La Consejería de Inclusión Social ha modificado la orden que regula los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados y los requisitos de acreditación de los centros de atención a la dependencia de Cantabria para mejorar la calidad de la atención y flexibilizar algunos aspectos de la gestión.

Tal y como publica el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), entre las novedades que incorpora esta modificación destaca la obligatoriedad de disponer de camas articuladas y regulables en altura, con colchones adecuados para la prevención y manejo de úlceras de presión. De esta forma, a la vez que se incrementa la comodidad de los usuarios, se facilita la tarea de los profesionales que prestan los apoyos necesarios.

También se establece que deberán tomarse en consideración los deseos y preferencias de los residentes sobre las actuaciones a realizar por el centro residencial al final de su vida.

En lo que se refiere a la organización del personal de los centros, la nueva orden posibilita que cuando la persona que ejerce funciones de dirección compatibilice esta actividad con la atención directa a los usuarios, esta última podrá desempeñarse en el mismo o diferente centro.

Otra modificación importante está relacionada con el transporte de personas en situación de dependencia en los centros de día. Con la nueva regulación, cuando el servicio de transporte que presta el centro exija acompañamiento de los usuarios, el tiempo dedicado a esta tarea por el personal de atención directa se computará para la exigencia de horas de la jornada diaria, con el límite máximo de una hora en horario de mañana y otra en horario de tarde.

Un cambio que responde a las necesidades de los usuarios de centros residenciales y viviendas tuteladas es el que exige que, cuando por motivos de salud así se requiera, se deberá ofrecer una recena, además de las cuatro comidas diarias. Asimismo, la nueva orden flexibiliza el horario de prestación de servicios en viviendas tuteladas.

Unidades para personas autónomas

Como novedad de relevancia, se crean las Unidades para Personas Autónomas. De esta forma, en las residencias de personas mayores se podrán establecer un máximo de dos unidades residenciales para personas que tengan suficiente autonomía personal para las actividades básicas de la vida diaria, sin tener reconocida la situación de dependencia o teniéndola reconocida en grado I. Estas unidades tendrán un máximo de veinte plazas cada una, distribuidas en habitaciones individuales o dobles.

Acreditación de centros y simplificación administrativa

En lo que se refiere a los requisitos exigidos para la acreditación de los centros de servicios sociales, las modificaciones guardan relación con la simplificación administrativa. En este ámbito se produce la modificación del sistema de acreditación de la calidad de estos centros, procediéndose a la simplificación y concreción de algunos protocolos, reorientando sus contenidos, registros y criterios hacia una mayor personalización de los cuidados y apoyos que se prestan.

En la línea del proceso de simplificación administrativa, también se modifica la presentación de memorias anuales de la actividad del centro a efectos del mantenimiento de la acreditación, sustituyendo la elaboración de aquellas por un sistema de autoevaluación que resulte de utilidad a los centros en su toma de decisiones y gestión del conocimiento.

Así, los valores en que se centre la calidad de los centros se incorporarán a un formulario digital habilitado por la Administración, lo que facilitará el análisis comparado de los indicadores, a la vez que permitirá una definición compartida por todos los centros de cada uno de los elementos por los que se interroga.

Con las modificaciones establecidas también se avanza en la digitalización de los procedimientos, con la utilización de una aplicación informática para remitir los datos solicitados y facilitar su análisis comparado, y contribuir a una Administración sin papel.

Finalmente, por primera vez se introducen criterios relacionados con la soledad no deseada. Una de las primeras actuaciones planteadas en este sentido es conocer su alcance y para ello se proponen indicadores que persiguen la comprensión del fenómeno y su magnitud.

Un mes después de la visita del Papa León XIV, el Arzobispado de Barcelona ha decidido intervenir una de sus fundaciones más relevantes, la Fundación Sant Josep Oriol, después de constatar graves irregularidades económicas, que han supuesto la pérdida de varios millones de euros en la diócesis.

Después de más de un año de investigación encargada a una auditoría externa, la diócesis gobernada por el cardenal Omella ha despedido fulminantemente a dos de sus administradores, vinculados a otras dos entidades, en las que también se han constatado problemas de gestión y, en una de ellas, la Fundación Valldejuli, un escándalo de compra venta de edificios a precios por debajo de mercado.

La intervención de esta fundación se ha producido después de varias informaciones que revelaron graves problemas económicos, así como por la mala gestión administrativa de las residencias geriáticas adscritas a Sant Josep Oriol, según ha podido saber elDiario.es. Junto a ello, se han descubierto irregularidades en la Fundación Valldejuli y la Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desemparats, de L'Hospitalet de Llobregat.

Ambas instituciones, según confirman fuentes diocesanas a esta redacción, han sido objeto de la mala gestión tanto del diácono permanente de la diócesis, Rubén García-Lozano, como el, hasta hace pocas fechas, arcipreste con funciones de vicario episcopal Saturnino Rodríguez Rodríguez.

El Arzobispado continúa investigando en detalle, junto a la auditora, la gravedad del 'agujero' que la mala gestión de los responsables podría haber causado tanto a las fundaciones como a la propia diócesis, y próximamente ofrecerá una información detallada de lo ocurrido.

Toda la información en www.religiondigital.org

Las trabajadoras de la residencia de mayores El Cuartillo, en Cáceres, vuelven a denunciar una situación que, aseguran, agrava el malestar existente en el centro. Después de hacer pública la falta de personal y la sobrecarga asistencial que soportan desde hace meses, ahora denuncian el retraso en el cobro de parte de sus retribuciones debido a una incidencia administrativa comunicada por la propia dirección del centro.

Según un escrito interno remitido a la plantilla y al que ha tenido acceso elDiario.es Extremadura, la Dirección General de Función Pública ha limitado temporalmente la actividad en SIRHUS, el sistema de gestión de recursos humanos utilizado por la Junta de Extremadura para tramitar las nóminas, los expedientes de personal y otras incidencias laborales.

La comunicación explica que esa limitación permanecerá vigente entre el 15 de julio y el 12 de agosto, con el objetivo de adaptar el sistema a la nueva estructura orgánica de la Junta de Extremadura y realizar la correspondiente carga presupuestaria.

Como consecuencia, el documento informa de que no podrán abonarse en la nómina de agosto los denominados Complementos Específicos Especiales correspondientes al mes de julio, por lo que su pago se retrasará hasta la nómina de septiembre.

Estos complementos retribuyen circunstancias especiales de la jornada laboral, como las horas nocturnas, el trabajo realizado en domingos y festivos o los conceptos vinculados a la movilidad funcional, cuando un trabajador desempeña temporalmente funciones o puestos distintos de los habituales por necesidades del servicio.

Aunque la comunicación asegura que las cantidades no se perderán y se abonarán íntegramente un mes después, varias trabajadoras consideran que el aplazamiento supone un nuevo perjuicio para una plantilla que ya venía denunciando problemas estructurales en el funcionamiento del centro.

Hace apenas unos días, las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de El Cuartillo denunciaron públicamente que trabajan con una plantilla insuficiente, especialmente durante el periodo estival y cuando no se cubren bajas o vacaciones. Las profesionales alertaban de que esa situación repercute tanto en las condiciones laborales como en la calidad de la atención que reciben las personas mayores residentes y reclamaban que “trabajar al límite no puede convertirse en la norma”.

Ahora, sostienen que el retraso en el cobro de unos complementos que compensan precisamente los turnos más exigentes —como las noches, los domingos y los festivos— incrementa la sensación de falta de reconocimiento hacia un colectivo que mantiene la actividad asistencial durante todo el año.

En el escrito interno, firmado por la dirección del centro, se indica expresamente que la medida responde a una decisión comunicada por la Dirección General de Función Pública de la Junta de Extremadura derivada de las limitaciones temporales de SIRHUS y que todos los importes pendientes se incluirán en la nómina de septiembre.

Fuentes de la plantilla consultadas por elDiario.es aseguran que el comunicado ha generado un profundo malestar entre las trabajadoras. Una de las profesionales explica que ella misma conoció la decisión “por el grupo de compañeras”, ya que actualmente se encuentra de vacaciones, y afirma que la explicación ofrecida por la Administración no convence a buena parte de la plantilla. “Dicen que es un problema informático, pero esto es echar más leña al fuego”, resume.

La trabajadora señala que, además del retraso en el cobro de los complementos, continúa la preocupación por la falta de personal denunciada días atrás. En este contexto, explica que varias empleadas han mantenido conversaciones con representantes sindicales para valorar posibles movilizaciones.

