Las 92 personas que han sido desalojadas este viernes de la residencia de mayores San Vicente de Paúl de San Clemente (Cuenca) a consecuencia de un incendio, ya han empezado a ser realojadas de nuevo tras la extinción del fuego, sobre las 15.00 horas, sin que haya ningún afectado.

Según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 13.46 horas de este viernes. El origen está en un depósito de gasoil, que ha afectado a un aparato de aire acondicionado y a algunos palés.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil, la agrupación de voluntarios de Protección Civil de San Clemente, los bomberos de Villarrobledo, un médico y dos ambulancias en preventivo.

Hace unos días alertaban de que la negociación estaba agotada y el conflicto enquistado. Hasta tal punto que las trabajadoras de residencias y centros de día de La Rioja han convocado una huelga indefinida a partir del próximo 22 de junio por el bloqueo a la firma del convenio.

Así lo han trasladado los sindicatos negociadores del Convenio de Residencias y Centros de Día de La Rioja, CCOO, UGT, USO y CSIF. “Tras informar y consultar a las plantillas la situación de bloqueo que atraviesa la negociación del convenio coletivos, las trabajadoras han avaldo, mayoritariamente, la convocatoria de huelga ante la negativa de la patronal a asumir y firmar los compromisos alcanzados durante el proceso negociador”.

Recuerdan que la Patronal se niega a repetar el acuerdo firmado el pasado 4 de marzo ante la Inspección de Trabajo en relación al descanso semanal y que garantizaba “un fin de semana de cada tres completo”. Esto, insisten los sindicatos, “supone que las trabajadoras puedan disfrutar de 17 fines de semana completos de descanso al año. Sin embargo, el actual convenio mantiene una situación que apenas garantiza un fin de semana de descanso de cada cuatro, lo que se traduce en solo 13 fines de semana anuales”.

No aceptan que la parte empresarial no respete el acuerdo firmado hace tres meses. “Las trabajadoras no pueden seguir esperando durante años para conseguir avances mínimos mientras soportan ritmos de trabajo cada vez más exigentes, una elevada carga laboral y una insuficiente conciliación de la vida personal y familiar”, reiteran.

Y aunque la huelga indefinida está prevista para el próximo 22, los sindicatos mantienen su voluntad negociadora. “Esperamos que la patronal responda a la última oferta” a la vez que exigen que “respete los compromisos adquiridos y actúe con la responosabilidad de un sector esencial para la atención y cuidado de las personas mayores y dependientes”.

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado el incendio, que se ha producido a las 14,26 horas, en una residencia de personas mayores de Nájera, situada en Peñaescalera, si bien el SOS Rioja ha informado que no se han producido daños personales.

El Centro de Coordinación ha informado de un incendio de un electrodoméstico en la residencia de personas antes citada. Desde el SOS Rioja se ha informado Guardia Civil y Policía Local y se han movilizado a los Bomberos del CEIS y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El fuego ha afectado a un lavavajillas sin provocar más daños materiales ni personales.

El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar la entrega de 19 parcelas al Gobierno regional, que serán destinadas a abrir allí residencias de mayores. Todas serán construidas dentro del plan 40-40, con el que el Gobierno de Ayuso ha prometido 8.000 plazas (sumando también centros de día) a través de la privatización de parte de este servicio.

El plan, presentado por Isabel Díaz Ayuso hace un mes, fue rechazado de plano por la oposición, debido a que contempla que el 60% de las plazas que puedan ser privadas. Cada una de ellas se ofrecerá “con acceso a través de la prestación económica conocida como cheque servicio, que ofrece el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”, explicó en su presentación el Gobierno regional.

Algunos municipios gobernados por el PSOE se han negado a ceder terrenos para este fin a la Comunidad salvo que les aseguren que lo que se levantará allí sean residencias 100% públicas. Para el Gobierno de Almeida, sin embargo, el sistema de gestión no es problema y la vicealcaldesa ha confirmado este jueves que se ceden sin coste y luego será la Consejería de Familia quien decida el modelo.

En su día, Ayuso defendió este modelo de privatizaciones para ampliar así “la oferta asistencial sin cargar todo el peso sobre el contribuyente, porque no podríamos construir tantos hospitales, reformar tantas obras y seguir creciendo a la velocidad que requiere una región como la nuestra.

La mutación demanial de las parcelas que entrega el Ayuntamiento de Madrid se exitende por 13 distritos de la ciudad y suma casi 200.000 m², según la información facilitada por el delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la Junta de Gobierno de este jueves. La vicealcaldesa ha añadido que han intentado buscar terrenos en todos los distritos, pero no han encontrado parcelas disponibles en algunos por las exigencias de metros cuadrados que demandaba el plan.

Este es el listado de terrenos afectados por las cesiones y sus superficies:

Fuencarral-El Pardo

San Blas-Canillejas

Usera

Puente de Vallecas

Villa de Vallecas

Villaverde

Vicálvaro

Carabanchel

Moratalaz

Barajas

Hortaleza

Moncloa-Aravaca

Ciudad Lineal

Tras desmarcarse del acuerdo alcanzado entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y los sindicatos mayoritarios, la situación en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo sigue igual. Las trabajadoras mantienen sus movilizaciones, con una nueva concentración este jueves a las 11.00 horas frente a la sede del ICASS en Santander, al considerar que las medidas acordadas no resuelven la falta estructural de personal.

Uno de los puntos de mayor controversia es el uso indebido de los ocho “acúmulos de tareas” (contrataciones temporales) concedidos al centro. Según denuncian representantes de los trabajadores, la dirección del CAD de Laredo está utilizando estos refuerzos para cubrir necesidades estructurales, como vacaciones y bajas laborales, en lugar de para aumentar los efectivos reales en las plantas.

“El acuerdo firmado por los cuatro sindicatos indicaba que no se podía hacer uso de esos acúmulos para cubrir bajas o vacaciones, pero es exactamente lo que se está haciendo”, explica Anjana González, trabajadora del centro asistenicial. Con cerca de 12 compañeras de baja, el personal denuncia que la carga de trabajo sigue siendo la misma y que los refuerzos no llegan a mejorar el ratio de atención al residente. Además, lamentan que los turnos de noche siguen sin reforzarse y que, en muchas ocasiones, trabajan incluso sin personal de enfermería.

El factor humano: 10 minutos para un aseo completo

La falta de “manos” tiene una consecuencia directa en la calidad asistencial. Los trabajadores describen una situación de “atropello” constante donde apenas disponen de 8 o 10 minutos para asear, duchar y vestir a cada usuario. “Casi no les das tiempo ni a abrir el ojo cuando ya les estás lavando a las 8 de la mañana; vas a una velocidad que no permite una manipulación adecuada”, lamenta González.

Esta urgencia horaria afecta especialmente a los residentes con necesidades específicas. Por ejemplo, una persona con disfagia (riesgo de atragantamiento) requeriría unos 45 minutos para comer con seguridad; sin embargo, debido a la falta de personal, los trabajadores se ven obligados a reducir drásticamente el tiempo de comida de otros usuarios a apenas 15 minutos para poder atender a todos los usuarios. Esta situación, según explica a eldiario.es, genera un “alto nivel de estrés y frustración” entre los empleados, quienes sienten que no pueden ofrecer la dignidad y el cuidado que los mayores merecen.

Un problema de “organización”, según el ICASS

Desde su primera movilización, el pasado 8 de mayo, González explica que la subdirectora de Dependencia del Gobierno de Cantabria, Patricia Blanco, ha visitado en un par de ocasiones el centro y ha sugerido que el problema es de “organización” y no de número de personal. La trabajadora se muestra tajante al respecto: “Me puedo organizar muy bien, pero si necesito cinco manos y solo tengo dos, voy a seguir necesitando tres más por muy bien que me organice”.

Asimismo, existe un profundo malestar con los sindicatos mayoritarios firmantes del pacto con el ICASS (UGT, CCOO, SIEP y TU). Desde el CAD de Laredo sostienen que ninguna de estas organizaciones ha acudido al centro para supervisar si se está cumpliendo lo firmado o para pedir explicaciones sobre el uso de los contratos de refuerzo.

Ante la inacción de la administración, las trabajadoras pretenden ser escuchadas directamente por los responsables del ICASS que se encuentren en su jornada laboral este jueves y desean, a su vez, poder contar con el apoyo de compañeras y compañeros de otros CAD como el Santander o Torrelavega que quieran solidarizarse con su situación. “No vamos con intención de negociar, porque no somos órgano negociador, pero queremos que se nos escuche y se dé una solución real”, concluyen, advirtiendo que no pararán hasta que se garantice una atención de calidad en el centro.

“La negociación está agotada”. Los sindicatos negociadores del Convenio de Residencias y Centros de Día de La Rioja, CCOO, UGT, USO y CSIF, denuncian que la patronal “se niega a asumir el acuerdo firmado el pasado mes de marzo ante la Inspección de Trabajo sobre el descanso semanal”. Al parecer sigue sin aceptar “un fin de semana de cada tres completo”. Esto significa que “de cada tres fines de semana, un tercio o un 33 pro ciento deben ser de descanso, 17 fines de semana completos al año”. Frente a esto, el actual convenio establece un descanso de un fin de semana de cada cuatro, 13 fines de semana al año.

