Como profesional que ha dedicado tiempo al cuidado y tratamiento de los pacientes rurales, algunos de ellos con enfermedad renal crónica, la publicación del reciente informe técnico sobre el estado de la hemodiálisis en nuestra región me obliga a continuar comentando sobre este asunto.

Tras meses de demandas legítimas por parte de los afectados y de la propia asociación ADERHE, los datos definitivos no solo les dan la razón a sus demandas, sino que desvelan una realidad asistencial profundamente preocupante y una alarmante desconexión entre las promesas políticas y la praxis médica real. El informe facilitado recientemente a ADERHE y elaborado por la empresa adjudicataria expone una serie de conclusiones que, analizadas con rigor clínico, pueden resultar alarmantes. Creo que lo más grave de este documento es la confirmación oficial de la existencia de datos subóptimos respecto a la inclusión de pacientes en la lista de espera para trasplante renal.

La inclusión en esa lista de espera de trasplante no es un mero trámite burocrático; es la vía hacia la supervivencia cualitativa, la alternativa terapéutica más eficiente, digna y humana frente a la servidumbre que supone depender de la máquina de diálisis. Los datos que refleja ese informen se pueden calificar como “subóptimos”, porque el mínimo exigible a los centros de diálisis es un 10% en lista de espera de trasplante, y en centros de Albacete no llega al 8% y en Toledo no llega al 7%. Estas cifras, aunque parezcan pequeñas, cambia por completo la vida de estas personas que siguen atadas a una máquina 2 o 3 días por semana. En términos llanos, esos datos muestran que existen retrasos, fallas de protocolo o deficiencias estructurales que están limitando el derecho de los ciudadanos a acceder a tiempo a un órgano.

Esos datos muestran que existen retrasos, fallas de protocolo o deficiencias estructurales que están limitando el derecho de los ciudadanos a acceder a tiempo a un órgano

Esta situación es suficiente para justificar de manera inmediata que ADERHE exija explicaciones formales tanto a la Coordinación Regional de Trasplantes como a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Defender los derechos de los pacientes implica exigir total transparencia sobre por qué los enfermos no están siendo registrados con la celeridad que los protocolos nacionales exigen.

Uno de los puntos más controvertidos del actual escenario radica en la cronología de las decisiones políticas. En febrero de 2026, el consejero de Sanidad compareció ante los medios de comunicación en Televisión Hellín afirmando que la centralización del servicio en Albacete respondía estrictamente a criterios de “seguridad del paciente”, argumentando la falta de evidencia científica para sostener unidades de menos de 50 o 60 pacientes y la escasez de personal (aludiendo a la presencia de una única nefróloga en la localidad). El consejero tildó las demandas sociales de “ruido” y llamó a “poner cordura”.

Sin embargo, la realidad de las fechas oficiales desmonta ese relato de prudencia técnica. Se ha constatado que la convocatoria para la reunión del grupo de trabajo sobre el Documento Marco de Hemodiálisis de Castilla-La Mancha se fijó para el 27 de febrero de 2026. Esto desvela dos cuestiones demoledoras: primera, que desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2026 el grupo de trabajo estuvo completamente paralizado e inactivo, ignorando durante año y medio el mandato de las Cortes regionales; y segunda, que cuando el consejero se apoyó en “criterios técnicos” a principios de febrero, debía referirse a los de su formación como especialista en medicina, pero no a los del comité de expertos de Nefrología porque ni siquiera se había reunido.

Todo invita a pensar que se utilizó el argumento técnico de manera preventiva para justificar una decisión política de centralización de costes, hurtando así de facto el debate sobre el asunto. Ambas fechas confirman punto por punto lo que ADERHE venía denunciando públicamente en el otoño de 2025. Nadie en la comunidad médica osaría comprometer la seguridad de un paciente renal. Es indiscutible que una unidad de hemodiálisis requiere el soporte de especialistas con experiencia y un respaldo científico sólido. Pero esgrimir de forma taxativa que una unidad con menos de 50 pacientes es clínicamente inviable o inherentemente peligrosa, es una verdad a medias que puede rozar la desinformación. Existen modelos de unidades de diálisis periféricas o de proximidad, perfectamente seguras y eficientes en la geografía nacional, siempre que estas cuenten con la dotación presupuestaria, la infraestructura técnica y los canales de interconsulta adecuados.

Decirle a un paciente pluripatológico de Hellín que la distancia y la dispersión geográfica no importan, y que su obligación es desplazarse sistemáticamente a Albacete por su "propia seguridad", mientras la administración congela la dotación de plazas sanitarias, suena a falacia asistencial

Decirle a un paciente pluripatológico de Hellín que la distancia y la dispersión geográfica no importan, y que su obligación es desplazarse sistemáticamente a Albacete por su “propia seguridad”, mientras la administración congela la dotación de plazas sanitarias, suena a falacia asistencial. Los criterios técnicos de cualquier especialidad médica moderna, y la Nefrología es una de las más avanzadas en esa materia al regirse estrictamente por protocolos y criterios con evidencia científica, deben servir para buscar soluciones y acercar el tratamiento al paciente, y nunca como un parapeto administrativo para disimular el ahorro presupuestario.

Si el problema real es la falta de profesionales, la solución ética pasa por convocar plazas atractivas y dotar al Hospital de Hellín de un servicio estructurado, no por resignarse y centralizar de forma crónica el sufrimiento físico y emocional del paciente y de sus familias. El propio consejero afirmó públicamente que, si los estudios y los profesionales técnicos indicaran la viabilidad de la unidad, la inversión económica o la obra no serían un obstáculo para llevarla a cabo. Llegados a este punto, esa promesa debería cumplirse de inmediato de forma transparente. El grupo de trabajo recién convocado debe evaluar la situación sociosanitaria de Hellín sin apriorismos políticos ni presiones centralizadoras orientadas a cuestiones presupuestarias. La decisión política debe ser posterior.

Creo que ADERHE debe mantenerse firme y beligerante en sus reivindicaciones. No pueden permitir que los datos de inclusión en lista de espera de trasplantes sigan siendo deficientes en los informes de las adjudicatarias, ni que se justifique la inacción institucional mediante la parálisis selectiva de los órganos de evaluación técnica. La salud renal y la calidad de vida de los ciudadanos de Hellín se defienden dotando de recursos humanos a la periferia y garantizando la equidad en el acceso a la salud.

Los pacientes deben contar con el respaldo suficiente de los profesionales de Nefrología, de las sociedades científicas regionales y nacionales, de no ser así estarán afrontando en solitario una lucha desigual frente a las Administraciones. Es momento de que todas las partes implicadas trabajen conjuntamente para garantizar una atención sanitaria equitativa, cercana y acorde a las necesidades reales de estos pacientes.

El número de pacientes del área de Vigo asignados a Povisa, un centro privado propiedad del grupo Ribera con el que la Xunta tiene un millonario concierto, se sitúa en el más bajo de su historia. Son poco más de 102.000, después de que unos 8.000 pasasen de este centro a los de la red pública en abril, cuando se abrió la ventana para hacer el cambio. Pese a la elevada cifra, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha tratado de limitar las causas a que los ciudadanos deciden libremente.

Todos los años, añadió, se permite pasar de un sistema a otro y hay un trasvase de pacientes. Y, si el de 2026 ha sido más alto de lo habitual, quienes tienen que aclarar los motivos son, a su juicio, los que han pedido el cambio: “Ellos deben explicar sus razones”. El presidente gallego evitó hacer un análisis o pronunciarse sobre si han pesado cuestiones como el aumento de servicios en la parte pública de la sanidad en Vigo o los escándalos que afectan al grupo Ribera. En los últimos meses, se han conocido las maniobras para alargar listas de espera en Torrejón (Madrid) con el fin de lograr más ingresos o que se reutilizaron varias veces catéteres de un solo uso.

Preguntado por esta salida masiva de pacientes de Povisa, el presidente de la Xunta se ha limitado a responder que agradece la confianza que tienen en que estarán bien atendidos en la pública y a manifestar que la obligación de su equipo es que reciban cuidados adecuados tanto en ese sistema como en el hospital concertado.

Carolina África ha levantado una obra de teatro donde la emoción, como pocas veces, explota en la platea. El público que asiste a ver la obra se conmociona con esta historia cotidiana de unos personajes atrapados en la tragedia de la pandemia del covid-19 y una sanidad pública que se tambalea. Una buena vida es un alegato en defensa de la cultura de los cuidados y la sanidad pública, una pertinente crítica al desmantelamiento de lo social. Pero esta obra pequeña y en apariencia simple —en el Teatro María Guerrero de Madrid hasta el 21 de junio— es también una acusación a una sociedad enferma y amnésica.

La tragedia que provoca esa catarsis entre el público no se debe tan solo al sufrimiento de los personajes, sino también a la verdad que esta obra pone frente al espectador: la de un país que ya ha olvidado lo que pasó, la de una sociedad que salía con denuedo a los balcones a agradecer a los sanitarios, pero que hoy ya ni se acuerda. Una buena vida trata sobre la trágica capacidad del hombre contemporáneo en olvidar las cosas que decidió que eran importantes.

La trama es sencilla: una mujer (la propia Carolina África) resbala a la salida del hospital cuando sale de haber parido a su hija. Se fractura el pilón tibial y ha de estar internada varias semanas. El resbalón es debido a que todavía quedan restos de la borrasca Filomena. Es enero de 2021 y el hospital está con nuevas restricciones ante una nueva ola del covid-19. La mujer está en una habitación con Teresa (Ahimsa), una enferma mayor con demencia senil, y la cuida un atento enfermero (Jorge Kent).

La historia surge de una vivencia personal de la propia autora, pero la obra no tira del género de la autoficción. En escena se respeta la unidad de tiempo y espacio y las actuaciones son de un realismo descarnado, de un naturalismo muy cotidiano. Pero África compone un dispositivo que, aunque tarde en aparecer y tenga algo de efectista, quebrará la obra.

El universo de esta creadora escénica, que comenzó hace 15 años con su compañía La Belloch, es reconocible, particular. Es el suyo un teatro de las emociones, un teatro que parte de lo cotidiano, de personas de carne y hueso. La autora poco a poco va mostrando sus intimidades y sus miedos, hasta que los pliegues y complejidades de cada personaje afloran. En sus obras, África une crudeza y humor, aunque a veces tiende a dulcificar, a embellecer en exceso, a dejarse llevar por la ternura imaginada de sus personajes. Todo esto está en esta obra, pero en esta ocasión sale victoriosa.