Según su relato, algunas trabajadoras afiliadas a UGT trasladaron la situación al sindicato, con la intención de estudiar la convocatoria de una concentración a las puertas de la residencia para denunciar las condiciones laborales y la falta de cobertura de la plantilla. Sin embargo, asegura que la respuesta recibida fue que el sindicato apuesta por mantener el diálogo con la Administración y que, si finalmente se convocan movilizaciones, deberán ser promovidas por las propias trabajadoras. “Ahora mismo nos sentimos solas, sin el apoyo del sindicato”, lamenta.

La misma fuente añade que, según la información trasladada tras una reunión mantenida entre representantes sindicales y Función Pública, los retrasos administrativos estarían relacionados con el proceso de estabilización del empleo público y con la reorganización derivada de las últimas convocatorias de plazas.

No obstante, la trabajadora cuestiona esa explicación. “A mí todo esto me suena a cuento chino”, afirma, al considerar que la falta de personal podía haberse mitigado con una mejor planificación de las contrataciones estivales. En su opinión, la Administración ha ofertado contratos de corta duración cuando “podían haber hecho contratos más largos o planificar incorporaciones en agosto, sabiendo que en julio había turnos sin cubrir”.

Las trabajadoras insisten en que el aplazamiento del cobro de los complementos llega en un momento de especial tensión en el centro, donde aseguran que la plantilla lleva meses reclamando más personal y mejores condiciones para garantizar una atención adecuada a los residentes.

La Residencia de Cine de Extremadura abre la convocatoria de su cuarta edición, reafirmándose como una iniciativa clave para el desarrollo de proyectos cinematográficos y el impulso del talento emergente en el ámbito audiovisual. La inscripción estará disponible del 1 de julio al 1 de septiembre de 2026, dirigida a proyectos de largometraje en fase de desarrollo —de ficción, documental o animación— procedentes de Extremadura, España e Iberoamérica.

Del total de propuestas recibidas, más de un centenar en la edición anterior, se seleccionarán 15 proyectos: cinco de Extremadura, cinco del resto de España y cinco de Iberoamérica, incluyendo Portugal. Las inscripciones se realizarán a través de la web oficial: www.residenciacineextremadura.com.

La Residencia está dirigida por el cineasta Juan Antonio Moreno Amador, ganador de dos premios Goya, y por la asesora de guion Yolanda Barrasa, referente en el acompañamiento de proyectos cinematográficos. Ambos destacan la importancia de esta edición, marcada por la incorporación de nuevos socios nacionales e iberoamericanos y por el compromiso de la industria con el Extremadura Film Market, así como el apoyo de los municipios de Guadalupe y Talavera la Real.

La cuarta edición mantendrá su formato híbrido, combinando encuentros presenciales y asesorías virtuales para ofrecer un acompañamiento integral a directores, guionistas y productores. Las actividades se desarrollarán en las sedes de Guadalupe (Cáceres) y Talavera la Real (Badajoz).

Guadalupe y Talavera la Real

El primer encuentro presencial tendrá lugar en noviembre en Guadalupe, donde los cineastas trabajarán con profesionales de reconocido prestigio. El segundo encuentro se celebrará en primavera de 2027 en Talavera la Real, reforzando la vinculación de la Residencia con el territorio extremeño.

Los proyectos seleccionados participarán en el Extremadura Film Market, un espacio profesional que impulsa la financiación, producción y coproducción de nuevas obras. Además, esta edición incorpora la participación en el área de industria MAFIZ del Festival de Málaga 2027, donde los equipos podrán presentar sus trabajos ante productores, distribuidores y plataformas.

La programación se completa con la Semana de Cine Extremeño e Iberoamericano en Guadalupe, que reunirá al público con las películas y sus creadoras y creadores, fortaleciendo los lazos culturales entre ambos territorios.

La Residencia de Cine de Extremadura está organizada por la Asociación Residencia de Cine de Extremadura y la productora Making DOC & FILM, con el apoyo de instituciones regionales, nacionales e iberoamericanas, entre ellas la Junta de Extremadura, EGEDA, IBERMEDIA, las diputaciones de Cáceres y Badajoz, y los ayuntamientos de Guadalupe y Talavera la Real.

Las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Centro Residencial El Cuartillo, dependiente del SEPAD en Cáceres, han hecho pública su situación para denunciar la falta de personal que, aseguran, arrastran desde hace tiempo y que se agrava durante los periodos vacacionales y cuando no se sustituyen las bajas.

La portavoz del colectivo, Edita Bajo, sostiene que la plantilla trabaja “bajo mínimos” y que esa situación obliga a las profesionales que permanecen en el centro a asumir una carga asistencial cada vez mayor. “Trabajar al límite no puede convertirse en la norma”, resume el comunicado difundido por las trabajadoras.

Según explican, el problema no afecta únicamente a las condiciones laborales de la plantilla, sino también a la calidad de la atención que reciben las personas residentes. Recuerdan que El Cuartillo trabaja con un modelo de cuidados libre de sujeciones, tanto físicas como químicas, que requiere una vigilancia permanente y un acompañamiento continuo. A su juicio, sin el personal suficiente resulta imposible prestar esa atención en las condiciones que exige el propio modelo asistencial.

Las profesionales también denuncian que, para garantizar el funcionamiento del servicio, en ocasiones se ven obligadas a renunciar a días de asuntos propios y a otros permisos laborales, con el consiguiente desgaste físico y emocional. Insisten en que no se trata de un problema individual, sino de una situación que repercute tanto en quienes trabajan en el centro como en las personas usuarias.

Junto a la denuncia pública, las trabajadoras han comenzado una recogida de firmas dirigida a la Dirección del centro residencial y a la Secretaría General de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

En el escrito recuerdan que las restricciones generales de permisos comunicadas por la dirección no pueden sustituir las resoluciones individualizadas previstas en la legislación administrativa. En concreto, solicitan que todas las peticiones de permisos sean resueltas de forma expresa y motivada, que las denegaciones se justifiquen por escrito cuando respondan a necesidades del servicio y que se informe a la representación legal de los trabajadores sobre las medidas organizativas adoptadas para hacer frente a la falta de personal y sobre los criterios empleados para conceder o denegar permisos.

Las TCAE reclaman, además, que se cubran las vacaciones y las bajas con la dotación de personal necesaria para garantizar tanto la seguridad de las personas residentes como unas condiciones de trabajo que, según defienden, respeten los derechos laborales de la plantilla.

Respuesta del SES

La Junta de Extremadura, en respuesta a la petición de información de elDiario.es, señala que los centros de atención 24 horas de gestión directa del SEPAD comunican de forma continuada, a lo largo de todo el año, las necesidades de cobertura de puestos en las distintas categorías profesionales. Añade que la coordinación entre el departamento de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Consejería de Salud y Servicios Sociales y la Dirección General de Función Pública es permanente, con intercambio diario de información para garantizar una respuesta ágil a dichas necesidades. Asimismo, sostiene que desde la llegada del actual Gobierno se ha avanzado en soluciones estructurales, con el reconocimiento de las horas extraordinarias, la puesta en marcha de contratos de refuerzo de larga duración que aportan estabilidad y la equiparación salarial. En este contexto, afirma que se continúa trabajando de manera intensiva para asegurar la cobertura de todos los puestos en los centros de la región.

María del Carmen derrocha energía. Le cuenta su vida a cualquiera que le pregunte, habla rápido y se muestra muy alegre. Nadie diría que hace seis años, la primera vez que cruzó las puertas de Hogar 2000, lo hizo en silla de ruedas, con unas cataratas muy avanzadas y sumida en una depresión.

Ella es una de las 29 residentes que viven actualmente en este centro de Toledo que acoge a personas con problemas de salud mental o enfermedades crónicas. Pero no se trata solo de una cuestión médica: aquí llegan quienes tampoco tienen recursos económicos ni apoyo familiar.

La diversidad de situaciones es alta, aunque con un patrón común. “Son personas que normalmente no han tenido una buena vida”, cuenta Lorena Aguado, terapeuta ocupacional del centro. “Ya sea porque no tienen recursos económicos o porque vienen de adicciones como alcohol o drogas”. Cuando a alguien en esas circunstancias le sobreviene una enfermedad incapacitante —como un ictus o un trastorno mental grave—, se genera una situación de dependencia sin un entorno que pueda o quiera hacerse cargo.

Es entonces cuando aparece Hogar 2000.

Un recurso público gestionado por Cáritas

Hogar 2000 es un recurso sociosanitario gestionado por Cáritas e integrado en la red pública de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha. Es esta última entidad la que lo financia mediante subvención en un 75% y la que deriva a los nuevos residentes hasta aquí.

