La residencia San Vicente de Paúl, dependiente de la Diputación de Albacete, ha celebrado su tradicional Feria de Albacete, como antesala de este evento de Interés Turístico Internacional que arranca oficialmente esta tarde con la cabalgata y la posterior apertura de la Puerta de Hierros.

El diputado de Sanidad, Francisco García, ha acompañado a las personas residentes, a las familias y al personal del centro durante esta jornada, en la que ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Santi Cabañero con el envejecimiento activo, el cuidado integral y el bienestar de las personas mayores.

Además, ha querido agradecer la implicación de las familias y “el gran trabajo” que llevan a cabo los y las profesionales de la residencia, destacando el cariño, la empatía y el compromiso que ponen en su labor diaria, al tiempo que ha señalado la importancia de promover actividades como ésta, convertidas en espacios de encuentro y convivencia, pero también de ocio y disfrute.

García ha querido dar la bienvenida a los y las usuarios y profesionales de la Residencia Alcabala, que han visitado la Residencia San Vicente de Paúl para formar parte de esta jornada festiva, y ha felicitado al Manchego y a la Manchega de Honor, Aurelio Ruiz y Basilisa Charcos, que han sido proclamados en un acto en el que la residente Amparo García Palacios ha dado lectura al pregón.

El jardín, ambientado para la ocasión, ha acogido los actos en los que no han faltado La Burrica con su vino dulce, los Miguelitos de La Roda, los bailes tradicionales de la mano del grupo Danzas de Magisterio o, como novedad, una ‘mini’ Batalla de Flores en honor a la Virgen de Los Llanos, acercando la Feria de Albacete a quienes viven en este centro, que también tendrán la oportunidad de disfrutar en persona de este evento el próximo día 15 de septiembre, cuando visiten el stand de la Diputación en el Recinto Ferial.

Alcanzados los 300 días de huelga, el sindicato ELA ha anunciado este lunes que intensificará las movilizaciones para denunciar la falta de avances y el aumento que ven del acoso sindical en las residencias de Gipuzkoa. Los días 17 y 18 de septiembre estarán marcados por las protestas: la primera aprovechará al Zinemaldia de Donostia para organizar un 'festival' paralelo llamado Zaintzaldia y la segunda será una manifestación por las calles de la ciudad para exigir una “intervención real” de la Diputación.

Según el análisis del sindicato, en el sector trabajan alrededor de 5.000 personas, la mayoría mujeres. Aunque los centros de día y las residencias están financiados por la Diputación foral, ELA recuerda que buena parte de las trabajadoras pertenecen al sector privado y que sus condiciones son “cada vez más precarias”.

El sindicato denuncia que casi la mitad de la plantilla tiene contratos parciales no voluntarios y que existe una brecha salarial de más de 10.000 euros anuales. También denuncia el despido de trabajadoras en huelga en Zaintzen y Biharko Gipuzkoa, una situación que ELA considera “muy grave” al entenderla como un caso de acoso sindical que no van a tolerar.

En esta misma línea, sostienen que la semana pasada el organismo foral Kabia, encargado de gestionar 16 residencias, dio la razón al sindicato y confirmó la existencia de acoso sindical. Como consecuencia, el organismo deberá pagar indemnizaciones a los miembros del comité de empresa.

Estas denuncias se suman a las críticas de ELA al papel de la Diputación, gobernada por PNV y PSE-EE, a la que acusa de haber hecho “propaganda” en lugar de impulsar una solución al conflicto. El sindicato reclama que ponga sobre la mesa una iniciativa política y “los recursos necesarios para un convenio que acabe con la precariedad”. ELA también califica de “vacías” las reuniones bilaterales mantenidas hasta ahora. La mesa negociadora volvió a bloquearse tras los encuentros celebrados en junio, ya que, según el sindicato, “las patronales no tienen capacidad para hacer nuevas propuestas”.

Con la huelga ya en su día 300, ELA ha anunciado dos nuevas movilizaciones. El 17 de septiembre celebrará el acto Zaintzaldia, una suerte de festival de cine sobre las residencias de Gipuzkoa que incluirá la recogida de adhesiones, información sobre el conflicto y una entrega de premios. Al día siguiente, el 18 de septiembre, tendrá lugar una manifestación por las calles de Donostia. Durante ambas jornadas, ha destacado el sindicato, “las estrellas serán las huelguistas”.

A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le espera un inicio de curso político entretenido. Después del verano, no solo los políticos vuelven de vacaciones, también los juzgados. Y en el caso de la líder del PP son varias las causas que afectan a su entorno y que avanzarán en los próximos meses: desde el caso de su pareja, Alberto González Amador, hasta el de algunos de sus alcaldes más próximos, como los de Móstoles o de Alcalá de Henares. Ahora también se ha añadido la polémica compra de un ático por parte de la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros y que tanto particulares como partidos políticos han denunciado. Estos son los casos que evolucionan en los juzgados de Madrid y que pueden sumar más presión a la líder madrileña:

Una jueza vuelve a pedir una macrocausa para las residencias

Las muertes de ancianos en las residencias durante la pandemia de la COVID-19 en la Comunidad de Madrid y los conocidos como “protocolos de la vergüenza” siguen persiguiendo a Ayuso. Hace solo unos días una jueza ha vuelto a pedir una macrocausa para investigar este hecho. En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, rechaza estudiar de forma “fragmentada” la muerte de una anciana, ya que, a su juicio, todas las muertes comparten un “núcleo común”: determinar si se produjo una “exclusión sistemática” de los residentes más dependientes en las residencias.

A finales de junio, un juzgado de Arganda del Rey decidió aplazar la declaración como imputada de la jefa de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón después de que fuera señalada como supuesta autora de los protocolos, que acabaron con la no derivación de los ancianos. Carlos Mur, el ex alto cargo de Sanidad de Ayuso que firmó los protocolos, declaró ante la jueza que había sido ella quien los presentó “inicialmente”. Ahora hay varios ex altos cargos imputados: Mur y Francisco Martínez Peromingo, su sucesor como exdirector de Coordinación Sociosanitaria. También está siendo investigado Pablo Busca, responsable en ese momento del SUMMA 112, y Antonio Burgueño, exasesor de Ayuso.

Marea de Residencias, la organización que desde hace más de seis años impulsa los procedimientos judiciales en representación de los familiares de ancianos fallecidos, han ampliado sus acusaciones al delito de prevaricación en hasta 60 juzgados de toda la región.

Alberto González Amador

Todavía se desconoce la fecha en la que se juzgará a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero lo que sí se sabe es que no será antes de 2027. El juzgado alega que tiene una “sobrecarga” de trabajo y que por eso se ha dilatado tanto en el tiempo, llevando la posible fecha hasta siete años después de que se cometiera el presunto delito.

Lo que se investigan son dos delitos fiscales y falsificación de documentos después de la inspección de la Agencia Tributaria, que se percató de dos fraudes en dos ejercicios distintos y una trama de facturas falsas que empleó para llevarlos a cabo entre 2020 y 2021.

Fue en noviembre de 2025 cuando la Audiencia de Madrid confirmó que la pareja de la presidenta regional se tendría que sentar en el banquillo después de rechazar dos recursos de Amador. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pedían cada uno tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Ayuso, sobre el que pesa un informe de 19 meses de inspección.

La alcaldesa de Alcalá de Henares

En 2024, Ayuso acudió a Alcalá de Henares a criticar los problemas que, según aseguraba, habían ocasionado un grupo de migrantes que el Gobierno central había destinado a un centro de acogida de la zona. Entonces, Ayuso acusó sin pruebas a las personas inmigrantes de haber cometido agresiones sexuales, e incluso de haber producido un brote de sarna.

Después de estas declaraciones, el delegado del Gobierno en la capital aseguró que había “ninguna investigación” sobre esto. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, publicó un tuit en el que acusaba al primero de mentir y ahí adjuntaba una fotografía de una nota policial con una denuncia de una mujer sobre una “agresión” en diciembre de 2023.

