Los Bomberos del CEIS Rioja están trabajando en la extinción de un fuego que se ha producido esta tarde en un pabellón junto a la residencia de La Concepción. Fuentes del Gobierno de La Rioja han confirmado que el incendio es aparatoso pero que no ha sido necesario el desalojo del centro de mayores.

Al parecer, el fuego se ha inciado al prenderse un palé en una nave que no estaba en funcionamiento, generándose un incendio que ha provocado mucho humo. No obstante, no se han producido daños personales.

El pasado 14 de marzo se cumplieron seis años desde que el Gobierno declarara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. También se cumplen seis años de unos protocolos sanitarios que fueron aplicados en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que priorizaban que ancianos con infección respiratoria fueran atendidos en las propias residencias y no en los hospitales. Esos 'protocolos de la vergüenza', según sostienen asociaciones como Marea de Residencias, provocaron la muerte de más de 7.000 personas en las residencias madrileñas entre marzo y abril de 2020. Y el asunto acabó siendo judicializado. ¿Pero en qué punto se encuentra la investigación de esos fallecimientos por parte de la justicia madrileña?

Entre 2020 y 2021 se llegaron a interponer alrededor de 350 querellas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid que iban dirigidas contra la presidenta Díaz Ayuso, contra el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y contra varios directores de residencias geriátricas. Los delitos que se les imputaban eran los de homicidio imprudente, prevaricación, denegación del deber socorro o trato degradante, al entender que fueron los responsables de impedir que esos mayores fueran tratados en centros médicos.

Esas primeras querellas, formuladas gracias al ánimo de abogados que actuaron por puro activismo social, según explican desde Marea de Residencias, corrieron diferente fortuna: algunas se agruparon, otras fueron archivadas y, en definitiva, quedan vivas a día de hoy unas 90 de ellas en diferentes juzgados. En las que fueron sobreseídas se optó por el recurso ante la Audiencia Provincial y, tras la confirmación de los diferentes archivos, se elevaron hasta 80 casos —siempre cifras aproximadas— por medio de recursos de amparo al Tribunal Constitucional.

Y ahí, por el momento, se congela el proceso para esos casos. ¿Por qué? Según fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por elDiario.es, los recursos se estudian de manera agrupada y, dado que aún hay causas que no han sido archivadas, se debe actuar con la debida cautela. Entienden que una inadmisión de esos recursos de amparo podría suponer “una injerencia en la jurisdicción penal” porque tanto los hechos denunciados como las personalidades contra las que se va son los mismos en todas esas causas.

Advierten, sin embargo, de que pese a que de momento no se prevé cercano un pronunciamiento del Constitucional, sí se está discutiendo al respecto en las distintas secciones del tribunal de garantías constitucionales. Y reiteran que, si el Constitucional inadmitiera ahora un solo recurso, podría entenderse que invita a archivar las causas vivas y esto podría interferir en los procedimientos penales abiertos.

La vía del 511 del Código Penal

A esta primera vía siguió en 2024 una segunda en la que los familiares de las víctimas decidieron acudir con sus denuncias ante la Fiscalía para que fuera desde el Ministerio Público desde donde se impulsara una judicialización de la investigación. En total se presentaron 109 denuncias que atacaban el asunto desde el prisma del delito contemplado en el artículo 511 del Código Penal. Ese tipo contempla penas de hasta dos años de cárcel para el cargo público o funcionario que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho y que lo haga por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, o por razones de aporofobia, e exclusión social, de la enfermedad que padezca o de su discapacidad.

Según explican desde Marea de Residencias, si bien en un inicio la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, tardó un mes en derivar a los 'buzones fiscales' correspondientes esas denuncias, poniendo en riesgo que las mismas fueran judicializadas antes de que prescribiera el delito, finalmente llegaron a interponerse en diferentes juzgados entre 80 y 90 querellas (una vez más, una cifra no exacta y que choca con la que manejan otras fuentes jurídicas consultadas). Esto posibilitó, además, que causas ya archivadas —de la primera vía ya citada— fueran reabiertas de nuevo gracias a ese impulso fiscal y por ese nuevo delito.

Por medio de este cauce, los interesados sí que han podido ver desfilar a investigados ante diferentes sedes judiciales: es el caso de Carlos Mur, quien fuera director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y firmante de esos 'protocolos de la vergüenza'; de Francisco Javier Martínez Peromingo, otro ex alto cargo que también se implicó en la elaboración de esos protocolos; y Pablo Busca Ostolaza, que dirigía las ambulancias del Summa 112 en lo más crudo de la pandemia.

La cuestión de competencia

En paralelo, se abrió otro 'melón' entre los diferentes juzgados con el asunto de la competencia. Gran parte de los familiares de las víctimas consideran que deben agruparse todas las querellas en el juzgado que primero decidió abrir causa, esto es, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, del que es titular la magistrada María Isabel Durántez. De hecho, varios resolvieron por auto inhibirse en favor de ese juzgado de Plaza de Castilla.

Pero Durántez no estaba de acuerdo con que su juzgado tuviera esa fuerza atractiva de las otras causas y acordó mediante auto que suspendía las declaraciones programadas y que delimitaba el objeto de su investigación a los hechos de la querella que había admitido. El asunto fue elevado por medio de una cuestión de competencia ante la Audiencia Provincial, que en diciembre de 2025 resolvió que Durántez tenía razón y que era necesario analizar cada uno de los supuestos de forma separada atendiendo así “a las circunstancias personales de cada víctima y a las de cada una de las residencias donde se encontraban ingresadas al tiempo de producirse su fallecimiento como consecuencia del Covid-19”. Y esto a pesar de que eran conscientes de que los ex altos cargos emprenderían un peregrinaje declarativo que les llevaría a múltiples juzgados para declarar en calidad de investigados.

A esa cuestión de competencia se sumó un recurso ante la Audiencia Provincial impulsado desde las acusaciones para que la Sección Primera entre a decidir si la resolución de Durántez debe ser revocada o confirmada. Será el próximo 16 de abril cuando los magistrados se citen para deliberar al respecto, y de ahí puede surgir una gran causa que aglutine todos los casos o puede confirmar la vía que se ha seguido hasta ahora y es que cada juzgado haga la guerra por su cuenta en un asunto que, en lo fundamental, es común a todos.

Esta 'espera', la enésima para las familias de las víctimas, se ha salpicado con diferentes decisiones, como la de un juez de Getafe que ha ampliado la imputación tanto para Mur como para Peromingo sumándoles un nuevo delito, el de prevaricación. Tomó esta decisión después de admitir parcialmente una ampliación de denuncia del PSOE, que ejerce en varios juzgados la acusación popular, y la acotaba a la investigación de “la orden que se hubiera transmitido al Hospital de Getafe y a la Residencia Geriátrica Los Ángeles”.

Esta semana estaba citado a declarar como investigado Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno regional durante la pandemia, aunque se ha suspendido al no haber sido notificado a las partes un informe de la Fiscalía. A su salida, apuntó en declaraciones a los medios contra Fernando Simón y el Gobierno central: “Yo sigo diciendo que Madrid tuvo una explosión de una enfermedad pandémica, y que el responsable era el Ministerio de Sanidad”. Los familiares le han reprochado que cargase la culpa de lo sucedido en Madrid sobre Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Con todo, fuentes del entorno de las familias afectadas lamentan que hasta la fecha han visto poco interés por parte de la Justicia en llegar al fondo del asunto, aunque consideran que, si permanecen firmes en su reivindicación, al final los jueces no tendrán más remedio que entrar a valorar los diferentes casos y confían que se llegue a escalar a responsabilidades políticas. No obstante, advierten de que, después de lo que pasó en las residencias, si no se realiza una investigación judicial profunda, sería un reflejo de la sociedad muy lamentable.

Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno regional durante la pandemia, ha dado en los pasillos de los juzgados de Collado Villalba sus condolencias a un familiar de una persona fallecida en una residencia de mayores durante la pandemia, manifestándole que “si tenían que buscar un culpable” era “el doctor Fernando Simón”, director entonces del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

El ex alto cargo estaba citado esta mañana a declarar como investigado en una de las causas que se instruyen los protocolos de derivación hospitalaria en residencias durante la primera ola de la pandemia. Sin embargo, la comparecencia se ha suspendido al no haber sido notificado a las partes un informe de la Fiscalía.

José Manuel Parceiros, hijo de una de las víctimas que falleció el 20 de marzo de 2020 tras no ser trasladado a un hospital, ha comentado a los medios el pequeño encuentro que ha tenido con Burgueño en los pasillos, afirmando que su padre murió por “los protocolos de la vergüenza” y no por lo que dijera Simón meses antes al afirmar que solo habría un caso de Covid.

Según El País, Burgueño ha salido del juzgado mientras Parceiros estaba hablando con la prensa y otra de las familiares que se manifestaba en el exterior le ha increpado: “¿Cómo ha podido decir lo del doctor Simón? No hay vergüenza (...) Mi padre murió por los protocolos de la vergüenza. No porque el doctor Simón dijera tres meses antes que sólo había un caso de COVID”. Él le ha pedido disculpas por el fallecimiento de su padre en una residencia.

Después ha atendido a los medios de comunicación. “He mencionado arriba al doctor Simón como responsable de la pandemia”, ha dicho, según el relato de El País. “Pues ya está dicho. Y yo sigo diciendo que Madrid tuvo una explosión de una enfermedad pandémica, y que el responsable era el Ministerio de Sanidad. Que yo sepa, la Comunidad de Madrid no estaba en la organización de la pandemia. Es decir, la lucha estaba organizada desde el Ministerio de Sanidad”.

El procedimiento investiga los protocolos de derivación hospitalaria aplicados en residencias durante los primeros meses de la pandemia, una cuestión clave para esclarecer si se produjo discriminación en el acceso a la atención sanitaria de personas mayores. En este contexto, Burgueño ha defendido en declaraciones a los periodistas que las residencias no se medicalizaron por falta de médicos, aunque también ha reconocido que elaboró un plan de choque a petición del Gobierno regional.

En el mismo procedimiento, también está previsto que declaren el exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y su sucesor en el cargo Francisco Javier Martínez Peromingo. Ambos han declarado ya en otras causas, también como imputados.

El procedimiento de Collado Villalba no forma parte de las causas abiertas a raíz de la denuncia colectiva coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia.

Por otro lado, mañana declarará en otra de las causas María Teresa Vidán, una doctora que fue señalada por Carlos Mur como la persona que redactó el texto del Protocolo de no derivación hospitalaria que él luego firmó. En este caso sí se trata de una causa abierta a raíz de la denuncia colectiva.

La dana del 29 d’octubre de 2024 va tindre a la localitat de Catarroja, a la comarca valenciana de l’Horta Sud, un dels municipis més afectats. L’aigua, a més d’emportar-se la vida de 230 persones a la província de València, va causar nombrosos danys materials que van afectar tota mena d’infraestructures i serveis.

Una d’aquestes infraestructures que es va veure afectada per les inundacions és la residència de la tercera edat Francisco Ramón Pastor de Catarroja, un servei gestionat per un organisme autònom municipal que atenia 37 persones majors i que tenia una plantilla de 23 empleats -dos d'ells en excedència-.

La greu afectació de l’immoble, en risc de col·lapse pels greus danys patits, va provocar el trasllat dels usuaris a dues residències públiques de la Generalitat a la província de Castelló al novembre de 2024. Un dictamen posterior va concloure que el centre no pot tornar a obrir-se com a residència i que, per a reutilitzar-la, caldria una inversió de més d’1,4 milions d’euros, “sempre que no apareguen patologies greus inesperades”. No obstant això, aquesta actuació no implicaria la reobertura del centre, ja que hi ha una “inviabilitat funcional i normativa” per a continuar prestant aquest servei, segons els informes tècnics.

Amb el tancament de la residència, el personal —que estava inclòs en el Contracte-Programa subscrit entre la Conselleria de Serveis Socials i l’Ajuntament de Catarroja, de manera que les seues retribucions es comprometia a abonar-les la Generalitat Valenciana— va ser assumit pel consistori de manera “excepcional i transitòria” dins del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) com a reforç d’atenció primària bàsica. No obstant això, els auxiliars de cuina i infermeria i el personal de neteja “no compleixen els requisits de qualificació professional i funcions específiques” per a incorporar-se de manera permanent a aquest servei.

La Conselleria ha deixat de fer-se càrrec del pagament de les nòmines dels 21 empleats de la residència: equip tècnic (ATS, metge, Tasoc i fisioterapeuta), auxiliars d’infermeria i personal de neteja, bugaderia i cuina. Això suposa més de 225.000 euros corresponents a les dos últimes mensualitats de 2024 i a tot l'exercici del 2025, una quantitat que ascendiria a prop de 900.000 euros en el que resta del contracte-programa 2024-2028. Per això, l'equip de Govern va proposar en el ple del dijous l'aplicació d'un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectava a tots els treballadors i suposava una indemnització superior als 271.000 euros. No obstant això, a petició dels grups de l'oposició, s'ha acordat atorgar un període d'un mes per a intentar trobar una solució a esta situació a la que fins ara no s'ha arribat -l'ajuntament ha fet una provisió de fons en el pressupost d'enguany de vora 730.000 euros per fer front a aquestes partides relacionades amb la liquidació de la residència-.

