La Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy por unanimidad la Oferta Pública de Empleo del SESCAM correspondiente al año 2026, que incluye un total de 1.818 plazas, de las que 1.596 son de acceso libre y 222 de promoción interna.

Así lo ha adelantado hoy, la consejera Portavoz en la rueda de prensa semanal del Consejo de Gobierno. Esther Padilla ha informado que esta nueva oferta se desarrollará conjuntamente con la correspondiente al año 2025, que contemplaba 1.591 plazas, de manera que ambas permitirán convocar procesos selectivos para un total de 3.409 plazas. Está previsto que la convocatoria de los exámenes correspondientes a estos procesos se publique durante el segundo trimestre de 2027.

La portavoz del Ejecutivo ha adelantado que la Oferta Pública de Empleo correspondiente a 2026 incorpora, además, por primera vez plazas de tres categorías profesionales de reciente creación en el SESCAM: dietista-nutricionista, técnico medio sanitario de Farmacia y técnico superior especialista en Documentación Sanitaria.

Oferta Pública de Empleo 2026

De las 1.818 plazas incluidas en esta nueva oferta, 400 son de personal facultativo, de las que 237 corresponden a facultativos especialistas de área, 100 a médicos de familia, 14 a pediatras de Atención Primaria y 29 a médicos de Urgencias Hospitalarias.

En las 20 restantes están incluidas seis de inspector médico de Servicios Sanitarios y Prestaciones, cinco de médico de Emergencias, cuatro de médico de Admisión, Archivos y Documentación Clínica, cuatro de odontoestomatólogo y una de técnico de Salud Pública.

Por otra parte, la oferta incluye un total de 496 plazas para personal sanitario diplomado/de grado, de las que 395 corresponden a Enfermería; 23 a enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria; 27 a enfermera especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica; 12 a enfermera especialista en Enfermería de Salud Mental; cuatro a enfermera especialista en Enfermería Pediátrica; dos a enfermera especialista en Enfermería del Trabajo; y cuatro a enfermera inspectora de Servicios Sanitarios y Prestaciones.

En este apartado destaca la convocatoria por primera vez de plazas de dietista-nutricionista, con la inclusión en esta Oferta Pública de Empleo de 14 plazas. La oferta se completa en este grupo con ocho plazas de terapeuta ocupacional y siete de fisioterapeuta.

Asimismo, contempla un total de 434 plazas de personal sanitario técnico, de las que 335 son de técnico en cuidados auxiliares de Enfermería, 38 de técnico superior sanitario de laboratorio y 23 de técnico superior sanitario en radiodiagnóstico.

En este grupo destaca igualmente la convocatoria por primera vez de plazas de técnico medio sanitario de Farmacia y de técnico superior especialista en Documentación Sanitaria, con 12 y 10 plazas, respectivamente. La oferta incluye además siete plazas de técnico superior sanitario de Radioterapia, cinco de técnico superior sanitario de Medicina Nuclear y cuatro de higienista dental.

Finalmente, dentro del grupo de personal de gestión y servicios se incluyen un total de 488 plazas, de las que 200 corresponden a celadores, 170 al grupo auxiliar de la función administrativa, 39 a pinches y 16 al grupo administrativo de la función administrativa, como categorías con mayor número de plazas incluidas en la oferta.

Nuevas categorías de Ingeniero Biomédico y Genetista de Laboratorio

Además, Padilla ha informado de la creación de dos nuevas categorías de personal estatutario del SESCAM, Ingeniero/a Biomédico/a y Genetista de Laboratorio, con el objetivo de adaptar los perfiles profesionales a la evolución tecnológica y científica que se está produciendo en el ámbito sanitario.

La categoría de Ingeniero/a Biomédico/a, que ha sido aprobada por unanimidad, permitirá incorporar al SESCAM profesionales con formación específica para la gestión de una tecnología sanitaria cada vez más compleja y para abordar la creciente integración de los dispositivos médicos con los sistemas de información clínica, la inteligencia artificial y la telemedicina.

Entre las funciones atribuidas a esta nueva categoría se encuentran la planificación tecnológica y de renovación del equipamiento biomédico, la gestión de su ciclo de vida, la tecnovigilancia, la integración de dispositivos médicos con los sistemas de información clínica, la evaluación de tecnologías sanitarias, la gestión de riesgos tecnológicos y la ciberseguridad de los dispositivos médicos conectados, así como la participación en proyectos de investigación e innovación.

Por su parte, la creación de la categoría de Genetista de Laboratorio permitirá facilitar la incorporación ordenada al SESCAM de profesionales con competencias específicas en genética, en un contexto marcado por el creciente peso de la genómica en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades y por el desarrollo de la medicina de precisión.

Estos profesionales podrán desarrollar su actividad en laboratorios de diagnóstico genético, unidades de asesoramiento genético, servicios de medicina reproductiva y unidades de oncología molecular, entre otras estructuras asistenciales. Sus funciones incluyen el diseño, análisis, validación e interpretación de pruebas genéticas de alta complejidad, la aplicación de tecnologías avanzadas de análisis genético y genómico y la colaboración con los equipos clínicos en el diagnóstico, pronóstico, seguimiento y orientación terapéutica de enfermedades de base genética.

Ambas categorías se encuadrarán en el grupo A, subgrupo A1, y las respectivas órdenes regulan asimismo la situación y los procedimientos de reclasificación de aquellos profesionales que actualmente estén desempeñando funciones propias de las nuevas categorías y reúnan los requisitos establecidos.

Finalmente, la Mesa Sectorial ha abordado la actualización de las titulaciones exigidas para el acceso a once categorías de personal estatutario de gestión y servicios del SESCAM: albañil, calefactor, carpintero, cocinero, conductor, costurero, electricista, fontanero, mecánico, peluquero y pintor.

La modificación responde a la necesidad de adaptar los requisitos de acceso a la actual estructura del sistema de Formación Profesional y al nuevo catálogo de titulaciones, manteniendo al mismo tiempo las equivalencias previstas para titulaciones de sistemas educativos anteriores.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha denunciado “el último episodio violento” que se vivió este lunes en el centro de salud de Casas-Ibáñez (Albacete) “al irrumpir en su interior un hombre armado con un hacha con la que amenazó a varios sanitarios cuando procedían a atenderle”.

Según el sindicato “esta persona deambuló por la zona de urgencias y la zona de dormitorios del personal de guardia dando golpes en las paredes con el arma lo que obligó a los profesionales que en ese momento estaban en el centro a esconderse en las habitaciones”.

Aunque se llamó “rápidamente a los servicios de emergencias”, la Guardia Civil tardó más de dos horas en llegar, porque en ese momento se encontraba fuera de la localidad, por lo que los primeros en personarse en el centro fueron los bomberos.

Cuando estos llegaron, el hombre ya se había marchado del centro y el personal pudo salir, ha señalado el sindicato.

No es el primer incidente de este tipo que sufren los pacientes y personas trabajadoras del centro de salud de Casas-Ibañez, apunta el sindicato, “ya que el pasado año otro individuo irrumpió en el centro, armado con una catana, y tuvieron que intervenir miembros del GEO”.

En aquel momento se presentaron fotografías de lo acontecido a la gerencia para solicitar la presencia de un guardia de seguridad estable, medida que se denegó. El personal sanitario, según incide el sindicato,“ asegura sentirse indefenso ante este tipo de situaciones y en un estado de ánimo alterado tras lo vivido ayer”.

CCOO exige que se aborde como un riesgo laboral más

Por eso desde CCOO exigen que este problema sea abordado “como un riesgo laboral más” y se evalúe su impacto para implementar las medidas adecuadas.

“Cualquier agresión, física o verbal, constituye un grave riesgo para la integridad física y el bienestar psicológico del personal que trabaja en entornos sanitarios por lo que pedimos tolerancia cero y más protocolos de actuación en estos casos”.

El sindicato dice haber solicitado ya en varias ocasiones en el comité de seguridad y salud la presencia de un vigilante de seguridad en consultorios como este.

Ante el anuncio por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de la creación de una plaza de director de seguridad, para coordinar las actuaciones en esta materia, el sindicato pide que sus funciones sirvan realmente para identificar las situaciones de riesgo y dar soluciones efectivas en los lugares de trabajo donde se producen.

El Sindicato Médico (CESM Castilla-La Mancha) ha denunciado una nueva agresión a un facultativo del Hospital Nacional de Parapléjicos, que tiene su sede en Toledo.

Ocurrió el pasado viernes. El profesional fue objeto de una agresión verbal, “absolutamente intolerable, acompañada de un intento de agresión física que, afortunadamente, no llegó a consumarse”, explica el sindicato.

“Desde CESM queremos trasladar nuestro apoyo al profesional y recordar que ninguna amenaza, insulto o agresión puede considerarse parte del trabajo de quienes tienen como misión atender y cuidar a los pacientes”. El sindicato ha puesto sus servicios de asesoramiento al servicio del facultativo y reclama al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) que “mejore las medidas de seguridad y extienda su implantación a todos los centros donde sean necesarias”.