En el auto que coloca a la alcalesa, Judith Piquet al borde de sentarse en el banquillo de este mes de agosto, se recogen unas declaraciones que presuntamente habría dicho la alcaldesa: “Hay que salvar a la Presidenta. Hay que salvar a la Jefa”.

El alcalde de Móstoles

El pasado mes de julio, la jueza imputó a Manuel Bautista, denunciado por una exconcejala de su propio partido por acoso sexual y laboral. La fecha para su comparecencia está fijada para el próximo 9 de octubre y ese mismo día también tendrán que declarar cinco testigos vinculados. La magistrada rechazó archivar la causa como pedía el alcalde al entender que las acusaciones son “claramente constitutivos de ilícito penal”.

Después de que la jueza decidiera mantener la causa, Ayuso respondió así ante la pregunta de si continuaba apoyándole: “Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”.

Además, la baronesa del PP aplaudió públicamente el trabajo de Bautista: “No voy a aplicarle la justicia de autor a una persona que he puesto ahí para que gobierne como lo está haciendo”, dijo.

La compra del ático

A todo esto se suman los avances judiciales de las causas que investigan la polémica compra del ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros y que aumentan la presión política sobre la presidenta regional.

El pasado 10 de agosto, la Fiscalía envió cuatro denuncias por el ático al juzgado de la capital que investiga el caso. El Ministerio Público remitió la “documentación” presentada por el PSOE y por tres particulares en sus denuncias y este martes supimos que tanto los socialistas como Más Madrid se han personado como acusación popular. Ahora será el juzgado de instrucción número 8 de la capital el que decidirá si admite las denuncias a trámite o no.

Mientras, de forma paralela, el partido de Mónica García ha presentado una denuncia al Tribunal de Cuentas al considerar que puede existir “menoscabo” de dinero público en la operación llevada a cabo por la empresa pública Planifica Madrid.

Ratas paseando por el comedor mientras sirven la comida a los ancianos. Más roedores acumulados sobre el techo hasta el punto de propiciar su caída, golpeando a una trabajadora y derivando en un informe que ahora ha desvelado La Sexta. Las denuncias por avistamientos de roedores en la residencia de mayores Reina Sofía, en Las Rozas (Madrid), ha vuelto a poner la lupa sobre la gestión de estos espacios. Aunque el Gobierno regional ha respondido tener constancia solo de “entradas puntuales” en las instalaciones, ubicadas en el kilómetro 21 de la carretera de La Coruña, y seguir aplicando controles mensuales para plagas en esta residencia, la noticia ha generado polémica.

La residencia en cuestión está en mitad de una dehesa. Desde la Consejería de Aseuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en declaraciones recogidas por el mismo medio que se ha hecho eco de la situación, se ha insistido en que en el centro de mayores Reina Sofía están sellándose las arquetas o los colectores, después de detectar esa supuesta entrada puntual que, en cambio, los trabajadores consultados defienden como algo permanente.

En las imágenes que han sido difundidas se muestran roedores campando en las instalaciones y la copia de un informe con fecha del 28 de agosto, viernes. Una empresa de desratización contratada para actuar allí detectó “cebos roídos por ratas en falsos techos de habitaciones de la tercera planta y el comedor”, según las mismas informaciones, y añaden que se revisaron y repusieron estos señuelos en los techos donde ya habían dado avisos por la presencia de ratas.

Los testimonios recogidos hablan, asimismo, de ratas paseando por los comedores mientras se reparten las comidas a los residentes, a lo que suman la presencia de cucarachas en las cocinas donde se preparan los alimentos. Entre las denuncias desveladas también se incluyen avistamientos habituales dentro de las propias habitaciones, en las que han llegado a oírse “ruidos ensordecedores” de estos animales al otro lado del techo.

Igualmente, en declaraciones atribuidas a trabajadores de la residencia se señala que este problema con las ratas ya existía en la segunda mitad de 2025, pero hasta el momento no se habían tomado medidas firmes ni informado a las familias sobre la situación en la que se encontraban los residentes, ni ofrecido tampoco un traslado a otras instalaciones.

Aunque la Comunidad de Madrid defiende su actuación y mantiene que se están tomando las medidas necesarias para controlar este escenario, pese a que no llega a reconocer un problema estructural, las imágenes conocidas este miércoles arremeten nuevamente contra una imagen inmaculada de las residencias de ancianos. Después de los protocolos de la verguenza, en los que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso priorizó durante la pandemia la atención en residencias a los ancianos con infecciones respiratorias --en lugar de trasladarlos a un hospital--, el Ejecutivo autonómico sigue caminando sobre un suelo resbaladizo.

Un juzgado de Navalcarnero ha rechazado investigar de forma aislada la muerte de una anciana en una residencia durante la pandemia y ha reclamado la apertura de una macrocausa sobre los protocolos de no derivación aplicados en las residencias de Madrid durante la pandemia. La jueza considera que las investigaciones no deben abordarse de forma “fragmentada”, ya que todas comparten un “núcleo común”: determinar si se produjo una “exclusión sistemática” de los residentes con menor movilidad o mayor grado de discapacidad en las residencias madrileñas. Asociaciones como Marea de Residencias cuantifican en más de 7.000 las muertes provocadas por esos protocolos en esos centros entre marzo y abril de 2020.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, y en el que la jueza responde a otra resolución de un juzgado de Madrid que pretendía separar los procedimientos por tratarse de víctimas, patologías y residencias distintas. La magistrada alega que aunque concurren “múltiples víctimas con diversas patologías”, el núcleo de la investigación en todos los casos es la aplicación de los protocolos en los que se basó su derivación o no a centros hospitalarios.

“No debe partirse de una valoración fragmentada de cada víctima sino que lo que debe es determinarse si objetivamente los protocolos de derivación hospitalaria en residencias incorporaban sesgos discriminatorios que pudieran haber condicionado de manera generalizada la asistencia sanitaria disponible”, recoge el auto.

Desde Marea de Residencias, quien ha llevado a los tribunales alguno de estos casos, considera que la resolución de la jueza de Navalcarnero es “una gran noticia”. “Venimos diciendo desde el minuto uno que los protocolos fueron la causa común que propició la gran tragedia, independientemente de las circunstancias personales, de enfermedad o de residencias concretas de cada residente”, apuntan a elDiario.es fuentes de la asociación.

Siete personas -tres residentes y cuatro profesionales- tuvieron que ser trasladadas tras un incendio en una habitación en la residencia de DomusVi en el municipio lucense de Monforte de Lemos. Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 08.00 horas de este martes cuando un trabajador alertó de que salía humo de una de las habitaciones de la primera planta. Además, indicó que sacaron a los ocupantes de la estancia y necesitaban asistencia sanitaria.

Los bomberos atajaron rápidamente las llamas y procedieron a ventilar las instalaciones. Todos los residentes tuvieron que ser evacuados mientras se realizaron las tareas de extinción y ventilación. En el operativo también participaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Policía Nacional y Local.

Analizan las causas

Por su parte, fuentes de DomusVi consultadas por Europa Press, han explicado que fueron trasladas al hospital un total siete personas -tres residentes y cuatro profesionales del centro. Las causas del incendio están siendo analizadas y la situación ya está controlada. Ante esto, las mismas fuentes indican que los sistemas de seguridad y protocolos del centro se “activaron correctamente” y la residencia mantiene su actividad con normalidad. “Estamos siguiendo de cerca la situación y colaborando en todo momento con los servicios de emergencia y autoridades”, han detallado fuentes de DomusVi.

El passat mes de desembre, la Diputació de València, a través de l’àrea de Cooperació Municipal, va aprovar la concessió d’una subvenció directa de 300.000 euros a l’Ajuntament del Palomar —un municipi de 600 habitants a la comarca de la Vall d’Albaida— per a l’adquisició d’una parcel·la de 29.206 metres quadrats destinada a la construcció d’una residència i un centre de dia per a persones majors. Aquesta quantitat havia de cobrir tant el cost de compra dels terrenys com les despeses associades a l’operació, entre elles notaria i registre de la propietat.

