Como la gota que colma un vaso o el aleteo de una mariposa que desata un huracán. El conflicto laboral en Airbus España iniciado este verano ha sorprendido y superado todas las expectativas. No solo de la dirección de la multinacional, sino también de los sindicatos, que han visto como la “chispa” del recorte del teletrabajo reveló una ola de indignación mucho más profunda por los salarios y otras condiciones laborales. Este próximo lunes se aborda una cita clave, con varias asambleas de trabajadores que debatirán si iniciar una nueva huelga, en este caso indefinida, desde este martes 25.

En la última semana, Airbus ha lanzado varias propuestas a los sindicatos convocantes de estos nuevos paros —UGT, CGT y Útil—, que tras varios plantones a la parte empresarial se sentaron a negociar durante toda la jornada del viernes en el organismo de mediación SIMA.

La multinacional se ha abierto a considerar varias de las peticiones de la plantilla, como garantizar el IPC en las subidas salariales y acelerar la recuperación del poder adquisitivo perdido, indican fuentes de CGT y UGT.

Otras reclamaciones quedan abiertas a una futura negociación, a partir del día 25, para la que los mediadores han propuesto la suspensión de la huelga para facilitar un contexto “más propicio” de diálogo, explican desde UGT. En Airbus insisten en negociar en “un clima de calma y paz social”. Todas estas cuestiones se llevarán a las asambleas de trabajadores del próximo lunes para ser debatidas, que serán claves para la reanudación (o no) de los paros.

El estallido del conflicto hay que situarlo en un contexto de beneficios récord de Airbus, que en 2025 ganó 5.221 millones de euros, un 23% más que el año anterior. En el primer trimestre de este 2026, la multinacional de aviación ha elevado aún más sus ganancias, un 47% respecto al mismo periodo de 2025, hasta los 2.243 millones de euros.

“Airbus está en la mejor situación de su historia. Mientras su competidor Boeing está bastante mal, Airbus tiene beneficios récord año tras año”, subraya Gustavo Retamosa, portavoz de CGT en Airbus Getafe. Las cifras históricas de beneficios se explican en parte debido al importante auge de los pedidos del área de Defensa.

En cambio, mientras, la plantilla ha registrado una pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, que han subido por debajo de la inflación. Además, los trabajadores han visto deteriorarse otras condiciones laborales, pactadas en convenio colectivo (como el recorte del complemento por enfermedad como medida contra el “absentismo”) o a través de decisiones unilaterales de la empresa, como la imposición de la fecha de parte de sus vacaciones y la reducción del teletrabajo anunciada en junio. Esta fue “la gota que colmó el vaso”, reconocían en SIPA, hace unas semanas, en el mes de julio.

La gente ha dicho basta. Hasta aquí. Es un movimiento social de los trabajadores, que ha obligado a los sindicatos a ir a la huelga

Gustavo Retamosa, CGT

“La gente ha dicho basta, hasta aquí”, explica también Gustavo Retamosa (CGT), que subraya que este es “un movimiento social de los trabajadores, que ha obligado a los sindicatos a ir a la huelga”. Con un gran poder de movilización de las asambleas de trabajadores, y de los grupos de trabajo formados en ellas, el conflicto se fue extendiendo como la pólvora a todos los centros de Airbus en España.

Entre sus reivindicaciones, Edmundo Otero, responsable de UGT en la compañía, destaca volver a garantizar el IPC en las subidas salariales, así como recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, restaurar el teletrabajo, la libertad de elegir vacaciones que había hasta el momento, y la reversión del recorte del complemento en las bajas por enfermedad, entre otros. Este ya fue considerado ilegal en varios de sus puntos por la Audiencia Nacional, tras la denuncia de UGT, pero Airbus recurrió la resolución ante el Tribunal Supremo.

“La actual movilización no puede entenderse como consecuencia de una decisión aislada. Es el resultado de un deterioro progresivo de la confianza entre los trabajadores y la empresa”, explica el manifiesto de la página web #EnfadadosconAirbus, que denuncia que en un momento de tanta solidez de la multinacional “no se haya aprovechado para reforzar el compromiso con las personas, sino para seguir erosionando unas condiciones laborales y una relación de confianza construidas durante décadas”.

Si en movilizaciones pasadas han sido más activos los trabajadores del taller, explican en CGT, en esta ocasión la explosión de la indignación provino de la parte más técnica. Y de ahí al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la multinacional, que protagonizaron varias marchas multitudinarias en el mes de julio.

Una crisis profunda, que ha puesto en guardia a Airbus

La crisis laboral en Airbus España es profunda, como reflejó el seguimiento masivo de la huelga de julio, que se alargó más de 20 días con un seguimiento incluso superior al 90% en varias jornadas, según los sindicatos, que señalan la movilización como “histórica” en la multinacional. La empresa no ha dado cifras al respecto, como sí hace en otras ocasiones, lo que desde la parte sindical consideran que refleja el “éxito” de la movilización.

Su trascendencia del conflicto laboral ha quedado evidenciada también por la apertura a la negociación de Airbus tras varias jornadas en las que crecía el pulso de la plantilla. La multinacional reconoció la “fuerte expresión de insatisfacción” por varias condiciones laborales, entre ellas los salarios, y afirmó públicamente en un comunicado que “tomaba nota”.

Airbus ha implicado en su gestión al propio CEO global de la compañía, el francés Guillaume Faury, que vino a España para conocer la situación de primera mano y formó un grupo de cuatro directivos para tratar de desactivar esta crisis.

La empresa se abrió en julio a subidas salariales de hasta el 12% en los próximos dos años y a suspender los recortes en el complemento a las bajas, entre otras medidas que suscribió con la mayoría sindical (CCOO, ATP y SIPA). Pero los trabajadores dijeron 'no' al acuerdo, en una ajustada votación, con casi 50% noes y 46% síes, según la empresa.

Tras fracasar este intento, Airbus ha contratado al bufete Baker Mckenzie para liderar las conversaciones con la representación de la plantilla ante esta nueva convocatoria de huelga indefinida. En varias reuniones de mediación en el SIMA, estos han “dejado a un lado” a otros negociadores habituales de la Dirección de Recursos Humanos, sostienen fuentes sindicales.

Además, Airbus ha anunciado en medio de esta crisis el relevo del hasta ahora director de Recursos Humanos en España, Antonio Lasaga, tras más de 10 años al frente de esta división, que ahora liderará Soledad Muñoz. Fuentes sindicales señalan que este relevo “ya estaba previsto” desde antes de la huelga, aunque señalan a Lasaga como “uno de los máximos responsables” de la desafección y los problemas laborales de Airbus en España.

“Ruptura” y “malestar” de la plantilla con los sindicatos

El conflicto ha evidenciado otro frente de esta crisis: una importante distancia entre la plantilla y los sindicatos que les representan. La primera muestra fue el propio germen de la movilización. Los paros celebrados en julio se convocaron en un inicio solo por SIPA, pero el sindicato dio el paso tras la creación de un grupo de Telegram por parte de trabajadores que cada vez sumaba más “enfadados” con Airbus que exigían la movilización.

Ante su asistencia arrolladora, el resto de organizaciones sindicales se fueron sumando a la huelga (CGT, UGT, ATP y Útil). La última fue CCOO, el sindicato mayoritario, tras consultarlo a su militancia a mediados de mes.

“En esta huelga los trabajadores mandan y los sindicatos obedecen, por lo que no se van a aceptar fácilmente acuerdos que no pasen por las asambleas”, indica Pablo (nombre ficticio), empleado en el centro de Getafe (Madrid).

Y la desafección con los representantes de la plantilla no hizo más que crecer con la gestión del preacuerdo de Airbus con CCOO, SIPA y ATP, que se plasmó con la firma de un “acta de acuerdo” antes de consultar su contenido a la asamblea de trabajadores. Un movimiento que varios miembros de la plantilla tachan de “traición”. “La gente no daba crédito, sobre todo por SIPA, que había negado expresamente que haría algo así”, apuntan desde CGT.