El episodio, dice CESM, “pone de manifiesto, además, la importancia de disponer de medidas de prevención y protección frente a las agresiones”. En este caso, detalla, existía una segunda salida en la consulta y personal de seguridad en el centro. Unas medidas que “contribuyeron a afrontar una situación de riesgo que llegó a incluir un intento de agresión física”. Sin embargo, matiza, “estas medidas demostraron también que existe un importante margen de mejora en la protección de los profesionales”.

El sindicato pone el foco en esta cuestión. “Si esto ocurre en un centro hospitalario que dispone de determinadas medidas de seguridad, la situación resulta todavía más preocupante en otros ámbitos asistenciales” porque, según advierte, la práctica totalidad de las consultas sanitarias de Castilla-La Mancha cuentan con una única puerta de acceso y salida y el personal de seguridad es “prácticamente inexistente en Atención Primaria”, donde además muchos profesionales desarrollan su actividad en solitario.

Por ello, CESM reclama al SESCAM que revise y actualice las evaluaciones de riesgo frente a las agresiones y refuerce y mejore las medidas de protección allí donde resulten insuficientes, teniendo en cuenta las características de cada centro y puesto de trabajo. “La seguridad de los profesionales no puede depender de circunstancias fortuitas ni de que una situación de violencia no termine teniendo consecuencias más graves”, explica.

También solicita que “cuando jurídicamente proceda” se activen los mecanismos sancionadores previstos en la Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha, frente a quienes amenacen, insulten o agredan a los profesionales, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

Esta nueva agresión coincide con el anuncio, ayer, por parte del director de Recursos Humanos del SESCAM Iñigo Cortázar de la figura del director de Seguridad en el ámbito sanitario para el que se acaba de crear una plaza.

El Hospital Universitario de Guadalajara completará su ampliación con 167 nuevas plazas en la plantilla del Sescam antes de que termine el año. Las incorporaciones, que incluyen personal de Enfermería, TCAE y facultativos de más de una veintena de especialidades, permitirán consolidar la plantilla vinculada a los nuevos espacios y servicios del centro, que ya ha sumado más de 300 profesionales.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que también ha avanzado la finalización del centro de salud Los Valles.

Se trata de un proceso que permitirá consolidar estructuralmente una plantilla que, con la puesta en funcionamiento de los nuevos espacios, unidades y servicios del centro hospitalario, se ha incrementado en más de 300 profesionales.

En este contexto, Page ha avanzado que “antes de final de año, aquí vamos a terminar de completar la plantilla” vinculada a la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara. “En concreto, de aquí a final de año vamos a crear 167 plazas nuevas que van a cubrir la dimensión que ha tomado el nuevo hospital”, ha anunciado.

Las 167 plazas corresponden a más de una veintena de categorías profesionales e incluyen 41 plazas de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), 36 de Enfermería y 36 plazas médicas, además de técnicos sanitarios, fisioterapeutas, matronas, terapeutas ocupacionales, celadores y profesionales de gestión y servicios. En el caso de los facultativos especialistas de área, las plazas se distribuyen entre más de una veintena de especialidades.

Con esta última creación de plazas, el Gobierno de Castilla-La Mancha culmina en 2026 el proceso de dotación estructural de profesionales asociado a la transformación integral del Hospital Universitario de Guadalajara. Los más de 300 profesionales necesarios para atender el incremento de la actividad y de la capacidad asistencial se han ido incorporando progresivamente a medida que entraban en funcionamiento las nuevas áreas, mientras el Sescam ha ido creando las correspondientes plazas en plantilla.

Asimismo, el presidente regional ha avanzado otro de los proyectos sanitarios de la capital y ha confiado en que el Centro de Salud de Los Valles pueda entrar en funcionamiento “antes de final de año o principios del que viene”, completando así dos anuncios dirigidos a reforzar la capacidad sanitaria de una provincia que mantiene un importante crecimiento demográfico y económico.

El Gobierno de Castilla-La Mancha combatirá las agresiones a profesionales sanitarios mediante la creación de la figura del director de Seguridad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) para la que hoy se ha anunciado la creación de una plaza en la Sanidad pública de la comunidad autónoma.

Se trata de “una figura pionera en el Sistema Nacional de Salud que permitirá reforzar la coordinación de todas las actuaciones que se desarrollan en este ámbito”, según explica el Gobierno de Emiliano García-Page.

El director general de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM, Íñigo Cortázar, lo ha anunciado durante la reunión del Observatorio Provincial de Prevención de las Agresiones celebrada en Guadalajara, el segundo encuentro de estas características que se celebra este año tras el desarrollado en Tomelloso (Ciudad Real).

Cortázar ha destacado que con la publicación de esta convocatoria “hacemos realidad un compromiso que adquirimos con nuestros profesionales y damos un paso más en una política que tiene un objetivo irrenunciable: avanzar hacia las cero agresiones en nuestros centros sanitarios”.

Un profesional técnico titulado superior

La convocatoria publicada este lunes contempla la cobertura de una plaza de Personal Técnico Titulado Superior (A1), mediante nombramiento estatutario temporal, para desempeñar las funciones de director de Seguridad en la Gerencia de Coordinación e Inspección del SESCAM.

La creación de esta figura ya fue anunciada por el director gerente del SESCAM, Alberto Jara, en el último Observatorio regional, y por el propio Cortázar en noviembre del pasado año durante su comparecencia en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre las políticas de prevención y erradicación de las agresiones al personal sanitario.

Entre sus funciones estarán la organización y dirección de los servicios y recursos de seguridad disponibles, la identificación y evaluación de situaciones de riesgo, así como la planificación de las actuaciones necesarias para prevenirlos y reducirlos y la elaboración y desarrollo de los correspondientes planes de seguridad.

Asimismo, asumirá la interlocución y enlace con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en todo lo relacionado con la seguridad integral del SESCAM y la coordinación de los diferentes servicios de seguridad con las actuaciones de protección civil en situaciones de emergencia.

Para Cortázar, la incorporación de esta figura permitirá “dar una visión global y homogénea a las políticas de seguridad del Servicio de Salud y reforzar un trabajo que necesariamente tiene que ser coordinado, tanto dentro de nuestra organización como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Casi 120 episodios “conflictivos” en 2025

Durante la reunión del Observatorio Provincial se han presentado también los últimos datos del Registro de Episodios Conflictivos (REC) correspondientes al área de Guadalajara.

En 2025 se registraron un total de 119 episodios “conflictivos”, de los que 66 correspondieron a Atención Especializada y 53 a Atención Primaria. Las agresiones físicas representaron alrededor del cinco% de los episodios registrados en Guadalajara durante el pasado año, frente al 15% que representan en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Además, la evolución durante 2026 muestra una reducción de los episodios de mayor gravedad. Entre enero y septiembre se han registrado tres agresiones físicas frente a las cinco contabilizadas durante el mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso del 40 por ciento.

El director general ha señalado que estos datos “no permiten ningún tipo de complacencia, porque una sola agresión a un profesional ya es una agresión de más”, pero ha considerado especialmente relevante que disminuyan precisamente las manifestaciones más graves de violencia.

Los datos analizados en el Observatorio muestran asimismo que la incidencia de los episodios conflictivos en Guadalajara se mantiene claramente por debajo de la registrada en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. En 2025, el área presentó una tasa de 13,97 incidentes por cada 1.000 profesionales, frente a los 24,37 por cada 1.000 profesionales del conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Cortázar ha recordado que el análisis de las agresiones debe realizarse también teniendo en cuenta la evolución experimentada en los últimos años por el propio Servicio de Salud, con un importante incremento del número de profesionales y de la actividad asistencial. En este sentido, ha incidido en la necesidad de analizar no solo el número absoluto de episodios notificados, sino también su incidencia sobre una organización que cuenta cada vez con más profesionales y desarrolla un volumen creciente de actividad.

Un abordaje “integral” y la colaboración de las policías

El director general ha insistido en que la respuesta frente a las agresiones requiere un abordaje integral basado en la prevención, la seguridad, la coordinación institucional y el acompañamiento a los profesionales que sufren cualquier episodio de violencia.

Este trabajo se desarrolla desde hace más de dos décadas a través del Plan PERSEO, puesto en marcha en 2005 como marco común del SESCAM para la prevención, protección y actuación frente a cualquier manifestación de violencia dirigida contra sus profesionales, usuarios, bienes o instalaciones.

Dentro de este modelo, Cortázar ha destacado especialmente la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el trabajo desarrollado con los interlocutores policiales sanitarios, una coordinación que se verá reforzada con la incorporación del nuevo director de Seguridad.

Asimismo, el SESCAM mantiene el apoyo a los profesionales que sufren este tipo de situaciones mediante asesoramiento jurídico y asistencia letrada propia. Durante 2025, siete profesionales del área de Guadalajara hicieron uso de este recurso.

“Cada medida que ponemos en marcha, desde la prevención y la formación hasta la coordinación policial, el apoyo jurídico o ahora la incorporación del director de Seguridad, tiene una misma finalidad: que nuestros profesionales puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones de seguridad y sepan que cuentan con todo el respaldo de la organización frente a cualquier forma de violencia”, ha concluido Cortázar.

Un total de 41 profesionales sanitarios se han inscrito en el registro de objetores habilitado por el Servicio de Sanidad de Castilla-La Mancha para rechazar la práctica profesional del aborto en el sistema público de la comunidad autónoma.

