CSIF ha denunciado públicamente la situación que atraviesa la Atención Primaria de La Rioja durante este verano. A fecha de hoy viernes 24 de julio, según CSIF, “los tiempos de espera para conseguir una cita con el médico de cabecera son una lotería y no todos los riojanos somos iguales”. En concreto, calculan que “la mayoría de los ciudadanos tienen que esperar una media de 15 días para ser atendidos por el médico de atención primaria de su centro de salud”.

CSIF ha analizado datos en varios centros y las esperas son de 15 días en el C.S 7 infantes, 24 días en C.S. La Guindalera, 10 días en C.S. Gonzalo de Berceo, 11 días en C.S. Joaquín Elizalde, 26 días en C.S Cascajos o 7 días en C.S. Labradores. Y la situación en los centros de las zonas rurales, “como viene siendo habitual”, según dice CSIF, “no mejora en absoluto”, habiendo 15 días de espera en C.S de Villamediana y ocupando el número uno en el ránking de penosidad, el Consultorio de Albelda da citas en dos meses, concretamente el 22 de septiembre.

Antes estas “avergonzantes citas”, ha considerado el sindicato, “queda una posibilidad si una persona quiere ser atendida por un médico de atención primaria y es acudir al mercadillo de cita que cada centro de salud saca cada día y que los pacientes más madrugadores tienen a veces la fortuna de conseguir”.

“No es de recibo que los ciudadanos riojanos soporten la ansiedad de saber si tendrán las recetas necesarias, si podrán ser atendidos si se encuentran mal o si tiene que revisar una baja y ante esta situación el siguiente paso es el colapso de las urgencias, ya que los ciudadanos se ven obligados a ir a estos servicios, porque cuando se habla de salud, no se pueden permitir estos tiempos de espera”, denuncian.

CSIF afea a la Consejera de Sanidad que “intente vender maravillosos planes de contingencia en los que dan una falsa imagen de sanidad al 100%”. “La falta de profesionales de todas las categorías profesionales es mas que evidente y que se atenga a la realidad y si comunican con grandes tutulares que se incorporan X médicos o enfermera, que se comuniquen con los mismos grandes titulares cúantos profesionales se van por las malas condiciones laborales o incluso cúantas plazas sin cubrir hay por el mismo motivo”, añaden.

“La Rioja no es una comunidad autónoma atractiva para que un profesional de la sanidad desarrolle su carrera y ese es gran Talón de Aquiles que el Gobierno de La Rioja conoce y al que no quiere poner solución. Médicos hay, enfermeras hay, TCAEs hay, Técnicos hay, celadores hay y hay personal disponible de todas las categorías profesionales, lo que no hay son buenas condiciones laborales para ellos y por eso no vienen ni se quedan a trabajar en la sanidad riojana”, han concluido.

Los riñones de Manuel, diagnosticado con VIH en 2008, llevaban años deteriorándose, hasta el punto de que iba a empezar diálisis. Lo daba por hecho. “Pero apareció un amigo mío que tiene lo mismo que yo y me dijo que quería ayudarme”, relata. Así, entre dos conocidos y gracias al equipo del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, hace un mes se hizo realidad el primer trasplante de la historia de España entre dos personas que conviven con este virus.

Hace poco más de un año, las donaciones de órganos procedentes de personas con VIH estaban prohibidas en España. Pero Sanidad levantó en julio de 2025 ese veto, vigente desde 1987, al considerar que los avances médicos hacen seguros desde hace tiempo estos trasplantes.

El primer país en permitirlo fue Sudáfrica, en 2008, al que siguió Estados Unidos, en 2024, y ahora varios países europeos, como Reino Unido, Italia y Francia. En total, se han llevado a cabo en todo el mundo unos 70 trasplantes de este tipo.

“Si hasta ahora estaba prohibido es por el tabú que se asocia a la enfermedad, porque los profesionales hace años que pedíamos que se cambiara la ley”, celebraba este viernes Francesc Moreso, jefe de sección de la Unidad de Trasplantes Renales de Vall d’Hebron. “Es un paso más para quitar el estigma del VIH”, añadía Albert Sandiumenge, coordinador de Donación y Trasplantes del centro hospitalario.

Los avances de la terapia antirretroviral para pacientes con VIH hacen que sus trasplantes sean comparables a la población general. De hecho, según datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), más de 800 personas que conviven con el virus han recibido donaciones de órganos, sobre todo de riñón e hígado. Lo que no podían era donarlos, con lo que se calcula también que durante la última década se perdieron unos 165 potenciales trasplantes de órganos de personas fallecidas con VIH.

“Mi donante se merece el cielo”, expresaba este viernes Manuel, nombre ficticio, por teléfono. No quiso acudir a la rueda de prensa en Vall d’Hebron para preservar su intimidad y la de su “salvador”. “Yo no sabía ni siquiera que éramos los primeros en hacerlo, me lo dijeron los doctores”, reconoce.

Manuel, infectado con el VIH por motivos que desconoce, padecía una glomerulonefritis crónica, que le dañaba los filtros del riñón hasta el punto de quedarse al borde de la diálisis. Al comentárselo a su conocido, este se ofreció a darle el riñón y el proceso se aceleró. La operación se llevó a cabo este año y por ahora ambos han reaccionado bien. “El trasplante me ha dado ganas de todo”, celebra.

Los médicos de Vall d’Hebron, el hospital que diagnosticó el primer caso de VIH en España en 1981, han explicado que un trasplante de este tipo no entraña demasiadas complicaciones. De entrada, hay que comprobar que se dan unos requisitos mínimos, como que la carga viral sea indetectable o suprimible mediante tratamiento antirretroviral, no haber presentado determinadas infecciones o si el tratamiento antirretroviral ha tenido fracasos.

A partir de ahí, hay que encontrar una combinación adecuada de la medicación para que no haya interferencias entre los antirretrovirales, por el VIH, y los inmunosupresores para evitar rechazo al nuevo órgano. “La cantidad de antirretrovirales disponibles hace que no de demasiados problemas”, señalaba Jordi Navarro, médico adjunto del Servicio de Enfermedades Infecciosas.

La ONT estima que cada año fallecen en España 17 personas con VIH que podrían ser donantes. No es una cifra que vaya a dar un vuelco a los trasplantes en un país que ya es líder en estas operaciones, pero todos los médicos coinciden en que cada órgano cuenta. Si no, que se lo expliquen a Manuel, exultante estos días. “A ver si el siguiente avance es que podamos encontrar pareja y que el virus no sea un lastre. Ponlo en el artículo, a ver si hay suerte y de estas encuentro una”, se ríe.

El Gobierno de Asturias se ha sumado hoy a la petición de todas las comunidades y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para que el Ministerio de Sanidad reinicie las conversaciones sobre el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, con el objetivo de definir un texto “consensuado, equilibrado y sostenible”.

Las diferentes administraciones consideran que la trascendencia de esta norma exige “el máximo consenso institucional y profesional”, por lo que reclaman retomar el diálogo “con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes”.

Reclaman el máximo consenso

En un escrito dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, las diferentes administraciones autonómicas defienden que una norma de la trascendencia del Estatuto Marco debe sustentarse en el máximo consenso institucional y profesional posible y contar tanto con quienes tienen la responsabilidad de gestionar los servicios sanitarios como con los profesionales que trabajan en ellos. También expresan su confianza en que su petición conjunta sea atendida.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha participado este miércoles por vía telemática en la reunión del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Al finalizar la sesión, ha subrayado la importancia del estatuto marco, que considera “una norma fundamental para los profesionales y para toda la ciudadanía, porque indica el futuro del sistema sanitario público”.

Tras ofrecer colaboración institucional al ministerio, ha recordado que las competencias en materia sanitaria pertenecen a las comunidades.

“Somos responsables de la gestión directa de la salud en nuestros territorios y tenemos la obligación de intentar solucionar un conflicto que está perjudicando a los pacientes”, ha añadido.

La amenaza de huelga médica

En ese sentido, ha alertado de que la amenaza de huelga médica indefinida a partir de septiembre tendría serias repercusiones tanto en la salud de la ciudadanía como en el propio sistema sanitario a nivel nacional.

“En Asturias hemos hecho nuestros deberes porque nosotros hemos negociado, hemos alcanzado acuerdos que ya se han puesto en marcha y seguimos manteniendo el diálogo para avanzar en un nuevo modelo organizativo”, ha valorado. Según ha precisado, muchas de las medidas acordadas están relacionadas con cambios contemplados en el Estatuto Marco, especialmente en ámbitos como la flexibilidad laboral y la conciliación familiar.

El conflicto entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos ha vuelto a colarse este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Los responsables de las consejerías del ramo han solicitado a la ministra Mónica García e “reinicio de la negociación del Estatuto Marco”, pactado entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales presentes en la mesa del ámbito, CCOO, UGT, CSIF y Satse.

Ese texto, que limita las guardias obligatorias a 17 horas —frente a las 24 actuales—, mandata oposiciones cada dos años y limita la jornada laboral máxima a 45 horas, entre otras medidas, se topó con la oposición de los sindicatos médicos, que han convocado paros semanales cada mes desde febrero hasta junio y amenazan ahora con una huelga indefinida en septiembre si no hay avances en sus demandas. Estas pasan por un ámbito propio de negociación, un estatuto médico, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y una clasificación profesional “justa”.

“El proceso no ha logrado el consenso necesario entre las administraciones sanitarias, las organizaciones sindicales y el Ministerio de Sanidad”, lamentan las comunidades en una carta trasladada a García, a la que ha tenido acceso elDiario.es, y en la que consideran que es aconsejable “abrir una nueva etapa de diálogo”.