Finalmente, la plantilla rechazó el acuerdo, lo que desde CCOO reconocen como el reflejo de cierta “ruptura” o “malestar” de los trabajadores con los sindicatos, que les lleva a “un análisis muy profundo” de la situación, afirma Alfonso Mora, representante del sindicato mayoritario. CCOO, no obstante, defiende como positivo el preacuerdo alcanzado, que considera que cumple con la gran mayoría de las demandas de los trabajadores y, por ello, rechaza la nueva huelga convocada. El sindicato analizará los siguientes pasos a seguir con su afiliación, indica Mora.

Tras la última reunión de mediación en el SIMA de este 21 de agosto, en la que Airbus se ha abierto a mejorar en varios puntos el acuerdo de julio (como retirar el recurso del Supremo sobre el complemento de bajas médicas), todas las miradas se vuelven a las asambleas de trabajadores convocadas el lunes. En este espacio, los sindicatos convocantes de la huelga expondrán las medidas y la apertura a la negociación mostrada por Airbus para que la plantilla decida si se inicia finalmente la huelga indefinida o no.

Desde Airbus han insistido en las últimas semanas en su voluntad de negociar y evitar unos nuevos paros. Fuentes de la compañía sostienen que “la huelga en España no está teniendo un impacto en las entregas de los aviones comerciales de Airbus”, pero en CGT creen que –de replicarse otra huelga– los márgenes de la empresa se podrían ver comprometidos. “Esto puede hacer un roto millonario por día. Y en Francia y Alemania nos están mirando muy de cerca. Si el conflicto salta los Pirineos, tienen un problema terrible”, sostiene Gustavo Retamosa.

La UGT Serveis Públics ha registrat la convocatòria de vaga indefinida a partir del 24 d'agost al centre sanitari animal de Son Reus davant la “falta absoluta” de solució per la “greu precarietat laboral i inseguretat”.

El sindicat ha lamentat en una nota de premsa que l'empresa responsable del servei i l'Ajuntament de Palma han “ignorat” les seves demandes, malgrat els múltiples comunicats que els han fet arribar.

Entre altres qüestions, des d'UGT han criticat que es mantinguin les nòmines dels professionals en el salari mínim interprofessional (SMI) i que les seves condicions en matèria de prevenció de risc i salut laboral “continuen sense ser millorades”.

Segons el seu parer, és “inhòspit” que el personal no tingui a disposició “ni aigua per beure en ple 2026”. “Això és ridícul”, han subratllat.

Així, han advertit els responsables polítics que mentre els treballadors “pateixin unes condicions de treball segures i dignes”, resulta “materialment impossible” garantir que la cura dels animals compleixi amb els estàndards mínims de qualitat i amb la legislació vigent en matèria de benestar animal.

La UGT va formalitzar una proposta per impulsar el I Conveni Col·lectiu del Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal, sobre la qual continua esperant resposta.

UGT Servicios Públicos ha registrado la convocatoria de huelga indefinida a partir del 24 de agosto en el centro sanitario animal de Son Reus ante la “falta absoluta” de solución por la “grave precariedad laboral e inseguridad”.

El sindicato ha lamentado en una nota de prensa que la empresa responsable del servicio y el Ayuntamiento de Palma han “ignorado” sus demandas, a pesar de los múltiples comunicados que les han hecho llegar.

Entre otras cuestiones, desde UGT han criticado que se mantengan las nóminas de los profesionales en el salario mínimo interprofesional (SMI) y que sus condiciones en materia de prevención de riesgo y salud laboral “siguen sin ser mejoradas”.

A su entender, es “inhóspito” que el personal no tenga a disposición “ni agua para beber en pleno 2026”. “Esto es ridículo”, han subrayado.

Así, han advertido a los responsables políticos que mientras los trabajadores “carezcan de unas condiciones de trabajo seguras y dignas”, resulta “materialmente imposible” garantizar que el cuidado de los animales cumpla con los estándares mínimos de calidad y con la legislación vigente en materia de bienestar animal.

UGT formalizó una propuesta para impulsar el I Convenio Colectivo del Centro Sanitario Municipal de Protección Animal, sobre la cual sigue esperando respuesta.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha dado a conocer ya los datos sobre la siniestralidad laboral registrada en La Rioja durante los primeros seis meses del año, en los que se confirma que la elevada accidentalidad riojana sigue sin variar prácticamente. La Rioja registró entre enero y junio de este año un total de 2.382 accidentes de trabajo, lo que supone una reducción del 2,4% con respecto al mismo periodo de 2025 (60 accidentes laborales menos), “completamente insuficiente” a criterio de UGT ya que, según señala, “no apunta un cambio evidente de la tendencia y continúa colocando a La Rioja como la tercera comunidad con mayor índice de incidencia (sólo superada por Navarra y Baleares)”.

El grupo de accidentes que mayor variación registra es el de los leves in itinere, que se reducen un 13%; si bien, la mejor noticia procede del descenso de 2 accidentes mortales (datos provisionales) y 1 accidente grave menos que el año pasado, de modo que La Rioja registró entre enero y junio de 2026 un total de 2.355 accidentes leves (211 de ellos in itinere), 24 accidentes graves y 3 accidentes mortales.

Por grandes sectores de actividad, el sector Servicios vuelve a ser el más castigado con 1.085 accidentes (43 más que en 2025), lo que demuestra la vinculación entre la calidad del empleo y la elevada siniestralidad, en un sector que aglutina trabajos mal remunerados, sobrecarga de actividad, jornadas especialmente extensas y donde también confluyen la temporalidad y la parcialidad más elevada. La industria (con 669 accidentes laborales) y la construcción (con 296 siniestros) redujeron la accidentalidad con 44 y 20 accidentes laborales menos, respectivamente.

Por sexo, se incrementa levemente la siniestralidad laboral entre las mujeres que, no obstante, continúan registrando únicamente el 32% de la siniestralidad total, con 692 accidentes frente a los 1.300 (enero a mayo).

“Los datos confirman que La Rioja no consigue revertir aún el preocupante nivel de siniestralidad laboral que sufre, especialmente en sus niveles más graves de siniestralidad, antesala de la accidentalidad mortal”, resalta UGT. La diferencia registrada con respecto al año pasado es prácticamente nula, “lo que muestra que lo realizado hasta el momento es insuficiente y la necesidad de seguir insistiendo en más voluntad preventiva, más cumplimiento normativo y mayores controles para atajar esta siniestralidad”.

Por otro lado, UGT considera especialmente “cínico” que la patronal ponga el acento en las consecuencias de esta siniestralidad – “el mal llamado absentismo”- cuando “está en manos de las empresas atajar el origen de la gran mayoría de estos accidentes”. En este sentido, el sindicato recuerda la importancia de extremar el celo en el cumplimiento de la ley, especialmente cuando contamos con una norma obsoleta que no recoge elementos determinantes para la conservación de la salud laboral. Además, llama a un incremento de la formación sobre prevención de riesgos destinada a las personas trabajadoras y mandos intermedios, de modo que tomen consciencia de los riesgos que soportan y cómo minimizarlos.

Por otro lado, UGT denuncia la escasez evidente por parte de las administraciones de medios humanos para el control de este cumplimiento, junto a la vergonzosa actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo para las que la salud laboral se ha convertido en un lucrativo negocio.

UGT Aragón ha denunciado las condiciones en las que, según asegura, están trabajando las empleadas de las residencias de mayores de la comunidad durante los episodios de calor extremo de este verano. El sindicato afirma que en “muchos centros” los sistemas de aire acondicionado “no se encienden el tiempo necesario o se apagan de forma reiterada” con el argumento de reducir el gasto energético.

“Estamos recibiendo quejas constantes de las trabajadoras. Los aires acondicionados se apagan para ahorrar y, mientras tanto, ellas se asan en sus puestos de trabajo”, ha señalado la vicesecretaria general de UGT Servicios Públicos Aragón, Angélica Mazo. La organización sindical sostiene que esta situación afecta a profesionales de todas las categorías, desde gerocultoras y limpiadoras hasta personal de cocina y enfermería.

