La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria (PP) está tramitando un convenio con Mutua Montañesa para derivar a dicho centro cirugías de la especialidad de Traumatología y pruebas de resonancia y escaner que hasta ahora se hacían en la sanidad pública.

El acuerdo que se pretende firmar es otro convenio singular, como el aplicado en el hospital religioso Santa Clotilde, con un presupuesto mucho más moderado de 6,5 millones como máximo, frente a los 256 millones del centro privado, y una vigencia de cuatro años. En el caso del Hospital de la Orden de San Juan de Dios la privatización sanitaria se prolongará durante veinte años, hasta 2046, hipotecando la futuro gestión en la comunidad durante las próximas dos décadas.

Los convenios singulares permiten adjudicar servicios sanitarios sin concurso.

El acuerdo ha sido adelantado por El Diario Montañes y confirmado por fuentes del Gobierno a Europa Press.

Este segundo convenio no será el último que firmen los responsables de la sanidad pública. Falta un tercer acuerdo -todavía pendiente- con el Centro Hospitalario Padre Menni, que atiende a personas con enfermedad mental.

Mutua Montañesa se define a sí misma como una asociación de empresarios sin ánimo de lucro que colabora con la Seguridad Social “en la misión de cuidar de la salud y el bienestar de los trabajadores, gestionando la salud y las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, así como las prestaciones económicas relativas a la incapacidad laboral por enfermedad común y aquellas otras prestaciones encomendadas por la Seguridad Social.

La entidad da cobertura a más de 30.000 empresas y autónomos a través de 21 delegaciones y 340 profesionales distribuidos por todo el país. Aunque su referencia y presencia principal está en Cantabria con su hospital, especializado en Medicina Rehabilitadora y Traumatología, situado en la avenida del Faro de Santander.

Privatización sanitaria con Santa Clotilde

El convenio singular con Santa Clotilde no se anunció públicamente y pasó desapercibido en los acuerdos del Consejo de Gobierno porque la inversión no se reflejó en la nota de prensa que se suministró a los medios de comunicación. La noticia la adelantó elDiario.es y el ejecutivo de Buruaga justificó que no se había hecho público porque “estaba pendiente de firmarse”.

Lo cierto es que el convenio entró en vigor el 1 de enero de este año y nunca hubo una firma pública ni una fotografía oficial de un acuerdo polémico que desató numerosas críticas por parte de partidos políticos, sindicatos y asociaciones como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública.

A raíz de este acuerdo se va a pagar al hospital privado más del doble de lo que venía percibiendo por las prestaciones de hospitalización, cirugía y rehabilitación que ya realizaba el centro médico dependiente de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

elDiario.es también desveló que un informe oficial advirtió que el convenio para la privatización sanitaria aprobado por el PP compromete el presupuesto de Cantabria hasta 2042. El documento alertaba del “elevado compromiso presupuestario” para las cuentas públicas del acuerdo firmado con el hospital Santa Clotilde: “Obligará a adoptar medidas de priorización del gasto público”.

Críticas del PSOE

“Es un paso más hacia la privatización y un golpe más a la sanidad pública” -denuncia Marcos Agudo, secretario de Salud del PSOE de Cantabria- “una nueva vuelta de tuerca en esa carrera privatizadora de la sanidad pública”.

En su opinión, es “absolutamente incomprensible” que el Gobierno de Cantabria “siga transitando por una senda que no ha demostrado otra cosa que inutilidad y despilfarro, sin ningún beneficio para el conjunto de la ciudadanía; sólo numerosos beneficios para unas pocas manos: los que hacen negocio a costa de la salud de todos”.

Agudo sostiene que detrás de las privatizaciones hay un incremento de casi 2.000 personas en la lista de espera respecto a noviembre de 2025 y un aumento de 20 días de demora para hacerse una intervención quirúrgica. Esta situación “es todo un desastre” para la ciudadanía de Cantabria que ha visto “regalados” 256 millones de hacia la sanidad privada, y de 65 millones de un plan de reducción de listas de espera que no han servido para absolutamente nada más que para incrementar las demoras. “Un desastre para los cántabros y un buen negocio para la empresa privada”, ha concluido.

CCOO ha denunciado la presencia de cucarachas en la cocina del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, el principal centro hospitalario de la capital gallega, que aseguran que ha llevado a que uno de estos insectos apareciese la semana pasada en la comida de un paciente.

La sección comarcal de CCOO - Sanidade en el área sanitaria de Santiago y O Barbanza asegura que la presencia de cucarachas “se intensificó” durante el mes de agosto y “culminó el pasado 4 de septiembre con la aparición de una en la comida de un paciente”. Tras este episodio, exige “medidas inmediatas y efectivas” para erradicar la plaga y “garantizar la seguridad alimentaria”, además de explicaciones sobre el programa de control y vigilancia aplicado en el área sanitaria.

El sindicato carga contra lo que califica de “abandono” del servicio de cocina hospitalaria en el Clínico de Santiago, que asegura que necesita, desde hace años, ampliaciones y mejoras. La jefatura de cocina, añade CCOO, está sin cubrir desde hace siete meses.

Fuentes del área sanitaria piden disculpas por lo ocurrido, que califica de “hecho aislado y excepcional” y asegura que así se le trasladó al afectado. Sostienen que ya hay “un calendario estricto de control de plagas”, pero que se han dado “indicaciones claras para analizar las circunstancias concretas e intensificar la desinfección”. Este fin de semana, añaden, “se tomaron medidas adicionales”.

El Grupo Socialista pedirá la comparecencia de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la Asamblea para que dé explicaciones sobre la situación de la sanidad pública en la región. El PSOE considera que la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha dejado de ser una “interlocutora válida” ante los problemas que atraviesa el sistema sanitario extremeño.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha trasladado este jueves la preocupación de su partido por la situación de la sanidad y la educación, así como por los incendios forestales y otras cuestiones que afectan a la comunidad.

En materia sanitaria, el dirigente socialista ha criticado que el Ejecutivo de Guardiola no tenga, a su juicio, un plan para afrontar los problemas de gestión y organización que afectan al Servicio Extremeño de Salud (SES). Sánchez Cotrina ha recordado que al comienzo del verano ya advirtió de que se produciría una “cascada de dimisiones” porque los profesionales “no pueden más con el trabajo y con la falta de ordenación, gestión y rigor a la hora de establecer las plantillas suficientes”.

Sus palabras llegan después de las dimisiones de dos responsables de las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres y del reciente cese de los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva.

El PSOE augura más dimisiones en los hospitales

Sánchez Cotrina ha asegurado que los cambios en la estructura directiva del SES no serán los últimos y ha avanzado que pueden producirse nuevas dimisiones en las jefaturas de planta de los hospitales extremeños.

El líder socialista ha situado estos movimientos dentro de una crisis de gestión más amplia y ha cuestionado la capacidad de la consejería para ofrecer respuestas a los profesionales y a los problemas que se están produciendo en los centros sanitarios. En este sentido, ha afirmado que Sara García Espada ya no es una “interlocutora válida” para su formación porque, según ha denunciado, se limita a responsabilizar al PSOE de los problemas de la sanidad extremeña pese a que lleva más de tres años al frente del departamento.

Sánchez Cotrina ha ironizado sobre el argumento de la “herencia recibida” y ha recordado que durante los últimos 15 años el PSOE ha gobernado Extremadura durante ocho años y el PP durante siete.

Pese a la dureza de sus críticas, el dirigente socialista ha insistido en que su partido no pretende generar “alarmismo”, sino obtener explicaciones y reclamar soluciones a los problemas de gestión del sistema sanitario.

Por ello, ha asegurado que el PSOE está dispuesto a respaldar todas aquellas medidas que considere positivas para Extremadura y que permitan mejorar la sanidad pública, las infraestructuras sanitarias y las condiciones laborales de sus profesionales.

La petición de comparecencia de Guardiola se produce después de varias semanas especialmente complicadas para el SES. La situación de las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres ha generado una fuerte contestación entre los profesionales, mientras que el centro ha sufrido esta semana una avería que obligó a suspender actividad quirúrgica programada y, pocos días antes, parte del techo de una habitación del Hospital Don Benito-Villanueva se desprendió mientras había un paciente y su acompañante en el interior.

Cuatro contratos de emergencia para el transporte escolar

El secretario general del PSOE extremeño también ha criticado la gestión del transporte escolar a pocos días del inicio del curso. Sánchez Cotrina ha denunciado la falta de previsión del Gobierno de Guardiola y ha señalado que la Junta se ha visto obligada a recurrir a cuatro licitaciones de emergencia para poder cubrir todas las rutas de transporte escolar, sin que el problema esté todavía completamente resuelto a una semana del comienzo de las clases.

El dirigente socialista ha calificado de “totalmente irregular” la situación generada por estas contrataciones extraordinarias. No obstante, ha anunciado que el PSOE no presentará ningún recurso judicial contra ellas con el objetivo de evitar que el procedimiento pueda poner en riesgo el servicio. “La prioridad es que ningún niño extremeño se quede en una parada de autobús sin poder ir a clase”, ha señalado.

El PSOE sí solicitará los expedientes y las motivaciones de los contratos de emergencia para analizar su contenido y estudiar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Críticas por la prevención de incendios

Los incendios forestales han ocupado también una parte importante de la intervención del líder socialista. Sánchez Cotrina ha cuestionado que el último consejo de gobierno celebrado en Vegas de Coria aprobara medidas similares a las anunciadas el año pasado para hacer frente a las consecuencias del incendio de Jarilla.

Según ha denunciado, buena parte de aquellas medidas no llegaron a materializarse. En concreto, ha criticado que el 54% del presupuesto destinado en 2025 a prevención de incendios forestales no se ejecutara.

El dirigente socialista ha reclamado una mayor planificación y ejecución de las políticas de prevención ante el riesgo de nuevos incendios. También ha censurado la respuesta de la Junta ante los focos de brucelosis y lengua azul detectados en Extremadura. Sánchez Cotrina ha reprochado a Guardiola que, frente a estos problemas, su respuesta se limite a grabar vídeos para TikTok de “paseos por los pasillos de Presidencia con una sonrisa”.

El PSOE reclama más políticas de vivienda

En materia de vivienda, Sánchez Cotrina ha calificado de “contradicción” que la Junta de Extremadura acepte 210 millones de euros destinados a políticas de vivienda y, al mismo tiempo, recurra esos fondos ante el Tribunal Constitucional.

El líder socialista ha defendido la necesidad de incrementar las inversiones destinadas a facilitar el acceso a la vivienda y favorecer la emancipación tanto de los jóvenes como de otros colectivos que tienen dificultades para acceder a ella.

También ha alertado sobre el problema demográfico al que se enfrenta Extremadura y ha reclamado la elaboración de un plan estratégico que permita hacer frente a la pérdida de población prevista para las próximas décadas.

Seguridad jurídica para atraer inversiones

Por último, Sánchez Cotrina ha defendido la necesidad de ofrecer mayor seguridad jurídica y agilizar aquellos proyectos capaces de generar actividad económica y empleo en Extremadura.

Entre ellos ha citado la ampliación de la actividad industrial vinculada a los diamantes en Trujillo, al tiempo que ha reclamado una regulación adecuada para la implantación de centros de datos y plantas de biogás.