Las causas son varias. Por un lado, consigue que el efecto teatral del final de la obra funcione, conmueva hasta la parálisis del teatro. Cuando ocurre, no lo vamos a contar, hay un silencio en que uno puede escuchar hasta el temblor de las butacas vecinas. Por otro, cuenta con un personaje, un Juan nadie', un ser anónimo que se come la escena. Jorge Kent, que interpreta al enfermero, está enorme. En cada gesto, en la energía donde coloca el cuerpo, en la composición del arco emocional.

Kent lleva años trabajando mucho y bien con directores como Alfredo Sanzol, Rakel Camacho o Marta Pazos. Es uno de los mejores actores de su generación. Pero en esta pieza realiza un trabajo —que debería girar por todas las escuelas de teatro— donde hace sin hacer, donde no hay ni un exabrupto ni un gesto o un decir que busque el reconocimiento o la floritura. Kent se repliega por completo para y en su personaje y consigue albergar toda la subtrama de la pieza, acarrear el peso de toda la obra.

La acompaña África, que compone un personaje cercano, verborreico hasta llegar a ser pesada, una madre desesperada que ya no sabe qué decir o hacer para abrazar a su recién nacido a quien por las normas de la pandemia no puede ni visitar. Ella lleva la batuta de todos los diálogos, del ritmo de la función, y consigue ser efectiva y creíble. Y completa el reparto Ahimsa, que compone una anciana enorme, Teresa, un papel duro de hacer, dificilísimo para que tenga verismo sin llegar a la afectación, pero que esta actriz borda.

Alguien podrá esgrimir que África es un poco terrorista emocional, que juega con las emociones del público. Es cierto que a veces lo bordea, como en el final de la obra en el que el uso de unas sombras demasiado simbólicas pueden echar al espectador de la función por el grado de caramelo utilizado. Pero la obra está llena de recovecos estupendos.

Uno de ellos es el uso del lenguaje, que no es otro que el que usamos en la calle, pero que nos sigue sonando malsonante encima de un escenario, algo que pone sobre el tapete una interesante pregunta: ¿qué es lo que esperamos ver en un teatro? Otro acierto es el uso de los cuerpos que reflejan con naturalidad, sin melindres, la dureza de un hospital. Una manera efectiva y honesta de romper con el artificio y acercar la severa realidad del paciente. En escena vemos cómo el enfermero cuida el cuerpo de Teresa, le limpia el culo, las axilas, la espalda… Son escenas bellísimas en que la actriz Ahimsa interpreta a esa Teresa ya ida con una dignidad inconmensurable.

Destaca también la gran capacidad de África de mostrar a través de la historia, sin tener que recalcarlo con textos dirigidos a público, la crudeza de una sanidad cada día más precarizada e inhumana. Cuando vemos a esos enfermos pasando frío porque no hay más mantas, utilizando frascos de orina con chinchetas dentro como sonajeros que sustituyan a los timbres que no funcionan o pidiendo cuidados a unos enfermeros desbordados, nos asalta la certeza de que sabemos lo que está pasando y lo que permitimos con nuestros votos.

Todo ese entramado de aciertos, en ese escenario que llega a oler a detergente industrial y comida recalentada, confronta al espectador no ya solo con la precariedad de la sanidad pública, sino también con las prioridades que nos estamos dando como sociedad y como individuos.

Esa Teresa ahí callada, qué gran acierto es que no diga ni una sola palabra, nos habla de los miles de ancianos que se abandonó en las residencias a su buena suerte, pero también de qué hacemos nosotros para incluirles, cuidarles y darles un espacio donde tengan palabra y dignidad. África, en definitiva, consigue que aparte de la crítica social, cada espectador se pregunte sobre su propia vida, sobre si aquello que creyó era importante todavía sigue siéndolo o lo ha perdido en la vorágine de un presente que no cesa.

Esta sociedad está hecha, construida y sostenida por gente anónima. Gente que en ocasiones vive vidas más o menos placenteras, pero en otras es tocada por la tragedia, desahuciada, explotada o forzada a pasar por calvarios donde su padecer no importa. Su dolor es demasiado pequeño ante un Estado que los trata como números, pero también ante una sociedad civil amnésica que anda pegada a las pantallas de óxido de indio y estaño, absorta en la trifulca política o la última polémica mediática inventada. Y en ese acontecer absurdo lo importante se va desdibujando, quedándose atrás. No importa lo que haya pasado, todo se olvida en un presente unidimensional, amorfo. A esa amnesia que crece a la velocidad de un virus es a la que ataca esta obra.

Es una pena que esta producción del Centro Dramático Nacional no haya sido coproducción y, por lo tanto, no pueda girar sino de manos del CDN. Es una obra pequeña y la dirección de este centro, que tiene dineros muy limitados para hacer girar sus producciones, debería ver el modo para que no muera en junio con la última función programada. Consigue algo muy especial y valioso, tanto a nivel teatral como social, que debiera recorrer muchas de las ciudades de este Estado.

Hola,

Espero que estos días de calor hayan ido bien, que estés en alguna zona donde no apriete mucho el termómetro o puedas resguardarte de las altas temperaturas. Luego hablaremos de esto. 

Hoy quiero empezar con un tema que muestra algunas desigualdades del sistema sanitario español. En función de dónde estés leyendo este boletín, tienes que saber que los gobiernos autonómicos gastan más o menos de media por habitante —por ti, por mí— en sanidad. 

Cómo sabes, en el Sistema Nacional de Salud hay unas prestaciones básicas, que deben ofrecer todas las comunidades. Por encima de eso, estas tienen capacidad para ofrecer otros servicios, invirtiendo más recursos propios, pero la mayor partida va para la remuneración de los trabajadores del sector. En total, de los más de 101.000 millones de euros en 2024, el último año con datos disponibles, los servicios hospitalarios y especializados supusieron el 62% del gasto y el 45%, más de 45.500 millones, van para la remuneración de los profesionales.

¿Quién gasta más y menos? Euskadi y Asturias están a la cabeza, con 2.332 y 2.322 euros de media por habitante. Andalucía y Madrid —que presume de ser una de las comunidades más ricas—, a la cola, con 1.658 y 1.779 euros. La diferencia es de hasta un 40%. El gasto medio en todo el territorio ronda los 2.084 euros.

Sobre estos datos elaboraron un informe el catedrático de la Universidade de Santiago, Santiago Lago Peñas, y la de la Universidad de Las Palmas, Beatriz González López-Valcárcel, que es todo un referente en economía de la salud. Ambos presentaron su trabajo en el Congreso hace unos días y dejaron reflexiones muy interesantes. 

Ellos establecían tres factores que explicaban las diferencias. Dos son los lados de una misma moneda: lo que necesitas y lo que puedes gastar. Un poco como en cualquier economía. Ponían el ejemplo de las comunidades más envejecidas y las que tienen menos población: tienen que invertir más para atender a sus mayores, mientras sus costes fijos son los mismos que los de una comunidad grande, pero repartidos entre menos. Y también las que tienen más dinero, porque salen beneficiadas cuando toca repartir. Por eso, hacían un llamamiento a reformar el sistema de financiación autonómica. 

El tercer factor, sin embargo, me resultó muy interesante. En términos sanitarios y democráticos. “Cuando analizas la distribución entre gasto público y privado, aparecen diferencias notables”, señalaba Lago, que las enmarcaba dentro de “preferencias diversas y políticas, que son legítimas, justas y razonables”. “El Estado autonómico se creó para que haya posibilidad de elegir, por eso es importante explicarle a la ciudadanía cuáles son las decisiones políticas que se toman en cada territorio, para que el debate público sea de calidad”, decía. 

Receta rápida

Hace calor y... ¿no pasa nada?

Es la teoría del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: “Cuando hace calor, hace calor”. “Y aquí estoy y aquí estamos todos y no pasa absolutamente nada”, dijo su consejero Mariano de Paco en la Asamblea —con aire acondicionado— para defender al Ejecutivo de las críticas sobre las altas temperaturas a las que tiene que recibir clase el alumnado madrileño, ante la falta de adaptación de las aulas a las altas temperaturas. Planteó, incluso, que servía de “inspiración”, pero lo cierto es que la evidencia apunta en la otra dirección. 

La Asociación Española de Pediatría apunta, sin embargo, que lejos de activar la inspiración, el calor puede hacer que niños, niñas y adolescentes sufran deshidratación, agotamiento y deterioro del rendimiento físico y cognitivo. No parece algo para tomarse a broma. 

Más allá del calor en las aulas, el sistema de monitorización de mortalidad diaria (MoMo) registró en mayo 101 defunciones atribuibles a las altas temperaturas. Es el máximo histórico para ese mes.

Con esto me despido por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Pasa muy buen fin de semana, protégete del calor y ¡salud!

Representantes de los consejos de Salud de las distintas zonas básicas del sector Barbastro (Huesca), junto con la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro y la Plataforma de Afectados por Oncología del Hospital de Barbastro, han mantenido una reunión de trabajo esta semana en Monzón para aprobar un documento conjunto sobre la situación sanitaria del sector y las necesidades detectadas en Atención Primaria, Hospital de Barbastro y atención oncológica.

A la reunión han asistido 11 de los 15 consejos de Salud del sector Barbastro y representantes de la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro y de afectados de Oncología del mismo Hospital.

El documento es el resultado de un proceso participativo iniciado el pasado mes de mayo, cuando los distintos Consejos de Salud acordaron analizar y debatir en sus respectivos ámbitos los documentos elaborados por las entidades participantes. Tras ese trabajo previo, las aportaciones realizadas han sido puestas en común y consensuadas en una posición única compartida.

Los asistentes han aprobado asimismo una hoja de ruta común para trasladar las conclusiones y propuestas recogidas en el documento a las distintas administraciones e instituciones competentes. “El acuerdo alcanzado constituye un acuerdo formal de participación ciudadana, respaldado por los órganos de representación sanitaria de la zona, y refleja la preocupación existente por garantizar una atención sanitaria pública suficiente, cercana, accesible y de calidad para toda la población del Sector Barbastro, especialmente en el medio rural”, explican.

Las preocupaciones trasladadas se basan en tres ejes principales: la preocupación por la falta de profesionales en el Hospital de Barbastro, la situación del servicio de oncología del hospital y la situación de la Atención Primaria del sector.

Los Consejos de Salud consideran que la sanidad pública constituye un elemento esencial para la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y el mantenimiento de la calidad de vida en nuestros municipios, “y esta preocupación queremos trasladarla desde la ciudadanía y desde los profesionales del sector”.

Trabajo coordinado

Por ello, el documento será remitido a los ayuntamientos, comarcas, Diputación Provincial de Huesca, grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Aragón, Dirección de Atención Primaria y del Hospital de Barbastro, Gerencia del Sector Barbastro, Gerencia del Salud, Consejería de Sanidad y a la Justicia de Aragón, al mismo tiempo que solicitarán reuniones presenciales con alguna de las entidades.