Para la ministra, la petición tiene “dos consecuencias”. Por un lado, que “no mejoremos las condiciones laborales de los profesionales”, que “llevan 20 años esperando” por cambios en su forma de trabajo. La postura del Ministerio es que reiniciar las negociaciones dejaría en “stand by” mejoras con el fin de las guardias de 24 horas, una de las reclamaciones que se han visto en las pancartas que los profesionales médicos han agitado en las protestas de los últimos meses y que sí contempla el texto que defiende García.

Por otro lado, la ministra ha insistido tras la reunión con las consejerías, que tumbar el trabajo hecho hasta ahora supondría “saltarse la ley y romper el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios”. “Si alguna comunidad quiere romper los acuerdos que pacta, es libre de hacerlo”, ha afeado García, que ha repetido que el Estatuto Marco nace de “acuerdos legítimamente acordados en la mesa sectorial que ordena la ley”.

No obstante, ha recordado que las comunidades autónomas son competentes para alcanzar otros acuerdos, “como han hecho Galicia, Euskadi y la Comunidad Valenciana”, ha enumerado.

Estas, por su parte, advierten que “la prolongación del conflicto laboral y de las convocatorias de huelga está teniendo un impacto directo sobre la actividad asistencial y compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada a los ciudadanos”. Y les “preocupa especialmente”, dicen, “que esta situación continúe prolongándose y repercuta negativamente en la calidad de la atención y en la seguridad de los pacientes”.

Para García, el objetivo de fondo de las comunidades es mantener el statu quo. “Creen que no es el momento de reformar el sistema”, ha dicho en rueda de prensa, donde ha expresado que las consejerías reclaman que se eliminen los artículos que tienen que ver con la jornada laboral y las guardias. “Ni quieren mejorar las condiciones, ni nos dejan a nosotros mejorar las condiciones”, ha insistido la ministra, que ha asegurado que los responsables autonómicos “creen que no hay que eliminar las guardias de 24 horas” porque en los informes que le trasladan al Ministerio indican que es “destructivo e irrealizable”.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la adjudicación de la construcción para el esperado nuevo centro de salud de Rivas-Vaciamadrid, que estará situado en el Barrio de la Luna y será levantado dentro del próximo año, según los detalles del contrato desvelados hoy.

Para su construcción se invertirán 16,1 millones de euros y la Consejería de Sanidad estima que dará cobertura a 17.200 vecinos del entorno de este nuevo desarrollo.

El edificio que lo albergará será construido mediante un sistema de edificación industrializada, que permite reducir los tiempos de obra gracias al uso de elementos estructurales fabricados previamente y ensamblados posteriormente con un alto grado de precisión, explica el Gobierno regional en nota de prensa..

El anuncio de estas obras era uno de los más esperados y reclamados por la ciudadanía ripense, después de varios acuerdos entre el Ayuntamiento y diferentes consejeras de Educación del Gobierno regional que se han ido incumpliendo en cuanto a plazos se refiere.

Muestra de estos retrasos era el cartel que hasta hace unos meses anunciaba la construcción del centro de salud, colocado en el año 2018 y retirado el pasado mes de marzo para el inicio de los trabajos previos, informaba entonces Diario de Rivas.

A la vez que el centro de rivas se levantarán otros ambulatorios en el distrito madrileño de Carabanchel (San Isidro-Quince de Mayo) y Alcorcón (Ensanche Sur), con una inversión total de 42,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 378 días.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha vuelto alertar de un nuevo desprendimiento en el Centro de Salud Mental Albelda en menos de tres días. Según ha informado la organización, una placa del techo se ha desprendido en las últimas horas cayendo sobre una trabajadora del servicio de limpieza, apenas unos días después de que el pasado domingo cayera parte del techo de una habitación mientras descansaba un paciente.

A pesar de que no se han producido daños físicos en ninguno de los dos sucesos, desde la central sindical advierten del “constante temor” entre la plantilla y los usuarios ante la posibilidad de que se repitan estos episodios con consecuencias más graves.

Desde SAE atribuyen esta situación a la “dejadez” de la Dirección Gerencia en el mantenimiento de las instalaciones para garantizar la seguridad en el centro. El sindicato recuerda que ya el año pasado denunció el mal funcionamiento del sistema de climatización, que está provocando temperaturas de hasta 35 grados en algunas estancias. A este problema se suma ahora la condensación de humedad provocada por la incorrecta evacuación del aire acondicionado, lo que estaría originando el colapso y caída de las placas del techo.

Incumplimiento de la normativa laboral

La responsable de SAE en La Rioja, Tamara López Sevilla, ha calificado la actitud de la dirección como “negligente”, recordando que la gerencia es consciente del problema por las denuncias previas del sindicato y por los informes positivos emitidos al respecto por el servicio de Riesgos Laborales.

Asimismo, la representante sindical ha subrayado que la falta de solución a estos fallos de climatización supone un incumplimiento del Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, el cual exige evitar temperaturas y humedades extremas. Ante la vulnerabilidad de los pacientes ingresados, el colectivo ha instado a la dirección a reaccionar de forma inmediata para adoptar las medidas necesarias que garanticen la integridad física y la salud de profesionales y usuarios.

El Hospital de Calahorra ha incorporado en estos últimos meses 25 profesionales al equipo de atención sanitaria. Son 25 profesionales: 10 enfermeras y 15 facultativos. En concreto los nuevos médicos son especialistas de: Urgencias, Pediatría (3), Alergología (2), Otorrinolaringología (2), Oftalmología, Anatomía Patológica, Reumatología, Ginecología, Cirugía, Dermatología y Medicina Interna.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y la directora del Hospital Universitario de Calahorra, Patricia Martín Rico, se han reunido con los nuevos profesionales del Hospital. Algunos de estos sanitarios terminaron la residencia recientemente en el Servicio Riojano de Salud y han decidido continuar ejerciendo en el SERIS, aunque también hay jóvenes llegados de otras comunidades y varios profesionales ya con años de experiencia que han optado por Calahorra en los últimos concursos de traslados.

La consejera ha defendido “la incorporación de estos profesionales es la mejor demostración de la buena marcha del hospital comarcal, que está atrayendo talento y consolidando una plantilla que garantiza la atención de calidad que desde el SERIS queremos procurar a los vecinos de La Rioja”. Martín ha subrayado como “apuesta importantísima” por el Hospital de Calahorra las políticas del Gobierno en esta legislatura, a pesar de que también en esta legislatura ha surgido el movimiento SOS Hospital de Calahorra, que advierte de la pérdida de recursos del centro hospitalario de referencia de La Rioja Baja.

Los nuevos especialistas del Hospital de Calahorra han destacado las virtudes de un hospital comarcal como éste, integrado en un gran sistema de salud como el riojano. Asimismo, han hecho hincapié en el buen ambiente de trabajo con positivas sinergias tanto dentro de los propios equipos como entre distintos servicios y especialidades.

La caída del techo de una de las habitaciones en el Centro de Salud Mental Albelda mientras descansaba uno de los pacientes ha sido la última consecuencia de la falta de mantenimiento de los sistemas de climatización, que durante las últimas semanas hemos denunciado desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE).

El sindicato culpa a la Dirección Gerencia de “poner en riesgo a pacientes y profesionales, sometidos a temperaturas que han llegado a alcanzar los 35º, desde el inicio del periodo estival”, y señalan que el desprendimiento de parte del techo se debe a la condensación de humedad en las placas debido, según explican, “a que el sistema de aire acondicionado no evacúa correctamente”, lo que, para SAE, “ha sido la consecuencia lógica de esta desidia”.

Desde SAE tachan de “negligente” la actuación de la dirección: “el año pasado ya denunciamos la situación para que este verano todo funcionara correctamente y contamos con informes positivos emitidos por Riesgos Laborales en este sentido, sin embargo, la gerencia continúa sin arreglar los sistemas de climatización, incumpliendo así el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: ”en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas…“”.

“No podemos olvidar que estamos en un centro de salud mental, con pacientes cuya vulnerabilidad aumenta con las altas temperaturas, pudiendo desequilibrar su bienestar y su seguridad. Por ello, desde el mes de junio hemos instado a la dirección a adoptar de forma urgente medidas de climatización que favorezcan el descanso y el confort de los usuarios y el desarrollo del trabajo de los profesionales, pero en ningún momento lo ha hecho; una dejadez que ha terminado provocando el derrumbe de parte del techo de una de las habitaciones. Esperamos que este inadmisible incidente le haga reaccionar y adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad física y mental de pacientes y profesionales, por quienes debe velar en el desempeño de su trabajo”, explica Tamara López Sevilla, responsable de SAE en La Rioja.

Cando publiquei Os médicos tamén enferman en abril do 2025, os meus dous mellores amigos, doutores no campo das urxencias hospitalarias, atopábanse de baixa. Reparei niso o día da presentación do libro en Compostela cando os vin entre o público. Nunca antes estiveran nunha situación semellante despois de 25 anos de exercicio profesional na sanidade galega. A sobrecarga permanente que obriga en cada xornada a facer o traballo de varias persoas, as quendas extraordinarias de cada día, o desgaste, o pánico a cometer un erro que poña en perigo algunha vida humana e a sensación de abandono foron algunhas das respostas dadas diante da preocupación dos achegados. Meses despois, o meu entorno presaxiaba para min unha situación análoga polas mesmas razóns que a dos meus amigos, pero iso é outra historia.