El objetivo, según ha señalado, debe ser compatibilizar la llegada de nuevas inversiones con garantías que eviten procesos especulativos y aseguren que estos proyectos tengan un impacto positivo sobre el territorio y el empleo extremeño.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha acometido una remodelación de su estructura directiva con el cese de tres de los gerentes de área de la región: Demetrio Pérez Civantos, hasta ahora responsable de Badajoz; Jesús Gallo Elorza, al frente de Mérida; y Eulalia Poveda Lozano, gerente del Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

Los tres responsables llegaron a sus puestos en septiembre de 2023 y serán sustituidos en los próximos días. La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia justifica los relevos como “decisiones organizativas adoptadas con el objetivo de reforzar la capacidad de gestión y afrontar los retos actuales” del SES. La Administración asegura que se inicia una “nueva etapa” destinada a introducir cambios organizativos y de gestión.

Los ceses se producen, sin embargo, en un momento especialmente delicado para la sanidad pública extremeña, después de varias semanas en las que distintos centros hospitalarios han acumulado problemas asistenciales, conflictos internos e incidencias relacionadas con sus instalaciones.

Las Urgencias de Cáceres, el principal foco de tensión

Uno de los principales frentes abiertos se encuentra en el Hospital Universitario de Cáceres. Los médicos adjuntos de Urgencias trasladaron en agosto a la dirección del centro su preocupación por una situación que calificaron de “crítica”, vinculada a la falta de facultativos y al incremento de la demanda asistencial. Los profesionales llegaron a advertir de un “riesgo cierto” para la seguridad de los pacientes por la acumulación de pacientes y la saturación de los circuitos asistenciales.

La tensión se ha traducido además en varias renuncias dentro del servicio. La coordinadora de Urgencias anunció su dimisión después de meses de advertencias sobre la falta de personal, mientras que posteriormente también abandonó sus funciones el responsable de la formación de los médicos residentes, ante las dificultades para organizar las rotaciones, las guardias y la actividad docente.

El conflicto llegó incluso al ámbito nacional después de que la organización de residentes Asociación MIR España cuestionara que los médicos en formación puedan utilizarse para cubrir de forma estructural las carencias de plantilla.

A finales de agosto, además, responsables de distintas especialidades del hospital rechazaron una instrucción del SES para afrontar los episodios de saturación que permite trasladar a planta a pacientes de Urgencias cuando hayan transcurrido dos horas desde la solicitud de valoración por un especialista. Los facultativos advirtieron de que la medida podía trasladar el colapso desde Urgencias a las plantas hospitalarias.

Una avería deja fuera de servicio ocho quirófanos

En este contexto, el Hospital Universitario de Cáceres sufrió esta semana una nueva incidencia. Una avería en la tubería del lavabo del quirófano 6 provocó el martes una fuga de agua que afectó a los quirófanos 3 al 10, además de a las áreas de esterilización y Anatomía Patológica.

La incidencia fue detectada a las 7.20 horas y la tubería quedó reparada aproximadamente una hora después. No obstante, el hospital tuvo que suspender las intervenciones quirúrgicas programadas mientras se realizaba la limpieza y esterilización de las zonas afectadas. Los quirófanos no afectados y otros espacios permanecieron disponibles para atender las intervenciones urgentes.

El SES aseguró que la situación técnica estaba solucionada y que la actividad quirúrgica programada se recuperaría progresivamente una vez concluidos los trabajos de acondicionamiento.

Un falso techo se desploma con un paciente dentro

Solo unos días antes, el 29 de agosto, parte del techo de una habitación de Medicina Interna del Hospital Don Benito-Villanueva se desprendió durante la madrugada, alrededor de las cuatro de la mañana. En la estancia se encontraban un paciente y su acompañante, que fueron atendidos y trasladados a otra habitación sin sufrir daños personales de consideración.

El SES ordenó retirar completamente el techo de la habitación afectada y acometer su renovación. Además, anunció una inspección mediante cámara de los techos de todo el hospital. La propia Consejería señaló que las estructuras tienen más de 50 años y que no habían recibido inversiones para su tratamiento y renovación.

El episodio provocó también críticas políticas. El PSOE extremeño utilizó el desprendimiento para denunciar el estado de la sanidad pública regional y afirmó que “lo que se está cayendo a cachos” es el SES, más allá del incidente concreto del techo.

Tres relevos en plena presión sobre el SES

Los tres ceses anunciados este jueves afectan a tres de las ocho áreas de salud de Extremadura y se producen mientras la Administración sanitaria trata de responder a problemas de distinta naturaleza: presión asistencial y falta de facultativos en las Urgencias de Cáceres, dificultades organizativas, incidencias en infraestructuras y reclamaciones de profesionales y organizaciones médicas.

La Junta no ha relacionado expresamente los cambios en las gerencias con ninguno de estos episodios y sostiene que obedecen a una decisión de carácter organizativo. El SES prevé comunicar en los próximos días los nombres de quienes asumirán las gerencias de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva.

No habrá nadie sentado en la silla de la consulta de Nefrología del Hospital de Hellín el lunes que viene. Su titular actual, la doctora Sara Piqueras, verá a sus pacientes por última vez este viernes, ya que la gerencia del Hospital le ha comunicado que su contrato no será renovado. De esta manera, este servicio de Nefrología se quedará sin la única médica especialista que trabajaba en él.

Con ello, quedan en el limbo los pacientes que atiende este servicio —577 en 2024—, que en principio pasarán a lista de espera, pues no hay citas agendadas a partir de la semana que viene y ni el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ni la gerencia del Hospital de Hellín han ofrecido explicación alguna sobre qué sucederá con el servicio.

Esta situación “preocupa” al Colegio de Médicos de Albacete. Su presidente, Blas González Montero, habla abiertamente de la “desaparición” de la Unidad de Nefrología del Hospital de Hellín y asegura que esto supondrá una “disminución de la calidad asistencial” para los pacientes que eran atendidos en ella.

“Tendremos peor control de los enfermos de riñón: los atenderemos peor y los atenderemos menos veces. Eso repercutirá también en la sobrecarga del servicio de medicina interna de Hellín, que ya tienen bastante. Y, además, esos enfermos que no se vean en Hellín se tienen que valorar en el servicio de nefrología del Hospital General de Albacete”, añade González Montero.

Para protestar contra este cierre, se ha convocado para este jueves una concentración ciudadana en los alrededores del Hospital de Hellín bajo el lema “Por una Sanidad 100% pública”.

34.000 kilómetros de desplazamientos ahorrados

El servicio de Nefrología del Hospital de Hellín comenzó su andadura en enero de 2024. Como única especialista fue designada la doctora Sara Piqueras, quien meses antes había presentado un proyecto para abrir dicha unidad en la localidad albaceteña y así evitar que los pacientes tuvieran que recorrer el trayecto de 50 minutos y 65 kilómetros que los separa de la capital de la provincia, a cuyo hospital tenían que acudir hasta entonces cada vez que tocaba pasar consulta.

Piqueras califica su trabajo como “proyecto asistencial de alto valor”, ya que su puesto permitía “cambiar las cosas” de la enfermedad renal. “Es una enfermedad muy silenciosa y muchas veces no se detecta hasta fases muy avanzadas. El tener esta especialidad cerca podía facilitar que los pacientes llegasen antes a ese diagnóstico a una valoración más integral”.

La doctora proporciona un dato: entre los pacientes que llegan a iniciar diálisis, aquellos que no habían sido valorados por Nefrología durante los 24 meses previos presentan una mortalidad del 51%, frente al 36% de quienes sí habían tenido seguimiento nefrológico.

Aquellos que no habían sido valorados por Nefrología durante los 24 meses previos presentan una mortalidad del 51%, frente al 36% de quienes sí habían tenido seguimiento nefrológico

Por encima de todas las ventajas de tener esta unidad en funcionamiento en Hellín, Piqueras destaca una: no tener que ir hasta Albacete para una consulta de Nefrología. “Es un desplazamiento que supone bastante para la gente de la zona porque la media edad de los pacientes que yo atiendo es de 65 años. Es una población mayor que es independiente y viven solos, pero que ya no conducen. Ir hasta Albacete, que tampoco se puede hacer en tren, es difícil para ellos”, añade la médica.

Esos desplazamientos a la capital de la provincia los conoce muy bien Soledad. A sus 52 años, lleva casi 30 siendo paciente de Nefrología. Antes del año 2024, cuando se abre la Unidad en el Hospital de Hellín, tenía que acudir hasta Albacete para ser atendida.

“Me acuerdo que, al principio, cuando detectaron que mi riñón era más pequeño de lo normal, tenía que ir a Albacete cada tres meses para tenerlo controlado”. Posteriormente, según la situación se estabilizaba, las revisiones se espaciaron a una cada seis meses y, más tarde, a una vez al año.

“A los viajes a Albacete, como yo no tengo coche, tenían que llevarme mi padre o a algún hermano que perdiera ese día de trabajar. No podemos depender de la familia de que estén perdiendo trabajo para poder subir”, añade la afectada.

Para Soledad y su familia, la creación de la Unidad de Nefrología en Hellín supuso un gran cambio, ya que también su tío y su padre son pacientes renales. “Mi padre está ahí con un hilo para la hemodiálisis y ella lo ha controlado muy bien”, asegura la paciente.

Según cálculos de la propia Piqueras, la aparición de este servicio en Hellín ha ahorrado a los pacientes más de 34.000 kilómetros en desplazamientos hasta Albacete, solo teniendo en cuenta la primera visita.

A la desaparición de la consulta se suma una reivindicación más antigua de los pacientes renales de la comarca: Hellín tampoco dispone de una unidad de hemodiálisis propia. Quienes necesitan este tratamiento —que obliga a acudir a una sesión dos o tres veces por semana— siguen teniendo que ir hasta Albacete, una demanda histórica de la Asociación de Enfermos Renales del área de Hellín (ADERHE). De hecho, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad en noviembre de 2024 estudiar la creación de un centro de diálisis en la comarca, un compromiso que a día de hoy sigue sin concretarse.

“Nefrología en Hellín era yo”

Sara Piqueras recibió la semana pasada la confirmación de que su contrato no sería renovado. Ella ya sospechaba que algo no iba bien cuando, a primeros de agosto, le pidieron que no continuase citando a pacientes para septiembre. Fue la puntilla para un servicio que prácticamente solo la tenía a ella como recurso humano.

“Nefrología en Hellín era yo”, resume resignada, mientras lamenta que no pudiera contar a su lado con un profesional de enfermería para ayudarla en la labor. Pidió formalmente dicho refuerzo, además de la incorporación a corto plazo de un segundo especialista en Nefrología y la asignación de recursos técnicos y administrativos. Nada de eso llegó.

No solo no le fueron proporcionados esos refuerzos que había solicitado, sino que la médica, al ser Nefrología parte de Medicina Interna, tuvo que colaborar a nivel asistencial ante la falta de personal.

La suma de ambos factores la llevó a una baja laboral entre enero y mayo de este año porque se vio “desbordada”. “Intenté solicitar ayuda por varios medios para tener un soporte mejor y para ofrecer un mejor trato a los pacientes. Como este no llegaba, me vi superada”.

Por eso, Antonio González Cabrera, médico de Atención Primaria, explicaba en un artículo publicado en este medio que esta realidad asistencial a la que se enfrentaba Sara “ha sido un desgaste profesional sistemático hasta el agotamiento, el abandono presupuestario, sin la dotación comprometida de enfermería, y la posterior no renovación del contrato que le han comunicado”.

Pretender que un proyecto asistencial de alto valor dependa únicamente del esfuerzo individual es una negligencia organizativa que termina penalizando al de siempre: el usuario

Antonio González Cabrera

González Cabrera sostiene que “pretender que un proyecto asistencial de alto valor dependa únicamente del esfuerzo individual es una negligencia organizativa que termina penalizando al de siempre: el usuario”.

