Adelante Andalucía ha presentado este viernes una propuesta de Ley Andaluza contra el Cáncer basada en un decálogo que garantizaría “un tratamiento y acompañamiento de alta calidad” para los pacientes y sus familiares. Entre las principales medidas se encuentran un plazo máximo de 21 días para iniciar el tratamiento tras el diagnóstico, y de 90 días para la reconstrucción de mamas.

El candidato de Adelante a la presidencia de la Junta en las elecciones del próximo 17 de mayo, José Ignacio García, ha presentado esta iniciativa en una atención a medios en Cádiz junto a la presidencia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), Ángela Claverol. Este colectivo fue el que destapó el pasado mes de octubre los fallos del sistema público con los cribados de cáncer de mama, provocando la crisis política más importante desde que en 2019 Juan Manuel Moreno (PP) alcanzó la Presidencia de la Junta y forzando la marcha de la por entonces consejera de Salud.

Según ha informado Adelante, la formación andalucista también respalda en su propuesta de ley la investigación sanitaria como “uno de los principales pilares”, con una inversión mínima del 2,5% del presupuesto sanitario. Asimismo, propone la “cobertura total de todos los productos relacionados con el cáncer, la prestación de asistencia psicológica pública para pacientes y familiares, garantías de inserción laboral y el acceso a vivienda cercana al hospital para acompañantes de niños y niñas con cáncer”.

Responsabilidad ante errores

Además, a raíz del “escándalo” de los cribados detectado en la sanidad pública andaluza, Adelante Andalucía ha incluido una disposición que establece “la responsabilidad de la administración pública ante posibles errores”.

“Necesitamos también que cuando haya problemas, como el cribado de cáncer de mama u otro tipo de problemas que haya provocado la administración, ésta no haga pasar por un calvario judicial a asociaciones y a personas, como las mujeres de Amama, para las reclamaciones patrimoniales”, ha expuesto José Ignacio García, quien ha subrayado así que desde Adelante piden “empatía” y “humanidad” a la Junta de Andalucía.

De igual modo, desde Adelante apuestan por un sistema de cribados de cáncer “100% público”, e incluye en su ley “un impuesto a los beneficios de las empresas sanitarias, de la sanidad privada, que iría automáticamente e íntegramente dedicado a la investigación contra el cáncer”, según ha detallado José Ignacio García, quien se ha preguntado “quién puede estar en contra de estos puntos”.

“Luchar por la sanidad pública”

Asimismo, ha defendido que este tema va “más allá de cuestiones partidistas”, mientras que Ángela Claverol ha realizado un llamamiento a la población andaluza para defender la sanidad pública. “Creo que somos los millones de andaluces quienes tenemos que luchar por la sanidad pública, porque no se trata de partidos políticos”, ha manifestado la presidenta de Amama, según informa Adelante en un comunicado.

“Los pacientes oncológicos aquí en Andalucía queremos vivir, y de esta manera cada vez parece más difícil llegar a tus citas, a las pruebas. No podemos esperar tanto tiempo para un TAC, para una resonancia. No podemos estar pendientes de que nos llamen por teléfono, de que nos manden la carta de la cita, que luego nos quiten la cita. Así no se puede vivir”, ha concluido Ángela Claverol.

El Centro de Simulación Avanzada de La Rioja ha formado a 1.416 profesionales sanitarios desde su puesta en funcionamiento en abril de 2024, consolidándose como un recurso clave del Sistema Público de Salud de La Rioja para la mejora de la seguridad del paciente y la calidad asistencial mediante el entrenamiento de escenarios clínicos de alta complejidad.

Los datos correspondientes a los dos primeros años de actividad de este espacio de simulación clínica han sido anunciados este viernes por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, en el marco de una jornada formativa conjunta entre profesionales de la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Universitario San Pedro y del Hospital Universitario Vall d’Hebron.

La titular de Salud ha destacado que “en el segundo aniversario de nuestro Centro de Simulación Avanzada, del que nos sentimos profundamente orgullosos, hacemos un balance muy positivo de lo que ha supuesto para nuestros hospitales, centros de salud y, especialmente, para los ciudadanos de La Rioja este centro que ha formado a más de 1.400 profesionales sanitarios desde su puesta en funcionamiento hace dos años, lo que supone un impacto directo en la mejora de la seguridad del paciente y en la calidad de la atención sanitaria”. 

En este sentido, Martín ha recordado que este centro “permite que los profesionales del Sistema Público de La Rioja puedan desarrollar habilidades y destrezas mediante la escenificación de situaciones reales del ámbito clínico, desde técnicas diagnósticas a operaciones quirúrgicas”. Además, ha recordado que “nuestro centro se ha convertido en un punto de referencia que atrae a profesionales de otros puntos de España, como pudimos ver la semana pasada con el Hospital de Valdecilla o hoy mismo con especialistas de Vall d’Hebron, que nos forman en técnicas de vanguardia como la oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO)”.

“Desde que iniciamos este camino en abril de 2024, se han impartido más de 111 cursos. Nuestra voluntad es seguir avanzando y ampliando recursos para que la vocación y el compromiso de nuestros profesionales cuenten con las mejores herramientas tecnológicas, permitiéndoles afrontar la práctica clínica real con la máxima seguridad y confianza”, ha asegurado la titular de Salud y Políticas Sociales.

Además, la consejera ha agradecido y felicitado a los profesionales del Sistema Público de Salud de La Rioja “por su alto nivel de compromiso, su implicación en la formación continuada y su contribución constante a la mejora de la calidad asistencial”.

En la visita al Centro de Simulación Avanzada de La Rioja también han participado el gerente del SERIS, Luis Ángel González, el director gerente de Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva, el jefe de la Unidad de Medicina Intensiva, Adolfo Calvo, y el Facultativo Especialista de Área de la Unidad de Medicina Intensiva e instructor en el Centro de Simulación Avanzada de La Rioja, el doctor Enrique Chicote.

Por su parte, Adolfo Calvo ha destacado que “el Centro de Simulación es una herramienta de enorme valor para los profesionales de Medicina Intensiva, ya que permite entrenarse en situaciones críticas y poco frecuentes en un entorno seguro, sin riesgo real para el paciente, mejorando así la capacidad de respuesta y la seguridad asistencial”. Además, ha subrayado que “este espacio no solo refuerza la práctica clínica, sino que también facilita el trabajo de habilidades esenciales como la comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo, así como el perfeccionamiento en el manejo de técnicas complejas como la ECMO, gracias a un simulador del que disponen muy pocos centros y que probablemente es único en la zona norte”, ha dicho.

Nuevo simulador ECMO

La actividad formativa desarrollada hoy por los profesionales del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario San Pedro y del Hospital Universitario Vall d’Hebron ha tenido como objetivo la formación en la técnica ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea), dispositivo que sustituye de forma temporal la función del corazón y los pulmones cuando estos órganos fallan gravemente. 

Esta técnica de soporte vital avanzado es empleada en pacientes en situación crítica, como infartos masivos, shock cardiogénico o paradas cardiorrespiratorias, en los que resulta clave una actuación rápida, coordinada y altamente especializada.

Precisamente, y para garantizar un manejo seguro y eficaz de esta técnica, el Centro de Simulación Avanzada de La Rioja ha incorporado recientemente un simulador específico ECMO, por un importe de 43.547,90 euros, permitiendo a los profesionales entrenar complicaciones, procesos de retirada del soporte o situaciones de parada cardiorrespiratoria con ECMO.

La formación ha sido impartida por los profesionales del Hospital Vall d’Hebron, uno de los centros con mayor experiencia en ECMO y referente internacional en este ámbito. En el curso han participado médicos adjuntos y residentes de la Unidad de Medicina Intensiva (UMI), personal de enfermería, cirujanos cardíacos y enfermeras perfusionistas, reforzando el enfoque multidisciplinar que requiere esta técnica.

Innovación al servicio de la calidad asistencial

El Centro de Simulación Avanzada de La Rioja, gestionado por Fundación Rioja Salud y ubicado en el edificio del CIBIR, mejora la eficacia, eficiencia y seguridad de las actuaciones clínicas al facilitar la adquisición de habilidades y destrezas gracias a la escenificación de situaciones reales.

 Entre otras actuaciones, el centro reproduce un box de urgencias, unidad de cuidados críticos y reanimación y cuenta con maniquíes de alta fidelidad de pacientes adultos y pediátricos para la enseñanza de diferentes técnicas como la intubación, el cateterismo o la administración de inyecciones. Del mismo modo, el nuevo espacio formativo dispone de simuladores de realidad virtual con los que se podrán afrontar diferentes intervenciones quirúrgicas en un entorno completamente inmersivo.

El centro posee otras herramientas que facilitan la adquisición de destrezas como son los simuladores de realidad virtual, que permiten proporcionar entrenamientos en ecografía o ensayar intervenciones quirúrgicas con laparoscopia. Además, entre las diferentes habilidades que se pueden entrenar, destacan técnicas diagnósticas de fondo de ojo o un entrenador digital de diagnóstico de oído. 

Asimismo, el espacio también dispone de simuladores para la enseñanza en técnicas como la inserción suprapúbica ecoguiada para el entrenador de sondaje vesical, el cateterismo venoso central insertado periféricamente, la punción arterial, lumbar o la epidural ecoguiada.

La consejera de Salud, María Martín, ha anunciado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, la ampliación, en un veinte por ciento, de las consultas externas del Hospital de Calahorra dentro de un proyecto que supone anexionar casi quinientos metros cuadrados más.

Martín ha respondido una pregunta del diputado socialista Miguel González de Legarra, que le ha reprochado una infradotación presupuestaria en el Hospital de Calahorra. Legarra ha recriminado cómo, a pesar de lo que se aprueba presupuestariamente en la Cámara riojana, la ejecución real supone quitar inversión al Hospital de Calahorra (1,3 millones en modificaciones en el año 2025, ha dicho).

“Qué pasa con las goteras, con renovar el TAC o el mamografo, que pasa con las alarmas, cuándo se va a continuar con la renovación de habitaciones”, ha dicho. La realidad, para Legarra, es que “mientras dicen con descaro que aumenta el presupuesto, quitan inversiones” y ya hay, ha apuntado, “otro especialista más que va a abandonar el hospital”.

“La realidad de su ejecución mata el relato, lo están debilitando y lo están haciendo a sabiendas”, ha clamado y Martín ha salido al estrado para espetarle: “Al estar integrado en el SERIS no tiene presupuesto aparte y usted no puede saber lo que se ha invertido”.

La consejera de Salud ha indicado que “se han renovado equipos” y “habrá menos dinero pero este año hay más de tres millones para renovación de equipos” y, “sobre todo, lo contrario de un desmantelamiento: una ampliación”. A continuación, ha anunciado la unificación del Servicio de Rehabilitación en una superficie de casi quinientos metros cuadrados, que incluirá especialidades de Suelo Pélvico o Infantil, Adultos, Logopedia y Terapia Ocupacional.

Más detalles de la ampliación

El Gobierno de La Rioja ha ampliado esta información después en una nota de prensa, concretando que el proyecto anexionará 483 m2 de superficie útil en la planta baja del edificio de Gerencia. Estarán distribuidos en 314 metros cuadrados de gimnasio y 168 de terraza que será diseñada con criterios de humanización como lugar de esparcimiento y actividades al aire libre, además de como vía de iluminación para los espacios interiores.

De este modo, las actuales instalaciones del gimnasio en la planta cero quedarán liberadas y serán acondicionadas como área de atención a pacientes, es lo que hará que las consultas externas crezcan entre un veinte y un 25 por ciento.