Los participantes han manifestado su voluntad de continuar trabajando conjuntamente y mantener mecanismos de coordinación y seguimiento que permitan evaluar la evolución de la situación sanitaria y las respuestas que puedan ofrecer las distintas administraciones.

La defensa de una sanidad pública fuerte, cercana y adaptada a las necesidades de un territorio rural como el altoaragonés constituye un objetivo compartido por todos los Consejos de Salud participantes que ahora cuentan con una nueva gerencia tras el nombramiento este viernes de Carmen Tosat Manch, actual presidenta del Colegio de Enfermería de Huesca y profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería de la capital altoaragonesa.

Casi ocho mil pacientes del área sanitaria de Vigo aprovecharon la posibilidad de cambiar de centro para solicitar el traslado desde Povisa al complejo hospitalario público de la ciudad (CHUVI). Povisa, propiedad del grupo Ribera, es el mayor hospital privado de Galicia y el único que tiene una población asignada a través de un convenio con la Xunta. Con esta fuga masiva, la mayor en la imparable tendencia descendente de la última década –tras la apertura del Álvaro Cunqueiro–, se queda en el número de usuario asignados más bajo de su historia: 102.489 frente a los 139.000 de 2016 o los más de 150.000 que se le atribuyen en ejercicios anteriores. Para la plataforma SOS Sanidade Pública esto supone la constatación del “fracaso” de un modelo que la Xunta ha “mantenido artificialmente”.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) abrió en abril y durante un mes el período de elección de centro para las 185.000 personas con derecho a hacerlo en el área sanitaria viguesa. Esta posibilidad, que data del acuerdo firmado en 2014 entre Xunta y Povisa, llevaba un año y medio paralizada. En octubre de 2024 fueron 3.474 los que decidieron apostar por la pública. Los 7.806 que acaban de hacerlo más que duplican aquella cifra. Entre una y otra han sido varios los escándalos que han sacudido a Ribera. El mayor, las maniobras en el hospital de Torrejón (Madrid) para alargar las listas de espera, lo que permitía aumentar los ingresos, o la reutilización hasta diez veces de catéteres de un solo uso.

Mientras, el número de pacientes que decide seguir el camino contrario y solicitar Povisa es casi testimonial, pero también baja: 276 este año y 321 en 2024. Desde que existe la posibilidad de elegir, uno de cada cuatro usuarios de Povisa han optado por acudir a la pública, algo que redunda en la saturación y las listas de espera del CHUVI. Se estima que, fuera de los períodos de elección, miles de pacientes escaparon utilizando otra posibilidad: el cambio de médico de familia a uno que tuviese asignado un centro del Sergas y no la clínica de Ribera .

Las inyecciones de la Xunta

El actual contrato entre el Sergas y Povisa acaba de cruzar su ecuador. Entró en vigor en abril de 2025 y es válido hasta marzo de 2027. La Xunta aporta 195 millones de euros para cubrir, durante este período, la atención especializada a una población de 116.000 personas. Una cifra ya entonces inflada, ya que el número total de tarjetas sanitarias asignadas era de 113.081. Este contrato, en el que Sanidade paga más por un número menor de especialidades, supuso también un cambio en las condiciones. Si, hasta entonces, Povisa facturaba per cápita, ese concierto pasó a convertires en un “contrato de servicios” en el que se paga en función de la actividad efectivamente realizada.

En 2024, tras una década en números rojos que llegó a plantear la viabilidad de la clínica, Povisa ofrecía por primera vez resultados positivos: 613.000 euros. La razón había que buscarla en el récord de ingresos procedentes del Sergas, 89 millones de euros, una cantidad equivalente a la del actual acuerdo. Como contó meses después La Voz de Galicia, ese saldo se debió a una inyección aprobada en diciembre por el Consello de la Xunta, de la que no se informó, y que permitió a Ribera Salud ingresar al menos 22,4 millones de euros. Sanidade explicó entonces que lo que habían hecho, de forma retroactiva, era “ajustar los costes reales” del servicio e “indemnizar los perjuicios que le ocasiona al contratista la permanencia forzosa en el servicio público”. El pago por paciente subió así de un golpe casi un 60%. En 2023, la Consellería ya había entregado, con idéntica falta de transparencia, otra partida de casi 6 millones a la clínica “para compensar pérdidas”.

La plataforma SOS Sanidade Pública –que, en diciembre, sacó a 15.000 personas a la calle contra el modelo privatizador– recordó que Povisa “goza de un concierto singular con el Sergas” y que, desde hace años, “ha sido privilegiado por los gobiernos del PP”, que llegaron a “recortar servicios previstos para el Hospital Meixoeiro para beneficiarla”, además de “rescatarla reiteradamente de situaciones de quiebra económica”. “En cada negociación con la Conselleria de Sanidade consiguió mejoras económicas no justificadas”, señala la plataforma en un comunicado en el que recuerda que “pasa de mano en mano, de multinacionales estadounidenses y francesas”. “Ahora, la población huye de un centro que pierde personal, servicios y recursos, demostrando que la privatización sanitaria en Galicia es un fracaso mantenido artificialmente por la Xunta”, concluye. Ni la Consellería de Sanidade ni Ribera Salud han respondido a las preguntas de esta redacción sobre el éxodo de pacientes.

Decenas de profesionales sanitarios se han concentrado este jueves ante hospitales y centros de salud de toda la geografía gallega para denunciar las listas de espera del Sergas, “uno de los principales problemas del sistema sanitario gallego”.

Convocados por la plataforma SOS Sanidade Pública, en Santiago, frente al centro de salud Concepción Arenal, alrededor de una treintena de trabajadores del sector han coreado consignas como 'coa nosa saúde non se xoga' o 'non ás listas de agarda na sanidade pública', según recoge Europa Press.

La misma escena se ha repetido en Vigo, en la rotonda del Álvaro Cunqueiro, algo más numerosa, y donde han denunciado además la situación del área sanitaria de Vigo.

En muchas localidades se han ido celebrando las concentraciones, así como en grandes ciudades como A Coruña, en la rotonda del Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC), en Ourense, a las 11.00 horas en el CHUO; en Pontevedra, a las 12.00 horas en el Hospital Provincial; y en Ferrol, a las 20.00 horas delante del Centro de Salud Fontenla Maristany.

Para la plataforma, las listas de espera del Sergas es “uno de los principales problemas del sistema sanitario”, con un incremento, por ejemplo de las quirúrgicas, del 30% desde 2019. Señalan además que la consellería sigue “ocultando” informes respecto a las listas, sin incluir la estructural, por ejemplo.

Esto se ha agravado, señalan, por los efectos de la huelga “indefinida e intermitente” convocada por los sindicatos médicos. Un derecho “totalmente legítimo” pero que está teniendo un “impacto brutal” en las listas de espera. Desde diciembre se han aplazado un cuarto de millón de consultas.

Entre las medidas que propone la plataforma, están las listas de espera “transparentes”, prioridad a aquellos pacientes con riesgo de muerte o invalidez, optimización del trabajo en los hospitales públicos -en relación a esto han recordado que los privados trabajan durante toda la jornada- en base a una negociación en mesa sectorial con los sindicatos, más personal y la potenciación de la dedicación exclusiva.

Euskadi gastó en 2024 una media de 2.332 euros por habitante en sanidad. Es la comunidad que más invierte en esta partida: un 41% que Andalucía, en la parte baja de la tabla, con 1.658 euros por persona. Las cifras, publicadas por el Ministerio de Sanidad hace unas semanas, apuntan a un sistema muy descentralizado y “desigual entre comunidades autónomas”, que son las que ejecutan el 93,6% del presupuesto, según recoge un análisis presentado este miércoles en el Congreso.

El informe, elaborado por la experta en economía de la salud y catedrática de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria Beatriz González López-Valcárcel y el catedrático de la Universidad de Santiago, Santiago Lago Peñas, trata de arrojar luz sobre la causa de unas diferencias que son notables y que dibujan un mapa autonómico a varias velocidades.

Como muestra el siguiente gráfico, las comunidades autónomas invierten una media del 6% de su Producto Interior Bruto en sanidad, con picos en Extremadura (8,9%), Murcia (8%) y Canarias (7.9%) y valles en Madrid (4%), Balears (5,4%) y Catalunya, Navarra y La Rioja (5,5%). Sin embargo, Lago Peñas advierte que, en un país como España, con una gran “solidaridad interterritorial”, el dato en el que fijarse son los euros por habitante.

El gasto medio por habitante se sitúa en los 2.084 euros, según los últimos datos disponibles. Pero la cifra varía por comunidades autónomas. Las que más gastan por persona son Euskadi (2.332 euros), Asturias (2.322) y Extremadura (2.246). El Principado es la región con la media de edad más alta de todo el país, con 49,6 años, según el Instituto Nacional de Estadística, mientras las otras dos se encuentran por encima de la media, sobre los 46 años.

Al otro lado de la tabla se encuentran Andalucía, Madrid y la Comunitat Valenciana. Estas tres autonomías, gobernadas por el Partido Popular, fueron las que menos gastaron en sanidad pública por habitante en 2024: 1.658, 1.779 y 1.867 euros, respectivamente. Según Sanidad, “las administraciones regionales fueron responsables del 93,6% del gasto sanitario público”.

El informe señala tres factores clave que explican estas divergencias. El primero es la “necesidad de gasto por habitante”. “Sabemos que el gasto sanitario se concentra en edades superiores. Por lo tanto, los territorios con mayor envejecimiento tendrán más necesidad de gastar”, explica Lago Peñas, que apunta también a unos gastos fijos que pesan más en comunidades menos pobladas, como La Rioja, Cantabria y Asturias.

El segundo factor, explicó el catedrático en el Congreso, es una forma diferente de ver la sanidad y la forma de afrontar estas inversiones. “Cuando analizas la distribución entre gasto público y privado aparecen diferencias notables”, señala. Hay en el país un ecosistema de “preferencias diversas y políticas que son legítimas, justas y razonable”, considera Lago Peñas: “El Estado autonómico se creó para que haya posibilidad de elegir, por eso es importante explicarle a la ciudadanía cuáles son las decisiones políticas que se toman en cada territorio, para que el debate público sea de calidad”.

Los expertos han hecho un llamamiento a reformar el sistema de financiación autonómico, el tercer foco de desigualdad en la inversión por habitante. “Las comunidades forales —Euskadi y Navarra— tienen mayor financiación que las demás, porque ponen encima de la mesa mucho menos de lo que les tocaría”, explica el catedrático, que ahonda en que dentro de las de régimen común existen desigualdades “que no son razonables”. “La situación de Valencia, Murcia o Castilla-La Mancha exige que actuemos y les demos mejores y más recursos”, pone como ejemplo.