Aun así, la Patronal ha ofrecido a las formaciones sindicales añadir un fin de semana más de descanso al año en 2027, y 2028, es decir, llegar a los 15 fines de semana de descanso al año dentro de dos años. Una propuesta “insuficiente y muy alejado del acuerdo alcanzado de 17 fines de semana de descanso anuales”.

Tras la reunión de este miércoles, las formaciones sindicales reiteran que la propuesta de la patronal sigue “alejada de la realidad que viven las trabajadoras y trabajadores del sector, así como de la palabra dada por la Patronal el 4 de marzo”. Una reunión que dicen ha terminado “nuevamente sin avances reales para las plantillas”.

La patronal “sigue sin asumir lo acordado y firmado” y califican su propuesta de “ridícula e insultante para un colectivo exhausto, castigado por la sobrecarga física y emocional, la falta de conciliación y unas condiciones laborales profundamente precarias”. Advierten de que las trabajadoras “no pueden seguir esperando años para conseguir avances mínimos mientras soportan ritmos inasumibles, falta de descanso y una presión constante”.

Asimismo, la parte social asegura que la actitud de la patronal “pone en riesgo la negociación y aleja cualquier posibilidad de acuerdo. Parece que se están escudando en el descanso para no firmar unas subidas salariales que urgen ser aplicadas y que, al igual que el descanso, ya se habían acordado”.

Aun así, mantienen su voluntad de llegar a un acuerdo, pero dudan de que la patronal esté en la misma sintonía. “La negociación está agotada”, ha dicho la patronal “pretendiendo abocarnos a tener que constituir una nueva mesa negociadora”.

“No vamos a aceptar migajas, las trabajadoras merecen dignidad, reconocimiento y derechos”, aseguran las formaciones sindicales que consultarán con los profesionales los próximos pasos a seguir.

Andalucía necesitaría 36.327 plazas residenciales para llegar al estándar recomendado del 5% de plazas por cada 100 personas mayores y alcanzar el cómputo ideal de 83.022 camas en toda la autonomía. A fecha de 2024, cuenta con 46.695 plazas y se sitúa por debajo de la media nacional, un 2,81% frente al 4,05%, además de distribuirse de forma desigual en las ocho provincias andaluzas. En paralelo, se señala que entre 2019 y 2022 se produjo el cierre de 24 residencias, lo que provocó un estancamiento en el número de unidades disponibles.

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) pide a la Junta una inyección económica que acelere la construcción de nuevas infraestructuras para dar cobertura a los usuarios y, sobre todo, en previsión de la mayor demanda que experimentará el sistema ante el paulatino envejecimiento de la población. Por tal motivo, piden un plan de “choque inmediato” con 5.000 nuevas plazas concertadas de “carácter urgente” y planificar una estrategia para alcanzar en 2030 la media nacional del 4,05% “en coordinación con fondos estatales y europeos”, ya que el coste alcanzaría los 65 millones de euros anuales.

Así lo recoge un informe publicado por el ente este lunes bajo el título Plazas residenciales para personas mayores en Andalucía. Análisis 2006 - 2022 y diagnóstico actual, en el que se describe la evolución que ha experimentado el sistema de dependencia. Entre las primeras conclusiones, se extrae que, entre 2006 y 2017, Andalucía lideró la creación de nuevos centros, un 34% a nivel estatal, y aportó el 16,35% de las nuevas plazas en España. Sin embargo, en el último periodo entre 2019 y 2022, se cerraron 24 centros mientras que se abrían 150 instalaciones en el país.

A partir de la serie publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) —una fuente que no es oficial dado que las competencias están transferidas a las comunidades pero que sirve de baremo—, Sevilla fue la provincia más afectada con la eliminación de 12 unidades, por encima de Málaga (-9), Cádiz (-2), Jaén (-1) y Almería (-1), mientras que Córdoba sumó una instalación y Granada y Huelva no experimentaron ningún cambio entre 2019 y 2022 frente a la franja cronológica que va desde 2006 a 2017. En vista de las cifras, la organización advierte que se tardaría alrededor de 29 años en cumplir con el estándar del 5%: “El déficit estructural no quedaría extinguido hasta 2055, y ello sin contar el crecimiento demográfico previsto”, subraya el ente en un comunicado.

Por otra parte, la distribución de plazas en las ocho provincias andaluzas se reparte de forma desigual conforme a las necesidades de la población: Sevilla acumula la mayor parte de las plazas, 9.651, aunque hay un déficit de 8.916; en cuanto a Málaga, hay 7.961 pero se necesitarían habilitar 8.455 camas más; y en tercer lugar quedaría Córdoba, con 6.048 plazas a las que habría que sumar 2.318 con relación a la densidad de población de mayores de 65 años. A continuación, estarían Cádiz (5.783 plazas), Granada (5.765 plazas) y Jaén (5.107), a las que habría que añadir 5.961, 3.872 y 1.766, respectivamente. Por debajo de ese umbral quedarían Almería (3.833) y Huelva (2.547), en donde habría que destinar un refuerzo para compensar la falta de 2.320 plazas y 2.719 plazas en cada caso.

457 días de espera y 1.963 fallecidas sin la prestación recibida

FOAM establece, a partir de los datos recopilados en el Instituto Nacional de Estadística y en el Imserso, que Andalucía es la comunidad autónoma con el mayor déficit absoluto de plazas residencias para personas mayores de 65 años en 2024, ya que representa el 37,5% de la estadística nacional. Asimismo, se destaca que el 49,60% de las plazas andaluzas existentes se concentran en macroresidencias de 100 o más plazas.

En cuanto al tiempo medio para obtener una resolución, se alarga a los 457 días frente a los 325 de media, aunque el máximo que establece la ley es de 180 días. Es decir, hasta abril de 2026, fallecieron 1.963 personas sin haber recibido la prestación aunque tuvieran el derecho reconocido.

Cabe recordar que la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales publicaba un análisis basado en el primer censo de centros residenciales en España que realizó el Ministerio de Derechos Sociales en abril de 2024, con los últimos datos disponibles. A tenor de lo observado, se computa que el 64,3% de las plazas en Andalucía corresponden a financiación pública, unas 30.006, y unas 16.689 a la privada, lo que tiene un peso del 35,7%. En visión del eje cronológico, la creación de camas experimentó un parón, sobre todo entre 2010 y 2016, donde se pasó del 2,08% al 1,88%. Esta cifra por fin se rebasó en el período entre 2017 y 2022 cuando se alcanzó el 1,94%. Sin embargo, en 2022 el índice cayó al 1,92% y, seguidamente, al 1,79% en 2023, subiendo dos puntos al 1,81 en 2024. Un comportamiento en dirección opuesta a la media nacional, ya que se alcanzó un 2,84% de financiación pública tras un crecimiento continuado desde 2018.

134 millones de fondos Next Generation

Por tanto, la creación de plazas para personas mayores en Andalucía, que sufrió un estancamiento entre 2022 y 2023, disminuyendo de 45.732 a 42.545, coincidiendo con el segundo mandato del Gobierno popular de Juanma Moreno, se ha sostenido, sobre todo, en la esfera privada dado que creció la financiación entre 2023 y 2024 en ocho centésimas (pasando de 0,93 a 1,01), momento en el que se sumaron más de 4.000 nuevas camas. Así, se consiguió lograr el máximo histórico en la serie andaluza con 46.695 plazas residenciales.

Es más, solo seis comunidades cumplen con la ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años en España: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Asturias, La Rioja y Cantabria, pero solo dos lo alcanzan con financiación pública, que serían las dos castillas.

Por su parte, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad responde a este medio que el período analizado se queda en 2022 y que, desde entonces, la inversión en la construcción y reforma de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad se ha reforzado con la creación de más de 5.000 nuevas plazas. Además, destacan la línea de 134 millones de euros a cargo del fondo europeo Next Generation que está destinada a entidades locales y del tercer sector y tiene como fecha fin de ejecución este año 2026, con la que se pretende dar oxígeno al sector para revertir la demanda histórica en la asistencia a personas mayores.

El Ayuntamiento de Castro fue famoso durante los años del ladrillo por un nivel de polémicas urbanísticas que lo llevó a ser bautizado como 'La Marbella del norte'. Ese mismo municipio se convierte, veinte años después, en el primero de Cantabria que pone coto a la urbanización en suelo rústico ordinario y echa el freno a la Ley del Suelo autonómica que ha favorecido así la construcción de viviendas en este tipo de suelo, provocando un aumento de las segundas residencias de uso turístico.

La Ley del Suelo, impulsada por el PP con apoyo del PRC en 2022 y modificada en 2024, liberalizó la construcción en suelo rústico ordinario. La medida fue vendida como una fórmula contra la despoblación, para fijar habitantes mediante “áreas de desarrollo rural”. Pero el efecto, en parte, está siendo la tramitación de vivienda de segundo uso, los alojamientos turísticos y las piscinas. Y aunque el PRC avanzó recientemente una propuesta para frenar este uso en zonas rurales, el PP ha rechazado la idea.