“Con esta actuación el SERIS logrará un doble objetivo en el hospital de referencia de La Rioja Baja, por una parte, la optimización del servicio de rehabilitación, unificando funcionalmente todas las especialidades que ahora están separada, y facilitando un mejor desarrollo de técnicas y terapias”, ha resaltado el Ejecutivo.

Y, por otra parte, ha indicado, se ofrecerá una mejor atención con un área de consultas más amplia y más moderna, con posibilidad de prestar una asistencia más ajustada a los actuales estándares de calidad. A ello añade el Gobierno de La Rioja “el aumento continuado de la plantilla de profesionales”, cuantificándola en un crecimiento del 7 %, mientras se acumulan las críticas precisamente por la pérdida de servicios y profesionales. Con el anuncio de la ampliación, no se han ofrecido datos del número de profesionales que conllevará.

Para acometer este proyecto, que comienza en 2026 y concluirá en 2027, el Gobierno de La Rioja ha informado de que elevó a 2,5 millones de euros el capítulo de Inversiones en los Presupuestos de este año, contemplando también la renovación constante de equipos que lleva impulsando desde la integración de este centro en el Servicio Riojano de Salud en 2024.

La decisión del área de salud de Badajoz de ofrecer un menú especial inspirado en la Feria de Abril de Sevilla, que se celebra esta semana, a pacientes ingresados en el Complejo Hospitalario Universitario ha generado un intenso debate en redes sociales. Según explicaba en Facebook el propio servicio, la iniciativa busca acercar un ambiente festivo a quienes no pueden salir del hospital, siempre que su situación clínica y prescripción dietética lo permitan, con el objetivo de hacer la estancia “más cercana, humana y agradable”.

Las bandejas, con salmorejo y pescaíto frito, decoradas con elementos asociados a la feria —abanicos, farolillos y motivos flamencos—, no han pasado desapercibidas. Parte de las críticas se centran en la elección de una festividad vinculada a Sevilla, cuestionando qué relación tiene con Badajoz o con las tradiciones extremeñas. Algunos usuarios consideran que este tipo de acciones deberían inspirarse en celebraciones locales, apelando a un mayor arraigo cultural.

Junto a ese debate identitario, también han surgido comentarios sobre la pertinencia de este tipo de iniciativas en el ámbito sanitario. En el trasfondo, aparece una discusión habitual: si este tipo de gestos simbólicos pueden desviar la atención de las prioridades asistenciales o si, por el contrario, forman parte de una concepción más amplia del cuidado.

Frente a las críticas, algunas voces han defendido la propuesta destacando su dimensión humana. Algunos usuarios y familiares de pacientes subrayan que cualquier elemento que rompa la rutina hospitalaria puede tener un efecto positivo en el ánimo de quienes permanecen ingresados, especialmente en estancias largas. “Cualquier cambio que saque de la rutina del hospital provoca una sonrisa”, resumía uno de los comentarios.

El intenso debate en Facebook acumula ya más de 900 'me gusta', 158 comentarios y se ha compartido más de un centenar de veces, cifras muy superiores a las de cualquier otra publicación de la cuenta del área de salud de Badajoz. Pero la controversia no se ha quedado ahí porque un usuario también lo ha compartido en X con el siguiente contenido: “¿Qué hace la Junta de Extremadura dando menú ”de Feria“ en los hospitales extremeños? ¿A caso es nuestra feria? ¿Este es el ”orgullo“ que sienten por la región? Con esta acción están pisoteando nuestras tradiciones a cambio de importar el postureo”.

En esta red social también se ha creado debate entre quienes la considera una iniciativa positiva para que los pacientes “salgan de la rutina” y quienes esperan que el Servicio Extremeño de Salud (SES) ponga en marcha menús especiales coincidiendo con la celebración de San Juan (Badajoz), San Fernando (Cáceres) y Santa Eulalia (Mérida), aunque la feria de la capital extremeña se celebra a principios de septiembre y no coincide con el día de su patrona.

El Parlamento británico acordó este lunes la versión final de la ley que prohibirá vender tabaco a cualquier persona nacida después de 2008 para promocionar una nueva generación libre de nicotina y prohibir progresivamente los cigarrillos. A falta del último paso legislativo – la firma del rey, habitualmente automática–, el Reino Unido tendrá una nueva ley después de años de esfuerzos que empezaron con el Gobierno conservador de Rishi Sunak y han culminado con el del laborista Keir Starmer.

Así desde abril del año próximo, si la ley entra en vigor como está previsto, cualquier persona nacida el 1 de enero de 2009 o después no podrá comprar de manera legal tabaco. La obligación, y, por tanto, los posibles castigos, pesa sobre las empresas productoras y comercializadoras de cigarrillos, no sobre los individuos. El objetivo es que las personas que tienen ahora 17 años o menos no se enganchen al hábito. La edad legal para comprar tabaco en el Reino Unido es ahora 18 años.

El objetivo es combatir la adicción al tabaco y sus efectos nocivos para el entorno de los fumadores, los espacios de trabajo y la sanidad pública, según han razonado los gobiernos conservador y laborista que han defendido la ley. Uno de los principales argumentos ha sido el coste en enfermedades que se pueden prevenir para la sanidad pública británica.

Alivio para la sanidad pública

“Éste es un momento histórico para la salud de la nación… Los niños del Reino Unido serán parte de la primera generación libre de humo, protegiéndolos de una vida de adicción y daños”, dijo el ministro de Sanidad británica, Wes Streeting, este lunes. “Prevenir es mejor que curar. Esta reforma salva vidas, alivia la presión para el Servicio Nacional de Salud y construye un Reino Unido más saludable”. 

La ley también incluye limitaciones al vapeo, por ejemplo con nuevas prohibiciones de este consumo en vehículos que transporten menores o en espacios al aire libre cercanos a escuelas u hospitales. El humo en espacios públicos cerrados ya está prohibido en el Reino Unido desde 2007, venga de los cigarrillos tradicionales o del vapeo.

El Reino Unido ya aplica otras medidas para combatir la adicción al tabaco, incluidos programas de desintoxicación progresiva y desincentivos económicos con impuestos más altos que en otros países europeos, incluido España. De hecho, el 90% del precio del tabaco y otros productos de nicotina viene de los impuestos, y el precio se ajusta de manera constante según la inflación.

El compromiso ya está sobre el papel. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha suscrito hoy con siete sindicatos el anunciado acuerdo que recoge las “bases para la reactivación” de la carrera profesional en el ámbito sanitario de la comunidad autónoma.

Catorce años después de la eliminación de este derecho para las y los trabajadores del sector sanitario durante el Gobierno de Dolores de Cospedal, otro gobierno, el de Emiliano García-Page lo recuperará tras once años al frente de la Junta de Castilla-La Mancha.

“Este es un acto de justicia y lamento que no hayamos podido hacerlo antes”, les ha dicho Page a las y los profesionales sanitarios. “Podría haber repuesto los decretos derogados el primer día. Sí. Y haberlo hecho sin acuerdo. Lo cierto es que no había dinero y hoy no nadamos en la abundancia”, ha comentado.

El presidente regional ha agradecido a los sindicatos que, a pesar de lo dilatado del tiempo sin la carrera profesional, las pancartas de reivindicación en la calle hayan sido “recientes”. Su consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz ha destacado lo “discreto” de una negociación “con poco ruido”, pero muy larga.

“Hay personas que dicen que llevamos dos semanas trabajando. No. Llevamos once años”, incidía el consejero para anunciar que “el nuevo modelo” se garantizará a través de una ley para “refrendar y proteger el futuro de carrera profesional”.

El acto para la firma del acuerdo se celebraba en una de las salas del Palacio de Fuensalida donde los siete sindicatos firmantes -todos presentes salvo USICAM- respiraban satisfacción, optimismo e incluso se dejó notar un punto de emoción en los discursos, pero también dejaron claro que este acuerdo no es la meta, sino el comienzo para nuevas mejoras. El acuerdo beneficiará a 35.000 profesionales del sector sanitario de la región y será efectivo a partir de enero de 2027.

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Alberto Jara, destacaba este acuerdo “anclado en el diálogo, el consenso unánime, la humildad, la prudencia y la transparencia”, y con “muchos borradores de por medio”, los sindicatos han sido unánimes al destacar que se ha recuperado “la dignidad” profesional.

El responsable de Sanidad de UGT en Castilla-La Mancha, Fernando Peiró, ha querido aclarar que la carrera profesional “no es una herramienta de reconocimiento económico”, o no solo, sino que también valora la experiencia o la formación continua y es una “medida de justicia y dignidad profesional”.

Tras destacar la disposición al diálogo del Gobierno autonómico ha advertido: “Todavía quedan aspectos por concretar” y sobre todo que la ley lo blinde “con un nuevo modelo de carrera profesional” porque “invertir en las personas que cuidan del sistema sanitario es invertir en la calidad del sistema”.

Todavía quedan aspectos por concretar y una ley lo blinde con un nuevo modelo de carrera profesional

Fernando Peiró — Responsable de Sanidad en UGT

“Gracias por devolvernos la autoestima. Éramos los únicos sin reconocer el trabajo del día a día”, ha dicho Jorge Curiel, presidente del sindicato médico (CESM). “La gente está contenta y es un motivo más para implicarse en el cuidado y la búsqueda de la excelencia. Espera que sea el inicio de otros pactos”.

Gracias por devolvernos la autoestima. Éramos los únicos sin reconocer el trabajo del día a día. La gente está contenta y es un motivo más para implicarse en el cuidado y la búsqueda de la excelencia. Espera que sea el inicio de otros pactos

Jorge Curiel — Presidente de CESM Castilla-La Mancha

Resuelta la reivindicación en el plano regional, Curiel ha recordado que los médicos y facultativos mantienen todavía un pulso con el Ministerio del ramo. Ha pedido “coordinación” a la Consejería de Sanidad para negociar el Estatuto Médico a nivel nacional “porque están pasando cosas por arriba que no deben pasar. Castilla-La Mancha tiene derecho a una financiación autonómica adecuada”, reclamaba.

Después, Pilar Ramos, responsable de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha destacado que este “no es un día cualquiera” para el sector. “Con la memoria intacta tras 14 años largos de bloqueo. Fruto de la movilización y de la negociación colectiva. No es solo cuestión económica sino de justicia” porque “la Sanidad es un engranaje en el que cada pieza es fundamental. Todos ven reconocido su derecho al progreso profesional. Es reconocer a los que cuidan y curan a nuestros ciudadanos”.

En su opinión, la reactivación de la carrera profesional “atraerá talento, también de los que se fueron a otros servicios de salud”, aunque ha advertido que la firma de hoy “es un punto de inflexión, pero no es la meta final. Quedan recortes por revertir”.

La carrera profesional atraerá talento, también de los que se fueron a otros servicios de salud

Pilar Ramos — Federación de Sanidad de CCOO

Ana Isabel Fernández, presidenta de Sanidad en CSIF ha hablado de “14 años de injusticia que nunca debió existir. Era una herida abierta en la dignidad de quienes sostienen nuestro sistema de salud” y ha destacado el “paso necesario y valiente por parte de la Administración pública”.

Han sido 14 años de injusticia que nunca debió existir. Era una herida abierta en la dignidad de quienes sostienen nuestro sistema de salud

Ana Isabel Fernández — Presidenta de Sanidad en CSIF

Durante su intervención ha recordado a quienes perdieron la vida en la pandemia “y no han podido llegar a este momento”. Por eso, decía, “este acuerdo es un homenaje a su memoria”, también ha recordado a quienes se jubilaron sin poder tener acceso a este derecho y a “quienes enfermaron durante la pandemia y siguen cargando con las secuelas”. El trabajo de los y las sanitarias durante la crisis de la COVID-19 ha citado en varios momentos del acto.