“No se sabe qué pasará con los pacientes”

Desde el Colegio de Médicos de Albacete aseguran que, en los últimos meses, siendo conscientes de este problema, han mantenido reuniones “cordiales y constructivas” con el director gerente del Sescam, Alberto Jara, y con los gerentes del Hospital General de Albacete y del Hospital de Hellín.

“Me consta que el gerente del Sescam tenía toda la información de la evolución de la unidad de Nefrología de Hellín, y me mostró su preocupación también. Lo que ocurre es que solo con buena voluntad no se ha llegado a más”, explica Blas González Montero, presidente del Colegio de Médicos de Albacete, que afirma haber pedido nuevas reuniones con los gerentes de Albacete y Hellín para alcanzar una solución.

Por el momento, ante la falta de una explicación oficial del Sescam y de la gerencia del Hospital de Hellín, ni el Colegio de Médicos de Albacete ni Sara Piqueras tienen claro qué va a suceder a partir del lunes. “Los pacientes están en lista de espera. Así que no se sabe y eso es preocupante, porque tengamos en cuenta que estos enfermos necesitan atención continuada”.

Este medio se ha puesto en contacto con la gerencia del Hospital de Hellín para tratar de obtener su versión de los hechos y conocer cuál será el futuro de su Unidad de Nefrología, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.

“Muchas cosas se quedan en el aire y no sabes las consecuencias que pueden traer. Es mi mayor intranquilidad, porque si lo pienso solo por mí, pues tenemos trabajo más que de sobra en el ámbito médico”, concluye Sara Piqueras, que este viernes se sentará por última vez en la consulta de Nefrología del Hospital de Hellín, sin que se sepa si alguien ocupará su lugar a partir del lunes.

ACTUALIZACIÓN

Tras la publicación de este artículo, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha emitido un comunicado de prensa en el que explicaba, sin concretar medidas, que está trabajando para organizar la atención nefrológica de los pacientes del Área Sanitaria de Hellín “conforme al modelo asistencial que funciona en el conjunto de la región, con el objetivo prioritario de garantizar una asistencia de calidad, segura y accesible”.

Según explica el propio Sescam en el texto, “este modelo establece que, cuando un hospital no cuenta con una determinada especialidad dentro de su cartera de servicios, la atención a los pacientes se articula con el respaldo de los servicios especializados de referencia”.

“En el caso de Hellín, el Servicio de Nefrología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete ha sido tradicionalmente el servicio de referencia, al igual que ocurre con otras áreas sanitarias de la provincia, como Almansa y Villarrobledo y al igual que ocurre en el resto de hospitales de tamaño similar de la región. Esta referencia se ha mantenido durante todo este tiempo, especialmente para aquellos pacientes que han precisado una atención de mayor complejidad”.

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), Javier Ureña, ha descartat aquest dimecres cessar la gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, Cristina Granados, malgrat l'acumulació de sortides en l'equip directiu del principal centre hospitalari públic de l'arxipèlag i la recent denúncia pública d'una extreballadora, que assegura haver patit situacions d'assetjament i humiliació durant la seva etapa a l'hospital.

Després de la presentació d'un nou conveni amb la Universitat de les Illes Balears (UIB), i preguntat per un eventual relleu de Granados, Ureña ha tancat files al voltant de la gerent, assegurant que “en cap moment” s'ha plantejat la possibilitat d'apartar-la del càrrec. El màxim responsable de l'IB-Salut ha defensat la trajectòria de Granados, així com la seva experiència al capdavant de diferents hospitals. “Tenim una gerent amb molt de coneixement i experiència, ha treballat en molts hospitals”, ha incidit.

En aquesta línia, ha posat en valor que, quan viatgen a altres comunitats autònomes, antics companys o subordinats de Granados s'acosten a parlar d'ella “amb un ànim molt constructiu, amb molt bons records i amb la sensació que han après molt al seu costat”.

La defensa pública de Granados arriba en un moment de creixent controvèrsia entorn de la gestió de l'hospital. La setmana passada, el director de Gestió i Serveis Generals, José Antonio Visedo, va comunicar la seva voluntat de dimitir després d'aproximadament un any i mig en el càrrec. La seva marxa se suma a una cadena de baixes en l'estructura de Son Espases, tant en l'equip directiu de Granados com en la gerència, des de l'arribada de l'actual gerent el setembre de 2023, coincidint amb l'arrencada de l'actual legislatura del PP.

Respecte a això, Ureña ha reconegut que a Son Espases “hi ha hagut algunes sortides”, encara que ha tractat de relativitzar-ne l'abast en assenyalar que es tracta del centre amb “l'equip directiu més gran” i que algunes de les persones la marxa de les quals s'ha publicat “formalment no són directius”.

“Hi ha hagut sortides, algunes proposades per la direcció i altres atribuïbles completament a circumstàncies personals que evidentment respectem”, ha assenyalat. Ureña ha afegit que, en tractar-se d'un centre de treball amb més de 6.000 professionals, un elevat pressupost i nombrosos serveis, “hi pot haver situacions de tensió”.

La denúncia d'“una supervivent de la gerència de Son Espases”

Ureña s'ha pronunciat, així mateix, sobre la denúncia pública efectuada aquest dimarts per Sabrina Vidal, periodista que des de novembre de 2024 dirigia el gabinet de comunicació de Son Espases. En un escrit publicat a les seves xarxes socials, Vidal arriba a definir-se com “una supervivent de la gerència de Son Espases”. “Ni tan sols sé com he arribat fins aquí, encara que reconec que amb aquesta estratègia sí va aconseguir callar-me, apagar-me”, confessa en al·lusió a la gerència.

L'extreballadora relata una sèrie d'episodis que, segons el seu testimoni, es van produir durant l'any i mig que va treballar a l'hospital, com el fet que, en diverses reunions setmanals de la direcció i davant d'unes 15 persones, rebés en diferents ocasions la frase “tu calla que no tens ni idea”. També assenyala que durant el Nadal va ser apartada de la fotografia de família de la direcció amb l'expressió “tu no, tu vés-te'n”.

Vidal, que no identifica expressament Cristina Granados però sí que al·ludeix a la “gerència”, assegura que la persona a qui atribueix aquests comportaments acudia “sovint” als seus superiors per dir que ella “no li servia”, volia que li demanés perdó per millorar la relació i pretenia controlar “cada moviment” que feia. La veterana periodista assegura així mateix que va ser apartada de reunions, reprès públicament en cadenes de correus i desautoritzada professionalment. “Em va pont, em va renyar en fils de mails davant de nou públic, em va dir que feia malament la meva feina sense llegir els meus informes...”, recorda.

“Vaig aprendre a sobreviure”, escriu, abans d'explicar que va arribar a presentar projectes a través de companys per evitar enfrontaments. L'exresponsable de Comunicació afirma que va recopilar proves durant mesos amb la intenció de denunciar la situació i assegura que se li va indicar que el procediment adequat passava per crear un grup d'investigació. Segons el seu relat, la persona que havia de dirigir-lo o designar-lo era la pròpia gerent. També afirma que va sol·licitar un canvi de centre que finalment li va ser concedit.

La situació va acabar afectant la seva salut: relata que va acudir a tres psicòlogues, va patir atacs d'ansietat, va romandre dos mesos de baixa i va sol·licitar un trasllat de lloc. Finalment va abandonar l'IB-Salut. La connexió amb Granados deriva del fet que el gabinet de Comunicació depenia directament de la gerència de l'hospital.

L'IB-Salut assegura que no coneixia el cas

Respecte a això, el director general ha afirmat que no van rebre cap comunicació sobre el presumpte assetjament ni a través del Servei de Prevenció de Riscos Laborals ni mitjançant el canal intern de denúncies de l'organització. Ureña ha destacat que aquest canal ha rebut enguany unes 2.800 denúncies, avisos o reclamacions.

L'alt càrrec ha rebaixat l'abast del conflicte i ha assegurat que el que sí que havia detectat l'IB-Salut eren “desavinences tècniques a nivell professional”, una explicació que contrasta amb el relat de la comunicadora. Segons Ureña, es va oferir a Vidal la possibilitat de canviar de centre de treball. “Aquesta persona va canviar d'hospital i estava allà exercint quan va deixar l'IB-Salut”, ha assenyalat. El màxim responsable de l'IB-Salut ha agraït els seus serveis i li ha desitjat una prompta recuperació, alhora que ha situat “el benestar dels professionals” entre les seves “màximes preocupacions”.

Per la seva banda, el sindicat d'infermeria SATSE ha reclamat l'obertura extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut i d'una Junta de Personal per abordar la situació denunciada per Vidal i determinar, si escau, l'obertura d'un expedient per assetjament laboral. Així mateix, ha sol·licitat la presència de Cristina Granados perquè doni explicacions no només sobre la denúncia de l'antiga responsable de Comunicació, sinó també sobre la successió de dimissions i cessaments que s'han produït en l'estructura directiva de l'hospital.

La Junta de Personal està cridada a abordar la situació mentre l'IB-Salut manté el seu suport a Granados i descarta ara com ara qualsevol relleu.

Cristina Granados va arribar a Son Espases el setembre de 2023 amb un ampli currículum en gestió hospitalària. Metgessa especialista en Admissió i Documentació Clínica, ha desenvolupat bona part de la seva carrera en llocs de responsabilitat en hospitals públics i privats de diferents comunitats autònomes, entre ells els de Móstoles, Guadalajara, Toledo i Salamanca, a més de l'Hospital Universitari de Torrejón. Abans d'incorporar-se a l'IB-Salut també va ocupar responsabilitats directives a Quirónsalud. El Govern de Marga Prohens va destacar precisament la seva experiència en nomenar-la gerent del principal hospital de Balears, en substitució de Josep Pomar.

Els altres conflictes de Son Espases

La polèmica se suma a altres conflictes recents a Son Espases, entre ells les denúncies sindicals sobre la situació recurrent de col·lapse en el servei d'Urgències. En aquest sentit, USAE denunciava el passat mes d'abril “la insostenible situació que es viu diàriament en aquest servei”, assegurant que havien arribat a concentrar-se fins a 70 pacients pendents d'ingrés que acumulaven fins a 118 hores d'espera. USAE va criticar que la gerència de l'hospital “continués sense adoptar un protocol d'actuació” davant les seves sistemàtiques denúncies i la “nefasta gestió que s'està fent d'aquest servei d'urgències”.

Així mateix, SATSE va acusar a l'agost l'IB-Salut de “posar en risc” la seguretat d'infermeres i nadons a Neonatologia de Son Espases per la manca de professionals. El sindicat va alertar que la unitat, amb 12 places, havia arribat a atendre 16 pacients sense augmentar la plantilla, cosa que havia obligat en múltiples ocasions una infermera a atendre tres pacients d'UCI neonatal, enfront de la ràtio habitual de dos.

SATSE va denunciar, a més, torns sense cobrir, acumulació d'hores extraordinàries i un “esgotament” de les professionals, així com nou places de llevadora sense cobrir a l'àrea maternoinfantil. El sindicat va assegurar haver comunicat el risc al Comitè de Seguretat i Salut i va amenaçar amb traslladar l'assumpte a altres òrgans, inclosos els judicials.

Dos dies abans, el Govern havia posat el focus en l'increment de recursos humans de Son Espases. En un comunicat, la Conselleria de Salut va assegurar que l'hospital havia augmentat la seva plantilla un 8% des del 2023, amb 441 professionals més, entre ells 320 incorporacions d'infermeres i tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAE) i 78 metges especialistes. Segons les dades facilitades per l'Executiu, la plantilla de l'hospital de referència de Balears ascendeix actualment a 5.822 treballadors.

