La Plataforma Social Castilla y León ha asegurado que el proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 no garantiza la aportación autonómica que exige la reforma de la Ley de la Dependencia. La organización ha defendido que el Gobierno autonómico debería incrementar en al menos 73 millones de euros los fondos destinados a este sistema para igualar su contribución a la prevista por la Administración General del Estado (AGE).

Según los cálculos de la plataforma, el Estado aportará 620 millones de euros a Castilla y León para financiar la dependencia durante el próximo ejercicio, mientras que el proyecto presupuestario de la Junta contempla una transferencia de 547 millones a la Gerencia de Servicios Sociales. La diferencia entre ambas cantidades es de 73 millones.

La organización ha avisado de que el aumento de la financiación estatal no debería servir para congelar o reducir el esfuerzo económico de la Administración autonómica. Al contrario, ha reclamado que ambas administraciones refuercen los recursos destinados a las personas dependientes, en un contexto en el que, según sus datos, se han incorporado 6.265 personas al sistema desde enero de 2024.

A las aportaciones públicas se suman los 83 millones de euros que, según la plataforma, abonan las personas usuarias mediante el copago de plazas en residencias y centros de día públicos o concertados. La entidad ha indicado que el incremento de los recursos debe traducirse en una mejora de las prestaciones y de los servicios, así como de las condiciones laborales de quienes atienden a las personas en situación de dependencia.

Menos fondos para la renta garantizada

La Plataforma Social ha criticado la reducción en la Renta Garantizada de Ciudadanía, que quedarían en 5,5 millones de euros. La organización cifra en 9,2 millones la reducción respecto a 2024 y recuerda que esta prestación llegó a contar con una dotación de 72 millones.

Por ello, han exigido a la Junta que explique el destino de los recursos que, según sus cálculos, han dejado de consignarse para estas ayudas y propone dedicar fondos a un programa específico de inclusión social.

Cierre de plazas públicas en residencias

Según ha afirmado la plataforma, en la última década se han cerrado 837 plazas públicas para personas mayores en residencias con el objetivo de reconvertirlas en plazas para grandes dependientes. Sin embargo, ha reprochado que la mayoría continúa sin abrirse pese a que su recuperación se ha anunciado en distintos presupuestos.

La organización ha afirmado que las cuentas de 2027 no incluyen financiación suficiente para recuperar esas plazas y denuncia que las inversiones en centros de personas mayores se reducen un 46%, lo que equivale a 17 millones de euros menos. Por ello, ha reclamado “la apertura de todas las plazas para personas en situación de dependencia que son de la Gerencia de Servicios Sociales”.

“Mantener estas plazas cerradas sólo favorece a que las residencias privadas hagan negocio y las personas que necesitan una plaza residencial y no puedan pagar una privada, se quedan es situación de exclusión”, han aseverado desde la plataforma.

Dudas sobre los gastos de los centros de discapacidad

La Plataforma Social ha pedido explicaciones a la Junta sobre varias partidas dedicadas a la atención de las personas con discapacidad. Entre ellas, ha señalado el incremento previsto para el gasto en agua, que pasa de 42.477 a 142.477 euros, y el de electricidad, que aumenta de 1,97 millones a 16,13 millones de euros.

La organización ha cuestionado que el presupuesto contemple 11,72 millones de euros para gastos farmacéuticos, frente a 3,5 millones para alimentación. La diferencia, según ha denunciado, supone destinar más de tres veces la cantidad prevista para comida a productos farmacéuticos.

La entidad ha reclamado que la Junta aclare el origen de estas variaciones y explique cómo se han calculado las cantidades consignadas. Su preocupación es que, si las partidas se modifican posteriormente, puedan destinarse a otros fines y reducir los recursos inicialmente previstos para la atención de las personas dependientes.

Son los trabajadores del comedor de tus hijos en el colegio, las empleadas de la cocina de la residencia de tus padres, aquellos que alimentan a los pacientes en un hospital. CCOO y UGT han dado por rotas las negociaciones del convenio estatal de Restauración Colectiva, caducado desde 2025, ante la inmovilidad de la patronal, según denuncian. Sus principales reclamaciones se basan en el reconocimiento de categorías profesionales que existen en la labor que desempeñan, pero oficialmente no recogidas, subida “digna” de los salarios, pues hay regiones que todas las categorías cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) y reducciones de jornada.

La parte empresarial, representada por Food Service España, responde que “mantiene su predisposición al diálogo”. Las centrales sindicales plantean un futuro de movilizaciones para intentar forzar que la patronal tome en consideración sus demandas.

Carmen Ortiz, responsable del sector de la Restauración Colectiva de la Federación de Servicios de CCOO, cifra en 125.000 las personas que están bajo este convenio en España. “Cuando se creó hace diez años, la idea era unir las tablas y condiciones salariales de las 52 provincias. Durante esta década no se ha hecho nada y seguimos con las tablas salariales de origen”, explica la sindicalista. El incremento paulatino del SMI a lo largo de los últimos años –actualmente se encuentra en los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas– ha hecho que muchos convenios provinciales se queden desactualizados, por lo que la mayor parte de sus categorías están sujetas al mismo.

Mónica de la Cámara, de UGT, recalca que todas las categorías de 17 convenios provinciales cobran el SMI, y 15 tienen más de la mitad de las categorías en la misma situación. Ella integra el equipo estatal de la actividad de Restauración Social: “Es un sector en el que tampoco hay complementos. No creo que estemos pidiendo nada que las plantillas, muy feminizadas, no se merezcan”.

Olga Aguilar es cocinera titulada en el Hospital Fremap de Sevilla. Lo primero que dice al hablar con elDiario.es es que en su centro “no estamos excesivamente mal”, ya que se cumplen los horarios definidos. “Nosotras trabajamos con presión, eso es indiscutible, y no podemos sobrevivir con ni siquiera 1.000 euros netos mensuales”, denuncia.

Vivir así es “muy complicado”, subraya la trabajadora, que respira algo más tranquila desde que tiene su casa pagada. “Pero tengo compañeras de alquiler y lo pasan fatal. El tema de la vivienda está muy mal y si encima tienes una familia, todo es mucho más complicado. Por eso necesitamos que las tablas salariales aumenten”, se explaya.

Responsabilidad en la alimentación

Las representantes de los trabajadores coinciden al decir que se han encontrado con una patronal que se niega a negociar las demandas planteadas. En el día a día, en estos centros trabajan figuras como dietistas y coordinadora de monitores que no vienen recogidas como tal en el convenio. “Queremos que se actualice el texto, que plasme la realidad del sector”, reivindica la responsable de CCOO.

De la Cámara ejemplifica que la categoría de coordinador de monitores funciona desde hace años. Todas las Administraciones públicas la reconocen y lo mismo sucede incluso en algunos convenios de hostelería de algunas provincias. “Lo que no se puede entender es que el coordinador cobre lo mismo que un monitor. Su responsabilidad es mayor, su carga de trabajo es mayor, y eso se debe recompensar”, señala la ugetista.

“Llevamos a cabo una labor con mucha responsabilidad como para cobrar el salario mínimo. Nosotras trabajamos con niños, enfermos, ancianos, usuarios de centros de acogida, presos… Nuestro público es delicado y eso nunca está reconocido”, recalca Ortiz. Aguilar confirma este extremo. “Debemos tener mucho cuidado porque uno no puede tomar sal, el otro el diabético, el de allí tiene colesterol… Hay que tener mucho cuidado, y con las alergias también”, ilustra.

La sindicalista de CCOO admite que este no es un trabajo del que se pueda vivir. “Es más para aportar algo en casa, porque muchos contratos son de media jornada o menos, sobre todo en comedores escolares. En lo público se nota mucho porque en los colegios son jornadas pequeñas con responsabilidades muy grandes”, desarrolla la misma Ortiz. Además, justo estos trabajadores tienen la tarea extra de cuidar de los chavales y enseñarles a comportarse en la mesa.

Adjudicar al precio más bajo

La ley de desindexación hace que el sector de la restauración colectiva se enfrente a otro gran escollo. Esta norma prohíbe actualizar de forma automática los precios, tarifas y contratos del sector público utilizando el IPC u otros índices generales de precios. La gran mayoría de las empresas que operan en la restauración colectiva lo hacen de la mano de la Administración pública, mediante concursos. Desde UGT explican que este tipo de contratos con la Administración hacen que el precio de lo ofertado esté cerrado a lo largo del tiempo que dura el contrato, lo que lastra la negociación colectiva debido al incremento de los productos y del coste de la vida durante el tiempo del contrato.

Por otra parte, reclaman a las administraciones públicas que el criterio de adjudicación no dé tanto valor al precio. “Es un bucle en el que siempre salen perjudicados los trabajadores y llega un momento que ni monitores, ni ayudantes de cocina, ni jefes están dispuestos a trabajar en estas condiciones”, alerta De la Cámara.

Las negociaciones encallan

La representación de los trabajadores en el sector de la restauración colectiva resume en una palabra la respuesta que reciben por parte de Food Service España: inasumibles. Eso es lo que aseguran UGT y CCOO que les dicen cuando plantean sus demandas. “No quieren ni entrar a valorarlas, y no lo entendemos. Quieren una subida lineal del 2,5% en los salarios y reconocer alguna bajada de jornada, pero poco más”, abunda Ortiz.

Las 130 empresas asociadas a Food Service España preparan 4,1 millones de menús al día para 8,7 millones de consumidores diarios, según sus propias cifras, y crean más de 95.000 empleos directos. Tal y como han señalado a elDiario.es, la organización mantiene su disposición al diálogo. “Entendemos que las diferencias forman parte de cualquier proceso de negociación colectiva y confiamos en que los contactos se reanuden próximamente para seguir avanzando en beneficio del conjunto del sector”, han añadido.

La responsable de Restauración Colectiva en CCOO defiende que la patronal “debería pensárselo bien”, pues entre el último trimestre de 2026 y los primeros tres meses de 2027 se suscribirán el 60% de los contratos con la Administración pública, según sus cálculos. “Es el momento de negociar y así ir a los concursos con las reglas del juego escritas, sabiendo a qué se enfrentan y en qué condiciones tendrán que hacerlo”, precisa.