Intentar “guanyar temps” i “buscar alternatives”

L’Ajuntament de Catarroja defensa que la situació del centre de majors “no naix d’una decisió política municipal, sinó d’una cadena de fets provocats per la dana i agreujats després per la falta d’una resposta suficient per part de la conselleria competent”. Així doncs, davant una situació sobrevinguda, sostenen que ni es va acomiadar el personal de manera immediata ni es van desentendre del problema: “Al contrari, es va intentar guanyar temps, es van buscar alternatives, es va assumir amb pressupost municipal el pagament de les nòmines i es va promoure una adscripció provisional del personal a l’Ajuntament per a evitar que els treballadors quedaren desemparats i forçar una resposta del departament de Serveis Socials”.

No obstant això, lamenten que la Generalitat no assumira el personal, com sí que va fer amb els residents, obligant a més a retornar, “amb interessos”, el finançament vinculat a la residència. “No va oferir una solució estructural per als treballadors, ni va acceptar traslladar aquest finançament a altres serveis municipals, ni va garantir la continuïtat futura del servei residencial”. Així mateix, insisteixen que es va sostindre el personal amb recursos propis mentre la Generalitat Valenciana “retirava el finançament” per a “evitar deixar abandonats els treballadors”.

Així doncs, fonts municipals insisteixen que la Conselleria de Serveis Socials “no va garantir la reobertura de la residència ni va oferir una solució per al seu personal”. “A més, deixa la porta oberta perquè, en cas de reobertura o modificació de la tipologia del centre, el consistori sol·licite una nova assignació pressupostària; però això no resol el problema actual: hui no hi ha servei, ni finançament, ni una solució per a la plantilla”, incideixen, alhora que lamenten que la Generalitat no subrogara el personal en altres centres ni articulara una alternativa laboral per a una plantilla que depenia d’un servei la competència material del qual és autonòmica.

L’Ajuntament sosté que, “després de mesos de gestions, informes, pagament de nòmines amb fons municipals i cerca d’alternatives”, la residència no ha reobert ni està garantida la seua continuïtat; el finançament s’ha “retirat o reduït”, l’adscripció del personal “no pot mantindre’s indefinidament” i tampoc hi ha una solució per a la plantilla des de l’Administració autonòmica. Per això, asseguren que es veuen obligats a l’extinció dels contractes vinculats a un servei “que ha desaparegut de fet i de dret”: “Es tracta de la conseqüència final d’una cadena de decisions i omissions en què la Conselleria ha reconegut al tancament del centre, ha reduït el seu finançament i no ha oferit una eixida suficient per al personal ni per al sosteniment del servei”.

Consultats per elDiario.es, des del departament que dirigix Elena Albalat argumenten que es tractava d'un centre de titularitat municipal i que el finançament, en estar subjecte a un Contracte-Programa, si el servei es deixa de prestar la Generalitat no pot continuar sostenint-lo, i si no se justifica eixa despesa, es reclama l'import aportat.

La dana del 29 de octubre de 2024 tuvo en la localidad de Catarroja, en la comarca valenciana de l'Horta Sud, uno de los municipios más afectados. El agua, además de llevarse la vida de 230 personas en la provincia de Valencia, causó numerosos daños materiales que afectaron a todo tipo de infraestructuras y servicios.

Una de estas infraestructuras que se vio afectada por las inundaciones fue la residencia de la tercera edad Francisco Ramón Pastor de Catarroja, un servicio gestionado por un organismo autónomo municipal que atendía a 37 personas mayores y que contaba con una plantilla de 23 empleados -dos de ellos en excedencia-.

La grave afección del inmueble, en riesgo de colapso por los serios daños sufridos, provocó el traslado de los usuarios a dos residencias públicas de la Generalitat en la provincia de Castellón en noviembre de 2024. Un dictamen posterior concluyó que el centro no puede volver a abrirse como residencia y que, para su reutilización, sería necesaria una inversión de más de 1,4 millones de euros, “siempre que no aparezcan patologías graves inesperadas”. Sin embargo, tal actuación no implicaría la reapertura del centro, ya que existe una “inviabilidad funcional y normativa” para seguir prestando ese servicio, según los informes técnicos.

Con el cierre de la residencia, el personal —que estaba incluido en el Contrato-Programa suscrito entre la Conselleria de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Catarroja, de forma que sus retribuciones se comprometía a abonarlas la Generalitat Valenciana— fue asumido por el Consistorio de forma “excepcional y transitoria” dentro del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) como refuerzo de atención primaria básica. No obstante, los auxiliares de cocina y enfermería y el personal de limpieza “no cumplen los requisitos de cualificación profesional y funciones específicas” para incorporarse de forma permanente a ese servicio.

La Conselleria ha dejado de hacerse cargo del pago de las nóminas de los 21 empleados de la residencia al considerar que no está vigente el contrato-programa: equipo técnico (ATS, médico, TASOC y fisioterapeuta), auxiliares de enfermería y personal de limpieza, lavandería y cocina. Esto supone más de 225.000 euros correspondientes a las dos últimas mensualidades de 2024 y a todo el ejercicio de 2025, una cantidad que ascendería a cerca de 900.000 euros en lo que resta de contrato programa (2024-2028). Por ello, el equipo de Gobierno propuso en el pleno del jueves la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a todos los trabajadores y suponía una indemnización superior a los 271.000 euros. Sin embargo, a petición de los grupos de la oposición, se ha acordado otorgar un período de un mes para intentar encontrar una solución a esta situación a la que hasta la fecha no se ha llegado -el Ayuntamiento ha hecho una provisión de fondos en el presupuesto de este año de cerca de 730.000 euros para hacer frente a estas partidas relacionadas con la liquidación de la residencia-.

Intentar “ganar tiempo” y “buscar alternativas”

El Ayuntamiento de Catarroja defiende que la situación del centro de mayores “no nace de una decisión política municipal, sino de una cadena de hechos provocados por la dana y agravados después por la falta de una respuesta suficiente por parte de la Conselleria competente”. Así, ante una situación sobrevenida, sostienen que ni se despidió al personal de forma inmediata ni se desentendieron del problema: “Al contrario, se intentó ganar tiempo, se buscaron alternativas, se asumió con presupuesto municipal el pago de las nóminas y se promovió una adscripción provisional del personal al Ayuntamiento para evitar que los trabajadores quedaran desamparados y forzar una respuesta del departamento de Servicios Sociales”.

Sin embargo, lamentan que la Generalitat no asumiera al personal, como sí hizo con los residentes, obligando además a devolver, “con intereses”, la financiación vinculada a la residencia. “No ofreció una solución estructural para los trabajadores, ni aceptó trasladar esa financiación a otros servicios municipales, ni garantizó la continuidad futura del servicio residencial”. Asimismo, insisten en que se sostuvo al personal con recursos propios mientras la Generalitat Valenciana “retiraba la financiación” para “evitar dejar abandonados a los trabajadores”.

Así, fuentes municipales insisten en el hecho de que la Conselleria de Servicios Sociales “no garantizó la reapertura de la residencia ni ofreció una solución para su personal”. “Además, deja la puerta abierta a que, en caso de reapertura o modificación de la tipología del centro, el Consistorio solicite una nueva asignación presupuestaria; pero eso no resuelve el problema actual: hoy no hay servicio, ni financiación, ni una solución para la plantilla”, inciden, al tiempo que lamentan que la Generalitat no subrogara al personal en otros centros ni articulara una alternativa laboral para una plantilla que dependía de un servicio cuya competencia material es autonómica.

El Ayuntamiento sostiene que, “después de meses de gestiones, informes, pago de nóminas con fondos municipales y búsqueda de alternativas”, la residencia no ha reabierto ni está garantizada su continuidad; la financiación ha sido “retirada o reducida”, la adscripción del personal “no puede mantenerse indefinidamente” y tampoco existe una solución para la plantilla desde la Administración autonómica. Por ello, aseguran que se ven obligados a la extinción de los contratos vinculados a un servicio “que ha desaparecido de hecho y de derecho”: “Se trata de la consecuencia final de una cadena de decisiones y omisiones en la que la Conselleria ha reconocido el cierre del centro, ha reducido su financiación y no ha ofrecido una salida suficiente para el personal ni para el sostenimiento del servicio”.

Consultados por elDiario.es, desde el departamento que dirige Elena Albalat argumentan que se trataba de un centro de titularidad municipal y que la financiación, al estar sujeta a un contrato-programa, si el servicio se deja de prestar la Generalitat no puede seguir sosteniéndolo y, si no se justifica ese gasto, se reclama el importe aportado.

La Plataforma 'Hospitalito Ya' ha cambiado su nombre por el de 'Residencia Ya' para pedir al Ayuntamiento de Toledo que inste a la Diputación toledana a elaborar un convenio de cesión del edificio del hospital de San Juan de Dios, propiedad de la institución provincial, para que la Junta realice las obras de adecuación oportunas con el fin de que esta infraestructura del Casco Histórico de Toledo se convierta en una residencia para mayores de gestión pública, incluyendo entre sus servicios el de centro de día.

Así reza el manifiesto difundido este jueves por la plataforma, que busca responder al anuncio hecho por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, hace unas semanas “para dar uso al edificio de San Juan de Dios con un modelo de covivienda para mayores, con el anglicismo publicitario de 'cohousing senior'”.

En dicho anuncio, el regidor toledano confirmó que el edificio de San Juan de Dios, ubicado en el Casco Histórico de Toledo, ya no iba a ser un hotel y ahora proyectaba darle uso asistencial, con centro de día y residencia para mayores.

Según la plataforma, lo que ahora propone el alcalde no es el modelo público “amable” de convivencia para mayores donde los residentes pueden tomar decisiones y autogestionar sus prioridades, “sino el modelo de negocio residencial donde una empresa privada busca el máximo rendimiento económico posible teniendo a los mayores como clientes cautivos”.

“No tranquilizan los bandazos del alcalde”

“No es un servicio público, sino un negocio privado donde el ánimo de lucro lo es todo”, afirma la plataforma, que agrega que este “modelo privatizador” de propiedades y de servicios públicos “hace que la empresa que se encargue de la rehabilitación del edificio público por un coste bajo durante decenas y decenas de años, gestione un negocio residencial para mayores en el gran inmueble público de San Juan de Dios, Bien de Interés Cultural”.

El comunicado añade que tanto el alcalde como la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, estuvieron de acuerdo en que este bien público tuviese un uso también público. “Por eso fue sorprendente cómo, poco después, tanto Ayuntamiento como Diputación apoyaron con entusiasmo el proyecto de construcción de un hotel de lujo para turistas en el edificio de San Juan de Dios”.

“Ahora estas instituciones vuelven a mutar y presentan otro proyecto en el edificio donde se combina un negocio hostelero junto con un negocio casi hotelero de alquiler de micro viviendas-estudio con espacios comunes para mayores”, subraya la plataforma, para agregar que desde el punto de vista de las necesidades residenciales y asistenciales del vecindario “no es dato tranquilizador que el alcalde de Toledo siga dando bandazos sobre el uso más adecuado” para este inmueble.

Es por ello por lo que insta a las administraciones competentes a paliar la pérdida de servicios residenciales públicos para mayores en la ciudad y a asumir sus responsabilidades proponiendo espacios que tengan disponibles para garantizar los derechos de los mayores en la ciudad donde residen.

Una residencia pública “es más que necesaria”

“Una residencia pública para mayores es una infraestructura notable para la ciudadanía, porque permite una permanencia económicamente viable del vecindario residente de mayor edad, afianzando un modelo de mantenimiento sostenible de servicios públicos que hace que los barrios sean habitables y habitados”, subraya.

Según 'Residencia Ya', la continua apertura de negocios privados de alojamientos para mayores “demuestra que una residencia pública para mayores es más que necesaria porque los mayores demandan tener como alternativa principal los servicios públicos de residencias y no ser teledirigidos a ser clientes forzosos de costosos negocios de alojamientos privados”.

A preguntas de los medios, desde la plataforma han indicado que este mismo escrito se presentó ya al pleno del Ayuntamiento de Toledo y ha sido aprobado por unanimidad. “No pedimos ni más ni menos que lo que el Ayuntamiento, en pleno y además por unanimidad, acordó en su día cumplir”.

Del mismo modo, sobre futuras acciones a llevar a cabo, han señalado que tienen que reunirse con el fin de “ir diseñando los siguientes pasos”. “Pero que sepan ya las administraciones públicas que no nos vamos a quedar parados porque es una infraestructura muy necesaria y en este barrio más porque está empezando a alcanzar cierta edad”.

La situación en el CRAPD I de Vigo (siglas de Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes), donde en 2025 la Inspección de Trabajo advirtió de un riesgo “mortal” para la plantilla sigue empeorando. El sindicato CSIF ha presentado un“ escrito formal” ante la Consellería de Política Social en el que exige “actuaciones inmediatas para proteger a las trabajadoras”, ya que consideran que existe un peligro “grave e inminente” para su salud y su seguridad.

En un comunicado, la central afirma que la Xunta “no ha dado una respuesta proporcional a la gravedad del problema”. Insiste en que no se trata de hechos “aislados” ni “puntuales”, sino que responden a un modelo “que lleva años generando conflictos”. El CRAPD I, que fue concebido inicialmente como una residencia para personas mayores, lleva años atendiendo “perfiles cada vez más complejos sin el refuerzo necesario de personal, formación ni medidas de seguridad”.

