Tras 17 años trabajando como médico especialista en emergencias, hubo un día en que Lowan Stewart (Colorado, EEUU, 1975) lo vio claro: su profesión salvaba muchas vidas, pero no las mejoraba. En ocasiones asistía a un paciente con problemas de salud mental. Tras darle el alta, volvía a atender al mismo tipo al cabo de unos meses.

“La medicina en EEUU se basa mucho en la cantidad de vidas, no en la calidad”, explica. “Me sentía como alguien que achica agua de un barco que se hunde, en lugar de buscar por donde estaba entrando ese agua”.

Decidió entonces hacer un máster en salud pública. Pensaba acabar en alguna organización humanitaria tipo Médicos Sin Fronteras, pero durante su formación se dio cuenta de que la depresión era con diferencia la mayor pandemia mundial: hay más suicidios —727.000 al año, según la OMS— que la suma de muertes en guerras y desastres naturales.

“Llevábamos décadas sin hacer nada nuevo, abordando un problema grave de la misma manera”, rememoraba el pasado viernes en Barcelona, adonde acudió para dar una conferencia en el primer Congreso Internacional de Psicoterapia Asistida con ketamina. “Esto es lo que me hizo entrar en los psicodélicos”.

De entre todos los psicodélicos inmersos en ensayos clínicos, la ketamina destacaba por varios factores. En primer lugar, porque Stewart conocía la sustancia al haberla utilizado como anestésico siendo médico de emergencias.

Hace ya tiempo que la ketamina dejó de ser una terapia prometedora y hay páginas y páginas de evidencia clínica sobre sus efectos contra la depresión. “Funciona en muchos pacientes, es segura, es barata y es lo mejor que tenemos ahora mismo”, señala. “No hay una sola razón para no utilizarla”.

El desembarco en Noruega

Tras fundar una clínica privada en Santa Fe (EEUU) y tratar con ketamina a más de 5.000 pacientes diagnosticados con depresión, se mudó por amor a Noruega. Al ver que el país contaba con un robusto sistema de salud pública, se reunió con las autoridades sanitarias y les contó que en su clínica estaba mejorando miles de vidas con esta terapia. 

“Les dije que había datos, que tenía los protocolos, que su uso en un país como Noruega, con cientos de suicidios al año, era una gran oportunidad”, rememora. “Me miraron en plan ¿Quién cojones eres? Me trataron de loco”.

Abrió entonces otra clínica privada en Noruega en 2018, parecida a la que había puesto en marcha en Estados Unidos. El negocio generó duras críticas de la asociación de psiquiatras del país escandinavo. 

“Les respondí con un documento con más de 100 referencias de ensayos clínicos, incluidos 15 metaanálisis [estudios que juntan los resultados de varios ensayos clínicos ya publicados]”, explica Stewart. “Tuvieron que admitir que había suficiente evidencia clínica y que era una práctica defendible”.

Estos pacientes son personas que ya lo han probado todo contra la depresión, y tienen tasas de mejora muy relevantes

Las terapias con ketamina han revolucionado la psiquiatría durante el último lustro. Se han publicado en los últimos años decenas estudios, muchos de ellos en revistas de gran prestigio, que demuestran sus efectos positivos en casos de depresión severa.

La cautela de algunos profesionales sanitarios respecto a este tratamiento se mezcla con cierta euforia por haber encontrado una nueva vía para tratar estos casos, en lo que supone la primera innovación médica relevante contra la depresión en prácticamente 50 años.

Estigma y evidencia

El uso de la ketamina como droga recreativa, sin embargo, ha jugado en su contra. “Había mucho estigma, algunos psiquiatras la veían como una sustancia que toman los jóvenes en las raves o como un anestésico para caballos”, sostiene Stewart. “Ni siquiera sabían que llevamos décadas utilizándola en humanos”.

Logró empezar en 2020 una prueba piloto en una unidad de un hospital público para tratar la depresión severa con ketamina, acompañando a los pacientes con terapia psicológica después de tomar la sustancia. La lista de espera era de seis meses. 

En 2022 solicitó una evaluación para determinar si el tratamiento podía financiarse públicamente. “Encontramos una manera de involucrar a todos los hospitales del país planteando un ensayo a nivel nacional, jugando con las dosis y los tratamientos posteriores de mantenimiento”, recuerda. “Implementamos de facto los tratamientos con ketamina en toda Noruega con la excusa de un estudio clínico”.

La Agencia Noruega del Medicamento publicó su informe evaluando el ensayo en junio de 2025. Concluyó que la ketamina se tolera bien y ofrece mejores tasas de respuesta y remisión que el placebo y la terapia electroconvulsiva, con un coste sustancialmente menor. De los más de 500 pacientes tratados, más de la mitad experimentaron mejoras.

“Tienes que pensar que estos pacientes son personas que ya lo han probado todo contra la depresión”, recuerda este médico. “Son unas tasas de mejora muy relevantes”.

Dos meses después, el órgano que decide si un tratamiento nuevo se incorpora o no a los hospitales públicos noruegos respaldó con efecto inmediato el informe de la Agencia del Medicamento. Noruega se convirtió en agosto de 2025 en el primer país en financiar públicamente y a escala nacional la ketamina para la depresión resistente. La medida se reevaluará antes de finales de 2028, con atención a la seguridad a largo plazo y a la duración de su efecto.

La evidencia está ahí, creo que es cuestión de tiempo que acabe en otros sistemas públicos de salud

Uno de los aspectos positivos de la implementación en el sistema nacional de salud, opina Stewart, son los datos que se están recogiendo en todos los hospitales públicos respecto a la efectividad de este tratamiento. “No es que vayan a descubrirnos nada que no sepamos ya, pero será útil para llevar el tratamiento en otros sistemas públicos de salud”, apunta.

Stewart recuerda que sociedades de psiquiatría de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia-Nueva Zelanda han publicado posiciones o guías que avalan el uso de la ketamina contra la depresión en determinadas condiciones.

Su objetivo es que este tratamiento, disponible a día de hoy en clínicas privadas de todo Europa, pero solo accesible para personas con recursos, pueda llegar al gran público. “No necesitamos reinventar la rueda”, remacha. “La evidencia está ahí, creo que es cuestión de tiempo que acabe en otros sistemas públicos de salud”.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, denuncia el “caos y la falta de previsión” en la incorporación del concurso de traslados y ope de Enfermería del SERIS. “Ceses masivos de un día para otro, personas que han obtenido plaza sin saber a qué servicio tienen que incorporarse, cientos de enfermeras y enfermeros pendientes del teléfono para un llamamiento…”, ha descrito el sindicato sobre la situación de los profesionales de enfermería desde hace dos días, al coincidir este 22 de octubre, la incorporación de 100 personas por concurso de traslados y 109 por la oposición. 

SATSE ha denunciado reiteradamente que ha existido tiempo suficiente para planificar estos procesos con la antelación necesaria. “Cuando la Administración decide ejecutarlos de forma precipitada, las consecuencias organizativas son responsabilidad exclusiva de quienes tienen la competencia para gestionar el sistema”, consideran.

“Han esperado a la mañana de ayer para hacer efectivo el cese a muchos de los interinos afectados o para convocar a los adjudicatarios de una plaza en el San Pedro, pero sin decirles dónde van a trabajar, con la situación de incertidumbre y estrés que eso conlleva”, explica Patricia Mogena, secretaria autonómica de SATSE La Rioja. 

Desde SATSE insisten que es necesario que se realice una organización de los servicios y gestión de los recursos humanos por parte de la Administración de forma que los trabajadores conozcan con suficiente antelación dónde van a trabajar, en qué puesto y qué turno van a tener. “De no ser así se fomenta la suspicacia, desconfianza, inseguridad e imposibilitan la conciliación, con el consiguiente lógico malestar de los profesionales que desconocen en qué situación laboral van a permanecer de un día para otro”, ha criticado SATSE.

El sindicato asegura haber luchado para que la incorporación de la oposición y de los traslados, tanto para el que tiene plaza fija como para el que no, sea a la vez, como ha ocurrido en años anteriores, con el objetivo de que no estén ni un solo día sin contrato, “porque eso tiene sus consecuencias, por ejemplo, para el acceso a la carrera profesional”, reivindica Mogena. 

“No es de recibo la improvisación y desinformación que está provocando este proceso”, reiteran. “Todo esto repercute en la estabilidad de los equipos, la continuidad de cuidados y la seguridad del paciente, especialmente en servicios específicos que requieren experiencia y adaptación y que han sido desmantelados de un día para otro”. “Cuidar al que cuida es fundamental para construir una sanidad pública de calidad y basada en la humanización de los procesos”, concluye la secretaria autonómica de SATSE. 

“No es normal que haya gente que muera esperando”, denuncian miembros de Mareas Blancas a las puertas del Parlamento andaluz este martes en una concentración para apoyar la iniciativa legislativa popular que hoy se debatió en la Comisión de Sanidad tras contar con 60.000 firmas ciudadanas. “No sabemos si el PP y Vox tumbarán esta ILP, que es bastante probable, pero no vamos a consentir que se carguen la sanidad”, aseveró Luis González, portavoz del movimiento que lucha por el sistema público.

“No estamos solas en esta pelea, contamos con el apoyo de pensionistas, sindicatos y, sobre todo, con decenas y miles de andaluces y andaluzas que han firmado la ILP y han participado en las movilizaciones”, subrayó en una atención a medios durante la manifestación que se convocó por la tarde, donde varios manifestantes se vestían de negro “por el entierro de la sanidad pública”. Con ataúdes, pañuelos, plañideras y con el luto, pedían una reacción por parte del Ejecutivo autonómico: “¡Bonilla, más plantilla!”.

A su lado, una compañera del movimiento reivindicaba el carácter apartidista de la organización, que está enfocada en que se mejoren los recursos disponibles: “Consignas políticas son las suyas. Tenemos los mayores presupuestos de la historia, pero la mayor parte van a centros privados. No sirve de nada. El fin de las empresas privadas es ganar dinero, es justo, pero que monten una tienda de zapatos, ¡la salud es un derecho, no es un artículo de lujo y con eso no se juega!”. Al hilo de lo comentado, recordó que un estudio publicado en la Gaceta sanitaria advierte que entre 2019 y 2024 hubo un aumento en la mortalidad por cáncer, en concreto, 3.701 muertes más de las esperables por estadística en Andalucía. Un hecho que los investigadores erlacionaron con la devaluación de la infraestructura sanitaria.

Debate en la Comisión de Sanidad

El Parlamento de Andalucía ha contado este martes con una representación de agentes sociales para valorar en comisión la ILP, cuyo propósito es la “recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía” y, en último término, reformar la Ley de Salud de Andalucía de 1998. Una medida promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas en la pasada legislatura y que, finalmente, aceptó debatir el PP, con mayoría absoluta en la Cámara hace apenas unos meses, a raíz de la crisis de los cribados de cáncer de mama y las múltiples manifestaciones que se circunscribieron en todo el territorio.

Entre los actores invitados, se ha contado con los sindicatos CCOO y UGT Andalucía, así como CSIF, el Sindicato de Enfermería SATSE y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). También están citados, entre otros, representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, así como de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario y de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama).

La iniciativa cuestiona el desvío de fondos a la sanidad privada, mediante la derivación de miles de pacientes, plantea restringir los conciertos con estos hospitales y clínicas para que en un plazo de cinco años no quede ninguno, y plantea recuperar la subasta de fármacos, que los populares eliminaron nada más llegar al Palacio de San Telmo, sede de la Junta. La misma iniciativa popular, casi literal, se ha presentado en cientos de ayuntamientos de Andalucía, donde fue mayoritariamente rechazada por el PP, aunque, en noviembre de 2025, decidieron tomarla en consideración para que se produjera el debate.

Entre las exigencias más apremiantes, Rafa Gelo, y Antonio Macías, de UGT Servicios Públicos Andalucía, pidieron reforzar los servicios públicos y garantizar unas condiciones laborales dignas para los profesionales que sostienen diariamente el sistema sanitario. Destacaron, según ha recogido Europa Press, que conseguir una cita médica puede suponer esperas de entre diez y 14 días, “una realidad que termina desplazando a parte de la población hacia la sanidad privada o incrementando la presión sobre los servicios de urgencias hospitalarias”.

A su vez, recordaron que, en base a la Estrategia de Salud de Andalucía 2030 y de la Encuesta Andaluza de Salud, casi el 20% de la población andaluza percibe su salud mental como regular o mala, mientras que la depresión diagnosticada afecta al 8% de la ciudadanía. En esta línea, el malestar psicológico afecta al 23% de las mujeres frente al 13% de los hombres, así como en la brecha socioeconómica que sufren los hogares con menores ingresos.

“Que el deterioro de la sanidad pública no vaya a más”

Por su parte, Juan José Sánchez, secretario general de Satse Andalucía, Juan José Sánchez, argumentó que la recuperación de la calidad asistencial pasa necesariamente por una apuesta estratégica por los profesionales, advirtiendo de que problemas como las listas de espera, las dificultades de acceso a consultas o la sobrecarga asistencial están directamente relacionados con la insuficiencia de recursos humanos. Para ello, consideró prioritario un aumento progresivo de las plantillas de enfermeras y fisioterapeutas y, al mismo tiempo, mejoras laborales para fidelizar, reducir la temporalidad y garantizar la cobertura de puestos de difícil cobertura, sobre todo en zonas rurales.

Una serie de requerimientos que van en consonancia con lo expuesto por la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la crisis de cribados de cáncer de mama que se dio hace un año en la comunidad, donde se reflejaba que que el Hospital Virgen del Rocío trabajó durante dos meses al 170% de su capacidad y derivó en diciembre 700 mamografías al concierto privado. Lo que, en principio, sostiene la tesis de la asociación Amama y de las denuncias que dio a conocer El País por parte del exjefe de Radiodiagnóstico, que avisó en 2023 de la sobresaturación que había en la unidad del centro hospitalario.

Al respecto, se ha pronunciado la líder de la oposición, María Jesús Montero, quien ha apoyado a la plataforma que “lleva años planteando en Andalucía para que el deterioro de la sanidad pública no vaya a más, y para que se recupere el orgullo del sistema público que siempre ha presidido la política andaluza en relación con la sanidad”. Además, ha criticado que el rediseño del sistema anunciado por consejero de Sanidad, Antonio Sanz: “Parece que a hurtadillas, a oscuras, porque no da ninguna clave”, criticando que esa es la línea de actuación del Gobierno del PP, que “siempre dan sensación de movimiento para que no cambie nada”.