Aguilar habla de posibles movilizaciones futuras y la importancia de dar a conocer su situación. “Hasta que no hay alguna protesta y la gente ve tus condiciones, ni se paran a pensarlo”, comenta. Ante la postura inamovible de la patronal, la trabajadora no cree que se esté pidiendo algo inasumible. “A todo dicen que no cuando las propuestas son bastante razonables”, añade con la vista puesta en este diciembre, cuando se cumplirá un año de la caducidad del convenio.

Ante la ruptura de las negociaciones, las dos centrales sindicales han planteado diversas acciones para intentar forzar que la patronal atienda a sus reclamaciones. Empezarán informando a las plantillas de los centros de trabajo sobre la situación encallada en la que se encuentra la comunicación para actualizar el convenio, y no descartan escalar las protestas hasta concentraciones. Todavía no tienen marcado un calendario concreto de protestas, pero sí saben sus exigencias. “Solo pedimos algo de diálogo por parte de la patronal”, dice De la Cámara. “La huelga debe ser la última medida, pero si hay que ir, se irá. No sería la primera vez que paramos por algo así”, concluye Aguilar.

La residencia universitaria Flora Tristán, ubicada en las Tres Mil Viviendas de Sevilla, continúa cerrada pese a los compromisos de reapertura trasladados por la Universidad Pablo de Olavide (UPO), propietaria del inmueble. Dos días después de que venciera el último plazo anunciado, estudiantes, antiguos residentes, trabajadores y colectivos sociales se han concentrado este sábado a las puertas del complejo para reclamar una fecha concreta y denunciar que, según la Asamblea por la apertura y defensa de la residencia, “alrededor de una decena de estudiantes continúa sin contrato de alojamiento ni una vivienda estable”.

De acuerdo con la plataforma convocante, la Universidad se comprometió inicialmente a abrir el 1 de octubre los dos primeros bloques de la residencia y, al no poder cumplirse esa previsión, el plazo se trasladó al 15 de octubre, una fecha que también ha pasado sin que el complejo vuelva a recibir residentes. La Asamblea denuncia que los retrasos están prolongando la incertidumbre de quienes necesitan alojamiento para continuar sus estudios y reclama al Rectorado que garantice “una solución habitacional estable”.

Por su parte, el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UPO, Juan Rigoberto Tejedo, reconoce en declaraciones a elDiario.es que el rector se comprometió a abrir el inmueble el 15 de octubre, pero explica que las actuaciones se han demorado porque, tras levantarse el encierro que mantuvieron residentes y colectivos sociales hasta el 31 de julio, la Universidad pudo comprobar que el estado del edificio era peor de lo previsto. Algunas viviendas, señala, necesitan “una reforma integral”, después de años sin mantenimiento.

La nueva previsión de la institución universitaria es que dos de los siete portales —unas 32 viviendas— puedan abrir el 1 de diciembre, siempre que la empresa encargada de las obras no acumule retrasos. Las actuaciones en el resto del complejo continuarán en función de la disponibilidad presupuestaria y, según Tejedo, la Universidad espera que otros dos portales puedan abrir posiblemente en marzo.

Un conflicto que viene desde junio

La protesta se produce después de varios meses de incertidumbre sobre el futuro de una residencia que el curso pasado alojaba a 148 estudiantes. El conflicto se intensificó el pasado junio, cuando trascendió la propuesta del Rectorado de ceder la gestión del complejo a la Fundación Gerón, una entidad privada sin ánimo de lucro especializada en centros para personas mayores. La iniciativa, que la Universidad defendió como una vía para financiar las obras urgentes, generó una fuerte contestación entre residentes y colectivos del barrio.

La UPO cifró entonces en 420.000 euros el coste de una primera fase de actuaciones “imprescindibles” para la reapertura y situó entre tres y seis millones el de una rehabilitación integral. Tras frenarse la cesión directa a Gerón, la Diputación de Sevilla comprometió a finales de julio un millón de euros para la recuperación del complejo. El acuerdo permitió mantener el carácter público de la residencia y fue recibido como una victoria por los colectivos que se oponían a la cesión y que decidieron entonces levantar el encierro el 31 de julio.

El objetivo anunciado en aquel momento era terminar para octubre las obras de dos de sus siete portales, con la idea de recuperar la total normalidad de cara al curso 2027/28. Sin embargo, al no haberse materializado la reapertura inicial en las fechas previstas, la Asamblea ha retomado las movilizaciones para reclamar que los compromisos se traduzcan en un calendario claro y en alternativas para quienes continúan sin alojamiento.

Ayudas para mantener el proyecto social

La concentración ha coincidido con la publicación, este viernes, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la convocatoria de ayudas extraordinarias de acción social de la UPO para el curso 2026-2027. La institución las presenta como una medida para mantener la vinculación de antiguos residentes con el Polígono Sur y favorecer la continuidad de sus estudios mientras duren las obras.

La convocatoria reconoce que la Flora Tristán no se concibió únicamente como un recurso residencial, sino también como una herramienta de intervención social. “La convivencia del estudiantado universitario con el vecindario perseguía, de forma deliberada, favorecer un cambio informal en el paisaje social del barrio, propiciar vínculos de proximidad entre residentes y vecinos, y ofrecer referentes distintos a los tradicionalmente asociados a la zona, contribuyendo así, con el tiempo, a su transformación”, recoge la convocatoria.

Las ayudas, de entre 600 y 1.000 euros, se dirigen al estudiantado que residió en el complejo durante el curso pasado y continúa sus estudios en la UPO. Pueden contribuir a sufragar gastos generales relacionados con la vida universitaria, entre ellos el alojamiento, la manutención, los desplazamientos y el material académico, según el texto. La cuantía depende de la puntuación obtenida según criterios como la participación previa en proyectos sociales vinculados a la residencia, la situación económica familiar y el rendimiento académico.

La Asamblea, no obstante, cuestiona el alcance de estas ayudas, al considerar que no sustituyen la necesidad de contar con un alojamiento estable durante todo el curso. También advierte de que la convocatoria deja fuera a antiguos residentes que estudiaban en otras instituciones educativas. “Las personas residentes necesitan contratos que cubran el curso académico completo, y no soluciones provisionales sujetas a renovaciones periódicas”, critican los estudiantes

La organización denuncia que los sucesivos cambios de fecha dificultan que los afectados puedan organizar su vida académica y personal, en pleno curso académico. “Algunos permanecen acogidos temporalmente en casas de otros estudiantes, mientras que otros dependen de la solidaridad de asociaciones vinculadas a la Iglesia que les ofrecen un lugar donde dormir”, lamentan desde la plataforma convocante.

Además del alojamiento, la organización reclama que la reapertura permita recuperar el proyecto comunitario construido durante años en uno de los barrios más estigmatizados y empobrecidos de España. Hasta ahora, los residentes participaban en iniciativas comunitarias, apoyando al tejido asociativo del barrio. Mientras la Universidad trabaja con diciembre como nueva fecha de apertura parcial, los convocantes exigen al Rectorado que concrete el calendario y dé respuesta a quienes siguen sin una solución habitacional estable.

El Gobierno regional somete a exposición pública la aprobación definitiva del Plan Parcial Brisa del Cantábrico para desarrollar en San Miguel de Meruelo, el primer proyecto de cohousing para personas mayores de Cantabria.

El anuncio ha sido publicado este lunes en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria (BOC) después de que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) aprobara el pasado 29 de julio de forma definitiva dicho plan para el desarrollo en este municipio de esta iniciativa de alojamientos colaborativos autogestionados, conocido como cohousing, para personas mayores.

Contra el acuerdo de aprobación se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la propia CROTU en el plazo de un mes a contar desde el martes 6 de octubre.

También se podrá presentar directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses, según se indica en el anuncio, consultado por Europa Press.

Se trata de un proyecto que llevaba trece años de tramitación. Con la aprobación del Plan Parcial, se continúa adelante hacia la ejecución de este proyecto impulsado por una cooperativa sin ánimo de lucro (Ciudad Residencial Brisas del Cantábrico) que cuenta actualmente con cerca de 400 personas socias.

Brisa del Cantábrico se desarrollará sobre una parcela de 89.000 metros cuadrados en San Miguel de Meruelo, un terreno que fue recalificado como urbanizable dotacional para la implantación de este equipamiento a través de una modificación puntual del planeamiento aprobada definitivamente en 2023.

El proyecto incluye 200 alojamientos de uso privativo, edificios y espacios comunes para la convivencia, viviendas con apoyos y unidades específicas destinadas a la atención de personas en situación de dependencia.

El modelo se desarrollará bajo un régimen cooperativo de cesión de uso y está concebido como una alternativa residencial estable para personas mayores, basada en el envejecimiento activo, la participación comunitaria, la sostenibilidad ambiental y un modelo integral de cuidados que permita a los residentes permanecer en el complejo durante todas las etapas de su vida.

El diseño del proyecto incorpora además criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con medidas dirigidas a favorecer el ahorro energético, la gestión responsable del agua, la movilidad compartida y la integración del complejo en el entorno, así como espacios abiertos a la participación de los vecinos del municipio.

Un hombre en situación de dependencia lleva más de cinco meses alojado en el hospital de Pontevedra después de recibir el alta a la espera de que la Xunta resolviese su expediente para que pudiese acceder a una residencia por la vía de emergencia social. El Colexio Oficial de Traballo Social (COTS) denuncia que éste no es un “hecho aislado” sino una situación que se repite, aunque esta vez haya llegado al extremo. La Consellería de Política Social, que en esta ocasión no ha contestado a las preguntas de elDiario.es, había negado esta realidad anteriormente. Esta vez no lo hace y asegura haber encontrado una solución que permitirá su ingreso la próxima semana.