Es el dato que, según informa Amnistía Internacional, ha facilitado “por primera vez” el SESCAM a la Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha a través del Portal de Transparencia.

Según esa misma información, hay un total de 198 médicos en el conjunto de los servicios de Ginecología y Obstetricia de los hospitales de Castilla-La Mancha, aunque no ha concretado cuántas de las 41 personas objetoras son médicas ni cuál es el número total de profesionales de estos servicios.

“Incluso tomando el supuesto más desfavorable —que las 41 personas objetoras fueran médicas— representarían el 20,7 % de los 198 médicos, lo que significa que casi ocho de cada diez no estarían inscritos en el registro de objetores”.

La Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha se concentró este domingo en Alcázar de San Juan, con motivo del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, que se conmemora hoy, para reclamar que ninguna mujer tenga que salir de la sanidad pública para ejercer un derecho reconocido por ley. Desde hace un año las movilizaciones arrecian en la comunidad autónoma para lograrlo: “No es normal tener que ir a abortar a 180 kilómetros”, decían hace ahora un año.

En este tiempo, la Consejería de Sanidad ha anunciado que planea un “centro público” para abortos ante la objeción de conciencia casi total de sus médicos, según se decía el pasado mes de mayo. Con los datos de hoy en la mano, esa afirmación no es del todo cierta.

El colectivo ciudadano considera “especialmente relevante” que, después de años reclamando información, el SESCAM haya facilitado por primera vez datos oficiales sobre las personas inscritas en el registro de objetores de conciencia, pero cree que los datos que se proporcionan son “insuficientes” para conocer “con precisión” la dimensión de la objeción, al no especificarse las categorías profesionales ni la distribución por hospitales y áreas sanitarias. Creen que saberlo introduciría “datos objetivos en un debate en el que durante años se ha hablado de una supuesta objeción generalizada”.

Para la Plataforma, “este dato refuerza la necesidad de dejar de utilizar la objeción de conciencia como argumento para no organizar la prestación”. En su opinión, la obligación de la Administración es “organizar los servicios sanitarios de forma que una objeción individual no impida ni retrase el acceso de las mujeres al aborto en la sanidad pública”.

También inciden en que “la objeción de conciencia es un derecho individual de los profesionales, no una objeción de los servicios, unidades u hospitales” y en que “corresponde, por tanto, al SESCAM planificar los recursos humanos y asistenciales necesarios para garantizar la prestación”.

Además, vuelven a situar el foco en una reivindicación que se considera “pendiente” en Castilla-La Mancha: que el aborto se garantice de manera efectiva en la sanidad pública, con recursos, profesionales y una organización que permita acceder a la prestación sin tener que recurrir a centros privados y sin que las mujeres sean derivadas a otras comunidades autónomas, como ocurre actualmente en la mayoría de los casos.

El 99,95% de los abortos, en el sistema privado en 2024

Las organizaciones que integran la Plataforma han vuelto a denunciar que las mujeres de Castilla-La Mancha continúan encontrándose con una prestación que, pese a estar reconocida legalmente, se realiza fuera de la red pública. En 2024, el 99,95 % de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Castilla-La Mancha se practicaron en clínicas privadas, según datos del Ministerio de Sanidad. Y alrededor del 60 % de las mujeres que han decidido abortar en los últimos 15 años han tenido que salir de la región para hacerlo.

Por ello, reclaman de nuevo “una red pública de interrupción voluntaria del embarazo integrada en el SESCAM, con recursos y profesionales suficientes y accesible en todas las provincias y áreas sanitarias.”

Durante la movilización, la Plataforma reclamaba al Gobierno de Castilla-La Mancha una red pública de aborto en todas las provincias, un calendario concreto, público y verificable para la implantación de la prestación, recursos y profesionales suficientes, garantizando que la objeción de conciencia individual no impida ni retrase el acceso, datos públicos y transparentes sobre profesionales objetores, recursos, derivaciones y prestación realizada dentro y fuera de Castilla-La Mancha, información pública, clara y accesible sobre el derecho al aborto, el itinerario asistencial y los recursos disponibles y protección efectiva frente al acoso y la intimidación para mujeres y profesionales.

Este lunes se celebra el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, y la Plataforma reafirma una reivindicación clara: “Abortar es un derecho, la sanidad pública debe garantizarlo”.

A estas peticiones se han sumado hasta 25 colectivos como Amnistía Internacional, Feministas de Pueblo o CCOO. Este sindicato reclama una “verdadera red pública” para poder acceder al servicio.

La historia se repite en el Hospital Universitario de Toledo después de que la actividad en el laboratorio de Anatomía Patológica se haya paralizado al señalar sus trabajadores y trabajadoras nuevas “intoxicaciones”. Es una situación que lleva repitiéndose desde hace dos años. Ahora, afirman que puede suponer un “riesgo grave e inminente” para la salud. Así lo han afirmado los delegados de prevención del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), que han acordado paralizar la actividad del laboratorio.

La decisión se produce después de que, según han informado CSIF y UGT, varios profesionales presentaran este jueves síntomas que vinculan a una posible exposición a un agente todavía no identificado. Entre los síntomas comunicados figuran sangrado nasal, irritación de mucosas, cefaleas, sensación de pérdida de consciencia y disminución del nivel de atención.

En este sentido, señalan que los delegados de prevención han reclamado la adopción urgente de medidas correctoras y la comunicación de la paralización a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El sindicato de CSIF sostiene que el SESCAM había sido advertido previamente de la situación y denuncia que, pese a ello, no se habrían presentado medidas “eficaces y eficientes” para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Por todo ello, se ha llevado a cabo una concentración a las puertas del Hospital Universitario de Toledo este viernes para reclamar actuaciones ante la situación del laboratorio.

La responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en Toledo, Inés Pedreño, recuerda que este problema lleva prolongándose desde hace dos años y, pese a las mediciones y estudios que se han hecho, no se ha llegado a concretar una solución definitiva.

La representante sindical asegura que durante la jornada del jueves se produjeron “entre 15 y 20 incidencias” relacionadas con sintomatología entre los trabajadores. Pedreño menciona nuevamente algunas de las afecciones ya mencionadas y sostiene que se trata de síntomas similares a los comunicados durante los últimos dos años.

Seguimos haciendo mediciones, pero no le ponemos ni medidas organizativas ni medidas técnicas para solucionar el problema

“Después de dos años creo que hemos tenido la paciencia suficiente para que este hospital hubiese reaccionado y la Consejería hubiese reaccionado”, afirma la responsable sindical, que reclama medidas concretas para reducir o eliminar el riesgo. “Seguimos haciendo mediciones, pero no le ponemos ni medidas organizativas ni medidas técnicas para solucionar el problema”, asevera Pedreño.

Según la representante sindical, existe además un informe de Salud Laboral elaborado hace aproximadamente seis meses que recomendaba sacar a los trabajadores del laboratorio. Pedreño asegura que dicha recomendación no se habría aplicado y que los profesionales han continuado desarrollando su actividad en las instalaciones.

La actividad del laboratorio permanece paralizada desde este viernes. y la intención de los delegados de prevención es mantener la suspensión hasta que se adopten medidas que permitan garantizar la seguridad de los trabajadores o hasta que intervenga la autoridad competente.

“Si ellos dicen que hay que ir a iniciar, pues ya la responsabilidad será del Gobierno regional”, afirma la responsable sindical, que agrega que la gerencia del Hospital de Toledo habría intentado que los delegados de prevención reconsiderasen la decisión.

La paralización no implica, según explica UGT, que dejen de atenderse aquellas actuaciones consideradas urgentes. Pedreño señala que los trabajadores han recibido la indicación de mantener la actividad urgente cuando sea necesario, procurando que se realice con el menor número posible de profesionales expuestos al ambiente del laboratorio.

Plantillas no adaptadas al volumen de trabajo

El resto de la actividad podría experimentar retrasos mientras se mantiene la paralización, aunque UGT subraya que los problemas de demora en Anatomía Patológica son anteriores a esta situación y los relaciona también con unas plantillas que, según Pedreño, no están adaptadas en muchas ocasiones al volumen de trabajo.

Como ejemplo, menciona casos de citologías cuyo resultado puede llegar a demorarse hasta diez meses. “No porque los trabajadores estén con una paralización o una huelga, los trabajadores están trabajando”, sostiene.

La responsable de Sanidad de UGT recuerda también que se llegó a plantear la posibilidad de trasladar temporalmente la actividad del laboratorio a otro centro sanitario, entre ellos el Hospital Provincial, pero que finalmente aquella alternativa quedó paralizada.

“Todo eso se dijo en el seno de un comité de seguridad y salud, constando en acta”, sostiene Pedreño, que lamenta que desde entonces no se hayan adoptado medidas que, a su juicio, permitan resolver la situación.

El Hospital admite el repunte y habla de nuevas mediciones

Ante esta situación, la Dirección de la Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo ha informado de que continúa avanzando en las actuaciones que la empresa especializada Serveo está llevando a cabo en el área de Anatomía Patológica, así como en las medidas de mejora implementadas durante los últimos meses para “reforzar la seguridad y salud de los profesionales”.

