrulla del municipio, atender las dependencias policiales y responder a varios requerimientos ciudadanos que puedan producirse al mismo tiempo”.

Y además alertan de que cuando el único policía disponible está atendiendo una emergencia, la localidad queda temporalmente sin capacidad de respuesta de la Policía Local ante otra incidencia que pueda producirse de forma simultánea. Por ello, UGT considera necesario que el Ayuntamiento garantice una organización del servicio que permita disponer de los efectivos suficientes y de las condiciones de seguridad necesarias.

Para UGT, esta situación responde a un problema estructural de falta de efectivos y no a una circunstancia puntual porque recuerdan que existe una plaza vacante de Policía Local incluida en la plantilla presupuestaria. “El Ayuntamiento rechazó el nombramiento de un policía interino procedente de la bolsa de empleo tras el último proceso de oposición y tampoco incluyó posteriormente esa plaza en la convocatoria de empleo público que se encuentra actualmente en marcha”.

UGT señala además que la situación se ha deteriorado tras la entrada en funcionamiento de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Con la nueva RPT se eliminó el complemento de disponibilidad de los agentes sin que se estableciera una alternativa que permitiera garantizar las necesidades de disponibilidad del servicio.

La consecuencia ha sido el recurso continuado a decretos de Alcaldía que obligan a los agentes a trabajar durante sus días libres, mientras continúan produciéndose turnos completos cubiertos por un solo policía. UGT considera que esta situación está generando un importante desgaste en la plantilla.

Por ello, UGT Servicios Públicos reclama a la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja que intervenga, dentro de sus competencias, ante la situación que atraviesa la Policía Local de Lardero y que requieran al Ayuntamiento la adopción de medidas para evitar los turnos ordinarios unipersonales.

Además, UGT pide también a los grupos políticos del Ayuntamiento de Lardero que exijan la convocatoria urgente de una comisión informativa de personal para analizar la falta de efectivos, la plaza vacante no cubierta y las condiciones en las que se está prestando actualmente el servicio.

Por último, UGT reclama a la Inspección de Trabajo que investigue las condiciones de seguridad y salud laboral de los agentes y determine si la organización actual del servicio garantiza una protección adecuada frente a los riesgos derivados de su trabajo. La seguridad de los agentes y de la ciudadanía no puede quedar condicionada a que un único policía tenga que afrontar en solitario situaciones potencialmente peligrosas y reclama al Ayuntamiento de Lardero que deje de recurrir a soluciones provisionales y aborde de manera urgente el déficit estructural de efectivos.

Salida forzada del líder de una de las mayores federaciones estatales de UGT, Antonio Oviedo, hasta hace unos días secretario general de la Federación Estatal de Servicios Movilidad y Consumo (FESMC). Su Comisión Ejecutiva convocó el pasado lunes una reunión instando a su dimisión por “una situación de inestabilidad interna”, según documentación a la que ha accedido elDiario.es. Una “separación” que respaldó este órgano federal por mayoría de “6 a 3 votos”, confirman varias fuentes. El próximo 1 de octubre, la federación pretende votar a un nuevo líder, sin pasar por un nuevo Congreso.

Antonio Oviedo es un histórico sindicalista de UGT del sector ferroviario madrileño y desde los 90 ha estado al frente de varias federaciones sectoriales del sindicato. En su última etapa, lideró esta federación de Servicios, Movilidad y Consumo –una macrofederación con multitud de sectores y trabajadores afectados– primero en Madrid y, desde 2021, lo hacía a nivel estatal.

En 2024, Oviedo fue reelegido en el cargo, con un 92% de los apoyos, pero dos años después la Comisión Ejecutiva Federal le ha forzado a dimitir.

Oviedo fue elegido líder de esta gran federación (FESMC) en sustitución de Miguel Ángel Cilleros, sindicalista que se batió en el pasado con Pepe Álvarez para hacerse con la Secretaría General del sindicato en 2016 y de la que se quedó solo a 17 votos. 

