De los creadores de “Sánchez permitirá un referéndum en Cataluña”, “Sánchez prepara un pucherazo electoral” y “Sánchez nos lleva hacia una dictadura”, llega ahora a sus pantallas “Sánchez contra el rey”. En esta nueva entrega de la saga musical, el malvado protagonista aprovecha una crisis en Ceuta para poner en apuros al rey Felipe VI, y después anunciar un referéndum sobre la república que le permitirá perpetuarse en el poder y eludir sus problemas con la justicia. “Juas, juas, juas”, resuena en el tráiler la risa diabólica del autócrata.

Si lees prensa de derecha (y hablo de prensa que se dice seria, no pseudomedios), escuchas tertulias televisivas y radiofónicas, tienes redes sociales o familiares muy activos en WhatsApp, ya estarás al tanto del último grito en teorías de la conspiración: Pedro Sánchez prepara su última bala, un referéndum sobre la forma de Estado, que liquidará la monarquía, la democracia y los últimos restos del espíritu de la Transición, para así movilizar al electorado de izquierda, ganar las elecciones y mantenerse en el poder, paso previo a una reforma constitucional que le permita perpetuarse en el cargo. “Juas, juas, juas”, ríe el Fu-Manchú de Moncloa.

No me lo invento, el runrún viene de lejos, y todo suma. Te copio solo unos pocos titulares de este mismo martes (insisto, de la prensa que seguimos considerando respetable): “El plan de Sánchez contra el rey”. “Sánchez acelera por la crisis de Ceuta el plan para desgastar al rey”. “Sánchez arrastra al PSOE a un choque total contra el rey”. “Sánchez desdeña al rey y escala la tensión con Zarzuela”. “Sánchez contra el rey: la última desvergüenza de un presidente sin límites”. “Sanchismo duro hasta el final: hostilidad con el rey y negación de la alternancia”. Esto solo de ayer, podría llenar varios párrafos con noticias y columnas de los últimos meses. Lo resumió bien Miguel Tellado, el Demóstenes del PP: “Si tiene que elegir, Sánchez está con Mohamed VI y no con Felipe VI”.

Ríete tú si quieres, pero poca broma: la derecha mediática y política ha cogido el supuesto desaire de Pedro Sánchez al rey (por recordar que no haya ido a Ceuta en todos estos años), lo ha sumado con un tuit de Óscar Puente donde “señalaba a la Corona” por afearle a Felipe VI que saludase a un conocido bulero de ultraderecha, y ha concluido, tachán, tachán, que está en marcha un plan mefistofélico que de aquí a unos meses acabará con la monarquía, con la democracia y con España como la conocemos. Como diría aquel, dónde hay que firmar, que me apunto.

No te emociones, que no es para tanto. La loca teoría de la conspiración sobre Sánchez y la república lleva circulando los mismos años que lleva Sánchez en el gobierno. Desde el minuto uno. Lo decía ya Pablo Casado, del que ni nos acordamos. Lo vaticinaba Luis María Anson hace seis años. Lo dice Pérez Reverte en El Hormiguero. Lo dice por supuesto Ayuso. Lo llevan diciendo en Twitter desde siempre. ¿Necesitas más argumentos de autoridad? No sé, yo sigo pensando que el PSOE ha sido y es el partido más monárquico de España, incluso más que el PP. Y tampoco parece que esté el ambiente para aventuras políticas de ese calibre, pero qué sabré yo.

Y así comienza el apasionante curso político que nos conducirá a las próximas elecciones. Juas, juas, juas, ay...

Ante la duda, agita la bandera. Y si puedes reclutar al rey para la causa, mucho mejor. En el ambiente patriótico-festivo que la derecha quiere promover como solución a todos los problemas de Ceuta, era cuestión de tiempo que intentara utilizar a Felipe VI como arma contra Pedro Sánchez. Ya ocurrió lo mismo con la visita de ambos a Valencia después de la dana. El primero es la encarnación de las virtudes de un ser humano. El segundo está poseído por el mal.

Concentrado en encontrar una solución a la presencia de miles de extranjeros en Ceuta que no vulnere la ley y que sea aceptada por las autoridades marroquíes, al Gobierno no le interesa cualquier hecho que pueda hacer descarrilar todo el proceso. Aunque no lo diga en voz alta, una visita de Felipe VI a la ciudad en estos momentos podría poner en peligro todo el proceso. Marruecos lo consideraría poco menos que una provocación. Para la oposición, un acontecimiento que perjudique por igual a Sánchez y a Mohamed VI es una fantástica oportunidad.

Una respuesta algo confusa de Sánchez en la entrevista del lunes a una pregunta sobre un hipotético viaje del monarca a Ceuta dio paso a la rueda de declaraciones habituales. “El rey lleva reinando más de veinte años (en realidad, son doce). ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla?”. Larga pausa. “No ha ido ninguna vez. Con administraciones del PSOE y del Partido Popular”. Fue hace 20 años cuando Juan Carlos I visitó las dos ciudades, la única vez que lo hizo, lo que provocó fuertes protestas del Gobierno marroquí.

Sánchez también comentó que “hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin Ceuta y Melilla”. Ningún presidente del Gobierno se atrevería a prohibir al rey aparecer en esas dos ciudades españolas y que se supiera, aunque debería tener mucho cuidado a la hora de elegir el momento. Unos días de exaltación nacional pueden suponer un precio muy alto para los intereses de Ceuta en estos momentos, cuando la prioridad debería ser resolver la crisis actual. Además, la agenda de viajes del rey tampoco debe poner en riesgo la política exterior de España y es al Gobierno a quien le compete dirigirla.

“Nos negamos a convertir las instituciones más relevantes de España en motivo de confrontación política y manoseo partidista”, dijo el lunes Borja Sémper sobre lo que podría hacer el rey. Al día siguiente, llegó el “manoseo” por boca de Miguel Tellado, que siempre está más cerca de lo que se podría llamar la posición oficial del PP: “Sánchez está con Mohamed VI y no con Felipe VI”. En la misma línea estuvo Ester Muñoz: “Sus intereses no son los de España”.

Son el tipo de mensajes con los que el PP ha promovido la asistencia a las concentraciones del miércoles ante los ayuntamientos con el fin de reafirmar la españolidad de Ceuta y –esto es más importante para el PP– de colocar al Gobierno en el campo de los traidores a la patria.

Las palabras del presidente fueron definidas por la prensa conservadora como un ataque a la monarquía. Es otro de los argumentos habituales con los que se deslegitima al Gobierno. “Sánchez utilizó a Felipe VI como comodín para desviar el debate sobre su falta de acierto ante una crisis que este fin de semana cumplió un mes”, dijo un editorial de ABC. En realidad, estaba respondiendo a la pregunta del periodista y, como es habitual en los políticos, reservó una parte de la respuesta a presumir de algo que había hecho (visitar cuatro veces esa ciudad).

El 1 de agosto, la Casa Real difundió un mensaje de Felipe VI en el que expresó su “gran preocupación e indignación” por los sucesos de Ceuta. “El Estado debe velar por su seguridad (de los habitantes de Ceuta) y por evitar que estos hechos, que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse”, decía el texto. Pocos días después, recibió en Mallorca al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en lo que era una iniciativa de Zarzuela. Había un reproche implícito al Gobierno por no haber sabido evitar que ocurriera ese ataque a la integridad nacional. Por otro lado, el Gobierno sabe que la protección de las fronteras forma parte de sus responsabilidades.

Al igual que con su discurso del 3 de octubre de 2017 después del referéndum del procés, Felipe VI no esperó a recibir instrucciones del Gobierno para dejar claro su punto de vista sobre hechos de gravedad.

Frente a lo que suele argumentar el PP y algunos columnistas, al Gobierno de Sánchez no le interesa chocar en público con Zarzuela y mucho menos en una crisis como la actual. Por eso, no es extraño que la ministra portavoz tuviera instrucciones de borrar cualquier apariencia de discrepancia. Elma Saiz dijo que no había “ningún reproche” al monarca en las declaraciones de Sánchez y que solo había constatado una realidad sobre las visitas anteriores de los dos reyes a Ceuta, una sola en veinte años en 2007.

La gran polémica quedó así bastante aguada y ni las insistentes preguntas de los periodistas iban a poder revivirla. No será un gran problema para los medios de comunicación que están convencidos de que Sánchez está ejecutando un pérfido plan para acabar con la monarquía, la democracia y todas las cosas bonitas de la vida.

La carroza de Carlos II cambió de ocupante cuando el monarca supo que un sacerdote llevaba el viático a un moribundo. Aquel episodio, situado el 20 de enero de 1685 en el paseo de la Florida de Madrid, quedó asociado al origen de una costumbre cortesana basada en ceder al clérigo el medio de transporte real para facilitar su llegada junto al enfermo.

La escena comenzó con el cruce entre la caravana del rey y un sacerdote que avanzaba despacio, acompañado por un niño que portaba un farol. Cuando Carlos II recibió la explicación sobre el destino del clérigo, se apeó y puso su carroza a disposición del cura.

La escena pasó a representar una forma de entender la monarquía

El relato, recogido por ABC, ha sobrevivido como una leyenda vinculada a la Casa de Habsburgo y a la relación entre la Corona y el rito católico del viático. Su fuerza procede de una escena breve, fácil de reconocer y ligada a una obligación religiosa que debía cumplirse antes de que muriera el enfermo.

El sentido del episodio dependía de la urgencia que rodeaba al sacramento. El sacerdote se dirigía a la casa de un hortelano moribundo y el carruaje permitía reducir el trayecto que todavía debía recorrer. La cesión colocaba los deberes religiosos por delante del uso personal de la carroza, mientras el soberano abandonaba temporalmente el lugar reservado para él. Esa inversión de posiciones explica que la historia terminara convertida en una imagen reconocible de la monarquía de la época.

La profesora Rocío Martínez López, historiadora de la Universidad Autónoma de Madrid centrada en el estudio de las dinastías reales, recuperó hace unos meses esa lectura al relacionar el episodio con unas imágenes de Felipe VI y León XIV en el aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos. Su comparación no presentaba ambos hechos como idénticos, pero señalaba la continuidad de un lenguaje simbólico basado en que el rey cede un recurso propio al pontífice o a un representante de la Iglesia.

Martínez López resumió esa conexión desde su campo de estudio, ya que la especialista escribió en redes sociales que “como historiadora, en mi mundo, esto es el equivalente del siglo XXI a la leyenda Habsburgo”. La frase remitía a una forma de representación propia de la Edad Moderna, cuando una acción de ese tipo podía fijarse mediante una obra destinada a conservar su sentido político y religioso.

El grabado de De Hooghe inmortalizó el instante de la cesión

El antecedente de Carlos II quedó registrado precisamente a través del arte. El grabador holandés Romeyn de Hooghe representó el instante en el que el rey entregaba su carruaje al sacerdote. La composición conservó el momento de la cesión, con el cambio de ocupante como centro del relato y con la carroza convertida en el objeto que hacía posible la ayuda. “En la Edad Moderna se hacía un cuadro con esto”, le dijo a un usuario.

Lucas Valdés se fijó en lo que ocurrió justo después. En su pintura, conservada en la iglesia de los Venerables de Sevilla, el sacerdote aparece sentado en el lugar del rey mientras la carroza avanza hacia la casa del hortelano enfermo. La obra deja atrás el momento de la cesión y se centra en su consecuencia, que fue acelerar la llegada del viático hasta el moribundo.

Las dos imágenes acabaron dando forma al relato. El grabado de Romeyn de Hooghe conservó el instante en que Carlos II entregó su carruaje, mientras la pintura de Valdés mostró al clérigo ya en camino. Juntas permitieron seguir el episodio desde la decisión del monarca hasta el cumplimiento de la asistencia religiosa.

Las dos obras mantuvieron viva la historia durante siglos

Aquel episodio no dio lugar a una costumbre que los reyes tuvieran que repetir, ya que no se hizo ninguna ley al respecto, pero sí acabó convertido en un símbolo de una determinada forma de entender la monarquía. La historia se conservó gracias a los historiadores que la recuperaron con el paso del tiempo y a las obras que inmortalizaron el instante en que el sacerdote pasó a ocupar el asiento del soberano.