La denuncia –adelantada por La Voz de Galicia– trascendió tras la carta hecha pública por María José Lozano, trabajadora social en el hospital Montecelo. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, admite que el caso del que habla no es el único. “Hay muchos en Galicia en estos momentos, lo sé”. Sin embargo, cree que hay una “diferencia” clara, que fue la que la llevó a dar el paso de contarlo: “la exigencia de papeles imposibles de conseguir” para justificar la emergencia social del paciente y que es la que lo mantiene en un centro hospitalario donde la estancia, según Lozano, “quintuplica” el coste para las arcas públicas frente al de la residencia, algo que “parece no importar a los políticos”.

Para la trabajadora social –e, incluso, para la Fiscalía, con la que dice trabajar “en coordinación”– es palmario que el hombre cumple los criterios para un ingreso no voluntario, ya que no es consciente de su situación. Sin embargo, ante ese objetivo se interpone un requisito, ahora mismo, insuperable: para acceder a la residencia, necesita presentar sus datos bancarios y, para obtenerlos, tiene que desplazarse en persona a la sucursal, algo imposible en su estado actual. Por eso, Lozano habla de “violencia burocrática”. “Lo que me duele es la desconsideración al paciente vulnerable, que no tiene recursos sociales, familiares, económicos y hasta parecería que le quieren quitar la dignidad”, escribe.

En marzo de 2025, el COTS elevaba a doce, sólo en la misma área sanitaria de Pontevedra-Salnés, el número de personas que esperaban por una plaza en una residencia desde una cama de hospital que ya no tenían que ocupar. Contaban entonces que, frente a las 72 horas que marca la Ley de Dependencia, la estancia en ese limbo podía ir de los 25 días a los dos meses. La Consellería de Política Social lo negó en rotundo: “No se están registrando retrasos y mucho menos casos que excedan los 60 días”. Esta vez, ni siquiera respondió a las preguntas de esta redacción.

Sí lo hizo, de nuevo, a La Voz de Galicia, para asegurar primero que el caso era “complejo” porque había “dificultades para acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a una plaza pública residencial”. Finalmente, este viernes el rotativo recogía que el hombre ya contaba con esa plaza y que, “previsiblemente” ingresará la próxima semana. Fue la FUNGA (Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas) quien recabó toda la documentación del afectado, bajo el amparo de la Fiscalía. Los funcionarios de la Consellería comprobaron que, como afirmaba la trabajadora social, su caso cumplía todos los requisitos de una emergencia social y encontraron el hueco en un centro público autonómico. Si el hombre sigue rechazando la medida, añade Política Social, el traslado deberá realizarse a través de una orden judicial como ingreso no voluntaria.

Urgencias como entrada al sistema

“Este caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática estructural que afecta a un número significativo de personas en Galicia”. David Gontán, coordinador del COTS, es consciente de los problemas que provoca una realidad que la administración se empeña en tapar. El primero, el hospital como “recurso inapropiado para los cuidados de larga duración”, ya que son “entornos diseñados para atender procesos agudos” y no una estancia prolongada “por falta de alternativas habitacionales o de cuidado”. Mantener al paciente ingresado después del alta supone, para Gontán, “una vulneración de sus derechos a recibir atención adecuada en el entorno más idóneo para su recuperación y bienestar”.

Esto supone una prueba del “colapso” y la “lentitud” de la administración. A pesar de que existan mecanismos como la tramitación por emergencia social, los tiempos de respuesta “siguen siendo insuficientes para dar respuesta a las necesidades urgentes que surgen en el momento del alta”. El coordinador del Colegio habla de una “grieta” entre el ritmo de la sanidad y la capacidad de gestión del sistema de atención a la dependencia que genera “un bloqueo institucional”. Los perjudicados, una vez más, “la persona usuaria y sus familias”.

Ante ese colapso, Gontán relata estrategias que, en ocasiones, permiten incluso salvar vidas. Pone el ejemplo de un matrimonio de octogenarios, en la que el hombre padece una enfermedad que le provoca una conducta agresiva a la que su mujer no puede hacer frente. La pareja no puede acceder a una residencia privada ni pagarse una pública. Conoce casos en los que se ha provocado un ingreso por urgencias para que el afectado entre en el sistema hospitalario. Una vez allí, la valoración de los profesionales demostró la emergencia social que justificaba el concederle una plaza como dependiente. Después, ya sólo quedaba esperar a que la burocracia hiciese su trabajo.

Todo esto supone un “desgaste” a las trabajadoras sociales, que se encuentran en una posición de “extrema presión”. “Actúan como puente entre dos sistemas que no se coordinan, asumen la gestión de la frustración de las familias y la falta de recursos disponibles”. Por eso, Gontán reclama de forma “urgente” una “coordinación sociosanitaria real”, con “protocolos de agilidad inmediata”, aumento del cuadro de personal de Trabajo Social e incrementar el catálogo de “recursos intermedios” –centros de media estancia, plazas residenciales de emergencia y refuerzo del Servicio de Ayuda en el Hogar– “que eviten que el hospital funcione como recurso residencial”.

Las cifras son oficiales y las ha facilitado la propia administración del Principado de Asturias. Un total de 3.645 personas tienen reconocido su derecho a ocupar una plaza residencial geriátrica, de las que 996 no la quieren “de manera inmediata” frente a las 2.649 personas que han trasladado que “quieren la plaza para ya”.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar de Asturias, Nerea Monroy, apenas lleva un mes en el cargo desde que tomó el relevo a Marta del Arco y ya ha tenido que lidiar con las listas de espera en un debate bronco con la oposición en el parlamento asturiano, aunque este era un tema que ya controlaba desde su anterior cargo como gerente de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA).

Monroy: “No voy a negar los problemas”

Seis diputados del grupo parlamentario del Partido Popular (PP) habían solicitado su comparecencia en comisión en la Junta General del Principado para que diera explicaciones y la consejera, durante su intervención, dejó claro que no acudía al parlamento “a negar los problemas”.

En esta línea, Nerea Monroy resumió su visión del panorama actual: “Asturias afronta un enorme desafío demográfico con una población cada vez más envejecida y una demanda creciente de cuidados, de atención a la dependencia y de apoyo a las familias. Precisamente por eso -ha asegurado- este Gobierno no ha elegido la resignación ni la política del lamento, ha elegido actuar”.

La visión “derrotista” del PP

Dejó claro que el PP tenía derecho “a exigir más”, pero puntualizó que “una cosa es exigir y otra muy distinta transmitir permanentemente una visión derrotista de Asturias porque cuando se intenta instalar la idea de que todo está mal no se perjudica al Gobierno, sino que se genera inseguridad entre quienes más necesitan la protección de las instituciones”.

La titular de Derechos Sociales y Bienestar no eludió la realidad de las largas listas de espera. Para hacer frente a esta alta demanda, ha anunciado que la administración regional está desarrollando una planificación que permitirá incorporar 1.025 nuevas plazas residenciales de la red de ERA en los próximos tres años y también está avanzando en la implantación de unidades convivenciales y modelos que conviertan las residencias “en hogares y no en instituciones”.

Las plazas públicas

Asimismo, ha recalcado que también se trabaja en reforzar la red de centros de día, que ya alcanza los 30 centros y las 850 plazas, con nuevos equipamientos proyectados en Somiedo, Oviedo y Avilés, que ampliarán la capacidad de atención y la red territorial.

Ha detallado que el ERA gestiona 6.000 plazas públicas, más de 2.300 empleos directos y un presupuesto de 228 millones de euros para este ejercicio.

Reforzar la autonomía personal

En su comparecencia, ha explicado que el Gobierno regional también está impulsando la estrategia CuidAS, que apuesta por un modelo que pone en el centro la autonomía personal, los cuidados personalizados y aspira, no tanto a que las personas vivan más años, sino a que lo hagan mejor y con más autonomía.

La consejera ha corroborado que, con el Plan Agiliza, introducido por el Gobierno de Asturias para reducir los tiempos de tramitación de la dependencia al plazo legal de 180 días, se han reforzado equipos, simplificado trámites y mejorado procedimientos, pese a que no ha negado que “existen retrasos” y listas de espera que han de seguir mejorando.

Ayuda a la dependencia

En este sentido, ha apuntado que el tiempo medio para recibir una ayuda a la dependencia en la comunidad era de 372 días a mediados de septiembre.

La consejera también ha recordado que el objetivo del Ejecutivo autonómico en materia de atención temprana es alcanzar la cifra de 4.000 menores atendidos el próximo año y que se está culminando la tramitación de la Ley de Infancia y Adolescencia, con “un amplio consenso” parlamentario.

PP: “La consejería es un caos”

El nombramiento de Nerea Monroy al frente de Derechos Sociales y Bienestar es, para la diputada del PP Beatriz Polledo, “la continuidad de un fracaso”, ya que, según sus palabras, la Consejería lleva toda la legislatura “sumida en un caos”.

El panorama que dibuja la diputada está en las antípodas de la visión de la consejera. Así, según Beatriz Polledo, hay “desabastecimiento” en centros de menores y residenciales, las residencias presentan “muchas deficiencias”, la atención a la dependencia estuvo “paralizada” durante casi cinco meses y el Principado “no puede garantizar” una plaza residencial pública para los 3.645 asturianos que están en lista de espera.

El posicionamiento de Vegas y Tomé

Por su parte, el diputado de IU-Convocatoria por Asturias Xabel Vegas ha lamentado que los derechos sociales hasta ahora han sido el “hermano menor” del modelo de bienestar regional y ha pedido situarlos “en el lugar que merecen” con más recursos, medios humanos y materiales, así como que se cumpla la Ley de Prestaciones Vitales y que Asturias “sea un ejemplo de acogida” de migrantes.

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha hecho hincapié en el “preocupante” aumento de la soledad no deseada entre los jóvenes y el “excesivo” plazo en el reconocimiento de la dependencia.

500 euros al mes por 16,5 metros cuadrados. Esa es la referencia de partida que se maneja para una de las habitaciones individuales de Aloha Pirineos, la nueva residencia para jóvenes que abrirá sus puertas en a finales de 2026 en Zaragoza. El proyecto nació con la premisa clara de ofrecer alojamiento asequible a menores de 30 años sobre suelo público. Sin embargo, cuando se pone la cifra y el tamaño de la habitación uno al lado del otro, la palabra “asequible” empieza a ser discutible.