Desde USAE, la secretaria autonómica de este sindicato de Enfermería, María José Soria, ha destacado el “compromiso y la voluntad de diálogo por la dignidad profesional”.

Este acuerdo supone decir a miles de profesionales que su esfuerzo tiene valor. Ganan la sanidad pública, el diálogo y los profesionales

María José Soria — Secretaria autonómica de USAE

“Este acuerdo supone decir a miles de profesionales que su esfuerzo tiene valor. Ganan la sanidad pública, el diálogo y los profesionales. Hoy hablamos de justicia, dignidad y futuro”, ha dicho.

El secretario general de SATSE, Juan Francisco Ruiz ha destacado que se ponga fin a “una etapa negra de 14 años, que ha eclipsado otros avances que hemos tenido en la Sanidad pública”. A disposición del SESCAM para llevar el acuerdo a la práctica cuando antes. Y espera “que se produzca de forma ágil”, ha deseado.

Se pone fin a una etapa negra de 14 años, que ha eclipsado otros avances que hemos tenido en la Sanidad pública

Juan Francisco Ruiz — Secretario autonómico de SATSE

Page: “Es un buen día”

El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page ha cerrado un acto que, ha reconocido, “no sabía cómo enfocar”, así que ha optado por “echar mano de un punto de sinceridad”.

“Este es un buen día”, ha asegurado, tras reconocer que le hubiera gustado recuperar “antes” la carrera profesional sanitaria. Eso sí, aclaraba, “no hubiera consentido mejorar las condiciones de los trabajadores, a costa de cuestionar los servicios. Eso es lo que nos ha frenado estos años”, ha explicado. “Cuando entramos teníamos dificultades para pagar las nóminas”.

Ha agradecido a los profesionales que pusieran “a los pacientes por delante” todo este tiempo y a los negociadores que hayan trabajado el acuerdo “con tesón, paciencia y persuasión”. Ha dejado caer que no ha sido fácil. “Desde que tomé posesión del cargo todo ha sido una carrera y lo sigue siendo”, decía, y no solo porque se había recortado en Sanidad, sino porque también se hizo lo propio en Educación, Dependencia o infraestructuras públicas. “La situación era angustiosa”, aseguraba. “Alguien dirá que no había más remedio”.

También ha recordado que este acuerdo “no lo paga Page, sino los ciudadanos con sus impuestos” y ha recordado su intención de blindarlo por ley “aunque se pueda derogar” porque, en todo caso, “siempre es más complicado que derogar decretos”.

Sobre el futuro ha advertido de la situación económica. “Las autonomías estamos muy mal financieramente. Y no habrá quien diga -la palabra recortar está muy denostada- que hay que ajustar en un futuro”. En este punto ha recordado que “en destrozar se tarda poco pero construir es más arduo porque es a costa de más ingresos o de más impuestos”.

Las autonomías estamos muy mal financieramente. Y no habrá quien diga -la palabra recortar está muy denostada- que hay que ajustar en un futuro

Emiliano García-Page — Presidente de Castilla-La Mancha

Después se ha referido a los retos en la Sanidad pública que considera “inmensos”. “Yo no será presidente cuando este escenario se plantee, pero ¿cuánto habrá cambiado el sistema con la IA?”, se ha preguntado. “Es un reto en la función pública”, ha asegurado, dirigiéndose a los sindicatos.

También ha atribuido que ahora haya una peor percepción del estado de la Sanidad al “frentismo” y después ha pedido “ayuda” a los sindicatos para un pacto de Estado: “Al menos un pacto por el gasto farmacéutico en su conjunto y el hospitalario también” porque “hay que garantizar la sostenibilidad del sistema”.

Los recursos no son infinitos ni tampoco la gratitud. No se va a arreglar cargando más el bolsillo al ciudadano. España tiene que seguir creciendo, pero tiene que llegar a acuerdos en materia de financiación autonómica

Emiliano García-Page — Presidente de Castilla-La Mancha

Cree que “los recursos no son infinitos ni tampoco la gratitud. No se va a arreglar cargando más el bolsillo al ciudadano. España tiene que seguir creciendo, pero tiene que llegar a acuerdos en materia de financiación autonómica. O la hay, o al menos para el gasto sanitario”, decía para reclamar un “girar a un modelo preventivo más que curativo”.

Se ha referido también a las listas de espera sanitaria. “Hoy hay más en la privada que en la pública y cuando las cosas se ponen difíciles los de la privada mandan a la pública”.

El diputado regional Miguel González de Legarra ha asegurado que lo que está ocurriendo con las listas de espera en La Rioja “no es una anécdota, sino que forma parte de un patrón de comportamiento general que se repite en casi todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular”. Un patrón “que se fundamenta en ocultar datos, maquillar estadísticas y manipular los sistemas de registro para fabricar una apariencia de eficacia que no se sostiene”.

González de Legarra ha explicado que el ministerio de Sanidad acaba de hacer públicos los datos de las listas de espera sanitarias en España correspondientes al segundo semestre de 2025. Y lo que vemos es “un claro deterioro en el sistema”. Y es que, según estos datos, “en solo seis meses, la lista de espera quirúrgica en La Rioja ha crecido desde las 7.391, a 7.822 personas; 431 pacientes más esperando una operación”. La lista de espera quirúrgica ha crecido, en solo seis meses, “casi un 6 por ciento”. Además, la tasa de pacientes riojanos en espera por cada mil habitantes “ha subido también más de un punto en este tiempo, del 22,64 al 23,80”. 

Pero lo verdaderamente grave, ha dicho el diputado socialista, es que, en estos seis meses, el tiempo medio que tiene que esperar un riojano para operarse “ha pasado de 64 a 78 días; un 22 por ciento de incremento en seis meses”. Pero hay un dato “todavía más preocupante; y es que los pacientes que llevan más de seis meses esperando se han triplicado, pasando del 1,98 por ciento al 6,44 por ciento”.  

Miguel González de Legarra ha asegurado que “cuando aumentan los pacientes, puede que solo obedezca a un incremento coyuntural de la demanda, pero cuando aumentan los tiempos de espera y se disparan las esperas largas, lo que falla es el sistema”. Y esto “tiene todo que ver con la gestión, y el PP en La Rioja lleva gestionando la sanidad más de 20 años”.

Además, González de Legarra ha señalado que La Rioja “está peor que las comunidades de nuestro entorno”. Así, nuestra autonomía tiene una tasa de lista de espera quirúrgica por cada mil habitantes “peor que el País Vasco, Castilla y León, Navarra o Aragón”. En estos momentos “seguimos siendo la tercera comunidad autónoma de España con mayor tasa de pacientes en lista de espera por 1.000 habitantes, superando incluso a Andalucía”.  

El diputado socialista ha denunciado que La Rioja “combina una altísima presión de lista de espera, con una tendencia evidente a empeorar en los indicadores que mejor retratan el sufrimiento real del paciente, que son el tiempo de espera y las demoras prolongadas”. 

Miguel González de Legarra ha recordado que “cada vez que denunciamos esta situación, la consejería de Salud responde con el mismo argumento, asegurando que los datos de las listas de espera son veraces porque los publica el ministerio de Sanidad”. Lo que ocurre es que los informes que publica el ministerio “recogen los datos suministrados en origen por cada comunidad autónoma”.

Por tanto, que el ministerio de Sanidad publique unos datos “no demuestra que previamente no se hayan utilizado por parte del Gobierno de La Rioja criterios discutibles, retrasos en la incorporación a las listas o diferentes subterfugios metodológicos para equilibrar la fotografía final”. Y aquí es donde la conducta del Ejecutivo regional “resulta todavía más reveladora, porque si esos datos son tan fiables, no entendemos los motivos por los cuales no se publican antes, en tiempo y forma, en la propia web del SERIS”. 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado un pacto de Estado que sirva en España para blindar a futuro el gasto farmacéutico, tanto el hospitalario como el general. “El sistema no es infinito, la demanda sí”.

Lo ha reclamado durante el acto de firma de un acuerdo con los sindicatos que sienta las bases para recuperar la carrera profesional sanitaria en la comunidad autónoma, suspendida desde hace ya 14 años. Ha pedido ayuda a los sindicatos porque, aseguraba, “hay que garantizar la sostenibilidad del sistema”.

Ha advertido que “los recursos no son infinitos ni tampoco la gratitud” y que el óptimo mantenimiento del sistema sanitario “no se va a arreglar cargando más el bolsillo al ciudadano. España tiene que seguir creciendo, pero tiene que llegar a acuerdos en materia de financiación autonómica. Al menos para el gasto sanitario”, ha incidido.

Ha afirmado que “hay gente en el PP que piensa lo mismo”: “Muchos están en la misma tesis de que hay que llegar a un acuerdo”.

En su opinión, y ya en líneas generales, cuando se habla de Sanidad pública, “hay que girar a un modelo preventivo más que curativo”. Cree que en un futuro próximo “habrá tensiones en el sistema sanitario como las habrá en el conjunto”, razón por la cual, “o se llega a un acuerdo en la materia, o este país se estará engañando a sí mismo”.

Como en el resto de España, la Sanidad Pública Andaluza (SPA) nace sobre la escasa red sanitaria generada al final de la dictadura, construyéndose en su casi totalidad tras la misma. Este logro es la respuesta a una profunda aspiración unánime de la ciudadanía manifestada, en gran medida, mediante una amplia movilización popular. La SPA y el sistema nacional de salud, financiados finalmente con los impuestos de todos, adquirieron en pocos años un desarrollo notable, alcanzando niveles de calidad que los llevaron hasta los primeros puestos de los rankings internacionales. No obstante, la crisis financiera de 2008 y las medidas de austeridad implantadas por el Gobierno de entonces en Andalucía, del Partido Socialista Obrero Español, dieron lugar a un claro retroceso de su desarrollo. Desde 2019, el Gobierno del Partido Popular (PP) de Moreno Bonilla ha alcanzado el poder en Andalucía y ha inaugurado una política aún más agresiva que plantea, por primera vez, la práctica deconstrucción funcional y organizativa del SPA. El objetivo del presente artículo es describir este proceso.

Desde su llegada al poder en 2019, el Gobierno del PP se ha empleado a fondo para ir, progresivamente, deteriorando la SPA. Para ello, ha usado combinada y simultáneamente dos estrategias básicas: la infrafinanciación y la privatización. La Consejería de Sanidad (CS) y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en manos de Moreno Bonilla, han emitido una amplia y variada gama de decretos y órdenes en esa línea. Vamos a intentar mostrar resumidamente los hechos en los que nos basamos para lanzar esta afirmación.

Infrafinanciación. En la primera figura se observa la financiación de la SPA a lo largo de los años. Como puede verse, los presupuestos anuales de la SPA (línea de puntos azules) sufren una franca detención y posterior descenso a partir de 2010, debido a la crisis financiera de 2008. Es la época de la austeridad y los recortes.

Para estimar la extensión real de dichos recortes, se calcularon, a partir de 2010 (primer año con recorte evidente), una serie de valores “virtuales” en los que al presupuesto de 2009 (último año sin claros recortes) se le sumó la cantidad correspondiente a la variación porcentual del IPC entre ese año y cada uno de los años posteriores analizados. Eso permitió construir una serie de cifras imaginarias de presupuestos “no recortados” (línea de puntos rojos). La suma de las diferencias entre el presupuesto real y el “no recortado” de cada año, nos daría la suma del recorte total. Este ascendió a 21,000 millones de euros. Esa cantidad puede ser entendida como una deuda sanitaria histórica que ha dejado una profunda huella en los recursos y en la funcionalidad de la SPA.