El Ayuntamiento de Castro, una coalición del PSOE y la formación local CastroVerde, se ha amparado en un resquicio de autonomía que deja la Ley del Suelo, que permite a los consistorios para limitar la construcción total o parcial en suelo rústico ordinario, mediante la aprobación definitiva de una ordenanza municipal, que entra ahora en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

En la práctica, Castro con 9.500 hectáreas de superficie, regresa al sistema previo a la Ley del Suelo, en el que la figura que manda su Plan General de Ordenación (PGOU), que data de 1996 y que impide la construcción en suelo rústico en un municipio que dispone de alrededor de 8.000 hectáreas de suelo rústico protegido y solo 115 hectáreas de suelo rústico ordinario, siendo estas últimas hectáreas donde se ha podido urbanizar en los cuatro años previos, según cálculos de la concejalía de Urbanismo de Castro.

La iniciativa de crear un decreto que impida el uso del suelo rústico ordinario provino de CastroVerde, el socio del gobierno municipal del PSOE, en 2024. Dos años después, la ordenanza es una realidad, en un municipio donde solo alrededor del 10% del suelo rústico carece de protección. “En Castro, la Ley del Suelo no iba a tener mucha incidencia”, reconoce el concejal de Urbanismo, Eduardo Amor (Castro Verde).

La ordenanza solo recibió dos alegaciones, pero además el concejal de Urbanismo también es consciente de que Castro ya cuenta con un PGOU con unas condiciones restrictivas sobre los usos del suelo, pero también tiene claro el mensaje que buscaba trasladar con la limitación: “Que se entienda que es un tipo de suelo donde no se puede urbanizar porque queríamos dar protección ecológica y de servicios a la ciudadanía, como el agua”, en un extenso municipio como Castro, con nueve juntas vecinales diseminadas, marcado por el urbanismo desaforado durante años.

“El Ayuntamiento cuenta ahora con más técnicos y herramientas que, en los años dos mil, no tenía. Siempre he defendido que Castro tuvo un crecimiento que no pudo asumir, el Ayuntamiento no tenía los recursos”, dice Amor, en política desde 2011.

En Castro, la memoria histórica urbanística es un tema sensible. A partir de 2008, hubo un estallido de casos vinculados a la corrupción urbanística tras la explosión de la burbuja de la construcción: fueron imputados y en varios casos condenados alcaldes, concejales, funcionarios y políticos de diversas siglas. El entonces titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2, Luis Acayro Sánchez, instruyó una veintena de causas por corrupción en el municipio. Diez años después, todavía quedaban 110 imputados en siete causas pendientes de juicio o sentencia. En 2025, Acayro fue inhabilitado por el Tribunal Supremo para la carrera judicial. Hoy, al menos los casos más emblemáticos por su alto impacto, como los casos 'Sobresueldos' o 'Proconor', estan cerrados.

El municipio donde hace dos décadas se normalizaron los juicios por delitos por prevaricación administrativa y urbanística, era ya entonces uno de los municipios más turísticos de Cantabria. Pero solo en verano de 2025, recibió más de 30.400 visitantes, 4.000 más que el verano anterior, convirtiéndose, en uno de los “más concurridos”, según el Gobierno autonómico. Hace años que tiene la categoría autonómica de de 'Zona de Gran Influencia Turística', que permite a los comercios de más de 300 metros cuadrados abrir cuando quieran.

“Vista la importancia de preservar el territorio frente a la expansión urbana descontrolada, la especulación y la degradación ambiental, se justifica la regulación del suelo rústico con figuras de protección”, reza el preámbulo de la ordenanza.

“Aumentar la oferta”

El municipio —como ocurre en el resto del país— afronta un panorama con el alquiler y la compra de vivienda complicado, que ya solicitó con poco éxito al Gobierno de Cantabria ser declarado como zona tensionada, para limitar las rentas a grandes propietarios y subidas al alquiler, pero el consejero de Urbanismo, Roberto Media, rechazó frontalmente la idea: “La solución no pasa por declarar zonas tensionadas, sino por aumentar la oferta de vivienda asequible y de calidad”, dijo antes de pedir un estudio a la Universidad de Cantabria que lo avalase.

La propuesta de zona tensionada, planteada por el Grupo Municipal Podemos, buscaba, en parte, responder a una realidad que se suma al decreto que impide la construcción en suelo rústico: “Castro tiene poco suelo rústico, pero es relativo, tiene unos 100 kilómetros cuadrados”, advierte Alberto Martínez, concejal de Podemos en el ayuntamiento.

Con la nueva ordenanza sobre suelo rústico, si llegan solicitudes de tramitación de viviendas en Castro sobre suelo rústico ordinario, con autorización de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), que es el organismo autonómico que regula las peticiones de edificar, entre otras materias, serán frenadas en este Ayuntamiento que, durante los cuatro años de vigencia de la Ley, solo ha recibido “dos o tres solicitudes”.

El pasado 4 de marzo las trabajadoras de residencias de personas mayores y centros de día anunciaban un acuerdo con la patronal y desconvocaban la huelga prevista para el 6 de marzo, una cuerdo logrado por los cuatro sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día de La Rioja (CCOO, CSIF, UGT y USO). Más de dos meses después parece que la situación vuelve al punto de partida y la firma del convenio está bloqueada porque “la patronal se desdice de lo acordado sobre la mejora del descanso semanal”, denuncian las formaciones sindicales.

En una rueda de prensa, los sindicatos han denunciado lo ocurrido en la última reunión de la mesa negociadora donde la representación empresarial “se opone a aplicar lo firmado en el acuerdo previo y relativo a la frecuencia de descanso de un fin de semana por cada dos trabajados, punto que se acordó ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. Sin embargo, en el acta se recoge “descanso semanal, un fin de semana de cada tres, es decir, de cada tres fines de semana, un tercio (un 33 por ciento) de esos fines de semana han de ser de descanso”. Un cambio de criterio por parte de la parte empresarial “que ha llevado a una nueva solicitud de mediación ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

Ante este cambio de criterio, las formaciones sindicales exigen que “se respete el esfuerzo y las horas de negociación invertidas durante los últimos cinco años”. Reconocen que han existido muchas dificultades para llegar a un acuerdo por lo que acusan a la patronal de “falta de responsabilidad si no asume el acuerdo escrito y firmado, un escrito que no admite ambigüedades, ni diversidad de criterios porque uno de cada tres fines de semana completos, no admite más interpretación que la de que por cada tres fines de semana, uno de esos tres sea de descanso completo”.

Y además consideran justo trabajar dos fines de semana y librar el tercero completo. “Esta medida no es, en absoluto, desproporcionada si se compara con la realidad actual donde las plantillas trabajan tres fines de semana consecutivos para librar únicamente el cuarto; frecuencia que resulta insuficiente para unas plantillas que trabajan, fines de semana, mañanas, tardes, noches y festivos, con salarios bajísimos y con una carga de trabajo brutal”.

Así la firma del convenio sigue en el aire porque la patronal, además de solicitar la mediación de la Inspección de Trabajo también ha propuesto una reunión de la comisión negociadora para “avanzar en la negociación y posterior firma del convenio”. Postura que rechazan las formaciones sindicales que censuran que “una de las partes firmantes pretenda echar marcha atrás y deje en el aire las mejoras acordadas y necesarias”.

Rechazan la postura de la patronal y advierten de que “no darán un paso atrás en la defensa de unos derechos que ya habían sido reconocidos como base a un camino de dignificación del sector y que son fundamentales para la supervivencia de un sector esencial para nuestra sociedad”.

En un momento donde el cine vive de grandes gestos, de exhibiciones de autoría enmascaradas en un exhibicionismo epatante, Riusuke Hamaguchi es una especie en extinción. Una excepción que también es la medicina a ese cine que, por si fuera poco, suele estar cargado de un cinismo recalcitrante. El cine actual, y el que suele triunfar en los festivales, tiene una extraña característica, y es que parece odiar el mundo. Y nosotros, los que venimos a esos certámenes, acabamos dentro de esa bola de demolición comprando una mirada que aporta poco en un momento donde el mundo vive un retroceso claro.

Hamaguchi dejó marcadas las reglas de su cine con Drive my car, fenómeno que nació en Cannes, donde ganó el Mejor guion, antes de ganar el Oscar a la Mejor película internacional y estar nominado en las categorías de Mejor dirección y Mejor película. Hasta Hollywood se quedó prendado del estilo pausado, contemplativo y de grandes conversaciones de este director japonés que, entre medias entre aquel filme y este, se sacó de la manga otra película portentosa, El mal no existe, que ganó el segundo premio en Venecia.

En su regreso a la Croisette, Hamaguchi ha vuelto con la misma receta contra el mundo cínico que nos rodea. Se llama Soudain (All of a sudden) y venía con la etiqueta de ser la película más larga de la competición: más de tres horas de duración. Sin embargo, y tras verla, queda claro que cada segundo de esta película cercana a la obra maestra cuenta. Hamaguchi apunta, sin duda, a la Palma de Oro que se le resistió en 2021. Lo hace con una mirada humanista y anticapitalista al mundo a través de dos mujeres cuyo encuentro casual provoca un terremoto.

Pero no un terremoto de grandes acontecimientos, sino un terremoto de amor, cariño y humanidad. Una de ellas, francesa —a la que interpreta Virginie Efira—, dirige una residencia de ancianos que utiliza métodos para dar autonomía y dignidad a los enfermos de Alzhéimer y aquellos que ven sus capacidades cognitivas disminuir. La otra, una directora de escena japonesa, Tao Okamoto, tiene cáncer y dirige en París una obra sobre cómo los manicomios en Italia desaparecieron para que lo que pasaba fuera, y lo que pasaba dentro, se mezclara. 