La comparación planteada por Martínez López desempolvó aquel episodio ocurrido en el Madrid de 1685. La historiadora vio un paralelismo entre la decisión de Carlos II de ceder su carruaje para que un sacerdote llegara antes junto a un moribundo y las imágenes de Felipe VI con León XIV a bordo del avión Falcon.

El grabado de De Hooghe y la pintura de Valdés evitaron que aquel episodio quedara reducido a un relato transmitido únicamente de forma oral. Ambas obras ayudaron a preservar la escena y contribuyeron a que acabara convirtiéndose en una de las leyendas más conocidas vinculadas a la monarquía española.

El vacío que se abrió alrededor de Carlos VI acabó diciendo tanto sobre su enfermedad como sus delirios, porque cada ausencia devolvía poder a familiares y facciones que aprendieron a gobernar prescindiendo de su intervención.

Aquel rey recibido años antes como el Bienamado fue quedando asociado a una corona intermitente, hasta que el Loco dejó de describir un episodio aislado y pasó a identificar una incapacidad que condicionó Francia.

Una expedición terminó con varios caballeros muertos en 1392

Carlos VI de Francia, rey entre 1380 y 1422, sufrió una enfermedad mental prolongada que alternó periodos de lucidez con recaídas capaces de apartarlo temporalmente de sus funciones. La Chronique du Religieux de Saint-Denis, obra del cronista oficial del reinado, conservó una de las principales descripciones contemporáneas de esas alteraciones, y las crónicas de Juvénal des Ursins aportaron otros testimonios. La acumulación de episodios terminó desplazando la imagen del monarca prometedor hasta convertir su estado mental en uno de los rasgos más identificativos de su figura pública.

Antes de aquella transformación, Carlos había heredado la corona con 11 años y pasó buena parte de su juventud bajo la tutela política de sus tíos, que controlaron el Consejo de Regencia. Al recuperar capacidad de decisión en 1388, apartó a esos príncipes y recurrió a antiguos consejeros de su padre, llamados Marmousets por el cronista Jean Froissart. La mejora del gobierno y la pacificación le valieron el apelativo de el Bienamado, muy alejado de la denominación que acabaría imponiéndose.

El 5 de agosto de 1392, durante una expedición hacia Bretaña, el joven monarca atravesaba el bosque próximo a Le Mans cuando su comportamiento quebró la normalidad de la comitiva. World History Encyclopedia relata que un hombre vestido con harapos le advirtió de una supuesta traición y, poco después, un paje dejó caer una lanza sobre un casco de acero. Carlos desenvainó la espada, atacó a sus propios caballeros y mató a varios antes de ser reducido, en el primer brote psicótico público documentado.

Carlos VI creía que su cuerpo puede romperse

Las recaídas posteriores añadieron síntomas que alimentaron todavía más la fama del monarca, desde etapas en las que no reconocía a su esposa o a sus hijos hasta periodos de abandono físico. Sky History recoge que en noviembre de 1405 tuvo que ser bañado por la fuerza tras cinco meses sin lavarse, con llagas infectadas y piojos. También desarrolló la llamada delusión de cristal, por la que creía que su cuerpo podía romperse en mil pedazos y llegó a llevar refuerzos de hierro en la ropa.

El futuro papa Pío II recogió una versión de aquel temor corporal que terminó convertido en uno de los relatos más conocidos sobre Carlos VI. “A veces pensaba que estaba hecho de cristal y no permitía que lo tocaran”, escribió al referirse a la enfermedad del rey.

El investigador Gill Speak, autor en 1990 de un estudio sobre la delusión de cristal en Europa, lo consideró “posiblemente el primer caso de un hombre que creía que todo su cuerpo estaba hecho de cristal”. En 1399 se registraron seis ataques en un solo año.

La falta de pruebas impide confirmar una enfermedad concreta

El deterioro del rey terminó alterando la estructura política de Francia, ya que Isabel de Baviera, Luis de Orleans y los duques de Borgoña ocuparon espacios de poder que la corona dejaba libres con frecuencia cada vez más importante.

El asesinato de Luis de Orleans en 1407 aceleró la guerra civil entre armagnacs y borgoñones, mientras Enrique V venció en Azincourt en 1415. El Tratado de Troyes de 1420 llevó a Carlos a reconocer al rey inglés como heredero y a desheredar a su hijo, futuro Carlos VII.

La medicina moderna ha propuesto diagnósticos distintos para explicar las recaídas de Carlos VI, entre ellos esquizofrenia, trastorno bipolar, porfiria y otras enfermedades neurológicas o metabólicas. Un equipo de psiquiatras franceses defendió en 2018 la hipótesis de un trastorno bipolar a partir de episodios maníaco-depresivos de intensidad variable separados por periodos sin síntomas, mientras un análisis académico de 2017 contabilizó 56 crisis de salud mental.

Ninguna propuesta puede cerrarse mediante pruebas actuales, porque falta un diagnóstico médico contemporáneo y tampoco existen restos analizados con técnicas modernas.

La ropa gastada que llevaban muchas mujeres pobres de la Londres victoriana delataba una vida expuesta a noches largas y escasos recursos. Jack el Destripador tiene cinco víctimas consideradas canónicas, aunque otros asesinatos cometidos en aquellos años llegaron a relacionarse con el mismo autor sin alcanzar ese grado de aceptación.

Las cinco eran mujeres adultas que vivían en condiciones precarias, con dificultades económicas que podían obligarlas a dormir en alojamientos baratos o buscar dinero durante la noche. Parte de ellas ejercía la prostitución o había recurrido a ella, aunque ese rasgo no puede darse por demostrado de la misma manera en todas.

Alberto Víctor acabó acusado décadas después de los asesinatos

El príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence y Avondale y nieto de la reina Victoria, terminó señalado décadas después como posible responsable de aquellos cinco crímenes. HistoryExtra dedica a esa acusación el primer episodio de la tercera temporada de History’s Greatest Conspiracy Theories, donde Rob Attar, editor del medio, conversa con Drew Gray, historiador del crimen. La hipótesis atribuye al príncipe una doble vida y plantea que su posición dentro de la familia real habría evitado que respondiera ante la justicia.

Los relatos que alimentaron la acusación fueron creciendo mucho después de los asesinatos y recurrieron a supuestas relaciones del príncipe con mujeres de clase baja. Thomas Stowell, médico que difundió una versión de la historia durante los años 70, relacionó a Alberto Víctor con una sífilis avanzada que habría causado episodios homicidas, aunque no existe documentación médica fiable que confirme ese cuadro.

Por otra parte, Joseph Gorman, fuente de otra narración posterior sobre un supuesto escándalo real, terminó retractándose de parte de su historia, que el autor Stephen Knight utilizó después para desarrollar una conspiración de mayor alcance.

Los documentos alejan al duque de los crímenes

La cronología de Mary Ann “Polly” Nichols y Annie Chapman tropieza con documentos que colocan al príncipe lejos de los lugares donde aparecieron sus cuerpos. Nichols fue asesinada el 31 de agosto de 1888 en Buck’s Row, mientras el itinerario real y la prensa de la época sitúan a Alberto Víctor en Yorkshire, alojado con el vizconde Downe entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre. Chapman murió el 8 de septiembre en Hanbury Street, cuando los registros militares y la prensa colocaban al duque en los Cavalry Barracks de York.

La madrugada del 30 de septiembre dejó dos asesinatos atribuidos al Destripador con apenas tres cuartos de hora de diferencia, pero Alberto Víctor se encontraba en Escocia. Elizabeth Stride murió hacia la una en Dutfield’s Yard y Catherine Eddowes apareció después en Mitre Square. El Court Circular y el diario de la reina Victoria sitúan al príncipe en Balmoral durante aquella jornada, y el propio diario recoge que almorzó con su abuela ese 30 de septiembre.

Mary Jane Kelly, la última de las cinco víctimas canónicas, fue asesinada el 9 de noviembre de 1888 en Miller’s Court, en Spitalfields. Los registros reales y la prensa sitúan entonces a Alberto Víctor en Sandringham, en Norfolk, donde permaneció entre el 2 y el 12 de noviembre. Su paradero documentado vuelve a apartarlo de Londres durante la franja temporal del crimen, igual que ocurre con Nichols, Chapman, Stride y Eddowes, de modo que la cronología conservada deja la acusación contra el nieto de Victoria sin una base histórica que la mantenga.

Los especialistas rechazan la autoría atribuida al príncipe

La permanencia de esta teoría interesó a HistoryExtra precisamente porque reúne ingredientes habituales de las conspiraciones sobre crímenes sin resolver, con una familia real situada en el centro de un supuesto encubrimiento. Attar y Gray repasan rumores, coincidencias cronológicas propuestas por distintos autores y relatos posteriores, pero el examen histórico conduce en otra dirección. La mayoría de especialistas descarta que Alberto Víctor fuera Jack el Destripador porque los documentos contemporáneos contradicen los desplazamientos que necesitaría haber realizado para cometer los asesinatos.

La acusación también carece de cartas, informes policiales, testimonios presenciales o pruebas forenses que relacionen al príncipe con las víctimas durante los crímenes. Tampoco existe documentación médica fiable que confirme la sífilis avanzada atribuida por Stowell, y la vigilancia que rodeaba al nieto de Victoria hacía difícil que pudiera desplazarse repetidamente por Londres sin dejar registro. Los relatos sobre Cleveland Street y otros ambientes frecuentados supuestamente por Alberto Víctor alimentaron sospechas posteriores, pero procedían en buena parte de rumores tardíos y testimonios de segunda mano.

La teoría sobre Alberto Víctor acabó sobreviviendo mejor en libros, documentales y relatos populares que en el terreno de la investigación histórica, donde nunca llegó a reunir pruebas capaces de darle consistencia. Su atractivo nació en buena medida de unir un crimen sin resolver con la familia real británica, una fórmula propicia para alimentar sospechas y versiones cada vez más elaboradas. Con el paso del tiempo, esa construcción terminó formando parte del imaginario alrededor de Jack el Destripador, aunque la acusación contra el príncipe quedó relegada al terreno de las teorías conspirativas.

Las cenizas de Pompeya todavía conservan la forma de una ciudad detenida hace casi 2.000 años, cuando el Vesubio sepultó la vida cotidiana. Los episodios históricos muy alejados de 2026 producen ese efecto porque obligan a pensar en escalas temporales difíciles de abarcar: la construcción de las pirámides de Guiza comenzó hace unos 4.500 años, la batalla de las Termópilas ocurrió en 480 a. C., Roma cayó en Occidente en 476 y la peste negra recorrió Europa durante el siglo XIV.

Cada caso pertenece a un mundo que desapareció hace siglos, aunque sus consecuencias siguen presentes en monumentos, leyes, fronteras y relatos.

El derecho inglés fijó un comienzo para la memoria jurídica

Una expresión usada para hablar de esos pasados remotos tiene, dentro del derecho inglés, una fecha exacta. IFLScience explica que desde tiempo inmemorial comenzó jurídicamente el 3 de septiembre de 1189, día de la coronación de Ricardo I, conocido como Corazón de León y uno de los monarcas más famosos.

Todo lo anterior quedaba fuera de la memoria legal que los tribunales podían tratar como demostrable, mientras los hechos posteriores entraban en un periodo sobre el que todavía cabía reclamar costumbres, propiedades o derechos antiguos.

Ese uso jurídico convive con otro mucho más amplio. En el lenguaje común, la fórmula alude a un pasado que supera el recuerdo humano, y muchos pueblos indígenas la emplean para afirmar una presencia anterior a los archivos coloniales.

La elección de 1189 respondió a un criterio práctico

Esa noción encaja con hallazgos arqueológicos que sitúan población en América antes del antiguo modelo de Clovis: las pisadas de White Sands, publicadas en Science en 2021, rondan los 20.000 años, y los trabajos de Triquet Island apuntan a una ocupación de unos 14.000 años relacionada con la tradición oral heiltsuk.