En 2026 cumple 25 años desde la colocación de su primera piedra y, en todo este tiempo, ha alojado entre sus paredes a más de 300 personas. Sus 29 plazas están hoy todas ocupadas, con una lista de espera para entrar “bastante grande”, según sus trabajadores.

María del Carmen (57 años), la mujer que abre este reportaje, es una de ellas. Llegó a través de los servicios sociales tras una etapa depresiva en la que no salía de la cama ni comía, lo que la debilitó hasta el punto de necesitar temporalmente una silla de ruedas para desplazarse. Tiene tres hijos, aunque solo mantiene contacto con Asier, el pequeño, de 23 años, del que tiene una fotografía que, asegura, lleva “a todos lados”.

Para ella, Hogar 2000 es su segunda casa, porque le ofrece todo lo que necesita. “Tienes tu habitación, tu ducha y tus cinco comidas; tienes excursiones…”.

Joaquín es otro de los residentes. Lleva dos años en el centro, al que llegó desde otro albergue de Cáritas después de sufrir un ictus y dos infartos cerebrales que le causaron un importante deterioro cognitivo y físico. Antes había vivido con desconocidos en una casa okupa en muy malas condiciones de salubridad.

A sus 59 años, recuerda que se dedicaba a la jardinería en Madrid, que estudió Derecho y que le gustaba jugar al ajedrez. Por desgracia, a consecuencia del ictus, todos esos recuerdos se han emborronado debido a las lagunas de memoria que le han quedado como secuelas.

Pese a su estado de salud, también está contento de estar aquí. “Aquí me cuidan y me atienden muy bien. ¿Qué más quiero?”, dice.

Lorena Aguado explica que lo que intentan los trabajadores es mejorar su autonomía personal “en la medida de lo posible”. “Es decir, si se puede lograr que la persona salga autónoma, se intenta, pero es verdad que no suelen ser la mayoría de los casos y el objetivo es trabajar en su comodidad y en que su última etapa de la vida sea en las mejores condiciones posibles”.

En el centro también se les ayuda en todo tipo de gestiones: a los inmigrantes sin papeles, a regularizar su situación; a quienes puedan tener derecho, a conseguir una pensión; e incluso a recuperar el contacto con la familia, si el residente quiere intentarlo.

“Tenemos un residente que es de Nigeria y no tiene documentación. Como solo habla inglés, había tenido muchos problemas de comunicación y no se sabía si tenía familia. Cuando llegó aquí, conoció a otra chica también de Nigeria a la que le dio el nombre de un familiar. Nos pusimos a buscar y dimos con él. Gracias a ello, él ahora está haciendo videollamadas con su familia”, cuenta Lorena.

“Vienen emocionalmente muy dañados”

El equipo es amplio y variado: 21 personas entre psicóloga, enfermera, terapeuta ocupacional, trabajadora social, auxiliares de enfermería y equipo de atención sociosanitaria, además del personal de limpieza y cocina.

Como terapeuta ocupacional, el trabajo de Lorena se centra en ayudarles a recuperar su autonomía dentro de lo posible: mejorar la capacidad de hacer tareas domésticas o introducir adaptaciones para que retomen la rutina que llevaban antes. “También hago un trabajo rehabilitador para que las personas que tengan una disfuncionalidad física no vayan a peor, sino que se mantengan o mejoren. Y luego también hago mucho un trabajo grupal con ellos, de darles rutinas con diferentes tipos de talleres”.

La psicóloga del centro es Carmen Iglesias. Como son personas “que vienen emocionalmente muy dañadas”, explica, su trabajo consiste en acompañar y ayudarlas a trabajar las emociones. “Hay personas que sí que mejoran anímicamente, pero hay otras con las que, como su situación de salud mental está muy cronificada, es complicado”.

Una de las señas del centro es su aislamiento. Se levanta a las afueras de Toledo, rodeado de fincas y zonas agrícolas, a unos diez minutos en coche del centro de la ciudad.

La ubicación se escogió a propósito. La primera piedra de Hogar 2000 se puso en 2001, siendo concebido en origen como un lugar para atender a personas con VIH en un momento en el que el estigma y los prejuicios hacia esta enfermedad seguían muy extendidos en la sociedad. Por eso se consideró que lo mejor era tratarlas en una zona apartada. Gracias a ese emplazamiento, el espacio nunca fue un problema y pudo diseñarse desde cero una residencia adaptada a las necesidades.

El edificio cuenta con varias salas comunes donde los residentes pasan la mayor parte del tiempo —hacen talleres, ven la tele—, además de varios patios, pistas deportivas, un gimnasio para la rehabilitación física y habitaciones, comedor y cocina.

Aunque lo gestiona Cáritas, una ONG de la Iglesia católica, al tratarse de un recurso público la religión no es un requisito para entrar. En el centro hay una pequeña capilla donde se celebra misa los domingos, pero la asistencia no es obligatoria. “De hecho, tenemos una mujer que es de Guinea Ecuatorial y musulmana. Ella reza en su alfombra cuando le toca, celebra el Ramadán y no come cerdo. Se respeta la religión y no se obliga a nadie”, indica Lorena.

“Familia”

En todos estos años, el centro ha vivido situaciones complicadas. La pandemia fue una de ellas. “Se contagiaron varias personas que afortunadamente tenían la capacidad cognitiva para estar en su habitación y no salir”, recuerda la terapeuta ocupacional. “Pero los que no estaban tan bien no comprendían que tenían que quedarse encerrados, así que era imposible tenerlos en una habitación. Como yo había pasado el COVID, me encargué de ese grupo para que no estuvieran en contacto con los demás que sí estaban aislados”.

La borrasca Filomena fue otro momento crítico. Dejó el centro aislado durante varios días y los trabajadores que estaban de turno tuvieron que quedarse allí en los primeros días, sin posibilidad de relevo. “Hubo residentes a los que sí se les tuvo que sacar en todoterreno porque tenían que acudir a tratamientos médicos urgentes como diálisis”.

Es en estas situaciones difíciles cuando se muestra que la convivencia de residentes y trabajadores ha forjado lo que todas las personas entrevistadas en este reportaje denominan como “una familia”.

María del Carmen y Joaquín ponen un ejemplo muy sencillo, pero muy representativo, que se dio en una de las últimas excursiones a Toledo que hicieron los residentes.

“Íbamos caminando, él estaba cansado y le dije que se agarrase del brazo”, cuenta ella.

“Me dice: 'Agárrate a mí'”, confirma él.

“Es que estaba ya el hombre cansado de tanto andar. A ver, para eso estamos, para ayudarnos entre nosotros”, remata María del Carmen.

Familia.

Un viaje del IMSERSO. Después de cenar, un grupo de personas mayores bailan con sus parejas en un hotel de una localidad de Murcia. Todas ellas pueden disfrutar de ese rato de ocio en libertad, salvo dos. También son pareja y deciden ponerse a bailar como el resto, pero no se les permite. ¿La diferencia? Son dos hombres. “Fue tal la presión que recibieron de los compañeros y del hotel que tuvieron que retirarse a su habitación, abrir la ventana para escuchar la música y bailar allí”, relata Juan José Argüello, presidente de la Fundación 26 de Diciembre, a quien los afectados contaron lo ocurrido.

Este caso de discriminación homófoba es un ejemplo de cómo las personas mayores LGTBI sufren a menudo rechazo y dificultades por su orientación sexual o su identidad de género. Problemas que responden a muchas casuísticas, pero que “vienen arrastrados desde la memoria”, apunta Argüello. La dictadura franquista persiguió con dureza a este colectivo y muchos de quienes hoy son mayores vivieron esa represión. “Los gays sufrimos encarcelamiento, las mujeres lesbianas acababan en psiquiátricos y las trans no se contemplaban: al régimen debía explotarle la cabeza”, destaca sobre esa persecución. Una discriminación que ha dejado huella en esa generación: “Eso va configurando un perfil psicológico que yo resumiría como miedo. A ser quien eres y a mostrar ser quien eres”.

Pero la LGTBIfobia que arrastran sobre sus espaldas las personas mayores va más allá del franquismo y de lo institucional. Margarita Llorente, presidenta de la asociación de mujeres mayores lesbianas Cantapaxarina, explica que “con las familias no siempre han ido las cosas bien”. “No hemos sido del todo aceptadas. Yo misma estoy expulsada del WhatsApp familiar porque soy diferente. Tengo un montón de hermanos y la mayoría no me dejaban a mis sobrinos porque les parecía peligroso”, ejemplifica, aunque dentro de esa realidad también hay espacio para el encuentro: “Tengo un sobrino gay al que le pasa un poco parecido y nos hemos convertido en la familia. Nos protegemos”.