El mateix Executiu havia difós el 29 de juliol una informació específica sobre la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques (UCIP) de Neonatologia, centrada en la incorporació de 27 butaques ergonòmiques destinades a millorar el benestar dels pacients i les seves famílies. La comunicació, tanmateix, no feia referència a les ràtios d'infermeria ni a la cobertura dels torns a Neonatologia, que són precisament alguns dels aspectes sobre els quals SATSE va alertar posteriorment en denunciar la manca de professionals a la unitat.

L'octubre de 2025, la presidenta de l'Executiu balear, Marga Prohens, va clausurar a Son Espases l'acte pel 15è aniversari de l'hospital i va destacar davant els seus treballadors la seva “implicació, feina i esforç”. La gerent també va participar en la jornada i va posar en valor els avenços del centre, atribuint les fites sanitàries assolides a la feina dels seus professionals i assegurant que “cadascun de vosaltres és necessari”. La consellera de Salut, Manuela García, va definir per la seva part Son Espases com un “hospital més humà” gràcies al compromís dels seus treballadors i va situar els professionals com “el valor més important” del centre.

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), Javier Ureña, ha descartado este miércoles cesar a la gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados, pese a la acumulación de salidas en el equipo directivo del principal centro hospitalario público del archipiélago y a la reciente denuncia pública de una extrabajadora, quien asegura haber sufrido situaciones de acoso y humillación durante su etapa en el hospital.

Tras la presentación de un nuevo convenio con la Universitat de les Illes Balears (UIB), y preguntado por un eventual relevo de Granados, Ureña ha cerrado filas en torno a la gerente, asegurando que “en ningún momento” se ha planteado la posibilidad de apartarla del cargo. El máximo responsable del IB-Salut ha defendido la trayectoria de Granados así como su experiencia al frente de distintos hospitales. “Tenemos una gerente con mucho conocimiento y experiencia, ha trabajado en muchos hospitales”, ha incidido.

En esta línea, ha puesto en valor que, cuando viajan a otras comunidades autónomas, antiguos compañeros o subordinados de Granados se acercan a hablar de ella “con un ánimo muy constructivo, con muy buenos recuerdos y con la sensación de que han aprendido mucho a su lado”.

La defensa pública de Granados llega en un momento de creciente controversia en torno a la gestión del hospital. La semana pasada, el director de Gestión y Servicios Generales, José Antonio Visedo, comunicó su voluntad de dimitir tras aproximadamente un año y medio en el cargo. Su marcha se suma a una cadena de bajas en la estructura de Son Espases -tanto equipo en el equipo directivo de Granados como en la gerencia- desde la llegada de la actual gerente en septiembre de 2023, coincidiendo con el arranque de la actual legislatura del PP.

Al respecto, Ureña ha reconocido que en Son Espases “ha habido algunas salidas”, aunque ha tratado de relativizar su alcance al señalar que se trata del centro con “el equipo directivo más grande” y que algunas de las personas cuya marcha se ha publicado “formalmente no son directivos”.

“Ha habido salidas, algunas propuestas por la dirección y otras atribuibles completamente a circunstancias personales que evidentemente respetamos”, ha señalado. Ureña ha añadido que, al tratarse de un centro de trabajo con más de 6.000 profesionales, un elevado presupuesto y numerosos servicios, “puede haber situaciones de tensión”.

La denuncia de “una superviviente de la gerencia de Son Espases”

Ureña se ha pronunciado, asimismo, sobre la denuncia pública efectuada este martes por Sabrina Vidal, periodista que desde noviembre de 2024 dirigía el gabinete de comunicación de Son Espases, un escrito en el que llega a definirse como “una superviviente de la gerencia de Son Espases”. Ni siquiera sé cómo he llegado hasta aquí, aunque reconozco que con esta estrategia sí logró callarme, apagarme“, confiesa en alusión a la gerencia.

La extrabajadora relata una serie de episodios que, según su testimonio, se produjeron durante el año y medio que trabajó en el hospital, como el hecho de que, en varias reuniones semanales de la dirección y delante de unas 15 personas, recibiese en distintas ocasiones la frase “tú cállate que no tienes ni idea”. También señala que durante la Navidad fue apartada de la fotografía de familia de la dirección con la expresión “tú no, tú vete”.

Vidal, quien no identifica expresamente a Cristina Granados pero sí alude a la “gerencia”, asegura que la persona a la que atribuye estos comportamientos acudía “a menudo” a sus superiores para decir que ella “no le servía”, quería que le pidiera perdón para mejorar la relación y pretendía controlar “cada movimiento” que hacía. La veterana periodista asegura asimismo que fue apartada de reuniones, reprendida públicamente en cadenas de correos y desautorizada profesionalmente. “Me puenteó, me regañó en hilos de mails frente a nuevo público, me dijo que hacía mal mi trabajo sin leer mis informes…”, recuerda.

“Aprendí a sobrevivir”, escribe, antes de explicar que llegó a presentar proyectos a través de compañeros para evitar enfrentamientos. La exresponsable de Comunicación afirma que recopiló pruebas durante meses con la intención de denunciar la situación y asegura que se le indicó que el procedimiento adecuado pasaba por crear un grupo de investigación. Según su versión, la persona que debía dirigirlo o designarlo era la propia gerente. También afirma que solicitó un cambio de centro que finalmente le fue concedido.

La situación terminó afectando a su salud: relata que acudió a tres psicólogas, sufrió ataques de ansiedad, permaneció dos meses de baja y solicitó un traslado de puesto. Finalmente abandonó el IB-Salut. La conexión con Granados deriva de que el gabinete de Comunicación dependía directamente de la gerencia del hospital.

El IB-Salut asegura que no conocía el caso

Al respecto, el director general ha afirmado que no recibieron ninguna comunicación sobre el supuesto acoso ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni mediante el canal interno de denuncias de la organización. Ureña ha destacado que ese canal ha recibido este año unas 2.800 denuncias, avisos o reclamaciones.

El alto cargo ha rebajado el alcance del conflicto, señalando que lo que sí había detectado el IB-Salut eran “desavenencias técnicas a nivel profesional”, una lectura que contrasta con lo relatado por la comunicadora. Según la versión de Ureña, se ofreció a Vidal la posibilidad de cambiar de centro de trabajo. “Esta persona cambió de hospital y estaba ahí ejerciendo cuando dejó el IB-Salut”, ha señalado. El máximo responsable del IB-Salut ha agradecido sus servicios y le ha deseado una pronta recuperación, al tiempo que ha situado “el bienestar de los profesionales” entre sus “máximas preocupaciones”.

Por su parte, el sindicato de enfermería SATSE ha reclamado la apertura extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud y de una Junta de Personal para abordar la situación denunciada por Vidal y determinar, si procede, la apertura de un expediente por acoso laboral. Asimismo, ha solicitado la presencia de Cristina Granados para que dé explicaciones no solo sobre la denuncia de la antigua responsable de Comunicación, sino también sobre la sucesión de dimisiones y ceses que se han producido en la estructura directiva del hospital.

La Junta de Personal está llamada a abordar la situación mientras el IB-Salut mantiene su respaldo a Granados y descarta por ahora cualquier relevo.

Cristina Granados llegó a Son Espases en septiembre de 2023 con un amplio currículum en gestión hospitalaria. Médica especialista en Admisión y Documentación Clínica, ha desarrollado buena parte de su carrera en puestos de responsabilidad en hospitales públicos y privados de distintas comunidades autónomas, entre ellos los de Móstoles, Guadalajara, Toledo y Salamanca, además del Hospital Universitario de Torrejón. Antes de incorporarse al IB-Salut también ocupó responsabilidades directivas en Quirónsalud. El Govern de Marga Prohens destacó precisamente su experiencia al nombrarla gerente del principal hospital de Balears en sustitución de Josep Pomar.

Los otros conflictos de Son Espases

La polémica se suma a otros conflictos recientes en Son Espases, entre ellos las denuncias sindicales sobre la situación recurrente de colapso en el servicio de Urgencias. En este sentido, USAE denunciaba el pasado mes de abril “la insostenible situación que se vive diariamente en este servicio”, aseverando que habían llegado a concentrarse hasta 70 pacientes pendientes de ingreso que acumulaban hasta 118 horas de espera. USAE criticó que la gerencia del Hospital “continuase sin adoptar un protocolo de actuación” ante sus sistemáticas denuncias y la “nefasta gestión que se está haciendo de este servicio de urgencias”.

Asimismo, SATSE acusó en agosto al IB-Salut de “poner en riesgo” la seguridad de enfermeras y recién nacidos en Neonatología de Son Espases por la falta de profesionales. El sindicato alertó de que la unidad, con 12 plazas, había llegado a atender a 16 pacientes sin aumentar la plantilla, lo que había obligado en múltiples ocasiones a una enfermera a atender a tres pacientes de UCI neonatal, frente a la ratio habitual de dos.

SATSE denunció además turnos sin cubrir, acumulación de horas extraordinarias y un “agotamiento” de las profesionales, así como nueve plazas de matrona sin cubrir en el área materno-infantil. La entidad aseguró haber comunicado el riesgo al Comité de Seguridad y Salud y amenazó con trasladar el asunto a otros órganos, incluidos los judiciales.

Dos días antes, el Govern había puesto el foco en el incremento de recursos humanos de Son Espases. En un comunicado, la Conselleria de Salud aseguró que el hospital había aumentado su plantilla un 8% desde 2023, con 441 profesionales más, entre ellos 320 incorporaciones de enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y 78 médicos especialistas. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, la plantilla del hospital de referencia de Balears asciende actualmente a 5.822 trabajadores.

El propio Ejecutivo había difundido el 29 de julio una información específica sobre la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de Neonatología, centrada en la incorporación de 27 sillones ergonómicos destinados a mejorar el bienestar de los pacientes y sus familias. La comunicación, sin embargo, no hacía referencia a las ratios de enfermería ni a la cobertura de los turnos en Neonatología, que son precisamente algunos de los aspectos sobre los que SATSE alertó posteriormente al denunciar la falta de profesionales en la unidad.

En octubre de 2025, la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, clausuró en Son Espases el acto por el 15º aniversario del hospital y destacó ante sus trabajadores su “implicación, trabajo y esfuerzo”. La gerente participó también en la jornada y puso en valor los avances del centro, atribuyendo los hitos sanitarios alcanzados al trabajo de sus profesionales y asegurando que “cada uno de vosotros es necesario”. La consellera de Salud, Manuela García, definió por su parte Son Espases como un “hospital más humano” gracias al compromiso de sus trabajadores y situó a los profesionales como “el valor más importante” del centro.

Una avería en una tubería del lavabo del quirófano 6 ha obligado a suspender temporalmente este martes la actividad quirúrgica programada durante la mañana en el Hospital Universitario de Cáceres. La fuga de agua ha afectado a los quirófanos 3 al 10, además de a las áreas de esterilización y anatomía patológica.

La incidencia fue detectada a las 7.20 horas y los servicios de mantenimiento del centro intervinieron de inmediato. La tubería quedó reparada y sustituida a las 8.30 horas, según ha informado el Servicio Extremeño de Salud (SES).

El hospital cuenta con 15 quirófanos, de los que siete no se han visto afectados por la fuga y otros ocho están siendo sometidos a una limpieza terminal para garantizar que puedan volver a utilizarse con todas las condiciones de seguridad.

La suspensión de las intervenciones programadas se ha adoptado de manera preventiva. El agua alcanzó también la central de esterilización, por lo que todo el material que se encontraba en estas instalaciones está siendo sometido nuevamente al proceso de esterilización antes de volver a utilizarse. La medida pretende garantizar la seguridad de los pacientes y evitar cualquier riesgo asociado al instrumental quirúrgico.