La elección de 1189 respondía a la capacidad de transmitir recuerdos familiares sin alejarse demasiado de 1275. Los historiadores jurídicos Frederick Pollock y Frederic William Maitland explicaron en History of English Law before the Time of Edward I que todavía podía vivir alguien que hubiera oído a su padre contar algo presenciado aquel año: “Era apenas posible que un hombre vivo hubiera oído de su padre lo que este había visto en 1189”.

La fecha coincidía además con el final del reinado de Enrique II, cuyas reformas habían impulsado un derecho común más uniforme y una red de tribunales reales con registros escritos.

Las costumbres guiaron numerosos juicios antes de las reformas

Antes de esa transformación, buena parte de la justicia inglesa dependía de costumbres locales, proclamas reales y recuerdos transmitidos por la comunidad. Amy Irvine, autora de History Hit, explicó que el derecho medieval se apoyaba mucho en el uso prolongado, la costumbre y los decretos de la Corona.

En los procesos penales todavía se recurrió durante siglos a pruebas de fuego, agua o combate, mientras los pleitos sobre tierras podían depender de que los vecinos avalaran una posesión antigua.

Eduardo I intentó reducir esa incertidumbre con el Estatuto de Westminster de 1275, una ley de 51 capítulos. James Franck Bright escribió en The History of Medieval Monarchy in England que su amplitud permitía tratarla casi como un código: “Fue tan extensa y de tanto alcance que podría llamarse un código antes que una ley”.

Russell Sandberg, profesor de Derecho de la Universidad de Cardiff y autor de A Historical Introduction to English Law, atribuye a su cláusula 39 la fijación de 1189 como inicio de la memoria jurídica, de modo que una reclamación basada en hechos anteriores quedaba fuera del examen judicial.

La cuenta aumenta con el paso de los años

La cifra que detalla esos tiempos inmemoriales, por lo tanto, cambia cada día. Tomando como referencia el 25 de agosto de 2026, fecha de publicación de este artículo, han transcurrido exactamente 836 años, 11 meses y 22 días desde la coronación de Ricardo I, celebrada el 3 de septiembre de 1189, con la salvedad de los cambios posteriores de calendario.

La expresión conserva así dos sentidos distintos: uno jurídico, medible desde 1189, y otro cultural, abierto a pasados mucho más antiguos que los archivos escritos. Esa diferencia explica por qué unas palabras asociadas a lo remoto pueden señalar a la vez una fecha medieval y decenas de miles de años de presencia humana.

A finales del siglo XV, una sucesión de coronaciones, alianzas y campañas empezó a señalar que el poder peninsular había cruzado un nuevo umbral. Los Reyes Católicos fueron Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, dos monarcas casados desde 1469 que gobernaron sus coronas con instituciones propias, aunque coordinaron buena parte de su política.

Su reinado reforzó la autoridad real, culminó la conquista de Granada en 1492, patrocinó el viaje de Cristóbal Colón y promovió una política de uniformidad religiosa que incluyó la Inquisición y la expulsión de los judíos. Esa capacidad de intervención también se expresó mediante fundaciones y encargos arquitectónicos ligados a la Corona.

Una excavación recuperó estructuras atribuidas a la antigua hospedería

En ese contexto se sitúa la Hospedería de los Reyes Católicos de Guadalupe, cuyos posibles restos han reaparecido durante un sondeo arqueológico realizado en julio en el patio oeste del monasterio. El equipo coordinado por Juan Saumell, profesor del Departamento de Expresión Gráfica de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, localizó dos zanjas de cimentación, la base de la arquería y parte de la solería del antiguo claustro. Las comprobaciones posteriores deberán confirmar la identificación completa de las estructuras.

Una vez terminada la intervención, los restos quedaron protegidos con una malla ligera y fueron enterrados de nuevo para facilitar su identificación futura y conservarlos. El equipo entregó un informe preliminar a las autoridades patrimoniales y prepara una memoria completa, además de dos artículos científicos dedicados a los restos arqueológicos y a la reconstrucción gráfica de la hospedería.

En el trabajo participaron investigadores, arqueólogos, un maquinista y la Comunidad Franciscana, junto con la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Guadalupe, el Ministerio de Transportes y diversos archivos. También se contempla realizar nuevos sondeos en áreas actualmente libres de edificaciones.

El interés académico por aquella construcción se reactivó en 1965 con la monografía de María del Carmen Pescador y continuó con trabajos de Fernando Chueca Goitia en 1982. A esa línea se añadieron las tesis doctorales de Patricia Andrés, defendida en Valladolid en 1997, José Carlos Salcedo, presentada en Cáceres en 2010, y José Muñoz, realizada en Madrid en 2024. Miguel Sobrino, Jesús Florencio Gómez, Manuel Viola, Héctor Salcedo y Jesús Arroyo también han aportado investigaciones que ayudaron a acotar el área examinada.

Una orden de demolición cuestiona la desaparición atribuida a 1925

La hospedería había sido proyectada por Juan Guas por encargo de Isabel la Católica y era distinta del establecimiento que funciona hoy en el monasterio. Las vistas de Guadalupe realizadas en el siglo XVI por Anton van den Wyngaerde para Felipe II aportan otra referencia gráfica sobre su aspecto.

El plano de 1839 firmado por Francisco Yznardo todavía recoge referencias al edificio y una orden de derribo fechada en 1854 plantea una fecha posible para su desaparición. Algunos investigadores cuestionan, por ello, la versión tradicional que atribuye el final de la construcción a las obras de una carretera en 1925.

La elección del punto excavado procedía de años de investigación documental y gráfica desarrollada por José Carlos Salcedo, profesor del Departamento de Construcción de la Escuela Politécnica, y por el propio Saumell. Los trabajos previos situaban en esa esquina una posible parte del claustro, mientras el sondeo permitió localizar un pavimento dispuesto en espiga y reconocer el módulo de la antigua arquería. El patio conservaba además restos de una cancha deportiva de la etapa en que funcionó una escuela dentro del monasterio, circunstancia que dejaba un espacio abierto y libre de nuevas construcciones.

Durante la excavación aparecieron también materiales de distintas épocas y procedencias, señal de intervenciones anteriores. Ya en la primera jornada surgieron las dos zanjas corridas de cimentación que el equipo considera compatibles con la obra original del siglo XV.

La disposición en espiga del pavimento refuerza además las hipótesis planteadas por las investigaciones previas sobre el corredor cubierto. El módulo descubierto permite trasladar al terreno actual el número de pilastras y vanos descritos en el proyecto del siglo XV y plantear hasta dónde pudo extenderse el claustro.

A primera vista cuesta imaginar que uno de los espacios protegidos más importantes de la Comunidad de Madrid naciera como una infraestructura diseñada para abastecer de agua a la monarquía. Sin embargo, esa es precisamente la historia de la Reserva Natural de El Regajal-Mar de Ontígola, situada en Aranjuez. Allí conviven dos paisajes profundamente distintos, aunque inseparables: el Mar de Ontígola, un embalse construido en el siglo XVI por iniciativa de Felipe II que el paso del tiempo transformó en un humedal de gran riqueza biológica, y la finca de El Regajal, un territorio de laderas yesíferas donde sobrevive una de las reservas de lepidópteros más importantes de Europa. La combinación de ambos espacios ha dado lugar a un enclave excepcional, en el que patrimonio histórico, geología y biodiversidad forman parte de un mismo proceso de evolución del paisaje.

Lejos de tratarse de un espacio natural surgido de manera espontánea, el origen de este lugar está ligado a uno de los grandes proyectos territoriales impulsados por la Corona española durante el Renacimiento. En 1552, cuando todavía era príncipe, Felipe II ordenó crear una gran laguna en el arroyo de Ontígola con el propósito inicial de atraer aves destinadas a la práctica de la cetrería. Aquel primer planteamiento evolucionó rápidamente hasta integrarse en el ambicioso desarrollo del Real Sitio de Aranjuez. Las obras comenzaron a finales de 1560 y una instrucción de 1561 situó al frente del proyecto a Juan Bautista de Toledo, acompañado por maestros españoles y técnicos llegados de los Países Bajos, expertos en las técnicas de contención de aguas más avanzadas de la época. Tras varios problemas estructurales durante la construcción, Juan de Herrera culminó la presa en 1572 con un estanque adicional destinado a decantar el agua antes de conducirla hacia jardines, fuentes y huertas reales.

La presa que revolucionó la ingeniería española

La importancia del Mar de Ontígola fue mucho más allá de garantizar el abastecimiento del Real Sitio. La presa introdujo una solución constructiva prácticamente desconocida hasta entonces en la península: un gran terraplén formado por dos muros de piedra con relleno de tierra y reforzado mediante contrafuertes, un sistema inspirado en modelos clásicos que acabaría sirviendo de referencia para numerosas presas construidas posteriormente tanto en Europa como en América. Con cerca de 150 metros de longitud y seis metros de altura, la infraestructura continúa siendo uno de los principales testimonios conservados de la ingeniería hidráulica renacentista en España. Más de cuatro siglos después, su valor histórico permanece intacto, aunque el protagonismo del paisaje haya cambiado por completo.

La presa no solo cambió la forma de gestionar el agua en Aranjuez, sino también la relación de la monarquía con este espacio. Felipe II concibió el embalse como una infraestructura útil, pero también como un escenario para el ocio cortesano. Mandó construir islas destinadas al recreo y las crónicas de la época describen la celebración de naumaquias, paseos en embarcaciones y jornadas de pesca con especies traídas expresamente desde Flandes. Durante el siglo XVII, el lugar siguió ampliando sus funciones lúdicas. En 1625, Felipe IV ordenó levantar una isla artificial equipada con un cenador, un embarcadero y un puesto de tiro, mientras que décadas más tarde se construyó una plaza de toros en sus inmediaciones. Ya en el siglo XVIII se añadieron nuevas infraestructuras hidráulicas para mejorar el abastecimiento del Real Sitio, entre ellas el llamado Mar Chico, un estanque decantador desde el que partía una conducción hasta el Jardín de la Isla. A lo largo de los siglos, el embalse dejó de ser únicamente una obra de ingeniería para convertirse en una pieza esencial del paisaje histórico de Aranjuez.

El tiempo, sin embargo, terminó transformando aquella infraestructura de una manera que ninguno de sus constructores habría podido prever. La erosión constante de los cerros yesíferos fue arrastrando arcillas y limos hasta el fondo del embalse, reduciendo paulatinamente su capacidad de almacenamiento. A medida que aumentaban los sedimentos, la vegetación fue ocupando el espacio antes dominado por el agua y el antiguo estanque evolucionó hacia un humedal permanente. El Mar de Ontígola continúa alimentándose del arroyo homónimo y de la escorrentía procedente de las laderas circundantes, pero hoy su fisonomía responde mucho más a procesos naturales que al diseño original del siglo XVI. Incluso la composición del agua refleja esa evolución: la presencia de yesos y margas en el terreno le confiere una salinidad poco habitual en los humedales del interior peninsular, una característica que condiciona profundamente la flora y la fauna presentes en la reserva.

Un refugio para aves en el corazón del valle del Tajo

El humedal constituye hoy uno de los principales refugios para la avifauna del sur madrileño. La extensa vegetación palustre formada por carrizos, espadañas, juncales, tarayes y sauces crea un entramado de refugios donde numerosas especies encuentran alimento, protección y lugares adecuados para reproducirse. Entre las aves más características destacan el ánade real, el somormujo lavanco, el porrón común, la garza real y el aguilucho lagunero, aunque el inventario supera ampliamente el centenar de especies y reúne una elevada proporción de aves protegidas. A ellas se suman anfibios, reptiles, peces, pequeños invertebrados y mamíferos como la rata de agua, el zorro o el jabalí, configurando un ecosistema cuya riqueza biológica contrasta con el paisaje seco que domina buena parte del entorno de Aranjuez.

El santuario europeo de las mariposas

Si el Mar de Ontígola encuentra su mayor valor en el agua, la finca de El Regajal concentra la otra gran singularidad de la reserva. Sobre sus laderas yesíferas, dominadas por un monte mediterráneo adaptado a condiciones de gran aridez, prospera una de las comunidades de lepidópteros más importantes de Europa. Entre las especies más representativas figuran los endemismos amenazados Plebejus pylaon e Iolana iolas, cuya supervivencia depende de un delicado equilibrio entre el suelo, la vegetación y el clima. La extraordinaria diversidad de este enclave hizo que especialistas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo señalaran ya en 1979 como una de las prioridades mundiales para la conservación de las mariposas, un reconocimiento que todavía hoy sitúa a El Regajal entre los espacios de mayor interés científico del continente.