En el documento, registrado por la representante de CSIF en el Comité de Empresa de Política Social, Montse Arribas, se describe “un clima de miedo, ansiedad e inseguridad laboral”, causado, en este caso, por “episodios continuados de amenazas e intimidaciones, especialmente durante el turno de noche, protagonizados por un nuevo usuario del centro con alteraciones de conducta”.

El sindicato denuncia que esta situación “no sólo supone un riesgo psicosocial muy grave, sino también un peligro real de agresión física, agravado por el hecho de que el residente permanece en estado de vigilia durante la noche con comportamientos intimidatorios reiterados”. Critica que la única respuesta de la dirección haya sido “ordenar que el trabajo nocturno se realice en pareja”. Para CSIF, la medida, “claramente insuficiente”, obliga a dejar otras zonas sin atención, lo que incrementa “tanto el riesgo laboral como el asistencial”.

Ante esta situación, el CSIF ha solicitado formalmente a la consellería la adopción “urgente” de medidas de protección, la evaluación inmediata del riesgo y de la violencia externa, el refuerzo de personal o presencia de seguridad en turno de noche, el traslado del usuario a un recurso adecuado a su perfil e información “urgente” al comité de seguridad y salud.

El sindicato advierte de que la normativa de prevención de riesgos laborales obliga a actuar ante situaciones de riesgo grave e inminente, por lo que considera “inadmisible” la falta de medidas efectivas hasta el momento. “Las trabajadoras no pueden seguir desempeñando su labor con miedo”, concluye el comunicado.

Quejas por el estado de la comida, la falta grave de cuidado de los residentes, el deterioro de las instalaciones y acusaciones sin fundamento hacia los usuarios le han valido a Víctor Manuel Fernández, de 58 años, un apercibimiento previo a la expulsión de la residencia Colisee de Vallecas, en la que vive desde el 10 de febrero de 2023. Así lo denuncia este antiguo profesional del gas que sufrió un accidente en 2014 que le afectó gravemente a la médula espinal. Desde entonces ha pasado por seis centros sociosanitarios madrileños. Ahora está en “el peor de todos” los que ha conocido, asegura.

La Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad le ha advertido de que su comportamiento “puede derivar en la pérdida de la plaza” que “disfruta en la residencia”. Fernández ya ha puesto lo ocurrido en manos de un abogado y denuncia indefensión para poder alegar ante la Comunidad de Madrid. “Conozco mis derechos”, dice.

Se presenta como el presidente de la Junta de Participación de Usuarios, cargo que ha ocupado en tres de los centros por los que ha pasado. “Yo sé que soy bastante reivindicativo y un poco dolor de cabeza para los directores, pero quiero que nos traten con dignidad y conforme a la ley”, introduce. A principios de 2025, se convirtió en el representante de sus compañeros en esta residencia para personas con discapacidad física, gestionada por la sociedad limitada unipersonal La Saleta Care, radicada en València. Fue ahí el inicio de las desavenencias con la directora del centro, siempre según el relato esgrimido por Fernández.

Denuncia de desatención hacia los residentes

La documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es acredita cómo durante meses el residente ha puesto en conocimiento de la dirección diversas situaciones que no le han pasado desadvertidas. Una de las más graves está relacionada con la desatención que sufrió una residente el pasado 21 de noviembre. Sucedió durante la cena, en una mesa individual. “Nuestra compañera se estaba cayendo al suelo, sujeta prácticamente con la barbilla, mientras pasaban continuamente auxiliares de un lado al otro sin darse cuenta”, escribió en su correo electrónico de queja a la directora en el que adjunta una fotografía que prueba lo que denuncia.

El mensaje continúa: “Cuando traté de pedir ayuda a través de la puerta exterior del comedor, una auxiliar, mientras le rogaba ayuda para mi compañera que se estaba cayendo, tan solo me respondía reiteradamente que cerrara la puerta porque entraba frío”. Aquella noche falleció esta mujer. “Solicito asistencia en la revisión de las cámaras del comedor, en el día y la hora señaladas”, finalizó Fernández.

La directora le aseguró que la usuaria “estuvo en todo momento bajo supervisión y recibió asistencia por parte del personal de la zona, que la recolocó en la silla en un par de ocasiones”. También le rogó que, en adelante, se abstuviera de realizar fotografías sin contar con los permisos correspondientes.

Colisee Vallecas subraya a este medio que la postura a la que se hace referencia era una conducta clínica habitual de esta persona debido al perfil de su patología neurodegenerativa de evolución muy rápida que “requirió un nivel de atención y acompañamiento humano muy superior al estándar”. Según defienden, no existe “ninguna evidencia médica ni técnica” que vincule su fallecimiento con la atención prestada en el centro.

Para el representante de los usuarios, casos así son consecuencia de “la privatización de todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario, que provoca la proliferación de posibles negocios entre políticos corruptos y empresarios”. Todas sus demandas también obran en poder del Defensor del Pueblo desde septiembre del año pasado.

Quejas sobre la comida y el estado de las infraestructuras

Como en tantos otros centros de este tipo, la comida que los usuarios se ven obligados a ingerir dista mucho de la que desean. Las imágenes facilitadas por Fernández también dan cuenta de ello, incluso nombra como “garbanzos con misterio” un plato de esta legumbre con una sopa en la que se aprecian motas negras. “Y eso que yo casi nunca como aquí, pero ellos cobran como si lo hiciera todos días del año”, recalca.

Ante dicho extremo, desde Colisee Vallecas ha remarcado que disponen de cocina propia “donde se elaboran menús diarios bajo estrictos controles de calidad y están diseñados por profesionales de la nutrición”, y que cuentan con la certificación Healthia Care nivel Gold, “una de las más exigentes del sector”.

El estado del patio es otra de las reivindicaciones que Fernández quiere que la sociedad conozca. Tal y como se aprecia en las fotografías que ha remitido, los pocos toldos que en verano producen sombra están rotos, el pavimento presenta numerosas roturas y los bancos tienen listones levantados.

La residencia, por su parte, ha explicado que en el pavimento exterior “se han hecho reparaciones y estamos evaluando la posibilidad de una reforma integral que, por su envergadura, requiere una mayor planificación”. Del mismo modo, la sustitución de los toldos ya está en fase de gestión con proveedores. “Respecto al mobiliario, como los bancos, cualquier elemento detectado en mal estado es retirado o reparado de inmediato por seguridad”, han agregado.

Conflictos continuos entre Fernández y la dirección

Otra de las quejas versa sobre la expulsión que sufrió una usuaria del centro, quien mantiene una relación con Fernández, de la habitación de él. “Lo hicieron dos veces y la tercera ya no ocurrió porque les pregunté que qué iban a hacer si no se iba”, comenta. En el contrato que firman al entrar se recoge que los residentes no pueden entrar en habitaciones de otros usuarios sin su consentimiento. “Y nosotros teníamos el consentimiento de mi compañero. Ya no eran las normas lo que había que respetar, sino órdenes de arriba. Aquí parece que el reglamento lo tenemos que respetar solo nosotros”, recalca. Colisee Vallecas explica que lo hicieron para “garantizar el derecho a la intimidad y el descanso en las habitaciones”, aunque no hacen referencia al hecho de que Fernández asegura que tenía el permiso de su compañero.

El representante de los usuarios se quejó este mismo febrero de “acusaciones vanas y faltar al respeto”. Fernández y Ruiz se enzarzaron en una discusión por correo electrónico porque la directora del centro afirma que le entregaron una grapadora en buen estado y posteriormente fue devuelta dañada, pero sin pruebas de ello. Tampoco permite que el mismo Fernández pueda demostrar lo sucedido accediendo a la grabación de las cámaras de seguridad, ya que eso infringiría la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sostiene la dirección. La residencia no ha precisado qué pruebas tienen de que entregaron la grapadora en buen estado y fue devuelta dañada.

Primer aviso: apercibimiento

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, ha comunicado a Fernández mediante carta certificada este febrero que ha protagonizado “numerosos episodios disruptivos y alteraciones conductuales”, y le han acusado de “no hacer un uso ni un adecuado aprovechamiento de los servicios del centro”. Por último, le advierten de que reiterados incumplimientos de las normas pueden derivar en la pérdida de la plaza que actualmente disfruta en Vallecas.

Desde el departamento liderado por Ana Dávila han respondido a elDiario.es que no pueden ofrecer información sobre casos concretos. Aun así, han comentado que “los usuarios de las residencias que dependen de la Comunidad de Madrid tienen que cumplir unas normas mínimas de comportamiento para respetar los derechos de otros usuarios y de los trabajadores que les atienden”.

También confirman el apercibimiento realizado a Fernández y aseguran que “mantendrá próximamente” una reunión con responsables de la Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad “para tratar su situación”. Sin embargo, la Consejería ha declinado explicar a qué se refieren cuando mencionan “episodios disruptivos y alteraciones conductuales” en el apercibimiento emitido el pasado 19 de febrero y firmado por Noemí Álvarez Bravo, jefa de área de Atención a la Discapacidad.

Colisee Vallecas, por su parte, incide en que en los casos en los que detecta “dificultades significativas en la convivencia y en la adherencia a las normas básicas del centro”, tienen “la obligación técnica e institucional de informar a la Consejería competente de la Comunidad de Madrid en materia social”. Según añaden, “no se trata de una medida disciplinaria, sino de un procedimiento reglado y escalonado que busca, ante todo, ofrecer una oportunidad para reconducir la situación”.

El afectado aclara que no tiene “ninguna intención” de irse. “Porque esta también es mi casa”, explica. Según añade, ahí es donde tiene a su pareja y donde hace “algo útil por la sociedad”. Por el momento, trata con un abogado los próximos movimientos, que pasan por alegar. En dichas alegaciones explica que la falta de concreción en las acusaciones le provoca indefensión hacia las mismas.

Asimismo, ha planteado que “las manifestaciones vertidas en diversos correos y comunicaciones en relación a mis actividades fuera del centro o con mi pareja son una clara invasión a mi intimidad”. Según Fernández, esto demuestra que el expediente persigue silenciar su presencia en el centro residencial y conseguir su expulsión del mismo.

Javier Yanguas (Donostia, 1963) cuidó de sus padres mientras estaban criando a sus propios hijos. Años antes, había convivido con sus cuatro abuelos, “en una casa rural, sin baño en el caserío”, matiza. Conoce de primera mano los achaques de la edad, qué significa envejecer y perder facultades, tanto las físicas como las mentales. Asimismo, ha convivido con la soledad, el miedo a la muerte, y el desconcierto de no reconocerse en esa persona ajada. Pero también ha conocido el acompañamiento y el cariño recíproco.

“Por eso me dedico a lo que me dedico”, dice este psicólogo, reconocido experto en envejecimiento, y director científico del programa 'Gent Gran' de la Fundació 'la Caixa'. Yanguas cree en las sociedades cuidadoras, basadas en el principio de reciprocidad y el compromiso social. Asegura que es la única manera de subsistir a un futuro en el que las siguientes generaciones van a tener vejeces más largas habiendo tenido menos hijos para repartir los cuidados.

Preparándome esta entrevista no he podido dejar de pensar en el libro Las intermitencias de la muerte de Saramago, que habla de un país en el que, de repente, un 1 de enero, la gente deja de morir. Al principio, viene la alegría, pero después llegan los problemas. Desde que las religiones dejan de tener sentido hasta las dificultades económicas. Para usted ¿la inmortalidad es deseable?

Creo que la finitud nos hace plantearnos cuestiones relevantes. Sin la muerte, hay cosas que no tendrían sentido. Tú me hablas de Saramago y yo te voy a hablar del mito griego de Titón, el amante de Eos. Ella era inmortal y él no, así que le pidió a Zeus que le hiciera inmortal. El problema es que no dejó de envejecer. Y Eos volvió ante Zeus para pedirle que dejara morir a su amante. La moraleja es que lo que queremos no es vivir eternamente, sino el don de la eterna juventud.

En un siglo, la esperanza de vida en España se ha alargado 20 años. Esto ha dado lugar a la aparición o a la proliferación de enfermedades que antes no eran tan frecuentes, como el Alzheimer. ¿Estamos preparados para alargar tanto la vida?

Es difícil. Ayer estaba con una mujer de 99 años, catedrática de la UNED, que estaba perfecta hasta hace dos años, cuando se rompió el fémur. Antes era autónoma y tenía una vida muy activa, pero ahora necesita ayuda para todo, tiene que ir con tacataca y se está dando cuenta de lo que significa ser mayor y estar limitada.

Pero ese no es el único ni el mayor problema de tener vidas largas. El verdadero problema es que, a mucha gente, se le agota el proyecto vital. Piensa que, si vives muchos años, empiezas a perder a gente. Se muere tu pareja, te quedas sin amigos y tus hermanos y primos empiezan a fallecer también. Todos queremos vivir muchos años, pero eso tiene un precio y no nos paramos a pensar en las consecuencias.

¿Cuál puede ser el propósito de la vida, llegados a este punto?

Depende de cada quien. Creo que es muy importante saber adaptarse. Entender que hay cosas que antes nos hacían felices que ya no podrán ser. Eso e intentar contar con el apoyo de gente, de la familia que quede, para que ayuden con las cosas que, inevitablemente, vamos a dejar de poder hacer.