Una salida forzada que UGT califica de “dimisión”

En los últimos días, han corrido multitud de versiones sobre la salida de Oviedo. “Hay muchos rumores”, reconocen varios sindicalistas de UGT contactados por este medio.

elDiario.es ha contactado con la FESMC y, en un primer momento, ha adjudicado la expulsión de Oviedo a una “dimisión por motivos personales”, según Ricardo Casas, vicesecretario general Área Interna de la federación y en estos momentos su portavoz mientras se encuentra sin secretario general.

Ante la documentación a la que ha accedido este medio que constata que es la Comisión Ejecutiva la que insta a su salida el pasado lunes, firmada por el propio Ricardo Casas, desde la FESMC reconocen el escrito y confirman que la dimisión ha sido impulsada por este órgano.

Este documento menciona dos motivos para la petición de salida de Oviedo: “Cambios constantes de posición política”, que “está generando incertidumbre y dificulta mantener una línea de actuación clara, coherente y estable”, así como “inestabilidad en la Comisión Ejecutiva”, con “discrepancias y tensiones internas han generado una situación que dificulta el funcionamiento ordinario” de la federación.

La Comisión Ejecutiva votó el pasado lunes su cese, con un apoyo de 6 votos contra 3, según varias fuentes del sindicato. Desde entonces, la salida se ha ido comunicando de manera interna en el sindicato, en el que circulan multitud de versiones y rumores sobre las razones de la salida de este líder.

Varias fuentes contactadas sostienen que Oviedo era una persona “ruda” y de trato difícil, que se había generado muchas enemistades en la federación tanto a nivel sectorial como territorial. Fuentes sindicales mencionan también algunas decisiones “incomprensibles” por parte de la Federación en varias negociaciones, que generaron “extrañeza”.

Más allá de esta situación, que encaja con el discurso oficial anunciado, diversos sindicalistas de base de la FESMC señalan que están circulando “más motivos” para el cese, “algunos feos”, aunque prefieren no ahondar por no tener pruebas de ellos. Varias personas también creen que “puede haber un movimiento desde la Confederación”. Oviedo en el pasado había sonado como un posible nombre a disputar el liderazgo de UGT a Pepe Álvarez, algo que varias personas creen que ya estaba superado dada su avanzada edad.

elDiario.es ha tratado de recabar la versión de Antonio Oviedo de su salida, pero no ha recibido respuesta.

Fuentes de la Confederación del sindicato –que lidera Pepe Álvarez– responden en un primer momento que la salida de Oviedo es “una dimisión”, aunque después reconocen que ha sido motivada por la petición de la Ejecutiva. “Nosotros no hemos intervenido en nada”, responden sobre aquellas versiones que les atribuyen la decisión, además de destacar que “nadie discute el liderazgo de Pepe”. Álvarez fue reelegido como líder del sindicato en 2024, para un tercer y último mandato.

Elección del próximo líder el 1 de octubre

El próximo jueves, 1 de octubre, la Comisión Ejecutiva convocó un Comité Federal Extraordinario –órgano de mayor representatividad entre Congresos– para confirmar el cese de Oviedo y “elegir un nuevo secretario general” hasta el final de mandato (2028), explican desde la FESMC.

La intención es elegir a un nuevo líder que pueda lograr el 66% del respaldo entre sus miembros (alrededor de 150 personas, entre cargos sectoriales y territoriales), una mayoría cualificada que evite así tener que organizar un Congreso Federal, el órgano que de manera regular elige a la dirección de la federación.

“No quieren que haya una gestora”, mencionan varios sindicalistas de la federación. Esta sería la que dirigiría la federación, según los estatuos, si se disolviera la actual Ejecutiva y se optara por ir a una nueva elegida en un Congreso federal.

La Federación estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) es una de las tres grandes federaciones que conforman UGT, junto a la de Servicios Públicos (SP) y la de Industria (FICA). Nació en 2016, fruto de la unión de dos federaciones: la de Servicios (FeS-UGT) y la de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC-UGT).

“Con un 34% de representatividad, es la federación sindical más representativa de nuestro país, congregando las actividades productivas vinculadas a los sectores de servicios, movilidad y consumo”, recoge en su página web.