Hai seis anos reincorporeime de novo á trincheira da Atención Primaria. Dende ese intre ate hoxe asistín dende a primeira liña asistencial a un deterioro progresivo deste servizo público, provocado polas decisións e omisións dunha Administración gobernada polo PP que non atende a razóns inocentes. Eles son os facilitadores de xerar espazos de negocio e pórlle prezo á saúde da xente. Para constatalo, tan só hai que seguir o rastro do diñeiro no aumento exponencial da contratación de seguros de saúde pola cidadanía na última década, ou nos millonarios convenios asinados polo Servizo Galego de Saúde (Sergas) coa sanidade privada para a prestación de servizos concertados. As consecuencias de todo isto socavan de maneira irreversíbel un modelo corrector das desigualdades sociais, xerando unha situación onde a saúde das doentes (“os recortes matan”) e a das sanitarias están en perigo, mentres os autores intelectuais desta desfeita consolidan pola vía dos feitos consumados a medio prazo un modelo sanitario de beneficencia.

Na década anterior o sistema fixo un axuste nas retribucións da xente do común baixo o lema “a mesmo traballo menor salario” , mentres na década actual o axuste vén da man da carga laboral cun lema que di “a mesmo salario dobre traballo”. Esta dobre volta de porca que afecta a traballadoras de servizos públicos esenciais pódese trasladar á maioría das profesións. Se a iso lle engadimos un encarecemento no custo da vida (vivenda, cesta da compra) e unha sociabilidade limitada polo eco dunha pandemia, podemos concluír que transitamos unha treboada perfecta que afecta á nosa saúde individual mais tamén á colectiva.

Nos últimos meses o goberno Rueda sinalou como prioridade diminuír o continxente das baixas laborais, insinuando unha mala praxe das profesionais dunha saturada atención primaria, e unha posible fraude dunha gran parte dos homes e mulleres que están nesta situación. Dende entón reforzouse o servizo de inspección, falouse de pórlle incentivos ás médicas por recortarlle o tempo de baixa aos seus pacientes e proliferaron as notificacións coercitivas tanto a doentes como a sanitarias. A luva foi recollida hai uns días polo expresidente da Xunta e líder do PP a nivel de Estado nun encontro sectorial con empresarios, onde incidiu na necesidade de reverter esta situación. A posición fixada por ámbolos non é inocente e obríganos de novo a buscar o rastro do diñeiro, nesta ocasión na marxe de beneficios da patronal, e no reforzamento do control das mutuas laborais nas incapacidades temporais.

Rueda e Feijóo viven abonados á frase “que a realidade non estrague un bo titular”, sobre todo porque hai grandes grupos de comunicación públicos e privados dispostos a guionizarlles as mentiras. Se quixeran minorar ou resolver o problema que lles preocupa poderían comezar por exercer as competencias, mais iso evidenciaría gran parte das súas incompetencias ou no peor dos casos, das súas axendas ocultas. O presidente galego, que é quen ten responsabilidades de goberno, faría ben en impulsar políticas públicas que diminúan as insufríbeis listas de agarda nas especialidades hospitalarias, reforzar dunha vez a atención primaria ou actuar nos preocupantes datos da sinistralidade laboral en Galiza, en que o rol das mutuas é cando menos cuestionable. Iso rebaixaría os tempos de recuperación e reparto de cargas, pero tamén suporía recoñecer moitas das eivas e problemas derivados da súa xestión

Cada día pasan moitas pacientes pola miña consulta, algunhas delas en situación de baixa, que agardan unha media de oito meses en ser atendidas na unidade de alxias músculo-esqueléticas, ou outro tanto en acadar unha cita cunha psicóloga nunha unidade de saúde mental. Moitas delas buscan diante da demora unha solución na medicina privada onde gastan ás veces o que non teñen ou non se poden permitir gastar. Mentres iso acontece, o seu presidente chámalles defraudadoras a elas e ás súas médicas de familia que están ao límite. Por iso penso que antes de dar razóns con artigos coma este a quen non opera con elas, ou enumerar evidencias a quen non as ten en conta dende as súas responsabilidades de goberno, rematariamos antes asumindo democraticamente que o raposo non debe coidar das galiñas porque acabará coméndoas, senón o fixo xa.

Detectar un melanoma cuando todavía no presenta signos evidentes puede marcar la diferencia en el pronóstico del paciente. Con ese objetivo, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha incorporado un nuevo dermatoscopio digital al Servicio de Dermatología del Hospital General Universitario de Ciudad Real, un equipo de última generación que permitirá realizar un seguimiento mucho más preciso de las personas con mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer de piel.

La dermatoscopia digital es una técnica no invasiva que permite analizar las lesiones cutáneas y detectar de forma precoz lesiones potencialmente malignas, como el melanoma, aunque también resulta útil para el diagnóstico de otros tumores de la piel, como el carcinoma basocelular o el espinocelular.

La mayoría de las personas con riesgo elevado de desarrollar un melanoma presentan numerosos lunares, lo que dificulta su seguimiento mediante una exploración convencional. “Es muy difícil tenerlos todos bajo control porque van produciéndose cambios progresivos. Pasa mucho tiempo hasta que la malignidad se hace evidente y el dermatoscopio nos permite monitorizar todos los lunares del cuerpo de una manera muy precisa y hacer un diagnóstico precoz de esa malignidad”, explica la dermatóloga del Hospital General Universitario de Ciudad Real Paloma Zamberk.

Ha costado 80.000 euros y sustituye al equipo de 2010 que estaba obsoleto

El nuevo dermatoscopio, adquirido por un importe de 80.000 euros, sustituye al equipo anterior, operativo desde 2010, que había quedado obsoleto y sufría continuas averías.

El sistema incorpora una cámara fotográfica clínica y macro de alta resolución (50 megapíxeles), flashes antirreflectantes de xenón con luz blanca y luz polarizada cruzada, además de una unidad de captura que realiza un mapeo corporal completo mediante un barrido automático capaz de localizar todas las lesiones cutáneas del paciente. Todo ello está conectado a un software de clasificación automática que permite visualizar las lesiones en mosaico, compararlas con estudios previos y controlar su evolución mediante herramientas de inteligencia artificial.

Durante la exploración, el paciente se sitúa frente a un fondo azul mientras la cámara realiza un barrido completo del cuerpo desde cuatro posiciones -frontal, dorsal y ambos perfiles-. En apenas unos segundos, el sistema genera un mosaico con todas las lesiones detectadas, que el especialista puede ampliar y analizar con ayuda del software, el cual asigna un código de colores en función de la probabilidad de malignidad de cada una de ellas.

No obstante, como ha explicado el jefe del Servicio de Dermatología, Guillermo Romero, “si alguna lesión nos llama la atención tomamos una imagen dermatoscópica con la cámara manual y le indicamos a la máquina cuál es para que quede registrada. El propio sistema asocia automáticamente las imágenes clínicas y dermatoscópicas y, en la siguiente revisión, a los seis meses o al año, nos avisa si alguna de las lesiones ha experimentado cambios”.

El dermatoscopio digital está especialmente indicado para personas con antecedentes personales o familiares de cáncer de piel, pacientes con múltiples nevus -más de 50 o 100 lunares-, con nevus displásicos o que ya han padecido un melanoma. Estos pacientes son atendidos en la consulta monográfica que cada viernes desarrollan las doctoras Paloma Zamberk y Laura Martínez.

Como ha destacado Guillermo Romero, “son pacientes a los que es muy difícil hacer seguimiento porque algunos presentan más de 150 lesiones cutáneas y el dermatoscopio digital nos facilita localizarlas y mantenerlas bajo control. Ahora bien, no tiene sentido utilizarlo en todos los casos porque, en los pacientes que no son de alto riesgo, basta con la monitorización clínica”.

DERCAM, el programa de teledermatología digital de la región

La incorporación de este nuevo equipo se suma al desarrollo de DERCAM, el programa integral de teledermatología digital implantado en Castilla-La Mancha en 2009, que almacena actualmente más de tres millones de imágenes y ha convertido a la región en un referente nacional en el seguimiento digital de las lesiones cutáneas.

“Somos la única Comunidad Autónoma de España con el mismo software implantado en todos los hospitales y centros de salud, con codificación diagnóstica de las imágenes almacenadas, formato de archivo DICOM y vinculación con la historia clínica”, ha subrayado el jefe del Servicio de Dermatología del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Las listas de espera sanitaria en Extremadura -quirúrgica, prueba diagnóstica y consultas externas- aumentaron en un año en 4.146 personas hasta situarse en 132.402 a fecha de 30 de junio de 2026, según los datos ofrecidos por la directora gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Encarna Solís, quien achaca esta subida al impacto de la huelga de médicos.

Solís ha detallado que hasta dicha fecha había 22.017 personas a la espera de una intervención (809 pacientes más); 25.227 a la espera de una prueba (261 más) y 85.158 de una consulta externa (5.216 menos).

A juicio de Solís, Extremadura “mejora” sus principales indicadores de accesibilidad sanitaria a pesar de ser “un semestre especialmente complejo para la actividad asistencial”, “condicionado por circunstancias del ámbito estatal ajenas al SES, que afectaron a la actividad quirúrgica programada”, en alusión a la huelga médica por el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Aún así, ha dicho que se ha conseguido reducir los tiempos de espera y disminuir de manera significativa las demoras más prolongadas.

Según los datos de la Junta, la huelga ha tenido un “impacto directo” sobre la actividad programada, con 272.661 actos médicos cancelados de febrero a junio de 2026. “Sin el impacto de la huelga” las estimaciones del SES marcan que, en el caso de consultas externas, la lista podría haberse situado en torno a 72.137 pacientes, por lo que hay 13.021 pacientes menos atendidos.