Si a esos rechazos se añade el hecho de que la mayoría de las personas LGTBI de esa generación ni se han casado ni han podido tener hijos, se explica en parte por qué en este colectivo se da un mayor aislamiento.

Han sido expulsadas de sus familias, de su ambiente, de sus trabajos, de sus amistades. Han tenido dificultades para desarrollar su afectividad y su sexualidad

Juan José Argüello — Presidente de la Fundación 26 de Diciembre

“Son personas que nunca han sido queridas”, sintetiza Argüello. “Han sido expulsadas de sus familias, de su ambiente, de sus trabajos, de sus amistades. Han tenido dificultades para desarrollar su afectividad y su sexualidad”, profundiza. La soledad que sufren puede llevarles a veces a conductas dañinas, como es el caso del chemsex, en el que apunta que están entrando “cada vez más personas mayores, porque es un entorno en el que, bajo el efecto de las drogas, son aceptados”.

La discriminación laboral también pesa en la mochila de este colectivo. Llorente la sufrió en primera persona: “He tenido acoso en el trabajo. Se me atacó duramente, entre otras cosas por ser lesbiana, porque yo nunca me oculté. Me tuve que ir a otro centro”, recuerda esta mujer de 75 años.

La LGTBIfobia sufrida también ha provocado que muchas de estas personas desarrollen cierta desconfianza en los servicios públicos. “Temen cómo pueden ser tratados o si van a ser juzgados”, indica el presidente de la Fundación 26 de Diciembre. Esto a veces desemboca en problemas de salud o en que no se puedan beneficiar de “las prestaciones y los avances sociales que ha tenido este país”, precisa.

Todas rechazamos ir a residencias porque son lugares bastante duros

Margarita Llorente — Presidenta de Cantapaxarina

La presidenta de la asociación Cantapaxarina expresa la visión que tienen las mujeres lesbianas de su generación sobre las residencias de mayores: “Todas rechazamos ir porque son lugares bastante duros”. Cree que son espacios “un poco hostiles todavía” en los que les cuesta sentirse seguras. Argüello también describe situaciones de discriminación en las residencias. Menciona el caso de un hombre de 85 años al que expulsaron por tener VIH. Lamenta que estos centros “no contemplan la diversidad”.

Iota es una mujer trans de 49 años que conoce en carne propia la discriminación en los servicios públicos. “Hubo una época en la que estuve en la calle y acudía a albergues de acogida, que eran básicamente masculinos. Si tuviera que estar hoy allí, probablemente tendría bastante miedo. Al rechazo, a agresiones verbales y microagresiones, al maltrato, a tener que estar explicándome…”, expresa desde el espacio que la Fundación 26 de Diciembre tiene en el centro de Madrid, en el que recibe apoyo psicológico y terapia ocupacional.

Juan José Argüello explica que, de todas las problemáticas que sufren las personas mayores LGTBI, en el caso de las personas trans se elevan de manera exponencial: “Tienen una alta vulnerabilidad. Empezando porque, hasta hace poco, su esperanza de vida era muy corta”, en parte por los “tratamientos médicos terribles e inadecuados” que recibieron. “Han sido muy vilipendiadas y agraviadas. Por lo tanto, han llegado a estas edades con graves problemas económicos, sociales y de integración”, señala. Y añade que “incluso dentro de la comunidad LGTBI han sido las personas más abandonadas y ridiculizadas”.

La discriminación hacia las personas LGTBI puede ir a más en un momento en el que la extrema derecha está ganando poder tanto en España como a nivel internacional.

La asociación Cantapaxarina conoce lo que suponen las campañas de la extrema derecha, en su caso a través de la desinformación. Hace poco, presentaron un proyecto de redes de apoyo entre mujeres del colectivo. Desde Vox se difundió un bulo sobre la iniciativa. “Manipularon la información. Salieron diciendo que nos habían regalado viviendas a las lesbianas mayores y se armó la de San Quintín. No era cierto, ni muchísimo menos”, explica la presidenta de la asociación. “Es una pequeña muestra de que estamos expuestas. Mucha gente tenemos miedo, no estamos seguras. Hay socias que no quieren salir públicamente”, lamenta.

Para Iota, la mujer trans que participa en los servicios de la Fundación 26 de Diciembre, el auge de la extrema derecha no es solo una amenaza para el futuro del colectivo, sino un problema ya presente. Alerta del impacto que “ya está teniendo”: “Los mensajes de odio e incluso las agresiones se han intensificado”. A pesar de eso, encuentra espacio para el optimismo: “Creo que es una fase que nos ha tocado vivir y nos duele directamente, pero ha habido fases peores y se han superado. Creo que ya empieza a verse su final. No sé si será mañana o pasado, pero creo que esto, tarde o temprano, pasará”.

Iota lanza este mensaje de esperanza en una sala de la sede de la fundación mientras, en la de al lado, un grupo de personas mayores juega al dominó. Antes han puesto sevillanas. Están en un espacio amplio y colorido que acoge a quienes no siempre son bienvenidos en otros lugares. La entidad nació en 2010 con la intención de crear una residencia especializada en mayores LGTBI. Ese proyecto ha costado, pero ya está en sus últimas fases y esperan que en 2027 pueda entrar en funcionamiento. Más allá de esa iniciativa, la Fundación desarrolla todo tipo de acciones de intervención psicosocial, formación e investigación en Madrid y Galicia, en las que participan unas 800 personas.

Cantapaxarina, por su parte, se centra en tejer redes para facilitar que las mujeres mayores lesbianas rompan su soledad relacionándose entre ellas. Propicia lugares de encuentro en los que coincidir con personas afines y estancias de unas en casas de otras en distintas ciudades. Aunque es una asociación asturiana, promueve estos intercambios en diferentes territorios del país. Con el tiempo les gustaría organizar viviendas colaborativas en las que estas mujeres puedan convivir y acompañarse.

Proyectos como estos dan cobijo a un colectivo que a menudo ha sido expulsado de muchos espacios. Y les ayudan a conocer a otras personas con la que salir del aislamiento. Como dice Iota, todo el mundo puede encontrar quien le acompañe: “Vivir libremente tu propia realidad es muy bonito. Y si la que consideras tu familia o tu gente más cercana no te apoya, búscate otra familia porque seguro que la encontrarás. Al final tu familia es quien te quiere, quien está contigo y quien te apoya. Y la sangre no significa nada”.

La Junta ha autorizado las obras de la fase 1 del Centro de Convalecencia y Cuidados Continuados de Torrejoncillo (Cáceres), por importe de 12,6 millones y que completa los ocho previstos en la región; y más de cinco millones para un nuevo contrato de servicios de estancias hospitalarias de atención sanitaria de media y larga duración, para un plazo inicial de 24 meses.

Estos dos acuerdos han sido aprobados este martes por el Consejo de Gobierno en una reunión de la que ha dado cuenta en rueda de prensa posterior la portavoz del Ejecutivo extremeño, Elena Manzano.

El nuevo centro de Torrejoncillo, en el Área de Salud de Coria y que contará con 40 plazas, dispondrá de una zona residencial para personas mayores en situación de dependencia y de un área de convalecencia para quienes, tras una enfermedad o una intervención, necesiten atención sanitaria antes de regresar a su domicilio o a su residencia habitual, ha explicado.

Manzano ha subrayado que se avanza así hacia un nuevo modelo de atención residencial con una red pública de centros comarcales, que se están implantando en todas las áreas de salud, en la que la atención sanitaria y todos esos cuidados se prestan de un modo “más cercano, más humanizado y centrado en lo importante, que son las personas”.

Además, se ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud para contratar servicios de atención a pacientes que aunque no precisan atención hospitalaria de agudos, sí requieren cuidados continuados y asistencia sanitaria especializada, supervisión médica y de enfermería permanente, derivados fundamentalmente de procesos de convalecencia, patologías crónicas complejas o situaciones de enfermedad avanzada.

“Con este nuevo contrato, lo que buscamos es asegurar la continuidad asistencial y cambiar a un procedimiento abierto que fomente la competencia y que mejore la prestación del servicio”, ha señalado Manzano, quien ha recordado que estos servicios se prestan actualmente en el Hospital Ribera Almendralejo.

El nuevo contrato, según Manzano, incorpora “mejoras importantes, aumenta el personal sanitario, amplia las medidas de seguridad y actualiza el precio por plaza y día”.