Esta petición llega apenas unas horas después de que el Ministerio de Hacienda haya citado a las comunidades a reuniones bilaterales para avanzar el nuevo modelo. Según la propuesta del Gobierno central, Andalucía es la comunidad que percibiría más ingresos con el nuevo sistema en términos absolutos (4.846 millones), seguida de Catalunya (4.686 millones), la Comunitat Valenciana (3.669 millones) y Madrid (2.555 millones). 

Las comunidades del PP se han mostrado en contra de este reparto y varias de ellas han anunciado ya que plantarán al Gobierno en esas reuniones bilaterales.

101.000 millones de gasto sanitario público

España destinó en 2024 más de 101.000 millones de euros a gasto sanitario público, según la última estadística del Ministerio de Sanidad, publicada hace unas semanas. Esto supone un incremento del 4,2% respecto al año anterior y equivale al 6,4% del Producto Interior Bruto (PIB). Del grueso, “los servicios hospitalarios y especializados se mantienen como el eje central del sistema, representando el 62,1% del gasto total consolidado”, indicaba el departamento que dirige Mónica García en un comunicado. Son más de 63.000 millones de euros. Y, de nuevo del total, el 44,8% del gasto —más de 45.500 millones— va para la remuneración de las personas trabajadoras del sector.

El Grup La Pau, una cooperativa que ganó hace un año junto a otra empresa el mayor contrato público de ambulancias —valorado en 381 millones de euros— cuando ya tenía graves problemas de tesorería, ha entrado en concurso de acreedores. 

Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, la compañía solicitó el concurso el pasado 21 de mayo ante la incapacidad de hacer frente a sus deudas. El procedimiento concursal fue concedido el pasado lunes por un juzgado mercantil de Barcelona. 

El concurso, fase previa a la liquidación de la cooperativa, llega cuando solo falta un mes para que esta empresa iniciara su despliegue para prestar el servicio en la zona Barcelonès Nord tras ganar la mencionada licitación pública junto a otra compañía.

Será precisamente esta empresa con la que formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) la que se encargará de prestar el servicio individualmente a partir del 24 de junio, cuando está previsto que empiecen gestionen las ambulancias en Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs, tres ciudades de la provincia de Barcelona.

Desde el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat explican a elDiario.es que, a pesar del concurso de acreedores, se garantizará “en todo momento” la “atención ciudadana” y la “continuidad asistencial”. Añaden que el SEM “monitoriza de manera permanente” la situación para que no haya problemas en el servicio.

Cuando la licitación estaba en marcha, esta redacción ya informó de los graves problemas de tesorería que tenía el grupo La Pau. La propia cooperativa había advertido en un documento interno, apenas seis meses antes de ganar el concurso en Catalunya, que estaba al borde de la “quiebra técnica” tras acumular más de nueve millones de pérdidas entre 2021 y 2024.

Buena parte de estas deudas provenían de una gestión errática durante los años en los que la cooperativa prestó el servicio de ambulancias en algunas provincias del País Vasco, en las que La Pau recibió durante esos años más de 55 actas de inspección laboral.

El Ejecutivo vasco acabó rescindiendo el contrato con la cooperativa por su “deficiente gestión” y embargó en noviembre de 2024 los 12 millones en avales que había depositado el grupo.

También la mesa de contratación de la Generalitat tuvo dudas sobre la solvencia de La Pau, hasta el punto de que todos los miembros solicitaron abundante documentación contable a la cooperativa y un plan de negocio para que acreditara que podría prestar debidamente el servicio. El SEM, sin embargo, concluyó que la cooperativa había acreditado su capacidad financiera y le otorgó la licitación.

“La adjudicación se hizo cumpliendo estrictamente la normativa de contratación pública”, insisten ahora desde el SEM. “La UTE acreditó la solvencia requerida y no existía ningún impedimento legal para no adjudicarle el contrato”.

Este periódico se ha puesto en contacto con la dirección del grupo La Pau, que no ha respondido a las diversas llamadas y mensajes para recabar su opinión. Desde el Comité de Empresa lamentan que la cooperativa no les trasladara que había solicitado el concurso de acreedores el pasado mayo.

Desde el pasado marzo, cuando la cooperativa entró en la fase de preconcurso de acreedores, los directivos del grupo La Pau han intentado sin éxito renegociar y reestructurar sus deudas para evitar el procedimiento concursal. 

Hace solo dos meses, el vicepresidente de la compañía aseguraba en conversación telefónica con este medio que la cooperativa tenía “viabilidad” y que “contemplaban” la “opción” de llegar a un acuerdo con sus acreedores que permitiera evitar el concurso público. 

La otra empresa de la UTE se ofrece a comprar los activos

Direxis, la empresa con la que se presentó al concurso para gestionar parte de las ambulancias de Catalunya, ha presentado una oferta formal para quedarse con los activos en poder del grupo La Pau y absorber los 484 empleados de la cooperativa necesarios para prestar el servicio. 

Según la oferta vinculante presentada ahora por Direxis, obtenida por esta redacción, la compañía le ha ofrecido apenas 140.000 euros a La Pau. A cambio, pretende quedarse todos sus activos intangibles —bases de datos, software, derechos de propiedad industrial e intelectual…— así como todos los bienes muebles: mobiliario, instalaciones, equipos sanitarios e informáticos, maquinaria…

Con esta oferta, el grupo Direxis también se ofrece a asumir los más de 5,5 millones de euros que el grupo La Pau le debe a la matriz de esta compañía así como el coste de la subrogación de los contratos laborales de los empleados de La Pau, valorados por Direxis en unos 9,6 millones de euros debido a la asunción de la antigüedad de los trabajadores.

La empresa considera que, sumando la deuda, los gastos de la subrogación del personal y la cantidad de dinero ofrecida, la oferta tiene un valor de 15,4 millones de euros. El grupo La Pau tiene hasta el 22 de junio para decidir si acepta las condiciones del trato.

La Asociación de Inspección Sanitaria de Galicia se suma a las críticas al plan contra las bajas de la Xunta. Traslada, en un comunicado, su preocupación por los efectos que puede tener el protocolo común de gestión de incapacidades temporales aprobado por el Gobierno gallego y el papel que las mutuas jugarán en él. El colectivo defiende que las altas laborales deben estar condicionadas solo al reconocimiento médico del trabajador por el correspondiente facultativo del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Reconocen que, en algunos casos, el alta puede ser expedida por los inspectores médicos, “también tras el reconocimiento médico del trabajador afectado”, pero cargan contra la resolución autonómica porque da a las mutuas privadas “una relevancia superior a la prevista en la legislación estatal”, según recoge Europa Press. Ese nuevo protocolo da más poder a las mutuas, cuyas propuestas de alta podrán ser validadas por los inspectores si se considera que están suficientemente motivadas y sin que se interprete que el silencio del médico de cabecera significa que el trabajador debe seguir de baja.

Estas críticas se suman a las de los sindicatos de clase, varios sindicatos médicos, asociaciones profesionales y los cuatro colegios médicos de Galicia, que se han pronunciado en contra de los planes de la Xunta. La asociación de inspectores considera también que es necesario “salvaguardar” la relación médico-paciente y “anteponer la valoración clínica presencial en las propuestas de alta”. También defiende la mejora de la eficiencia del sistema, “disminuyendo bajas evitables o excesivamente prolongadas”, así como “revisar y homogeneizar” los procesos de incapacidad temporal.

“La norma estatal es clara y concisa al señalar que la emisión del documento de incapacidad temporal, la baja o la confirmación del alta, debe ir precedida de un reconocimiento médico al trabajador que permita evidenciar de forma objetiva y efectiva si persiste o no la incapacidad para la realización de su actividad laboral”, resaltan.

Este va a ser uno de los temas que abordarán los representantes de la asociación en la reunión prevista para el próximo martes con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, indican. “No se debe olvidar que la incapacidad temporal es una herramienta terapéutica más de las que los médicos de primaria disponen para contribuir a la curación de una enfermedad que impide a los pacientes el desarrollo de su actividad laboral. El hecho de que estas personas enfermas reciban las correspondientes retribuciones mientras persiste su dolencia es un avance social y un derecho de la ciudadanía que no debemos dejar que se deteriore”, concluyen.

La situación del hospital de Calahorra a las puertas del verano no es nada halagüeña. Desde la Plataforma SOS Hospital de Calahorra hablan de déficit estructural de personal en el centro sanitario que cifran en unos 30 profesionales. En los últimos días, el gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González, y la directora del Hospital Universitario de Calahorra, Patricia Martín Rico, presentaron el Plan Fundacional del proyecto de remodelación del Hospital Universitario de Calahorra que se acometerá en los próximos meses. Una mejora de las instalaciones que incluye 16 nuevas consultas y una inversión de un millón de euros. En la comparecencia también hablaron de personal. La directora explicaba que “por primera vez desde la integración del centro en el SERIS y la estatutarización de sus profesionales, estos forman parte plenamente del Sistema Nacional de Salud y pueden ejercer su derecho a la movilidad hacia otros servicios de salud, especialmente en comunidades autónomas limítrofes. En este momento, 13 profesionales han solicitado traslado haciendo uso de ese derecho”. No obstante, añadió, “una de las principales ventajas de la integración es precisamente nuestra capacidad para absorber estos movimientos y garantizar la continuidad asistencial. De hecho, vamos a incorporar a 18 nuevos profesionales de las mismas especialidades, lo que nos permitirá mantener y seguir desarrollando toda la actividad asistencial con plena normalidad”.

El deseo de la Plataforma: “Ojalá sea cierto”

“Ojalá sea cierto”, desean desde la Plataforma SOS Hospital de Calahorra. Porque la realidad ahora mismo es que “hay especialidades sin médico como Alergología”. Otras sí que cuentan con profesionales, pero en una situación muy precaria. Es el caso de “Medicina Preventiva que cuenta con una única doctora que está a punto de marcharse; Anatomía Patológica con un solo doctor, también a punto de marcharse...”. La Plataforma calcula que en el Hospital de Calahorra hay un déficit de 30 médicos aproximadamente. Un panorama que puede complicarse con la llegada del verano muchas especialidades lo van a pasar muy mal, sobre todo, las que cuentan con pocos médicos como neumología, cardiología, alergología si no se corrige, anatomía patológica, medicina preventiva, radiología (se fue un médico y no lo han sustituido) y urgencias donde la situación es muy deficitaria porque hay problemas para cubrir los turnos... “. Ante este déficit de especialistas, en la Plataforma desean que el anuncio de la directora sea una realidad: ”Ojalá sea cierto y que cuando acabe el mes de junio no vengan 18, vengan 20 médicos y en las condiciones en las que merece este hospital, ni de prestado, ni para hacer peonadas“.