Llama la atención que los recortes se extendieron más allá de 2018, cuando los efectos de la crisis financiera se daban ya por concluidos. No obstante, Moreno Bonilla alargó los recortes hasta el año pasado cuando, por primera vez, se igualó el presupuesto de 2009 (más el correspondiente incremento debido a la variación del IPC). Pero, desde 2009 hasta el año pasado, trascurridos 15 años, habían ocurrido al menos tres cosas importantes en Andalucía: 1) había 414.893 andaluces más (datos del Instituto Nacional de Estadística INE); 2) el número de andaluces con más de 64 años, los que más recursos sanitarios requieren, había crecido en 423.759 personas (INE); 3) además, la deuda sanitaria histórica seguía ahí. Ninguno de estos tres hechos se había compensado.

Para abordar con mayor precisión el nivel de financiación de la SPA en el periodo PP se puede comparar el gasto sanitario público per cápita (GSP) de Andalucía con el GSP per cápita medio del resto de las CCAA. Estos datos figuran en la tabla siguiente.

Como se ve, durante todo este periodo, el GSP per cápita andaluz ha sido inferior a la media española. Si estos déficits anuales se multiplican por el número de andaluces existentes cada año se alcanza una cifra de algo más de 17,000 M€ que la SPA no recibió. Estos datos confirman que nuestra SP lleva un largo periodo de tiempo sufriendo una financiación escasa con respecto a los estándares nacionales. Pero, además de que los presupuestos son escasos, el PP, desde 2019, aumentó claramente la desviación de dinero de la SPA al sector sanitario privado, como se verá más adelante.

Los resultados de esta financiación deficiente de la SPA son muy lesivos y, en bastantes aspectos, no solo no mejoran, sino que empeoran, la situación previa. Así, durante estos años, la SPA es la que menor tasa de médicos y enfermeros por 1000 habitantes tiene de toda España; asimismo, la SPA cuenta con el número de camas hospitalarias, aparatos de TAC y RNM y quirófanos por 1000 habitantes menor o de los menores de entre todas las CCAA. La Atención Primaria (AP) ha sido la más dañada por este desmantelamiento. Esto es de enorme gravedad ya que se ha demostrado que una AP accesible, con visita clínica en 48 horas, en la que las personas son vistas por el mismo equipo por largos periodos y que desarrolla funciones preventivas, disminuye la mortalidad de la población en un 30%. Pues bien, la cita media de la AP actual es de más de 11 días, los ciudadanos sufren cambios continuos de los profesionales que los ven y los programas preventivos se han eliminado por falta de plantilla.

Los efectos de estas deficiencias, base de las inaceptables listas de espera de la SPA actuales, son bien conocidos de todos.

Es preciso destacar que la financiación deficiente de la SPA habría podido ser paliada en este periodo empleando los superávits presupuestarios que, año tras año, han quedado sin gastar (véase un informe de FACUA sobre la inversión en infraestructura sanitaria en estos años), o usando los importantes ingresos adicionales que se recibirían de aceptar la nueva financiación para Andalucía propuesta por el gobierno central, o mediante la suspensión de las mejoras tributarias a las grandes fortunas, o la introducción de medidas de control en el gasto del SAS, como el de farmacia, que se expondrá más adelante. Por ello, se puede concluir que la asfixia presupuestaria de la SPA es parte de un programa predeterminado de este gobierno.

Privatización. Desde su llegada, el Gobierno de Moreno Bonilla ha hecho todo lo posible por apoyar a las empresas sanitarias privadas y por privatizar la SPA, mediante la aplicación inmediata de una serie de medidas. A continuación, vamos a detallarlas en varios apartados.

Tras el resumen anterior, puede afirmarse que el lobby de las empresas sanitarias ha logrado una extensa penetración en la SPA gracias al Gobierno de Moreno Bonilla y a su intención privatizadora.

Importa destacar que el Gobierno del PP ha usado las situaciones críticas de la SPA como oportunidades para instaurar su programa regresivo. Así, en vez de corregir la deficiente financiación debida a la crisis financiera, ha extendido los recortes de ese periodo fuera del contexto temporal, como se ha visto al principio, lo que ha ahondado el deterioro de la SPA y favorecido la expansión de las empresas aseguradoras. También, ha usado la difícil situación sanitaria generada por la pandemia de Covid 19 y la posibilidad coyuntural de realizar contratos de emergencia, para derivar fondos públicos sin control a clínicas privadas, empresas farmacéuticas u otras, incluso arriesgándose fuera del periodo de cobertura legal, un tema que ya hemos descrito en otro lugar. Todo ello confirma la intención deficitaria y privatizadora de la SPA de este Gobierno.

Queremos concluir este análisis sobre el deterioro actual de la SPA aportando nuestra opinión sobre la intencionalidad profunda del Gobierno andaluz actual y su gobierno en relación con la SPA. Pensamos que lo que se intenta es cambiar el concepto de salud. Para la mayoría de la población, la salud es un derecho conquistado que nos hace iguales a todos en cuanto a la salud, y que se sostiene sobre un sistema de Sanidad Pública universal, gratuito en el acceso, de alta calidad y pagado con los impuestos de todos. Sin embargo, para Moreno Bonilla y su Gobierno, la salud es un negocio en el que quien quiera mejor salud ha de adquirirla en el mercado privado, por lo que solo el que disponga de mayores medios económicos podrá acceder a ella, y los demás tendrán que conformarse con una SPA cada vez más deteriorada. Y la pregunta es: ¿lo vamos a consentir?

José Antonio Brieva Romero, ex jefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Manuel Torres Tortosa, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Punta de Europa, Algeciras (Cádiz).

Antonio Vergara de Campos, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía / Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas

“Un hombre perdió mucho peso y tenía la tripa visiblemente hinchada, le recetaron Nolotil como si fuesen gases. Finalmente era metástasis”. Se trata de uno de los testimonios recogidos en el informe 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', elaborado por la campaña Salud y Libertad, que busca visibilizar y denunciar la situación de vulneración de derechos que sufren las personas presas en materia de atención médica. La presentación del informe se enmarca en una serie de actos y actividades que han culminado este domingo 19 de abril con la vigésimotercera edición de la Marcha contra la macrocárcel de Zuera, que este año centra su mensaje en la desatención sanitaria dentro de prisión. En el parking de la cárcel de Zuera se han celebrado distintas charlas, cuenta cuentos, comida popular, dos conciertos… Mientras, Radio Hawai emitía en directo para las personas que se encuentran al otro lado de los muros.

El informe pone la lupa en las cárceles de Aragón, con testimonios recogidos en las instalaciones de Zuera y de Daroca, pero contextualiza una problemática que arrastra el sistema penitenciario español. La falta de médicos se presenta como uno de los principales agravantes de la situación sanitaria en los centros penitenciarios. Este déficit, tal y como recoge el documento, hace que muchas de las consultas se realicen por videoconferencia, con las limitaciones que eso conlleva, o que el personal de enfermería se vea obligado a realizar tareas ajenas a su competencia. También supone que enfermedades infecciosas —con una incidencia más alta en prisión que en la población general— reciban una atención insuficiente, que se restrinja el acceso a determinados tratamientos o que se produzca un retraso o ausencia de diagnóstico.

Una serie de deficiencias que se ven reflejadas en los testimonios que aparecen en el informe: “Te duele algo o estás mal y te dan solo paracetamol e ibuprofeno sin ver lo que tienes o qué te duele”. “Me rompí la pierna y los médicos de aquí me decían que era un esguince, a la hora me sacan al hospital y tenía el peroné roto y como aquí no se me revisaba no tuve rehabilitación y ahora tengo el pie con dolores”. “A otra persona, ante la falta de movilidad, le diagnosticaron ciática y recetaron Nolotil, finalmente era esclerosis múltiple”. Otros testimonios recogen como en caso de urgencias son los propios presos quienes tienen que llevar al paciente en camilla al médico del centro.

Competencia sanitaria y falta de médicos

Aragón cuenta con tres centros penitenciarios en Zuera, Daroca y Teruel. Según el informe, en 2024 Zuera acogía a 1.310 personas y contaba con un médico —de una plantilla teórica de nueve plazas disponibles—. Ese mismo año, en Daroca había cinco vacantes de siete plazas médicas para una población de unas 330 personas y en Teruel había un solo médico (de dos plazas) para unas 200 personas. A nivel nacional, en diciembre de 2025, solo estaban cubiertas 152 plazas (30% del total) para una población reclusa de 47.000 personas (en las Comunidades Autónomas no transferidas).

Preguntados por esta información, según Instituciones Penitenciarias actualmente en Zuera hay tres médicos, tres enfermeros y cinco auxiliares de enfermería. En Daroca hay tres médicos, siete enfermeros y tres auxiliares. Mientras que en Teruel no hay médicos, sino un servicio de guardias telemáticas, tres enfermeros y tres auxiliares. “La institución penitenciaria no es ajena a lo que ocurre fuera, hay una falta de médicos de familia y nosotros no somos ajenos a esa realidad”, dicen desde Instituciones Penitenciarias, y recuerdan que la atención especializada, y en concreto psiquiatría, corresponde a las comunidades autónomas.

Una de las principales causas de esta situación es que la competencia sanitaria dentro de las prisiones recae sobre el Ministerio de Interior y no sobre los servicios autonómicos de salud, por lo que la atención primaria se lleva a cabo por parte de Instituciones Penitenciarias, mientras que la atención especializada sí que se presta a través del Sistema Nacional de Salud. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 instaba a las comunidades autónomas a transferir y a asumir las competencias sanitarias en prisión, lo que facilitaría la cobertura de las plazas médicas vacantes dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, más de 20 años después, esto solo sucede en Cataluña, el País Vasco y Navarra.

Esta falta de médicos en prisión también podría explicarse, en parte, debido a tres motivos: al salario inferior de los profesionales de prisión en comparación a la media del sector sanitario, a que los centros penitenciarios están alejados de las ciudades —lo que dificulta la conciliación— y al entorno de trabajo —que puede derivar en situaciones complejas—; tal y como explicaba el abogado penitenciario David Burgos durante una de las mesas redondas sobre salud y prisiones celebradas el pasado 11 de abril en el Centro Joaquín Roncal, enmarcada dentro de las actividades previas a la marcha.

“La cárcel enferma”

Desde la campaña 'Salud y Libertad' denuncian también la opacidad y falta de acceso para obtener información sobre la situación sanitaria en las cárceles, lo que dificulta la realización de un estudio preciso sobre esta realidad. Para realizar el informe, hicieron llegar por carta o por “boca a boca” cuestionarios a personas encarceladas en Zuera y Daroca. Del total de personas encuestadas, el 47,1% declara que su estado de salud era bueno antes de entrar a la cárcel, mientras que, en comparación, el 67,6% refiere que su estado de salud ha empeorado desde su entrada.

“La cárcel enferma”, es una de las principales conclusiones del 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', que también pone el foco en la salud mental de las personas presas. A la falta de médicos, se suman las quejas respecto a la calidad de la alimentación recibida, así como las condiciones de salubridad e higiene en celdas sin grifos, en las que aparecen cucarachas y ratas, con un sistema de ventanas que no permite la ventilación de las celdas (en el caso de Zuera) y que “ha llegado a suponer un aumento de síntomas ansiosos”.