Agrupa once sectores: Aéreo, Carreteras, Urbanos y Logística, Comercio y Grandes Almacenes, Comunicaciones y Cultura, Ferroviario, Financiero, Hostelería, Restauración Social y Turismo, Limpieza, Marítimo-Portuario, Oficinas y Seguros, Seguridad Privada y Servicios Auxiliares.

La CEOE de Tenerife sigue enfrascada en su lucha contra lo que llama “absentismo laboral”, ese que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) denomina como causa injustificada para no ir al trabajo. El discurso se ha endurecido en los últimos años atacando las “bajas fraudulentas”. La patronal tinerfeña creó un buzón anónimo que fue denunciado por el Ministerio de Trabajo ante la Agencia de Protección de Datos. Ahora, asegura que tiene un listado de los centros de salud “con más propensión” a “dar” bajas laborales. El revuelo ha sido inmediato y los primeros en reaccionar han sido los propios médicos, que están en el centro de las sospechas. El Consejo Canario de Colegios de Médicos reclama respeto a su independencia profesional y que las diferencias estadísticas entre centros no se conviertan en sospechas generalizadas sobre la profesión. 

Los profesionales de la medicina recuerdan que “una baja laboral es consecuencia de una valoración médica individualizada sobre el estado de salud de una persona y su capacidad para desempeñar su trabajo habitual” y que “es un acto médico reglado en el que los profesionales actúan conforme a criterios clínicos, científicos, éticos y legales”. 

En este sentido, el médico y presidente de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria (SOCAMFYC), Gustavo Moreno, señala que “poner el foco en el profesional es una manera demasiado simplista de abordar el problema”. Subraya que “emitir una incapacidad transitoria, una incapacidad laboral, es un acto médico” y que “valoras la situación del paciente, la situación física y mental, y en función del tipo de trabajo que realiza y de las condiciones que tiene y de cómo se encuentra, decides si realmente está capacitado para ir al trabajo o no. Se emite porque la situación clínica del paciente es tan seria que es incapaz de realizar sus tareas laborales habituales o que corre riesgo su salud o la de otras para hacer una tarea laboral habitual”. Y pone el ejemplo de la COVID-19 cuando se corría el riesgo de contagio de otros compañeros y compañeras de trabajo. 

Moreno reprocha que se utilice el lenguaje de “coger una baja”, “dar una baja”, “pedir una baja”... como si te dieran “un kilo de tomates”, cuando la realidad es bien distinta. “La baja laboral es una herramienta terapéutica”, resume. Y su objetivo es proteger al trabajador o trabajadora y también el ambiente laboral. 

CCOO insiste en que el dato real de absentismo laboral en Canarias (personas que no acuden a su puesto de trabajo sin causa justificada) es ínfimo y que en cambio muchas otras acuden enfermas, la patronal no paga las horas extra y la comunidad sigue a la cabeza de los salarios más bajos. Sin embargo, la CEOE sigue con esta campaña en todo el territorio nacional, pero muy explícita en Canarias. Por ello, el sindicato está siendo muy beligerante combatiendo los datos. 

UGT, por su parte, también insiste en que “es un disparate lo que está haciendo la patronal, dando un paso más allá en el señalamiento a los médicos. Si analizas los datos de forma fría, puedes determinar que unos centros de salud son más propensos a dar bajas o no, o se registran más bajas en una zona geográfica de la isla o del archipiélago, pero son datos fríos. Hay que ver el contexto”, destaca Héctor Fajardo. En este sentido, apunta que el “único patrimonio que tienen los trabajadores es precisamente el derecho a la salud, a la salud pública. Por lo tanto, que se esté señalando a los facultativos para que se sientan más coaccionados para no dar esas bajas, que lo que buscan es coaccionar a los facultativos y coaccionar también a los trabajadores para que vayan a trabajar enfermos”. 

Cómo influye el estrés y las condiciones laborales

El presidente de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria (SOCAMFYC) también incide en que cuando se habla de disparidad de cifras entre centros de salud hay que tener en cuenta múltiples factores: edad, población, contexto socioeconómico… Apunta ejemplos como si el centro de salud está ubicado en una zona donde la mayoría de pacientes se dedican a la restauración, al turismo, son camareras de piso… “vas a tener, por tanto, una mayor prevalencia y un mayor índice de dolores y de patologías relacionadas con problemas lumbares, hombro doloso, codo de tenista… y un mayor número de incapacidades en este sentido que en otra zona donde la población no se dedique a ello”. 