Las mismas fuentes advierten de que las soluciones de la Consejería de Salud no pueden pasar por parches temporales ni comisiones de servicio. “El servicio de permanencia salva vidas, de forma que los médicos vengan a trabajar a Calahorra no pueden venir de prestado ni a hacer peonadas. Esto es una máxima de gestión hospitalaria”. Desde la Plataforma plantean la solución a este problema: “hacer las cosas bien”. Y en este hacer las cosas bien está la convocatoria una OPE propia (Oferta de Empleo Público) y el concurso de méritos prometido junto con el Decreto de Difícil Cobertura que “aún está en veremos”.

A este déficit estructural de personal se añade que este mes de junio, profesionales de seis especialidades médicas suspenden su actividad extraordinaria por las tardes. Una práctica que este miembro de la Plataforma SOS Hospital de Calahorra califica de “sistema perverso” porque solo es una forma de maquillar las listas de espera. “Lo que hay que hacer es cubrir las plantillas correctamente y sacar toda la actividad por la mañana”. Una vez cubiertas las plantillas, “realizar actividad concertada por la tarde, pero la actividad concertada no puede suplir no tener las plantillas completas”.

Una ampliación “rácana, necesaria y poco ambiciosa”

Y con respecto al proyecto de ampliación del área de consultas externas anunciado por el Gobierno regional, la Plataforma lo considera “necesario pero muy poco ambicioso”. Y critican, además, que el plan se haya diseñado a espaldas de los trabajadores del centro. “Es un proyecto completamente desconocido para todo el hospital. No sabemos quién ha analizado las necesidades de las especialidades ni qué destino tendrán las consultas”.

Recuerdan que ya en 2023 existía una memoria técnica redactada por la anterior gerencia para levantar un edificio completamente nuevo en la parte trasera del hospital. Ese Plan, asegura que contaba con un presupuesto cuatro veces mayor y resolvía los problemas de espacio para los próximos 15 años. “Lo presentó la anterior responsable de Salud, María Somalo, pero tras las elecciones se fue al cajón”. La propuesta actual plantea trasladar el gimnasio de rehabilitación a una zona administrativa, “fuera del área sanitaria lo que genera dudas de seguridad porque en rehabilitación los pacientes también sufren bajones de azúcar, lipotimias o desmayos, y se requiere atención médica inmediata en la misma zona”.

Y a la vez que cuestionan los nuevos proyectos previstos por el Ejecutivo regional, celebran la ampliación de Urgencias. “El proyecto inicial era muy pequeño, pero cuando llegó María Martín a la Consejería de Salud supo ver las cosas como se tienen que ver y se habilitaron unas Urgencias para el futuro”. Las actuaciones en Urgencias contrastan con ampliación del hospital que “llega tarde, se ha hecho a regañadientes y empujados por las protestas de la plataforma y de una forma timorata y rácana”.

Y como consideran que todavía hay motivos para seguir saliendo a las calles, la Plataforma SOS Hospital de Calahorra continuará defiendo su hospital en las concentraciones habituales y en todos los pueblos que lo soliciten como las previstas en Autol y Pradejón este mismo mes. Van a mantener el pulso durante todo junio antes del parón veraniego. Sus motivos siguen siendo los mismos: defender la sanidad pública y el Hospital de Calahorra. Y para ello no cesarán hasta lograr una OPE propia y el concurso de méritos prometido por decreto. “Las dos únicas herramientas legales para fijar de forma definitiva a los profesionales en La Rioja Baja”.

El Servicio Riojano de Salud (SERIS) implanta desde este martes, 2 de junio, un nuevo sistema de información de laboratorio, una herramienta tecnológica de última generación que permitirá avanzar en la modernización y transformación digital de los procesos diagnósticos del Sistema Público de Salud de La Rioja, mejorando la gestión, la eficiencia y la calidad asistencial. La puesta en marcha de este nuevo sistema supone un importante avance en la integración y coordinación de toda la actividad relacionada con las pruebas diagnósticas de laboratorio. 

Reorganización de los análisis

La implantación de la nueva plataforma tecnológica implicará asimismo una reorganización temporal de la actividad de extracciones en Atención Primaria. En concreto, mañana, 3 de junio, las extracciones se concentrarán únicamente en los centros de salud de Haro, Calahorra, Cervera del Río Alhama, Siete Infantes y Espartero, mientras que los días 4, 5, 8 y 12 de junio las agendas de extracción estarán disponibles al 50 por ciento en toda la red de Atención Primaria. Se trata de una medida transitoria y planificada para facilitar una implantación progresiva del sistema y garantizar la seguridad de los procesos asistenciales. 

A partir del 15 de junio, el funcionamiento de la actividad de extracciones quedará plenamente normalizado en toda la red de Atención Primaria del Sistema Público de Salud de La Rioja.

Las ventajas de la nueva solución tecnológica

La nueva solución tecnológica permitirá conectar de forma más eficiente los procesos preanalíticos, analíticos y postanalíticos con la historia clínica electrónica, facilitando la solicitud y realización de pruebas diagnósticas, agilizando la validación y comunicación de resultados clínicos y mejorando la trazabilidad de toda la actividad diagnóstica.

Entre las principales ventajas del nuevo sistema destaca también la mejora en la explotación y análisis de los datos de actividad, permitiendo disponer de información más ágil, precisa y accesible para la planificación de recursos, la evaluación de la actividad, la toma de decisiones clínicas y el control de la calidad asistencial.

Asimismo, el nuevo modelo contribuirá a unificar procedimientos y protocolos de trabajo en todos los laboratorios del Sistema Público de Salud de La Rioja, favoreciendo una gestión más homogénea, segura y eficiente. Esta integración permitirá optimizar el seguimiento integral de las peticiones analíticas y reforzar la seguridad del paciente mediante una mayor automatización y control de los circuitos diagnósticos.

En concreto, el sistema integrará los laboratorios de Bioquímica Clínica, Genética, Hematología General, Inmunología y Microbiología tanto del Hospital Universitario San Pedro como del Hospital Universitario de Calahorra

El contrato para la implantación del nuevo sistema de información de laboratorio ha sido adjudicado por un importe de 1.438.808,58 euros más IVA y será financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) mediante el componente 11 del PRTR, inversión 3, línea estratégica 6 para la Transformación Digital y Modernización de las administraciones públicas para la eficiencia de la gestión. 

Nueva ofensiva del PSOE de La Rioja contra la gestión de la sanidad pública riojana. El diputado socialista, Miguel González Legarra, ha denunciado la existencia de una “red de intereses” en torno al CIBIR además de una “confusión inaceptable entre lo público y lo privado”. Entre los responsables, el socialista señala directamente al presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, la consejera de Salud, María Martín, y el gerente de la Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva Pérez.

Asimismo, González de Legarra ha apuntado a Eduardo Mirpuri Merino, coordinador de Investigación del CIBIR del que ha recordado “las dudas sobre sus incompatibilidades y falta de transparencia sobre su situación laboral”. Y es que, según ha detallado, el coordinador compagina la dirección científica del CIBIR con tres actividades en el ámbito universitario y empresarial: es vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universitat Internacional de Catalunya; es miembro del Consejo Consultivo de la Universidad Internacional de La Rioja y administrador único de una empresa dedicada a la investigación y fabricación de especialidades farmacéuticas. “A día de hoy”, ha dicho el socialista, “no sabemos en qué régimen de compatibilidad está trabajando Mirpuri, con qué dedicación real ejerce su función, quién ha autorizado esta acumulación de responsabilidades y bajo qué criterios a pesar de haber solicitado esta información”.

Y además de todo esto, el socialista riojano ha desvelado que Fundación Rioja Salud ha convocado “de golpe cuatro nuevos procesos de selección: Coordinador de Investigación, Gestor de Proyectos, Coordinador de Estudios y Coordinador de Desarrollo Científico con el único objetivo de cubrir las funciones que el propio Mirpuri debería desempeñar, pero que no atiende debido a sus múltiples compromisos privados”. Cuatro nuevos puestos y cuatro procesos de contratación que “no cuentan con el aval del área de Recursos Humanos de la Fundación, no han pasado por promoción interna ni por movilidad y tampoco cuentan con la participación del Comité de Empresa que los tilda de irregulares”. Estos cuatro puestos están bajo el paraguas de una nueva Unidad de Coordinación y Desarrollo Científico.

Las “sospechas” sobre los profesionales seleccionados y contratados

Los profesionales seleccionados para cubrir estos nuevos puestos, también han suscitado las “sospechas” del socialista. Y es que para el primero de ellos se ha seleccionado y contratado a una persona vinculada a la Universitat Internacional de Catalunya y del departamento del que Mirpuri es vicerrector. “Incluso en estos momentos sigue figurando en la web de la UIC como docente en este curso 2025-2026”. En el proceso de Gestor de Proyectos de Investigación se ha seleccionado y contratado “a una persona que durante los últimos siete años ha trabajado como investigador en la empresa privada de la que Murpuri es administrador único y que, curiosamente, también es propiedad de otro investigador principal del CIBIR”.

Y toda esta dinámica de gestión que ha calificado de “cortijera” ya está pasando factura dentro del CIBIR. Y es que el socialista alerta de un grave deterioro del clima laboral, marcado por quejas internas y la fuga de profesionales, una situación de tensión que la dirección estaría intentando maquillar mediante “actividades de convivencia entre los trabajadores e incluso excursiones familiares a La Grajera confiando que con cuatro meriendas en el campo se van a solucionar los problemas”. El socialista también se ha referido a la gestión de proyectos de investigación y la gestión de los fondos europeos alertando de la pérdida de alguno de ellos.

Por todo ello González de Legarra exige responsabilidades, y no solo a Mirpuri, “porque todo esto está ocurriendo bajo la batuta y la dirección del gerente Juan Carlos Oliva Pérez, la consejera de Salud, María Martín, y el pleno consentimiento del presidente riojano, Gonzalo Capellán”. Y es que ha concluido, “la investigación pública no puede convertirse en un espacio donde unos pocos deciden sin control y donde se reparten oportunidades y se gestionan los recursos públicos como si fueran propios”.

La sanidad riojana ha incorporado un nuevo servicio con una Unidad Móvil Bucodental del Servicio Riojano de Salud (SERIS), destinada a mejorar la atención bucodental de personas mayores de 65 años residentes en zonas rurales y centros sociosanitarios de La Rioja, especialmente aquellas con deterioro cognitivo, dependencia severa o dificultades de movilidad. El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán y la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, la han visitado hoy.

El el primer proyecto de estas características que se pone en marcha en España, al plantear un modelo de atención bucodental móvil, integral y proactivo, que acerca directamente la asistencia a la población mayor con dificultades de acceso, siguiendo una metodología similar a los programas de cribado y prevención sanitaria.