Per a la ubicació del projecte, i amb el suport de l’ajuda provincial, el consistori ha adquirit onze finques rústiques per un valor total de 292.060 euros. Una d’aquestes parcel·les pertanyia a les germanes de l’alcalde, Jordi Vila, membre d’Ens Uneix —la mateixa formació política a la qual pertany la vicepresidenta de la institució provincial i responsable de l’àrea de Cooperació Municipal, Natàlia Enguix—.

Segons l’informe de taxació al qual ha tingut accés elDiario.es, la finca de sòl rústic heretada per Esperanza i Reyes Vila —germanes del primer edil— compta amb una extensió de 41 àrees i 55 centiàrees, equivalents a 4.115 metres quadrats. El preu de venda es va fixar en 10 euros el metre quadrat, en idèntiques condicions que la resta dels terrenys afectats pel projecte, per la qual cosa l’Ajuntament abona 41.115 euros per l’adquisició del sòl.

Jordi Vila, en declaracions a elDiario.es, ha confirmat l’operació i ha assegurat que les seues germanes no desitjaven vendre, però que finalment hi van accedir “per la finalitat social del projecte”. El consistori va aprovar l’adquisició en la sessió plenària del passat 17 de juny. En aquella votació, tant Vila com el regidor Sergio Albert es van abstindre de participar per “estricte imperatiu legal” davant l’existència d’una incompatibilitat, a causa de la titularitat dels terrenys en mans dels seus familiars.

Reyes Vila ha confirmat a elDiario.es la falta d’intenció inicial de desprendre’s d’aquesta parcel·la “molt ben situada”, alhora que ha reiterat que va acceptar la venda perquè es tractava d’una finalitat social per al municipi.

Una subvenció “fonamental”

L’alcalde va valorar de manera molt positiva el suport provincial a aquesta iniciativa: “Per a un municipi menut com el nostre, aquesta subvenció resulta fonamental per a avançar en un projecte reclamat pels veïns des de fa temps”. Vila va explicar que la futura residència permetrà que les persones majors “continuen amb la seua vida al poble, prop de les famílies i del seu entorn, un fet amb un enorme valor social i humà”.

A més, el primer edil va afegir que la Diputació “demostra amb fets la seua condició d’institució dels pobles, perquè comprén les limitacions locals i acompanya en projectes que, sense el seu suport, serien inviables”. En aquest sentit, va destacar que “aquest tipus d’ajudes permeten als municipis menuts planificar el futur amb més seguretat i ambició”.

Enguix, per la seua banda, va subratllar que la Diputació de València manté com a objectiu “desenvolupar els municipis més menuts i garantir un equilibri territorial real”, a la qual cosa va afegir que “accions com aquesta confirmen una manera de governar centrada en el municipalisme, en la cooperació i en la millora directa de la qualitat de vida de les persones”.

El pasado mes de diciembre, la Diputación de Valencia, a través del área de Cooperación Municipal, aprobó la concesión de una subvención directa de 300.000 euros al Ayuntamiento de El Palomar —un municipio de 600 habitantes en la comarca de la Vall d'Albaida— para la adquisición de una parcela de 29.206 metros cuadrados destinada a la construcción de una residencia y un centro de día para personas mayores. Esta cantidad debía cubrir tanto el coste de compra de los terrenos como los gastos asociados a la operación, entre ellos notaría y registro de la propiedad.

Para la ubicación del proyecto, y con el respaldo de la ayuda provincial, el consistorio ha adquirido once fincas rústicas por un valor total de 292.060 euros. Una de estas parcelas pertenecía a las hermanas del alcalde, Jordi Vila, miembro de Ens Uneix —la misma formación política a la que pertenece la vicepresidenta de la institución provincial y responsable del área de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix—.

Según el informe de tasación al que ha tenido acceso elDiario.es, la finca de suelo rústico heredada por Esperanza y Reyes Vila —hermanas del primer edil— cuenta con una extensión de 41 áreas y 55 centiáreas, equivalentes a 4.115 metros cuadrados. El precio de venta se fijó en 10 euros el metro cuadrado, en idénticas condiciones que el resto de los terrenos afectados por el proyecto, por lo que el Ayuntamiento abona 41.115 euros por la adquisición del suelo.

Jordi Vila, en declaraciones a elDiario.es, ha confirmado la operación y ha asegurado que sus hermanas no deseaban vender, pero que accedieron finalmente “por la finalidad social del proyecto”. El Consistorio aprobó la adquisición en la sesión plenaria del pasado 17 de junio. En esa votación, tanto Vila como el concejal Sergio Albert se abstuvieron de participar por “estricto imperativo legal” ante la existencia de una incompatibilidad, debido a la titularidad de los terrenos en manos de sus familiares.

Reyes Vila ha confirmado a elDiario.es la falta de intención inicial para desprenderse de esa parcela “muy bien situada”, al tiempo que ha reiterado que aceptó la venta al tratarse de un fin social para el municipio.

Una subvención “fundamental”

El alcalde valoró de manera muy positiva el respaldo provincial a esta iniciativa: “Para un municipio pequeño como el nuestro, esta subvención resulta fundamental para avanzar en un proyecto reclamado por los vecinos desde hace tiempo”. Vila explicó que la futura residencia permitirá que las personas mayores “sigan con su vida en el pueblo, cerca de las familias y de su entorno, un hecho con un enorme valor social y humano”.

Además, el primer edil añadió que la Diputación “demuestra con hechos su condición de institución de los pueblos, porque comprende las limitaciones locales y acompaña en proyectos que, sin su apoyo, serían inviables”. En este sentido, destacó que “este tipo de ayudas permiten a los municipios pequeños planificar el futuro con mayor seguridad y ambición”.

Enguix, por su parte, subrayó que la Diputación de Valencia mantiene como meta “desarrollar los municipios más pequeños y garantizar un equilibrio territorial real”, a lo que añadió que “acciones como esta confirman una manera de gobernar centrada en el municipalismo, en la cooperación y en la mejora directa de la calidad de vida de las personas”.

La Consellería de Sanidade ha confirmado la existencia de un brote de sarna activo en la residencia de mayores DomusVi del municipio lucense de Monforte de Lemos.

Así, fuentes del departamento autonómico consultadas por Europa Press han indicado que el 18 de junio fue declarado un brote con 16 casos, que “recibieron el tratamiento oportuno”.

Dicho brote todavía no está finalizado ya que, este jueves, Sanidade ha recibido la actualización de seis nuevos casos diagnósticos. Hay que tener en cuenta que los síntomas pueden tardar en aparecer entre dos y ocho semanas.

Además, el tiempo estipulado en el protocolo para dar por finalizado el brote es de ocho semanas “desde la identificación del último caso”. El departamento autonómico ha asegurado que “está en contacto” con la dirección de la residencia, que “sigue todas las indicaciones del protocolo”.

La CIG denuncia falta de personal para garantizar una atención “digna”

En este contexto, la Unión Local da CIG de Monforte ha denunciado la situación de la residencia y ha exigido que la dirección informe sobre la situación actual del brote, las medidas adoptadas desde su detección, las indicaciones recibidas por parte de las autoridades sanitarias y, “si no lo hicieron ya”, demanda la “activación y aplicación efectiva” del protocolo de actuación ante la sarna humana en instituciones con cuidadores“.

Asimismo, la central sindical ha puesto el foco en la “falta de personal” en el centro que como consecuencia genera una “importante sobrecarga de trabajo” para el cuadro de persona.

“No se estaría cumpliendo el ratio de personal necesario para garantizar una atención digna, segura y de calidad a las personas residentes”, ha denunciado la CIG en un comunicado.

Por todo ello, ha pedido a la dirección de la residencia que adopte “de manera inmediata” las medidas necesarias para “garantizar una dotación suficiente de personal y el cumplimiento de las ratios correspondientes”.

DomusVI afirma habera activado “de inmediato” el protocolo

Por su parte, fuentes de DomusVi, consultadas por Europa Press, han defendido que desde el momento en el que tuvo conocimiento de estos casos activaron “de inmediato” el protocolo establecido para proteger la salud y el bienestar de los profesionales y residentes.