Hamaguchi acompaña a estas dos mujeres en su encuentro y su relación. Lo hace, simplemente, escuchándolas. “¿Quién eres?” Se preguntan en su primera charla para darse cuenta de que lo que decimos de nosotros (soy médico, soy periodista) no nos define, pero sí lo hace en una estructura capitalista que marca las normas y las relaciones de las personas respecto a lo que producen a la economía. La cámara del cineasta se dedica a abrazar ese encuentro, las sigue y las acompaña en grandes planos secuencia donde no hay exhibicionismo, todo lo contrario, simplemente una voluntad de desaparecer para dejar en el centro la esencia, el corazón de esta amistad incipiente.

Soudain es una película llena de humanismo, de esas que desarman al más cínico porque realmente creen en la bondad del ser humano de una forma genuina. Y lo hace con un enfoque claramente anticapitalista. Ambas mujeres hablan de cómo el capitalismo ha marcado el mundo actual, desde la baja natalidad al cambio climático. Un sistema que ha marcado las normas de tal forma, que hasta los que no creen en él las han asumido. “No necesito dormir mucho”, dice Efira antes de ser advertida de que eso es uno de los síntomas de que incluso ella, con un estudio sobre el tema, ha comprado el marco ofrecido. Un marco que borra a todo lo que no está en una situación de poder, que consume recursos, naturaleza y expulsa a los más pobres. ¿Y cuándo no tiene nada más que consumir? La guerra. 

Sin embargo, y a pesar de esas conversaciones que dejan claro que es casi imposible salir de ese sistema, Hamaguchi nos hace creer en que lo que al menos podemos hacer como base del cambio es mirar a los demás, cuidarles. Estas dos mujeres se cuidan, se escuchan. Y cuidan a los demás. No es un cuidado unidireccional, sino que recibe un retorno. Es recíproco. Ellas cuidan a esos ancianos enfermos de Alzhéimer con un cariño extremo, el mismo con el que Hamaguchi les graba. Ellos acaban cuidando también a ellas. 

La mirada humanista está también en la forma de encuadrar. Hay una escena en donde van a cambiar a una mujer que ha orinado en la cama que está tratada con tanta dignidad que es imposible no emocionarse. Hamaguchi sabe que el centro de su historia son su dos protagonistas, pero dedica todo el tiempo necesario a cada personaje secundario que las rodea, y todos acaban siendo piezas del puzzle del filme: la veterana enfermera que no cree en los métodos, el joven rapero que trabaja de noche, los ancianos que viven allí… todos son tratados con el mismo cariño por el director, que incide en que nadie somos normales. Con un ritmo pausado, delicado y que presta atención a los detalles, Hamaguchi construye un filme que se siente como un auténtico milagro dentro del momento actual de la industria del cine.

En la película, que también es un viaje con los días contados por la enfermedad de una de ellas, la emoción entra sin avisar. No lo hace con música de orquesta, ni con discursos melodramáticos para meter el dedo en el ojo, lo hace permitiendo que el espectador se sienta parte de ese encuentro, de ese abrazo que propone. Una película que llena el corazón, que emociona hasta la lágrima, y que, encima de todo, propone que ser buenas personas es algo revolucionario y la primera piedra para cambiar este mundo de mierda. En el momento en el que vivimos, no se me ocurre una Palma de Oro más oportuna. 

El reciente anuncio de un acuerdo entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y los sindicatos UGT, CCOO, SIEP y TU para reforzar las plantillas de los centros de dependencia en la región —que preveía la incorporación de nuevos efectivos para aliviar la carga de trabajo— no ha sido bien recibido por la totalidad del personal público vinculado a este sector. Los trabajadores del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo no solo consideran la medida insuficiente, sino que la califican como un “parche” que no resuelve su crisis estructural. Por ello se concentrarán este sábado, 9 de mayo, a las 14.00 horas, a las puertas del edificio para reclamar soluciones “reales” ante “la grave falta de personal” que sufre el servicio.

Anjana González, técnica auxiliar del CAD de Laredo, es una de las voces que lidera esta movilización que ha nacido, según subraya, desde la propia base de los trabajadores y no desde las cúpulas sindicales. “Encima de que han firmado menos de lo que se nos ofrecía en primera instancia, no estamos de acuerdo”, explica González en referencia al acuerdo que otorga ocho ‘acúmulos’ más uno en el centro de día, frente a los nueve técnicos sociosanitarios que se habían planteado inicialmente en las reuniones con el ICASS.

'Acúmulos' frente al problema de la temporalidad

El núcleo del conflicto reside en la naturaleza de las contrataciones. Para la plantilla de Laredo, la fórmula del “acúmulo de tareas” es una solución de corto recorrido para un problema crónico. “Lo que necesitamos son efectivos reales, no un 'acúmulo' que sea un parche que me dure seis meses y luego me lo vuelvan a quitar y me encuentre en la misma situación o peor”, ha lamentado González en declaraciones a elDiario.es.

En el argot administrativo, según ha explicado, estos 'acúmulos' sirven para cubrir picos de trabajo, pero no consolidan una plaza estructural o vacante. Mientras tanto, el centro sigue lidiando con bajas y vacaciones que quedan sin cubrir, obligando a los profesionales actuales —unos 71 técnicos y auxiliares de una plantilla total cercana a las 200 personas— a asumir turnos interminables sin respetar los descansos mínimos. “Estamos agotados física y mentalmente”, reza una carta enviada por los trabajadores a los medios de comunicación.

El riesgo añadido de la falta de enfermeras

La situación es especialmente alarmante en el área de enfermería. La falta de estas profesionales está provocando un efecto dominó que pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los residentes. Según ha denunciado González, cuando no hay enfermeras disponibles, la responsabilidad de tareas críticas recae sobre el personal auxiliar y técnico sociosanitario, quienes no poseen la cualificación legal para desempeñarlas.

“Es grave. La gente se piensa que es un tema muy sencillo, pero es que un mínimo error puede provocar algo grave”, advierte la trabajadora. González pone como ejemplo reciente una sentencia judicial por homicidio imprudente contra un auxiliar de enfermería en la Comunidad de Madrid por un error en el suministro de medicación, un riesgo que, aseguran, planea sobre su día a día debido a la sobrecarga asistencial.

Actualmente, el CAD de Laredo atiende a 121 residentes permanentes, a los que se suman unos 20 usuarios del centro de día. A pesar de que existen habitaciones vacías que no se ocupan por la falta de personal, la presión sobre las empleadas y empleados no cesa, afectando directamente a la calidad del servicio que reciben los dependientes.

Una protesta unánime de toda la plantilla

Lo que hace singular este conflicto es su carácter asambleario. Aunque cuentan con el asesoramiento legal de sindicatos como CSIF o SUC -que han reclamado también más empleados de servicios en el CAD de Sierrallana y se han negado a firmar el acuerdo del ICASS-, los trabajadores recalcan que la gestión de las protestas es propia. “Esto no ha salido de parte de los sindicatos, ha salido de los trabajadores”, ha insistido Anjana González, señalando que incluso la dirección del propio centro de Laredo apoya sus reivindicaciones ya que “son testigos directos de la falta de efectivos”.

Los trabajadores de Laredo sienten que sus necesidades específicas han sido ignoradas en la mesa de negociación por parte de los sindicatos firmantes (UGT, CCOO, SIEP y TU). “No estamos nada de acuerdo en lo que ha firmado el comité porque no ha tenido en consideración lo que los trabajadores estábamos pidiendo”, ha sentenciado González.

Tras años trabajando bajo mínimos, el objetivo de la concentración de este sábado es dar visibilidad al problema. “Hemos visto el momento de dar un golpe en la mesa”, afirma González. “Ya se ha escuchado nuestro grito de socorro y no vamos a parar hasta que no mejore. No sé a dónde nos llevará todo esto, pero que no vamos a parar lo tenemos clarísimo”, ha añadido.

La movilización de Laredo busca no solo presionar al ICASS para que convierta los “parches” temporales en plazas estructurales, sino también alertar a la sociedad cántabra sobre la precariedad de un sector público que debería ser garante de la dignidad en los cuidados de la tercera edad y la dependencia.

La Guardia Civil ha detenido en Valladolid a una persona como presunto autor de un delito de falsificación documento público e intrusismo profesional en un centro residencial de personas mayores ubicado en el alfoz de Valladolid.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de marzo, cuando el centro recibió una inspección rutinaria de los servicios sociales provinciales. Durante la revisión, los inspectores alertaron a la dirección sobre la posible falsedad de la titulación de auxiliar de enfermería, presentada por uno de los trabajadores del establecimiento, lo que motivó la presentación de una denuncia en la Guardia Civil.

A partir de la documentación aportada, la Guardia Civil inició un análisis del título investigado. Los agentes detectaron diversas irregularidades, entre ellas el tipo de letra empleado, la firma y la numeración del documento, elementos que no coincidían con los formatos oficiales correspondientes a la fecha en la que supuestamente había sido emitido.

Debido a las irregularidades detectadas, se solicitó al trabajador la entrega del documento original, que finalmente fue aportado tras varios requerimientos. Una vez examinado, se comprobó que el número de registro oficial no verificaba su autenticidad en los sistemas correspondientes. Esta comprobación permitió concluir que el título presentado era falso, confirmando así las sospechas iniciales.