UGT asegura que la justificación que más se repite por parte de las empresas es el coste de mantener la climatización. “Nos trasladan que la factura de la luz se dispara y que no pueden permitirse tener los aires encendidos las horas que serían necesarias. Mientras tanto, las trabajadoras desarrollan su jornada en ambientes sofocantes, con riesgo real para su salud y para la de las personas a las que cuidan”, señala Mazo.

El sindicato advierte de un doble perjuicio. Por un lado, señala que las profesionales están expuestas a agotamiento, deshidratación y un mayor riesgo de accidentes laborales por golpes de calor, que, según UGT, “en la mayoría de los casos no se reconocen como tales”. Por otro, sostiene que las altas temperaturas dificultan la prestación de cuidados de calidad a las personas mayores, especialmente vulnerables ante el calor.

UGT considera “inaceptable que el criterio económico prevalezca sobre la salud laboral y la dignidad de las trabajadoras” y reclama a las empresas del sector que garanticen un uso “suficiente y continuado” de los sistemas de climatización durante los episodios de calor, además de protocolos específicos de protección en todos los centros.

El sindicato pide también que la Administración financie las posibles carencias económicas de las residencias en materia de climatización para evitar que el coste energético termine repercutiendo sobre trabajadoras y residentes. “No se puede seguir tolerando que las trabajadoras de residencias se asen en sus puestos de trabajo mientras se apagan los aires acondicionados para ahorrar. Es una cuestión de salud, de dignidad y de derechos laborales”, concluyen desde el sindicato.

La Xunta ha cumplido con el guion anunciado para su plan para dificultar las bajas laborales. Este viernes anunció que ha cerrado un preacuerdo en el diálogo social, en el que solo ha participado un sindicato, UGT, que tiene algo menos de los delegados elegidos en Galicia. Junto al conselleiro de Emprego, José González, y al máximo responsable de UGT en Galicia, Cristóbal Medeiros, ha firmado el documento el presidente de la patronal gallega, José Manuel Vieites. El Gobierno gallego ha rechazado hacer público el contenido y solo ha avanzado que habrá “mecanismos novedosos” en la reincorporación de los trabajadores tras una incapacidad temporal.

El Gobierno gallego anunció su intención de lanzar una ofensiva contra las bajas laborales en abril. Fue el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el que lo dijo en el debate sobre el estado de la Autonomía, en el que indicó que consideraba el asunto un problema urgente y que daría más peso a las mutuas privadas. Aunque aseguró que buscaría un acuerdo en el diálogo social, no tardó en admitir que el plan se aplicaría de todos modos. Ni la CIG, el sindicato mayoritario en Galicia, ni CCOO participaron en las conversaciones, que se quedaron reducidas a la presencia de la patronal -que lleva años enarbolando el discurso contra lo que denomina absentismo- y UGT.

El plan fue recibido con críticas también de los partidos de la oposición, de asociaciones de médicos de familia -que son los profesionales que gestionan las bajas-, de asociaciones de pacientes y de todos los colegios médicos de Galicia, pero la Xunta continuó adelante. Ahora, anuncia un acuerdo inicial que no ha revelado.

En declaraciones a los medios tras la firma, el consellerio de Emprego defendió que el objetivo es reforzar la prevención, agilizar la gestión de las incapacidades temporales e implantar un “modelo pionero de reincorporación al trabajo”, sobre el que la Xunta indica en una nota de prensa que Galicia va a ser la primera comunidad en dotarse de “un mecanismo de acompañamiento a la reincorporación” con “medidas que contribuyan a evitar recaídas”.

José González indicó que el plan debe seguir ahora la tramitación administrativa, con las medidas concretas y la dotación presupuestaria, antes de hacerse público. La previsión es que el Consello de la Xunta lo apruebe en septiembre. El conselleiro ha tratado de rebajar las críticas asegurando en los últimos días que rechaza hablar de absentismo porque cree que es un término que “confunde” y optando por “hablar de tratar de reducir las ausencias al trabajo evitables. Ante los medios calificó el preacuerdo de ”hito“ que ”demuestra la eficacia del diálogo social“, pese a la presencia de un único sindicato.

El Juzgado de lo Social de Logroño ha vuelto a condenar a Supermercados Lupa por un nuevo intento de rebajar las condiciones laborales de sus trabajadores, en esta ocasión a la jefa de sección de uno de sus establecimientos en Logroño.

Tal y como informa la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FESMC) de UGT La Rioja y queda probado en la sentencia firme publicada el pasado 27 de julio, la trabajadora venía ostentando la categoría profesional de “jefa de sección” desde su entrada en la empresa, en 2004, percibiendo por ello, dentro de sus retribuciones, un plus de responsabilidad. Sin embargo, en enero de 2025 la empresa decide de forma unilateral rebajar la categoría profesional de esta trabajadora a “dependienta”, pasando a percibir la cantidad que corresponde a esta otra categoría y eliminando dicho plus de responsabilidad.

Ante tal circunstancia, la trabajadora interpuso demanda contra Lupa a través de UGT La Rioja, entendiendo que se trataba de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo; mientras, la empresa argumentaba que este cambio respondía a una reclasificación profesional de la trabajadora tras la entrada en vigor del vigente convenio de Comercio de La Rioja, al considerar que sus funciones no correspondían con la categoría de jefa de sección, sino de dependiente.

UGT ve esta estrategia como “un nuevo intento de Lupa por mermar más aún las condiciones laborales de su plantilla” con el que, una vez más, no está de acuerdo el Juzgado de lo Social, quien ha considerado que sí existe una injustificada modificación sustancial de las condiciones de trabajo, declarando nulo este cambio de forma tajante: “ninguna duda cabe, -dice la sentencia-, de que el cambio de categoría profesional (…) supone una extralimitación de la facultad que compete a la empresa, afectando a un elemento esencial y nuclear de la prestación laboral”. “No nos encontramos ante un cambio irrelevante o intrascendente”, añade la sentencia, que advierte por otro lado, que “queda igualmente acreditado que las funciones desempeñadas pueden encajar perfectamente en la definición prevista en el convenio para la categoría de jefe de sección”, conviene.

Cabe destacar que, tras verse obligada a reponer a la trabajadora en sus anteriores condiciones de trabajo, con los salarios correspondientes a jefa de sección, incluido el cobro del plus de responsabilidad, Lupa trató de ahorrarse el pago de dicho plus alegando que esta cantidad se daba por compensada con la subida salarial del nuevo convenio colectivo de Comercio; “una nueva argucia de Lupa que también ha rechazado de plano el tribunal al entender que se trata de un complemento personal no previsto en el convenio de aplicación y que percibe la trabajadora por las características de su puesto, por lo que no guarda la debida homogeneidad o analogía con la subida salarial” y por lo tanto “no es susceptible de absorción ni compensación”.

“Una maniobra más de Supermercados Lupa que ha frenado la justicia y que forma parte de la política de desprecio total a la normativa laboral que mantiene esta empresa”, según denuncia FeSMC UGT. La Federación advierte de que Lupa continúa acumulando sentencias desfavorables en su intento constante por rebajar las condiciones de trabajo de su plantilla. “Todo ello sin mantener el más mínimo respeto a la normativa legal y al propio sistema de relaciones laborales, como ya quedó ampliamente demostrado a principios de año con el cierre unilateral y sin previo aviso de uno de sus establecimientos en Vara de Rey”.

UGT Servicios Públicos ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por el “deficiente” funcionamiento del sistema de climatización del centro de trabajo de la Administración General del Estado de la Carretera de Porzuna, en Ciudad Real.

Lo paradójico del caso es que allí están emplazadas la Subdelegación del Gobierno y la propia Inspección de Trabajo.

“La situación que está obligando a las trabajadoras y trabajadores a desempeñar sus funciones soportando temperaturas excesivamente elevadas, en muchas ocasiones por encima de los 27 grados”, relata el sindicato.