“En las últimas semanas se ha registrado un ligero repunte de la sintomatología entre los profesionales de esta área, si bien ninguno de los trabajadores ha requerido baja médica. Esta circunstancia ha llevado a realizar nuevas mediciones, cuyos valores de exposición se mantienen por debajo de los límites establecidos por la normativa vigente. Asimismo, se mantienen instalados los detectores ambientales continuos para el seguimiento permanente de las condiciones ambientales”, detalla la dirección del centro hospitalario.

En relación con la petición de paralización de la actividad planteada por los delegados de prevención, la Gerencia afirma que continuará aportando toda la documentación técnica disponible sobre las actuaciones desarrolladas y los resultados de las mediciones realizadas hasta el momento.

Según avanza, hasta la fecha, las mediciones efectuadas en el área de los laboratorios mantienen “valores de exposición por debajo de los límites establecidos por la normativa vigente”, mientras continúan las actuaciones dirigidas a profundizar en el análisis de la situación y determinar el posible origen de la sintomatología referida por algunos profesionales.

La Gerencia contrató a la empresa Serveo para desarrollar nuevas actuaciones que permitieran profundizar en el análisis de la situación y complementar las medidas que se vienen realizando de forma continuada, tras “no haberse identificado hasta la fecha” una causa que explique la sintomatología referida por algunos profesionales.

Así, se recibió un primer informe de seguimiento elaborado por un equipo formado por un director de operaciones, un técnico especialista en mantenimiento de instalaciones de frío y producción de calor, una ambientóloga y técnica superior en calidad del ambiente interior, un especialista en prevención de riesgos laborales y un experto en equipamiento médico.

El análisis se ha completado mediante una revisión documental y bibliográfica de la información relacionada con la calidad ambiental interior, los contaminantes oxidativos, los compuestos orgánicos volátiles y las tecnologías de tratamiento ambiental aplicables a edificios sanitarios. Además, el estudio incorpora un inventario de los subproductos derivados de las sustancias utilizadas en esta área, con el objetivo de ampliar el programa de control mediante registradores en continuo.

Asimismo, se han inspeccionado mediante cámaras los conductos de climatización del área, verificándose de nuevo el “correcto sellado” de toda la red y, paralelamente, se han ejecutado actuaciones de mejora en el sistema de saneamiento para favorecer la circulación de residuos y minimizar la posible generación de olores.

Además, y entre las actuaciones realizadas se ha llevado a cabo un nuevo estudio de las unidades de tratamiento de aire para comprobar si existen posibles interferencias entre los caudales de impulsión y extracción. Los resultados permitirán definir nuevas medidas de actuación de carácter inmediato.

La Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo concluye precisando que mantiene todas las medidas preventivas en el área de los laboratorios, como la utilización de los equipos de protección individual, para garantizar “la seguridad y salud de los profesionales para que puedan desarrollar su labor con total garantía y tranquilidad”.

Un hombre de 34 años de edad ha resultado herido grave este miércoles tras sufrir un traumatismo en la cara con su arma de caza en el Barranco del Corzo de la localidad conquense de Priego.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 10.57 horas.

El herido ha sido atendido en el lugar por un médico de urgencias y trasladado posteriormente en helicóptero sanitario al Hospital de Cuenca. Al lugar se ha desplazado también la Guardia Civil y una ambulancia de Soporte Vital Básico.

Un trabajador de 54 años ha resultado afectado por inhalación de humo tras el incendio de una máquina en una empresa de mármoles en Valdepeñas, por lo que se le ha trasladado al Hospital General de la localidad.

Tal y como han confirmado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha notificado a las 14.38 horas de este lunes en la calle Magdalena, hasta donde han acudido la Policía Nacional, la Policía Local y los bomberos de Valdepeñas, que han dado el incendio por extinguido.

Hasta el lugar también se ha trasladado una ambulancia de soporte vital, que le ha conducido al hospital de Valdepeñas.

Este lunes varios sindicatos han denunciado una nueva agresión a personal sanitario en Castilla-La Mancha. En este caso, se trata de la que sufrió una facultativa que se encontraba prestando atención médica en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Mora, en Toledo.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de septiembre, según ha desvelado la Sección Sindical de CESM-Castilla-La Mancha en esta provincia. Como consecuencia de la agresión, la profesional permanece desde ese mismo día en situación de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, con consecuencias físicas y psíquicas que, según el sindicato médico, “hacen prever una prolongación significativa de su baja”.

Solicita a la Gerencia de Atención Primaria de Toledo la investigación del accidente, la revisión de la evaluación de riesgos y de las medidas de protección frente a agresiones existentes en el Centro de Salud de Mora, así como la adopción de las medidas correctoras necesarias.

Para CESM, lo ocurrido “vuelve a poner de manifiesto una realidad que, desgraciadamente, se ha convertido en demasiado habitual en nuestra sanidad: los profesionales sanitarios siguen siendo víctimas de agresiones mientras las medidas adoptadas por la Administración no consiguen evitar que estos hechos se repitan”.

Denuncia que “cada nueva agresión provoca declaraciones de condena, preocupación y rechazo. Pero después de cada una de ellas no puede limitarse la respuesta a lamentar lo ocurrido y esperar a que la próxima agresión vuelva a ocupar los titulares” y además exigen que las agresiones a los profesionales sanitarios sean abordadas “como lo que son: un grave problema de seguridad y salud laboral”.

También recuerdan las consecuencias indirectas. “Cuando una facultativa permanece de baja durante un periodo prolongado y no existen profesionales suficientes para garantizar su sustitución, se reduce la capacidad asistencial del centro y aumenta la presión sobre el resto de la plantilla”.

Ir más allá de la condena pública por parte del SESCAM

En este aspecto advierte el sindicato médico que “no es aceptable que la ausencia de una profesional víctima de una agresión tenga que ser compensada mediante una mayor sobrecarga de trabajo de sus compañeros ni que los pacientes terminen pagando las consecuencias de la falta de recursos humanos”.

Por ello, el Sindicato Médico ha reclamado que, más allá de las condenas públicas que se producen después de cada agresión, se adopten de una vez medidas “eficaces que permitan prevenirlas y proteger realmente a quienes cada día están al frente de la asistencia sanitaria”.

También la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado este lunes las agresiones físicas y verbales sufridas por los profesionales de ámbito sanitario y reclama al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que “garantice la seguridad en todos los centros incluyendo la dotación de personal de vigilancia en la Atención Primaria”.

550 incidentes entre enero y agosto

De acuerdo a los datos del último informe del Registro de Episodios Conflictivos (REC), se han registrado un total de 550 incidentes para el periodo de enero a agosto de 2026, con 321 agresiones en Atención Primaria y 228 en Atención Especializada, notificándose una incidencia en al Gerencia de Coordinación e Inspección.

Para la responsable de Prevención de Riesgos Laborales en el Sescam de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Victoria Gutiérrez, se trata de cifras intolerables: “Son más de dos agresiones al día, y aun así no se están cuantificando todos los episodios violentos”. “Muchos compañeros no denuncian por miedo o porque consideran que no sirve para nada, por lo que los datos, ya de por sí malos, no reflejan la terrible realidad de lo que está sucediendo poniendo además el foco en que el 77,7% de los trabajadores afectados fueron mujeres”.

Son más de dos agresiones al día, y aun así no se están cuantificando todos los episodios violentos

Victoria Gutiérrez — CSIF Sanidad Castilla-La Mancha

El sindicato señala que las agresiones de carácter verbal representan más del 95% de los casos (524 incidentes). Las agresiones físicas alcanzaron los 13 registros, seguidas por agresiones por escrito (2) y daños patrimoniales/informáticos (2).

Entre los centros de Atención Primaria más conflictivos sobresalen el centro de salud Toledo 3 de Santa María de Benquerencia (25), los consultorios de El Quiñón (21) y Yuncos (14) y los centros de salud de Seseña (10) y Añover de Tajo, todos ellos en Toledo; el centro de salud de Tobarra (13), en Albacete; o el centro de salud de Guadalajara-Manantiales (8). Entre los hospitales, el Hospital Universitario de Guadalajara (55), el Hospital Universitario de Toledo (41) y el Hospital General Universitario de Albacete (30) lideran esta triste estadística.

CSIF también destaca que todos las categorías y colectivos de profesionales están afectados, cuantificándose en médicos (217 incidentes), personal de enfermería (98), auxiliares administrativos (70) y auxiliares de enfermería (44).

CSIF asegura que las agresiones a profesionales “son un fenómeno muy perturbador que no para de crecer”. A lo largo de 2025 se registraron un total 808 incidentes, 112 más respecto a 2024. “Lejos de disminuir, la tendencia es preocupante, especialmente tras la pandemia: 696 incidentes en 2024; 646 en 2023; 623 en 2022; 560 en 2021; 519 en 2020 y 424 en 2019”.

Además del personal de vigilancia, desde CSIF se insiste en la necesidad de implantar nuevos recursos: desde la revisión del botón del pánico y la instalación de cámaras de seguridad; dotación de elementos disuasorios individuales sonoros y lumínicos; sistemas informáticos de alerta; implantar protocolos de seguridad; adaptación del espacio de atención asistencial como recurso para prevenir agresiones, con múltiples puntos de acceso y salida; una mayor coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; el desarrollo del régimen disciplinario respecto a aquellos pacientes que han realizado acciones de violencia y que reinciden, así como el acompañamiento en visitas domiciliarias.