La investigación también permitió constatar que, pese a la falsedad del documento, no se ha detectado perjuicio alguno para los residentes. La Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.

Los Bomberos del CEIS Rioja están trabajando en la extinción de un fuego que se ha producido esta tarde en un pabellón junto a la residencia de La Concepción. Fuentes del Gobierno de La Rioja han confirmado que el incendio es aparatoso pero que no ha sido necesario el desalojo del centro de mayores.

Al parecer, el fuego se ha inciado al prenderse un palé en una nave que no estaba en funcionamiento, generándose un incendio que ha provocado mucho humo. No obstante, no se han producido daños personales.

El pasado 14 de marzo se cumplieron seis años desde que el Gobierno declarara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. También se cumplen seis años de unos protocolos sanitarios que fueron aplicados en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que priorizaban que ancianos con infección respiratoria fueran atendidos en las propias residencias y no en los hospitales. Esos 'protocolos de la vergüenza', según sostienen asociaciones como Marea de Residencias, provocaron la muerte de más de 7.000 personas en las residencias madrileñas entre marzo y abril de 2020. Y el asunto acabó siendo judicializado. ¿Pero en qué punto se encuentra la investigación de esos fallecimientos por parte de la justicia madrileña?

Entre 2020 y 2021 se llegaron a interponer alrededor de 350 querellas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid que iban dirigidas contra la presidenta Díaz Ayuso, contra el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y contra varios directores de residencias geriátricas. Los delitos que se les imputaban eran los de homicidio imprudente, prevaricación, denegación del deber socorro o trato degradante, al entender que fueron los responsables de impedir que esos mayores fueran tratados en centros médicos.

Esas primeras querellas, formuladas gracias al ánimo de abogados que actuaron por puro activismo social, según explican desde Marea de Residencias, corrieron diferente fortuna: algunas se agruparon, otras fueron archivadas y, en definitiva, quedan vivas a día de hoy unas 90 de ellas en diferentes juzgados. En las que fueron sobreseídas se optó por el recurso ante la Audiencia Provincial y, tras la confirmación de los diferentes archivos, se elevaron hasta 80 casos —siempre cifras aproximadas— por medio de recursos de amparo al Tribunal Constitucional.

Y ahí, por el momento, se congela el proceso para esos casos. ¿Por qué? Según fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por elDiario.es, los recursos se estudian de manera agrupada y, dado que aún hay causas que no han sido archivadas, se debe actuar con la debida cautela. Entienden que una inadmisión de esos recursos de amparo podría suponer “una injerencia en la jurisdicción penal” porque tanto los hechos denunciados como las personalidades contra las que se va son los mismos en todas esas causas.

Advierten, sin embargo, de que pese a que de momento no se prevé cercano un pronunciamiento del Constitucional, sí se está discutiendo al respecto en las distintas secciones del tribunal de garantías constitucionales. Y reiteran que, si el Constitucional inadmitiera ahora un solo recurso, podría entenderse que invita a archivar las causas vivas y esto podría interferir en los procedimientos penales abiertos.

La vía del 511 del Código Penal

A esta primera vía siguió en 2024 una segunda en la que los familiares de las víctimas decidieron acudir con sus denuncias ante la Fiscalía para que fuera desde el Ministerio Público desde donde se impulsara una judicialización de la investigación. En total se presentaron 109 denuncias que atacaban el asunto desde el prisma del delito contemplado en el artículo 511 del Código Penal. Ese tipo contempla penas de hasta dos años de cárcel para el cargo público o funcionario que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho y que lo haga por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, o por razones de aporofobia, e exclusión social, de la enfermedad que padezca o de su discapacidad.

Según explican desde Marea de Residencias, si bien en un inicio la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, tardó un mes en derivar a los 'buzones fiscales' correspondientes esas denuncias, poniendo en riesgo que las mismas fueran judicializadas antes de que prescribiera el delito, finalmente llegaron a interponerse en diferentes juzgados entre 80 y 90 querellas (una vez más, una cifra no exacta y que choca con la que manejan otras fuentes jurídicas consultadas). Esto posibilitó, además, que causas ya archivadas —de la primera vía ya citada— fueran reabiertas de nuevo gracias a ese impulso fiscal y por ese nuevo delito.

Por medio de este cauce, los interesados sí que han podido ver desfilar a investigados ante diferentes sedes judiciales: es el caso de Carlos Mur, quien fuera director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y firmante de esos 'protocolos de la vergüenza'; de Francisco Javier Martínez Peromingo, otro ex alto cargo que también se implicó en la elaboración de esos protocolos; y Pablo Busca Ostolaza, que dirigía las ambulancias del Summa 112 en lo más crudo de la pandemia.

La cuestión de competencia

En paralelo, se abrió otro 'melón' entre los diferentes juzgados con el asunto de la competencia. Gran parte de los familiares de las víctimas consideran que deben agruparse todas las querellas en el juzgado que primero decidió abrir causa, esto es, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, del que es titular la magistrada María Isabel Durántez. De hecho, varios resolvieron por auto inhibirse en favor de ese juzgado de Plaza de Castilla.

Pero Durántez no estaba de acuerdo con que su juzgado tuviera esa fuerza atractiva de las otras causas y acordó mediante auto que suspendía las declaraciones programadas y que delimitaba el objeto de su investigación a los hechos de la querella que había admitido. El asunto fue elevado por medio de una cuestión de competencia ante la Audiencia Provincial, que en diciembre de 2025 resolvió que Durántez tenía razón y que era necesario analizar cada uno de los supuestos de forma separada atendiendo así “a las circunstancias personales de cada víctima y a las de cada una de las residencias donde se encontraban ingresadas al tiempo de producirse su fallecimiento como consecuencia del Covid-19”. Y esto a pesar de que eran conscientes de que los ex altos cargos emprenderían un peregrinaje declarativo que les llevaría a múltiples juzgados para declarar en calidad de investigados.

A esa cuestión de competencia se sumó un recurso ante la Audiencia Provincial impulsado desde las acusaciones para que la Sección Primera entre a decidir si la resolución de Durántez debe ser revocada o confirmada. Será el próximo 16 de abril cuando los magistrados se citen para deliberar al respecto, y de ahí puede surgir una gran causa que aglutine todos los casos o puede confirmar la vía que se ha seguido hasta ahora y es que cada juzgado haga la guerra por su cuenta en un asunto que, en lo fundamental, es común a todos.

Esta 'espera', la enésima para las familias de las víctimas, se ha salpicado con diferentes decisiones, como la de un juez de Getafe que ha ampliado la imputación tanto para Mur como para Peromingo sumándoles un nuevo delito, el de prevaricación. Tomó esta decisión después de admitir parcialmente una ampliación de denuncia del PSOE, que ejerce en varios juzgados la acusación popular, y la acotaba a la investigación de “la orden que se hubiera transmitido al Hospital de Getafe y a la Residencia Geriátrica Los Ángeles”.

Esta semana estaba citado a declarar como investigado Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno regional durante la pandemia, aunque se ha suspendido al no haber sido notificado a las partes un informe de la Fiscalía. A su salida, apuntó en declaraciones a los medios contra Fernando Simón y el Gobierno central: “Yo sigo diciendo que Madrid tuvo una explosión de una enfermedad pandémica, y que el responsable era el Ministerio de Sanidad”. Los familiares le han reprochado que cargase la culpa de lo sucedido en Madrid sobre Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Con todo, fuentes del entorno de las familias afectadas lamentan que hasta la fecha han visto poco interés por parte de la Justicia en llegar al fondo del asunto, aunque consideran que, si permanecen firmes en su reivindicación, al final los jueces no tendrán más remedio que entrar a valorar los diferentes casos y confían que se llegue a escalar a responsabilidades políticas. No obstante, advierten de que, después de lo que pasó en las residencias, si no se realiza una investigación judicial profunda, sería un reflejo de la sociedad muy lamentable.

Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno regional durante la pandemia, ha dado en los pasillos de los juzgados de Collado Villalba sus condolencias a un familiar de una persona fallecida en una residencia de mayores durante la pandemia, manifestándole que “si tenían que buscar un culpable” era “el doctor Fernando Simón”, director entonces del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

El ex alto cargo estaba citado esta mañana a declarar como investigado en una de las causas que se instruyen los protocolos de derivación hospitalaria en residencias durante la primera ola de la pandemia. Sin embargo, la comparecencia se ha suspendido al no haber sido notificado a las partes un informe de la Fiscalía.

José Manuel Parceiros, hijo de una de las víctimas que falleció el 20 de marzo de 2020 tras no ser trasladado a un hospital, ha comentado a los medios el pequeño encuentro que ha tenido con Burgueño en los pasillos, afirmando que su padre murió por “los protocolos de la vergüenza” y no por lo que dijera Simón meses antes al afirmar que solo habría un caso de Covid.

Según El País, Burgueño ha salido del juzgado mientras Parceiros estaba hablando con la prensa y otra de las familiares que se manifestaba en el exterior le ha increpado: “¿Cómo ha podido decir lo del doctor Simón? No hay vergüenza (...) Mi padre murió por los protocolos de la vergüenza. No porque el doctor Simón dijera tres meses antes que sólo había un caso de COVID”. Él le ha pedido disculpas por el fallecimiento de su padre en una residencia.