El informe también recoge el testimonio de una enfermera que trabajó en la Consulta General del Ramón y Cajal, donde se realizaba la atención especializada de pacientes que llegaban de prisión. Relata un caso concreto de abandono que debería haber sido atendido de manera prioritaria: “Recuerdo un caso de un paciente que llegó con la cara totalmente deformada por la patología que le afectaba. No era algo que hubiera sucedido de un día para otro, sino que había sido un proceso largo en el que nadie había tomado medidas salvo cuando empezó a afectarle en su día a día. Esta situación se debería haber atendido de manera prioritaria pero el paciente nos dijo que llevaba años conviviendo con esto”. La enfermera relata como el “acompañamiento” continuo realizado por las autoridades complica la denuncia por parte de los pacientes de la inacción en su salud y como el hecho de estar esposados durante la consulta dificulta su exploración médica.

“En ningún momento me sentí cómoda en aquellas consultas y no por culpa de los presos sino por lo indigno que me parecía el trato que recibían constantemente y por saber que esas personas sufrían todas esas vulneraciones de sus derechos día tras día, poniendo en peligro su vida y su salud”, concluye.

La Junta de Andalucía está pagando casi cuatro millones de euros en un año para derivar pacientes desde Almería a un hospital privado de Lorca. Y es que, desde hace meses, en el Hospital Virgen del Alcázar de Lorca (Murcia), que es privado, es habitual encontrar a ciudadanos almerienses que acuden para operarse. El Gobierno regional les deriva allí porque su centro de referencia, el Hospital de La Inmaculada de Huércal Overa (Almería), no puede dar la cobertura que necesitan.

Por falta de personal y recursos, el Ejecutivo regional ha optado por pagar a un hospital privado, mientras usuarios y sanitarios denuncian que este concierto está suponiendo el “desmantelamiento” de la sanidad pública en Almería oriental. Entienden que el dinero que se va en contratar con la sanidad privada debería invertirse en mejorar al centro hospitalario público que ya existe. El consejero de Salud, Antonio Sanz, ha sido multado con 300 euros por la Junta Electoral Central por “ensalzar la labor del PP en material de sanidad” durante una visita precisamente al hospital de La Inmaculada.

La Junta ha firmado dos acuerdos, uno en septiembre y otro ahora en marzo, con el citado hospital privado de Murcia por el que ha pagado 3,8 millones de euros -el primer contrato fue de casi 1,6 millones de euros y el segundo de algo más 2,2 millones- para derivarle pacientes desde la sanidad pública durante seis meses. Así ha venido recogido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en expedientes con los que la Consejería de Salud concierta intervenciones quirúrgicas en Lorca al tratarse de una zona “limítrofe” con Almería oriental.

El propio consejero de Salud, Antonio Sanz, reconoció el lunes pasado en el propio hospital de Huércal Overa que este centro presenta un “déficit grave de facultativos en especialidades clave” y señala que se trata de un área de “difícil cobertura estructural”. Al mismo tiempo, y como suele hacer el Ejecutivo regional desde hace años, limita la responsabilidad de la Junta a la hora de retener a los profesionales ya que, según Sanz, “no sólo se trata de ofertar plazas, hay otras circunstancias que hacen que no se cubran”, sino de adoptar “medidas extraordinarias” y de “cooperación interhospitalaria” para garantizar la asistencia sanitaria.

Sin embargo, la derivación de pacientes a otras comunidades autónomas o provincias limítrofes lleva ocurriendo desde que en 2023 la Junta de Andalucía aprobó una orden por la que se permiten por necesidades de “equidad y accesibilidad”. Una actuación que por lo tanto no es nueva, y que se ha usado sobre todo en periodos de alta demanda asistencial pero que, para muchos ciudadanos y sanitarios, evidencia “una política de privatización” de la sanidad al mermar asistencialmente, en este caso concreto, al Hospital de La Inmaculada para justificar que haya que derivar pacientes al hospital lorquino. Este medio ha preguntado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el número de pacientes y el gasto acumulado en este tipo de derivaciones desde que se aprobó la orden, pero no ha habido respuesta de momento.

Esta política de concertación con otras provincias y comunidades autónomas se debe, principalmente, a la pérdida paulatina de especialidades en el hospital público que está situado en Huércal Overa y que es la referencia en Almería oriental. En los últimos años, según advierten fuentes hospitalarias, se ha visto seriamente mermada la cartera de servicios. Una pérdida de recursos que es generalizada a nivel andaluz y que, pese a que la Junta ha establecido como solución las derivaciones a otros centros hospitalarios, sigue manteniendo las listas de espera por encima del millón de pacientes.

Un hospital público que pierde recursos

No en vano, la falta de personal es el principal problema que hace que la demora de los usuarios no deje de crecer. En el caso de Huércal Overa, el hospital cuenta con un solo profesional en especialidades clave como Neumología o Urología y está sin especialistas en Dermatología. A esta situación se ha sumado la ausencia actual de Hematología, al no haberse sustituido al único facultativo durante su permiso, lo que ha provocado que pacientes, incluidos algunos con procesos oncológicos, no hayan podido ser atendidos. Una realidad que, según las mismas fuentes, está condicionando la actividad ordinaria del centro. “Tenemos plantillas hiperreducidas: donde debería haber cuatro neumólogos, hay uno”.

Por si fuera poco, en la Región de Murcia, a la que van a parar los pacientes de Almería, también ocurre una situación similar. En concreto, en la comarca del Guadalentín, a la que pertenece Lorca, el único hospital público, el Rafael Méndez, está saturado porque también le faltan recursos personales y materiales. Una situación de la que se beneficia precisamente el Hospital Virgen del Alcázar, privado, al que acaban acudiendo muchos ciudadanos de la zona que no encuentran la celeridad médica que desearían. Es decir, lo que ocurre con los pacientes de la sanidad pública andaluza que van con destino a esas mismas tierras murcianas. De hecho, tal ha sido el crecimiento de la clínica privada de Lorca que ha abierto nuevas instalaciones precisamente en Vera (Almería).

En este contexto, la derivación de pacientes a centros privados fuera de Andalucía se está produciendo, según relatan varios afectados, una vez que estos ya han sido incluidos en el registro de demanda quirúrgica y han iniciado el proceso preoperatorio. Los testimonios recogidos por este medio apuntan a un procedimiento similar: tras meses de espera, los pacientes reciben una llamada en la que se les ofrece la posibilidad de ser intervenidos en el hospital de Lorca.

La llamada de la privada

Por ejemplo, un paciente de más de 70 años, diagnosticado de una hernia inguinal, explica que recibió la propuesta tras completar todas las pruebas previas a la cirugía. Rechazó la derivación y, una vez superado el plazo máximo de respuesta quirúrgica, presentó una reclamación. Según su relato, para formalizar el rechazo tuvo que firmar un documento que se tramitó a través de su centro de salud.

Otro paciente con el mismo diagnóstico sitúa este procedimiento ya en 2024. En su caso, también se le ofreció la derivación a un centro privado, aunque decidió esperar y finalmente fue intervenido en el Hospital de La Inmaculada meses después. Las derivaciones afectan también a intervenciones de mayor complejidad. Un paciente de 59 años, pendiente de una operación de cadera tras más de un año de espera para la consulta especializada, recibió la misma propuesta una vez finalizado el preoperatorio. Optó por no aceptar la derivación y continuar en lista de espera en su hospital de referencia.

En los casos en los que se acepta el traslado, los pacientes describen un circuito asistencial más que normalizado entre la sanidad pública andaluza y el hospital privado de Lorca. Un usuario de 37 años, que fue intervenido en este centro murciano, explica que coincidió con otros pacientes procedentes del Hospital de La Inmaculada en la misma jornada. “Todos los pacientes que estaban ese día venían derivados de Huércal-Overa”, afirma. Según su testimonio, tras la intervención le ofrecieron el alta el mismo día y tuvo que regresar posteriormente al hospital murciano para la revisión.

“¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”

Con todo, los profesionales del centro advierten de que este modelo puede afectar también a la continuidad asistencial. “En sanidad es fundamental la continuidad, y eso es precisamente lo que no se está asegurando con estas derivaciones”, señala una facultativa, que añade que “muchas veces el especialista que ve después al paciente no sabe ni lo que se le ha hecho en la intervención”. Porque esa es otra de las claves: pese a que son operados en el hospital privado de Lorca, el seguimiento lo continúa haciendo el centro hospitalario público de Almería del Servicio Andaluz de Salud (SAS), lo que no descarga de presión asistencial a una plantilla mermada. “Si ya no damos abasto, derivar pacientes no reduce el trabajo: lo multiplica después”, explica en referencia al seguimiento posterior que deben asumir los servicios del propio centro.

Desde la plataforma Marea Blanca de Almería, su portavoz, Pilar Solís, cuestiona esta estrategia. “Es un despropósito desviar dinero a la sanidad privada mientras faltan recursos en la pública”, afirma y añade: “¿De verdad hace falta mandar a pacientes a otra comunidad autónoma para poder operarse?”.

Por su parte, la Consejería de Salud ha anunciado medidas para abordar la falta de profesionales en zonas de difícil cobertura, entre ellas incentivos económicos, cambios en la carrera profesional y programas para atraer personal de otros centros. Según el consejero Sanz, estas iniciativas buscan “hacer más atractivo” el destino de estos hospitales y garantizar la cobertura asistencial.

OPA Herri Plataformak, que aglutina plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública, se han manifestado este sábado en las tres capitales vascas para denunciar que la sanidad pública se basa en “un modelo que intencionadamente debilita lo público para alimentar el negocio privado”, y criticar que “ocho meses después” el Pacto de Salud, no hay “soluciones reales”. Además, ha pedido la dimisión del consejero de Salud, Alberto Martínez, por su “intención clara de minimizar y ocultar” el alcance en el caso de las vacunas caducadas.

Las marchas de Bilbao y Vitoria han partido a las 12.00 horas desde el Sagrado Corazón y la Plaza Bilbao, respectivamente, mientras que la de San Sebastián saldrá desde el Boulevard a las 17.00 horas.

Cientos de personas han acudido a la convocatoria del mediodía, y concretamente en la de Bilbao se les ha unido el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, quienes han hecho suyas las reivindicaciones de OPA Herri Plataformak y los han recibido con aplausos poco después de iniciar el recorrido.

Antes de iniciarse marcha en la capital vizcaína, que ha transcurrido bajo el lema 'Osasungintza publikoaren alde! ¡Por la sanidad pública! Promesarik ez! ¡Soluciones ya!', los representantes de la entidad convocante, Mireia Saiz y José Ignacio Martínez, han advertido de que “la sanidad pública está en peligro” y requiere “cambios estructurales” que terminen con los recortes.

Según han denunciado, los denominados “planes de contingencia” son, en su opinión, “recortes durante cinco meses al año disfrazados”, que derivan en cierres de servicios, reducción de horarios, falta de personal y centros sin personal médico o atendidos por residentes todavía en formación.

Tras lamentar que “la atención primaria está desbordada” pese a ser “uno de los ejes del pacto” y que las listas de espera cuentan con tiempos de atención “inasumibles”, han recordado que las condiciones laborales “siguen deteriorándose” con una “sobrecarga asistencial” y una temporalidad “superior al 40%” debido, entre otros factores, a que las OPE no crean “empleo real y fracasan al no cubrir los puestos de difícil cobertura”.

También han denunciado la falta de transparencia en la gestión de los casos de vacunas caducadas. “Han terminado por afectar a 21 tipos de vacunas y prácticamente a todas las OSIS, lo que pone de manifiesto que ha habido por parte del consejero (de Salud) una intención clara de minimizar y ocultar este grave problema, por lo que exigimos responsabilidades y, por lo tanto, su dimisión”, han señalado.