“La residencia está muy bien porque tienes todo incluido y no tienes que preocuparte de buscar piso, pero pagar 600 o 700 euros todos los meses no es algo que pueda pagar cualquier estudiante. Deberíamos tener más opciones”, asegura Laura, estudiante de ciencias.

La cantidad todavía no es definitiva, pero los responsables del complejo sitúan actualmente el precio de salida alrededor de los 500 euros mensuales, frente a los aproximadamente 400 euros que se manejaban cuando el proyecto fue adjudicado en 2021. La subida acumulada en estos años se justifica por la evolución de los costes, pero el resultado es una habitación de poco más de 16 metros cuadrados por una cantidad que para muchos jóvenes supone una parte importante de sus ingresos.

A cambio, Aloha ofrece acceso a zonas comunes y servicios como lavanderías, comedores, gimnasio, salas multiusos, cine, coworking y una gran terraza con vistas al Ebro y al Pilar. También están previstos servicios de limpieza y cambio de ropa de cama. Se trata del modelo de coliving, un modelo residencial que ha ganado terreno en las ciudades y que transforma la habitación en una propuesta más amplia.

No obstante, el problema reside en que el precio ya no se mide únicamente por los metros cuadrados, sino por todo lo que se ofrece alrededor. Por lo tanto, lo que sobre el papel se presenta como una alternativa al alquiler convencional puede terminar siendo inasumible para el mismo joven al que pretende facilitar el acceso a una vivienda.

Zaragoza se llena de residencias

Aloha Pirineos forma parte de una transformación mucho más amplia del mercado residencial de la capital aragonesa. La ciudad estrena este septiembre tres nuevos alojamientos para jóvenes que suman más de 1.100 plazas. De hecho, son proyectos de grandes dimensiones, impulsados en buena medida por empresas y fondos de inversión, que han encontrado en la falta de vivienda para estudiantes y jóvenes un mercado en expansión.

La mayor residencia de todas las que se han construido es Bravo! Actur, con 676 camas y una inversión de unos 40 millones de euros. Sus habitaciones parten de unos 520 euros mensuales en las modalidades más económicas y alcanzan alrededor de 650 euros para los alojamientos individuales, sin incluir determinados servicios de manutención.

Esta infraestructura ofrece piscina exterior, pista de pádel, gimnasio, restaurante, salas de estudio y espacios comunitarios. Por todo ello, la propuesta se parece cada vez menos a la tradicional residencia universitaria y más a un pequeño complejo residencial donde el alojamiento se combina con ocio y espacios de convivencia.

“Todo eso está bien, de verdad. Pero una vez que terminemos la carrera, no tendremos alternativas que sean asequibles. En algunas residencias podemos quedarnos hasta los 30 años, pero, en el caso de no querer estar aquí y buscar más independencia, tampoco podemos ir a un piso porque es inasumible”, reivindica Luis, también estudiante de la rama científica.

Del mismo modo, añade que lo que buscan los jóvenes en estos momentos son “lugares en los que poder seguir siendo jóvenes, pero también vivir y pensar en el futuro”. “Está todo imposible. Lo de la compra es algo que ni me lo planteo, obviamente, pero los alquileres están por las nubes. Y pagar más de 600 euros al mes una sola persona hace que no puedas ahorrar porque lo que cobramos muchas veces no da”, afirma.

También ha llegado a Zaragoza Odalys Campus, con 180 estudios individuales con cocina y baño privados. Sus precios se sitúan aproximadamente entre los 700 y los 1.200 euros al mes. En el centro, el antiguo colegio Virgen Reina acoge 77 habitaciones de Be Live, con tarifas que parten de los 850 euros.

De hecho, no son los únicos. Kadora cuenta con 205 habitaciones y ha alcanzado el 100% de ocupación durante los dos últimos cursos, con precios de entre 672 y 1.035 euros. Xior, por su parte, dispone de 377 plazas y ofrece determinadas habitaciones desde unos 405 euros, aunque el coste aumenta según el tipo de alojamiento y los servicios incluidos.

El resultado es un mercado con más plazas y servicios, pero también con precios elevados. Las residencias se han convertido en una alternativa cada vez más habitual para quienes llegan a Zaragoza a estudiar, pero también en un negocio inmobiliario con un creciente interés inversor.

Más camas, pero no necesariamente más asequibilidad

La contradicción aparece cuando se compara esta expansión con la situación económica de sus potenciales usuarios. Un estudiante que paga 500 euros por una habitación en Aloha, 520 en Bravo! o 700 en otras residencias no está accediendo a una vivienda barata, sino a una fórmula diferente de alojamiento, con servicios adicionales que pueden hacerla más cómoda, pero que también forman parte del precio.

La cuestión es si llamar “alquiler asequible” a una habitación de 16,5 metros cuadrados por 500 euros cambia realmente la situación de un joven que no puede asumir el precio de una vivienda convencional. “No me importa que tenga menos cosas, mientras el precio sea más barato. Lo que necesito es tener un sitio donde dormir, el resto es adicional”, sostiene la estudiante de ciencias.

En el caso de Aloha, además, el debate tiene el elemento añadido de que es suelo público, ya que el proyecto fue impulsado por el Gobierno de Aragón para generar una alternativa residencial para menores de 30 años y la concesión se planteó bajo el concepto de alojamiento asequible. En este sentido, la Administración mantiene la titularidad del suelo mientras la explotación corresponde a la empresa adjudicataria.

La diferencia respecto a una residencia privada convencional está, por tanto, en el origen del proyecto y en las condiciones de la concesión. Sin embargo, para quien tiene que pagar la factura a final de mes, la pregunta se basa en cuánto dinero se necesita para poder vivir allí.

El alquiler tradicional tampoco da tregua

La proliferación de residencias llega además en un momento en el que el alquiler convencional se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la emancipación juvenil. Compartir piso sigue siendo una opción habitual, pero encontrar una habitación a un precio razonable, en una zona bien comunicada, con buenas condiciones y sin problemas en el propio edificio se ha vuelto cada vez más difícil.

No obstante, las residencias solucionan algunos de esos problemas porque allí no es necesario buscar compañeros, contratar suministros ni equipar una vivienda y, en muchos casos, la limpieza, internet o determinadas comidas están incluidas. Para un estudiante que llega desde otra ciudad o desde otro país, la comodidad, aunque tiene un coste, puede pesar tanto como el precio.

Aun así, el fenómeno refleja la necesidad de que en Zaragoza haya más alojamiento para estudiantes y jóvenes de una manera más asequible porque, en su mayoría, no cuentan de partida con los mismos recursos que podría tener una persona más adulta.

“Cuando estás estudiando o sales de la carrera, lo que te ofrecen son contratos bastante precarios. Así es imposible. Creo que es muy difícil pensar en construir un proyecto de vida teniendo un salario normal y pagando la mitad de él en una residencia”, añade la estudiante de ciencias.

En este escenario, también se detecta que modelo residencial ha evolucionado y la habitación ha dejado de ser solo un lugar para dormir. De hecho, es esa transformación la que permite a las empresas justificar precios que pueden superar los de una habitación tradicional porque el usuario no compra solo una habitación, sino que también adquiere servicios y una determinada forma de vida.

Las organizaciones estudiantiles ya han puesto el foco en esta contradicción. Durante una protesta celebrada con motivo del inicio del curso, colectivos universitarios denunciaron los problemas para encontrar alojamiento a precios asequibles y cuestionaron que las nuevas residencias, con habitaciones que parten de alrededor de 400 euros, respondan a las posibilidades económicas de los estudiantes.

Los colectivos reclaman ampliar la oferta pública y señalan que las ayudas para alojamiento resultan “insuficientes” para hacer frente a los precios actuales. Su demanda apunta a un problema que va más allá de una residencia concreta, ya que aumentar el número de camas no garantiza que aumente también el número de jóvenes que pueden permitírselas.

“Al final necesitas ayuda de tus padres”

La experiencia de los propios estudiantes permite aterrizar unas cifras que, sobre el papel, pueden parecer asumibles para una parte de las familias. “Cuando empiezas a buscar te das cuenta de que una habitación ya cuesta mucho dinero. Y si además quieres estar cerca de la universidad, encontrar algo que puedas pagar es difícil”, añade Luis, una idea a la que Laura también añade que “si queremos ser independientes, así es imposible empezar a hacerlo”.

“Todos acabamos pidiendo ayuda a nuestros padres, pero no todos los padres pueden ayudar a sus hijos. Parece que no se tiene en cuenta y por mucho que nosotros podamos buscar trabajo, si más de la mitad de nuestro sueldo se va solo en el alojamiento, no podemos hacer mucho más”, agrega ella.

Mientras una habitación de 16,5 metros cuadrados puede alcanzar los 500 euros incluso dentro de un proyecto concebido sobre suelo público como alojamiento asequible, otras residencias privadas superan los 800 o 1.000 euros mensuales. El mercado ofrece cada vez más opciones, pero también obliga a preguntarse quién puede acceder realmente a ellas.

La paradoja es que el problema que estas residencias pretenden solucionar puede seguir existiendo para quienes no tienen capacidad económica para pagar el nuevo modelo residencial que, como reivindica Laura, “un contrato temporal o una beca de prácticas no llega”.

Los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía han exigido una dependencia sin listas de espera en las concentraciones celebradas este jueves en las ocho provincias de la comunidad con motivo del Día de las Personas Mayores.

De esta manera, la federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Andalucía ha salido a las calles de toda Andalucía para alertar de que la población mayor andaluza “se encuentra por debajo de la media estatal en todos los parámetros de calidad de vida”, por lo que el sindicato ha exigido la “creación inmediata” de 2.630 plazas de residencias para erradicar las listas de espera y “acabar con el colapso del sistema”.

Así, el secretario general de la federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Andalucía, Alfonso Vidán, que ha participado en la concentración de Málaga, ha criticado que “en todos los parámetros que certifican la calidad de vida de las personas mayores, estamos por debajo de la media española”.

De esta manera, el sindicato ha señalado que la esperanza de vida media en Andalucía está dos años por debajo, en la atención a la dependencia duplicamos con creces el plazo legal de 180 días que exige la ley para resolver los expedientes de dependencia y en las residencias no cabe una persona más.