Después ha atendido a los medios de comunicación. “He mencionado arriba al doctor Simón como responsable de la pandemia”, ha dicho, según el relato de El País. “Pues ya está dicho. Y yo sigo diciendo que Madrid tuvo una explosión de una enfermedad pandémica, y que el responsable era el Ministerio de Sanidad. Que yo sepa, la Comunidad de Madrid no estaba en la organización de la pandemia. Es decir, la lucha estaba organizada desde el Ministerio de Sanidad”.

El procedimiento investiga los protocolos de derivación hospitalaria aplicados en residencias durante los primeros meses de la pandemia, una cuestión clave para esclarecer si se produjo discriminación en el acceso a la atención sanitaria de personas mayores. En este contexto, Burgueño ha defendido en declaraciones a los periodistas que las residencias no se medicalizaron por falta de médicos, aunque también ha reconocido que elaboró un plan de choque a petición del Gobierno regional.

En el mismo procedimiento, también está previsto que declaren el exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y su sucesor en el cargo Francisco Javier Martínez Peromingo. Ambos han declarado ya en otras causas, también como imputados.

El procedimiento de Collado Villalba no forma parte de las causas abiertas a raíz de la denuncia colectiva coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia.

Por otro lado, mañana declarará en otra de las causas María Teresa Vidán, una doctora que fue señalada por Carlos Mur como la persona que redactó el texto del Protocolo de no derivación hospitalaria que él luego firmó. En este caso sí se trata de una causa abierta a raíz de la denuncia colectiva.

La dana del 29 d’octubre de 2024 va tindre a la localitat de Catarroja, a la comarca valenciana de l’Horta Sud, un dels municipis més afectats. L’aigua, a més d’emportar-se la vida de 230 persones a la província de València, va causar nombrosos danys materials que van afectar tota mena d’infraestructures i serveis.

Una d’aquestes infraestructures que es va veure afectada per les inundacions és la residència de la tercera edat Francisco Ramón Pastor de Catarroja, un servei gestionat per un organisme autònom municipal que atenia 37 persones majors i que tenia una plantilla de 23 empleats -dos d'ells en excedència-.

La greu afectació de l’immoble, en risc de col·lapse pels greus danys patits, va provocar el trasllat dels usuaris a dues residències públiques de la Generalitat a la província de Castelló al novembre de 2024. Un dictamen posterior va concloure que el centre no pot tornar a obrir-se com a residència i que, per a reutilitzar-la, caldria una inversió de més d’1,4 milions d’euros, “sempre que no apareguen patologies greus inesperades”. No obstant això, aquesta actuació no implicaria la reobertura del centre, ja que hi ha una “inviabilitat funcional i normativa” per a continuar prestant aquest servei, segons els informes tècnics.

Amb el tancament de la residència, el personal —que estava inclòs en el Contracte-Programa subscrit entre la Conselleria de Serveis Socials i l’Ajuntament de Catarroja, de manera que les seues retribucions es comprometia a abonar-les la Generalitat Valenciana— va ser assumit pel consistori de manera “excepcional i transitòria” dins del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) com a reforç d’atenció primària bàsica. No obstant això, els auxiliars de cuina i infermeria i el personal de neteja “no compleixen els requisits de qualificació professional i funcions específiques” per a incorporar-se de manera permanent a aquest servei.

La Conselleria ha deixat de fer-se càrrec del pagament de les nòmines dels 21 empleats de la residència: equip tècnic (ATS, metge, Tasoc i fisioterapeuta), auxiliars d’infermeria i personal de neteja, bugaderia i cuina. Això suposa més de 225.000 euros corresponents a les dos últimes mensualitats de 2024 i a tot l'exercici del 2025, una quantitat que ascendiria a prop de 900.000 euros en el que resta del contracte-programa 2024-2028. Per això, l'equip de Govern va proposar en el ple del dijous l'aplicació d'un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectava a tots els treballadors i suposava una indemnització superior als 271.000 euros. No obstant això, a petició dels grups de l'oposició, s'ha acordat atorgar un període d'un mes per a intentar trobar una solució a esta situació a la que fins ara no s'ha arribat -l'ajuntament ha fet una provisió de fons en el pressupost d'enguany de vora 730.000 euros per fer front a aquestes partides relacionades amb la liquidació de la residència-.

Intentar “guanyar temps” i “buscar alternatives”

L’Ajuntament de Catarroja defensa que la situació del centre de majors “no naix d’una decisió política municipal, sinó d’una cadena de fets provocats per la dana i agreujats després per la falta d’una resposta suficient per part de la conselleria competent”. Així doncs, davant una situació sobrevinguda, sostenen que ni es va acomiadar el personal de manera immediata ni es van desentendre del problema: “Al contrari, es va intentar guanyar temps, es van buscar alternatives, es va assumir amb pressupost municipal el pagament de les nòmines i es va promoure una adscripció provisional del personal a l’Ajuntament per a evitar que els treballadors quedaren desemparats i forçar una resposta del departament de Serveis Socials”.

No obstant això, lamenten que la Generalitat no assumira el personal, com sí que va fer amb els residents, obligant a més a retornar, “amb interessos”, el finançament vinculat a la residència. “No va oferir una solució estructural per als treballadors, ni va acceptar traslladar aquest finançament a altres serveis municipals, ni va garantir la continuïtat futura del servei residencial”. Així mateix, insisteixen que es va sostindre el personal amb recursos propis mentre la Generalitat Valenciana “retirava el finançament” per a “evitar deixar abandonats els treballadors”.

Així doncs, fonts municipals insisteixen que la Conselleria de Serveis Socials “no va garantir la reobertura de la residència ni va oferir una solució per al seu personal”. “A més, deixa la porta oberta perquè, en cas de reobertura o modificació de la tipologia del centre, el consistori sol·licite una nova assignació pressupostària; però això no resol el problema actual: hui no hi ha servei, ni finançament, ni una solució per a la plantilla”, incideixen, alhora que lamenten que la Generalitat no subrogara el personal en altres centres ni articulara una alternativa laboral per a una plantilla que depenia d’un servei la competència material del qual és autonòmica.

L’Ajuntament sosté que, “després de mesos de gestions, informes, pagament de nòmines amb fons municipals i cerca d’alternatives”, la residència no ha reobert ni està garantida la seua continuïtat; el finançament s’ha “retirat o reduït”, l’adscripció del personal “no pot mantindre’s indefinidament” i tampoc hi ha una solució per a la plantilla des de l’Administració autonòmica. Per això, asseguren que es veuen obligats a l’extinció dels contractes vinculats a un servei “que ha desaparegut de fet i de dret”: “Es tracta de la conseqüència final d’una cadena de decisions i omissions en què la Conselleria ha reconegut al tancament del centre, ha reduït el seu finançament i no ha oferit una eixida suficient per al personal ni per al sosteniment del servei”.

Consultats per elDiario.es, des del departament que dirigix Elena Albalat argumenten que es tractava d'un centre de titularitat municipal i que el finançament, en estar subjecte a un Contracte-Programa, si el servei es deixa de prestar la Generalitat no pot continuar sostenint-lo, i si no se justifica eixa despesa, es reclama l'import aportat.

La dana del 29 de octubre de 2024 tuvo en la localidad de Catarroja, en la comarca valenciana de l'Horta Sud, uno de los municipios más afectados. El agua, además de llevarse la vida de 230 personas en la provincia de Valencia, causó numerosos daños materiales que afectaron a todo tipo de infraestructuras y servicios.

Una de estas infraestructuras que se vio afectada por las inundaciones fue la residencia de la tercera edad Francisco Ramón Pastor de Catarroja, un servicio gestionado por un organismo autónomo municipal que atendía a 37 personas mayores y que contaba con una plantilla de 23 empleados -dos de ellos en excedencia-.

La grave afección del inmueble, en riesgo de colapso por los serios daños sufridos, provocó el traslado de los usuarios a dos residencias públicas de la Generalitat en la provincia de Castellón en noviembre de 2024. Un dictamen posterior concluyó que el centro no puede volver a abrirse como residencia y que, para su reutilización, sería necesaria una inversión de más de 1,4 millones de euros, “siempre que no aparezcan patologías graves inesperadas”. Sin embargo, tal actuación no implicaría la reapertura del centro, ya que existe una “inviabilidad funcional y normativa” para seguir prestando ese servicio, según los informes técnicos.

Con el cierre de la residencia, el personal —que estaba incluido en el Contrato-Programa suscrito entre la Conselleria de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Catarroja, de forma que sus retribuciones se comprometía a abonarlas la Generalitat Valenciana— fue asumido por el Consistorio de forma “excepcional y transitoria” dentro del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) como refuerzo de atención primaria básica. No obstante, los auxiliares de cocina y enfermería y el personal de limpieza “no cumplen los requisitos de cualificación profesional y funciones específicas” para incorporarse de forma permanente a ese servicio.