Respecto al Pacto de Salud han pedido a Alberto Martínez, quien “ha presumido de que ha cumplido con el 85% del pacto, que aclare a la ciudadanía qué se ha hecho exactamente”, ya que “ocho meses después no vemos ninguna mejora en salud”.

Tras sus respectivos recorridos, las marchas han finalizado con la lectura de un manifiesto en la que han enumerado sus exigencias y críticas, y está previsto que en San Sebastián, donde se celebra esta tarde, se haga de igual manera.

Preguntados por la decisión del personal facultativo vasco de no realizar actividad extraordinaria en los turnos de tarde a partir de este lunes, han explicado que parten de que las “horas extras no son medidas estructurales, sino temporales” que se aplican “desde la década de los 90 y no han resuelto ninguno de los problemas”.

“Sigue habiendo falta de personal”, han señalado, para añadir que la “única” solución es “reforzar” la sanidad pública. “El consejero tiene competencias suficientes para abrir una negociación colectiva, por lo que instamos a que abra una negociación con todos los trabajadores, con los sindicatos del sector, y llegue a un acuerdo que lleva 15 años obsoleto”, ha concluido.

Un ciudadano andaluz sufre un golpe muy fuerte que deriva en convulsiones y que, por lo tanto, precisa de una ambulancia que le traslade inmovilizado y con un equipo que le monitorice. La ambulancia llega, pero lo hace tan solo con un técnico y sin que sea un vehículo adecuado para lo que necesita el paciente. Tiene que ser la Policía Local la que ayude al sanitario, lo que no evita que el ciudadano se fracture el cráneo y tenga que recibir tratamiento urgente.

Este es un caso real. Uno de decenas que ocurren semanalmente en Andalucía y que ponen en el foco otro de los problemas que se extienden en la sanidad pública: tampoco hay personal ni recursos suficientes en el transporte en ambulancias. Así lo denuncia Platesa, la plataforma andaluza que aglutina a los técnicos en emergencias sanitarias. Desde hace tiempo, aseguran que la Junta de Andalucía incumple la normativa en esta materia, mientras la externalización del servicio sigue degradándolo al utilizar vehículos inadecuados para los usos que se le dan.

Para entenderlo, hay que partir del hecho de que existen tres tipos de ambulancias para el transporte de ciudadanos: las no asistenciales (A1 y A2), que se utilizan para trasladar a ciudadanos a una consulta programada, y las asistenciales clase B y clase C, que son las de transporte urgente en función de la gravedad y que necesitan, mínimo, de técnico y ayudante o médico. Sin embargo, según Platesa, en Andalucía se utilizan sobre todo las A1 y A2 para las emergencias, pese a que esas por normativa no tienen por qué contar con ningún otro profesional que no sea el técnico que conduce el vehículo.

Es decir, la Junta de Andalucía, que contrata externamente el servicio de ambulancias, incumple la normativa. Al menos, esa es la tesis que sostienen los profesionales que están dentro del sistema. Y lo hacen no sólo desde la percepción, sino con datos. El dossier elaborado por Platesa, y al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, dibuja un patrón que se repite provincia a provincia: en la Red de Transporte Urgente -la que debe atender emergencias- predominan las ambulancias no asistenciales, mientras las unidades que sí cuentan con dotación completa son claramente insuficientes. En Córdoba, por ejemplo, hay 24 ambulancias A1 operando frente a ninguna de tipo B, en Granada, 36 A1 frente a sólo dos unidades asistenciales básicas, en Almería, 31 A1 y ninguna tipo B. La fotografía se repite, con matices y ligeras fluctuaciones numéricas, en prácticamente toda Andalucía.

Situaciones límite

El problema, explican, no es únicamente cuantitativo, sino funcional. Las ambulancias A1 están diseñadas para traslados programados de pacientes estables, sin necesidad de intervención durante el trayecto. Sin embargo, están siendo utilizadas para cubrir avisos urgentes. “Se está usando un argumento malicioso: que el paciente ya está valorado”, explica José David Orihuela, técnico de emergencias y portavoz de Platesa. “Pero eso sólo tendría sentido en un traslado programado. En una urgencia, la situación puede cambiar en cualquier momento”.

Ese desajuste tiene consecuencias directas. El técnico que conduce no puede, al mismo tiempo, atender al paciente en la parte trasera del vehículo. En la práctica, eso implica traslados en los que la persona viaja sola, sin supervisión, incluso en situaciones de riesgo. “Seguimos yendo solos en la red de transporte urgente”, insiste Orihuela. “Y eso no es una excepción, es el modelo que se está aplicando”.

Los ejemplos recogidos en el dossier refuerzan esa idea. Un paciente con insuficiencia respiratoria que se sincopa durante el traslado y broncoaspira sin que haya nadie atendiéndole en ese momento; una mujer con fractura de cadera que sólo puede ser movilizada correctamente porque, de forma excepcional, hay un alumno en prácticas; un traslado en el que una familiar tiene que asumir funciones de vigilancia sanitaria ante la ausencia de personal. En otro caso, un técnico es enviado solo a un accidente de tráfico y tiene que pedir apoyo tras realizar una primera valoración sin respaldo.

La versión de la Junta

Incluso las unidades de mayor complejidad presentan carencias. Platesa denuncia que en varias provincias hay ambulancias de soporte vital avanzado -las conocidas como UVI móvil- operando con un solo técnico, sin el equipo completo que establece la normativa. “Es una vergüenza lo mires por donde lo mires”, resume Orihuela.

La Consejería de Salud rechaza esta interpretación. En respuesta a este medio, asegura que el sistema se organiza conforme al Real Decreto 836/2012 y que las ambulancias A1 se utilizan para pacientes “clínicamente estables, que no requieren atención sanitaria durante el traslado”. Además, sostiene que existe supervisión sobre las empresas adjudicatarias y que cualquier incidencia se analiza de forma individual.

Sin embargo, la distancia entre ese planteamiento y lo que relatan los profesionales es evidente. Mientras la Junta describe cómo debería funcionar el sistema, los técnicos insisten en que la práctica diaria es otra. Y que no se trata de casos aislados. “Tenemos testimonios en las ocho provincias”, recalca Orihuela. “Esto pasa en toda Andalucía”.

El conflicto, en el fondo, va más allá de la organización del servicio. Tiene que ver con el modelo. El transporte sanitario está completamente externalizado y depende de adjudicaciones millonarias a empresas privadas. El último ejemplo se ha producido en Huelva, donde la Junta ha adjudicado un contrato de 100 millones de euros al Grupo SSG, propiedad de un fondo de inversión, desplazando a una unión de cooperativas locales que llevaba más de dos décadas prestando el servicio. La decisión afecta a más de 300 familias.

Para Platesa, este tipo de adjudicaciones no son neutras. “Si reduces costes, ¿dónde recortas? En personal y en recursos”, vienen a señalar. El resultado, según su diagnóstico, es un sistema que funciona por debajo de los estándares que marca la propia normativa. La Junta, por su parte, insiste en que la seguridad del paciente es un “principio irrenunciable”. Pero los profesionales que están en la ambulancia plantean una pregunta más concreta: qué ocurre cuando esa seguridad depende de una sola persona.

El Ayuntamiento de Sevilla ha anulado la autorización a Mareas Blancas para emitir este jueves el vídeo sobre la sanidad pública en Andalucía, Salud No Responde, en el centro cívico Bellavista. Para ello, esgrime que la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sevilla, con fecha 7 de abril de 2026, ya declaró que la proyección del documental “vulnera lo previsto en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Regimen Electoral General”.

Así consta en una resolución de Alcaldía, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, en la que se deja sin efecto la autorización concedida por la Jefatura de Negociado del citado centro cívico, “solicitada por la entidad ciudadana Asociación de Vecinos 'La Unidad', denegando el uso de los espacios, al entender que la actividad vulnera lo previsto en la mencionada ley”.

En este sentido, la Junta Electoral prohibió el martes de la pasada semana proyectar ese documental en una sede municipal de Mairena del Aljarafe tras un recurso presentado por el PP. La JEZ entiende que el contenido supone una crítica a la sanidad, “cuya gestión realiza un adversario político y vulnera el deber de neutralidad política que deben respetar los poderes públicos durante el período electoral”, destaca la resolución del Consistorio hispalense.

“Improcedente”

Para el colectivo de Mareas Blancas, “el papel prohibitivo que desempeña el Ayuntamiento está fuera de lugar por cuanto no es competencia suya establecer las normativas electorales y su aplicación en la campaña electoral”. “De la misma manera, consideramos improcedente que se aplique una normativa de campaña electoral a una asociación de vecinos o a un movimiento social como las Mareas Blancas”, aseveran en un comunicado.

Todo ello respondería a “una maniobra impulsada por el PP”, determinan, ya que se trata de vídeos “que llevan meses exponiéndose y que muestran la situación de deterioro de la sanidad pública andaluza, cuestión que al parecer molesta al Partido Popular”.

El PP andaluz ha conseguido que se prohíba la proyección del documental Salud no Responde en al menos cinco municipios, según ha denunciado el colectivo Mareas Blancas y confirma Por Andalucía, que ha presentado los respectivos recursos contra esas decisiones. Las prohibiciones de este documental crítico con la gestión sanitaria del Gobierno andaluz están siendo emitidas por las Juntas Electorales de Zona con el argumento de que la película no puede proyectarse en edificios públicos, y afecta al menos a los municipios de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Priego (Córdoba), Durcal (Granada), Cuevas del Almanzora y Los Gallardos (Almería).

Salud no Responde, dirigida por Pablo Coca y en la que participan las Mareas Blancas, se estrenó el 11 de enero en el Teatro Cervantes de Sevilla y se proyectó desde entonces con normalidad en centros cívicos y salas culturales de municipios de la provincia. El estado del sistema sanitario autonómico es la principal preocupación de los andaluces, según los principales sondeos de opinión. Unas 21.000 personas, según la Policía Nacional (55.000, según los organizadores) salieron a la calle el pasado domingo para protestar por su deterioro en las ocho capitales andaluzas.

En diciembre, cuando la crisis por los fallos en el sistema de cribado del cáncer de mama estaba en su apogeo, era el principal problema para el 22,4% de los encuestados, según el barómetro del Centra, el CIS andaluz, dependiente de la Consejería de Presidencia. Otro sondeo del CIS (dependiente del Gobierno) conocido hace apenas diez días concluye que cuatro de cada diez andaluces señala la gestión de la sanidad pública como el primer o segundo problema que más les afecta personalmente.

Continúan las críticas a la gestión del Hospital de Calahorra, donde, segun ha denunciado CCOO, “no se está ofreciendo seguridad en los puestos de trabajo ni condiciones laborales atractivas”, lo que provoca que muchos profesionales opten por marcharse a otros centros donde sí encuentran estabilidad y mejores condiciones.

El último caso es el servicio de Alergología, donde la única médica que hay actualmente en el Hospital va a cambiar de hospital. En este sentido, CCOO ha alertado del riesgo de perder el servicio en Calahorra, obligando a los profesionales a trasladarse a otros centros, con el consiguiente aumento de listas de espera y retrasos en diagnósticos y tratamientos.

Preguntado por esta cuestión, el Gobierno de La Rioja ha asegurado estar “realizando gestiones” para incorporar a otro especialista que cubra este puesto y “confían en que no haya ningún periodo de tiempo entre un contrato y otro”. “No obstante,si lo hubiera, los pacientes estarían igualmente atendidos porque el conjunto de la plantilla de profesionales del Servicio de Alergología del SERIS cubriría esta atención, una posibilidad que existe desde la integración del Hospital de Calahorra en el SERIS”, apuntan. Así mismo, el Gobierno subraya que las plazas de esta especialidad en el Hospital de Calahorra están calificadas de “difícil cobertura”, según la normativa recientemente aprobada, lo que las hace “más atractivas”, según recalcan“, para que los profesionales concurran a ellas.