Soledad no deseada

De igual modo, Vidán ha señalado que “una de cada cinco personas mayores vive en una situación de soledad no deseada”, ante lo que ha reclamado una mayor apuesta por los centros de participación activa, que, según ha manifestado “están funcionando por debajo de sus posibilidades”.

“La situación actual conlleva que muchos centros de día cierren a mediodía, durante los fines de semana y en verano, de manera que se fomenta una situación que queremos combatir, para que las personas que viven solas no pierdan recursos sociales en manos del Gobierno de Andalucía para para salir de ese problema”, ha afirmado.

El dirigente sindical ha insistido en que “las reivindicaciones que tenemos son que se cumpla la Ley de Plazos de la de la Ley de Dependencia y que se clarifique el copago de los ciudadanos y de las ciudadanas que pagan por considerarse parte de esa prestación”.

De igual modo, ha recalcado la urgencia de que se creen inmediatamente 2630 plazas de residencia que son necesarias para quitar las listas de espera y que se convoquen los consejos de mayores andaluz y provinciales, que se llevan años sin funcionar. “Lo que pedimos es que se tenga en cuenta que las personas que hoy tienen más de 65 años, contribuyeron o contribuimos a seguir levantando este país, y no podemos quedar por más tiempo en el olvido del Gobierno andaluz”, ha concluido.

400 días de espera

Por su parte, desde UGT Andalucía han reivindicado el derecho de este colectivo a vivir con dignidad, autonomía, seguridad y plenos derechos, y para reclamar “unos servicios públicos capaces de dar respuesta a las necesidades de una población cada vez más envejecida”.

En Sevilla, UGT ha participado en la manifestación que ha recorrido las calles de la capital hasta la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, en la Plaza de la Contratación. La secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, ha participado en la movilización y ha reclamado una mejora urgente de las condiciones de vida de las personas mayores. También ha estado presente la secretaria de Igualdad de UGT-A, Rosa Guerra.

“Estamos hoy, 1 de octubre, celebrando el Día de las Personas Mayores y reivindicando la necesaria mejora de sus condiciones de vida. Se lo debemos”, ha señalado Román. Entre las principales reivindicaciones, la responsable sindical ha destacado la situación del Sistema de Dependencia y la necesidad de seguir reduciendo unos tiempos de espera que continúan muy por encima de los establecidos legalmente.

“Para nosotros, una de las cuestiones más importantes es la necesidad de seguir reduciendo los tiempos de espera para las ayudas a la dependencia, porque siguen superando los 400 días cuando la ley marca un máximo de 180”, ha advertido. “En el caso de Andalucía, más de 900 personas han fallecido sin haber recibido respuesta a su solicitud de ayuda a la dependencia”, ha denunciado Maribel Román.

Casas sin adecuación

UGT Andalucía ha destacado que actualmente 472.594 personas han solicitado el reconocimiento de la dependencia en nuestra comunidad, 455.630 tienen reconocido el derecho a prestación y alrededor de 360.000 cuentan con resolución de su Programa Individual de Atención (PIA). El sistema tiene reconocidas 566.523 prestaciones.

Al término de la manifestación en Sevilla, el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Sevilla, José Meléndez, ha incidido en la necesidad de defender unos derechos que, según ha denunciado, se están perdiendo progresivamente y ha señalado problemas como la dependencia, la soledad, las residencias de mayores y la situación de los Centros de Participación Activa.

Meléndez ha puesto especialmente el foco en las dificultades que sufren las personas mayores y dependientes que residen en edificios sin ascensor y que, por sus problemas de movilidad, encuentran enormes obstáculos para salir de sus propias viviendas. El responsable de UJP-UGT Sevilla ha advertido de que existen miles de edificios y viviendas en Sevilla sin ascensor, una situación que afecta especialmente a personas mayores, dependientes o que viven solas.

3,11 plazas por cada 100 personas en Almería

Asimismo, en Almería los sindicatos han puesto el foco en la insuficiencia de la cobertura residencial de la provincia. En 2024, Almería contaba con 3.833 plazas residenciales, lo que supone apenas 3,11 plazas por cada cien personas mayores, frente a las 4,05 del conjunto de España. Para alcanzar la referencia de cinco plazas por cada cien personas mayores serían necesarias 2.320 plazas adicionales.

Por ello, CCOO y UGT han reclamado a la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería y los Ayuntamientos una ampliación planificada de la red pública de residencias, acompañada de presupuesto suficiente y un calendario concreto de ejecución. “Envejecer con dignidad no puede depender del lugar en el que se viva ni de la capacidad económica de cada familia”, han destacado.

La atención a la dependencia constituye otra de las principales reivindicaciones sindicales. UGT y CCOO han considerado “inaceptable” que una persona pueda esperar durante más de un año para recibir una prestación o servicio que necesita para actividades tan básicas como levantarse, asearse o comer.

En Córdoba, los sindicatos han aseverado que “en el caso de la provincia, en torno al 30% de la población es mayor de 60 años, un porcentaje que aumentará en los próximos años y que plantea importantes retos. De ahí que planteamos plan de cuidados para las personas mayores”, ha afirmado el responsable de Política Social de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Córdoba, Juan Puerto.

“No puede ser un negocio ni un privilegio”

Además, la secretaria general de UJP-UGT Granada, Mercedes Martín, ha calificado de emergencia social la situación del sistema de atención a la dependencia. En Granada, entre 6.000 y 7.000 personas permanecen atrapadas en las listas de espera con demoras medias de 14 meses para resolver sus expedientes, lo que provoca que cada año entre 800 y 1.000 granadinos fallezcan sin llegar a recibir la ayuda o la plaza residencial solicitada.

Martín ha calificado este escenario como “una falta de humanidad e indignante”, señalando que la dependencia “no puede ser un negocio ni un privilegio”. A este problema se suma la brecha en las pensiones, con una media provincial de 1.184 euros mensuales que se reduce a menos de 980 euros en las prestaciones de viudedad. Asimismo, la organización ha alertado sobre la presión en la sanidad pública, donde las esperas para Atención Primaria alcanzan los diez días, y sobre el impacto de la soledad no deseada, que afecta a más de 40.000 mayores que viven solos en la provincia, mayoritariamente mujeres.

Cantabria prevé disponer a partir de 2028 de una mayor oferta de plazas en residencias de mayores debido a los proyectos que hay para construir nuevos centros. La Consejería de Inclusión Social tiene sobre la mesa al menos tres: dos en Santander y uno en Guarnizo (Astillero), a los que habría que sumar la proyectada en el gran complejo asistencial en Parayas (Camargo).

Con estos nuevos recursos, unidos a los refuerzos de servicios como el de teleasistencia para responder a la “nueva tendencia” de las personas de permanecer el tiempo posible residiendo en su domicilio, el Gobierno regional (PP) espera poder satisfacer las necesidades asistenciales de las personas mayores.

En ello ha confiado, al menos, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, en declaraciones a los medios de comunicación realizadas en el centro cívico de Tabacalera, en Santander, antes de presentar junto al titular de Salud, César Pascual, la Estrategia de Coordinación Sociosanitaria.

La consejera ha explicado que los proyectos para nuevas residencias están planteados precisamente “donde hay más demanda de plazas asistenciales”, que es en la zona del arco de la Bahía.

Y en cuanto al complejo de Parayas, la consejera ha destacado que no solo dará respuesta a la necesidad de plazas asistenciales sino que permitirá ofrecer otros recursos sociosanitarios, como una unidad de recuperación de la salud para personas que “no están para permanecer” en un hospital pero tampoco en condiciones de volver a su domicilio.

El complejo de Parayas tendrá también un espacio sociosanitario y una unidad de atención al daño cerebral adquirido, según anunció el Gobierno en marzo.

Por su parte, Pascual ha opinado que Cantabria está “en una posición muy buena” tanto desde el punto de vista sanitario como desde los servicios sociales para hacer frente a las necesidades de las personas mayores, población que va “in crescendo”.

Aunque partir de “una buena posición, nos facilita el camino”, el consejero de Salud ha puntualizado que “eso no quiere decir” que no se vaya a necesitar en el futuro más y nuevos recursos para abordar también las “necesidades nuevas” que va a tener la población y se tendrán que ir “aumentando los servicios”.

En este sentido, ha destacado que tanto la Consejería de Salud como la de Inclusión Social tienen por delante proyectos “muy importantes” que se irán acometiendo “paulatinamente”.

El Ayuntamiento de Toledo ha ofrecido una plaza en la Residencia Social Asistida San José a Rosario, una vecina de 80 años que este lunes debe abandonar su vivienda de alquiler en el Casco Histórico de la ciudad tras finalizar su contrato.

Así lo ha trasladado a preguntas de los medios la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, a preguntas de los medios por la situación de esta vecina de Toledo por la que la Unión Popular de Inquilinas (UPI) convocó este domingo una concentración de apoyo.

“Dada su situación, mañana puede estar en la RSA San Jose. Técnicamente, creemos que sería la mejor solución para ella. No creemos que tenga que seguir vivienda sola”, ha señalado la edil sobre Rosario, quien es viuda, no tiene hijos y se encuentra sola, sin una alternativa habitacional a la que poder trasladarse con su pensión de 500 euros.

Illescas ha explicado que la mujer ha sido atendida por parte de los servicios sociales de atención primaria del Ayuntamiento -habiendo mantenido “nueve reuniones” con la trabajadora social en el último mes- y que se la ha ofrecido su trasladado a la residencia de manera temporal mientras puede buscar otra alternativa, aunque ella habría rechazado esta propuesta.

La concejala ha desvelado además que Rosario está inscrita en el registro de solicitantes de vivienda de la Junta de Comunidades, sin que hasta el momento haya obtenido una respuesta positiva, aunque indica que también se le ha ofrecido una plaza residencial por parte de la Administración regional.

No ve una situación “comparable” a la de Maricarmen

Señala también la edil que Rosario no habría judicializado la situación y que no la ve comparable a la que ha sufrido Maricarmen, la vecina madrileña de 87 años, con discapacidad, que fue desahuciada la semana pasada. Un caso que ha incrementado las protestas sociales y que ha originado la acampada de cientos de personas en Sol para reclamar soluciones al problema de la vivienda.