Este edificio también alberga otros organismos dependientes de la Administración del Estado como son la Abogacía del Estado, el Fogasa y la Demarcación de Carreteras del Estado, cuyos empleados y empleadas igualmente han trasladado al sindicato “el deficiente e irregular funcionamiento del aire acondicionado”. En total, son alrededor de 100 las personas que trabajan en estas dependencias.

UGT considera inaceptable que, en pleno verano y ante sucesivos episodios de altas temperaturas, la Administración mantenga a su plantilla en unas condiciones ambientales inadecuadas, con el consiguiente perjuicio para su bienestar, salud y seguridad. Sostiene que la temperatura registrada supera los límites legalmente establecidos como seguros y que estas deficiencias también se producen en invierno.

El sindicato ha trasladado esta circunstancia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el objetivo de que se comprueben las condiciones existentes en el centro de trabajo y se adopten las medidas necesarias para garantizar unas condiciones laborales adecuadas y seguras. Advierte de que la exposición continuada a temperaturas elevadas durante la jornada laboral no puede considerarse una simple molestia o una cuestión de confort, sino que puede constituir un riesgo para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

Sostiene que es un problema que viene de lejos. Durante la primavera y verano del pasado año 2025, los delegados y delegadas de UGT ya detectaron esta irregularidad en las visitas que realizan periódicamente a estos centros de trabajo. Lo trataron por los cauces reglamentarios en la Junta de Personal y en el Comité de Seguridad y Salud Laboral pero aun así no se ha adoptado una solución eficaz y definitiva por parte de la Administración.

Aunque se ha intentado solucionar esta situación, con la adopción de medidas organizativas, como cambiar de ubicación algunos puestos de trabajo y la instalación de aparatos portátiles auxiliares de aire acondicionado, considera que son del todo insuficientes, y así lo han manifestado los compañeros y compañeras que desarrollan su trabajo diario en este edificio.

“No es admisible que las trabajadoras y trabajadores tengan que soportar temperaturas elevadas durante su jornada laboral por el mal funcionamiento o la insuficiencia del sistema de climatización. La Administración debe actuar con responsabilidad y no esperar a que el problema se agrave o termine provocando consecuencias para la salud de su personal”.

UGT Servicios Públicos exige a la Administración que adopte de manera inmediata las medidas correctoras necesarias, garantizando el correcto funcionamiento de los sistemas de climatización y unas condiciones ambientales adecuadas en todos los puestos de trabajo, independientemente de la época del año en que nos encontremos.

Mientras persista la situación, el sindicato pide que se adopten medidas preventivas urgentes para reducir la exposición al calor, especialmente en los momentos de mayor temperatura, y que se informe a la representación legal de las personas trabajadoras sobre las actuaciones previstas.

El sindicato permanecerá vigilante y no descarta emprender nuevas actuaciones sindicales y administrativas si la Administración no adopta con carácter inmediato las medidas necesarias.

Los sindicatos CCOO Industria y UGT FICA han suscrito un preacuerdo con la patronal del sector vinícola de Ciudad Real de cara al próximo convenio colectivo en la provincial.

El preacuerdo incluye una subida salarial del 3,5% en 2026, y del 3% en 2027 con cláusula de revisión salarial de hasta un 1% adicional cada uno de los años de vigencia, según han informado las organizaciones sindicales.

Los salarios podrán llegar al 4,5% y al 4% con efecto retroactivo desde el 1 de enero, para los 6.000 trabajadores del sector en la provincia.

Reducción de la jornada laboral

Además incluye una reducción de la jornada laboral en 8 horas quedando fijada la máxima anual en 1.792 horas por lo que las personas trabajadoras tendrán un día más de descanso.

En el preacuerdo se establece el mantenimiento de la antigüedad y los complementos de IT en las mismas condiciones uno de los puntos de fricción entre los sindicatos y la patronal.

Además incluye ultraactividad de forma que el convenio estará vigente mientras no haya otro que lo sustituya. Una vez se firme y se publique el texto definitivo del convenio los atrasos irán desde los 400 euros para la categoría más baja en adelante.

El secretario general de CCOO Industria Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, ha indicado que “todas estas mejoras, sin ningún recorte, se han conseguido gracias a la movilización de los trabajadores y trabajadoras del sector que avanzan en derechos y mejoran sus condiciones laborales”.

El responsable sindical ha apuntado a la importancia de las subidas salariales y la reducción de la jornada Recuerda que la lucha que comenzó el sector del metal “no solo ha servido para el convenio del metal sino que está sirviendo de referencia para todos los convenios de la provincia de Ciudad Real ya que, de forma mayoritaria, se están firmando con cláusulas de revisión salarial y subidas por encima del IPC”.

Por parte de UGT FICA Ciudad Real, Alfredo Nieto ha destacado que, hasta llegar al acuerdo que hace posible este convenio, la negociación ha sido “dura y difícil” con momentos en los que “hemos tenido que recurrir a la movilización”.

Al final, ha apuntado, “nos podemos sentir satisfechos con las mejoras alcanzadas, sobre todo con la subida salarial y la cláusula de revisión que hemos podido introducir en el texto; la reducción de la jornada; y, algo muy importante, la ultraactividad, de tal manera que este convenio permanecerá vigente mientras no haya otro que lo sustituya”. La Federación de Industria Construcción y Agro de UGT resaltaba que se trata de un sector estratégico en Ciudad Real, provincia a la cabeza tanto en producción como en exportación, de ahí “nuestro empeño en seguir avanzando en derechos y en mejores condiciones laborales”.

Alfredo Nieto ha señalado que aún quedan reivindicaciones pendientes “sobre las que seguiremos trabajando en las próximas negociaciones”.

La precariedad del sector de los técnicos y montadores de los eventos culturales vascos les llevará a una huelga en Vitoria entre las 6.00 horas del 5 de agosto y las 6.00 horas del 6 de agosto si no media una reacción de última hora de la patronal que no se ha producido en meses. El momento elegido condiciona buena parte del día grande de las fiestas de La Blanca, con decenas de actos programados, y a la noche de conciertos, incluido el de Leire Martínez, uno de los platos fuertes del programa en la plaza de los Fueros.

De momento, en vista de la convocatoria, las txosnas ya han confirmado la suspensión de actividades por las protestas. Pero también están llamados a parar los trabajadores de los actos de la plaza de la Provincia o de la plaza del Matxete, otros dos puntos neurálgicos de La Blanca. “Fiestas que cuentan con un presupuesto millonario y, a pesar de ello, van a estar ligadas a la explotación y a la precariedad laboral”, sostienen los convocantes, que miran a la patronal Euki, pero también a las instituciones públicas promotoras de los eventos y que “adjudican los contratos sin importarles las condiciones de los trabajadores”.

Los convocantes son el colectivo Teknikariok y los sindicatos ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT. Ya hicieron movilizaciones en primavera —aseguran que lograron un seguimiento cercano al 80% en un colectivo de unas 300 personas—, pero ahora buscan el altavoz de las fiestas de las capitales, ya que igualmente anuncian movimientos similares en Donostia y en Bilbao. Las respectivas 'semanas grandes' arrancan el 8 y el 22 de agosto, respectivamente.

“La paralización será muy amplia [...]. Y tenemos el apoyo del público y de la cultura”, vaticinan los convocantes, que han celebrado una rueda de prensa cerca de la Virgen Blanca de Vitoria, donde se iniciarán las fiestas este martes a las 18.00 horas. Marta Castro Dehesa, de Teknikariok, ha apelado a la “empatía” de la ciudadanía y “de los que se suben al escenario” porque “sin el que conecta el audio nada sería posible”.

El Ayuntamiento, ante el temor a que se le caiga parte de la programación, ha sugerido que serían necesarios “servicios mínimos”. Los convocantes han acogido con extrañeza la petición. “Ya nos gustaría que la cultura” fuera considerada un servicio básico, han ironizado. Insisten en que ese deseo “no se aplica de ninguna manera” y ven una “intención política” de “aparentar que están intentando hacer algo”.