Esta iniciativa permitirá acercar una atención odontológica integral, preventiva y asistencial a una población especialmente vulnerable, evitando desplazamientos y favoreciendo la equidad en el acceso a los cuidados sanitarios. En este sentido, los estudios revelan que solo una de cada cuatro personas mayores solicita atención odontológica, una realidad que pone de manifiesto la necesidad de reforzar la asistencia y acercar estos servicios a los entornos rurales y centros residenciales, “para mejorar la cobertura sanitaria y facilitar la detección precoz de patologías orales que tienen gran incidencia en esta población mayor de 65 años, que resulta estratégico”, ha explicado el presidente riojano.

Capellán ha felicitado al equipo de Atención Primaria y a los profesionales de salud bucodental del SERIS por impulsar una iniciativa que sitúa a La Rioja a la vanguardia de la innovación sanitaria. “Somos el primer sistema público de salud de España en implantar una unidad móvil de estas características”, ha destacado.

Además, ha avanzado que el Ministerio de Sanidad reconocerá este proyecto el próximo 9 de junio con la máxima distinción, la categoría Oro, por su carácter innovador. “Este reconocimiento demuestra la capacidad de nuestros profesionales para impulsar proyectos que mejoran la calidad asistencial y sitúan a La Rioja como referente”, ha afirmado.

La Unidad Móvil Bucodental tiene una capacidad aproximada de 3.000 consultas anuales, con una previsión media de 12 atenciones diarias, dentro de un cronograma de implantación previsto para los próximos tres años. El presupuesto de esta actuación ronda los 300.000 euros e incluye la adquisición de la unidad móvil bucodental, su equipamiento completo, la adecuación normativa del vehículo, así como el mantenimiento, la asistencia técnica y la formación necesaria para su correcto funcionamiento.

Implantación progresiva en residencias y zonas rurales

El programa comenzará su implantación en las 35 residencias de mayores de La Rioja, donde residen actualmente más de 3.300 personas. Posteriormente, la atención se extenderá a mayores de 65 años que viven en municipios rurales de difícil acceso, especialmente en los 113 núcleos de menos de 300 habitantes.

La Rioja cuenta actualmente con más de 73.500 personas mayores de 65 años, lo que representa el 22,5 % de la población total. A ello se suma una elevada dispersión geográfica: dos de cada tres municipios riojanos tienen menos de 300 habitantes, una realidad que dificulta el acceso equitativo a servicios sanitarios especializados.

Los detalles de esta clínica dental móvil

La unidad está equipada como una clínica dental autónoma e itinerante, con sillón odontológico, instrumental rotatorio, sistema de radiografía intraoral inalámbrica con sensor y radiovisiografía incorporada, compresor, motor de aspiración, ultrasonidos para tartrectomías y monitor de acceso a la historia clínica electrónica Selene para el registro y seguimiento de tratamientos.

La gerente de Atención Primaria del SERIS, Begoña Ganuza, ha explicado que la unidad dispone del mismo equipamiento que una consulta odontológica convencional. “Cuenta con todos los medios técnicos necesarios para prestar una atención bucodental completa, desde revisiones y limpiezas hasta procedimientos más avanzados, incluyendo radiología intraoral y sistemas de ultrasonidos”, ha señalado.

Asimismo, ha destacado la importancia de la atención específica a las personas mayores, especialmente en el seguimiento de las prótesis dentales. “En los pacientes de más edad, las revisiones y el correcto ajuste de las prótesis son fundamentales para mantener una adecuada salud oral, prevenir complicaciones y mejorar su calidad de vida, y esta unidad móvil nos permitirá realizar ese seguimiento directamente en su entorno habitual”, ha indicado.

Además, el dispositivo cuenta con un carro portátil de instrumental rotatorio y ultrasonidos que permite atender a pacientes encamados directamente en sus habitaciones dentro de las residencias, facilitando así la asistencia a usuarios con movilidad reducida. El equipo humano de la unidad está integrado por un conductor, un higienista dental y un odontólogo, que desarrollarán tanto actividades preventivas como asistenciales.

Entre las actuaciones previstas se incluyen revisiones periódicas, limpiezas, tratamientos periodontales, odontología conservadora y exodoncias, así como el cuidado y ajuste de prótesis dentales para prevenir complicaciones frecuentes en personas mayores institucionalizadas. El programa incorpora también talleres de higiene bucodental dirigidos a residentes y profesionales sociosanitarios, así como formación específica sobre el cuidado de prótesis y salud gingival.

Como herramienta de valoración de la salud oral se utilizará el índice OHAT (Oral Health Assessment Tool), un instrumento específico para población geriátrica que evalúa ocho parámetros relacionados con el estado de labios, lengua, saliva, mucosas, dientes, prótesis, higiene oral y dolor en la cavidad bucal.

El proyecto contará con la colaboración de Enfermería de Enlace Sociosanitario y entidades locales para organizar la captación e invitación activa de los usuarios, mediante cartas informativas y campañas de difusión comunitaria. Asimismo, se incorporarán herramientas de evaluación específicas para medir la evolución de la salud oral y su impacto en la calidad de vida de los pacientes.

Las enfermedades periodontales afectan aproximadamente al 50 % de la población mayor de 65 años y se relacionan con patologías sistémicas como enfermedades cardiovasculares, diabetes o infecciones recurrentes, lo que refuerza la importancia de este tipo de intervenciones preventivas.

El Colegio Oficial de Enfermería de Toledo ha entregado el XI Reconocimiento Enfermero 2026, continuando con la celebración del Día Internacional de la Enfermera, en un acto dedicado a visibilizar la labor de las enfermeras y enfermeros de la provincia que han destacado “por su compromiso profesional, su aportación a la mejora de los cuidados y su contribución al desarrollo de la profesión enfermera”.

La celebración se ha desarrollado bajo el lema del Consejo Internacional de Enfermeras para este año, 'Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas', una idea que ha servido como hilo conductor de una jornada centrada en el valor de la enfermería como profesión esencial para el cuidado y la salud de las personas, la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema sanitario.

El acto lo inauguró Roberto Martín Ramírez, presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Toledo, quien ha destacado la importancia de seguir reconociendo públicamente el trabajo de las enfermeras en todos los ámbitos: asistenciales, docentes, investigadores y gestores.

En su intervención, ha subrayado que eestos reconocimientos permiten “poner nombre propio a una profesión que acompaña a las personas en todas las etapas de la vida y que desempeña un papel clave en la atención sanitaria y en la mejora de los resultados en salud”.

La jornada ha contado también con la conferencia 'Mejorando el ámbito asistencial desde la academia', impartida por el profesor Juan Manuel Carmona Torres, decano de la Facultad de Enfermería de Toledo, quien ha abordado la importancia de reforzar la conexión entre la universidad, la práctica clínica y el desarrollo profesional enfermero.

Reconocimiento a la enfermería de la provincia de Toledo

Las primeras premiadas han sido las enfermeras estomaterapeutas del Hospital Universitario de Toledo. Con gran actividad asistencial en las plantas de hospitalización, consultas y posterior seguimiento telefónico, están implementando el proyecto 'Red de apoyo a pacientes ostomizados', un espacio de aprendizaje dirigido al paciente y a su entorno familiar en el que la educación para la salud es una de sus piedras angulares.

En esta consulta de enfermería de práctica avanzada, la implantación real de la prescripción enfermera autónoma, unida al proceso de interconsultas recibidas por parte de otros profesionales, construye un claro ejemplo de desarrollo competencial, siendo herramientas imprescindibles en el cuidado de sus pacientes.

Otro reconocimiento ha recaíco Jezabel Ruiz Capdevila, enfermera de la Consulta de Cirugía Vascular de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina. “Por su calidad humana, su dedicación constante y su excelencia profesional en el cuidado especializado. Su trayectoria ha estado marcada por el compromiso, la cercanía y la vocación de servicio a los pacientes, el apoyo a sus compañeros y su implicación en la formación de estudiantes de Grado en Enfermería y Enfermeros Internos Residentes”, señala el Colegio.

También han sido reconocidas las enfermeras de ERCA, tratamientos renales sustitutivos domiciliarios y trasplante renal del Hospital Universitario de Toledo. En este caso, por su acompañamiento a los pacientes desde el momento en que necesitan iniciar un tratamiento renal sustitutivo hasta el proceso de trasplante.

“Su labor resulta especialmente relevante en la formación y entrenamiento de pacientes para realizar tratamientos en el domicilio de forma segura, así como en el seguimiento posterior en consulta y por vía telefónica. La empatía es la base de la comunicación y de la relación de confianza que se establece en la consulta, generando un ambiente de seguridad que facilita su trabajo y favorece la adherencia al tratamiento”.

De Talavera de la Reina a Añover de Tajo

Otro premio ha sido el destinado a las enfermeras BPSO de la GAI de Talavera de la Reina. En este caso, por impulsar la aplicación de las Guías de Buenas Prácticas BPSO. Gracias al esfuerzo de este equipo, las guías de buenas prácticas sobre lactancia materna, abordaje del dolor y tabaco se convierten en cuidados reales, humanos y basados en la evidencia, “mejorando la calidad de vida de los pacientes, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo el liderazgo enfermero” en la provincia.

Juan Manuel Carmona Torres ha sido otro de los recnocidos. Este doctor y enfermero ha mantenido una trayectoria simultánea de gestión, docencia, investigación y liderazgo científico. Ha retomado el liderazgo enfermero en la Facultad de Enfermería de Toledo desde hace un año, “impulsando la visibilidad y el posicionamiento institucional” de la Facultad, fortaleciendo relaciones con el Colegio de Enfermería y entidades científicas, además de acercar la universidad a la práctica asistencial. “Es un líder de reconocido prestigio a nivel nacional como presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería”.

Otro premiado ha sido Luis M. Doctor Sánchez: “Ejemplo de una enfermería cercana, humana y profundamente vinculada a la comunidad, que trasciende lo estrictamente clínico”. Su ejercicio profesional ha estado marcado por la “excelencia, la disponibilidad, la capacidad de escucha, la serenidad, la enorme calidad humana y el acompañamiento a las familias”, convirtiéndose en “una figura muy querida y respetada” en Añover de Tajo.

Por último, el Premio al Mejor Enfermero Interno Residente (EIR) ha reaído en Samuel Barroso Román, de la Unidad Docente de Familiar y Comunitaria de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo. Con este galardón, el Colegio reconoce “el mejor expediente” entre los profesionales que finalizan su formación sanitaria especializada, valorando sus méritos académicos, científicos, docentes e investigadores.