Reforma del sistema sanitario

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, anunció a finales de septiembre que este mes se iniciarán los trámites para llevar al Consejo de Gobierno la creación de un comité de expertos con el que abordar la “mayor reforma y actualización” del sistema público de salud que contará, previsiblemente, con la participación de profesionales, investigadores, colegios profesionales, sindicatos y representantes del conjunto del sistema sanitario.

Este comité, según anunció en un desayuno informativo organizado por Europa Press, pondrá las bases para la redacción de la nueva Ley de garantía sanitaria, con la que Andalucía quiere “blindar” la sanidad pública para que el presupuesto en esta materia siempra crezca. Para aprobarla, el vicepresidente primero y consejero de Sanidad ha ofrecido a los sindicatos un acuerdo de legislatura que confía en alcanzar ya que hay precedentes de “grandes acuerdos” sanitarios en la anterior legislatura.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que la comunidad autónoma contará desde el 1 de enero de 2027 con un sistema de cribado de cáncer de pulmón.

García-Page, que ha participado este lunes en el acto conmemorativo con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama que ha tenido lugar en Toledo, ha explicado que este sistema ha sido aprobado este mismo lunes por el Gobierno regional y supondrá el cuarto sistema de cribado de la sanidad castellanomanchega tras el del cáncer de mama, el cáncer colorrectal y el de cérvix.

El presidente autonómico ha detallado que este cribado se ha estado estudiando en Albacete, ya que es “complejo y difícil”, dedicado a un tipo de cáncer “más difícil de identificar que otros, no solo por edad sino por otras condiciones”.

“Amamos la vida sana”

“Cuatro llamadas a la atención general de la población para decir que, cuando en España decimos que amamos la vida, lo que queremos decir es que amamos la vida sana, que amar la vida de forma sana significa amarla más tiempo porque se vive más”, ha expuesto.

En este sentido, ha reivindicado que la sanidad en toda España ha pasado de “un sistema que cura lo que es evidente, lo que te llega enfermo” a otro en el que “establecemos muchas pautas de comportamiento social, de comportamiento cultural y de prevención”, y finalmente al actual que es “global, donde se ve a la gente en términos de personas”.

El presidente de Castilla-La Mancha, ha indicado que el nuevo plan de lucha contra el cáncer en la región prevé que, en 2027, “la mitad” de todos los recursos sanitarios de la Comunidad Autónoma se dediquen a la atención oncológica, “un dato para la reflexión, también para la ilusión y la esperanza”, ha remarcado. Asimismo, ha precisado que, en la actualidad, ese porcentaje alcanza al “44 por ciento” de los recursos, incluyendo “desde consultas a pruebas, diagnósticos, tratamientos o gasto farmacéutico”.

“Acercarnos al 50 por ciento de todo un sistema sanitario dedicado al cáncer pone de manifiesto que la sociedad tiene claro que hay un problema, que el problema tiene mil caras, y que está dispuesto a considerar el tratamiento oncológico como una gran prioridad social, política y por tanto fiscal”, ha reflexionado el presidente autonómico.

Igualmente y atendiendo a “los últimos datos que manejamos para abordar el Plan que acabamos de aprobar”, el jefe del Gobierno regional ha indicado que, desde que arrancaron los cribados para la detección de enfermedades oncológicas, “se han podido detectar más de 65.000 casos de forma precoz”, por lo que “cabe suponer que son 65.000 los casos en que, entre todos, hemos contribuido a salvar la vida”, siendo “el año pasado, sin ir más lejos, 5.241” las situaciones en que el cribado sirvió para identificar alguna dolencia de este tipo, ha precisado.

En esta jornada “de reivindicación”, el presidente castellanomanchego ha agradecido la labor de los “colectivos que llevan mucho tiempo creando cultura y conciencia social serena” sobre el cáncer, una labor que “realmente es previa a que haya conciencia política y, por tanto, conciencia presupuestaria y, como consecuencia de eso, también soluciones”.

Avances en Medicina de Precisión

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha explicado que el Plan introduce novedades en Medicina de Precisión. “Queremos continuar con la Innovación tecnológica, consiguiendo registros interoperables de imágenes y resultados diagnósticos, incorporando herramientas de inteligencia artificial (IA) para el diagnóstico por imagen e interconsultas telemáticas”. De esta manera, ha continuado el consejero de Sanidad, “trabajaremos en los avances científicos a la práctica clínica mediante herramientas digitales para el seguimiento y la coordinación en tiempo real, inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico temprano y planificar tratamientos, inmunoterapia y terapias celulares avanzadas, como CAR-T, que es una inmunoterapia avanzada que modifica genéticamente los linfocitos T del propio paciente para atacar células cancerosas o autorreactivas con alta precisión”.

El consejero ha terminado su exposición señalado que se une “a la sociedad en su conjunto, a la sociedad de Castilla-La Mancha, para decir que tenemos a los mejores profesionales y que tenemos una sociedad sana, porque somos la Comunidad que, más allá de los 65 años, tenemos la mayor esperanza de vida. Esto es importante y tenemos que cuidarnos unos a otros en esta red de trabajo, en esta red de sociedad, en esta red de hábitos saludables que vamos a crear con nuestro Plan de Salud horizonte 3.0 y con nuestro plan contra el cáncer. Porque creo que, juntos, podemos determinar que los que vienen van a ser los mejores años de salud para Castilla-La Mancha”.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) deberá abonar 61.010,22 euros a un paciente de 64 años que sufrió una pérdida severa de visión en el ojo derecho como consecuencia de un retraso continuado en el diagnóstico y tratamiento de un desprendimiento de retina. La Comisión Jurídica de Extremadura ha dictaminado a favor del afectado, reconociendo la responsabilidad de la sanidad pública tras un periplo asistencial de cinco meses en el que el daño se convirtió en irreversible.

El periplo asistencial comenzó el 29 de mayo de 2023, fecha en la que el afectado acudió por primera vez al Centro de Salud de su localidad, Oliva de Plasencia (Cáceres), manifestando molestias en el ojo derecho y una pérdida acusada de agudeza visual. A pesar de acudir de forma reiterada a consultas de atención primaria y a servicios de urgencias durante los meses siguientes, el diagnóstico definitivo no llegó hasta cinco meses después de su primera consulta.

Fue en ese momento cuando los profesionales médicos le comunicaron que padecía un desprendimiento de retina inferior que presentaba claros signos de cronicidad. Asimismo, se le informó de que la pérdida de visión acumulada no respondía a un proceso temporal, sino a una secuela permanente que padecería de por vida.

El informe de la Inspección Médica reflejado en el dictamen del órgano consultivo autonómico es tajante al señalar la existencia de una demora injustificada en el proceso asistencial. Las conclusiones determinan que existió un retraso diagnóstico y, por consiguiente, un aplazamiento en la aplicación del tratamiento terapéutico que podría haber evitado el deterioro irreversible del ojo afectado.

A pesar de que el paciente solicitaba inicialmente una compensación de 144.788,82 euros, la Comisión Jurídica fijó la cuantía final en poco más de 61.000 euros. Esta minoración responde a que la ceguera del ojo no es absoluta, dado que el afectado conserva una visión residual que le permite percibir bultos y el movimiento de las manos, sumado a otros criterios técnicos de valoración de secuelas.

“La izquierda, cuando va a perder las elecciones, se vuelve violenta”, argumentaba en la Asamblea este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se refería a las protestas y huelgas que tienen convocadas profesores y médicos de la educación y sanidad públicas. Aunque defendió que no hay motivos para salir a la calle más allá de los ideológicos, su propio gobierno admite deficiencias en un servicio público esencial por presupuestos escasos y poco acordes con la realidad. Así lo evidencia un documento interno de la Consejería de Sanidad al que ha tenido acceso elDiario.es.

El archivo se llama “La casita”, está fechado el 30 de junio de 2026 y es una presentación con datos de 2025 sobre la sanidad madrileña hospitalaria, en la que alerta de algunos indicadores y se congratula de otros. Según los metadatos, quien archiva y guarda el documento es la jefa de Gabinete de la consejera de Sanidad. La creadora del mismo no ha podido ser identificada por este medio.

La Consejería no reconoce el documento como oficial y lo ha enmarcado como un posible “borrador interno de trabajo, como hay centenares, que por supuesto ni ha sido validado ni presentado a nadie”, según su respuesta a preguntas de elDiario.es. En el informe se especifica que Madrid está en el penúltimo lugar de inversión sanitaria por habitante (1.779 euros, por detrás de regiones con menos riqueza) y que tiene un problema en recursos humanos en la sanidad pública de Madrid, que califica como “reto”.

Concretamente, diagnostica: “Menor inversión relativa versus otros sistemas [autonómicos]. Necesaria reorientación prioritaria de recursos a RRHH [recursos humanos]”. En el análisis, destaca que Madrid tiene una inversión en sanidad por debajo de la media (un 4% del PIB frente a una media española del 6%), pero que los indicadores sanitarios son buenos, de manera que hay “eficiencia”, aunque alerta de que si se sigue con la “contención de inversión” esa eficiencia puede empeorar. “Cambios tecnológicos, envejecimiento poblacional, escasez Recursos Humanos (RRHH)” son los síntomas preocupantes que destaca. También se da a sí misma la receta: “Mejorar inversión RRHH, planificación y gestión. Atención centrada en persona y mejora de resultados en salud”.

Sin embargo, en la Comunidad de Madrid el problema del personal sanitario empieza en el momento mismo en el que se presentan los presupuestos, porque son deficitarios nada más empezar: la cantidad que la Comunidad de Madrid destina al capítulo de personal del Servicio Madrileño de Salud cada año es inferior al gasto real del año anterior, de manera que tienen que acabar poniendo parches y haciendo modificaciones presupuestarias para poder abonar las nóminas: “Los créditos consignados en el Presupuesto [para el capítulo de personal] no cubren ni siquiera la plantilla autorizada”, pese al “gran esfuerzo de contención del gasto y una clara disminución del incremento del gasto”, lamenta el informe. Esto, en la comunidad autónoma con el PIB más alto de España.

Por ejemplo, como recoge el documento en 2024 se gastaron más de 4.800 millones en personal sanitario, pero al año siguiente se presupuestaron menos millones (4.700). elDiario.es ha preguntado a la Consejería de Hacienda el porqué de esta anomalía: “Los recursos se ajustan con posterioridad en función de la ejecución real de cada año”. También achacan a cambios estatales, como posibles subidas salariales, el hecho de haya que “realizar modificaciones de crédito posteriores”.

La diputada y portavoz de Sanidad de Más Madrid, Marta Carmona, explica que este funcionamiento responde a que los gastos de personal sanitario se han convertido en el “grifo” para regular el gasto: “La Comunidad de Madrid no suele poner problemas a la compra de medicamentos, pero en personal, sí. Aprieta a las plantillas para que uno haga el trabajo de varios. Ya va todo tan justo, que al hacer esto regula la oferta, de modo que las operaciones y consultas que ofreces se limitan, porque la actividad que programas depende del personal que tienes”, explica. “Esto, en un contexto en el que cada vez hay más habitantes en Madrid mientras el presupuesto para personal está contenido. La lista de espera bajaría mucho si hubiera más personal, y así los pacientes no se irían a los hospitales de gestión privada”.

El poder adquisitivo de los facultativos, el más bajo

El documento, que destaca los buenos datos de esperanza de vida y seguridad del paciente que obtiene Madrid respecto a la media, también admite que los facultativos de atención hospitalaria de Madrid son los que menos poder adquisitivo tienen de España, cuando se utiliza el indicador resultante del cruce del salario más guardias y el coste de una misma cesta de bienes y servicios en cada comunidad. “En ese comparativo, nuestros facultativos se encuentran a la cola de todas las comunidades autónomas”, admite el informe interno de Sanidad. Paradójicamente, el documento apela a la importancia del capital humano con la frase en latín “Ubi homines, Ibi successus” (donde hay personas, hay éxito) en su primera página.

Precisamente, los médicos madrileños anunciaron el pasado miércoles que van a hacer huelgas para pedir la creación de un nuevo modelo de carrera profesional, las garantías de voluntariedad de las guardias y una mejora de la remuneración, reclamaciones que antes de la convocatoria electoral hacían también al Ministerio de Sanidad.

El informe también destaca algunos logros, como que se ha reducido la estancia media en hospitales y que han aumentado las cirugías, así como las consultas de telemedicina (+837%). Respecto a estas últimas, las marca como una apuesta de futuro: “El modelo asistencial evoluciona hacia la no presencialidad”.

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Un médico de familia con cinco años de antigüedad, sin complemento de carrera profesional y sin dedicación exclusiva (puede ejercer a la vez en la sanidad privada) cobra unos 56.000 euros brutos al año en el Servicio Canario de Salud (SCS), sin contar las guardias. Un especialista que ejerce con las mismas características en un hospital público de las Islas roza los 53.000 euros.

Estas cifras sitúan al Archipiélago en el tercer puesto de toda España. Sus retribuciones superan en cerca de 5.000 euros (un 9%) la media del resto de servicios regionales de salud en el caso de la atención primaria (centros de salud) y en unos 3.000 euros (un 6%) el promedio en atención especializada (hospitales). 

El escenario, sin embargo, se invierte para el personal más veterano que ejerce solo en la sanidad pública. En este caso, Canarias cae al puesto 17 (de un total de 18, puesto que se agrupan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Quienes ejercen como especialistas en hospitales con treinta años de antigüedad, el nivel IV (el máximo) de carrera profesional y un compromiso de exclusividad con el SCS perciben, sin guardias, unos 68.000 euros brutos al año frente a los 74.500 de media (casi un 9% más) en el resto de regiones. En el caso de los médicos de familia con ese mismo perfil, las retribuciones ascienden en las Islas a 72.000 euros y en el resto, a un promedio de 76.000 (un 6% más). 

Estos son algunos de los datos más llamativos de un reciente estudio que compara las retribuciones del SCS con las del resto de servicios regionales de salud del país. El trabajo, titulado Diferencias regionales en las remuneraciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud: referencia autonómica canaria, ha sido publicado en la revista científica Gaceta Sanitaria.