A su juicio, la lista de espera quirúrgica sin ese impacto podría haberse situado en torno a 20.917 pacientes, lo que hubiese supuesto intervenir a 1.100 pacientes más.

Por último, en cuanto a pruebas diagnóstico-terapéuticas, el escenario estimado hubiese sido de 18.566 solicitudes, lo que suponen 6.661 pruebas que no se han podido realizar.

Consultas externas

La mejora más destacada en consultas externas se ha producido en la especialidad de Dermatología, con 5.273 pacientes menos en lista de espera y 21 días menos de espera media.

También en Traumatología con 1.858 pacientes menos en lista de espera y 49 días menos de demora. Por su parte, Cardiología ha conseguido reducir casi a la mitad su tiempo de espera, pasando de 88 a 46 días en el último año.

En cuanto a los tiempos medios de espera, en consultas externas se ha situado en 92 días, casi 18 menos.

Operaciones

Solís también ha destacado que el tiempo medio para operarse ha bajado de 134 a 128 días en un año, “el mejor desde 2019”. También los pacientes con más de un año esperando una operación se han reducido casi un 20 %.

Las especialidades que más han mejorado son Oftalmología con 377 pacientes menos y Neurocirugía con 136 pacientes menos. Traumatología, que sigue siendo la especialidad con más pacientes en lista de espera con 6.600 personas, ha reducido los pacientes con más de un año de espera y también ha disminuido su demora media en 16 días.

Pruebas diagnóstico-terapéuticas

En cuanto a las espera para pruebas diagnóstico-terapéuticas, las que más han mejorado han sido las endoscopias con casi un 20 % menos de pacientes y las mamografías con un 11 % menos.

En cuanto a los tiempos de espera se reducen en el caso de las resonancias magnéticas, un 21 %; mamografías, un 20 %; endoscopias, un 12 %; ecocardiogramas, un 18 %; ergometrías, un 22 % y hemodinámica, un 43 %.

Las únicas pruebas que aumentan sus tiempos de espera respecto al año anterior son TAC (16 días más) y ecografías (6 días más)

Áreas de Salud

En el caso de las consultas externas, las mayores reducciones en número de pacientes se producen en el Área de Salud de Don Benito-Villanueva, con 2.330 pacientes menos en lista de espera. Y en el Área de Salud de Llerena-Zafra, con 1.834 pacientes menos.

En cuanto a los tiempos de espera, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata reduce su demora media en 91 días, pasando de 124 a 32 días; y el Área de Salud de Don Benito-Villanueva lo reduce en 49 días.

En cirugía, las mayores reducciones del número de pacientes en espera se registran en el Área de Salud de Cáceres, con 624 pacientes menos; y en el Área de Salud de Llerena-Zafra, con 324 pacientes menos.

En cuanto a los tiempos medios de espera quirúrgica, los mayores descensos corresponden al Área de Salud de Cáceres, con una reducción de 17 días; y el Área de Salud de Don Benito-Villanueva, con una reducción de 16 días.

CSIF ha vuelto a denunciar, “por enésima vez” como dicen, la situación de extrema gravedad por altas temperaturas en la que trabaja el personal de los centros sanitarios en La Rioja y en la que son atendidos los pacientes. CSIF subraya como “insalubres” las condiciones desde hace años en centros como el Centro Mental de Albelda, zonas del Hospital San Pedro, centros de salud como el de Alberite, el Gonzalo de Berceo de Logroño y, en este caso, el C.S Joaquín Elizalde.

En este centro de atención primaria que en este caso cuenta, según CSIF, con un “más que obsoleto sistema de climatización que da muchos problemas tanto en verano como en invierno” se alcanzaron ayer 14 de julio temperaturas de 34.6ºC en la zona de admisión y de 30.8ºC en consultas. “Temperaturas inhumanas”, ha resumido CSIF.

La normativa (RD 486/1997) determina que para trabajos sedentarios la temperatura de trabajo no puede superar los 25ºC y para trabajos ligeros los 27ºC por lo que, como resalta el sindicato, l“as condiciones de este centro están totalmente fuera de la legalidad”. “Es imposible atender a los pacientes y ser atendido por un profesional en estas condiciones y los trabajadores recurren a ventiladores propios o se van cambiando a consultas menos castigadas por la altas temperaturas pero en las cuales no se baja de los 28.9ºC”, aseguran

CSIF ya ha denunciado otros años las carencias del sistema de climatización del centro de salud Joaquín Elizalde y a pesar de ello, la Administración sigue sometiendo a trabajadores y usuarios a temperaturas que incumplen la normativa y que están poniendo en riesgo real a trabajadores y a las personas que acuden al centro de salud, siendo muchas de ellas pacientes especialmente sensibles.

“Los problemas de climatización no son nuevos en este centro de atención primaria y la falta de previsión de la Administración deja en evidencia su capacidad para realizar una correcta gestión de los servicios públicos”, alerta el sindicato, que tacha de “inadmisible” que la Consejería de Salud no tome medidas para garantizar el bienestar y la salud de los trabajadores del SERIS y de los usuarios, en lo que es “una alarmante falta de planificación e inversión”.

“Es vergonzoso que la Administración sanitaria, que debería ser ejemplo de cumplimiento riguroso de la normativa, sea la que mas la incumple y no sea sancionada. ¿Qué pasaría si en una empresa privada se produjesen estas graves irregularidades?. Una vez más, y como ya es costumbre de este Gobierno, ”consejos vendo y para mí no tengo“”, ha concluido CSIF.

Apenas quedan unas semanas para que el nuevo Hospital de Teruel abra sus puertas. Tras más de siete años de obras y una inversión cercana a los 140 millones de euros, el edificio está llamado a convertirse en el gran símbolo de la renovación sanitaria de la provincia. Sin embargo, mientras se ultiman los preparativos para su inauguración, el hospital que todavía presta asistencia a más de 84.000 turolenses atraviesa una situación inédita porque su servicio de Neurología ha desaparecido.

Desde hace un mes, no queda ni un solo neurólogo en activo. Los pacientes con enfermedades como el párkinson, la esclerosis múltiple, la epilepsia, el alzhéimer, la ELA o las migrañas complejas han visto paralizadas sus consultas, mientras que quienes sufren un ictus deben ser trasladados a Zaragoza para continuar su ingreso una vez estabilizados. La imagen resume una contradicción difícil de explicar, ya que, mientras un hospital de última generación preparado para abrir sus puertas, una de las especialidades médicas más sensibles ha dejado de existir.

Para el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Teruel, Jesús Martínez-Burgui, la palabra “catastrófica” no es una exageración: “La razón fundamental es que hasta ahora nunca habíamos tenido una especialidad sin ningún tipo de posibilidad de especialistas. Es la primera vez que el hospital se queda sin ningún neurólogo y eso convierte la situación en un desastre asistencial”.

“Ha habido muchos problemas en varias especialidades, pero llegar a tener un servicio como Neurología sin ningún médico no había ocurrido nunca en los treinta años que llevo trabajando en este hospital”, insiste el presidente del Colegio de Médicos, quien reconoce que tiene “la sensación de que Teruel importa poco”.

Mucho más que el ictus

Cuando se habla de Neurología, la mayoría de la población piensa automáticamente en los accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, detrás de esta especialidad se encuentran algunas de las enfermedades con mayor impacto sobre la calidad de vida de miles de personas.

La Sociedad Aragonesa de Neurología (SARAN) advierte de que quedarse sin especialistas supone mucho más que derivar los casos urgentes a Zaragoza.

“Se paralizan las derivaciones desde Atención Primaria de casos potencialmente urgentes, la atención de pacientes hospitalizados y el diagnóstico y seguimiento en consultas, provocando retrasos en enfermedades potencialmente graves y con un enorme impacto en la calidad de vida”, explican desde la sociedad científica.

El problema afecta al seguimiento de pacientes con esclerosis múltiple, párkinson, epilepsia, demencias o ELA, patologías que requieren revisiones periódicas y ajustes constantes del tratamiento.

“Si un paciente con migraña no recibe a tiempo el tratamiento con toxina botulínica puede empeorar claramente. En enfermedades como el párkinson es necesario revisar periódicamente la medicación y muchos tratamientos requieren controles presenciales para evitar brotes o efectos adversos”, añaden.

En el caso de la esclerosis múltiple, añaden desde SARAN, la demora en las revisiones también puede impedir detectar a tiempo brotes de la enfermedad o efectos adversos de tratamientos que requieren un seguimiento estrecho y continuado.

Mientras tanto, las consultas permanecen paralizadas y los pacientes hospitalizados son atendidos por especialistas de Medicina Interna. “Lamentablemente, un internista no puede ejercer la labor de un neurólogo. Para ello realizamos cuatro años de formación específica como especialistas”, recuerdan desde SARAN.

Una ambulancia menos para toda la provincia

La ausencia de neurólogos también tiene consecuencias fuera del hospital, ya que los pacientes con ictus siguen siendo atendidos inicialmente en Urgencias y en la UCI del Hospital Obispo Polanco, pero una vez estabilizados deben ser trasladados al Hospital Miguel Servet de Zaragoza para permanecer ingresados en una planta con especialistas en Neurología, tal y como establecen los protocolos asistenciales.

Ese traslado supone cerca de dos horas de viaje por carretera y moviliza durante aproximadamente seis horas la única UVI medicalizada de la que dispone Teruel.