Lo que queremos no es vivir eternamente, sino el don de la eterna juventud

Los cuidados, a menudo, son muy demandantes y no todas las familias pueden hacerse cargo de ellos. Además, el tiempo de espera medio para acceder a una residencia en Catalunya es de cinco años. ¿Se puede tener una buena vejez siendo pobre?

No es lo mismo la vejez teniendo dinero que sin tenerlo, pero el estado de salud o la vida social son igual de determinantes. Creo que puedes envejecer con salud y dinero, y acabar con una vida limitada. La vida es lo que haces con lo que tienes, a lo que aspiras. Y todo viene marcado por si te aferras o no a la nostalgia, si te comprometes con tus relaciones, proyectos y con el bien común.

Vuelvo a los cuidados. La cadena de transmisión que dice que los hijos deben cuidar de sus padres está muy asumida. ¿Usted cree que decidir no cuidar de un padre o un abuelo puede ser legítimo?

Bueno, es que yo, que he sido cuidado por mis padres, siempre he tenido ese deseo de reciprocidad. Veo así la vida y creo que sin los demás no somos nada. Claro que el cuidado cuesta, que es complicado y que implica renuncias, pero también es el deseo de intentar que los otros se sientan mejor, de remediar problemas y expandir la vida. No sólo es llevar a alguien al baño, ducharle y darle de comer.

Joan Tronto dice que cuidar es reparar, hacer la vida mejor. Y por eso soy partidario de una sociedad cuidadora. No quiero una sociedad formada por individuos independientes que van a su aire. Claro que las relaciones humanas son complejas y no hay hijo que no decepcione, pareja que no aburra ni padre que no lastime alguna vez. Pero eso no es motivo para crear un mundo de personas solitarias.

Tenemos que reparar las relaciones intergeneracionales y una solución sería instaurar una mili de cuidados

Para llegar a esa parte más bucólica de los cuidados es indispensable cubrir lo urgente, que es llevar a alguien al baño, ducharle y darle de comer. Muchas familias, con trabajos precarios y problemas habitacionales, igual no tienen capacidad para ir más allá de lo imprescindible. ¿Qué le reclamaría usted al Estado para garantizar que los cuidados sean dignos para ambas partes?

En las sociedades mediterráneas, las personas cuidamos de nuestros hijos y de nuestros mayores según un principio de reciprocidad. A mí me gusta ese tipo de sociedad, pero es verdad que el momento actual es complicado. Los baby-boomers hemos tenido menos hijos y, además, las mujeres de mi generación son las más formadas de la historia y económicamente independientes, cosa que es importante porque los cuidados siempre han recaído mayoritariamente sobre ellas.

Por otro lado, aunque el nivel económico en la vejez ha aumentado gracias a las pensiones —sin obviar que sigue habiendo pobreza-, los jóvenes están viviendo una situación muy injusta porque crecen con las expectativas muy topadas. Eso hace que las relaciones intergeneracionales estén muy tocadas. Todos hemos leído libros sobre eso, como La vida cañón [de Analía Plaza]. Creo que tenemos que reparar esas relaciones y una solución, aunque nadie me hará caso, sería instaurar una mili de cuidados.

¿Una mili de cuidados?

Que los jóvenes tengan la experiencia de cuidado, de la fragilidad. Partiendo de ahí, la vida se ve distinta. Cuando te das cuenta de que vivimos en una paradoja de la vulnerabilidad en la que necesitamos de los demás, todo cambia.

Esa mili de los cuidados tiene mucho que ver con la clase. Porque quienes vienen de familias trabajadoras, esas experiencias ya las tienen. Quien más quien menos ha cuidado de sus hermanos o ha vivido con sus abuelos.

Yo crecí con mis cuatro abuelos en una casa rural, sin baño en el caserío, imagínate. Y creo que, por eso, me dedico a lo que me dedico.

¿Y no cree que estas experiencias pueden ser contraproducentes? Los cuidados, en algunas ocasiones, pueden ser traumáticos.

Por lo general, según diversas investigaciones que hemos hecho, las mujeres de baby-boom no quieren que sus hijos las cuiden. No creo que sea porque los cuidados en sí generen trauma, sino porque el cuidador tiende a sentirse muy solo. Por eso, respondiendo a tu pregunta inicial, creo que la sociedad debe ocuparse de facilitar los cuidados y cuidar de sus ciudadanos.

Nuestro modelo del bienestar está pensado para vejeces más cortas y así no llegaremos a todo el mundo

Pues volviendo a la pregunta inicial, viendo que vamos hacia un gran envejecimiento de la población ¿no le exigiría nada al Estado para que garantice que los cuidadores no se sientan solos ni sobrepasados?

Lo primero que pediría es una conversación valiente. Tendremos sociedades muy envejecidas, con vejeces muy largas que vienen sin manual de instrucciones. Nuestro modelo del bienestar está pensado para vejeces más cortas y así no llegaremos a todo el mundo.

Los que vamos a ser mayores dentro de 15 años ya estamos aquí y, excepto que pase algo que nos haga desaparecer, ya podemos calcular cuál será el gasto en pensiones y se puede saber que no tendremos recursos para garantizar un sistema de cuidados suficiente. Vamos a tener problemas pero, como dice Theodor Khalifatides, el ser humano tiene la capacidad de no hablar de las cosas importantes.

Cuando hablamos de los cambios demográficos, solemos olvidar el descenso de la natalidad. Eso significa que muchas de las personas que llegarán a viejas en los próximos años no habrán tenido descendencia. Si yo no tengo hijos, ¿quién me cuida?

Esa es otra de las cosas importantes, porque nunca antes había pasado. Todas las generaciones han tenido un grupo de personas sin hijos, como la tieta de Serrat, que se quedó soltera. Pero es que ahora estamos ante una generación que ha decidido voluntariamente no criar. Y eso es un problema, porque nuestros servicios sociales y sanitarios están diseñados pensando en la familia que hay detrás del usuario.

Y el problema no es solo la falta de hijos, sino que el número de personas a cargo se multiplica. Cada vez hay más divorcios, lo que supone que un hijo de padres separados que posteriormente han conseguido otras parejas podría tener que cuidar de cuatro personas mayores.

Entonces, ¿qué hacemos?

Buena pregunta. Hay una postura naíf que dice que nos cuidaremos entre nosotros, que ya veremos. Pero eso es difícil. Claro que irás a ver a tu tía o a la pareja de tu padre al hospital, pero ¿quién la cuidará de verdad? Es algo que no queremos plantearnos, aunque tenemos que hacerlo. Simone de Beauvoir decía que nos negamos a reconocernos en el viejo que seremos y eso es un error. Lo dejamos todo para cuando es demasiado tarde. Fíjate, el otro día estaba con un grupo de personas de 70 años y ni siquiera ellos querían hablar de cómo planteaban sus propios cuidados. Si a esa edad todavía no has reflexionado sobre que la vida es finita, algo va mal.

Estoy dispuesto a aceptar una carga impositiva alta porque no se puede tener los servicios suecos con los impuestos de aquí

Eso podría estar cambiando. Según datos de la Generalitat, el último año hubo un 60% más de registros del Testamento Vital y dos de cada tres corresponden a personas de menos de 60 años.

Eso es una gran noticia, aunque el Testamento Vital no te obliga a decidir cómo van a ser los cuidados, sino hasta dónde quieres que lleguen. Si pasamos la responsabilidad de nuestros cuidados, deberíamos poderle allanar el camino a ese alguien. No sólo en lo relativo a la toma de decisiones, también en lo económico. Que cuidarte no les cueste dinero.

Me gustan los modelos del norte de Europa, con estados del bienestar amplios que protegen y compensan las desigualdades. Y estoy dispuesto a aceptar una carga impositiva alta porque no se puede tener los servicios suecos con los impuestos de aquí.

Además de la crisis de los cuidados, otro mal que achaca la vejez es la soledad no deseada, que va en aumento. ¿Cómo podemos evitarlo?

Es difícil, porque caminamos hacia sociedades más solitarias. Están cambiando los usos del tiempo y cada vez tenemos menos disponibilidad. Preferimos llamar a nuestra abuela que ir a verla. Cuando quedamos con amigos, es para ponernos al día porque hace mucho que no les vemos. Eso no es compartir la vida.

Estoy totalmente en contra de los postulados actuales que han puesto tan de moda la paradoja de la felicidad. La felicidad no es alcanzable siempre, sino que te la trabajas, son momentos. Y otra cosa esencial de entender es que hay cosas más importantes que la felicidad propia e individual. Cuando cuidé de mi madre no era porque me apeteciera o me hiciera feliz, sino porque era lo que tenía que hacer. Renunciar a tu tiempo no es agradable, pero hay cosas que valen más que tu bienestar. Cuando trivializamos el sufrimiento ajeno y banalizamos la felicidad propia, nacen sociedades solitarias.

Pero la soledad no siempre se cura con compañía.

No, por supuesto. La exclusión se puede dar estando rodeado de gente. Muchas veces es algo que va por dentro, que tiene que ver con cuestiones más existenciales. Y volvemos al sentido de la vida en la vejez. El sentimiento de que ya no tienes nada que aportar, que no hay propósito, aparece mucho en el momento de la jubilación. Y eso la compañía no lo arregla necesariamente.

Lo que hagamos con nuestros amigos en la edad adulta puede predecir, hasta cierto punto, la soledad en la vejez

¿Cómo hemos llegado a sociedades tan basadas en la productividad y en la centralidad del trabajo que nos de vértigo jubilarnos?

Piensa que nuestra identidad va cosida a nuestra profesión. A mucha gente, ese cambio le pilla por sorpresa. Y mira que se puede predecir el día de la jubilación. Por eso, yo defiendo que tenemos una responsabilidad a la hora de gestionar nuestras relaciones. Lo que hagamos con nuestros amigos en la edad adulta puede predecir, hasta cierto punto, la soledad en la vejez.

Pero estamos perdiendo el compromiso social. Si es de noche, justo llegas de trabajar y te llama ese amigo que se acaba de divorciar, claro que no te apetece cogerle el teléfono. Sabes que vas a estar una hora con él y sus dramas. Pero oye, ¿a qué te debes? Necesitamos generar comunidad. A veces hablo con gente del baby-boom y veo que muchos aspiran a vidas pequeñas.

¿A qué se refiere?

A que no tienen responsabilidad para con el bien común. Tú quieres vivir tranquilo, vale. Pero ¿qué pasa con los menores migrantes que vienen solos? ¿Con el cambio climático o la vivienda? ¿Con lo de Gaza, Ucrania o Irán? Tú estás en el mundo y tienes que entender que, si el mundo no está bien, tampoco lo vas a estar tú.

Está planteando situaciones muy abrumadoras. Quizás, el aislamiento es un mecanismo de protección.

Claro, hay una parte de eso y una parte de individualismo. No vas a hacer nada para acabar con el drama en Gaza, pero sí puedes cogerle el teléfono a ese amigo y estar para lo que haga falta. Esa es una militancia fantástica: decirle que se venga a cenar a casa. Dormirás dos horas menos de las que te gustaría, pero lloraréis juntos y estrecharéis lazos.

Creo en la militancia de los cuidados. Y así encaro mi futuro, porque no creo que la jubilación tenga que ser la tierra prometida del descanso. Tenemos que dejar un legado para una sociedad mejor, y ese legado, para mi generación, es el compromiso. Hubo otros que vivieron una guerra, que pasaron hambre y miseria. Nuestra vejez va a ser buena, pero a cambio hay que comprometernos. Te jubilas de la actividad laboral, no de los retos de la vida.

La responsable de Negociación Colectiva y Sectores Privados y Dependencia de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Aragón, María Soriano, ha exigido responsabilidad “política, institucional y social” para mejorar la situación del sector de las residencias en la comunidad autónoma, “abandonado, profundamente precarizado y que refleja una preocupante realidad social”, comenzando por la actualización del decreto que regula las ratios y data de 1992 y mejoras salariales.

Soriano ha expuesto la realidad de este sector en una rueda de prensa este miércoles, en la sede de CCOO Aragón, junto a la secretaria general de FSS CCOO Aragón, Delia Lizana, el responsable del Área de Negociación Colectiva de Sectores Privados y Dependencia de FSS CCOO, Jesús Cabrera, y la responsable del Sector de Dependencia de FSS CCOO, Consuelo Cuadra.

La población de Aragón supera los 1,3 millones de personas, de las que más de 306.000 tienen más de 65 años, lo que supone un 22,47%, por encima de la media estatal; asimismo, 97.000 han cumplido 80 años, es decir, un 7,1%. Por tanto, ha resuelto María Soriano, “somos una comunidad claramente envejecida y eso exige responsabilidad, planificación y recursos”.

En esta línea, ha cifrado en 287 los centros residenciales geriátricos operativos, con unas 20.000 plazas, “lo que nos sitúa en una ratio de 6,51 plazas por cada 100 personas, muy superior a la media estatal”. Ha añadido 1.700 plazas adicionales correspondientes a 25 centros en proyecto.

Al hilo de estos datos, “podría parecer que el sistema responde a la demanda que hay, pero esto solo es una parte de la realidad”, ha lamentado María Soriano, quien ha enfatizado en la antigüedad del decreto que regula las ratios, que se remonta a 1992 y “debería de haberse adecuado hace más de cuatro años por imperativo estatal”.