Moreno incide en que el centro de salud se puede apreciar que a las personas les influyen muchos aspectos como sus condiciones laborales, el hecho de tener que coger varias guaguas para llegar a su trabajo o de cuidar a personas dependientes en sus casas mientras siguen trabajando. “Y esas personas, la mayor parte de las veces no llegan a consulta diciéndote que tienen una depresión o que tienen ansiedad. Al contrario, la mayor parte de las veces son personas que tiran para adelante con su vida, que tiran para adelante con lo que haga falta, pero que al final terminan padeciendo problemas”, asegura el facultativo, que agrega que muchos de estos dolores son osteomusculares, dolores de espalda, dolores de cuello, problemas musculares, problemas de artrosis, de columna… 

A su juicio, hay que atender también a las condiciones laborales. “¿Cuántas horas está trabajando? A lo mejor su contrato es de seis o de ocho y está trabajando doce. Esto pasa. Y sabemos que pasa en la restauración y en el turismo y en múltiples empresas”. “Yo no digo que no haya que analizar el tema de las bajas laborales. Creo que como cualquier otro tema, como cuando tuvimos la epidemia de COVID, había que analizarlo. O si mañana hay un repunte de gripe, también. Pero decir que esto tiene que ver solo y exclusivamente porque unos centros dan más bajas que otros, es una manera demasiado simplista”. 

“Si tú obligas a un trabajador a ir a trabajar enfermo, o sin capacidad para ejercer sus funciones, lo que estás haciendo es tirar piedras para tu propio tejado, provocando que esas bajas se cronifiquen, se prolonguen en el tiempo, que se reduzca aún más la productividad, tan preocupados que están con esa productividad… Entonces nosotros lo que vamos a pedir a los empresarios es que reduzcan esa tensión, al mismo tiempo que analicen bien los propios datos que tienen que ver con ellos, que tienen que ver por ejemplo con el gran número de horas extras que ni se abonan, ni se compensan a los trabajadores”, añade Héctor Fajardo (UGT). 

¿Qué tienen que decir las mutuas?

Insiste en que hay que analizarlo con rigor, que hace falta más formación a los propios profesionales en materia de Incapacidad Temporal y que hay que actualizarse, pero agrega que las mutuas también deben entrar en este debate, puesto que también deben hacer una labor de apoyo. Incide en la necesidad de un abordaje “integral e incluso multiprofesional. Es decir, aquí a lo mejor la mutua tiene algo que aportar porque me puede hablar del tipo de trabajo, de las horas que está trabajando el paciente, interesarse un poco más de qué condiciones hay para que eso pueda estar o no relacionado con la patología que tiene ahora y tener mayor comunicación en el ambiente laboral”. 

Porque con el debate de la patronal los profesionales creen que se han difuminado las enfermedades profesionales. 

De hecho, el lumbago es la incapacidad temporal más frecuente en Canarias y la causa es fundamentalmente “el estrés, la ansiedad, las posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos o la sobrecarga de esfuerzo”. Así se desprende del estudio Incidencia de la enfermedad común y del accidente no laboral, y costes económicos generados por la incapacidad temporal. Canarias (2018-2021) publicado el pasado año y en el que se recuerda que “el grupo ocupacional de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores es el más afectado”.

Enfermedades profesionales no reconocidas

Juan Navarro, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO en Canarias reprocha este “discurso frívolo” de atacar a los médicos y médicas diciendo “que dan las bajas” y a los trabajadores y trabajadoras “que cogen las bajas” por ello rechaza que se ponga el foco en los médicos y en trabajadores supuestamente absentistas. Insiste en que el debate es mucho más amplio y que “podríamos hablar de que ha aumentado la población trabajadora, habría que hablar de las condiciones laborales, de si realmente está financiado el sistema público de salud en profesionales, en la gestión que se hace de los recursos…” 

“A la CEOE yo no la he escuchado hablar, por ejemplo, de la infradeclaración de enfermedades profesionales, y especialmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con las patologías oncológicas, que son los datos más bajos desde cualquier país de nuestro entorno, parece que la gente no se enferma de cáncer en el trabajo, cuando es una de las mayores causas de cáncer”, afirma el representante de CCOO. ¿Por qué no se hacen campañas intensivas?, se pregunta. 