“Aunque alguien lo está pretendiendo, no estamos ante un caso como el de Maricarmen”. “Estamos ante un fin de contrato”, ha agregado, subrayando que, a su juicio, se está intentando “dibujar una situación análoga a la Maricarmen”, lo que considera como “algo partidista”.

“No debemos hacer cortinas de humo. Más valdría que la izquierda se dedicara a denunciar violaciones de Ceuta”, ha aseverado también la concejala 'popular', sin concretar qué formaciones o partidos políticos están haciendo lo que considera “un uso torticero de lo que está sucediendo” en el caso de Rosario.

“En la calle no se va a quedar esta señora esperando la plaza de mañana. Eso os lo puedo asegurar porque para eso existen las ayudas de emergencia y el Ayuntamiento se ocupará en su caso de esa situación. Pero lo primero que tiene que haber es una confirmación de que Rosario quiere acogerse a esta posibilidad porque los ofrecimientos que se le han hecho los ha rechazado. Pero no se va a quedar a dormir a la calle. Lógicamente, nadie se queda a dormir en la calle en Toledo”, ha afirmado la edil.

Movilización contra el lanzamiento

De su lado, la Unión Popular de Inquilinos, que ha convocado hoy una concentración en San Justo por el caso de Rosario, llevó también a cabo una protesta en Zocodover en la que reunió a medio centenar de vecinas y vecinos y personas vinculadas a los movimientos por el derecho a la vivienda.

En el acto, señalaron que el caso de Rosario no debe abordarse como un problema individual sino como parte de una situación más amplia de acceso a la vivienda, reclamando medidas como el fin de los desahucios y una mayor protección para las personas que se encuentran en situaciones de emergencia habitacional-.

Precisamente, tras el incremento del malestar social por el caso de Maricarmen, el Gobierno está negociando la aprobación del decreto de vivienda para que pueda tener luz verde este martes en el Consejo de Ministros.

La próxima campaña de vacunación, que empieza el 1 de octubre, incorporará la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincitial -causante de la bronquiolitis- a adultos, concretamente, a mayores que viven en residencias y a personas con estados de inmunodepresión grave.

Así lo ha anunciado Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias este jueves en comisión parlamentaria. Además, se administrará la vacuna antigripal de alta carga antigénica a partir de los 75 años, en vez de a los 80, y se utilizará la vacuna española Bimervax contra la covid en residencias de mayores y centros de discapacidad, así como en determinados pacientes con inmunodepresión grave de 12 años o más.

“Fortalecer la salud pública significa precisamente eso: anticiparnos a los riesgos, prevenir la enfermedad y proteger a la población antes de que necesite atención sanitaria, y hacerlo, además, ante nuevos desafíos vinculados al cambio climático, las enfermedades emergentes o la seguridad alimentaria”, ha explicado el consejero de Sanidad.

Tramos de acceso

Los primeros en acceder a la vacunación serán los niños de entre 6 meses y casi 5 años, y su personal docente; los niños de entre 5 y 17 años con patologías y situaciones de riesgo, y las embarazadas. Este año también, como novedad, las personas de residencias de mayores y centros de discapacidad, junto a los profesionales que los atienden y el personal sanitario y sociosanitario, podrán vacunarse también desde el 1 de octubre.

En el caso de los niños de 3 y 4 años, correspondientes a primero y segundo de Educación Infantil, la vacunación se realizará en los propios centros educativos mediante la vacuna intranasal. También podrán vacunarse los profesores de estos menores y las personas que conviven habitualmente con ellos, especialmente padres y hermanos.

La campaña de vacunación contra la gripe y la covid incorporará a partir del 7 de octubre a los mayores de 80 años, las personas con gran dependencia en sus domicilios y sus cuidadores habituales, así como a los profesionales sanitarios y sociosanitarios. El 14 de octubre se abrirá la vacunación para las personas a partir de 70 años, y para los adultos menores de 60 años con patologías y situaciones de riesgo.

Finalmente, desde el 21 de octubre podrán vacunarse las personas a partir de 60 años, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los bomberos, el personal de instituciones penitenciarias y los profesionales con exposición a animales. Asimismo, los convivientes de las personas para las que está recomendada la vacunación antigripal podrán ir recibiéndola al mismo tiempo que los grupos diana con los que conviven, conforme se vayan incorporando al calendario programado.

“Lo importante es protegerse”

Antonio Sanz ha animado a los andaluces que forman parte de los grupos recomendados a vacunarse y hacerlo cuanto antes, recordando que la vacunación constituye “una herramienta fundamental” para prevenir complicaciones, reducir hospitalizaciones y proteger también a las personas más vulnerables. “Lo importante es protegerse y proteger a los demás, porque la vacunación es prevención y los datos de nuestras campañas y de nuestras investigaciones nos permiten seguir mejorando y tomando decisiones para proteger a los andaluces”, ha concluido.

En la campaña del año pasado un total de 1.939.424 andaluces se vacunaron frente a la gripe, una cifra que, según ha destacado el consejero, se sitúa “por encima del récord histórico”. Asimismo, 778.824 personas recibieron la vacuna frente al Covid-19, mientras que 56.186 bebés fueron inmunizados frente al virus respiratorio sincitial.

Una persona ha muerto en el incendio en una residencia en L'Ametlla del Vallès (Barcelona) que se produjo en la noche de este lunes y que también ha dejado 13 heridos leves.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat ha atendido a un total de 78 personas, de las que 64 no requirieron ningún traslado hospitalario, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Los heridos menos leves acudieron al hospital de Granollers, al de Mollet y al de Sant Celoni. El teléfono 112 recibió a las 22.33 horas varias llamadas informando del incendio, que afectaba a la primera planta de la residencia.

La residencia tiene planta baja y tres plantas de altura, y en el momento del incendio había 80 usuarios y seis trabajadores. La víctima mortal todavía no está identificada.

Los Bomberos activaron un dispositivo con una cuarentena de efectivos y 13 dotaciones, entre ellas siete vehículos de agua, una autoescalera y cinco vehículos ligeros. El SEM activó 16 unidades, entre ellas dos equipos conjuntos SEM-Bombers.

Las llamas han quemado varias habitaciones de la primera planta y el humo también ha afectado a la segunda y la tercera planta. Como medida preventiva, se desalojó parcialmente la primera y la segunda planta y se confinaron 42 usuarios -ocho en la primera, 12 en la segunda y 22 en la tercera-. De los evacuados, muchos fueron trasladados al comedor, situado en planta baja, en una zona segura y libre de humo.

Una vez extinguido el fuego, los efectivos trabajaron en la extinción de los puntos calientes, iniciaron labores de ventilación, revisaron las habitaciones y todas las plantas del edificio y procedieron a identificar a los residentes por planta y habitación.

Tras la inspección del edificio, se determinó que la primera y la segunda plantas son inhabitables. La tercera, pese a haber sido afectada por humo, permanece habitable.

El departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha desplazado a personal al lugar para apoyar las gestiones derivadas de esta emergencia. Además, la propia residencia ha gestionado el realojamiento de los usuarios en las zonas no afectadas por el fuego.

Canarias ha salido bien parada del último informe sobre desarrollo de sus servicios sociales elaborado por la Asociación de Gerentes y Servicios Sociales (índice DEC) , que le otorga un 6,35 de puntuación y la colocaba como cuarta comunidad autónoma en desarrollo de estos servicios. No obstante, el informe dejó varios retos a la comunidad autónoma que siguen pendientes. Uno de ellos es el déficit en plazas sociosanitarias.

Según dicho informe, si se atienda a las plazas residenciales para persona mayores, se registra una cobertura de 3,76% en relación con las personas mayores de 75 años, cuando la media estatal de 5,50%.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, hizo este lunes balance de dicho informe y destacó precisamente que la atención en plazas sociosanitarias es uno de los retos y “en eso estamos trabajando con los cabildos insulares para establecer antes de que acabe el año ese tercer plan de infraestructuras sociosanitarias que nos va a permitir junto con los fondos Next Generation que ya estamos ejecutando y que ya tenemos el gasto comprometido de más de un 98% de esos fondos la creación de plazas sociosanitarias”.

Delgado dijo que ello junto al gasto aprobado este lunes de 3,5 millones de euros en el Consejo de Gobierno va a permitir “ese afianzamiento de esas plazas residenciales o de atención diurna que nos faltan en Canarias”. No obstante, no adelantó cuántas plazas se estiman en ese nuevo plan.

La consejera añadió que en la evolución del índice de los servicios sociales de Canarias “hemos pasado en una década de estar en los últimos puestos a estar en los primeros puestos de la lista lo que significa que lo que se está haciendo en Canarias se está haciendo bien junto a los Cabildos insulares y a los ayuntamientos de Canarias”.

Según explicó este lunes se aprobaron nuevas plazas de ACUFADE que entrarán en la red pública de plazas públicas del Gobierno de Canarias, “unas con los cabildos y otras financiando nosotros directamente”.

Un segundo plan que “no tuvo el éxito deseado”

“Es verdad que los planes de infraestructuras, el último no tuvo el éxito deseado por la gestión que realizaron muchos cabildos en la legislatura pasada, pero sí es verdad que incorporamos a este plan una fórmula que tuvo mucho éxito que es la colaboración público-privada y también el que este plan va a contar con financiación extra como el FDCAN que va a permitir a los cabildos utilizar ese dinero en la construcción de vivienda como en la creación de plazas sociosanitarias y ya va a nacer con un impulso importante”, insistió Delgado.

La consejera asegura que ese plan se va a realizar con todas las opciones posibles para que quepan las plazas lo más rápidamente posible, y que se van a incluir “todas las medidas de construcción, todas las cuestiones ...” E incluso habló de la Ley del suelo que permite que “espacio rústico se pueda dedicar a centros sociosanitarios”. “Todas esas cuestiones”, asegura que se van a detallar en el plan para que sea un “éxito”.