Desde CCOO “llevamos años reclamando la actualización del decreto de ratios, que regula el mínimo de profesionales que atienden directamente a cada residente y está completamente desfasado”, lo que afecta “directamente a nuestros mayores, a sus familiares y a miles de profesionales que sostienen este sistema con un enorme esfuerzo”.

En cuanto al decreto, la responsable de Negociación Colectiva y Sectores Privados y Dependencia de la FSS de CCOO Aragón, María Soriano, ha indicado que las ratos que operan en la comunidad autónoma son “globales”, lo que supone que “no diferencian si el personal atiende o no atiende directamente al residente”.

35 trabajadoras por cada cien residentes

Soriano ha detallado que en una residencia aragonesa opera una ratio de 35 trabajadores por cada cien residentes, sin embargo, “el acuerdo de acreditación estatal establece y exige que haya 35 gerocultoras por cada cien”. Ha criticado que todas las reivindicaciones durante años solo han tenido como respuesta la “inacción política e institucional” y, a su juicio, conlleva “consecuencias graves”, puesto que “no estamos priorizando el cuidado de nuestros mayores” y, al mismo tiempo, “castigamos a quienes han decidido dedicarse con vocación a su atención”.

Las 12.000 profesionales del sector privado que “sostienen” este sistema “están agotadas física y mentalmente”, ha asegurado Soriano, para alertar de los “índices de riesgos psicosociales extremadamente elevados” que reflejan “cargas de trabajo excesivas, ritmos de trabajo insostenibles y condiciones laborales que están muy lejos de ser adecuadas”.

El grueso del sector de las residencias en Aragón está integrado por mujeres, con una edad media por encima de los 50 años que necesitan, en su mayoría, medicación para poder soportar las jornadas laborales. En este sentido, María Soriano ha recalcado que el 58% de los accidentes de trabajo responden a “sobresfuerzos consecuencia de unas ratios insuficientes y del incremento de la dependencia de las personas atendidas”, “generando patologías físicas y psicológicas” en las trabajadoras.

Para la responsable de Negociación Colectiva y Sectores Privados y Dependencia de la FSS de CCOO Aragón este modelo es “insostenible” y ha argumentado que “la calidad de los cuidados depende directamente de las condiciones laborales de quien los presten y hoy esas condiciones están al límite”, por lo que ha demandado “más responsabilidad política, institucional y social”.

Por su parte, la secretaria general de FSS CCOO Aragón, Delia Lizana, ha puesto el foco en la “fragilidad” del sector, que se puso de manifiesto durante la pandemia y se ha constatado con las dos “catástrofes” ocurridas en los incendios de Villafranca de Ebro y DomudVi Zalfonada, con víctimas mortales.

Lizana ha comentado que en torno al 90% de los cuidados en Aragón recae en residencias privadas con camas concertadas por el Gobierno de Aragón, modelo que “auspicia la especulación” y favorece que las empresas vean en este sector únicamente la posibilidad de inversión, perjudicando a las trabajadoras del sector.

Ha elogiado la labor de las trabajadoras de las residencias, pese a que tanto la pandemia como los incendios más recientes en las residencias aragoneses han hecho patente que el número de ellas en activo en aquellos momentos “era insuficiente”.

IX convenio

Otra de las cuestiones más preocupantes para el sector es el estado de la negociación colectiva del IX Convenio de Dependencia de ámbito estatal, que Jesús Cabrera ha calificado de “bastante dura” desde que se constituyó la mesa negociadora en octubre de 2025. Ha señalado que este convenio afecta a unas 420.000 personas trabajadoras y se está dirimiendo entre los dos sindicatos mayoritarios --CCOO y UGT-- y cinco patronales.

Además, el responsable del Área de Negociación Colectiva de Sectores Privados y Dependencia de FSS CCOO se ha referido al decreto de Aragón de 1992. “Habla de conceptos que ahora mismo son totalmente obsoletos, como es el caso de usuarios válidos y asistidos, porque ahora más del 90% tiene una gran dependencia”.

Cabrera se ha fijado en la financiación de la dependencia a nivel estatal: “Supone el 0,8% del PIB y la media en la Unión Europea es el 1,5, mientras que la media en los países escandinavos el 3%”. De este modo, las condiciones difícilmente van a mejorar y “las empresas también son cómplices de esa situación, porque aunque soliciten más financiación, luego entran en los concursos y no hacen absolutamente nada”, sino que “ganan beneficios a costa de la precarización de las condiciones laborales”.

Para Consuelo Cuadra, el incremento salarial es un tema capital. Desde 2018 hasta 2026 el salario mínimo interprofesional se ha incrementado un 64%, frenta a los salarios del convenio de la dependencia que lo han hecho 15,5%, ha anotado Cuadra, para agregar: “Tenemos categorías profesionales, como es la de limpiadora, en la que el salario base está en 1.050, y la categoría de gerocultora, que está en 1.160 euros”.

“Es impresentable que un sector tan esencial como este esté con salarios que tan por debajo, con tanta diferencia, con el SMI”, ha espetado la responsable del Sector de Dependencia de FSS CCOO, para apostillar que “una de nuestras principales reivindicaciones es que el salario mínimo del sector esté por encima del SMI”.

“Es el momento de que las patronales demuestren que realmente quieren un futuro mejor para el sector, mejorando las condiciones de trabajo”, ha alentado Cuadra, quien ha mencionado la reducción de la jornada hasta las 37,5 horas, los complementos por incapacidad temporal, medidas de conciliación familiar y planes de igualdad y protocolos de LGTBI como otras de sus principales demandas de cara a la negociación del IX Convenio.

A principios de este mes de marzo los cuatro sindicato negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día de La Rioja (CCOO, CSIF, UGT y USO) alcanzaron un pre-acuerdo en el sector de la dependencia. Pre-acuerdo que contempla mejoras en las condiciones económicas de las personas trabajadoras, pero que para la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de La Rioja (FSS-CCOO) se queda corto. Y es que, a pesar de valorar dicho pre acuerdo, también apuntan que “la dignificación del sector no puede limitarse únicamente a mejoras salariales porque las condiciones laborales siguen siendo una de las principales causas de sobrecarga y deterioro de la salud de las trabajadoras”.

En este sentido, la formación sindical recuerda que la “ratio de personal en residencias se sitúa por debajo de la establecida a nivel nacional como referencia” un situación que “agrava la presión asistencial y la carga de trabajo en los centros”. Por ello, uno de los objetivos prioritarios del sindicato es “avanzar hacia ratios adecuadas de personal y garantizar el cumplimiento efectivo de las presencias mínimas en los centros de trabajo, una cuestión clave tanto para la salud de las trabajadoras como para la calidad de la atención a las personas mayores”. De hecho, hay diversos informes del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) señalan que los riesgos psicosociales en residencias de personas mayores son especialmente elevados. “El 87 por ciento del personal sufre una alta carga mental en su trabajo, el 83 por ciento señala una falta de autonomía en la toma de decisiones a lo que añaden el fuerte impacto emocional deirvado del contacto diario con la enfermedad, dependencia y muerte”.

Desde la formación sindical hablan de “plantillas ajustadas, ritmos de trabajo muy elevados, turnos largos y tareas físciamente exigentes lo que provoca una situación de sobrecarga permanente para las trabajadoras del sector”. Lo que provoca un aumento del riesgo de los trastornos de ansiedad entre un 61 y 77 por ciento y un incremento del consumo de psicofármacos cercano al 30 por ciento entre las y los profesionales del sector. Señalan que la “precariedad estructural del sector de la dependencia está en el origen de muchos de estos problemas. Las bajas ratios de personal, los salarios insuficientes, la presión asistencial y la falta de reconocimiento profesional generan un escenario que repercute directamente en la salud de quienes sostienen el sistema de cuidados”.

Y las consecuencias, advierten de que no solo afectan a las trabajadoras sino también “a la calidad de la atención que reciben las personas mayores. La sobrecarga y la falta de recursos dificultan ofrecer los cuidados dignos y personalizados que requieren las personas residentes”. Por lo que reiteran: “garantizar empleo digno en residencias y centros de día de La Rioja es también un cuidado digno para las personas mayores”.

Hace unos siete años, la abuela de Sandra empezó a desorientarse mucho y a decir cosas sin sentido. Fueron los primeros signos de una demencia que con el tiempo se reveló como Alzheimer. A medida que esta enfermedad neurodegenerativa fue avanzando, su capacidad para valerse por sí misma se reducía y su necesidad de cuidados aumentaba.

Inicialmente, se ocuparon de ella sus hijos. “Son nueve hermanos y mi abuela vivía con uno de mis tíos. Se encargaban entre todos, por las tardes siempre estaba acompañada”, recuerda Sandra. Pero llegó un día en el que también necesitaba ayuda por las mañanas y ellos, por sus trabajos, no se la podían dar. Contrataron a una trabajadora que la acompañaba durante el día, mientras que por la noche se hacía cargo el hijo con el que vivía. Después de un tiempo, eso tampoco fue suficiente, así que optaron por una cuidadora interna que se ocupaba de ella de domingo a viernes, y los fines de semana se turnaban entre los hijos para llevársela a su casa. La enfermedad siguió haciendo cada vez más mella en las capacidades de esta mujer que vivía en Manresa (Barcelona), así que “llegó un momento en que tuvieron que tomar la decisión de meterla en una residencia porque necesitaba atención 24/7”, cuenta su nieta.

Las decisiones sobre cómo cuidar a una persona mayor en situación de dependencia pueden ser difíciles. Lucía González, trabajadora social de Jaén, explica que “muchas veces las familias no están preparadas para los cambios de vida” que surgen cuando una persona “pasa de ser totalmente autónoma a ser dependiente, de poder desarrollar su vida diaria a no poder hacerlo”. Señala que primero suelen pasar por “una fase de aceptación” y después deben hacer frente a diferentes inquietudes, como la falta de tiempo o de recursos.

A menudo las familiares sienten que deben hacerse cargo ellas mismas. “Estamos en una cultura muy mediterránea de los cuidados. En España tenemos ese sentimiento de responsabilidad, que es muy positivo, y esa red de protección que en muchísimos casos es la familia, algo que además ha estado históricamente muy feminizado”, indica González. Añade que esos valores llevan a menudo a retrasar la decisión de acudir a recursos como una residencia porque se da “un sentimiento de culpa, de decir: ‘se supone que yo tengo que cuidar de la persona mayor”.

En el caso de la abuela de Sandra, los dilemas sobre cómo cuidarla provocaron tensiones familiares. “Hubo dos bandos. El de ‘sí, la metemos en la residencia’ y el de ‘no, porque va a estar mejor en su casa”, relata. Precisa que “había unas hermanas que estaban muy acostumbradas a ir cada tarde a visitarla, y si la metían en una residencia tendrían que cumplir unos horarios”. Y describe “mucho conflicto” entre los hijos, con diferencias entre quienes se ocupaban más y quienes se ocupaban menos de los cuidados y reproches como “te quieres deshacer de la abuela porque te molesta”. Sin embargo, la siguiente generación tenía otra visión: “Los nietos lo veíamos muy claro. Mi abuela era una persona que siempre había estado rodeada de gente. Salía a pasear, hablaba con las vecinas... Al tener una interna salía a pasear, pero no se estaba relacionando de la misma manera que años atrás”. Sandra recuerda esos momentos como una etapa dura: “Mi madre sentía que estaba abandonando a su madre”.

Muchas veces las familias no están preparadas para los cambios de vida que surgen cuando una persona pasa de ser totalmente autónoma a ser dependiente

Lucía González — trabajadora social

La familia de Paula (no es su nombre real, pero prefiere no dar el suyo) pasó por algunas situaciones parecidas. Su madre, de 83 años, tiene una demencia que también ha degenerado progresivamente sus capacidades. “Estuvo unos años muy estable. Ella misma se manejaba: era autónoma y se podía mover bien. Pero en los últimos tres o cuatro años ha dado un bajón muy grande”, cuenta. Vivía con la hermana de Paula, que llegó un momento en el que ya no podía hacerse cargo ella sola, así que empezaron a turnarse entre los cuatro hijos e hijas para acudir a la casa de su madre a atenderla.

No era sencillo. “Ya había que hacerle todo: ducharla, vestirla… Lo único que hacía sola era comer”, explica desde el pueblo de Albacete en el que vive la familia. “A lo mejor querías ducharla y ella no quería que la ducharas”, recuerda sobre las dificultades de esos cuidados. Para los hijos tampoco era fácil compaginarlos con sus trabajos, y a eso se sumaba que ellos mismos tenían sus propios problemas de salud. Emocionalmente, era una situación dura: “La estás viendo sufrir y lo estás sufriendo tú y dándole vueltas a cómo hacerlo”. Barajaron opciones como contratar a una cuidadora interna, pero no podían permitirse ese desembolso. También acudieron a los servicios sociales municipales, que le asignaron una auxiliar de ayuda a domicilio que iba a su casa durante una hora al día. “No solucionaba nada: lo único a lo que le daba tiempo era a ducharla y poco más”, lamenta Paula.