En este sentido, añade que tampoco escucha a la CEOE hablar de lo que tiene que ver con que las empresas “no cumplen con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Las personas trabajadoras enferman porque no se dan las condiciones saludables en las empresas”, afirma.

Héctor Fajardo agrega en este sentido que “hay muchas enfermedades profesionales que no las reconocen las mutuas como enfermedades profesionales, que las empresas no las reconocen como enfermedades profesionales. Ahí entra también el tema de la salud mental, que los empresarios se han negado sistemáticamente a profundizar sobre ella, procesos de ansiedad, de estrés, que tienen que ver con el entorno laboral, no olvidemos que pasamos gran parte de nuestra vida en el entorno laboral, en los centros de trabajo, y lo que ocurre en esos centros de trabajo, en ambientes que a veces se pueden calificar como tóxicos, repercute negativamente en la situación de salud mental de los trabajadores”. 

Fajardo añade que la patronal ha entrado en una escalada “demencial”. “Nosotros pedimos tanto al Gobierno canario como a las patronales que reduzcan ese discurso en contra de los trabajadores que se ponen enfermos, que reduzcan un poco la tensión que se está sometiendo a los facultativos, porque esto va a incidir negativamente en la economía de las islas”. 

“Ha entrado en una escalada de criminalización de los trabajadores y de los médicos que está alcanzando unas cuotas que a nosotros nos parecen disparatadas, que no responden a la realidad, que no responden a lo que de verdad está ocurriendo con los trabajadores en Canarias. También nosotros queremos que se mejoren las condiciones laborales de los médicos para poder tener más margen, más tiempo para atender a cada paciente en el área de primaria. Y todo eso redundará en una mejora de esas cifras de incapacidades temporales”, añade UGT. 

Qué dice el Gobierno de Canarias sobre la campaña de la CEOE

Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, dirigida por Esther Monzón, han señalado a este periódico que el Servicio Canario de Salud participó el lunes de la semana pasada en una reunión, convocada por la consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, a propuesta del propio SCS, en la que además del Gobierno estuvieron representadas la patronal, los sindicatos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social con el objetivo de crear un grupo de trabajo dentro de la mesa de absentismo, para analizar la situación de la Incapacidad Temporal y trabajar para una gestión óptima de la misma en Canarias y buscar soluciones entre todas las partes. El SCS “se mostró dispuesto a analizar la situación conjuntamente y buscar soluciones que ayuden a resolver el tema”.

“Se trata de un problema complejo del que el SCS ha mostrado su voluntad de abordar y buscar soluciones conjuntamente con independencia de todas las medidas preventivas que deben ser implementadas por las empresas, en función de las recomendaciones y actuaciones de los servicios de prevención de riesgos laborales”, apuntan. Y valoran la creación de un grupo de trabajo con todos los actores implicados porque “es un problema complejo que depende de muchos factores socioeconómicos y empresariales, además de los de salud de los trabajadores, que en cualquier caso son primordiales”.

Sobre las declaraciones de la CEOE sobre los médicos, SCS asegura que “mantiene una confianza plena en los médicos que atienden a los pacientes independientemente de que tengan que conceder o no una incapacidad temporal, siendo consciente de que es el criterio científico y la valoración clínica lo que impera en todos los casos”. 

Desde la Consejería de Empleo y Turismo, dirigida por Jéssica de León, han afirmado que trasladan su “respeto” al trabajo que desarrolla el personal sanitario. “Desde el Gobierno de Canarias seguimos trabajando para que, entre todas las partes, Gobierno, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, podamos alcanzar acuerdos que permitan abordar y atajar esta problemática”, concluyen.