La actividad quirúrgica urgente, sin embargo, permanece garantizada. El hospital mantiene quirófanos operativos para poder realizar las intervenciones que no puedan demorarse y que requieran atención inmediata.

El centro ya trabaja además en la reprogramación de las cirugías que se han visto afectadas por la suspensión temporal de la actividad. El objetivo es recuperar la actividad quirúrgica programada “a la mayor brevedad”, una vez que finalicen las labores de limpieza y acondicionamiento de las áreas afectadas.

El SES señala que la incidencia está ya solucionada desde el punto de vista técnico y que en estos momentos se están acondicionando las distintas zonas afectadas para recuperar progresivamente la normalidad asistencial.

“La mala gestión del SERIS lastra la sanidad pública en La Rioja y golpea también a los centros más modernos”. Es la denuncia de CCOO La Rioja que asegura que “los problemas del SERIS no se limitan a los centros de salud más antiguos. También en los más modernos se detectan carencias de personal, consultas sin uso y una organización deficiente que está lastrando la calidad de la atención sanitaria pública”.

La formación sindical relata que están haciendo un seguimiento del estado de cada centro de salud en Logroño. Y en el caso de La Guindalera han constatado una mala gestión “que no se explica por falta de espacio porque el centro dispone de superficie suficiente sino por falta de personal y decisiones organizativas que dejan consultas sin uso”.

Y es que, en el caso del centro de salud de La Guindalera, hay al menos una consulta “montada de medicina y otra de enfermería que llevan sin utilizarse desde su puesta en marcha, a pesar de la presión asistencial de la zona”. A esto se suma las “consultas de odontología e higiene bucodental, también montadas y sin dar servicio mientras el Gobierno de La Rioja publicita campañas electorales como la unidad dental itinerante para personas mayores en residencias”. Una medida que desde la formación sindical valoran, “pero que contrasta con tener consultas fijas cerradas en un centro de alta demanda”. Y es que desde CCOO celebran que se ponga en marcha una unidad dental itinerante para mayores

“Nos parece muy bien que se ponga en marcha una unidad dental itinerante para mayores, pero no entendemos por qué en La Guindalera hay consultas de odontología e higienista montadas y sin uso desde hace mucho tiempo. Da la sensación de que en campaña electoral todo suma donde hay más votos, pero luego hay recursos infrautilizados en centros con listas de espera y cupos desbordados”, ha declarado el delegado/a de Sanidad de CCOO en La Rioja.

Cupos insostenibles y sobrecarga de todo el equipo

El centro de salud de La Guindalera en Logroño lleva abierto desde 2023. “Desde entonces, esta zona residencial no ha dejado de crecer sin que haya aumentado proporcionalmente la plantilla médica lo que ha derivado en cupos por médico que rozan los 1.700 pacientes, con el cupo más bajo en torno a 1.650, lo que convierte a este centro en uno de los que más pacientes tiene por facultativo en la red”. En el centro de salud Labradores, el cupo ronda los 1.350–1.400 pacientes, en Siete Infantes, “un centro más moderno”, los cupos rondan los 1.500 con un máximo cercano a 1.569. “En Guindalera rozan los 1.700 a los que hay que sumar la atención a las nueve residencias adscritas al centro, lo que agrava aún más la carga de trabajo”.

“Estamos ante cupos insostenibles. Hay profesionales facultativos que rozan los 1.700 pacientes, cuando en otros centros de la ciudad la diferencia puede ser de 200 o 300 pacientes menos”. Unas cifras que dificultan poder ofrecer “una atención de calidad y pone en riesgo la salud laboral del propio equipo”.

Asimismo, alertan de que la sobrecarga de trabajo también afecta a “los puestos de gestión y servicios, especialmente administrativos y administrativas, debido al aumento de pacientes en la zona y a la falta de médicos, lo que repercute en todo el equipo”.

Por todo ello, CCOO La Rioja exige al SERIS y al Gobierno de La Rioja una revisión “inmediata” de la plantilla en La Guindalera con más profesionales de la medicina, enfermeras y personal administrativo así como la reducción de cupos a niveles sostenibles y el uso de todas las consultas y que se les dote de mobiliario básico en oficinas administrativas“.

Los profesionales que trabajan en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de Castilla-La Mancha, consideran que la fisioterapia desempeña un papel fundamental en la atención al paciente crítico y respaldan una mayor integración de estos especialistas dentro de los equipos multidisciplinares.

Esta es la principal conclusión de una encuesta multicéntrica realizada en hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), publicada recientemente en la revista Medicina Intensiva y difundida por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha (Coficam).

La investigación, liderada por profesionales de distintos hospitales de la región, analizó las actitudes, creencias y opiniones de médicos, enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y celadores acerca del papel de la fisioterapia en las UCI. En total, participaron 228 profesionales procedentes de ocho hospitales de Castilla-La Mancha con unidades de cuidados intensivos.

Los resultados muestran una valoración “muy positiva” de la fisioterapia dentro de estos servicios. Más del 81% de los encuestados considera que debería existir cobertura de fisioterapia todos los días de la semana en las UCI. Además, la puntuación global obtenida por las diferentes cuestiones evaluadas alcanzó una media de 4,65 puntos sobre 5, reflejando un amplio consenso sobre los beneficios de esta intervención.

Entre los aspectos mejor valorados destacan la importancia de disponer de fisioterapeutas de referencia integrados en las UCI y la convicción de que su incorporación mejora la calidad de los cuidados al paciente crítico, ambas cuestiones con una puntuación media de 4,92 sobre 5. También obtuvieron valoraciones muy elevadas la necesidad de iniciar los tratamientos de fisioterapia de manera precoz y la influencia positiva de estos profesionales en la recuperación de los pacientes.

“El trabajo pone de manifiesto que los profesionales sanitarios desean una mayor presencia de fisioterapeutas especializados en cuidados intensivos, con participación activa en las sesiones clínicas y una integración estable dentro de los equipos asistenciales. Asimismo, identifica la necesidad de seguir mejorando el conocimiento sobre las competencias específicas que estos profesionales pueden desarrollar en el entorno de los cuidados críticos”, explican desde Coficam.

Los autores señalan que la evidencia científica disponible ya ha demostrado que la fisioterapia en pacientes críticos contribuye a mejorar la función física, reducir las estancias hospitalarias y favorecer la recuperación, por lo que los resultados de esta encuesta refuerzan la necesidad de avanzar hacia una implantación más homogénea de estos profesionales en las UCI.

Según concluye la encuesta, la percepción de los profesionales de las UCI de Castilla-La Mancha es claramente favorable a una mayor integración de la fisioterapia en estos servicios, considerándola una intervención valiosa, necesaria y beneficiosa para la atención y recuperación de los pacientes críticos.

Cuando los bebés de Susana nacieron, las primeras semanas fueron un calvario. Llegaron en la semana 27 de embarazo y pesaban 620 y 780 gramos. “No estaba concienciada sobre lo que es un niño prematuro. Crees que nacen más pequeñitos y que tienen que estar un tiempo en la incubadora, pero no eres consciente de que hay que enseñarles a respirar, que mientras respiran se olvidan de latir y se les para el corazón, que tienes que reanimarles, que no les ves la cara, porque están llenos de aparatos, o lo fuerte a nivel psicológico que es ver a un bebé de ese tamaño”, recuerda. De todas las preocupaciones que la familia atravesó esos días y los siguientes, hubo una que no apareció por sus cabezas: la económica.

La atención a neonatos es uno de los procesos hospitalarios con un coste medio más elevado en España, según la estadística publicada recientemente por el Ministerio de Sanidad. Dependiendo del peso al nacer de los bebés y sus necesidades, esa cantidad oscila entre los 47.000 y los 80.000 euros. Unas cifras que muestran el blindaje de la sanidad pública. “Sé que no hubiera podido afrontarlo, así que si en medio de toda esa ansiedad tienes que pensar cómo pagarlo, ¿qué haces? ¿Los dejas morir?”, plantea Susana.

“El aseguramiento público y el derecho a la salud son grandes logros del Estado del Bienestar, que hacen que ganemos en solidaridad y convivencia”, explica la catedrática e investigadora en Economía de la Salud Beatriz González López-Valcárcel. Un escudo que, indica, “no permite el gasto catastrófico, que las familias se tengan que arruinar o dejar morir al enfermo” si no pueden pagar la factura de un tratamiento complejo o una enfermedad crónica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un gasto catastrófico aquel que oscila entre el 10% y el 25% de los ingresos familiares. Como indicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención ante la Asamblea Mundial de la Salud, “en el año 2022, 1.600 millones de personas se arruinaron tratando de hacer frente a los gastos sanitarios y una cuarta parte de la población mundial enfrentó dificultades financieras para sus costes de salud”.

En 2024, hubo 44 altas por procesos con quemaduras extensas de tercer grado, con injerto de piel. Es la intervención que tiene un coste medio más alto, según estos datos: 117.950 euros. Aquel año, el salario medio bruto en España no llegaba a los 30.000.

En ese agujero financiero hubiera caído Dolores, de haber tenido que costear a tocateja el coste de su trasplante de pulmón, otro de los procesos más caros del catálogo, por más de 85.000 euros. “Estoy agradecida a mi donante y a todo el sistema, que ha hecho que volviera a revivir. Si no, estaría criando malvas”, explica la mujer con humor. Porque estas intervenciones no suelen venir solas. En su caso, recibió el órgano in extremis, cuando ya estaba conectada a un aparato de oxigenación por membrana extracorpórea. Este soporte respiratorio tiene un coste medio de 58.000 euros.

Los datos utilizados provienen de la aplicación de consulta GDR (Grupos Relacionados por el Diagnóstico) de los Costes de hospitalización recopilados por el Ministerio de Sanidad. Los datos contienen el precio medio de los costes hospitalarios, que no conllevan el coste final del tratamiento, sino de los precios de facturación emitidos. Solo se efectúan las comparaciones para aquellos tratamientos que comparten la descripción del tratamiento para los años 2019 y 2024.

La estadística muestra el “coste” del proceso, entendido como lo que cuesta prestar ese servicio en un hospital del Sistema Nacional de Salud. Es, también, la base para pagar a los centros privados con los que se concierta. “Estos aceptarán el trato si su coste de producción es menor que la tarifa, para no perder dinero”, explica López-Valcárcel, que recuerda que “los costes de producción de los hospitales privados son desconocidos”, porque no están obligación de reportarlos. “Ni tienen interés en hacerlo”, considera la economista de la salud.

La experta hace, sin embargo, una diferencia clave entre el “coste” y el “valor” de un proceso. Este último concepto “debería medirse en términos del valor de la salud ganada, mediante los Años de Vida Ajustados por Calidad (AVACs)”, explica. Por ejemplo, un trasplante cardíaco “cuesta” 90.420 euros, pero su valor es mucho mayor, si se tiene en cuenta los años con calidad de vida que ganan los pacientes que se someten a él.

Siguiendo con el mismo ejemplo, la supervivencia media de un trasplante de corazón se sitúa en torno a los 15 años. Si de ese tiempo, se vive con buena calidad un 85%, el tiempo total en buen estado de salud sería de más de 12 años y medio. Aunque no hay una referencia oficial de lo que 'vale' un AVAC en España, algunos informes y documentos de autoridades sanitarias mencionan cifras que oscilan entre los 22.000 y los 33.000 euros. Es decir, la intervención 'cuesta' 90.000 euros, pero tiene un 'valor' de entre 275.000 y 412.500 euros. “Es coste-efectivo: vale más de lo que cuesta”, resume López-Valcárcel.