Sin embargo, las quejas de CCOO van más allá de este servicio y aluden a una “salida constante de profesionales sanitarios”. Como ejemplos, se refieren a que en Urología solo hay una médica que pasa consulta al 50% en Calahorra y el otro 50% en el Hospital San Pedro, se han marchado dos especialistas en rehabilitación y también han abandonado el centro un traumatólogo y próximamente un pediatra, ante la falta de estabilidad y condiciones laborales adecuadas. Además, en Oftalmología, el hospital cuenta con dos especialistas y una tercera profesional compartida con el Hospital San Pedro.

Desde CCOO advierten de que “este deterioro no es casual ni puntual”, sino que responde a una estrategia que el sindicato lleva tiempo denunciando: “No es la primera vez que lo decimos: este gobierno está dejando morir poco a poco el Hospital de Calahorra. Se eliminan servicios, no se sustituyen profesionales y se generan condiciones laborales cada vez más precarias. Todo ello apunta a una estrategia clara de debilitamiento de lo público que abre la puerta a la privatización del hospital”.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Parlamento de La Rioja la solicitud para crear una Comisión de investigación sobre las retribuciones indebidas que han percibido altos cargos del SERIS bajo el Gobierno de Capellán. La diputada regional María Somalo ha asegurado que “una vez que las propias auditorías del SERIS correspondientes a 2023 y 2024 han acreditado que altos cargos han cobrado sobresueldos, esta Comisión tiene que servir para aclarar varias cuestiones”.

En concreto, sobre el exgerente del SERIS, Jesús Álvarez, Somalo ha explicado que a través de esta Comisión quieren “tener documentadas en papel las nóminas de Álvarez correspondientes a todo el periodo del desempeño del cargo”. También buscan “acreditar que Jesús Álvarez no declaró la realización de actividad extraordinaria, ni las retribuciones percibidas por ello en las declaraciones anuales de actividad que todos los altos cargos tienen la obligación de realizar anualmente”.

El PSOE pretende así “demostrar que el Gobierno de La Rioja incumplió su obligación de publicitar las retribuciones realmente percibidas por el gerente del SERIS en el portal de transparencia, saber si el Ejecutivo ha intentado que Álvarez devuelva las retribuciones indebidas o si se le ha sancionado”, tal y como ha explicado la diputada. El PSOE quiere acreditar que el anterior gerente del SERIS durante la legislatura de Concha Andreu, Alberto Lafuente, “no realizó actividad extraordinaria alguna, ni percibió ningún tipo de sobresueldo o compensación”.

Por lo que respecta a la Gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, María Somalo ha recordado que “percibe retribuciones por encima del límite legal que determina su contrato de alta dirección”. Con la Comisión, quieren saber, según ha explicado Somalo, “si ha devuelto el dinero percibido indebidamente, y si ha seguido percibiendo retribuciones indebidas durante los años 2025 y 2026”. Y, finalmente, sobre el que fue director de Asistencia Hospitalaria, Gustavo Ossola, quien también ha cobrado sobresueldos, el PSOE quiere que se aporte a la Comisión su contrato de alta dirección, que también, tal y como asegura, se les ha negado con el argumento de los datos de carácter personal.

Además de todo esto, la diputada socialista ha aseverado que en esta Comisión también va a tratar de depurar posibles responsabilidades del director general de Función Pública y de los consejeros de Hacienda, Alfonso Domínguez, y Salud, María Martín“. ”Estos altos cargos han percibido, al menos en 2023 y en 2024, retribuciones indebidas y lo han hecho, además, con la total connivencia del presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán“, ha concluido Somalo, que ”confía“ en el PP no se oponga a la Comisión, porque de lo contrario ”estará dejando muy claro que tienen mucho que ocultar“.

La respuesta del PP

El PP no ha tardado en responder considerando que esta solicitud “carece de sentido puesto que no hay nada irregular o ilegal que investigar”. Han tachado las declaraciones de la diputada de la oposición de “manía persecutoria” contra los directivos del SERIS y ha mantenido que “la normativa del SERIS permite que los directivos que también son médicos puedan actuar como tales siempre que sea necesario atender algún servicio”.

En el verano de 2018 ESK consiguió la cuadratura del círculo y, a pesar de la dificultad de demostrar lo evidente, destapamos el fraude en las OPE de Osakidetza. Algo que era evidente para todo el personal que trabajaba en Osakidetza, la adjudicación a dedo de las plazas de especialidades médicas por parte de las jefaturas, fue destapado por este sindicato gracias a la valentía de tres profesionales de Anestesia que se atrevieron a dar el paso y poner voz a lo que todo el mundo conocía.

Fue el inicio de un camino arduo en el que, gracias a la colaboración de muchas personas, conseguimos poner encima de la mesa uno de los grandes problemas de la Sanidad pública vasca; y no lo decimos por decir, conseguimos demostrar que no nos enfrentábamos a una situación puntual, ya que se pusieron una docena de especialidades médicas bajo la lupa y fueron una veintena de personas, miembros de los tribunales conformados por las y los jefes de servicio de las diferentes especialidades, las investigadas.

Desde el inicio, en ESK fuimos muy claros, nos enfrentábamos a un sistema clientelar en la adjudicación de plazas en determinadas especialidades médicas, instaurado de manera estructural con el conocimiento y el aval de las diferentes direcciones, un sistema fuertemente arraigado en Osakidetza, normalizado y de sobra conocido por los diferentes gestores de nuestra Sanidad pública; y nuestro objetivo también era muy claro: acabar con este sistema, cumplir con la legislación en cuanto a igualdad, mérito, capacidad y transparencia y depurar responsabilidades políticas, que de las penales ya se encargaría la justicia, o eso esperábamos.

El camino no ha sido fácil; desde el inicio tanto nuestras compañeras anestesistas que dieron la cara, como ESK, nos enfrentamos a una campaña de acoso tanto desde Osakidetza como del entonces consejero de Salud, Jon Darpón, arropado por la plana mayor del PNV; llegando este último, en comparecencia parlamentaria junto con María Jesús Múgica, la entonces directora general de Osakidetza, en una especie de mundo al revés, a amenazar a los denunciantes con denunciarlos, buscando minimizar los daños y amedrentar al personal que se atrevió a denunciar la corrupción existente en un intento de echar tierra sobre el asunto y evitar olores de corrupción.

Pero la realidad es tozuda y la Fiscalía dio curso a la investigación de las mencionadas especialidades; este hecho, junto con la presión social y parlamentaria, forzó la dimisión de la plana mayor de Osakidetza y del propio consejero de Salud, algo inédito en los anales de la “democracia” y de la historia del PNV.

Tras un proceso investigador extremadamente dilatado en el tiempo, con sucesivas prórrogas y solicitudes de ampliación, con diversos intentos fallidos por parte de Osakidetza de personarse en la causa para intentar manipular y condicionar la investigación, con un cierre en falso recurrido por, entre otros, ESK, nos encontramos con el inicio del juicio centrado únicamente en una especialidad y dos personas. Es un final que no nos esperábamos y que demuestra que demasiadas veces la realidad jurídica está muy alejada de la realidad social.

Sin embargo, y tal como hemos comentado más arriba, desde el inicio de este proceso ESK ha mostrado que su intención era y es acabar con este sistema clientelar, depurar responsabilidades e impulsar un cambio de modelo de OPE que garantice no solo los derechos de las personas aspirantes sino también que favorezca una Osakidetza cercana a la ciudadanía, euskaldun y que se centre en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, actuando sobre los determinantes sociales de salud.

Y entendemos que ahora es el momento de hacer una valoración crítica de lo conseguido y del camino que nos queda por recorrer para conseguir nuestros objetivos.

Tras la caída de la cúpula de Osakidetza, ésta se vio obligada a iniciar un proceso de cambio en el modelo OPE. Es un proceso que, desde el punto de vista de ESK, tiene más de lavado de cara que de transformación real. Hasta el momento de nuestra denuncia, eran las personas que conformaban los tribunales, léase jefes de servicio, los que elaboraban los exámenes y, por tanto, los que podían filtrarlos con total impunidad. Ahora, su elaboración, si así lo deciden las personas que los conforman, se encarga a personas o entidades ajenas. Llegando a la OPE actualmente en curso, en la que Osakidetza ha optado por un sistema de batería de preguntas previamente publicadas en su web.

Cambios para que todo siga igual, ya que no mejoran los sistemas de contratación actualmente vigentes, sistemas que condenan a la precariedad a miles de personas que ven como Osakidetza sigue abusando de la eventualidad a pesar de las sentencias europeas; cambios que no garantizan la euskaldunización de las plantillas, vulnerando el derecho de la ciudadanía a ser atendida en su idioma; cambios que siguen discriminando a la población migrante por impedirles el acceso al empleo público.

La dimisión del consejero Darpón y de la cúpula de Osakidetza no ha servido para traer aires nuevos en las diferentes direcciones de nuestras OSI; siguen con sus actitudes dictatoriales, negándose al diálogo y al acuerdo con la representación de las y los trabajadores e imponiendo sus decisiones a sus plantillas.

Las jefaturas de servicio siguen funcionando como reinos de taifas, donde son las jefas y los jefes los que distribuyen prebendas a su antojo. Ellas y ellos deciden quién hace guardias o quién peonadas en función del amiguismo que muestres; al menos ahora no dan las plazas a placer.

ESK inició este camino para descubrir la cara oculta de Osakidetza y mostrar el lodazal que ocultaba el oasis vasco, y el PNV ha conseguido volver del lado oscuro sin apenas notar los daños; el escándalo que se llevó a un consejero nos ha dejado otro que formaba parte de los tribunales que adjudicaban las plazas.

El Tribunal de Instancia nº105 de Madrid ha condenado a la aseguradora del Servicio Riojano de Salud al pago de una indemnización de 170.000 €, por mala praxis médica debida al retraso de 8 años en intervenir un aneurisma y por el que el paciente terminó falleciendo. La sentencia en estos momentos ya es firme y la defensa del caso ha sido ejercida por la Asociación El Defensor del Paciente, a través del abogado Álvaro Sardinero.

Los hechos se remontan a noviembre de 2013, cuando el paciente, que entonces tenía 60 años, ingresó en el Hospital San Pedro por una apendicitis. Durante las pruebas preoperatorias, un TAC reveló la existencia de un “aneurisma fusiforme de aorta” de 67 milímetros con trombosis mural. Pese a la gravedad de este hallazgo, el informe de alta no hizo mención alguna a la patología ni se citó al paciente para un seguimiento por cirugía vascular, una omisión que ambas partes del proceso judicial han reconocido como un error médico

No fue hasta febrero de 2021 cuando, tras acudir nuevamente a urgencias por un dolor abdominal intenso, se descubrió que el aneurisma había crecido hasta alcanzar los 84 milímetros, presentando un riesgo de rotura inminente y no había tiempo para preparar una prótesis a medida. Esta situación obligó a una intervención quirúrgica de alta complejidad para la que fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias.

Sin embargo, el paciente no logró superar, falleciendo 38 días después debido a complicaciones respiratorias en el postoperatorio. Habían pasado 8 años desde el descubrimiento del aneurisma, cuando tenía un tamaño de 67 mm y ya superaba el umbral recomendado para ser intervenido quirúrgicamente por resultar altamente mortal. La situación basal del paciente en 2021 ya no era la misma, no sólo por la evolución de la enfermedad, sino también por su edad. Las posibilidades de superar con éxito la intervención del aneurisma eran mucho más escasas.