Asimismo, han indicado que la empresa “colabora estrechamente” con las autoridades sanitarias y los profesionales implicados para llevar a cabo las medidas preventivas y asistenciales necesarias, así como garantizar la protección y el bienestar de los residentes del centro.

En cuanto a la denuncia de la CIG, las mismas fuentes han señalado que la atención y los cuidados de los residentes “están garantizados”, al tiempo que han hecho referencia a las “dificultades” que tiene el sector de atención a las personas mayores para incorporar determinados perfiles profesionales. Esta situación, han añadido DomusVi, puede verse “especialmente acentuada” en los meses de verano.

Con todo, han defendido que “mantiene de manera permanente” los procesos de selección e incorporación y trabaja “en el refuerzo” de los equipos con el objeto de garantizar una adecuada cobertura y mantener los estándares de calidad asistencial.

La Jefatura Superior de la Rioja ha recibido una denuncia por parte de la Inspección de Servicios de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que da parte de la detección de varios títulos oficiales falsificados del certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes a raíz de una inspección realizada sobre el personal contratado por las empresas dedicadas al cuidado de personas de la tercera edad.

En consecuencia, Policía Judicial inició una investigación y contactó con las residencias en las que se verificó que existían trabajadoras que aportaban esta titulación falsa, comprobando que dos de ellas todavía continuaban en activo. Las trabajadoras alegaron que este título fue obtenido a través de una web que actualmente se encuentra fuera de servicio, previo pago.

Posible perjuicio para las residencias implicadas

La obtención del este certificado no supone un requisito previo para trabajar, sino que es posible realizar dicho trabajo firmando una declaración responsable en la que la persona se compromete a obtener dicho título en un plazo de tiempo.

Sin embargo, la aportación de un certificado falsificado no solo podría implicar un perjuicio en la calidad del servicio de las residencias en las que estas trabajadoras se encontraban en activo, sino que también podrían incurrir en una posible infracción administrativa aquellas empresas que cuentan con trabajadores que no han obtenido la titulación requerida en el plazo determinado.

Tras examinar minuciosamente los certificados, se comprueba que los tres presentaban los mismos signos de falsificación.

Practicadas todas las diligencias e investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, se recabaron datos que permitieron comprobar que las tres trabajadoras eran conscientes de la falsedad de los documentos y de su voluntad fraudulenta de hacer uso de los respectivos certificados.

Detrás de un documento aparentemente válido puede esconderse un fraude; verificar, comunicar cualquier sospecha y colaborar con la Policía es esencial para evitar que la falsedad se convierta en una puerta de acceso al empleo.

Campamento Dignidad sostiene que la residencia acumula deficiencias desde hace meses y que la falta de agua caliente es solo el episodio más grave de un conjunto de problemas que afectan al día a día de los mayores. Entre ellos, señalan la avería de la puerta de entrada, la inutilización completa de dos de los servicios sanitarios y otras incidencias que, según la asociación, dificultan el funcionamiento cotidiano del centro y generan preocupación entre residentes y sus familiares.

Un representante de las familias vinculado a la organización se reunió con la dirección de 'La Coronada' para trasladar las quejas y pedir que se actúe con la mayor rapidez posible. Según explica, algunas familias han optado por sacar temporalmente a sus mayores ante la imposibilidad de garantizar un aseo adecuado y la falta de una solución inmediata.

El SEPAD reconoce la avería en la caldera y asegura que la atención ha estado garantizada, aunque admite que la maquinaria actual no permite abastecer a todos los usuarios en las horas punta de aseo. El organismo explica que la caldera averiada es una instalación fabricada a medida para el sistema de climatización del centro, lo que está retrasando su sustitución. Como medida de urgencia, anuncia la instalación de termos eléctricos en las distintas plantas de la residencia esta misma semana.

La Junta sitúa la situación de 'La Coronada' en un contexto más amplio de falta de mantenimiento acumulado en los centros residenciales y defiende que el actual Ejecutivo está trabajando para revertirlo. Según los datos facilitados, a cierre de 2025 las inversiones en residencias ascendían a 18,4 millones de euros, el mayor nivel de ejecución en dos décadas. En el caso concreto de 'La Coronada', el proyecto de reforma —valorado en más de un millón de euros— ya está redactado y cuenta con aprobación técnica.

Isabel, pareja de uno de los residentes, asegura que cada vez es más difícil vivir en este centro y lamenta que su pareja se haya visto obligado a marcharse “porque no funciona nada, incluso la comida cada vez es peor”.

Campamento Dignidad en boca de su portavoz, Juan Viera, insiste en que la prioridad debe ser garantizar condiciones dignas, seguras y estables para las personas mayores y reclama que la Administración actúe “lo más rápidamente posible” para corregir las deficiencias que afectan al centro y a la calidad de vida de sus residentes.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha presentado este miércoles los detalles del convenio de colaboración suscrito por el Ejecutivo autonómico con la Asociación de Atención a Personas con Parálisis Cerebral ASPACE Rioja, representada en el acto por su presidenta, Manuela Muro, y el director gerente, Javier Ruiz de Gopegui. Un convenio que permitirá dar el primer paso para la construcción en Logroño de una nueva residencia destinada a personas con parálisis cerebral y discapacidades afines.

Un nuevo recurso residencial especializado en Logroño de 2.182 m²

La futura residencia se construirá en la calle Poeta Prudencio número 11 de Logroño, sobre una parcela de uso dotacional de 1.587,77 metros cuadrados, propiedad del Ayuntamiento de Logroño y cuyo uso tiene concedido ASPACE Rioja para desarrollar este proyecto. La propuesta, que ha detallado en la presentación Javier Ruiz de Gopegui, contempla un edificio con aproximadamente 2.812 metros cuadrados construidos, distribuidos entre sótano, planta baja, primera y segunda planta y un espacio bajo cubierta, además de alrededor de 1.065 metros cuadrados de urbanización exterior.

El centro dispondrá de servicios comunes y unidades convivenciales hasta alcanzar las 30 plazas previstas. Su configuración responderá a un modelo dirigido a favorecer una atención personalizada y, al mismo tiempo, promover el desarrollo personal, la autonomía, la participación social y la calidad de vida de las personas usuarias.

El nuevo recurso residencial de esta organización, que se sumará a la Casa Residencia, ubicada en la calle Juan Lobo, y a las cuatro viviendas de Avenida Zaragoza, ambas en la capital riojana y que ofertan un modelo de convivencia en grupos más reducidos, también albergará al equipo de profesionales que preste los apoyos necesarios a las personas que vivan en la residencia. Según las previsiones que se manejan, podrían suponer una plantilla de hasta 40 profesionales.

ASPACE Rioja, que la actualidad atiende a 349 personas, se encargará de la redacción del proyecto arquitectónico, así como de las actuaciones necesarias para hacer viable su posterior ejecución. Se prevé que en 2007 comience la obra para que la residencia esté en funcionamiento en 2029, ha apuntado Capellán.

Además ha dicho que, “con este convenio ratificamos el compromiso para seguir mejorando el bienestar y la autonomía personal de estas personas y sus familias. Con el salto cualitativo que hoy damos vamos prácticamente a duplicar la capacidad de recursos residenciales que tiene ASPACE. Estamos hablando de más de 500 personas en nuestra Comunidad Autónoma, aproximadamente el 70 por ciento de ellas atendidas y apoyadas por ASPACE Rioja en una labor que nunca nos cansaremos de agradecer a todo el colectivo y a la asociación”.

Del mismo modo, ha enfatizado que, de esas personas, el 25 por ciento, 124 actualmente, tienen más de 60 años. Fruto de esa calidad de vida, de esa atención y de la mejora permanente de sus condiciones, llega un punto crítico para las familias que precisan de un apoyo indispensable, que aporta tranquilidad, la paz y la seguridad de que sus familiares van a estar completamente atendidos para desarrollar su proyecto de vida personal.