Los bomberos de han tenido que intervenir en una vivienda de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) a petición del Sescam para colaborar en la evacuación de una persona que se encontraba en una casa con una “sospecha de fractura de cadera”, según han señalado en su perfil de la red social X. Para ello han tenido que utilizar una grúa con la que han podido evacuar al paciente en una camilla.

La persona afectada se encontraba en un dormitorio de la segunda planta de una vivienda unifamiliar. En la operación han participado cuatro bomberos del Parque de Puertollano, así como los sanitarios de una UVI móvil que han trasladado a la persona convaleciente.

La Junta Directiva de la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha considera “imprescindible” que cuanto antes se recupere el servicio tanto en la Unidad de Hospitalización Breve (UHB) como en las Urgencias de psiquiatría del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cerradas desde hace 169 días.

Una reclamación adoptada ayer con motivo de la reunión de este órgano de gobierno de la Federación, celebrada precisamente en Alcázar de San Juan, y donde la entidad local Luz de la Mancha, que en estos meses ha liderado el movimiento reivindicativo, expuso cómo está afectando la situación a la atención a la salud mental en un área sanitaria con más de 200.000 tarjetas sanitarias.

Fue el pasado 19 de marzo cuando la gerencia del centro hospitalario comunicó el inicio de “una adaptación temporal de la actividad del Servicio de Salud Mental”. Es decir, se redujeron servicios alegando que no había profesionales de Psiquiatría suficientes para cubrirlos.

Desde la Federación reclaman al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha “la adopción de las medidas necesarias” para revertir la situación, que radican en la contratación de profesionales de psiquiatría que permitan cubrir la plantilla asignada para este centro hospitalario y ofrecer “una atención digna, segura, constante y terapéutica” como la que existe en otras áreas sanitarias de la región.

También desde la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha quieren destacar el trabajo reivindicativo de su entidad asociada, “que en este tiempo ha recabado más de 26.000 firmas reclamando la reapertura, además de concentrarse hasta en ocho ocasiones frente al Hospital para que sus demandas no caigan en el olvido”.

¿Cómo ha repercutido el cierre?

Desde la organización apuntan que entre las principales consecuencias del cierre de servicios en el Hospital Mancha Centro quieren exponer la dificultad en el seguimiento continuado que están viviendo las personas con un trastorno mental grave, “más de 5.000 en el área sanitaria, fundamental para prevenir recaídas y favorecer su autonomía, que se están viendo obligadas a desplazarse a otros centros hospitalarios de la región, principalmente Toledo y Ciudad Real, para recibir la atención especializada que necesitan”.

Además, matizan que “se está poniendo en riesgo la atención de las personas que debutan con un problema de salud mental y que, por la actual situación, puedan ver comprometido o demorado en el tiempo el recibir la atención profesional que sea necesaria”.

Por otro lado, la Federación considera que esta situación afecta a la plantilla del hospital debido al “incremento de la presión y la carga laboral”.

No habrá nadie sentado en la silla de la consulta de Nefrología del Hospital de Hellín el lunes que viene. Su titular actual, la doctora Sara Piqueras, verá a sus pacientes por última vez este viernes, ya que la gerencia del Hospital le ha comunicado que su contrato no será renovado. De esta manera, este servicio de Nefrología se quedará sin la única médica especialista que trabajaba en él.

Con ello, quedan en el limbo los pacientes que atiende este servicio —577 en 2024—, que en principio pasarán a lista de espera, pues no hay citas agendadas a partir de la semana que viene y ni el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ni la gerencia del Hospital de Hellín han ofrecido explicación alguna sobre qué sucederá con el servicio.

Esta situación “preocupa” al Colegio de Médicos de Albacete. Su presidente, Blas González Montero, habla abiertamente de la “desaparición” de la Unidad de Nefrología del Hospital de Hellín y asegura que esto supondrá una “disminución de la calidad asistencial” para los pacientes que eran atendidos en ella.

“Tendremos peor control de los enfermos de riñón: los atenderemos peor y los atenderemos menos veces. Eso repercutirá también en la sobrecarga del servicio de medicina interna de Hellín, que ya tienen bastante. Y, además, esos enfermos que no se vean en Hellín se tienen que valorar en el servicio de nefrología del Hospital General de Albacete”, añade González Montero.

Para protestar contra este cierre, se ha convocado para este jueves una concentración ciudadana en los alrededores del Hospital de Hellín bajo el lema “Por una Sanidad 100% pública”.

34.000 kilómetros de desplazamientos ahorrados

El servicio de Nefrología del Hospital de Hellín comenzó su andadura en enero de 2024. Como única especialista fue designada la doctora Sara Piqueras, quien meses antes había presentado un proyecto para abrir dicha unidad en la localidad albaceteña y así evitar que los pacientes tuvieran que recorrer el trayecto de 50 minutos y 65 kilómetros que los separa de la capital de la provincia, a cuyo hospital tenían que acudir hasta entonces cada vez que tocaba pasar consulta.

Piqueras califica su trabajo como “proyecto asistencial de alto valor”, ya que su puesto permitía “cambiar las cosas” de la enfermedad renal. “Es una enfermedad muy silenciosa y muchas veces no se detecta hasta fases muy avanzadas. El tener esta especialidad cerca podía facilitar que los pacientes llegasen antes a ese diagnóstico a una valoración más integral”.

La doctora proporciona un dato: entre los pacientes que llegan a iniciar diálisis, aquellos que no habían sido valorados por Nefrología durante los 24 meses previos presentan una mortalidad del 51%, frente al 36% de quienes sí habían tenido seguimiento nefrológico.

Aquellos que no habían sido valorados por Nefrología durante los 24 meses previos presentan una mortalidad del 51%, frente al 36% de quienes sí habían tenido seguimiento nefrológico

Por encima de todas las ventajas de tener esta unidad en funcionamiento en Hellín, Piqueras destaca una: no tener que ir hasta Albacete para una consulta de Nefrología. “Es un desplazamiento que supone bastante para la gente de la zona porque la media edad de los pacientes que yo atiendo es de 65 años. Es una población mayor que es independiente y viven solos, pero que ya no conducen. Ir hasta Albacete, que tampoco se puede hacer en tren, es difícil para ellos”, añade la médica.

Esos desplazamientos a la capital de la provincia los conoce muy bien Soledad. A sus 52 años, lleva casi 30 siendo paciente de Nefrología. Antes del año 2024, cuando se abre la Unidad en el Hospital de Hellín, tenía que acudir hasta Albacete para ser atendida.

“Me acuerdo que, al principio, cuando detectaron que mi riñón era más pequeño de lo normal, tenía que ir a Albacete cada tres meses para tenerlo controlado”. Posteriormente, según la situación se estabilizaba, las revisiones se espaciaron a una cada seis meses y, más tarde, a una vez al año.

“A los viajes a Albacete, como yo no tengo coche, tenían que llevarme mi padre o a algún hermano que perdiera ese día de trabajar. No podemos depender de la familia de que estén perdiendo trabajo para poder subir”, añade la afectada.

Para Soledad y su familia, la creación de la Unidad de Nefrología en Hellín supuso un gran cambio, ya que también su tío y su padre son pacientes renales. “Mi padre está ahí con un hilo para la hemodiálisis y ella lo ha controlado muy bien”, asegura la paciente.

Según cálculos de la propia Piqueras, la aparición de este servicio en Hellín ha ahorrado a los pacientes más de 34.000 kilómetros en desplazamientos hasta Albacete, solo teniendo en cuenta la primera visita.

A la desaparición de la consulta se suma una reivindicación más antigua de los pacientes renales de la comarca: Hellín tampoco dispone de una unidad de hemodiálisis propia. Quienes necesitan este tratamiento —que obliga a acudir a una sesión dos o tres veces por semana— siguen teniendo que ir hasta Albacete, una demanda histórica de la Asociación de Enfermos Renales del área de Hellín (ADERHE). De hecho, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad en noviembre de 2024 estudiar la creación de un centro de diálisis en la comarca, un compromiso que a día de hoy sigue sin concretarse.

“Nefrología en Hellín era yo”

Sara Piqueras recibió la semana pasada la confirmación de que su contrato no sería renovado. Ella ya sospechaba que algo no iba bien cuando, a primeros de agosto, le pidieron que no continuase citando a pacientes para septiembre. Fue la puntilla para un servicio que prácticamente solo la tenía a ella como recurso humano.

“Nefrología en Hellín era yo”, resume resignada, mientras lamenta que no pudiera contar a su lado con un profesional de enfermería para ayudarla en la labor. Pidió formalmente dicho refuerzo, además de la incorporación a corto plazo de un segundo especialista en Nefrología y la asignación de recursos técnicos y administrativos. Nada de eso llegó.

No solo no le fueron proporcionados esos refuerzos que había solicitado, sino que la médica, al ser Nefrología parte de Medicina Interna, tuvo que colaborar a nivel asistencial ante la falta de personal.