Acabaron recurriendo a una residencia, aunque ese paso les costó: “No quieres llevarla, quieres atenderla tú, pero yo no estaba bien tampoco, tuve que coger una baja. Se complican mucho las cosas”. Su caso refleja el sentimiento de culpa que a menudo surge al plantearse estas decisiones: “Todos tenemos esa espina de ‘si ellos se han podido ocupar de nosotros, ¿por qué nosotros no nos podemos ocupar de ellos?”, reflexiona. Y cuenta cómo en el pueblo es fácil oír críticas a quienes deciden llevar a su familiar a una residencia. Más allá del juicio social, cree que en su caso pesaba el que se hacían a sí mismos: “Era como abandonarla, como decir ‘yo no quiero ocuparme de ella’. Pero no era ‘no quiero’, sino ‘no puedo”.

Sandra coincide en que existe cierto estigma social contra la decisión de llevar a un familiar a una residencia, especialmente en la generación de quienes tienen unos 50-60 años, que son quienes tienen a menudo a sus padres en situación de dependencia. Apunta que “les han inculcado que los hijos se tienen que hacer cargo de los mayores”, así que “tienen muy mal visto llevar a sus padres a una residencia porque es como que los están abandonando”. Sin embargo, cree que los más jóvenes, con “un estilo de vida totalmente diferente”, tienen una visión distinta.

En el caso de su abuela, la experiencia en la residencia ha sido positiva. “Al principio le costó, porque todo cambio conlleva un proceso de adaptación. Costó un poco hacerle entender que esa era ahora su casa”, cuenta. Pero añade que, a medida que se fue aclimatando, “la veías más contenta”: “Le fue superbien estar ahí porque volvía a relacionarse con gente igual que ella y participaba en todas las actividades”. Recuerda que ella misma acompañó a su abuela a una sesión de musicoterapia: “Era muy bonito ver dónde los colocaban emocionalmente todos los recuerdos que les generaba escuchar música de su generación”. También les hacían juegos, actividades de cocina, fiestas… “Mi abuela volvió a ser una niña, yo la veía muy contenta. Rejuveneció, porque estaba muy bien atendida. La trataban como a una reina”, valora su nieta. Así estuvo durante más de tres años, hasta que falleció este enero.

Era como abandonarla, como decir ‘yo no quiero ocuparme de ella’. Pero no era ‘no quiero’, sino ‘no puedo

Paula — hija de una mujer de 83 años con demencia

En su buena experiencia también influyó que siguió muy en contacto con su familia: “Al ser tantos hermanos, en eso se repartieron muy bien y cada día mi abuela tenía visita, de lunes a domingo”. “Cuando internas a un familiar en una residencia, no te tienes que olvidar de él. Lo suyo es que se siga sintiendo parte de la familia, porque lo es. Que sepa que está ahí pero que su familia está con ella”, reflexiona Sandra. Recuerda que las propias trabajadoras del centro les dijeron que ese acompañamiento familiar hizo que su abuela mejorase.

Paula también hace una valoración positiva de la experiencia en la residencia en la que su madre lleva en torno a un año: “Cambió, pero cambió para bien. Yo tenía mucho rechazo, pero al final está muy estable, está mejor”. “Tiene todo más organizado, un horario para cada cosa: para levantarla, para acostarla, los días de ducha, la medicación, las comidas… No es lo mismo que cuando estaba en casa, que cada uno teníamos una disponibilidad diferente”, compara.

La trabajadora social Lucía González, que también es vicepresidenta del Consejo General del Trabajo Social y coordina en él el grupo sobre atención a la dependencia, explica que “tenemos demonizadas las residencias”, especialmente desde la pandemia. Y defiende: “Habrá para todos los gustos, pero estoy segura de que hay muchos centros con personas trabajadoras excelentes y formadas que están deseando acometer ese cuidado”. Contrasta que, para esas profesionales, los cuidados son “su jornada laboral, y no las 24 horas que suponen para un familiar”. Añade que asumir ese papel desde la familia, algo que en la gran mayoría de los casos lo hacen las mujeres, tiene “un coste de oportunidad, porque si estás cuidando quizá no puedes tener otro tipo de trabajo o estás teniendo otra serie de pérdidas en tu vida”.

González también indica que las residencias están cambiando mucho: “Antes todo el mundo se tenía que levantar a la vez o comer a la vez. A día de hoy eso está evolucionando: hay un modelo de atención centrada en la persona en el que esto cada vez es más flexible, cada vez se centra más en los gustos y preferencias de la persona”. En su opinión, las residencias deben avanzar en esa línea: “Tienen que ir hacia un hogar colectivo, una casa para estas personas, no un centro hospitalizado en el que me tenga que levantar a la hora que me han dicho. ¿Por qué, si esta es mi casa?”. También cree que no deben estar lejos de las ciudades, sino integrados en ellas para que las personas tengan facilidades para salir y relacionarse con su familia, sus amistades y su entorno. Pero lamenta que ese horizonte “no siempre está en la agenda y en la visión de todos”.

Además, González defiende la necesidad de mejorar y profesionalizar la ayuda a domicilio, que tiene “un sistema de gestión precario y unas condiciones laborales precarias”. “La mayoría de las personas quieren envejecer en su casa, en su entorno, con sus objetos, con su historia de vida, con su familia. Por eso es tan importante que haya recursos de proximidad, como ayuda a domicilio y teleasistencia: que se articulen mejores herramientas para mantenerse lo máximo posible con calidad de vida en el propio entorno”, plantea. Y pide apostar por “la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal, un servicio que apenas se ha puesto en marcha”. El Gobierno aprobó en 2024 una estrategia que va en la línea de estas propuestas.

Sandra está de acuerdo con la necesidad de recursos de prevención. Echa en falta medidas de “detección precoz de enfermedades degenerativas como el Alzheimer” y “que desde los primeros signos se hagan terapias grupales para que ese deterioro no sea tan fuerte”. También cree que “falta muchísimo personal en las residencias y centros de día para poder atender a tanta persona mayor”.

Paula coincide en que “los servicios sociales se quedan un poco cortos”. Cuando asignaron a su madre una hora al día de ayuda a domicilio, la pusieron en lista de espera para ampliar ese tiempo, pero lamenta que “no llega nunca”. Al decidir finalmente recurrir a una residencia, lo hicieron en una privada a la espera de que le concedieran una plaza pública, algo que un año después siguen esperando. “Debería haber más ayudas y que se facilite más tenerla en casa”, plantea. Y precisa que, si hubiera recursos públicos suficientes para que estuviese bien atendida en su domicilio, no la habrían llevado a la residencia.

Buscar la verdad de manera incansable puede convertirse en una lucha constante para todas aquellas víctimas que no forman parte del relato oficial. Lo saben bien las familias de las 7.291 personas mayores, usuarios de residencias, que murieron en los dos primeros meses de la pandemia en la Comunidad de Madrid, entre marzo y abril de 2020, sin que fueran derivadas a hospitales. Y en esa búsqueda de la verdad surgió en 2024 el documental ‘7291’, cinta que llegó a 1,3 millones de hogares en marzo del año pasado, cuando TVE lo emitió no sin antes causar cierto revuelo en el Gobierno regional. Este fin de semana culmina el estreno de la versión extendida de la cinta, con cuatro capítulos que casi alcanzan las cuatro horas en total, en los Cines Verdi de Madrid. “Ahora incido mucho más en el relato de las familias”, sostiene Juanjo Castro, el director del trabajo.

La idea brotó después de leer “Morirán de forma indigna” (Libros del KO, 2022), escrito por Alberto Reyero, político de Ciudadanos que durante la pandemia era consejero de Servicios Sociales en el gabinete presidido por Isabel Díaz Ayuso. “No me podía creer lo que contaba en el libro, así que empecé a investigar. Primero me vi la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que no acabó sus trabajos. Cuando vi que colectivos y expertos preparaban una comisión ciudadana por la verdad en 2023, me animé a hacer el documental”, relata este realizador.

Tanto la cinta original, que llega a las dos horas de duración, como ahora su versión extendida utilizan datos oficiales para contar aquella desgracia basada en una decisión política y una coyuntura de emergencia sanitaria. “Siempre he intentado ser muy objetivo. Es un tema muy polémico, no soy tan ingenuo de pensar que no, así que he utilizado principalmente los testimonios de los responsables que hablaron en la Asamblea y de las trabajadoras y familias que participaron en la comisión ciudadana”, aclara el mismo Castro.

El metraje “comercial”, como él lo llama, llegó a las salas en noviembre de 2024, y hubo pases hasta mayo del año siguiente. La distribución también fue cosa del director. “Se produce mucho y hay pocas salas, y siendo un documental la cosa se complica aún más, y ya ni te cuento si el tema es controvertido”, concreta. Todo valió la pena. Tanto entonces como en estos nuevos pases en los Cines Verdi, el clima que se crea tras visualizar la cinta es tan enriquecedor para Castro que ya se da por pagado. “Yo digo que soy millonario del cariño que he recibido”, comenta. De los 70 pases aproximados que lleva a sus espaldas, en torno al 90% de ellos ha sido con un coloquio con el director después.

Siempre he intentado ser muy objetivo. He utilizado principalmente los testimonios de los responsables que hablaron en la Asamblea y de las trabajadoras y familias que participaron en la comisión ciudadana

Juanjo Castro — Autor del documental

Rabia y dolor al revivir lo sucedido

María Jesús Valero Pablos es una de las personas que aparece en ‘7.291’ tras participar en la comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid. Su padre falleció el 26 de marzo en el Centro de Mayores Usera Cristo de la Victoria. “Denegaron su derivación al hospital. Estuvo agonizando cuatro días sin que le atendieran con el oxígeno que necesitaba”, rememora. También recuerda que el día que se enteró de que habría un documental de lo sucedido sintió una inyección de optimismo: “Pensar que hay personas que no son afectados directos pero que están interesados por este asunto da cierta alegría”.

Ella también es presidenta de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia y no olvida el día en que vio por primera vez el documental de Castro. “Sentí mucha impotencia. Saber que todo es tan claro, pero que los investigados siempre decían que no sabían nada del tema… Da mucha rabia y dolor”, detalla. Sin embargo, esa rabia y dolor son necesarios para saber lo ocurrido, agrega.

Esta jubilada de 70 años que ha trabajado cuatro décadas en una promotora inmobiliaria reitera que las familias “no se han inventado nada”, a pesar de los intentos de hacer pensar lo contrario y los insultos por parte de Ayuso y su entorno. “Seis años así son muy duros. Cuando luchas y al menos hacen que te escuchan, pues bueno, pero cuando encima encuentras este maltrato por parte del Gobierno que ordenó los protocolos mortales para nuestros familiares, todo es más cruel”, explica.

Ella, que ha llegado a ver hasta en nueve ocasiones ‘7.291’ para participar en los coloquios con el público, anima a hacer lo propio con la versión extendida del documental. “Necesitamos saber todo lo que se pueda saber. Cualquier información es importante”, remarca.

La versión extendida, el primer montaje

Castro sabe que su trabajo no va a conseguir recuperar a aquellas 7.291 personas fallecidas, que fueron más, en las residencias madrileñas. “Pero como sociedad tenemos que saber qué ha pasado. Si ocurre algo parecido, ¿volverán a tomar las mismas decisiones? Tenemos que aprender de lo ocurrido, porque lo que ocurrió es muy grave”, concede en declaraciones a elDiario.es. Y para explicar lo que vivieron tanto trabajadoras como usuarios y familiares durante marzo y abril de 2020, dos horas era poco tiempo.

Seis años así son muy duros. Cuando luchas y al menos hacen que te escuchan, pues bueno, pero cuando encima encuentras este maltrato por parte del Gobierno todo es más cruel

María Jesús Valero Pablos

“La versión extendida es casi el primer montaje que hice del documental porque me encontré con muchísima información que tuve que reducir”, apunta. Castro no se saca ningún conejo de la chistera ni descubre nada nuevo que no hubiera contado ya, pero sí tiene la oportunidad de detenerse en el relato de las familias. “Los protagonistas son las personas que fallecieron, pero en el documental son sus familiares”, abunda.

No son los únicos que tienen más tiempo para compartir su experiencia. Castro ha decidido incluir más cortes de la comisión de investigación de la Asamblea madrileña que se habían quedado fuera en un primer momento. Lo mismo sucede con otros temas no determinantes pero que, ahora, tienen cabida en la cinta. En esta ocasión la aportación de datos es algo más reposada y espaciada, por lo que el público no recibe tanta información en poco tiempo. Por el momento, el nuevo trabajo se ha estrenado en los Cines Verdi y posteriormente se podrá alquilar en la web del director y en una distribuidora.

Un documental para la búsqueda de la verdad

Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, cree que esa cifra de 7.291 es engañosa. Su madre, que murió a consecuencia de una derivación tardía al hospital, no está incluida en ella. Vivía en la Residencia Los Frailes de Leganés. La responsable se equivocó con el geriatra de enlace y dijo que sí se podía valer por sí misma. “Por eso la ingresaron, si no se hubiera quedado en la residencia”, dice la hija. Llegó al hospital el 5 de abril, pero el 1 de mayo el corazón de la madre de López se apagó. Por eso afirma que fueron más. En concreto, 9.470, el número de residentes usuarios de centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid que perdieron la vida —no solo por Covid— en los dos peores meses de la pandemia.