“A pesar de que mi compañera Cristina Valido y Fernando Clavijo dejaron ese plan aprobado por todos los cabildos y la ficha financiera, los cabildos no pudieron ejecutarlo”, asegura.

Lo cierto es que como informó Canarias Ahora, en 2022, el informe de fiscalización sobre la Consejería de Derechos Sociales instó a elaborar un nuevo plan de infraestructuras sociosanitarias de acuerdo a la normativa. Además, la falta de planificación supuso que no se ejecuten las plazas previstas para 2020 (casi 5.000) y que ahora son insuficientes.

El informe de fiscalización apuntaba que las cifras sobre el bajo nivel de ejecución evidencian que en el momento de la suscripción de los convenios (realizado por la entonces consejera Cristina Valido) “no se desarrolló una adecuada planificación de las actuaciones a realizar y la programación de anualidades presupuestarias asociadas a la financiación de las mismas”. Ello ha traído consigo que, al cierre de 2020, año en el que debían estar finalizadas todas las actuaciones, “en la mayoría de los casos no se ha desarrollado ni un tercio de las actuaciones y ejecución presupuestaria previstas”. 

Por ello, recuerda que en “ejercicios anteriores” ya había informado de la necesidad de la aprobación de un plan, con carácter previo, que contemplara los requisitos establecidos el Decreto 27/2008, de 4 de marzo, que establece “el procedimiento de elaboración y la estructura de los programas de actuación plurianual de los entes con presupuesto limitativo”. Es pues la falta de planificación lo que ha traído como resultado “una muy deficiente ejecución en los citados convenios desde el año de su firma”, remarcaba el documento. 

En febrero de 2024, la consejera Candelaria Delgado detalló acciones que la Consejería está llevando para “reimpulsar” el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias. Según dijo, en seis años solo se habían creado 517 nuevas plazas residenciales.

El anuncio lo lanzó el presidente de la Xunta en el debate sobre el estado de la Autonomía de 2025: el Gobierno gallego se propone aumentar en 1.800 las plazas en residencias de mayores con la construcción de 24 nuevos edificios. Pero no será una ampliación de la capacidad netamente pública, sino que se hará a través de una colaboración público-privada que no se ha concretado todavía en qué va a consistir exactamente, a pesar de que el plan acaba de ser aprobado por el Consello.

Este lunes el presidente gallego, Alfonso Rueda, lo presentó tras la reunión semanal de su gabinete. En la comparecencia ante la prensa destacó que, en los últimos años, se ha incrementado el número de plazas “sostenidas con fondos públicos” y volvió agradecer por su contribución a la Fundación Amancio Ortega. Las instalaciones que paga el fundador del grupo Inditex se integran en la red pública gallega, pero el Gobierno gallego no las gestiona directamente, sino que entrega la gestión a entidades de iniciativa privada.

Rueda afirmó que al menos el 60% de las 1.800 nuevas plazas que se van a crear tendrán “carácter público”. La conselleira de Política Social, Fabiola García, que compareció también para presentar el plan confirmó que la iniciativa se va a llevar a cabo mediante una colaboración público-privada. En el modelo gallego existen centros que son privados, centros que son privados, pero en los que la Xunta tiene plazas concertadas y centros públicos.

García expuso que se van a dividir esas 24 residencias en 12 lotes, cada uno de los cuales va a incluir una residencia principal con más de 100 plazas y otra “satélite” de menor tamaño. Van a estar localizadas en ayuntamientos próximos entre sí. Además, el plan es que sean municipios de menos de 25.000 habitantes y en los que no haya ahora plazas de este tipo.

Los ayuntamientos, todos gobernados por el PP menos dos que están en manos del PSOE, tienen un plazo de un mes para adherirse y, a partir de ahí, disponen de un año para hacer efectiva la cesión de la parcela para levantar una nueva residencia. La Xunta tiene ya seleccionados los emplazamientos que le interesan. En caso de que algún ayuntamiento rechace formar parte de la iniciativa, el Gobierno buscará otra localización alternativa.

La propuesta de Política social incluye ocho en la provincia de A Coruña, que son (en todos los casos se cita primero la residencia principal y después la satélite): Porto do Son y Outes; Mañón y Cariño; Carnota y Cabana de Bergantiños; y Oza Cesuras y Carral. En Lugo se proponen, por una parte, O Corgo y O Páramo, y, por la otra, O Saviñao y Folgoso do Courel. En Ourense serían Ribadavia y Castrelo de Miño y San Cibrao das Viñas y Toén. En Pontevedra la intención es levantarlas en O Porriño y Baiona; Sanxenxo y Cambados; y Marín y Moraña. Un último lote incluye Arbo (Pontevedra) y Padrenda (Ourense). La conselleira ha recordado que está también en marcha la de Ribeira (A Coruña), un proyecto que la Xunta desbloqueó solo cinco días después de la moción de censura que dio la Alcaldía de nuevo al PP.

La residencia San Vicente de Paúl, dependiente de la Diputación de Albacete, ha celebrado su tradicional Feria de Albacete, como antesala de este evento de Interés Turístico Internacional que arranca oficialmente esta tarde con la cabalgata y la posterior apertura de la Puerta de Hierros.

El diputado de Sanidad, Francisco García, ha acompañado a las personas residentes, a las familias y al personal del centro durante esta jornada, en la que ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Santi Cabañero con el envejecimiento activo, el cuidado integral y el bienestar de las personas mayores.

Además, ha querido agradecer la implicación de las familias y “el gran trabajo” que llevan a cabo los y las profesionales de la residencia, destacando el cariño, la empatía y el compromiso que ponen en su labor diaria, al tiempo que ha señalado la importancia de promover actividades como ésta, convertidas en espacios de encuentro y convivencia, pero también de ocio y disfrute.

García ha querido dar la bienvenida a los y las usuarios y profesionales de la Residencia Alcabala, que han visitado la Residencia San Vicente de Paúl para formar parte de esta jornada festiva, y ha felicitado al Manchego y a la Manchega de Honor, Aurelio Ruiz y Basilisa Charcos, que han sido proclamados en un acto en el que la residente Amparo García Palacios ha dado lectura al pregón.

El jardín, ambientado para la ocasión, ha acogido los actos en los que no han faltado La Burrica con su vino dulce, los Miguelitos de La Roda, los bailes tradicionales de la mano del grupo Danzas de Magisterio o, como novedad, una ‘mini’ Batalla de Flores en honor a la Virgen de Los Llanos, acercando la Feria de Albacete a quienes viven en este centro, que también tendrán la oportunidad de disfrutar en persona de este evento el próximo día 15 de septiembre, cuando visiten el stand de la Diputación en el Recinto Ferial.

Alcanzados los 300 días de huelga, el sindicato ELA ha anunciado este lunes que intensificará las movilizaciones para denunciar la falta de avances y el aumento que ven del acoso sindical en las residencias de Gipuzkoa. Los días 17 y 18 de septiembre estarán marcados por las protestas: la primera aprovechará al Zinemaldia de Donostia para organizar un 'festival' paralelo llamado Zaintzaldia y la segunda será una manifestación por las calles de la ciudad para exigir una “intervención real” de la Diputación.

Según el análisis del sindicato, en el sector trabajan alrededor de 5.000 personas, la mayoría mujeres. Aunque los centros de día y las residencias están financiados por la Diputación foral, ELA recuerda que buena parte de las trabajadoras pertenecen al sector privado y que sus condiciones son “cada vez más precarias”.

El sindicato denuncia que casi la mitad de la plantilla tiene contratos parciales no voluntarios y que existe una brecha salarial de más de 10.000 euros anuales. También denuncia el despido de trabajadoras en huelga en Zaintzen y Biharko Gipuzkoa, una situación que ELA considera “muy grave” al entenderla como un caso de acoso sindical que no van a tolerar.

En esta misma línea, sostienen que la semana pasada el organismo foral Kabia, encargado de gestionar 16 residencias, dio la razón al sindicato y confirmó la existencia de acoso sindical. Como consecuencia, el organismo deberá pagar indemnizaciones a los miembros del comité de empresa.

Estas denuncias se suman a las críticas de ELA al papel de la Diputación, gobernada por PNV y PSE-EE, a la que acusa de haber hecho “propaganda” en lugar de impulsar una solución al conflicto. El sindicato reclama que ponga sobre la mesa una iniciativa política y “los recursos necesarios para un convenio que acabe con la precariedad”. ELA también califica de “vacías” las reuniones bilaterales mantenidas hasta ahora. La mesa negociadora volvió a bloquearse tras los encuentros celebrados en junio, ya que, según el sindicato, “las patronales no tienen capacidad para hacer nuevas propuestas”.

Con la huelga ya en su día 300, ELA ha anunciado dos nuevas movilizaciones. El 17 de septiembre celebrará el acto Zaintzaldia, una suerte de festival de cine sobre las residencias de Gipuzkoa que incluirá la recogida de adhesiones, información sobre el conflicto y una entrega de premios. Al día siguiente, el 18 de septiembre, tendrá lugar una manifestación por las calles de Donostia. Durante ambas jornadas, ha destacado el sindicato, “las estrellas serán las huelguistas”.

A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le espera un inicio de curso político entretenido. Después del verano, no solo los políticos vuelven de vacaciones, también los juzgados. Y en el caso de la líder del PP son varias las causas que afectan a su entorno y que avanzarán en los próximos meses: desde el caso de su pareja, Alberto González Amador, hasta el de algunos de sus alcaldes más próximos, como los de Móstoles o de Alcalá de Henares. Ahora también se ha añadido la polémica compra de un ático por parte de la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros y que tanto particulares como partidos políticos han denunciado. Estos son los casos que evolucionan en los juzgados de Madrid y que pueden sumar más presión a la líder madrileña:

Una jueza vuelve a pedir una macrocausa para las residencias

Las muertes de ancianos en las residencias durante la pandemia de la COVID-19 en la Comunidad de Madrid y los conocidos como “protocolos de la vergüenza” siguen persiguiendo a Ayuso. Hace solo unos días una jueza ha vuelto a pedir una macrocausa para investigar este hecho. En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, rechaza estudiar de forma “fragmentada” la muerte de una anciana, ya que, a su juicio, todas las muertes comparten un “núcleo común”: determinar si se produjo una “exclusión sistemática” de los residentes más dependientes en las residencias.