Los convocantes recalcan que “no era la intención” llegar a la huelga, pero “después de más de dos años y medio la negociación sigue bloqueada” y ni siquiera las protestas de primavera han espoleado a Euki. Dicen que el suyo es un sector “completamente desregularizado” que, además, tiene que cohabitar con “paracaidistas”, es decir, empresas que vienen de fuera a festivales y cuyas condiciones son diferentes. No tienen calendarios ni pluses de nocturnidad o festivos y la Inspección de Trabajo ha emitido ya varias resoluciones sobre el sector, han recalcado Teknikariok y los sindicatos promotores de la huelga.

Los sindicatos amenazan con movilizaciones en el sector vinícola ante el bloqueo de la mesa negociadora. Así lo han asegurado UGT y CCOO, presentes en la mesa negociadora del convenio de Industrias Vinícolas y Alcoholeras de La Rioja porque “tras meses de negociación, la patronal sigue rechazando las mejoras salariales y laborales e incluso plantea más flexibilidad y nuevos recortes”.

Y además de las movilizaciones, los sindicatos han trasladado a las plantillas la negativa a realizar horas extraordinarias de cara a la campaña de vendimias así como el desarrollo de un calendario de acciones reivindicativas que “en caso de no lograr avances finalizará en una huelga general en todo el sector a mediados de septiembre y principios de octubre”, en plena campaña de vendimia.

Esta es la respuesta de la patronal que aseguran no tiene voluntad negociadora porque “tras meses de reuniones sigue rechazando las principales reivindicaciones planteadas para mejorar las condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras”. Entre ellas, recuerdan desde UGT y CCOO, plantean “un incremento acorde a la inflación con el objetivo de no perder poder adquisitivo, una cláusula de revisión topada al uno por ciento, una reducción de jornada de ocho horas para 2027 aumentando un día de vacaciones y actualización de licencias y permisos”.

Propuestas ante las que las formaciones sindicales lamentan el “desinterés de la patronal que además de rechazarlas, se compromete a realizar nuevos encuentros que luego no convocan o suspenden”. Piden “unidad” y “participación” de las plantillas en las movilizaciones que se convocarán a partir de septiembre “para exigir un convenio colectivo que garantice salarios dignos, mantenimiento de las condiciones de trabajo y el reconocimiento del esfuerzo de quienes sostienen uno de los sectores más importantes de La Rioja”.

Por su parte, la parte empresarial ha tachado de “irresponsable” la amenaza de movilizaciones por parte de los sindicatos, especialmente en un momento tan delicado para el sector vitivinícola. “Nuestra voluntad es mantener abierto el diálogo y continuar la negociación en septiembre con el objetivo de alcanzar un acuerdo equilibrado”.

No obstante, en un comunicado recogido por la FER, consideran que las peticiones de los representantes sindicales “son irreales y conllevarían la destrucción de empleo, cuyo mantenimiento es prioritario para nuestro sector”. Por ello, han reclado “una muestra de responsabilidad”, ya que esta medida, según consideran, “únicamente puede agravar la situación y ocasionar un mayor perjuicio para las empresas, los trabajadores y el conjunto del sector”.

El camino hacia la regularización de la mayor contrata de Osakidetza, la de las ambulancias, se le puede complicar al Gobierno vasco. Los sindicatos LAB, ESK y ELA han formalizado ya recursos administrativos contra los pliegos de la licitación y fuentes de UGT y de LSB-USO indican que están estudiando hacer lo propio. Este periódico ha conocido también que un grupo de trabajadores se está organizando con los mismos fines. Igualmente, son posibles los recursos de empresas del sector y, de hecho, en la vecina Cantabria la asociación AE Trans Sanit ya logró una paralización cautelar del correspondiente concurso.

El plazo se termina este viernes. Después, la pelota quedará en el tejado del denominado OARC (Órgano Administrativo de Recursos Contractuales). Es un organismo dependiente del Ejecutivo vasco que tiene capacidad para paralizar la licitación si ve base en las alegaciones recibidas. El objetivo de Salud, según expuso el viceconsejero Aritz Uriarte, era que los nuevos contratos entrasen en vigor el 1 de enero de 2027.

Euskadi vive un período de excepcionalidad en este servicio sanitario básico desde noviembre de 2024, cuando Osakidetza rescindió antes de tiempo sus contratos con la catalana Grup La Pau, prestataria del servicio en Bizkaia y en Álava. Se realizaron adjudicaciones directas de emergencia para salvar la situación. Así, Ambulancias Gipuzkoa se mantuvo en ese territorio y pasó también a gestionar Álava, y en Bizkaia se creó 'ad hoc' la marca Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) con Baztan-Bidasoa.

Ahora, con la mirada puesta en 2027, se busca regularizar la situación con un doble concurso, por un lado para las ambulancias urgentes (las de color amarillo) y por otro para las programadas (las blancas y azules). El Gobierno vasco mencionó la cifra de 650 millones como presupuesto orientativo, pero es el cálculo sin IVA para los cuatro años estimados para el nuevo servicio, hasta 2030. Los sindicatos, en cambio, lo elevan a 1.359 millones si se tienen en cuenta todos los conceptos y los tres años de posible prórroga, hasta finales de 2033.

En una rueda de prensa en Vitoria este jueves, el sindicato ESK ha explicado el motivo de sus recursos. Consideran que la experiencia pasada con Grup La Pau —el Gobierno vasco acaba de personarse en el juzgado de Barcelona que gestiona su concurso de acreedores porque debe 13,6 millones de su etapa en Euskadi— hace más evidente la necesidad de no externalizar estos servicios públicos. “La gestión directa es mucho más eficiente”, ha dicho Patxi Nicolau. ESK denuncia también que las adjudicaciones temporales para tapar la salida de La Pau a Bizkanb y Ambulancias Gipuzkoa “se han prolongado mucho más de lo debido, casi dos años”, y ha lamentado que el modelo, en esencia, no ha sufrido grandes cambios porque las nuevas empresas “siguen acumulando denuncias y sanciones”.

En un comunicado, el sindicato LAB también ha criticado esta licitación y alude a que el PNV mantiene un “modelo neoliberal” gracias a “colaboración” del PSE-EE, su socio en el Gobierno vasco. “Convierten un derecho fundamental en un nicho de negocio y actuación empresarial”, entienden. “Estos contratos suman más de 1.000 millones de euros. Esa cantidad de recursos representa una oportunidad perdida de dimensiones históricas. Con esa inmensa cantidad de recursos públicos no sólo se podría prestar el servicio de ambulancias de forma directa, pública y eficiente, sino que aún quedarían recursos para implementar mejoras estructurales urgentes en el conjunto de la Sanidad pública vasca y reforzarla en beneficio de toda la sociedad”, añade LAB.

En el caso de ELA, ya presentó un primer recurso y el OARC ha comunicado el cierre de ese expediente porque el sindicato desistió. Ahora interpondrán otro porque, según indican, les faltaban algunas cuestiones que han querido incoporar. Las secciones sindicales de ELA en Ambulancias Gipuzkoa y Bizkanb entienden que la licitación “vulnera los derechos laborales” del personal. “No vamos a admitir más empresas piratas”, claman también desde la central, que recuerda que cada trabajador tiene una deuda media de 2.000 arrastrada desde los tiempos de Grup La Pau. “Lo tenemos claro: la publificación es la única solución”, estima ELA.

En UGT, que presentó en 2024 el recurso que supuso el primer hito en el largo proceso que acabó con la rescisión de La Pau unos meses después, explican que se hallan “estudiando” la posibilidad de ir al OARC. Lo mismo trasladan desde LSB-USO, donde ven en los pliegos algunos puntos contrarios a los derechos laborales de la plantilla e incluso a la prevención de riesgos. “Somos trabajadores 'low cost' de Osakidetza: más horas, menos precio y las mismas exigencias”, ironizan desde esta central.