“El mayor problema no es el ictus, porque la urgencia se atiende. El problema es todo aquello que deja de hacerse, como las consultas de pacientes con ELA, párkinson, demencias, migrañas o esclerosis múltiple. Ahí es donde realmente estamos perdiendo capacidad asistencial”, recalca el presidente del Colegio de Médicos.

Además, desde SARAN advierten que, mientras se trasladan pacientes que podrían quedarse en Teruel, la provincia se queda sin una UVI medicalizada durante unas seis horas“.

Para Martínez-Burgui, el mayor problema ni siquiera son las urgencias, sino todo aquello que deja de atenderse sin hacer ruido. “El tratamiento urgente sigue realizándose como siempre. El verdadero problema son las consultas. No sabemos qué solución va a darse y eso implica retrasos mayores en diagnósticos, controles y seguimiento de enfermedades muy complejas”, subraya.

No faltan médicos, sino especialistas

Desde el Gobierno de Aragón se insiste en que la situación responde a un déficit estructural de especialistas que afecta a toda España. Sin embargo, aunque Martínez-Burgui comparte que existe un problema nacional, considera que esa explicación no basta para entender lo ocurrido en Teruel.

“Estoy cansado de que siempre se diga lo mismo. Sí, hay un problema estructural en algunas especialidades, pero en Neurología hace un mes no existía y ahora hemos pasado a tener cero especialistas. Algo ha ocurrido y alguien tendrá que explicarlo”, denuncia.

El presidente del Colegio insiste en una idea que, a su juicio, suele confundirse en el debate público: “No faltan médicos. Médicos hay. Lo que faltan son médicos especialistas, que es lo que exige la normativa europea para trabajar tanto en la sanidad pública como en la privada”.

“La gente dice que faltan médicos, pero no es cierto. Lo que faltan son especialistas. Nadie querría que le operara un traumatólogo sin el título de especialista y con la Neurología ocurre exactamente lo mismo”, ejemplifica Martínez-Burgui.

En su opinión, la planificación ha sido insuficiente y la Administración debe asumir que determinadas decisiones administrativas también han contribuido a agravar el problema.

El eterno reto de atraer profesionales

Sobre la pregunta de por qué ningún profesional quiere ir a Teruel, tal y como explica, no puede reducirse a un único motivo. Como destaca, puede ser debido a la distancia respecto a Zaragoza, las deficientes comunicaciones, la ausencia de conexiones ferroviarias operativas, la escasa oferta de vivienda o el menor desarrollo profesional respecto a hospitales de mayor tamaño pesan sobre la decisión de muchos especialistas.

“Estamos a 180 kilómetros de Zaragoza, tenemos una sola autovía, apenas cuatro autobuses al día y llevamos mucho tiempo sin trenes. Todo eso influye”, lamenta.

Al mismo tiempo, asegura que, a pesar de saber la “dificultad” que supone trabajar en Teruel, también hay que destacar las cosas buenas que tiene, ya que “aquí los compañeros colaboran mucho más porque todos somos conscientes de las dificultades y nos ayudamos entre nosotros”.

Sin embargo, Martínez-Burgui también reivindica las fortalezas del hospital turolense: “Aquí trabajas con más autonomía, pero también con una colaboración enorme entre compañeros. Sabemos que estamos solos y precisamente por eso nos ayudamos mucho más”.

Desde SARAN consideran que el principal problema no es que Teruel resulte poco atractivo, sino el tipo de contratos que se ofertan. “No es que Teruel no sea una provincia atractiva, sino que solo se ofrecen contratos temporales. Hay profesionales dispuestos a ir, pero es necesario convocar de manera urgente tres plazas fijas y construir una plantilla estable”, añaden.

Desde la Sociedad Aragonesa de Neurología explican que el Servicio Aragonés de Salud ha planteado una compensación económica para que neurólogos de Zaragoza se desplacen de forma puntual a Teruel y cubran consultas u hospitalización. No obstante, consideran que esta medida “no garantiza la continuidad asistencial, aumenta el agotamiento de los profesionales y resulta poco sostenible”.

A su juicio, la solución pasa por “cubrir esas plazas con especialistas dispuestos a establecerse en Teruel, porque los hay”, de manera que se garantice tanto el seguimiento continuado de los pacientes como la estabilidad y satisfacción de los propios facultativos. “No hay que seguir intentando parchear el sistema”, admiten.

La sociedad científica considera además que la apertura de la nueva Facultad de Medicina representa una oportunidad para atraer especialistas, siempre que los neurólogos del futuro hospital puedan acceder a plazas vinculadas a la universidad y desarrollar también labores docentes e investigadoras.

Cambiar las reglas del juego

Martínez-Burgui sostiene que existen medidas que podrían ayudar a fidelizar especialistas, aunque requieren voluntad política, negociación sindical y cambios normativos.

Entre ellas plantea revisar el sistema de excedencias, que actualmente permite a algunos profesionales incorporarse temporalmente a una plaza únicamente para poder solicitar un traslado inmediato. “La gente utiliza muchas excedencias para no venir a Teruel o a Alcañiz. Hay que modificar ciertas normas para que la asistencia sanitaria esté por encima del beneficio personal”, critica.

“Antes había que permanecer dos años en una plaza antes de solicitar un traslado. Esa normativa se modificó y ahora hay que volver a reflexionar sobre determinadas reglas para evitar que se utilicen las excedencias como una vía para abandonar Teruel inmediatamente”, destaca.

También defiende agilizar las ofertas públicas de empleo y revisar la regulación de las plazas de difícil cobertura, una iniciativa aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón. “Ningún partido votó en contra. Eso demuestra la importancia del problema. Ahora lo que hay que hacer es corregir aquello que no ha funcionado”, apunta.

“Fue la primera normativa sanitaria en Aragón que salió adelante sin ningún voto en contra. Eso demuestra hasta qué punto existe consenso sobre la necesidad de actuar; ahora toca corregir aquello que no ha funcionado”, detalla.

Aun así, reconoce que ninguna medida será inmediata: “Yo no pido que esto se solucione mañana. Lo que pido es una planificación con soluciones a corto y medio plazo. Si quienes tienen que resolverlo no saben cómo hacerlo, tendrán que negociar y buscar alternativas”.

Un hospital que necesita médicos

La apertura del nuevo Hospital de Teruel constituye uno de los mayores proyectos sanitarios desarrollados en Aragón durante las últimas décadas, ya que el centro triplicará la superficie del actual Obispo Polanco, dispondrá de más quirófanos, una UCI ampliada, nuevas consultas y equipamiento de última generación.

No obstante, para quienes trabajan cada día en el hospital existe una prioridad mucho más urgente porque, a pesar de que los medios materiales son “imprescindible”, “lo más importante seguirá siendo tener médicos”. “Puedes tener el mejor hospital del mundo, pero sin especialistas es imposible prestar la asistencia que la población necesita”, suma.

“Los medios materiales son imprescindibles, pero hoy por hoy el mayor hándicap para abrir el nuevo hospital sigue siendo la falta de especialistas”, resume.

La Sociedad Aragonesa de Neurología comparte esa preocupación: “Existe un riesgo evidente de inaugurar un hospital de primer nivel sin especialistas suficientes. La solución pasa por convocar de forma urgente plazas estables que permitan construir un servicio sólido y evitar que cualquier baja vuelva a paralizar toda la especialidad”.

La confianza ciudadana está en peligro

La preocupación de los profesionales trasciende la Neurología. Otorrinolaringología, Endocrinología, Dermatología, Oftalmología, Anestesiología o Ginecología también acumulan vacantes que obligan a reorganizar consultas, derivar intervenciones o aumentar las listas de espera.

Para Martínez-Burgui, el problema termina afectando a la confianza de la ciudadanía en la sanidad pública. “Soy un defensor absoluto de la sanidad pública. Creo que es una de las cosas que más igualdad genera en nuestra sociedad. Pero situaciones como esta producen ansiedad en los pacientes y una sensación de desamparo entre los profesionales”, sostiene.

Dentro de unos días, el presidente del Colegio de Médicos se reunirá con el nuevo consejero de Sanidad y, aunque no espera “milagros”, sí quiere “compromiso”. “Cuando un paciente se está muriendo hacemos todo lo posible por salvarlo, aunque sepamos que no siempre lo conseguiremos. A la sanidad de Teruel hay que aplicarle el mismo principio. No pido todo. Pido que empiecen a solucionarlo. Espero que el nuevo consejero se tome este problema en serio. No es fácil solucionarlo, pero es una obligación del Gobierno de Aragón intentarlo”, indica.

Asimismo, según comparte, detrás de cada plaza vacante, no solo hay un especialista que falta sino miles de personas que esperan un diagnóstico o una revisión sin saber cuándo volverán a tener delante al médico que necesitan. Y, de hecho, tal y como comparten desde el Colegio profesional, “un hospital nuevo, por moderno que sea, difícilmente podrá cumplir su promesa si quienes deben darle vida no llegan a ocupar sus consultas”.

El pasado 2 de julio, el Ayuntamiento de Tobarra, en Albacete, aprobó con justicia dedicar uno de sus parques a la memoria de Antonio Manzanares Palarea. El gesto honra al ilustre fotógrafo de la naturaleza, al científico minucioso y al escritor incansable que capturó con sus cámaras tesoros que hoy deberían ser considerados patrimonio de nuestra tierra. Sin embargo, detrás del homenaje póstumo y del reconocimiento a su inconmensurable legado intelectual, se esconde el eco de una batalla desgarradora.

Antonio, a quien conocí en Diputación de Albacete en una entrevista, no solo luchó contra la crudeza de la enfermedad renal, la diabetes y una dolorosa calcifilaxis; combatió hasta su último suspiro contra un sistema burocrático y deshumanizado que, en sus propias palabras, le estaba “robando la vida”.