El Ejecutivo extremeño, ha dicho, continúa de este modo “reforzando la continuidad asistencial y garantizando que los pacientes reciban los cuidados necesarios, porque ofrecer una buena atención sanitaria también significa acompañar a las personas durante todo su proceso de recuperación”. 

Un juzgado de la localidad de Arganda del Rey ha decidido aplazar la declaración como imputada este martes de la jefa de geriatría del hospital Gregorio Marañón después de ser señalada como la supuesta autora de los protocolos de no derivación aplicados en las residencias de Madrid durante la pandemia. Fue Carlos Mur, entonces alto cargo sanitario de Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó ante la jueza que él se limitó a firmar los conocidos como 'protolos de la vergüenza' pero que habían sido “presentados inicialmente” por esta geriatra. La citación fue señalada en abril pero el juzgado ha decidido dejarla para más adelante para que la facultativa pueda conocer a fondo el procedimiento.

Este juzgado de la localidad madrileña de Arganda del Rey es uno de los múltiples juzgados de la Comunidad de Madrid que investigan las muertes concretas de ancianos en residencias durante la pandemia por la aplicación de los protocolos que, según denuncian las víctimas y familiares de fallecidos, impidieron la derivación a hospitales de ancianos que habían enfermado en residencias. Altos cargos como Carlos Mur comparecieron como testigos en varias causas pero varios juzgados han reabierto estas causas y han sido citados como imputados.

Mur, que entonces era director de Coordinación Sociosanitaria de Isabel Díaz Ayuso, ha señalado a varias personas en sus últimas declaraciones y la última fue esta geriatra, responsable del servicio en el hospital Gregorio Marañón. “Yo firmé el protocolo como aval técnico y validación para dar apoyo a los profesionales (...) era un protocolo que había sido presentado inicialmente por una geriatra experta”, dijo en una de sus comparecencias.

Ahora el juzgado de Arganda ha decidido tomar declaración a esta facultativa en calidad de investigada, aunque su comparecencia ha sido retrasada. Se suma a la lista de imputados junto con Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca. Los dos primeros responsables de coordinación sociosanitaria y el último responsable del servicio de urgencias médicas SUMMA 112. Antonio Burgueño, asesor de Ayuso en ese momento, también está imputado en una de la causas abiertas.

Desde Marea de Residencias, que impulsa varios de estos procedimientos en representación de familiares de ancianos fallecidos, anuncian que han ampliado sus acusaciones al delito de prevaricación en hasta 60 juzgados de toda la región, añadido a la denegación discriminatoria de la prestación sanitaria que ya investigaban diversos jueces.

Los “protocolos de la vergüeza”

Las familias de ancianos fallecidos en residencias de Madrid durante la pandemia impulsaron acciones judiciales penales ya en 2020 para solicitar una investigación penal sobre las 7.291 muertes que, denuncian, se produjeron por la negativa de la administración sanitaria madrileña a derivar a hospitales a ancianos que enfermaron mientras estaba ingresados en los geriátricos.

Las primeras causas abiertas en juzgados de toda la región también vieron declarar a Carlos Mur, aunque como testigo y no como imputado. Unas causas que, en su mayoría, terminaron archivadas. Tal y como reveló elDiario.es, uno de los juzgados llegó a cuestionar los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' pero rechazó que los altos cargos de la Comunidad de Madrid, incluso la propia Ayuso, tuviera que responder penalmente por ellos.

Los recursos y nuevas denuncias y querellas de los familiares, muchas impulsadas por Marea de Residencias, derivaron en la reapertura o el impulso de decenas de causas en juzgados de toda la región. Varios de ellos mantienen imputado a Mur y otros antiguos altos cargos de Ayuso durante la pandemia mientras analizan el origen y la aplicación de estos protocolos.

Uno de los últimos movimientos de los tribunales ha sido avalar una de estas investigaciones e, incluso, ampliar el número de delitos investigados. La Audiencia Provincial de Madrid, tribunal que supervisa estos procesos penales, avaló que los altos cargos pudieran ser acusados también de prevaricación.

Izquierda Unida denuncia la “situación insostenible” que se vive en la Residencia de Mayores de Nájera: “el aire acondicionado lleva varios días averiado en plena ola de calor, el ascensor no funciona desde hace más de dos meses, hay techos en mal estado y barreras arquitectónicas que ponen en riesgo la seguridad y la autonomía de las personas residentes”.

La portavoz de IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, ha calificado de “inaceptable” que se mantenga a las personas mayores “asándose de calor y en unas condiciones lamentables”, y ha recordado que “hablamos de personas en muchas ocasiones enfermas y en una situación de vulnerabilidad”.

Para Izquierda Unida, la responsabilidad última recae sobre el Gobierno de La Rioja. “Es muy cómodo señalar a la concesionaria, pero quien decidió poner un servicio público esencial en manos privadas, y quien tiene la obligación de vigilarlo y exigir que se preste con dignidad, es el Ejecutivo de Gonzalo Capellán”, ha denunciado Moreno. “El Gobierno no puede lavarse las manos. Si la residencia está abandonada es porque no controla a la empresa ni le exige que cumpla.”

La formación advierte además de que este deterioro golpea también a las trabajadoras del centro. “Las profesionales de las residencias riojanas ya arrastran unas condiciones laborales precarias, con plantillas ajustadas y sobrecarga de trabajo, y situaciones como esta solo las empeoran. No se puede pedir a las trabajadoras que cuiden con calidad en un edificio que no reúne ni las condiciones mínimas”, ha señalado Moreno, que ha subrayado que cuidar de quienes cuidan es también una obligación de la Administración.

Izquierda Unida reclama la reparación inmediata del aire acondicionado y del ascensor, medidas urgentes frente al calor mientras se resuelven las averías, el arreglo de los techos y la eliminación de las barreras arquitectónicas, además de una inspección que evalúe el estado del centro y depure responsabilidades. 

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha frenado el acuerdo alcanzado con la Fundación Gerón para cederle la gestión del complejo universitario Flora Tristán, ubicado en las Tres Mil Viviendas de Sevilla. La propuesta, que se esperaba aprobar este lunes en el Consejo de Gobierno convocado la semana pasada para tal fin, ha quedado descartada después de que el Consejo Social de la universidad haya rechazado la concesión demanial planteada por el Rectorado y se haya pronunciado a favor de abrir un procedimiento de licitación pública.

A raíz de ese pronunciamiento, el Consejo de Gobierno ha acordado la creación de una comisión mixta encargada de “explorar todas las alternativas reales y viables” de financiación —pública y/o privada— que permitan ejecutar las obras necesarias en el edificio y garantizar la continuidad del proyecto. Esta nueva medida implica el cierre del inmueble hasta que se lleven a cabo las actuaciones de adecuación requeridas para su funcionamiento.

La resolución del Consejo supone un giro respecto a los planes defendidos durante los últimos días por el Rectorado, que consideraba la colaboración con la Fundación Gerón como la única vía para acometer de forma inmediata la rehabilitación del complejo y mantener la actividad residencial durante el próximo curso académico. Según la documentación presentada por la Universidad, la institución carece de los recursos necesarios para afrontar con urgencia unas obras valoradas en 420.000 euros en una primera fase “imprescindible” para la reapertura, y entre tres y seis millones de euros para la rehabilitación integral del edificio.

Todo ello llega tras una semana de protestas y movilizaciones de estudiantes, trabajadores y vecinos del Polígono Sur, desencadenadas después de que trascendiera la intención de la Universidad de ceder la gestión del complejo a la Fundación Gerón, una entidad privada sin ánimo de lucro especializada en la gestión de centros para personas mayores. Aquella propuesta, promovida de forma unilateral por el Rectorado, generó una fuerte contestación dentro de la comunidad universitaria y del entorno social del barrio.

Oferta de plazas congelada hasta la rehabilitación del inmueble

En un escrito remitido a la comunidad universitaria al que ha tenido acceso este periódico, el rector de la UPO, Francisco Oliva, lamenta no poder “iniciar el curso académico próximo con normalidad” e insiste en que “la única finalidad de la concesión demanial directa era iniciar con carácter inmediato una obra que permitiera retomar la actividad en el curso 2026-2027”. Una vez descartada esa posibilidad a petición del Consejo Social, añade, “para nosotros deja de tener sentido la incorporación de un agente externo”.