Por su parte, la presidenta de ASPACE Rioja, Manuela Muro, ha mostrado su emoción por un paso decisivo para un proyecto largamente esperado y ha insistido en la necesidad de seguir ofreciendo la mejor atención temprana para estas personas y sus familias, “que es el arranque y la mejor inversión para el futuro”. Muro ha agradecido la empatía, el interés y la cercanía del Ejecutivo autonómico para colaborar en la prestación de los servicios que se prestan a estar personas. “El envejecimiento de las personas con parálisis cerebral y sus familias demandaban esta residencia y este modelo residencial que estamos implantando, por eso hoy solo podemos agradecer mucho que el anuncio del presidente se haya materializado y hoy arranque”.

La nueva Unidad Móvil Bucodental del Servicio Riojano de Salud (SERIS) se encuentra ya en funcionamiento y avanza en su implantación en las residencias de mayores de La Rioja, acercando directamente la atención odontológica a una población especialmente vulnerable y evitando desplazamientos a aquellas personas que, por problemas de movilidad, dependencia severa o deterioro cognitivo, tienen mayores dificultades para acceder a una consulta convencional.

El programa está desplegándose inicialmente en las 35 residencias de mayores de La Rioja, en las que viven más de 3.300 personas, y posteriormente extenderá su actividad a mayores de 65 años residentes en municipios rurales de difícil acceso, con especial atención a los 113 núcleos de población riojanos con menos de 300 habitantes.

La unidad tiene capacidad para realizar aproximadamente 3.000 consultas anuales, con una previsión media de doce atenciones diarias. El equipo está formado por odontólogo, higienista dental y un conductor de La Rioja Cuida, encargado del desplazamiento del vehículo entre los distintos centros y localidades incluidos en la programación.

El vehículo está acondicionado como una clínica dental autónoma e itinerante y dispone de sillón odontológico, instrumental específico, radiografía intraoral inalámbrica, sistema de aspiración, ultrasonidos y acceso a la historia clínica electrónica, lo que permite ofrecer una asistencia equiparable a la de una consulta odontológica convencional.

Además, incorpora un carro portátil con instrumental que permite a los profesionales desplazarse al interior de las residencias y atender directamente en sus habitaciones a las personas encamadas o con importantes limitaciones de movilidad.

Entre las prestaciones que ofrece se encuentran las revisiones periódicas, limpiezas, tratamientos periodontales, odontología conservadora, exodoncias y el cuidado y ajuste de prótesis dentales. El programa contempla también talleres de higiene bucodental para residentes y profesionales sociosanitarios, incidiendo especialmente en la prevención y en la detección precoz de problemas de salud oral.

La consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, acompañada por la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo; la gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza; así como el equipo de profesionales sanitarios impulsor de la iniciativa, ha comprobado en la Residencia de Personas Mayores de Lardero el funcionamiento de este recurso pionero, que permite prestar atención preventiva y asistencial directamente en los centros residenciales.

Durante la visita, Martín y Zuazo han comprobado el trabajo que desarrolla el equipo de profesionales encargado de prestar esta atención, así como las posibilidades que ofrece una clínica dental completamente equipada y adaptada para desplazarse hasta el entorno habitual de las personas mayores.

La Unidad Móvil Bucodental amplía la cartera de servicios del SERIS mediante un modelo de atención pionero en España que combina prevención, diagnóstico y tratamiento. Está especialmente dirigido a mayores de 65 años residentes en centros sociosanitarios o en zonas rurales que, por sus circunstancias personales o de movilidad, tienen más dificultades para acceder a una consulta odontológica convencional.

Reconocimiento nacional

La puesta en marcha de este recurso ha recibido ya reconocimiento nacional. El Ministerio de Sanidad ha distinguido la Unidad Móvil Bucodental del SERIS como Buena Práctica por su carácter innovador y por su capacidad para facilitar un acceso más equitativo a la atención sanitaria de personas especialmente vulnerables.

Martín ha recordado que este reconocimiento “avala el trabajo y la capacidad innovadora de los profesionales de Atención Primaria del SERIS y demuestra que desde una comunidad como La Rioja podemos impulsar proyectos que posteriormente sean considerados referentes dentro del Sistema Nacional de Salud”.

La Unidad Móvil Bucodental supone una inversión cercana a los 300.000 euros, que incluye la adquisición y adaptación del vehículo, todo el equipamiento de la clínica odontológica, su mantenimiento y asistencia técnica y la formación necesaria para su funcionamiento.

El Gobierno de La Rioja ha destinado 1.480.543,05 euros a distintas actuaciones de mejora y modernización de la residencia de personas mayores La Rioja, en Albelda de Iregua, dirigidas a renovar instalaciones esenciales, mejorar la eficiencia del edificio y reforzar las condiciones de seguridad, salubridad y confort de residentes y profesionales.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, junto a la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, ha visitado el centro para conocer el resultado y la evolución de las intervenciones realizadas y las que están en marcha, que afectan a diferentes espacios e instalaciones de la residencia.

La actuación de mayor envergadura corresponde a las obras de reforma del sótano y los porches, la renovación de la red de fontanería y la sustitución y mejora de la carpintería exterior, adjudicadas por 1.339.615,72 euros. Estos trabajos permiten actuar de forma integral sobre distintos elementos de la residencia, adecuándolos a las necesidades actuales del centro y mejorando tanto su funcionalidad como las condiciones de habitabilidad.

Esta intervención se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU, dentro del proceso de modernización de los centros destinados a la atención de las personas mayores.

A esta inversión se suman 58.993,14 euros destinados a obras de conservación para solucionar las filtraciones existentes en las terrazas del ala oeste de la primera planta. La actuación permitirá corregir las patologías detectadas y mejorar la protección del edificio frente a la humedad y el deterioro de los espacios afectados.

Asimismo, se han destinado 21.598,05 euros a la redacción del proyecto para la reparación de la sala de distribución de la residencia, una intervención planteada para mejorar las condiciones de esta instalación y eliminar el riesgo relacionado con la presencia de legionela.

El centro también se ha beneficiado de una actuación para la implantación de aerotermia y la mejora de los sistemas de climatización y ventilación, con una inversión de 60.336,14 euros. Esta intervención, enmarcada también en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permite avanzar hacia unas instalaciones más eficientes energéticamente, sostenibles y adaptadas a las necesidades de bienestar térmico de residentes y trabajadores.

En La Rioja hay 1.160 las plazas de residenciacias puestas a disposición del Ejecutivo autonómico. A este incremento se sumará la creación de otras 240 plazas residenciales en La Rioja, vinculadas a la nueva residencia Vitalia de Logroño, la ampliación de la residencia Caser Montesoria, en Lardero, y la nueva residencia de Torrecilla en Cameros, actualmente en fase de construcción.

Este refuerzo se extiende también a la red de centros de día. Entre los recursos que se han incorporado recientemente destacan los de Arnedo y Calahorra, que han permitido sumar 50 nuevas plazas públicas de atención diurna. Con su puesta en marcha, la red riojana alcanza las 901 plazas en centros de día, de las que el 76,8 % son públicas, y continúa avanzando hacia el objetivo de superar las mil plazas en 2027.

“Estamos ampliando la red de recursos para las personas mayores, pero ese crecimiento debe ir acompañado también de la modernización de los centros que ya están en funcionamiento. Albelda es un buen ejemplo de esa doble línea de trabajo: más y mejores recursos, con instalaciones seguras, eficientes y adaptadas a las necesidades actuales de residentes y profesionales”, ha destacado la consejera.

El Gobierno de la Diputación Provincial de Toledo ha formalizado la adquisición de la antigua Escuela de Enfermeras de Toledo, situada en el barrio de Palomarejos, mediante la firma de la escritura de compraventa con la Tesorería General de la Seguridad Social, culminando así el proceso iniciado por la institución provincial para incorporar este inmueble a su patrimonio.

Así lo han ratificado mediante firma ante notario la presidenta de la Diputación provincial de Toledo, Concepción Cedillo, y el Secretario provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Toledo, Enrique Molina Prados.