La investigación fue encargada por el propio SCS a la Universidad de La Laguna (ULL) mediante un contrato de prestación de servicios. Los autores del estudio son Ignacio Abásolo, catedrático del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la ULL, Marina Elistratova, Patricia Barber y Beatriz González López-Valcárcel (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y Guillem López-Casasnovas (Universidad Pompeu Fabra). 

Abásolo precisa de partida que el estudio es “fundamentalmente descriptivo y comparativo” y que no pretende analizar “las decisiones de política retributiva que han dado lugar a las diferencias observadas ni sus efectos sobre la movilidad de los profesionales o la prestación de servicios sanitarios”, aunque entiende que puede dar lugar a “debates interesantes” al respecto.

El investigador señala que esa comparación de retribuciones es “bastante más compleja de lo que pueda parecer”. La remuneración depende de muchos componentes. En el caso del personal médico, el estudio tiene en cuenta variables como la antigüedad, la carrera profesional (un sistema de reconocimiento de la trayectoria y desarrollo de los trabajadores que lleva asociado complementos salariales en distintos grados), la dedicación exclusiva y las guardias. “Esto permite evitar comparaciones basadas en una única cifra salarial y ver cómo cambia la posición de Canarias según el perfil profesional”, precisa. 

El equipo investigador desarrolló un simulador interactivo en formato Excel que validó con nóminas reales y seleccionó doce perfiles representativos para ejecutar la comparación. “No existe una respuesta única a cuánto cobra un médico en España. El simulador permite mantener constante el perfil y cambiar la comunidad, que es lo que hace posible una comparación homogénea”, señala.  

La brecha de la exclusividad 

Según el estudio, elaborado con datos de 2024, la retribución fija anual (sin guardias) de un médico del SCS es idéntica tanto si mantiene una dedicación exclusiva en la sanidad pública como si puede compaginar esta labor con el ejercicio de una actividad privada. En otras comunidades como Madrid, Balears, País Vasco, Murcia o Castilla y León tampoco hay diferencias retributivas porque no se incentiva específicamente la exclusividad.

Sin embargo, hay regiones donde sí cobran más los facultativos dedicados al 100% a la pública. La brecha puede alcanzar los 15.000 euros en algunos perfiles y algunas regiones.  

Abásolo matiza que el estudio no permite concluir que el sistema retributivo del SCS esté provocando la fuga de profesionales a otras comunidades o a la sanidad privada porque no analiza “movilidad ni decisiones laborales”. Sin embargo, sí constata que la exclusividad “marca una diferencia importante en la posición relativa” de Canarias. En los perfiles que pueden compatibilizar la pública con la privada, las Islas están mejor. En aquellos con dedicación exclusiva a la pública, empeoran. El investigador aclara que siempre se refiere a los doce perfiles concretos analizados. 

“Desde el punto de vista de los incentivos, esas diferencias pueden afectar al atractivo relativo de unos servicios de salud frente a otros, pero demostrar que efectivamente provocan salidas requeriría otros estudios”, agrega el catedrático. 

Guardias peor pagadas en días laborables

Al incorporar la atención continuada (las guardias) a la ecuación, la posición relativa de Canarias empeora en casi todos los casos. ¿La razón? El SCS paga peor las guardias en días laborables si se compara con la media del resto de servicios regionales de salud. En este indicador, el Archipiélago ocupa la última posición (22 euros por hora presencial frente a una media de 28 del resto). En festivos, en cambio, es la segunda mejor (35 euros frente a 31). 

Estas guardias, en su conjunto, añaden 19.159 euros brutos al año a la nómina de cualquier perfil médico en las Islas si se toma como referencia el escenario estandarizado de atención continuada que dibuja el estudio (dos guardias de 17 horas en días laborables y una de 24 horas en festivos cada mes). En el resto de comunidades, el aumento oscila entre los 19.948 y los 20.507 euros. 

Las guardias aportan entre el 21 y el 27% del sueldo bruto total de los médicos en los perfiles analizados. “Desde el punto de vista económico, un componente con ese peso puede afectar a los incentivos profesionales”, subraya Abásolo. 

Mejor en atención primaria que en especializada

El informe también revela un patrón singular en Canarias. A igualdad de antigüedad, carrera profesional y dedicación, el personal médico cobra más en atención primaria que en un hospital (56.224 euros frente a 52.937 euros en perfiles jóvenes sin exclusividad; 71.916 frente a 68.629 en el tramo de treinta años de antigüedad con dedicación exclusiva). Esta realidad es “poco frecuente” en el resto de los servicios regionales, explica la investigación. 

En otras profesiones sanitarias se observa un comportamiento diferente en la posición relativa de Canarias. La enfermería hospitalaria en Canarias se sitúa un 7% por encima de la media (35.709 euros frente a 33.230), mientras que la enfermería de atención primaria se sitúa prácticamente en la media, con una retribución cercana a los 31.300 euros. 

Disparidad de hasta 29.000 euros entre autonomías 

La brecha máxima entre la comunidad que más paga y la que menos paga para un mismo perfil médico alcanza los 29.000 euros brutos al año sin guardias (el máximo en Ceuta y Melilla y el mínimo en Andalucía para los médicos de familia con 30 años de antigüedad y dedicación exclusiva) y de 26.000 con guardias (el máximo en Murcia y el mínimo en Navarra para un médico de familia con quince años de antigüedad y sin exclusividad).

Abásolo distingue dos planos. Por un lado, el normativo. El Sistema Nacional de Salud no establece que un mismo perfil profesional tenga que percibir exactamente la misma remuneración total en todas las comunidades. El Estatuto Marco define “unos conceptos comunes” y los Presupuestos Generales del Estado fijan las retribuciones para esos conceptos, “pero cada servicio regional de salud puede determinar las retribuciones complementarias”. “Y puede haber razones que justifiquen esas diferencias, como el coste de la vida, la dificultad para cubrir determinadas plazas o las características del puesto”. 

Desde el prisma de la Economía de la Salud, Abásolo advierte de los riesgos de utilizar las nóminas como mecanismo de competencia entre territorios. “Si existe escasez de determinados profesionales, una competencia retributiva entre comunidades puede acabar redistribuyendo una oferta limitada sin aumentar necesariamente el número total de profesionales disponibles y encareciendo el coste para el conjunto del sistema”. Por eso, para el catedrático “tiene sentido hablar de coordinación de las políticas de recursos humanos”. “Más que buscar que todos cobren lo mismo, el objetivo debería ser que las diferencias sean transparentes y respondan a razones identificables”, señala. 

Poder adquisitivo real y precio de la vivienda

El estudio aplica un ajuste por “paridad de poder adquisitivo”, mide las diferencias del coste de vida entre comunidades. En Canarias, los precios se sitúan un 7,7% por debajo de la media estatal y, por tanto, la posición de las Islas mejora en el ranking retributivo al aplicar ese mecanismo.

Sin el ajuste de poder adquisitivo, la media del sueldo médico en Canarias roza los 82.000 euros con guardias, lo que sitúa a las Islas en la décima posición de entre las 17 comunidades (sin incluir en este caso a Ceuta y Melilla). Con el ajuste, esa cifra sube hasta cerca de los 89.000 euros y el Archipiélago asciende al sexto puesto.

Sin embargo, Abásolo advierte de dos limitaciones esenciales en este indicador. Por un lado, se apoya en datos de nivel de precios de 2021 (publicados en 2024), por lo que no recogen los cambios posteriores (como la escalada reciente del coste de la vivienda y el alquiler). Por otro, ofrece una media regional única que no refleja la tensión del mercado residencial en zonas turísticas ni los sobrecostes de la doble insularidad en islas no capitalinas.  

Retribuciones en el resto de categorías 

El estudio también analiza otras categorías profesionales, como la de celadores, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería o grupos de gestión administrativa. En todos estos perfiles, Canarias se sitúa por encima de la media nacional. Los celadores, por ejemplo, cobran 21.052 euros brutos anuales en las Islas frente a los 20.261 de media. Los TCAE perciben 22.573 y el promedio está en 21.854. 

Abásolo explica que el complemento de residencia está incluido en las remuneraciones analizadas y contribuye a este mejor posicionamiento de Canarias, aunque aclara que su cuantía aumenta con el grupo profesional, no beneficia sólo a las categorías con sueldos de base más bajos y que el estudio no cuantifica qué parte de las diferencias se explican específicamente por este plus. 

Un trabajo “estrictamente diagnóstico”

El investigador remarca que el contrato suscrito con el SCS tenía “un objetivo diagnóstico”: comparar de forma homogénea las retribuciones de Canarias con las del resto del Estado. “No formaba parte de nuestro encargo elaborar propuestas concretas de reforma retributiva”, subraya Abásolo, que precisa, no obstante, que los resultados pueden servir “lógicamente” como información para valorar posibles cambios. 

En cualquier caso, el catedrático destaca la utilidad de la herramienta interactiva aplicada, del simulador, que ha sido depositada en el repositorio institucional de la ULL. “Para el SCS, una de sus principales utilidades es que puede actualizarse con los datos de años posteriores. Nuestro estudio es una fotografía de 2024; con la herramienta se puede pasar a una imagen en movimiento y ver cómo evolucionan las diferencias para perfiles comparables, si se amplían o se reducen”, concluye Abásolo. 

La concentración convocada en el Paseo de Larios de Torre del Mar, en Málaga, ha reunido a decenas de personas con el propósito de exigir transparencia y responsabilidades ante el presunto uso de reactivos con pérdida de estabilidad o caducados en el laboratorio del Hospital Comarcal de la Axarquía. “Los profesionales necesitan protección, no presiones”, manifestaban desde el sindicato CSIF, que ha denunciado el acoso al que se ha visto sometido la plantilla.

Así lo ha reclamado el responsable de Sanidad del sindicato en Málaga, Juan Pedro Ruiz, durante la protesta, que ha subrayado que “de confirmarse, estamos hablando de que podría estar afectada la atención sanitaria de miles de personas”. “No podemos permitir que existan dudas sobre la fiabilidad de unas pruebas médicas de las que pueden depender diagnósticos y tratamientos. La Administración tiene que dar explicaciones y aclarar qué investigación ha llevado a cabo para garantizar la seguridad”, ha subrayado este jueves.

El sindicato trasladó estos hechos a la Fiscalía Provincial de Málaga el pasado mes de marzo y reclama a la Administración andaluza que esclarezca lo sucedido, determine su posible alcance y ofrezca garantías sobre la seguridad de los pacientes y la fiabilidad de las pruebas clínicas realizadas en el centro. Además, recuerdan que la investigación interna promovida por la Gerencia del hospital fue archivada sin que se detallaran las actuaciones de averiguación realizadas, una circunstancia que, “lejos de despejar las dudas, ha incrementado la preocupación sobre unos hechos que podrían tener importantes consecuencias si llegaran a confirmarse”, han establecido.

“Queremos saber qué ha pasado”

Al respecto, Ruiz ha comentado que “no basta con cerrar una investigación interna sin dar más explicaciones de lo que se ha hecho y mirar hacia otro lado”. “Queremos saber qué ha pasado, qué instrucciones había por parte de los responsables del hospital, durante cuánto tiempo ha podido ocurrir y si algún paciente ha podido verse afectado”.

Asimismo, la central sindical ha puesto el foco en la situación de los trabajadores del centro, tras haber trasladado a la Inspección de Trabajo posible hostigamiento relacionado con la denuncia. “Los profesionales necesitan protección, no presiones. Nadie puede sufrir represalias por denunciar posibles irregularidades que afectan a la seguridad de los pacientes”, ha apuntado el responsable sindical.

Durante la concentración, a la que han asistido el parlamentario andaluz de Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, y la presidenta de Amama, Ángela Claverol, junto a trabajadores del centro hospitalario, CSIF ha reclamado que se esclarezcan completamente los hechos, sin perjuicio de las actuaciones que corresponda desarrollar a la Fiscalía. “No vamos a dejar de exigir respuestas hasta que se aclare lo ocurrido. Los pacientes tienen derecho a confiar en sus pruebas médicas y los profesionales, a trabajar con seguridad y sin miedo. Lo que pedimos es transparencia, responsabilidades y garantías. Nada más, pero tampoco nada menos”, ha concluido el responsable de CSIF.

Sanidad niega la mayor

Por su parte, Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, rechazó en sede parlamentaria que se hayan producido tales negligencias en el Hospital Comarcal de La Axarquía tras conocerse que se conservaron reactivos caducados entre 2020 y 2025, lo que cuestiona la fiabilidad de los resultados de los análisis, como desveló este medio. “No ha quedado acreditado el uso de reactivos caducados o no aptos”, a lo que añadió, “con la información disponible hasta hoy, no se ha acreditado que la seguridad de los pacientes se haya visto comprometida”.

Por otra parte, Sanz reconoció que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “inició la investigación mucho antes que la Fiscalía”, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Luis Rodrigo Serrano, del grupo parlamentario de Adelante Andalucía. En relación a las investigaciones abiertas, ha enfatizado que “los mecanismos de control existen y funcionan” y que “la Fiscalía investiga y nosotros siempre vamos a colaborar”.

La denuncia contiene mensajes de texto (“si sale caducado, no lo tiréis. Yo los aprovecharé en rutina”), fotografías de botes en la nevera del laboratorio con la inscripción que recoge su caducidad y cuatro testimonios de trabajadores o extrabajadores que apuntalan las sospechas de esta práctica, que estaría auspiciada por las dos responsables del laboratorio, según la denuncia. El uso anómalo de reactivos que imprescindibles para determinar el nivel en sangre de elementos, enzimas o medicamentos cuestiona la fiabilidad de las pruebas analíticas que, a su vez, son claves en el diagnóstico y tratamiento.

Este medio desveló que la unidad fijó como objetivo no tirar los reactivos con pérdida de estabilidad para no superar el presupuesto, y que consiguió reducir su consumo un 30% de un año a otro. La consecución de los objetivos facilita el cobro de los pluses de productividad, que pueden rondar los 15.000 euros para un jefe de servicio o un coordinador.

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha anunciado este jueves que “tras meses de intentos infructuosos por evitar el conflicto en Andalucía” convocará una “huelga indefinida” de médicos a partir del 13 de noviembre. La huelga comenzará con tres semanas de paros ininterrumpidos de 24 horas desde el 13 de noviembre hasta el 4 de diciembre. “Los siguientes paros serán anunciados con la debida antelación en función de la evolución de una eventual negociación con la Consejería de Sanidad”, ha aclarado el sindicato en una nota de prensa.