“El documental ha supuesto un paso de gigante en la búsqueda de la verdad porque mucha gente ni se podía imaginar lo que estaba ocurriendo”, destaca López. Esta jubilada de 66 años, cuyos últimos 15 ha trabajado en una multinacional, recalca que otro puntal de la cinta es que muestra la situación de las residencias: “Aquello fue tremendo para trabajadoras, que sufrieron mucho, y para residentes”.

A pesar de la versión extendida de ‘7.291’, todavía hay cosas que se han dejado sin contar por falta de tiempo material para ello, según López. De todas formas, la producción de Castro da buena cuenta de cómo las decisiones políticas tuvieron consecuencias nefastas para uno de los sectores más dependientes de la sociedad. “Todos tendríamos que conocer bien esas decisiones para que sepamos a qué tipo de responsables políticos elegimos”, concluye la portavoz de Marea de Residencias.

Ya hay acuerdo. Finalmente, las trabajadoras de residencias de personas mayores y centros de día no irán a la huelga prevista para este viernes 6 de marzo, tras el acuerdo logrado por los cuatro sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día de La Rioja (CCOO, CSIF, UGT y USO). “Nada nos ha sido regalado, cada mejora ha sido fruto de la movilización y la lucha colectiva” asegura la responsable de sanidad de CCOO La Rioja, Carmen Martínez. Un acuerdo “duro y difícil porque desde el viernes nos hemos reunido dos y tres horas diarias”. Finalmente, ambas partes han acercado posturas y han plasmado sobre el papel un acuerdo que valoran “positivo y como un punto de partida”.

Así, y en cuanto a las mejoras que recoge el acuerdo, Martínez destaca el 15 por ciento de subida salarial en tres años, incremento que puede parecer “poco, pero es un avance”. La primera subida ya se notará en las nóminas de este 2026, con un incremento del 4,75 por ciento. Más salario y menos horas trabajadas que disminuyen hasta las 1.765 este año.

El acuerdo también plasma un aumento de los “pluses” por domingo trabajado pasando de los 18,65 euros actuales a los 20 euros. Igualmente, se mejoran las retribuciones por trienios que pasan de los 21 euros a los 23. El incremento salarial continuará en 2027 con un aumento del 5,25 por ciento y una reducción de las horas trabajadas a las 1.758. En 2028, el incremento salarial será del por ciento y las horas trabajadas bajarán hasta 1.750.

El acuerdo contempla también la equiparación del complemento de incapacidad temporal por contingencias profesionales al convenio estatal, la garantía de un fin de semana completo de descanso cada 3 semanas y la posibilidad de que las personas trabajadoras mayores de 60 años puedan solicitar la exención del turno de noche.

“Estábamos preparadas para la huelga”

La representante sindical valora este acuerdo que llega “después una negociación enquistada desde hace años”. Y reconoce el papel crucial de la negociadora del servicio de Inspección porque “ella ha hecho posible el acercamiento entre dos partes muy alejadas”. Y aunque reconoce que estaban preparadas para la huelga, considera “positivo este acuerdo porque se necesita estabilidad. Estamos hablando de un servicio de cuidados y debemos respeto a las personas mayores con las que trabajamos”.

Aun así y pese a todo, Martínez advierte de que “esto no es el final, es un acuerdo inicial, unos mínimos que se pueden ir mejorando con el paso del tiempo”, además de asegurar estar “vigilantes” para que la patronal cumpla lo acordado.

El Ayuntamiento de Toledo cambia de rumbo con uno de sus proyectos más destacados para esta legislatura, el conocido como ‘Toledo Emerge’. Y es que dos de los cinco edificios en desuso que el plan proyectaba restaurar cambiarán el tipo de uso previsto, según ha anunciado el alcalde de la ciudad, el ‘popular’ Carlos Velázquez.

El cambio más relevante se producirá en el edificio de San Juan de Dios, ubicado en el Casco Histórico de Toledo. Se anunció que se iba a convertir en un hotel y ahora se proyecta para uso asistencial, con centro de día y residencia para mayores.

De esta manera, se revierte una decisión, la del uso hotelero, que había sido muy criticada por vecinos y vecinas de esta parte de la ciudad, así como por los partidos de la oposición PSOE, IU-Podemos y el Movimiento Sumar, desde que el Equipo de Gobierno de la ciudad, formado por PP y Vox, presentase la idea hace año y medio.

Este cambio de planes con el edificio que antaño albergase la maternidad provincial supone “un giro en la planificación patrimonial del Casco Histórico, respondiendo a una demanda histórica de los colectivos vecinales y garantizando la compatibilidad con el uso hostelero mediante la tramitación del Plan Especial de Reforma Interior”, en palabras de Velázquez.

No obstante, el alcalde de Toledo no aclaró si el uso asistencial sería gestionado de forma pública o privada, una duda que todavía no ha resuelto ningún portavoz municipal.

Este cambio de uso del edificio San Juan de Dios ya fue esbozado por el portavoz de Vox, Juan Marín, quien durante el pasado Debate sobre el Estado de la Ciudad habló del interés de ciertas empresas privadas. “Sé que existen proyectos para que ese edificio sea residencia de mayores”, señaló. En el mismo debate, Carlos Velázquez afirmó que hacer una residencia pública es “imposible”, y se mostró abierto a proyectos concertados o privados.

El antiguo edificio de RNE, para viviendas

Esta decisión, según ha indicado el alcalde, permitirá a su vez destinar a otro uso el edificio que albergó la antigua sede de RNE en el paseo de San Cristóbal, donde se planteaba ubicar precisamente un centro de día.

Al dotar a San Juan de Dios del uso asistencial, este inmueble pasaría ahora a poder acoger viviendas.

En este sentido, Velázquez ha indicado que la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) ya ha recibido el encargo de realizar los estudios y análisis previos necesarios para poder desarrollar este proyecto.

La Junta no tiene constancia del cambio de postura

Preguntada en rueda de prensa sobre este asunto, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha afirmado no tener constancia acerca del cambio de postura anunciado por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, para que el antiguo edificio de San Juan de Dios de la capital regional recupere su uso asistencial para convertirse en una residencia y centro de día.

Hay que recordar que es la Junta de Comunidades la que tiene las competencias en materia ser servicios sociales, en concreto de las residencias de mayores, ya sean de gestión pública o privada.

Padilla ha afirmado que “quien más tiene que dar explicaciones es el alcalde”, y se ha mostrado “segura” de que Velázquez “tiene planificada la financiación de este servicio, como lo tienen el resto de alcaldes y alcaldesas cuando deciden apostar por un servicio como es una residencia de atención a personas mayores”.

“Quiero recordar que el Grupo Socialista --en el Ayuntamiento-- planteó la posibilidad de recuperar la residencia de mayores”, ha comentado, señalando que Velázquez “se negó porque había que optar por otros proyectos en la ciudad de Toledo, como fue el hotel, y al final ha venido a dar la razón al Grupo Socialista”.

PSOE: “El anuncio estrella del alcalde es un fiasco”

Las reacciones también se han sucedido a nivel municipal. Por parte de Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Toledo se ha pronunciado su portavoz, Noelia de la Cruz, que ha reprochado la “falta de rumbo” del alcalde, añadiendo sobre Velázquez que “ha vuelto a tergiversar informaciones, vender humo y mentir a la ciudadanía”.

“El Toledo Emerge anunciado a bombo y platillo en el Debate del Estado del Municipio de 2024, hace aguas. Este anuncio estrella del alcalde ha resultado ser un fiasco en cuanto a planificación y nos ha hecho perder casi un año en lo que respecta al edificio de San Juan de Dios”, ha explicado la portavoz.

Respecto al anuncio del alcalde de convertir San Juan de Dios en una residencia, Noelia de la Cruz ha pedido al alcalde que “haga más caso a la oposición y a los vecinos y vecinas del Casco Histórico que siempre han querido que San Juan de Dios fuese una residencia” lo que vuelve dejar claro que “este alcalde y su equipo gobiernan de espaldas a la ciudadanía”.

En relación con el anuncio de que el gobierno de PP y VOX pretende impulsar viviendas en la antigua sede de RNE, donde habían planteado la instalación de un Centro de Día para las personas mayores del Casco, la portavoz socialista ha cuestionado el alcance real de la propuesta: “¿Viviendas de qué tipo? ¿Cómo las que ha hecho en esta legislatura, que ha sido ninguna?”. Además, ha recordado que el alcalde “todavía no ha entregado en alquiler ni siquiera las cinco viviendas que el anterior gobierno socialista dejó ya terminadas”.

IU-PODEMOS lo celebra “pese a la falta de concrección”

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, ha acusado al alcalde de gobernar “sin criterio y de espaldas a los ciudadanos utilizando materias como la asistencia a los mayores para dar titulares, primero arruinando un proyecto residencial en San Juan de Dios y ahora presuntamente haciéndole renacer”.

“El alcalde ofrece una absoluta falta de credibilidad en su gestión de los asuntos de la ciudad”, ha afirmado el edil de IU que ha recordado que “solo hace un año puso la alfombra roja a la Diputación a través del cacareado 'Toledo Emerge' para un proyecto hotelero en contra de la opinión pública y, por supuesto, de este grupo municipal”.

Pese a “la falta de concreción” del anuncio del alcalde, Fernández celebra que, “sea lo que sea que le haya hecho retractarse de la barbaridad que había diseñado”, San Juan de Dios pueda cumplir con los deseos de la sociedad toledana y ser un centro de mayores en el Casco.

No obstante, matiza Fernández, “si el anuncio del alcalde apunta a una realidad y no solo a un intento de dejar el tiempo pasar para evitar el dislate que, en connivencia con la Diputación, querían llevar a cabo en este edificio, se pongan a trabajar para que se convierta en una residencia de gestión pública”.

Movimiento Sumar: “La protesta ciudadana da resultado”

Por último, Movimiento Sumar Toledo celebra el anuncio realizado sobre el cambio de destino del antiguo edificio de San Juan de Dios, que “confirma que la movilización ciudadana y la presión política dan resultados”. “Hoy celebramos que la ciudad ha dado un paso importante hacia un modelo más justo y habitable. Esta victoria no es solo nuestra, sino también y especialmente de la ciudadanía organizada que defiende lo que es suyo”, declara Jose Luis Resuela, portavoz de Movimiento Sumar Toledo

No obstante, la formación advierte de que el siguiente paso es garantizar que este proyecto se desarrolle bajo un modelo plenamente público, tanto en su titularidad como en su gestión. “En los últimos meses, el propio alcalde había deslizado la posibilidad de atraer inversión privada para el proyecto, algo que Movimiento Sumar considera incompatible con el objetivo de fortalecer los servicios públicos”, apunta.

“Una residencia en un edificio público, rehabilitado con fondos públicos, debe ser una pública. Lo público no se externaliza, se fortalece”, añade Resuela, que indica que Movimiento Sumar continuará trabajando para que este cambio anunciado hoy “se concrete en un proyecto que priorice el interés general, refuerce los servicios sociales en el Casco Histórico y consolide un modelo de ciudad pensado para vivir, no para especular”.

El PSOE ha denunciado que el Gobierno de La Rioja “ha desviado más de 12 millones de euros del presupuesto para la dependencia con el objeto de afrontar el pago de otros gastos”. Para la diputada regional del PSOE María Somalo constituye “un ejemplo más de la mala gestión del Ejecutivo de Capellán y del absoluto desinterés que tiene en las personas más vulnerables”.

Somalo ha explicado que, del presupuesto destinado a personas mayores, en concreto a plazas públicas residenciales, “se han desviado 5,5 millones de euros, ya que había presupuestados 42 millones en 2025, de los que se ejecutaron finalmente 36,5”. Y ha remarcado: “Esto sucede mientras hay un millar de riojanos y riojanas esperando una plaza pública residencial, con un tiempo de espera medio de 277 días”.

Además, el presupuesto para el funcionamiento de las dos residencias públicas de personas mayores de nuestra comunidad “también se ha visto recortado en 900.000 euros”. En cuanto al presupuesto para cuidados en el entorno familiar “se ha reducido en 1,6 millones, mientras que lo presupuestado para servicios comunitarios se ha visto reducido en 2,9 millones”. Y junto con esto “también se ha desviado medio millón de euros dirigidos a los centros de participación activa de mayores, y de las inversiones previstas en servicios sociales otros 450.000 euros”.

Finalmente, han aludido a otros desvíos “en medio millón de euros presupuestados inicialmente para infancia y menores, o en 250.000 euros destinados inicialmente a plazas públicas de atención residencial para personas con discapacidad”. En total, el PSOE cuantifica “más de 12 millones de euros que se quitan de la dependencia y se dirigen al pago de otros gastos”.

El Gobierno de La Rioja justifica que es “la práctica de gestión presupuestaria”

El Gobierno de La Rioja ha justificado esta situación en la “disponibilidad presupuestaria” fruto del copago. El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha respondido a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha explicado que “la práctica de gestión presupuestaria” del Gobierno riojano “es la misma que de todos los gobiernos desde que está en vigor la Ley de Dependencia”.

Así, ha relatado, “la Dependencia tiene una característica especial con respecto a otros servicios públicos, como es el copago por parte del usuario”, de forma que “una persona que está en una residencia paga una cantidad por estar en esa residencia o por recibir un servicio”. De este modo, si bien “al inicio de año se presupuesta toda la cantidad que va a ser necesaria para aplicar a todos los servicios públicos derivados de la Dependencia, a final de año se obtienen los ingresos de lo que pagan cada uno de los usuarios”.