Los informes técnicos manejados por la Universidad alertan de deficiencias estructurales y problemas relacionados con la instalación eléctrica, la protección contra incendios, el abastecimiento de agua y el saneamiento. Como consecuencia, el Consejo de Gobierno ha acordado no ofertar plazas en la residencia hasta que se ejecuten las actuaciones necesarias para garantizar “la plena seguridad, salubridad y habitabilidad” del complejo, en el que residen actualmente 148 estudiantes.

En paralelo al desarrollo del Consejo de Gobierno, decenas de ellos junto a vecinos del Polígono Sur y miembros del profesorado del departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales se han concentrado a las puertas del Rectorado para protestar por la propuesta de concesión del complejo a una entidad privada. “Sin residencia, no hay universidad, no hay proyecto y no hay presencia de universitarios en el barrio”, ha recordado una de las residentes, que ha lamentado la “falta de transparencia” del rector con los agentes implicados en el proyecto que “no queremos que Gerón entre en el barrio”.

En la misma línea se han manifestado algunos vecinos del Polígono Sur presentes en el acto: “Los vecinos no queremos que los estudiantes se vayan del Polígono Sur, no queremos empresas privadas, queremos a los estudiantes que colaboran con nuestro barrio”.

Oleada de preocupación y solidaridad

Desde que el pasado jueves trascendió la convocatoria extraordinaria del Consejo de Gobierno, distintos órganos académicos e institucionales de la universidad han expresado públicamente su preocupación por el futuro del proyecto social asociado al complejo Flora Tristán, su rechazo a la propuesta de cesión a la Fundación Gerón y su solidaridad con los residentes.

El Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales pidió expresamente la “cancelación o aplazamiento” de la sesión de hoy, advirtiendo de su “profunda preocupación” por la decisión sobre la gestión del complejo. En los mismos términos se manifestó la Junta de Facultad de Ciencias Sociales, reunida con carácter extraordinario el pasado 19 de junio, ante la propuesta de concesión demanial a una entidad externa y ante el proceso que ha conducido a ella.

También el Consejo de Estudiantes de la UPO manifestó su “disconformidad” con la iniciativa y trasladó su apoyo a las residentes y trabajadoras de la Flora Tristán, así como su compromiso con la continuidad del proyecto social.

Por su parte, el Consejo Social de la universidad ha reconocido el “extraordinario valor académico, social y humano” del proyecto, junto a la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad del edificio. Sin embargo, tras conocer los detalles del informe de la auditoría técnica sobre el estado del inmueble y las condiciones del acuerdo con Gerón, este órgano ha rechazado la propuesta de concesión de la gestión del inmueble Flora Tristán a la fundación, considerando que había otras entidades interesadas en asumir la obra y la continuidad del proyecto de residencia.

Finalmente, el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno deja en el aire el futuro de la Flora Tristán, un proyecto residencial y social considerado clave en el Polígono Sur de Sevilla. La comisión mixta deberá ahora buscar una fórmula de financiación para acometer la rehabilitación del edificio y definir el modelo de gestión con el que se retomará la actividad. La fecha para reabrir sus puertas sigue siendo, por ahora, otra incógnita más.

La huelga indefinida prevista para el 22 de junio en las residencias y centros de día ha quedado desconvocada tras el acuerdo alcanzado entre los sindicatos UGT, CCOO, USO y CSIF y la Patronal en la mediación celebrada este viernes en la Inspección de Trabajo, que desbloquea definitivamente la negociación del convenio colectivo.

Se cierra así uno de los principales puntos de conflicto relacionados con los descansos semanales. El acuerdo garantiza 15 fines de semana completos de descanso al año, sin computar los periodos vacacionales, a partir del año 2027, manteniendo la obligación de descansar obligatoriamente un fin de semana completo al menos una vez cada cuatro semanas, los cuadrantes de trabajo deberán incluir 17 fines de semana de descanso completos al año, no pudiendo detraerse más de dos de estos 17 fines de semana en el periodo vacacional.

Este avance pone fin al conflicto laboral que había llevado a las organizaciones sindicales a convocar una huelga indefinida tras el incumplimiento por parte de la Patronal del preacuerdo alcanzado el pasado 4 de marzo en la Inspección de Trabajo. Este convenio incorporará por fin mejoras históricas para las trabajadoras y trabajadores del sector, fruto de meses de movilización, negociación y presión sindical.

Entre los principales avances logrados destacan una subida salarial del 15% en tres años -4,75% en 2026, 5,25% en 2027 y 5% en 2028-, la reducción de la jornada anual en 29 horas hasta situarla en 1.750 horas en 2028, la equiparación del complemento por IT derivada de contingencias profesionales al convenio estatal, así como la exención de realizar turnos de noche para las personas trabajadoras mayores de 60 años.

Los sindicatos consideran “que el acuerdo alcanzado representa un paso decisivo para dignificar las condiciones laborales de un sector esencial para la atención y el cuidado de las personas mayores y dependientes”. Con la desconvocatoria de la huelga, las organizaciones sindicales “mostramos nuestra satisfacción por haber logrado que las reivindicaciones de las trabajadoras se traduzcan en mejoras reales y tangibles”.

Hasta un mes han estado sin aire acondicionado en la residencia de mayores Virgen de la Antigua de Mora (Toledo) más de un centenar de personas. Varios residentes y familiares denunciaban esta situación, declarando que se encontraban descontentos y “asados”, debido a las altas temperaturas que han llegado a sobrepasar los 30 grados en los meses de mayo y junio. Finalmente se ha solventado la avería técnica que impedía el correcto funcionamiento de la climatización.

La primera avería se detectó en abril

Aunque este centro posee plazas públicas, su gestión es privada y compete a la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios S.A. La compañía señalaba a elDiario.es Castilla-La Mancha que esta incidencia se debía a un “problema técnico detectado al inicio de la temporada” y que tras una primera intervención el abril, en mayo descubrieron otra avería y tuvieron que volver a intervenir para solventar la falta de aire acondicionado.

Para paliar los efectos del calor en los residentes, la empresa encargada de los servicios en este centro dispuso diferentes pingüinos en las zonas comunes -aunque los residentes veían “insuficientes” estas medidas adoptadas-, así como la “hidratación continua” de los usuarios y usuarias.

Aralia se comprometía a arreglar la avería el pasado lunes 15 de junio, tal y como se informó a este medio y a los propios residentes. Tras contactar de nuevo con la empresa, Aralia confirma a este medio que el “aire acondicionado ya está funcionando de forma correcta después de las reparaciones efectuadas el lunes y el martes de esta semana”.

Los residentes señalan que “se nota” el cambio

Los residentes y familiares que exponían hace una semana la problemática con el calor en el centro, desde el primer momento elogiaban el desempeño de las auxiliares, recepcionistas y la gerencia de la residencia, “que se han mostrado siempre transparentes, diciendo que es un problema técnico”, así como que “están muy bien atendidos” a pesar de la falta de climatización.

Al solucionarse la incidencia, explican que “se nota el fresco” y que “en las zonas donde tiene que haber aire como las habitaciones y zonas comunes se nota, porque auxiliares comentan que antes levantaban a los pobrecitos chorreando de sudor, pero ya bastante mejor”.

La Audiencia de Lleida ha confirmado el archivo de la causa penal abierta a los responsables de la residencia de Tremp que en el otoño de 2020 registró uno de los brotes más graves de coronavirus en Catalunya, con 61 ancianos fallecidos.

La resolución cierra definitivamente la vía penal para los familiares de las víctimas, y confirma de nuevo que la mayoría de tribunales españoles no aprecian que las muertes en residencias alcanzaran la gravedad para investigarse por los delitos de homicidios por imprudencia o contra los derechos de los trabajadores.

En un auto, adelantado por Pallars Digital y que ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Audiencia de Lleida considera “evidente” que los responsables de la residencia de Tremp investigados tuvieron “numerosas dificultades” para actuar “con la celeridad que exigía la gravedad de la situación”, esto es, con los contagios disparados y sin control entre ancianos y plantilla.

Sin embargo, concluye el tribunal, las “dificultades no son atribuibles a ninguna acción u omisión dolosa o imprudente” de la directora de la residencia en el momento de los hechos y su responsable sanitaria (una monja aquejada en la actualidad de demencia senil que la convierte en inimputable) “por no haber facilitado a los trabajadores los medios necesarios para evitar riesgos durante su jornada laboral”.

En pocas semanas, la residencia de la Fundación Fiella-Sant Hospital de Tremp, un municipio de menos de 6.000 habitantes en la comarca del Pallars Jussà (Lleida), se convirtió en un agujero negro donde han fallecido más de medio centenar de personas. 