“Por desgracia, la Consejería se ha negado hasta hoy a pactar un calendario con el SMA. Sus respuestas a las peticiones han sido incoherentes y dilatorias. El aplazamiento de los paros convocados a nivel nacional ha privado a la Consejería de cualquier excusa a la que aferrarse para demorar el cumplimiento del acuerdo”.

El “conflicto” que comenzó a principios de 2025 por el proyecto de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, “pronto se amplió a una demanda de medidas contra la explotación laboral del colectivo”, una reivindicación que “no se limita al ámbito nacional”. “La Junta de Andalucía, que tiene transferidas la mayor parte de las competencias sanitarias, tiene una responsabilidad directa en la situación”. En este contexto, el SMA firmó el 29 de julio un acuerdo con la Consejería de Sanidad para alcanzar estas mejoras a través del diálogo y evitar la confrontación.

“Mera declaración de intenciones”

“Aunque el texto no incorporaba la totalidad de las demandas, constituía un primer paso en la dirección correcta al establecer un marco de diálogo bilateral y abrir el camino hacia el logro completo de los objetivos”, explica la central sindical. El acuerdo, “alcanzado antes de la constitución del actual Gobierno andaluz”, se articuló como “un compromiso político que debía concretarse de inmediato tras la configuración del nuevo equipo de la Consejería” para evitar que fuera “una mera declaración de intenciones sin valor material alguno”.

De hecho, el SMA asegura que “ni siquiera tenemos aún el compromiso de incluir alguna de estas mejoras en los presupuestos de 2027”. Entre ellas figuran la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria y el fin de su obligatoriedad, así como el fin de la obligatoriedad de las continuidades asistenciales en Atención Hospitalaria.

El acuerdo incluye acabar con la discriminación retributiva de los médicos de Atención Primaria en las pagas extra y en IT; eliminar la pérdida económica de las médicas durante el embarazo, parto y lactancia; elevar de la reducción de jornada por asuntos personales al 50%, pasar parte de las retribuciones variables (CRP) a fijas, así como mejoras imprescindibles para los tutores y para colectivos como el Cuerpo A1.4, los MIR y los Médicos del Trabajo, entre otros.

“Se trata de demandas que no pueden esperar. No podemos perder ni un minuto más en intentos infructuosos de diálogo. A pesar de las diferencias aparentes, constatamos con pesar que ningún partido, Administración ni Gobierno, salvo contadas excepciones en alguna comunidad autónoma, parece asumir la trascendencia y la magnitud del conflicto al que se enfrentan”. Por esto, y tras llevar “hasta el límite la voluntad de diálogo y ante la falta de respuesta por parte de la Consejería, nos vemos obligados a convocar una huelga indefinida”.

La Junta lo califica de “sinsentido”

Por su parte, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha calificado de “sinsentido” el anuncio de huelga que ha confirmado este jueves el Sindicato Médico de Andalucía (SMA) desde el 13 de noviembre por la “negativa” del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a plasmar los acuerdos firmados el pasado mes de julio. “El acuerdo firmado se va a cumplir”.

Así lo han recalcado fuentes de la Consejería que han considerado que “es necesario que el SMA explique por qué convoca una huelga, en plena precampaña electoral, dos meses después de firmar ese acuerdo con una vigencia de cuatro años”. “El diálogo sigue abierto y es continuo con el SMA, sindicato al que la Junta exige el cumplimiento de lo firmado”.

En este contexto, la Consejería ha pedido “responsabilidad” al sindicato para “no causar perjuicios al sistema sanitario y a todos los andaluces”. “Hay una ministra que no se ha sentado con los médicos y, sin embargo, la Junta alcanza un acuerdo y mantiene el diálogo permanente con ellos. No tiene sentido que la huelga sea contra un Gobierno que dialoga y cumple, salvo que se defiendan otros intereses extraños”.

La Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy por unanimidad la Oferta Pública de Empleo del SESCAM correspondiente al año 2026, que incluye un total de 1.818 plazas, de las que 1.596 son de acceso libre y 222 de promoción interna.

Así lo ha adelantado hoy, la consejera Portavoz en la rueda de prensa semanal del Consejo de Gobierno. Esther Padilla ha informado que esta nueva oferta se desarrollará conjuntamente con la correspondiente al año 2025, que contemplaba 1.591 plazas, de manera que ambas permitirán convocar procesos selectivos para un total de 3.409 plazas. Está previsto que la convocatoria de los exámenes correspondientes a estos procesos se publique durante el segundo trimestre de 2027.

La portavoz del Ejecutivo ha adelantado que la Oferta Pública de Empleo correspondiente a 2026 incorpora, además, por primera vez plazas de tres categorías profesionales de reciente creación en el SESCAM: dietista-nutricionista, técnico medio sanitario de Farmacia y técnico superior especialista en Documentación Sanitaria.

Oferta Pública de Empleo 2026

De las 1.818 plazas incluidas en esta nueva oferta, 400 son de personal facultativo, de las que 237 corresponden a facultativos especialistas de área, 100 a médicos de familia, 14 a pediatras de Atención Primaria y 29 a médicos de Urgencias Hospitalarias.

En las 20 restantes están incluidas seis de inspector médico de Servicios Sanitarios y Prestaciones, cinco de médico de Emergencias, cuatro de médico de Admisión, Archivos y Documentación Clínica, cuatro de odontoestomatólogo y una de técnico de Salud Pública.

Por otra parte, la oferta incluye un total de 496 plazas para personal sanitario diplomado/de grado, de las que 395 corresponden a Enfermería; 23 a enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria; 27 a enfermera especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica; 12 a enfermera especialista en Enfermería de Salud Mental; cuatro a enfermera especialista en Enfermería Pediátrica; dos a enfermera especialista en Enfermería del Trabajo; y cuatro a enfermera inspectora de Servicios Sanitarios y Prestaciones.

En este apartado destaca la convocatoria por primera vez de plazas de dietista-nutricionista, con la inclusión en esta Oferta Pública de Empleo de 14 plazas. La oferta se completa en este grupo con ocho plazas de terapeuta ocupacional y siete de fisioterapeuta.

Asimismo, contempla un total de 434 plazas de personal sanitario técnico, de las que 335 son de técnico en cuidados auxiliares de Enfermería, 38 de técnico superior sanitario de laboratorio y 23 de técnico superior sanitario en radiodiagnóstico.

En este grupo destaca igualmente la convocatoria por primera vez de plazas de técnico medio sanitario de Farmacia y de técnico superior especialista en Documentación Sanitaria, con 12 y 10 plazas, respectivamente. La oferta incluye además siete plazas de técnico superior sanitario de Radioterapia, cinco de técnico superior sanitario de Medicina Nuclear y cuatro de higienista dental.

Finalmente, dentro del grupo de personal de gestión y servicios se incluyen un total de 488 plazas, de las que 200 corresponden a celadores, 170 al grupo auxiliar de la función administrativa, 39 a pinches y 16 al grupo administrativo de la función administrativa, como categorías con mayor número de plazas incluidas en la oferta.

Nuevas categorías de Ingeniero Biomédico y Genetista de Laboratorio

Además, Padilla ha informado de la creación de dos nuevas categorías de personal estatutario del SESCAM, Ingeniero/a Biomédico/a y Genetista de Laboratorio, con el objetivo de adaptar los perfiles profesionales a la evolución tecnológica y científica que se está produciendo en el ámbito sanitario.

La categoría de Ingeniero/a Biomédico/a, que ha sido aprobada por unanimidad, permitirá incorporar al SESCAM profesionales con formación específica para la gestión de una tecnología sanitaria cada vez más compleja y para abordar la creciente integración de los dispositivos médicos con los sistemas de información clínica, la inteligencia artificial y la telemedicina.

Entre las funciones atribuidas a esta nueva categoría se encuentran la planificación tecnológica y de renovación del equipamiento biomédico, la gestión de su ciclo de vida, la tecnovigilancia, la integración de dispositivos médicos con los sistemas de información clínica, la evaluación de tecnologías sanitarias, la gestión de riesgos tecnológicos y la ciberseguridad de los dispositivos médicos conectados, así como la participación en proyectos de investigación e innovación.

Por su parte, la creación de la categoría de Genetista de Laboratorio permitirá facilitar la incorporación ordenada al SESCAM de profesionales con competencias específicas en genética, en un contexto marcado por el creciente peso de la genómica en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades y por el desarrollo de la medicina de precisión.

Estos profesionales podrán desarrollar su actividad en laboratorios de diagnóstico genético, unidades de asesoramiento genético, servicios de medicina reproductiva y unidades de oncología molecular, entre otras estructuras asistenciales. Sus funciones incluyen el diseño, análisis, validación e interpretación de pruebas genéticas de alta complejidad, la aplicación de tecnologías avanzadas de análisis genético y genómico y la colaboración con los equipos clínicos en el diagnóstico, pronóstico, seguimiento y orientación terapéutica de enfermedades de base genética.

Ambas categorías se encuadrarán en el grupo A, subgrupo A1, y las respectivas órdenes regulan asimismo la situación y los procedimientos de reclasificación de aquellos profesionales que actualmente estén desempeñando funciones propias de las nuevas categorías y reúnan los requisitos establecidos.

Finalmente, la Mesa Sectorial ha abordado la actualización de las titulaciones exigidas para el acceso a once categorías de personal estatutario de gestión y servicios del SESCAM: albañil, calefactor, carpintero, cocinero, conductor, costurero, electricista, fontanero, mecánico, peluquero y pintor.

La modificación responde a la necesidad de adaptar los requisitos de acceso a la actual estructura del sistema de Formación Profesional y al nuevo catálogo de titulaciones, manteniendo al mismo tiempo las equivalencias previstas para titulaciones de sistemas educativos anteriores.

El ex director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Jesús Vilés Piris, se incorporó a la sanidad privada solo seis días después de su cese, pero solicitó la compatibilidad el mismo día que María Guardiola firmó el decreto de cese. Vilés obtuvo la autorización de compatibilidad, y con ello el permiso para unirse a la clínica privada, tras declarar que realizaría tareas estrictamente asistenciales sin funciones de mando.

La Junta de Extremadura le dio luz verde sin conocer que Clínica Parque San Francisco, centro gestionado por Clínica Quirúrgica Cacereña S.A.U. (Grupo Hospitales Parque) lo fichó como 'director médico', puesto que el responsable de la sanidad pública extremeña entregó su contrato al día siguiente de que elDiario.es Extremadura desvelara su nuevo destino laboral. Casi un mes antes, el 9 de junio, el Registro de Conflictos de Intereses resolvió el expediente de Vilés definitivamente de forma favorable.

Cronología: de la declaración al contrato

Para entender cómo la Junta de Extremadura declara de forma favorable la compatibilidad del exgerente del SES para trabajar en la sanidad privada hay que remontarse al 5 de mayo. Ese día, María Guardiola decreta el cese de Vilés (decreto 58/2026, publicado en el Diario Oficial de Extremadura al día siguiente). Apenas unas horas después del acuerdo de cese el 5 de mayo, Vilés registró telemáticamente su declaración de actividades tras el cese.

En ese escrito, el exresponsable sanitario comunicó que pretendía incorporarse a Hospitales Parque como “médico con funciones de apoyo organizativo interno”, limitadas a la atención asistencial de pacientes y la elaboración de turnos, garantizando por escrito que no asumiría funciones directivas, representación mercantil ni capacidad decisoria.

Las condiciones pactadas en el sector privado se formalizaron seis días después. El 11 de mayo de 2026, Vilés suscribió su contrato indefinido ordinario con Clínica Quirúrgica Cacereña S.A.U.. En la cláusula primera y en el punto tercero de su anexo laboral, la categoría asignada fue de forma expresa la de director médico, dependiendo del Director del Negocio de Hospitales. No obstante, en el clausulado anexo se estipulaba que las funciones se orientarían a la coordinación clínica y se excluía expresamente la relación de alta dirección.

Compatibilidad concedida sin revisar el contrato

Pese a haber formalizado el acuerdo laboral en mayo, Vilés no remitió copia del mismo a la Administración autonómica durante la instrucción del expediente. Sobre la base exclusiva de su declaración del 5 de mayo y tras recabar informes internos de Recursos Humanos y Contratación del SES, el Registro de Conflictos de Intereses emitió el 9 de junio de 2026 un informe favorable que declaró compatible la actividad y acordó su inscripción y depósito.

El órgano autonómico concluyó que el desempeño de tareas estrictamente asistenciales no vulneraba la Ley 1/2014 del estatuto de los cargos públicos de Extremadura, asumiendo la manifestación de Vilés de que no ejercería responsabilidades ejecutivas.

La documentación laboral no tuvo entrada formal en el Registro hasta el 1 de julio. Vilés envió entonces un correo electrónico al departamento de Transparencia adjuntando el contrato y solicitando copia del dictamen emitido semanas atrás. El envío del documento se produjo 24 horas después de que elDiario.es Extremadura publicara su investigación sobre el fichaje privado de Vilés y la Consejería de Salud se vio obligada a dar explicaciones, una exigencia a la que se sumaron el PSOE y Unidas por Extremadura.

La vinculación entre Vilés y la clínica cacereña ya contaba con antecedentes: antes de su nombramiento al frente del SES en 2023, el facultativo había sido director médico de SegurCaixa Adeslas en Cáceres, aseguradora con vinculaciones con el centro hospitalario, motivo por el cual tuvo que formalizar su abstención en los procedimientos de contratación pública del SES relacionados con esta mercantil durante su etapa en el cargo.

El comité de empresa del Hospital Universitario de Canarias (HUC) ha anunciado que retomará las movilizaciones a partir del jueves 22 de octubre para protestar contra los recortes de plantilla y reclamar la recuperación de los derechos laborales y una cobertura adecuada y estable de las sustituciones. 

En una rueda de prensa ofrecida este martes, los representantes de los trabajadores denuncian el “grave deterioro” del clima laboral en el complejo y las dificultades para ejercer sus funciones sindicales y piden una reunión urgente con la gerencia. 

 En la convocatoria intervinieron Pablo Febles y José García, presidente y secretario, respectivamente, del comité de empresa; Salvador Moreno (CCOO), Alejandro Gordillo (Satse) y Cati Darias (Intersindical Canaria).