Sin ir a los extremos, un ingreso medio de cinco días por una enfermedad vírica sube la factura a 3.468 euros, un parto son 3.318 y una hospitalización por gastroenteritis, 3.233 euros.

Estos precios han experimentado importantes subidas entre 2019 y 2024, como resultado de una combinación de factores. En primer lugar, a un aumento de la inflación, tanto general como sanitaria, ambas disparadas en ese periodo. Pero también a problemas con las cadenas de suministro tras la pandemia y un mayor uso de recursos médicos tras la crisis sanitarias.

En su actualización del programa de estabilidad para los años 2021-2024, el Gobierno indicaba también que “el coste de los servicios sanitarios depende de distintos factores como la edad de los pacientes, su estado de salud, el tipo de tratamiento que reciben, la evolución de la tecnología sanitaria, los costes salariales de los servicios sanitarios y factores institucionales”.

Solo en 2024, el Estado destinó más de 101.000 millones de euros a gasto sanitario público, según la última estadística del Ministerio de Sanidad. De esa cantidad, el 60% —unos 60.000 millones— se destinó a los servicios hospitalarios y especializados, que “se mantienen como eje central del sistema”, indicaba el informe.

Según los datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidads Aseguradoras y Fondos de Pensiones), a finales de 2025 había 14,2 millones de asegurados en España, con un volumen de primas de más de 13.540 millones de euros. Es un 11% más que el año anterior. A la par, el Observatorio del sector sanitario privado 2025, de la Fundación IDIS —la patronal del sector—, indicaba que estas empresas gastan 624 euros por asegurado.

Las experiencias de Susana y Dolores les han hecho ser conscientes de para qué sirven los impuestos que se pagan en España. “Cuando alguien me dice que son muchos, siempre respondo que el día en que a tu hijo le pase algo, le van a atender tengas dinero o no. Sé que hay listas de espera y que habrá casos [negativos], pero mi experiencia es muy positiva”, explica la primera. Este año, cuando llegó a casa de Dolores el borrador de la declaración de la renta, su marido comenzó a esbozar una pequeña queja por las retenciones. Ella le cortó rápidamente: “¡Con lo que he gastado yo!”. “Ojalá no hubiera hecho falta, pero ahora lo veo de otra manera”.

La caída de parte del techo de una habitación en la tercera planta del Hospital Don Benito-Villanueva ha sobresaltado de madrugada a pacientes y profesionales del centro sanitario. El desprendimiento se ha producido alrededor de las 4:00 horas en una estancia del servicio de Medicina Interna cuando en su interior se encontraban un paciente y su acompañante, que no han sufrido daños personales de consideración.

Tras el derrumbe, ambos ocupantes fueron atendidos de inmediato por el personal del centro y trasladados a otra habitación. Como primera respuesta de urgencia, la estancia afectada ha sido desalojada y los técnicos han completado una revisión visual preliminar por las habitaciones colindantes de la misma planta.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) procederá a retirar completamente la techumbre dañada para acometer su sustitución integral. Además, la intervención se ampliará a la totalidad del edificio el próximo lunes, jornada en la que está prevista una inspección mediante cámara visual para evaluar el estado interno de los falsos techos de todo el hospital y prevenir nuevos incidentes.

Desde la Junta de Extremadura han remarcado que la estructura del inmueble supera los 50 años de antigüedad y han justificado la falta de actuaciones previas asegurando que no se había ejecutado ninguna inversión para la renovación de estos techos, una situación que el Ejecutivo autonómico achaca a la “herencia recibida”.

El secretario regional del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina, se ha adelantado a este argumento del SES sobre la “herencia recibida”- En un mensaje en sus redes sociales, Sánchez Cotrina ha señalado: “Se desploman los techos de una habitación en el Hospital Don Benito-Villanueva con sus pacientes en el interior. Pero según ellas la Sanidad está en su mejor momento, yo soy un alarmista y el PSOE está nervioso y se nos va a hacer larga la legislatura. Lo de hoy será la herencia de hace años, el y tú más… ”.

Servicios y plantas con carga de trabajo

Fuentes próximas al centro consultadas por EFE han advertido además de la elevada presión asistencial que soportan actualmente algunos servicios y plantas y de una carga de trabajo que, según estas fuentes, dificulta que la atención pueda prestarse en las condiciones que consideran adecuadas.

El incidente se produce mientras continúa el proceso de desarrollo y puesta en funcionamiento del nuevo complejo hospitalario Don Benito-Villanueva.

La crisis de personal que atraviesa el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres ha dado un nuevo paso y ha dejado de ser únicamente un conflicto interno y local. La situación de los médicos residentes ha llegado a la Asociación MIR España, que ha puesto el foco en la organización de las guardias y en el riesgo de que los MIR terminen soportando las consecuencias de la falta de facultativos.

La asociación ha lanzado un mensaje contundente: los residentes no pueden convertirse en la solución a un déficit estructural de médicos especialistas. En este sentido, reclama que, cuando existan puestos que cubrir en Urgencias, la respuesta pase por reforzar la plantilla de facultativos y no por utilizar a los MIR como una plantilla de reserva: “Los MIR no somos la plantilla de reserva de ningún hospital”, aseveran.

El pronunciamiento nacional se produce después de que en Cáceres se haya abierto un conflicto en torno a la cobertura de las guardias y las necesidades de personal de Urgencias. Los residentes denuncian que la falta de médicos está aumentando la presión sobre quienes se encuentran todavía en formación especializada.

Más pacientes y una plantilla bajo presión

La situación se produce en un servicio que ha experimentado un importante incremento de actividad. Según los datos difundidos en el marco del conflicto, las Urgencias atendieron 74.134 pacientes en 2023 y 81.012 en 2025, lo que supone un aumento del 9,27 % en dos años.

Al mismo tiempo, los y las profesionales vienen señalando las dificultades para disponer de una plantilla efectiva suficiente para responder a esa demanda. El problema no sería únicamente el número de plazas existentes sobre el papel, sino cuántos facultativos están realmente disponibles para cubrir la actividad asistencial.

Esta combinación de mayor presión asistencial y dificultades para cubrir las guardias ha terminado repercutiendo directamente en la organización del servicio y en los médicos residentes que además denuncian que las guardias han pasado de ser voluntarias a obligatorias.

Los MIR, en el centro de la polémica

El punto más sensible del conflicto es el papel que deben desempeñar los MIR. Y es que los residentes tienen una función asistencial, pero dentro de un proceso de formación especializada y con una responsabilidad progresiva, que debe estar acompañado de la supervisión correspondiente. Por ello, la Asociación MIR España considera que no pueden utilizarse para compensar de manera estructural la ausencia de facultativos.

La preocupación aumenta cuando la cobertura de las necesidades del servicio depende de que los residentes asuman más guardias o soporten una carga asistencial que debería corresponder a una plantilla suficiente de especialistas.

Para los residentes, una cosa es participar en la actividad asistencial como parte de su formación y otra muy distinta convertirse en el recurso al que se recurre cuando faltan médicos.

Un conflicto que ya había provocado movimientos en Urgencias

La llegada del caso a la Asociación MIR España se produce además en un contexto de creciente tensión dentro del propio servicio. La crisis de personal ha estado acompañada por cambios y renuncias en puestos de responsabilidad de Urgencias y de la formación de residentes con la dimisión de su máximo responsable, aumentando las dudas sobre cómo garantizar al mismo tiempo la asistencia a los pacientes y unas condiciones adecuadas para la formación de los MIR.

El problema, por tanto, no afecta únicamente a los cuadrantes de guardias. También plantea interrogantes sobre la supervisión, la calidad de la formación especializada y la seguridad tanto de pacientes como de profesionales.

El Colegio de Médicos también pide revisar la situación

El Colegio de Médicos de Cáceres se ha pronunciado igualmente sobre el problema y ha reclamado que la dotación de profesionales se ajuste a la demanda asistencial real.

Entre sus reivindicaciones se encuentra la necesidad de proteger la formación de los residentes y evitar que estos sean considerados un recurso asistencial intercambiable con los facultativos.

La coincidencia entre las distintas voces que han intervenido en el conflicto sitúa así el debate en un punto fundamental: la solución a la falta de médicos no puede consistir simplemente en aumentar la carga de quienes todavía están completando su especialización.

De Cáceres a un debate nacional

La intervención de la Asociación MIR España supone un cambio importante en la dimensión del conflicto. Una situación que hasta ahora se había desarrollado fundamentalmente en el ámbito local pasa a formar parte de un debate que afecta a los residentes de todo el país.

Porque lo que ocurre en Cáceres plantea una cuestión que trasciende a este hospital: qué sucede cuando un servicio sanitario tiene dificultades para cubrir su plantilla y los médicos residentes terminan siendo una de las principales herramientas para mantener la asistencia.

Desde la asociación se invita además a los MIR de Cáceres que estén afectados por esta situación a ponerse en contacto con ellos a través de asociacionmirespana@gmail.com, con el objetivo de conocer de primera mano sus circunstancias.

El mensaje de los residentes es claro: los MIR deben contribuir a la asistencia mientras se forman, pero no ser utilizados para tapar de forma permanente los agujeros de una plantilla insuficiente.

Y en Cáceres, esa reivindicación ya ha traspasado las puertas del hospital. El conflicto local ha llegado al ámbito nacional.

Médicos y médicas de Urgencias y responsables de jefaturas de servicio del Hospital Universitario de Cáceres han expresado su preocupación por la instrucción organizativa temporal aprobada por la Gerencia del Área de Salud, que regula la coordinación entre Urgencias y las distintas especialidades hospitalarias en situaciones de saturación. El documento, de obligado cumplimiento mientras permanezca vigente, establece que los y las pacientes puedan ser derivados a planta si, transcurridas dos horas desde la solicitud de valoración, no han sido atendidos por el especialista correspondiente. Los profesionales consideran que esta medida no resuelve el problema de fondo y puede trasladar el colapso desde Urgencias a las plantas del hospital.

El documento reconoce un contexto de presión creciente: incremento sostenido de la demanda, disminución del número de facultativos y residentes presentes en las guardias, mayor complejidad clínica de los pacientes y tiempos prolongados de permanencia en Urgencias pendientes de valoración o ingreso. Esta combinación, según la Gerencia, ha generado una sobrecarga asistencial que obliga a adoptar medidas temporales y extraordinarias. La instrucción establece que todos los pacientes serán clasificados mediante triaje y valorados inicialmente por un médico de Urgencias; solo después, y descartada una situación de riesgo vital, se solicitará la intervención de la especialidad correspondiente cuando concurran los criterios fijados en el documento.

Una parte de la plantilla médica de Urgencias y de las jefaturas de servicio no cuestionan la necesidad de coordinación, pero sí el mecanismo que permite derivar a planta a pacientes que aún no han sido valorados por el especialista. Subrayan que abandonar físicamente Urgencias no implica haber recibido la atención que motivó la consulta y que la medida puede generar un efecto dominó dentro del hospital: si los pacientes pasan a planta sin haber sido vistos, la presión asistencial se desplaza y puede provocar nuevos cuellos de botella en áreas ya tensionadas.

La preocupación se agrava por la disponibilidad limitada de facultativos. Aunque la plantilla orgánica de Urgencias está formada por 38 médicos, un informe técnico fechado el 19 de agosto sitúa la cobertura efectiva en torno a 32 profesionales debido a bajas, reducciones de jornada, exenciones de guardias y vacantes sin cubrir. El mismo documento advierte de que no existen médicos contratados específicamente para guardias, lo que reduce la capacidad de respuesta ante picos de actividad o incidencias imprevistas.