La sentencia fundamenta la condena en la doctrina jurídica de la “pérdida de oportunidad”. El juez argumenta que, si bien no se puede establecer un nexo causal directo y absoluto entre el error de 2013 y el fallecimiento —dado que la muerte se produjo por complicaciones propias de una cirugía correctamente ejecutada en 2021—, el retraso de ocho años privó al paciente de haber sido intervenido en condiciones de salud mucho más favorables y con técnicas menos invasivas.

La sentencia fundamenta la condena en la doctrina jurídica de la “pérdida de oportunidad”. El juez argumenta que, si bien no se puede establecer un nexo causal directo y absoluto entre el error de 2013 y el fallecimiento —dado que la muerte se produjo por complicaciones propias de una cirugía correctamente ejecutada en 2021—, el retraso de ocho años privó al paciente de haber sido intervenido en condiciones de salud mucho más favorables y con técnicas menos invasivas.

Finalmente, el tribunal establece una indemnización para los familiares basada en el cálculo de probabilidades de esa oportunidad perdida. Según explica el letrado de la paciente, Álvaro Sardinero, el resultado de tan excesiva demora ha determinado la condena por mala praxis y la condena al pago de una indemnización total de 170.000 € en sentencia firme: 104.722 € por el fallecimiento y 65.000 € más por los intereses de demora.

El próximo sábado 18 de abril plataformas ciudadanas a favor de la Sanidad pública saldrán a la calle para denunciar la falta de avances del pacto vasco de salud de 2025. Habrá tres manifestaciones: en Bilbao, a las 12.00 horas desde el Sagrado Corazón, en Vitoria, a las 12.00 horas desde la Plaza Bilbao y en Donostia, a las 17.00 horas desde el Boulevard. “El derecho a la salud está seriamente amenazado en la comunidad autónoma vasca. Asistimos a un deterioro y una privatización sostenidos del sistema público de salud. Ocho meses después de aprobarse el llamado pacto vasco de salud, sin consenso y rechazado por sindicatos, partidos políticos y numerosas organizaciones sociales, el consejero de Salud continúa vendiendo balances triunfalistas mientras los problemas estructurales continúan intactos”, lamentan los convocantes.

Según critican, “cada año se aplican recortes durante cinco meses” vacacionales “disfrazados de planes de contingencia: cierres de servicios, reducción de horarios, centros sin personal médico o atendidos con profesionales residentes sin haber completado su formación y servicios de urgencias colapsados”. “Este deterioro empeora la calidad asistencial y las condiciones laborales del personal de Osakidetza, con sobrecargas de trabajo, temporalidad superior al 40% y modelos de gestión autoritarios que limitan la participación social y profesional”, defienden.

En este sentido, denuncian que las OPE “no crean empleo real”. “Son un fracaso porque no logran cubrir los puestos de difícil cobertura. Posteriormente, cuando el sistema se desborda, se vuelve a la misma receta: más horas extras, en lugar de reforzar las plantillas. La Atención Primaria, pilar del sistema sanitario, es la principal perjudicada. Listas de espera en aumento. Más de una semana para acceder a medicina de familia, demoras superiores a un año en algunas especialidades y profesionales agotados por la sobrecarga asistencial”, aseguran.

En cuanto a la privatización de Osakidetza, los manifestantes critican que este año “500 millones de euros irán a parar a empresas privadas y no hay voluntad de recuperar servicios externalizados. Además, una de cada tres personas tiene ya un seguro médico privado. El objetivo es claro: se debilita lo público para fortalecer el negocio privado”. “Fondos de inversión y grandes empresas sanitarias consolidan un modelo en el que la sanidad privada se queda con lo rentable económicamente, mientras la pública asume lo complejo y costoso. Así privatizan los beneficios y socializan las pérdidas”, aseveran.

Entre las críticas que sacarán a la calle el próximo sábado está la de que el consejero de Salud, Alberto Martínez, “a través de una campaña de propaganda sin precedentes anuncia grandes infraestructuras, pero faltan profesionales para atenderlas”. “Confunde ladrillos con soluciones y las inversiones anunciadas apenas llegan a la Atención Primaria, la prevención y a la salud comunitaria, consolidando un modelo hospitalocentrista centrado en el tratamiento de la enfermedad y no en su prevención”, señalan.

Por todo ello y por la “preocupante falta de transparencia, evidenciada recientemente por la ocultación de vacunas caducadas y los fallos de control detectados hasta en 12 OSIs”, que describen como “un escándalo sanitario y político grave”, exigen la dimisión del consejero Martínez. “Defendemos otra Osakidetza: pública, universal y gratuita. Con la Atención Primaria en el centro, cercana, accesible y humana. Basada en la prevención y promoción de la salud, que actúe sobre los determinantes sociales, que garantice consultas presenciales, tiempo suficiente para atenderlas y continuidad asistencial por los mismos profesionales”, indican.

Entre las cuestiones que solicitarán el próximo sábado en las manifestaciones están “frenar la privatización y recuperar servicios externalizados; poner fin a los recortes y reabrir servicios cerrados; aumentar la financiación pública; reforzar la Atención Primaria, la salud comunitaria y la Salud Mental; garantizar plantillas suficientes y estables; implantar un modelo de gestión transparente y participativo; garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía en la sanidad pública, así como la normalización real del uso del euskera en el seno de Osakidetza”. “No necesitamos más propaganda, ni más titulares. Necesitamos hechos. Necesitamos soluciones a los problemas estructurales de Osakidetza. No vamos a normalizar recortes, ni privatizaciones. Porque la sanidad pública es de todas y todos. Y no estamos dispuestos a que nos la roben”, concluyen.

El PP andaluz ha conseguido que se prohíba la proyección del documental Salud no Responde en al menos cinco municipios, según ha denunciado el colectivo Mareas Blancas y confirma Por Andalucía, que ha presentado los respectivos recursos contra esas decisiones. Las prohibiciones de este documental crítico con la gestión sanitaria del Gobierno andaluz están siendo emitidas por las Juntas Electorales de Zona con el argumento de que la película no puede proyectarse en edificios públicos, y afecta al menos a los municipios de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Priego (Córdoba), Durcal (Granada), Cuevas del Almanzora y Los Gallardos (Almería).

Salud no Responde, dirigida por Pablo Coca y en la que participan las Mareas Blancas, se estrenó el 11 de enero en el Teatro Cervantes de Sevilla y se proyectó desde entonces con normalidad en centros cívicos y salas culturales de municipios de la provincia.

Mairena del Aljarafe fue el primero de los municipios que tuvo que cancelar la proyección de la película atendiendo al requerimiento de la Junta Electoral de Zona, emitido en términos tajantes: ordenaba cancelar el pase organizado por la Coordinadora de las Mareas Blancas y previsto para esa misma tarde “con carácter inmediato y sin trámite alguno”, alegando que la película “vulnera” el artícuo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Ese artículo “prohíbe a los poderes públicos, desde la convocatoria electoral hasta la celebración de las elecciones, organizar actos que aludan a logros obtenidos o utilicen imágenes/expresiones similares a las campañas políticas, garantizando la neutralidad institucional”.

La Junta Electoral de Sevilla daba por buenos los argumentos del PP-A, a partir “de una rápida consulta en Internet” de la que, según decía, “puede deducirse” que el contenido del documental supone una crítica a la sanidad “cuya gestión realiza un adversario político”. El documental recoge múltiples testimonios contrarios a la gestión de la sanidad andaluza. Ese mismo día, Sebastián Martín Recio, portavoz de Mareas Blancas y exalcalde de IU en Carmona (Sevilla) había firmado un acuerdo con los partidos de izquierdas que concurren a las elecciones andaluzas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- “en defensa de la sanidad pública”.

Mareas Blancas denuncia una “campaña de boicot” por parte de los populares, a los que acusan de “transgredir” los derechos de reunión y a la libertad de expresión, garantizados ambos por la Constitución. “No están suspendidos, haya o no campaña electoral”, recuerda el colectivo, que observa que la campaña electoral para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo ni siquiera ha comenzado.

En un comunicado, el colectivo recuerda que no es un partido político, sino un movimiento social que en los últimos años ha protagonizado sonoras protestas contra el deterioro de la sanidad pública, ocurridas tanto en tiempo del anterior gobierno socialista (cuando la consejera era, precisamente, la actual candidata socialista María Jesús Montero) como con el actual del PP. “Aplicarnos normativas dirigidas al funcionamiento de los partidos políticos en campaña electoral no tiene sentido. Y mucho menos prohibir nuestra opinión o nuestras acciones, legítimas y constitucionales, en defensa de los derechos sociales”.

Recursos ante la Junta Electoral Provincial

La Junta Electoral Provincial de Sevilla deberá pronunciarse próximamente sobre este asunto. La prohibición de Mairena del Aljarafe fue recurrida por la coalición Por Andalucía, por entender que la Junta Electoral de Zona no tiene competencia para resolver un asunto así. Además, el recurso observa que la denuncia del PP se resolvió en contra del denunciado sin darle trámite alegando la inminencia de la presentación del documental, cuando lo cierto es que este llevaba tiempo programado.

El recurso subraya que la Coordinadora de las Mareas Blancas no es un “adversario político” de nadie porque no es un “actor político partidario que concurra a un proceso electoral”, y recueda que sus críticas a la gestión sanitaria están amparadas por el derecho fundamental de libertad de expresión y opinión. Tampoco se pueden asimilar, dice el recurso, a una petición del voto.

En cuanto al uso de locales de titularidad municipal, el recurso argumenta que las administraciones locales tienen teatros, casas de cultura o centros cívicos que tienen la función de ser puestos a disposición de la ciudadanía para garantizar los derechos de libertad de expresión, participación, creación u opinión.

La exigencia de neutralidad a los poderes públicos no se extiende a la ciudadanía ni alcanza a los equipamientos cuando los usa la ciudadanía, según Por Andalucía, que cree que “no es de recibo” prohibir su uso bajo el pretexto de que en ellos se puede producir cualquier tipo de conexión con un proceso electoral. “De seguir esa lógica ¿se suspende la Feria de Sevilla que se celebra en un recinto público ante la eventualidad de que se hagan en la misma ruedas de prensa, declaraciones de personas candidatas? ¿no permitimos cualquier concierto, acto cultural, deportivo, religioso en equipamiento, recinto o espacio público no vaya a ser que ser produzcan críticas a quien gobierna?”.

Principal problema para los andaluces

La dispersión de las prohibiciones a instancias del PP sugiere que se trata de una acción coordinada por la dirección autonómica de los populares, entre cuyas filas hay dudas de si es la estrategia acertada o si, por el contrario, aumenta la potencia del foco sobre la sanidad, cuyo deterioro esgrimen todos los demás partidos, desde las izquierdas hasta Vox, como principal bandera contra la gestión del Gobierno de Juan Manuel Moreno durante los últimos ocho años.

El estado del sistema sanitario autonómico es la principal preocupación de los andaluces, según los principales sondeos de opinión. Unas 21.000 personas, según la Policía Nacional (55.000, según los organizadores) salieron a la calle el pasado domingo para protestar por su deterioro en las ocho capitales andaluzas.

En diciembre, cuando la crisis por los fallos en el sistema de cribado del cáncer de mama estaba en su apogeo, era el principal problema para el 22,4% de los encuestados, según el barómetro del Centra, el CIS andaluz, dependiente de la Consejería de Presidencia. Otro sondeo del CIS (dependiente del Gobierno) conocido hace apenas diez días concluye que cuatro de cada diez andaluces señala la gestión de la sanidad pública como el primer o segundo problema que más les afecta personalmente.