La convivencia entre un humedal de relevancia internacional y un enclave excepcional para los insectos explica el amplio nivel de protección del espacio. La Comunidad de Madrid declaró la Reserva Natural de El Regajal-Mar de Ontígola en 1994 y, posteriormente, el territorio pasó a integrarse en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación y en la Zona de Especial Protección para las Aves de los Carrizales y Sotos de Aranjuez. El vigente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales fija como objetivos conservar los ecosistemas presentes, orientar la restauración de los hábitats degradados, impulsar la investigación científica y compatibilizar cualquier uso del territorio con la preservación de sus valores ambientales. La protección, por tanto, no responde únicamente a la existencia de especies amenazadas, sino también al interés geológico, histórico y paisajístico que concentra un espacio donde naturaleza y patrimonio evolucionan de forma inseparable.

Un paisaje donde cinco siglos siguen dialogando

Hoy es posible recorrer parte de este entorno a través de un itinerario senderista de unos 800 metros que bordea la laguna entre tarayes, carrizos, orzagas, ontinas, cañas y coscojas, permitiendo comprender cómo un proyecto nacido para abastecer los jardines de la monarquía acabó convirtiéndose en uno de los paisajes más valiosos de la Comunidad de Madrid. La coexistencia de una obra clave de la ingeniería hidráulica renacentista, un humedal de gran importancia para la avifauna y una de las principales reservas europeas de lepidópteros convierte a El Regajal-Mar de Ontígola en un espacio donde patrimonio histórico y biodiversidad han evolucionado de forma inseparable durante casi cinco siglos. El Regajal-Mar de Ontígola demuestra que la naturaleza no siempre borra la huella humana: en ocasiones la transforma, la integra y la convierte, con el paso de los siglos, en el origen de un ecosistema irrepetible cuya importancia trasciende tanto el patrimonio histórico como la biodiversidad que hoy protege.

Hacemos un repaso a los fragmentos de distintos discursos que, en los últimos meses, la reina Letizia ha hecho en actos públicos. Son discursos con calado político, con contenido, no son un mero acto de presencia por su parte. No vamos a decir que son de izquierdas, pero desde luego están despertando una corriente de opinión en ciertos sectores, más progresistas o incluso republicanos, que queremos analizar. No parece pura iniciativa personal. Lo cierto es que en los últimos meses la Casa Real ha decidido aprovechar a Letizia Ortiz como nunca en más de 20 años.

Lo hacemos con el sociólogo Borja Oliva que lleva años estudiando la figura de Letizia Ortiz. También con Aitor Riveiro, el periodista de elDiario.es que sigue más de cerca los pasos de la reina de España.

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El gran éxito que tuvo la serie de Netflix ‘The Crown’ sobre la monarquía británica, parece haber generado tendencia, ya no solo porque se haya decidido continuar con una especie de precuela, sino también porque en otras casas reinantes de Europa se están preparando proyectos similares que contarán la historia de monarcas de la era reciente.

En este caso, será una serie que hablará sobre un monarca reinante, Carlos Gustavo XVI de Suecia, de la dinastía Bernadotte, del que se está preparando una serie documental sobre su vida al estilo ‘The Crown’, y que recientemente ha celebrado su 80 cumpleaños con evento grande en el que España estuvo representada a través de la Reina Sofía.

Suecia tendrá su propio ‘The Crown’ con producción alemana

La monarquía sueca será la próxima en tener su propia serie, en la que se repasará los momentos más relevantes de la vida del actual monarca Carlos Gustavo XVI y de su esposa, la reina Silvia, que tomará el protagonismo principal considerando que va a recibir de título ‘The Queen Silvia’.

Y es que esta serie documental se trata de una producción de televisión alemana, país donde nació la reina Silvia, en concreto en la ciudad de Heidelberg en 1943, y de lo que se sabe actualmente es que comenzará centrándose en la historia de amor de los reyes suecos y su llegada al trono.

El rey Carlos Gustavo y la reina Silvia se conocieron en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, donde él acudió como representante de su país y ella trabajaba como azafata e intérprete, debido a su conocimiento amplio de idiomas, entre ellos el castellano. “Lo que comenzó como un encuentro casual entre la intérprete germano-brasileña Silvia Sommerlath y el joven príncipe heredero sueco Carlos se convirtió en una de las historias de amor reales más emblemáticas de Europa”, presenta así la ficción la productora Pyjama Pictures.

Los detalles que se conocen de la serie es que tendrá una duración de seis horas totales, sin saberse el número concreto de capítulos, y que se estrenará en Prime Video en Alemania, Austria, Suiza y los países nórdicos, mientras el canal SAT.1 la emitirá en abierto en la televisión alemana. Su rodaje se ha dado entre Múnich, Berlín y Estocolmo, y será distribuida de forma internacional por Beta Films, que ya tiene experiencia en el mundo ‘royal’ al haber ya distribuido ‘Máxima’ sobre la reina Máxima de Holanda.

Una condesa interpretará a la reina Silvia de Suecia

Otro de los detalles que se conoce de ‘The Queen Silvia’ es su pareja protagonista, con el actor Edvin Endre encargándose de dar vida al rey Carlos Gustavo, mientras la reina será interpretada por la condesa Alice von Rittberg, cuya familia perteneciente a la nobleza germana tiene unos orígenes que se remontan al siglo XVI.

Esto contrasta con el origen plebeyo de la propia Silvia de Suecia, hija del director de cine Walther Sommerlath y la brasileña Alice Soares de Toledo. De hecho, al principio de su historia de amor, la pareja tuvo que luchar ante el impedimento legal de que el heredero de Suecia se pudiera casar con alguien que no tenía sangre real ni origen noble.

Finalmente, Carlos Gustavo y Silvia lograron casarse y este pasado junio celebraron sus bodas de oro, su 50 aniversario. El matrimonio tuvo lugar el 19 de junio de 1976, que fue la primera boda de un monarca reinante en Suecia desde 1797 y en la que se estrenó la famosa canción de ABBA “Dancing Queen”, inspirada en la entonces recién casada.

A finales del año pasado, una casa de subastas de Edimburgo vendió un colgante sin aparente valor, más allá del material y de su antigüedad. Los compradores estaban ante la oportunidad de adquirir un “colgante de ámbar y esmalte de estilo isabelino”, elaborado a finales del siglo XIX, casi trescientos años después de la muerte de la reina Tudor en 1603.

Dentro de las cantidades que se manejan en las casas de subastas, se trataba de una cantidad relativamente asequible: 7.350 dólares o casi 6.500 euros por esta joya, una pieza de tamaño pequeño. Pero el colgante valía mucho más de lo que parecía.

La casa de subastas Sotheby's acaba de subastarlo de nuevo con un precio estimado entre las 100.000 y las 150.000 libras esterlinas (entre 116.724 y 175.086 euros). El aumento de su valor ha sido exponencial en solo siete meses, hasta 27 más de la cifra inicial.

“El aumento de valor se debe a que, mediante una exhaustiva investigación y un análisis científico, hemos determinado que se trata de una joya renacentista rara y redescubierta, con un retrato de Isabel I”, explica a Artnet el director europeo de escultura y obras de arte de Sotheby's, Christopher Mason.

Los especialistas lo describen como un “extraordinario” colgante de ámbar que incluye un retrato microtallado de la reina Isabel I. Tanto el material como el dibujo, así como la maestría con el que está realizado, dan pistas sobre el valor de esta joya. De hecho, a finales del siglo XVI, los objetos de ámbar se habían convertido en objetos muy preciados, reservados a reyes y príncipes. Al material se le conocía como oro báltico.

De acuerdo con esta casa de subastas, una comparación con las obras de los artesanos del ámbar Hans Klingenberg y Georg Schreiber indica que la pieza fue elaborada en la ciudad Königsberg, en la costa báltica, alrededor del año 1600. Y no descartan que el encargo partiese de la propia monarca.

La reina virgen

El retrato de Isabel I de Inglaterra, hija del rey Enrique VIII y de Ana Bolena, está tallado a partir de un grabado de Crispijn de Passe el Viejo, realizado en 1592. En esta imagen, la monarca aparece sentada de perfil, mirando hacia la derecha, al igual que en el grabado. En su vestuario, destaca una diadema de perlas de siete puntas y una gorguera de encaje.

En el reverso del colgante, llama la atención la aparición de un loro o ave rapaz. No es casualidad, ya que los loros son un símbolo asociado a la Virgen María. Por tanto, de virginidad. Esa es precisamente la imagen que quería proyectar la Tudor, conocida también como la reina virgen. Ella rechazó casarse, además de cultivar su imagen de divinidad. Ella aseguraba que su verdadero compromiso lo tenía con el pueblo inglés y no con ningún hombre.

El grupo de jueces y juristas que desde 2022 reclama que el rey Felipe VI renuncie a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución o, en su defecto, que el Gobierno impulse una reforma de la Carta Magna para eliminar este privilegio, ha decidido dar un nuevo paso. Los 22 firmantes de la iniciativa, entre quienes se encuentran los exmagistrados José Castro y Juan Pedro Yllanes, han remitido dos nuevos escritos: uno dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otro al máximo responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, con el objetivo de mantener la presión sobre ambas instituciones.

La iniciativa llega después de que Moncloa respondiera a su última carta sin entrar en el fondo de sus reivindicaciones. En lugar de pronunciarse sobre una eventual reforma legal o constitucional, el Ejecutivo, a través de un mensaje remitido por la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía, se limitó a recomendarles que trasladaran su solicitud a la Casa del Rey -pese a tratarse de una modificación cuya iniciativa corresponde a los poderes legislativo y ejecutivo- y que dirigieran al CIS la petición de incluir una pregunta sobre la inviolabilidad del jefe del Estado en sus barómetros.

Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas han optado por aceptar, de momento, una de las dos recomendaciones formuladas por el Gobierno. Así, solicitan a Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución -“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”-, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto constitucional al considerar que corresponde al Ejecutivo y a las Cortes impulsar una iniciativa de esta naturaleza.

Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas solicitan a Félix Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una reforma del artículo 56.3 de la Constitución, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto

El colectivo sostiene, además, que el resultado de la consulta ciudadana que, a través de elDiario.es, promovió recientemente al respecto y en la que recabó en dos días cerca de 1.500 respuestas, el 99% de ellas favorables a reformar el artículo 56.3 para que el jefe del Estado responda ante los tribunales cuando los hechos investigados sean ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales. Un hecho que, aseveran, refuerza la necesidad de seguir adelante con esta iniciativa.

Los firmantes de la consulta cuidadana eran los 22 juristas Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes, María Durán y Juan Luis Corbacho.

Aunque los propios juristas reconocen que ese sondeo carece de validez demoscópica al no cumplir los criterios científicos de selección ni estratificación de la muestra, consideran precisamente por ello que corresponde al CIS determinar, mediante una encuesta oficial, cuál es el verdadero grado de apoyo social a una reforma que pondría fin a la inviolabilidad penal del jefe del Estado por los actos ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales.

Según los juristas, la modificación permitiría suprimir “el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.

Según los juristas, la modificación permitiría suprimir 'el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia', una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, 'entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas'

“Seguiremos insistiendo ante las instituciones”

En el primero de los escritos, remitido a Pedro Sánchez, los firmantes agradecen la respuesta enviada desde Presidencia del Gobierno, pero dejan claro que no comparten el planteamiento contenido en ella. La Moncloa les recomendó trasladar su petición directamente a la Casa del Rey, haciendo constar en su mensaje la página web de la Familia Real y la dirección postal del Palacio de la Zarzuela. Los juristas no descartan acudir a los monarcas en un futuro, aunque consideran que la iniciativa debe dirigirse prioritariamente a quienes ostentan la capacidad de promover reformas legales y constitucionales.