Asimismo, este periódico ha accedido a un escrito de un grupo de trabajadores que también está considerando presentar un recurso. Este colectivo afirma que el consejero Alberto Martínez se comprometió a no ampliar el perímetro de externalizaciones en el marco de su pacto de sal y, al contrario, a ir publificando contratos en la medida de lo posible y entienden que en los pliegos, cuando se crean nuevos servicios y se presentan como mejoras, se está incumpliendo esta premisa.

Hay un total de 386 ambulancias de Osakidetza externalizadas, 76 amarillas y 310 para servicios programados. Sí son de gestión enteramente pública las denominadas UVI móvil. El Gobierno explicó que de cara al futuro contrato se han introducido importantes mejoras, sobre todo para evitar el pago de servicios retrasados. Asimismo, en un documento oficial enviado al Parlamento Vasco, el consejero Martínez indicó que los pliegos han incorporado propuestas de asociaciones de pacientes pero también de los sindicatos LAB y UGT.

La mayoría sindical en Osakidetza, conformada por los sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT —y apoyada por ESK desde fuera—, ha respondido este miércoles al acuerdo de mejora de condiciones laborales exclusivamente para el colectivo médico, aprobado ya definitivamente este martes, con el anuncio de una “dinámica de huelgas y movilizaciones” en otoño. El calendario, eso sí, no ha sido definido y se hará “después del verano”.

El consejero Alberto Martínez confirmó ya la entrada en vigor del pacto alcanzado con el SME y que tendrá una dotación total de 75 millones de euros. Para el resto de organizaciones con representación en Osakidetza, en cambio, “no da respuesta a las reivindicaciones del colectivo ni afronta los retos estructurales del sistema sanitario público vasco” y consolida un modelo de “autoconcertación”, es decir, de abono de horas extraordinarias para reducir listas de espera sin ampliar la plantilla estructural.

Asimismo, critican que Osakidetza ha operado “fuera de los cauces ordinarios de negociación colectiva, debilitando el papel de la mesa sectorial”, tras unas conversaciones bilaterales con el SME, “que no puede ser considerado como único interlocutor válido del colectivo médico”. “El futuro de Osakidetza no puede construirse mediante respuestas parciales ni acuerdos que afecten únicamente a una parte de la plantilla. Cualquier reforma del sistema sanitario debe abordarse de manera global, contando con la representación de todos los colectivos profesionales y garantizando la cohesión de los equipos asistenciales”, han dicho.

La plataforma de la unidad sindical incluye la exigencia de un convenio para toda Osakidetza —el anterior es de 2008—, políticas para “mejorar” el sistema sanitario público y “respeto” para las mayorías representativas. Satse y los cuatro sindicatos de clase, en una rueda de prensa en Bilbao, han querido recalcar también que sus reclamaciones “no se dirigen contra ningún colectivo” aunque el consejero Martínez haya buscado, a su juicio, “enfrentar” a los diferentes grupos.

UGT Servicios Públicos La Rioja denuncia que la drástica reducción de las contrataciones estivales por parte de Correos está provocando un grave deterioro del Servicio Postal Universal en La Rioja. UGT alerta de que las previsiones de contratación para este verano se han reducido en más de un 50 % respecto a 2025, una situación que está provocando retrasos de días e incluso semanas en el reparto de correspondencia, especialmente en pequeños municipios y zonas rurales.

UGT advierte de que “esta política de recortes obliga a muchos carteros a asumir dos o más secciones de reparto durante las vacaciones de verano”. “Una situación que, lejos de resolverse alternando las zonas de reparto, hace prácticamente imposible cumplir con los plazos de entrega, ya que la existencia de envíos urgentes, certificados o paquetes obliga a modificar constantemente las rutas previstas”, señalan.

Como consecuencia, tal y como subraya UGT, en algunos momentos del periodo estival pueden transcurrir más de siete días hasta que un vecino vuelve a recibir correspondencia ordinaria. Esta situación afecta directamente a la ciudadanía, que deja de recibir en plazo notificaciones oficiales, cartas tributarias, comunicaciones administrativas o citas médicas del Servicio Riojano de Salud, con los perjuicios que ello puede ocasionar“.

Además del perjuicio para los usuarios, UGT alerta de la creciente sobrecarga física y psicológica que soportan los trabajadores que permanecen en activo durante el verano. “La falta de sustituciones incrementa la presión sobre las plantillas, dificulta la prestación de un servicio de calidad y puede traducirse en un aumento de las bajas laborales por ansiedad, de los accidentes de trabajo y del deterioro del clima laboral”.

Ante esta situación, UGT exige a la dirección de Correos la contratación urgente de personal de refuerzo para lo que resta del periodo estival. El sindicato advierte de que “no permitirá que la empresa siga utilizando las vacaciones de la plantilla como excusa para desmantelar progresivamente el servicio postal público y no descarta la convocatoria de movilizaciones si Correos mantiene esta política de recortes que perjudica tanto a los trabajadores como al conjunto de la ciudadanía riojana”.

UGT Servicios Públicos La Rioja ha reclamado a la Dirección General de Función Pública del Gobierno de La Rioja que active de manera inmediata el procedimiento necesario para que el personal laboral de la Administración autonómica y de sus organismos públicos pueda acogerse a la jubilación parcial, una vez que el Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley que recupera este derecho.

De este modo, UGT solicita que se habiliten con urgencia los mecanismos administrativos necesarios para que todas las personas trabajadoras que cumplan los requisitos establecidos en la normativa puedan presentar y tramitar sus solicitudes sin demoras. Para UGT Servicios Públicos, la recuperación de la jubilación parcial supone un importante avance para el personal laboral de las administraciones públicas. Se trata de una medida que favorece el relevo generacional, facilita la transmisión del conocimiento y la experiencia entre trabajadores, mejora la planificación de las plantillas y contribuye a garantizar la continuidad y la calidad de los servicios públicos.

UGT recuerda que siempre ha defendido esta modalidad de jubilación como una herramienta beneficiosa tanto para las personas trabajadoras como para las propias administraciones. Por ello, además de exigir su inmediata aplicación para el personal laboral, UGT continuará reivindicando que este derecho se extienda también al personal funcionario y estatutario. UGT quiere felicitar a todas las trabajadoras y trabajadores laborales dependientes del Gobierno de La Rioja y de sus organismos públicos que podrán beneficiarse de la recuperación de este derecho, fruto del trabajo sindical desarrollado por UGT durante los últimos años para hacer posible esta reivindicación.

Asimismo, UGT pone en valor el trabajo realizado por la organización a nivel estatal para recuperar la jubilación parcial del personal laboral y la insistencia mantenida para que esta modalidad pueda implantarse también entre el personal funcionario y estatutario. UGT Servicios Públicos La Rioja continuará informando sobre la aplicación de esta medida y se pone a disposición de todas las personas trabajadoras para resolver cualquier duda relacionada con su tramitación.

Los sindicatos CCOO y UGT en Castilla-La Mancha y la Confederación de Empresarios en la región (Cecam) han trasladado un mensaje de apoyo a los afectados por los incendios en esta Comunidad autónoma y en el resto del país.

En un acto junto con la consejera de Igualdad, Sara Simón, para la firma de un convenio en apoyo al colectivo LGTBI, los representantes sindicales y de la patronal han tenido una especial mención a la situación que vive la región y el país respecto al fuego.

Desde UGT, Lola Alcónez ha deseado una “pronta” vuelta a sus casas de los desalojados y que sufran “las menores pérdidas posibles”. Ha recordado que tienen a su disposición cuatro días de permiso retribuido si tienen dificultad para acceder a sus puestos de trabajo y las empresas tienen otras herramientas como pueden ser los ERTE si se han visto muy afectadas por estos incendios.

Ha afirmado que “para combatir el impacto de los incendios forestales, lo mejor es que no se produzcan”, y para ello ha abogado por “reforzar la prevención mediante una adecuada gestión del monte, contando con los medios humanos, materiales y tecnológicos necesarios”.