La operación se ha realizado por un importe de 2.048.397 euros, cantidad fijada por la Tesorería General de la Seguridad Social y aceptada por la Diputación, y supone “un nuevo paso en el proyecto para transformar el edificio en una residencia universitaria que permita ampliar la oferta pública de alojamiento para estudiantes”.

Servirá para cubrir la demanda que supera las 300 solicitudes

La institución provincial cuenta actualmente con las 92 plazas de la Residencia Universitaria Santa María de la Cabeza, una oferta que ha registrado una demanda muy superior a las plazas disponibles, con cerca de 300 solicitudes en el último curso. Además, más del 90 por ciento de los usuarios de esta residencia proceden de la provincia de Toledo y más del 70 por ciento son de Talavera de la Reina y su comarca, según los datos facilitados por la Diputación.

Cedillo ha señalado que “queremos que ningún joven de nuestros pueblos tenga que renunciar a estudiar en Toledo por no disponer de un alojamiento adecuado y accesible”.

Con esta nueva adquisición, la Diputación da respuesta a una necesidad que afecta al conjunto de la provincia y avanza en el objetivo de que estudiar no dependa del código postal.

La institución provincial ha defendido desde el inicio de este proyecto que ningún joven de la provincia debe tener que renunciar a cursar estudios universitarios por no disponer de un alojamiento accesible.

El edificio pertenecía a la Seguridad Social

El inmueble adquirido está situado entre las calles Lisboa, Alicante y Cáceres, en el barrio de Palomarejos, y es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, como sucesora universal del Instituto Nacional de Previsión, que lo adquirió mediante escritura de compraventa en 1971.

El edificio está compuesto por planta semisótano, planta baja y tres plantas, con una superficie construida de 4.832 metros cuadrados, según la referencia catastral que consta en el expediente de adquisición, además de una zona ajardinada de 779 metros cuadrados.

La incorporación del inmueble al patrimonio provincial permitirá recuperar para un uso público un edificio que actualmente se encuentra en desuso y avanzar en su transformación en un nuevo recurso residencial destinado a estudiantes universitarios.

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, ha reiterado el compromiso de la institución provincial con los jóvenes y con la igualdad de oportunidades, poniendo de manifiesto que “facilitar el acceso a los estudios universitarios es también invertir en el futuro de Toledo”.

La adquisición se suma así a las políticas que la Diputación viene desarrollando para apoyar a los municipios y mejorar las oportunidades de sus vecinos, con especial atención a la formación de los jóvenes y a la eliminación de las barreras económicas y territoriales que pueden dificultar su acceso a la universidad.

La Diputación Provincial de Toledo depositó el pasado 30 de marzo el 5 por ciento del precio de venta, por importe de 102.420 euros, y ha completado ahora la operación mediante el abono de los 1.945.977 euros restantes en el momento de formalización de la escritura.

Para hacer frente a la adquisición, la institución provincial adjudicó el 22 de julio una operación de préstamo a largo plazo por importe de 2.048.397 euros al Banco Santander, S.A., cuyo contrato ha sido formalizado el 11 de agosto.

La operación de adquisición cuenta con los correspondientes informes de la Secretaría General y de la Intervención General de la Diputación y ha seguido el procedimiento establecido para la incorporación del inmueble al patrimonio provincial.

Con la firma de la escritura, la Diputación culmina la adquisición de la antigua Escuela de Enfermeras y abre una nueva etapa centrada en la adecuación del edificio y en el desarrollo del proyecto de residencia universitaria, una iniciativa que refuerza el compromiso de la institución provincial con la educación, la igualdad de oportunidades y el futuro de los jóvenes de Toledo.

UGT Aragón ha denunciado las condiciones en las que, según asegura, están trabajando las empleadas de las residencias de mayores de la comunidad durante los episodios de calor extremo de este verano. El sindicato afirma que en “muchos centros” los sistemas de aire acondicionado “no se encienden el tiempo necesario o se apagan de forma reiterada” con el argumento de reducir el gasto energético.

“Estamos recibiendo quejas constantes de las trabajadoras. Los aires acondicionados se apagan para ahorrar y, mientras tanto, ellas se asan en sus puestos de trabajo”, ha señalado la vicesecretaria general de UGT Servicios Públicos Aragón, Angélica Mazo. La organización sindical sostiene que esta situación afecta a profesionales de todas las categorías, desde gerocultoras y limpiadoras hasta personal de cocina y enfermería.

UGT asegura que la justificación que más se repite por parte de las empresas es el coste de mantener la climatización. “Nos trasladan que la factura de la luz se dispara y que no pueden permitirse tener los aires encendidos las horas que serían necesarias. Mientras tanto, las trabajadoras desarrollan su jornada en ambientes sofocantes, con riesgo real para su salud y para la de las personas a las que cuidan”, señala Mazo.

El sindicato advierte de un doble perjuicio. Por un lado, señala que las profesionales están expuestas a agotamiento, deshidratación y un mayor riesgo de accidentes laborales por golpes de calor, que, según UGT, “en la mayoría de los casos no se reconocen como tales”. Por otro, sostiene que las altas temperaturas dificultan la prestación de cuidados de calidad a las personas mayores, especialmente vulnerables ante el calor.

UGT considera “inaceptable que el criterio económico prevalezca sobre la salud laboral y la dignidad de las trabajadoras” y reclama a las empresas del sector que garanticen un uso “suficiente y continuado” de los sistemas de climatización durante los episodios de calor, además de protocolos específicos de protección en todos los centros.

El sindicato pide también que la Administración financie las posibles carencias económicas de las residencias en materia de climatización para evitar que el coste energético termine repercutiendo sobre trabajadoras y residentes. “No se puede seguir tolerando que las trabajadoras de residencias se asen en sus puestos de trabajo mientras se apagan los aires acondicionados para ahorrar. Es una cuestión de salud, de dignidad y de derechos laborales”, concluyen desde el sindicato.

Un hombre de 80 años ha pasado la noche en un matorral, cerca de la residencia gerontológica de la localidad asturiana de Pola de Laviana donde estaba internado. El propio personal del centro alertó ayer, domingo, al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) cuando detectó la ausencia del anciano y al comprobar por la noche que no había regresado.

Inmediatamente se movilizó un operativo de búsqueda en el que han participado las unidades Canina y de Drones, el helicóptero, Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil y voluntarios.

Esta mañana ha sido localizado en un matorral por un vecino que paseaba junto a su perro por las inmediaciones de la residencia de ancianos. Tras alertar a los equipos de emergencias, hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del SEPA que rescataron al anciano. Había caído, unos dos metros, en un zarzal.

Rastreo del río

Las primeras llamadas de auxilio se recibieron en el 112 Asturias en torno a las nueve y media de la noche de ayer. A partir de esa hora y hasta las cinco de esta pasada madrugada se rastrearon los aledaños del centro y se revisaron incluso los márgenes del río con la cámara termográfica de los drones, mientras que por tierra se batió una zona de más de dos kilómetros desde la residencia hacia la localidad de Blimea, pero no se obtuvo resultado alguno.

El SEPA difundió la noticia de la búsqueda a través de las redes sociales por si alguna persona pudiera aportar alguna pista que pueda conducir hasta el paradero del residente.

La movilización de medios

La Sala 112 del SEPA movilizó a efectivos de Bomberos del parque de San Martín del Rey Aurelio, así como a la Unidad Canina, Unidad de Drones, Grupo de Rescate.

Paralelamente se comunicó la desaparición a la Policía Local que mantuvo agentes en la zona y a la Guardia Civil. A la búsqueda también se sumaron voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Laviana.

En un zarzal

A primera hora de esta mañana se ha retomado la búsqueda a la que se han sumado el helicóptero medicalizado del organismo autónomo con el Grupo de Rescate y las ERIES (Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias) Terrestres y Acuática de Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil.

A las 11.09 horas, el jefe de zona al frente del dispositivo ha comunicado al 112 que la Unidad de Drones del SEPA ha localizado al varón desaparecido desde ayer tarde en Laviana tras el aviso del vecino.