La suma de ambos factores la llevó a una baja laboral entre enero y mayo de este año porque se vio “desbordada”. “Intenté solicitar ayuda por varios medios para tener un soporte mejor y para ofrecer un mejor trato a los pacientes. Como este no llegaba, me vi superada”.

Por eso, Antonio González Cabrera, médico de Atención Primaria, explicaba en un artículo publicado en este medio que esta realidad asistencial a la que se enfrentaba Sara “ha sido un desgaste profesional sistemático hasta el agotamiento, el abandono presupuestario, sin la dotación comprometida de enfermería, y la posterior no renovación del contrato que le han comunicado”.

Pretender que un proyecto asistencial de alto valor dependa únicamente del esfuerzo individual es una negligencia organizativa que termina penalizando al de siempre: el usuario

Antonio González Cabrera

González Cabrera sostiene que “pretender que un proyecto asistencial de alto valor dependa únicamente del esfuerzo individual es una negligencia organizativa que termina penalizando al de siempre: el usuario”.

“No se sabe qué pasará con los pacientes”

Desde el Colegio de Médicos de Albacete aseguran que, en los últimos meses, siendo conscientes de este problema, han mantenido reuniones “cordiales y constructivas” con el director gerente del Sescam, Alberto Jara, y con los gerentes del Hospital General de Albacete y del Hospital de Hellín.

“Me consta que el gerente del Sescam tenía toda la información de la evolución de la unidad de Nefrología de Hellín, y me mostró su preocupación también. Lo que ocurre es que solo con buena voluntad no se ha llegado a más”, explica Blas González Montero, presidente del Colegio de Médicos de Albacete, que afirma haber pedido nuevas reuniones con los gerentes de Albacete y Hellín para alcanzar una solución.

Por el momento, ante la falta de una explicación oficial del Sescam y de la gerencia del Hospital de Hellín, ni el Colegio de Médicos de Albacete ni Sara Piqueras tienen claro qué va a suceder a partir del lunes. “Los pacientes están en lista de espera. Así que no se sabe y eso es preocupante, porque tengamos en cuenta que estos enfermos necesitan atención continuada”.

Este medio se ha puesto en contacto con la gerencia del Hospital de Hellín para tratar de obtener su versión de los hechos y conocer cuál será el futuro de su Unidad de Nefrología, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.

“Muchas cosas se quedan en el aire y no sabes las consecuencias que pueden traer. Es mi mayor intranquilidad, porque si lo pienso solo por mí, pues tenemos trabajo más que de sobra en el ámbito médico”, concluye Sara Piqueras, que este viernes se sentará por última vez en la consulta de Nefrología del Hospital de Hellín, sin que se sepa si alguien ocupará su lugar a partir del lunes.

ACTUALIZACIÓN

Tras la publicación de este artículo, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha emitido un comunicado de prensa en el que explicaba, sin concretar medidas, que está trabajando para organizar la atención nefrológica de los pacientes del Área Sanitaria de Hellín “conforme al modelo asistencial que funciona en el conjunto de la región, con el objetivo prioritario de garantizar una asistencia de calidad, segura y accesible”.

Según explica el propio Sescam en el texto, “este modelo establece que, cuando un hospital no cuenta con una determinada especialidad dentro de su cartera de servicios, la atención a los pacientes se articula con el respaldo de los servicios especializados de referencia”.

“En el caso de Hellín, el Servicio de Nefrología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete ha sido tradicionalmente el servicio de referencia, al igual que ocurre con otras áreas sanitarias de la provincia, como Almansa y Villarrobledo y al igual que ocurre en el resto de hospitales de tamaño similar de la región. Esta referencia se ha mantenido durante todo este tiempo, especialmente para aquellos pacientes que han precisado una atención de mayor complejidad”.

Los profesionales que trabajan en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de Castilla-La Mancha, consideran que la fisioterapia desempeña un papel fundamental en la atención al paciente crítico y respaldan una mayor integración de estos especialistas dentro de los equipos multidisciplinares.

Esta es la principal conclusión de una encuesta multicéntrica realizada en hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), publicada recientemente en la revista Medicina Intensiva y difundida por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha (Coficam).

La investigación, liderada por profesionales de distintos hospitales de la región, analizó las actitudes, creencias y opiniones de médicos, enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y celadores acerca del papel de la fisioterapia en las UCI. En total, participaron 228 profesionales procedentes de ocho hospitales de Castilla-La Mancha con unidades de cuidados intensivos.

Los resultados muestran una valoración “muy positiva” de la fisioterapia dentro de estos servicios. Más del 81% de los encuestados considera que debería existir cobertura de fisioterapia todos los días de la semana en las UCI. Además, la puntuación global obtenida por las diferentes cuestiones evaluadas alcanzó una media de 4,65 puntos sobre 5, reflejando un amplio consenso sobre los beneficios de esta intervención.

Entre los aspectos mejor valorados destacan la importancia de disponer de fisioterapeutas de referencia integrados en las UCI y la convicción de que su incorporación mejora la calidad de los cuidados al paciente crítico, ambas cuestiones con una puntuación media de 4,92 sobre 5. También obtuvieron valoraciones muy elevadas la necesidad de iniciar los tratamientos de fisioterapia de manera precoz y la influencia positiva de estos profesionales en la recuperación de los pacientes.

“El trabajo pone de manifiesto que los profesionales sanitarios desean una mayor presencia de fisioterapeutas especializados en cuidados intensivos, con participación activa en las sesiones clínicas y una integración estable dentro de los equipos asistenciales. Asimismo, identifica la necesidad de seguir mejorando el conocimiento sobre las competencias específicas que estos profesionales pueden desarrollar en el entorno de los cuidados críticos”, explican desde Coficam.

Los autores señalan que la evidencia científica disponible ya ha demostrado que la fisioterapia en pacientes críticos contribuye a mejorar la función física, reducir las estancias hospitalarias y favorecer la recuperación, por lo que los resultados de esta encuesta refuerzan la necesidad de avanzar hacia una implantación más homogénea de estos profesionales en las UCI.

Según concluye la encuesta, la percepción de los profesionales de las UCI de Castilla-La Mancha es claramente favorable a una mayor integración de la fisioterapia en estos servicios, considerándola una intervención valiosa, necesaria y beneficiosa para la atención y recuperación de los pacientes críticos.

La Inspección de Trabajo ha requerido formalmente a la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo la adopción urgente de numerosas medidas preventivas y la corrección de “graves” deficiencias.

La actuación tiene su origen en una denuncia presentada por el delegado de prevención de CCOO ante la falta de respuesta efectiva a las reiteradas reclamaciones realizadas mediante escritos oficiales y en el seno de los Comités de Seguridad y Salud, según ha informado la central sindical por nota de prensa.

Tras la denuncia, la Inspección de Trabajo ha requerido a la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo la adopción de las medidas más urgentes, relacionadas con situaciones de especial gravedad, en un plazo de 15 días. Para la implantación del resto de medidas correctoras se ha establecido un plazo de dos meses.

El requerimiento afecta a un total de 63 servicios del Hospital Universitario de Toledo. Entre ellos se encuentran los laboratorios de Bioquímica, Microbiología y Anatomía Patológica, donde, tal y como viene denunciando el sindicato desde hace años, continúan existiendo problemas que todavía no han sido solucionados de forma definitiva.

Entre las situaciones a corregir se señalan riesgos en las cabinas de seguridad biológica que obligan a reparar o sustituir elementos; estrés térmico en la cámara frigorífica de bioquímica que requiere del uso de ropa de protección; almacenamiento de productos que no reúne las condiciones de ventilación aplicables; o falta de espacio en urgencias de psiquiatría donde se insta a realizar las exploraciones en un lugar donde no haya instrumentos que puedan emplearse para hacer daño, por citar algunas.

En el caso de los laboratorios, durante una comparecencia con representantes de la Gerencia y de la Inspección, el delegado de prevención puso de manifiesto que varias trabajadoras presentaban valores de ácido fórmico en orina superiores a los límites de referencia.

Ante estos hechos, la inspectora manifestó que investigaría la situación, teniendo en cuenta que las trabajadoras afectadas todavía no habían visto una adaptación efectiva de sus puestos de trabajo pese a que existe una comunicación interna del Servicio de Prevención en la que se plantea la necesidad de reubicarlas.

Preocupa “especialmente” la situación en los laboratorios

“Para CCOO resulta especialmente preocupante la situación de estos laboratorios donde casi dos años después de las intoxicaciones sufridas por varias trabajadoras siguen pendientes actuaciones fundamentales para garantizar plenamente la seguridad y la salud del personal”, han señalado desde el sindicato.

Asimismo, el sindicato destaca que, según las resoluciones recibidas por las trabajadoras afectadas, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha reconocido el recargo de prestaciones en relación con trabajadoras que causaron baja tras las intoxicaciones sufridas, al considerar que no disponían de medios de protección adecuados.

Para CCOO, estos hechos evidencian la gravedad de una situación que no puede seguir prolongándose en el tiempo.

“La salud de las trabajadoras y los trabajadores no puede depender de años de reclamaciones, denuncias o requerimientos de la Inspección de Trabajo para que se adopten las medidas preventivas necesarias”, han apuntado en este sentido.

El sindicato señala, no obstante, que se han producido cambios en la Dirección de Gestión se aprecia una actitud diferente y una mayor disposición a buscar soluciones.