“Una detección temprana, una respuesta rápida y una intervención eficaz. Invertir en prevención y en recursos evitará estos grandes incendios, protegerá a la población, preservará el patrimonio natural”, ha remarcado, haciendo alusión a los profesionales que combaten el fuego.

En este sentido, ha confiado en las medidas del Gobierno central para “restablecer la normalidad” en este tipo situaciones en la que las que los incendios “están suponiendo una catástrofe real”, favoreciendo que trabajadores y empresas las puedan implantar “cuanto antes y de una manera casi en automático”, sin “esperar a que se anuncien medidas específicas”

CCOO alenta a “dar agilidad” para preservar la seguridad

Por su lado, desde CCOO, su secretario general, Javier Ortega, ha mandado “un mensaje de apoyo y de solidaridad a todas las personas que han sido afectadas o que están siendo afectadas por esta dramática situación de los incendios”, asi como “un mensaje de ánimo a las personas que están trabajando duramente para evitar que estos incendios se produzcan y que cuanto antes finalicen”.

Respecto a las medidas de las administraciones para trabajadores en estos casos, ha confiado en que este martes el Consejo de Ministros tome alguna decisión al respecto, con el objetivo de dar “cierta agilidad, en circunstancias de estas características” para que se pudieran preservar “la seguridad y la salud de los trabajadores, asi como el funcionamiento habitual y normal de las empresas en situaciones de excepcionalidad”.

Por su lado, el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, ha expresado su solidaridad y apoyo a todas las personas que se están viendo afectadas “por los terribles incendios que están golpeando distintos puntos de nuestro país”, así como “a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencias, personal de extinción y protección civil o voluntarios”

Ha reseñado “su enorme profesionalidad, esfuerzo y compromiso con el único objetivo de proteger a las personas y seguir luchando sin descanso contra las llamas”. “Nuestro recuerdo y apoyo están hoy con las víctimas y con quienes luchan sobre el terreno para hacer frente a esta tragedia”, ha afirmado Nicolás.

Ahora que estamos en este verano que promete ser tórrido, ahora que vamos algo más despacio, vamos a contar mentiras. Concretamente, las mentiras que nos cuentan. Hoy dedicaremos la primera trampa al ojo, la primera ilusión con apariencia de verdad, a un tema muy de moda que vamos a seguir escuchando machaconamente, con o sin insultos, en los próximos tiempos, cual hit del verano y más allá. ¿Por qué mentir? ¿Por qué confundir el absentismo laboral con otras situaciones que no lo son, mezclarlo todo y poner el grito en el cielo?

Es inadmisible confundir el derecho a la salud con el absentismo injustificado. El incremento en la duración de las bajas no es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras, sino la consecuencia directa del deterioro (¿intencionado?) de la sanidad pública y la saturación de las listas de espera, especialmente en traumatología, lo que prolonga innecesariamente los procesos ante la inacción de administraciones y mutuas.

Lejos de ser un beneficio, la enfermedad acarrea una grave pérdida salarial que puede alcanzar los 2.600 euros en los sectores más precarios, forzando incluso reincorporaciones prematuras que dañan la salud. Resulta interesante observar cómo se ataca a la clase trabajadora mientras la patronal bloquea acuerdos de prevención de riesgos y se niega a gestionar eficazmente los problemas de salud mental y desconexión digital. Que una persona esté enferma nunca será absentismo laboral. A pesar de que lo importante no pasa por combatir el contenido de la mentira, eso nos lo enseñó Derrida, no viene de más repetir la verdad otra vez, otra vez más. El absentismo laboral es únicamente ausentarse del puesto de trabajo sin justificación ninguna. Por lo tanto, no es absentismo laboral y nunca lo será:

Digamos que hablo del valioso trabajo que realizan muchas compañeras y también compañeros de las residencias de mayores que apenas cuentan con 10 minutos para asear, vestir y dar de desayunar a nuestras personas mayores que merecen un tiempo de calidad, sin duda, más digno. ¿Cuánto peso carga cada una estas trabajadoras cada día?

Deberíamos medir y establecer cargas de peso máximas saludables. Recuerdo a aquella compañera que por evitar que una persona mayor se cayera al suelo, salió al quite, evitó su caída, pero se hizo daño. Cuando fue a la mutua y dijo que había sufrido un accidente laboral, le llamaron vieja. Bueno, no así, le dijeron que eso parecía que más que por lo que relataba que le acababa de pasar, pues que “tenía pinta de ser más bien propio de su edad” Y, en otras muchas ocasiones, se añaden frases maravillosas como “la verdad es que con tus años eso no va a mejorar, cada vez va a empeorar. Esto no es por el trabajo”. ¿No hay origen laboral? ¿Algunas condiciones de trabajo actuales no enferman?

Así, por ejemplo, el cáncer es una dolorosa realidad en España, pues es la principal causa de mortalidad laboral, como también en UE. En nuestro país es además una realidad oculta e infradeclarada. Frente a Alemania, donde el cáncer representa el 32% del total de enfermedades profesionales declaradas, en España estamos en valores entre 0,23% y el 0,35%, es decir, se declaran apenas 100 casos de los más de 8000 que se calculan tienen origen laboral.

Alemania tiene una larga trayectoria reconociendo los tumores vinculados a la exposición a agentes carcinógenos (como el amianto o la sílice) como enfermedades ocupacionales. Del amianto nos preocupamos mucho en Toledo, pues tenemos el mayor vertido al aire libre de toda Europa, así con todas las letras. Un problema de salud pública cuyos vertidos están situados a escasos metros de importantes centros de trabajo de la administración regional, habrá que investigar si puede entenderse como un problema de salud laboral enviar a tanta gente a trabajar tan cerca.

Retomando el hilo, esta infradeclaración de enfermedades profesionales en nuestro país supone muchas cosas, tiene consecuencias para las vidas de las personas y también interesan, y mucho, para los cálculos que concluyen que son realidades “que no podemos asumir”.

Me quitan las palabras de la boca, cada vez que una enfermedad profesional o un accidente laboral es derivado como contingencias comunes las personas trabajadoras y la ciudadanía perdemos dinero pues todo cae en la cuenta de la Seguridad Social, que pagamos entre todos.

La verdad es que estamos hartas de que llamen contingencias comunes a enfermedades y accidentes laborales. Y decimos hartas porque, al menos en la Junta de Castilla-La Mancha, enfermamos más las mujeres que hombres, y esto igual tiene que ver con los cuidados, tendríamos que analizarlo mejorando los informes de siniestralidad para que ofrezcan datos más concisos que permitan establecer las causas y programas preventivos eficaces.

La verdad es que estamos hartas de que llamen contingencias comunes a enfermedades y accidentes laborales. Y decimos hartas porque, al menos en la Junta de Castilla-La Mancha, enfermamos más las mujeres que hombres, y esto igual tiene que ver con los cuidados, tendríamos que analizarlo mejorando los informes de siniestralidad

Los fraudes, tanto de las presuntas personas trabajadoras (se calcula que suponen alrededor del 1% y no del 8% que repiten al sumar todo lo que no lo es) como de las presuntas mutuas que derivan algo de origen laboral como contingencias comunes, deben ser todos investigados denunciados y sancionados.

De la misma manera, las personas responsables de condiciones laborales que se demuestren que enferman o matan. ¿Por qué confundirlo todo? ¿Por qué sumar al absentismo laboral con lo que no es? ¿Por qué denominar a un encuentro regional “El absentismo x IT? ¿Por qué hay mutuas con beneficios de más de 7 millones de euros que no los invierten en poner en marcha programas de prevención y promoción de la salud laboral con perspectiva de género y edad?

Poco a poco, tiempo lento para pensar. Hoy, centrémonos en la finalidad de una mentira. ¿Qué se persigue con el hit machacón del verano, otoño, invierno y de cada primavera? Jacques Derrida, el filósofo francés, nos dio la pista que seguiremos hoy: “Lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad del que miente”.

¿Qué se busca? ¿Qué se persigue con la psicologización de la precariedad? ¿Estamos caminando hacia un modelo de servicios públicos low cost que permita su privatización? La realidad es que la privatización de los servicios públicos empeora la calidad de los mismos y precariza las condiciones laborales.