“Si lo hiciéramos, le enviaremos a usted copia del escrito, pero, aunque no lo descartamos, al tratarse de una reforma legislativa, seguiremos insistiendo ante las instituciones que nacen de la voluntad popular para legislar y gobernar”, señalan en la carta dirigida al presidente del Gobierno.

Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución.

En unas declaraciones efectuadas a El País, Calvo señalaba: “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia.

Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución

Asimismo, en unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recogía el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca. Los firmantes lamentaban el tiempo transcurrido desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión”, sin que desde entonces se produjese avance alguno al respecto.

Aceptan la recomendación de acudir al CIS

Por otro lado, en el escrito remitido al CIS, los firmantes reclaman que el ente demoscópico incorpore en alguno de sus próximos barómetros una pregunta destinada a conocer si la ciudadanía considera que debe mantenerse la inviolabilidad del jefe del Estado o si, por el contrario, debería limitarse para que el monarca responda ante la Justicia por los actos privados ajenos al ejercicio de sus funciones constitucionales.

“Entendemos perfectamente que la presidencia del Gobierno nos recomiende dirigirnos al CIS, pues la Ley 39/1995 [de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas] incluye, entre otras funciones, la de realizar estudios que 'sirvan de orientación a los poderes públicos en sus iniciativas normativas y ejecutivas'”, aseveran.

A continuación, informan al organismo de la reciente recogida de casi 1.500 opiniones y, aunque reconocen que el sondeo no reúne los requisitos metodológicos exigibles a una encuesta científica, consideran imprescindible por ello que sea el CIS el que determine cuál es el grado real de aceptación social de una reforma que permita que el jefe del Estado responda ante la Justicia “en caso de infracciones legales producidas al margen del papel político institucional que desempeña”.

En su misiva, los juristas confían en que el CIS atienda la petición e “investigue la opinión existente en la sociedad” sobre el texto vigente del artículo 56.3 de la Constitución, “si pudiera ser” -precisan- en los términos de la propuesta de reforma plantearon en ese primer sondeo.

¿Es compatible la inviolabilidad con la igualdad?

Los firmantes introducen además un argumento que ya figuraba en sus anteriores escritos, pero que ahora adquiere mayor protagonismo: la posible contradicción entre la inviolabilidad del jefe del Estado y el principio constitucional de igualdad. Tal como exponen, “sería del mayor interés” conocer también si la ciudadanía considera compatible la inviolabilidad “con la igualdad de todos los españoles ante la ley” que se establece en el artículo 14 del Título I de la Constitución.

Esperan -inciden- que el Gobierno impulse finalmente la reforma de “un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero”. Para los impulsores de la iniciativa, mantener una prerrogativa que impide exigir responsabilidad penal al jefe del Estado por cualquier actuación privada supone una excepción difícilmente conciliable con el principio de igualdad jurídica proclamado por la propia Constitución.

Los firmantes confían en que el Gobierno impulse finalmente la reforma de 'un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero'

Una campaña iniciada en 2022

Los nuevos escritos constituyen un nuevo capítulo de una campaña iniciada hace cuatro años. Desde 2022, el mismo grupo de jueces y juristas ha remitido anualmente cartas al presidente del Gobierno reclamando que Felipe VI anuncie públicamente su renuncia a la inviolabilidad y que el Ejecutivo impulse la correspondiente reforma constitucional.

La inviolabilidad del monarca es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías -resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)-, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil. 

En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.

Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.

Las investigaciones en torno a Juan Carlos I

Los firmantes sostienen, además, que la experiencia acumulada tras las investigaciones archivadas sobre Juan Carlos I y la interpretación que la Fiscalía y posteriormente el Tribunal Supremo han realizado del artículo 56.3 han puesto de manifiesto la necesidad de revisar una prerrogativa que, en la práctica, ha impedido exigir responsabilidades penales al anterior jefe del Estado por actuaciones ajenas al ejercicio de sus funciones institucionales.

Se referían, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad. 

Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.

En mayo de 2025, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.

El Museo del Prado prepara la reapertura de una de sus zonas más emblemáticas y que lleva 16 años sin ser abierta al público, ahora por ser objeto de una destacada renovación que la va a conectar no solo con el edificio principal y con el entorno urbano de Madrid, sino que también con sus orígenes.

Y es que hablamos del Salón de Reinos, el histórico espacio que formó parte del desaparecido Palacio del Buen Retiro y que recuperara parte de la que fue su fisonomía original con una reforma llevada a cabo por Norman Foster y Carlos Rubio, y que, además, ya tiene fecha en la que podrá ser admirada por el público.

La ambiciosa reforma para recuperar el Salón de Reinos

16 años lleva cerrado para el público, y en su día formó parte del Palacio del Buen Retiro, cuyo espacio ocupa actualmente en su mayor parte el Parque del Retiro. Reabrirá después de una rehabilitación integral que lo integrará con el Museo del Prado y que estará listo para ser admirado y visitado aproximadamente a finales de 2028.

Esta reforma unificará así los pabellones que conforman el campus del Museo del Prado, con un diseño urbano más accesible y permeable, integrando sus edificios de forma natural y con coherencia al trazado de la capital. Los trabajos incluyen la creación de un túnel de conexión y mantenimiento bajo el suelo que unirá la fachada sur del Salón con la fachada norte de lo que es el Casón del Buen Retiro, así como se construirá una escalera norte, se adecuará la escalinata con una rampa sur de acceso, y se restaurarán las esculturas de la terraza norte.

Un aspecto destacado de la reforma del Salón de Reinos es que emergerá sobre la fachada histórica una tercera planta nueva que ampliará la superficie de exposición, con una altura libre notable y mayor anchura, siendo así remate y cubierta del atrio a la vez que será una terraza orientada hacia el campus, con sistema de climatización e iluminación artificial. Esta se unirá así a una planta baja en la que se espera mayor convivencia social del edificio con la ciudad.

El Palacio del Buen Retiro, el histórico monumento del reinado de Felipe IV

El Salón de Reinos es actualmente uno de los pocos retazos que queda de lo que fue el Palacio del Buen Retiro, un conjunto arquitectónico que fue diseñado por Alonso Carbonel bajo las órdenes del rey Felipe IV, que la planteó como una segunda residencia y lugar de recreo en la década de 1630, y que se ubicó en el entonces límite oriental de la ciudad de Madrid.

En el edificio, el Salón de Reinos pasó de ser concebido como un modesto palco o alteración del Cuarto Real de San Jerónimo donde los reyes asistían a obras teatrales a ser impulsado como un suntuoso salón de ceremonias, recepción de embajadores y celebración de bailes y eventos, así como salón de trono donde se realizó la apertura solemne de las Cortes de Castilla en 1638, motivado por el entusiasmo del monarca y de su valido, el conde-duque de Olivares.

De hecho, en sus paredes llegaron a exponerse obras de especial relevancia de Zurbarán o de Velázquez, y parte de su fisionomía de entonces se espera recuperar con una reforma que quiere conectar el lugar con sus orígenes como máximo exponente del reinado de Felipe IV. El palacio, sin embargo, fue destruido por completo después de sufrir daños durante la Guerra de la Independencia a principios del siglo XIX y demolido en 1868 de forma definitiva.

En un intento de mejorar su imagen y la de corona, Carlos III ha publicado este jueves lo que ha pagado a Hacienda desde que llegó al trono, en 2022. El monarca en activo mejor pagado del mundo acumula una fortuna multimillonaria que se escapa al escrutinio público, pero es el primero en publicar el total de su factura fiscal.

En el último año fiscal disponible, de abril de 2024 a abril de 2025, la declaración le salió a pagar el equivalente en libras de casi 15 millones de euros; el año anterior, más de 13 millones de euros, según ha anunciado el Palacio de Buckingham. Además, contando los meses en que fue rey y que le pillaron a mitad del año fiscal anterior, la casa real dice que, en total, desde que llegó al trono, ha pagado al Tesoro británico más de 34 millones de euros.

Un portavoz del fondo que gestiona las cuentas dijo que “aunque las finanzas reales puedan parecer a veces complejas, el sistema está claro” y se ha “perfeccionado con el tiempo”.

Las cuentas ahora son públicas, hay datos de manera anual sobre las grandes partidas de gasto y los monarcas pagan impuestos. La reina Isabel II empezó a pagar impuestos de manera voluntaria en 1993. 

Aun así, hay muchas lagunas sobre el origen y el uso de los fondos de la familia real y la mezcla de lo personal y lo público. La fortuna de Carlos III se estima en más de 2.000 millones de euros, según el detallado cálculo de The Guardian con la información disponible sobre cuentas poco transparentes y que mezclan regalos, herencias, propiedades e inversiones fuera del escrutinio público. 

La británica es, además, una de las monarquías más caras del mundo. El año pasado, la casa real recibió del erario público más de 153 millones de euros.

The Crown

Este jueves, el Palacio de Buckingham también publicó algunos detalles sobre sus gastos en el último año. Más de la mitad del dinero, unos 78 millones de euros, se gastaron en la manutención de los palacios ocupados por la familia real. Otra parte del presupuesto se fue a más de 800 eventos públicos en los que ha participado la decena de personas que se consideran ahora miembros de la familia en activo. 

El presupuesto para 2026-2027 subirá a unos 160 millones de euros y, según la previsión ahora, bajará a partir del año próximo por el final de las reformas en el Palacio de Buckingham, que se han sufragado también con parte de esta asignación. Sin estas obras, el presupuesto se estima que será de unos 115 millones anuales.

Buckingham ha pasado por unas obras de renovación que han costado unos 420 millones de euros para un proyecto de 10 años, pero ahora los reyes Carlos y Camila dicen que no volverán a vivir allí. El palacio se utilizará solo para ceremonias, según el anuncio también de este jueves.

El presupuesto destinado a la familia real británica viene de un porcentaje de los beneficios de Crown Estate, una empresa pública con una estructura especial que gestiona propiedades, acciones y otras inversiones cuyo origen fueron las tierras y palacios que el rey Jorge III cedió al Tesoro en 1760 cuando accedió al trono a cambio de una asignación anual.

La empresa no es propiedad privada del rey, pero sí opera “en beneficio de la corona”. Los bienes que gestiona incluyen edificios de apartamentos, oficinas y mercados, parques, centros comerciales, plantas de distribución, terrenos cultivables y fondos marinos donde se extrae petróleo y gas y se genera energía eólica.

Contrarrestar la crisis

El ejercicio de transparencia actual es parte del plan para contrarrestar las últimas crisis para la monarquía. La familia real aún está tocada por el escándalo del hermano de Carlos III, Andrés Mountbatten-Windsor, por su relación con el pederasta convicto Jeffrey Epstein y nuevas acusaciones contra él por el uso de un cargo público.

Hasta este año, seguía viviendo en una mansión de 30 habitaciones en los terrenos del castillo de Windsor por la que no pagaba alquiler. Después de la publicación de los emails de Epstein por parte del Congreso de EEUU, fue trasladado a la mansión familiar de Sandringham, en el este de Inglaterra. En febrero, Mountbatten-Windsor fue detenido durante unas horas por la policía británica por su uso de un cargo público y ahora está en libertad mientras continúa la investigación. 

La mayoría de los británicos creen que la monarquía es buena para su país, pero un tercio tiene una imagen negativa de la institución y de la familia real, según una encuesta de YouGov actualizada en abril. La mayoría de los menores de 25 años creen que la monarquía ha sido mala para el Reino Unido o no tienen opinión.

La reina Isabel II sigue siendo la figura más popular de la familia real en todas las generaciones. Los siguientes en la lista de más apreciados son Diana de Gales, fallecida en 1997, y su hijo, el príncipe Guillermo.

El New Hall School siempre ha sido una escuela cargada de renombre. Se trata de un prestigioso internado y colegio diurno católico ubicado a solo treinta minutos de Londres, que históricamente se ha distinguido por su formación académica y por la calidad de sus instalaciones. De hecho, la actividad del centro se desarrolla en un edificio histórico, porque ocupa el emplazamiento del magnífico antiguo Palacio de Beaulieu, una de las residencias favoritas de Enrique VIII. 