CCOO espera ahora que los requerimientos efectuados por la Inspección de Trabajo se cumplan dentro de los plazos establecidos y que las medidas correctoras se traduzcan en actuaciones reales y efectivas.

“El sindicato continuará vigilando el cumplimiento de los requerimientos de la Inspección de Trabajo y exigiendo a la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo que garantice unas condiciones de trabajo seguras y saludables para toda la plantilla”, ha concluído CCOO.

El Hospital asegura que ya ha solucionado los riesgos de mayor prioridad

A preguntas de elDiario.es Castilla-La Mancha, fuentes del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo no se han referido de forma específica al requerimiento que ha solicitado Inspección de Trabajo, sino que han señalado que su servicio de prevención de riesgos laborales realiza anualmente la Planificación de la Actividad Preventiva, “que incluye la realización de las correspondientes Evaluaciones de Riesgos en las distintas áreas y puestos de trabajo”.

“Como resultado de dichas evaluaciones, se identifican las medidas preventivas necesarias y se establece una priorización de las actuaciones en función del nivel de riesgo, atendiendo a la probabilidad de ocurrencia y a la gravedad potencial de sus consecuencias. Sobre esta base, la Dirección Gerencia impulsa y coordina la ejecución de las actuaciones correctoras previstas, desarrollando un plan de intervención progresivo a lo largo del ejercicio y adecuando su ejecución a la prioridad de los riesgos detectados”, añaden las mismas fuentes.

Por último, desde el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo afirman que las actuaciones asociadas “a los riesgos de mayor prioridad se encuentran ya ejecutadas o en fase avanzada de ejecución”. “Asimismo, para el resto de medidas preventivas se dispone de una planificación específica, encontrándose una parte significativa de ellas ya implantadas”, culminan.

Una enfemera resultó herida el pasado viernes tras ser agredida en el centro de salud de Agudo (Ciudad Real ) al intervenir para defender a una paciente que estaba siendo agredida por su propio hijo.

Una agresión que ha sido denunciada por el Sindicato de Enfermería SATSE en Ciudad Real, que ha mostrado su “absoluto rechazo” ante este suceso.

Los hechos ocurrieron hacia las 11.00 horas cuando la enfermera atendía en consulta a una paciente. Durante la cita llegó el hijo de la mujer, también paciente de la profesional, y se sentó junto a su madre, según el relato que ofrece el sindicato en nota de prensa.

La enfermera le recordó que debía renovar una medicación mensual y, al indicarle la fecha correspondiente, la madre le recomendó acudir a la farmacia para encargarla.

El joven, según SATSE, reaccionó de forma agresiva verbalmente hacia su madre, lo que llevó a la enfermera a pedirle que no le hablara así. La situación se fue tensando hasta que el hombre insultó a su madre y, de forma repentina, la golpeó con el puño en la cabeza y en el rostro, causándole heridas en el labio y la nariz, y tirándola al suelo, donde continuó agrediéndola con patadas mientras ella permanecía en posición fetal.

Ante la gravedad de lo que estaba presenciando, la enfermera se interpuso entre ambos para apartar al agresor, que entonces la golpeó también a ella, propinándole puñetazos y patadas, dejándola momentáneamente aturdida.

La profesional cayó sobre la mesa de consulta y, en ese momento, otras personas intervinieron para reducir al agresor y sacarlo de la sala.

Fue necesaria la presencia de la Guardia Civil

La Guardia Civil acudió al centro de salud tras el suceso. Como consecuencia de la agresión, la enfermera presenta hematomas en un ojo, en la barbilla, en la clavícula, en los brazos y en ambas piernas.

La profesional, con 35 años de trayectoria, ha señalado que es la primera vez que sufre un episodio de estas características y ha solicitado y obtenido una orden de alejamiento, presentado la correspondiente denuncia.

Para SATSE es “intolerable” que los profesionales sanitarios continúen sufriendo agresiones, “ya sean físicas o verbales, cuando están trabajando para ofrecer la mejor atención sanitaria posible a los ciudadanos”.

Hablar de presupuestos de un organismo público es algo árido, propio de despachos, números e informes técnicos. Sin embargo, detrás de cada partida presupuestaria no ejecutada hay vidas concretas, desplazamientos agotadores e inequidad territorial.

Un claro ejemplo de esta brecha entre el titular político y la realidad social lo encontramos en la gestión del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y, muy en particular, en la aún postergada puesta en marcha de la Unidad de Diálisis del Hospital de Hellín.

Intentando responder a la pregunta recurrente de un paciente sobre si faltan recursos económicos para dotar plenamente a la comarca de este servicio vital, la respuesta contable es tajante: no es un problema de dinero, es un problema de prioridad política.

Afirmo esto tras consultar los datos oficiales de la ejecución presupuestaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de dos canales públicos oficiales. En el portal de la Intervención General de Castilla La Mancha, que publica periódicamente los informes mensuales detallados de ejecución presupuestaria tanto de ingresos y gastos, y en el portal CIMCANET del Ministerio de Hacienda, que recopila la información de ejecución presupuestaria homogénea de todas las Comunidades Autónomas.

Hay que tener en cuenta que la publicación de la ejecución mensual por parte de las Administraciones Públicas suele llevar un desfase técnico de entre 30 y 45 días tras el cierre de cada mes por el concepto de consolidación contable.

Si acudimos a los informes mensuales de ejecución presupuestaria que publica la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha -disponibles en este enlace-, en la página 300 observamos un patrón recurrente.

Partidas específicas destinadas al tratamiento de pacientes renales (como el Club Diálisis o la Hemodiálisis domiciliaria) presentan, bien entrado el ejercicio presupuestario (31 de julio), porcentajes de ejecución alarmantemente bajos respecto al crédito inicialmente asignado. Es decir, la partida está consignada en el papel, la liquidez existe en la administración, pero el dinero no llega a convertirse en recursos asistenciales reales.

Desde una perspectiva de compromiso con los servicios públicos, esta parálisis en la ejecución no representa una muestra de “prudencia fiscal” ni de “eficiencia administrativa”. Al contrario: retener crédito presupuestario destinado a la salud de la ciudadanía implica un déficit asistencial.

Para un paciente renal de Hellín o de las comarcas de la Sierra del Segura y los Campos de Hellín, cada mes de retraso no se traduce en un porcentaje contable, sino en cientos de kilómetros semanales por carretera para recibir tratamiento en Albacete, en condiciones de salud sumamente complejas.

El modelo de gestión del Gobierno regional en materia sanitaria evidencia una peligrosa inercia. Prima la contención del gasto, la burocracia administrativa y la centralización de servicios por encima del principio rector que debería guiar a cualquier gobierno de izquierdas: la equidad territorial y el acceso universal a la salud.

Descentralizar la atención médica y llevarla a las comarcas no es un capricho; es la única vía real para vertebrar el territorio, fijar población en el medio rural y garantizar que no existan ciudadanos de primera y de segunda según su código postal.

La sanidad pública no se defiende únicamente aprobando presupuestos vistosos en las Cortes regionales; se defiende ejecutándolos hasta el último euro donde más se necesita. Cuando existe respaldo presupuestario y demanda social, dilatar la apertura de servicios esenciales en la periferia bajo excusas de tramitación administrativa es una decisión política deliberada.

La comarca de Hellín no necesita más promesas en papel ni justificaciones técnicas. Necesita que el presupuesto aprobado se traduzca en derechos ejercidos. Todo lo demás es, simple y llanamente, falta de voluntad política.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha culminado la implantación de la transfusión sanguínea prehospitalaria en los cuatro helicópteros sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Con la iniciativa, se “garantizar esta capacidad asistencial en cualquier punto del territorio regional y seguir mejorando la respuesta a los pacientes con hemorragias graves y otras situaciones críticas antes de su llegada al hospital”.

Este martes, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha visitado la base del helicóptero sanitario Gigante 4, en Toledo, donde ha destacado que este proyecto “vuelve a demostrar que la innovación sanitaria solo tiene sentido cuando sirve para salvar vidas y para ofrecer la misma respuesta asistencial a cualquier ciudadano, viva donde viva”.

Con la incorporación de los helicópteros con base en Toledo y Albacete al programa de transfusión prehospitalaria, el Gobierno regional completa un despliegue iniciado en 2014 con el helicóptero de Ciudad Real y ampliado posteriormente al de Cuenca.

“Hoy podemos decir que cualquier ciudadano de Castilla-La Mancha que sufra una hemorragia grave y precise una transfusión urgente puede recibir ese tratamiento incluso antes de llegar al hospital. Estamos acercando la medicina crítica al lugar donde se produce la emergencia, porque en estos casos cada minuto cuenta”, ha afirmado Fernández Sanz.

“Determinante” para aumentar la posibilidad de supervivencia

La transfusión precoz constituye una de las actuaciones “más determinantes” para aumentar la supervivencia de pacientes con hemorragias masivas derivadas de accidentes de tráfico, traumatismos graves, hemorragias digestivas, roturas de aneurisma u otras situaciones de extrema gravedad.