Después de esta noticia, no puedo sino volver a plantear la situación de los pacientes de la zona de Hellín en tratamiento de hemodiálisis, que, aunque estemos en periodo de vacaciones, siguen dializándose y no pueden seguir esperando respuestas o reuniones que no llegan.

El calvario de los pacientes de nefrología en la comarca de Hellín y Tobarra, obligados a trasladarse continuamente al Hospital General de Albacete o a centros de diálisis, no es una simple cuestión de kilómetros; es una flagrante vulneración de los derechos humanos más básicos.

Los testimonios que el propio Manzanares dejó plasmados en sus cartas públicas retratan un “mundo sórdido” regido por contratas de transporte sanitario que parecen tratar a los enfermos como simples mercancías rentables y no como personas vulnerables. ¿Cómo se puede consentir que un paciente, tras recibir una extenuante sesión de hemodiálisis de cuatro horas que lo deja sin fuerzas ni para sostenerse , sea sometido a un “turismo nocturno” forzoso por carreteras secundarias llenas de curvas peligrosas? Las normas estipulan con claridad que el trayecto de regreso no debe superar la hora y cuarto , y que la recogida debe ser inmediata. Sin embargo, la realidad que denunciaba Antonio consistía en esperas interminables en Urgencias y rutas caóticas para “optimizar” vehículos colectivos.

Las crónicas de Antonio relatando cómo él y otros pacientes de avanzada edad se veían obligados a esas rutas, que conocen los gestores de Toledo sin dar una pronta solución, provocan vergüenza ajena

En su último viernes de vida, agotado y sangrando por la fístula del brazo, el sistema lo “paseó” en un interminable periplo por Chinchilla, Pétrola, Fuente Álamo y Ontur antes de dejarlo en su hogar. Falleció apenas tres días después. Es imposible no preguntarse cuánto restó a su debilitada salud el estrés de sufrir desmanes tan intolerables. Las crónicas de Antonio relatando cómo él y otros pacientes de avanzada edad se veían obligados a esas rutas, que conocen los gestores de Toledo sin dar una pronta solución, provocan vergüenza ajena.

Antonio Manzanares clamó en vida por una Unidad de Diálisis en Hellín y por un transporte sanitario digno. Su voz se apagó en 2022, y las Cortes de Castilla-La Mancha en 2024 aprobaron, por unanimidad, la creación de una unidad de hemodiálisis en Hellín. Dos años después sigue todo igual, por lo que su denuncia sigue plenamente vigente.

La inauguración de un parque con su nombre en Tobarra debe servir para algo más que para grabar letras en una placa. Debe ser un recordatorio permanente y una exigencia directa a las autoridades del SESCAM y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los enfermos crónicos no pueden seguir esperando soluciones que nunca llegan mientras se les escapa la vida en la parte trasera de una ambulancia.

Recoger su antorcha y exigir un trato verdaderamente humano es la única forma digna de honrar su memoria, aunque poner su nombre a un parque sea merecido.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria ha solicitado a la Consejería de Salud que aclare qué ocurre con los pacientes que rechazan ser derivados al hospital privado Santa Clotilde -que recibirá 256 millones de dinero público en los próximos 16 años para privatizar servicios sanitarios- para hacerse una operación quirúrjica o pruebas diagnósticas. Si cuando se rechaza operarse allí “se respeta íntegramente su posición en la lista de espera del Servicio Cántabro de Salud para ser intervenido en un hospital público” -preguntan- “o si, por el contrario, ese rechazo supone algún tipo de perjuicio, retraso o pérdida de su lugar en la lista de espera”.

En paralelo, el coletivo denuncia que Santa Clotilde no dispone de todos los medios diagnósticos necesarios para asumir parte de la actividad que se le deriva, por lo que determinadas pruebas diagnósticas son subcontratadas a HT Médica, y carece del personal y las instalaciones que exige el convenio singular que entró en vigor en enero de 2026.

El colectivo ha puesto en marcha la campaña #YoPrefieroLaPública para denunciar el modelo de colaboración público-privada impulsado por el Gobierno de Cantabria y ha recibido numerosas consultas sobre la llamadas que están recibiendo los ciudadanos cántabros para derivarles al centro privado. Por ello, la Plataforma ha remitido un escrito a la Consejería de Salud “solicitando una aclaración sobre una cuestión fundamental: ¿Qué ocurre si un paciente rechaza ser derivado al Hospital Santa Clotilde?”.

Esta incertidumbre -según la Plataforma- “está generando preocupación entre muchas personas que desean seguir siendo atendidas exclusivamente en la sanidad pública, pero temen que ejercer esa decisión pueda tener consecuencias negativas”.

Los defensores de la salud pública consideran que cualquier paciente debe poder decidir libremente dónde quiere recibir asistencia sanitaria, “pero esa libertad solo es real cuando existe información clara, transparente y accesible sobre las consecuencias de aceptar o rechazar una derivación”, matizan. Por ello, han pedido a la Consejería que responda “de forma expresa y pública a esta cuestión” para ofrecer seguridad jurídica y tranquilidad a todos los pacientes de Cantabria.

Campaña de apoyo a la sanidad pública

La campaña #YoPrefieroLaPública, impulsada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria, comenzó el pasado 12 de junio divulgando ilustraciones creadas con inteligencia artificial para denunciar el modelo de colaboración público-privada impulsado por el Gobierno de Cantabria.

La campaña se presentó con mensaje: “Quiero que el dinero gastado en convenios con la sanidad privada para derivar pacientes, se inviertan en la pública para que derivar no sea necesario. El dinero público para la pública”.

La iniciativa surge como respuesta al convenio por el que el Gobierno de Cantabria destinará 256 millones de euros de dinero público durante los próximos 20 años al Hospital Santa Clotilde para privatizar servicios sanitarios.

Desde la Plataforma defienden que esos recursos deberían invertirse en reforzar el Servicio Cántabro de Salud, “aumentando el personal, la actividad quirúrgica y la capacidad diagnóstica de los hospitales públicos, de forma que las derivaciones al sector privado no fueran necesarias”.

La campaña ha ido creciendo en difusión y el pasado 4 de julio, durante la celebración de la Magosta de Vargas, decenas de personas se sumaron espontáneamente a la iniciativa fotografiándose con mensajes como “Yo me opero en la pública, no en Santa Clotilde” o “Para mi hijo no elijo Santa Clotilde, prefiero la pública”, incrementando la repercusión en redes sociales.

La Plataforma subraya que las publicaciones han llegado a miles de personas y han generado “un amplio número de reacciones, comentarios y compartidos, poniendo de manifiesto que existe una creciente preocupación social por el modelo de derivaciones a centros privados y por el futuro de la sanidad pública en Cantabria”.

La Plataforma espera que la Consejería de Salud responda en los próximos días a la consulta planteada porque, en su opinión, se trata de una cuestión que afecta directamente a los derechos de los pacientes y a su capacidad para decidir, con toda la información, dónde desean ser atendidos. En este sentido, insisten en que la ciudadanía tiene derecho a saber “si ejercer su libertad de elegir la sanidad pública puede tener alguna consecuencia sobre su posición en la lista de espera”. “La transparencia también forma parte del derecho a la salud”, concluyen.

La ley estrella del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que reconoce al embrión como “miembro de la unidad familiar” ha sumado días y días de polémica tras su aprobación por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid. La norma del “concebido no nacido”, como la llama el propio gobierno autonómico, ha recibido críticas por parte de la oposición, pero también de expertas que consideran que se trata de una “batalla cultural” que asume posiciones antiabortistas más que suponer una ayuda real para las mujeres. Tras la bronca subyace una pregunta: qué pasa con los que sí han nacido y viven ya en la región. Es decir, cuál es la situación de los niños que, desde el momento en que nacieron, adquirieron la plena capacidad jurídica y tienen reconocidos sus derechos como seres humanos.

La Comunidad de Madrid argumenta que esta ley no va “en contra de nadie ni de nada” y que “no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”. La norma se centra en aspectos administrativos: “Tiene por objeto habilitar la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido, a efectos del reconocimiento de aquellos beneficios y derechos que, en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, se deriven de la existencia de hijos ya nacidos”, según se recoge en el anteproyecto de ley.

Durante el debate en el último pleno extraordinario del parlamento regional, el grupo Más Madrid presentó 14 enmiendas que fueron rechazadas por la absoluta del Partido Popular. Algunas de ellas planteaban, en tono irónico, incluir garantías para una “correcta climatización de las aulas” o “reforzar plantillas” para “garantizar el acceso” de los pequeños al “área de pediatría en atención primaria en todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid”. Más allá de la bronca política, la comunidad suma tareas pendientes en cuanto a aspectos como la sanidad infantil o la educación de los más pequeños.

La “situación crítica” de la atención pediátrica

En febrero de 2025, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) publicó datos sobre la situación de la atención a los niños en medicina. Entonces, casi dos millones de niños en España no tenían pediatra asignado. En Madrid, un 32% de las plazas de pediatría estaban sin cubrir atendiendo a datos de entre 2018 y 2024, los más actualizados según el análisis que hacen desde la AEPap. Durante la presentación del informe, el presidente de la asociación, Pedro Gorrotxategi, explicaba que en algunos gobiernos regionales, como el de la Comunidad de Madrid, intentaban paliar el problema creando puestos para pediatras en hospitales, pero dejando estancados los centros de salud.