Esto significa que nos hacen un juego de trileros que consiste en individualizar, culpabilizar al individuo de las consecuencias colectivas que tienen origen en unas condiciones sociales y de trabajo que enferman, no a uno ni a dos ni a tres, sino a muchos.

¿Qué se busca? ¿Qué se persigue con la psicologización de la precariedad? ¿Estamos caminando hacia un modelo de servicios públicos 'low cost' que permita su privatización? La realidad es que la privatización de los servicios públicos empeora la calidad de los mismos y precariza las condiciones laborales

Ahora que caminamos a nivel global de la democracia hacia otra cosa que no parece mejor , ni de lejos, quizá sea hora de preguntarnos si no es la sociedad la que está dando gritos porque está muy enferma. Seguiremos ahondando en las finalidades que se persiguen y consiguen llenando los espacios de estas cargantes mentiras porque nuestra salud nos va en ello.

Por último, disculpen si notan acaso mi tono un tanto acalorado, todavía recuerdo el día en el que fui a medir las altas temperaturas durante este episodio extremo de calor en las escuelas infantiles y, sin duda, el calor extremo afecta perjudicialmente a la salud si no se toman las medidas adecuadas.

La sección sindical de la Federación UGT Servicios Públicos en el Gobierno de Cantabria ha denunciado la “falta de personal” de las oficinas comarcales agrarias dependientes de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación.

El sindicato, que viene reclamando la modificación de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para la especialización del personal que atiende a los ganaderos de la comunidad, ha advertido en un comunicado que, “lejos de solucionarse, se está produciendo un retroceso constante porque hay falta de personal hasta en lo esencial”.

En este sentido, UGT afirmado que “el personal técnico existente no llega a la mitad de las plazas teóricas, faltan agentes de apoyo y no hay jefes en la mitad de las oficinas”. En este sentido, ha resaltado que esta falta de personal afecta directamente a la atención al ciudadano, tanto la presencial como la telefónica o digital.

“Las oficinas comarcales informan, asesoran, facilitan las gestiones para el acceso a servicios y gestionan las ayudas de la PAC con dificultades complejas”, ha explicado UGT.

A juicio del sindicato, esta escasa plantilla de las oficinas comarcales muestra que la apuesta del Gobierno por el mantenimiento y apoyo al sector primario “se queda en buenas palabras y no en hechos”.

Para la sección sindical de UGT en el Gobierno de Cantabria, el mundo rural necesita una “revitalización de inversiones” que pasa por dotar a las oficinas comarcales agrarias del personal técnico necesario para acompañar a los cada vez menos ciudadanos que trabajan el campo y que contribuyen al mantenimiento de la tradición rural y a una gestión forestal “más necesaria que nunca con el cambio climático presente”.

El sindicato ha insistido en reivindicar para el personal de las oficinas comarcales agrarias cántabras “una estructura especializada acorde a los nuevos tiempos con demandas exigentes”. “O se refuerzan del personal técnico al que la ciudadanía tiene derecho o volverá a hacerse realidad la odiada frase en ventanilla de vuelva usted mañana, o al otro o al siguiente, a ver si encuentra aquí quién lo cuide, informe y asesore”, ha sentenciado.

El sindicato independiente de profesionales aeronáutico (SIPA) de Airbus, ATP, CGT, UGT y ÚTIL han convocado una “gran marcha” en Sevilla este jueves que contará con la representación conjunta de los tres centros de Airbus en Andalucía -Cádiz, San Pablo Sevilla y Tablada Sevilla-, tras no alcanzar un acuerdo con la empresa en el marco de la huelga iniciada el pasado 1 de julio.

La marcha en la capital andaluza, desde la Puerta de Jerez hasta el Ayuntamiento, forma parte del calendario de movilizaciones impulsado por la plantilla durante el conflicto abierto con la dirección de la empresa.

Antes del inicio de la manifestación, el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, ha explicado que el sindicato ha estado “desde el primer momento junto a los trabajadores y trabajadoras defendiendo sus reivindicaciones” y ha valorado positivamente los últimos avances registrados en la negociación.

Saucedo ha señalado que la empresa presentó ayer una nueva propuesta que supone una mejora respecto al convenio que UGT decidió no firmar y que, además, fue impugnado judicialmente por la organización sindical. “La propuesta presentada mejora las condiciones del convenio que no firmamos. Ahora corresponde a la plantilla decidir si ese avance es suficiente”, ha afirmado.

Ratificar o no el nuevo acuerdo

El responsable sindical ha recordado que el conflicto ha trascendido las plantas andaluzas y se ha extendido a distintos centros de Airbus en España, como Getafe y Albacete, evidenciando el amplio rechazo que generó el anterior acuerdo.

El sindicato respetará el resultado del referéndum convocado para este viernes. “Si la plantilla ratifica el acuerdo, nuestra organización lo respaldará. Si considera que no responde a sus expectativas, continuaremos con las movilizaciones hasta lograr un convenio que garantice unas condiciones laborales justas”, ha indicado Rodríguez Saucedo.

El origen del conflicto reside en el profundo malestar existente entre la plantilla de una empresa que obtiene beneficios multimillonarios mientras sus trabajadores consideran que ese esfuerzo no se traduce ni en una recuperación suficiente del poder adquisitivo ni en un reconocimiento acorde con su aportación.

Dos trabajadores del servicio de transporte sanitario tuvieron que ser trasladados ayer al Hospital de Guadalajara al presentar vómitos y mareos por la inhalación de los humos que desprendía el tubo de escape de su ambulancia.

Ambos técnicos del transporte sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) regresaban del polideportivo de Humanes en el que se encuentran personas evacuadas del incendio de La Mierla cuando los gases de su vehículo llegaron a entrar en el habitáculo de la cabina, sufriendo una exposición prolongada al humo. Ambos requirieron ser atendidos en el hospital para recibir oxígeno.

La “insostenible” situación del transporte sanitario, según UGT

UGT Servicios Públicos sostiene que lo ocurrido ayer es un ejemplo más de la “insostenible” y “peligrosa” situación en la que están las ambulancias del servicio de transporte sanitario de Castilla-La Mancha, situación “provocada de manera directa por la dejadez de las empresas concesionarias y amparada institucionalmente por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha”.

El secretario de Sanidad del sindicato en la región, Fernando Peiró, afirmaba que también es consecuencia directa del régimen excepcional aprobado por el Sescam que permite a las empresas seguir utilizando ambulancias de más de 10 años de antigüedad, esto es, ambulancias que han superado su vida útil y a las que se les debería retirar la correspondiente certificación técnico-sanitaria.

“Todo ello hace que los técnicos y pacientes vayan en ambulancias obsoletas, con kilometrajes desorbitados y/o directamente averiadas y con un mantenimiento reparador y no preventivo. Debemos recordar que, en el caso de las ambulancias del servicio programado y ambulancias no asistencial (TNA) -que son aquellas que sufren en su gran mayoría las averías debido al desgaste- los pacientes reciben tratamientos tales como quimioterapia, radioterapia y diálisis. No se debería permitir que sean trasladados en estas pésimas condiciones”.

Averías durante el servicio de atención por el incendio

UGT afirma que, durante el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, se ha dado el caso de ambulancias que, acudiendo a atender a personas por crisis de ansiedad o durante el traslado de personas mayores a los puntos de evacuación, han tenido que parar debido a las averías y ser sustituidas por otras.

Añade que la seguridad de los pacientes y de los técnicos en emergencias sanitarias se está poniendo en grave peligro y es que “no se puede garantizar una asistencia digna ni una respuesta segura en carretera cuando el personal se ve obligado a trabajar con vehículos que acumulan averías en cascada”.

Por último, UGT recuerda que las empresas siguen sin cumplir con su obligación de lavar la ropa de trabajo, lo que lleva a estos profesionales a usar su propia ropa personal en las ambulancias y a tener que lavar las prendas en sus domicilios.