En conjunto, se produjeron 61 defunciones por COVID-19 de los 150 residentes, lo que supuso más del 40% del total de ancianos que acogía el centro. La investigación también reveló déficits organizativos en la gestión de los protocolos del centro, que terminó con 42 trabajadores de un total de 65 contagiados.

La Audiencia de Lleida constata que falló el plan de contingencia de la residencia (que implicaba la organización del centro por plantas, zonas de aislamiento y un control por parte de médico, una enfermera y una supervisora) y que fue por la conselleria de Salud, si bien no implica que ello conlleve una responsabilidad penal.

El “contexto excepcional de pandemia que se estaba viviendo” (pese a que los hechos ocurrieron en la segunda ola del COVID, no la primera), argumenta el tribunal, implicó que el plan de contingencia no pudiera aplicarse “dada la excepcionalidad del momento debido al elevado número de contagios”.

“Las posibles deficiencias en la difusión del plan [entre la plantilla] tampoco hubieran evitado el gran número de contagios”, zanja el tribunal. Ni la Generalitat ni la Inspección de Trabajo tampoco sancionaron a la residencia por vía administrativa.

El calor afecta por igual a personas jóvenes, en los centros educativos, y también en residencias de mayores. Hasta un mes llevan sin aire acondicionado en la residencia de mayores Virgen de la Antigua de Mora (Toledo) con temperaturas que, entre los meses de mayo y junio, están superando con mucho los 30 grados. Esa es la situación a la que se enfrentan los residentes en este centro que acoge a más de un centenar de personas, que posee plazas públicas pero su gestión es privada.

Mientras visitamos la residencia para conversar con algunas de las personas mayores que se han puesto en contacto con nosotros para “demandar una solución”, sentimos el calor del que nos hablan, a pesar de que el termómetro de un reloj que se encuentra sobre la recepción marque 27 grados, la sensación térmica es mucho más sofocante. “Nos asamos”, comentan los residentes y familiares.

Los ancianos están muy bien atendidos y las chicas [auxiliares] se merecen un 14 de 10, pero ruego que se muevan hilos para solucionar este problema, porque es una vergüenza

El ruido de los abanicos en la sala de visitas es incesante. Se escuchan resoplidos. Frú, frú, frú, suenan los abanicos de madera y de plástico se despliegan cada pocos segundos. Unos a otros se miran, entre risas. Comentan que para el cumpleaños de una residente con la que tienen amistad van a traer aperitivos y bebidas. Uno de los familiares de una residente se marcha antes y dice, sarcástico: “Me voy madre, te dejo aquí al fresco”, haciendo especial énfasis en esa última palabra.

En este centro de Mora llevan varias semanas sin aire acondicionado. A pesar de que todas las personas con las que hemos hablado coinciden en que la gerencia de la residencia, así como las recepcionistas y las auxiliares “se han mostrado siempre transparentes, diciendo que es un problema técnico, que falta una pieza que han tenido que pedir desde Alemania y que no llega”, se ve el cansancio en sus rostros. O quizá es fruto del calor.

Elogian a las auxiliares, pero critican la gestión

J.E., que prefiere no revelar su identidad, es una residente que lleva tiempo en este centro. Asegura que padecen esta situación de calor “horrible y sofocante” desde hace un mes. “Fue en mayo, cuando empezó ya a hacer calor. Mi hija me trajo un ventilador, igual que a otras personas se los han traído y yo lo dejo encendido hasta las cuatro de la mañana, luego me levanto a abrir la ventana cuando por la noche me dan ganas de hacer pis y así estoy”, explica. Comenta que “a lo mejor de 150 residentes, solo 50 estamos en condiciones y podemos quejarnos, pero poco podemos hacer”.

Paula, visita la residencia todos los días y es la esposa de un residente que vive en el “módulo gris”, el espacio de la residencia para aquellas personas que sufren de pérdida cognitiva y, por tanto, necesitan más asistencia. Ellos “no se quejan porque no pueden”, pero señala que su “marido está achicharrado”

“Es una residencia extraordinaria, pero lo agrava el problema de no tener climatización ahora con el calor. Pienso que es poco humano tenerles así, pasando tanto calor cuando en las altas esferas tienen aire acondicionado”. Paula asegura que en este mes han ido varias personas a Urgencias por deshidratación, a pesar de que “los ancianos están muy bien atendidos y las chicas [auxiliares] se merecen un 14 de 10, pero ruego que se muevan hilos para solucionar este problema, porque es una vergüenza”.

B.S. decide no revelar su identidad, pero es hija de una residente que también sufre pérdida cognitiva. Nos cuenta que el principal problema llega porque, además de este problema técnico, la residencia “tiene muchas cristaleras, por lo que es difícil que con tanta luz por todas partes no haga calor. Mi madre tiene una patología cognitiva y ella no sabe decir si tiene calor o tiene frío, pero no se puede tener a los abuelos con estas temperaturas sin aire acondicionado”.

Asegura que los problemas de climatización “empezaron a dar fallos en invierno”, pero la situación se ha hecho más patente con la llegada del calor. Ella ha pedido varias hojas de reclamación y le han comunicado el próximo lunes -15 de junio- “a lo mejor vienen las piezas”. B.S. también señala que “han sido muy transparentes y se están moviendo, pero las soluciones no llegan”. Por el momento, apunta, “dan gelatinas y zumos para mantener a los ancianos hidratados y las auxiliares se preocupan mucho por ellos”.

En el caso de T.M., aunque es de un pueblo cercano a Mora, visita habitualmente a su madre. Ella nos cuenta que por el momento no le ha traído un ventilador a su madre “porque ella no lo ha pedido, pero sí que se queja del calor en la zona común en la que están porque tiene una cristalera muy grande, entra mucha luz y hace mucho calor”. Considera que les están dando largas con el tema de la reparación “y que no lo arreglan por ahorro y que hay dejadez”.

Medidas provisionales que consideran “insuficientes”

Para paliar el calor como medida provisional se han dispuesto pingüinos -aires acondicionados portátiles y verticales- dispuestos en las zonas comunes, aunque los residentes recalcan que “no son suficientes para enfriar salas tan grandes, solo te da el fresco si te acercas al cacharro”.

En la propia sala de visitas comprobamos que este pingüino, único para una sala de unos 40 metros cuadrados y en la que se encuentran de media 15 o 20 personas, despide aire frío a una temperatura de 16 grados, aunque como puede verse está en 'low', a la potencia más baja. El aire se dirige al techo, moviendo las pequeñas guirnaldas de manualidades que realizan los propios residentes en sus actividades matutinas. El frescor se nota al acercar la mano, pero separándote un metro apenas es perceptible.

La reparación está programada para el 15 de junio

La dirección de la Residencia de mayores Virgen de la Antigua nos remite directamente a la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios S.A, empresa que se encarga de gestionar “este asunto”, sin ofrecer más declaraciones.

Aralia explica a elDiario.es Castilla-La Mancha que la falta de climatización se debe a un problema técnico “detectado al inicio de la temporada que requiere de la revisión del sistema”. Aralia expone que desde el momento que se detectó esta avería, procedieron “a la formalización del pedido para la inmediata reparación”, en este caso fechado del 23 de abril según ha tenido acceso este medio al presupuesto en cuestión.

Esta incidencia se repetía de nuevo el 7 de mayo y de nuevo formalizaron un nuevo pedido para reparar el problema. “Hemos trasladado nuestras quejas por el retraso en la reparación [a la empresa correspondiente], que supone una cifra importante [más de 23.000 euros] que Aralia ha asumido con la diligencia que el cuidado de nuestros residentes requiere”, teniendo en cuenta que la empresa encargada de la instalación acudirá “para la reparación el próximo lunes 15 de junio”.

Además, Aralia señala que aparte de la instalación de los pingüinos, también “promovemos y velamos por una mayor hidratación de nuestros residentes y mantenemos una hidratación continua”. Afirman que estos hechos han sido informados “puntualmente” a la Delegación de la Consejería de Bienestar Social en Toledo.

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social confirman a este medio que se les indicó que había una avería: “Al realizar la reparación del arreglo el 7 de mayo vieron que había otra avería, que consistía en la comunicación de dos circuitos”. Explican que también están informados tras “numerosas llamadas” a la empresa responsable de la reparación “nos han comunicado que acudirán al centro el lunes 15 de junio”. De igual forma, aseguran que “para paliar el calor que puedan tomar los residentes, hemos tomado medidas como pueden ser la instalación de pingüinos en las zonas comunes, mayor hidratación y supervisión continua de los residentes”.