La evidencia científica demuestra que cada minuto de retraso en el inicio de un protocolo de transfusión masiva incrementa la mortalidad aproximadamente un cinco por ciento, por lo que disponer de esta capacidad desde el primer momento resulta decisivo, según explica Sanidad.

Además de atender directamente a los pacientes, los helicópteros sanitarios actúan como auténticos 'bancos de sangre volantes', pudiendo suministrar componentes sanguíneos a otras unidades de emergencias cuando la situación lo requiere y reforzando así la capacidad de respuesta del conjunto del sistema sanitario regional.

El consejero ha querido reconocer expresamente el trabajo de todos los profesionales implicados en este proyecto. “Detrás de este avance hay muchos años de esfuerzo, innovación y coordinación entre los equipos de emergencias, los centros de transfusión y los profesionales sanitarios. Gracias a ellos, Castilla-La Mancha vuelve a situarse a la vanguardia de la atención a las emergencias sanitarias”, ha señalado.

En septiembre se incorporará el sistema a cinco UVI móviles

Tras culminar el despliegue en la flota aérea, el Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará el próximo mes de septiembre una nueva fase del programa destinada a incorporar progresivamente la capacidad de transfusión sanguínea a las unidades móviles terrestres de emergencias, priorizando aquellos recursos con mayor necesidad asistencial y estratégica.

“Nuestro compromiso no termina aquí. El siguiente paso será llevar esta capacidad también a las unidades terrestres para seguir acercando la medicina crítica avanzada allí donde se encuentra el paciente. Queremos que el tiempo juegue cada vez más a favor de la vida”, ha anunciado Fernández Sanz.

Así, Castilla-La Mancha “será la primera comunidad autónoma de España en incorporar la transfusión sanguínea a las UVI móviles del sistema público de emergencias”, ha explicado el consejero, quien ha precisado que el objetivo inicial en esta nueva etapa es implantar este procedimiento en cinco UVI móviles, una por provincia, comenzando el despliegue en la unidad de Guadalajara.

Zaragoza será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frustrando así las expectativas de Toledo, que había presentado candidatura el pasado mes de enero. También se han quedado fuera Granada, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo.

El recurso servirá para “poder comprender y responder de manera mucho más eficaz a pandemias como la que sufrimos hace seis años”, decía Pedro Sánchez. De paso, se da continuidad al proceso de “desconcentrar” las sedes de los organismos estatales, normalmente ubicados en la capital de España.

Pero, ¿por qué no se ha elegido Toledo? El Gobierno ha desvelado este miércoles los motivos por los que descartó a todas las candidaturas restantes y en el caso de la capital de Castilla-La Mancha, la razón está en que el Gobierno regional ofreció un inmueble sin terminar y con documentación todavía preliminar.

Se propuso un “edificio de reserva” en el hospital de Toledo, sin terminar

La candidatura de la ciudad de Toledo fue presentada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Sanidad. Propuso un modelo de sede única en “un edificio de reserva” del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, de titularidad autonómica, “que se encuentra en distinto grado de ejecución constructiva”, señala la orden del Consejo de Ministros celebrado ayer martes y que suscribe el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños.

Pese a que en la candidatura se valoró de forma favorable el argumento de la situación de Toledo como nodo intermedio entre Madrid y el resto de la red nacional, la propuesta en este aspecto se desarrolló “de forma general y sin análisis de impacto territorial cuantificado” o el hecho de que el edificio fuese público y con suficiente superficie.

Sin embargo, se trata de un edificio de reserva sin terminar y con documentación escasa y de carácter preliminar“, con equipamiento ”insuficiente“ y con ”ausencia de propuesta de inventario y de cuantificación de los costes de dotación“. Todo eso no jugó a favor de la propuesta. Además, señala el ministerio, para que el edificio estuviera disponible había que redactar proyecto, ejecutar obras, licitar y obtener licencias, con un horizonte total que podría superar el año desde la adjudicación.

Otra de las cuestiones que tumbaron la candidatura fue el hecho de que no se aportasen “medidas cuantificadas ni compromisos formalizados más allá de declaraciones genéricas” en cuanto al apoyo financiario o logístico de la sede. Fue además, la única candidatura que no remitió la información adicional solicitada durante la fase de ampliación de datos.

Ulises tardó diez años en volver de Troya a Ítaca. A mí, la Unidad del Dolor del Complejo Hospitalario de Albacete me lleva desde finales de agosto navegando por un mar de tonos de espera, contestadores automáticos y un teléfono que solo existe entre las ocho y las diez de la mañana, como si fuera un portal dimensional que se abre y se cierra por voluntad propia. Calculo que, a este ritmo, llegaré a mi Ítaca particular —una consulta con el especialista— más o menos cuando mis hijos terminen la universidad.

La historia, para quien no la conozca, es sencilla y a la vez perfectamente kafkiana. Mi médico de traumatología, en agosto, decidió que ya no podía hacer más por mis problemas de cadera y pierna y me derivó a la Unidad del Dolor. Con buen criterio, me avisó de que tardarían. “Ten paciencia”, me dijo. Lo que no me dijo —porque probablemente ni él lo sabía— es que 'paciencia' en el diccionario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se mide en semestres.

La cita llegó a finales de enero. Cinco meses de espera para la primera consulta, que, dicho sea de paso, no está nada mal si lo comparamos con los diecisiete meses que un paciente de la propia Castilla-La Mancha esperó para ser visto en la Unidad del Dolor del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, según recogió la prensa hace un par de años. Empezamos ya con buen pie: al menos no soy el peor caso de la comunidad autónoma. Es un consuelo pequeño, lo reconozco, pero en esto hay que agarrarse a lo que se pueda.

El problema vino después. El día señalado para mi cita amanecí con una gastroenteritis de las que hacen historia. Confieso que, en un arrebato de heroísmo mal entendido, valoré presentarme igualmente con tal de no perder el hueco. Por fortuna, la sensatez —y el sentido común de mis tripas— se impuso, y opté por llamar ese mismo día para avisar y pedir que me reprogramaran.

Aquello, que en cualquier sistema mínimamente funcional sería un trámite de cinco minutos, se ha convertido en mi particular Stranger Things: cada vez que marco el número de reprogramación de citas, tengo la sensación de estar llamando a la puerta del Mundo del Revés. Se abre, sí, pero al otro lado no hay Demogorgon ni Once con sus poderes: solo silencio, comunicante, o la desconexión educada tras diez minutos de espera.

Hoy es 8 de julio. Han pasado más de cinco meses desde aquella gastroenteritis y todavía no tengo nueva cita. No es que no lo haya intentado: he llamado, sin exagerar, en torno a doscientas veces, siempre dentro de la estrecha ventana horaria de las ocho a las diez de la mañana que, por lo visto, es la única en la que el teléfono se digna a existir. He presentado tres quejas a través de Atención al Paciente. El resultado, para quien tenga curiosidad estadística, ha sido de una elocuencia devastadora: cero respuestas. Ni una. Ni para bien ni para mal. El silencio administrativo elevado a categoría artística.

Y no soy un caso aislado ni mucho menos el más grave. El propio Defensor del Pueblo ha tenido que intervenir en el pasado para pedir a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha que redujera la demora en esta misma Unidad del Dolor de Albacete, después de que un paciente esperase años por un procedimiento ya programado. Y las cifras generales tampoco ayudan a la épica: Castilla-La Mancha suma más de 30.000 personas en listas de espera sanitaria, con la Unidad del Dolor entre las especialidades, junto a Traumatología, que acumulan más demora en el conjunto del país. Así que no, no es un capricho mío. Es un patrón.

Quiero pensar que detrás de cada llamada que nadie coge hay compañeros sanitarios desbordados, con menos manos de las necesarias, no una indiferencia deliberada. Pero el sistema, tal y como está montado, no distingue entre el paciente con paciencia infinita y el que ya no puede más de dolor. Y ese matiz, que parece pequeño, es justo el que convierte una demora administrativa en un problema de salud.

No pido un milagro. Pido lo que cualquier persona que cotiza religiosamente a la Seguridad Social debería poder dar por hecho: que si te dan una cita, te la respeten o te la reprogramen en un plazo razonable; que si llamas, alguien conteste; que si pones una queja, alguien la lea. Pido que se refuerce el servicio si no hay médicos suficientes, que se abran más líneas si el teléfono colapsa, y que a los pacientes de la Unidad del Dolor de Albacete se nos trate con la humanidad que el nombre de la unidad, con cierta ironía, promete.

Porque, seamos sinceros, cabe preguntarse: ¿es este el servicio que nos merecemos los ciudadanos de Castilla-La Mancha? ¿Es esta la “gestión eficiente” de listas de espera de la que tanto se presume en las notas de prensa institucionales? Y ya puestos a pedir, ¿son estos los grandes adelantos que nos iba a traer la Inteligencia Artificial, de la que no se habla de otra cosa en 2026? Porque a mí, de momento, ni un chatbot me ha cogido el teléfono a las ocho y media de la mañana. Igual ahí, paradójicamente, tendrían más suerte que conmigo: al menos una máquina no cuelga.

Mientras tanto, seguiré llamando cada mañana entre las ocho y las diez, como quien reza una novena. Ulises, al menos, sabía que algún día llegaría a Ítaca. Yo, de momento, solo tengo un número de teléfono que comunica.