“Esto hace que se genere una disponibilidad presupuestaria del Sistema de Dependencia a final de año que no se genera en otros servicios públicos”, ha indicado. A partir de ahí, “todos los gobiernos lo que hacen es utilizar esa disponibilidad para otras necesidades presupuestarias” y, en el caso de La Rioja, se ha mostrado “particularmente orgulloso” de haberlo dedicado, por ejemplo, a abonar las subidas salariales de los empleados públicos. “Porque lo merecen, porque era su dinero y lo pudimos hacer gracias a esa capacidad de gestión financiera”, ha finalizado.

Las negociaciones en la Inspección de Trabajo para llegar a un acuerdo que frene la huelga de residencias de mayores y centros de día que comienza el 6 de marzo no terminan. Después de una larga primera reunión el viernes, las partes volvían este lunes al marco de la negociación y ha vuelto a concluir sin acuerdo. No obstante, han vuelto a ser emplazados a este martes para continuar las conversaciones para alcanzar un acuerdo.

Este lunes, además, el BOR publica los servicios mínimos fijados por el Gobierno de La Rioja para las jornadas de huelga convocadas. En concreto, las jornadas anunciadas por los sindicatos son los días 6,12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31 de marzo y el 1, 2, 3 de abril y, de no alcanzar acuerdo, la huelga se hará indefinida a partir del 13 de abril.

Como norma general, los servicios mínimos serán, en el caso de servicio de las residencias de mayores, los correspondientes a un día festivo. El BOR señala que en restauración tiene que estar el personal de fin de semana para alimentación de residentes y en limpieza, el 100% en aseos, cocinas, comedores y enfermerías y en el resto de zonas, el personal de fin de semana. La resolución justifica que “las residencias operan 365 días al año y la ratio de festivos garantiza las Funciones Básicas de la Vida Diaria (alimentación, higiene y medicación)”.

En los centros de día, que no prestan servicio los fines de semana, se ha establecido como servicios mínimos el 50% de la plamtilla habitual de un día laborable de gerocultores/auxiliares, lo que según recoge el Gobierno, garantiza que se puede asistir a los usuarios en las actividades básicas (higiene y ayuda en comerdor) de forma segura. El personal técnico se fija en el 25% del total habitual, el de limpieza queda al 50% y el transporte adaptado tiene que hacer el 100% de las rutas. En el caso del personal de restauración, no especifica y recoge que debe ser el personal necesario para elaborar el menu del día (comida y merienda) garantizando las dietas terapéuticas.

“Servicios mínimos abusivos y no negociados”

Los sindicatos negociadores del convenio colectivo - Comisiones Obreras (CCOO), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Unión General de Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO)— han denunciado que estos servicios mínimos son “abusivos y no han sido negociados ni consultados con el comité de huelga”.

“Dichos servicios mínimos has sido unilateralmente establecidos por la Administración en base a un informe de servicios esenciales prestados por el sector privado de Residencias y Centros de Día de La Rioja, el 23 de febrero de 2026, que se emite desde la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, del que no tiene conocimiento ni ha sido tampoco consultado el comité de huelga”, han criticado.

Según señalan las organizaciones sindicales, “en las residencias no existe una ratio específica diferenciado para días festivos o jornadas ordinarias, ya que las plantillas se fijan de manera global en función de la contratación” y aseguran que en la mayoría de residencias, los días festivos se trabaja con el mismo personal de atención directa que en un día laborable. “Esto implica que los servicios mínimos decretados para la jornada de huelga reproducen exactamente el personal habitual de atención directa, impidiendo en la práctica que las trabajadoras y trabajadores puedan ejercer su derecho fundamental a la huelga”.

Asimismo, denuncian que “en las residencias de mayores se vienen soportando ”servicios mínimos“ de facto durante todo el año, como demuestra la inexistencia de diferencias reales entre un día festivo y un día normal en cuanto a dotación de personal”. “Fijar los servicios mínimos apenas cuatro días antes de la huelga supone”, a su juicio, “un ataque profundo contra los derechos fundamentales de la plantilla”. Por todo ello, los sindicatos negociadores solicitan una reunión urgente con la Administración competente para exigir aclaraciones sobre los criterios utilizados y reclamar una revisión inmediata de los servicios mínimos establecidos, con el fin de garantizar el respeto efectivo al derecho de huelga del conjunto de las personas trabajadoras del sector en La Rioja.

La Inspección de Trabajo había convocado a patronal y sindicatos este viernes para llegar a un acuerdo antes de huelga de trabajadoras de residencias de mayores, que los sindicatos han convocado a partir del 6 de marzo y con varias jornadas más hasta abril. Las negociaciones de mediación de este viernes se han desarollado en una larga reunión que ha terminado sin acuerdo pero que ambas partes retomarán este mismo lunes.

Las diversas fuentes consultadas por Rioja2 de ambas partes de la negociación son discrepantes en cuanto al acercamiento de posturas y los avances conseguidos. Por parte de los sindicatos, aseguran que las mayores diferencias están en los salarios y en la jornada anual.

El lunes, además, está previsto que se notifiquen los servicios mínimos por parte del Gobierno de La Rioja y, en caso de no haber acuerdo entre las partes, será otra de las cuestiones a negociar en la reunión en la Inspección de Trabajo. Por parte de los sindicatos, forman parte de la negociación USO, CSIF, CCOO y UGT y por la Patronal, Lares y ARTE (Asociación Riojana de Residencias Privadas de la Tercera Edad).

Una concentración a las puertas de la residencia de mayores 'La Granadilla', en Badajoz, con participación de representantes de CCOO, trabajadores y familiares de usuarios, ha querido poner de manifiesto es jueves las carencias de esta instalación, que sufrió un incendio el pasado domingo, y reclamar que se acometan mejoras.

El responsable del Sector de Administración Autonómica de CCOO, José Sánchez, ha explicado a los medios que es necesario afrontar todos los desperfectos existentes en la residencia, unas actuaciones que, en su opinión, “hubieran evitado el incendio”.

Entre las deficiencias detalladas se encuentran elementos eléctricos como enchufes “sobrecargados” o un equipo electrógeno, que ha dejado de funcionar tras las últimas borrascas, así como fallos que se producen en los sistemas de alarma o antihumo, que, según trasladan los trabajadores, “no sonaron” el domingo, solo el sistema externo de protección instalado para evitar que los usuarios dejen el centro.

Otro de los “graves problemas” es la necesidad de aumentar la plantilla del centro, algo que también ocurre en el resto de la red del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad).

Ha incidido en que en el momento del incendio solo se encontraban tres personas trabajando y que la suerte fue que este hecho se produjo a las 19:00 horas y había familiares que ayudaron a los trabajadores.

También se ha solicitado que se informe con urgencia y transparencia sobre las causas del incendio, que según policía y bomberos que podría haberse producido “por un problema eléctrico o por alguna colilla o un elemento similar”.

El representante sindical ha insistido en que “los trabajadores hicieron todo lo que pudieron, incluso empleados que libraban y que se desplazaron al centro al enterarse del incendio, conscientes de las carencias de esta dotación”, mientras que familiares de usuarios también pusieron “su granito de arena” con el objetivo de evitar males mayores. 

Las trabajadoras en las residencias de personas mayores y centros de día de La Rioja continúan con sus reivindicaciones. Este miércoles se han concentrado frente al Parlamento de La Rioja minutos antes del inicio del pleno que se está desarrollando en su interior. Aunque con problemas, finalmente varias trabajadoras han podido acceder al interior del hemiciclo. “En un principio no nos dejaban entrar porque llevábamos una camiseta morada con el eslogan 'Dependencia y Dignidad' y el logo del sindicato. Parece que esto les ha molestado y aunque finalmente hemos podido entrar, nos han obligado a hacerlo con el abrigo y la camiseta por dentro”.

Una vez en el interior, han sido expulsadas por la presidenta del pleno. El motivo, “recriminar a la consejera de Salud, María Martín, sus afirmaciones con el reclamo 'gobierno y patronal, cómplices del mal”, apunta la responsable de sanidad de CCOO La Rioja, Carmen Martínez.

En su intervención, la titular de Salud del Gobierno de La Rioja ha destacado el aumento de plazas y de la inversión en las residencias de personas mayores, y centro de día de La Rioja, “pero lo que no ha dicho es que La Rioja cumple la ratio regional, pero no la del Gobierno de España, algo que Comisiones Obreras ya ha denunciado en los tribunales”. La ratio en La Rioja es de 0,31-0,33 trabajadores por residente mientras que la ratio a nivel nacional asciende a 0,35. “Esto significa que por cada cien residentes hay 31 trabajadores en todos los turnos (mañanas, tardes, noches y libranzas), es decir, son contrataciones no trabajadores presenciales”. En cuanto a la inversión, Martínez ha recordado que “a pesar de los incrementos de los que habla el Gobierno de La Rioja, las mejoras siguen sin llegar a las trabajadoras”. Por lo que piden que desde el Ejecutivo regional “insten a la patronal a que haga su parte. Deben ser más vigilantes, no hay inspecciones y cuando se hacen, las direcciones de las residencias están avisadas”.

Desde el pasado mes de septiembre, las trabajadoras de las residencias de personas mayores y centros de día de La Rioja están haciendo visible su malestar con concentraciones, “unas 17 más la manifestación del sábado pasado”. Movilizaciones que, lamenta, “no importan a la Patronal porque no ha habido movimiento alguno ni llamada por su parte. Parece que les da igual que vayamos a la huelga el próximo 6 de marzo”.

Enfrentamiento entre Martín y Moreno

La situación de las trabajadoras de las residencias de personas mayores y centros de día de La Rioja también ha sido motivo de acusaciones entre la responsable de Salud y la diputada de IU, Henar Moreno. La segunda ha celebrado la presencia “de las trabajadoras del sector que llevan años de lucha y reivindicando algo que no solo les afecta a ellas porque de sus condiciones laborales depende la calidad del servicio”. De igual forma, Moreno ha afeado que les hayan obligado taparse la camiseta. “Yo he visto entrar aquí gente con camisetas con eslóganes de marca y no ha pasado nada. He visto entrar a trabajadores más cualificados, como los secretarios judiciales, y no ha importado. Igual el problema está en que queremos visibilizar aún más a quienes llevan sobre sus espaldas y lumbagos el cuidado de las personas a las que más queremos”.

“Llevo dos años y ocho meses. Usted estuvo cuatro años apoyando a un gobierno (el Gobierno de Concha Andreu) que aprobó la resolución que disminuyó las penalidades porque sabía cuál era la situación en las residencias”. Y sí, con el Gobierno socialista se procedió por resolución del entonces consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, a la suspensión de la imposición de penalidades durante unos cinco meses, tiempo durante el que registraron los picos máximos de la pandemia y el personal de las residencias de personas mayores de La Rioja, al igual que el de otros sectores, también se contagió de la COVID. De forma que esta resolución permitió que pudieran ser sustituidos durante las bajas y además se realizó al amparo de las medidas excepcionales habilitadas por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre y bajo su vigencia.

En enero de 2024, el Boletín Oficial de La Rioja, ya con el PP en el Gobierno de La Rioja, publicó una resolución ante “los problemas en torno al déficit y carencias de personal sociosanitario en los centros de atención a personas mayores” que las “empresas contratistas de servicios de atención residencial y centro de día vienen manifestando”. En la misma, decide “eximir a las entidades dedicadas a la prestación del servicio de atención residencial y centro de día a personas mayores de La Rioja de la aplicación de la parte de las penalidades previstas en los contratos por el incumplimiento de los ratios de personal exigidos en los contratos administrativos”. En enero de 2024, la pandemia estaba ya superada. Ya entonces, Martínez anunció la interposición ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, un recurso contencioso Administrativo contra esta resolución por la que se eximía a las empresas que gestionan residencias y centro de día.

“La desinformación es su bandera”, le ha increpado Martín a Henar. “Usted viene a montar mítines y circos delante de un colectivo sensible porque la situación no es buena, pero ¿qué hizo usted hace cuatro años? ¿Por qué salen ahora las camisetas y las pancartas?”, ha concluido María Martín.

Y si nada cambia, el próximo 6 de marzo volverán las camisetas y pancartas porque tras cinco años de reuniones en el marco de la mesa negociadora del IV Convenio Colectivo de Residencias y Centros de Día de La Rioja, los sindicatos negociadores han denunciado públicamente la “total falta de avances significativos por ausencia de propuestas serias por parte de la patronal”. Consideran que “no está tomando en serio la gravedad de la situación del sector ni la necesidad urgente de mejoras para las plantillas y el servicio que se presta”. Y por esta razón, han diseñado un calendario de huelga para el 6 de marzo; 12 y 13 de marzo; 18, 19 y 20 de marzo; 24, 25, 26 y 27 de marzo; 30 y 31 de marzo y 1, 2 y 3 de abril y a partir del 13 de abril se iniciará una huelga indefinida. El objetivo es “visibilizar el conflicto laboral y la irresponsabilidad de una patronal que, pese a reconocer verbalmente los problemas estructurales del sector, se niega a comprometerse con soluciones reales y sustanciales”.