La Conselleria ha dejado de hacerse cargo del pago de las nóminas de los 21 empleados de la residencia al considerar que no está vigente el contrato-programa: equipo técnico (ATS, médico, TASOC y fisioterapeuta), auxiliares de enfermería y personal de limpieza, lavandería y cocina. Esto supone más de 225.000 euros correspondientes a las dos últimas mensualidades de 2024 y a todo el ejercicio de 2025, una cantidad que ascendería a cerca de 900.000 euros en lo que resta de contrato programa (2024-2028). Por ello, el equipo de Gobierno propuso en el pleno del jueves la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a todos los trabajadores y suponía una indemnización superior a los 271.000 euros. Sin embargo, a petición de los grupos de la oposición, se ha acordado otorgar un período de un mes para intentar encontrar una solución a esta situación a la que hasta la fecha no se ha llegado -el Ayuntamiento ha hecho una provisión de fondos en el presupuesto de este año de cerca de 730.000 euros para hacer frente a estas partidas relacionadas con la liquidación de la residencia-.

Intentar “ganar tiempo” y “buscar alternativas”

El Ayuntamiento de Catarroja defiende que la situación del centro de mayores “no nace de una decisión política municipal, sino de una cadena de hechos provocados por la dana y agravados después por la falta de una respuesta suficiente por parte de la Conselleria competente”. Así, ante una situación sobrevenida, sostienen que ni se despidió al personal de forma inmediata ni se desentendieron del problema: “Al contrario, se intentó ganar tiempo, se buscaron alternativas, se asumió con presupuesto municipal el pago de las nóminas y se promovió una adscripción provisional del personal al Ayuntamiento para evitar que los trabajadores quedaran desamparados y forzar una respuesta del departamento de Servicios Sociales”.

Sin embargo, lamentan que la Generalitat no asumiera al personal, como sí hizo con los residentes, obligando además a devolver, “con intereses”, la financiación vinculada a la residencia. “No ofreció una solución estructural para los trabajadores, ni aceptó trasladar esa financiación a otros servicios municipales, ni garantizó la continuidad futura del servicio residencial”. Asimismo, insisten en que se sostuvo al personal con recursos propios mientras la Generalitat Valenciana “retiraba la financiación” para “evitar dejar abandonados a los trabajadores”.

Así, fuentes municipales insisten en el hecho de que la Conselleria de Servicios Sociales “no garantizó la reapertura de la residencia ni ofreció una solución para su personal”. “Además, deja la puerta abierta a que, en caso de reapertura o modificación de la tipología del centro, el Consistorio solicite una nueva asignación presupuestaria; pero eso no resuelve el problema actual: hoy no hay servicio, ni financiación, ni una solución para la plantilla”, inciden, al tiempo que lamentan que la Generalitat no subrogara al personal en otros centros ni articulara una alternativa laboral para una plantilla que dependía de un servicio cuya competencia material es autonómica.

El Ayuntamiento sostiene que, “después de meses de gestiones, informes, pago de nóminas con fondos municipales y búsqueda de alternativas”, la residencia no ha reabierto ni está garantizada su continuidad; la financiación ha sido “retirada o reducida”, la adscripción del personal “no puede mantenerse indefinidamente” y tampoco existe una solución para la plantilla desde la Administración autonómica. Por ello, aseguran que se ven obligados a la extinción de los contratos vinculados a un servicio “que ha desaparecido de hecho y de derecho”: “Se trata de la consecuencia final de una cadena de decisiones y omisiones en la que la Conselleria ha reconocido el cierre del centro, ha reducido su financiación y no ha ofrecido una salida suficiente para el personal ni para el sostenimiento del servicio”.

Consultados por elDiario.es, desde el departamento que dirige Elena Albalat argumentan que se trataba de un centro de titularidad municipal y que la financiación, al estar sujeta a un contrato-programa, si el servicio se deja de prestar la Generalitat no puede seguir sosteniéndolo y, si no se justifica ese gasto, se reclama el importe aportado.

La Plataforma 'Hospitalito Ya' ha cambiado su nombre por el de 'Residencia Ya' para pedir al Ayuntamiento de Toledo que inste a la Diputación toledana a elaborar un convenio de cesión del edificio del hospital de San Juan de Dios, propiedad de la institución provincial, para que la Junta realice las obras de adecuación oportunas con el fin de que esta infraestructura del Casco Histórico de Toledo se convierta en una residencia para mayores de gestión pública, incluyendo entre sus servicios el de centro de día.

Así reza el manifiesto difundido este jueves por la plataforma, que busca responder al anuncio hecho por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, hace unas semanas “para dar uso al edificio de San Juan de Dios con un modelo de covivienda para mayores, con el anglicismo publicitario de 'cohousing senior'”.

En dicho anuncio, el regidor toledano confirmó que el edificio de San Juan de Dios, ubicado en el Casco Histórico de Toledo, ya no iba a ser un hotel y ahora proyectaba darle uso asistencial, con centro de día y residencia para mayores.

Según la plataforma, lo que ahora propone el alcalde no es el modelo público “amable” de convivencia para mayores donde los residentes pueden tomar decisiones y autogestionar sus prioridades, “sino el modelo de negocio residencial donde una empresa privada busca el máximo rendimiento económico posible teniendo a los mayores como clientes cautivos”.

“No tranquilizan los bandazos del alcalde”

“No es un servicio público, sino un negocio privado donde el ánimo de lucro lo es todo”, afirma la plataforma, que agrega que este “modelo privatizador” de propiedades y de servicios públicos “hace que la empresa que se encargue de la rehabilitación del edificio público por un coste bajo durante decenas y decenas de años, gestione un negocio residencial para mayores en el gran inmueble público de San Juan de Dios, Bien de Interés Cultural”.

El comunicado añade que tanto el alcalde como la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, estuvieron de acuerdo en que este bien público tuviese un uso también público. “Por eso fue sorprendente cómo, poco después, tanto Ayuntamiento como Diputación apoyaron con entusiasmo el proyecto de construcción de un hotel de lujo para turistas en el edificio de San Juan de Dios”.

“Ahora estas instituciones vuelven a mutar y presentan otro proyecto en el edificio donde se combina un negocio hostelero junto con un negocio casi hotelero de alquiler de micro viviendas-estudio con espacios comunes para mayores”, subraya la plataforma, para agregar que desde el punto de vista de las necesidades residenciales y asistenciales del vecindario “no es dato tranquilizador que el alcalde de Toledo siga dando bandazos sobre el uso más adecuado” para este inmueble.

Es por ello por lo que insta a las administraciones competentes a paliar la pérdida de servicios residenciales públicos para mayores en la ciudad y a asumir sus responsabilidades proponiendo espacios que tengan disponibles para garantizar los derechos de los mayores en la ciudad donde residen.

Una residencia pública “es más que necesaria”

“Una residencia pública para mayores es una infraestructura notable para la ciudadanía, porque permite una permanencia económicamente viable del vecindario residente de mayor edad, afianzando un modelo de mantenimiento sostenible de servicios públicos que hace que los barrios sean habitables y habitados”, subraya.

Según 'Residencia Ya', la continua apertura de negocios privados de alojamientos para mayores “demuestra que una residencia pública para mayores es más que necesaria porque los mayores demandan tener como alternativa principal los servicios públicos de residencias y no ser teledirigidos a ser clientes forzosos de costosos negocios de alojamientos privados”.

A preguntas de los medios, desde la plataforma han indicado que este mismo escrito se presentó ya al pleno del Ayuntamiento de Toledo y ha sido aprobado por unanimidad. “No pedimos ni más ni menos que lo que el Ayuntamiento, en pleno y además por unanimidad, acordó en su día cumplir”.

Del mismo modo, sobre futuras acciones a llevar a cabo, han señalado que tienen que reunirse con el fin de “ir diseñando los siguientes pasos”. “Pero que sepan ya las administraciones públicas que no nos vamos a quedar parados porque es una infraestructura muy necesaria y en este barrio más porque está empezando a alcanzar cierta edad”.

La situación en el CRAPD I de Vigo (siglas de Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes), donde en 2025 la Inspección de Trabajo advirtió de un riesgo “mortal” para la plantilla sigue empeorando. El sindicato CSIF ha presentado un“ escrito formal” ante la Consellería de Política Social en el que exige “actuaciones inmediatas para proteger a las trabajadoras”, ya que consideran que existe un peligro “grave e inminente” para su salud y su seguridad.

En un comunicado, la central afirma que la Xunta “no ha dado una respuesta proporcional a la gravedad del problema”. Insiste en que no se trata de hechos “aislados” ni “puntuales”, sino que responden a un modelo “que lleva años generando conflictos”. El CRAPD I, que fue concebido inicialmente como una residencia para personas mayores, lleva años atendiendo “perfiles cada vez más complejos sin el refuerzo necesario de personal, formación ni medidas de seguridad”.

En el documento, registrado por la representante de CSIF en el Comité de Empresa de Política Social, Montse Arribas, se describe “un clima de miedo, ansiedad e inseguridad laboral”, causado, en este caso, por “episodios continuados de amenazas e intimidaciones, especialmente durante el turno de noche, protagonizados por un nuevo usuario del centro con alteraciones de conducta”.

El sindicato denuncia que esta situación “no sólo supone un riesgo psicosocial muy grave, sino también un peligro real de agresión física, agravado por el hecho de que el residente permanece en estado de vigilia durante la noche con comportamientos intimidatorios reiterados”. Critica que la única respuesta de la dirección haya sido “ordenar que el trabajo nocturno se realice en pareja”. Para CSIF, la medida, “claramente insuficiente”, obliga a dejar otras zonas sin atención, lo que incrementa “tanto el riesgo laboral como el asistencial”.