El comité sostiene que el escenario actual no responde a un conflicto ocasional, sino a una “falta continuada de diálogo y de respuesta” por parte de la dirección. Según explica, ya se ha dirigido formalmente a la gerencia para trasladarle su preocupación por el trato dispensado a la plantilla y a sus representantes y solicitar un encuentro urgente.

Sobrecarga de trabajo y prevención de riesgos

Los trabajadores denuncian que los recortes de personal y la falta de sustituciones incrementan las cargas de trabajo y los riesgos para la salud física y mental de los profesionales. Según el comité, la mitad de las bajas en el centro hospitalario están relacionadas con “las duras condiciones de trabajo, la falta de evaluaciones de riesgos y la ausencia de un sistema eficaz de adaptación de puestos”. 

Los representantes sindicales lamentan los “obstáculos” para acceder a la información necesaria y desarrollar sus funciones. A su juicio, estas actuaciones podrían vulnerar derechos reconocidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El comité de empresa considera que la falta de interlocución prolonga los conflictos y favorece la judicialización de problemas “que deberían resolverse mediante el diálogo”. Advierte, además, de que esta situación perjudica al conjunto de la plantilla y repercute en el clima laboral y en la calidad asistencial.

Ante este escenario, los sindicatos plantean cinco demandas: el “cese inmediato” de los recortes de plantilla y “una cobertura digna y estable” de las sustituciones; la convocatoria de la reunión solicitada a la Gerencia y el restablecimiento de unas relaciones laborales “basadas en el respeto y la negociación”; el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de libertad sindical, prevención de riesgos laborales e información a la representación de los trabajadores; el fin de las conductas “que dificulten el ejercicio de las funciones de los representantes sindicales y de los delegados de prevención”, y “la asunción de responsabilidades por parte de quienes hayan contribuido a generar esta situación”. 

Las movilizaciones incluirán también reivindicaciones relativas a la estabilidad de los contratos, la adecuación de los permisos a la legislación más favorable, la movilidad interna y las adaptaciones de los puestos de trabajo.

El comité defiende que todavía es posible reconducir el conflicto, pero reclama una respuesta efectiva de la dirección. Subraya que el HUC necesita presupuestos y plantillas acordes con el crecimiento de la población atendida, junto con una gestión basada en el diálogo, el respeto institucional y el cumplimiento de la legalidad.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Extremadura ha reclamado al Servicio Extremeño de Salud (SES) que acabe con el agravio comparativo que sufren diversos colectivos de su personal temporal al intentar acceder al complemento profesional. La organización sindical ha calificado la situación de discriminación intolerable en una administración pública que debe velar por la igualdad retributiva y garantizar el acceso equitativo a las retribuciones complementarias.

El origen del conflicto reside en las distintas exigencias que se aplican según la categoría profesional. Por un lado, el personal temporal de los grupos A1 y A2 con derecho a la carrera profesional, como médicos, enfermeros o fisioterapeutas, únicamente necesita acumular tres años de trabajo para percibir el complemento, sin que esos tres años tengan que ser ininterrumpidos. Por el contrario, a los técnicos sanitarios, auxiliares administrativos y celadores se les exige que su último contrato con el SES sea de un mínimo de tres años continuados para poder cobrar el complemento de Desarrollo Profesional.

A esta exigencia se suma la dificultad añadida que supone la limitación legal fijada desde hace tiempo para los contratos de interinidad, cuyo tope máximo se situó en tres años. Esta barrera administrativa imposibilita en la práctica que gran parte del personal sanitario técnico y de Gestión y Servicios pueda cumplir con los requisitos impuestos para la percepción del complemento.

CCOO ha trasladado en reiteradas ocasiones esta propuesta de modificación a la Mesa Sectorial de Sanidad. Sin embargo, a pesar de que la propia administración ha reconocido la injusticia de la medida, el cambio no se ha llegado a concretar. Desde el sindicato consideran inaudito que el SES trate de ahorrar costes a costa de determinados trabajadores y mantenga un trato desigual entre categorías del colectivo interino.

La derivació de proves radiodiagnòstiques de la sanitat pública a la privada ha augmentat durant els tres anys del PP al capdavant del Govern valencià respecte de 2022, últim exercici complet del Botànic, encara que l'any passat es va registrar un descens important que va acostar novament les xifres a les d'aquell exercici.

Així es desprén de les dades facilitades pel conseller de Sanitat, Marciano Gómez, en resposta a les preguntes plantejades per la diputada socialista a les Corts Yaissel Sánchez, segons les quals l'any passat es va tancar amb 97.431 derivacions per a proves de ressonàncies magnètiques, ecografies o radiografies de diferents tipologies, és a dir, 267 al dia, un 3% més que les efectuades tres anys abans (consulteu la taula).

Segons el mateix informe, el 2022 es van derivar a la sanitat privada 94.610 proves radiodiagnòstiques i en els tres anys següents van ser un total de 107.933, 107.800 i les 97.431 esmentades de l'any passat. En l'exercici actual, fins al 17 de setembre, se n'han derivat 66.962.

El gruix de les proves derivades de la sanitat pública a la privada són les ecografies i les ressonàncies magnètiques. Les primeres han passat de 4.150 el 2022 a 6.942, 9.055 i 17.636, respectivament, en els tres anys següents, mentre que en l'exercici en curs (fins al 17 de setembre) s'ha arribat a 8.510.

Pel que fa a les ressonàncies, de les 85.205 derivades a la privada el 2022 s'ha passat a 96.387, 95.313 i 74.032 en els tres anys següents, mentre que en el que portem de 2026 (fins al 17 de setembre) se n'han derivat 52.263. En aquest cas, crida l'atenció que no ha sigut fins a 2025 quan s'ha apreciat un descens en les derivacions, tenint en compte que el desembre de 2021 el Govern del Botànic va recuperar la gestió pública d'aquestes proves privatitzades anys arrere pel Consell presidit per Eduardo Zaplana.

Com va informar elDiario.es, els anys 2024 i 2025 les derivacions d'aquestes proves i de les intervencions quirúrgiques per a alleujar les llistes d'espera dins del pla de xoc van implicar el pagament de 270 milions d'euros de les arques públiques a diferents hospitals privats.

El PSPV critica l'augment d'ecografies derivades a la privada

La portaveu de Sanitat del PSPV-PSOE a les Corts, Yaissel Sánchez, ha denunciat que el Consell ha disparat la privatització de les ecografies un 325%, que han passat de 4.150 el 2022, amb el Consell del Botànic, a 17.636 el 2025, amb el Consell del PP.

Per a Yaissel Sánchez, aquest augment evidencia que el Partit Popular, en lloc d'invertir en el sector públic, “deriva els recursos públics que aportem tots i totes amb els nostres impostos per a alimentar el negoci privat”. A parer seu, “no es tracta d'un pegat, sinó d'un model per a desviar recursos a la privada mentre el nombre de persones en llista d'espera continua creixent sense donar resposta des de la pública”.

“El deteriorament que pateix la sanitat pública amb Pérez Llorca i Marciano Gómez és alarmant”, ha assegurat Yaissel Sánchez, que ha denunciat que s'utilitza la sanitat privada “per a desviar operacions i serveis que es podrien fer en la pública, sempre que tinguérem els quiròfans i els equips treballant a ple rendiment de matí i de vesprada, i amb el personal tècnic i sanitari adequat a les necessitats de la demanda assistencial”. A més, ha alertat de les conseqüències directes d'aquesta política sobre el sistema valencià de salut: “Cada ressonància i cada ecografia que es fa en la sanitat privada és un recurs més que se li arrabassa a la sanitat pública”.

Finalment, Yaissel Sánchez ha assenyalat la importància del que “ens estem jugant” amb els governs del Partit Popular i ha reiterat el compromís dels socialistes amb el sistema públic: “Ha costat molt d'esforç desenvolupar i mantindre el servei valencià públic de sanitat perquè ara es torne a caure en les pràctiques de la privatització”.

El PP defensa que tots els governs “de diferent signe” fan derivacions

La portaveu de Sanitat del grup popular a les Corts, Nieves Martínez, ha acusat els socialistes de “caure en un bucle, una mena de cercle viciós del qual són incapaços d'eixir: com que no poden negar els avanços de la sanitat valenciana, recorren a la sanitat privada per a intentar desprestigiar el Consell de Juanfran Pérez Llorca”.

Martínez ha recordat que la derivació d'algunes proves, tractaments o intervencions a centres privats és una pràctica utilitzada per governs de diferent signe per a garantir l'atenció sanitària. A més, ha subratllat que el procediment es va regular mitjançant la Instrucció 2/2021, aprovada i instaurada durant el Govern del Botànic, que atribueix a les gerències dels departaments de salut la proposta, l'autorització, la revisió i el control d'aquestes actuacions.

“És lamentable que el PSPV intente convertir una ferramenta assistencial en una arma política manipulant les dades al seu gust en obviar que, en algunes proves com les ressonàncies magnètiques, aquesta pràctica ha baixat de 85.000 a 74.000. Perquè l'important no és on es fa una prova, sinó que el pacient reba l'atenció que necessita”, ha assenyalat. “Però com que no tenen a què agarrar-se per a criticar aquest Consell, recorren desesperadament al comodí de la sanitat privada”.

La diputada popular ha destacat que l'estratègia sanitària de la Generalitat inclou la millora dels programes preventius i assistencials mitjançant ferramentes digitals i l'impuls de noves infraestructures. Així mateix, ha recordat que les dades de Sanitat reflecteixen una reducció de 61 a 17 dies en la llista d'espera quirúrgica de pacients amb prioritat 1.

La derivación de pruebas radiodiagnósticas desde la sanidad pública a la privada se ha incrementado en los tres años del PP al frente del Gobierno valenciano con respecto al año 2022, último ejercicio completo del Botánico, aunque el pasado año registró un importante descenso que le acercó de nuevo a esos registros.

Así se desprende de los datos ofrecidos por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en respuesta a las preguntas planteadas por la diputada socialista en las Corts, Yaissel Sánchez, según los cuales, el pasado año se cerró con 97.431 pruebas derivaciones de resonancias, ecografías o radiografías de distintas tipologías, es decir, 267 al día, un 3% más de las realizadas tres años antes (ver tabla).

Según el mismo informe, en 2022 se llevaron a la sanidad privada 94.610 pruebas radiodiagnósticas y en los tres años siguientes fueron un total de 107.933, 107.800 y las mencionadas 97.431 del pasado año. En el presente ejercicio, hasta el 17 de septiembre se han derivado 66.962.

El grueso de las pruebas derivadas de la pública a la privada son las ecografías y las resonancias magnéticas. Las primeras han pasado de 4.150 en 2022 a 6.942, 9.055 y 17.636 respectivamente en los tres años siguientes, mientras en el ejercicio en curso (hasta el 17 de septiembre) se ha llegado a 8.510.

En cuanto a las resonancias, de las 85.205 llevadas a la privada en 2022 se ha pasado a 96.387, 95.313 y 74.032 en los tres años siguientes, mientras en lo que va de 2026 (hasta el 17 de septiembre) se han derivado 52.263. En este caso, llama la atención que ha sido hasta 2025 cuando se ha apreciado un descenso en las derivaciones teniendo en cuenta que en diciembre de 2021 el Gobierno del Botànic recuperó la gestión pública de estas pruebas privatizadas años atrás por el Consell presidido por Eduardo Zaplana.

Como informó elDiario.es, en los años 2024 y 2025 las derivaciones de estas pruebas y de las intervenciones quirúrgicas para aliviar las listas de espera dentro del plan de choque implicaron el pago de 270 millones de euros de las arcas públicas a diferentes hospitales privados.

El PSPV critica el aumento de ecografías derivadas a la privada

La portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en las Corts, Yaissel Sánchez, ha denunciado que el Consell ha disparado la privatización de las ecografías en un 325%, pasando de 4.150 en el 2022 con el Consell del Botànic a 17.636 en 2025 con el Consell del PP.

Para Yaissel Sánchez este aumento que evidencia que el Partido Popular, en lugar de invertir en lo público, “deriva los recursos públicos que aportamos todos y todas con nuestros impuestos para alimentar el negocio privado”. A su juicio, “no se trata de un parche, sino de un modelo para desviar recursos a la privada mientras el número de personas en lista de espera sigue creciendo sin dar respuesta desde la pública”.

“El deterioro que está padeciendo la sanidad pública con Pérez Llorca y Marciano Gómez es alarmante”, ha asegurado Yaissel Sánchez que ha denunciado que se está usando la sanidad privada “para desviar operaciones y servicios que se podrían realizar en la pública, siempre que tuviéramos los quirófanos y los equipos trabajando a pleno rendimiento mañana y tarde, y con el personal técnico y sanitario acorde a las necesidades de la demanda asistencial”. Además, ha alertado de las consecuencias directas de esta política sobre el sistema valenciano de salud: “Cada resonancia y cada ecografía que se hace en la sanidad privada es un recurso más que se le arrebata a la sanidad pública”.

Finalmente, la Yaissel Sánchez ha señalado la importancia de lo que “nos estamos jugando” con los gobiernos del Partido Popular y ha reiterado el compromiso de los socialistas con el sistema público: “Ha costado mucho esfuerzo desarrollar y mantener el servicio valenciano público de sanidad para que se vuelva a las andadas de la privatización”.

El PP defiende que todos los gobierno “de distinto signo” derivan

La portavoz de Sanidad del grupo popular en las Corts, Nieves Martínez, ha acusado a los socialistas de “caer en un bucle, una suerte de círculo vicioso del que son incapaces de escapar: como no pueden negar los avances de la sanidad valenciana, recurren a la sanidad privada para intentar desprestigiar al Consell de Juanfran Pérez Llorca”.

Martínez ha recordado que la derivación de algunas pruebas, tratamientos o intervenciones a centros privados es una práctica utilizada por gobiernos de distinto signo para garantizar la atención sanitaria. Además, ha subrayado que el procedimiento fue regulado mediante la Instrucción 2/2021, aprobada e instaurada durante el Gobierno del Botànic, que atribuye a las gerencias de los departamentos de salud la propuesta, autorización, revisión y control de estas actuaciones.

“Es lamentable que el PSPV intente convertir una herramienta asistencial en un arma política manipulando los datos a su antojo al obviar que, en algunas pruebas como las Resonancias Magnéticas, esta práctica ha bajado de 85.000 a 74.000. Porque lo importante no es dónde se realiza una prueba, sino que el paciente reciba la atención que necesita”, ha señalado. “Pero como no tienen a qué agarrarse para criticar a este Consell, acuden a la desesperada a utilizar el comodín de la sanidad privada”.