Desde varias jefaturas de servicio señalan que la instrucción reconoce explícitamente la excepcionalidad del momento: las medidas serán revisadas cada tres meses para evaluar su efectividad y decidir si deben modificarse, actualizarse o suspenderse. Sin embargo, consideran que la reorganización no aborda el problema estructural de disponibilidad de especialistas. Temen que la instrucción alivie solo de forma aparente la saturación en Urgencias y que, sin un refuerzo real de personal, el colapso se extienda al resto del hospital.

La inquietud central es que la medida pueda ofrecer una imagen de descongestión en Urgencias sin resolver la causa que la origina. En opinión de profesionales sanitarios, si no aumenta la capacidad efectiva de atención, el riesgo es que la saturación deje de concentrarse en Urgencias para trasladarse a las plantas, generando un problema más amplio y difícil de gestionar.

Echar balones fuera

Uno de los médicos consultados resume la preocupación con una frase que, según explica, circula ya entre varios profesionales: “Es echar la culpa a los especialistas de las plantas del problema”. Considera que el nuevo protocolo desplaza la responsabilidad hacia quienes están atendiendo otras áreas del hospital y que, además, puede provocar el colapso de esas mismas plantas. Pone un ejemplo que, afirma, es cotidiano: “Si a las dos horas de solicitar la valoración de un traumatólogo este no ha podido acudir porque está en una intervención urgente, el paciente pasa automáticamente a planta sin haber sido visto por el especialista. Para este facultativo, la medida no solo no resuelve la saturación de Urgencias, sino que añade presión asistencial a las plantas y genera un circuito en el que los pacientes pueden seguir sin recibir la atención especializada que necesitan”. Otro médico insiste: “Esta medida tiene dos problemas, una que puede colapsar una planta y el altísimo coste de la solución al ocupar sin decisión facultativa una cama. Así que no se puede echar balones fuera, la única solución es contratar más médicos para Urgencias”.

Una enfemera resultó herida el pasado viernes tras ser agredida en el centro de salud de Agudo (Ciudad Real ) al intervenir para defender a una paciente que estaba siendo agredida por su propio hijo.

Una agresión que ha sido denunciada por el Sindicato de Enfermería SATSE en Ciudad Real, que ha mostrado su “absoluto rechazo” ante este suceso.

Los hechos ocurrieron hacia las 11.00 horas cuando la enfermera atendía en consulta a una paciente. Durante la cita llegó el hijo de la mujer, también paciente de la profesional, y se sentó junto a su madre, según el relato que ofrece el sindicato en nota de prensa.

La enfermera le recordó que debía renovar una medicación mensual y, al indicarle la fecha correspondiente, la madre le recomendó acudir a la farmacia para encargarla.

El joven, según SATSE, reaccionó de forma agresiva verbalmente hacia su madre, lo que llevó a la enfermera a pedirle que no le hablara así. La situación se fue tensando hasta que el hombre insultó a su madre y, de forma repentina, la golpeó con el puño en la cabeza y en el rostro, causándole heridas en el labio y la nariz, y tirándola al suelo, donde continuó agrediéndola con patadas mientras ella permanecía en posición fetal.

Ante la gravedad de lo que estaba presenciando, la enfermera se interpuso entre ambos para apartar al agresor, que entonces la golpeó también a ella, propinándole puñetazos y patadas, dejándola momentáneamente aturdida.

La profesional cayó sobre la mesa de consulta y, en ese momento, otras personas intervinieron para reducir al agresor y sacarlo de la sala.

Fue necesaria la presencia de la Guardia Civil

La Guardia Civil acudió al centro de salud tras el suceso. Como consecuencia de la agresión, la enfermera presenta hematomas en un ojo, en la barbilla, en la clavícula, en los brazos y en ambas piernas.

La profesional, con 35 años de trayectoria, ha señalado que es la primera vez que sufre un episodio de estas características y ha solicitado y obtenido una orden de alejamiento, presentado la correspondiente denuncia.

Para SATSE es “intolerable” que los profesionales sanitarios continúen sufriendo agresiones, “ya sean físicas o verbales, cuando están trabajando para ofrecer la mejor atención sanitaria posible a los ciudadanos”.

La diputada regional María Somalo ha denunciado que la consejería de Salud “no publica las memorias de la Defensoría del Usuario del Sistema Público de Salud de La Rioja, a pesar de que está obligada por Ley a hacerlo”. Y es que “estamos en agosto de 2026, y la página oficial del Gobierno de La Rioja continúa ofreciendo únicamente la memoria correspondiente al año 2023; ni rastro de las memorias de 2024 ni de 2025”.

Somalo ha dicho que “estamos ante un hecho muy grave porque sabemos que esos documentos existen”. Además, dese el Grupo Parlamentario Socialista “llevamos un año y medio intentando conseguir esas memorias a través de la Cámara, y nos encontramos con excusas, retrasos y obstáculos”. Un año y medio “comprobando cómo la Consejería de Salud se niega no solamente a cumplir con su obligación de publicar las memorias, sino también a facilitar a los diputados una documentación que necesitamos para ejercer nuestra función de control al Gobierno”. Esto es, ha dicho María Somalo, “una opacidad absolutamente deliberada”.

La diputada socialista ha afirmado que “no sabemos los motivos por los que el Ejecutivo regional no quiere que conozcamos esas memorias”. Lo que está claro es que el Gobierno de Capellán “está hurtando una de las fotografías más interesantes que puede existir sobre cómo está viviendo y percibiendo la ciudadanía la sanidad pública de La Rioja”.

Somalo ha asegurado que “estamos ante una forma de gobernar en la que la información deja de ser un derecho de los ciudadanos y se convierte en una herramienta que el Gobierno administra en función de sus intereses”. La diputada socialista ha destacado que la sanidad pública riojana “necesita luz, datos, escuchar a la ciudadanía y sus problemas y necesita instituciones independientes que puedan decir lo que está funcionando mal sin que después el Gobierno esconda sus conclusiones”.

La diputada socialista ha recordado, además, que “fue un Gobierno del Partido Popular el que eliminó la Defensoría del Usuario en 2012, mientras que el Ejecutivo de Concha Andreu fue quien recuperó en 2023 esta institución”. Por eso, ha remarcado Somalo, “la única memoria publicada hoy es la de 2023”.

La presión asistencial en las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres ha desencadenado una nueva renuncia en el servicio: el responsable de los residentes ha decidido abandonar sus funciones docentes ante la imposibilidad de organizar con garantías las rotaciones, las guardias y la formación de los médicos en especialización, en un contexto marcado por la falta de disponibilidad efectiva de facultativos y un aumento sostenido de la demanda asistencial.

La renuncia se interpreta como una medida más de presión ante el escenario que atraviesan las Urgencias en las últimas semanas. La carga asistencial está alcanzando un nivel que dificulta no solo garantizar la cobertura de las guardias, sino también desarrollar adecuadamente la labor docente encomendada.

Por este servicio pasan cada año residentes de numerosas especialidades. El número varía en función de la planificación de cada ejercicio, pero la rotación por Urgencias forma parte de la formación de una parte importante de los médicos que se especializan en el hospital. La presión asistencial está haciendo cada vez más complicado compatibilizar la atención a los pacientes con la supervisión, la enseñanza y el seguimiento de los médicos en formación.

No se trata únicamente de un problema de organización interna. La falta de disponibilidad efectiva de facultativos está afectando también a una de las funciones esenciales de cualquier servicio hospitalario: formar a los futuros especialistas.

Una segunda renuncia en pocos días

La salida de esta responsabilidad se suma a la dimisión de la coordinadora de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, que se hará efectiva el próximo 30 de septiembre y que fue adelantada por elDiario.es. La coordinadora decidió abandonar el cargo después de meses de advertencias sobre las dificultades para mantener la cobertura asistencial de los dos hospitales cacereños.

Son responsabilidades distintas, pero los profesionales sitúan ambas decisiones en el mismo contexto de presión asistencial y falta de disponibilidad suficiente de facultativos.

La nueva renuncia llega además cuando el Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha reclamado al Servicio Extremeño de Salud que adecue la dotación efectiva de médicos de Urgencias a la demanda real. La organización ha advertido de que la sobrecarga sostenida aumenta el riesgo de errores e incidentes relacionados con la seguridad clínica y ha reclamado garantías específicas para la supervisión de los residentes. El Colegio insiste en que la suficiencia de la plantilla no puede medirse únicamente por el número de plazas existentes, sino por los facultativos realmente disponibles para atender la demanda diaria.

38 facultativos en plantilla, pero una disponibilidad efectiva menor

La discrepancia entre plantilla y disponibilidad real está en el centro del conflicto entre los profesionales y el SES. Un informe técnico fechado el 19 de agosto establece que la plantilla orgánica de Urgencias está formada por 38 facultativos adjuntos. Sin embargo, los profesionales sostienen que esa cifra no refleja la capacidad real del servicio, debido a bajas laborales, reducciones de jornada, exenciones de guardias y plazas vacantes.

El informe cifra en torno a 32 los facultativos que mantienen la cobertura efectiva de los dos hospitales cacereños y advierte de la falta de sustitutos suficientes para cubrir vacaciones, permisos, licencias, actividades formativas e incapacidades temporales.

El SES defiende que Urgencias cuenta actualmente con 38 facultativos y que la asistencia está garantizada. La Administración ha anunciado además la incorporación de seis médicos de refuerzo para hacer frente a las necesidades del servicio. El Colegio de Médicos ha valorado estas medidas, aunque considera que todavía es pronto para determinar su eficacia.

Las Urgencias atienden cada vez a más pacientes

La presión asistencial se produce en un servicio cuya actividad no deja de crecer. Las Urgencias atendieron a 74.134 pacientes mayores de 14 años en 2023, 78.678 en 2024 y 81.012 en 2025, lo que supone un incremento del 9,27% en dos años. Hasta el 31 de julio de este año habían pasado por el servicio 47.378 pacientes, 465 más que en el mismo periodo de 2025.

Para los profesionales, el aumento de la demanda hace que no sea suficiente con contabilizar las plazas existentes en la plantilla. Lo determinante es cuántos facultativos están disponibles para cubrir las guardias y atender a los pacientes en cada momento. Y esta disponibilidad condiciona de manera directa la organización de los residentes: las rotaciones requieren planificación, turnos y supervisores presentes durante la actividad asistencial.

El problema trasciende las guardias

La renuncia del responsable de los residentes pone el foco en una consecuencia menos visible de la presión asistencial: las dificultades para mantener la actividad docente del servicio. Los médicos deben atender el incremento de pacientes, cubrir las ausencias de sus compañeros y garantizar que los residentes reciben la formación correspondiente a sus rotaciones bajo la supervisión adecuada.

El Colegio de Médicos ha insistido en esta cuestión al reclamar que la actividad de los residentes se ajuste a su nivel de competencias y respete el modelo de responsabilidad progresiva y supervisión.

La nueva dimisión vuelve a situar sobre la mesa la situación de las Urgencias cacereñas. Tras la salida anunciada de la coordinadora, la renuncia del responsable de los residentes, que fue comunicada al SES el mismo día, evidencia que el conflicto afecta también a la estructura organizativa y docente del servicio.

Mientras el SES defiende que la asistencia está garantizada y anuncia nuevos refuerzos, (entre cuatro y seis médicos) los y las profesionales reclaman que se tenga en cuenta la disponibilidad real de médicos y no únicamente la plantilla orgánica. El debate se centra ahora en si los refuerzos anunciados serán suficientes para aliviar la presión asistencial y permitir que Urgencias recupere, además de capacidad asistencial, el tiempo y los recursos necesarios para formar adecuadamente a sus residentes.