Cuando las instituciones fallan o las respuestas tardan en llegar, la sociedad civil es la única que sostiene el fuerte. Lo comprobé de primera mano en mi reciente encuentro con ADERHE, una reunión nacida de la necesidad de entender la compleja odisea que rodea a los enfermos renales asociados en ella. Escuchar sus demandas y su lucha incansable me llevó a tomar una decisión inevitable: implicarme de lleno. A partir de hoy, asumo el compromiso de colaborar con ellos para intentar poner luz en este túnel de incertidumbre. Me sumo a su causa porque la búsqueda de una solución y el apoyo mutuo no son opcionales; son el único camino hacia adelante.

De ese encuentro nace esta reflexión. Existe una contradicción muy preocupante en cómo se gestiona nuestra sanidad. Mientras los responsables políticos se pierden en debates sobre logística, como si es mejor centralizar o repartir las máquinas de diálisis, se está gestando una tormenta perfecta en el silencio de las consultas de los médicos de cabecera. Los datos analizados en Hellín dejan al descubierto una realidad alarmante: hay un abismo enorme entre la seguridad que la administración dice tener en los papeles y el peligro real que corren los ciudadanos en la calle.

Es un hecho demostrado por la ciencia que la enfermedad renal crónica (ERC) afecta a casi el 15% de los adultos en España, según estudios como el EPIRCE de la Sociedad Española de Nefrología. Sin embargo, los papeles oficiales de comunidades como Castilla-La Mancha dicen que solo la padece el 1,4% de la población. Que los registros oficiales marquen un porcentaje tan bajo no es un éxito médico del que presumir; es la prueba clarísima de un fracaso a la hora de detectar el problema. Significa, básicamente, que la enfermedad no se busca y, por lo tanto, no aparece en las estadísticas.

Esta patología es la 'enfermedad silenciosa' por excelencia. Los riñones son órganos asombrosos y tienen una capacidad de resistencia enorme. Esto hace que puedan perder hasta el 70% o 80% de su fuerza para funcionar sin que la persona sienta el más mínimo dolor, náuseas o hinchazón. Los síntomas claros y graves aparecen solo cuando el daño ya no tiene vuelta atrás y el paciente está al límite, con el cuerpo intoxicado por los desechos que los riñones ya no pueden limpiar (lo que los médicos llamamos uremia).

Saber si a alguien le están empezando a fallar los riñones es baratísimo, sobre todo si lo comparamos con lo que cuesta un tratamiento de diálisis. Solo hacen falta dos pruebas muy sencillas en un análisis rutinario

Saber si a alguien le están empezando a fallar los riñones es baratísimo, sobre todo si lo comparamos con lo que cuesta un tratamiento de diálisis. Solo hacen falta dos pruebas muy sencillas en un análisis rutinario:

No hacer este seguimiento básico condena a miles de personas a vivir sin saber que están enfermas, provocando consecuencias que destrozan su salud:

La paradoja de todo esto es que no hace falta inventar nada nuevo. Países como Canadá o regiones españolas como la Comunidad Valenciana y Baleares han demostrado que invertir en prevención sale muy a cuenta. Utilizan sistemas informáticos inteligentes en el historial clínico del paciente que avisan automáticamente al médico cuando los valores del riñón empiezan a empeorar. Esto permite que el médico de cabecera envíe al paciente de forma rápida y organizada al nefrólogo.

Invertir en pillar la enfermedad a tiempo reduce las complicaciones a largo plazo, protege la vida de la gente y permite a los hospitales organizar el dinero y las instalaciones con años de antelación

Invertir en pillar la enfermedad a tiempo reduce las complicaciones a largo plazo, protege la vida de la gente y permite a los hospitales organizar el dinero y las instalaciones con años de antelación. Por eso resulta desolador ver cómo proyectos técnicos que ya estaban aprobados, firmados y con dinero asegurado desde fuera se quedan guardados en un cajón por la pereza de la administración o la falta de diálogo de los directores de los hospitales.

Seguir discutiendo únicamente sobre dónde se ponen las máquinas de diálisis es un error de bulto. Es como preocuparse por las lanchas salvavidas cuando el barco se está hundiendo por un agujero en el casco que nadie quiere tapar. Proteger la salud de la gente exige sacar a la luz esta enfermedad oculta. Es hora de que los gestores sanitarios dejen de conformarse con estadísticas falsas y miren la realidad de frente: descubrir el problema hoy es salvar vidas mañana.

Andalucía afrontará otro verano, y ya es el tercero, con la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sin actualizar plenamente y con miles de profesionales sanitarios atrapados en un limbo administrativo que sindicatos y afectados denuncian desde hace años y que afectará a las plantillas que haya en hospitales y centros de salud. Mientras la Junta defiende que se trata de una fase “transitoria” derivada del nuevo modelo de contratación, los profesionales de distintas categorías aseguran que la situación les está dejando fuera del sistema pese a acumular experiencia, formación e incluso plazas aprobadas.

“Llevo cuatro años inscrito en la bolsa del SAS y cuatro años esperando una llamada que nunca llega”, cuenta José María Montero, técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) de Sevilla y actualmente desempleado. Durante este tiempo ha trabajado en el Sistema Nacional de Salud, ha seguido realizando cursos y acumulando méritos para mejorar su posición en la bolsa andaluza, pero asegura que sigue sin ser baremado oficialmente. “He trabajado y he seguido haciendo cursos para sumar puntos. ¿Para qué? Para nada”, lamenta.

Su caso no es aislado. Francisco Carvajal, enfermero con 15 años de experiencia y formación en urgencias y UCI pediátrica, denuncia que el cambio de sistema de bolsa le dejó prácticamente fuera del SAS. Tras casi una década trabajando en Inglaterra, volvió a Andalucía con 66,6 puntos reconocidos en la antigua bolsa y a las puertas de conseguir una interinidad. Con el nuevo sistema, explica, su puntuación cayó a 1,7 puntos por un error de baremación que ha terminado en los tribunales.

“Me supone una inestabilidad tremenda”, dice. “He estado seis meses en paro y ahora estoy trabajando en un ámbito de la enfermería que no me gusta y para el que no me he formado”. El enfermero asegura que ha tenido que denunciar al SAS por la vía contencioso-administrativa y denuncia que, mientras espera juicio, otros compañeros con menos puntuación sí han conseguido interinidades. Una situación que llega, además, en plena preparación del verano, cuando los hospitales y los centros de salud necesitan reforzar sus plantillas por vacaciones, bajas y el incremento de la presión asistencial en zonas turísticas. Y es precisamente ahí donde los sindicatos advierten del riesgo de que el problema vuelva a agravarse y las listas de espera continúen creciendo.

Plantillas mermadas

Porque UGT, CCOO, SATSE y CSIF coinciden en denunciar que el SAS volverá a recurrir este verano a los llamados “listados adicionales”, un mecanismo extraordinario que se utiliza cuando las bolsas oficiales se agotan o no están actualizadas. Aunque el SAS, a preguntas de elDiario.es Andalucía, insiste en que se trata de un procedimiento “regulado” y “transparente”, los sindicatos cuestionan que garantice realmente los principios de igualdad, mérito y capacidad.

“Utilizar los listados adicionales debe ser la excepcionalidad, no la norma”, advierten desde CSIF, que asegura haber alertado ya en las mesas técnicas de que el sistema acabaría colapsando si no se reducían las notas de corte. “Con unas notas de corte tan altas, enseguida se agotan las listas y tienen que tirar del listado adicional. Eso es lo más injusto y lo menos transparente que existe”, sostiene el sindicato.

El origen del conflicto se remonta al cambio del modelo de bolsa impulsado por el SAS en 2021. Hasta entonces, según explican los sindicatos, las bolsas se actualizaban anualmente. La Junta sustituyó el antiguo sistema por una nueva plataforma con la promesa de agilizar y simplificar las contrataciones, pero la transición ha terminado acumulando retrasos durante años, que hacen que la última actualización completa se produjese en 2023, hace ya dos años y medio. “Lo que iba a ser una baremación más ágil ha acabado siendo todo lo contrario”, denuncia Gema Martín, portavoz sanitaria de CCOO Andalucía. Según explica, actualmente hay miles de profesionales inscritos sin baremar oficialmente, especialmente en categorías sanitarias y de alta demanda.

“Puedes estar inscrita en bolsa, pero sin baremar. Entonces no hay un criterio lógico para llamarte antes a ti o antes a mí”, denuncia. El problema afecta especialmente a quienes han terminado recientemente sus estudios o han acumulado experiencia en los últimos años. “Imagínate que terminas enfermería y no te bareman. ¿Cómo entras entonces en el sistema?”, plantea. Los sindicatos denuncian además que el SAS ha establecido notas de corte muy elevadas en algunas categorías, dejando fuera de las bolsas oficiales a miles de personas. Según CCOO y CSIF, esto obliga después a la propia Administración a recurrir nuevamente a listados adicionales porque las listas principales se agotan rápidamente.

“A veces se dan contratos a gente con muchos menos puntos”, sostiene Victorino Girela, de CSIF. José María Montero, el TCAE sevillano que sigue en paro, comparte esa misma sensación de agravio: “Mantienen en un limbo la bolsa oficial y ofertan contratos a personas con muchísimos menos puntos que los que yo tengo actualmente”. SATSE recuerda que el nuevo Pacto de Bolsa firmado en diciembre de 2025 tenía precisamente como objetivo llegar al verano de 2026 con listados actualizados y una herramienta de contratación más ágil y transparente. Sin embargo, desde el sindicato aseguran que miles de profesionales presentaron méritos en marzo con la expectativa de que fueran valorados a tiempo para las contrataciones estivales, algo que no ha ocurrido.

“El retraso puede volver a provocar una fuga de profesionales formados en Andalucía”, advierten las enfermeras, que alertan de las consecuencias que puede tener para la asistencia sanitaria “que un sistema con más de 120.000 profesionales no disponga de una herramienta de contratación ágil, actualizada y transparente”. Al mismo tiempo, fuentes del Sindicato Médico Andaluz (SMA) insisten en que la situación se produce además en un contexto de déficit estructural de facultativos. Las jubilaciones, las vacaciones y las bajas veraniegas reducen todavía más unas plantillas ya tensionadas durante el resto del año.

Falta de planificación

Los sindicatos también reprochan al SAS haber abandonado la planificación anticipada de refuerzos estivales que se realizaba hace años mediante los llamados “planes de costas” o “planes de alta frecuentación”, especialmente importantes en provincias turísticas como Málaga, Cádiz o Almería. “No podemos tener contratos tan cortos y tan a última hora”, critica Gema Martín. “Los profesionales se nos van”. Según explica, la falta de estabilidad y la incertidumbre están empujando a muchos sanitarios a buscar mejores condiciones en otras comunidades o directamente en el sector privado.