Ante esta situación, el CSIF ha solicitado formalmente a la consellería la adopción “urgente” de medidas de protección, la evaluación inmediata del riesgo y de la violencia externa, el refuerzo de personal o presencia de seguridad en turno de noche, el traslado del usuario a un recurso adecuado a su perfil e información “urgente” al comité de seguridad y salud.

El sindicato advierte de que la normativa de prevención de riesgos laborales obliga a actuar ante situaciones de riesgo grave e inminente, por lo que considera “inadmisible” la falta de medidas efectivas hasta el momento. “Las trabajadoras no pueden seguir desempeñando su labor con miedo”, concluye el comunicado.

Quejas por el estado de la comida, la falta grave de cuidado de los residentes, el deterioro de las instalaciones y acusaciones sin fundamento hacia los usuarios le han valido a Víctor Manuel Fernández, de 58 años, un apercibimiento previo a la expulsión de la residencia Colisee de Vallecas, en la que vive desde el 10 de febrero de 2023. Así lo denuncia este antiguo profesional del gas que sufrió un accidente en 2014 que le afectó gravemente a la médula espinal. Desde entonces ha pasado por seis centros sociosanitarios madrileños. Ahora está en “el peor de todos” los que ha conocido, asegura.

La Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad le ha advertido de que su comportamiento “puede derivar en la pérdida de la plaza” que “disfruta en la residencia”. Fernández ya ha puesto lo ocurrido en manos de un abogado y denuncia indefensión para poder alegar ante la Comunidad de Madrid. “Conozco mis derechos”, dice.

Se presenta como el presidente de la Junta de Participación de Usuarios, cargo que ha ocupado en tres de los centros por los que ha pasado. “Yo sé que soy bastante reivindicativo y un poco dolor de cabeza para los directores, pero quiero que nos traten con dignidad y conforme a la ley”, introduce. A principios de 2025, se convirtió en el representante de sus compañeros en esta residencia para personas con discapacidad física, gestionada por la sociedad limitada unipersonal La Saleta Care, radicada en València. Fue ahí el inicio de las desavenencias con la directora del centro, siempre según el relato esgrimido por Fernández.

Denuncia de desatención hacia los residentes

La documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es acredita cómo durante meses el residente ha puesto en conocimiento de la dirección diversas situaciones que no le han pasado desadvertidas. Una de las más graves está relacionada con la desatención que sufrió una residente el pasado 21 de noviembre. Sucedió durante la cena, en una mesa individual. “Nuestra compañera se estaba cayendo al suelo, sujeta prácticamente con la barbilla, mientras pasaban continuamente auxiliares de un lado al otro sin darse cuenta”, escribió en su correo electrónico de queja a la directora en el que adjunta una fotografía que prueba lo que denuncia.

El mensaje continúa: “Cuando traté de pedir ayuda a través de la puerta exterior del comedor, una auxiliar, mientras le rogaba ayuda para mi compañera que se estaba cayendo, tan solo me respondía reiteradamente que cerrara la puerta porque entraba frío”. Aquella noche falleció esta mujer. “Solicito asistencia en la revisión de las cámaras del comedor, en el día y la hora señaladas”, finalizó Fernández.

La directora le aseguró que la usuaria “estuvo en todo momento bajo supervisión y recibió asistencia por parte del personal de la zona, que la recolocó en la silla en un par de ocasiones”. También le rogó que, en adelante, se abstuviera de realizar fotografías sin contar con los permisos correspondientes.

Colisee Vallecas subraya a este medio que la postura a la que se hace referencia era una conducta clínica habitual de esta persona debido al perfil de su patología neurodegenerativa de evolución muy rápida que “requirió un nivel de atención y acompañamiento humano muy superior al estándar”. Según defienden, no existe “ninguna evidencia médica ni técnica” que vincule su fallecimiento con la atención prestada en el centro.

Para el representante de los usuarios, casos así son consecuencia de “la privatización de todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario, que provoca la proliferación de posibles negocios entre políticos corruptos y empresarios”. Todas sus demandas también obran en poder del Defensor del Pueblo desde septiembre del año pasado.

Quejas sobre la comida y el estado de las infraestructuras

Como en tantos otros centros de este tipo, la comida que los usuarios se ven obligados a ingerir dista mucho de la que desean. Las imágenes facilitadas por Fernández también dan cuenta de ello, incluso nombra como “garbanzos con misterio” un plato de esta legumbre con una sopa en la que se aprecian motas negras. “Y eso que yo casi nunca como aquí, pero ellos cobran como si lo hiciera todos días del año”, recalca.

Ante dicho extremo, desde Colisee Vallecas ha remarcado que disponen de cocina propia “donde se elaboran menús diarios bajo estrictos controles de calidad y están diseñados por profesionales de la nutrición”, y que cuentan con la certificación Healthia Care nivel Gold, “una de las más exigentes del sector”.

El estado del patio es otra de las reivindicaciones que Fernández quiere que la sociedad conozca. Tal y como se aprecia en las fotografías que ha remitido, los pocos toldos que en verano producen sombra están rotos, el pavimento presenta numerosas roturas y los bancos tienen listones levantados.

La residencia, por su parte, ha explicado que en el pavimento exterior “se han hecho reparaciones y estamos evaluando la posibilidad de una reforma integral que, por su envergadura, requiere una mayor planificación”. Del mismo modo, la sustitución de los toldos ya está en fase de gestión con proveedores. “Respecto al mobiliario, como los bancos, cualquier elemento detectado en mal estado es retirado o reparado de inmediato por seguridad”, han agregado.

Conflictos continuos entre Fernández y la dirección

Otra de las quejas versa sobre la expulsión que sufrió una usuaria del centro, quien mantiene una relación con Fernández, de la habitación de él. “Lo hicieron dos veces y la tercera ya no ocurrió porque les pregunté que qué iban a hacer si no se iba”, comenta. En el contrato que firman al entrar se recoge que los residentes no pueden entrar en habitaciones de otros usuarios sin su consentimiento. “Y nosotros teníamos el consentimiento de mi compañero. Ya no eran las normas lo que había que respetar, sino órdenes de arriba. Aquí parece que el reglamento lo tenemos que respetar solo nosotros”, recalca. Colisee Vallecas explica que lo hicieron para “garantizar el derecho a la intimidad y el descanso en las habitaciones”, aunque no hacen referencia al hecho de que Fernández asegura que tenía el permiso de su compañero.

El representante de los usuarios se quejó este mismo febrero de “acusaciones vanas y faltar al respeto”. Fernández y Ruiz se enzarzaron en una discusión por correo electrónico porque la directora del centro afirma que le entregaron una grapadora en buen estado y posteriormente fue devuelta dañada, pero sin pruebas de ello. Tampoco permite que el mismo Fernández pueda demostrar lo sucedido accediendo a la grabación de las cámaras de seguridad, ya que eso infringiría la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sostiene la dirección. La residencia no ha precisado qué pruebas tienen de que entregaron la grapadora en buen estado y fue devuelta dañada.

Primer aviso: apercibimiento

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, ha comunicado a Fernández mediante carta certificada este febrero que ha protagonizado “numerosos episodios disruptivos y alteraciones conductuales”, y le han acusado de “no hacer un uso ni un adecuado aprovechamiento de los servicios del centro”. Por último, le advierten de que reiterados incumplimientos de las normas pueden derivar en la pérdida de la plaza que actualmente disfruta en Vallecas.

Desde el departamento liderado por Ana Dávila han respondido a elDiario.es que no pueden ofrecer información sobre casos concretos. Aun así, han comentado que “los usuarios de las residencias que dependen de la Comunidad de Madrid tienen que cumplir unas normas mínimas de comportamiento para respetar los derechos de otros usuarios y de los trabajadores que les atienden”.

También confirman el apercibimiento realizado a Fernández y aseguran que “mantendrá próximamente” una reunión con responsables de la Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad “para tratar su situación”. Sin embargo, la Consejería ha declinado explicar a qué se refieren cuando mencionan “episodios disruptivos y alteraciones conductuales” en el apercibimiento emitido el pasado 19 de febrero y firmado por Noemí Álvarez Bravo, jefa de área de Atención a la Discapacidad.

Colisee Vallecas, por su parte, incide en que en los casos en los que detecta “dificultades significativas en la convivencia y en la adherencia a las normas básicas del centro”, tienen “la obligación técnica e institucional de informar a la Consejería competente de la Comunidad de Madrid en materia social”. Según añaden, “no se trata de una medida disciplinaria, sino de un procedimiento reglado y escalonado que busca, ante todo, ofrecer una oportunidad para reconducir la situación”.

El afectado aclara que no tiene “ninguna intención” de irse. “Porque esta también es mi casa”, explica. Según añade, ahí es donde tiene a su pareja y donde hace “algo útil por la sociedad”. Por el momento, trata con un abogado los próximos movimientos, que pasan por alegar. En dichas alegaciones explica que la falta de concreción en las acusaciones le provoca indefensión hacia las mismas.

Asimismo, ha planteado que “las manifestaciones vertidas en diversos correos y comunicaciones en relación a mis actividades fuera del centro o con mi pareja son una clara invasión a mi intimidad”. Según Fernández, esto demuestra que el expediente persigue silenciar su presencia en el centro residencial y conseguir su expulsión del mismo.