La diputada popular ha destacado que la estrategia sanitaria de la Generalitat incluye la mejora de los programas preventivos y asistenciales mediante herramientas digitales y el impulso de nuevas infraestructuras. Asimismo, ha recordado que los datos de Sanidad reflejan una reducción de 61 a 17 días en la lista de espera quirúrgica de pacientes con prioridad 1.

Se revuelve la calle a mes y medio de las elecciones. Médicos y docentes acumulan meses de protestas por todo el estado, a las que se suman en las últimas semanas las movilizaciones por la vivienda que cristalizarán en una huelga general el próximo 11 de noviembre. Cada uno por sus razones —hay quien dice que las huelgas de facultativos y del profesorado son contrarias en sus objetivos— y con diferentes destinatarios —el Ministerio de Sanidad los primeros, las comunidades autónomas los segundos— la realidad es que dos de las patas del estado del bienestar ponen tensión en la calle y los partidos en un momento clave.

Las quejas de los médicos se dirigen al departamento que dirige Mónica García por el estatuto marco. Agrupados en torno a los sindicatos propios y enfrentados a los generalistas, que de hecho pactaron con Sanidad, exigen un texto legal propio, separado de otros sanitarios, que atienda, dicen, las particularidades de su profesión.

El profesorado lleva al menos dos cursos manifestándose y parando por toda España para exigir más recursos que les permitan poder atender la creciente complejización de la docencia, con aulas más diversas y una ley que les obliga a atender de manera individualizada a cada estudiante.

Para Sergio García Magariño, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Pública de Navarra, no es una coincidencia que las protestas se produzcan en este momento. “Habría que examinarlo con más detalle para testarlo, pero los tiempos no son casualidad. Al haber expectativa de elecciones [las protestas vienen de mucho antes de que fueran convocadas] la movilización se vuelve estratégica, se puede sacar más partido por los tiempos políticos de la movilización”, sostiene.

Luis Miller, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ponía contexto a las protestas hace unos meses: “Desde antes de la crisis de 2008 no ha habido ningún intento de reforma estructural, se están viendo las costuras del sistema. Ha habido algún aumento de sueldo para compensar los recortes, pero se está notando la falta de reformas en dos décadas. Para mí es uno de los dos o tres principales problemas que tiene el país”.

Además, ambas protestas se producen, una situación que puede resultar contraintuitiva, en un contexto económico positivo, con España acumulando crecimiento trimestre tras trimestre. El problema, cree García Magariño, es cómo lo hace: “Los estudios sobre las condiciones sociales de las protestas por mejoras económicas plantean que lo que detona las protestas no es solo la condición objetiva de mayor o menor precariedad, sino sobre todo las expectativas de mejora frustradas, combinadas con la percepción de que es posible mejorar. Quienes protestan lo hacen porque ven una distancia entre lo que tienen y lo que esperarían tener”, arranca.

Además, sigue, “España está creciendo mucho a nivel macroeconómico, pero el poder adquisitivo de la gente ha bajado, porque la inflación es muy superior a la subida, por ejemplo, de los salarios (que también ha habido). Por último, España tiene una desigualdad estructural mucho más acentuada que la media en la UE y la desigualdad (y no la pobreza) suele ser el factor principal que nutre la indignación y el malestar. Ver que la economía crece, que hay más millonarios y que tú no te beneficias de ello es el principal catalizador del malestar social”, sostiene.

Este experto considera que la movilización en la calle, aunque se produzca con un Gobierno progresista en Moncloa, es favorable para la izquierda. “Las protestas que incluyen temas sociales claros (vivienda, salud pública, educación pública) suelen tener el efecto de movilizar al votante de izquierda, que está menos movilizado. Aunque aparentemente pueden entenderse como una crítica al Gobierno, también se entiende que un Ejecutivo de izquierda va a ser más sensible a estos problemas”, opina.

Los docentes no pueden más

Las protestas docentes van por barrios, por lo que mezclan cuestiones regionales con elementos comunes que afectan por todo el estado, y de fondo sobrevuela la creciente precarización de las condiciones en que se ejerce la docencia en los últimos años.

Al profesorado cada vez se le exige más. Lo explica una directora de instituto veterana: “Hay que atender de forma individualizada la diversidad en el aula, dice la ley, y la diversidad es enorme. Hay problemas de salud, de conducta, de aprendizaje... hay que atender a todos de forma diferenciada y, después, hacer el preceptivo informe. Nos vemos un poco desbordados para atender a cada alumno como requiere la ley, no tenemos tiempo”, cuenta.

Y luego está todo lo que no está en la ley. “Nos caen todos los problemas que la sociedad no consigue resolver”: “Si hay un problema de alumnado con drogas tenemos que solucionar el problema de las drogas con la juventud. Si hay problemas de conductas autolíticas también tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que educar a los niños en el uso del móvil, de las redes sociales, que hagan un buen uso de la Inteligencia Artificial, ahora nos tenemos que ocupar de que los niños coman bien...”

El profesorado quiere mejores ratios (menos alumnos por clase), impartir menos docencia semanal para poder ocuparse mejor de cada estudiante En el meollo de las protestas también están las diferencias en las nóminas que reciben los docentes según la comunidad autónoma, pero el hecho de que tanto en Catalunya como en la Comunitat Valenciana hayan rechazado mejoras de cientos de euros al mes porque no venían acompañadas de recursos para el sistema indica que la económica personal no es la principal motivación de los paros.

Pero el descontento es generalizado. El curso pasado acabó con huelgas feroces en Catalunya (donde ya ha habido protestas este curso también) y la Comunitat Valenciana y este va a abrir con una indefinida en Madrid a partir del 14 de octubre y movilizaciones al menos en Andalucía, Cantabria y Aragón.

Médicos en pie de guerra

Los médicos también están en pie de guerra. El Estatuto Marco pactado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde —los que están presentes en las mesas del ámbito— hizo cundir el descontento entre las organizaciones sindicales del gremio, que reclaman una voz propia en la negociación y un estatuto propio. Desde febrero hasta junio, estos fueron protagonizando paros semanales cada mes.

La próxima cita marcada en el calendario de paros era el 28 de octubre, cuando estaba prevista una huelga indefinida. Los sindicatos médicos habían apostado por esta medida de presión tras la aprobación del texto en el Consejo de Ministros del texto, pero han optado por un aplazamiento ante el adelanto electoral, que ha hecho decaer la norma, que se tramitaba ya en el Congreso como proyecto de ley.

Aunque coordinadas, para el 28 de octubre se habían registrado dos convocatorias de paro. Por un lado, la del Comité de Huelga Médica, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME). Por otro, la de la Unión Médica y Facultativa (UMYF), que aglutina a las organizaciones de Madrid (Amyts), Catalunya (Metges), Galicia (Omega y Simega), Canarias (Semca) Comunitat Valenciana (Avanza) y Navarra. Todas ellas han optado por aplazar la huelga hasta que haya un nuevo interlocutor válido.

En la práctica, la interlocución con el Ministerio que dirige Mónica García llevaba meses interrumpida, entre acusaciones por ambas partes. Sanidad ha argumentado siempre que las reivindicaciones de los profesionales son competencia de las comunidades autónomas o de otros departamentos, mientras estos han pedido la dimisión de la ministra, que llegó a acusarles de “deslealtad” en la negociación. 

Las consejerías del ramo también reclamaron al Ejecutivo que “reinicie” las conversaciones sobre el Estatuto Marco, algo que, de facto, ocurrirá con el adelanto electoral. “Si la nueva Cámara quisiera recuperarlo, tendría que iniciar de nuevo su tramitación”, señalaban desde el Comité de Huelga, para quién “este desenlace constituye un éxito indiscutible para las organizaciones convocantes”. “La presión sostenida del colectivo ha frenado una norma que el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito daban prácticamente por aprobado desde hace año y medio”, indicaron en un comunicado este miércoles.

Entre otras cosas, la norma reducía las guardias médicas obligatorias de 24 a 17 horas, la jornada laboral máxima a 45 semanales y forzaba la convocatoria de oposiciones cada dos años.

Los datos de la espera media para operarse en la sanidad pública gallega no han dejado de empeorar en el último año, en el que la demora se ha disparado tanto que solo el peor momento de la pandemia ofrece una cifra más negativa. Al cierre del primer semestre de 2020, la crisis sanitaria llevó la espera para una intervención a los 100,8 días. Seis años después, al término de junio de 2026, la cifra era de 89,5 días, es decir, prácticamente tres meses. Son casi 20 días más que un año antes. Y el dato ni siquiera recoge la realidad completa de lo que los pacientes aguardan en el sistema sanitario público gallego. El motivo es que estos números hacen referencia únicamente a la lista estructural, pero la no estructural, en la que muchas personas acaban por negarse a ser intervenidas en centros privados con los que la Xunta tiene un concierto, permanece fuera de los cálculos.

Rocío (nombre ficticio para evitar ser identificada) se está enfrentando ahora mismo a lo que supone pasar de la lista estructural a ese otro cajón en el que ni hay garantías del tiempo máximo que tendrá que esperar ni apenas información. La operación a la que se tiene que someter esta paciente tiene prioridad 2. Según la normativa, la prioridad 1 debe atenderse en 30 días; la dos, en 90; y la 3 no tiene un tiempo concreto de referencia. La ley -en este caso la de garantías de prestaciones sanitarias de Galicia- dice que, si la espera prevista es superior al tiempo máximo establecido, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) debe “ofertar la realización de la prestación en otro centro de la red pública o en un centro concertado”. En caso de que el paciente rechace esos centros alternativos, quedan sin efecto las garantías de tiempos máximos, según la misma norma, que replica la redacción de la estatal.

Esto explica por qué Rocío recibió el día 91 de su espera una llamada del Sergas para ofrecerle operarse en un centro privado que tiene un concierto con la Xunta. Expone que la funcionaria con la que habló le dijo que esas clínicas concertadas se comprometían a operarla en un plazo de tres meses, lo que implica que ya se estaban “saltando el plazo de la lista de espera”. Es decir, esta paciente ya había esperado esos 90 días que la sanidad pública no debe permitir que se superen en una operación de su prioridad, pero el Sergas actuaba como si comenzase la cuenta de cero.

“Al decirles que no, que yo no quería que ocultaran con dinero a la concertada la falta de recursos en la pública, me avisó de que esto podía conllevar esperar hasta un año y que era bajo mi responsabilidad”, añade. Al día siguiente comprobó que en la aplicación del Sergas para el móvil ya aparecía como que no había pasado ningún día en lista de espera. La única referencia de la que dispone ahora es cuántas personas hay en su misma situación, pero sin aclarar qué puesto ocupa ella en esa lista.

“Una silenciosa derivación de fondos a la privada”

Rocío considera esta práctica “una manera de cubrirse las espaldas” ante las largas listas de espera y de “forzar a los ciudadanos a ser operados en clínicas privadas donde no les han hecho el seguimiento de su estado y cuyos estándares en el criterio de selección y condiciones laborales de sus profesionales no son los mismos que en la pública”. Insiste en que “es una manera más de ocultar la falta de recursos en la sanidad pública gallega y de derivar fondos y pacientes a las clínicas privadas de manera silenciosa”.

Algo más de 14 meses fueron los que tuvo que esperar Nela Abella por una operación de varices en la pierna derecha, más de lo que su médico había dicho que era adecuado retrasarse en su situación, que era no más de un año. La intervención, con prioridad 3, le fue prescrita el 13 de diciembre de 2023. Dos meses después, el 8 de febrero de 2024, llegó la llamada ofreciéndole ir a un centro concertado en Santiago de Compostela. Se negó y fue relegada a la lista no estructural. Para el sistema, su espera fue de 57 días. En diciembre de 2024, cuando la demora real era ya de un año, llamó al servicio de espera quirúrgica y dice que allí la atendieron “de bastantes malos modos”, le dijeron que no le podían dar una orientación de cuánto tendría que aguardar y que el único dato que le podían facilitar era uno obvio para la paciente: aún no había hecho las pruebas del preoperatorio.

Abella le recordó a su interlocutora que la norma (tanto un Real Decreto como la ley gallega) dice que los ciudadanos deben tener acceso a la información personalizada sobre la espera prevista en relación con su proceso asistencial. Ahí la dirigieron a otro servicio en el que tampoco logró su objetivo. Pero poco después la llamaron y finalmente la operaron el 24 de febrero de 2025. “Esto es una privatización descarada de la sanidad, un trasvase de dinero a la privada”, protesta esta paciente, que llama la atención también acerca de que, si una persona no conoce los términos de la ley, se queda “desprotegida” y sumida en una espera a ciegas.

Las reprimendas recurrentes de la Valedora

Entre los muchos casos de pacientes relegados a la lista no estructural, varios han optado por quejarse, como Abella, tanto en los canales del Sergas como ante otros organismos, como la Valedora do Pobo, que acumula resoluciones sobre el asunto. Una de ellas recoge el caso de una mujer con más de dos años de demora para una operación -una artrodesis vertebral-, con prioridad 3. Ella misma explica en su queja que rechazó en dos ocasiones ser derivada a un centro privado y los motivos: los facultativos que la atendieron le habían recomendado siempre operarse en su centro público de referencia, que es el hospital vigués Álvaro Cunqueiro, “tanto por los medios disponibles como por la gran experiencia de los profesionales”. La Valedora le pide al Sergas que atienda el caso y recalca que, aunque un paciente pierda las garantías de los plazos máximos, “la atención debe realizarse en un tiempo prudencial”.

Otro caso es el de un paciente que rechazó someterse a una cirugía en un centro concertado porque una operación anterior, por el mismo motivo y realizada en 2022, había salido mal y no se resolvió su situación, sino que continuó con dolor y con las hernias de las que tenía que ser tratado. En julio de 2024 había vuelto a entrar en lista de espera y más de un año después se dirigió a la Valedora para exponer su caso. “Parece prudente programar la intervención objeto de la queja en un periodo de tiempo razonable”, fue la petición lanzada por esta institución al Sergas.

También aparece entre las resoluciones recientes la historia de otra paciente que llevaba un año y medio de espera para una intervención de prioridad 2 para una prótesis en la cadera derecha. De nuevo, la Valedora reprende a la Xunta: “Debe tenerse en cuenta que la pérdida de la garantía del plazo máximo no supone la desaparición de las circunstancias que determinaron la asignación de la prioridad 2 comentada”.