La huella del Tudor sigue observándose en la actualidad. El último ejemplo, el reciente descubrimiento de túneles hasta ahora desconocidos, que se cree que datan del reinado del controvertido monarca, que inició una guerra con la iglesia católica y que terminó erigiéndose como jefe de la iglesia anglicana. También terminaría ejecutando a su segunda esposa, Ana Bolena.  

Además, entre los objetos descubiertos, se encuentran lo que parecen ser vasijas y cerámica de la época, junto con huesos, botellas de vidrio, fragmentos de vidrio y piezas de plomo. Todo ello será examinado minuciosamente por los especialistas, según informó el centro en un comunicado. 

“Este es un descubrimiento extraordinario y una oportunidad excepcional para que nuestros alumnos y la comunidad en general se conecten directamente con el pasado Tudor. El hallazgo de estos túneles da vida a la historia como pocos yacimientos pueden ofrecer. Los artefactos sugieren la riqueza que podría esconderse bajo tierra”, asegura la directora del internado, Katherine Jeffrey.  

“Los túneles y los artefactos ofrecen una oportunidad inestimable para conectar la historia documental con la evidencia física”, añade la jefa del departamento de Historia del centro, Sarah Garside. 

Un antiguo palacio

El New Hall School ocupa un emplazamiento incomparable. Antes de su funcionamiento como institución educativa, se le conocía como el Palacio de Beaulieu, una de las residencias favoritas de Enrique VIII. La monumentalidad del mismo fue lo que justificó su nombre, ya que Beaulieu significa “lugar hermoso” en francés.

El Tudor tuvo que llegar a un acuerdo para la adquisición de la infraestructura. Antes de que pasara a formar parte de las propiedades de la corona, la finca perteneció a Sir Thomas Boleyn, padre de Ana Bolena. El acuerdo se produjo en 1517. Así, se convirtió en uno de los primeros grandes palacios y sirvió de modelo para el Palacio de Hampton Court. 

Actualmente, la propiedad está considerada de gran importancia histórica nacional. La finca incluye un edificio principal catalogado como Grado I, mientras que los terrenos y la avenida circundantes están declarados parque y jardín de Grado II. Además, el English Heritage lo reconoce como uno de los edificios patrimoniales más valiosos del país. 

Cuando Luis XVI fue guillotinado el 21 de enero de 1793, la monarquía francesa ya había sido abolida y la Revolución avanzaba hacia una nueva etapa. Sin embargo, para los partidarios de la Corona, la muerte del rey no supuso el final de la dinastía borbónica. Su hijo Luis Carlos de Borbón fue reconocido por los monárquicos como Luis XVII, rey titular de Francia y Navarra. Tenía apenas ocho años y se encontraba encerrado junto a su familia en la prisión del Temple de París. Nunca ejerció el poder, pero su figura acabaría convirtiéndose en uno de los símbolos más trágicos del derrumbe del Antiguo Régimen.

Nacido en el Palacio de Versalles en 1785, Luis Carlos no estaba destinado inicialmente a ocupar el primer lugar en la sucesión. Ese papel correspondía a su hermano mayor, Luis José. Sin embargo, la muerte de este en 1789 convirtió al pequeño príncipe en delfín de Francia precisamente cuando el país entraba en una de las etapas más convulsas de su historia. Ese mismo año estalló la Revolución Francesa y comenzaron a resquebrajarse los cimientos políticos que habían sostenido la monarquía durante siglos.

La situación de la familia real empeoró rápidamente. Tras la caída de la monarquía en 1792, Luis Carlos fue encarcelado junto a sus padres. La ejecución de Luis XVI en enero de 1793 y la de María Antonieta unos meses después dejaron al niño aislado en un contexto de creciente radicalización revolucionaria. Para los revolucionarios, el heredero borbónico representaba una posible amenaza política y un símbolo alrededor del cual podían reorganizarse los partidarios de la restauración monárquica.

El cautiverio del heredero borbónico

En julio de 1793 fue separado de su madre y quedó bajo vigilancia dentro de la prisión del Temple. Las fuentes de la época describen un progresivo deterioro de su estado físico durante el cautiverio. Diversos testimonios relatan que sufrió aislamiento, condiciones insalubres y una grave falta de cuidados. Cuando los revolucionarios anunciaron oficialmente su muerte el 8 de junio de 1795, el niño tenía solo diez años. Según las investigaciones posteriores, su salud había quedado profundamente afectada por las duras condiciones de reclusión.

La desaparición del heredero no puso fin a la historia. Al contrario, abrió uno de los mayores misterios de la Francia posrevolucionaria. La falta de información sobre sus últimos meses de vida y el carácter casi clandestino de su entierro alimentaron rumores de todo tipo. Algunos sostenían que había logrado escapar de la prisión; otros afirmaban que había sido sustituido por otro niño antes de morir. Durante décadas surgieron numerosos pretendientes que aseguraban ser el auténtico Luis XVII y reclamaban su condición de heredero legítimo de la Corona francesa.

La proliferación de estos supuestos delfines convirtió al llamado “rey perdido” en una figura legendaria. Con la restauración de los Borbones en el siglo XIX, decenas de personas llegaron a presentarse como el verdadero Luis XVII. El caso más conocido fue el del relojero prusiano Karl Wilhelm Naundorff, que consiguió convencer a numerosos contemporáneos de que era el príncipe desaparecido. Ninguno de estos aspirantes logró demostrar sus afirmaciones, pero el debate se prolongó durante generaciones y pasó a formar parte de la cultura popular francesa y europea.

El ADN que resolvió dos siglos de dudas

El misterio comenzó a resolverse a finales del siglo XX gracias a la genética. Los investigadores analizaron el ADN extraído de un corazón atribuido al joven príncipe, conservado desde la autopsia realizada tras su muerte. Ese material fue comparado con muestras procedentes de familiares directos de María Antonieta. Los resultados, anunciados en el año 2000, mostraron una coincidencia genética que confirmó que el corazón pertenecía efectivamente al hijo de Luis XVI y María Antonieta. Las pruebas respaldaban así la versión de que Luis XVII había muerto en prisión y no había escapado del Temple.

La confirmación científica permitió cerrar una de las incógnitas más persistentes de la historia francesa. En 2004, el corazón atribuido a Luis XVII recibió sepultura simbólica en la basílica de Saint-Denis, necrópolis tradicional de los reyes de Francia. Más allá de las disputas dinásticas, la figura del niño rey ha quedado asociada al final de una época. Su vida resume la transición traumática entre la monarquía absoluta y la Francia revolucionaria: un heredero proclamado rey por sus partidarios, encerrado durante años y convertido después en un mito cuya historia tardó más de dos siglos en aclararse definitivamente.

Del 6 al 12 de junio, el papa León XIV visita España en el que será el primer viaje de un pontífice en 15 años, después de la última visita de Benedicto XVI y que supone también el primero a un miembro de la Unión Europea desde que comenzara su papado. Uno de los puntos destacados de su agenda es la Santa Misa que ofrecerá en Madrid el domingo 7 de junio en la Plaza de Cibeles, y donde se usará una pieza con una curiosa historia.

Para esa Santa Misa del domingo, se va a usar el llamado Cáliz de la Reina, según ha confirmado la Archidiócesis de Madrid, y que recibió este nombre porque fue un regalo de la reina María de las Mercedes, primera esposa del rey Alfonso XII, a las Religiosas de la Asunción en 1878, porque les tenía mucho cariño, ya que había estudiado con ellas.

Esta pieza se encuentra actualmente en el Museo de la Catedral de la Almudena después de que el cardenal Carlos Osoro la donara al recibirla como regalo por parte de la Congregación de la Asunción en 2022 y la Santa Misa del papa León XIV este domingo 7 de junio será la primera ocasión en la que se use en una gran celebración religiosa.

El cáliz fue elaborado por los artesanos joyeros de la casa Ansorena como encargo de la monarca, y tiene un estilo propio de la segunda mitad del siglo XIX, de estilo neogótico, ornamentado con motivos vegetales, esmaltes y piedras preciosas, llamando la atención también detalles como la base, donde se pueden observar representaciones figurativas como las de Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Santa Cecilia Mártir, Santa Rita de Casia y la Inmaculada Concepción, rodeadas por la imagen de un Cristo cruzificado.

Quién fue la reina María de las Mercedes

María de las Mercedes de Orleans y Borbón es una de las reinas consortes más desconocidas y con una historia más breve en la historia de España, que falleció con tan solo 18 años y pocos meses después de su matrimonio con el rey Alfonso XII, siendo la única reina que ha nacido y muerto en el Palacio Real de Madrid.

Si bien no es una de las reinas más conocidas de la monarquía española, su nombre sí que estuvo vinculado a la cultura popular debido a la película ‘¿Dónde vas, Alfonso XII?, donde la consorte fue interpretada por la actriz Paquita Rico.

María de las Mercedes fue la quinta hija del duque de Montpensier, Antonio de Orleans, y la infanta Luisa Fernanda, hermana de la reina Isabel II y segunda hija del rey Fernando VII. Si bien se casó con su primo el rey Alfonso XII, no contaba con la simparía de su suegra y tía, en parte por la relación de su padre con la monarca exiliada, que no asistió a la boda de los jóvenes en la Basílica de Atocha en enero de 1878. La joven fallecería tan solo seis meses después del enlace, el 26 de junio de ese mismo año en el Palacio Real de Madrid.

Promotora de la Catedral de la Almudena

A pesar de su corta existencia y su breve período como reina consorte de España, María de las Mercedes es considerada la impulsora de la Catedral de la Almudena, donde reposan actualmente sus restos mortales a los pies de la Virgen en el altar mayor. Estos fueron trasladados en el año 2000 por parte de Juan Carlos I para cumplir la última voluntad de Alfonso XII.

Diez años antes de su matrimonio, en 1868, se había demolido la iglesia de Santa María la Real de la Almudena y la Virgen no tenía casa, así que una delegación pidió a la joven reina ayuda en un encuentro. Sería a instancias de su esposa que el rey Alfonso XII cedió unos terrenos junto al Palacio Real, a escasos metros de dónde se situó la iglesia primitiva y que daría lugar a la actual Catedral.

En un principio se planteó una sencilla iglesia, pero a la muerte de la reina se decidió convertirla en proyecto de catedral, que fue encargado al Marqués de Cubas, que se encargó también de diseñar un mausoleo para albergar el cuerpo de la joven, que se enterró de forma provisional en el monasterio del Escorial, en el panteón de infantes. Actualmente, el Museo de la Catedral de la Almudena conserva varios retratos y objetos que pertenecieron a la reina como homenaje.

Gairebé set mesos després que una vintena de jutges i juristes de prestigi de Balears, entre els quals es troben els exjutges José Castro  i Juan Pedro Yllanes, remetessin una carta al president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, en què reclamaven, per quarta vegada consecutiva, que el rei Felip VI anunciés la seva renúncia a la inviolabilitat penal que li atorga la Constitució, la Moncloa ha respost sense entrar en el fons de la petició. Lluny de pronunciar-se sobre la possibilitat d'impulsar una reforma legal o constitucional en aquest àmbit, el Govern central ha recomanat als signants que traslladin directament la seva sol·licitud a la Casa del Rei.

“Gràcies per escriure al president del Govern. Li contestam en nom seu”, comença el missatge remès per la Secretaria General de Relacions Institucionals i Ciutadania. “Acusam recepció del seu escrit i li recomanam que, si així ho considera, el faci arribar directament a la Casa de Sa Majestat el Rei a través de la seva pàgina web. També pot fer-ho per via postal remetent una carta al Palau de la Zarzuela”, expressa la missiva adreçant-se a un dels signants, afegint tot seguit l'adreça on s'ubica la residència oficial de la Família Reial.

La carta també evita pronunciar-se sobre una altra de les peticions que els juristes havien dirigit exclusivament a l'Executiu central: que el CIS incorpori una pregunta sobre aquesta qüestió als seus baròmetres. “Atès que no hem rebut d'aquesta Presidència del Govern resposta a cap dels tres escrits que li enviàrem abans dels successius discursos de Nadal pronunciats des de 2022, amb la mateixa petició que aquí reiteram, volem sol·licitar també que, a partir de gener de 2026, el CIS inclogui entre les preguntes de les seves enquestes una que reculli l'opinió de la societat sobre si ha de continuar el privilegi que permet a l'actual cap de l'Estat situar-se al marge de l'acció de la Justícia en qualsevol circumstància”, comentaven els juristes en la seva darrera missiva.