El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) ha enviado al lugar el equipo médico de la UVI-móvil de Langreo para comprobar su estado y, tras un primer examen por parte del equipo médico, ha sido trasladado para la realización de más pruebas al Hospital Valle del Nalón. En un principio, su pronóstico es reservado.

El tema se cuela cada día en más y más conversaciones, produce cierto temor en las personas que se acercan a la jubilación y supondrá un problema para aquellas con menos recursos. La inexistencia de una red pública de residencias para mayores y dependientes empieza a ser una de las cuestiones que con mayor ahínco preocupan a la sociedad española, donde la empresa privada ha encontrado un gran nicho que explotar ante la desidia de la administración pública.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualmente en España hay un 21,1% de personas mayores de 65 años. Para 2050, se prevé que la cifra supere el 30% y para 2076 la proyección se fija en el 30,9%. “Si ya es insuficiente el sistema, no me quiero ni imaginar cómo será dentro de unos años”, adelanta Carmen López.

Ella es portavoz de Marea de Residencias en la Comunidad de Madrid, desde donde hace años denuncian la dejadez por parte del Gobierno regional frente a la oferta de plazas en residencias públicas. “En España, en torno al 90 % de las residencias son de gestión privada. En Madrid estamos en un 94%”, aseguran desde el colectivo. De los casi 500 centros sociosanitarios que existen en la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso, tan solo 25 son públicas, a los que se suman 18 más de titularidad pública, pero de gestión indirecta.

López añade que el verdadero negocio está en las plazas concertadas por parte de la administración en residencias privadas. “Tienen una temporalidad de cuatro años y pueden suprimir estas plazas pasado ese tiempo. Esto conlleva un grave perjuicio al usuario, porque muchas veces tiene que cambiar de residencia, que es su casa y su barrio, sus compañeros, sus personas de referencia”, enfatiza la portavoz.

La Comunidad de Madrid ha intentado parchear el envejecimiento poblacional que se avecina en España y la necesidad de mayores cuidados que precisará gran parte de la sociedad con la construcción de nuevas residencias, aunque el modelo no convence a los activistas. “Levantan residencias en suelo público, muchas veces cedido por los ayuntamientos, cuya gestión conceden a una empresa privada por 75 años, y tampoco garantizan que las personas puedan mantener sus plazas de forma vitalicia”, se queja López.

Decenas de miles de plazas necesarias

En este sentido, Marea de Residencias reivindica la creación de un parque público de centros sociosanitarios que garantice a las personas más longevas un lugar en el que pasar sus últimos años de vida con calidad. Tampoco hay cifras sobre las que guiarse. A pesar de que numerosos artículos e informes toman como referencia una supuesta recomendación de la Organización Mundial de la Salud que indicaba que deben existir al menos cinco camas en residencias por cada cien mayores de 65 años, la entidad lo desmintió hace tres años.

Por su parte, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales informó este enero que la ocupación total en los centros supera el 82% de las plazas. Es decir, en España hay 339.655 personas que viven en residencias, 62.600 más que el año anterior. Sus estimaciones indican que todavía son necesarias más de 50.000 plazas para atender la demanda actual de personas con demencia severa y gran dependencia. Además, la cifra se doblaría hasta las 100.000 para alcanzar la ratio de cinco plazas por cada 100 habitantes mayor de 65 años.

“Lo que no queremos es que la respuesta sea aumentar la colaboración público-privada, porque aquí solo tienen negocio si la administración hace dejación de funciones”, sostiene la portavoz madrileña de Marea de Residencias. “Mucho tienen que cambiar las cosas para llegar a esos mínimos que garanticen una asistencia de calidad a los mayores. Parece que no hemos aprendido nada de lo sucedido durante la Covid”, enfatiza la misma López, quien cita el fatídico número 7.291: las personas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid, que no fueron derivadas a los hospitales y fallecieron por el coronavirus en los peores meses de la pandemia.

Huir de las residencias macro

La situación no es mucho mejor en Segovia. Desde allí habla Carmen Santiago. En la provincia cuentan con 40 residencias, de las que solo cinco son públicas: dos de la Junta de Castilla y León y tres de la Diputación. En torno a otra decena son municipales, aunque algunas de ellas con la gestión privatizada. El resto son de gestión privada o concertada. Esta antigua enfermera lo tiene claro: “La empresa privada tiene aquí un negocio increíble. Son un sacacuartos. Hay que pagar unas cantidades inmensas de dinero para unos servicios que muchas veces dejan mucho que desear”, relata al teléfono.

Desde su punto de vista, el futuro tendría que estar puesto en una oferta pública, financiada junto al propio usuario, dentro de sus posibilidades y en modelos más personalizados. “Habría que huir de estas residencias macro, donde solo eres un número”, ilustra. Y añade: “A mí me preocupa muchísimo el envejecimiento. Es un éxito que muramos cada vez más tarde, pero también es importante vivir con calidad y, para eso, necesitamos más residencias públicas”.

El INE ha calculado que, en 2035, la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría los 82,5 años en los hombres y los 87,4 en las mujeres. Estos valores serían en 2073 de 86 años para los hombres y de 90 años para las mujeres.

A Santiago le sigue Pilar López desde Castilla-La Mancha, comunidad gobernada por el socialista Emiliano García Page: “El problema aquí es que lo único que hacen es pagar con dinero público plazas en residencias privadas, donde se ejerce muy poco control”. Desde Marea de Residencias, calculan que en la región castellanomanchega existen unas 350 residencias, de las cuales 48 son de titularidad pública, aunque solo nueve de ellas estarían gestionadas por la propia Administración.

“Hace mucho tiempo que Page aplica políticas de derechas al externalizar y privatizar servicios públicos y sociales”, añade Pilar. Asimismo, el hecho de que la mayoría de la gestión sea privada también repercute en las inspecciones. Esta activista asegura que “es complicado que sancionen a un centro privado al que el Gobierno ha dado la gestión de una residencia porque, de alguna forma, ellos son responsables de las empresas con las que contratan”.

Reducción de plazas públicas

Jorge Félix Alonso habla desde Castilla y León, donde integra la llamada Plataforma Social. Las cifras que manejan sitúan en 9.102 las plazas públicas y concertadas en la región liderada por Alfonso Fernández Mañueco (PP) y en 49.430 plazas totales residenciales ofertadas. Cataloga de “sorprendente” la ratio resultante. Si en la comunidad hay 226.545 personas de más de 80 años, existirían cinco personas por cada plaza residencial. El dato se multiplica por cinco si atendemos únicamente a las plazas públicas y concertadas. En ese caso, habría 25 personas por cada plaza ofertada de este tipo.

“Lo increíble es que se han ido reduciendo las plazas públicas en las últimas décadas. Tenemos 880 plazas menos en residencias públicas que en 1996”, concluye Alonso. Tal y como prosigue este activista, las subvenciones establecidas para hacer frente a una plaza privada tampoco son suficientes: “Ni siquiera dando todo el dinero que ingresas entre pensión y ayuda cubres el coste. Esto machaca a muchas familias que, solo si tienen dinero y se lo pueden prestar a su allegado, posibilitan que acceda a una residencia”.

Marea de Residencias Catalunya sostiene la misma opinión: el sistema público no está preparado para absorber la demanda que se avecina. Duvi Abril, integrante del colectivo, subraya que la espera para conseguir una plaza pública se alarga un año, como mínimo. “En Barcelona se han cerrado hasta residencias pequeñas por la especulación inmobiliaria”, apunta. De su boca emanan las demandas de un movimiento a nivel estatal que no se resigna a aceptar lo que hay, porque lo que hay no es ni será suficiente para colmar las necesidades de los más mayores: “Queremos residencias para todos, sin listas de espera y en condiciones dignas, con inspecciones sin aviso previo y que la alimentación, la limpieza y el personal estén a la altura de las personas que viven en ellas”.