Hola,

¿Qué tal? Desde que te envié el último boletín han pasado muchas cosas. Siguen las acampadas en varias plazas del país, ha habido un adelanto electoral, se han aprobado de nuevo los reales decretos ley sobre vivienda y, hace unos días, ha fallecido Maricarmen. 

Te preguntarás por qué te cuento todo esto en una newsletter sobre salud. Por un lado, porque es imposible abstraerse del drama de los desahucios. Por otro, porque la convocatoria de elecciones deja en el limbo un abanico de leyes en materia sanitaria que se estaban tramitando y que ahora decaen. 

El Ministerio de Sanidad llevaba toda la legislatura trabajando en la reforma de la ley antitabaco, en lo que iba a ser el primer cambio en 16 años. Por el momento, la ampliación de espacios libres de humo, por ejemplo, a playas y terrazas, no saldrá adelante. Tampoco la ley de medicamentos o la de organizaciones de pacientes. 

Ni una ley que supondría un cambio estructural en el Sistema Nacional de Salud: la de Gestión Pública. Con esta norma, que estaba en tramitación, el Ejecutivo buscaba “blindar” la gestión pública de la sanidad pública, limitando los conciertos y la colaboración público-privada, por donde se cuelan miles de millones de euros cada año.

Esta misma semana, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública presentaba su XII informe sobre privatización sanitaria, en el que estiman que, en 2025, las comunidades autónomas destinaron unos 11.000 millones de euros a la externalización de servicios sanitarios. El motor de esa privatización, explican, es la excusa de las listas de espera, que, sin embargo, “el incremento de los conciertos con la privada no resuelve”. 

A la cabeza en porcentaje para conciertos privados por gasto sanitario está, con un 21,6% del total, Catalunya, con un modelo muy apoyado en fundaciones y entidades privadas, seguido de Madrid, con el 12,2% del total. Según el informe, esta comunidad destinó en 2024 un total de 2.245,3 millones de euros a conciertos, un 85% más de lo previsto al inicio del ejercicio. 

Para que te hagas una idea con las cantidades: el Plan Estatal de Vivienda para los años 2026 a 2030 tiene una dotación de 7.000 millones de euros. 

Prescripción rápida

Tener cáncer y curar el cáncer

Hace unos días estuve hablando con Elena Brozos y Jesús Corral. Ambos son oncólogos y, también, han sido pacientes con cáncer. Ella lo tuvo de niña, lo que la motivó a estudiar medicina. Él, de adulto, cuando llevaba años ejerciendo. Me interesaba saber cómo cambia la perspectiva de quienes nos curan, cuando son ellos los que atraviesan la enfermedad. “Cuando un paciente me dice que tiene miedo, sé perfectamente cómo es ese miedo, porque yo también lo sentí”, me contaban. 

Los dos insistían en la importancia del abordaje más allá de lo estrictamente terapéutico: el acompañamiento, la atención a la salud mental, la dieta, el ejercicio, la orientación para la vida después del cáncer. Son ideas en las que las sociedades médicas y científicas llevan tiempo ahondando. 

“Desde el diagnóstico, tenemos que empezar a valorar al paciente como un largo superviviente, cómo puede ser su evolución laboral, su fertilidad... cosas que antes, tal vez porque los tratamientos no eran tan eficaces, valorábamos cuando parecía que se había superado la enfermedad. Ahora tenemos que apostar por ese otro concepto de empezar a cuidar al paciente y que el paciente se cuide a sí mismo pensando en restablecer su vida”, explicaba el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, Javier de Castro. 

Te dejo sus historias en este enlace. Y, con esto, me despido por hoy. 

Muchas gracias por llegar hasta el final.

Buena semana y ¡salud!

En arribar a l'àrea de Pediatria de l'Hospital de Manacor, la Laura i els seus pares s'emporten una sorpresa. Allà els espera en Rock, un Cavalier King Charles Spaniel curiós, tranquil i disposat a deixar-se acariciar. La seva missió: acompanyar la nina mentre espera el seu torn per fer-se una extracció i també durant el moment en què li treuen sang. La Laura allarga la mà i comença a tocar-li el pèl mentre l'animal roman al seu costat, aliè a l'enrenou de l'hospital. L'agulla encara no ha arribat i, per ara, tota l'atenció està posada en el ca. “Quan ens han dit que hi hauria un ca, pensàvem que era un peluix”, expliquen entre rialles na Maria i en Rafa, els pares de la petita.

Entre bates, carros, tubs d'extracció i el moviment rutinari dels professionals sanitaris, en Rock, amb la seva calma gairebé contagiosa, és un dels cans que participen en el programa d'intervencions assistides amb animals que han posat en marxa l'Hospital de Manacor, la Fundació S'Hort Vell i Purina. L'objectiu és reforçar el suport psicoemocional que ofereix l'hospital, ajudar a incrementar la confiança dels infants i reduir la por, l'estrès i la percepció del dolor mitjançant la interacció amb els animals, a més d'afavorir la comunicació i generar entorns més propers.

En Rock, que encara no ha fet un any, s'apropa, ensuma, mou la cua i roman atent als moviments de la Laura, que, amb una cullera, li dona boletes de pinso. L'intercanvi és senzill: ella li ofereix menjar i ell es queda a prop, pendent de la seva mà. A poc a poc, la nina es familiaritza amb el ca i l'espera per a l'extracció es converteix en una estona de joc i distracció. La por a l'agulla es dilueix entre carícies, pinso i somriures.

Una sorpresa a la sala d'espera de pediatria

L'experiència comença abans d'entrar a la sala d'extraccions. Aquest és precisament un dels objectius del programa d'intervencions assistides amb cans: actuar sobre l'anomenada ansietat anticipatòria, aquells minuts en què un infant sap que el punxaran i comença a imaginar què passarà. El projecte està dirigit a nens i adolescents que s'han de sotmetre a extraccions de sang, un dels procediments que més ansietat pot generar durant la infància.

Silvia, tècnica de S'Hort Vell, acompanya en Rock durant tota la intervenció. Ella roman pendent de l'animal i de l'infant, guia la trobada i l'adapta a cada moment. “Vols donar-li menjar? T'agraden els cans?”, pregunta a la Laura quan es troba amb en Rock. No hi ha pressa. L'objectiu no és aconseguir que la nina deixi de tenir por de cop, sinó oferir-li alguna cosa diferent en què concentrar-se. Deixa que la petita subjecti la corretja del ca i entren junts a la sala d'extraccions, interactuant en tot moment. Quan pugen la nina a la llitera, també hi acomoden l'animal al seu costat, prou a prop perquè el pugui acariciar mentre els professionals sanitaris preparen el material.

En Rock roman tranquil, aliè al tràfec de la consulta, mentre la nina concentra la seva atenció en ell. La presència del ca transforma per uns instants l'escena hospitalària: entre l'instrumental mèdic i les indicacions del personal, la petita troba en ell una companyia que l'ajuda a distreure's i a afrontar el procediment amb més tranquil·litat. Mentrestant, els infermers fan la seva part. “Bufa!”, li diuen a la Laura, que continua observant i acariciant l'animal. En qüestió de segons, tot s'ha acabat.

La nena ofereix menjar al ca i ell es queda a prop, pendent de la seva mà, ajudant-la a gestionar l'estrès. L'objectiu no és aconseguir que la Laura deixi de tenir por de cop, sinó oferir-li alguna cosa diferent en què concentrar-se

En Rafa i la Maria expliquen que no coneixien el projecte i que la Laura tampoc havia viscut abans una experiència així. Arribar a l'hospital i trobar-se amb en Rock els ha agradat, i destaquen que la nina està més tranquil·la i que l'entorn els resulta agradable. També ells han trobat una experiència diferent de la que esperaven quan van arribar.

Després de la Laura, li toca el torn a la Sofia i se segueix el mateix procediment. També ella s'apropa a en Rock, encara que una mica més nerviosa i cautelosa. La Sílvia roman al seu costat en tot moment, pendent tant de la nina com de l'animal, mentre els infermers la tranquil·litzen tant en els moments previs a l'extracció com durant la mateixa. Al final, la Sofia se sent tan còmoda que no vol marxar i, després de passar una estona agradable amb en Rock, es queda jugant a la zona infantil de l'àrea de Pediatria.

Avui és en Rock qui està “treballant”. La Pinya, l'altra cussa -de raça labrador- que sol participar en aquestes intervencions, està temporalment de baixa per una dermatitis ja curada, tot i que encara està recuperant el pèl i haurà d'esperar per tornar a l'hospital.

Una experiència “crucial i molt positiva”

Mae, integrant de l'equip d'infermeria de l'hospital, reconeix que quan li van proposar participar en el projecte va tenir inicialment certes reserves perquè era una situació nova. Després de provar-ho, però, la seva valoració ha canviat per complet. “Molt positiva”, resumeix. La presència del ca, explica, genera “un ambient molt més tranquil, molt més assossegat” i facilita fins i tot el moment de l'extracció. Per a ella, la intervenció de na Sílvia és també “crucial i molt positiva”.

Per a la Mae, sanitària, 'la presència del ca genera un ambient molt més tranquil, molt més assossegat' i facilita fins i tot el moment de l'extracció

L'escena pot semblar espontània, però al darrere hi ha molta feina. Perquè en Rock pugui entrar en un hospital existeix tot un protocol: el ca compta amb documentació sanitària, controls veterinaris, analítiques periòdiques, desparasitacions i protocols d'higiene i comportament. Porta fins i tot una identificació que l'incorpora simbòlicament a l'equip de l'hospital.

La Sílvia explica que ella i les professionals de la Fundació S'Hort Vell són especialistes i tècniques en intervencions assistides amb animals. A més dels seus estudis en Psicologia, Treball Social o Educació Social, compten amb formació específica per desenvolupar aquest tipus d'intervencions.

La Sílvia certifica que els animals compleixen els requisits necessaris per treballar en un entorn sanitari: controls veterinaris, analítiques cada sis mesos, desparasitacions i unes condicions estrictes de neteja. “Ha de venir supernet tot”, explica. El programa contempla que, després de la trobada a la sala d'espera, l'animal pugui acompanyar en alguns casos l'infant durant l'extracció, sempre sense interferir en la feina dels professionals sanitaris. Després, hi pot haver un darrer contacte amb el ca, amb l'objectiu que el record associat a l'hospital sigui més positiu.

Abans que l'agulla, Rock

La Mae explica que l'experiència es repeteix cada quinze dies i que atenen uns quatre infants per jornada. La infermera insisteix que treballar amb nins és diferent. “És més dificultós que un adult”, admet. Amb els més petits, la punxada pot generar més tensió i és més complicat mantenir-los tranquils i distrets durant el procediment. Per això, qualsevol recurs que ajudi a rebaixar els nervis abans de l'extracció acaba sent també un suport per als professionals que l'han de fer. La presència d'en Rock crea “un ambient molt més tranquil, molt més assossegat” i facilita fins i tot el moment de treure sang.

La Fundació S’Hort Vell va néixer el 2023 com a continuació de la trajectòria del C.E. S’Hort Vell, una entitat que acumulava 25 anys de feina en l’àmbit de les intervencions assistides amb animals. Entre els seus objectius hi ha impulsar, crear, investigar i gestionar projectes educatius i terapèutics assistits amb cavalls i cans, amb especial atenció als infants, els joves i les persones amb diversitat funcional. La fundació situa el vincle entre persones i animals al centre d’aquestes intervencions i defensa que ha de ser gestionat per professionals especialitzats.

L’entitat compta amb cans entrenats que participen a les Intervencions Assistides. Segons explica al seu web, els animals conviuen junts i reben entrenament per treballar en diferents entorns, entre els quals hi ha hospitals, residències i centres educatius. La seva capacitat per establir vincles amb les persones, especialment amb infants i persones majors, pot afavorir la motivació i la interacció.

Però per formar part d’aquest equip no basta que un ca sigui sociable. A S’Hort Vell expliquen que els animals d’intervenció són seleccionats d’acord amb les seves qualitats i han de superar un procés d’entrenament que es manté al llarg de la seva etapa com a recurs professional. La fundació destaca, a més, una premissa: que el ca pugui “ser ca la major part del temps”, de manera que, quan arriba el moment de treballar, pugui fer-ho de manera voluntària i positiva. Tots els animals que participen en les intervencions passen, a més, controls veterinaris per garantir-ne el bon estat físic i psíquic.

El ca com a “pont emocional”

Des del 2015, Purina impulsa la investigació, la promoció i la implementació de les intervencions assistides amb animals, amb l’objectiu de reunir evidència científica sobre els efectes del vincle entre persones i animals i promoure bones pràctiques en aquest àmbit. La companyia assenyala que ha realitzat i patrocinat estudis per avaluar l’impacte d’aquestes intervencions, especialment en pacients amb problemes de salut mental, en col·laboració amb centres hospitalaris com l’Hospital Niño Jesús de Madrid, l’Hospital Clínic i l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, l’Hospital de Mataró i l’Hospital Santa Maria de Lleida.

Aquesta aposta es completa amb l’Aliança Purina Teràpia Animal, un projecte d’expansió nacional a través del qual la companyia assessora gratuïtament hospitals i centres sanitaris interessats a posar en marxa aquest tipus de programes. Entre els seus objectius hi ha formar els professionals sanitaris, impulsar projectes pilot i afavorir que, una vegada avaluats, es puguin estendre a més pacients. Purina cita entre els centres assessorats l’Hospital Mútua Terrassa i la Clínica Doctor León.

Qualsevol recurs que ajudi a rebaixar els nervis abans d'una extracció acaba sent també un suport per als professionals que l'han de realitzar: la presència de Rock crea un ambient més tranquil i assossegat

“Les intervencions assistides amb animals, especialment amb cans, poden contribuir a reduir l'ansietat, millorar l'estat d'ànim i afavorir una experiència hospitalària més propera i humana”, assenyala Elisenda Saperas, veterinària i responsable de comunicació de Purina Espanya. En el cas dels infants, afegeix, la presència d'un ca especialment seleccionat i preparat pot aportar “seguretat, confiança i acompanyament” davant d'un entorn desconegut i de procediments que poden generar por. És el plantejament del projecte que Purina desenvolupa juntament amb la Fundació S'Hort Vell a l'Hospital de Manacor.