Sondejar l'opinió pública

Els sol·licitants consideren en aquesta mateixa carta que sondejar l'opinió pública ajudaria a superar qualsevol incertesa sobre una possible reforma legal en aquest sentit: “Aquesta petició només depèn del Govern que vostè presideix [en referència a Pedro Sánchez] i la consideram important per resoldre els dubtes que poguessin existir entre els membres del Congrés i del Senat sobre la reforma legal d'un privilegi personal que es manté i les conseqüències reals del qual han estat molt negatives per a la nostra democràcia”.

En aquest sentit, la Moncloa es limita a respondre que també “pot enviar la seva sol·licitud en relació amb el qüestionari del Centre d'Investigacions Sociològiques a aquest mateix organisme”, facilitant tot seguit l'enllaç que condueix a la pàgina web de l'ens demoscòpic. “Li agraïm de nou que s'hagi pres el temps d'escriure al president del Govern. Per a ell és molt important conèixer les necessitats, inquietuds i reivindicacions de la ciutadania. Una cordial salutació”, conclou l'escrit.

La resposta remesa per la Moncloa ha generat perplexitat entre els impulsors de la iniciativa. Els promotors qüestionen que la Presidència del Govern els remeti a la Casa del Rei quan la seva reclamació no anava adreçada a la Corona, sinó a l'Executiu, que consideren competent per impulsar els canvis legals i constitucionals necessaris per posar fi a la inviolabilitat que empara el cap de l'Estat. En els seus escrits, els juristes no sol·licitaven una actuació personal de Felip VI, motiu pel qual consideren cridaner que la Moncloa eviti pronunciar-se sobre el fons de la petició i els convidi a adreçar-se precisament a la institució la situació jurídica de la qual pretenen modificar.

Els juristes no sol·licitaven una actuació personal de Felip VI, per la qual cosa consideren cridaner que Moncloa eviti pronunciar-se sobre el fons de la petició i els convidi a dirigir-se precisament a la institució la situació jurídica de la qual pretenen modificar

Així mateix, els signants mostren la seva estranyesa pel fet que la resposta es formuli com si es tractàs d'una iniciativa individual, malgrat que tots els escrits remesos fins ara identificaven expressament els membres del col·lectiu i els juristes que donen suport a la reivindicació. Al seu parer, la contestació no aclareix si el Govern comparteix la necessitat de revisar aquest privilegi constitucional, si contempla alguna reforma en aquest àmbit o si, per contra, descarta qualsevol modificació.

Davant la manca de pronunciament de la Moncloa, els juristes han decidit obrir el debat a la ciutadania mitjançant una columna d'opinió a elDiario.es en què expliquen que, abans de decidir les pròximes passes de la iniciativa, desitgen conèixer el parer de la societat sobre la reforma constitucional que venen reclamant des de 2022. La columna està signada per Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes i María Durán.

La proposta de Carmen Calvo que mai no va prosperar

La inviolabilitat del rei és una prerrogativa la interpretació de la qual ha estat ampliament discutida per experts en Dret Constitucional i altres juristes, que consideren que aquesta figura hauria de suprimir-se completament o limitar-se exclusivament als actes realitzats en l'exercici del càrrec -i no a l'àmbit privat-.

En la seva darrera missiva, a la qual va tenir accés en primícia elDiario.es, els impulsors de la iniciativa recordaven que l'actual presidenta del Consell d'Estat, Carmen Calvo, va reconèixer el maig de 2022 que, com a vicepresidenta del Govern, havia dut a terme gestions davant la Casa Reial per conèixer l'opinió del cap de l'Estat sobre la possibilitat d'una reforma legal destinada, segons els juristes, a “suprimir el privilegi personal que li permet cometre tota mena d'abusos sense retre comptes davant la Justícia”, una circumstància que, asseguren els signants de la carta, pot provocar, “entre altres conseqüències no desitjables, la indefensió de persones afectades”.

Sense citar-les expressament, al·ludien a les manifestacions que Calvo va fer a El País en un article publicat al maig de 2022. “Jo ho vaig plantejar, es va valorar, es va posar damunt la taula i no es va veure l'oportunitat en aquell moment, ni per part del president del Govern, ni per part del PP, ni per part de la Casa Reial”, va manifestar. Pedro Sánchez li havia encomanat un any abans la tasca de posar en marxa un nou “marc d'actuació” més transparent, modern i actualitzat de la monarquia, però, finalment, els canvis varen quedar limitats a una sèrie de mesures de transparència. En unes jornades celebrades a principis de 2022, segons recollia el mateix mitjà, Calvo va emfatitzar la necessitat d'establir, sense necessitat de reformar la Constitució, “en què és inviolable i en què no” el monarca.

Els signants de la carta lamentaven que haguessin transcorregut més de tres anys i mig des que es va conèixer “el fracàs d'aquella gestió” sense que des de llavors s'hagi produït “cap avenç en la justa reforma plantejada per qui fou vicepresidenta del Govern”. Per això, reiteraven la seva petició perquè el cap de l'Estat, durant el discurs televisat que va pronunciar el passat 24 de desembre, inclogués la seva renúncia al privilegi de la inviolabilitat.

Carmen Calvo va assegurar que el Govern central va estudiar la possibilitat de modificar la inviolabilitat del rei: 'Jo ho vaig plantejar, es va estudiar, es va posar sobre la taula i no es va veure l'oportunitat en aquell moment, ni per part del president del Govern, ni per part del PP, ni per part de la Casa Reial'

El precedent de Joan Carles I

“Una decisió que estam convençuts que seria acceptada per una majoria suficient dels representants elegits en les darreres eleccions generals”, subratllaven els juristes. “El mateix any en què celebram les primeres passes cap a la democràcia després de la desaparició del dictador ens sembla un moment molt adequat perquè comenci la reforma d'un privilegi personal que mai no hauria d'haver estat traslladat a la Constitució de 1978 en els termes que varen permetre la realitzada pel Fiscal Anticorrupció el març de 2022”, remarcaven.

Es referien, concretament, a la decisió adoptada aquell any per la Fiscalia del Tribunal Suprem, que va arxivar les investigacions dirigides a seguir el rastre dels 100 milions de dòlars que va percebre Joan Carles I del seu homòleg a l'Aràbia Saudita, Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, així com dels diners que els seus benefactors varen emprar per pagar-li centenars de milers d'euros en despeses personals i que mai no varen passar per les mans de l'Agència Tributària. Les claus de la seva exoneració residien, principalment, en la seva inviolabilitat.

Tal com ha informat aquest diari, l'anterior rei d'Espanya va guardar la seva fortuna en un banc suís i a nom d'una fundació domiciliada a Panamà. Si hagués ingressat els diners en un banc espanyol i hagués declarat aquella donació davant Hisenda, Joan Carles hauria aportat 51 milions d'euros a les arques públiques.

El maig de 2025, a més, el Tribunal Suprem va blindar el rei emèrit davant dels tribunals després de rebutjar la querella amb què intel·lectuals i juristes cercaven imputar el monarca per frau fiscal i blanqueig de capitals. Els magistrats varen emprar uns arguments que barren el pas a qualsevol iniciativa legal present o futura contra ell, emparant-se en les resolucions d'arxivament signades per la Fiscalia el 2022 i que “tanquen la porta a l'obertura d'una investigació judicial” sobre els seus diners. Es tracta d'un desenllaç que, a la pràctica, situa el monarca fora de l'abast del Dret penal en qualsevol circumstància, fins i tot per actes estrictament privats.

El Suprem va blindar el rei emèrit davant dels tribunals després de rebutjar la querella amb què intel·lectuals i juristes buscaven imputar el monarca per frau fiscal i blanqueig

Rex non potest peccare

La inviolabilitat del monarca, emparada per l'article 56.3 de la Constitució de 1978 -“la persona del rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat”-, és un dels aspectes més controvertits de l'arquitectura constitucional espanyola. Es tracta d'una figura jurídica que abasta tant els actes oficials del cap de l'Estat com els privats i que enfonsa les seves arrels en la sacralitat reial de les antigues monarquies -resumida en l'aforisme llatí Rex non potest peccare (“el rei no pot pecar”)-, incorporada al constitucionalisme modern com un escut davant qualsevol responsabilitat penal o civil.

En els darrers anys, ha cobrat força el debat sobre l'abast d'aquesta prerrogativa i la impossibilitat d'exigir responsabilitats més enllà dels actes comesos pel rei com a cap de l'Estat. La controvèrsia es va intensificar arran de l'esclat del cas Nóos, en què, per primera vegada en la història judicial espanyola, un membre de la família reial, la infanta Cristina, es va asseure al banc dels acusats. La causa va obrir seriosos interrogants sobre la suposada intervenció que Joan Carles I hauria tingut en els fets investigats i va posar en qüestió fins a quin punt el seu blindatge hauria pogut emparar decisions o comportaments que, en el cas d'altres ciutadans, haurien estat objecte de responsabilitat penal.

Precisament sobre això, el jutge que va instruir la causa, José Castro, assegurava en una entrevista concedida a elDiario.es que hauria investigat el rei emèrit si no hagués existit l'article 56.3 de la Constitució, el que blinda la immunitat legal del cap de l'Estat.

El jutge que va instruir el cas Nóos, José Castro, assegurava que hauria investigat el rei emèrit de no haver existit l'article 56.3 de la Constitució, el que blinda la immunitat legal del cap de l'Estat

Diverses sentències del Tribunal Constitucional (TC) han posat de relleu, a més, la tensió existent entre la inviolabilitat del rei i el control parlamentari. Una d'elles és la que va anul·lar part d'una resolució del Parlament de Catalunya que reprovava Felip VI pel seu discurs després del referèndum de l'1-O de 2017 i que qualificava la monarquia d'“institució caduca”: segons els magistrats, la reprovació vulnerava l'article 56.3 de la Constitució perquè atribuïa al Rei una responsabilitat política que la Carta Magna no li permet assumir.

Altra sentència, que va anul·lar la creació, per part de la Cambra autonòmica catalana, d'una comissió parlamentària d'investigació sobre la monarquia, va dictaminar que allò que es pretenia era indagar en activitats del rei que, d'acord amb la Constitució, estan protegides per la seva inviolabilitat i no estan subjectes a cap responsabilitat. Ambdues resolucions posaven així de manifest que la inviolabilitat no és un simple blindatge simbòlic, sinó un límit legal que impedeix que qualsevol òrgan parlamentari pugui exercir control polític o investigar penalment el rei.

Els sondejos de Suárez a favor de la III República

Cal recordar que el mateix grup de juristes que reclama que el rei renunciï a la inviolabilitat va remetre el gener de l'any passat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en què li reclamen que es desclassifiqui tota la informació relativa als sondejos que suposadament l'expresident del Govern Adolfo Suárez hauria encarregat, diversos anys abans de l'aprovació de la Constitució espanyola, per conèixer si l'opinió pública, en el context de la Transició, preferia un Estat monàrquic o republicà. Els sondejos donarien la victòria a la proclamació d'una nova República a Espanya, però els detalls que envolten aquest assumpte romanen en el forat negre dels secrets oficials.

La confecció i els resultats de tals sondejos havien dormit el somni dels justos durant diverses dècades fins que un 'resbaló' del mateix Suárez va jugar en contra seva. En una entrevista inèdita que la periodista i biògrafa oficial de la Transició, Victoria Prego, va realitzar el 1995 a l'expolític i que seria desvelada per La Sexta Columna el novembre del 2016 –res menys que 21 anys després–, Suárez va reconèixer que, quan el 1977 va impulsar la Llei per a la Reforma Política que eliminaria jurídicament les estructures de l'aparell franquista, hi va introduir les paraules 'rei' i 'monarquia', amb disposicions com “el Rei sanciona i estén les lleis” o “el President de les Corts i del Consell del Regne serà nomenat pel Rei”.

“Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem sondejos i perdíem”, va comentar tapant-se el micròfon que portava a la corbata. “Vaig ficar la paraula rei i la paraula monarquia a la Llei i així vaig dir que havia estat sotmès a referèndum ja”, va justificar literalment l'expolític, qui, d'aquesta manera, evitava una consulta expressa sobre monarquia o república i s'assegurava la permanència de la institució dinàstica sense tan sols haver estat sotmesa a votació popular.

En diciembre de 2022 nos dirigimos por primera vez al presidente del Gobierno para pedirle que Felipe VI, durante su discurso de Navidad, anunciara su renuncia al privilegio que le permite incumplir responsabilidades tanto civiles como penales, pues no está obligado a rendir cuentas ante la Justicia.

El motivo que nos convocó fue la declaración de Carmen Calvo en El País del 9 de mayo de ese mismo año, gracias a la cual supimos que el Gobierno se había planteado reformar el citado privilegio, pero que se descartó “tras discutirlo con el PP y la Casa Real”. De las palabras de la hoy presidenta del Consejo de Estado, que nadie ha desmentido, se deducía que la respuesta de la “Casa Real” había sido contraria a la reforma.

La consecuencia principal de tal negativa resulta evidente: Felipe VI sigue disfrutando del mismo derecho a actuar al margen de la ley que disfrutó Juan Carlos I durante su reinado, un privilegio con el que, como juristas, no podemos estar de acuerdo y que solo se puede entender como un producto del legado franquista.

Por nuestra parte, al no recibir respuesta a nuestro primer escrito, volvimos a dirigirnos al presidente del Gobierno en 2023, 2024 y 2025 insistiendo en la misma petición tocante a la renuncia y agregando la conveniencia de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incluya en el ámbito de sus encuestas una pregunta relativa al mantenimiento o supresión del privilegio real. Diversos medios se hicieron eco de nuestras sucesivas peticiones.

Por fin, el pasado 20 de mayo recibimos la primera respuesta a nuestros escritos desde la presidencia del Gobierno. En esta nos propone que nos dirijamos directamente a la Casa Real y al CIS.

Antes de tomar una decisión queremos conocer la opinión de la sociedad sobre la reforma constitucional que venimos reclamando desde 2022, por lo que le pedimos nos ayude respondiendo a una pregunta disponible al final de este artículo.

Le agradeceremos su participación. Por nuestra parte, daremos cuenta de la evolución y resultados de esta iniciativa.

Listado de firmantes: Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes, María Durán y Juan Luis Corbacho.

*Es posible que tengas problemas para responder la encuesta desde la aplicación para el teléfono de elDiario.es. Puedes votar sin problemas desde el ordenador.

¿Debe aprobarse la reforma necesaria para que el jefe del Estado tenga que responder ante la Justicia en caso de infracciones legales producidas al margen del papel político institucional que desempeña?

Casi siete meses después de que una veintena de jueces y juristas de prestigio de Balears, entre quienes se encuentran los exjueces José Castro y Juan Pedro Yllanes, remitieran una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que reclamaban, por cuarta vez consecutiva, que el rey Felipe VI anunciase su renuncia a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución, Moncloa ha respondido sin entrar en el fondo de la petición. Lejos de pronunciarse sobre la posibilidad de promover una reforma legal o constitucional en este ámbito, el Gobierno central ha recomendado a los firmantes que trasladen directamente su solicitud a la Casa del Rey.

“Gracias por escribir al presidente del Gobierno. Le contestamos en su nombre”, arranca el mensaje remitido por la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía. “Acusamos recibo de su escrito y le recomendamos que, si así lo considera, se lo haga llegar directamente a la Casa de Su Majestad el Rey a través de su página web. También puede hacerlo por vía postal remitiendo una carta a Palacio de la Zarzuela”, expresa la misiva dirigiéndose a uno de los firmantes, añadiendo a continuación la dirección donde se ubica la residencia oficial de la Familia Real.

La carta también esquiva pronunciarse respecto a otra de las peticiones que los juristas dirigieron exclusivamente al Ejecutivo central: que el CIS incorpore una pregunta sobre esta materia en sus barómetros. “No habiendo recibido de esa presidencia del Gobierno respuesta a ninguno de los tres escritos que le enviamos antes de los sucesivos discursos de Navidad pronunciados desde 2022, con la misma petición que aquí reiteramos, queremos solicitar también que, a partir de enero de 2026, el CIS incluya entre las preguntas de sus encuestas una que recabe la opinión de la sociedad sobre si debe continuar el privilegio que permite al actual jefe del Estado situarse al margen de la acción de la Justicia en cualquier circunstancia”, comentaron los juristas en su última misiva.

Sondear a la opinión pública

Los solicitantes consideran en esa misma carta que sondear a la opinión pública ayudaría a superar cualquier incertidumbre sobre una posible reforma legal en este sentido: “Esta petición solo depende del Gobierno que usted preside [en referencia a Pedro Sánchez] y la consideramos importante para resolver las dudas que pudieran existir entre los miembros del Congreso y del Senado sobre la reforma legal de un privilegio personal que se mantiene y cuyas consecuencias reales han sido muy negativas para nuestra democracia”.

En este sentido, Moncloa se limita a responder que también “puede enviar su solicitud en relación al cuestionario del Centro de Investigaciones Sociológicas a ese mismo organismo”, facilitando acto seguido el enlace que conduce a la página web del ente demoscópico. “Le agradecemos de nuevo que se haya tomado el tiempo de escribir al presidente del Gobierno. Para él es muy importante conocer las necesidades, inquietudes y reivindicaciones de la ciudadanía. Un cordial saludo”, concluye el escrito.

La respuesta remitida por Moncloa ha generado perplejidad entre los impulsores de la iniciativa. Los promotores cuestionan que Presidencia del Gobierno les remita a la Casa del Rey cuando su reclamación no iba dirigida a la Corona, sino al Ejecutivo, al que consideran competente para impulsar los cambios legales y constitucionales necesarios para poner fin a la inviolabilidad que ampara al jefe del Estado. En sus escritos, los juristas no solicitaban una actuación personal de Felipe VI, por lo que consideran llamativo que Moncloa evite pronunciarse sobre el fondo de la petición y los invite a dirigirse precisamente a la institución cuya situación jurídica pretenden modificar.

Los juristas no solicitaban una actuación personal de Felipe VI, por lo que consideran llamativo que Moncloa evite pronunciarse sobre el fondo de la petición y los invite a dirigirse precisamente a la institución cuya situación jurídica pretenden modificar

Asimismo, los firmantes muestran su extrañeza por el hecho de que la respuesta se formule como si se tratara de una iniciativa individual, pese a que todos los escritos remitidos hasta ahora identificaban expresamente a los miembros del colectivo y a los juristas que respaldan la reivindicación. A su juicio, la contestación no aclara si el Gobierno comparte la necesidad de revisar este privilegio constitucional, si contempla alguna reforma en este ámbito o si, por el contrario, descarta cualquier modificación.

Ante la falta de pronunciamiento de Moncloa, los juristas han decidido abrir el debate a la ciudadanía mediante una columna de opinión en elDiario.es en la que explican que, antes de decidir los próximos pasos de la iniciativa, desean conocer el parecer de la sociedad sobre la reforma constitucional que vienen reclamando desde 2022. La columna está suscrita por Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes y María Durán.

La propuesta de Carmen Calvo que nunca prosperó

La inviolabilidad del rey es una prerrogativa cuya interpretación ha sido ampliamente discutida por expertos en Derecho Constitucional y otros juristas, quienes consideran que esta figura debería suprimirse por completo o limitarse exclusivamente a los actos realizados en el ejercicio del cargo –no al ámbito privado–.

En su última misiva, a la que tuvo acceso en primicia elDiario.es, los impulsores de la iniciativa recordaban que la actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, reconoció en mayo de 2022 que, como vicepresidenta del Gobierno, había llevado a cabo gestiones ante la Casa Real para conocer la opinión del jefe del Estado sobre la posibilidad de una reforma legal destinada, según los juristas, a “suprimir el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que, aseveran los firmantes de la carta, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.

Sin citarlas expresamente, aludían a las manifestaciones que Calvo realizó a El País en un artículo publicado en mayo de 2022. “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”, manifestó. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia. En unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recoge el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca.

Los firmantes de la carta lamentaban que habían transcurrido más de tres años y medio desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión” sin que se haya producido desde entonces “ningún avance en la justa reforma planteada por quien fue vicepresidenta del Gobierno”. Por ello, reiteraban su petición para que el jefe del Estado, durante el discurso televisado que pronunció el pasado 24 de diciembre, incluyese su renuncia al privilegio de la inviolabilidad.

Carmen Calvo aseguró que el Gobierno estudió la posibilidad de modificar la inviolabilidad del rey: 'Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real'

El precedente de Juan Carlos I

“Una decisión que estamos convencidos sería aceptada por una mayoría suficiente de los representantes elegidos en las últimas elecciones generales”, subrayaban los juristas. “El mismo año en el que estamos celebrando los primeros pasos hacia la democracia tras la desaparición del dictador nos parece un momento muy adecuado para que comience la reforma de un privilegio personal que nunca debería haberse trasladado a la Constitución de 1978 en los términos que permitieron la interpretación realizada por el Fiscal Anticorrupción en marzo de 2022”, recalcaban.

Se referían, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad. 

Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.

En mayo de 2025, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.

El Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo

Rex non potest peccare

La inviolabilidad del monarca, amparada por el artículo 56.3 de la Constitución de 1978 –“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”–, es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías –resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)–, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil. 

En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.

Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.

El juez que instruyó el caso Nóos, José Castro, aseguraba que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado

Varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) han puesto de relieve, además, la tensión existente entre la inviolabilidad del rey y el control parlamentario. Una de ellas es la que anuló parte de una resolución del Parlament de Catalunya que reprobaba a Felipe VI por su discurso tras el referéndum del 1‑O de 2017 y que calificaba la monarquía de “institución caduca”: según los magistrados, la reprobación vulneraba el artículo 56.3 de la Constitución porque atribuía al Rey una responsabilidad política que la Constitución no le permite asumir. 

La otra sentencia, que anuló la creación, por parte de la Cámara autonómica catalana, de una comisión parlamentaria de investigación sobre la monarquía, dictaminó que lo que se pretendía era indagar en actividades del rey que, de acuerdo a la Carta Magna, están protegidas por su inviolabilidad y no están sujetas a responsabilidad alguna. Ambos fallos ponían así de manifiesto que la inviolabilidad no es un simple blindaje simbólico, sino un límite legal que impide que cualquier órgano parlamentario pueda ejercer control político o investigar penalmente al rey.

Los sondeos de Suárez a favor de la III República

Cabe recordar que el mismo grupo de juristas que reclama que el rey renuncie a la inviolabilidad remitió en enero del año pasado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le reclaman que se desclasifique toda la información relativa a las encuestas que supuestamente el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez habría encargado, varios años antes de la aprobación de la Constitución española, para conocer si la opinión pública, en el contexto de la Transición, prefería un Estado monárquico o republicano. Los sondeos darían la victoria a la proclamación de una nueva República en España, pero los pormenores que rodean a este asunto permanecen en el agujero negro de los secretos oficiales.

La confección y los resultados de tales encuestas habían dormido el sueño de los justos durante varias décadas hasta que un 'desliz' del propio Suárez jugó en su contra. En una entrevista inédita que la periodista y biógrafa oficial de la Transición, Victoria Prego, realizó en 1995 al expolítico y que sería desvelada por La Sexta Columna en noviembre de 2016 –nada menos que 21 años después–, Suárez reconoció que, cuando en 1977 impulsó la Ley para la Reforma Política que eliminaría jurídicamente las estructuras del aparato franquista, introdujo en ella las palabras 'rey' y 'monarquía', con disposiciones como “el Rey sanciona y promulga las leyes” o “el Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey”.

“Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, comentó tapándose el micro que llevaba en la corbata. “Metí la palabra rey y la palabra monarquía en la Ley y así dije que había sido sometido a referéndum ya”, justificó literalmente el expolítico, quien, de este modo, evitaba una consulta expresa sobre monarquía o república y se aseguraba la permanencia de la institución dinástica sin tan siquiera haber sido sometida a votación popular.