El primer ministro sueco en los años ochenta, Olof Palme, es una de las figuras políticas que más huella ha dejado en el país nórdico por su papel en la expansión del Estado del bienestar, basado en la defensa de los servicios públicos universales, la redistribución de la riqueza y la igualdad social, que se convirtieron en un referente internacional para la socialdemocracia.

Pero del mito de Suecia como paraíso del Estado del bienestar hoy más bien quedan unos pocos restos. Gran parte de la gestión de los servicios públicos en el país escandinavo se ha privatizado mediante un modelo en el que el Estado sigue financiándolos al 100%, pero las empresas que los gestionan pueden obtener beneficios sin apenas límites.

Como consecuencia de esto, en las próximas elecciones generales de septiembre, el Partido de la Izquierda, el Partido Verde y el partido socialdemócrata concurren a las urnas con la propuesta de prohibir que las empresas privadas se lucren mediante la prestación de servicios públicos. Esto pasa especialmente en la educación, donde el país ha permitido que cada vez más escuelas estén gestionadas por empresas con ánimo de lucro que cotizan en el mercado de valores de Estocolmo. También en la sanidad, donde casi la mitad de las clínicas de atención primaria son de propiedad privada, una tendencia que también se ve en la gestión de las residencias para la gente mayor.

Mientras tanto, la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando, con el número de multimillonarios pasando de 28 a 542 en 25 años, al mismo tiempo que ha aumentado la proporción de hogares con bajos ingresos. Suecia también encabeza la clasificación mundial de patrimonio acumulado por los millonarios en relación con el tamaño de su economía, seguida de Rusia. Unos multimillonarios que, a menudo, pagan menos impuestos que el resto, ya que en los últimos años se han abolido el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de sucesiones y el impuesto sobre las donaciones.

Por todo esto, el periodista económico Andreas Cervenka, autor del libro Girig-Sverige (Suecia avariciosa), defiende que Suecia se ha convertido “en un paraíso para los superricos”. Cervenka sostiene en su libro que los ricos no se han beneficiado solamente por la baja fiscalidad, sino que argumenta que la liberalización y la privatización de los servicios públicos han creado nuevas oportunidades para hacer grandes fortunas. Esta tesis fue investigada por el periódico Aftonbladet, que concluyó que la riqueza de al menos 18 nuevos multimillonarios está vinculada a los negocios relacionados con el Estado del bienestar, incluyendo escuelas privadas, sanidad, farmacias online y otros servicios.

La privatización y las desigualdades territoriales han debilitado el funcionamiento del modelo de bienestar universal sueco

Åsa Plesner — Investigadora de la Universidad de Estocolmo

La investigadora de la Universidad de Estocolmo, Åsa Plesner, especializada en la gestión de los servicios públicos, explica a elDiario.es que Suecia continúa “teniendo formalmente un modelo de bienestar universal, pero la privatización y las desigualdades territoriales han debilitado su funcionamiento”.

La investigadora señala que, aunque esa privatización comenzó bajo gobiernos conservadores, los posteriores ejecutivos socialdemócratas no revirtieron el proceso y, en algunos casos, incluso lo profundizaron: “Comenzó como una decisión ideológica a finales de los años noventa y principios de los 2000. Pero en la última década el sector privado ha ejercido mucha presión mediante el lobby para mantener las cosas como están y, como consecuencia, ahora tenemos unos pocos grupos corporativos muy importantes que, básicamente, son demasiado grandes para dejarlos quebrar” explica Plesner.

Oligarcas del Estado del bienestar

Según la experta, la educación “es uno de los sectores donde se ha extendido más el modelo de privatización”. Desde las reformas introducidas en los años 1990, las familias pueden elegir libremente entre las escuelas públicas y las escuelas privadas o independientes (friskola). La particularidad del sistema es que, en las friskolor, el Estado sigue financiando la educación y los centros reciben más fondos públicos a medida que aumentan su número de alumnos, mientras que las empresas propietarias pueden tener incentivos para reducir costes y obtener más beneficios.

Los críticos también advierten de que este sistema aumenta el riesgo de segregación socioeconómica entre los alumnos de los centros públicos y los privados, ya que “son los padres con mayor nivel educativo, más comprometidos y con mayor ventaja socioeconómica quienes toman decisiones activas sobre el centro escolar, mientras que las familias más desfavorecidas suelen quedarse en las escuelas públicas”, argumenta Plesner. Mientras tanto, Suecia ha experimentado en los últimos años un acusado retroceso en el rendimiento escolar, según las clasificaciones del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA).

A todo esto, aproximadamente uno de cada 10 estudiantes de la escuela secundaria asiste a un centro gestionado por la empresa ArcadeMedia, la mayor empresa educativa en el norte de Europa, con más de 650 centros y que actualmente está en proceso de expansión por Noruega, Finlandia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido. Esta compañía es un ejemplo claro de lo que los medios del país escandinavo llaman “los oligarcas del Estado del bienestar”, (välfärdsoligarker), una expresión que se utiliza de forma crítica para referirse a los inversores que han acumulado grandes fortunas financiándose principalmente con dinero público.

Centros sanitarios al límite

Los cambios hacia un modelo más privatizado del Estado del bienestar también son evidentes en la sanidad. Los profesionales del sector se quejan de la falta permanente de personal, la prioridad por la eficiencia económica y el empeoramiento de las condiciones laborales. Además, los sindicatos alertan de que se está produciendo una concentración de médicos privados en las zonas urbanas más ricas donde a menudo resulta más económico atender a los pacientes, dejando para los centros públicos los casos más complejos o costosos de tratar de las zonas rurales.

“Los profesionales sanitarios en Suecia ya no disponen del tiempo necesario para proporcionar una atención médica segura”, alerta a elDiario.es Sophia Godau, presidenta del mayor sindicato de los trabajadores de la atención médica, Vårdförbundets. Según Godau, los problemas, como la presión constante para liberar camas y enviar los pacientes a casa lo más rápido posible, “son estructurales y se han ido acumulando en los últimos diez años por no priorizar la sanidad pública”.

Los profesionales sanitarios en Suecia ya no disponen del tiempo necesario para proporcionar una atención médica segura

Sophia Godau — Presidenta del mayor sindicato de los trabajadores de la atención médica, Vårdförbundets

En 2024, las administraciones públicas financiaron el 86% del gasto sanitario sueco, según Statistics Sweden, a pesar de que el 40% de los centros sanitarios ya son de propiedad privada y algunos de ellos están controlados por firmas de private equity, fondos que compran empresas que no cotizan en bolsa con el objetivo de mejorar el valor del negocio para luego venderlo más caro y generar grandes ganancias.

Auge de la extrema derecha

Finalmente, la investigadora Åsa Plesner señala que el deterioro de los servicios públicos ha causado un malestar social que ha sabido aprovechar el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, a pesar de que en su programa electoral no defienden deshacer el modelo de privatización que ha contribuido a generar el malestar: “La derecha populista está atrayendo a votantes que, en general, están descontentos con el Gobierno y el sector público, pero no están abogando ni impulsando políticas para mejorar dicho sector”, afirma.

Por otro lado, el partido socialdemócrata, que lidera las encuestas para las elecciones de septiembre, durante la campaña electoral está recuperando la agenda para recobrar el buen nombre del Estado del bienestar sueco. Sin embargo, Plesner apunta que “el proceso tiene que ser hecho de forma gradual y puede tardar años en llegar”.

El Grupo Parlamentario Socialista ha advertido sobre la situación de incertidumbre que atraviesan los trabajadores del servicio de vigilancia y seguridad de los centros sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES). Según ha denunciado la formación, el contrato adjudicado finaliza a mediados del próximo mes de octubre sin que el Gobierno de la Junta de Extremadura haya iniciado aún el proceso para licitar el nuevo concurso público.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha señalado que los profesionales de este sector carecen de información oficial sobre la continuidad de la prestación o sus condiciones laborales. “Lo más preocupante es que están buscando respuestas y la Administración y, en concreto la Consejería de Salud, ni siquiera les está contestando”, ha aseverado Rosiña.

Desde la formación de la oposición recalcan que la vigilancia y el control en las dependencias sanitarias constituyen “un servicio esencial para el funcionamiento de hospitales y centros de salud” en toda la región. Por ello, la portavoz socialista ha calificado de incomprensible que, a menos de dos meses de la conclusión del contrato en vigor, el departamento autonómico de Salud no haya activado aún la licitación para renovar la cobertura del servicio.

El acuerdo marco actualmente operativo fue licitado en el año 2021 bajo la gestión del anterior Ejecutivo autonómico. Para Gil Rosiña, la falta de movimientos administrativos a las puertas del vencimiento pone de manifiesto “la falta de previsión del Ejecutivo de Guardiola” en la planificación y gestión de las contratas clave de la red sanitaria pública.

El Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha reclamado al Servicio Extremeño de Salud (SES) que adecue de forma inmediata la dotación efectiva de facultativos en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres a la presión asistencial real. El pronunciamiento de la corporación se produce tras la dimisión de la coordinadora del servicio, adelantada en primicia por elDiario.es Extremadura, que se hará efectiva el próximo 30 de septiembre tras meses de advertencias por la falta de personal.

La entidad colegial ha expresado su reconocimiento a los profesionales del área por el “esfuerzo” que realizan para garantizar la atención en un contexto de “elevada presión asistencial y dificultades derivadas de la insuficiencia de recursos humanos”. Aunque el órgano evita valorar decisiones personales, ha remarcado que esta dimisión “refuerza la necesidad de analizar las condiciones asistenciales y organizativas” del hospital y supone un “elemento de preocupación” ante los avisos planteados de forma reiterada por la propia plantilla.

El colegio advierte de que los profesionales vienen afrontando “jornadas prolongadas, elevada carga asistencial y escasos periodos de descanso”. A juicio de la institución, esta “sobrecarga sostenida” no solo afecta a la salud de los médicos, sino que aumenta directamente el “riesgo de errores e incidentes relacionados con la seguridad clínica” de los pacientes.

Revisar las decisiones del SES

Por ello, la corporación considera prioritario revisar la eficacia de las decisiones adoptadas por la Gerencia del Área de Salud de Cáceres para garantizar entornos de trabajo seguros. Entre las principales demandas, el colegio hace especial hincapié en la necesidad de cuidar la formación de los médicos residentes (MIR), exigiendo que su actividad se ajuste estrictamente a su nivel de competencias y respete el modelo de responsabilidad progresiva y supervisión.

Las cifras respaldan las reclamaciones del colectivo médico: los pacientes mayores de 14 años atendidos en las urgencias cacereñas pasaron de 74.134 en 2023 a 81.012 en 2025, lo que representa un incremento del 9,27% con una tendencia que se mantiene al alza durante 2026. Ante este escenario, la organización enfatiza que la suficiencia de la plantilla “no puede determinarse solo por el número de plazas existentes”, sino por la disponibilidad efectiva de los facultativos y la demanda real que absorben diariamente.

En los últimos días, la Gerencia del Área de Salud ha puesto en marcha medidas organizativas y el SES ha anunciado la incorporación de seis facultativos de refuerzo para paliar el déficit estructural. Aunque el Colegio de Médicos valora estos movimientos, advierte de que “todavía es pronto para determinar su eficacia” y anuncia que realizará un seguimiento exhaustivo durante las próximas semanas centrado en medir los tiempos de espera, las cargas de trabajo, los descansos y la capacidad de respuesta frente a nuevas saturaciones.