En declaracions a elDiario.es, Saperas subratlla que la intervenció no es limita a distreure l'infant. “Jugar, acariciar el ca, parlar-li o simplement tenir-lo a prop pot ajudar a desviar l'atenció del procediment i reduir la tensió del moment”, explica. L'animal pot actuar també com “un pont emocional”, facilitant la comunicació i ajudant que el menor se senti acompanyat i tingui un paper més actiu en una situació que normalment escapa al seu control. En procediments com una extracció, aquesta funció cobra especial importància durant l'espera, quan apareix l'ansietat anticipatòria: “Comptar amb un ca durant aquests minuts pot ajudar a transformar aquesta espera”, assenyala, convertint-la en un espai d'interacció, joc i calma.

La veterinària assevera, no obstant això, que aquestes intervencions són un complement de l’atenció sanitària i requereixen professionals i animals específicament preparats. “Humanitzar l’atenció sanitària també significa atendre les emocions del pacient”, sosté. La selecció dels cans es fa de manera individual, valorant-ne l’estabilitat emocional, la sociabilitat, la capacitat de recuperació i la tolerància a la manipulació. Una vegada incorporats al programa, compten amb seguiment veterinari i avaluació contínua. Si l’animal mostra senyals d’estrès, la intervenció s’adapta o s’atura.

Els programes inclouen, a més, protocols d’higiene i prevenció d’infeccions, controls veterinaris i formació específica dels guies i dels professionals sanitaris. L’objectiu és que l’acompanyament es pugui desenvolupar garantint tant la seguretat dels pacients com el benestar del propi animal.

Més enllà de l’àmbit hospitalari, Purina situa les intervencions assistides amb cans en un ventall més ampli de contextos. La companyia assenyala que aquests animals poden participar en centres educatius per afavorir la comprensió i la lectura, la desinhibició, l’autoconfiança o la motivació, així com en centres de menors, centres penitenciaris i residències de gent gran. En aquests espais, les activitats busquen generar estímuls positius i treballar aspectes cognitius, psicomotrius i de benestar emocional.

Al llegar al área de Pediatría del Hospital de Manacor, Laura y sus padres se llevan una sorpresa. Allí les espera Rock, un Cavalier King Charles Spaniel curioso, tranquilo y dispuesto a dejarse acariciar. Su misión: acompañar a la niña mientras espera su turno para hacerse una extracción y también durante el momento en que le sacan sangre. Laura alarga la mano y comienza a tocarle el pelo mientras el animal permanece a su lado, ajeno al ajetreo del hospital. La aguja todavía no ha llegado y, por ahora, toda la atención está puesta en el can. “Cuando nos han dicho que habría un perro, pensábamos que era un peluche”, cuentan entre risas María y Rafa, los padres de la pequeña.

Entre batas, carros, tubos de extracción y el movimiento rutinario de los profesionales sanitarios, Rock, con su calma casi contagiosa, es uno de los perros que participan en el programa de intervenciones asistidas con animales que ha puesto en marcha el Hospital de Manacor junto a la Fundació S'Hort Vell y Purina con el objetivo de reforzar el apoyo psicoemocional que el hospital ofrece, ayudando incrementar la confianza de los niños y a reducir el miedo, el estrés y la percepción del dolor mediante la interacción con los perros, además de favorecer la comunicación y generar entornos más cercanos.

Rock, que aún no ha cumplido un año, se acerca, olisquea, agita la cola y permanece atento a los movimientos de Laura, que con una cuchara le da bolitas de pienso. El intercambio es sencillo: ella le ofrece comida y él se queda cerca, pendiente de su mano. Poco a poco, la niña se familiariza con el perro y la espera por la extracción se convierte en un rato de juego y distracción. El temor a la aguja se diluye entre caricias, croquetas y sonrisas.

Una sorpresa en la sala de espera de pediatría

La experiencia comienza antes de entrar en la sala de extracciones. Ese es precisamente uno de los objetivos del programa de intervenciones asistidas con perros: actuar sobre la llamada ansiedad anticipatoria, esos minutos en los que un niño sabe que le van a pinchar y empieza a imaginar lo que ocurrirá. El proyecto está dirigido a niños y adolescentes que tienen que someterse a extracciones de sangre, uno de los procedimientos que más ansiedad puede generar durante la infancia.

Silvia, técnica de S'Hort Vell, acompaña a Rock durante toda la intervención. Ella permanece pendiente del animal y del menor, guiando el encuentro y adaptándolo a cada momento. “¿Quieres darle de comer? ¿Te gustan los perros?”, pregunta a Laura cuando se encuentra con Rock. No hay prisa. El objetivo no es conseguir que la niña deje de tener miedo de golpe, sino ofrecerle algo distinto en lo que concentrarse. Deja que la pequeña sujete la correa del perro y entran juntos en la sala de extracciones, interactuando en todo momento. Cuando suben a la pequeña a la camilla, acomodan también al animal a su lado, lo suficientemente cerca para que pueda acariciarlo mientras los profesionales sanitarios preparan el material.

Rock permanece tranquilo, ajeno al trajín de la consulta, mientras la niña concentra su atención en él. La presencia del perro transforma por unos instantes la escena hospitalaria: entre el instrumental médico y las indicaciones del personal, la niña encuentra en él una compañía que la ayuda a distraerse y afrontar el procedimiento con mayor tranquilidad. Mientras tanto, los enfermeros hacen su parte. “¡Sopla!”, le dicen a Laura, que continúa observando y acariciando al animal. En cuestión de segundos, todo ha terminado.

La niña ofrece comida al perro y él se queda cerca, pendiente de su mano, ayudándole a gestionar el estrés. El objetivo no es conseguir que Laura deje de tener miedo de golpe, sino ofrecerle algo distinto en lo que concentrarse

Rafa y María cuentan que no conocían el proyecto y que Laura tampoco había vivido antes una experiencia así. Llegar al hospital y encontrarse con Rock les ha gustado y destacan que la niña está más tranquila y que el entorno les resulta agradable. También ellos han encontrado algo diferente de lo que esperaban cuando llegaron.

Después de Laura le toca el turno a Sofía y se sigue el mismo procedimiento. También ella se acerca a Rock, aunque algo más nerviosa y cautelosa. Silvia permanece a su lado en todo momento, pendiente tanto de la niña como del animal, mientras los enfermeros la tranquilizan tanto en los momentos previos a la extracción como durante la misma. Al final, Sofía se siente tan cómoda que no quiere marcharse y, tras pasar un rato agradable con Rock, se queda jugando en la zona infantil del área de pediatría.

Hoy es Rock quien está trabajando. Pinya, la otra perra -de raza labrador- que suele participar en estas intervenciones, está temporalmente de baja por una dermatitis ya curada, aunque todavía está recuperando el pelo y tendrá que esperar para volver al hospital.

Una experiencia “crucial y muy positiva”

Mae, integrante del equipo de enfermeros del hospital, reconoce que cuando le propusieron participar en el proyecto tuvo inicialmente ciertas reservas porque era una situación nueva. Después de probarlo, su valoración ha cambiado por completo. “Muy positiva”, resume. La presencia del perro, explica, genera “un ambiente mucho más tranquilo, mucho más sosegado” y facilita incluso el momento de la extracción. Para ella, la intervención de Silvia es también “crucial y muy positiva”.

Para Mae, sanitaria, ´la presencia del perro genera 'un ambiente mucho más tranquilo, mucho más sosegado' y facilita incluso el momento de la extracción

La escena puede parecer espontánea, pero hay mucho trabajo detrás. Para que Rock pueda entrar en un hospital existe todo un protocolo detrás: el perro cuenta con documentación sanitaria, controles veterinarios, analíticas periódicas, desparasitaciones y protocolos de higiene y comportamiento. Lleva incluso una identificación que lo incorpora simbólicamente al equipo que trabaja en el hospital. Silvia explica que ella y las profesionales de la Fundació S'Hort Vell son especialistas y técnicas en intervenciones con animales y cuentan con formación específica además de sus estudios en Psicología, Trabajo Social o Educación Social.

Silvia certifica que los animales cumplen los requisitos necesarios para trabajar en un entorno sanitario: controles veterinarios, analíticas cada seis meses, desparasitaciones y unas condiciones estrictas de limpieza. “Tiene que venir superlimpio todo”, explica. El programa contempla que, después del encuentro en la sala de espera, el animal pueda acompañar en algunos casos al niño durante la extracción, siempre sin interferir en el trabajo de los profesionales sanitarios. Después puede producirse un último contacto con el perro para intentar que el recuerdo asociado al hospital sea más positivo.

Antes que la aguja, Rock

Mae cuenta que la experiencia se repite cada quince días y que atienden a unos cuatro niños por jornada. La enfermera insiste en que trabajar con niños es diferente. “Es más dificultoso que un adulto”, admite. Y es que, en el caso de los pequeños, explica, la extracción puede generar más tensión y resulta más complicado mantenerlos tranquilos y distraídos durante el procedimiento. Por eso, cualquier recurso que ayude a rebajar los nervios antes de una extracción acaba siendo también un apoyo para los profesionales que tienen que realizarla: la presencia de Rock crea un ambiente más tranquilo y sosegado y facilita incluso el momento de sacar sangre.

La Fundació S’Hort Vell nació en 2023 como continuación de la trayectoria del C.E. S’Hort Vell, una entidad que llevaba 25 años trabajando con terapias asistidas con animales. Sus objetivos incluyen impulsar, crear, investigar y gestionar proyectos educativos y terapéuticos asistidos con caballos y perros, con especial atención a niños, jóvenes y personas con diversidad funcional. La fundación sitúa el vínculo entre personas y animales en el centro de estas intervenciones y defiende que ese vínculo debe estar gestionado por profesionales especializados.

La entidad cuenta con varios canes entrenados que colaboran en las Intervenciones Asistidas con Perros (IAP). La fundación explica en su web que sus canes viven juntos, reciben entrenamiento para trabajar en distintos entornos -entre ellos hospitales, residencias y centros educativos- y que su capacidad para establecer vínculos con las personas, especialmente con niños y mayores, puede favorecer la motivación y la interacción.

Pero para formar parte de este equipo no basta con que un perro sea sociable. Desde S'Hort Vell señalan que los animales de intervención son seleccionados por sus cualidades y deben superar un proceso de entrenamiento que se mantiene durante su etapa como recurso profesional. La fundación destaca además una premisa: que el perro pueda “ser perro la mayor parte del tiempo”, de manera que cuando llega el momento de trabajar pueda hacerlo de forma voluntaria y positiva. Todos los animales que participan en las intervenciones pasan, además, controles veterinarios destinados a garantizar su buen estado físico y psíquico.

El perro como “puente emocional”

Desde 2015, Purina impulsa la investigación, la promoción y la implementación de las intervenciones asistidas con animales con el objetivo de reunir evidencia científica sobre los efectos del vínculo entre personas y animales y promover buenas prácticas en este ámbito. La compañía señala que ha realizado y patrocinado estudios para evaluar el impacto de estas terapias, especialmente en pacientes con problemas de salud mental, en colaboración con centros hospitalarios como el Hospital Niño Jesús de Madrid, el Hospital Clínic y el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, el Hospital de Mataró y el Hospital Santa María de Lleida.

Esta apuesta se completa con la Alianza Purina Terapia Animal, un proyecto de expansión nacional mediante el que la compañía asesora de forma gratuita a hospitales y centros sanitarios para ayudarles a poner en marcha este tipo de programas. Entre sus objetivos está formar a los profesionales sanitarios, impulsar proyectos piloto y favorecer que, una vez evaluados, puedan extenderse a más pacientes. Purina cita entre los centros asesorados el Hospital Mútua Terrassa y la Clínica Doctor León.

Cualquier recurso que ayude a rebajar los nervios antes de una extracción acaba siendo también un apoyo para los profesionales que tienen que realizarla: la presencia de Rock crea un ambiente más tranquilo y sosegado

“Las intervenciones asistidas con animales, especialmente con perros, pueden contribuir a reducir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y favorecer una experiencia hospitalaria más cercana y humana”, señala por su parte Elisenda Saperas, veterinaria y responsable de comunicación de Purina España. En el caso de los niños, añade, la presencia de un perro especialmente seleccionado y preparado puede aportar “seguridad, confianza y acompañamiento” ante un entorno desconocido y procedimientos que pueden generar miedo. Es el planteamiento del proyecto desarrollado junto a la Fundació S'Hort Vell en el Hospital de Manacor.

En declaraciones a elDiario.es, Saperas subraya que la intervención no se limita a distraer al niño. “Jugar, acariciar al perro, hablarle o simplemente tenerlo cerca puede ayudar a desviar la atención del procedimiento y reducir la tensión del momento”, explica. El animal puede actuar también como “un puente emocional”, facilitando la comunicación y ayudando a que el menor se sienta acompañado y tenga un papel más activo en una situación que normalmente escapa a su control. En procedimientos como una extracción, esta función cobra especial importancia durante la espera, cuando aparece la ansiedad anticipatoria: “Contar con un perro durante esos minutos puede ayudar a transformar esa espera”, señala, convirtiéndola en un espacio de interacción, juego y calma.

La veterinaria asevera, no obstante, que estas intervenciones son un complemento de la atención sanitaria y requieren profesionales y animales específicamente preparados. “Humanizar la atención sanitaria también significa atender las emociones del paciente”, sostiene. La selección de los perros se realiza de forma individual, valorando su estabilidad emocional, sociabilidad, capacidad de recuperación y tolerancia a la manipulación, y una vez incorporados al programa cuentan con seguimiento veterinario y evaluación continua. Si el animal muestra señales de estrés, la intervención se adapta o se detiene.

Los programas incluyen además protocolos de higiene, prevención de infecciones, controles veterinarios y formación específica de guías y profesionales sanitarios, de forma que el acompañamiento pueda producirse garantizando tanto la seguridad de los pacientes como el bienestar del propio perro.

Además del ámbito hospitalario, Purina sitúa las intervenciones asistidas con perros en un abanico más amplio de contextos. La compañía señala que estos animales pueden participar en centros escolares para favorecer la comprensión y la lectura, la desinhibición, la autoconfianza o la motivación, así como en centros de menores, penitenciarios y residencias de mayores, donde las actividades buscan generar estímulos positivos y trabajar aspectos cognitivos, psicomotrices y de bienestar emocional.