A finales de junio, un juzgado de Arganda del Rey decidió aplazar la declaración como imputada de la jefa de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón después de que fuera señalada como supuesta autora de los protocolos, que acabaron con la no derivación de los ancianos. Carlos Mur, el ex alto cargo de Sanidad de Ayuso que firmó los protocolos, declaró ante la jueza que había sido ella quien los presentó “inicialmente”. Ahora hay varios ex altos cargos imputados: Mur y Francisco Martínez Peromingo, su sucesor como exdirector de Coordinación Sociosanitaria. También está siendo investigado Pablo Busca, responsable en ese momento del SUMMA 112, y Antonio Burgueño, exasesor de Ayuso.

Marea de Residencias, la organización que desde hace más de seis años impulsa los procedimientos judiciales en representación de los familiares de ancianos fallecidos, han ampliado sus acusaciones al delito de prevaricación en hasta 60 juzgados de toda la región.

Alberto González Amador

Todavía se desconoce la fecha en la que se juzgará a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero lo que sí se sabe es que no será antes de 2027. El juzgado alega que tiene una “sobrecarga” de trabajo y que por eso se ha dilatado tanto en el tiempo, llevando la posible fecha hasta siete años después de que se cometiera el presunto delito.

Lo que se investigan son dos delitos fiscales y falsificación de documentos después de la inspección de la Agencia Tributaria, que se percató de dos fraudes en dos ejercicios distintos y una trama de facturas falsas que empleó para llevarlos a cabo entre 2020 y 2021.

Fue en noviembre de 2025 cuando la Audiencia de Madrid confirmó que la pareja de la presidenta regional se tendría que sentar en el banquillo después de rechazar dos recursos de Amador. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pedían cada uno tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Ayuso, sobre el que pesa un informe de 19 meses de inspección.

La alcaldesa de Alcalá de Henares

En 2024, Ayuso acudió a Alcalá de Henares a criticar los problemas que, según aseguraba, habían ocasionado un grupo de migrantes que el Gobierno central había destinado a un centro de acogida de la zona. Entonces, Ayuso acusó sin pruebas a las personas inmigrantes de haber cometido agresiones sexuales, e incluso de haber producido un brote de sarna.

Después de estas declaraciones, el delegado del Gobierno en la capital aseguró que había “ninguna investigación” sobre esto. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, publicó un tuit en el que acusaba al primero de mentir y ahí adjuntaba una fotografía de una nota policial con una denuncia de una mujer sobre una “agresión” en diciembre de 2023.

En el auto que coloca a la alcalesa, Judith Piquet al borde de sentarse en el banquillo de este mes de agosto, se recogen unas declaraciones que presuntamente habría dicho la alcaldesa: “Hay que salvar a la Presidenta. Hay que salvar a la Jefa”.

El alcalde de Móstoles

El pasado mes de julio, la jueza imputó a Manuel Bautista, denunciado por una exconcejala de su propio partido por acoso sexual y laboral. La fecha para su comparecencia está fijada para el próximo 9 de octubre y ese mismo día también tendrán que declarar cinco testigos vinculados. La magistrada rechazó archivar la causa como pedía el alcalde al entender que las acusaciones son “claramente constitutivos de ilícito penal”.

Después de que la jueza decidiera mantener la causa, Ayuso respondió así ante la pregunta de si continuaba apoyándole: “Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”.

Además, la baronesa del PP aplaudió públicamente el trabajo de Bautista: “No voy a aplicarle la justicia de autor a una persona que he puesto ahí para que gobierne como lo está haciendo”, dijo.

La compra del ático

A todo esto se suman los avances judiciales de las causas que investigan la polémica compra del ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros y que aumentan la presión política sobre la presidenta regional.

El pasado 10 de agosto, la Fiscalía envió cuatro denuncias por el ático al juzgado de la capital que investiga el caso. El Ministerio Público remitió la “documentación” presentada por el PSOE y por tres particulares en sus denuncias y este martes supimos que tanto los socialistas como Más Madrid se han personado como acusación popular. Ahora será el juzgado de instrucción número 8 de la capital el que decidirá si admite las denuncias a trámite o no.

Mientras, de forma paralela, el partido de Mónica García ha presentado una denuncia al Tribunal de Cuentas al considerar que puede existir “menoscabo” de dinero público en la operación llevada a cabo por la empresa pública Planifica Madrid.

Ratas paseando por el comedor mientras sirven la comida a los ancianos. Más roedores acumulados sobre el techo hasta el punto de propiciar su caída, golpeando a una trabajadora y derivando en un informe que ahora ha desvelado La Sexta. Las denuncias por avistamientos de roedores en la residencia de mayores Reina Sofía, en Las Rozas (Madrid), ha vuelto a poner la lupa sobre la gestión de estos espacios. Aunque el Gobierno regional ha respondido tener constancia solo de “entradas puntuales” en las instalaciones, ubicadas en el kilómetro 21 de la carretera de La Coruña, y seguir aplicando controles mensuales para plagas en esta residencia, la noticia ha generado polémica.

La residencia en cuestión está en mitad de una dehesa. Desde la Consejería de Aseuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en declaraciones recogidas por el mismo medio que se ha hecho eco de la situación, se ha insistido en que en el centro de mayores Reina Sofía están sellándose las arquetas o los colectores, después de detectar esa supuesta entrada puntual que, en cambio, los trabajadores consultados defienden como algo permanente.

En las imágenes que han sido difundidas se muestran roedores campando en las instalaciones y la copia de un informe con fecha del 28 de agosto, viernes. Una empresa de desratización contratada para actuar allí detectó “cebos roídos por ratas en falsos techos de habitaciones de la tercera planta y el comedor”, según las mismas informaciones, y añaden que se revisaron y repusieron estos señuelos en los techos donde ya habían dado avisos por la presencia de ratas.

Los testimonios recogidos hablan, asimismo, de ratas paseando por los comedores mientras se reparten las comidas a los residentes, a lo que suman la presencia de cucarachas en las cocinas donde se preparan los alimentos. Entre las denuncias desveladas también se incluyen avistamientos habituales dentro de las propias habitaciones, en las que han llegado a oírse “ruidos ensordecedores” de estos animales al otro lado del techo.

Igualmente, en declaraciones atribuidas a trabajadores de la residencia se señala que este problema con las ratas ya existía en la segunda mitad de 2025, pero hasta el momento no se habían tomado medidas firmes ni informado a las familias sobre la situación en la que se encontraban los residentes, ni ofrecido tampoco un traslado a otras instalaciones.

Aunque la Comunidad de Madrid defiende su actuación y mantiene que se están tomando las medidas necesarias para controlar este escenario, pese a que no llega a reconocer un problema estructural, las imágenes conocidas este miércoles arremeten nuevamente contra una imagen inmaculada de las residencias de ancianos. Después de los protocolos de la verguenza, en los que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso priorizó durante la pandemia la atención en residencias a los ancianos con infecciones respiratorias --en lugar de trasladarlos a un hospital--, el Ejecutivo autonómico sigue caminando sobre un suelo resbaladizo.

Un juzgado de Navalcarnero ha rechazado investigar de forma aislada la muerte de una anciana en una residencia durante la pandemia y ha reclamado la apertura de una macrocausa sobre los protocolos de no derivación aplicados en las residencias de Madrid durante la pandemia. La jueza considera que las investigaciones no deben abordarse de forma “fragmentada”, ya que todas comparten un “núcleo común”: determinar si se produjo una “exclusión sistemática” de los residentes con menor movilidad o mayor grado de discapacidad en las residencias madrileñas. Asociaciones como Marea de Residencias cuantifican en más de 7.000 las muertes provocadas por esos protocolos en esos centros entre marzo y abril de 2020.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, y en el que la jueza responde a otra resolución de un juzgado de Madrid que pretendía separar los procedimientos por tratarse de víctimas, patologías y residencias distintas. La magistrada alega que aunque concurren “múltiples víctimas con diversas patologías”, el núcleo de la investigación en todos los casos es la aplicación de los protocolos en los que se basó su derivación o no a centros hospitalarios.

“No debe partirse de una valoración fragmentada de cada víctima sino que lo que debe es determinarse si objetivamente los protocolos de derivación hospitalaria en residencias incorporaban sesgos discriminatorios que pudieran haber condicionado de manera generalizada la asistencia sanitaria disponible”, recoge el auto.

Desde Marea de Residencias, quien ha llevado a los tribunales alguno de estos casos, considera que la resolución de la jueza de Navalcarnero es “una gran noticia”. “Venimos diciendo desde el minuto uno que los protocolos fueron la causa común que propició la gran tragedia, independientemente de las circunstancias personales, de enfermedad o de residencias concretas de cada residente”, apuntan a elDiario.es fuentes de la asociación.

Siete personas -tres residentes y cuatro profesionales- tuvieron que ser trasladadas tras un incendio en una habitación en la residencia de DomusVi en el municipio lucense de Monforte de Lemos. Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 08.00 horas de este martes cuando un trabajador alertó de que salía humo de una de las habitaciones de la primera planta. Además, indicó que sacaron a los ocupantes de la estancia y necesitaban asistencia sanitaria.

Los bomberos atajaron rápidamente las llamas y procedieron a ventilar las instalaciones. Todos los residentes tuvieron que ser evacuados mientras se realizaron las tareas de extinción y ventilación. En el operativo también participaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Policía Nacional y Local.

Analizan las causas

Por su parte, fuentes de DomusVi consultadas por Europa Press, han explicado que fueron trasladas al hospital un total siete personas -tres residentes y cuatro profesionales del centro. Las causas del incendio están siendo analizadas y la situación ya está controlada. Ante esto, las mismas fuentes indican que los sistemas de seguridad y protocolos del centro se “activaron correctamente” y la residencia mantiene su actividad con normalidad. “Estamos siguiendo de cerca la situación y colaborando en todo momento con los servicios de emergencia y autoridades”, han detallado fuentes de DomusVi.