Las 92 personas que han sido desalojadas este viernes de la residencia de mayores San Vicente de Paúl de San Clemente (Cuenca) a consecuencia de un incendio, ya han empezado a ser realojadas de nuevo tras la extinción del fuego, sobre las 15.00 horas, sin que haya ningún afectado.

Según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 13.46 horas de este viernes. El origen está en un depósito de gasoil, que ha afectado a un aparato de aire acondicionado y a algunos palés.

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil, la agrupación de voluntarios de Protección Civil de San Clemente, los bomberos de Villarrobledo, un médico y dos ambulancias en preventivo.

Hace unos días alertaban de que la negociación estaba agotada y el conflicto enquistado. Hasta tal punto que las trabajadoras de residencias y centros de día de La Rioja han convocado una huelga indefinida a partir del próximo 22 de junio por el bloqueo a la firma del convenio.

Así lo han trasladado los sindicatos negociadores del Convenio de Residencias y Centros de Día de La Rioja, CCOO, UGT, USO y CSIF. “Tras informar y consultar a las plantillas la situación de bloqueo que atraviesa la negociación del convenio coletivos, las trabajadoras han avaldo, mayoritariamente, la convocatoria de huelga ante la negativa de la patronal a asumir y firmar los compromisos alcanzados durante el proceso negociador”.

Recuerdan que la Patronal se niega a repetar el acuerdo firmado el pasado 4 de marzo ante la Inspección de Trabajo en relación al descanso semanal y que garantizaba “un fin de semana de cada tres completo”. Esto, insisten los sindicatos, “supone que las trabajadoras puedan disfrutar de 17 fines de semana completos de descanso al año. Sin embargo, el actual convenio mantiene una situación que apenas garantiza un fin de semana de descanso de cada cuatro, lo que se traduce en solo 13 fines de semana anuales”.

No aceptan que la parte empresarial no respete el acuerdo firmado hace tres meses. “Las trabajadoras no pueden seguir esperando durante años para conseguir avances mínimos mientras soportan ritmos de trabajo cada vez más exigentes, una elevada carga laboral y una insuficiente conciliación de la vida personal y familiar”, reiteran.

Y aunque la huelga indefinida está prevista para el próximo 22, los sindicatos mantienen su voluntad negociadora. “Esperamos que la patronal responda a la última oferta” a la vez que exigen que “respete los compromisos adquiridos y actúe con la responosabilidad de un sector esencial para la atención y cuidado de las personas mayores y dependientes”.

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado el incendio, que se ha producido a las 14,26 horas, en una residencia de personas mayores de Nájera, situada en Peñaescalera, si bien el SOS Rioja ha informado que no se han producido daños personales.

El Centro de Coordinación ha informado de un incendio de un electrodoméstico en la residencia de personas antes citada. Desde el SOS Rioja se ha informado Guardia Civil y Policía Local y se han movilizado a los Bomberos del CEIS y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El fuego ha afectado a un lavavajillas sin provocar más daños materiales ni personales.

El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar la entrega de 19 parcelas al Gobierno regional, que serán destinadas a abrir allí residencias de mayores. Todas serán construidas dentro del plan 40-40, con el que el Gobierno de Ayuso ha prometido 8.000 plazas (sumando también centros de día) a través de la privatización de parte de este servicio.

El plan, presentado por Isabel Díaz Ayuso hace un mes, fue rechazado de plano por la oposición, debido a que contempla que el 60% de las plazas que puedan ser privadas. Cada una de ellas se ofrecerá “con acceso a través de la prestación económica conocida como cheque servicio, que ofrece el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”, explicó en su presentación el Gobierno regional.

Algunos municipios gobernados por el PSOE se han negado a ceder terrenos para este fin a la Comunidad salvo que les aseguren que lo que se levantará allí sean residencias 100% públicas. Para el Gobierno de Almeida, sin embargo, el sistema de gestión no es problema y la vicealcaldesa ha confirmado este jueves que se ceden sin coste y luego será la Consejería de Familia quien decida el modelo.

En su día, Ayuso defendió este modelo de privatizaciones para ampliar así “la oferta asistencial sin cargar todo el peso sobre el contribuyente, porque no podríamos construir tantos hospitales, reformar tantas obras y seguir creciendo a la velocidad que requiere una región como la nuestra.

La mutación demanial de las parcelas que entrega el Ayuntamiento de Madrid se exitende por 13 distritos de la ciudad y suma casi 200.000 m², según la información facilitada por el delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la Junta de Gobierno de este jueves. La vicealcaldesa ha añadido que han intentado buscar terrenos en todos los distritos, pero no han encontrado parcelas disponibles en algunos por las exigencias de metros cuadrados que demandaba el plan.

Este es el listado de terrenos afectados por las cesiones y sus superficies:

Fuencarral-El Pardo

San Blas-Canillejas

Usera

Puente de Vallecas

Villa de Vallecas

Villaverde

Vicálvaro

Carabanchel

Moratalaz

Barajas

Hortaleza

Moncloa-Aravaca

Ciudad Lineal

Tras desmarcarse del acuerdo alcanzado entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y los sindicatos mayoritarios, la situación en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo sigue igual. Las trabajadoras mantienen sus movilizaciones, con una nueva concentración este jueves a las 11.00 horas frente a la sede del ICASS en Santander, al considerar que las medidas acordadas no resuelven la falta estructural de personal.

Uno de los puntos de mayor controversia es el uso indebido de los ocho “acúmulos de tareas” (contrataciones temporales) concedidos al centro. Según denuncian representantes de los trabajadores, la dirección del CAD de Laredo está utilizando estos refuerzos para cubrir necesidades estructurales, como vacaciones y bajas laborales, en lugar de para aumentar los efectivos reales en las plantas.

“El acuerdo firmado por los cuatro sindicatos indicaba que no se podía hacer uso de esos acúmulos para cubrir bajas o vacaciones, pero es exactamente lo que se está haciendo”, explica Anjana González, trabajadora del centro asistenicial. Con cerca de 12 compañeras de baja, el personal denuncia que la carga de trabajo sigue siendo la misma y que los refuerzos no llegan a mejorar el ratio de atención al residente. Además, lamentan que los turnos de noche siguen sin reforzarse y que, en muchas ocasiones, trabajan incluso sin personal de enfermería.

El factor humano: 10 minutos para un aseo completo

La falta de “manos” tiene una consecuencia directa en la calidad asistencial. Los trabajadores describen una situación de “atropello” constante donde apenas disponen de 8 o 10 minutos para asear, duchar y vestir a cada usuario. “Casi no les das tiempo ni a abrir el ojo cuando ya les estás lavando a las 8 de la mañana; vas a una velocidad que no permite una manipulación adecuada”, lamenta González.

Esta urgencia horaria afecta especialmente a los residentes con necesidades específicas. Por ejemplo, una persona con disfagia (riesgo de atragantamiento) requeriría unos 45 minutos para comer con seguridad; sin embargo, debido a la falta de personal, los trabajadores se ven obligados a reducir drásticamente el tiempo de comida de otros usuarios a apenas 15 minutos para poder atender a todos los usuarios. Esta situación, según explica a eldiario.es, genera un “alto nivel de estrés y frustración” entre los empleados, quienes sienten que no pueden ofrecer la dignidad y el cuidado que los mayores merecen.

Un problema de “organización”, según el ICASS

Desde su primera movilización, el pasado 8 de mayo, González explica que la subdirectora de Dependencia del Gobierno de Cantabria, Patricia Blanco, ha visitado en un par de ocasiones el centro y ha sugerido que el problema es de “organización” y no de número de personal. La trabajadora se muestra tajante al respecto: “Me puedo organizar muy bien, pero si necesito cinco manos y solo tengo dos, voy a seguir necesitando tres más por muy bien que me organice”.

Asimismo, existe un profundo malestar con los sindicatos mayoritarios firmantes del pacto con el ICASS (UGT, CCOO, SIEP y TU). Desde el CAD de Laredo sostienen que ninguna de estas organizaciones ha acudido al centro para supervisar si se está cumpliendo lo firmado o para pedir explicaciones sobre el uso de los contratos de refuerzo.

Ante la inacción de la administración, las trabajadoras pretenden ser escuchadas directamente por los responsables del ICASS que se encuentren en su jornada laboral este jueves y desean, a su vez, poder contar con el apoyo de compañeras y compañeros de otros CAD como el Santander o Torrelavega que quieran solidarizarse con su situación. “No vamos con intención de negociar, porque no somos órgano negociador, pero queremos que se nos escuche y se dé una solución real”, concluyen, advirtiendo que no pararán hasta que se garantice una atención de calidad en el centro.