La jutgessa de la dana ha incorporat a la causa les declaracions testificals del passat 24 de juliol relatives a les circumstàncies de la defunció de Joaquina G., una dona dependent i enllitada que va patir la inundació a la residència de persones majors de Paiporta. L’anciana va morir posteriorment a conseqüència d’una pneumònia, segons va declarar la seua filla i consta en la documentació mèdica. La testimoni, sotmesa a tractament psicològic, va explicar davant de la jutgessa que solia acompanyar la seua mare cada vesprada, encara que el 29 d’octubre del 2024, la tràgica jornada que va acabar amb 231 morts, no va poder assistir a la seua cita diària per circumstàncies familiars.

“A mi el que m’ofega és que la pobra estava sola i que, com que hi anava cada dia, l’hauria d’haver agafada i no haver passat pel que va passar”, va lamentar la dona, segons consta en l’acta de la seua declaració, a la qual ha tingut accés elDiario.es. “Va ser un dia horrorós”, va refermar la jutgessa Nuria Ruiz Tobarra, sempre empàtica amb els familiars de les víctimes, tractant d’alleugerir la dona.

Els empleats de la residència que van salvar la dona també van declarar davant de la magistrada. Sonia P. M., la responsable de cures, va relatar que, en entrar l’aigua a la residència, “hi havia molt de corrent”. La treballadora, juntament amb l’auxiliar Abilio Octavio S. M., es va jugar el tipus per a accedir a l’habitació de l’anciana enllitada, després d’haver evacuat a les plantes superiors desenes de pacients.

L’auxiliar va descriure l’habitació “tota fosca”, en la qual “només se sentia el soroll de l’aigua” i d’“objectes xocant contra la paret”.

Mentre Sonia P. M. mantenia oberta la porta, per por que l’home i l’anciana es quedaren atrapats a l’habitació, Abilio Octavio S. M., que va sentir “molta por”, va embolicar la dona dependent en un llençol —“com un tabaquet”— i la va carregar “com un sac de creïlles” per a eixir després “a contracorrent” i arribar fins a les escales.

“Una cosa molt emocionant i forta alhora”

“Quan vam arribar a l’escala, hi havia els companys i ells no sabien que ens havíem arriscat a salvar Joaquina. (...) Van començar a aplaudir perquè va ser una cosa heroica i bonica”, va dir l’home.

“Entre tots la van baixar una mica més per l’escala, la van agafar i la vam gitar en una llitera d’infermeria que hi ha allí i va passar bé la nit. La veritat és que va ser una cosa molt emocionant i forta alhora”, va assenyalar el testimoni.

La filla de la difunta va dir que donarà “les gràcies tota la vida” als rescatadors de sa mare. La seua tia nonagenària, que també vivia a la residència de Paiporta i va sobreviure a la dana, repetia sobre la terrible experiència: “Molta aigua, molt roín”.

Un dels residents, al qual només es podia moure amb una grua, va haver de ser deixat a la seua habitació, encara que va sobreviure miraculosament i va poder ser evacuat per la Guàrdia Civil a primera hora del matí següent. El testimoni Abilio Octavio S. M. va explicar que l’home tetraplègic “va estar flotant a l’habitació”. “Va ser una de les coses més impressionants”, va dir el treballador quan es va comprovar que l’home estava viu.

Els agents també van rescatar una dona aliena a la residència que s’havia refugiat en unes escales d’emergència del recinte després d’haver arribat des d’uns arbres i que tenia “les cames destrossades”.

Els dos testimonis van coincidir que l’anciana, malgrat haver romàs flotant sobre el matalàs en una habitació inundada, pràcticament no es va banyar. “Alguna cosa es banyaria, potser es va banyar els peus, és que tampoc li sé dir, però jo li dic que ella xopa com a tal no anava”, va assegurar la treballadora.

No obstant això, la filla de la víctima va declarar que una responsable de la residència li havia reconegut que la seua mare havia estat “amb l’aigua per la barbeta”.

L’experiència, en tot cas, va ser traumàtica per a tots els testimonis. A la residència de Paiporta van morir sis persones majors. “Fa dos anys que vaig a psicòlegs intentant oblidar”, va dir Sonia P. M. “El que vaig viure va ser una cosa molt, molt dura”, va manifestar, per la seua banda, l’auxiliar Abilio Octavio S. M.

La jueza de la dana ha incorporado a la causa las testificales del pasado 24 de julio relativas a las circunstancias del fallecimiento de Joaquina G., una mujer dependiente y encamada que sufrió la inundación en la residencia de personas mayores de Paiporta. La anciana falleció posteriormente a consecuencia de una neumonía, según declaró su hija y consta en la documentación médica. La testigo, en tratamiento psicológico, explicó ante la jueza que solía acompañar a su madre todas las tardes, aunque el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos, no pudo asistir a su cita diaria por circunstancias familiares. “A mí lo que me ahoga es que la pobre estaba sola y que, como iba todos los días, la tenía que haber cogido y no haber pasado por lo que pasó”, lamentó la mujer, según reza el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es. “Fue un día horroroso”, remachó la jueza Nuria Ruiz Tobarra, siempre empática con los familiares de las víctimas, tratando de aliviar a la mujer.

Los empleados de la residencia que salvaron a la mujer también declararon ante la magistrada. Sonia P. M., la responsable de cuidados, relató que, al entrar el agua en la residencia, “había mucha corriente”. La trabajadora, junto con el auxiliar Abilio Octavio S. M., se jugó el tipo para acceder a la habitación de la anciana encamada, tras haber evacuado en altura a decenas de pacientes.

El auxiliar describió el cuarto “todo oscuro” y en el que “solamente se escuchaba el ruido del agua” y de “objetos chocando contra la pared”.

Mientras que Sonia P. M. mantenía abierta la puerta, por miedo de que el hombre y la anciana se quedaran atrapados en la habitación, Abilio Octavio S. M., que sintió “mucho miedo”, metió a la mujer dependiente en una colcha —“como un tabaquito”— y la cargó “como un saco de papas”, para salir luego “a contracorriente” y llegar hasta las escaleras.

“Algo muy emocionante y fuerte a la vez”

“Cuando llegamos a la escalera, estaban los compañeros y ellos no sabían que nos habíamos arriesgado a salvar a Joaquina. (...) Empezaron a aplaudir porque fue algo heroico y bonito”, dijo el hombre.

“Entre todos bajaron un poco más de la escalera, la agarraron y la acostamos en una camilla de enfermería que hay ahí y pasó la noche bien. La verdad es que fue algo muy emocionante y fuerte a la vez”, remachó el testigo.

La hija de la fallecida dijo que dará “las gracias toda la vida” a los rescatadores de su madre. Su tía nonagenaria, que también vivía en la residencia de Paiporta y sobrevivió a la dana, repetía sobre la terrible experiencia: “Mucha agua, muy malo”.

A uno de los ancianos, al que solo se podía mover con una grúa, lo tuvieron que dejar en su habitación, aunque sobrevivió milagrosamente y pudo ser evacuado por la Guardia Civil a primera hora de la mañana siguiente. El testigo Abilio Octavio S. M. explicó que el hombre tetrapléjico “permaneció flotando en la habitación”. “Fue una de las cosas muy impresionantes”, dijo el trabajador cuando se comprobó que el hombre estaba vivo.

Los uniformados también rescataron a una mujer ajena a la residencia que se había refugiado en unas escaleras de emergencias del recinto desde unos árboles y que tenía “las piernas destrozadas”.

Ambos testigos coincidieron en que la anciana, a pesar de haber permanecido flotando en su colchón en una habitación inundada, prácticamente no se empapó. “Algo se mojaría, igual se mojó los pies, es que tampoco le sé decir, pero yo le digo que ella chopada como tal no iba”, aseguró la trabajadora.

Sin embargo, la hija de la víctima declaró que una responsable de la residencia le había reconocido que su madre había permanecido “con el agua por la barbilla”.

La experiencia, en todo caso, fue traumática para todos los testigos. En la residencia de Paiporta fallecieron seis ancianos. “Llevo dos años en psicólogos intentando olvidar”, dijo Sonia P. M. “Lo que viví fue algo muy muy rudo”, manifestó, por su parte, el auxiliar Abilio Octavio S. M.