Desde el SAS defienden, sin embargo, que la situación actual responde a una “fase transitoria” derivada del nuevo modelo pactado con las organizaciones sindicales y aseguran que los listados adicionales “no constituyen un procedimiento ajeno ni opaco”. La Junta de Andalucía sostiene que durante 2026 se están desarrollando los trabajos técnicos necesarios para implantar plenamente el nuevo sistema y recuerda que ya se han publicado las convocatorias para constituir las nuevas bolsas de todas las categorías. Desde el Ejecutivo regional se insiste además en que el objetivo es “compatibilizar dicha transición con la obligación del SAS de asegurar en todo momento la adecuada continuidad asistencial”.

Pero para muchos profesionales, esa transición lleva demasiado tiempo prolongándose. “Has invertido tiempo, dinero y ganas en algo que nunca llega”, relata José María Montero. Y advierte de las consecuencias que, a su juicio, acaba teniendo todo ello en la sanidad pública: “Hay puestos que no se cubren y profesionales asumiendo ratios inadmisibles. El enfermo no entiende ni de administraciones, ni de bolsas adicionales”.

Miles de personas han salido de nuevo este domingo a las calles desde distintos puntos de la ciudad de Madrid en defensa de la sanidad pública “para evitar que continúe” su “desmantelamiento planificado” por parte de las administraciones madrileñas del Partido Popular (PP).

Bajo el lema 'Salvar nuestra Sanidad Pública es salvarnos a todos', la manifestación convocada por la Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid, que reúne a más de cien asociaciones, plataformas y entidades vecinales, ha partido en cuatro columnas desde Atocha, Colón, Sevilla y Plaza Dalí Felipe II para confluir todas ellas en Cibeles.

Se trata de la quinta marcha con este formato convocadas por este espacio vecinal en los últimos años. Los convocantes hablan de una situación “crítica” y denuncian listas de espera “interminables”, falta de médicos y pediatras; citas que tardan semanas, “y un largo etcétera” de reivindicaciones.

A la concentración han asistido la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar; la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, y las portavoces de Podemos Irene Montero, Ione Belarra e Isa Serra, así como representantes de CCOO y de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Msdrid (FRAVM), entre otras.

El gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González, y la directora del Hospital Universitario de Calahorra, Patricia Martín Rico, han presentado hoy, día 29, el Plan Funcional del proyecto de remodelación del Hospital Universitario de Calahorra que el Gobierno de La Rioja acometerá en los próximos meses. Este proyecto de mejora de las instalaciones, que incluye 16 nuevas consultas y una inversión de un millón de euros, supone la primera intervención de calado desde que en 2019 se amplió el Servicio de Urgencias.

Como ha explicado el gerente: “En 2024 culminamos la integración efectiva del Hospital de Calahorra en el SERIS y desde entonces hemos ido incrementando la cartera de servicios, consolidando las plantillas, coordinando el trabajo de los profesionales de todas las especialidades, renovando el equipamiento y apostando por introducir tecnología e innovación para convertirlo en un hospital puntero”. En este sentido, ha recordado que “solo tres hospitales de toda España tienen el robot de cribado oftalmológico ‘Doria’, con el que hemos reducido la lista de espera de esa primera atención en un 90 por ciento o que especialistas de los más prestigiosos hospitales del país están viniendo a Calahorra a aprender la aplicación de la técnica de la crioneurolisis en el tratamiento de la espasticidad”.

Luis Ángel González ha explicado que “había llegado el momento de dar un paso más y vamos a hacerlo acometiendo una obra de ampliación que nos permitirá disponer de un 40 por ciento más de consultas, pasando de 40 a 56, y de un gimnasio de rehabilitación de cerca de 500 metros cuadrados, más accesible, desde el que vamos a poder ofrecer una mejor atención a nuestros pacientes y con una terraza que proporcionará iluminación natural y permitirá el desarrollo de actividades al aire libre”.

Por su parte, la directora del Hospital Universitario de Calahorra, Patricia Martín Rico, ha explicado los pormenores de la propuesta, partiendo del programa de necesidades en el que sanitarios de diversas áreas y técnicos de infraestructuras del SERIS han estado trabajando durante meses. 

“En estos momentos disponemos de dos salas para rehabilitación, de 114 y 44 metros cuadrados, situadas en la planta baja del edificio central del hospital. Ni el tamaño ni la configuración son los ideales porque son instalaciones ya obsoletas y en las que además nos vemos obligados a separar los tratamientos de los pacientes adultos y de los pediátricos. El plan traslada este servicio a una gran zona en la planta baja del edificio administrativo que estaba sin ocupar y en la que vamos a poder construir ese gran gimnasio de 465 metros cuadrados, 168 de los cuales corresponden a una terraza, que permitirá unificar tratamientos y mejorar el desarrollo de técnicas y terapias de rehabilitación”. 

El proyecto de traslado del gimnasio liberará una zona en el edificio principal del hospital que serán utilizada para cubrir otra de las necesidades que la directora ha resaltado: “El incremento de la cartera de servicios y de las horas de consulta ha conllevado la necesidad de ampliar los espacios de atención directa a pacientes, así que vamos a destinar ese espacio, que ya no será necesario para rehabilitación, a crear 16 nuevas consultas que implicarán un crecimiento del 40 por ciento respecto a las 40 que tenemos actualmente”.

Además, estas consultas, que serán habilitadas en planta baja, atenderán en buena parte a personas con patologías que conlleven una disfunción motora, mejorando notablemente la accesibilidad para estos pacientes.

La actuación implicará asimismo la mejora de las instalaciones de climatización, del saneamiento y de los sistemas de iluminación LED, además de incrementar la iluminación natural tanto del gimnasio de rehabilitación como de las nuevas consultas.

Con este plan funcional que ahora se ha presentado se licitará próximamente la redacción del proyecto básico y de ejecución de modo que para finales de año pueda completarse todo el procedimiento técnico y administrativo previo y, a comienzos de 2027, se liciten las obras. 

Más tecnología, más profesionales y nuevos servicios para La Rioja Baja

No será la única obra de importancia que se ejecute en el Hospital Universitario de Calahorra. En estos momentos se está terminando el box de diálisis para pacientes con riesgo de enfermedades infecciosas y próximamente se iniciará la ejecución de los trabajos necesarios para instalar el nuevo mamógrafo y un nuevo telemando radiológico de alta precisión como nuevo equipamiento diagnóstico.

Este mamógrafo permitirá realizar el programa de detección precoz de cáncer de mama en el propio hospital.

“La apuesta por el Hospital Universitario de Calahorra es clara y así lo están percibiendo tanto la población de La Rioja Baja como los profesionales, tanto los que ya forman parte de nuestra plantilla como los nuevos que estamos consiguiendo atraer gracias a medidas como la reciente aprobación de plazas de difícil cobertura con incentivos específicos”, ha resaltado Patricia Martín.

En este sentido, la directora del Hospital Universitario de Calahorra ha explicado que “por primera vez desde la integración del centro en el SERIS y la estatutarización de sus profesionales, estos forman parte plenamente del Sistema Nacional de Salud y pueden ejercer su derecho a la movilidad hacia otros servicios de salud, especialmente en comunidades autónomas limítrofes. En este momento, 13 profesionales han solicitado traslado haciendo uso de ese derecho”. No obstante, ha subrayado que “una de las principales ventajas de la integración es precisamente nuestra capacidad para absorber estos movimientos y garantizar la continuidad asistencial. De hecho, vamos a incorporar a 18 nuevos profesionales de las mismas especialidades, lo que nos permitirá mantener y seguir desarrollando toda la actividad asistencial con plena normalidad”.

Además, ha destacado que “en los próximos meses incorporaremos residentes en varias especialidades, un refuerzo muy importante que será posible gracias a la acreditación como hospital universitario obtenida el pasado verano”, ha concluido la directora del Hospital Universitario de Calahorra.

Cirugía Vascular se suma a las cinco especialidades que a partir del próximo lunes, 1 de junio, dejarán de realizar actividad extraordinaria, las conocidas peonadas, “ante la falta de respuestas de las administraciones”. Así, Cirguría Vascular se añade al listado de las especialidades Cirugía general, Traumatología, Digestivo, Urología y Ginecología.

Desde el Sindicato Médico de La Rioja aseguran que el “seguimiento entre los médicos de los servicios de Anestesiología y Radiodiagnóstico se sitúa actualmente entre el 80 por ciento y el 90 por ciento”. Y destacan “la unidad, compromiso y responsabilidad que están demostrando los facultativos ante la ausencia de avances efectivos en las negociaciones y el progresivo deterioro de las condiciones laborales”.

Los médicos y facultativos “continúan defendiendo unas condiciones que permitan garantizar una atención sanitaria de calidad, segura y sostenible tanto para médicos como para pacientes”, apuntan desde le Sindicato y además consideran que la creciente adhesión de distintos servicios refleja “el malestar existente y la necesidad de que las administraciones escuchen y atiendan las demandas planteadas por los profesionales”.

La lista de espera en esta especialidad, a fecha de diciembre de 2025 últimas cifras facilitadas por el Gobierno de La Rioja, era de 215 personas.

La Rioja responsabiliza a la ministra Mónica García

En las últimas horas, y preguntada por los periodistas, la titular de Salud en La Rioja, María Martín, ha responsabilizado de esta sitaución a la ministra Mónica García. Fuentes de la Consejería aseguran que la Dirección General de Recursos Humanos mantiene reuniones con los sindicatos para tratar de encontrar una solución. “No obstante, aunque en La Rioja se alcance un acuerdo, la huelga no se desconvocará, ya que se trata de un conflicto de ámbito nacional”.

Martín insistía el miércoles 27 de mayo que el origen del problema está en Madrid, en el Gobierno central y advertía de que “si se quiere avanzar hacia soluciones, es necesario señalar dónde radican las competencias para resolver los problemas de fondo: en el Ministerio. Hace falta contar con más profesionales para que las guardias no tengan que ser de 24 horas y puedan ser voluntarias; para que exista la posibilidad de elegir entre realizar guardias o trabajar por turnos; y para que la actividad extraordinaria deje de ser necesaria porque la actividad ordinaria pueda absorber la demanda asistencial”. Cuestiones que, reiteró, “no depende de la Comunidad Autónoma, sino del Ministerio”.

También el pasado miércoles, Rioja2 preguntó expresamente si desde la Consejería de Salud se ha diseñado un pan de contingencia para que los pacientes no sufran retrasos en sus operaciones o citas. “Hay que analizar cuál es la situación, y esa evaluación se realizará el 1 de junio. A partir de ahí, se planificará la respuesta con todos los recursos disponibles”, fue la respuesta. Igualmente quisimos saber si desde el seris se ha planteado una reestructuración de la jornada ordinaria o una derivación temporal a la sanidad privada para mitigar el impacto de estas suspensiones de la actividad. Esta pregunta no tuvo respuesta explícita porque nos remitieron a las declaraciones de la consejera María Martín.