A su vez, esta situación supone que los pediatras tengan asignados a cada vez más niños. Según la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), en 2025 la atención primaria en la Comunidad seguía dependiendo de las horas extraordinarias para poder sostener la actividad. Un comunicado publicado el pasado mes de junio en la web del sindicato alertaba de que una de las más afectadas era, precisamente, la pediatría, que consideran que está en una “situación crítica”.

Denuncian que, según Transparencia, el año pasado se realizaron “37.192 horas de módulos, lo que supone atender a 233.156 niños”. Teniendo en cuenta que los pediatras no pueden atender a más de 24 pacientes, Amyts calcula que se necesitarían al menos 44 pediatras más. Según los cálculos del sindicato mayoritario, en la Comunidad de Madrid 764.000 pacientes en 2025 no contaban con un médico de familia o pediatra asignado, 139.000 pacientes estaban sin pediatra sobre cupos medios de 1.000 pacientes.

Las listas de espera de la atención temprana

Otro de los puntos clave es la atención temprana, un servicio destinado a niños y niñas en las primeras etapas de su vida, de los 0 a los 6 años y que tiene como fin detectar “algún tipo de trastorno en su desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla y/o dependencia”, según la web de la Comunidad de Madrid. Según las cifras de la propia página oficial a fecha de 30 de junio de 2026, el número de demandantes en lista de espera para atención temprana actualmente es de 908 personas, una cifra que varía mes a mes pero que suele rondar los mil pacientes.

Esta espera ha hecho que asociaciones como la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid haya ofrecido costear los tratamientos para menores con discapacidad o riesgo de padecerla que se encuentren en estas listas de espera para evitar que la espera les suponga un perjuicio para su salud.

Falta de plazas en las escuelas infantiles

Mientras la huelga indefinida de las educadoras de infantil de 0 a 3 años continúa, cada año miles de niños y niñas se han quedado sin plaza de nuevo en las escuelas públicas infantiles de la capital. Para el curso 2024-2025, la cifra ascendía hasta las 11.400 familias sin plaza en Madrid ciudad, lo que obliga a muchas de ellas a dejar a los más pequeños en centros privados con el coste extra que eso supone.

Además, la polémica por las altas temperaturas en las aulas saltó de nuevo este año al calor de las movilizaciones de las educadoras infantiles. Una problemática que afecta a colegios públicos de primaria, pero también a las aulas de infantil y que, según explican desde las asociaciones de familias, a los más pequeños les afecta especialmente debido a que pierden la concentración y están más irritables pero no consiguen entender por qué. “Guantánamo está a la par de las escuelas infantiles”, criticaban desde una de las asociaciones de familias, en declaraciones a elDiario.es el pasado mes de junio.

Una polémica que subió el tono todavía más y causó la indignación de las familias ante las declaraciones del consejero de Cultura de Ayuso, Mariano de Paco, que aseguró que el calor insoportable con el que muchos niños tenían que ir a clase también les podía servir de “fuente de inspiración”.

Solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza tienen beca comedor

Las tareas pendientes en materia de educación también afectan a los más pequeños. Se repiten las críticas contra lo conocido como 'cheques-guardería', ayudas para centros de Educación Infantil privados que las familias critican por suponer subvenciones que van a parar a manos privadas en lugar de aumentar las plazas en los centros públicos. Este sistema viene de la Comunidad de Madrid, aunque el Ayuntamiento también tiene una medida similar que funciona a través de una beca infantil. Estos “cheques” funcionan para las niñas y niños de 0 a 3 años pero también para Formación Profesional (FP) y bachillerato.

Pero los puntos débiles de la educación pública en la región no solo están en el acceso a la misma. La brecha de la desigualdad también puede verse fuera de las aulas, concretamente, en el comedor escolar. En mayo de este año, la plataforma Comedor Universal por Derecho publicaba un informe en el que subrayaban que solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza en la comunidad tenían reconocida esta ayuda, una situación que no solo hace que los pequeños no puedan alimentarse como el resto, sino que además, “compromete tanto su derecho a la educación como su derecho a socializar en igualdad con el resto de sus compañeros”.

Casi 150.000 niños y niñas en situación de pobreza severa

El acceso igualitario al comedor escolar afecta especialmente a los menores de familias con rentas más bajas, sobre todo a las personas migrantes en situación irregular en la capital. Pero es que, además, la situación es más preocupante si miramos las cifras de la pobreza infantil en la región, que es la cuarta economía más grande de la Unión Europea.

Según el análisis de la Plataforma de la Infancia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi 150.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de pobreza severa en la comunidad.

En 2024 se alcanzó la cifra más alta registrada hasta el momento en Madrid y ahora la tasa AROPE, con la que se mide la pobreza, disminuye más de cinco puntos y posiciona a la comunidad por debajo de la media nacional, aunque la tasa para la población infantil sigue superando en más de seis puntos a la de la población adulta. En total, casi 280.000 niños y niñas están en riesgo de exclusión social en la región. Una situación que se ve agravada especialmente en los hogares encabezados por mujeres.

En cuanto a desigualdad territorial en general (no solo en población infantil), la región es la que peor dato tiene. “La Comunidad de Madrid tiene la tasa de desigualdad más alta de España, con un coeficiente Gini de 31,8”, indican en otro informe de 2025. Además, los análisis de las asociaciones e instituciones sobre la situación de la pobreza infantil indican que la vivienda juega un papel crucial para el aumento de la desigualdad.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la pobreza infantil severa en Madrid y en España hasta el año 2024, con el incremento que experimentó ese año:

Hasta que el Gobierno aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) eran los programas autonómicos de rentas mínimas de inserción (RMI) los que promorcionaban una prestación para hogares en situación de pobreza. Según indica el European Anti Poverty Network (EAPN) en su informe de este año, aunque el IMV fue concebido para que funcionase como un suelo base para las RMI, algunas comunidades suspendieron las nuevas solicitudes de RMI. En Madrid, el número de beneficiarios de RMI ha caído en un 95,9% de 2019 a 2024, la comunidad con un mayor descenso de estas ayudas.

Desde Más Madrid lamentan que se hayan rechazado las enmiendas a la “ley del concebido no nacido”, especialmente una que sí tenía que ver con el propio contenido del texto y que Marta Carmona, diputada del partido, considera una “oportunidad perdida”: la posibilidad de equiparar las familias monomarentales con las numerosas. Según el análisis de Plataforma de la Infancia, el 55% de los hogares monomarentales están en situación de pobreza y/o exclusión social.

Extremadura lidera la duración media de las bajas laborales y la espera en Traumatología, según recoge el informe de UGT ‘Situación de la IT y sus efectos en la salud“. El aumento de las listas de espera, la saturación de la atención especializada y las demoras diagnósticas y terapéuticas retrasan la recuperación de la salud y prolongan innecesariamente las bajas laborales. Por ello, UGT Extremadura urge a actuar las administraciones y las empresas para evitar que las incapacidades temporales se cronifiquen por una falta de atención sanitaria y preventiva adecuada.

La duración media de los procesos de incapacidad temporal en Extremadura alcanza los 87,13 días en 2025 situándose muy por encima de la media estatal de 45,8 días, lo que significa que una baja laboral en Extremadura dura prácticamente el doble que en el conjunto del país, explica el sindicato, que también advierte de que esta situación no es un problema de absentismo, sino “un síntoma del deterioro de la salud de las personas trabajadoras y de las dificultades del sistema sanitario para responder a tiempo”. En Extremadura, el volumen de procesos de incapacidad temporal es relativamente bajo —108.437 procesos en 2025—, pero acumula 9.447.761 días de baja, lo que refleja que el problema central “no es tanto el número de bajas como su prolongación”.

UGT subraya que la situación es “especialmente grave” en las listas de espera. Extremadura registraba en 2024 una espera quirúrgica media de 164 días, frente a los 103,8 días de media nacional. Esto supone alrededor de 60 días más de espera que el conjunto del Sistema Nacional de Salud. La diferencia es aún más llamativa en Traumatología, una especialidad clave por su relación con las patologías musculoesqueléticas, una de las principales causas de bajas laborales de media y larga duración. En esta especialidad, Extremadura alcanza los 242 días de espera, el peor dato autonómico recogido en el informe.

Para UGT estos datos demuestran que las listas de espera sanitarias “constituyen un componente estructural que incide en la prolongación de las bajas laborales”. Cuando una persona trabajadora no recibe a tiempo diagnóstico, tratamiento, intervención quirúrgica o valoración especializada, su recuperación se retrasa y la incapacidad temporal se alarga. Esta realidad tiene un impacto directo sobre la salud y calidad de vida de las personas afectadas y sobre la Seguridad Social.

Bajas de más de un año

El informe también señala que Extremadura aparece entre las comunidades con mayor incidencia de procesos de incapacidad temporal de más de un año, junto con Asturias, Melilla, Cantabria, Galicia y Canarias. Este dato refuerza la preocupación por la cronificación de las bajas y por la dificultad de recuperación en determinados territorios.

UGT denuncia que en Extremadura no se ha firmado ningún acuerdo que posibilite que las mutuas adelanten pruebas en procesos traumatológicos de Incapacidad Temporal por Contingencia Común. Dos años después de la firma de un acuerdo tripartito en el seno del diálogo social por el que se posibilitaba a las Mutuas y a las Consejerías de Sanidad autonómicas establecer convenios que ayudasen a recuperar la salud de las personas trabajadoras adelantando procesos quirúrgicos, diagnósticos y rehabilitadores, “en Extremadura como en otras muchas comjunidades este acuerdo no se ha firmado, lo que lleva a concluir que dado que las patologías traumatológicas son una de las primeras causas de IT parece evidente que la Junta de Extremadura ni las Mutuas están interesadas en reducir el número de bajas ni el tiempo de duración”.

Por otro lado, el 97% de los convenios sectoriales vigentes en Extremadura cuentan con complementos retributivos sobre algún tipo de prestación. Se podría vincular el repunte de la IT en los últimos años a que la negociación colectiva ha mejorado notablemente este tipo de cláusulas. Sin embargo, “un análisis de las cláusulas convencionales de IT en Extremadura indica que no han variado sustancialmente a lo largo del tiempo”, por lo que, según UGT, el aumento de la IT no proviene de dichas cláusulas, sino de un deterioro en la salud de las personas trabajadoras más relacionado con el deterioro en el sistema de salud, y en la falta de inversión en prevención de riesgos por parte de empresas y administraciones públicas.

En conjunto, el sindicato señala que Extremadura“ no destaca por tener más bajas, sino porque las bajas duran mucho más. Y eso exige examinar y analizar las causas: listas de espera, falta de recursos sanitarios, deterioro de la salud laboral y ausencia de una prevención real de los riesgos psicosociales.

“La solución no pasa por endurecer el control de las bajas ni por culpabilizar a las personas trabajadoras, sino por reforzar el sistema sanitario público, reducir las listas de espera, invertir en prevención de riesgos laborales y abordar de manera específica los riesgos psicosociales y organizativos en las empresas”, explicado UGT, que reclama que las administraciones públicas y las empresas asuman urgentemente su responsabilidad en este ámbito.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de impulso en la Asamblea para instar a la Junta a poner en marcha un plan de choque en la atención primaria sanitaria con una inversión de 250 millones de euros. El objetivo de esta actuación es “resolver la demora asistencial y reforzar los recursos humanos especialmente en el mundo rural”.

Según han recordado los socialistas, la propuesta de impulso recoge uno de los siete acuerdos de región que el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ofreció a la presidenta del Ejecutivo, María Guardiola, quien los rechazó en el debate de la enmienda a la totalidad de los presupuestos de 2026.

A juicio de la diputada del Grupo Socialista Soraya Vega, la atención primaria en Extremadura “está peor que hace tres años y no debemos ni podemos normalizar que una persona tenga que espera entre 12 y 14 días para que te vea el médico de cabecera”.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes, Vega ha detallado que el plan de choque debe servir para cumplir con el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria del Sistema Nacional de Salud que establece que el tiempo máximo de espera para que te vea el médico de cabecera no debe superar las 48 horas.

“Si la atención primaria falla, falla el sistema porque es la columna vertebral de la sanidad y un mecanismo de cohesión territorial. Si no es robusta, el hospital colapsa y la ciudadanía queda desprotegida”, ha explicado.

En su opinión, esta situación no es algo inevitable, “es una decisión política y queda claro que para Guardiola la atención primaria no es prioritaria y en lugar de reforzarla incrementa sensiblemente los fondos públicos que se destinan a la privada”, ha dicho.

Consecuencia de ello, según la diputada, es el aumento en la demora de los tiempos de espera, una peor valoración del sistema sanitario y una ciudadanía que sufre y percibe una peor organización de la sanidad pública.

Además, ha manifestado que hay dos modelos, el que considera la sanidad como un derecho y otro que lo entiende como un negocio. “El primero apuesta por los médicos de familia y la enfermería comunitaria y el segundo por debilitar la atención primaria y destinar cada vez más dinero público a la sanidad privada”, ha subrayado.

Con el plan de choque propuesto se pretende reforzar plantillas, reducir demoras en tiempos de espera y garantizar la cobertura sanitaria, sobre todo, en el medio rural.

La gestión de los recursos de transporte sanitario aéreo en Extremadura ha generado una fuerte indignación entre profesionales del sector. La raíz del conflicto es la reciente redistribución de las aeronaves operadas por la empresa Avincis, que ha dejado a la base de Cáceres con un equipo incapaz de operar durante las horas de más calor, justo cuando la región registra temperaturas extremas.

La base de Cáceres contaba desde el pasado 29 de junio con un Leonardo AW109S Grand. Este modelo cuenta con mejores prestaciones de vuelo que el Agusta A109 (modelo más antiguo que utiliza habitualmente el servicio), estando especialmente preparado para mantener la operatividad durante los meses de verano. Esta aeronave permanecía en Cáceres pendiente de terminar los trámites administrativos para su puesta en marcha definitiva.

Sin embargo, el pasado viernes, el helicóptero con base en Don Benito sufrió una avería técnica. Ante esta emergencia, la respuesta fue inmediata: el Leonardo AW109S Grand que estaba en Cáceres fue trasladado a la base pacense para cubrir el hueco. Esta decisión dejó a Cáceres operando nuevamente con el Agusta A109, cuyas capacidades se ven notablemente condicionadas cuando aumentan las temperaturas ambientales.

Limitaciones de vuelo y ocho activaciones suspendidas

Los profesionales del transporte sanitario aéreo explican que el Agusta A109 presenta restricciones de rendimiento cuando se combinan temperaturas elevadas, altitud y peso operativo. Estas circunstancias reducen la capacidad de sustentación de la aeronave, obligando a limitar o suspender operaciones por motivos de seguridad.

Las consecuencias asistenciales han sido inmediatas. Según las fuentes consultadas por elDiario.es Extremadura, se han dejado de realizar ocho activaciones desde que se produjo el cambio. El pasado martes, el helicóptero de Cáceres quedó inoperativo a partir de las 14:00 horas precisamente por estas limitaciones derivadas del calor. De haber permanecido en la base el Leonardo AW109S Grand, la aeronave habría podido continuar prestando servicio con normalidad.

La parálisis del servicio ha afectado a emergencias críticas, entre ellas un SCACEST (síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST). Al no poder movilizar el helicóptero, el traslado desde Montánchez hasta el hospital tuvo que realizarse por vía terrestre, aumentando los tiempos de respuesta. Ese mismo día, otros dos códigos infarto requirieron una respuesta asistencial que también se vio comprometida.

Agravio comparativo

Miembros de la plantilla sanitaria de Cáceres denuncia un “agravio comparativo”. Los profesionales consideran incomprensible que la aeronave de mejores prestaciones permaneciera bloqueada en su base por cuestiones administrativas y que, en cuanto surgió un problema en Don Benito, fuera desplazada de forma inmediata. A su juicio, esta gestión ha priorizado la cobertura de una base a costa de reducir la capacidad de respuesta de la otra en plena ola de calor, el momento en que las limitaciones del modelo antiguo condicionan con mayor frecuencia la seguridad del transporte aéreo.

El SES, por su parte, confirma que el helicóptero de mayores prestaciones ha sido destinado temporalmente a Don Benito mientras se repara la aeronave averiada de esa base. En su respuesta a elDiario.es Extremadura, el organismo sostiene que ambas bases continúan operativas y que el servicio “se está prestando con normalidad”.

Sin embargo, no responde a las preguntas planteadas por este medio sobre las razones por las que esa aeronave no llegó a incorporarse previamente al servicio en Cáceres, pese a encontrarse ya en la base cacereña, ni aclara si durante estos días se han producido incidencias o cancelaciones de activaciones relacionadas con las limitaciones operativas derivadas de las altas temperaturas.

En marzo de 2025, el Gobierno cerró con las aseguradoras Adeslas y Asisa un acuerdo para la continuidad de Muface, el seguro privado finaciado con fondos públicos al que están acogidos cerca de un millón de personas, entre funcionarios y sus familias. Tras meses de tensiones, varias propuestas y la mutualidad en peligro, el Ejecutivo acabó poniendo sobre la mesa 4.808,5 millones de euros para los años 2025, 2026 y 2027, lo que suponía un incremento de la prima de más el 40%.

Ya entonces la Organización Médica Colegial (OMC) remitió una carta a los profesionales de la privada, animándoles a presionar a las aseguradoras para aumentar sus retribuciones. Pero, a estas alturas, un 80% de los médicos privados que trabajan con la mutualidad aseguran “no haber recibido ninguna mejora de honorarios”, según una encuesta de esta entidad a más de 1.200 facultativos.

“Los datos evidencian una profunda brecha entre los recursos públicos destinados al sistema y la realidad que describen los profesionales que integran la red asistencial”, denuncian desde la OMC, que reclama “transparencia y mecanismos de seguimiento para asegurar que los recursos públicos refuercen la calidad y sostenibilidad” de todo el sistema.

Pese a ese aumento mil millonario de las primas, la enuesta de la OMC arroja que el 74% de los médicos no han visto mejorados sus honorarios “ni siquiera para compensar el aumento del IPC” y que, de entre quienes han obtenido incrementos, “aproximadamente uno de cada tres señala que ha sido de apenas entre un 1 y un 3%, muy lejos de los porcentajes anunciados públicamente” por las aseguradoras.

En su momento, desde las aseguradoras ya trasladaron su intención de negociar caso por caso, dependiendo de las especialidades y los territorios. Esto dej a los profesionales en una situación de debilidad a la hora de pactar una mejora en sus condiciones y en una situación de dependencia respecto a las compañías que manejan esos 4.808 millones de dinero público.

Por eso, desde la OMC reclaman “avanzar hacia mecanismos de interlocución colectiva que permitan una negociación más equilibrada y transparente entre los profesionales y las aseguradoras”. Y, para ello, “nueve de cada diez encuestados considera que las corporaciones profesionales, los sindicatos médicos y las organizaciones de autónomos pueden desempeñar un papel relevante para defender unas condiciones retributivas justas y transparentes”.